Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Informe la Secretaría a la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 308 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:13 horas): Por tanto, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:  Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse...

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, don Ricardo Anaya?

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer un comentario sobre el acta de la sesión anterior, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No está a discusión todavía, pero lo escucho.

El diputado Ricardo Anaya Cortés (desde la curul): Gracias, presidente. En el orden del día de la sesión de ayer no se contemplaba la declaratoria de publicidad del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal; incorrectamente, presidente, en el acta que ha sido circulada se establece que ya se dio publicidad a este dictamen, lo cual jamás ha ocurrido.

Veo que esto ya fue corregido en el orden del día y que hoy se está agendando la declaratoria de publicidad; sin embargo, el error subsiste en el acta de la sesión anterior.

Le pido atentamente, presidente, que se corrija y quede claro que no ha habido declaratoria de publicidad a este dictamen relativo a la reforma de Ley Minera y de Ley de Coordinación Fiscal.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Mire, diputado Anaya, los pleitos no son buenos ni ganados. Esta Presidencia acepta su reclamo e instruye corregir el acta.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura... Don Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Diputado presidente, para que aclare a esta asamblea. Me preocupa el comentario en este momento, porque ayer lo que se rechaza es la dispensa de todos los trámites, que fue casi para concluir sesión; eso implica que hay publicidad, indiscutiblemente, independientemente de las correcciones que pudiesen realizarse al acta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, con el respeto, la consideración y el afecto que nos une, le digo que esta Presidencia ha dictado un trámite que sostiene. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de abril de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del diputados

En relación a retiro de iniciativa con proyecto de decreto y proposición con punto de acuerdo.

Reincorporación

De los diputados Víctor Emanuel Díaz Palacios y Ramón Rubio Lara.

Del Gobierno del Estado de Chihuahua

Con las que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobernación

Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al Primer Trimestre de 2013.

Iniciativas de senadores

Que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senadorRabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley General de Turismo, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 310 Bis y reforma los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o. 37, 65 y 66; y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. (Solicitud de dispensa de trámites, discusión y votación)

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.

Dictámenes a discusiónDe leyes y decretos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Dictámenes a discusiónNegativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 28, 28 bis y adiciona un párrafo VIII al artículo 27 y un VII al artículo 96 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 23, 51 bis1 y 58 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 218 Capítulo III, Titulo Décimo Segundo de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Dictámenes a discusiónDe puntos de acuerdo

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que designe al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, BANOBRAS, y CAPUFE, para eximir del cobro en la plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el Km. 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se solicita a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía “Telcel” filial de “América Móvil”, el 26 de enero de 2013.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consolidar las áreas de servicio local correspondientes al Estado de Baja California.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país.

De la Comisión de Asuntos Frontera Norte, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América, destinar un número mayor de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos del norte del país.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que emprendan las acciones legislativas conducentes, con el objeto de tipificar en su legislación y, conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, dé seguimiento a la atención de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales, para que emprendan las medidas legislativas necesarias tendientes a tipificación del delito de discriminación en su normatividad penal.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que se regularicen las concesiones de pozos con títulos vencidos en el país, otorgándoles las facilidades para adquirir nuevas concesiones y asignaciones.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial y busque intensificar sus Programas de Cultura del Agua.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno Federal, la instrumentación de acciones para atender el desabasto de agua en la Delegación Iztapalapa.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incremente los programas de prevención de embarazos en mujeres adolescentes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, Federal y Estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos para que a través de caravanas de salud, intensifiquen las acciones de prevención del cáncer de mama.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del Cáncer de Próstata.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/SIDA, transparenten y argumenten el proceso de dictaminación de la Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH y el SIDA 2013.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que se limite el uso de productos que contengan bisfenol A en el envasado de alimentos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión arterial entre la población susceptible de padecer esta enfermedad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, atiendan de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la Región Oriente del Estado de Michoacán.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, difunda a través de una campaña masiva de comunicación, el uso de condón femenino y lo distribuya gratuitamente.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2021-2022.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, y a las autoridades competentes, para que se incluya en la Guía Completa de la Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos, la facultad para que el pasajero recupere aquellos productos que le sean confiscados.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la PGJDF, así como a las autoridades aeroportuarias, para que fortalezcan las medidas de seguridad, respecto del equipaje de los pasajeros, en el AICM.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT, para que renueve la NOM-012-SCT-2-2008, a efecto de reducir el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación.

Agenda política

Comentarios relativos a la erección del Estado Libre y Soberano de Campeche, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Iniciativas

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 63, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 231 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 25 y 149 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 y adiciona los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 221-B a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 7o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 y 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65, 66, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional, en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado José Luis Flores Méndez, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-I del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 129, 130, 199 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 57 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 50 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 49, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Coordinación y Control de las Instituciones de Asistencia Social y Responsables de la Tutela de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón y suscrita por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16 y 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Población. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 43 Bis y reforma el artículo 56 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o. y 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 224 y 226 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 368 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 322 y 324 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen y suscrita por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1374 y 1412 Bis, y adiciona un artículo 1374 Bis al Código de Comercio, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Arely Madrid Tovilla y suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 5-Ter a la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Mayra Karina Robles Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 263, 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que agilice los planes y programas contemplados en el Programa Nacional Contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la PGR, para que consideren la creación de una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra los migrantes nacionales y extranjeros que ingresan, permanecen y se trasladan en el territorio mexicano, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se contemple una mayor participación de los ciudadanos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que publique un acuerdo en el DOF, que autorice la modificación a las tarifas de energía eléctrica, eliminando los meses de mayo, junio y octubre como parte del periodo de aplicación de la tarifa horario verano en periodo punta, para la industria de Baja California, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo federal, para que emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, en la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, para que se instruya la creación e implementación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía en las instalaciones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación del sector pesquero en la zona de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Directora del DIF, para que emprenda un proceso de coordinación, con los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción, a cargo de la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos y poderes ejecutivos de las entidades federativas, emprendan acciones para el reconocimiento del Grafiti artístico, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT y de la Comisión Federal de Competencia, realicen un estudio de las rutas aéreas y se apliquen medidas que permitan condiciones que reduzcan las tarifas en los servicios de aviación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que extiendan dicho programa a trece de los municipios más pobres del estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que considere a las cooperativas de productores y de consumidores de bienes y/o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que ordene la creación del Programa Nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chihuahua, para que en coordinación con la PGR y el Comisionado de Seguridad Pública de la Segob, garanticen la seguridad de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios programados, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, para que intervenga en la solución del conflicto entre ejidatarios del Istmo de Tehuantepec y empresas eólicas, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, a fin de que se implemente un programa de difusión, orientación, y en su caso, capacitación a los productores de agave, con el objeto de que puedan cumplimentar lo dispuesto en la NOM-006-scfi-2012, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un Grupo de Trabajo para conocer las condiciones y causas bajo las cuales se ordenó el cobro del REPUVE, a fin de determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Congreso del estado de Chihuahua, para que discuta y en su caso apruebe la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que implemente una campaña, a fin de que los mexicanos en el exterior participen en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la diputada Angelina Carreño Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instituya el 25 de marzo como Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, adquiera unidades médicas móviles suficientes y otorgue en comodato a los estados, las unidades necesarias para realizar campañas de prevención contra enfermedades, en zonas de alta marginación y de difícil acceso, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que reconsidere el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conago, para que se hagan las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placas, a los conductores de motocicletas, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que armonicen su legislación, a fin de que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo legal, bajo las casuales previstas en sus códigos penales, suscrito por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la incorporación en las zonas metropolitana número 21 y 23 a los municipios de Chapala y Jalisco, respectivamente y se les otorguen recursos del Fondo Metropolitano autorizado en el PEF 2013, suscrito por las diputadas Patricia Elena Retamoza Vega y María Angélica Magaña Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 30 de abril, “Día del Niño”, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 25 aniversario luctuoso del Astrónomo Investigador y Académico Mexicano Guillermo Haro Barraza, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinticuatro de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con doce minutos del miércoles veinticuatro de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde sus respectivas curules los diputados Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Fernando Zarate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, realizan comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que informa que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaría. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) Del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de la Comisión de Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento cuarenta del Código Penal Federal, presentada el quince de noviembre de dos mil doce. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al virus de la influenza aviar.

d) De la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

e) Del Presidente Consejero del Consejo Ciudadano, por la que remite el Primer Informe Anual de Resultados del Estudio e Investigación para el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos. Se remite a las Comisiones de Comunicaciones, y Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, para su conocimiento.

f) De la Junta de Coordinación Política, por la que remite Acuerdo por el que se crean los Grupos de Amistad que funcionarán durante la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Vivienda, que adiciona el artículo setenta y uno a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Derechos Humanos, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México; y Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional.

A las once horas con cincuenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta diputadas y diputados.

La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos: quince, y setenta y siete del proyecto de decreto. En votación nominal, por trescientos ochenta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos reservados quince, y setenta y siete del proyecto de decreto, en votación económica se desechan las propuestas, y quedan en sus términos. En votación nominal se aprueban en lo particular en términos del dictamen los artículos reservados quince, y setenta y siete del proyecto de decreto por cuatrocientos seis votos. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

b) De Economía, que adiciona un párrafo cuarto al artículo mil trescientos noventa y cinco del Código de Comercio. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Juan Carlos Uribe Padilla. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional; y Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos veintitrés votos a favor; y ocho abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo mil trescientos noventa y cinco del Código de Comercio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul interviene el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez del Partido Acción Nacional, para enviar un exhorto a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México a reunirse con el doctor José Narro y permitir llevar a cabo las actividades cotidianas de la universidad.

c) Unidas de Marina, y de Transportes, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y la fracción primera del artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Puertos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Raúl Santos Galván Villanueva. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Grajales Palacios, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos treinta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y la fracción primera del artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Puertos. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, reconoce al comunicador Daniel Bisogno por ofrecer una disculpa pública a las trabajadoras del hogar. La Presidencia hace comentarios.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo, en votación económica se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados:

a) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y Ejecutivos Estatales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Elvia María Pérez Escalante. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

b) Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado diez de octubre. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; y Flor Ayala Robles Linares, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

c) De Competitividad, por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos veinticinco y veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; y Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

La Presidencia saluda la presencia, en el marco de la Semana Nacional de Seguridad Social, de distinguidos legisladores, legisladoras y ministros de América Latina y Europa, invitados por la Comisión de Seguridad Social.

d) De Turismo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. Para fijar posturas de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

e) De Energía, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; y Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

f) De Juventud:

• Por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, revisen su legislación civil a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; José Luis Oliveros Usabiaga, del Partido Acción Nacional; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; y María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente informa que se ha recibido de las Comisiones Unidas Hacienda y Crédito Público, y de Economía, dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, y de la Ley de Coordinación Fiscal. Desde la tribuna realizan moción de procedimiento los diputados Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. El Presidente somete a consideración de la Asamblea modificar del Orden del Día, en votación económica no se autoriza. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves veinticinco de abril de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las quince horas con once minutos.»

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Marcos Aguilar, ¿con qué objeto?

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): Gracias, presidente. Para comunicarle que he presentado una moción suspensiva respecto al dictamen de la Comisión de Economía y de Hacienda y Crédito Público, sobre las leyes de Minería y de Coordinación Fiscal. Solicito respetuosamente me permita hacer uso de la tribuna para exponer su contenido.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En el momento en que sometamos a la consideración de la asamblea este asunto, con un enorme gusto, porque es su derecho, le daremos la oportunidad de presentar su moción suspensiva y su trámite correspondiente. Don Alfonso Durazo, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Revisando el orden del día que nos ha sido remitido, veo que está caracterizado en buena medida por una agenda de carácter burocrático, mientras el país se incendia.

Los acontecimientos y la violencia —hay que decirlo— reactiva de Guerrero, de Michoacán y de Oaxaca creo que deben ocuparnos; la violencia en esos estados es la más evidente, pero no es la única, tenemos la protesta laboral, tenemos la protesta estudiantil y, por supuesto, la violencia criminal.

No debemos asumir la simplificación con la que los voceros oficiales están tendiendo a que asimilemos las razones del problema; reducir sus razones a la intransigencia y la solución al uso de fuerza, presidente, no va a hacer sino generar una espiral de violencia. Tenemos que diseñar soluciones escuchando a todos los sectores y no solo a los firmantes del pacto.

Por ello, presidente, dada la gravedad del problema, propongo que lo abordemos en esta Cámara y solicito a usted pudiera someter al pleno la posibilidad de incorporar en agenda política el tema de la violencia en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, principalmente, asociados a decisiones equivocadas y vinculadas a la reforma educativa que esta Cámara aprobó lamentablemente en los términos que lo hizo. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Alfonso Durazo, su dicho ha quedado consignado. No lo someto a la consideración de la asamblea, porque tendría que preguntarle a la Junta, y la Junta me tendría que sugerir a mí, y verá usted que no me ha ido muy bien con los cambios del orden del día en estas últimas fechas. Diputado Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Es verdad que están sucediendo cosas en el país que nos deben de preocupar y que obviamente tienen que ser motivo de discusión en esta soberanía y que son urgentes. Pero, a reserva de que las discutamos, veamos causas, razones, etcétera, procede una condena clara y unánime a los métodos.

No puede ser la violencia, no puede ser la agresión, no puede ser la destrucción, no puede ser la barbarie un método aceptable. Tenemos que reivindicar la política, llamar al diálogo, establecer los mecanismos, pero definitivamente tiene que haber una condena clara, inequívoca, contundente a la violencia irracional, al salvajismo, a la destrucción.

Eso es la negación de la política, esa es la negación de la solución a los conflictos, eso solo los hace más profundos y me parece que nadie debe, en esta Cámara, escamotear las agresiones que han sufrido. Además, porque ha sufrido también el Poder Legislativo del estado de Guerrero presiones inauditas.

Espero que aquellos que han defendido que los diputados tomemos decisiones, también condenen que haya presiones de fuerza, de chantaje, de agresión contra diputados y Legislaturas. Ese no puede ser el camino y tiene que haber una condena clara a la violencia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho fue escuchado. Continúe la Secretaría.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Jorge Sotomayor.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (desde la curul): Gracias, presidente. Realmente para nosotros, en Acción Nacional, es preocupante que tengamos 145 días de hechos vandálicos: el primero de diciembre, la toma del CCH, la toma de la UNAM, la toma de la UAM, los conflictos en Guerrero, en Chilpancingo.

Realmente es preocupante para todo el país que estas personas, utilizando máscaras, capuchas, con uso de bombas molotov, haciendo actos incendiarios, tengan a la población en un estado de temor. Ya basta de que esto esté sucediendo.

Respetuosamente hacemos un llamado a las personas que están alborotando a los buenos maestros, a las personas que están alborotando a los buenos alumnos, a que tomen cordura, a que dejen de realizar estos hechos y que realmente el diálogo sea el que gane en todo este tipo de actos.

Realmente rechazamos el vandalismo y exhortamos a estas personas a que hablen directamente con las autoridades; en el caso de la UNAM, a que se dejen las instalaciones, en el caso de Chilpancingo...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo dijo tres veces, diputado Sotomayor, y créame, lo entendemos.

Honorable asamblea, estamos en este momento abordando el tema del acta...

¿Con qué objeto? Si es para lo mismo no le voy a conceder la palabra. Lo escucho. El pleno merece respeto, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, no restrinja la palabra. Ayer abruptamente levantó la sesión, cuando no estaba ni el tiempo reglamentario transcurrido.

Le quiero comentar que someta a votación del pleno —como ya se ha hecho en otras ocasiones— la propuesta del diputado Durazo, para que en agenda política se trate el tema de los hechos suscitados el día de ayer en Chilpancingo, Guerrero, y en otros estados, que es consecuencia de ese pacto derechista por México que está exaltando los ánimos en varios estados del país.

Nosotros no presentamos denuncia penal por...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado. No puede usted exigirme violar el Reglamento, hágalo por los conductos adecuados que usted conoce. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial y respetuoso saludo, a la vez que con base en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, hago del conocimiento de usted y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mi deseo de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Civiles, suscrita por un servidor y turnada a la Comisión de Justicia, pidiéndole tenga a bien girar las instrucciones correspondientes para hacer efectiva mi petición.

Sin otro particular me despido de Usted, y le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.Continúe la Secretaría.

RETIRO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente, solicito atentamente a la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados que realice el procedimiento necesario para retirar una proposición con punto de acuerdo presentada por su servidora, lo anterior de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La proposición que solicito sea retirada es la siguiente:

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar las gestiones necesarias a fin de que la zona natural conocida como Barranca de Huentitán de Oblatos, ubicada en el estado de Jalisco, sea declarada mpor la UNESCO. Presentada y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 12 de marzo del presente y turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho para enviarle atentos saludos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputada Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.Continúe la Secretaría.

REINCORPORACION DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados — Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, informo a usted la reincorporación al cargo de diputado federal de la LXII legislatura, del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, la cual tendrá efectos a partir del 25 de abril de 2013.

En razón de lo anterior, solicito que dicte sus apreciables instrucciones para que se realicen los trámites parlamentarios conducentes al respecto.

Agradezco de antemano la atención que sirva prestar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 24 de abril de 2013.— Diputado Carlos Sánchez Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquense.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados — Presente.

Por este conducto le comunico, que a partir del día jueves 25 de abril del presente, me reincorporo a mis actividades legislativas como diputado federal de esta LXII Legislatura, para tal efecto, le solicito amablemente que se hagan los trámites legales correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 24 de abril de 2013.— Diputado Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquense.

EXHORTO A LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATALES A ESTABLECER DE MANERA CORRESPONSABLES CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo.— Chihuahua.— Gobierno del Estado.

Diputado José González Morfín. vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L 62-II-4-595, expediente número 1195, donde hace referencia al acuerdo emitido por el honorable Congreso de la Unión, a través del cual “exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer de manera corresponsables centros de justicia para mujeres; y a los que ya cuentan con dichos centros, a reforzarlos: en beneficio de las mujeres de las respectivas entidades”; al respecto le expreso lo siguiente:

El Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de Chihuahua inició funciones el 7 de diciembre de 2009, con la participación de la Secretaría General de Gobierno; la extinta Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado; la Secretaría de Fomento Social; la Secretaría de Educación y Cultura en ese entonces, hoy denominada Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, a fin de otorgar atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

El gobierno del estado de Chihuahua, comprometido en salvaguardar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, con objeto de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la misma, inauguró en fecha 25 de marzo de 2012 el Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez, con lo cual se amplía el espectro de atención a las víctimas por tales delitos.

Asimismo, mediante acuerdo numero 049 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de agosto de 2012, el titular del Ejecutivo del estado creó de manera formal y con carácter de permanente los Centros de Justicia para las Mujeres en la Entidad, concediéndoles con ello mayor solidez a sus determinaciones, así como certeza jurídica las atribuciones y responsabilidades conferidas.

El fin primordial de los citados centros lo constituye garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia mediante la asistencia apoyo y protección inmediata y gratuita, con perspectiva de de género en un lugar único y sea donde coincidan todas las dependencias e instituciones involucradas en la protección apoyo a las mujeres víctimas del delito.

Cabe destacar que mediante decreto número 386/2011 II P.O, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de febrero de 2011, se elevó a rango de Fiscalía Especializada la Unidad Especializada en Feminicidios y Delitos de Género para convertirse en Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, la cual opera en instalaciones con los Centros de Justicia para las Mujeres.

Aunado a lo anterior, le comento que el acuerdo de creación de los Centros de Justicia para las Mujeres establece la forma en que participarán y las funciones que deberán ejercer cada una de las dependencias y entidades de la administración pública es tal, así como su operación y funcionamiento y la creación del Consejo Consultivo de los Centros de Justicia para las Mujeres, donde destaca la participación del Instituto Chihuahuense de la Mujer y representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el estado que trabajen con y para las mujeres.

Estamos conscientes de que el proceso y los mecanismos establecidos deberán ser fortalecidos progresivamente a fin de disminuir y erradicar las causas que general dichos comportamientos delictivos.

Lo que informo a usted en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 2 fracción II y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y artículo 10, fracción II, del Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 17 de abril de 2013.— Licenciado Carlos Manuel Salas (rúbrica), Fiscal General del estado de Chihuahua.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO GONZALEZ Y OTRAS CONTRA MEXICO (CAMPO ALGODONERO)

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo.— Chihuahua.— Gobierno del Estado.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta a su amable solicitud mediante escrito turnado por el licenciado Jorge González Nicolás y en respuesta al oficio DGPL 62-II-8-1406 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes la información solicitada. Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, fracción III, 8 Bis y 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y en atención a su escrito de fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece dirigido al maestro Jorge Enrique González Nicolás, fiscal especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, y en atención a lo requerido en el escrito de cuenta se le informa lo siguiente:

1. Número de reportes de niñas y mujeres no localizadas o desaparecidas.

Año                        Reportes de                                         desaparición iniciados

2008                       326

2009                       259

2010                       387

2011                       330

2012                       390

2013                       126

a) Cuántas mujeres fueron localizadas.

Año                        Número de reportes                           de desaparición concluidos

2008                       317

2009                       244

2010                       376

2011                       309

2012                       383

2013                       97

b) Cuántas aun están no localizadas.

Año                        Reportes de                                         desaparición vigentes

2008                       9

2009                       15

2010                       11

2011                       21

2012                       07

2013                       19

c) En cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba

Año                        Actividades de                                     protocolo alba

2008                       05

2009                       03

2010                       03

2011                       07

2012                       353

2013                       126

2. Cifra de Homicidios de Mujeres por Razones de Género.

En atención a la clasificación señalada como Homicidio por Razones d Género la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en ciudad Juárez tiene a su cargo las siguientes investigaciones:

Año                        Víctimas de                              homicidios por razón de género

2008                       11

2009                       04

2010                       03

2011                       01

2012                       27

2013                       03

a) Cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares.

Año                        Víctimas de homicidios                       por razón de género

2008, 2009, 2010, 2011 y 2013                      60

b) Cuántos cuerpos aun continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense en Ciudad Juárez:

Actualmente se encuentran depositados 23 cuerpos del sexo femenino sin identificar.

c) Cuál es el tiempo que demoran en identificar cada uno de los cuerpos:

Es variable y está sujeto a dos elementos fundamentales:

1. La obtención del perfil genético completo del cuerpo, el cual depende de la cantidad, calidad y estado de conservación de la muestra.

2. La coincidencia o no con la base de datos genéticos del estado de Chihuahua, en el rubro de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas.

d) Cuál es el tiempo que más han demorado en identificar uno de estos cuerpos:

Derivado de la respuesta anterior, se han obtenido perfiles genéticos completos de muestras que han estado bajo proceso en el laboratorio de genética de años anteriores, sin embargo, aun obteniendo el perfil genético, la identificación plena depende de que exista una coincidencia al confrontarlo con la base de datos genéticos del estado, en el rubro de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas, por lo que el tiempo de identificación es variable.

2.1. Después de ser identificado el cuerpo de la victima

e) Cuál es el tiempo que la familia espera para que les sea entregado el cuerpo de su familiar:

Una vez que se emite el informe de identificación positiva, al agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación y/o expediente, siendo esta autoridad que tiene facultades de realizar las diligencias correspondientes para autorizar la salida del cuerpo del Servicio Médico Forense y la entrega a los familiares.

En cuanto al segundo resolutivo del punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para que a través de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den cumplimiento a los puntos resolutivos 20 y 21 de la Sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, -Caso González y otras Contra México (Campo Algodonero), relativos a la creación de una página electrónica que contenga una base de datos digital, que contenga la información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde el año 1993. Le informo que la página electrónica fiscalíachihuahua.gob.mx fue implementada desde hace años y se encuentra operando y en funciones, la cual contiene la información de las mujeres y niñas que se encuentran desaparecidas desde 1993 a la fecha y se encuentra en implementación la incorporación de los datos que contengan el número de “feminicidios” desde 1993 a la fecha en Ciudad Juárez.

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

Ciudad Juárez; Chihuahua, a 12 de abril de 2013.— M.C.M. Refugio Ernesto Jáuregui Venegas (rúbrica), Fiscal Especializado en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, para su conocimiento.

PLAN DE RESCATE DE LA INDUSTRIA CAÑERA Y AZUCARERA DEL PAIS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1293, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVE.63/13, suscrito por la maestra M.T. Sharon Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/460113 que contiene punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mediante el cual:

Único. La Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, que contemple los siguientes ejes: 1) La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno 2) El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar 3) Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.

Al respecto, adjunto al presente sírvase encontrar la información que remite la Dirección General Adjunta de Bioenergéticos, en este contexto, la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, se encuentra analizando la posibilidad de introducir el bioetanol en la matriz energética y en el transcurso del presente año ha sostenido diversas reuniones de trabajo con los principales actores en el tema, puntualizándose en todas ellas que el apoyo del Gobierno Federal a la producción de biocombustibles que utilicen como insumo la caña de azúcar requiere de un análisis exhaustivo de todas las variables que una política pública de tal naturaleza pudiera implicar.

Por lo tanto, la reconversión de la industria azucarera puede ser parte de una solución de mediano plazo, sin embargo, requiere de la concurrencia de todos los miembros que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos (Sagarpa, Semarnat, Sener, SE, SHCP), así como de Pemex e inversionistas del sector privado.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de abril de 2013.— Maestra M.T. Sharon Cuenca Ayala (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestra Sharon Cuenca Ayala, directora general de Asesoría y Enlace de la Secretaría de Energía.— Presente.

Me refiero a su oficio No. 100.DGVE.46/13, de fecha 21 de marzo de 2013, dirigido al Subsecretario de Planeación y Transición Energética, a través del cual hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a crear e implementar un plan de rescate a la industria azucarera y cañera del país, que contemple los siguientes ejes: i) La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación del excedente de azúcar, de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno; ii) el apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, y iii) las medidas de ajuste y subsidios a los productos de caña mientras los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.

En relación a lo anterior, por lo que respecta a los ejes relativos a la búsqueda de nuevos mercados y el apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera, atentamente le informo lo siguiente:

Los bioenergéticos son los combustibles obtenidos de la materia orgánica y pueden considerarse como una fuente de energía renovable potencialmente sustentable, a través de los cuales se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lograr el desarrollo de la economía del sector rural y fortalecer la seguridad energética mediante su diversificación. Específicamente, el etanol anhidro (bioetanol) se caracteriza por ser un alcohol que tiene un contenido de agua muy bajo su pureza varía entre el 99.5% y el 99.9%, lo .cual le permite ser utilizado como combustible, o bien, como un añadido en las gasolinas en distintas concentraciones.

Para la producción del bioetanol la industria ha considerado como insumo el uso de la caña de azúcar lo que representa un mercado adicional a la fabricación del azúcar, sin embargo para la producción de dicho alcohol es necesario que los ingenios azucareros cuenten con la tecnología suficiente para que además de su proceso de producción de azúcar puedan fermentar el jugo obtenido de la caña y finalmente someterlo a un proceso de destilación y deshidratación.

Por otra parte, el 1 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual tiene como objetivo primordial promover el desarrollo de los bioenergéticos como una actividad de interés general para coadyuvar al progreso del país de manera integral y sustentable.

Derivado de lo anterior, y considerando las obligaciones previstas en la Ley, la Secretaría de Energía emitió el Programa de Introducción de Bioenergéticos el cual preveía metas específicas para la introducción del etanol como oxigenante en la gasolina en las tres principales zonas metropolitanas del país. Subsecuentemente, 2n 2009, Pemex lanzó la licitación pública nacional 18576112-022-09 para la adquisición de etanol, en la cual resultó adjudicada una propuesta, y provocó que los licitantes adjudicados no suscribieran el contrato.

En 2011 la Secretaría de Energía emitió el Programa de Introducción de Etanol Anhidro, y en 2012 Pemex público la licitación P2 LN 029001 con licitación de adquirir etanol para su mezclado con las gasolinas en las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex Refinación en Salina Cruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, y Tapachula; sin embargo las propuestas recibidas rebasaron el precio máximo dispuesto a pagarse en términos de las bases de licitación, por lo que el procedimiento fue declarado desierto.

En este contexto, la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética, se encuentra analizando la posibilidad de introducir el bioetanol en la matriz energética y en el transcurso del presente año ha sostenido diversas reuniones de trabajo con los principales actores en el tema, puntualizándose en todas ellas que el apoyo del Gobierno Federal a la producción de biocombustibles que utilicen como insumo la caña de azúcar requiere de una análisis exhaustivo de todas las variables que una política de tal naturaleza pudiera implicar.

Por lo tanto, la reconversión de la industria azucarera puede ser parte de una solución de mediano plazo, sin embargo, requiere de la concurrencia de todos los miembros que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos (Sagarpa, Semarnat, Sener, SE, SHCP), así como de Pemex e inversionistas del sector privado.

Finalmente me permito hacer de su conocimiento que, con independencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General Adjunta contactó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con la finalidad de intercambiar opiniones respecto del punto de acuerdo en cuestión y de que dichos comentarios fueran considerados en el proceso de elaboración de su respuesta. Asimismo, cabe precisar que, conforme a sus atribuciones legales corresponde a esa Secretaría conducir y evaluar la política de la industria azucarera y cañera del país.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de abril de 2013.— Licenciada María del Carmen Parra Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión Especial del análisis de la agroindustria azucarera, para su conocimiento.

PROCESO LEGAL DEL CONNACIONAL EDGAR TAMAYO ARIAS, EN EL ESTADO DE TEXAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A EFECTO DE SALVAGUARDAR SU DERECHO DE VIDA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0562 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0662/13, suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al proceso legal del connacional Edgar Tamayo Arias, en el estado de Texas de los Estados Unidos de América, a efecto de salvaguardar su derecho de vida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade Kuribreña, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión ordinaria, del pasado 4 de abril, el cual se hizo llegar pará la atención de esta dependencia federal con oficio SEL/UEL/311/518/13 y que a continuación se describe:

“Único.-La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad se asegure que se haya observado el debido proceso legal, en particular, el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte en el estado de Texas de Estados Unidos de América el connacional Édgar Tamayo Arias y solicite, por los conductos pertinentes y apropiados, al Congreso y al gobernador del estado de Texas, la gracia de la clemencia, a efecto de salvaguardar su derecho a la vida. Asimismo, agote todas las instancias internacionales posibles, para la protección de la vida de nuestro connacional.”

Por lo antes expuesto, ruego a usted considerar la respuesta que me permito acompañar y, en su caso, ser el amable conducto para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otroparticular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de abril de 2013.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta a punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar con la mayor brevedad que se observó el debido proceso legal, en particular el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte el connacional Édgar Tamayo Arias en Texas, Estados Unidos de América

El 27 de septiembre de 1994, el Consulado General de México en Houston, Texas, tuvo conocimiento del caso del connacional Edgar Tamayo Arias, quien estaba acusado por el delito de homicidio. El connacional Edgar Tamayo Arias fue encontrado culpable de haberle disparado tres veces en la espalda al policía de la ciudad de Houston, Texas, Guy P. Gaddis, provocándole la muerte. Lo anterior tuvo lugar cuando el connacional Tamayo se encontraba arrestado en la parte trasera de una patrulla el 31 de enero de 1994. El 27 de octubre de 1994, el jurado constituido en la Corte de Distrito No. 2.09 del Condado de Harris, declaró culpable al acusado. El 1 de noviembre de ese mismo año fue condenado a pena de muerte.

Luego de la negativa de la Suprema Corte de Estados Unidos de considerar y revisar el caso del connacional en noviembre de 2012, el equipo del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos, prepara una moción para presentar un recurso adicional ante la Corte Criminal de Apelaciones del Estado de Texas.

Posible ejecución; fecha aún no determinada.

En el caso de Edgar Tamayo la fiscal del condado de Harris, Texas, comunicó a los abogados defensores su intención de solicitar fecha de ejecución durante 2013 y que, antes de hacerlo, establecería contacto con los mismos y con los abogados del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos. Sin embargo, a la fecha no existe fecha programada para una posible ejecución.

El Gobierno de México a través de la Embajada de México en EUA, mantiene comunicación constante con la Consultoría Jurídica del Departamento de Estado (DoS) en relación a la posible ejecución del connacional Edgar Tamayo Arias, en la que se ha explorado y discutido distintas formas en que el DoS podría intervenir ante las instancias judiciales y administrativas de Texas a fin de evitar que se fije fecha de ejecución, incluyendo la solicitud de clemencia ante el gobernador de dicho estado.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

PROPUESTA PARA QUE MEXICO SE ADHIERA A LA “DECLARACION DE GUATEMALA”

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1153, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0674/13 suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a que México se adhiera a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del secretario de Relaciones Exteriores, doctor José Antonio Meade Kuribreña, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta a las proposiciones con punto de acuerdo aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República del honorable Congreso de la Unión en sus sesiones ordinarias del 7 de marzo y el 7 de febrero de 2013 respectivamente, los cuales se hicieron llegar para la atención de esta Dependencia Federal con oficios SEL/UEL/311/374/13 y SEL/UEL/311/231/13 que a continuación se describe:

Resolutivos de Cámara de Diputados:

“Primero. En un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la seguridad social.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

Tercero. La C1mara de Diputados, a través de la Comisión de Seguridad Social, implementará un programa de eventos para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al26 de abril de 2013.”

Resolutivos del Senado de la República:

“Primero. En u marco de respeto a la colaboración de los Poderes, el Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la Semana Nacional de la Seguridad Social, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la seguridad social.

Segundo. En ese mismo tenor, se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social

Tercero. El senado de la República, a través de la Comisión de Seguridad Social, con colaboración del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, implementará un programa d actividades para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al26 de abril de 2013.”

Por lo antes expuesto, ruego a usted considerar la respuesta que me permito acompañar y, en su caso, ser el amable conducto para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de abril de 2012.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta a los puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, mediante los cuales se exhorta al Poder Ejecutivo federal a declarar del 22 al 26 de abril de 2013 la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, y que México se adhiera a la Declaración de Guatemala, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social

Con relación al primer resolutivo y después de realizar las consultas correspondientes, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, informaron a ésta Secretaría que no existía inconveniente alguno en que la autoridad o dependencia competente declare en las fechas señaladas la “Semana Nacional de la Seguridad Social”.

Respecto al segundo resolutivo, cabe destacar que la Declaración de Guatemala, es un instrumento internacional que si bien no establece obligaciones de carácter vinculante para los Estados que se adhieran a la misma, este si manifiesta valorar positivamente y apoyar diversos acuerdos internacionales como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), adoptado en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada ello de noviembre de 2007 en Iquique, Chile, el cual no ha sido firmado por parte del Gobierno de México en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró que su adopción generaría un impacto presupuestario.

Cabe destacar también que dicha Declaración únicamente fue firmada por representantes de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) -México participa en ella y tiene celebrado un Acuerdo por el que se establece la sede permanente de la CISS en nuestro país- La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) -en la que México participa a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato-, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) -órgano docente y académico de la CISS- y la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS CELEBRADAS POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 511.1.2/1073, signado por el licenciado Manuel Martínez y Viveros, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013, correspondiente al primer trimestre de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como de su anexo en medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Dirección General de Programación y Presupuesto.— Dirección de Programación y Evaluación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto

Informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública para el ejercicio fiscal 2013.

Fundamento

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), artículo 35, fracción III, relativo a “instrumentar, realizar o gestionar, según corresponda, los actos y procedimientos administrativos, programáticos y presupuestales que deben llevar a cabo las unidades administrativas competentes de la secretaría, sus órganos desconcentrados y entidades del sector”.

Respuesta

En atención al oficio 312.A.-001210 del 11 de abril de 2013 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el que reitera el envió al Congreso de la Unión del formato de Contrataciones por honorarios que realicen loe ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2013.

Le envío en impresión y disco compacto, el formato Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio 2013 del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al primer trimestre de 2013.

Lo anterior para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Licenciado Manuel Martínez y Viveros (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«La que suscribe, senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII legislatura, en uso de las facultades que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 1 del artículo 8 y el numeral 1 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de aportaciones voluntarias a las Afore, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema de pensiones en México es sustentable en el largo plazo. Con la aprobación de las reformas a la ley del IMSS en 1997 y a la Ley del ISSSTE en 2007, se le ha dado viabilidad financiera al sistema mediante el sistema de cuentas individuales, permitiendo la portabilidad de los derechos pensionarios de los trabajadores entre distintos sistemas y evitando la pérdida de derechos de trabajadores que migran de un sistema a otro.

Ahora, el reto es fortalecer el sistema buscando los instrumentos necesarios para que el ahorro sea mayor y que pueda generar un nivel de vida digno a la población cuando llegue a la edad del retiro. Es menester que en el Congreso impulsemos cambios legales que permitan acrecentar las aportaciones de las cuentas individuales y así mejorar las pensiones de los trabajadores para asegurar mejores niveles de vida hacia las personas que dieron los mejores años de su vida productiva.

Esta iniciativa, precisamente va encaminada a fortalecer el ahorro voluntario de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), tomando en consideración que toda medida a favor del ahorro de los trabajadores es una previsión a futuro; sin perder de vista que esta reforma legal también tiene como propósito, otorgarle permanencia y certidumbre jurídica a la promoción de la deducibilidad de las aportaciones voluntarias para efectos del impuesto sobre la renta (ISR).

Es importante reconocer que el ahorro voluntario en las Afore es aún muy bajo como proporción de los recursos administrados. Hasta enero pasado, las Afore administraron un monto de recursos de 2 billones 857 mil 262 millones de pesos, y menos del 0.5 de ese monto corresponde a ahorro voluntario. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), señalan que al cierre de 1999 las aportaciones voluntarias alcanzaron los 331 millones de pesos, y para el 2012 la cifra superó los 13 mil 42 millones de pesos, un incremento significativo, pero que no es suficiente, ya que este incremento se puede deber a otros factores tales como; políticas implementadas para incorporar a más trabajadores al sistema, el crecimiento de la actividad económica y del personal ocupado en el país, junto con el efecto inflacionario de 13 años.

Una realidad, es que en los últimos años se han venido incrementando las aportaciones voluntarias a las Afore, esto en razón de una mejor cultura del ahorro, educación financiera y la propia deducibilidad de las aportaciones de los trabajadores, pero son sólo los trabajadores de altos ingresos tienen cultura y capacidad de ahorro para el retiro. Por ejemplo, en el 2010, 294 mil 166 trabajadores realizaron aportaciones con un saldo promedio cercano a los 12,164 pesos por cuenta. Para el 2011, 360 mil 236 trabajadores lo hicieron con saldo promedio de 14,412.8 pesos por cuenta. Pero esto no es suficiente, para el cierre de 2012, en el sistema de cuentas individuales, 2 millones 651 mil 521 trabajadores habían realizado aportaciones de ahorro voluntario con un saldo promedio de tan solo 3,241.4 pesos por cuenta. Es más, la calculadora de la Consar estima que una persona promedio tendría que ahorrar 23 por ciento de su sueldo mensual para alcanzar una pensión igual a su último salario.

En el actual contexto, las aportaciones voluntarias se convierten en una sana alternativa para los trabajadores con la finalidad de mejorar sus ingresos futuros y gozar de un retiro decoroso.

Este Congreso ha atendido las ventajas que representan para el sistema de pensiones las aportaciones voluntarias que hagan los trabajadores a su cuenta individual de ahorro para el retiro, por lo que en el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ha establecido el estímulo fiscal de que serán deducibles las aportaciones voluntarias de los ingresos anuales de los trabajadores:

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción... “

En el mismo sentido, y reconociendo que en el país no todas las personas que laboran están incorporadas al sistema de pensiones, se ha establecido en el artículo 218 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta, un esquema similar de estímulo fiscal para promover el ahorro voluntario en otros sistemas de ahorro para el retiro, tales como aquellos seguros que tienen un plan die pensiones o cuentas personales especiales para el ahorro:

Artículo 218. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien, adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en los términos que también señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 177 de esta ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al ejercicio en el que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva...

Este artículo, aunque tiene la misma finalidad que el artículo 176, que es promover el ahorro voluntario para el retiro, contiene una disposición que lo hace más atractivo para los trabajadores, en razón de que se señala que días antes de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, las personas pueden contratar este tipo de cuenta o hacer depósitos a las mismas y hacerlos deducibles para el ejercicio fiscal del año anterior.

Esto es una ventaja legal y fiscal de este tipo de cuentas sobre las Afore, ya que los trabajadores comúnmente calculan sus impuestos en los meses de marzo y abril, meses posteriores al cierre del año fiscal que van enterar al fisco, por lo que es una excelente oportunidad para el trabajador, ya que al momento de calcular su impuesto y le resulte saldo a pagar, puede optar por ahorrar voluntariamente en este tipo de cuentas y deducirlo en su declaración fiscal inmediatamente.

No obstante lo anterior, esta misma ventaja se le otorga al ahorro voluntario de largo plazo en las Afore, pero a nivel reglamento, lo que hace nugatorio para la mayoría de los trabajadores y de las mismas Afore este beneficio fiscal. Así lo establece el artículo 280 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

Artículo 280. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de la Ley, podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 218 de dicho Ordenamiento, a las aportaciones a la subcuenta de ahorro a largo plazo de la cuenta individual a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro...

Por consiguiente, y para brindar seguridad jurídica a los trabajadores, se propone que esta disposición reglamentaria se incluya en el texto de la ley del Impuesto sobre la Renta. Solo ce esta forma se darán los incentivos legales y fiscales para acrecentar las aportaciones voluntarias en las Afore, alentando una mayor competencia en este mercado, y provocando que las Afore y las otras instituciones que ofrecen esquemas similares realicen programas agresivos para incentivar este tipo de ahorro.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a la IV. ...

V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción, pudiéndose efectuar antes de que se presente la declaración respectiva. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10 por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.

...

...

...

VI. a VIII. ...

...

...

...

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Artículo Segundo.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, realizará una campaña de difusión de las ventajas y beneficios fiscales de las aportaciones voluntarias de los trabajadores a sus cuentas individuales de ahorro para el retiro.

Senado de la República, a dieciocho de abril de 2013.— Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito senador Rabindranath Salazar Solorio integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 4o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que el Estado lo garantizará. Y que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.

Por su parte, la Ley General de Salud, que reglamenta el derecho a la protección de la salud, establece en el artículo 2° que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; y la protección y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

En la realidad, los expertos en salud pública, estiman que las enfermedades crónicas no transmisibles como el caso de la Diabetes, son uno de los mayores retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud, por varias razones: el gran número de casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, su ubicación como la causa más frecuente de incapacidad prematura y la complejidad y costo elevado de su tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), calculó que en 2008, alrededor de 900 millones de adultos de 20 años en adelante, tenían sobrepeso y otros 500 millones, obesidad.

Asimismo dio a conocer que en 2010, sumaban ya 40 millones de niños menores de cinco años con sobrepeso.

Éste y la obesidad son el quinto factor de riesgo de defunciones en el mundo, además contribuyen al 44 por ciento de casos de Diabetes, al 23 por ciento de cardiopatías y entre el 7 al 41 por ciento de algunos tipos de cáncer, se deben al exceso de peso.

La misma Organización considera a la Diabetes mellitus como una amenaza mundial, llamada la epidemia del siglo XXI, la cual está íntimamente relacionada con la obesidad, el sobrepeso y la inactividad física.

Define al sobrepeso y a la obesidad como “una acumulación anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud”,hace también la diferenciación entre ellas “un índice de masa corporal (IMC) igualo superiora 25 determina sobrepeso, un IMC igualo superiora 20 determina obesidad”,

Aunque hace algunas décadas se consideraban condiciones propias de una persona con ingresos elevados, ya que tenían acceso a mayor cantidad de alimento, en la actualidad sucede todo lo contrario, se sabe que en los países en desarrollo viven 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los desarrollados sólo 8 millones.

Esto se debe en gran medida, a que los productos con un nivel calórico elevado, ricos en grasas saturadas y trans,azúcares y sal pero con una mínima cantidad de proteína, vitaminas y minerales, tienen un menor costo que aquellos con un valor nutrimental elevado.

El estilo de vida actual ha llevado a las personas a consumir productos hipercalóricos y de bajo nivel nutrimental, esto aunado a la falta de actividad física, provoca una acumulación excesiva de tejido adiposo debido a que las calorías consumidas son más que las utilizadas.

También datos de la OMS indican que atender a una persona con sobrepeso u obesidad puede llegar a ser un 36 por ciento más costoso que alguien con un peso ideal. Una persona con un índice de masa corporal (IMC) entre 35 y 40, vive tres años menos que una persona que está en su peso, mientras que alguien con un IMC mayor a 40, rango a partir del cual se considera obesidad mórbida, puede llegar a vivir, en promedio, diez años menos. Además se debe considerar que una persona con exceso de peso, tiene más propensión de contraer enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y Diabetes.

En México, la Secretaría de Salud federal, informa que el 80 por ciento de los pacientes con Diabetes tipo II -la de mayor prevalencia en el país-, presentan sobrepeso y obesidad, que afectan a 7 de cada 10 mexicanos en la actualidad.

Y si tomamos en cuenta que la Diabetes es la primera causa de muerte entre los habitantes, con 82 mil defunciones en promedio al año, que 10 millones de personas padecen Diabetes en la República y que además es la primera causa de incapacidad prematura, hace del exceso de peso, uno de los problemas urgentes e indispensables a resolver en materia de salud pública.

A este preocupante panorama, se agrega que es el país número uno a nivel mundial, con la mayor cantidad de población infantil con obesidad y sobrepeso, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 reporta que 34.4 por ciento, es decir, 5 millones 664 mil 870 niñas y niños entre 5 y 11 años los presentan. La Ensanut, también revela que la prevalencia del sobrepeso y obesidad va en aumento entre este sector de la población; en 1999 un 18.6 por ciento de niños tenía sobrepeso y 9.6 por ciento obesidad, mientras que en 2012 representan un 19.5 por ciento y 17.4 por ciento, respectivamente. El caso de las niñas es similar, a finales de los 90’s el 17.2 por ciento tenía sobrepeso y 8.3 por ciento obesidad, en el presente año el 20.2 por ciento tiene sobrepeso y 11.8 por ciento, obesidad.

La mencionada encuesta, también refiere que el 35 por ciento de las y los jóvenes mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, esto es, 6 millones 325 mil 131 personas entre 12 y 19 años.

Asimismo, la Ensanut mide y clasifica el nivel de percepción de seguridad alimentaria en los hogares del país. El 30 por ciento considera tener un nivel de seguridad alimentaria, es decir cantidad y calidad; el 41.6 por ciento se considera con inseguridad alimentaría leve, sacrifican la calidad por la cantidad; el 17.7 por ciento estima encontrarse dentro de la inseguridad alimentaria moderada, además de no contar con alimentos de calidad, encuentran restricciones en la cantidad; y por último el 10.5 por ciento se localiza dentro de la inseguridad alimentaría severa, no consumen productos alimenticios ni de calidad ni en cantidad a tal grado que reportan padecer hambre en adultos y niños.

Debido al gran problema que representan el sobrepeso y la obesidad para muchos países, y el elevado costo que empieza a pegar a sus economías, los Estados Miembros formularon en 2002 ante la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización de las Naciones Unidas, una petición (resolución WHA55.23) a fin de que crear una estrategia integral para su erradicación; y en mayo de 2004 dicha Asamblea aprobó la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Físicay Saluden la cual se establecen directrices para las estrategias que deseen implementar los países, en el combate contra enfermedades no transmisibles.

Dentro de las pautas que marca, son de especial atención:

• La promoción de alimentos afines a una dieta y estilo de vida saludables, en la que se propone a los gobiernos incluir incentivos comerciales con el propósito de que se impulse la producción y venta de productos alimenticios.

• La implementación de una política fiscal en la que se apliquen impuestos, concesión de subvenciones o fijación directa de precios de tal forma que la población tenga mayor acceso a productos que permita una alimentación sana.

• Invitar al sector privado, en especial a la industria alimentaria a que reduzca los niveles de grasas, azúcares y sal o bien las porciones de los productos alimenticios, y a que también puedan ofrecer opciones saludables y de alto valor nutrimental.

En la actualidad, diferentes países han adoptado medidas para reducir su porcentaje de población con exceso de peso, ya sea incrementando impuestos sobre alimentos que se consideran de baja calidad nutrimental, incentivando a la industria alimentaria a crear productos saludables, fomentando el deporte o restringiendo los alimentos chatarraen escuelas, centros educativos y oficinas de gobierno.

Ejemplo de ello es Dinamarca, que aun cuando su población con obesidad no rebasa el 10 por ciento de su total, y las muertes por problemas cardiovasculares representan el 4 por ciento, fue el primer país en adicionar un impuesto a todos aquellos productos que contienen 2.3 por ciento o más, de grasa saturada en su contenido total. Los impuestos fueron asignados dependiendo del tipo de producto, por ejemplo un litro de aceite de oliva incrementó un 7 por ciento; cada bolsa de papas fritas, 8 por ciento; y por cada paquete de mantequilla se paga 30 por ciento más.

Cabe destacar que los expertos señalan que para mantener una dieta balanceada, “se recomienda que el consumo de lípidos represente hasta un 30 por ciento de las calorías totales, de las cuales 10 por ciento máximo provengan de grasas saturadas, 10 por ciento de monoinsaturadas y 10 por ciento poliinsaturadas”.

El Reino Unido propuso una política similar a la danesa, en donde se prevé que el monto recaudado de los impuestos a estos productos, sirvan para financiar campañas de salud, promoviendo estilos de vida saludable, así como para equipos de ejercicio en las escuelas.

En este tema, existen opiniones encontradas, por ejemplo un estudio de la Universidad de Alberta en Canadá, señaló que aun cuando los consumidores sí disminuyen la ingesta de alimentos hipercalóricos cuando su precio se eleva, advirtió que los compradores hacen más caso a las advertencias de.las etiquetas.

El presidente del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiología de la Obesidad y la Nutrición en España, afirma que la educación sobre el tema es el mejor apoyo que se le puede dar a la sociedad, sin embargo considera que los países en donde se ha tomado la medida de implementar impuestos, los resultados han sido favorables; además lo equipara con lo sucedido con el tabaco, ya que desde su incremento en el costo, se ha visto una disminución progresiva en su consumo. Otro factor que toma en cuenta, es que “la ventaja del sistema impositivo frentea prohibir es que se mantiene la libertad individual de consumir, aunque sea más caro”.

Es claro que la función de los gobiernos, las políticas públicas y los programas que implementen, son decisivos para lograr cambios que beneficien a la salud pública.

En México, el gobierno federal, impulsó en 2010 la suscripción del “Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”,en un esfuerzo al que invitaron a integrantes y dependencias de los sectores público, privado y social, para combatir el sobrepeso y la obesidad y contribuir a la salud alimentaria.

La estrategia correspondiente se orienta a la ejecución, enmarcada en un proceso dinámico de aprendizaje y desarrollo, organización y reclutamiento de voluntades, acuerdos y estudios, que debe tener flexibilidad suficiente para actuar, adaptarse y evolucionar.

Refiere el Acuerdo, que es una plataforma que requiere un espacio dinámico de seguimiento, dé consulta, de negociación y definición de colaboración entre los actores más relevantes del sector público, empresas, sociedad, academia, donde confluyan para rendir cuentas y desarrollar la política, bajo la premisa del Objetivo Común y la Responsabilidad Compartida.

Define el Foro Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad, como espacio con nuevas modalidades de participación democrática en los asuntos nacionales atendidos por la administración pública federal no sólo en el consenso sino en la ejecución y en la rendición de cuentas por todos los involucrados público-privados en un nuevo abordaje de corresponsabilidad social para luchar contra el sobrepeso y la obesidad.

Dicho Foro estaría integrado al inicio por 17 dependencias públicas: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Economía (SE)-Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Secretaría de Educación Pública (SEP)- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Salud (SS) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con las que se definieron acciones específicas del ejecutivo federal; además de prever la inclusión de los organismos cúpula nacionales empresariales que tienen que ver con los alimentos y bebidas no alcohólicas, la producción agrícola, industrialización, comercialización, venta y consumo de alimentos, a las instituciones académicas nacionales de mayor desarrollo en el tema de nutrición, actividad física, y los aspectos sociales y económicos del tema, a la representación municipal nacional en salud, y a organismos sociales representantes nacionales de las profesiones de la salud, sindicatos y a la sociedad civil organizada para el tema. Todos con una comprobada representatividad en el orden nacional que permita que las acciones planteadas generen efecto en cascada.

Los principios que rigen a este Acuerdo son:

• Objetivo común, responsabilidad compartida.

• Transparencia.

• Rendición de cuentas de los participantes (públicos, privados, académicos y sociales).

• Gradualidad.

• Subsidiariedad y corresponsabilidad.

El análisis de la evidencia nacional e internacional arrojó 10 objetivos prioritarios para lograr un acuerdo efectivo en este campo:

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social.

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable.

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas.

4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo.

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud.

6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad.

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en los alimentos, aumentando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos.

8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas transde origen industrial.

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, porciones reducidas.

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin sodio.

Los primeros seis objetivos dependen principalmente de la voluntad individual y de la existencia de condiciones y oferta adecuadas que permitan, por ejemplo, aumentar la actividad física y consumir agua potable, frutas y verduras.

Los otros cuatro objetivos requieren de una decidida participación del gobierno, de los sectores sociales y de la industria alimentaria y restaurantera para, por ejemplo, disminuir la cantidad de azúcares y de sodio añadidos a los alimentos, reducir al mínimo las grasas transde origen industrial, orientar al consumidor en la preparación casera de los alimentos y convencerlo de la importancia del volumen de las porciones.

La estrategia descrita en este documento tiene el propósito de contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional, al revertir la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que enfrenta el país, derivadas del sobrepeso y la obesidad, a través de una política integral de Estado, con acciones dirigidas especialmente a los menores de edad, en forma individual, comunitaria y nacional, que permitan mejorar la oferta y el acceso a alimentos y bebidas no alcohólicas favorables para la salud, así como la promoción de la práctica de actividad física constante a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

En el marco de este Acuerdo, se suscribió el Programa de Acción en el Contexto Escolar,cuyos principios orientadores son:

• Fomentar el desarrollo integral de los educandos y el desarrollo de competencias para la adopción de estilos de vida saludable.

• Promover acciones de cuidado de la salud con un enfoque integral, que trascienda el contexto escolar y favorezca a la comunidad educativa en general.

• Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa: personal directivo, docente, administrativo, alumnos, padres y madres de familia, en el desarrollo de acciones encaminadas a la promoción de la salud en las escuelas de educación básica.

• Mejorar las condiciones para el aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa, aprovechando los espacios formativos y las oportunidades curriculares y extracurriculares.

• Generar y preservar entornos y ambientes saludables que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida en el contexto escolar, y en el largo plazo, la adopción de estilos de vida saludables.

Su objetivo general, consiste en promover una nueva cultura de la salud mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable, entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los alumnos de educación básica y, con ello, ofrecer mayores oportunidades para alcanzar mejores logros de aprendizaje.

Destacan dos de sus cuatro objetivos específicos: Desarrollar competencias en los actores educativos (alumnos, padres, maestros y directores) para la modificación de las causas que inciden en la salud de los estudiantes, con énfasis en un estado nutricional saludable.

Impulsar en todos los actores de la comunidad educativa el desarrollo de hábitos alimenticios correctos que garanticen tanto el sano crecimiento de los alumnos como el desarrollo integral de alumnos, docentes y directivos, como medida para la prevención y disminución del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades derivadas de una alimentación inadecuada.

Establece siete ejes de acción:

1. Enriquecimiento de contenidos y materiales curriculares.

2. Profesionalización de la práctica docente y directiva.

3. Ofrecer apoyos diversos para la implementación de acciones de promoción y cuidado de la salud en el contexto escolar.

4. Desarrollo de competencias de la comunidad educativa para el cuidado de la salud y generación de entornos escolares saludables.

5. Emitir regulación del expendio o distribución de alimentos y bebidas que son recomendables en los establecimientos de consumo escolar.

6. Fortalecimiento de la participación de los Consejos Escolares de Participación Social, directivos, docentes y padres de familia para generar condiciones básicas que favorezcan entornos saludables.

7. Coordinación interinstitucional e intersectorial entre dependencias gubernamentales, de salud y educación, otras instancias del sector privado, así como organizaciones de la sociedad civil.

El Programa de Acción tiene un enfoque y sentido eminentemente formativo e integral, que se concreta en tres componentes:

• Promoción y educación para la salud.

• Fomento de la activación física regular.

• Acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que facilitan una alimentación correcta.

Instancias participantes y sus funciones

Acorde con el enfoque multifactorial e intersectorial para abordar este problema de salud pública, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA) establece que para la prevención del sobrepeso y la obesidad se requiere del impulso de acciones conjuntas entre instituciones del sector educativo, salud, empresarial, industrial y organizaciones de la sociedad civil.

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales tienen un papel importante en acciones tendientes a la orientación familiar e individual, generar interlocución y comunicación, así como en el monitoreo y seguimiento de las estrategias que se impulsen desde las instituciones gubernamentales y educativas para la promoción de una alimentación correcta y de activación física regular.

Este factor de compromiso, participación y corresponsabilidad entre los distintos sectores, será la clave para el avance y concreción de la política nacional y del Programa de Acción que se impulsa desde el sector educativo, para la prevención y disminución del problema de salud pública que representa el sobrepeso y la obesidad.

El Acuerdo señala sus funciones y una coordinación intersectorial entre la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud; la Comisión Nacional del Deporte y con la industria.

También, corresponsabiliza y establece funciones para autoridades educativas fe erales y estatales, comunidad educativa en general, padres y madres de familia, alumnos y Consejos Escolares de Participación Social.

Un tercer acuerdo, cuyo contenido es fundamental como precedente y referente en los esfuerzos y acciones para combatir el sobrepeso y la obesidad, es el publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de agosto de 2010, consistente en el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

En él, se desarrollan en detalle, los diversos contenidos de los otros dos, en particular del Programa de Acción en el Contexto Escolar.

Es innegable, que se han realizado esfuerzos importantes por diversos sectores representativos de la sociedad, como también lo es, que los resultados no fueron los esperados, las cifras estadísticas comprueban que la problemática persiste y que es indispensable y urgente tomar medidas, más allá de la suscripción de compromisos y consensos.

Son de reconocerse las bondades de los 10 objetivos prioritarios que con base en la evidencia nacional e internacional, recogió el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, que logró sumar en una concertación de acciones compromisos multidisciplinarios e interinstitucionales, pero respecto del objetivo central que es la reducción de las cifras, los resultados distan mucho de reflejar los esfuerzos desplegados.

Para la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Que en el mundo, se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros nutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización.

Refiere además, que a menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, agricultura, transporte, planeamiento urbano, medio ambiente, procesamiento, distribución y comercialización alimentos y educación.

Entre las consecuencias para la salud, un índice de masa corporal elevado es importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebro vascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción. También Diabetes, trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, muy discapacitante) y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).

Ahora bien, en cuanto a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en su Octava Sesión Plenaria, del 22 de mayo de 2004, en el rubro correspondiente a los Estados Miembros, en el numeral 41, página 9 del correspondiente documento establece:

“La políticas nacionales relativas a los alimentos y a la agricultura deben ser compatibles con la protección y la promoción de la salud pública. Cuando sea necesario, los gobiernos deben estudiar la posibilidad de aplicar políticas que faciliten la adopción de dietas sanas.”

“La política en materia de alimentos y nutrición ha de abarcar también las cuestiones de la inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria. Debe alentarse a los gobiernos a que examinen las políticas relativas a los alimentos y a la agricultura para determinar los posibles efectos sanitarios en el suministro de alimentos.”

“1) Promoción de productos alimenticios acordes con una dieta saludable. Como resultado del creciente interés de los consumidores en la salud de la mayor conciencia de los gobiernos sobre los beneficios de una nutrición sal dable, algunos gobiernos han adoptado medidas, incluido el establecimiento de incentivos comerciales, para promover el desarrollo, la producción y la comercialización de productos alimenticios que contribuyan a una dieta saludable y estén n conformidad con las recomendaciones nacionales e internacionales en materia d alimentación. Los gobiernos podrían considerar la posibilidad de adoptar, medidas adicionales para promover la reducción del contenido de sal de los alimentos elaborados, el uso de aceites hidrogenados y el contenido de azúcar de las bebidas y los refrigerios.”

“2) Políticas fiscales. Los precios influyen en las decisiones de los consumidores. Las políticas públicas pueden influir en los precios mediante la aplicación de impuestos, la ‘concesión de subvenciones o la fijación directa de precios como medios para promover la alimentación sana y la actividad física durante toda la vida. Varios países utilizan medidas fiscales, incluidos los impuestos, para facilitar la disponibilidad y la asequibilidad de diversos alimentos; algunos utilizan fondos públicos subvenciones para lograr que las comunidades pobres puedan acceder a los establecimientos recreativos y deportivos. Al evaluar esas medidas es preciso examinar también el riesgo de provocar efectos no intencionales en población vulnerable”.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) en su reporte 2010, sobre “Obesidad y la economía de la prevención”, reporta cifras verdaderamente alarmantes, referentes a México.

El 70 por ciento de los mexicanos presentan sobrepeso, es decir, dos de cada tres personas, mientras que una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos; cifras superiores al promedio de los habitantes de los países que conforman la OCDE, que padecen 50 por ciento de sobrepeso y 15 por ciento de obesidad.

En otro de sus documentos: “Actualización sobre Obesidad 2012”, la OCDE refiere que México ocupa el segundo lugar con mayor nivel de ésta, entre los 34 países miembros. El 30 por ciento de la población mexicana presenta este problema, solo superada por la de Estados Unidos, con el 33.8 por ciento de su población.

Que en cuanto a obesidad infantil, México ocupa el cuarto lugar en la lista de niños entre 5 y 17 años más obesos, con 29 por ciento de niñas y el 28 1 por ciento de niños, sólo por debajo de Grecia, Estados Unidos e Italia.

Aun cuando la propia OCDE reconoce que en México hemos aplicad en los últimos tres años políticas de salud pública, éstas no han producido los resultados esperados, recomendando a las autoridades competentes, tomar medidas que han demostrado ser las más efectivas para su combate, consistentes en elevar impuestos a los alimentos no saludables, para limitar el consumo de los que presentan altos contenidos de grasas, azúcar y sal, como lo han hecho Dinamarca, Hungría, Finlandia y Francia.

Por ello aunado a una política fiscal con orientación nutricional, la CDE propone mayor regulación de publicidad de alimentos y bebidas al público infantil y control de estos productos en escuelas.

Es cierto, que varias de estas medidas se han intentado, pero de manera aislada y sin una obligatoriedad en la norma, que incluya tasas impositivas, para inhibir la compra de alimentos con altos contenidos de grasas, azúcar y sal, como recomiendan la OMS y la OCDE.

Debido a la relevancia que ha tomado el problema del sobrepeso y la obesidad en la salud pública, es importante hacer mención de los costos que implican al gasto federal, la atención de las enfermedades atribuibles a estos dos factores.

En el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad 2010, se hace una división entre el costo directo, es decir, el gasto utilizado en la atención de enfermedades atribuibles como son hipertensión, algunos tipos de cáncer, Diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares; entre otras; y el costo indirecto, es decir la pérdida por muerte prematura debida al sobrepeso y obesidad.

Se observa un incremento en el costo directo de 2000 a 2008 en un 61 por ciento; mientras que en el año 2000 el costo directo destinado a la atención e éstas, fue de 26 mil 283 millones de pesos, en 2008 aumento a 42 mil.246 millo es de pesos, lo que representó un 33.2 por ciento del gasto público federal en servicios de salud a la persona.

Por su parte, el costo indirecto también aumento pasando de 9 mil 46 millones de pesos en el año 2000, a 25 mil 099 millones de pesos en 2008.

De seguir este crecimiento promedio anual de 13.51 por ciento, e 2017 el costo directo será de 77 mil919 millones de pesos, mientras que el indirecto se estima en 72 mil 951 millones de pesos.

Por los diversos argumentos y cifras expuestas a lo largo de esta iniciativa, se trata de construir herramientas que contribuyan a garantizar el derecho a la salud, a partir de la focalización de la enorme problemática del sobre peso y la obesidad, como factores que desencadenan padecimientos que van en aumento, que ponen en riesgo la salud y la vida de las y los mexicanos como la Diabetes y enfermedades relacionadas con ella.

Que si bien, incidir en su solución requiere de una política integral con la solidaria y activa participación de todos los sectores de la sociedad, ella debe ir acompañada de medidas como la que se propone en la presente iniciativa, dirigidas a desalentar la compra de productos con altos contenidos de azúcares, grasas y sodio, cuyo consumo influye de manera decisiva en el aumento de peso, como muestran las cifras que se incluyen en la parte de exposición de motivos de la iniciativa.

Para su autor, es necesario precisar que los esfuerzos realizados en 2010, para suscribir el “ Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”, con sus 10 objetivos; el Programa d Acción en el Contexto Escolar, con sus 5 principios orientadores y sus 4 objetivos específicos; así como los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de I Planteles de Educación Básica, que desarrolla en detalle los diversos contenidos de los otros dos, en particular del programa del inmediato anterior, todos, constituyen un precedente valioso, por sus contenidos y por el compromiso que sumó de importantes sectores, con influencia en el tema.

Esta iniciativa, no compite con ellos ni descarta esfuerzos, pero reconoce que aun siendo valiosos, resultaron insuficientes para lograr los objetivos de combatir el sobrepeso y la obesidad y contribuir a la salud alimentaria.

Por ello, en concordancia con las recomendaciones de la ONU y de la OCDE, para que países como México, con esta grave problemática, tomen m idas que han demostrado ser las más efectivas para su combate, consistentes en elevar impuestos a los alimentos no saludables, para limitar el consumo de los que presentan altos contenidos de grasas, azúcar y sal, el objetivo central de la presente propuesta, consiste en reformar y adicionar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para establecer un impuesto especial del 20 por ciento, so re el precio de venta al público en general, en los siguientes productos:

1. Bebidas azucaradas y con contenido de sodio.

2. Productos comestibles con alto contenido en grasas.

3. Productos comestibles con alto contenido de sodio.

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables, se propone que el producto de lo recaudado, se destine al beneficio colectivo, consistente en:

a) Apoyar tareas de prevención, de atención y mitigación, de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad, como la Diabetes, y las enfermedades asociadas a ella.

b) Estimular la producción y consumo de frutas, verduras, de cárnicos y productos del mar y otros productos alimenticios frescos, para disminuir costos e impulsar su accesibilidad a poblaciones y grupos de la sociedad, de escaso poder adquisitivo.

Resulta procedente el destino que se propone, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contribuir para los gastos públicos.

Para respaldar esta afirmación, resulta pertinente invocar la Jurisprudencia 106/99, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 1999, página 26, que establece:

“Contribuciones. Las destinadas al pago de un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, constitucional

“Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino la prohibición de q e se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto público especial que beneficia en forma directa a la colectividad, no solo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federar”.

Además, las referidas bebidas y productos comestibles que se propone gravar, se sumarían como nuevos bienes al impuesto especial sobre productos y servicios, mismos que tributarían en el rubro ad-valorem, previsto para bienes gravados por la Ley de que se trata, por ello también se incorporan los conceptos en la mecánica de acreditamiento del mismo Ordenamiento Jurídico, previéndose en a iniciativa, las adecuaciones correspondientes.

Adicionalmente, cabe destacar que los que aquí se prevén, serían impuestos que cubren lo establecido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las obligaciones de los mexicanos, de contribuir para los gastos públicos, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Para respaldar esta aseveración, es pertinente hacer referencia a la Tesis Aislada 2ª, III/2005 (Constitucional Administrativa), de la Segunda Sala de la Suprema. Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 608, que establece:

“Producción y servicios. El artículo 2o. fracción I, inciso h), subinciso 1 y 2, en relación con su fracción III, de la Ley del Impuesto Especial relativo, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria al establecer tasas distintas para el cálculo del impuesto en la enajenación o importación de cigarros y cigarros populares sin filtro elaborados con tabaco oscuro y longitud máxima de 77 milímetros (legislación vigente en 1998).

El citado precepto, al establecer dos tasas distintas, una para quienes enajenen cigarros y otra para quienes enajenen cigarros populares sin filtro elaborados con tabaco oscuro y longitud máxima de 77 milímetros, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque los sujetos que se encuentran en el mismo supuesto de causación tributan en proporción directa a la categoría y características del bien y en relación con el objeto del tributo, sin que sea el caso considerar que las tasas señaladas constituyan una tarifa como en aquellos tributos donde puede darse un salto desproporcionado, de ahí que se irrelevante que en un caso se grave con la tasa del 85% y en otro con la del 20.9%, pues se trata en realidad de actividades distintas dependiendo del producto enajenado; máxime si se considera que se trata de un impuesto indirecto donde quien lo resiente es el sujeto incidido o consumidor final, pues es obvio que quien comprará al final tabaco de baja calidad gravado con una tasa inferior será un sujeto que no revela tener la misma capacidad contributiva de quien adquiere el de mayor precio.

Segunda Sala. Amparo directo en revisión 1213/2004. Cigarros La Tabacalera Mexicana, SA de CV, 26 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Acorde con los objetivos que persigue, se propone en el artículo o fracción I, la adición de los incisos l), J) y K), que determinan la identificación a partir de miligramos por porción de 50g de sodio, porcentajes de grasa y de azúcares en productos preenvasados para lo cual también se define el concepto de producto preenvasado, incluyendo tanto a alimentos como a bebidas no alcohólicas, mediante adición de una fracción XIX al artículo 3° de la Ley.

Al no identificarlos por nombre y apellidos, es factible abarcar a todos aquellos productos preenvasados que rebasan los límites señalados, cuyas cifras se introducen a las 3 fracciones, con base en la asesoría de expertos en salud alimentaria.

Además este tratamiento normativo deja la puerta abierta a p ductores para considerar la posibilidad de reducir los niveles de grasas, azúcares y sodio en sus productos preenvasados, para evitar las cantidades del supuesto normativo del cobro del impuesto especial volviendo más atractivos en costo para los consumidores sus productos.

Acorde con la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, de la OMS, en lo referente a que al avaluar medidas relacionad s con políticas fiscales, es preciso examinar también el riesgo de provocar efector o intencionales en población vulnerables, cabe mencionar que la presente propuesta abarcará a la aleche con alto contenido de grasa o leche entera, que consume porcentaje importante de la población infantil del país sin embargo, los expertos en nutrición señalaron que las propiedades nutrimentales se obtienen de proteínas y calcio de la leche, por lo que ante el supuesto de consumir leche con menor porcentaje de grasa, además de mantener su valor nutricional, estaría contribuyendo a la atención del sobrepeso y obesidad infantil, problemática donde México ocupa el primer lugar.

Respecto al ámbito de los precedentes internacionales, hay país s que prevén gravámenes como los que ahora se proponen, por lo que se recogen con la armonización debida en el marco legal aplicable.

El suscrito está consciente de la urgente necesidad de abordar de manera integral y con la suma de las y los integrantes de toda la sociedad, la grave problemática del sobrepeso y la obesidad, por ello, en el ámbito de la responsabilidad q e corresponde a esta representación popular, presento esta iniciativa, con el ánimo de contribuir a hacer efectivo el derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en os artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicano; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 2o., fracción II, inciso A); 4o., segundo y cuarto párrafos; 5-A, primer párrafo; y 19, fracciones VIII, XI y XIII, párrafo primero; se adicionan al artículo 2o., fracción I, los incisos I), J) y K); Y al artículo 3o., las fracciones XVIII y XIX, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

A) al H)...

l) Productos preenvasados para el consumo humano con un contenido de sodio mayor a 140 mg por 50g de producto ................................................ 20%

J) Productos preenvasados para el consumo humano cuyo contenido de grasa sea igualo mayor a un 75% en relación al contenido de grasa del alimento original o de su similar       20%

K) Productos preenvasados para el consumo humano cuyo contenido de azucares sea igualo mayor a un 75 por ciento en relación al contenido de azucares originales del alimento original o su similar           20%

II. ...

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados e los incisos A), B), C), F) I), J) y K) de la fracción I de este artículo. En estos casos, I tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de e te impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

B) al C) ...

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XVII. ...

XVIII. Azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica.

XIX. Producto preenvasado, los alimentos y bebidas no alcohólicas ara el consumo humano, que son colocados en un envase de cualquier naturaleza, n ausencia del consumidor, y la cantidad de producto contenido en él no puede ser al erada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente.

Artículo 4o. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley, pagarán I impuesto a su cargo, sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se refiere el siguiente párrafo.

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A), F), I), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D , E), F), I), J) y K) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley.

... (Se deroga)

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F), 1), J) y K) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicio efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagad con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

...

I. a V....

...

...

...

...

Artículo 5o. A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representante, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), I), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, e conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contra prestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por la que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

...

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C) y F), de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores der trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes; los contribuyentes de bienes a que se refieren los incisos ), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como los contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

...

...

IX. y X. ...

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), I), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XII. ...

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F), 1), J)y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

...

XIV a la XXII. ...

Transitorios

Único.El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2013.

Segundo.Las personas físicas y morales que hasta el 31 de diciembre de 2012, no hayan sido considerados como contribuyentes del impuesto especial sobre producción y servicios y que a partir de la entrada en vigor del presente decreto tengan tal carácter, deberán presentar mediante escrito libre ante las autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, un reporte que contenga el inventario de existencias por tipo, marca, presentación y capacidad del envase de los bienes por los que a partir de la entrada en vigor de este Decreto son considerados como contribuyentes del impuesto de referencia.

Tercero.Tratándose de las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos I), J) y K) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, no estarán afectas al pago del impuesto establecido en dicha disposición, siempre que dichos bienes se hayan entregado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez días naturales del año 2013.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

Notas:

1 Haughton, C. 1991. “Health Aspects of Oils and their Production”. Oils and Fats International. Núm. 1

2 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad 2010, p. 23.

3 Ídem pp. 23 y 24

4 Ídem p. 24.

5 Ibídem p. 26

6 Ibídem p. 40

7 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad en el contexto escolar 2010, p. 9

8 Ídem p. 10

9 1bídem p.10

10 Ibídem p.10

11 Ibídem p. 11

12 Ibídem p 22

13 Ibídem pp. 22 y 23

14 Ibídem pp. 24 a 27.

15 www.who.int/es/

16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2010.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los _ días del mes de abril de 2013.— Senador Rabindranath Salazar Solorio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley General de Turismo.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador Óscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 8o., numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley General de Turismo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México es una nación multiétnica, diversa y plural que se expresa a través de un amplio mosaico de culturas, tradiciones y formas de vida que le dan sentido y origen a nuestra patria. Muestra de ello, son las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país, quienes nos siguen dejando un legado de identidad, pertenencia y fundamento histórico que nos distinguen en el mundo.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,, en 2010 nuestro país contaba con una población étnica 11 millones 132 mil 562 personas, integradas en 62 pueblos y dispersas 64 mil 172 localidades que abarcan prácticamente la totalidad de las entidades federativas de la República Mexicana.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2010, señala que la población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena asciende a 6.6 millones de habitantes, de los cuales el 62 por ciento vive en localidades de menos de 2 mil 500 personas.

Asimismo, el Censo 2010 arrojó un dato por demás interesante: 15 millones de personas se consideran indígenas, de las cuales 9.1 millones no hablan ninguna lengua autóctona y 400 mil hablantes de alguna lengua indígena no se consideraron originarios de grupo étnico alguno.

La gran diversidad lingüística se refleja en múltiples y heterogéneas formas de organización social que hablan de la enorme riqueza que tenemos. Las comunidades con mayor presencia y por ende, las que cuentan con mayor número de hablantes son el náhuatl (23 por ciento), maya (11.5 por ciento), mixteco (7.1 por ciento), tzeltal (6.9 por ciento), zapoteco (6.3 por ciento), tzotzil (6.2 por ciento), otomí (4.2 por ciento), totonaca (3.6 por ciento), mazateco (3.3 por ciento), chol (3.2  por ciento). Todas ellas concentran tres cuartas partes (75.3 por ciento) de la población total hablante de lengua indígena.

En doce estados del país, ubicados principalmente en las regiones Centro, Sur, y Sureste se localiza casi 90 por ciento de la población que habla alguna lengua indígena, sobresaliendo de este grupo Chiapas y Oaxaca, en las cuales reside más de una tercera parte (34.9 por ciento) de la población hablante de lengua indígena. Le siguen Puebla (8.9 por ciento), Yucatán (7.9 por ciento), Guerrero (7 por ciento), México (5.5 por ciento), Hidalgo (5.3 por ciento), Veracruz (9.6 por ciento), San Luis Potosí (3.7 por ciento), Quintana Roo (2.9) y (Michoacán (2.0 por ciento).

Cabe destacar que Estados como Campeche, tienen una población indígena significativa, pues con 822 mil habitantes, la presencia indígena asciende 181 mil personas. Los municipios que concentran la mayor cantidad de población indígena son Calkiní con 57 mil, Campeche 30 mil, Champotón 19 mil, y Hcelchakán con 20 mil.

A pesar de contar con esta riqueza y de ser un país privilegiado al tener manifestaciones vivas de nuestros pueblos primigenios, no hemos sabido valorarlos en su justa dimensión y, por el contrario, los hemos orillado a vivir en condiciones lastimosas y lacerantes que ponen en peligro a sus núcleos sociales, exponiéndolos a una futura desaparición.

Para muestra de ello, baste mencionar que la falta de oportunidades para estas comunidades y pueblos ha orillado a muchos de sus miembros a migrar buscando mejores condiciones de vida y trabajo para su sustento. Los números del último censo nos indican que más de 10.7 por ciento de la población indígena de nuestro país reside en una entidad diferente de su nacimiento y el 83 por ciento de la niños de 3 a 14 años que vive fuera de su comunidad de origen ya ha perdido su lengua autóctona.

En el terreno educativo los datos muestran rezagos lastimosos: 9.7 por ciento de los niños de 6 a 14 años no asiste a la escuela; el 27.3 por ciento no sabe leer ni escribir; y el promedio de escolaridad de la población hablante de lengua indígena de 15 años y más es de 5.1 años, es decir que en su mayoría no concluyen la educación primaria.

La ocupación y la inserción laboral es otro de los problemas a los que se enfrentan nuestras comunidades indígenas. “Las condiciones laborales de la población ocupada subordinada y remunerada de los hablantes de lengua indígena de 12 años y más muestra que 80 por ciento no recibe reparto de utilidades o prima vacacional, 78.3 por ciento no recibe ahorro para el retiro (SAR o Afore), 70.8 por ciento no recibe vacaciones con goce de sueldo, 68.2 por ciento no es derechohabiente de alguna institución de salud como prestación laboral y 63.8 por ciento no recibe aguinaldo”.

La agricultura representa la principal actividad económica para los habitantes indígenas, seguida de la manufactura y el comercio. En el medio rural, el 68 por ciento de la población ocupada de 12 años y más, se dedica a actividades agropecuarias, de los cuales, 51.7 por ciento trabajan por cuenta propia, 22.3 por ciento son trabajadores sin remuneración y 23.7 por ciento son jornaleros, peones, empleados o ayudantes. En las zonas urbanas en encuentran empleos precarios en los sectores de servicios, minería y empresas manufactureras.

Asimismo, un gran número de personas comienzan su actividad económica a muy temprana edad en el núcleo familiar, a menudo sin remuneración contribuyen a los quehaceres domésticos y elaboración de productos artesanales para su comercio local.

El derecho a una vivienda digna con servicios básicos, es sólo retorica en los pueblos indígenas. Las muestras censales de 2010 indican que sólo 25.5 por ciento de la población hablante de lengua indígena reside en viviendas que cuentan con drenaje conectado a la red pública; más del 16 por ciento no cuentan con servicio de sanitario y más del 30 por ciento no disponen de agua entubada.

En cuanto al equipamiento de la vivienda, el 22.6 por ciento de la población hablante de lengua indígena reside en viviendas con pisos de tierra, en el 58.8 por ciento de las viviendas se cocina con leña o carbón, sólo 48.4 por ciento tiene refrigerador, 33.8 por ciento cuenta con tinaco y sólo 13.7 por ciento con cisterna. Estos datos demuestran las condiciones de insalubridad, precariedad y marginación en las que se encuentran sumergidos nuestras comunidades y pueblos originarios

El Consejo Nacional de Población constata estas condiciones, a partir de su índice de marginación, realiza la siguiente regionalización donde se comprueba que los estados con mayor presencia de habitantes indígenas, son los que mantienen los grados más altos de marginación:

Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se clasificaron en la región de muy alta marginación; Campeche, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán corresponden a la región de alta marginación; Durango, Guanajuato, Nayarit, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas se ubican en la región de media marginación; Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Jalisco, México, Sonora y Tamaulipas se encuentran en la región de baja marginación y; Baja California, Coahuila, Distrito Federal y Nuevo León integran la región de muy baja marginación.

En este sentido, el panorama de los habitantes indígenas en nuestro país luce desdibujado y sin rumbo. Sin embargo, no los podemos dejar en el abandono y olvido, Todos seriamos responsables de una mayor disminución de nuestros pueblos originarios y una eventual desaparición de los mismos.

Es necesario que ayuntemos esfuerzos que desemboquen en una multiplicidad de políticas y acciones que, en primera instancia revaloren su importancia fundacional y a la par contribuyan eficazmente a sacarlos del letargo y atraso histórico en el que se encuentran.

Desde el ámbito legislativo tenemos la inmejorable oportunidad de aportar en el perfeccionamiento de nuestra legislación con la finalidad de incluir en todos los ámbitos del desarrollo nacional a nuestros pueblos indígenas, darles reconocimiento y potestades económicas para que sean ellos los constructores de su propio destino.

El sector turístico, representa uno de esos campos económicos que pueden ofrecer a miles de habitantes indígenas una opción para integrarse a las actividades económicas del país y generar desde ámbitos locales y regionales las fuentes de empleo que necesitan con suma urgencia.

¿Cuántas veces hemos dicho que nuestros pueblos indígenas guardan una gran riqueza? ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestras comunidades indígenas se asientan en lugares de difícil acceso, pero que alrededor cuentan con majestuosos paisajes? ¿Cuántas veces hemos dicho que nuestra población indígena es la muestra viva de nuestra cultura, tradiciones e identidad nacional?

Si esto es verdad, no esperemos más tiempo, establezcamos los mecanismos e incentivos que permitan a nuestros habitantes originarios dar a cocer a México y al mundo, su amplio patrimonio y acervo cultural, ayudemos a mayas, zapotecos, mixtecos, náhuatles lacandones, tzotziles, otomíes, mazahuas, huastecos tarahumaras, chontales, totonacas, yaquis y demás pueblos étnicos a mostrar y enseñarnos a valorar sus artesanías, textiles, música, danzas regionales, lenguas, identidades, fiestas, creencias, arquitectura y hábitat.

Actualmente, ya se han realizado algunos esfuerzos por mejorara las condiciones de nuestra población étnica a través de programas de turismo focalizado. Tal es el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que ha puesto en marcha, a través de la Secretaría de Turismo, el programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, promoviendo la organización de las comunidades a fin de que sus pobladores tengan sentido de pertenencia, cuidando y aprovechando los recursos naturales, así como su patrimonio cultural.

Lamentablemente este programa se basa en reglas de operación y presentación de programas y proyectos con una estructura técnica predefinida que puede permitir a ciertas comunidades a acceder a una bolsa de recursos para que se consoliden como prestadores de servicios turísticos. Aquellos habitantes que sean indígenas y no cuenten con proyecto autorizado, se quedan fuera de todo apoyo gubernamental

Las políticas implementadas tanto a nivel federal y estatal, pareciera que se han enfocado en apoyar más a las empresas y desarrolladores turísticos, dejando en último lugar la inclusión de las comunidades y pueblos indígenas.

Lo anterior, rompe con el espíritu de la Carta Magna que en el artículo 2o., apartado B, señala

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

Objeto de la iniciativa

Para reducir los obstáculos que impiden el desarrollo económico y la inclusión de las comunidades y pueblos indígenas en la actividad productiva, se proponen diversas modificaciones a la Ley General de Turismo con la finalidad de insertar como eje rector del turismo nacional, la representación indígena en la integración de los planes, programas y proyectos del sector turístico en los tres órdenes de gobierno.

Se incorpora el concepto de turismo indígena y se adiciona el capitulo XI, “Del Turismo Indígena”, para promover, desarrollar y fomentar la participación de las poblaciones étnicas en la prestación de servicios turísticos, y dadas sus características de atraso y marginación, se les dota de un marco especifico para su promoción.

Por otro lado, se adiciona la fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para exentar de este pago impositivo a todas a aquellas personas indígenas que, de manera individual o grupal, presten servicios turísticos en sus comunidades o regiones donde se encuentren.

Con estas reformas no sólo se protegeremos y promoveremos el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social como se establece en nuestra Constitución, sino que estaremos dando un paso importante hacia la justicia social que por siglos nos han demandado nuestros pueblos originarios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona la fracción XX al artículo 3, recorriendo las demás de manera subsecuente; se reforman los artículos 9, fracción XI, 10, fracción V, y 25, párrafo segundo, y se adiciona un capitulo IX, “Del Turismo Indígena”, con un artículo 36 Bis de la Ley General de Turismo

Primero. Se adiciona una fracción XXIX al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XXVIII. ...

XXIX. Por los ingresos obtenidos de las actividades de turismo indígena que se desarrollen en el país y estén encaminadas a beneficiar directamente a los habitantes de pueblos y comunidades indígenas.

...

...

...

...

...

...

Segundo. Se adiciona la fracción XX al artículo 3, recorriendo las demás de manera subsecuente; se reforman los artículos 9, fracción XI, 10, fracción V, y 25, párrafo segundo, y se adiciona un capitulo IX, “Del Turismo Indígena”, con un artículo 36 Bis, todos de la Ley General de Turismo para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XVIII. ...

XIX. Turismo Indígena: Aquellos servicios turísticos prestados de manera individual o colectiva por habitantes de comunidades y pueblos indígenas, cuyo objetivo sea fomentar y revalorar las tradiciones, la cultura, los usos y las costumbres de estas comunidades como atractivo y promoción del turismo nacional.

Artículo 9. Corresponde a los estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. a X. ...

XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística , así como el turismo indígena;

XII. a XXI. ...

Artículo 10. Corresponde a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, que tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la administración pública municipal, a fin de lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el municipio. Será presidido por el titular del ayuntamiento, y estará integrado por los funcionarios que éste determine, así como representantes de las comunidades indígenas de cada municipio, conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a voz.

Artículo 25. ...

Los estados, los municipios y el Distrito Federal deberán participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos indígenas de cada región del país, organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas.

Artículo 36...

Capítulo IXDel Turismo Indígena

Artículo 36 Bis. La Secretaría, en coordinación con los estados, los municipios, el Distrito Federal y las dependencias de la administración pública federal, deberá

I. Promover, fomentar y desarrollar la riqueza natural y cultural de los pueblos indígenas, a través de la prestación de servicios turísticos por sus propios habitantes en las diferentes regiones y localidades del país.

II. Contar con un registro de los prestadores de servicios turísticos en comunidades y pueblos indígenas, identificando a aquellos que pertenecen a dichas comunidades y habitan en las mismas.

III. De conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de Turismo Indígena, auxiliar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el correcto destino de los estímulos y beneficios fiscales tendientes a impulsar la actividad turística en las comunidades indígenas.

IV. Establecer en coordinación con la Secretaria de Economía los programas y planes que impulsen el crecimiento económico de las zonas donde se prestan los servicios turísticos indígenas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Catálogo de Comunidades Indígenas 2010. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2 http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=758&Itemid=68 (10 de abril de 2013).

3 Principales Resultados. Censo de Población y Vivienda 2010. http://www.censo2010.org.mx/ (12 de abril de 2013).

4 Ídem.

5 Inegi. Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas. Datos Nacionales. En http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269&e =.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Compuesto por la estructura por edad, la asistencia escolar, los años de escolaridad, así como a las características de la población indígena, la ocupación, la situación laboral y las tendencias reproductivas.

13 Consejo Nacional de Población. La situación demográfica de México 2011. “Dinámica demográfica de México 2000-2010”. Página 15.

Senado de la República, a 18 de abril de 2013.— Senador Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previstos por esta ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones, X, XXVI, XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a IX. ...

X. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.

XI.Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así como a incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la población bajo manejo.

XII.Derivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación.

XIII.Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una misma colecta científica.

XIV.Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.

XV.Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre.

XVI.Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.

XVII.Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o control.

XVIII.Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.

XIX.Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación.

XX.Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta Ley.

XXI.Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico.

XXII.Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de cualquier otra información relevante.

XXIII.Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.

XXIV.Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio nacional.

XXV.Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal.

XXVI.Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico, o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.

XXVII.Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

XXVIII.Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.

XXIX.Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento.

XXX.Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con meta, específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración.

XXXI.Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat.

XXXII.Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados.

XXXIII.Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.

XXXIV.Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

XXXV.Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.

XXXVI.Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.

XXXVII. Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de ellos.

XXXVIII.Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación así como a su abundancia local estructura y dinámica en el pasado, para retomar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.

XXXIX. Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles.

XL.Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida.

XLI.Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.

XLII.Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida.

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida silvestre. en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos.

XLIII.Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XLIV.Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se deriven de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos.

XLV.Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un período y su potencial productivo en el largo plazo.

XLVI.Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados.

XLVII.Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta ley y su reglamento, así como tratados internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico, o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

XLVIII.Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

XLIX.Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desa-rrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de dieciocho meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Primero.Se reforma la fracción I del artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 1o.La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II. a X. ...

...

Artículo Segundo.Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el artículo 310 Bis y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se adiciona el artículo 310 Bis y se reforman los artículos 420, 421 y 421 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 310 Bis.Para el caso de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, queda prohibida cualquier clase de publicidad y/o promoción dirigida a la población en general, mediante la cual:

I.Se ostenten como solución definitiva para la prevención, tratamiento, rehabilitación o curación de una o varias enfermedades;

II.Se exageren las características o propiedades, que les atribuya un carácter extraordinario o bien se pretenda sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de la salud;

III.Se pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios autorizados por la Secretaría;

IV.Se atribuya a los suplementos alimenticios que son destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, terapéuticas, curativas, rehabilitadoras, o de otra índole, diferente a su uso o función;

V. Se promuevan hábitos de alimentación nocivos o que pretendan sustituir el régimen de una alimentación o nutrición equilibradas;

VI.Se implementen comparativos reales o supuestos no comprobables, que puedan generar riesgos o daños a la salud, para avalar una pretendida finalidad sanitaria;

VII.Se mencione o sugiera que su uso o consumo, estimula o potencia el rendimiento físico, intelectual o sexual de los individuos, y no se acredite con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas por la autoridad correspondiente;

VIII.Se contravengan las disposiciones y programas de alimentación, educación nutricional, higiénica y de salud que establezca la Secretaría; y

IX.Se determine como engañosa, que induzca al error o que genere un riesgo para la salud, de acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría.

Asimismo la publicidad de remedios herbolarios y suplementos alimenticios, deberá incluir de forma visual o auditiva, según el medio de que se trate, la leyenda: “No es un medicamento”, además de las leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.

Artículo 420.Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 310 Bis, fracción V, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 Bis, 350 Bis 2, 350 Bis 3 y 373 de esta ley.

Artículo 421.Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 310 Bis, fracción I, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 Bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta ley.

Artículo 421 Bis.Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 310 Bis, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 325, 327 y 333 de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

Artículo 2.

...

I. a X. ...

XI.Apoyar la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.

Para ello, el Conacyt deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y las instituciones del si tema educativo nacional a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en materia de cultura científica y tecnológica;

XII. a XXVIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo Único.Se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5.Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I. Acciones afirmativas.Es el conjunto de medidas d carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

II. Discriminación.Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

III. Discriminación contra la mujer.Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

IV. Igualdad de género.Situación en la cual mujeres con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

V. Género.Concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres.

VI. Perspectiva de género.Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar la construcción de la igualdad de género.

VII. Programa Nacional.Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

VIII. Sistema Nacional.Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

IX. Transversalidad.Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta relativa a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS - LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE - LEY DE AGUAS NACIONALES - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS - LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que la modificación realizada por el Senado de la República versa únicamente sobre el artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y ésta deviene de una fe de erratas, dado que en la fracción II del artículo 19 nos faltó la frase: cuando la responsable sea una persona moral, se pide a la Secretaría que consulte a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se le dispensan todos los trámites. Está a la consideración. Para ilustrar a la asamblea se ruega a la Secretaría que dé lectura al artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, modificada por la Cámara de Senadores.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Artículo 19. II. De mil a 600 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que es un ajuste a la fracción II del artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, proceda la Secretaría para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Ábrase el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de la fracción II del artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

(Votación)

De viva voz, diputados, por favor.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): A favor.

El diputado Blas Ramón Rubio Lara (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 425 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada por 425 votos la fracción II del artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, modificada por la Cámara de Senadores.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.Vamos a proseguir con declaratorias de publicidad.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

La  Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 69, numeral 2; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. El 27 de noviembre de 2012, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como la senadora María Cristina Díaz Salazar y el senador Miguel Romo Medina, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron en sesión del Pleno del Senado de la República, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a las comisiones unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen.

3. Posteriormente, por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el 6 de diciembre de 2012, la iniciativa con proyecto de decreto de mérito, fue remitida para opinión, a la Comisión de Gobernación.

5. El 11 de abril de 2013 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen a la iniciativa de mérito.

6. En esa misma fecha, mediante el oficio No. DGPL-2P1A.-3614 el Vicepresidente del Senado, José Rosas Aispuro Torres remitió a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.

7. El 18 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la minuta en comento a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

II. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE CON MINUTA

1. El dictamen que da origen a la minuta del Senado, señala la necesidad de aprobar la iniciativa con proyecto de decreto considerando informes y datos oficiales sobre el ejercicio periodístico en México, los cuales refieren sobre las agresiones efectuadas a periodistas y medios de comunicación, así como la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que desempeñan tareas periodísticas por la amenaza constante a su integridad física, libertad, seguridad y vida, perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales.

Asimismo, la colegisladora da cuenta de que en su Informe 2012, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, señala  que además de las personas que ejercen el periodismo, también las estructuras que conforman los medios de comunicación se encuentran en peligro.

2. Relata la Cámara Alta, que [...] derivado de este grave contexto de inseguridad e impunidad que prevalece en el país, especialmente respecto al avance de investigaciones penales por agresiones a periodistas, así como la falta de sanciones a los responsables de las mismas y la serie de recomendaciones realizadas a nivel internacional, el 25 de junio de 2012 el Ejecutivo Federal promulgó el decreto de reforma constitucional según el cual se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, el cual faculta a las autoridades federales para que puedan atraer los delitos del fuero común que vulneren los derechos e integridad de los periodistas y medios de comunicación.

Adicionalmente, el dictamen del Senado de la República da cuenta de que conforme a lo establecido en los artículos transitorios del mencionado decreto, el Congreso de la Unión debe reformar las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del citado decreto. Asimismo, refiere que el tercer transitorio de dicho decreto [...] menciona que la autoridad federal podrá ejercer la facultad de atracción [...] después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria [...], lo que constituye el núcleo que fundamenta la propuesta de reforma.

3. La colegisladora destaca lo expuesto por los legisladores ponentes, quienes en su iniciativa relatan que [...] La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación General número 17, sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente señaló que la impunidad resultante ha generado un ambiente permisivo para que las agresiones a los profesionales de la comunicación así como a los diferentes medios, continúen y sean cada vez más violentas [...] En complemento, también dan cuenta de que la [...] Relatora Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -ha manifestado que- la violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse... Por ello recomendó adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión, y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la jurisdicción penal ordinaria [...]

Por lo anterior, los senadores iniciantes [...] explican que el objetivo general de su iniciativa es reglamentar la reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI... a fin de facultar a las autoridades federales para ejercer la facultad de atracción a la que se refiere el recién reformado texto constitucional [...] Asimismo, los objetivos específicos de su proyecto son [...] (i) delimitar con precisión los casos en que la Federación podrá ejercer la facultad de atracción, a la que hace referencia nuestra Carta Magna; (ii) establecer los medios para fortalecer a la Fiscalía Especializada de atención a este tipo de delitos; y (iii) combatir la impunidad de estos delitos, promoviendo una eficiente investigación, enjuiciamiento y sanción de los perpetradores de los mismos, mediante la tipificación de los delitos contra la libertad de expresión y acceso a la información [...] En ese tenor, los senadores promoventes plantean reformar [...] el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República [...]

4. El dictamen de la colegisladora, por otra parte, da cuenta de las opiniones vertidas por la Comisión de Gobernación y de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de aquel cuerpo legislativo, así como de la Senadora Arely Gómez González, mismas que aportaron distintos elementos de análisis que permitieron enriquecer y mejorar el dictamen de referencia. Asimismo, se relata que se tomaron en cuenta los argumentos que distintos expertos aportaron al análisis de la iniciativa de mérito, en la primera audiencia pública sobre la iniciativa materia del presente dictamen, quienes [...] a través de sus posicionamientos resaltaron la urgencia de contar con un marco jurídico que logre salvaguardar las libertades civiles en materia de expresión de los mexicanos, que efectivamente proteja a los periodistas en el país y que, para lograrlo, reconozca la situación de vulnerabilidad y riesgo a la que se enfrentan en el ejercicio de su profesión [...]

5. En el dictamen de la colegisladora, se da cuenta del análisis y la valoración jurídica realizados a la iniciativa que dio origen al mismo, tomando en cuenta, además de las propuestas formuladas por los Senadores ponentes, aquéllas realizadas por las comisiones y legisladores opinantes, así como las formuladas por los expertos que comparecieron a la audiencia pública correspondiente.

Derivado de lo anterior, y después de un amplio y bien formulado estudio, las comisiones dictaminadoras consideraron necesaria la modificación de algunas propuestas planteadas en la iniciativa original, mismas que de ninguna manera desvirtuaron el objetivo general y los específicos de la propuesta inicial.

De las valoraciones jurídicas realizadas por la Cámara Alta cabe señalar las siguientes:

a. Establecer la facultad de atracción de delitos del orden común cometidos contra periodistas o medios de comunicación, implica una importante innovación normativa, ya que anteriormente el Ministerio Público de la Federación solamente podía atraer los delitos del fuero común que tuvieran conexidad con delitos federales y, fuera de este supuesto, todos los demás casos serían conocidos por las autoridades locales.

b. La facultad de atracción de las autoridades federales es una excepción a las reglas competenciales derivadas del principio de facultades residuales contenido en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior implica que los delitos en esta materia seguirán siendo regulados por los códigos penales locales y, su persecución y sanción, se mantienen dentro del ámbito de competencia del Ministerio Público y de los tribunales estatales.

Lo anterior significa que [...] la reforma constitucional del 25 de junio de 2012 no faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos cometidos en agravio de periodistas o medios de comunicación, sino solamente faculta a las autoridades federales para ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común con la consiguiente facultad del Congreso de la Unión para reglamentar tal facultad de atracción [...]

c. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el caso de que las autoridades federales ejerzan la facultad de atracción, los Jueces de Distrito que conozcan de los asuntos atraídos por el Ministerio Público de la Federación, no pueden optar por aplicar la legislación sustantiva penal local o federal, en virtud del principio de territorialidad de los delitos y, en razón de ello, la legislación que deberá aplicarse es la local.

d. Si bien el Congreso de la Unión no tiene facultades para crear en la legislación federal agravantes que puedan aplicarse a los delitos contemplados en los códigos locales, las comisiones dictaminadoras consideran que [...] no existe óbice constitucional o legal alguno para crear una agravante genérica aplicable a la comisión de delitos federales que ataquen, de manera dolosa y premeditada, a periodistas o personas que se dediquen a ese oficio, así como a las instalaciones destinadas para realizar su labor [...]

e. Estiman pertinente que se reglamente la facultad de atracción de los delitos locales en contra de periodistas y medios de comunicación en el código adjetivo penal, por ser este ordenamiento el cuerpo legal donde se regulan este tipo de atribuciones. Asimismo, plantean que dicha facultad solamente pueda ser ejercitada cuando se trate de delitos en cuya comisión pueda presumirse la existencia de dolo.

f. Al determinar la viabilidad de los supuestos normativos por los cuales se podrá solicitar y ejercitar la facultad de atracción, establecen diversas causales por las cuales el Ministerio Público de la Federación podrá hacer uso de la misma, entre ellas:

(i) Cuando existan indicios de que en la comisión de esos ilícitos haya participado algún servidor público estatal o municipal;

(ii) Cuando en la denuncia o querella se señale como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

(iii) Cuando se trate de delitos graves;

(iv) Cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

(v) Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate;

(vi) Cuando los hechos delictivos impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

(vii) Cuando existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta en los estados donde se realice el delito o se produzcan sus resultados;

(viii) Cuando el hecho delictivo trascienda el ámbito de una o más entidades federativas, y

(ix) Cuando por sentencia o resolución emitida por un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se determine la responsabilidad internacional del mismo, por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Sumado a lo anterior, la colegisladora adiciona dos párrafos al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que en los supuestos en los que la víctima solicite la atracción al Ministerio Público de la Federación por estar en riesgo real o inminente su vida o integridad, así como cuando lo soliciten las autoridades locales competentes, la autoridad federal deba emitir respuesta en el término de 48 horas siguientes al momento en que le sea remitida copia de la investigación por parte de la autoridad local. Se establece también, que en caso de negativa del órgano investigador, la víctima contará con un recurso de reconsideración, el cual deberá ser resuelto en el mismo término. Se precisa, asimismo, que en caso de silencio de la autoridad responsable de resolver tal recurso, ello implicará la confirmación de la resolución del agente del Ministerio Público.

g. En razón de que una de las finalidades [...] de la iniciativa es clarificar las normas que otorgarán competencia a los jueces federales para conocer de los delitos del orden común en contra de periodistas y medios de comunicación que sean atraídos por el Ministerio Público de la Federación y con el objetivo de continuar perfeccionando la correspondencia entre los distintos ordenamientos que integran el sistema jurídico mexicano, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos que dicha proposición, a pesar de ya estar regulada en el Código Penal Federal, puede estar contemplada también en el artículo 50 en comento [...] –de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación-. Con ello, se estará facultando expresamente a los jueces federales para conocer y dirimir los asuntos del orden común atraídos por el órgano investigador federal y se clarificará en dicha ley orgánica, lo dispuesto por el código federal adjetivo penal, evitando cualquier interpretación en contrario.

h. En aras de reforzar a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, creada mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, la colegisladora realiza algunas modificaciones a la propuesta de los iniciantes. Lo anterior con el propósito de reforzar la parte orgánica de dicha instancia pública, respetando la libertad del Poder Ejecutivo Federal para organizar la estructura de las dependencias y entidades de la administración pública federal y evitar trastocar la facultad del Procurador para organizar las funciones de la Procuraduría General de la República.

En consecuencia, el Senado propone que la línea de investigación en materia de delitos contra la libertad de expresión se agote y, al hacerlo, se atienda el fondo del asunto, posibilitando a la unidad administrativa especializada que conozca de esos delitos tener pleno acceso a todos los datos, registros y actuaciones de la investigaciones de ilícitos relacionados con su ámbito de competencia y que obren en su poder o estén bajo el conocimiento de otras unidades administrativas de la Procuraduría General de la República.

Adicionalmente, se establece en los artículos transitorios del Proyecto de Decreto, la existencia de una unidad administrativa con carácter permanente, evitando así, invadir la esfera de competencia del Ejecutivo Federal, ya que en tal articulado, se traslada la regulación orgánica de dicha unidad administrativa al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, garantizando que sea el Procurador General quien ejerza la facultad para organizar a ese órgano ministerial.

III. Consideraciones que motivaron el sentido del dictamen y las modificaciones realizadas a la iniciativa original.

La colegisladora se manifiesta a favor de la exposición de motivos y de la reforma legal propuesta por los Senadores promoventes, en virtud de que [...] mejorar la protección jurídica de periodistas y medios de comunicación en México es primordial para contar con un país en el que los derechos  humanos de todos los mexicanos sean efectivamente respetados [...]

Señala asimismo, que reglamentar la fracción XXI, párrafo segundo del artículo 73 constitucional inaugurará la atribución de las autoridades federales para conocer de investigaciones que no tengan conexidad con delitos federales, resaltando que su regulación debe ser pronta y urgente para dar cumplimiento al mandato constitucional y posibilitar que la facultad de atracción pueda ser ejercida a la brevedad por las autoridades federales con la instrumentación de la legislación secundaria.

En adición, precisa que fue necesario formular modificaciones a la propuesta original para hacerla viable, en razón de que la Carta Magna establece límites expresos que la legislación secundaria no podrá rebasar.

En ese sentido, el Senado de la República menciona que [...] de aprobarse estas reformas, esta Soberanía atenderá diversas aristas importantes... Se cumplirá con el mandato constitucional de reglamentar la facultad de atracción multireferida. Estas modificaciones legales permitirán a las autoridades federales brindar una mejor atención a los periodistas y personas que se dedican a actividades relacionadas a la libertad de expresión o de imprenta, quienes en los últimos años han sufrido vejaciones, ataques a su integridad física y a sus vidas, privaciones de su libertad y otro tipo de vulneraciones de sus derechos que son inaceptables en un régimen democrático [...]

Asimismo, la Cámara Alta indica  [...] que la libertad de expresión, en su doble carácter, implica que cada persona tenga la posibilidad de expresarse libremente y de obtener la información que le permita formarse un criterio propio que, a su vez, le permita expresar sus ideas y voluntad con mayores elementos de juicio. En esa dinámica entre ambos elementos (libertad de expresión-derecho a la información) los medios de comunicación y las personas que se dedican a ello (periodistas, reporteros, camarógrafos, editores, dueños de medios, etcétera) constituyen un eslabón imprescindible para que la población pueda ejercer esos derechos y libertades [...] Y continúa [...] con la protección de los periodistas y de los medios de comunicación que se ha tratado no sólo se procurará el respeto de los derechos de estas personas, físicas o morales, sino que sus efectos se extenderán hacia la sociedad en general, proveyéndola de los elementos de juicio que son indispensables para seguir construyendo un país respetuoso de los derechos y de las instituciones democráticas [...]

La colegisladora agrega que [...] hay que considerar que con estas modificaciones legales se atenderán diversas observaciones formuladas por organismos defensores de derechos humanos nacionales como internacionales, con lo que nuestro país estará cumpliendo con muchas de las recomendaciones que son jurídicamente viables, actualizando el sistema normativo y fortaleciendo a las estructuras orgánicas encargadas de cumplir y hacer cumplir aquellas normas [...]  Asimismo [...] emitir esta reglamentación deviene impostergable cuando se analizan las razones por las cuales prevalece la impunidad ante la comisión de delitos que atentan contra el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión e imprenta [...]

También resalta que [...] Otra de las bondades de la reforma es que promoverá el fortalecimiento de la estructura orgánica encargada de conocer de este tipo de asuntos, impulsando su permanencia y estabilidad... pero respetando las facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal para crear y adscribir unidades administrativas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República [...] A la vez, se [...] prevendrá que la labor de la Procuraduría General de la República se desarrolle en dos pistas, asegurando que la línea de investigación que se desprenda de delitos en materia de derecho a la información y a la libertad de expresión sea efectivamente agotada y que se conozca el fondo que originó el delito. Esto sin perjuicio de que, en el mismo hecho ilícito, existan otras líneas de investigación que, por su naturaleza jurídica, corresponda investigar a otras unidades administrativas especializadas de la Procuraduría General de la República.  Con esta adición se asegurará que los delitos en contra de periodistas o medios de comunicación sean investigados hasta su conclusión, evitando que, por tecnicismos orgánicos, (sic) éstas se vean relegadas en el proceso investigativo del órgano ministerial [...]

En lo tocante a la legislación penal sustantiva, la reforma reforzará la protección jurídica para los periodistas y medios de comunicación al crear agravantes para los delitos federales cometidos de manera dolosa contra los comunicadores, al tiempo de crear un dispositivo que pueda ser replicado por las legislaturas locales.

Por otra parte, el  Senado hace mención de que en la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión adoptada el 25 de junio de 2012 en Puerto España, Trinidad y Tobago [...] se enfatiza, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento central de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo [...] Asimismo, en la Declaración se advierte [...] que la violencia y otros delitos contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluidos periodistas, otros actores de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos, tienen un efecto disuasivo para el libre flujo de información e ideas en la sociedad (“censura por muerte”), y por lo tanto representan ataques no sólo contra las víctimas, sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma y al derecho de todas las personas a procurar obtener y recibir información e ideas. Adicionalmente, condenaron la situación generalizada de impunidad de los delitos contra la libertad de expresión y la presunta falta de voluntad política en algunos países para abordar estas violaciones, lo cual redunda en que una cantidad inaceptable de estos delitos no sean juzgados, infundiendo mayor confianza a sus responsables e instigadores e incrementando significativamente la incidencia de estos delitos [...]

Los Senadores resaltan que dicha declaración observa que la independencia, celeridad y efectividad en la investigación y juzgamiento de los delitos contra la libertad de expresión, son factores fundamentales para abordar la impunidad y asegurar el respeto del Estado de Derecho, reiterando que los delitos perpetrados contra la libertad de expresión por parte de agentes estatales constituyen violaciones graves a ese derecho y al de la información. Asimismo, la declaración enfatiza que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas preventivas y de respuesta en situaciones en que actores externos al Estado comentan delitos contra la libertad de expresión.

En este sentido, la colegisladora da cuenta de que aprobar la presente reforma permitirá atender una serie de acciones contempladas en la citada Declaración Conjunta (Declaración 1, incisos b y c, fracción II; Declaración 2, incisos a y b, fracción I y Declaración 4, incisos a y b).

Por lo anterior, el Senado reitera que [...] Con la reforma que se propone se busca cumplir con estas recomendaciones, especialmente las relativas a la independencia del órgano investigador pues como bien lo señala la Declaración, uno de los factores que más dañan en esta materia es la posible vinculación de las investigaciones con servidores públicos que podrían no ser del todo independientes. Al reglamentar la facultad de atracción de marras, las investigaciones pasarán al ámbito de las autoridades federales y con ello se asegurará que no exista ningún vínculo de pertenencia o jerarquía entre los servidores públicos encargados de la investigación con ningún órgano del Estado que hubiere participado en la comisión del ilícito [...]

Por las razones expuestas, la colegisladora aprueba las enmiendas contenidas en el dictamen, en virtud de que con las mismas se constituirá un bloque indispensable que permitirá la construcción de un México respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la información, los cuales constituyen parte central de los derechos fundamentales de toda persona.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

1. Concordancia con la minuta del Senado

Las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos compartimos la preocupación del Senado de la República de legislar a la brevedad las  disposiciones para que las prevenciones contenidas en la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012 en materia de ejercicio de la facultad de atracción por parte de la autoridad federal de los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, puedan aplicarse.

Asimismo, esta dictaminadora reconoce el arduo trabajo realizado por la colegisladora en el proceso de dictaminación, el cual dio como resultado la Minuta que se analiza y sobre la que recae el presente dictamen.

En ese tenor, debe reconocerse la solidez de las consideraciones, así como de las  valoraciones jurídicas y materiales plasmadas en el dictamen aprobado por el Senado, las cuales, dicho sea de paso, son refrendadas por este órgano legislativo porque en ellas se da cuenta de:

a. La problemática actual por la que atraviesan los periodistas en el ejercicio de su loable labor.

b. El clima de violencia que ha colocado a nuestro país como uno de los Estados en donde es más peligroso ejercer la labor periodística.

c. La urgencia de desarrollar la ley secundaria que permita efectivizar el mandato constitucional correspondiente.

d. Las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia.

e. Los compromisos asumidos internacionalmente a través de diversos tratados que obligan al Estado Mexicano a modificar su legislación interna.

f. El valor de la libertad de expresión como uno de los fundamentos concomitantes a todo Estado democrático y de derecho.

g. La reciente reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que coloca a la tutela del individuo como núcleo legitimador de toda actuación estatal.

h. Los consensos que tiene la presente propuesta de reforma por  organizaciones defensoras de derechos humanos y, en particular, de la libertad de expresión.

En esa tesitura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se suma y ratifica los esfuerzos vertidos por nuestros compañeros Senadores, así como los emprendidos por múltiples actores nacionales y extranjeros que han impulsado al Estado Mexicano para que emita las normas jurídicas que posibiliten la tutela de los profesionales y medios de comunicación que requieren de mayores instrumentos jurídicos para que, en el plano fáctico, ejerzan de manera efectiva su derecho a la justicia e impidan que se coarten los derechos fundamentales a la información y a las libertades de expresión e imprenta.

2. Análisis del contenido de la minuta

Una vez que se ha hecho mención de que esta dictaminadora coincide con los argumentos jurídicos y materiales vertidos por sus homologas en el Senado, se estima pertinente realizar las observaciones que se enuncian a continuación en cuanto al contenido del articulado inserto en la minuta con proyecto de decreto, en los términos siguientes:

3. Algunas consideraciones con relación al Derecho a la Libertad de Expresión

Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos, estamos ciertos que desde la expedición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoció (artículo 19) que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, por lo que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, investigaciones e informaciones, ni ser limitado para que las difunda por cualquier medio de expresión.

En igual sentido, consideramos es necesario dar plena vigencia a lo estipulado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que ratifica que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, comprendiendo dicho derecho, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. Del mismo modo, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

En consecuencia, tenemos claro que una prensa libre, pluralista e independiente debe ser componente esencial en toda sociedad democrática, tal como lo han reconocido las Naciones Unidas en la Declaración de Windhoek (Namibia, 1991).

Adicionalmente, estamos plenamente convencidos de que es imperativo expedir las disposiciones normativas que permitan dar plena vigencia al derecho fundamental de la libre expresión, consagrado en el primer párrafo del artículo 6º de la Constitución General de la República, así como a la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar documentos sobre cualquier materia, plasmado en el actual artículo 7º también de la Constitución.

De esa manera, estamos profundamente convencidos que tanto las disposiciones nacionales como internacionales (bloque de constitucionalidad, artículo 1o Constitucional), determinan el marco normativo a partir del cual se reconoce y se debe garantizar el desarrollo de las actividades periodísticas, así como de aquellas que realizan los medios de comunicación en su tarea de difusión e información.

4. La vulneración de esos derechos fundamentales y su situación contemporánea en México

Es de sobra conocido que esos derechos fundamentales son violentados en todas las latitudes del mundo y, por desgracia, nuestro país no es la excepción, ya que como ha sido señalado por diversas instancias, agentes estatales e incluso el crimen organizado, perpetran atentados contra periodistas, mujeres u hombres, así como contra los medios de comunicación, por lo que expresamos nuestro firme rechazo a los homicidios, la censura y la lastimosa autocensura a la que son orillados en múltiples casos los periodistas y medios de comunicación; por estas razones, nos sumamos firmemente al proyecto de decreto remitido por el Senado, ya que hechos como los relatados son inadmisibles y deben ser contrarrestados sin demora alguna.

Cuando un periodista es abatido por expresar sus ideas, cuando un medio de comunicación sufre un atentado a sus instalaciones, cuando un comunicador debe huir del país para proteger su vida o la de sus familiares, estamos frente a una de las más infames situaciones de violación a los derechos humanos, ya que con tales acciones no sólo se afecta el derecho fundamental del informador sino el de toda la sociedad en general a recibir información que le permita incidir plenamente en la sociedad.

Aunado a lo anterior, este Órgano Legislativo tiene presente lo expresado por el Sr. Christof Heyns, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en su informe especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostiene que los periodistas [...] están siendo asesinados en números alarmantes por actores estatales y no estatales. Otros periodistas han sido intimidados para que se autocensuren de manera que éstos se encuentran en una situación vulnerable y su integridad física y su vida pueden verse amenazadas [...]

Asimismo, quienes integramos esta Comisión, no pasamos por alto que el mismo Relator ha expresado que [...] los periodistas deben hacer frente no sólo a los intentos de censura o de ejercer influencia en su labor sino también a peligros físicos como el fuego cruzado, las amenazas, las agresiones o los intentos de agresión, los secuestros, la desaparición forzosa, e incluso la muerte [...]

Por lo anterior, estamos convencidos de que los periodistas merecen especial atención, no sólo por sus actos de heroísmo ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan, máxime porque la libertad de expresión, como ha observado el Relator Especial, es también un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, en adición a las múltiples recomendaciones y observaciones efectuadas a México en esta materia y que han sido ampliamente enunciadas en el dictamen del Senado que dio origen a la Minuta que se analiza, esta Comisión no desestima los datos proporcionados por distintas instancias nacionales e internacionales, como el Instituto Internacional de la Prensa (IIP) con sede en Viena, Austria, el cual señala que 2012 fue un año negro para los reporteros, precisando que 132 murieron en el ejercicio de su profesión, de los cuales, 25 fallecieron en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, este organismo ha instado al Congreso Mexicano para que apruebe inmediatamente el proyecto de ley que pondría en práctica la reforma constitucional que estableció que las autoridades federales pueden conocer delitos contra la libertad de expresión.

Adicionalmente, ese mismo instituto ha manifestado que [...] los países tradicionalmente peligrosos para los periodistas, son: Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras, México y Brasil [...]

Otro organismo que se ha pronunciado al respecto, es la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN- IFRA, por sus siglas en inglés) con sede en París, Francia; el cual da cuenta de que [...] la prensa de México está perdiendo rápidamente su libertad y el gobierno debe tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación [...]

En complemento a lo anterior, en el plano nacional, otros datos revelan la gravedad de las agresiones que sufren los periodistas en nuestro país, en ese sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2000 a noviembre de 2012, ha recibido 807 quejas por agravios a periodistas y, desde 2005, ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores. Además en los últimos cinco años, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Asimismo, este organismo nacional ha expresado su preocupación por las agresiones a los comunicadores, las cuales, además de violentar sus derechos humanos, vulneran el derecho de la población a estar debidamente informada. Igualmente, considera de alto riesgo la labor que realizan los periodistas y comunicadores, en razón del incremento de las quejas y la gravedad de los ataques perpetrados en su contra. Tan sólo del 1° de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2012, la CNDH conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, de libertad, legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y a la posesión, informando que las cinco entidades en las que se ha dado el mayor número de agravios a periodistas en este periodo fueron el Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.

Ante estos sucesos, es menester reconocer que las agresiones a periodistas y medios de comunicación son problemas que deben atenderse integralmente y, ante este panorama, tenemos la certeza que con la aprobación del proyecto de decreto remitido por el Senado se fortalecerá el marco jurídico nacional de una manera armónica, integral y sistemática.

En tal virtud y con el propósito de no retrasar la vigencia de la normatividad que posibilite el establecimiento y ejercicio de la facultad de atracción de las autoridades federales para conocer de los delitos cometidos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, ésta dictaminadora estima necesaria la aprobación del presente dictamen a la minuta con proyecto de decreto aprobada por el Senado en los términos que propone.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 6o, párrafo primero, y se adicionan los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 10, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 10.

...

Artículo 10. ...

...

...

...

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

II. Cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

III. Cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley;

IV. Cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

V. Cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate;

VI. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

VII. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

VIII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas; o

IX. Cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.

En los supuestos previstos en las fracciones IV y V o cuando la víctima u ofendido lo solicite, el Ministerio Público de la Federación inmediatamente requerirá a la autoridad local una copia de la investigación respectiva, y una vez recibida deberá determinar si procede o no el ejercicio de la facultad de atracción dentro de las 48 horas siguientes.

Contra la resolución que niegue el ejercicio de la facultad de atracción, la víctima o el ofendido podrá interponer, ante el Procurador General de la República, recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le hubiere notificado. El Procurador General de la República, o el servidor público en quien delegue la facultad, deberá resolver el recurso en un término que no excederá de 48 horas hábiles. El recurso de reconsideración tendrá por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución relativa al ejercicio de la facultad de atracción. Se tramitará de manera expedita. El silencio del Procurador General de la República, o del servidor público al que se le hubiere delegado esa facultad, constituirá el efecto de confirmar la resolución del Ministerio Público de la Federación.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IV al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

I a III. ...

IV.- De los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción.

Artículo Tercero. Se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción I del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. ...

a) a c) ...

En todos los casos en que el Ministerio Público de la Federación hubiere ejercido la facultad establecida en el párrafo quinto del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales se deberán agotar las diversas líneas de investigación relativas a la afectación, limitación o menoscabo del derecho a la información o de las libertades de expresión o imprenta.

Para los efectos del párrafo anterior, la unidad administrativa que conozca de los delitos cometidos en contra del derecho a la información,  la libertad de expresión o de imprenta, tendrá pleno acceso a los datos, registros y actuaciones de la investigación de delitos relacionados con su ámbito de competencia, que se encuentren bajo el conocimiento de cualquier unidad administrativa de la Procuraduría General de la República.

II. ...

a) a g). ...

Artículo Cuarto. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 51 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 51. ..

...

Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Titular del Poder Ejecutivo Federal contará con un término de 180 días naturales para expedir las adecuaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de establecer la  unidad administrativa que conozca de los delitos federales cometidos contra algún periodista, persona o instalación que atenten contra el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, así como para aquellos delitos del fuero común que sean atraídos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXI, segundo párrafo, de la Constitución y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Tercero. En tanto se expiden las adecuaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República al que se refiere el artículo transitorio anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República ejercerá las atribuciones establecidas en el presente Decreto.

Notas:

1 UNESCO, Decisión 48/432, de 20 de diciembre de 1993, siguiendo la Recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en una resolución de 1991 sobre la Promoción de la libertad de prensa en el mundo.

2 Mensaje conjunto del Secretario General de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Directora General de la UNESCO en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2012. Disponible en la siguiente liga: http://www.un.org/ es/events/pressfreedomday/

3 Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/20/22. 20ª periodo de sesiones. 10 de abril de 20120.

4 Ibídem.

5 Información consultada en la página oficial de Periodistas en Línea, asociación civil creada por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Consultado el 18 de abril de 2013 en el portal electrónico: www.periodistasenlinea.org/

6 Consultado el 19 de abril de 2013 en el portal electrónico: http://www.wan-ifra.org/es/articles/2012/08/27/violencia-destruye-libertad-de-p rensa-en-mexico-un-informe-de-wan-ifra

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comunicado de prensa CGCP/347/12, 23 de diciembre de 2012.

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Comunicado de Prensa CGCP/347/12” de fecha 23 de diciembre de 2012. Consultado en línea el 18 de abril de 2013 en el sitio: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2012/COM_2012_3 47.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66, y adiciona el 12 y 13 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 15 de noviembre de 2012, los senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), Daniel Amador Gaxiola (PRI), Fidel Demédicis Hidalgo (PRD), Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM), Víctor Hermosillo y Celada (PAN), Ismael Hernández Deras (PRI), Raúl Morón Orozco (PRD), Martha Palafox Gutiérrez (PT), Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI), Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI), Mely Romero Celis (PRI), Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y María Marcela Torres Peimbert (PAN) presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores en la LXII Legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación.

2. El dictamen correspondiente a la iniciativa señalada en el punto anterior fue presentado por las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos al pleno de la Cámara de Senadores el 20 de diciembre de 2012. El proyecto de decreto se aprobó por unanimidad de 90 votos y en esa misma fecha se pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 21 de diciembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, turnó la minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. En esa misma fecha, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio acuse de recibo e inició el análisis de la minuta en cuestión.

II. Contenido de la minuta

La Minuta tiene el propósito de adecuar la Ley General de Educación a la reforma del artículo 30 constitucional que establece el carácter obligatorio de la educación media superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012. Señalan los senadores que en la citada reforma se especifica la obligación del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, de realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto.

La colegisladora hace hincapié en que durante la última década la matrícula en educación media superior ha crecido a una tasa media anual de 3.3 por ciento, y en el ciclo escolar 2011-2012 la matrícula alcanzó los 4.3 millones de jóvenes en la modalidad escolarizada; no obstante, aún existe el reto de aumentar el porcentaje de estudiantes que concluyen este nivel puesto que en el 2007 sólo lo logró el 47 por ciento de los inscritos.

Los senadores realizan un exhaustivo recuento de las modalidades en que se ofrece este nivel educativo en nuestro país y señalan la falta de compatibilidad entre opciones y la ausencia de coordinación entre instancias que las ofrecen, “aunque existen similitudes entre las categorías y opciones administradas por el gobierno federal y las que ofrecen las entidades federativas, lo cierto es que cada institución tiene disposiciones normativas propias y opera, al menos, un plan de estudios distinto; además, no hay vínculos y comunicación entre instituciones”.

De esta manera se concluye en la necesidad de establecer el marco curricular común. Citan un estudio de Aaron Benavot:

en el que se afirma “que en la mayoría de las regiones ha decrecido el porcentaje de países que ofertan programas vocacionales, técnicos o tecnológicos. Y aunque muchas naciones siguen ofreciendo alternativas orientadas al trabajo, éstas han dejado de estar asociadas directamente con un oficio en particular y ahora incorporan elementos de educación general. La discusión no se centra más en cómo impartir la educación vocacional, sino en incorporar elementos vocacionales básicos en la educación general, de manera que ofrezca una formación relevante, independientemente del destino de los egresados”.

En este sentido, la colegisladora establece que “el proyecto de decreto presentado por las dictaminadoras no pretende crear una plataforma curricular única aplicable a todas las instituciones de educación media superior, sino un mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un perfil de egreso de quien concluye exitosamente este tipo educativo y que, de manera transversal, permee los sistemas de bachillerato tecnológico, bachillerato general y bachillerato profesional técnico, con pleno respeto a sus características, modalidades y localidad”.

El proyecto de decreto se formula en los siguientes términos:

Artículo 3o.El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. ...

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a IX. ...

IX Bis. Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X. a XIV. ...

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VI Bis. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

VII. a IX. ...

Artículo 37. ...

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.

...

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

...

II. a VII. ...

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso e) de la fracción II y la fracción V del artículo 30, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, comparte con los Senadores promoventes de las iniciativas que dieron origen a la minuta en análisis las preocupaciones acerca de la cobertura y la calidad de la educación media superior (EMS) que actualmente se brinda en el sistema educativo nacional.

Además de atender la obligación del Congreso respecto a las modificaciones que armonicen las leyes secundarias con la citada reforma constitucional, los miembros de esta comisión consideramos impostergable el establecimiento de legislación específica para ese nivel educativo, definiendo de manera clara las competencias de cada ámbito de gobierno, las finalidades de la educación media superior y las pautas para normar su funcionamiento más eficiente y de mayor calidad, entre otros elementos.

Con base en estas consideraciones, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos manifiesta su acuerdo, en lo general y lo particular, con el propósito del Proyecto de Decreto de la presente minuta.

Las instituciones que ofrecen EMS en nuestro país dependen de la federación, los estados, los municipios, de particulares o bien de universidades autónomas. Salvo el último caso -las escuelas de educación media superior que dependen de universidades autónomas, con legislación específica- todas las demás están reguladas por la Ley General de Educación, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 10 del mismo instrumento jurídico.

En este sentido, la EMS no está al margen de los fines establecidos en la CPEUM y la LGE para toda la educación impartida por las escuelas que forman parte del sistema educativo nacional, es decir, las públicas y las particulares con autorización. En el marco de los propósitos ya establecidos, se considera adecuado el establecimiento del llamado marco curricular común (MCC) puesto que aporta especificidad a los propósitos educativos de la EMS.

Se considera que el MCC resulta pertinente para establecer los elementos formativos básicos de los servicios de educación media superior; constituiría una parte del perfil de egreso de las diferentes modalidades y su complemento sería la formación específica en función de si se trata de bachillerato propedéutico, bivalente o de formación profesional técnica. Queda claro que no se espera un perfil de egreso único en las diferentes modalidades, pero se busca abrir las posibilidades de formación para los jóvenes al ofrecer una visión más integral, lo cual se espera repercuta en la competitividad individual y colectiva en el mundo actual.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación sea remitido al Ejecutivo para efecto de que, si no tuviere observaciones que hacer, lo publique inmediatamente.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66; y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o.; 4o., segundo párrafo; 9o.; 37, segundo párrafo; 65, primer párrafo de la fracción I; y 66, fracción I; y se adicionan la fracción IX Bis al artículo 12; y la fracción VI Bis al artículo 13, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. ...

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a IX. ...

IX Bis. Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X. a XIV. ...

Artículo 13.Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VI Bis. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

VII. a IX. ...

Artículo 37. ...

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.

...

Artículo 65.Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

...

II. a VII. ...

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Notas:

1 OCDE (2012). Panorama de la educación 2012. México. OCDE.

2 Benavot, Aaron (2006). “La diversificación en la educación secundaria: Currículos escolares desde la perspectiva comparada”, Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado 10 (1): 1­29. http://www.ugr.es/-recfpro/Revl01.htmI

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 176 Y 95 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 13 de noviembre de 2008 el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Educación. La propuesta tiene el propósito de incluir, entre los fines de la educación impartida por el estado, el compromiso de fomentar el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

2. El 27 de mayo de 2009 el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 7o.; y se adicionan la fracción V Bis al artículo 14, y un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación. El objeto de la propuesta consiste en fomentar el uso responsable de las innovaciones científicas y tecnológicas.

3. El 14 de julio de 2010, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 7 de la Ley General de Educación. El texto normativo propuesto tiene el propósito de establecer que la educación que imparta el estado tenga como objetivos, además de los previstos actualmente en la Constitución y la ley en la materia, los de promover una cultura tecnológica y una educación globalizada.

4. El 7 de diciembre de 2010 la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción VII Bis al artículo 7o., y los artículos 53 Bis y 53 Ter a la Ley General de Educación. La iniciativa propone incluir, entre los fines de la educación impartida por el estado, el compromiso de documentar y difundir el uso seguro de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en tanto auxiliares en la investigación y el desarrollo de los contenidos educativos.

5. Con fecha 18 de octubre de 2011 fue aprobado por el Senado de la República, con 78 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación.

6. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó remitir la minuta aprobada a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Con fecha 20 de octubre de 2011, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la minuta con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 4961.

8. Con fecha 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los asuntos que no llegaron a resolver las Comisiones de la LXI Legislatura, por el cual se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

9. El 20 de diciembre de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente para su dictamen.

II. Descripción de la minuta

En las consideraciones votadas favorablemente por el Senado de la República se hace referencia a aspectos generales sobre la Ley General de Educación, tales como sus objetivos, alcances y el establecimiento que realiza de la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno, los organismos descentralizados y los particulares involucrados en el servicio educativo.

En seguida es abordado el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, al referir que su uso responsable y seguro constituye uno de los recientes desafíos de los sistemas jurídicos y judiciales en el mundo. Y añaden que el marco legal que regula la Sociedad de la Información y Conocimiento -en particular Internet y las redes sociales digitales- avanza lentamente en comparación con el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos, tiene una serie de vacíos y contiene tensiones importantes en los valores que le inspira y en la forma de proteger los distintos derechos.

Los senadores aseguran que es prioritario el establecimiento de dispositivos legales -desde los enfoques normativo y de políticas públicas- para enfrentar los aspectos relacionados con la Sociedad de la Información y Conocimiento, en especial del Internet y las redes sociales digitales, fundamentalmente por medio de la educación, considerando la participación activa de los menores, de los padres u otras personas a cargo de su cuidado, y de las autoridades educativas, tomando en consideración como principio fundamental el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Con base en ese argumento, los legisladores sostienen que es necesario adicionar la fracción VII del artículo 70 de la Ley General de Educación, a efecto de que, entre los fines de la educación impartida por el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, se incluya el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

En el mismo sentido, señalan que la norma debe involucrar a las autoridades educativas en la promoción del uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo que el proyecto de decreto aprobado por el Senado contiene la adición de una fracción V Bis al artículo 12 y una fracción X Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, con el propósito de establecer como atribución de las autoridades educativas fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.

Respecto de las reformas aprobadas por la Cámara de Senadores, mencionan brevemente que éstas retoman los trabajos que dieron pie al Memorándum de Montevideo, que dedica un capítulo de sugerencias a los poderes legislativos de los países latinoamericanos en materia de TIC.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones votadas favorablemente por el Senado de la República, la minuta contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VI. ...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

VIII. a la XVI. ...

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

V Bis. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

VI. ... a XIV. ...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a la X. ...

X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

XI. a la XIII. ...

III. Consideraciones generales

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos damos cuenta de las reformas votadas favorablemente por el Senado de la República, así como de las consideraciones e inquietudes que exponen en el dictamen aprobado.

Como lo hemos hecho en análisis previos, esta comisión sostiene y reconoce que, en el ámbito educativo, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede contribuir al acceso universal a la educación, a la equidad, a la labor y el desarrollo profesional de los educadores y a una dirección y administración eficiente del sistema educativo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la planificación educativa, ampliando el acceso al aprendizaje, mejorando la calidad y garantizando la integración, y señala que, por ejemplo, donde los recursos son escasos, la utilización prudente de materiales de fuente abierta por medio de las TIC puede contribuir a superar los atascos que genera la tarea de producir, distribuir y actualizar manuales escolares.

En otro orden de ideas, creemos que el creciente acceso que niñas, niños y jóvenes tienen a los distintos sistemas de comunicación les permite gozar de grandes beneficios, pero al mismo tiempo, debe reconocerse que también puede acercarles a diversos riesgos de los que pueden ser víctimas, tales como la discriminación, violencia, explotación sexual, pornografía, entre otros.

En el caso particular del Internet y las redes sociales digitales a que hacen referencia los senadores, es de reconocerse que niños, jóvenes y adultos somos susceptibles de riesgos para la privacidad y otros no virtuales como el fraude y el robo de identidad. Respecto de estos riesgos, Carlos G. Gregorio, doctor en derecho y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, señala que los niños, niñas y adolescentes tienen más altos riesgos por su doble condición de nativos digitales y grupo vulnerable.

El autor añade que para niños y adolescentes los riesgos son muy angustiantes, ya que en un instante pueden pasar de un ambiente de juego y comunicación a estar siendo molestados o acosados por contenidos o personas que tratan de aprovecharse de ellos. Como nativos digitales, niños y jóvenes han incorporado formas de socialización de las que les es muy difícil prescindir, pero las fallas que rodea la intervención en Internet genera la situación en que niños y adolescentes son tanto víctimas como victimarios.

En la Comisión de Educación reconocemos las contribuciones que, a través de un adecuado uso, pueden las TIC traer a la educación, y que el acceso a las herramientas propias de estas tecnologías no pueden ser retiradas a niñas, niños y jóvenes, sin embargo, comprendemos que para que exista una evolución armoniosa de su uso, debe generarse el marco normativo que lo regule y poner a disposición de los usuarios información al respecto.

Acerca de la mención que el Senado hace al Memorándum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes (en lo sucesivo: Memorándum de Montevideo), cabe señalar que este documento fue la consecuencia del Informe de Investigación de la Comisión de Protección de Datos Personales de Canadá sobre Facebook (julio de 2009). En nuestro país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos presentó el Memorándum de Montevideo el 3 de diciembre de 2009, con el objetivo de promover el respeto a la privacidad y datos personales de los menores de edad en las redes sociales en Internet.

Durante la presentación se expresó el interés de colocar el tema en la agenda de discusión nacional, y que todos los actores involucrados retomen la responsabilidad que les corresponde a fin de promover la adopción de políticas y estrategias de protección de los derechos de la niñez frente a las nuevas tecnologías.

Respecto del tema que nos ocupa, durante la presentación del Memorándum de Montevideo se llegó a acuerdos que involucran a la educación por considerarla el proceso más importante de socialización y movilización de la cultura de protección de datos personales. Asimismo, se hizo evidente la falta de políticas públicas estructuradas que prevengan el mal uso de las tecnologías de la información, sobre todo en menores.

El Memorándum de Montevideo consta de 32 recomendaciones para que los diversos actores involucrados en el tema de redes sociales en Internet, en América Latina y el Caribe se comprometan con la materia; entre las recomendaciones relacionadas con la educación se encuentran las siguientes:

• Los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores, o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales.

• Es tarea del estado y de las entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los progenitores y personas responsables, sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en los ambientes digitales.

• Transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes que Internet no es un espacio sin norma, impune o sin responsabilidades. Deben ser educados en su uso responsable y seguro y el de las redes sociales.

• Las autoridades competentes deben establecer mecanismos para que los centros educativos resuelvan los conflictos que se generen como consecuencia del uso de Internet y las redes sociales digitales por parte de las niñas, niños y adolescente, con un sentido didáctico.

Respecto de las recomendaciones relacionadas con la educación y concientización sobre el adecuado uso del internet y las redes sociales, consideramos necesario resaltar que para que los objetivos sean alcanzados, debe existir participación de todos los actores involucrados: los propios niños, niñas y jóvenes, sus padres o tutores, las autoridades educativas, el estado y aún los sectores sociales en que los educandos se desenvuelven.

IV. Consideraciones particulares

En virtud de la relevancia y globalidad de la problemática ya planteada, los integrantes de esta comisión consideramos necesario analizar brevemente, de manera separada, las tres propuestas de reforma y adición aprobadas por la Cámara de Senadores.

En los tres preceptos normativos, los senadores aprobaron reformas a la ley que regulan de manera detallada aspectos de las TIC. En el caso del artículo 7o. la minuta integra como uno de los fines educativos fomentar el desarrollo de capacidades para comprender y aplicar responsablemente las TIC; en el caso del artículo 12 los senadores aprobaron establecer como una de las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal emitir lineamientos para el uso responsable y seguro de las TIC en el sistema educativo, con el objetivo de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento; y en el artículo 14 agregan, con el mismo objetivo, una fracción que establece como facultad concurrente de las autoridades educativas federal y locales fomentar el uso responsable y seguro de las TIC en el sistema educativo.

Respecto de las tres propuestas, consideramos que no es pertinente establecer especificidades dentro de una ley general que emana directamente de nuestra Carta Magna, en este caso del artículo 3o. constitucional, ya que con la intención de brindar una atención especial a ciertos criterios se excluyen otros que bien pudieran tener la misma relevancia. En el caso particular que se analiza, al mencionarse específicamente las TIC se dejan fuera, por ejemplo, la tecnología industrial, la electrónica, etcétera.

De esta manera, consideramos que las inquietudes y propuestas de los senadores deben ser atendidas y respaldadas por esta Cámara revisora, pero que la redacción debe ser adecuada al texto de una norma general, para efecto de atender la jerarquía normativa establecida en el artículo 133 constitucional y permitir al Ejecutivo normar los aspectos reglamentarios que en la materia corresponda.

A continuación se presentan cuadros comparativos con el proyecto de decreto aprobado por el Senado de la República y con el texto que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone:

En el caso particular del artículo 12, se considera que las herramientas propias de las tecnologías, al ser utilizadas en el sistema educativo, son también materiales, por lo que resulta pertinente y favorable a la técnica legislativa, integrar la propuesta en la fracción V vigente, que ya hace referencia a los lineamientos que deben ser fijados por las autoridades respecto del uso de materiales educativos.

Respecto de la redacción, consideramos innecesario señalar cómo debe ser el uso de las tecnologías, ya que como se observa en la redacción vigente de la fracción V, ni estas características, ni los objetivos de los lineamientos se establecen en una ley general, sino que el precepto da sólo la pauta para la regulación, en el caso particular, el fomento del uso de tecnologías de manera segura y responsable se regula a través del artículo 14 como se verá más adelante.

En el artículo 14, los senadores proponen una nueva fracción X Bis, en los términos siguientes:

Finalmente, esta comisión considera necesaria la adición de un artículo transitorio en el que se establezca el plazo que se otorga a la autoridad educativa federal para emitir los lineamientos correspondientes al uso responsable y seguro de las tecnologías aplicables al sistema educativo.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de Senadores, para efecto de que las modificaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara de origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el Sistema Educativo Nacional

Único. Se reforman las fracciones VII, del artículo 7o.; y V, del artículo 12; se adiciona una nueva fracción XIII al artículo 14 y se recorre la actual XIII para convertirse en XIV; todas de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.

I. a VI. ...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión y aplicación responsables.

VIII. a la XVI. ...

Artículo 12. ...

I. a IV. ...

V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la secundaria, así como los necesarios para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo;

VI. a XIV. ...

Artículo 14. ...

I. a X. ...

X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

XI. a XIII. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la autoridad educativa federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en la fracción VII del artículo 7o. de la presente ley.

Notas:

1. Cfr. Gregorio, Carlos (2011). Impacto y evolución de las redes sociales digitales: libertades y derechos. En “Protección de datos personales en las Redes Sociales Digitales: en particular de niños y adolescentes”. México, Argentina, IFAI, IIJ, p. 42.

2. Cfr. Séptimo informe de labores al H. Congreso de la Unión (2009). México, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pp. 49-50.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. El 13 de noviembre de 2008 los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, presentaron Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley General de Educación.

2. El 12 de mayo de 2010 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

3. El 5 de octubre de 2010 la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

4. El 13 de julio de 2011 el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

5. En la Cámara de Senadores, el senador Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales, remitió las Recomendaciones No Vinculatorias al Senado de la República de Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad, tituladas: Propuestas de reformas legislativas para armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Propuestas de Reformas Legislativas para Armonizar la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura).

6. El 10 de noviembre de 2011 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

7. El dictamen correspondiente a las Iniciativas enumeradas en los puntos anteriores se presentó a discusión en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2011. El Proyecto de Decreto se aprobó por unanimidad de 72 votos y en esa misma fecha se pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)

8. El 1 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, turnó la Minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

9. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

10. El 20 de diciembre de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente para su dictamen.

II. Contenido de la minuta

Se busca armonizar la Ley General de Educación con diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte en materia de educación inclusiva, precisando los derechos en materia educativa de los niños y jóvenes que requieren educación especial.

El proyecto de decreto se formula en los siguientes términos:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad; por tanto, los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 6o. Bis. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios asegurará la inclusión de los educandos en el sistema educativo nacional, en un marco de respeto, igualdad y equidad.

...

...

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a IV ....

IV Bis. Promover y fomentar el respeto de los grupos vulnerables para contribuir en su proceso de desarrollo e integración social;

V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos;

VII. a XVI. ...

Artículo 10. ...

...

I. a VII. ...

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación enla sociedad y, en su oportunidad, el desarrollode una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. y II. ...

III.Elaborar y mantener actualizados, y en formatos accesibles,los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV.a XIV. ...

Artículo 20.Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, que tendrá las finalidades siguientes:

I. a III. ...

IV.El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa inclusiva.

...

Artículo 23. ...

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior contarán con edificio, instalaciones accesiblesy demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

......

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. y II. ...

II Bis. Desarrollarán programas de asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, en términos de lo dispuesto en el artículo 41.

III. a XV. ...

...

Artículo 41. La educación especial está destinada a las personas con discapacidad transitoria o definitiva, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus condiciones, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad y no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, esta educación propiciará su atención educativa en los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Para los alumnos con discapacidad que no logren la inclusión en estos planteles, la educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para su autónoma integración a la vida social y productiva, con base en la aplicación de métodos, programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. En cualquier caso, las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial promoverán el trato digno de las personas con discapacidad por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar al resto de la comunidad educativa sobre esta condición y las aptitudes para comunicarse en lenguaje de señas mexicano, en el sistema de escritura braille, o cualquier otro sistema que garantice el adecuado aprovechamiento de los educandos.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamentos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

......

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

...

...

...

...

...

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidadque la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento; y

III. ...

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. ...

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m) ... ......

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Presupuestos de Egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal.

III. Consideraciones generales

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados comparte con los senadores promoventes de las Iniciativas que dieron origen a la Minuta en análisis, la preocupación por la atención educativa que reciben los niños y jóvenes con discapacidad, así como por las limitaciones de nuestro sistema educativo para implementar una política de auténtica inclusión. Sin duda éste es un terreno en el que a nuestro país le resta un largo trecho por recorrer.

Nuestro país, junto con 91 naciones más, se adhirió en 1994 a la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, promovida por la UNESCO. Los compromisos que México asumió al adherirse a dicha Declaración son los siguientes:

– Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos,

-cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios,

– Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades,

– Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades,

– Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo.

La UNESCO establece que “la educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, la educación integradora y de calidad procura desarrollar todo el potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y fomentar la cohesión social”.

La educación inclusiva se refiere a todos los niveles y modalidades educativas, por lo cual los criterios y principios deben ser atendidos también por la educación especial.

En este marco, durante las dos últimas décadas en nuestro país se han impulsado algunos programas que se proponen una educación integradora o inclusiva, aunque aún se enfrentan severos rezagos. Uno de los terrenos en los que se aprecia rezago es el legislativo, por lo cual la Dictaminadora coincide con la Minuta en la necesidad de armonizar la Ley General de Educación con la conceptualización utilizada en el medio de la educación especial y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, de manera que se contribuya desde este ámbito a la creación de una auténtica cultura de la inclusión.

Con base en las consideraciones expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos manifiesta su acuerdo en lo general con las reformas a la Ley General de Educación materia de este dictamen.

IV. Consideraciones Particulares

En diciembre de 2011 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó el dictamen correspondiente a tres Iniciativas sobre el tema de educación inclusiva. El Proyecto de Decreto es el siguiente:

Artículo Único. Se reforman los artículos 12, fracción III; 38 y 41; y se adicionan los artículos 2o., con un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes en su orden; 7o. con una fracción VII Bis; 54 Bis; 55, con una fracción IV y 75, con una fracción XVII a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a VII. ...

VII Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

VIII. a XVI. ...

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para las personas con discapacidad los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

IV. a XIV. ...

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la comunidad sorda, de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personas con aptitudes sobresalientes, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, manteniendo como prioridad la protección del interés superior del educando.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se favorecerá su inclusión en los planteles de educación regular mediante la realización de ajustes razonables y la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias.

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa correspondiente opten por los servicios escolarizados de educación especial, se les garantizará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo del potencial del educando para la autónoma convivencia social y productiva, elaborando los materiales de apoyo didáctico necesarios.

En los niveles y modalidades de la educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia, la autoridad educativa federal establecerá criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. En el caso de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá los lineamientos para la evaluación psicopedagógica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación; las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación de este tipo de alumnos.

La educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial. Considera la capacitación y orientación a los maestros y personal de las escuelas de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores, propiciando su participación. Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la presente ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades competentes podrán otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen, en el marco de lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica, y

IV. Con la acreditación legal como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación no lucrativa, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XIV. ...

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La implementación de las medidas establecidas en el presente decreto se realizará con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas y en atención a los recursos disponibles, para garantizar de manera progresiva el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la legislación vigente para las personas con discapacidad.

Tercero. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, garantizando procesos de capacitación y conocimiento para los docentes de las instituciones educativas que participen en el programa.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

De esta manera, prácticamente de forma simultánea en cada Cámara se cantó con una Minuta sobre el mismo tema. En un esfuerzo de colaboración entre los integrantes de las comisiones de Educación de las dos Cámaras durante la LXI Legislatura, las Minutas se analizaron de manera conjunta para obtener un nuevo Proyecto de Decreto, en el que se recuperan las aportaciones más importantes de las dos propuestas y que se presenta al final del presente Dictamen.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de Senadores, para efecto de que las modificaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara de Origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la Minuta materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; l0, último párrafo; 12, fracción III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, y quinto ahora sexto párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a); y 75, fracción XVI; y se adicionanla fracción VI Bis al artículo 7°; la fracción II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose los subsecuentes, y un último párrafo al mismo artículo para quedar como séptimo; el artículo 54 Bis, y un último párrafo al artículo 55, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;

VII. a XVI. ...

Artículo 10. ...

...

I. a VII. ...

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV. a XIV. ...

Artículo 23. ...

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesiblesy demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 33. ...

I. y II.. ...

II Bis. Desarrollarán programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41.

III. a XV. ...

...

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de estas personas, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica regular sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las escuelas de educación especial; en ambas modalidades se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial y de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta condición.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesario en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes.

La educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta abarca la capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que atiendan alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes.

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

...

...

...

...

...

Artículo 54 bis. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro legalmente constituidas conforme a la legislación nacional, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, podrán impartir educación en los términos de la presente ley y con base en los lineamientos establecidos por la autoridad educativa. La Secretaría podrá otorgar apoyo para la capacitación de las personas que integren o colaboren con dichas organizaciones, conforme a los programas y modalidades que dicha autoridad determine.

Artículo 55. ...

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. ...

Las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la promoción y el fomento educativo que soliciten la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán estar legalmente constituidas conforme a la legislación nacional.

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. ..

...

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m) ...

...

...

Artículo 75. ...

I. a XV. ...

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje; condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal.

Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.

Notas:

1 UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales. Aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994. Consultado el 23 de mayo de 20 I1 en www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF

2 Extraído el 13 de septiembre de 2011 de:

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-educ ation-systems/inclusive-education/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía

Honorable Asamblea:

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea someten a su consideración, el siguiente dictamen.

Las atribuciones de esta comisión dictaminadora, sus integrantes las ejercieron, a partir de la siguiente

Metodología

Los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el propósito de comprender la voluntad de los promoventes, examinar y determinar adecuadamente con estricto respeto a lo manifestado en la iniciativa materia de dictamen, el aspecto teleológico de la misma, tomaron en consideración los siguientes principios de técnica legislativa:

Antecedentes.Se trata del apartado que contempla la presentación y turno para dictamen a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo y suscrita por las y los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. El desarrollo de este apartado se realizó de la siguiente manera:

a) Agenda legislativa. Este rubro contempla el análisis que de la Ley de la Economía Social y Solidaria, el régimen fiscal aplicable a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y el marco legislativo de las Cajas de Ahorro y Crédito Popular, se hizo con motivo de la celebración del foro nacional Hacia una Agenda Legislativa de la Economía Social y Solidaria, celebrado en fecha 15 de abril de 2013, en el auditorio E de este recinto legislativo.

Dicho foro contó con la destacada participación de sendos representantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla y de la Universidad Cooperativa de Colombia, con las conferencias magistrales intituladas “El despertar de la Economía Social y Solidaria en México y “La situación de la Economía Social y Solidaria en el mundo de hoy”, respectivamente.

En lo particular, se abordaron temas por demás interesantes al desarrollo y fortalecimiento del sector, tales como “el diagnóstico de la economía social y solidaria en México”, a cargo de la diputada Silvia Márquez; “los retos de la economía social y solidaria en México”, presentada por el director del Instituto Nacional de la Economía Social, y “La Economía Social y Solidaria, desde la visión sus agentes” por conducto del Gerente del Consejo Superior Cooperativista, entre otros tantos.

b) Elaboración y presentación de la iniciativa. El documento que dio inicio a la actividad legislativa de esta Comisión Dictaminadora, fue elaborado con la intención de suplir los vacios legales existentes en la vigente Ley de la Economía Social y Solidaria, así como para establecer condiciones propicias para el fomento, impulso y expansión del sector social de la economía.

La iniciativa materia de análisis fue presentada al pleno de esta honorable soberanía el jueves 18 de abril de 2013.

c) Consulta con los organismos del sector. La formulación de la iniciativa materia de dictamen, derivó de la consulta realizada con organismos del sector social de la economía, tales como Cooperativa La Cruz Azul, SCL, Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, Alianza Cooperativista Nacional, AC, Caja Popular Mexicana y Caja Morelia Valladolid, SC de RL, así como por la colaboración de representantes del Instituto Nacional de la Economía Social y del Consejo Superior del Cooperativismo.

d) Intervención legislativa. Es menester manifestar que el acto legislativo que dio inicio al presente proceso de dictamen, contó con la colaboración de la totalidad de los diputados federales integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, siendo la Presidenta de dicho órgano legislativo, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, quien presentó la presente iniciativa materia de dictamen.

Contenido de la iniciativa. En este apartado se realiza la fijación clara y precisa de las modificaciones propuestas por la legisladora federal integrante de esta Cámara de origen, en el documento que dio inicio a la actividad legislativa de esta comisión dictaminadora.

Consideraciones. Este apartado contiene el análisis sistemático de los requisitos de forma y de fondo que toda iniciativa debe contener, así como los argumentos de naturaleza jurídica, de carácter general y especial, que sirven de fundamento a las resoluciones a cada una de las proposiciones formuladas por el autor del acto legislativo, teniendo en cuenta lo previsto por aquellos instrumentos y ordenamientos jurídicos vigentes relacionados con la finalidad de la iniciativa materia de dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente No. 1844, que contiene la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el jueves 18 de abril de 2013.

I. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados del día 18 de abril de 2013, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, en nombre de diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, presentó la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, con el objeto de establecer diversas disposiciones jurídicas que propicien la operación del Instituto Nacional de la Economía Social, Inaes, así como manifestar en esta norma propuestas de organismos de la economía social que permitan la realización de los fines de la misma.

II. En ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, confieren al presidente de la Mesa Directiva decretó el turno a esta Comisión, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-1-0866.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene como propósito establecer de manera clara y precisa en el texto de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía –en adelante ley– normas generales que permitan el tránsito de una legislación rígida y de difícil operatividad por una de fomento y productividad, en la que se fortalezca la generación de fuentes de trabajo como una tarea del Estado, a través de las siguientes reformas, adiciones y derogaciones:

1. Propone establecer como objeto de la ley el fomento al desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector social de la economía, eliminando barreras a los grupos sociales no constituidos con la finalidad de que sean sujetos de los beneficios que prevé la ley; tales barreras, como la de encontrarse legalmente constituidos y el deber jurídico de participar en el capital social de los organismos del Sector, este último, se establece como potestad.

2. Establece como fines del sector social de la economía: participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas, impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad, y promover la productividad como mecanismo de equidad social.

3. Adiciona como valores orientadores de los organismos del sector, la confianza y autogestión.

4. Además, la iniciativa propone adicionar la creatividad e innovación como prácticas bajo las cuales deberán realizar sus actividades los organismos del sector y elimina como función del instituto la de supervisarlos.

5. Propone que la organización y funcionamiento del instituto se establezca en el acuerdo que emita el secretario de Economía.

6. En la búsqueda de aprovechar los avances tecnológicos en materia de información, la iniciativa en estudio propone como funciones del Instituto las de sistematización de la información, diseño de metodologías para la creación y fomento de organismos del sector y la publicación anual de la información básica del instituto, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía lo relevante de su labor.

7. Asimismo, la iniciativa en estudio plantea adicionar como función del instituto, la de impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo, que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país.

8. Siguiendo esta lógica, la iniciativa que se dictamina propone implementar como función del instituto favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales que sirvan para el escalamiento progresivo de los organismos del sector, insertándolos en mercados que les ayuden a crecer y brindar más y mejores fuentes de trabajo.

9. Toda vez que los recursos destinados al fomento del sector social de la economía social son prioritarios y de interés público en la iniciativa en estudio se establece que no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, salvo determinación en contrario por esta Cámara.

10. Dada la relevancia de que se brinde el mayor apoyo, mediante el instituto, y de que éste goce de la posibilidad de ser mejorado continuamente, en la iniciativa que se dictamina se establece que las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, podrán conocer del informe anual de actividades del Inaes con la finalidad de promover reformas o acciones en el marco de sus atribuciones, que permitan el cumplimiento de los fines de la ley.

11. En cuanto a los órganos colegiados, Congreso y Consejo Nacional, en la iniciativa en estudio se propone derogarlos del texto de la ley con el objetivo de dejar a los organismos del sector y a los grupos sociales en plenitud para su organización, sin interrupciones o injerencia del Estado, por ende respetando su autonomía.

12. En consecuencia, en la iniciativa que se dictamina se plantea el fortalecimiento del Consejo Consultivo con una mayor participación de los organismos del sector que garantice una comunicación institucional formal con los mismos, al ampliarse la representación por parte de los organismos y ciudadanos, incluyendo a representantes de las diferentes áreas del gobierno federal involucradas.

13. Asimismo, atendiendo a la agilidad que requiere nuestro país en la ejecución de mecanismos como los que se proponen en esta Ley, es que en la iniciativa en estudio se propone modificar la regulación de la organización y funcionamiento del Instituto, de ser sujeto de una norma reglamentaria por un acuerdo que deba emitir el secretario de Economía.

14. Por cuanto hace al concepto de delegaciones, la iniciativa a dictaminarse propone dejar el concepto amplio, evitando la delimitación gramatical como restrictiva del desarrollo de la estructura del Instituto, que pueda interponerse con su operatividad.

15. La denominación del capítulo referente a los organismos de integración, en la iniciativa que se dictamina, se modifica por organismos de representación, suprimiendo del texto vigente de la ley, supuestos normativos que pudieran resultar excluyentes, como sería el caso de los organismos rurales.

16. Asimismo, se abre la posibilidad de que existan organismos integradores que ayuden al desarrollo y mejoramiento de las capacidades económicas de éstos.

17. Siguiendo este orden, en la iniciativa en estudio se establece que los organismos podrán agruparse con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

18. Respecto al registro que regula el texto vigente en la iniciativa que se dictamina, se propone derogarlo, dado que actualmente existen registros con los que es posible obtener la información que, en su caso, requiera el Instituto para el cumplimiento de la ley.

19. A efecto de que el Instituto pueda elaborar programas que atiendan a sectores específicos y regiones concretas, como es el caso de los grupos sociales no constituidos, en la propuesta a dictaminarse se proponen las modificaciones correspondientes a la ley, precisando que la operación de los programas que regula este ordenamiento legal, se sujetarán a las reglas de operación o lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Economía.

Es así, como la iniciativa en estudio, busca implementar alternativas reales para los organismos del sector. Impulsando el fomento, la democratización de la productividad y el empleo, mediante la transformación de la normativa vigente de una estructura rígida por una cuyo objeto fundamental sea el desarrollo en beneficio de las y los mexicanos.

En razón de lo expresado, esta comisión dictaminadora motiva su resolución final, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de la LXII Legislatura en la honorable Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente iniciativa, según lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXIX-N, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como en el artículo 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84 y 85, así como de los artículos 157 y 158, numeral I, fracción IV, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda. Esta comisión dictaminadora, además de los elementos que ofrece la iniciativa, materia del dictamen, considera que es de tomarse en consideración la intencionalidad de dar viabilidad administrativa y operativa al Instituto Nacional de la Economía Social, expresado en iniciativas de reformas a la Ley presentadas en la actual legislatura.

De manera muy particular, la iniciativa que reforma los artículos segundo a cuarto y sexto transitorios de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por el diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 21 de diciembre de 2012, que tuvo por objeto modificar el régimen transitorio de la Ley, a efecto de que la celebración de las asambleas regionales se convoquen por la Secretaría de Economía en un plazo no mayor de 15 días naturales, después del cierre del periodo de inscripción inicial de los organismos del sector ante el registro nacional y que éstas inicien a los 15 días naturales posteriores a la fecha de la convocatoria.

Además, se establece que previamente la Secretaría deberá expedir una convocatoria en un plazo no mayor a 60 días naturales, a los organismos del sector para que soliciten su inscripción en el registro nacional durante un periodo de inscripción inicial de 90 días naturales. Las asambleas regionales tendrán una duración máxima de 3 días naturales, en las que se elegirá a sus representantes ante el Congreso Nacional Constituyente. Concluidas las asambleas regionales, la secretaría deberá convocar a la instalación del Congreso Nacional, que deberá quedar instituido a los 15 días naturales de haber sido convocado. Establece, que el Instituto Nacional de la Economía Social deberá quedar constituido a más tardar el 30 de septiembre de 2013, aplicando el Reglamento de la Secretaría en tanto se publica el Reglamento del Instituto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercera. Las y los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social compartimos la preocupación de los actores del sector social de la economía, concerniente a la necesidad de adecuar la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a efecto de aprovechar el potencial del sector social de la economía, facilitando su fortalecimiento y consolidación, para convertirlo en parte estratégica del motor de crecimiento y desarrollo nacional.

De manera que estemos a tono con las principales prácticas de algunos de los países más exitosos del mundo, donde el sector social de la economía juega un papel estratégico en el crecimiento económico con inclusión social, como se desarrolla actualmente en países como Francia, Canadá, Noruega, Dinamarca, entre otros.

Cuarta. En este sentido, las y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran oportuno el planteamiento de reformar, adicionar y derogar aquellas disposiciones que en la ley vigente obstruyen el proceso de fomento al sector social de la economía, ya sea mediante la existencia de un cuerpo burocrático excesivo y oneroso, como es el caso del congreso y consejo nacional que se prevé en la ley vigente, o bien, mediante disposiciones que establecen una injerencia del Estado en la vida interna de los organismos del sector social de la economía.

Así pues, las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos oportuna la derogación de las fracciones V, VI, VIII y X, y la reforma de las fracciones VII, XII, XIII y XIV, todas ellas, del artículo 5º de la Ley; dado que mediante tales modificaciones: se adiciona a la definición de asociados el termino potestativo de participar en el capital social de los organismos del sector; se eliminan las disposiciones referentes al Congreso Nacional y Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, así como la referente al Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía; y se incorporan las definiciones de los organismos de representación, reconociendo estos como espacios de participación colectiva, del Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social y del Acuerdo de Organización y Funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social.

Quinta. En concordancia con lo anterior, las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos oportuno reformar el artículo 31, primer y segundo párrafo, 32, 33, 34, primer párrafo, así como la denominación del Capítulo III titulado De los organismos de integración que se plantea se denomine “De los organismos de representación”. Lo anterior, en la búsqueda de evitar la delimitación excluyente de organismos de integración, particularmente de los organismos rurales.

En este sentido, se adiciona un segundo párrafo al artículo 31 de la ley, para abrir la posibilidad de existir a organismos integradores que ayuden al desarrollo y mejoramiento de las capacidades económicas de éstos.

Asimismo, se reforma el artículo 32 de esta ley para establecer que los organismos de representación podrán agruparse con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

Sexta. Asimismo, las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, consideramos oportuna la propuesta de adecuar las disposiciones normativas vigentes en la ley que contravienen lo señalado en el párrafo que antecede, por ello, coincidimos en la derogación del Capítulo IV, denominado Del registro, que comprende los artículos 36, 37, 38, 39 y 40; en la reforma de la fracción I del artículo 16, en la derogación del artículo 17, en la reforma de la fracción V del artículo 18, derivado de que ya existen registros con los que es posible obtener la información que, en su caso, requiera el Instituto para el cumplimiento de la ley.

Por ello, se propone adicionar en la fracción VIII como función del Instituto Nacional de Economía Social la de sistematizar la información, y en la fracción XVII la de publicar anualmente un compendio de información básica vía digital e impresa sobre los organismos del sector, ambos del artículo 14 de esta ley.

Séptima. Considerando que el sector social de la economía, prescrito en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, responde a las necesidades de los grupos sociales de organizarse para satisfacer sus necesidades materiales comunes, sin que con ello se reste responsabilidad al Estado para que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas gocen de las garantías constitucionales de manera efectiva, o que el sector privado deje de cumplir su función de inversor y generador de empleo. Las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden en el planteamiento, expuesto en la iniciativa en estudio, de eliminar el candado de encontrarse legalmente constituidos, a efecto de:

1) Respetar la vida interna de los organismos del sector,

2) Atender el espíritu de la ley, promoviendo a los organismos del sector, ya que el deber jurídico de estar legalmente constituidos, les genera cargas, cuando lo que se quiere es su fomento,

3) Ampliar la cobertura de fomento del sector social de la economía, manteniendo como un requisito el aceptar y practicar los fines, valores, principios y prácticas cuyo fundamento se sustenta en diversas leyes internacionales en la materia.

Octava. Considerando que es necesario valorar el papel estratégico que pueden desempeñar los organismos del sector social de la economía en contextos de crisis económica y alta volatilidad de los mercados financieros, siendo semilleros de trabajo y generadores de cohesión social, las y los diputados integrantes de la comisión dictaminadora coincidimos con la iniciativa en estudio en la incorporación como fines del sector social de la economía conceptos como: Generación de nuevas fuentes de trabajo, creatividad, innovación y productividad, cuya redacción se adiciona en las fracciones VII, VIII y IX del artículo 8o. de la ley.

Lo anterior, dado que dentro de las virtudes de los organismos de la economía social, se encuentra la de promover el diseño de sociedades altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables, que potencien el dinamismo de las comunidades por encima del estándar total de las propias economías nacionales, por ello, posibilitan la convergencia entre regiones, disminuyendo las inequidades entre los individuos, virtudes que muy difícilmente pueden ser desarrolladas desde los organismos privados y públicos.

En concordancia, coincidimos en la adición en las fracciones V y VI del artículo 10 de la ley, acerca de la confianza y la autogestión, como valores orientadores de los Organismos del Sector por ser elementos constitutivos de los organismos. Así como, en adicionar los conceptos de innovación y creatividad como prácticas bajo las cuales realizarán sus actividades los organismos del sector, en la fracción IV del artículo 11 de la ley.

Novena. Las y los diputados de esta comisión dictaminadora consideramos que es importante promover, fortalecer y reconocer el espíritu emprendedor de la empresa social, como parte de una estrategia nacional impulsora de la economía social, volviéndose estratégico el apoyo a las vocaciones emprendedoras. Cuya acción incluye impulsar el reconocimiento de la sociedad, del emprendedor privado y social, como generadores de riqueza y pilares del desarrollo económico del país.

En este sentido, coincidimos con la propuesta de adicionar un párrafo tercero al artículo 13 de la ley en el que se determina que la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Economía Social, además de lo previsto en la ley será normado en términos del acuerdo que al respecto emita la Secretaría de Economía, así como la correspondiente adecuación normativa en el cuerpo de la ley a efecto de agilizar las acciones de fomento al sector social de la economía.

Décima. Asimismo, consideramos oportunas las siguientes modificaciones al artículo 14 de la ley:

1) Eliminar la función de supervisión prevista en el texto vigente de la fracción VII, toda vez que queda implícita en la de vigilar el cumplimiento de la ley que se encuentra en la fracción III de dicho artículo,

2) Cambiar la función referente a la estadística por la de sistematización de información prevista en la fracción VIII,

3) Adicionar la función de llevar a cabo el diseño de metodologías para la creación y fomento de organismos del Sector en la fracción IX,

4) Adecuar organismos de integración a organismos de representación, en la fracción X,

5) Ampliar los conceptos de difusión a que se refiere la fracción XII, a efecto de posibilitar la determinación de la forma en que habrá de llevarse a cabo tal difusión en el acuerdo que emita el secretario, pudiendo ser a través de la página electrónica del instituto,

6) Adicionar como función del instituto la publicación anual de la información básica del instituto en la fracción XVII,

7) Adicionar el impulsar políticas públicas en el ámbito educativo para fomentar el desarrollo de la Economía social y solidaria,

8) Incluir el componente del impulso de cadenas productivas de valor y la necesidad de apoyar el escalamiento de los organismos, para que puedan crecer y desarrollarse en la fracción XVIII, y

9) Modificar el reglamento interno por el Acuerdo que emita el Secretario de Economía, en armonía con lo antes enunciado.

Undécima. En concordancia con lo señalado en los considerandos anteriores, las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con el planteamiento de la iniciativa en estudio, cuyo objetivo consiste en sensibilizar, difundir, promover e impulsar la economía social y solidaria, mediante el fortalecimiento de las acciones que fomenten el surgimiento y apoyo a los organismos del sector social de la economía.

En este orden de ideas, consideramos oportuna la adición de un párrafo al artículo 15 de la ley en el que se establece que los recursos destinados al fomento del Sector no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales.

Así como, la reforma de la fracción IV del artículo 18 en la que se establece que las Cámaras del Congreso de la Unión puedan conocer del informe anual de actividades del Instituto con la finalidad de promover reformas o acciones en el marco de sus atribuciones que permitan el cumplimiento de los fines de la ley.

Por ello, consideramos oportuna la propuesta de establecer el concepto amplio de delegaciones en el primer párrafo del artículo 19 de la ley con el objeto de armonizar el texto de la ley con la estructura del Instituto Nacional de la Economía Social.

Decimosegunda. En la propuesta en estudio se pondera que los organismos puedan más fácilmente ser impulsados en la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, tanto en la ciudad como en el campo, a nivel local, regional, nacional e internacional, retirando requisitos innecesarios y trabas burocráticas que resultan contradictorias, en una ley con la naturaleza de fomento.

Por ello, este órgano colegiado coincide en las modificaciones planteadas al artículo 41, las cuales consisten en: eliminar criterios ya considerados en otros preceptos de la propia ley, como es el caso de lo referente al registro y a la aceptación y respeto de los principios, valores y prácticas; así como, incluir a los grupos sociales, y establecer el criterio correspondiente al catálogo de los diferentes tipos de organismos del sector.

Asimismo, consideramos oportuna la modificación planteada al artículo 45 en el que se propone cambiar el término impositivo hacia los organismos del sector por uno imperativo, en el que deberán ajustarse a lo dispuesto en las fracciones que se enumeran en este precepto.

Decimotercera. Esta Comisión dictaminadora considera oportuno el planteamiento expuesto en la iniciativa en estudio que busca posibilitar que grupos sociales organizados, pero legalmente no constituidos, con la intención de colaborar en la construcción de su propio desarrollo y el de su comunidad, tenga mediante la participación en un emprendimiento económico, todas las facilidades para hacerlo y así nutrir al sector de la economía social con nuevos actores que la revitalicen y proyecten en los albores de este nuevo milenio.

Así, coincidimos en la propuesta de modificar el primer párrafo del artículo 46 de esta Ley a efecto de que el Instituto Nacional de Economía Social pueda elaborar programas que atiendan a sectores específicos y regiones concretas, tal es el caso de grupos vulnerables y/o zonas deprimidas o en condiciones de pobreza.

Respondiendo con ello, a la necesidad de ofrecer alternativas económicas a las nuevas generaciones mediante su integración en el sector social de la economía, mediante la oferta de acciones que les permitan beneficiarse de sus capacidades y creatividad en el desarrollo de proyectos productivos desde la economía social y solidaria. Así como, al reconocimiento de las iniciativas productivas encabezadas por otros sectores, como es el caso del de las mujeres.

Decimocuarta. Considerando el respeto a la vida interna de los organismos del sector social de la economía, así como la transparencia y objetividad en el actuar de la autoridad, este órgano colegiado dictaminador, coincide con la derogación del artículo 57 de la ley, ya que en el texto vigente se deja abierta la posibilidad de aplicar discrecionalmente la capacidad de sanción del Instituto Nacional de Economía Social, propiciando un criterio de subjetividad en la aplicación de medidas coercitivas.

Decimoquinta. No obstante las consideraciones vertidas con antelación, esta comisión dictaminadora considera conveniente realizar a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, las modificaciones siguientes:

a) Durante el proceso de dictamen, se partió de lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución que señala:

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Este es, sin duda, el mejor reconocimiento de la importancia que tiene el sector social en la economía nacional.

En el mismo sentido, esta comisión conoció el interés de algunos grupos integrantes del sector social, de contar con una definición del sector social de la economía, que permitiera a las organizaciones del sector, establecer una relación constructiva con el resto de la economía.

Considerando esos razonamientos, quienes dictaminan encontramos que por las características del sector social de la economía y por la forma en la que ha evolucionado, su definición debería considerar el sustento de propiedad social que es la base de este sector; la definición también debería considerar los valores que guían la administración y operación de estas unidades y que son los que le dan cohesión y le permiten, a su vez, desarrollar una compleja red de relaciones entre sí y con el resto de la economía.

En función de lo anterior, se consideró adecuada una definición del sector que incluyera el soporte constitucional de su existencia y además destacara su importancia a partir de sus características. De esa manera, en el Artículo 3o. se estableció: “El sector social de la economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, en concordancia con los términos que establece la presente ley”.

Se estima que esta definición contribuirá a impulsar nuevos organismos del sector, que buscan hacer frente a las dificultades económicas que enfrenta el país. Cabe señalar que esa misma definición es a la que se hace referencia en la fracción I del artículo 5o., lo que reduce la dispersión de los conceptos.

b) Esta comisión dictaminadora consideró adecuado incluir en la iniciativa materia de dictamen, el contar con mayor información relacionada con el comportamiento del sector social de la economía, en términos de cuántas unidades lo componen, a cuántas personas benefician directamente como socios, y cuántos beneficiarios resultan indirectamente de su obrar como trabajadores, aspectos indispensables para el diseño de políticas públicas que coadyuven al fortalecimiento e impulso del sector social de la economía.

Asimismo, las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en el planteamiento que busca determinar un número mayor de deberes jurídicos a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social, consistentes en la elaboración de estudios, investigaciones, y la consecuente sistematización de la información obtenida de los mismos, con el propósito de conocer las variables internas y externas que influyen en su desarrollo, así como la promoción de la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector, a nivel nacional e internacional, mediando la intervención de los organismos de Representación en que libremente se agrupen, así como el establecimiento del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, a través de la instrumentación de su propia metodología, propiciará, inexorablemente, la configuración de una estructura basilar que permita la generación de condiciones propicias, para la expansión y consolidación de los entes autónomos cuya finalidad esencial consiste en la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios socialmente necesarios, en estricto apego y promoción de los principios, valores, fines y prácticas que rigen su actividad.

Por lo expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora considera convenientes las propuestas de reforma a las fracciones VIII, IX, X y XIII del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

En lo que respecta a la propuesta de reforma a la fracción XXI del artículo 14 de la ley en análisis, cabe señalar que derivado del estudio que sobre el reconocimiento hacen distintos ordenamientos de naturaleza jurídica de la figura asociativa, adoptada por diversos integrantes del sector social de la economía, hecho de valor constitutivo por el cual obtienen personalidad jurídica distinta a la de las personas que los integran, y previo cumplimiento de los requisitos expresos en las disposiciones jurídicas que regulen su actividad, esta comisión dictaminadora llegó a la determinación de modificar la redacción original contenida en la iniciativa materia de dictamen.

Dichas modificaciones consisten en: la configuración de la normatividad que en materia de fomento deba realizar el Instituto Nacional de la Economía Social, así como en la implementación de los mecanismos necesarios a efecto de garantizar el adecuado ejercicio que de los recursos públicos realicen los grupos sociales legalmente no constituidos.

Asimismo, la modificación a la propuesta de reforma de la fracción XI del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, contenida en la iniciativa en estudio, también tuvo como propósito determinar el adecuado ejercicio de los apoyos y estímulos derivados de los mecanismos y programas instrumentados por el Inaes, a efecto de evitar que los beneficios obtenidos con apego a lo dispuesto por la ley en comento, se ejerzan o utilicen con un fin distinto al referido por las agrupaciones sociales legalmente o no constituidas, ya que las reglas y lineamientos que con motivo de fomento de los organismos del sector estructure el Instituto, determinarán los requisitos, términos y condiciones a los cuales deberá sujetarse cualquier ente social interesado en resultar beneficiado.

Por lo manifestado con antelación, esta comisión dictaminadora ha resuelto, en plena consideración de la voluntad de las y los legisladores federales ejecutores del acto jurídico que dio origen a la actividad de este órgano, modificar y reformar la fracción XXI del artículo 14, en los términos previstos en el presente dictamen.

c) Una modificación sustancial es la que tiene que ver con la función de elaborar el balance social de los organismos del sector. La cual coincide con la propuesta de la Iniciativa en estudio en la que se establece que el Consejo elaborará su reglamento de funcionamiento, previendo con ello el principio de independencia para con el instituto en la operación del mismo.

Planteamiento que esta comisión dictaminadora propone incorporar en la fracción IX del artículo 24, del Capítulo II, denominado Del Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social.

Entre cuyas funciones, se propone que se reconozca autoridad para emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación del Programa de Fomento a la Economía Social; también le corresponde impulsar la participación ciudadana y de los organismos del sector en el seguimiento, operación y evaluación del Programa de Fomento de la Economía Social; proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el fomento y desarrollo para el sector de la economía social; y proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia, entre otras más.

Una de las modificaciones propuestas que se consideran más relevantes, es la relacionada con la conformación del mismo: el titular del Instituto, que lo preside; un secretario ejecutivo y consejeros invitados, entre los que puede haber representantes de organismos del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del poder legislativo y de organismos internacionales vinculados con el tema.

Cabe mencionar que una de las preocupaciones del sector era la constitución del consejo, porque suponían que se convertiría en un cuerpo burocrático más, con una presencia mayoritaria de funcionarios públicos. Ahora, con la presente redacción se logra que el Consejo sea un órgano realmente consultivo, con una fuerte presencia de representantes del sector social, de la academia o incluso de organismos internacionales.

Por eso, la comisión dictaminadora estima que esa redacción constituye un avance con respecto a la ley vigente.

d) Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de eliminar el Consejo y el Congreso Nacional por la imposibilidad de poderlas poner en operación, con apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo relativo a las medidas de austeridad que imponen la limitante de contratación de personal, bajo cualquier régimen, la compra de infraestructura innecesaria y la adquisición de inmuebles para albergar al personal que implemente la operación de dichas estructuras del sector social de la economía.

Refrendar esta propuesta de los iniciantes, resultará de un alivio a las finanzas públicas del instituto, redundando en economías, que podrán ser canalizadas a actividades sustanciales de éste.

Además, esta comisión, una vez revisado el proceso legislativo de la reforma que dio vida jurídica a estas estructuras, no encontró elementos financieros que pudiesen determinar el costo por la implementación de dichas estructuras.

e) En el mismo sentido, en el artículo 31, que hace referencia a las formas de organización, la dictaminadora comprobó que uno de los problemas que enfrentan las organizaciones que constituyen la economía social, tiene que ver con las dificultades que encuentran los organismos del sector para tratar de fortalecer su posición a partir de la posibilidad de combinar las capacidades de desarrollo de cada uno. Aunque se podría suponer que esas formas de complementarse mutuamente es algo que debería estar reconocido legalmente, esos procesos se dan en muy baja proporción, debido a la complejidad de la normatividad vigente.

Es por eso que en este artículo se busca establecer la posibilidad de que los organismos del sector se integren en las figuras económicas que faciliten su desarrollo, porque de esa manera podrán conjuntar esfuerzos con empresas que también participan en la economía social.

Una de las preocupaciones que se registraron en las consultas realizadas por la comisión dictaminadora, fue la relacionada con los recursos presupuestales que se destinaban a atender al sector social de la economía.

Se sabe, por un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se destinaron más de 49 mil 900 millones de pesos en recursos de las diferentes dependencias de la administración pública federal, para atender aspectos de interés para la economía social.

Sin embargo, esta dictaminadora consideró que promover cambios en la administración, montos, uso y destino de los recursos presupuestales que están administrados por otras dependencias rebasa las posibilidades de esta reforma legal, por lo que, en la redacción que se propone, se pone énfasis en la necesidad de respetar los recursos presupuestales que se entregan al sector, vigilando que se utilicen correctamente.

Asimismo se consideró necesario incluir condiciones de vigilancia, seguimiento y evaluación, con el fin de garantizar la mejor utilización de dichos recursos. También se incluyó en ese mismo artículo, para proporcionar un elemento particular de certidumbre a los organismos del sector, la necesidad de que los recursos presupuestales que año con año son destinados al sector social, no disminuyan, a menos que una causa de fuerza mayor obligue a reducir los montos presupuestales dirigidos a la economía social.

f) En el caso del Registro Nacional de Organismos del Sector, esta comisión es coincidente con la exposición de motivos de la iniciativa que da origen al presente dictamen, en el sentido de:

...si bien son necesarios los elementos de información para construir la contabilidad del impacto que tiene la economía social y solidaria en el conjunto de la producción y el consumo de país, la constitución de un registro no resuelve esa necesidad y si se convierte en un elemento que constituye mayores cargas administrativas, lo que no se traduce en el fortalecimiento del sector.

Cabe resaltar que existen posibilidades materiales, administrativas y tecnológicas para la obtención de información referente al Sector mediante la concentración coordinada de las bases de datos de otras instancias públicas, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Registro Agrario Nacional y diversas bases de datos en poder de otras instancias de gobierno.

Además de lo aportado por la iniciante, esta comisión, en su análisis concluyó que la fracción VII del artículo 14, en relación con la función del instituto para llevar a cabo “...la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los organismos del sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto...”, contribuye a las finalidades establecidas en la presente ley.

Otro razonamiento que se expuso para determinar su derogación, es que un organismo constitucional autónomo, como lo es Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el competente por encima del Inaes , para administrar la información que se deriva del registro.

Por lo que considera esencial, y congruente con el proyecto de ley, la derogación del Capítulo IV del Título II, que contiene los artículos del 36 al 40, así como todas las referencias jurídicas que se encuentre en la norma.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o. fracciones I y II; 3o., 5o., fracciones I y VII; 7o., 8o., fracción VI; 10, fracciones X y XI; 11, fracciones XII y XIII; 14, fracciones VIII, IX, X, XI y XIII; 15, fracción I, 16 fracción I; 18. fracciones IV y V; 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y el Capítulo II, del Título II, que se denomina “Del Congreso y Consejo Nacional”, 31, 32, 33, 34, primer párrafo, y el Capítulo III del Título II, que se denomina “De los Organismos de Integración y Representación”, el primer párrafo del artículo 41, 43, primer párrafo; 45, primer párrafo y las fracciones II y XVI; 46, 55 y 58; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 5o., fracciones VII, VIII y IX al artículo 8o., las fracciones XII y XIII al artículo 10, la fracción XIV al artículo 11, un párrafo tercero al artículo 13, las fracciones XVIII, XIX, XX y XXI, recorriendo el contenido de la fracción XVIII a la XXII al artículo 14 y se adiciona un párrafo al artículo 31; y se derogan las fracciones V, VI, VIII, X, XII, XIII y XIV del artículo 5o., la fracciones VII y XV del artículo 14, el artículo 17, los artículos 28, 29 y 30, el artículo 35, el Capítulo IV del Título II, denominado “Del Registro”, con los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, las fracciones I, II y III del artículo 41, la fracción VIII del artículo 44, la fracción XV del artículo 45 y el artículo 57, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector social de la economía, y

II. Definir las reglas para la promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Artículo 3o. El sector social de la economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, en concordancia con los términos que establece la presente ley.

Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Sector, el que se refiere en el artículo 3o. de la presente ley;

II. a IV. ...;

V. (Se deroga);

VI. (Se deroga);

VII. Asociados, en singular o plural, a las personas que participan, en su caso, en el capital social de los organismos del sector;

VIII. (Se deroga);

IX. ...;

X. (Se deroga);

XI. ...;

XII. (Se deroga);

XIII. (Se deroga);

XIV. (Se deroga);

XV. Organismos de integración y representación, en singular o plural, a organismos de representación que constituyan los organismos del sector;

XVI. Consejo, al Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social, y

XVII. Acuerdo, al acuerdo de organización y funcionamiento del instituto.

Artículo 7o. Los organismos del sector podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, aceptando sus fines, valores, principios y prácticas señalados en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la misma.

Artículo 8o. ...

I. a V. ...

VI. Facilitar a los asociados de los organismos del sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna;

VII. Participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas;

VIII. Impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad; y

IX. Promover la productividad como mecanismo de equidad social.

Artículo 10. Los organismos del sector orientarán su actuación en los siguientes valores:

I. a IX. ...

X. Subsidiariedad;

XI. Transparencia;

XII. Confianza; y

XIII. Autogestión.

Artículo 11. ...

I. a XI. ...;

XII. Integración y colaboración con otros organismos del sector;

XIII. Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad, y

XIV. Creatividad e innovación en todos los ámbitos y prácticas de los organismos.

Artículo 13. ..

...

La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en la ley, será determinada en términos del acuerdo que al respecto emita el secretario de Economía.

Artículo 14. ...

I. a VI. ...

VII. (Se deroga)

VIII. Llevar a cabo estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;

IX. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la administración pública federal, así como con dependencias de las entidades federativas, municipios y universidades e instituciones de educación superior;

X. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los organismos del sector, siempre que la legislación específica en la materia de cada Organismo del Sector se los permita;

XI. Promover la creación de organismos de representación del sector de conformidad por lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de las formas asociativas que los integran;

XII. ...;

XIII. Difundir los valores, principios y fines del Sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos, y las demás que se establezcan en el acuerdo que emita el secretario de Economía;

XIV. ...;

XV. (Se deroga)

XVI. y XVII. ...;

XVIII. Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital y o impresa sobre los organismos del sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;

XIX. Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país;

XX. Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan para el escalamiento progresivo de los organismos del sector;

XXI. El Instituto en materia de fomento, determinará las reglas, lineamientos y, en general, todo lo necesario a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, en la prestación de apoyos y estímulos a los organismos del sector, y

XXII. Las demás que señale el acuerdo que emita el secretario de Economía.

Artículo 15. ...

I. Los recursos que se le asignen a través de la Secretaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación y atendiendo a las prioridades que se señalen el Plan Nacional de Desarrollo;

II. ...

Artículo 16. ...

I. Un Consejo Consultivo;

II. y III. ...

Artículo 17. (Se deroga)

Artículo 18. ...

I. a III. ...;

IV. Presentar un informe anual de actividades a la secretaría, y turnarlo a las comisiones competentes del Congreso de la Unión, para su conocimiento, y

V. Las demás que señale el acuerdo del instituto.

Artículo 19. El instituto contará con delegaciones en términos del acuerdo que emita el secretario de Economía.

Los titulares de las delegaciones tendrán las atribuciones que determine el acuerdo referido en el párrafo anterior.

Capítulo IIDel Consejo ConsultivoDe Fomento de la Economía Social

Artículo 21. El consejo es el órgano del instituto de participación ciudadana y conformación plural, que tendrá por objeto analizar y proponer acciones que incidan en el cumplimiento del Programa de Fomento a la Economía Social.

Artículo 22. La regulación del consejo, se regirá en términos del Acuerdo que emita el Secretario de Economía, así como por sus Normas Internas de Funcionamiento.

Artículo 23. El consejo sesionará por lo menos cada seis meses y tomará sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca su Reglamento interno.

El consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.

Artículo 24. El consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación del Programa de Fomento a la Economía Social;

II. Impulsar la participación ciudadana y de los organismos del sector en el seguimiento, operación y evaluación del Programa de Fomento de la Economía Social;

III. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el fomento y desarrollo para el sector de la economía social;

IV. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia;

V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el fomento y desarrollo para el sector de la economía social;

VI. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al programa;

VII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

VIII. Formular opinión fundada al director del instituto de la evaluación a que se refiere el artículo 52 de esta ley;

IX. Elaborar el balance social de los organismos del sector; y

X. Expedir su Reglamento Interno.

Artículo 25. El consejo estará integrado por:

I. Un presidente que será el titular del instituto;

II. Un secretario ejecutivo que designará éste, y

III. Los consejeros invitados por el instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos del sector, del ámbito académico, científico, profesional, empresarial, del poder legislativo y/o de organismos internacionales vinculados con el tema.

El presidente del consejo será suplido en sus ausencias por el secretario ejecutivo.

La participación de los consejeros será con carácter honorario.

Su temporalidad será definida en el Reglamento Interno del consejo.

Artículo 26. El consejo podrá recibir la colaboración de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales, de organizaciones civiles y de particulares.

Artículo 27. El instituto prestará al consejo la colaboración necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 28. (Se deroga).

Artículo 29. (Se deroga).

Artículo 30. (Se deroga).

Capítulo IIIDe los Organismos de Integración y Representación

Artículo 31. Los organismos del sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines.

Los organismos del sector para su mejor funcionamiento podrán integrarse en figuras que faciliten su desarrollo y crecimiento económico, en concordancia con lo que dispongan las normas que les resulten aplicables.

Aquellos de índole económica no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad económica.

Los requisitos y procedimientos para constituir organismos de integración y representación de cualquier grado serán los establecidos por las leyes específicas que corresponda a cada una de las formas asociativas de los Organismos del Sector y en las leyes de materia civil aplicables.

Artículo 32. Los organismos de representación podrán agruparse de manera amplia con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

Artículo 33. Los organismos de representación deberán precisar claramente en sus estatutos su jurisdicción, así como los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.

Artículo 34. Los organismos de representación ejercerán de pleno derecho la representación y defensa de los derechos e intereses de sus Asociados y de la rama de la actividad económica en que actúan, así como de los beneficios y preferencias que concede esta y demás leyes específicas a los organismos del sector.

...

Artículo 35. (Se deroga).

Capítulo IV

(Se deroga).

Artículo 36. (Se deroga).

Artículo 37. (Se deroga).

Artículo 38. (Se deroga).

Artículo 39. (Se deroga).

Artículo 40. (Se deroga).

Artículo 41. Se reconocerá el carácter de organismo del sector a todas aquellas organizaciones que, en su caso, hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y estén considerados en alguna de las categorías del catálogo de los diferentes tipos de organismos del sector, elaborado por el instituto.

I. (Se deroga).

II. (Se deroga).

III. (Se deroga).

Artículo 43. Los organismos del sector, en su caso, adoptarán la estructura interna que señale la legislación específica de cada una de las formas asociativas y sus propios estatutos, y que más se adecue a sus necesidades, debiendo contar al menos con los siguientes:

I. a III. ...

...

Artículo 44. ...

I. a VII. ...

VIII. (Se deroga).

Artículo 45. Los organismos del sector deberán ajustarse a lo siguiente:

I. ...

II. Establecer fondos de reserva, previsión social y educación de acuerdo a las leyes específicas, con porcentajes de los excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas; sin que ello les implique mayores cargas de las que se consideren en los ordenamientos legales que, en su caso, las rijan en función de su naturaleza jurídica.

III. a XIV. ...

XV. (Se deroga).

XVI. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otros Organismos del Sector que realicen actividades objeto de fomento. El Organismo del Sector que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes;

XVII. y XVIII. ...

Artículo 46. La secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social así como los programas regionales y especiales, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

Los programa s operará n con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las entidades federativas y municipios.

La operación de los programa s se sujetará a las Reglas de Operación o Lineamientos que al efecto emita la secretaría.

Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a la Secretaría de Economía, al Instituto, al Consejo Consultivo de Fomento, a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores y puestos a disposición del público en general a través de las páginas web de esas instancias.

Artículo 57. (Se deroga).

Artículo 58. El instituto podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto expida el Ejecutivo federal, a los organismos y sus administradores que simulando ser organismos del sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y quedarán derogadas todas las disposiciones normativas que lo contravengan.

Segundo. La integración del Consejo Consultivo se tendrá que realizar en un plazo no mayor de doce meses posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La secretaría deberá expedir el acuerdo a que se refiere esta ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. En tanto la secretaría no emita el acuerdo a que se refiere esta ley, el instituto se regirá, en todo aquello que no la contravenga, de acuerdo con las disposiciones aplicables al momento de entrar en vigor este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), presidenta, Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 16 de abril de 2013, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la minuta proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la minuta:

A través de la minuta proyecto de decreto se pretende reformar el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con la finalidad de establecer un criterio adicional para distinguir a la energía hidráulica como fuente renovable de energía. Así, se plantea considerar como nuevo criterio la densidad de potencia, entendida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse lleno, cuando aquella sea superior a 10 watts/metro cuadrado.

De esa forma se propone adicionar un inciso c) a la fracción II del artículo 1o.de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

“ Artículo 1o. ...

...

I....

II....

a). ...

b). ...

c).Su densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, sea superior a 10 watts/m2.

III. a IV....”

Los argumentos tanto de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para sustentar el dictamen respectivo, así como los incluidos en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la minuta que se dictamina, coincidieron en los aspectos siguientes:

– Se debe aprovechar al máximo el potencial de energías renovables con que cuenta nuestro país.

–  Se debe disminuir y evitar el impacto ambiental, económico y social en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica.

– Los actuales indicadores previstos en el artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética no son suficientes para determinar el beneficio potencial de un proyecto de generación de energía eléctrica.

– Se debe incluir en nuestra legislación indicadores que ya se permiten en instrumentos internacionales.

– Se debe incluir en nuestra legislación el indicador de densidad de potencia, el cual se refiere al flujo de energía que puede aprovecharse de una determinada unidad de volumen, superficie o masa. Indicador que ya es referente en la evaluación de proyectos de generación de electricidad a partir de fuente eólica, solar o hidroeléctrica.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones:

Primera.Los integrantes de esta Comisión de Energía coinciden con colegisladora, en el sentido de incrementar el aprovechamiento de nuestras fuentes renovables de energía. Para ello, se estima conveniente mejorar constantemente la estructura jurídica que regula dichas fuentes renovables a fin de aprovechar al máximo el potencial que tiene nuestro país en esa materia.

Segunda.La minuta que se dictamina, como se ha indicado más arriba, pretende modificar el ámbito de aplicación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, al adicionar un criterio para distinguir a la energía hidráulica como fuente renovable de energía; y así, considerar también la densidad de potencia, entendida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse.

Tercera.Actualmente, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para el efecto, considera, como fuente de energía renovable, entre otras, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.

A partir de la reciente reforma al artículo 1o. de la referida ley, publicada el 12 de enero de 2012, se excluye de su objeto algunas fuentes para generar electricidad, entre las cuales se encuentra la regulación de la energía hidráulica de fuentes con capacidad de generar más de 30 megawatts, excepto en dos casos, a saber:

a) Cuando se utilice un almacenamiento menor a 50 mil m3 de agua o se trate de un embalse con superficie menor a 1 hectárea y no se rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua; y,

b) Cuando se trate de un embalse ya existente, aún de capacidad mayor, que sea apto para generar electricidad.

Es decir, conforme a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, se tienen previstos como criterios para distinguir a la energía hidráulica como fuente de generación de electricidad renovables, la capacidad de generación no mayor a 30 megawatts; el volumen de almacenamiento menor a 50 mil m3; la superficie del embalse menor a 1 hectárea –sin rebasar el volumen de almacenamiento- y la preexistencia del embalse –no obstante que rebase la capacidad de generación-.

Cuarta. Se considera que el volumen de almacenamiento de una represa o el área de embalse no son suficientes para definir el beneficio potencial de un proyecto de generación hidráulca. Esto es así, ya que si la capacidad de generación es reducida, la afectación provocada por la superficie inundada es muy grande.

El factor que se introduce en la reforma de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética que aquí se dictamina, es un criterio utilizado en las metodologías aplicadas en la certificación de proyectos de generación de energía hidráulica como proyectos de desarrollo limpio, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Se trata de la densidad de potencia. Este factor es una mejor referencia, pues refleja el uso óptimo de los recursos y permite distinguir los proyectos que pueden tener un menor impacto ambiental, comparado con los beneficios por la generación de energía eléctrica.

El factor densidad de potencia, entonces, se define como el resultado de dividir la capacidad de generación instalada entre el área del embalse lleno.

Quinta.Los integrantes de esta Comisión de Energía estiman necesario precisar que nuestro país es parte de ese instrumento jurídico internacional, ya que ha firmado y ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático así como el Protocolo de Kyoto. Estos documentos se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y el 24 de noviembre de 2000, respectivamente.

El Protocolo de Kyoto, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, en su artículo 12 establece el llamado Mecanismo para un Desarrollo Limpio con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a lograr un desarrollo sostenible, así como ayudar a los países desarrollados a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio se han establecido determinados criterios para considerar como proyectos de desarrollo limpio a los basados en la generación de energía eléctrica hidráulica, a partir de considerar los límites de densidad de potencia de esos proyectos; es decir, se evalúan los límites de su capacidad de generación instalada dividida por la superficie inundada para ser estimados como proyectos de desarrollo limpio.

En los límites de densidad de potencia (watts/metro cuadrado) indicados en la referida metodología se establecen tres hipótesis:

a) Hidroeléctricas con densidad de potencia inferior o igual a 4 watts/metro cuadrado, no se estima como viable para ser proyecto de desarrollo limpio.

b) Hidroeléctricas con densidad de potencia superior a 4 watts/metro cuadrado e inferior a 10 watts/metro cuadrado con un factor de emisión condicionado, puede ser estimado como viable para ser proyecto de desarrollo limpio.

c) Hidroeléctricas con densidad de potencia superior a 10 watts/metro cuadrado, se estima como viable para ser proyecto de desarrollo limpio.

Este último criterio, es el que se ha considerado para ser inserto en el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a fin de permitir que la energía eléctrica producida a partir de recursos hídricos con una densidad de potencia superior a 10 watts/metro cuadrado sea considerada como fuente renovable de energía y, por lo tanto, se considere del ámbito de aplicación de la citada ley y acorde con los criterios utilizado a partir de la implementación de los instrumentos jurídicos internacionales de los que nuestro país forma parte.

El beneficio de la reforma aquí dictaminada es indudable. Como antes se mencionó, se aprovechan mejor los recursos utilizados en la generación de energía limpia, con lo cual se contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Así las cosas y en atención a las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable el planteamiento previsto en la minuta y, por tanto, la aprueban en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Único. Se adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

“Artículo 1o. ..

...

I. ...

II. ...

a) ...

b) ...

c) Su densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, sea superior a 10 watts/m .

III. a IV. ...”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Thresholds and criteria for the elegibility of hydroelectric power plants with reservoirs as CDM project activities.UNFCCC/CCNUCC. CDM-Executive Board. Report EB23. Annex 5. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://cdm.unfccc.int/EB/023/eb23_repan5.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier  (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta, Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY MINERA - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las comisiones de Derechos Humanos, de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se pongan a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se pongan a discusión y a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y del Código Penal Federal.*

Tiene el uso de la voz doña Margarita Tapia Fonllem, para fundamentar el dictamen.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Buenos días; diputada, diputados. Con su permiso, señor presidente. Vengo a presentar a nombre de la Comisión de Derechos Humanos el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, a nombre de la comisión.

Presentamos a consideración del pleno este dictamen, que se suma a la serie de esfuerzos del Poder Legislativo para enfrentar la grave situación de riesgo que se vive y que existe en el ejercicio del periodismo en México.

Las y los periodistas enfrentan una gran inseguridad con motivo de su profesión; los graves eventos de secuestro, desaparición, amenazas, asesinatos y agresiones a sus instalaciones, gran parte permanece en la impunidad.

Las investigaciones penales permanecen estancadas y hay un déficit de sanciones a los responsables. Lo han señalado las organizaciones nacionales e internacionales: la libertad de expresión en México está en peligro, porque en los últimos años nos hemos convertido en uno de los países del mundo con más asesinatos de periodistas.

Desde tiempo atrás, el periodismo independiente y veraz ha sido limitado por la acción de poderes fácticos, caciques y élites locales. Hoy son los grupos del crimen organizado y mafias compenetradas con las instituciones las que ejercen un cerco sobre los medios de comunicación, que en ocasiones han optado por la autocensura con tal de poner a salvo su vida y la subsistencia de su actividad.

Las modificaciones legales que hoy presentamos han sido objeto de la atención de un sinnúmero de actores del gremio y de activistas desde hace al menos una década; el fundamento constitucional de esta reforma se encuentra en el decreto publicado el 25 de junio de 2012, por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, el cual faculta a las autoridades federales para atraer los delitos del fuero común que afecten la integridad de los periodistas y medios de comunicación.

Con este proyecto el Congreso reglamenta la norma constitucional y detalla comprensivamente los casos en que la federación puede ejercer la facultad de atracción, incluyendo la presencia de circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, y también en caso de que la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo.

Se modifican los tipos penales aplicables a los ataques contra periodistas o instalaciones para los que se aumenta la pena hasta en un tercio cuando se presuma el dolo, de acuerdo a los supuestos normativos y se acrecienta la pena en presencia de violencia de género, de acuerdo con el marco legal establecido.

Destacamos que la propuesta atiende un problema de la distribución de competencias, ya que la regulación de estos delitos continúa en los códigos penales locales. Pero el Congreso asume la facultad de reglamentar la atracción de estos casos considerados de naturaleza dolosa y que cuentan con el agravante de vulnerar el derecho de información y las libertades de expresión o imprenta. Asimismo los tribunales federales tendrán competencia para conocer de este tipo de delitos del fuero común, cuando la Procuraduría los investigue y presente los elementos correspondientes.

Resalta que en esta ley se obliga a la autoridad federal a dar respuesta en 48 horas a la solicitud de atracción, y se otorga a la víctima un recurso de reconsideración si la autoridad investigadora niega la solicitud.

Se dispone la permanencia de la Unidad Administrativa Especializada dentro del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dicha unidad tendrá pleno acceso a datos, registros, actuaciones y las investigaciones con lo que comienza el proceso de fortalecimiento institucional, de acuerdo a las principales recomendaciones internacionales a las que debemos dar pleno cumplimiento con una fiscalía capaz y fortalecida para un mejor desempeño de sus nuevas atribuciones.

Finalmente, queremos hacer un reconocimiento al trabajo legislativo en conjunto con las organizaciones Freedom House, Artículo 19, el Comité para la Protección de los periodistas, el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, la oficina del abogado general de la UNAM y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con el compromiso de trabajar por una implementación plena de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Solicitamos al pleno considere votar a favor de esta propuesta y así cumplir con nuestro deber de proteger y defender la actividad periodística. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general. Para la fijación de posturas, tiene el uso de la voz en primer lugar el diputado René Ricardo Fujiwara, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

También tengo inscritos al diputado Ricardo Mejía, a la diputada Ruth Zavaleta, al diputado Vicario Portillo, al diputado Pedro Ignacio Domínguez y a la diputada Esther Quintana.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el derecho humano a la libertad de opinión y expresión, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos representan sin duda el pilar primordial que todo Estado democrático debe salvaguardar y garantizar, simbolizando una herramienta esencial para que la ciudadanía ejerza la defensa de los otros derechos fundamentales. Todo esto como un elemento central de la democracia y basado en el acceso a la información.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que una sociedad informada representa la clave esencial para la protección de múltiples derechos individuales, y también colectivos, que caracterizan a los sistemas democráticos. Asimismo, este derecho fundamental guarda una estrecha relación con la promoción del desarrollo económico y la gobernabilidad.

La libertad de expresión permite formarse un criterio propio y, como consecuencia, la posibilidad de expresar sus ideas y voluntad con mayores elementos de juicio; en este sentido, entre la libertad de expresión y el acceso a la información se encuentran actores esenciales que permiten enlazar estos derechos fundamentales. Me refiero a los periodistas, reporteros, camarógrafos y editores, quienes han sido amedrentados por su labor en muchas partes del país, ya sea por grupos ligados al crimen organizado, o lo más lamentable, por instancias relacionadas con el poder político.

Se ha llegado a niveles tan evidentes de intimidación, que incluso se ha atentado en contra de sus instalaciones de trabajo. Recordemos el caso del periódico Mural, en Guadalajara, que fue blanco de ataque recientemente.

Los periodistas constituyen un eslabón imprescindible para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades políticas, por lo que como legisladores tenemos la responsabilidad y la obligación de salvaguardar su integridad, a partir de herramientas jurídicas que desarrollen su profesión en un clima de libertad y de paz.

Por ello, enviamos nuestra solidaridad a todos aquellos que a diario hacen frente a los intentos de censura, poniendo en peligro su integridad física y arriesgando su propia vida.

En los últimos años nuestro país ha experimentado múltiples situaciones negativas a causa de una estrategia de seguridad que a todas luces fue equivocada. Debido a ésta, grupos fácticos han pretendido prostituir la gobernabilidad del Estado y han intentado intimidar al ciudadano en su diario vivir.

Todos los que trabajan en los medios de comunicación son también víctimas de estos grupos. Tan solo de enero de 2005 a noviembre de 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad y seguridad personal. Lamentablemente la CNDH tiene registrados 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores del año 2005 al 2012.

La violencia contra quienes informan a la sociedad de la realidad tiene un efecto disuasivo para el libre flujo de las ideas, de la información, y por tanto representan ataques no solo contra ellos, sino que afectan la libertad de expresión en sí misma y al derecho de todas las personas a procurar, obtener y recibir información.

Esto es también un agravio severo a la libertad de todas y todos los mexicanos. A esto se suma la situación generalizada de impunidad ya que muchos de estos no son juzgados, lo cual dota de confianza a estos grupos fácticos e incrementa significativamente la incidencia de estos delitos, de la censura o de la tristísima autocensura a la que son orillados algunos periodistas.

Organizaciones como el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, además de los organismos protectores de los derechos humanos han manifestado su preocupación por la prensa mexicana, misma que está siendo violentada de manera alarmante y ha ido perdiendo rápidamente su libertad de ejercer la manifestación libre de las ideas.

En mi fracción parlamentaria votaremos a favor de este dictamen, porque estamos plenamente convencidos de la importancia de expedir la normatividad que permita dar operatividad plena a estas disposiciones constitucionales y con ello garantizar el ejercicio libre de la expresión y el desarrollo de las actividades periodísticas, al establecer un marco que garantice el libre ejercicio de este derecho humano.

Las diputadas y diputados de Nueva Alianza reconocemos con total admiración la labor periodística, no solo por sus actos de heroísmo ante lo peligroso, sino también por la importancia del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. El derecho humano a la libertad de expresión es una libertad esencial para la democracia, para el desarrollo del conocimiento y, por tanto, para el avance de nuestra sociedad. El agravio a quienes nos informan es un agravio para todos nosotros, es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que los invito a votar a favor de este presente dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está a favor de este dictamen, porque es fundamental seguir avanzando en la protección y en la salvaguarda del ejercicio periodístico y de la libertad de prensa en nuestro país.

Hoy en día en nuestro país ejercer el periodismo es una profesión de altísimo riesgo por las condiciones actuales. No solamente están sujetos a las acechanzas del crimen organizado, sino también a sátrapas gobernantes inescrupulosos, que no les gusta que haya libertad de prensa o crítica a sus acciones y a su actuación.

Sin embargo, en los últimos años esta actividad ha sufrido ataques cada vez más constantes y es ya una preocupación que reflejan organismos internacionales de derechos humanos y asociaciones internacionales del gremio periodístico.

Es conocido —porque es relativamente reciente— el caso de la periodista Regina Martínez, del semanario Proceso, y también las continuas agresiones que recibe el periódico El Siglo de Torreón, al que le han levantado trabajadores, no solo periodistas, sino del área administrativa, como una manera de intimidar y de estar ejerciendo presión sobre este medio de comunicación. Son reiterados los ataques al Siglo de Torreón y sigue la impunidad.

Ayer mismo, en Saltillo, un reportero gráfico del periódico Vanguardia, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de solo 22 años, fue encontrado descuartizado.

Urge poner un freno a estas constantes agresiones al ejercicio de la libertad de expresión, por eso saludamos esta iniciativa y aplaudimos ahora sí la celeridad de los trámites parlamentarios. Ni un minuto más de impunidad, ni un minuto más de censura o autocensura a la actividad periodística provocada por estas asechanzas inmediatas y cruentas que viven.

Por eso exhortamos también a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Justicia, que sigan avanzando en todos los temas que tienen que ver con la materia de derechos humanos. Necesitamos vivir en un país de libertades, no en un país de represión, no en un país autoritario, porque se ejerce violencia contra los periodistas, pero también contra los movimientos sociales, también contra el disidente y muchas veces enmarcado en el paraguas del crimen organizado se hacen imputaciones que no corresponden.

Por eso vamos a votar a favor de este dictamen, pero al mismo tiempo hacemos un llamado a los gobiernos a que respeten el ejercicio de la libertad de expresión, a que no estén haciendo amenazas veladas o abiertas a través de personeros, a periodistas, comunicadores o reporteros gráficos. Vamos a votar a favor. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Con su venia, presidente. Como único punto —que estamos discutiendo en este momento— es exhortar, respetuosamente, a los Congresos locales de las entidades federativas en donde se tipifica la difamación y otros delitos contra el honor, los deroguen e implementen las medidas legislativas para armonizar los ordenamientos locales con las prevenciones internacionales y nacionales en la materia.

He escuchado con mucha atención a los compañeros diputados que me antecedieron en la palabra, porque sin lugar a dudas el tema de los derechos humanos es uno de los pocos temas que nos unen, tanto a los grupos de los partidos emergentes como a los grupos mayoritarios en esta Cámara de Diputados, sin condicionamientos.

En este caso, el único medio con los que cuenta cualquier nación para conocer lo que acontece, en cualquier ámbito, es el de la comunicación, por eso el tema resulta tan sensible, mismo que desde años atrás han sido agredidos por transmitir, de manera oportuna, eficiente y eficaz, los acontecimientos ocurridos en cualquier parte del mundo y que incluso les ha costado a muchos de ellos la vida.

Para nadie es un secreto que los periodistas mexicanos se han visto seriamente afectados por la creciente ola de violencia acontecida actualmente en nuestro país. Las cifras que actualmente se manejan de periodistas muertos y que, por supuesto, son extraoficiales, oscilan entre 70 y 80.

Lo anterior nos habla de periodistas asesinados, sin contar las agresiones que sufren solamente por el crimen organizado, solo por hacer su trabajo; es decir, en algunos casos denunciando la impunidad con la que operan algunas instituciones o gobernantes de esas instituciones.

Como legisladores nos ocupa este tema, porque para elaborar más y mejores leyes debemos estar bien informados, y esa información fluye a través de aquellos periodistas capaces y valientes que se han atrevido a otorgarnos la noticia en el momento en que suceden las cosas, y a nosotros nos corresponde denunciarlas y reglamentar aquello que la ciudadanía nos demanda, con el objetivo de elevar y mantener una sociedad con una mejor calidad de vida, bien informada, pero sobre todo, garantizada en sus derechos.

Es por ello que estamos muy complacidos y el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista votará a favor de este dictamen, muy complacidos de aprobarlo en sus términos, porque brinda certeza jurídica a un decreto promulgado por el Ejecutivo federal en junio de 2012.

Las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal, les brindan a nuestros periodistas y medios de comunicación la tranquilidad de estar amparados ante cualquier agresión derivada del cumplimiento de su trabajo y que no sean vulnerados sus derechos y su integridad. Es cuanto, presidente. Gracias por su atención estimados diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Vicario Portillo Martínez:Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados aquí presentes, los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores de derechos y periodistas en México deben detenerse. Es necesario romper el ciclo de impunidad en México, que se ha estado convirtiendo en un lugar cada vez más violento para aquellos que ejercen la labor de periodismo.

Así, tal y como lo señala nuestra Constitución mexicana, las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Con estas nuevas facultades de la PGR esperamos que las autoridades federales no tengan ningún obstáculo para atender la violencia contra el gremio periodístico. Esta reforma da un criterio legal y obligatorio a las acciones del Estado, a fin de evitar simulaciones ante este problema, como se han dado en ciertos estados con altos niveles de riesgo para los periodistas.

Debemos fortalecer la labor de los órganos, para combatir la impunidad que reduce la seguridad, la esperanza y la certeza de los periodistas y medios de comunicación agredidos.

Hasta hoy la Fiscalía Especial ha logrado un número muy bajo de consignaciones y sentencias por estos casos. Sabemos de muchos periodistas han tenido que cambiar de domicilio o de actividad, o que son obligados a renunciar o guardar silencio.

El fenómeno de autocensura en algunos medios es una consecuencia de la inseguridad y la impunidad y debería ser revertido, pues pone en riesgo la misma democracia y el estado de derecho.

Por eso sabemos que aún queda pendiente otorgar autonomía y mayores recursos para la Fiscalía Especial que investiga estos casos, como han recomendado explícitamente en sus informes distintos órganos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Grupo Parlamentario del PRD hace votos a favor de este dictamen, y al mismo tiempo hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República, a fin de que trabajemos conjuntamente en un esquema que fortalezca a la Fiscalía Especial en el proceso de restructuración administrativa, a fin de cumplir con las recomendaciones internacionales y lograr la mayor eficacia en la labor de investigación, Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Esther Quintana Salinas: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, desde 1948, con la expedición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoció de manera expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho implica que ningún individuo puede ser molestado por sus opiniones, que podrá investigar y recibir información, y que puede difundirlas sin más límites que el derecho de los terceros.

Por tanto, es nuestro deber exigir la reforma de las disposiciones normativas que permitan dar plena vigencia al derecho fundamental de la libre expresión, reconocido en el artículo 6o. de la parte dogmática de nuestra Carta Magna.

Con la aprobación del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y del Código Penal Federal, el cual fue apoyado y aprobado por Acción Nacional desde su propuesta en la Cámara de Senadores, estamos ciertos de que se fortalecerá el marco jurídico nacional de una manera armónica, integral y sistemática, garantizando la seguridad y los derechos de todos los periodistas y de todos los ciudadanos.

Apenas el día de ayer —y esto lo digo con profunda pena— en mi estado, en el estado de Coahuila, un joven fotógrafo del periódico local Vanguardia fue encontrado muerto, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, que tenía apenas 22 años; hacía un mes que había empezado a trabajar en el diario como fotógrafo en el área de sociales, y ayer su cuerpo fue encontrado en la madrugada mutilado.

Es doloroso, lamentable, reprobable y reprochable que se estén dando en nuestro país este tipo de hechos, lo cual no solamente vulnera el derecho fundamental de los mismos, sino el de todos los mexicanos, porque el papel social que desempeñan los periodistas es esencial, pues la libertad de expresión es también un derecho colectivo de la sociedad.

Es una verdadera vergüenza para nuestro país que el Instituto Internacional de la Prensa nos equipare a países tradicionalmente peligrosos para los periodistas, entre otros Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras y Brasil. Es momento de poner el ejemplo contrario mediante las modificaciones normativas que resulten necesarias para convertirnos en un país que no solamente reconozca el derecho humano a la libertad de expresión y de prensa, sino que también garantice plenamente su ejercicio libre y pacífico, sin el riesgo que implica atentar contra la integridad física, libertad, seguridad y vida de los periodistas que se ven amenazados y que son asesinados, como ocurrió con este joven de 22 años que trabajaba para el periódico Vanguardia.

Las reformas propuestas se consideran de suma importancia, dado el grave contexto de inseguridad e impunidad que prevalece en el país, especialmente respecto al avance de investigaciones penales por agresiones a periodistas, así como la falta de sanciones a los responsables de las mismas y la serie de recomendaciones a nivel internacional que debemos cumplir.

La última reforma al artículo 73 constitucional instauró la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación sobre delitos del orden común que agravian a periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión e imprenta.

El tercero transitorio de dicha reforma menciona que la autoridad federal podrá ejercer la referida facultad de atracción después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, lo cual constituye el fundamento de la presente propuesta.

Como en muchos otros casos, se presenta la necesidad de armonizar las leyes secundarias con las reformas constitucionales en la materia, así como con las necesidades sociales que han surgido debido a las constantes agresiones que aquejan a los periodistas y a toda la sociedad en su conjunto, debilitando las estructuras garantistas que deben mantenerse en todo estado de derecho.

Como partido humanístico y democrático, comprometido con reconocer y garantizar de manera plena y eficaz los derechos humanos de todo individuo y de asumir dicho compromiso con todos los mexicanos, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen.

También quiero expresar nuestro más sentido pésame a los familiares de este infortunado joven, fotógrafo de Vanguardia, por la muerte tan vil que le dieron; exhortamos respetuosamente a las autoridades correspondientes para que ejerzan la ley y se castigue con todo el peso de ésta a los infames y perversos que cometieron este tipo de crimen. Muchísimas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda.

Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de estudiantes de la licenciatura en ciencias políticas y de administración pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que están aquí invitados por el diputado José Antonio Rojo García. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También a los estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega, sede Atotonilco, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado José Valle Magaña. Bienvenidos todos.

Adelante, diputado.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda:Con su venia, señor presidente y con la autorización. Un saludo a todas las compañeras diputadas y compañeros diputados que estamos presentes en esta sesión.

Acudo en nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para manifestar que votaremos a favor del dictamen que recae sobre la minuta que envía el Senado de la República y que modifica y reforma diversas disposiciones legislativas, todas ellas que tienen que ver con la protección a los periodistas y a los medios de comunicación. Lo hacemos porque la realidad así lo impone.

De los últimos reportes emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos que en los últimos 12 años han sido aproximadamente 626 las agresiones que se han dirigido contra periodistas o medios de comunicación. También lamentablemente son más de 50 amigos, compañeros periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión, y más de 11 tienen calidad de desaparecidos.

Recientemente vemos la agresión que sufrió el periódico Mural, en la ciudad de Guadalajara y otras más que han sucedido a lo largo y ancho de la República. No podemos permitir —estando inertes, inactuantes ante esta circunstancia— como legisladores que no hagamos lo que en nuestra competencia corresponde para evitar este fenómeno.

Lo hacemos con convicción, porque estas reformas que se proponen —y a las cuales nos sumamos— fundamentalmente buscan proteger los derechos fundamentales, los derechos más elementales de los seres humanos, como es la libertad de expresión, la libertad de opinión y también —por qué no decirlo— como es el derecho que tenemos como miembros de una sociedad de recibir información oportuna, objetiva, veraz.

Estos derechos se ven seriamente violentados con estas agresiones y afectan, sí, a los medios de comunicación; afectan, sí, a quienes valientemente desempeñan la labor periodística. Pero también nos afectan como sociedad, nos afectan como Estado democrático, porque un Estado en el cual no pueden expresarse libremente las ideas, las opiniones, donde no puede desarrollarse con plenitud el periodismo, es un Estado que adolece, a plenitud, de ese valor fundamental, que es la democracia.

Por eso nosotros nos sumamos a este decreto y felicitamos a la Comisión de Derechos Humanos por dar este paso adelante.

Pero también aprovecho la ocasión, hago propia la misma para hacer una atenta solicitud a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. El día 23 de octubre de 2012, un servidor solicitó la constitución de una comisión especial de esta Cámara de Diputados para dar seguimiento a estas agresiones contra periodistas y medios de comunicación, y a la fecha no se ha resuelto por parte de la Junta de Coordinación Política.

Creo que como Cámara de Diputados no podemos quedarnos únicamente en la aprobación de esta minuta, sino que también debemos asumir una actitud proactiva, asumir nuestra responsabilidad y constituir esta comisión especial que coadyuve y que fortalezca a los otros órganos del poder público del Estado para erradicar de una vez por todas este fenómeno nocivo para la sociedad mexicana, que se traduce en la agresión a los seres humanos que desempeñan la labor del periodismo y a los medios de comunicación. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la voz, para hablar a favor del dictamen, la diputada Aurora Aguilar.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez:Muchas gracias, presidente, con su venia. Agradezco profundamente la oportunidad de la asamblea de manifestar a favor nuestra postura, como ya lo hizo mi compañera Esther Quintana, sobre este dictamen.

Éste es un dictamen que hoy todos los mexicanos, todas las mexicanas, todos los diputados y diputadas tenemos que celebrar. Este dictamen debe celebrarse, porque los ciudadanos nos exigen allá afuera libertad, nos exigen mayor participación en la vida pública, nos exigen estar mejor informados.

La semana pasada un periodista en mi estado, en Tlaxcala, fue encarcelado; fue encarcelado porque el oficial mayor de gobierno se sintió agraviado en una columna, fue encarcelado por difamación. Pero este periodista además tiene otras tres denuncias similares y todas hechas por funcionarios públicos de primer nivel.

No se trata aquí de traer los temas locales a la tribuna, pero sí se trata aquí de que esta asamblea vele por los derechos y por la libertad de todos y cada uno de los mexicanos.

Ese 7 de abril aciago, en Tlaxcala, cuando se encarceló a un periodista por sus dichos, también se amordazó a la sociedad tlaxcalteca; primero es un periodista y después será cualquier ciudadano que exprese lo que no está de acuerdo del régimen que le gobierna.

Es muy gratificante para nosotros este dictamen y quiero felicitar profundamente a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y particularmente celebrar que todas las posturas de todos los grupos políticos han sido a favor; celebro profundamente la postura de la izquierda mexicana, celebro profundamente la postura del Partido Acción Nacional, que es mi partido, pero por supuesto celebro mucho la postura recién escuchada del PRI. Me da mucho gusto que el PRI vaya a votar a favor, me da mucho gusto que el PRI promueva la libertad de todos los mexicanos.

Estoy cierta que después de este dictamen, este caso —como el de muchos otros en el país— podrá ser atraído por la autoridad federal y podremos darle certeza a los mexicanos de que en México se vale expresarse, se vale no estar de acuerdo y mientras más podamos dialogar, y a partir del diálogo resolver nuestras diferencias, en ese momento estaremos construyendo esa patria generosa, ordenada, libre, que nuestros hijos nos exigen y que nuestros ciudadanos allá afuera nos están pidiendo a gritos.

Banderas de libertad son las banderas que debemos respetar, banderas de libertad son las banderas de Acción Nacional, banderas de libertad son las banderas de los ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, también para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, por más que se intente sustraer uno de los temas más importantes que se están presentando en el país, no podemos hacerlo.

Hoy es uno de los días en que uno se alegra de que haya consenso en modificaciones a la legislación penal en una materia sumamente sensible: la protección y la libertad de los derechos de expresión.

Hoy los periodistas de México viven sometidos, no solo por los gobiernos, sino también por el crimen organizado; hoy, quienes se dedican a informar en el país, no solo viven con bajos salarios, no solo viven amenazados por el poder, sino se ha sumado la delincuencia organizada. Su labor y su trabajo lo realizan bajo circunstancias muy delicadas en ambientes hostiles.

La función del periodismo en México es más peligrosa que donde hay guerras regulares; la profesión de periodismo en México es más vulnerable que la que se vivió en Irak o en dictaduras que lastiman de manera cotidiana los derechos humanos.

Quiero reconocer también a los gremios de periodistas, no solo a los integrantes de esta Cámara —que lo hago— igual que a la Comisión de Derechos Humanos, pero gracias a la presión de los gremios, hoy se está llevando a cabo este acto legislativo que nos debe de honrar.

Están presentes, incluso, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Hay representantes que estarán pendientes, de Amnistía Internacional o de organismos internacionales de la defensa de los derechos humanos.

Este es un buen ejemplo que contrasta enormemente con los discursos diazordacistas que escuchamos al inicio de la sesión, estos que piden castigos ejemplares para los maestros por inconformarse, estos que piden encarcelamiento inmediato para aquellos que no supieron escuchar a los maestros de Guerrero. Es contrastante esta ley y este acto del Poder Legislativo con este espíritu exaltado de algunos legisladores.

Deberían leer la historia, no es bueno exaltarse, hay que actuar con prudencia en momentos difíciles; las asambleas legislativas sirven para ser interlocutores frente a los graves problemas del país, no sirven para incendiar la pradera. Me quedo con las voces sensatas y prudentes que piden diálogo, lejos del encarcelamiento de los maestros.

El gobernador de Guerrero, en lugar de pedir más policías, debería pedir más recursos para atender el abandono y la miseria en la que vive Guerrero. Eso lo honraría, no pedir más policías para reprimirlos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. En razón de que no hay artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, por cinco minutos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, aprobar la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos y maestros de la licenciatura de derecho de la Universidad Mesoamericana, campus Tehuacán, obviamente de la ciudad de Tehuacán, Puebla, que están aquí invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena. Bienvenidos a esta sesión.

También a un grupo de alumnos de la escuela Preparatoria Oficial Número 97, del municipio de Tlalnepantla, estado de México, que nos acompañan hoy aquí en la sesión invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda a un grupo de la delegación Tláhuac, invitados por doña Guadalupe Socorro Flores Salazar y a personas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Morelos, invitados por Maricela Velázquez Sánchez. Sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: De viva voz, la diputada Tanya.

La diputada Tanya Rellstab Carreto (desde la curul): A favor.

La diputada Mónica García de la Fuente(desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 451 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Jorge Herrera Delgado para fundamentar el dictamen. Está considerada la moción suspensiva de don Alfredo Rivadeneyra, pero como él debe de saber —como estudioso del derecho parlamentario, que me consta lo es— la moción suspensiva viene cuando se abra a discusión el asunto.

El diputado Jorge Herrera Delgado:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, ninguna disposición debe favorecer a un sector social en detrimento de otro. No existe argumento que justifique una inconsistencia en el marco jurídico que reporte injustamente ventajas para un eslabón de la cadena productiva mientras se menoscaba el núcleo más vulnerable en esta relación, que es la clase trabajadora.

Es una cuestión de responsabilidad parlamentaria subsanar aquellas disparidades en la legislación que generen incentivos perversos, y más aún cuando tales distorsiones resuenan en el desarrollo de sus representados.

La iniciativa que hoy se presenta para la discusión y, en su caso, aprobación de este honorable pleno de la Cámara de Diputados propone reformar el artículo 27 y derogar el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

Esta iniciativa tiene como propósito fundamental la homologación y armonización de los conceptos que determinan el salario base de cotización de la Ley del Seguro Social con los de la Ley del Impuesto sobre la Renta; su espíritu es simplificar, fiscalizar y recaudar, y hay que decirlo, que es en ese orden. Con esta reforma se pretende corregir distorsiones del sistema legal vigente, que han permitido a algunos patrones subestimar los salarios de sus trabajadores para pagar menos cuotas al Seguro Social, y por la otra parte, sobreestimar los mismos salarios al SAT para poder obtener una mayor deducción del impuesto sobre la renta.

Es en este sentido que se considera perjudicial que se eludan las obligaciones con el erario por una laguna o una inconsistencia, dejando, por un lado, de contribuir a la hacienda pública y, por el otro, a las prestaciones sociales de una clase vulnerable.

Persistir en este error, una vez que nos hemos dado cuenta, sería francamente irresponsable.

Diferir en torno a las orientaciones o motivaciones de una propuesta es justificado y propio de una sociedad democrática, pues a ésta la componen un conjunto de intereses legítimos, a veces confrontados, que buscan el consolidar su visión de la realidad. Pero lo que no es ni legítimo ni justificable es insistir en la continuidad de una discrepancia sin fundamento que reporta consecuencias económicas y sociales de enorme trascendencia para nuestra sociedad.

Sin embargo, el aprobar esta reforma podrá evitar la simulación, la subestimación del salario de los trabajadores, la discrecionalidad y los dobles reportes. Estaremos beneficiando por igual al sector empresarial, al sector obrero y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

En efecto, compañeras y compañeros, con esta reforma el sector empresarial se verá beneficiado al obtener una mayor simplificación en el cálculo de las cuotas que deben enterar al IMSS y al tomar una sola referencia en la determinación de las exenciones. Además, con estas modificaciones se beneficia a los empresarios cumplidos, que debo señalar, son mayoría, pues se les pone el piso parejo.

Por otra parte, esta reforma beneficia a la clase trabajadora, pues aquellos trabajadores que están siendo perjudicados por estas distorsiones obtendrán los recursos que legalmente les corresponden para su pensión y para su vivienda.

Esto es de suma importancia y es nuestro deber velar por los intereses de nuestra fuerza laboral. Hoy en día hay trabajadores que no están recibiendo los recursos que legamente les corresponden para su vivienda y para su pensión, como consecuencia de prácticas abusivas que hoy se vienen presentando, que debemos decirlo, son prácticas que permite la ley vigente y que incluso las incentiva, por eso buscamos su corrección.

Finalmente, quiero comentarles que esta reforma apoya al Instituto Mexicano del Seguro Social, institución de la más alta importancia para todos los mexicanos, una institución que —tenemos que decirlo— está en problemas y hay que revisar a fondo su operación.

Si bien ésta no es la reforma que subsanará todas sus deficiencias, sí —tenemos que decirlo— que es una reforma necesaria y que se hace en el camino correcto. Con esta iniciativa el IMSS obtendrá una sólida herramienta de fiscalización que le permitirá, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, detectar prácticas abusivas de los empleadores en detrimento de los trabajadores y de sus finanzas.

De esta forma, amigas legisladoras y amigos legisladores, la iniciativa que está a su consideración implica un escenario de ganar, ganar para todos. Queremos apoyar a los empresarios, a los trabajadores y, por supuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Quiero agradecer la participación activa de los integrantes de la Comisión de Hacienda que elaboraron este dictamen, y con ello se refleja su compromiso con México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es mucho. Está a la consideración. Tiene el uso de la voz, para presentar moción suspensiva, don Alfredo Rivadeneyra Hernández. Muy apreciable, por cierto.

El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández:Gracias, presidente. El asunto que nos ocupa se ha venido discutiendo a lo largo de los últimos días, desde que se hizo pública la pretensión de aprobar en comisiones el dictamen que reforma la Ley del Seguro Social, y que esta pretensión buscaba hacerlo atropellando —así lo decimos, con todas sus letras, atropellando— la legalidad, hasta que en la sesión del pasado martes finalmente fue incluido en el orden del día para dar declaratoria de publicidad al dictamen de referencia, este asunto sin duda alguna ha generado polémica.

En primer término, y a nombre del Partido Acción Nacional, de su grupo parlamentario, resulta fundamental dejar en claro una primera circunstancia: No estamos en contra del fondo de la discusión. No estamos en contra —como se ha pretendido hacer saber a la opinión pública— ni de los trabajadores ni de los eventuales beneficios que la aplicación de una ley de esta naturaleza, de una reforma de esta naturaleza pudiera acarrear. Pero de lo que sí estamos en contra es de la evidente falta de apego a la normatividad que rige los trabajos de esta Cámara, y de la también evidente falta de respeto al clima de acuerdo, de diálogo y de civilidad política que también deben privar en la Cámara de Diputados.

En primer término, respecto de los argumentos jurídicos, no obstante desde la tribuna el día martes, los diputados Rubén Camarillo y el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José Isabel Trejo, dieron argumentos sólidos y consistentes para acreditar que los supuestos bajo los cuales está expresamente facultada la posibilidad a los secretarios de la comisión para convocar a falta de la convocatoria del presidente no están acreditados.

No obstante se ha hecho este señalamiento en reiteradas ocasiones, hoy la pretensión del atropello a la legalidad está llegando a un culmen, que nos obliga a repetir la argumentación.

El artículo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 146, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados dan cuenta justamente de la obligatoriedad a la que están sujetas las comisiones de convocar y de reunirse, cuando menos una vez al mes.

Sin embargo, la interpretación bajo la cual se pretende hace cuadrar la convocatoria ilegal que ha dado pie a este dictamen tiene que ver con considerar que esta obligatoriedad mensual debe contabilizarse a partir del último día de la sesión.

Es evidente que esta interpretación está hecha a modo para justamente dar justificación y cauce al dictamen. Si el mes no ha vencido, en consecuencia, la comisión no está en falta; evidentemente la convocatoria celebrada por los secretarios no encuentra causal y, por supuesto, el dictamen que emane de una sesión cuya convocatoria es cuestionable, evidentemente no es legal.

Nosotros hemos venido señalando reiteradamente el llamado al diálogo, para no poner en riesgo una reforma de este calado. Yo, y nuestro grupo parlamentario, no entendemos cuál es la razón y la prisa por la cual hay esta reiterada pretensión de atropellar la norma. Pero no es solo eso, estimadas diputadas y diputados, también hay un atropello al clima de civilidad y diálogo que debe imperar en los debates que se desahogan al interior del Congreso.

También hemos señalado que en el marco de actuación en que las fuerzas políticas hemos decidido darle cauce a las reformas, había un acuerdo claro de que todas las reformas que contuvieran justamente un componente recaudatorio debieran ser tratadas en el segundo semestre del año.

Esto no es un producto de un capricho ni de sujetarse irrestrictamente a una agenda que eventualmente nosotros podemos complementar y perfeccionar, sino para hacer un adecuado balance integral de la reforma hacendaria improrrogable para el país. No es pues caprichosa nuestra solicitud de respetar los acuerdos. Cuando nosotros exigimos el respeto a la legalidad, también exigimos respeto al interlocutor y al clima que debe imperar en la Cámara.

En la sesión del martes, tras la intervención de nuestro compañero diputado Rubén Camarillo, se señaló que los presidentes de las comisiones —termino, presidente— no eran dueños de las mismas, que no eran dueños de los temas que ahí se abordan. No podemos sino coincidir con esta afirmación, pero también señalamos que tampoco las mayorías son dueñas de la legalidad ni les está permitido atropellarlas.

Para todos es sabido que este tema es tan polémico, que incluso en el proyecto que se circuló el día de ayer a todos nosotros, el asunto no estaba en el orden del día, se incorporó. Porque se sabe que en lo jurídico y en lo político pone en riesgo la naturaleza del dictamen y el clima de diálogo con el que debemos seguirnos conduciendo. Por ello solicitamos se dé cauce a esta moción. Gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández.

Moción suspensiva

El suscrito con fundamento en el artículo 114, fracción IX y artículo 115 numerales 1 y 2, y demás correlativos de la sección cuarta “Mociones”, del Reglamento de la Cámara de Diputado, presento formalmente ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente moción suspensiva, a efecto de que suspenda la discusión, y en su caso la votación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

Con las siguientes consideraciones:

Vengo a esta tribuna a presentar una moción suspensiva, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción X, 114, numeral 1, fracción IX y, 122, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de que no se presente a la discusión el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que se encuentra inscrito en el orden del día de esta sesión.

Lo anterior tomando en consideración el siguiente hecho:

La Comisión de Hacienda y Crédito Público está presentando a la consideración de este Pleno, con la anuencia de la Mesa Directiva, un dictamen cuyo origen es el acuerdo verbal de los secretarios de la Junta directiva de la comisión, con el argumento de la ausencia de convocatoria por parte del presidente de la comisión.

Al respecto, quiero hacer las siguientes precisiones:

1. Por cuanto a las convocatorias.

• La comisión tiene la obligación de reunirse una vez al mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 146, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• La redacción de los artículos antes señalados indica que las reuniones de las comisiones deben llevarse a cabo, por lo menos una vez al mes, esto es, durante el mes calendario. Ello no implica que deba ser de momento a momento;es decir, que si en un mes el presidente convoca con fecha 15, el siguiente mes, podría convocar en un día distinto y estaría cumpliendo formalmente con su obligación, de acuerdo a las normas internas del Congreso.

• Por cuanto a la posibilidad de que los secretarios de la Junta Directiva sustituyan al presidente de la comisión para convocar a una reunión, cabe apuntar que en el reglamento existen dos supuestos claros para ello:

a. Cuando el Presidente de la Junta Directiva no convoque para instalar formalmente la comisión, después de los quince días hábiles posteriores al acuerdo que la conformó(artículo 46, numerales 1 y 2), y

b. Cuando el Presidente de la Junta Directiva no convoque a una reunión, una vez que se ha agotado el término legal para ello; es decir, después de que ha transcurrido todo un mes calendario, sin que el presidente haya emitido una convocatoria para citar a los integrantes de la comisión (artículo 151, numeral 1, fracción II).

2 Por cuanto a la presentación de los dictámenes.

El artículo 177, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo siguiente:

“El Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote.”

En tanto que3 el artículo 63 del Reglamento señala que:

“1. La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos los asuntos incorporados en el orden del día estén fundados, motivados y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.”

Finalmente el artículo 85, numeral 1, fracción VII dispone que:

“VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar”.

Por lo anterior y en virtud de la ilegalidad del procedimiento con el que se presenta el dictamen a consideración de este Pleno es que someto a la consideración del mismo la presente moción.

Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted, señor diputado don Alfredo Rivadeneyra. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración de inmediato a discusión la moción suspensiva.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Buenas tardes, señoras y señores legisladores. Con el permiso de la Presidencia. La seguridad social es un tema de suma importancia para México; la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud de calidad, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso, y previo cumplimiento con los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

El dictamen a discusión tiene por objeto homologar la base de cotización del IMSS con la base gravable del impuesto sobre la renta. Se busca hacer más compatibles ambas bases gravables y lograr una mejoría en las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y las trabajadoras.

Al homologar las bases de ambas contribuciones se pretende que éstas se calculen sobre los ingresos que efectivamente perciben los trabajadores por la prestación de servicios personales subordinados.

Es por ello que el grupo parlamentario que represento reconoce los beneficios que conlleva esta reforma, sobre todo al homologar la cuestión de salario y obtener recursos adicionales que permitan al Instituto Mexicano del Seguro Social enfrentar algunas de las dificultades financieras que hoy encara.

No obstante, debemos señalar que esta reforma debe fortalecerse con la debida transparencia y fiscalización de todos los recursos del IMSS para dar certidumbre jurídica a sus derechohabientes.

Nueva Alianza está consciente de que esta reforma representará un beneficio para los trabajadores y trabajadoras, en la medida en que el incremento del salario base de cotización repercutirá a futuro en una pensión más sólida. Pero debemos hacer el señalamiento respecto de si el tratamiento que se le pretende dar a la participación de los trabajadores en las utilidades es el adecuado, por lo que el grupo parlamentario que represento vigilará que esta medida no perjudique al trabajador.

Por otro lado, es importante resaltar que esta reforma no impacte en los ingresos federales, ya que se estima que en lo que se vaya a recaudar por parte del IMSS, el erario federal podría estar dejando de recaudar una cantidad aproximada de 800 millones de pesos.

Esto debe considerarse también para que las cuotas que se pagan al Seguro Social, el patrón las tiene que hacer deducibles del impuesto sobre la renta en un 50 por ciento y eso es lo que impactaría al presupuesto de los gastos fiscales.

Asimismo consideramos que esta reforma hay que acompañarla con ciertas medidas que garanticen el sano desenvolvimiento del sistema presupuestario del instituto, pues si bien se obtendrán más recursos derivados de esa reforma, lo cierto es que existe un gran reclamo de transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos; es decir, el IMSS debe de hacer un esfuerzo para abatir ineficacias, insuficiencias y focos de corrupción en su funcionamiento, de otro modo esta reforma quedaría en el nivel de una medida meramente recaudatoria, una acción para obtener más recursos de los contribuyentes.

Es decir, debe establecerse una estrecha vigilancia en el programa de adquisiciones de medicamento, de equipo médico; informar claramente si los ingresos adicionales del IMSS derivados de esta reforma van a ser designados para esos rubros y, por otro lado, revisar cuidadosamente todos y cada uno de los sistemas de adquisiciones.

En otro sentido, es preciso mencionar que una dificultad de la que ha venido adoleciendo nuestro sistema de seguridad social ha sido la falta de una planeación adecuada en cuanto a infraestructura, por lo que se debe proceder hacia una correcta planeación integral y eficaz de los recursos destinados a infraestructura.

Reiteramos nuestro voto a favor del presente dictamen, en el sentido de que las propuestas reportarán beneficios a los trabajadores y si el instituto administra eficazmente los ingresos adicionales se contribuirá al saneamiento de sus finanzas.

También hay que señalar que las reformas que contiene el dictamen a discusión generarán condiciones para incrementar el combate a las prácticas de elusión fiscal, que perjudican a la hacienda pública y en este caso concreto merman los beneficios que los trabajadores pueden obtener como producto de una vida larga de trabajo.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que debemos avanzar hacia una reforma integral de la seguridad social en el país, en la perspectiva del universalismo básico que se está abriendo paso en el mundo. Además debemos acordar, de una vez por todas, la reforma fiscal integral que permita al Estado solventar sus obligaciones sociales sin hipotecar el futuro de la nación.

En este sentido, hacemos votos porque este dictamen se inscriba en el marco de las grandes reformas por venir, de tal manera que la reforma que hoy votamos abra el camino para lograr estos grandes acuerdos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Ricardo Cantú Garza, del PT, tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que discutiremos pretende modificar la Ley del Seguro Social, con el objeto de homologar los salarios base de cotización para efectos de la seguridad social con los salarios reportados para efectos del impuesto sobre la renta.

Lo anterior implica resolver el problema que se presenta actualmente de que se están reportando salarios menores para las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contraste con lo que se tiene contratado para la retención del impuesto sobre la renta. Este hecho genera que se entere a las arcas del Instituto Mexicano del Seguro Social un monto menor de cuotas de seguridad social.

Esta reforma pretende contribuir a mejorar la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese sentido, es una reforma noble; sin embargo, como lo expresamos en la discusión en comisiones, llega tarde y es insuficiente.

Se habla de que el déficit de operación del IMSS es de 18 mil millones de pesos. Estimaciones del director del instituto señalan que los cambios que se aprobarán generarán recursos adicionales por 3 mil millones de pesos. En ese sentido, esta reforma atenderá parcialmente los problemas financieros del IMSS.

El aspecto positivo de la reforma tiene que ver con que se limita la posibilidad de que los patrones, para fines de cuotas obrero-patronales, reporten que los trabajadores reciben un salario menor al real, que sí es reportado para deducir la nómina y pagar menos impuesto sobre la renta, que ha venido beneficiando a los patrones en detrimento de los trabajadores y del interés común.

Esta reforma va a permitir que los trabajadores vean incrementados sus recursos para efectos de jubilación, de vivienda y los recursos para las prestaciones de salud.

Compañeras y compañeros diputados, consideramos que esta reforma es el primer paso para empezar a ordenar las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Debe recordarse que parte de las cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS se aplican a incrementar las desvalidas reservas matemáticas que sirven para garantizar el pago de las jubilaciones que no tienen fondeo.

En la discusión de la Comisión de Hacienda se plantearon algunas consideraciones que creemos que deben ser señaladas ante este pleno. Todas las fuerzas políticas que votamos a favor del dictamen coincidimos en la necesidad de fortalecer al Seguro Social. Votamos a favor porque conocemos las carencias que hay en la atención médica, la falta de medicinas, la falta de equipamiento para que los derechohabientes no esperen meses y meses para ser operados y para realizarse estudios.

Queremos resaltar que otras bancadas hicieron propuestas relevantes, como por ejemplo que el Instituto Mexicano del Seguro Social rinda un informe del uso de los recursos adicionales que se recaudarán producto de esta reforma; se propuso también que los recursos sean destinados exclusivamente para inversión en infraestructura y atención médica, que son dos de los principales déficit que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda manifestaron con toda claridad la prohibición de que los recursos sean utilizados para gasto corriente.

Por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Tiene el uso de la voz doña Luisa María Alcalde Luján, a nombre de Movimiento Ciudadano, una entusiasta promotora. ¿No viene Luisa María? Viene Ricardo Monreal; adelante.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, el Instituto Mexicano del Seguro Social presenta actualmente enormes deficiencias que se traducen en un endeudamiento constante, en el desabasto de medicinas y en disfuncionalidades organizacionales, presupuestales y financieras.

Como consecuencia, se observa una considerable disminución dentro de sus capacidades para garantizar el acceso a la salud, a la seguridad, a la protección social y sus afiliados...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Revisen el sonido del diputado Monreal y que nos haga favor de subir un poco, para que se escuche mejor, por favor. Adelante, diputado, disculpe la interrupción.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Oiga, me compensa los 20 segundos, presidente. Y siempre ha sido generoso.

Les decía, que todo esto que padece el Seguro Social resulta de suma gravedad, ya que su misión radica en reducir la enorme desigualdad del país, abatir la pobreza a través de los servicios médicos, farmacias, pensiones, guarderías infantiles, centros de capacitación, entre otras prestaciones otorgadas a millones de mexicanos.

Si bien es cierto que actualmente la Ley del Seguro Social y la Ley del Impuesto sobre la Renta dan tratamiento diferenciado a los componentes del salario, ocasionando distorsiones, puesto que ambos deberían reflejar de manera precisa el ingreso que efectivamente reciben los trabajadores, también es cierto que ésta no es la principal razón por la que el IMSS carece de recursos.

Las causas más importantes por las que se ha originado esta situación responden al abultado y creciente gasto corriente, a la falta de profesionalización de su personal administrativo, a las prácticas evasivas, pero sobre todo, a la corrupción y a sus derivados.

Según el informe de la situación financiera global 2010-2011, la totalidad de su pasivo absorbería el patrimonio del instituto, y aún así la cantidad obtenida no sería suficiente para cubrir los pasivos derivados de las obligaciones laborales asociadas al régimen de jubilaciones y pensiones.

Tan solo para este año el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 421 mil millones 656 millones de pesos; 167 mil 209 pesos para gastos programables del IMSS, de los cuales 127 mil millones de pesos serán destinados a pensiones; es decir, el 30 por ciento de los recursos.

El dictamen que nos compete el día de hoy propone reformar todas las fracciones del artículo 27 de la Ley del Seguro Social para que los conceptos que se excluyen del salario base de cotización se homologuen a los montos por los que se encuentran exentos y no son gravados para el trabajador, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La lista de instrumentos que se ven afectados contempla los bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades, las cuentas destinadas a la subcuenta del retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez, las aportaciones de la subcuenta de vivienda, la alimentación y habitación que se encuentran en especie, los premios de asistencia y puntualidad, las cantidades aportadas por el patrón para constituir fondo alguno para pensiones o derivados, la contratación colectiva y las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario laborado.

También se propone derogar el artículo 32. Vale la pena decirles que el dictamen presenta deficiencias ya que se tata de modificar una serie de conceptos que se excluyen como integrantes del salario base de cotización en la Ley del Seguro Social, para supuestamente homologarlos con los considerados como base del ingreso de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, mantiene gravados rubros como los aguinaldos, las primas vacacionales, las primas dominicales, las cuales están exentas parcialmente para efectos tributarios en el impuesto sobre la renta. Sin duda alguna las propuestas que ahora estamos discutiendo presentan claroscuros.

Como ventajas de los cambios cabe mencionar que disminuirían las prácticas de aquellos patrones que declaran salarios inferiores a los que perciben sus trabajadores, lo cual les permite pagar menos cuotas del IMSS.

Elimina también la distorsión anterior, con esta eliminación se lograría un incremento en las cuotas de retiro y de vivienda de los trabajadores. Actualmente los empleados pagan 2.6 pesos de cada 100 y se estima que por cada peso extra que aporten ganarían aproximadamente 6.7 pesos en las aportaciones a sus cuentas de ahorro, debido al salario base de cotizaciones y que serán determinados tomando en cuenta lo que efectivamente reciben.

Debo advertir, señores legisladores, que hemos decidido en el grupo un voto libre. Hoy discutimos como todos los días y hemos decidido empezar a dar y otorgar libertad a los legisladores. En nuestro Grupo Parlamentario la mayoría opina que deberíamos votar a favor, pero hay las reservas y por tanto, dejaremos en libertad el voto.

Debo reconocer también que ayer afirmé que lamentablemente parecía ser que este dictamen sería retirado por presiones externas, porque la semana pasada vi sentados en las curules a los representantes de las altas cúpulas empresariales cabildeando con los grupos parlamentarios de esta Cámara. Me alegra —y es también conveniente reconocer cuando así sucede— que no fueron sometidos y que esta Presidencia también logró mantener el dictamen.

En todo caso, los que estén en contra pueden rechazarlo o pueden regresarlo a comisiones, pero lo importante era continuar el proceso formal que establece el derecho parlamentario y nuestros ordenamientos jurídicos vigentes. Por esa razón, presidente, me parece muy importante la discusión y, sobre todo, el que sea sometido a la consideración de esta asamblea un dictamen que había sido leído ya y se había dado publicidad a la misma.

Nosotros creemos que es un paso importante y votaremos en consecuencia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado:Gracias, señor presidente. A la distancia en los tiempos, quizá no atraiga mucho y además resulte hasta fuera de moda, de la moda política, a más de 100 años del inicio de uno de los movimientos sociales más importantes de este país, hubo un pacto político que hoy tiene vida y que tiene reivindicaciones, aunque choque el concepto, reivindicaciones de clase.

El derecho humano a la salud, el derecho a la seguridad social, entendida como cubrir el riesgo de trabajo, una percepción en el retiro, en la cesantía o en vejez, la guardería para las hijas o hijos de las madres trabajadoras y ahora también de los padres trabajadores —en algunas hipótesis— las prestaciones sociales, la enfermedad y la maternidad, son reivindicaciones que se plasmaron, señoras y señores legisladores, en dos preceptos de la Constitución Política de modo directo, en el artículo 4o. y en el artículo 123. Ése es el origen de la Ley del Seguro Social, que se materializaron en una ley en 1943, en 1975, y la otra que entró en vigor en 1995.

¿Qué ha pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social? En días anteriores —no sé si ustedes vivan y convivan con esa realidad, creo que la mayoría— fui al hospital general de la capital de mi estado, en una situación por demás penosa, dolorosa, en el servicio de urgencias para darle una camilla a un paciente en estado de coma habría que esperar el alta en otra camilla, pero también hay que saber que el alta es por muerte. Ésas son las condiciones.

La consulta externa prácticamente desaparecida, las consultas de especialidades aplazadas a meses, ¿qué ha pasado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, concebido —dije— con una reivindicación de clase, de redistribución de la riqueza y de manifestación de una política auténtica de solidaridad con sentido social? Qué bella expresión, solidaridad, que luego se las apropian y se desvirtúan.

¿Qué hacer con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a 15 años o más de su última ley, cuando tenía 15 millones de asegurados tenía 250 mil trabajadores? Hoy con 16 millones de asegurados tiene 430 mil trabajadores. Se concatenan las cosas. Hay un déficit terrible en el gasto de operación.

No me parece correcto el argumento de que los patrones malos pagan mal, informan cosas diferentes en el marco de la Ley del IMSS y del Impuesto sobre la Renta. Ese argumento es falso. La Ley del IMSS tiene los conceptos que integran salario para efectos de la cuota del Seguro Social, y la del Impuesto sobre la Renta tiene los conceptos que la excluyen para el pago de ese impuesto.

Colegas, no le digamos mentiras a la gente, la Ley en este momento del IMSS y la Ley del Impuesto sobre la Renta autorizan a que el patrón pague como la ley le manda. De manera que si la problemática del instituto y del sistema pensionario más importante del país requiere un replanteamiento vamos a ir a éste, pero hay otros de fondo.

Me decía un colega de una entidad federativa con un nivel de desarrollo económico destacado, dice: mi delegación es superavitaria. Y yo le he dicho: la nuestra no.

Le pido su tolerancia, ciudadano presidente, solo si usted me lo permite y la asamblea, que por cierto, también con relación al procedimiento es la máxima autoridad a la que nos subordinamos todos.

Y le dije, mi estado no es superavitario en las cuotas que pagan los patrones y la prestación de los servicios y del aseguramiento, pero ése es el sentido de solidaridad que se debe rescatar. Porque no podrá Guerrero, no va a poder Oaxaca, no va a poder Chiapas, Tlaxcala, Durango, Nayarit, Zacatecas. Este organismo no es una empresa financiera. Debato con usted.

Señor presidente, lo respeto a usted y respeto, por supuesto, a la asamblea. Solo les digo: hay déficit en el IMSS, en la operación en el ramo de enfermedad y maternidad. Hay superávit en la operación, en riesgo de trabajo y en invalidez y vida; hay un pasivo laboral que requiere una atención urgente.

La revisión de los sistemas de seguridad social no es solo revisar la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, es revisar la viabilidad de todos los sistemas de seguridad social en este país. Por su tolerancia, presidente, colegas, mi respeto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la voz el señor diputado don Jhonatan Jardines Fraire, del PRD.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire:Muchísimas gracias a mi grupo parlamentario, que me dio la oportunidad el día de hoy de subir a fijar posición por parte de nuestro grupo parlamentario y, en especial, a todos mis compañeros e integrantes de la Comisión de Hacienda, que de ninguna manera fuimos a un acto ilegal, fuimos porque está dentro del Reglamento y fuimos con todo el apoyo y la convicción de que el PRD siempre va en las reformas con que apoyamos a los trabajadores.

También siempre he creído que cuando uno llega a esta curul uno es un sujeto libre, y que nadie nos da la oportunidad de llegar aquí y de saber si un día podemos votar como se le antoja a alguien o como se nos antoja a nosotros. Creo que la libertad siempre la ejercemos todos y cada uno de los compañeros que estamos aquí.

El PRD fuimos en esta reforma, que parece insignificante, pero que por uno u otros actores se empezó a polarizar, porque es una reforma que estamos viendo que por dos simples artículos le da oxígeno y respiro a una de las instituciones sociales más importantes de nuestro país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estamos convencidos, en el PRD, que no es la reforma de fondo, que necesitamos una verdadera reforma donde todas las fuerzas políticas antepongamos uno de los derechos más importantes que se consiguieron —como lo dijo alguno de mis antecesores— en una de las Constituciones más sociales del mundo, que fue la de 1917 de este país.

Necesitamos ir libres y con ese compromiso, sin presiones, como lo hicimos las semanas pasadas en las curules de este recinto. Fuimos también por esta reforma, porque consideramos que se puede hacer un nuevo tipo de legislación cuando se presenta, y el PRD fue por ciertos candados en específicos.

Hay que auditar plenamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y saber por qué en una década aumentaron cerca de 40 mil plazas. Necesitamos saberlo, compañeros. Esos son los candados por los cuales mi partido votó, y votamos porque buscamos una transparencia de todos y cada uno de los recursos que se destinan aquí.

El instituto no es una beneficencia, es un derecho, y eso es en lo que nosotros tenemos que estar conscientes, compañeros.

Sabemos que el Instituto del Seguro Social también nos permite estabilidad social, no es solamente una pequeña condescendencia de los poderosos, es una conquista social de los trabajadores en su momento. Eso es lo que nosotros seguiremos y vamos a seguir apoyando en nuestro partido.

Esperemos que —como lo dice mi compañero presidente de la Comisión de Seguridad Social— en esta Legislatura se dé la trascendencia a esta institución que está en riesgo, que está en crisis, que está en números rojos, y que necesitamos que esta Legislatura vuelva a darle la viabilidad que se le ha venido quitando desde hace 18 años, con una política económica que lo ha dejado en la ruina. Es un llamado absolutamente a todas las fuerzas políticas que hoy estamos disputando la viabilidad de esta institución.

Les dije a mis compañeros y a todos ustedes que sería breve, porque en este recinto —señor presidente, si me lo permite— ni nos escuchamos, ni nos vemos. Ojalá pongamos más atención en todas y cada una de las cosas que discutimos y nos la tomemos con la seriedad que representa para nuestro país. Gracias, compañeros. El voto del Partido de la Revolución Democrática será a favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Muy reconocido, señor diputado Jardines Fraire. Don Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, tiene usted el uso de la voz para posicionar a su grupo parlamentario.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, México ha pasado a lo largo de su historia por grandes luchas que han desa-rrollado nuestros pueblos, grandes luchas que han generado sangre, mucha sangre; la Revolución Mexicana tuvo más de un millón de muertos en un país de solo 12 millones de habitantes. Eso es violencia, compañeras y compañeros.

La institucionalización del país ha sido un gran logro que los sistemas políticos de México han logrado. México, país de instituciones, ésa debe de ser una de las máximas de la nación.

Ahora bien, las instituciones del Estado mexicano se componen de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Legislativo el Congreso de la Unión, a través de dos Cámaras, es el contrapeso de los excesos que puede haber por parte del Ejecutivo y el contrapeso de los excesos de la propia población, para darnos leyes e instituciones que finquen nuestro convivir humano.

¿Cómo es posible, compañeras y compañeros, que en la institución de la Cámara de Diputados —que todos nos honramos en ser participantes— verdaderamente hagamos a un lado, por una supuesta mayoría, las instituciones que nos hemos dado?

Así lo mencionó nuestro compañero, esta asamblea es soberana y debemos de cumplir sus directrices. Una de las directrices que han dictado estas asambleas es establecer nuestro Reglamento y nuestra Ley Orgánica y la hemos hecho simplemente a un lado, con estas comisiones espurias que han formado y con estos dictámenes espurios que se han publicado ilegalmente por la Mesa Directiva de esta Cámara. No lo debemos permitir.

Ahora bien, estamos inmersos en un gran pacto político en el país, el Pacto por México; el Pacto por México debe de tener —antes que todo— un comportamiento político de las fuerzas que lo integran. Ese comportamiento político debe de ser un comportamiento de civilidad, de compañerismo y sobre todo de respeto a las instituciones.

Por el otro lado, el Pacto por México debe tener una sincronía en este tremendo entramado de más de 90 puntos, una sincronía para que esto vaya transitando conforme vaya correspondiendo. Los integrantes del Pacto por México hemos dicho que una parte importante de esa sincronía es la reforma fiscal total. La reforma financiera debe de estar a su tiempo, nunca antes.

El entramado fiscal y financiero de nuestro país no puede estar sujeto al botepronto de pequeños grupos en nuestra Cámara de Diputados, porque se les ocurrió que podía ser algo muy bonito.

Debemos de esperarnos, compañeras y compañeros, a que venga la reforma propuesta por el Ejecutivo —que así ya se nos dijo— a fin de poder acomodar estas piezas tan complicadas. Estas dos iniciativas, por lo pronto la del Seguro Social y la que viene de la Ley Minera, están totalmente fuera de sincronía.

Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que en materia económica cualquier cambio fiscal o cualquier cambio que impacte a las empresas o a los trabajadores, se tiene que hacer con mucha responsabilidad y cautela.

Un aspecto muy importante de nuestra economía exportadora es el costo total de hacer negocios en México. Esta reforma del Seguro Social definitivamente, aisladamente tomada, impacta al costo total de hacer negocios en México, sin ninguna otra derivación de otra ley fiscal que pudiera compensar esta situación.

Es una irresponsabilidad que hagamos una reforma a la Ley del Seguro Social sin que esté sincronizada con la reforma fiscal, sincronizada con otras reformas financieras del país.

Ahora bien, se habla de que el Seguro Social está muy pobre, se habla de que el Seguro Social está quebrado; entonces, ¿por qué compra la Afore 21, haciendo una inversión de más de 10 mil millones de pesos? Todo esto debe de ser sincronizado.

Es necesario que sigamos este entramado delicado acorde con el Pacto por México y, sobre todo, acorde con lo que dictan nuestras instituciones, que nosotros mismos nos hemos dado. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Doña Regina Vázquez Saut, del PRI, termina la ronda de posicionamientos.

La diputada Regina Vázquez Saut:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional aprueba la iniciativa que hoy discutimos en este honorable pleno de la Cámara de Diputados.

No existe ningún razonamiento sólido para que haya una base gravable distinta entre lo que se entera a la autoridad hacendaria y se deduce, y entre lo que se reporta al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esto, en un sentido u otro, es una contradicción injusta, ya que no puede ser que los patrones dejen de pagar contribuciones al fisco federal por aportaciones en especie y distintas al dinero a sus trabajadores, pues éstas son deducibles por ser parte del salario, pero que las mismas no sean consideradas al momento de integrar el monto que se deba aportar para la seguridad social.

El PRI votará a favor de este dictamen, porque estamos convencidos que al hacerlo estaremos beneficiando al empresario, a los trabajadores y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

En efecto, el dictamen que hoy aprobaremos representa grandes beneficios para todos y cada uno de los mexicanos, para los trabajadores, porque terminará con la subdeclaración del salario base de cotización, que con la regulación actual afecta su ahorro para el retiro y la posibilidad de obtener más recursos para su vivienda.

Se verá reflejado en beneficios para el IMSS, porque mejora la posibilidad de fiscalizar el pago de cuotas obrero-patronales al instituto al contar con una legislación más sencilla y transparente, que le permitirá mejorar sus ingresos para brindar mejores servicios a la población.

El PRI busca iniciar un nuevo camino para el IMSS, institución que ha dado servicios por más de 70 años. El IMSS nos necesita, compañeras y compañeros legisladores, y en el PRI seremos impulsores de su saneamiento y de su fortalecimiento.

Dará de igual manea beneficios a las empresas, porque simplifica el pago de contribuciones y reduce los costos administrativos asociados al doble cálculo de éstas y finalmente dará beneficios a las finanzas públicas, al fomentar que los patrones sean consistentes en sus cálculos. Las autoridades contarán con más elementos para una fiscalización que implique menores costos y mayor eficiencia.

Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos con el desarrollo de México, porque nuestros intereses están por encima de cálculos políticos o intereses particulares.

Por ello es que saludamos el presente dictamen, que reafirma y consolida a nuestro IMSS en su carácter solidario y redistribuidor del ingreso nacional, atendiendo diligentemente a las expectativas de sus derechohabientes y de la sociedad en general, garantizando que disponga de los recursos que le permitan proporcionar servicios de calidad y, de igual manera, garantizar un retiro digno y expandir su cobertura a otros núcleos de la población.

En el Partido Revolucionario Institucional tenemos convicciones sólidas en cuanto al fortalecimiento de la seguridad social, garante del acceso a la salud, a la asistencia médica, a la subsistencia digna y a servicios sociales que generan bienestar.

El Estado mexicano tiene un compromiso insoslayable con los trabajadores y sus familias, situación donde la seguridad social ha sido un elemento fundamental para la redistribución de la riqueza, el abatimiento de la pobreza y la movilidad social.

Éste es un ejercicio obligado por parte del Poder Legislativo que así responde a la demanda de sus representados, en el sentido de mejorar a las instituciones de seguridad social, las cuales —no está por demás decirlo— fueron abandonadas deliberadamente en las últimas administraciones federales.

Lo que toca ahora es demandar respetuosamente al Poder Ejecutivo que haga la parte que le corresponde en esta titánica tarea, en donde en todos los estados de la República mexicana se ha tocado el tema y hoy en día nos toca discutir y aprobar en el pleno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, Regina. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la carrera de administración pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Saluda a los alumnos con excelentes resultados en la Prueba Enlace 2012, de la Delegación Regional Noreste, cabecera San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por esta mujer que es casi una misionera, doña Petrita Barrera Barrera. Sean ustedes bienvenidos.

Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se han registrado en contra don José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, y a favor doña Lilia Aguilar Gil y doña Luis María Alcalde Luján.

Inmediatamente después de esto cantaremos las reservas; es una, la de la fracción VI del artículo 27, porque las otras tres solo se inscriben y siendo adiciones no se hacen como reserva. Tiene el uso de la voz don José Arturo Salinas Garza.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, creo que ha quedado por demás evidenciado que en esta Cámara se ha cometido una violación al Reglamento y que el día de hoy la pretenden consumar los diputados del PRI. Este acto es un claro desafío a la normatividad interna y sobre todo manda una clara señal de que el PRI tiene muy poco respeto por las instituciones y por este Congreso.

En Acción Nacional no podemos tolerar estas conductas arbitrarias y menos cuando tratan de defender lo indefendible, en perjuicio de los trabajadores y de millones de familias de este país. El impacto social de esta reforma es muy grande y es muy grave; es una lástima que se hayan negado a debatir en las vías y en las formas adecuadas.

Los que voten a favor de esta reforma están votando en contra de los ciudadanos de México; quiero saber cómo le van a explicar a un trabajador y a su familia que una vez que se apruebe esta reforma su salario llegará reducido, llegará semana a semana con un cheque reducido y esto afectará la calidad de vida de él y de sus familias.

Los que voten a favor de esta reforma están votando a favor de la elusión y la evasión, están votando en contra de la generación de empleos y están votando en contra del desarrollo de este país.

A los que voten a favor, quiero preguntarles cómo pretenden explicar su voto. La respuesta es que no pueden explicarlo, por eso se negaron a debatir, por eso el albazo, por eso la arbitrariedad.

Creo que cada diputado va a tener un momento muy complicado para explicarles a los trabajadores de este país por qué votaron a favor de que su salario se vea reducido.

¿Cómo van a ver a la cara a los empresarios de este país, cuando lo que están haciendo es hacerlos menos competitivos? En un marco de competencia global, lo que están haciendo es generar menos empleos y afectando el desarrollo del país.

Compañeros diputados, quiero pedir su voto en contra de este dictamen. Las razones son muy claras: violaciones al procedimiento, argumentos falaces de apoyo a los trabajadores, perjuicio a los patrones y a la generación de empleos, en fin, están votando en contra del desarrollo de este país.

Compañeros diputados, ojalá y en conciencia sean congruentes, como en Acción Nacional somos los diputados; que sean congruentes con los ciudadanos y con el desarrollo de México; ojalá y sean congruentes —como en Acción Nacional— y voten en contra de este atropello, de esta afectación directa a los bolsillos de los trabajadores, porque en Acción Nacional seguiremos siendo congruentes y por eso votaremos en contra de esta reforma y a favor de los mexicanos. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. No puedo dejar de hacer algunos comentarios sobre la intervención de quien me antecedió en la palabra.

Nosotros no nos negamos a debatir, estuvimos en las comisiones, a diferencia de los miembros del Partido Acción Nacional, de todas las demás fracciones parlamentarias; estuvimos en las comisiones debatiendo esta iniciativa y dando la cara y explicando por qué y para qué estamos subiendo y modificando el artículo 27.

No, no nos va a costar trabajo explicar esta iniciativa, porque nosotros no estamos mintiéndole a los mexicanos. Ésta sí es una iniciativa que finalmente traerá justicia social a los trabajadores, y no queramos engañar a los mexicanos con el chupacabras, o con ahí viene el cucú y queriendo decir que se disminuirán los sueldos. Tampoco hagamos con irresponsabilidad —y lo digo con todas sus palabras— ésta una guerra entre el empresariado y la Cámara de Diputados, porque no hay tal, señores. Esta no es una guerra entre el poder público y el empresariado de este país.

No estamos elevando las cuotas a los empresarios, no estamos elevando los impuestos a los empresarios, estamos homologando la base de cotización de los sueldos para las cotizaciones al IMSS con lo que se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cerraría diciendo —para ya terminar con mi muy corta intervención— que tampoco se debería de utilizar como chantaje el Pacto por México para venir aquí a decir que estamos o no estamos en esta iniciativa. El PT, actuando responsablemente, estuvo en las comisiones...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputada...

La diputada Lilia Aguilar Gil:Voy a terminar mi intervención y aceptaré preguntas, señor presidente.

Finalmente, les diría: ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Tenemos un IMSS —y esto es lo que trae al PT a votar a favor de esta reforma— que está completamente devastado, enfermo, como dijo nuestro vicecoordinador en la Comisión de Hacienda y Crédito Público; tenemos un IMSS que no cumple con los mínimos servicios a sus derechohabientes, pero que atiende a la mitad de los trabajadores de este país; tenemos un IMSS en quiebra, que tiene al año un déficit de 18 mil millones de pesos.

¿Qué es lo que se está proponiendo? Legalizar, nada más, la base de cotización y hacer justicia a los trabajadores. No creemos que el empresariado de este país sea tan irresponsable, como se ha dicho y se nos ha querido asustar por ahí, en decir que esto inhibiría la contratación.

Nosotros creemos en el empresariado de este país, y creemos que los trabajadores y las trabajadoras de este país no solamente tendrán su justicia social, sino también que los empresarios cumplirán con el estado de derecho que siempre han estado buscando en los diputados. Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Para alusiones personales tiene usted el uso de la voz.

Les damos una cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Nueva Creación, de Chalco, invitados nada más y nada menos que por don Luis Espinosa Cházaro.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Gracias, diputado presidente. Es muy lamentable que se trate de venir a esta tribuna con el argumento de que Acción Nacional no asistió. Por supuesto que no asistimos, porque nadie nos convocó legalmente. Hay que leer el Reglamento, hay que estudiarlo y una vez que lean el Reglamento, que lo estudien, se podrán dar cuenta que esa sesión no ocurrió, fue ilegal.

Lo que está pasando aquí es ilegal, es una arbitrariedad, que lo único que pretende es confundir, lo que pretende es pasar por encima de esta institución, lo que pretende es dar un albazo, porque no tienen argumentos para discutir.

No es tan fácil explicar, la matemática no miente, los trabajadores van a percibir cada vez que cobren su salario menos recursos y eso a las familias de este país no habrá cómo se lo puedan explicar.

Al Instituto Mexicano del Seguro Social no hay quién quiera darle un peso más, porque sabemos que esa no es la finalidad de esta iniciativa; el argumento falaz de que no quieren afectar a los empresarios, de que no quieren afectar a los trabajadores se queda en eso, en un argumento falaz.

Cualquiera que se meta a estudiar esa iniciativa, a correr los números, a hacer la tarea, se va a dar cuenta que el perjuicio que están haciéndole a los trabajadores, a sus familias, a los empresarios y al desarrollo de este país es mortal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Luisa María Alcalde Calderón cierra la lista de oradores. Tiene usted el uso de la voz.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Presidente, ¿cómo que Calderón?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdóneme usted. Alcalde. Le ruego me disculpe, aunque no es peyorativo.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias. Decimos sí a la reforma, porque limita la práctica patronal de registrar a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario menor al que realmente cubren, para reducir el costo de mano de obra; sí, porque las nóminas reportadas al fisco son menores en 8 por ciento en promedio, respecto de las informadas al IMSS. Ello sin tomar en cuenta factores de simulación, cuando los patrones mienten a ambas instituciones, cuestión que es práctica común.

Sí, porque hace más simple el sistema de cotización y evita controversias en materia de interpretación y aplicación de las normas; sí, porque apoya a los trabajadores en renglones esenciales de protección social, como la habitación y el retiro.

Fortalecer las pensiones es fundamental, considerando que con el sistema de cuentas individuales ésas serán mínimas.

Es conveniente la reforma, porque recupera en parte la reducción de las cuotas obrero-patronales provocada por la reforma a la Ley del IMSS de 1995. Gracias a esa disminución, el Instituto vio sensiblemente reducidos sus ingresos en el renglón de enfermedades y maternidad. Pero más allá de las razones señaladas, es importante la reforma porque el IMSS se encuentra en una situación económica muy delicada y requiere de más recursos para cumplir con su labor. No debemos olvidar que esa institución protege a casi la mitad de los trabajadores mexicanos.

El sector privado, incluida la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial ha reaccionado ávidamente en contra de esta iniciativa que reforma el artículo 32 y deroga el 27 de la Ley del IMSS. Señalan los empresarios que se trata de tan solo un paliativo considerado uno de los gigantescos problemas del instituto.

Es injustificada la resistencia empresarial y exageradas sus advertencias, en primer lugar, porque la reforma solo toca un reducido sector de las empresas, se calcula en alrededor del 10 por ciento; en segundo, porque en la pequeña y mediana empresa no se otorgan las prestaciones adicionales al salario, vinculadas a nuevos conceptos de integración salarial, como es el caso de los bonos y el reparto de utilidades; en tercer lugar, porque los empresarios deben valorar los beneficios que les otorga esta institución, ya que gracias a su existencia se evitan una serie de responsabilidades de los que son obligados originarios, como el sector médico o las incapacidades para sus trabajadores.

La reforma sería, en efecto, un avance limitado, pero necesario y en dirección correcta. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted. Esta Presidencia informa que se ha reservado la fracción VI del artículo 27, por don David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde.

Vamos a abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, pero también informa que el diputado Carol Antonio Altamirano propondrá la adición de un artículo tercero, un cuarto y un quinto transitorio. Ábrase el sistema electrónico de votación para recabar la votación en lo general.

Esta Presidencia aclara que los invitados de don Luis Espinosa Cházaro eran de Iztacalco y no de Chalco, para evitar una guerra intestina en su bancada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 336 votos a favor, 115 en contra y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general.

Tiene el uso de la voz don David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar reserva de la fracción VI del artículo 27.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señor presidente. La prestación de previsión social de la despensa es una de las más arraigadas en la sociedad mexicana desde hace más de tres décadas. Actualmente esta prestación beneficia aproximadamente a más de 6 millones de trabajadores, y por ende, si calculamos aproximadamente 4 miembros por familia, serían 24 millones de mexicanos beneficiados.

Cabe señalar que más del 80 por ciento de esta prestación la destina a la adquisición de alimentos, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2010, arroja que las familias de menores ingresos, entre las que se encuentran los trabajadores que perciben tres o menos salarios mínimos, dedican la mayor parte de su ingreso a la alimentación. Si se le agrega el transporte, el aumento de su gasto puede alcanzar hasta el 60 por ciento.

Dado lo anterior, la intención de reformar el artículo 27, fracción VI, de la Ley del Seguro Social, sin duda perjudicará la prestación de la despensa hacia la familia del trabajador, toda vez que la pone a competir respecto a la del vale del restaurante, menos generalizado en nuestro país, y el transporte, que es una prestación que ya se contempla adecuadamente en la fracción I, como parte de los bienes que el patrón proporciona al trabajador para el desempeño de sus actividades.

En otro orden de ideas, es incongruente que se pretenda reducir una prestación que beneficia fundamentalmente a las familias de los trabajadores de menores ingresos, cuando nuestro país está interesado en combatir la pobreza de nuestros hogares, particularmente en el rubro de alimentación.

El texto, como se contempla en el dictamen, habla acerca de las despensas en especie o en vales. Originalmente el artículo 27, fracción VI, contempla las despensas en especie o en dinero.

El tema se contrapone ya —y estamos de acuerdo con el dictamen— con lo que viene siendo el artículo 7o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011.

Es por ello que estamos de acuerdo en ese inicio del texto, las despensas en especie o en vales, pero dejando de lado el tema de los vales para restaurante y para transporte hasta por el monto equivalente en su conjunto. Dicho entonces, el texto quedaría como sigue:

Artículo 27. VI. Las despensas en especie o en vales, siempre y cuando su importe no rebase el 40 por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva del señor diputado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Carol Antonio Altamirano, tiene usted el uso de la voz. Le ruego por favor que presente las tres propuestas, seremos evidentemente tolerantes con el tiempo.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en un ánimo propositivo en la Comisión de Hacienda se presentaron adiciones y precisiones que brindan certeza y mejoran la reforma a la Ley del Seguro Social. De manera que las presentes reservas expresan un consenso parlamentario, en el que agradezco el respaldo de los legisladores del PRI, del PRD, del Partido Verde y de Nueva Alianza.

Coincidimos con la reforma, porque ayuda a enfrentar las carencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en beneficio de los derechohabientes, y porque en su esencia refuerza a una institución pública en beneficio de la gente que de otra manera no tendría acceso a la salud, pensiones y servicios sociales.

Las propuestas que presentamos a consideración del pleno consisten en agregar tres nuevos transitorios: con la finalidad de evaluar la evolución de la gestión del IMSS desde la reforma de 95 proponemos un tercer transitorio, para establecer que la Auditoría Superior de la Federación deberá informar los resultados de la gestión del IMSS de los ejercicios de 1997 a 2012.

Para evitar que los recursos generados por la reforma se desperdicien o se destinen al gasto burocrático proponemos un artículo cuarto transitorio, para especificar que la recaudación adicional que se derive de las reformas deberá destinarse al desarrollo de infraestructura y servicios de salud del IMSS, de conformidad con la Ley del Seguro Social y demás normativas aplicables.

Para transparentar el uso de los recursos proponemos un quinto transitorio, para señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el informe a que se refiere el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, que corresponda al ejercicio fiscal 2014, deberá hacer referencia al impacto que derive del presente decreto.

Compañeras diputadas y diputados, vayamos con la reforma, no dejemos abandonado al IMSS. Es cierto que esta reforma no basta para terminar de una vez y para siempre con las carencias del instituto, pero aun así es un paso en la dirección correcta, siempre es mejor apoyar a una institución pública en vez de esperar una reforma integral, que siendo necesaria todavía es incierta. Por supuesto que es necesaria una reforma de mayores dimensiones, pero eso no debe frenarlo.

Aunque la reforma es una avance parcial, el PRD considera que es mejor respaldarlo y enriquecerlo con un trabajo propositivo. En eso hemos coincidido al interior de la Comisión de Hacienda y por esa razón, presentamos con todo respeto estas reservas a la consideración del pleno.

Digamos sí a la reforma, mejoremos lo correspondiente al destino de los recursos, la rendición de cuentas y la fiscalización. Pero, sobre todo, sigamos adelante en el rescate de instituciones públicas que le brindan servicios directos y tangibles para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Muchas gracias por su atención.

«Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la reserva del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social para incluir un artículo tercero transitorio y quedar de la siguiente manera:

Tercero. La Auditoría Superior de la Federación deberá informar los resultados de la gestión del Instituto Mexicano del Seguro Social de los ejercicios 1997 a 2012.

Atentamente.

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

«Diputado Presidente de la Mesa directiva de la Cámara de diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la reserva del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social para incluir un artículo cuarto transitorio y quedar de la siguiente manera:

Cuarto. La recaudación adicional que se derive de las reformas previstas en este decreto deberá destinarse al desarrollo de la infraestructura y servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y demás normativa aplicable.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Diputado Carlo Antonio Altamirano (rúbrica).»

«Diputado Presidente de la Mesa directiva de la Cámara de diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la reserva del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social para incluir un artículo quinto transitorio y quedar de la siguiente manera:

Quinto. El Instituto mexicano del Seguro Social, en el informe a que se refiere el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, que corresponda al ejercicio fiscal 2014, deberá hacer referencia al impacto que derive del presente decreto.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Diputado Carlo Antonio Altamirano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las tres propuestas de adición del señor diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se acepta que pase a formar parte del dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite que forme parte del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal de la fracción VI del artículo 27, en sus términos, y la adición de los tres transitorios que la asamblea ha decidido que pasen a formar parte del dictamen.

Esta Presidencia saluda con tanto afecto a los jóvenes del estado de Guerrero, que hoy nos acompañan a invitación de doña Teresa de Jesús Mojica Morga.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Saludamos a los compañeros de la maestría en administración pública de la Universidad del Valle de Toluca, campus Metepec, invitados por la diputada Tanya Rellstab Carreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron a favor 331 votos, 20 abstenciones, 91 votos en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 331 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

Dejo la Presidencia en las expertas y doctas manos de don José González Morfín.

VOLUMEN III

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para incluir en la ley el concepto de cobranza social, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de las propuesta mencionada, esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 así como los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 82, numeral 1, 85, 157, fracción I, 158, fracción IV, 162 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de este ordenamiento, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

2. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

1. Antecedentes

Primero. En la sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 2012, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para incluir en la ley el concepto de cobranza social.

Segundo. En la sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados el 7 de febrero de 2013, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, volvió a presentar en sus términos la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de incluir en la ley el concepto de cobranza social.

Tercero. En las respectivas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó las iniciativas para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Vivienda.

De acuerdo a los antecedentes mencionados la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fundó la iniciativa en comento en los motivos que se describen a continuación.

2. Contenido

La iniciativa que origina el presente dictamen tiene como propósito modernizar la estructura operativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante Infonavit), con la finalidad de satisfacer las necesidades de vivienda y los créditos de ésta, a favor de los trabajadores. Busca dejar en la Ley del Instituto el modelo de cobranza social que ya existe en la práctica y que con la reforma, se garantizará a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello, alcanzar el precepto constitucional que establece el concepto de tener una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, define a la cobranza social, como el modelo de acciones, productos y servicios que ofrece el Infonavit, para mantener un proceso de cobranza más sano y revertir la tendencia del índice de cartera vencida, en caso de que el acreditado vea una afectación en sus ingresos.

De acuerdo con lo anterior es que ésta honorable Comisión de Vivienda, hace las siguientes:

3. Consideraciones

Primera. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo de carácter social, que por medio de un mandato constitucional tiene por objeto la administración del Fondo Nacional de Vivienda con la finalidad de que se puedan otorgar crédito a los trabajadores derechohabientes.

Desde su origen, el Infonavit ha apoyado a más de seis millones de trabajadores a generar su patrimonio a través de la adquisición de vivienda, siendo el actor más importante del mercado, con 76 por ciento de participación en cuanto a la cartera de crédito se refiere. Por medio de la labor que realiza como hipotecaria social, se ha consolidado como uno de los principales fondos complementarios para el retiro de los trabajadores en el país, con 24 por ciento de participación del mercado de los fondos de retiro.

En la última década para satisfacer la demanda de vivienda que tiene el país, se han implementado una serie de acciones, productos y servicios por parte del Infonavit, que requieren establecerse en la legislación en la materia para hacerlas valer, con el propósito de que tengan permanencia, garantía y seguridad jurídica en beneficio de la solidez financiera del Infonavit y por ende, de cada trabajador que se vea en la necesidad de replantear su crédito hipotecario.

Segunda. A este conjunto de acciones y servicios que el Infonavit ofrece, se le ha dado el nombre de “Modelo de Cobranza Social”, con el objetivo de apoyar a los trabajadores que en algún momento de la historia de su crédito, se ven imposibilitados de seguir pagando con puntualidad las hipotecas contratadas, ya sea por pérdida involuntaria de su empleo, paro técnico o simplemente por la disminución de sus ingresos.

Al definir a la cobranza social, como el modelo de acciones, productos y servicios que ofrece el Infonavit, para mantener un proceso de cobranza más sano y revertir la tendencia del índice de cartera vencida, en caso de que el acreditado vea una afectación en sus ingresos al proponer su introducción dentro del marco normativo, se regula por un lado los intereses del mercado, y por otra parte, se garantizan las razones del Estado, que tiene como propósito generar condiciones de bienestar para los trabajadores. Asimismo, se reforzaría el carácter social del Infonavit, en una economía de mercado en el que se debe garantizar un equilibrio entre los acreditados y sus distintas problemáticas de pago, con los intereses de quienes facilitan la adquisición de una vivienda con un plan hipotecario.

Tercera. Tomando en cuenta que este modelo ya existe en la práctica y es empleado por el Infonavit, y se ha demostrado que al mantener una cartera rentable, se pueden ofrecer más oportunidades de vivienda para sus trabajadores derechohabientes, adherir el artículo en estudio garantiza la aplicación constante y segura del modelo de cobranza social, dotando la certeza jurídica que implica formar parte de algún cuerpo normativo; significa también, poner a la vanguardia la Ley del Infonavit en el modelo económico que impera en el país.

El nuevo modelo de cobranza social, en pocas palabras, se traduce en una alternativa para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios, manteniendo la viabilidad financiera del ahorro del trabajador y atendiendo su capacidad de pago al mismo tiempo.

Cuarta. Si bien, a lo largo del presente dictamen, esta Comisión de Vivienda ha compartido la idea de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik de elevar a rango de ley una práctica común en el Infonavit, debemos establecer que es pertinente modificar la redacción del artículo en estudio para que el Consejo de Administración del Instituto sea quien apruebe los esquemas de cobranza social e incentivos a los acreditados cumplidos así como los esquemas de apoyo a los acreditados con voluntad de pago, por tratarse de políticas de crédito, lo anterior con fundamento en el artículo 16, fracciones II y IX, de la Ley del Infonavit, que a la letra establecen:

Artículo 16. El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

II. Resolver sobre las operaciones del instituto, excepto aquéllas que por su importancia, a juicio de alguno de los sectores o del director general, ameriten acuerdo expreso de la asamblea general;....

IX. Proponer para su aprobación a la asamblea general las políticas de crédito y aprobar las reglas para su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno;

A propuesta del director general, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

Con base en las fracciones plasmadas en las líneas que anteceden del artículo 16 de la Ley del Instituto es necesario establecer que dicho órgano de gobierno tenga la facultad de decisión sobre la implementación de este nuevo modelo para poder garantizar la viabilidad de las políticas de aplicación sin menoscabar el patrimonio de los trabajadores derechohabientes ya que una buena administración del Fondo Nacional de la Vivienda se traduce en más y mejores oportunidades para la adquisición de créditos para los trabajadores.

Quinta. Asimismo esta comisión dictaminadora por técnica legislativa estima necesario ubicar el precepto legal en un artículo 71, en lugar de colocarlo en un artículo 51 Bis 7 como señala la propuesta de la legisladora.

En el ordenamiento jurídico mexicano el contenido de cada ley tiene un orden lógico que otorga claridad al texto de la misma y facilita la identificación de cada una de sus normas dentro de la estructura del texto normativo. Este orden presenta coherencia entre el texto y su título, así como entre la estructura del texto normativo y cada una de sus divisiones. Así es que las leyes se organizan sobre la base de un orden metodológico que facilita el entendimiento de la norma.

A la organización que adquiere el conjunto de ideas o pensamientos que constituyen el contenido se le llama estructura. El objeto de la estructura es hacer fácilmente accesible el conocimiento del contenido de la ley y de las normas en ellas contenidas. Una buena estructura permite construir un índice de la ley, mediante el cual el lector, puede encontrar rápidamente la norma o el grupo de normas que necesita.

Si bien, la Ley del Infonavit en su estructura no cuenta con un capitulado como tal, es fácilmente perceptible su estructura de acuerdo a la ubicación del articulado de la ley, el cual en un principio contiene todas las disposiciones generales en cuanto al carácter del Instituto; enseguida, cuenta con la composición de sus órganos de gobierno y las facultades de los mismos; le siguen todas las normas relativas a las obligaciones patronales y las aportaciones, así como la administración de las mismas, y los mecanismos de otorgamiento de créditos para los derechohabientes y la administración de los recursos.

Al buscar incorporar un artículo relativo a la “cobranza social” como un mecanismo que garantiza el patrimonio de los trabajadores, ofreciéndoles todas las alternativas para que cubran su crédito de vivienda bajo condiciones que tomen en consideración su situación económica que realiza el Infonavit, en un artículo 71, tiene como consecuencia buscar la armonización con el texto vigente de la Ley, ya que, los últimos artículos de esta versan sobre la administración y naturaleza de los recursos con los que cuenta el Infonavit.

En cambio, el artículo 51 Bis y sus subsecuentes regulan el procedimiento para llevar a cabo las subastas de adjudicación de viviendas, por lo que consideramos que la posición más indicada para incorporar al Modelo de Cobranza Social en el texto de la Ley tendrá que ser en un artículo 71.

Sexta. Que se suprime el texto final del artículo que se propone adicionar, referente a que el esquema de cobranza social: “deberá contribuir a fomentar una cultura de pago, reconocimiento a acreditados cumplidos y esquemas de apoyo a los acreditados con voluntad de pago, entre otros”, en virtud de que el término “voluntad de pago” es subjetivo y, por lo tanto, genera incertidumbre jurídica. Porque puede haber voluntad de liquidar el monto adeudado, pero ello no necesariamente conduce a la materialización del mismo y esto puede ser aprovechado dolosamente, lo cual afectaría los recursos del fondo.

Por otra parte, se estima que el citado texto es innecesario ya que “fomentar una cultura de pago, reconocimiento a acreditados cumplidos y esquemas de apoyo a los acreditados con voluntad de pago”, son, justamente, los elementos que debe tomar en cuenta el consejo de administración del Instituto, para emitir los lineamientos en materia de cobranza social.

Séptima. El impacto del beneficio social que busca esta propuesta, es hoy en día muy amplio y además tiende a crecer, por lo que es de vital importancia impulsar y aprobar la propuesta planteada en el presente dictamen para garantizar una mejor ley que ayude a los financiamientos de vivienda para los trabajadores mexicanos.

Según cifras plasmadas en el Plan Financiero 2013-2017 del Infonavit se estima que 21 de cada 100 mexicanos vive en una casa financiada por el Infonavit, siendo esta cifra la más alta en la historia del instituto. También debemos considerar que según datos de la Comisión Nacional de Vivienda, el sector de la construcción en México muestra una dinámica de crecimiento, superior a la de la economía nacional, creciendo en promedio un 5 por ciento anual. Siendo el Infonavit quien otorga el mayor número de créditos en México para la adquisición de estas nuevas casas, 69 de cada 100 créditos son otorgados por el Infonavit sin coparticipación financiera de otra institución.

De ese 69 por ciento, resultan con mayor beneficio los trabajadores con menores recursos, ya que el 63 por ciento de los créditos otorgados, aproximadamente, se han destinado a derechohabientes que ganan menos de siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos mensuales, es decir, ingresos por debajo de los 4 salarios mínimos.

Otra estadística relevante a considerar es el hecho de que, el tipo de producción de vivienda relacionado con el acceso a créditos y capacidad de pago de la población se distribuye de la siguiente manera: 10 por ciento con capacidad de pago y 30 por ciento es población derechohabiente; entre 10 y 20 por ciento no es derechohabiente aunque tiene capacidad de pago; el resto de la población no es derechohabiente y tampoco cuenta con capacidad de pago.

Por otra parte, debido al cambio demográfico que ha experimentado nuestro país en recientes años, se estima que se requieren al año, cerca de quinientos cincuenta y dos mil créditos para satisfacer la demanda de vivienda. Si cruzamos datos, el Infonavit puede cubrir hasta el 90 por ciento de esa demanda, fortaleciéndose, y garantizando a los trabajadores mejores condiciones crediticias vía un modelo de cobranza social implementado en la ley.

Octava. La prioridad del Infonavit es el bienestar de los trabajadores y sus familias; con su quehacer cotidiano busca incrementar su patrimonio ya sea resolviendo una necesidad habitacional o generando un ahorro para el retiro teniendo en cuenta que la cobranza social: gestión de la cobranza en Infonavit se basa en el principio de “siempre que exista voluntad de pago, habrá una solución”.

En conclusión, la Comisión de Vivienda tiene como propósito dejar plasmado en el cuerpo normativo del Infonavit el modelo de cobranza social, el cual ya existía en la práctica y que, con su implementación, tendremos la posibilidad de garantizar a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello, alcanzar el precepto constitucional de bienestar social.

Por lo expuesto y fundado, ésta Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete a la aprobación del pleno, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

Artículo Único. Se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto promoverá la búsqueda de soluciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Vivienda, diputados: Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica en abstención), José Alejandro Llanas Alba, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Tomás López Landeros, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica en abstención), Lazara Nelly González Aguilar, José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica en abstención), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica en abstención), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica en abstención), Noé Barrueta Barón, Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Brasil Alberto Acosta Peña, Josefina Salinas Pérez, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, por la comisión.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en primer término, me permito informar a esta soberanía que por consenso de la junta directiva de la Comisión de Vivienda se ha entregado a la Mesa Directiva una propuesta de modificación al texto del artículo 71 que adiciona a la Ley del Infonavit, materia del presente dictamen.

No es necesario recordar a esta honorable asamblea la importancia del Infonavit en el quehacer habitacional en nuestro país, particularmente para hacer realidad el derecho humano fundamental a una vivienda. Para todos los mexicanos debe de ser esto un derecho inalienable y muy seguro, que se consagra exclusivamente en la Constitución Política.

Es claro que conforme al artículo 123 constitucional los fondos de vivienda tienen como fuente de recursos el salario de los trabajadores, para atender sus necesidades habitacionales bajo un esquema de operación social y solidaria. En este sentido, el propio Infonavit reconoce en su tablero de acción estratégica la necesidad de crear alianzas con la sociedad y el gobierno para impulsar la calidad de vida, el desarrollo social y humano de manera sustentable.

Dicho instituto ha impulsado hasta ahora una cobranza social basada en el planteamiento para automatizar y controlar procesos administrativos y reorganización de roles en las áreas de cobranza e instalación de plataformas tecnológicas, situación que es positiva, pero que también debe de ser acompañada de mecanismos que reconozcan el sentido solidario y social del que hablamos anteriormente y justo en el cual se inspiró la creación del organismo.

Sobre el tema, hemos escuchado y atestiguado que muchos derechohabientes que se encuentran con deudas en sus créditos enfrentan demandas y mecanismos de cobro a través de despachos de abogados y seudoabogados, que al margen del derecho y de la ética, hostigan y recriminan y, más aún, criminalizan a los trabajadores por sus adeudos.

Estas prácticas y conductas deben declinar hasta ser erradicadas, para transitar a un modelo de gestión de cobranza social que reconozca las distintas situaciones de los trabajadores, en especial, cuando éstos pierden el empleo o disminuyen sus ingresos de manera involuntaria.

Por lo anterior, creemos que con la aprobación de esta iniciativa se introducen elementos de equidad en la legislación del Infonavit, para cuidar y fortalecer el patrimonio de los trabajadores en un esquema de operación de responsabilidad y solidaridad. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Vivienda.

Artículo 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

Diputados: Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Presidente; Karen Quiroga Anguiano, Tomás López Landero (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Nos dejó una propuesta de modificación, aquí la tenemos. A ver. Hay una propuesta de modificación de las comisiones; voy a pedir a la Secretaría que consulte si está a discusión el dictamen, pero consultar si la propuesta de modificación que trae el consenso de la comisión, primero si se admite a discusión y luego si se acepta que se integre al dictamen para ya discutirlo con la adición propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la modificación. En consecuencia, el dictamen está a discusión con la modificación aceptada y para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado Rodrigo Chávez Contreras.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados, la vivienda no es una mercancía, la vivienda es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., que a la letra dice: Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Según datos confirmados por la Secretaría de Desarrollo Social —en diversas notas periodísticas— al presentar el estudio denominado: Estado actual de la vivienda en México 2011, se informa que aumentaron a 5 millones las viviendas abandonadas en México, lo que implica que en todo el país, en promedio, 14.5 viviendas se encuentran desocupadas.

En este sentido, como legisladores debemos exigirnos el compromiso de resolver este problema y garantizar el derecho a la vivienda, revisando las causas que originan la desocupación: la calidad de los servicios básicos de la vivienda, la proximidad de las viviendas en los centros de trabajo, la situación crediticia de los beneficiarios y la administración institucional de los fondos de vivienda.

Considerando que una de las principales causas de abandono de las viviendas se debe a la imposibilidad de pago de los créditos otorgados que integran la cartera vencida, la propuesta de adicionar el artículo 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores abre la posibilidad a los acreditados de conservar su patrimonio, ya que constituye la recuperación de los créditos otorgados bajo un esquema de cobranza social sensible a las dificultades que enfrentan los trabajadores ante la pérdida involuntaria de su empleo o la disminución de sus ingresos, y que se ven imposibilitados para cubrir la deuda hipotecaria y consecuentemente pierden sus hogares.

De aplicarse el concepto de cobranza social en nuestro país, se contrarrestaría la grave problemática del abandono de la vivienda, al mismo tiempo que se garantizaría el patrimonio de los trabajadores y sus familias, facilitando esquemas de pago acordes a su solvencia económica, buscando alcanzar las expectativas de millones de mexicanos de contar con una vivienda digna.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyaremos el presente dictamen, esperando que se haga valer de manera justa el derecho humano a la vivienda. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para darles la bienvenida a los alumnos con los mejores resultados en la Prueba Enlace 2012, de la Delegación Regional Noroeste, que tiene cabecera en San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por la diputada Petra Barrera. Bienvenidos.

También con mucho gusto saludamos a un grupo de mujeres regidoras del distrito IX con cabecera en Uruapan, Michoacán, invitados por la diputada Socorro de la Luz Quintana León. Bienvenidos también a la sesión.

Tiene ahora el uso de la voz, para presentar una propuesta de modificación, la diputada Lorenia Valles Samperio, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. La inclusión que estamos proponiendo tiene que ver con el artículo 71, en la parte que se acaba de modificar, la propuesta de modificación que presenta la comisión, en donde ellos señalan que deberá brindar opciones. Nosotros planteamos que la palabra que se debe incluir, o las palabras son: deberá buscar las soluciones.

La problemática de vivienda en México —según diversos medios de comunicación y la propia Sedatu— alcanza niveles alarmantes; se dice que son alrededor de 4.5 millones de viviendas abandonadas en México que generan diversos conflictos sociales y económicos.

Sin duda los bajos salarios y la crisis recurrente de nuestro país son responsables de que muchas familias en México estén sin hogar, ya sea porque perdieron éstas por no tener capacidad de pago, o porque los créditos son impagables, o porque han sido desplazados de su lugar de origen. Esta situación ha causado ya, inclusive, afectaciones a empresas financieras; es decir, nadie gana con que las casas estén abandonadas.

Para un sector de la población es inadmisible que la gente invada un terreno o una casa abandonada. Se apela constantemente al estado de derecho que se tiene en la propiedad privada, basado en la construcción de un patrimonio propio. No decimos que esa interpretación sea errónea; sin embargo, no lo podemos ver de manera individual, sino colectivamente, porque primero está la obligación del Estado, como lo marca la Constitución en su artículo 4o., de que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo.

Asimismo el Código Civil Federal, en su artículo 723, establece que es objeto del patrimonio de la familia la casa-habitación de la misma. Por eso tenemos la obligación ineludible de garantizar que las familias mexicanas tengan un hogar, eso no podemos soslayarlo.

La propuesta de adición que se presenta por parte de la Comisión de Vivienda tiene como objetivo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores promueva soluciones que ayuden a los acreditados ante el instituto a conservar su patrimonio, porque lo que se busca que se haga es la recuperación de los créditos que hubiera otorgado, partiendo de un esquema de cobranza social, lo cual nos parece correcto que apruebe el Consejo de Administración.

Sin embargo, no compartimos que se use la palabra brindará opciones, o en su momento promoverá, como lo habían planteado en primera instancia, dado que conocemos que con estas palabras las autoridades consideran que no están obligadas a hacer tal cosa. Se presta a interpretación y generalmente se omite en muchos de los casos las implicaciones que tiene esta disposición.

Es por ello que consideramos necesario que la palabra que se incluya es deberá. Ésta no deja lugar a dudas de que se tiene la responsabilidad de encontrar las soluciones que impidan que una familia abandone su casa por falta de pago, porque se perdió el empleo o porque no se tiene el dinero para pagar la casa, cuando se tiene primeramente que comer o atender las enfermedades de la familia.

Sin duda, si las autoridades buscan esas soluciones, nadie se verá afectado en su patrimonio; las empresas constructoras no perderán su inversión; el Estado cumplirá con sus obligaciones de garantizar vivienda digna, y las y los trabajadores conservarán sus créditos, es decir, sus hogares.

¿No es esto lo que queremos? Aprobemos, pues, esta reforma para no dejar espacio a la interpretación y garanticemos con todas sus letras la solución a este problema. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, se desecha. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con la modificación aceptada propuesta por la Comisión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El diputado Germán Pacheco Díaz (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, a favor 450, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO SEPTIMO DEL ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.*

Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Buenas tardes, compañeras y compañeros. La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como órgano legislativo de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, es competente para conocer del análisis y dictamen de la presente iniciativa.

Según lo dispuesto por los artículos 72 y 73 de la fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el artículo 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, esta Comisión dictaminadora, además de los elementos que ofrece la propia iniciativa materia del dictamen, considera que es de tomarse en consideración la intencionalidad de dar viabilidad administrativa y operativa al Instituto Nacional de Economía Social, expresado en iniciativas de reformas a la ley, presentadas en la actual Legislatura.

De manera muy particular, la iniciativa que reforma los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada por el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de diciembre de 2012, esta comisión dictaminadora consideró adecuado incluir en la iniciativa —materia del dictamen— el contar con mayor información relacionada con el comportamiento del sector social de la economía, en términos de cuántas unidades lo componen, a cuántas personas beneficia directamente como socios, cuántos beneficiarios resultan directamente de su obrar como trabajadores, aspectos indispensables para el diseño de políticas públicas que coadyuven al fortalecimiento e impulso del sector social de la economía.

Asimismo, las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en el planteamiento que busca determinar un número mayor de deberes jurídicos a cargo del nuevo Instituto Nacional de Economía Social, consistentes en la elaboración de estudios, de investigaciones, y consecuentemente tendrá información obtenida de los mismos, con el propósito de conocer las variables internas y externas que influyen en su desarrollo, así como la promoción de la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector a nivel nacional e internacional, mediante la intervención de organismos de representación en que libremente se agrupen.

Así como el establecimiento del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, que a través de la instrumentación de su propia metodología podrá propiciar inexorablemente la configuración de una estructura que permita la generación de condiciones propicias para la expansión y consolidación de estos entes autónomos, cuya finalidad esencial consiste en la producción y distribución de los bienes y servicios socialmente necesarios, en estricto apego y promoción de los principios, valores, fines y prácticas que rigen su actividad.

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de eliminar el Consejo y el Congreso Nacional, por la imposibilidad de poderlas poner en operación, con apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo relativo a medidas de austeridad que imponen la limitante de la contratación de personal, bajo cualquier régimen, la compra de infraestructura innecesaria y la adquisición de inmuebles para albergar a dicho personal.

Refrenda esta propuesta y todas las iniciativas que se han presentado en lo relativo a la Ley de Economía Social y Solidaria, pues resulta que esto aliviará las finanzas públicas del instituto y redundando en esta economía podrán ser canalizadas a actividades sustanciales.

Además esta comisión, una vez que ha revisado todo este proceso legislativo de la reforma, dio vida jurídica a estas estructuras y no encontró elementos financieros que pudiesen determinar el costo por la implementación de dichas estructuras.

En el caso del Registro Nacional de Organismos del Sector, ésta comisión es coincidente con la exposición de motivos de la iniciativa que da origen al presente dictamen.

Además de lo aportado por la iniciante, esta comisión en su análisis concluyó que la fracción VII del artículo 14, en relación con la función del instituto —para llevarlo a cabo— podrá tener otros razonamientos para poder determinar la derogación de un organismo constitucional autónomo, como sería y podría ser útil la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por lo que se considera esencial y congruente con el proyecto de ley la derogación del artículo 4o., del Título Segundo, que contiene los artículos 36 al 40, así como todas las referencias jurídicas que se encuentran en la norma.

De igual manera, quiero resaltar que esta iniciativa de reforma a la Ley de Economía Solidaria ha sido votada por unanimidad por toda la comisión y, asimismo, por todos los grupos parlamentarios de este honorable Congreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen.

Antes de dar la palabra a algunos compañeros, quisiera saludar a un grupo de estudiantes de sociología de la Universidad Autónoma de Querétaro, que están hoy aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También a alumnos y maestros del Colegio Margarita Galindo de Ruiz, del pueblo de San Juan de Aragón, delegación Gustavo A. Madero, que nos acompañan hoy invitados aquí por la diputada Claudia Elena Águila Torres. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión.

Tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia presidente. Compañeras y compañeros, voy fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

La Ley de la Economía Social y Solidaria reglamenta en México el párrafo VII del artículo 25 de nuestra Carta Magna, el cual establece que se deberá facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Como es claro, es un artículo fundamental de nuestra Constitución para preservar la justicia social, al abordar la economía y el desarrollo productivo nacional desde la perspectiva del sector social.

Desde luego, la ley reglamentaria del artículo que en esta ocasión reformamos, al contemplar todos los mecanismos para que ello suceda, resulta también de toral importancia.

El dictamen que se somete al pleno y que regula al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades, que de conformidad con los principios recogidos en el artículo 25 apremian el interés colectivo de sus integrantes.

El interés general, económico, social y que fue aprobado por unanimidad en la comisión, incorpora temas como el fomento al desarrollo, fortalecimiento y visibilidad en la actividad económica del sector social de la economía.

La participación en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas, así como el impulso al pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, adiciona como valores orientadores de los organismos del sector la confianza y la autogestión. Se abre con esto la posibilidad de que existan organismos integradores que ayuden al desarrollo y mejoramiento de las capacidades económicas de estos.

Y, como las anteriores, se proponen muchas adiciones más que representarán —en una época donde el sector social es cada vez más olvidado— una reivindicación legislativa que retoma la enorme importancia que tiene la economía social.

Debemos recordar que México es un país que se creó a partir de sus movimientos sociales, a partir de los trabajadores del campo, de los obreros, de las comunidades y de las organizaciones laborales. La trascendencia que tienen estos sectores para el desarrollo nacional obliga a aprobar esta ley, que actualiza los conceptos legales hasta ahora existentes.

Es una reforma de consenso que reconoce las dificultades que enfrentan las organizaciones que constituyen la economía social para fortalecer su posición, que constituyen la economía para combinar las capacidades de desarrollo de cada uno; es decir, pretende fortalecer a los individuos y a las comunidades, conjuntar los esfuerzos para que las empresas con participación mayoritaria de trabajadores integren figuras económicas que faciliten su pleno desarrollo.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen, esperando que todas las fracciones lo hagan de la misma manera; sin embargo, como siempre, deseamos reiterar que estas modificaciones legislativas son un primer paso que debe ir invariablemente acompañado de la implementación ejecutiva de las mismas, es decir, del trabajo del gobierno.

De nada servirá que incorporemos hoy a la ley que se deberá impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país, si en el Plan Nacional de Desarrollo y, sobre todo, en la práctica no se lleven a cabo dichas políticas y, sobre todo, si no se otorgan recursos para su implementación.

Los sectores sociales no pueden utilizarse como gancho publicitario del gobierno y como justificación de la utilización legítima de recursos públicos. Tampoco se favorecerán en nada las cadenas productivas de valores locales, regionales, nacionales y globales, que sirven en el escalamiento progresivo de los organismos del sector, si el gobierno bajo las reglas del libre mercado le sigue otorgando a las trasnacionales toda la producción nacional.

Es una reforma oportuna y eficaz, que resuelve algunos temas que no podían esperar más. Pero es indispensable que se continúe el trabajo desde el gobierno para su implementación y ajustar los conceptos y preceptos legales a la realidad social.

Esperamos que los principios de esta ley se cumplan, que se privilegie a las personas y a la sociedad sobre el capital y que se concrete la gestión autónoma y la sociedad sobre el capital, que se solidarice la sociedad para el desarrollo local y nacional, se generen empleos estables y de calidad, que se contemple satisfactoriamente en el Plan Nacional de Desarrollo todo lo necesario para cumplir con los objetivos de la ley y que se vea en todo por una sociedad más justa para la clase trabajadora.

Aprovecho esta tribuna para decir y hacer un llamado fraterno a los gobiernos estatales y federales, para que en los disensos que ahora se susciten en el estado de Guerrero se privilegie el diálogo. Todo lo que está aconteciendo es un cúmulo por más de 80 años que los pueblos originarios y las comunidades indígenas han aguantado, han resistido por el olvido, la marginación y la pobreza lacerante que se vive en cada una de ellas. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Rubén Acosta Montoya: Este proyecto de decreto sin duda poco falta explicarlo, porque la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social lo explicó perfectamente; es un decreto que está lleno de virtudes, que fortalece el esquema de economía social y definitivamente va con toda la evolución que ha tenido este sistema.

El cooperativismo ha ido evolucionado desde formas incipientes, hasta conformar entidades no pertenecientes al sector público, que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad.

En este sentido, es donde ha retomado la importancia a la creación y fomento de empresas cooperativas y autogestionarias que se han constituido como una excelente opción, y actualmente motor para la generación de empleos y bienestar para la sociedad, no solo en tiempos difíciles, sino también en momentos de estabilidad económica, pues se ha demostrado que este tipo de entidades poseen una mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos de la economía. Además se caracterizan por su fuerte compromiso social, al atender las necesidades básicas de sus comunidades, antes que ir en busca de determinado nivel de rentabilidad.

El verdadero espíritu de las cooperativas y asociaciones mutualistas es compartir el progreso social y económico para elevar el nivel de vida de los trabajadores o asociados y el de sus familias; al estar inspiradas en una visión humanista de la economía están basadas en valores, como la ayuda mutua, la igualdad, la equidad, la solidaridad y la democracia, así como en la honestidad, transparencia, vocación de servicio y responsabilidad social.

Son los requisitos que reúne hoy este proyecto de decreto, por lo cual felicito a los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y, en particular, al diputado Erick Rivera, por tener esta iniciativa y por aprobarla.

El Partido Verde Ecologista de México apoya este tipo de formas de trabajo y de organización, porque van más allá del peso específico que tiene en el producto interno bruto nacional, sino también contribuyen con una valiosa aportación en la generación de valores que impulsan la construcción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.

Además, las formas organizativas de la economía social forman parte de nuestra identidad, puesto que en nuestro país la aparición de este tipo de entidades data de finales del siglo XVIII y desde entonces han tenido una gran importancia económica, puesto que gracias a ellas sus socios han podido satisfacer sus necesidades y además éstas se han constituido como un factor de desarrollo económico y social del entorno en el que se establece.

La economía social y solidaria contiene una propuesta de cambio en la relación del hombre con sus semejantes y con su entorno productivo, por ello en el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que su impulso traerá aparejados importantes beneficios para la sociedad mexicana, tanto en términos objetivos como subjetivos.

Por todo lo expuesto, nuestra bancada se pronuncia a favor del presente decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas:Con su venia, diputado presidente. La economía social coloca en primacía al ser humano por encima —obviamente— de lo que implica el capital; construye una cultura democrática de empresas con convicciones de gestión; valora y hace posible que los miembros de este sector sean tomados en cuenta y que los intereses comunes sean plasmados al interior de los organismos que promueven una economía social. Solidaridad, responsabilidad, autonomía de gestión, recursos al servicio de un grupo que tiene los mismos intereses.

Por eso en la economía social y en esta ley, hoy todos los diputados federales que aporten su voto a favor harán posible que el sector de la economía que ve no solamente con un fin de lucro, que no pone nada más las ganancias al beneficio personal o privado, sino que voltea a ver a sectores, como los grupos en condiciones de vulnerabilidad, los grupos de mujeres violentadas, grupos de campesinos, hombres y mujeres que producen en este país una visión diferente de hacer negocio, una visión en donde las ganancias son compartidas para el bien de ese grupo y su comunidad.

En la actualidad, a nivel internacional las Leyes de Economía Social y Solidaria solamente existen en Honduras, en 1985; en Colombia, en 1998; en España, a partir de 2011, y en Ecuador, en este mismo año. En tanto que en República Dominicana y en Brasil están en proceso de aprobación las Leyes de Economía Social.

Por eso este dictamen, que sale a favor, que sale por unanimidad, que trabaja pensando en los mexicanos, este dictamen en el cual contaremos con el respaldo de todos ustedes hace historia para México, para dejar en claro que los diputados y las diputadas de todo este Congreso de la LXII Legislatura piensan distinto y hacen acuerdos para salir adelante y para que México se transforme en mejores condiciones de vida para todos aquellos que se encuentran en este sector de la economía.

En el caso de México, disponemos de una ley reglamentaria del artículo 25 constitucional, en lo referente al sector social de la economía. Esto representa una añeja demanda de importantes sectores del movimiento cooperativo.

La economía social de nuestro país, que viene desde 1998 y se ha expresado en este pleno, en la Cámara de Diputados y de Senadores, ha tenido cinco distintas iniciativas de ley.

En efecto, aprobar modificaciones a la ley reglamentaria del artículo 25 constitucional, en el sector social de la economía, genera fortaleza para el Instituto Nacional de Economía Social, que beneficia a más de 50 mil empresas en este país que están asociadas de manera solidaria; aglutinan a más de 9 millones de socios, que son el 18 por ciento de la población económicamente activa de este país, y contribuyen alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto nacional.

Es muy importante aprovechar el momento favorable a nivel internacional y los consensos logrados en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, donde cada una de las modificaciones que se presentan fortalecen al sector.

Por medio de esta reforma reconocemos los aportes y la construcción del fortalecimiento de un tejido social, la creación y recreación de una cultura empresarial distinta. Del mismo modo la identidad asociativa, la transparencia en la ejecución de los recursos del INAES creación de un padrón que informe quiénes reciben los beneficios del mismo, un consejo consultivo que está tomado en cuenta en el sector. Por ello, el INAES se ve fortalecido.

Otro elemento positivo que faculta a este instituto es apoyar en materia de capacitación y fomento a las entidades del sector de la economía social y solidaria, como la facultad también del propio instituto de convenios con instituciones de educación superior para la materia de economía social en los programas educativos de nuestras universidades.

Por eso a nombre del Partido Acción Nacional votaremos a favor este dictamen. Pero también queremos aprovechar para agradecer a la Junta de Coordinación Política, que ha apoyado la creación de la placa que fue instalada aquí; se apoyó también en el tema de la medalla, en la cual ustedes estuvieron presentes e hicieron suyo el punto de acuerdo de incluir la economía social en el Plan Nacional de Desarrollo.

Porque estamos trabajando en equipo, agradecemos a la presidenta de la comisión, Alliet Mariana Bautista, por esos trabajos que se coordinan a favor de los mexicanos y las mexicanas, a favor de la economía social, del sector cooperativo y de todos aquellos que trabajan por un México distinto. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente el uso de la voz el diputado Luis Olvera, del Grupo Parlamentario del PRI.

Aprovecho para saludar a un grupo de jóvenes de la quinta generación de Incubadora Nacional de Legisladores, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Juan Pablo Adame. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado Luis Olvera Correa:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad el carácter mixto de nuestra economía, al señalar que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución.

Aunado a lo anterior, nuestra Ley Fundamental establece que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Acorde con el párrafo sexto de la Carta Magna, donde se establece que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El legislador expidió la Ley de la Economía Social y Solidaria, la cual si bien es cierto que ha tenido una enorme utilidad en la regulación del referido sector, también presentaba diversos vacíos legales que impedían establecer condiciones propicias para el fomento, impulso y expansión del sector social.

De esta forma, y tomando en cuenta la opinión y experiencia de expertos en la materia y de cooperativistas que se han distinguido por su éxito, es que esta Cámara se dedicó a legislar con la finalidad de implementar alternativas reales para los organismos del sector, impulsando el fomento, la democratización de la productividad y el empleo, mediante la transformación de la normativa vigente de una estructura rígida por una cuyo objeto fundamental sea el desarrollo en beneficio de las y los mexicanos.

El resultado de esta actividad es el dictamen que ahora se sujeta a nuestra consideración y respecto del cual el Grupo Parlamentario del PRI se manifiesta a favor, toda vez que ofrece alternativas que permitirán el fortalecimiento del multicitado sector.

Afirmamos lo anterior, toda vez que se procura dar viabilidad administrativa y operativa al Instituto Nacional de la Economía Social, así como también porque se actualizan y derogan aquellas disposiciones que obstruyen el proceso de fomento al sector social de la economía, ya sea mediante la existencia de organismos burocráticos y onerosos, o mediante disposiciones que establecen una injerencia del Estado en la vida interna de los organismos del sector social.

Asimismo, compartimos la idea de establecer que los organismos de representación puedan agruparse, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

Asimismo, coincidimos con la intención expresada en el dictamen de incluir en la ley conceptos tales como generación de nuevas fuentes de trabajo, creatividad, innovación y productividad, ya que con tales adiciones se revalora el papel estratégico que pueden desempeñar los organismos del sector social de la economía, en contextos de crisis económica y alta volatilidad de los mercados financieros, siendo semilleros de trabajo y generadores de cohesión social.

Aceptamos también la pretensión de otorgar certeza y seguridad a la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Economía Social, el cual será normado en términos del acuerdo que al respecto emita la Secretaría de Economía, a efecto de agilizar las acciones del fomento al sector social de la economía.

Una parte importante del dictamen que celebramos los diputados de nuestro partido es la modificación planteada al artículo 46 de la ley, a efecto de que el Instituto Nacional de la Economía Social pueda elaborar programas que atiendan a sectores específicos y regiones concretas, tal es el caso de grupos vulnerables y/o zonas deprimidas o en condiciones de pobreza.

Con las modificaciones que ahora se aprueban, señala el dictamen, y lo reiteramos en nuestro momento —termino, señor presidente— habremos dado un paso importante, a fin de repetir las prácticas de algunos de los países donde el sector social de la economía juega un papel estratégico en el crecimiento económico con inclusión social. Por todo su apoyo y su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Siendo esta la última intervención y no habiendo reservas, ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de niños, estudiantes destacados de primaria y de secundaria de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, que están aquí hoy invitados por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez. Bienvenidos a la sesión.

También a un grupo de estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de Saltillo, Coahuila, invitados por el diputado José Luis Flores Méndez. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Si me permiten, me pide la Comisión de Ciencia y Tecnología, a través de su presidente, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, que les informe que se está realizando una encuesta ordenada por la Comisión de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Infotec, que es el centro de investigación del Conacyt; es una encuesta para elaborar un diagnóstico sobre tecnologías de la información aquí en la Cámara de Diputados.

Les pido a todos su colaboración para que, si se acercan los compañeros de Infotec, sepan que es una encuesta seria y que lo que trata es de tener un diagnóstico también serio de cómo estamos en tecnologías de la información, para poder llevar a cabo las medidas necesarias.

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Licea González (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 454 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 454 votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

LEY MINERA - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.*

Tiene el uso de la voz don Adolfo Bonilla Gómez, para fundamentar el dictamen.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez:Con el permiso de la Presidencia. Tengo el día de hoy la fortuna de fundamentar el presente dictamen cuyo impacto y sentido de justicia es de gran relevancia, el cual contiene modificaciones que hicieron compañeros integrantes de la Comisión de Economía, de las bancadas del PRD y PT, las cuales por unanimidad votamos a favor y fueron integradas al cuerpo del dictamen.

México es sin duda una potencia minera a nivel mundial. El valor anual de la producción en 2011 fue de 20 mil 148 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. Aunque existe actividad en 24 estados del país, destacan Sonora, primer lugar en oro; Zacatecas, primer lugar en plata; Chihuahua, primer lugar en plomo; Coahuila, primer lugar en fierro y carbón; San Luis Potosí, primer lugar en fluorita, y Durango, primer lugar en bentonita y perlita.

Con la presente iniciativa buscamos un beneficio para más de 600 municipios del país, 612 para ser precisos, llegando a una población de casi 70 millones de mexicanos.

El día de hoy debo reconocer que en nuestro país existen empresas mineras que muestran responsabilidad social y para con el medio ambiente, empresas que generan más de 330 mil empleos directos y más de un millón 500 mil empleos indirectos.

En la presente iniciativa se actualiza el pago de derechos por aprovechamiento, conforme se realiza en la industria minera mundial. México es de los pocos países en el mundo junto con China, que no incluyen el pago de una regalía, la cual se sitúa en promedio entre el 3 y el 10 por ciento, dependiendo del país de que se trate.

El derecho especial de minería del 5 por ciento que establece el presente dictamen, es respecto de la utilidad neta. Por ello debemos hacer énfasis en que no se afecta a los trabajadores mineros en su reparto de utilidades.

También se reconocen los diversos márgenes de rentabilidad que existen dentro de la amplia gama de producción de minerales, incluyendo —por supuesto, por tratarse de utilidad neta— a la rentabilidad de los pequeños y medianos mineros y al mismo tiempo se reconoce la volatilidad de los precios de los metales.

En la Ley de Coordinación Fiscal se establece el destino específico de la recaudación, con un sentido de claro beneficio social de los recursos captados; se destina el 30 por ciento al Fondo General de Participaciones y el 70 por ciento a distribuir en partes iguales entre las entidades federativas y los municipios en donde se realizan las actividades de extracción minera, creándose el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Se establece también un Comité de Desarrollo Regional para las zonas mineras, con representación del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los municipios y de las comunidades indígenas o agrarias —según sea el caso— así como una representación de las empresas mineras en la demarcación.

Los recursos serán empleados en centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, alumbrado público, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, mejora de la calidad del aire, rehabilitación de ríos y cuerpos de agua, y obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana y transporte masivo. Debo hacer énfasis que por ningún motivo estos recursos podrán ser empleados en gasto corriente, ni en gasto suntuario, sino en infraestructura física.

Agradezco a los 76 diputados que se sumaron a la iniciativa que hoy se dictamina, incluyendo a los 15 compañeros de Acción Nacional, los cuales lamento que el día de hoy no puedan votar a favor de este dictamen.

En el PRI estamos resueltos a discutir y aprobar una nueva Ley Minera, tal como lo han propuesto compañeros del PRD, del propio PRI y tal cual lo estipula el Pacto por México.

Hoy damos un paso en el sentido correcto, de compensar a las comunidades mineras del país, haciendo efectivo el anhelo ya planteado y hacer congruentes las riquezas del subsuelo con las carencias de la superficie. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Está a la consideración de la asamblea. Es momento de otorgar el uso de la voz, nada menos que a don Marcos Aguilar Vega, para presentar moción suspensiva.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, vengo a esta tribuna a presentar una moción suspensiva con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción X; 114, numeral 1, fracción IX, y 122, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de que no se presente a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, que se encuentra inscrito en el orden del día de esta sesión.

Lo anterior, tomando en consideración el siguiente hecho. La Comisión de Economía está presentando a la consideración de este pleno, con la anuencia de la Mesa Directiva, un dictamen cuyo origen es el acuerdo verbal de los secretarios de la junta directiva de la comisión, con el argumento de la ausencia de convocatoria por parte del presidente de la comisión. Al respecto, quiero hacer las siguientes precisiones:

Por cuanto a las convocatorias. Las comisiones tienen la obligación de reunirse una vez al mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 146, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La redacción de los artículos antes señalados indica que las reuniones de las comisiones deben llevarse a cabo, por lo menos una vez al mes, esto es, durante el mes calendario. Ello no implica que deba ser de momento a momento; es decir, que si en un mes el presidente convoca con fecha 15, el siguiente mes podría convocar en un día distinto y estaría cumpliendo formalmente con su obligación, de acuerdo a las normas internas del Congreso.

Por cuanto a la posibilidad de que los secretarios de la Junta Directiva sustituyan al presidente de la comisión para convocar a una reunión, cabe apuntar que en el Reglamento existen dos supuestos claros para ello; el primero, cuando el presidente de la junta directiva no convoque para instalar formalmente la comisión después de los 15 días hábiles posteriores al acuerdo que las conformó. Eso lo señalan los artículos 46, numeral 1 y 2.

Segundo. Cuando el presidente de la Junta Directiva no convoque a una reunión una vez que se ha agotado el término legal para ello. Es decir, después de que ha transcurrido todo un mes calendario sin que el presidente haya emitido una convocatoria para citar a los integrantes de la comisión.

Ambos supuestos normativos no encuadran en el supuesto mencionado que motivó ilegalmente esta actuación por los diputados de ambas comisiones.

Por cuanto a la presentación de los dictámenes. El artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo siguiente: el presidente de la junta directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote.

En tanto que el artículo 63 del Reglamento señala que la Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos los asuntos incorporados en el orden del día estén fundados, motivados y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación. La puesta a consideración del dictamen es una facultad exclusiva del presidente y no de un otro miembro de la comisión.

Finalmente, el artículo 85, numeral 1, fracción VII, dispone: Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar. Supuestos normativos que no fueron cumplidos ni por las comisiones ni por la Mesa Directiva del pleno.

Por cuanto al trabajo de las Comisiones Unidas, con relación al momento en que debe comenzar los trabajos de análisis del proyecto de dictamen la segunda comisión en turno de un asunto, los artículos 173 y 174 del Reglamento señalan el procedimiento específico para el trabajo en Comisiones Unidas.

En dichos preceptos se establece la obligación de la primera comisión para elaborar el proyecto de dictamen, pero al mismo tiempo expresa la posibilidad de que cada comisión trabaje por separado el tema.

Ello significa que la segunda comisión en turno puede comenzar en cualquier momento los trabajos de análisis. Pero el proyecto de dictamen definitivo que será discutido y votado debe presentarse en una sola reunión, en la que se encuentren presentes la mayoría de los integrantes de ambas comisiones, de acuerdo al artículo 174, numeral 6. Para ello es preciso que el predictamen sea conocido por todos los integrantes cinco días hábiles previos a su discusión, conforme al artículo 177, numeral 3, del Reglamento.

Finalmente, es importante señalar que en la sesión del día de ayer, miércoles 24 de abril, se puso a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la inclusión en el orden del día del dictamen —materia de esta moción suspensiva—, consideración que realizó el presidente de la Mesa Directiva sometiéndola a votación del pleno, mismo que decidió por mayoría denegar la inclusión en el orden del día correspondiente, hecho que se acredita fehacientemente con el acta de la sesión anterior y la versión estenográfica correspondiente, en la que consta, de conformidad con el artículo 87, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que no puede surtir efecto de declaratoria de publicidad como pretendió justificarlo ilegalmente el presidente de la Mesa Directiva.

Mi postura atiende a principios de derecho, al principio de legalidad que otorga certidumbre jurídica en materia legislativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los reglamentos y legislación secundaria.

El derecho parlamentario es de estricto cumplimiento, se aplica conforme a lo establecido en la expresión literal lo que señala su texto, no a interpretaciones que hoy nos han llevado a conducirnos fuera del marco jurídico bajo el terrible argumento de que primero atropellemos a las instituciones. No nos pidan, señoras diputadas y señores diputados, que apoyemos la ilegalidad. Muchas gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen de la Comisión de Economía y de Hacienda y Crédito Público, cobre las Leyes de Minería y de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado Marcos Aguilar Vega.

El suscrito con fundamento en el artículo 114, fracción IX y artículo 115 numerales 1 y 2 de más correlativos de la sección cuarta “Mociones”, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento formalmente ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente Moción Suspensiva, a efecto de que suspenda la discusión, y en su caso la votación del dictamen de la Comisión de Economía y de Hacienda y Crédito Público, sobre las leyes de Minería y de Coordinación Fiscal.

Con las siguientes consideraciones:

Vengo a esta tribuna a presentar una Moción Suspensiva, con fundamento en los artículos 8o., numeral 1, fracción X; 114, numeral 1, fracción IX y 122, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados , a fin de que no se presente a la discusión el dictamen de la Comisión de Economía y de Hacienda y Crédito Público que se encuentra inscrito en el orden del día de esta sesión.

Lo anterior tomando en consideración el siguiente hecho:

La Comisión de Economía está present6ando a la consideración de este Pleno, con la anuencia de la Mesa Directiva, un dictamen cuyo origen es el acuerdo verbal de los secretarios de la Junta Directiva de la comisión, con el argumento de la ausencia de convocatoria por parte del Presidente de la comisión.

Al respecto, quiero hacer las siguientes precisiones:

1. Por cuanto a las convocatorias.

• Las comisiones tienen la obligación de reunirse una vez al mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45, numeral 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 146, numeral 4 del Reglamentode la Cámara de Diputados.

• La redacción de los artículos antes señalados indica que las reuniones de las comisiones deben llevarse a cabo, por lo menos una vez al mes, esto es, durante el mes calendario. Ello no implica que deba ser de momento a momento; es decir, que si en un mes el Presidente convoca con fecha 15, el siguiente mes, podría convocar en un día distinto y estaría cumpliendo formalmente con su obligación, de acuerdo a las normas internas del Congreso.

• Por cuanto a la posibilidad de que los secretarios de la Junta Directiva constituyan al Presidente de la comisión para convocar a una reunión, cabe apuntar que en el Reglamento existen dos supuestos claros para ello:

a. Cuando el Presidente de la Junta Directiva no convoque para instalar formalmente la comisión después de los quince días hábiles posteriores al acuerdo que la conformó (artículo 46, numerales 1 y 2), y

b. Cuando el Presidente de la Junta Directiva no convoque a una reunión, una vez que se ha agotado el término legal para ello; es decir, después de que ha transcurrido todo un mes calendario, sin que el Presidente haya emitido una convocatoria para citar a los integrantes de la comisión (artículo 151, numeral 1, fracción II).

2. Por cuanto a la presentación de los dictámenes.

El artículo 177, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo siguiente:

“El Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote.”

En tanto que el artículo 63 del Reglamento señala que:

“1. La Mesa Directiva cuidará y será responsable de que todos los asuntos incorporados en el orden del día están fundados, motivados y cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación.”

Finalmente el artículo 85, numeral 1, fracción VII dispone que:

“VII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar.”

3. Por cuando al trabajo de las Comisiones Unidas.

Con relación al momento en que debe comenzar los trabajos de análisis del proyecto de dictamen la Segunda Comisión en turno de un asunto, los artículos 173 y 174 del Reglamento señalan el procedimiento específico para el trabajo en Comisiones Unidas. En dichos preceptos se establece la obligación de la Primera Comisión para elaborar el proyecto de dictamen, pero al mismo tiempo, expresan la posibilidad de que cada comisión trabaje por separado el tema. Ello significa que la Segunda Comisión en turno puede comenzar en cualquier momento los trabajos de análisis, pero el proyecto de dictamen definitivo que será discutido y votado, debe presentarse en una sola reunión en la que se encuentren presentes la mayoría de los integrantes de ambas comisiones, de acuerdo a los artículos 174, numeral 6. Para ello, es preciso que el predictamen sea conocido por todos los integrantes, cinco días hábiles previos a su discusión, conforme al artículo 177, numeral 3, del Reglamento.

Finalmente es importante señalar que en la sesión del día de ayer miércoles 25 de abril, se puso a consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados, la inclusión de la orden del día el dictamen materia de esta moción suspensiva, misma consideración que realizó el Presidente de la Mesa Directiva sometiéndola a votación del Pleno, mismo que decidió por mayoría denegar la inclusión en el orden del día correspondiente, hecho que se acredita fehacientemente con el acta de la sesión anterior y la versión estenográfica correspondiente en la que consta de conformidad con el artículo 87 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que no puede surtir efecto de declaratoria de publicidad como pretende justificarlo ilegalmente el Presidente de la Mesa Directiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la moción suspensiva en este momento.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarse. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarse. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, para presentar la postura de su partido.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso de la Presidencia; señoras, señores legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está consciente de la severa explotación que sufren las zonas mineras en detrimento de los ecosistemas de las regiones y su población. Al mismo tiempo, la forma de calcular y por lo tanto cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales existentes en el subsuelo no es acorde ni corresponde a la generación de riqueza que genera dicho aprovechamiento a los titulares de una concesión minera.

La industria minera es muy importante para el país, por lo que debemos promover la utilización de los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo y que se cubra por dicho aprovechamiento una justa retribución a favor del erario público, principalmente a las zonas afectadas por la explotación minera.

Con este dictamen se fortalece la economía de las zonas mineras, al proponer 5 por ciento de contribución adicional acorde a la utilidad neta obtenida. Las ganancias de los concesionarios mineros son considerables, la Cámara Minera de México reporta que en 2011 el valor total de la producción minero metalúrgica aumentó 50 por ciento respecto al año anterior, al alcanzar los 143 mil millones de pesos, lo que significa más de 47.8 mil millones de pesos que en 2010. Así, para esa agrupación, nunca en la historia del país se había producido tanto oro y plata como en el 2010 y 2011.

Estos volúmenes de producción permitieron al país recuperar también el primer lugar mundial en la producción de plata; sin embargo, no se ha hecho nada por retribuir a la población y a las zonas afectadas por el aprovechamiento de estos concesionarios.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza manifiesta su posición a favor del dictamen, porque estamos seguros de que generará un beneficio económico justo para la nación, derivado de la explotación de los recursos del subsuelo, que son propiedad originaria de la misma y a su vez propiciará un adecuado desarrollo de las zonas productoras y de las comunidades mineras asentadas en ella.

Asimismo, a través de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal se logrará que las contribuciones recaudadas se distribuyan entre el gobierno federal, los estados y los municipios para financiar los presupuestos públicos destinados a satisfacer las necesidades de los habitantes en cada uno de los órdenes de gobierno, conforme a las responsabilidades de cada uno de ellos y considerando el principio de compensación y solidaridad debido entre las distintas partes integrantes de la federación.

Nueva Alianza reconoce que para concretar la presente reforma es necesario que se establezca un destino claro y específico para los recursos adicionales que se recauden; se deben orientar a la realización de obras de beneficio social para las entidades y municipios en los que se realizan actividades de extracción de sustancias minerales.

Bajo las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoya el dictamen, porque beneficiará la situación de los municipios donde se asientan las grandes explotaciones mineras y con ello se contribuye a establecer un piso mínimo de mecanismos para distribuir la riqueza que se genera en la nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Doña Lilia Aguilar Gil, tiene usted el uso de la voz. La escuchamos con toda atención.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, como siempre, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Esta iniciativa, aunque no es estrictamente una reforma minera, en efecto, viene a traer justicia a un viejo reclamo de las poblaciones donde se encuentran asentadas las minas.

Como algunos de ustedes saben, soy de Chihuahua; en Chihuahua hay una gran actividad minera, pero también ha habido grandes conflictos mineros por los abusos que las empresas —no solamente las nacionales, sobre todo las extranjeras— han tenido con las poblaciones y los pueblos y los ciudadanos que viven en estos pueblos.

Las mineras —dicen en Chihuahua— cuando se van, solamente dejan huecos, dejan contaminación, dejan devastación, dejan enfermedades y obviamente dejan al pueblo con una gran falta de empleo y con grandes enfermedades, no solamente de los mineros, sino de los hijos de los mineros y sus familias.

Finalmente, hoy lo que estamos discutiendo es una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y una reforma a la Ley Minera, para crear un derecho del 5 por ciento para que las empresas mineras, es decir, los dueños de las minas de este país y los extranjeros, que en su mayoría son canadienses y australianos, paguen el 5 por ciento de derechos sobre el resultado de sus ganancias —menos algunas deducciones que están permitidas en la misma Ley de Coordinación Fiscal— para que se cree un fondo, compañeros diputados. Un fondo que básicamente será manejado en el 70 por ciento por un grupo de personas de la región. Este fondo estará manejado por el gobernador del estado, el presidente municipal de la región, y uno de los agregados que nosotros hicimos; es un miembro de la comunidad agrícola donde se pueda asentar y no tengamos problemas, como el que tuvimos en Chihuahua, en la comunidad de Huizopa, en las comunidades indígenas.

También estamos proponiendo que se incluya, así como está incluido un miembro de la minera, se incluya también a los trabajadores.

Creemos que la derrama que se va a dejar en estos pueblos no solamente debería de ser en infraestructura, y no solamente va a ayudar a desarrollar a estos pueblos que quedan devastados una vez que se van estas minas, sino también a los pueblos aledaños; al estado que finalmente se va a beneficiar de esta riqueza natural que tenemos los mexicanos, de las cuales no gozamos, aunque se dice que las riquezas naturales nos pertenecen a todos nosotros, finalmente son explotadas en su mayoría por extranjeros, se la llevan y nos dejan aquí con la pobreza, con la contaminación y con el hambre. Ese es el razonamiento que tiene el Partido del Trabajo para ir con esta iniciativa.

Creemos que esto no es un castigo a las empresas mineras, creemos que es finalmente darle respuesta a un viejo reclamo a estas comunidades y que ellos puedan determinar cómo aplicar en infraestructura de apoyo social a sus comunidades este dinero. Enhorabuena por la iniciativa.

El voto del Partido del Trabajo será a favor y presentaremos dos reservas, precisamente para incluir a los trabajadores en este fondo para que la designación de cómo se distribuirá este fondo y para que también se den servicios educativos y de salud, no solamente de infraestructura. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Monreal, para no extrañarlo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Señor presidente, ciudadanos legisladores, si dirigimos nuestra atención a la composición del producto minero de México, veremos que de acuerdo a las estadísticas está constituido por 27 diferentes metales y 45 tipo de minerales no metálicos, que existen operaciones mineras en 22 de 32 entidades federativas del país y que ocupan más de 200 mil trabajadores, que son el 2 por ciento de la fuerza del trabajo nacional. Sin embargo, representan el 30 por ciento del territorio nacional las concesiones otorgadas en casi 25 millones de hectáreas del país.

En 60 años México perdió su capacidad metalúrgica; heredó pueblos fantasmas, de los que antes eran pueblos mineros; vio reducida su capacidad de planeación y posiblemente de progreso social, al perder fuentes de trabajo local, que obligaron a la emigración masiva de sus habitantes a las grandes ciudades. En fin, que ahora se contemple este impuesto, este recurso, me parece correcto.

También podría decirles que al hablar de la minería mexicana, deberemos referirnos al aspecto legal. El artículo 27 de la Constitución, promulgado desde el 17, trata sobre la posesión de las tierras, aguas y riquezas del subsuelo, definiendo que lo anterior es patrimonio puntual básico de la soberanía mexicana. No se puede definir su creación como una conquista solamente de la Revolución Mexicana, sino más bien sería el producto final de una tradición centenaria, que se alimenta con los conceptos jurídicos propios desde los aztecas.

Tanto en la España monárquica como en el imperio azteca —recordamos— tuvieron como principios básicos el de la propiedad real de las riquezas del subsuelo. En ese momento, tanto el tlatoani como el rey de España eran —como representantes del Estado— los propietarios de las minas y sus productos.

Se puede concluir que la relación costo-beneficio, auspiciada por el actual sistema, dejó muy pocos dividendos para la nación mexicana, pero inmensas ganancias para unos cuantos grupos corporativos de la industria minera, que al mejor estilo porfirista se han incrustado en las altas esferas del gobierno para asegurar la protección de sus intereses estrictamente oligárquicos; corporaciones que le dan un trato predador a nuestro país, que hacen patentes los múltiples señalamientos de politólogos, quienes critican al sistema neocolonial en materia minera, que implica la explotación desmedida y el ataque al medio ambiente de los recursos de nuestro país.

De 1521 a 1830, en 300 años, las minas de nuestro país produjeron 191 toneladas de oro y 33 mil de plata. Fíjense ustedes, en 300 años 191 toneladas de oro y 33 de plata. En 10 años, del 2000 al 2010, se han extraído 419 toneladas de oro y 56 mil 144 de plata; son datos de un investigador serio, que ha escrito un artículo sobre este tema y que me parece muy importante rescatarlo.

Pero, ¿saben cuánto pagan las empresas mineras por hectárea? De 5 a 111 pesos por hectárea. Estas empresas, además de pagar estos ridículos precios por hectárea a los dueños originarios, piden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente créditos fiscales, tienen concesiones por 50 años, renovables y pagan los salarios más bajos de Latinoamérica.

Esto se debe a las reformas a la Ley Minera de 1992, las cuales acabaron con el régimen de propiedad social de la tierra, y a lo anterior se adicionan los cambios a la Ley de Inversión Extranjera, que equivocadamente han permitido la entrada del 100 por ciento del capital foráneo en estas empresas.

Como consecuencia, el 30 por ciento del país se encuentra concesionado, con la amenaza de que 800 proyectos a futuro puedan tener más hectáreas. La situación ha degenerado en casos en los que las transnacionales se valen de redes mexicanas de corrupción para operar de manera ilegal y con toda impunidad explotan y despojan de tierras a los ejidos y comunidades, por eso vamos a votar a favor; sin embargo, la desproporcionalidad del sistema recaudatorio mexicano que se propicia es inmensamente dispar.

Voy a plantear, ciudadano presidente, que plasme íntegro un documento que preparamos sobre este tema. Provengo de un municipio, que muchos de ustedes conocen: Fresnillo. Fresnillo, Zacatecas, donde está el santuario donde se venera al Santo Niño de Atocha, ahí tiene 450 años explotándose la mina más importante de los últimos centenarios de años, es la mina Peñoles, de Fresnillo.

Es tan enorme la riqueza que se ha extraído y la pobreza que en mi pueblo existe, que un poeta zacatecano, Cabral del Hoyo —y con esto concluyo— decía: Fresnillo, si tu suerte no fuera tan ingrata, tus banquetas y calles serían de oro y plata. De ese tamaño es la injusticia de nuestro pueblo.

Por esa razón, sé que muchos de ustedes también provienen de sectores mineros, y qué bueno que estamos aprobando; que es insuficiente, porque el 5 por ciento realmente queda en el 3.5, porque el 1.5 es por deducciones.

Esta iniciativa —debo de decirlo— la presentamos en el Senado; el presidente ahora de la Cámara presentó esta iniciativa y muchos la suscribimos, del 5 por ciento. En ese momento no pasó. Hoy espero que sí pase, porque la presión de las empresas mineras, de la oligarquía económica, es enorme contra esta decisión que la Cámara hoy está tomando. Por tal virtud, nosotros votaremos en favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro.

Doña Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, presidente. Para compartir totalmente los argumentos del diputado Monreal, mi paisano. Gracias a la gran riqueza arqueológica con la que contamos, la minería en nuestro país ha sido históricamente un sector de vital importancia para la economía nacional.

En la actualidad, la minería extractiva representa aproximadamente un 2 por ciento del producto interno bruto y genera más de 300 mil empleos directos, sin contar aquellos que se crean en otros sectores derivados de la necesidad de esta industria.

A nivel mundial, tal y como decían ya Fito Bonilla y Ricardo Monreal, ambos, todos nosotros procedentes de Zacatecas, México ocupa el primer lugar en la producción de plata, el quinto en plomo, el noveno en oro y el decimoprimero en cobre, además de ser considerado como el quinto país con mayor presencia minera dentro de una lista que incluye 72 países o regiones.

Lo anterior es una clara muestra del dinamismo que el sector minero nacional ha tenido en tiempos recientes y que de acuerdo a las proyecciones económicas a futuro, seguirá teniendo los próximos años.

Si bien es cierto que debido a las fluctuaciones constantes de los precios de los metales en el mercado internacional la boyante situación del sector minero podría transformarse en un panorama menos alentador, tampoco es que se pueda soslayar que durante los últimos años la industria minera ha sido una de las actividades de mayor rentabilidad en México, derivado sobre todo del ventajoso tratamiento fiscal a las que están sometidos actualmente los consorcios mineros.

La legislación minera vigente en nuestro país, así como las disposiciones relativas a la actividad, no producen beneficios a favor de la nación ni de los habitantes originarios de las tierras de donde se extraen los minerales, sino que favorecen únicamente a las grandes compañías.

Un ejemplo —para ilustrar y redundar en el ejemplo que señalaba el diputado Monreal— Zacatecas, estado que también represento en esta Legislatura, en donde se localizan las más importantes empresas mineras productoras en el país de plata, plomo, oro y zinc; el valor de la producción minera en su conjunto en Zacatecas asciende en promedio anual a más de 40 mil millones de pesos, que representan aproximadamente el 6 por ciento del total del valor económico de la producción minera en el país.

Los impresionantes volúmenes de producción minera registrados de los más recientes años han posicionado a Zacatecas en los primeros lugares planetarios de la industria extractiva global. Más de dos mil concesiones para la explotación minera operan en Zacatecas, que se distribuyen en casi el 60 por ciento del territorio de la entidad; sin embargo, debemos de decir que los beneficios económicos para Zacatecas y los zacatecanos son mínimos, la riqueza minera del estado no se ha traducido en el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población y esto se tiene que modificar en forma radical y por razones de justicia social.

Otra vez en el plano nacional, según informes oficiales los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales propiedad de la nación.

De acuerdo con datos de especialistas, tan solo en el año 2010 el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera y los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron —en el mejor de los casos— a unos 20 millones de dólares; en cambio, este mismo año, los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares, lo cual resultó una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos.

Hasta hoy, en nuestro país las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectáreas concesionadas. La fórmula está basada en la extensión de los lugares en los que se lleva a cabo la explotación y no en el volumen de las ganancias que obtienen por el usufructo de los recursos; es por ello que las aportaciones derivadas de esta fórmula resultan más bien simbólicas y no reportan mayor beneficio para el estado.

Es igualmente imprescindible, además de razonable, garantizar que los recursos obtenidos por la reestructuración del régimen fiscal al que las empresas mineras están sometidas en nuestro país sean destinados a financiar el desarrollo de las comunidades en las que la labor extractiva se lleva a cabo, de manera tal que sus pobladores perciban de forma directa un beneficio productivo de la actividad minera.

Requerimos que la minería no solamente deje a la población salarios precarios, contaminación y enfermedades, es menester que la industria extractiva se convierta a favor de progreso y desarrollo humano de la población.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de establecer el pago de una contraprestación por parte de las empresas mineras por el aprovechamiento de la extracción de sustancias minerales, en beneficio de los estados y municipios en donde se realice la extracción minera. Gracias por su respaldo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de ustedes y con la venia del compañero presidente. Cada vez nos resulta más incomprensible el comportamiento que tenemos en este Congreso, es simple de constatar, compañero presidente, si le parece esto el desarrollo de alguna asamblea legislativa, más parecen, a veces, romerías de plaza pública, donde se recuerdan aquellos domingos, en aquellos pueblos tranquilos, donde cada quien tenía su plática y cada quien esparcía su tiempo como quería y obtenía su diversión.

Traigo esto a colación, porque luego vienen reclamos de congruencia y de respeto a los reglamentos, pero se olvidan de actuaciones que van precisamente en el sentido contrario. Luego, se promueve, se acepta, se impulsa, se agiliza una ley preferente, que no tiene reglamento y después reclaman congruencia y apego a los reglamentos cuando se trata del desarrollo de otra ley.

Pareciera entonces, más bien que romería de plaza pública, una torre de Babel, donde no nos comprendemos, no por el lenguaje o por el idioma, sino por los intereses que efectivamente tenemos que entender que representamos y que son distintos.

En esto deberíamos de basar la oposición a las reformas que hoy nos ocupan y no pensar y no atraer argumentos que sirven para una o para otra ocasión. ¿Por qué no se dice que no se atiende a las comisiones con el fin de que no haya quórum, con el fin de eludir el debate de fondo, para después argumentar de una manera infantil, que primero se invoca al coco y después se asustan con él, de que se ha dado algún madruguete o se ha agilizado y no se quieren escuchar argumentos que se tienen?

Compañeros, compañeras, lo que hoy se impulsa es solo una parte pequeña, pero completamente necesaria para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Todos los aquí presentes conocemos los pueblos mineros: los de la zona carbonífera de Coahuila, los mencionados de Zacatecas y muchos otros más en el país y basta pasar por sus calles polvorientas, basta pasar por cualquiera de los servicios sociales que deben de prestar y verán el deterioro o la ausencia.

Cuando se trata de gravar para el beneficio de estas comunidades y de estos municipios no se defienden los intereses de los pobladores, se defienden los intereses de los empresarios, y fracciones que ven que van a estar en minoría, cuando se va a tomar una resolución de este tipo prefieren hacer el vacío.

Por eso, compañeras y compañeros, les llamo a que podamos votar a favor. No se puede seguir manteniendo en la situación de miseria, de atraso y olvido a nuestros pueblos y comunidades, que han dado riqueza al mundo, que han dado riqueza a mexicanos, pero fundamentalmente a extranjeros.

Es completamente correcto y justo que podamos tener una ley que le regrese a sus municipios y a las comunidades algo de lo que se llevan, muy pequeño, por cierto, el 5 por ciento de la ganancia neta. Creo que la duda es mucho más allá.

Pero además, en las concesiones que se dan, por ejemplo el artículo 6 que hoy reformamos de la Ley Minera, se da un trato leonino; la actividad minera tiene preferencia sobre todas las demás actividades que se desarrollan ahí, sean económicas, sociales, culturales o ambientales.

Por eso algunas de nuestras zonas arqueológicas hoy son invadidas, por ejemplo, los centros ceremoniales de nuestros indígenas, porque la actividad minera tiene preferencia, sin consultar a la comunidad, sin consultar al municipio, sin consultar con nadie. Hoy también eso reformamos y eso ayuda enormemente a que sea un pequeño paso.

¿Saben? Encontré en las comisiones una gran sensibilidad para discutir el tema y para poder ayudar a nuestros mineros en algo que tienen, cerca de 500 años de explotados y que no había habido una atención adecuada, una atención de calidad a nuestros pueblos.

Además, el compromiso de que éste es solo un paso, de que podremos dar lugar a una Ley Minera que permita, efectivamente hoy, mucho mejores condiciones de salud e higiene, de impactos ambientales, de respetos culturales y que permitan a nuestros pueblos, a final de cuentas, un mejor disfrute de la riqueza que yace en el subsuelo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Trinidad Secundino. Don Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy el Grupo Parlamentario del PAN se congratula en señalar que es un partido comprometido con México, con sus instituciones y con la gente.

En este sentido, todas aquellas medidas tendentes a la generación de empleo, mejora de las comunidades, creación de infraestructura y demás temas que puedan contribuir a un mejor país deben ser motivo de satisfacción y Acción Nacional se suma a este objetivo.

Quiero decir que la idea de esta iniciativa —en general— que nos ocupa, no es mala; sin embargo, el dictamen que hoy se presenta a esta soberanía tiene grandes deficiencias y problemas que no permitirán mejorar la legislación minera, de ninguna manera, ello sin dejar de lado las graves irregularidades de procedimiento que han venido ocurriendo hasta la presentación del dictamen a este pleno.

Estas irregularidades y arbitrariedades cometidas por el PRI han creado un problema en el procedimiento legislativo, ya que de acuerdo al artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados el dictamen que así lo requiera —como sin duda es el caso— deberá contener una valoración del impacto presupuestario y regulatorio, máxime tratándose de modificaciones a conceptos de carácter fiscal.

Igualmente, en ningún momento se le solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados la elaboración de un análisis de esta iniciativa de contenido fiscal. Por si fuera poco, compañeros, se convocaron a reuniones de comisiones dictaminadoras a través de los secretarios, sin que se hubiera cumplido al término legal y reglamentario para ejercer esa facultad.

Lo que le hicieron a los presidentes de las Comisiones de Hacienda y de Economía, compañeros, no tengan duda, se lo harán a los demás grupos parlamentarios. Ésa es la cortesía parlamentaria que el PRI ha puesto en práctica.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados denuncia una violación flagrante al Pacto por México, documento avalado y firmado por diversos partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados. Las violaciones a este pacto que aquí se denuncian se sustentan principalmente en tres cuestiones de gran relevancia; la primera, el dictamen que hoy se presenta representa única y exclusivamente una reforma al régimen de derechos, en este caso de los derechos mineros, los cuales deberían ser estudiados y analizados, de acuerdo al calendario del Pacto por México en la reforma hacendaria en el siguiente semestre de este año.

Cabe señalar que de avalar la propuesta que hoy se presenta estaríamos estableciendo un derecho en una ley de carácter no fiscal, la cual sin dudar a equivocarme a través del juicio de amparo se vendrá abajo. No tengo duda de ello.

Siguiente. Acción Nacional no se opone de ninguna manera a la revisión de un derecho minero; al contrario, estaríamos a favor del mismo, previo análisis y valoración del impacto presupuestal y regulatorio, tal y como lo dispone —como lo dije— el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

A lo que se opone el PAN es a que se imponga de manera arbitraria un dictamen sin un estudio previo de fondo, que considere el punto de equilibrio entre la generación de empleo, atracción de inversión y el gravamen que se pretende establecer.

Es indispensable que la tasa de contribución tenga una justificación sólida, que demuestre que la misma no afectará a la competitividad, la inversión y el empleo del sector minero. Situación que parece que legisladores de otros partidos no han querido analizar y cumplen únicamente con los mandatos de la cúpula del partido al que pertenecen, en detrimento no solo de los titulares de las concesiones, sino de los mismos trabajadores, de los pequeños mineros y del país en general, de su infraestructura y de su desarrollo tecnológico.

El Grupo Parlamentario del PAN se pronuncia por el estudio a consciencia de una contribución de esta naturaleza apegado a la realidad de la industria minera mexicana, tomando en consideración a las pequeñas y grandes empresas, las condiciones del mercado y las condiciones del país.

El PAN no quiere que la industria minera se vea afectada y se inhiba el crecimiento de la misma, no desea limitar la inversión y con ello que se pierdan oportunidades de empleo y desarrollo o la generación de otras contribuciones fiscales.

La tercera violación al Pacto por México —la cual consideramos la más preocupante— es la que se estaría dando en el punto 2.6, que habla sobre transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.

Si me permite concluir, presidente, es un tema importante y me parece relevante para todos los mexicanos, compañeros. Por tanto, les pido su comprensión y respeto.

Reitero que es cierto, que esta propuesta que hoy vamos a analizar incluye conceptos para que en los beneficios que la industria minera genere deban incluirse a los habitantes de las zonas donde éstas se establecen, a que mitiguen los daños al medio ambiente, al respeto a las comunidades, lo cual suena bien. No obstante estos avances descritos en los acuerdos encaminados para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad del país, hoy nos los estaríamos, compañeros, llevando al carajo.

Compañeros, los legisladores tenemos la responsabilidad de buscar los mejores instrumentos para terminar con la pobreza, donde el empleo y el crecimiento económico sean los pilares para lograr este objetivo. Compañeros, tenemos que ser absolutamente responsables.

Con base en estas consideraciones antes expuestas, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades mineras, los trabajadores, la creación de empleos, la atracción de inversión, el desarrollo de infraestructura y obra social, todo en beneficio de México. Adelanto que mi grupo parlamentario votará en contra en lo general. Por su comprensión, gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Lourdes Eulalia Quiñones Canales, tiene usted el uso de la voz.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración reviste la mayor importancia para el desarrollo del país, toda vez que potencia al sector minero nacional, al tiempo que beneficia el desarrollo regional y fortalece a la economía popular; es decir, la propuesta plantea el impulso y consolidación del tan anhelado círculo vicioso entre explotación minera y beneficio social, vínculo indispensable en todo sistema moderno y democrático que privilegia como valor insustituible a la justicia social.

De ahí que el Grupo Parlamentario del PRI se encuentra a favor del presente dictamen, ya que de ser aprobado estaremos ante la inminente posibilidad de avanzar en la justicia distributiva como condición necesaria para que las y los mexicanos accedan a mejores condiciones de vida y disfruten de los beneficios del desarrollo.

La propuesta que hoy se pone a nuestra consideración da respuesta a una sentida demanda social, al establecer un destino específico para el monto de la recaudación fiscal derivado de las empresas mineras, el cual beneficia esencialmente a las entidades y municipios en donde se realizan las actividades de extracción mediante obras de claro beneficio social.

En síntesis, se pretende con esta reforma dar por terminada la terrible paradoja de tener empresas mineras boyantes y competitivas en regiones donde la pobreza y la desigualdad son las características de sus pobladores.

¿De qué sirve que un sector tan importante y estratégico de nuestro país como es la minería se desarrolle, si los beneficios no se traducen en bienestar y mejor calidad para la población?

Por ello estaremos a favor de establecer el pago de una compensación minera a las actividades de extracción de sustancias minerales, determinable a partir de un porcentaje propuesto del 5 por ciento respecto de los ingresos acumulables netos de las empresas mineras, así como el establecimiento de un comité representativo de la federación, el estado, los municipios y empresas mineras por entidad federativa, a efecto de planificar las obras a realizar, conforme a las prioridades de mayor beneficio social.

Es decir, el proyecto privilegia, además, la participación de las instituciones públicas, de la iniciativa privada y de los ciudadanos, a efecto de atender la problemática social específica de las comunidades, dotando de certeza y transparencia el destino de los recursos.

En suma, nuestro voto a favor es un voto por el equilibrio social, por la justa distribución del ingreso y en beneficio de los grupos más vulnerables del país; es un acto de congruencia en la lucha contra la erradicación de la pobreza y el desasosiego que ésta produce; es ordenar desde la ley la reducción del contraste que produce la desigualdad.

Señoras y señores legisladores, la pobreza es intolerante en un territorio de abundancia. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Lourdes Eulalia. Tiene la palabra en contra don Rubén Camarillo. Inmediatamente después, a favor, don Víctor Manuel Jorrín; vamos a cantar las reservas y abriremos el sistema electrónico.

El diputado Rubén Camarillo Ortega:Gracias, presidente. Aquí se han venido a decir a la tribuna todos los argumentos que cada quien ha creído válidos para decir que hay que votar a favor de esta iniciativa; sin embargo, quiero también poner a su consideración algunos elementos del por qué no.

Son tres razones fundamentales por las cuales el Partido Acción Nacional y su grupo parlamentario no pueden acompañar esta iniciativa, a pesar —y lo quiero dejar muy claro— de que pudiéramos coincidir en el fondo de su contenido.

Primero, porque no podemos estar de acuerdo en aprobar leyes, cuando éstas están plagadas de ilegalidades; segundo, porque es profundamente falaz el argumento de que esta iniciativa pretende favorecer a estados y municipios donde existe actividad minera, y tercero, porque existe una gravísima equivocación en el ordenamiento legal que en todo caso debería de reformarse.

Por favor, compañeros, no es la Ley Minera, es la Ley Federal de Derechos la que debió haber sido en todo caso modificada.

Me explico en cada uno de estos tres temas; primero, hubo suplantación de los presidentes de las comisiones de Hacienda y Economía; segundo, las sesiones de comisiones unidas que fueron convocadas de manera ilegal por los secretarios no tuvieron quórum, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento; tercero, fue tal el tamaño de la pretensión de forzar su discusión, que ayer mismo esta asamblea le llamó la atención al presidente de la Mesa Directiva, negándole el cambio en el orden del día.

Si eso no fuera suficiente, la pregunta aquí sería, a ver, si se tratara de beneficiar directamente a estados y municipios mineros —la pregunta para todos mis compañeros del PRI— ¿por qué no propusieron entonces modificar la ley para que los estados y municipios mineros fueran los que cobraran directamente estos impuestos? ¿Por qué pasar por la federación?

Tercero —y finalmente, para que el presidente no me toque la campanita— finalmente no se entiende que se haya modificado la Ley Minera en lugar como debió haber sido la Ley Federal de Derechos. Modifican la fracción II y se supone que dejan sin efecto la Ley Federal de Derechos; en la Ley Federal de Derechos hay un capítulo completo que habla de minería, ¿de dónde se sacaron ustedes esta iniciativa?

Conmino —si es que hay alguna explicación de por medio— a mi compañero el diputado Marco Bernal, que fue el iniciador de esta ley, a que nos venga a decir; compañero, usted bien lo sabe, hay un derecho similar que tiene que ver con los estados y municipios donde hay actividad petrolera, ¿de dónde se sacó esta ley, compañero? Por favor.

Al final desafortunadamente se van a quedar como el perro de las dos tortas, sin una y sin otra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Don Víctor Manuel Jorrín, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, presidente; compañeros diputados, en la reunión que se tuvo con las comisiones unidas, hice el comentario de que no estaba de acuerdo en que fuera solamente el 5 por ciento lo que se les cobre a las mineras, que debería de ser el 10 por ciento, como mínimo, lo que se les tiene que cobrar a las mineras, porque explotan el patrimonio de una comunidad, de un municipio y de la nación.

Son miles de millones de pesos y de dólares que se llevan estas empresas y dejan en la pobreza; se llevan el recurso, dejan en la pobreza a ese municipio, contaminan y no regresan lo que se llevaron.

Por este motivo, hablar del 5 por ciento, aumentarles un punto, no es significativo; si queremos ayudar a los municipios y buscar su autonomía, como lo ha mencionado el secretario de Hacienda, que los municipios cobren sus impuestos, entonces debemos decirle que ni siquiera de este 5 por ciento le debe de tocar a la federación el 30 por ciento, porque así lo reparte: de este 5 por ciento le va a dar el 70 por ciento a estados y municipios y de ese 70 por ciento, el 50 por ciento para el municipio y el 50 por ciento para el estado.

Con esta ley, la federación va a tener un beneficio, y sí sabe cobrar la federación los recursos que le corresponden al municipio, porque se va a quedar con el 30 por ciento; sin embargo, a los empresarios mineros no les va a cobrar lo que les corresponde.

Por lo tanto, la propuesta que hice en estas comisiones, que a final de cuentas, por la falta de tiempo no se pudo hacer la discusión con más tiempo, queda con el 5 por ciento, lo cual tenemos que votarlo a favor; sin embargo, la reflexión es que no corresponde lo que se llevan las mineras con lo que dejan de pobreza y enfermedad de los mineros.

Vinieron los mineros a platicar con nosotros diciendo que tenían muy pocos recursos para poder subsistir con estas mineras y que además corríamos el riesgo de que se perdiera la inversión. Es preferible perder la inversión que seguir perdiendo los recursos naturales y que sigan socavando el patrimonio nacional.

En este caso perder la inversión no significa que perdemos fuentes de empleo. Tenemos que buscar creatividad y generar nuestros propios empresarios mexicanos que hagan esta explotación.

Tenemos el caso de Mulegé, en Baja California Sur, en donde las mineras hacen cambio de propietarios y no le pagan tampoco el impuesto correspondiente al municipio por hacer cambios de propietarios. Hay muchas estructuras que tienen estas empresas mineras que extraen el recurso natural y que no le regresan al municipio.

Ahora bien, se menciona que con este 5 por ciento van a poder ayudar a los municipios y les van a hacer el favor de hacerles alguna escuelita, algunas calles y darles algunos servicios; sin embargo, los miles de millones se van a Europa o a Estados Unidos de América o a Canadá.

Aquí es donde tenemos que intervenir, si queremos darle la autonomía al municipio, la autonomía económica, y la autonomía económica se puede lograr en estos municipios con el recurso minero que le pertenece al municipio. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Les voy a platicar de las reservas: 27 Bis, párrafo primero, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara en la Ley Minera. En la Ley de Coordinación Fiscal, el 2o., párrafo segundo, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara; artículo 2o., párrafo cuarto, diputado José Arturo López Cándido; en el 47 Bis, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, y en el proyecto de decreto en su conjunto, una modificación al artículo transitorio, firmado por don Tomás Torres Mercado.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Habrá oportunidad en las reservas. No está usted registrada. Adelante.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Presidente, se emitieron a favor 359, 19 abstenciones, 77 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y los artículos no reservados.

Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que nos va a presentar sus reservas: el 27 Bis, párrafo primero de la Ley Minera, y el 2o., párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Cada día, ustedes me van a ir dando más la razón. Al presidente le pido que les informe que voy a tener tiempo suficiente para hacer mis dos reservas.

Miren, alguien me preguntaba hoy del Pacto por México, por qué le llamo pacto contra México. Claro, porque es un fracaso; es un fracaso porque la mayoría del pueblo de México lo está sufriendo, nada más es cuestión de ver la televisión, por más que quieran manipular, ya empiezan a ver las respuestas sociales a sus...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, con todo respeto, lo conmino a hablar sobre el tema de las reservas.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, claro que sí, es sobre el tema. Miren, y vemos sus contradicciones, que aunque en temas importantes, son secundarios para los acuerdos estratégicos que toman, que no aparecen en las primeras planas de los periódicos políticos, sino aparecen en las planas de sociales, en la boda de Yucatán. Ahí están los que mandan en el país.

Ahora sí les voy a explicar por qué —ahí les va el tema— miren, se dice que México tiene una tierra generosa y muy noble. De acuerdo a datos históricos del Inegi, en el transcurso de la Colonia se calcula la extracción de mil 700 toneladas de oro y más de 230 mil toneladas de plata.

Ante la riqueza minera, a principios del siglo XIX, el barón Humboldt denominaba a México como el cuerno de la abundancia, tierra de abundancia, que de acuerdo a datos del mismo Inegi, del año 2001 al 2010, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y cerca de 30 mil toneladas de plata en las minas mexicanas. El doble de oro y plata extraído en proporción de 1521 a 1821, y aún así se tiene el cinismo de pregonar que con el pago de un derecho especial a la minería se atenta contra la libre empresa y la inversión de capitales nacionales y extranjeros.

Hay que tener vergüenza, compañeros legisladores y legisladoras, para seguir permitiendo y callar el robo que se hace al país.

Resume Francisco López Bárcenas, autor del libro El mineral o la vida, sobre la legislación minera en México, que la riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada en el despojo de los bienes de la nación

Este mismo autor refiere que en forma de miles de concesiones mineras, 50 años de vigencia renovables, se han entregado alrededor de 52 millones de hectáreas, equivalentes a 26 por ciento del territorio nacional, en los últimos 30 años. He ahí uno de los motivos para desaparecer el amparo agrario de la nueva Ley de Amparo aprobada por el Congreso de la Unión, por ustedes.

Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, en octubre de 2012 declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años.

El jefe de ustedes, Carlos Salinas de Gortari, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente al Grupo México, de Larrea, al Grupo Peñones, de Bailleres, y Grupo Frisco, de Slim, controlando gran parte de la minería de este país.

Es increíble que se conviertan en voceros del capital minero nacional y extranjero para defender a ultranza las cuantiosas ganancias que extraen del suelo mexicano Carlos Slim, Alberto Bailleres González y Germán Larrea Mota Velasco. No son solo los hombres más ricos del mundo, sino que los tres tienen negocios en el sector minero, a través de sus empresas Minera Frisco, Peñoles y Grupo México, respectivamente.

Mientras que la riqueza de Slim creció 6 por ciento, la de Bailleres González, quien preside el Grupo Minero Peñoles, incrementó su fortuna 10.3 por ciento, para acumular 18 mil 200 millones de dólares. Larrea Mota Velasco, ha amasado la tercera mayor riqueza del país, de más de 16 mil millones de dólares solo al frente del Grupo México, también dedicado a la minería. Su fortuna creció en solo un año casi 18 por ciento.

Hace unos días el Sindicato de Comunicaciones y Energía y Papel de Canadá, el Consejo Nacional de Recursos Humanos de la Industria Minera de Canadá, y la organización United Farmworkers, denunciaron que empresas mineras canadienses están violando derechos laborales de trabajadores mexicanos en estados como Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Chiapas y Chihuahua, que ustedes representan. Señalan que las empresas mineras canadienses están teniendo un impacto negativo en los derechos laborales y humanos de los trabajadores y comunidades mexicanos. No es posible que voceros extranjeros se preocupen y ocupen de nuestros mineros, mientras aquí sobren voceros de los depredadores de este país. Hablar de mineras en esta tribuna es hablar de explotación y vejaciones de los trabajadores mineros. Pasta de Conchos aún está pendiente.

Según información de la Camimex, el valor de la producción de 2010 llegó a 13 mil 900 millones de dólares, para lo cual fue necesario una inversión de 3 mil 316 millones, que equivale solo al 25 por ciento del total de la producción minera nacional del año señalado.

Los efectos depredadores de la minería no solo se presentan en las condiciones de trabajo inhumanas de los mineros, sino de la irresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salubridad —estoy culminando— en que desarrolla la actividad. Aunado a ello, la depredación del medio ambiente en el lugar de la mina y su entorno, la afectación del medio ambiente derivada de su extracción, transportación y beneficio de minerales difícilmente es reparado por la empresa minera.

Por ello, a todos los que piden tiempo, les proponemos aumentar el porcentaje del derecho especial que se propone del 5 al 8 por ciento, porcentaje que no cubre mínimamente el daño que ocasiona la actividad al medio ambiente y que del 70 por ciento de la recaudación total se le invierta y se le dé el 80 por ciento a los municipios y el 20 por ciento a los estados.

Sabemos, obviamente, que no van a aprobar estas iniciativas, que aunque en el fondo las compartan, porque ya lo he dicho, como dirían en el México prerrevolucionario: Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de América. Pero hoy lo que decimos es: Pobre México, tan lejos de Dios y ya llegó Carlos Salinas, el jefe de los 30, a ordenarles qué tienen que hacer para defender los nombres y los datos de las personas que he dicho en esta tribuna. Es una desgracia, por el pueblo de México...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Culmine, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: ... cómo actúan los diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de admitirse a discusión las propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don José Arturo López Cándido, del PT, tiene usted el uso de la palabra, por tres minutos, para presentar reserva del artículo 2o., párrafo cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Está don Arturo López Cándido? Ahí viene, viene despacito, pero viene.

El diputado José Arturo López Candido:Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. La iniciativa que presento es muy sencilla. En este planteamiento que hicieron o esta modificación o incorporación, lo que quiero plantear es que todos los sectores, la mayoría de los sectores han sido tomados en cuenta en estos comités de desarrollo regional para las zonas mineras, pero a los trabajadores no se les ha tomado en cuenta y me parece que uno de los principales factores de desarrollo son los trabajadores.

Nada más quisiera que se incluyeran a los trabajadores en este beneficio y me parece que es muy importante, porque de ellos depende mucho el proceso y el desarrollo de la minería en nuestro país. Eso es lo que quisiera, que nos apoyaran y que no se nos olvidaran los trabajadores. Así como se incorporaron a la mayoría de los sectores, lo que no veo es a los trabajadores. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la reserva.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. La siguiente, del 47 Bis ha sido retirada.

La que tiene que ver con el primero transitorio la explico. Básicamente es que en lugar de que entre en vigor al día siguiente de su publicación, entre a los 90 días. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión. Es la de don Tomás Torres Mercado, que dejó instrucciones para que así se hiciera.

«Diputado Francisco Arroyo Vieyra; Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Los suscritos diputados integrantes de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados, la reserva mediante la cual se propone modificar la redacción propuesta del artículo primero transitorio del dictamen a discusión presentado por las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, bajo lo siguiente:

Exposición de Motivos

Considerando la transcendencia de la contribución que se pretende establecer, la necesidad del establecimiento de reportes y formatos tanto de producción, como para realización del pago de este derecho, así como los controles y sistemas que la administración pública federal tiene que establecer para recaudar y fiscalizar este nueva contribución , es necesario que se tenga un tiempo de transición que permita la adecuada implementación del derecho.

Asimismo, deberán de establecerse las reglas específicas y plazos para la constitución de los comités y el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

Por lo anterior somete a consideración de esta soberanía considerar como fecha de entrada en vigor de las disposiciones contenidas en el dictamen, a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dice:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Debe decir:

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a partir de los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 25 de abril de 2013.— Diputados: Tomás Torres Mercado, Maricela Velázquez Sánchez, Fernando Cuéllar Reyes (rúbricas).»

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte a la asamblea si autoriza a que el término de 90 días pase a formar parte del primero transitorio.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a que forme parte del artículo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Así las cosas, ábrase el sistema electrónico de votación, a efecto de recabar la votación del 27 Bis, párrafo primero, el 2o., párrafo segundo, del 2o., párrafo cuarto, del 47 Bis y del primero transitorio.

La diputada Amalia Dolores García Medina(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Señor presidente, estamos tocando un tema realmente esencial, tiene que ver con el asunto, porque el 30 por ciento del país está concesionado y estamos aquí haciendo un análisis de un impuesto que permitiría que por lo menos una pequeñísima de las ganancias enormes que tienen las empresas mineras pudiera ir a los estados, a los municipios y a las regiones que son depredadas y destrozadas por la acción de las mineras nacionales y extranjeras.

Pedí la palabra cuando se iba a pasar a la votación en lo general y usted me señaló que sería posteriormente, cuando hubiera el momento de las reservas.

Por eso es que ahorita estoy interviniendo, con la intención de dar a conocer mi opinión respecto de que esto que se está presentando es positivo, hay que votar a favor, siendo insuficiente, porque se tiene que ir a una reforma integral a la Ley Minera, que garantice que las mineras reinviertan por lo menos una parte de sus gigantescas ganancias en esas regiones depredadas.

Que el daño al medio ambiente, que es brutal, porque se deteriora el ambiente, la flora, la fauna, la tierra, el agua, el aire, que pudiera mínimamente ser reparado y los enormes recursos se reinviertan para el crecimiento de nuestro país. Era con ese objeto. Provengo de un estado minero y de un país minero, que ha sido saqueado.

Por tanto, considero que además la Ley de Coordinación Fiscal tendría que garantizar que todos los ingresos por derechos mineros fueran a los estados y las regiones donde están las empresas mineras. Para eso quería intervenir, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal de los artículos que he mencionado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 2o., 27 Bis, 47 Bis, en términos del dictamen; artículo primero transitorio, con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron a favor 341 votos, 16 abstenciones y 68 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, se devuelve el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, mismo que fue aprobado con modificaciones en esta fecha por la Cámara de Senadores.

Atentamente

México, DF, a 19 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica) vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones.

Artículo Único. Se reforman el párrafo primero del artículo 6o.; el artículo 7o.; el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al artículo 6o.; los párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso l) a la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a VII. ...

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohibe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

V. La Ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo presentará anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

Artículo 7o.Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Artículo 27. ...

...

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En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará acabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

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Artículo 28. ...

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

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El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;

II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;

VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo  podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;

IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;

X. La retribución que perciban los comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;

XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 4 años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

IV. Poseer título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados.

Los comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el periodo respectivo.

Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

Todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XVI. ...

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII. a XXX. ...

Artículo 78. ...

...

I. a VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII. ...

Artículo 94. ...

...

...

...

...

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número,  división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 105. ...

I. ...

a) a i) ...

j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

..

...

II. y III. ...

...

...

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones.

Tercero. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá:

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración;

II. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 6o.  que se adiciona en virtud del presente decreto. Pasarán a este organismo público los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales;

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permitan distinguir las concesiones de uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas;

IV. Regular el derecho de réplica;

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia;

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente;

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para su registro público;

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas;

IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, y

X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente decreto.

Cuarto.En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en su caso, las contraprestaciones correspondientes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado los concesionarios que tienen el carácter de agente económico preponderante en términos de la fracción III del artículo octavo transitorio de este decreto, establecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, mediante lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. La autorización a que se refiere este párrafo podrá otorgarse a los agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en las fracciones III y IV del artículo octavo transitorio de este decreto. El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes.

Quinto.A la entrada en vigor del presente decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente.

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

Sexto. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros comisionados nombrados en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará los periodos respectivos.

Para los nombramientos de los primeros comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente:

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto;

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes;

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará un plazo de diez días naturales para resolver sobre la propuesta, y

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución.

Séptimo. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del presente decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este decreto.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente decreto mediante juicio de amparo indirecto.

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente decreto.

Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el artículo tercero transitorio a la fecha de la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, éstos ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente decreto y, en lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Octavo. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, deberá observarse lo siguiente:

I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde.

Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales.

Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes en los términos de este decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Estos concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a éstos últimos.

Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.

II. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicará, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de su integración, las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que  deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión  con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión abierta. No podrán participar en las licitaciones aquellos concesionarios o grupos relacionados con vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico, que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión de 12 MHz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona de cobertura geográfica.

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a| cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.

IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, establecerá las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final.

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios telecomunicaciones.

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, los títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades.

VI. En un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recabará la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de Concesiones  a que se refiere el artículo 28 de la Constitución.

Noveno.En relación con las resoluciones a que se refieren las fracciones III y IV del artículo anterior, se estará a lo siguiente:

I. Se pronunciarán de conformidad con el procedimiento que establezca la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

II. Únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, tal y como lo establece el artículo 28 de la Constitución, reformado en virtud del presente decreto. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento y los actos intraprocesales sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, y

III. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente podrán ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto en los términos de la fracción anterior.

El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas resoluciones será sancionado en términos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento a la separación contable, funcional o estructural dará lugar a la revocación de los títulos de concesión.

Décimo. Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Décimo Primero.Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de  atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales.

La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento.

Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia de retransmisión de contenidos, con excepción de la materia electoral.

Décimo Segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior.

Décimo Tercero.La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria a los órganos reguladores a que se refiere este decreto para el desempeño de sus funciones, así como las previsiones presupuestarias para el buen funcionamiento del organismo a que se refiere el artículo 6o., Apartado B, fracción V, de la Constitución.

Décimo Cuarto.El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la  información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal.

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia.

Décimo Quinto. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Décimo Sexto.El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., apartado B, fracción II del presente decreto y las características siguientes:

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que concluya el año 2018;

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida;

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados;

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red;

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de servicios;

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de  redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida, y

VII.  Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se refiere este artículo.

Décimo Séptimo. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes, las siguientes acciones:

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo décimo sexto transitorio de este decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población;

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura  universal;

III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura;

IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, incluirá lo siguiente:

a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y

b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional  de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Décimo Octavo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.— México, DF, a 19 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del inciso E del artículo 72 es que se da esta discusión. Tiene el uso de la voz don Julio César Moreno, para ilustrar a la asamblea respecto de este trámite.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el día de hoy se somete a discusión y, en su caso, aprobación la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que de ser aprobada sentará las bases para que nuestro país se encuentre a la vanguardia en el campo de las telecomunicaciones dentro del contexto de un mundo globalizado.

No cabe duda que desde el primer momento en que se comenzó a discutir el tema de telecomunicaciones en el seno de esta soberanía teníamos conocimiento de que en nuestras manos se encontraba una de las reformas más trascendentales de esta Legislatura, ya que los intereses que se trastocaron no son menores.

Es por ello que el trabajo legislativo que hasta hoy se ha realizado en ambas Cámaras ha tenido como única finalidad lograr una profunda transformación en esta materia en beneficio de todos.

Por ello, a lo largo de este proceso legislativo hemos tenido presente que las telecomunicaciones fortalecen todo Estado democrático, porque permiten el acceso a una dimensión inacabable de información, de conocimiento, de aprendizaje, de nuevas capacidades y a posibilidades inmensas de comunicación con otras personas e instituciones.

En este sentido, esta Cámara de Diputados creó una reforma completa que no dejó nada a la desatención, sino por el contrario, previó los elementos indispensables para fortalecer el derecho a la información y las tecnologías, a través de la creación de organismos especializados, que con su función, lograrán que el sector de telecomunicaciones sea estable y robusto.

Por ello celebramos que el Senado de la República se sume al espíritu de la reforma aprobada en esta Cámara, fruto del consenso y del trabajo de las comisiones y el pleno de ambas Cámaras, al incluir lo siguiente:

Se específica que el organismo público de telecomunicaciones que preste el servicio de radiodifusión será un organismo descentralizado. Se incluye dentro del concepto de concesiones sociales a las comunitarias e indígenas. Se incorporan como contrapesos a los órganos de Ifetel y el de Comisión Federal de Competencia Económica, los que deberán presentar un informe de actividad trimestral. Se establece que por falta grave los comisionados de los órganos puedan ser removidos de su cargo.

Asimismo se señala que cada órgano deberá contar con una contraloría interna. En los servicios de telecomunicaciones se precisa que los mismos se prestarán en condiciones de acceso libre y sin injerencias arbitrarias, sin confundir esta expresión con la gratuidad de los servicios. Se establece que el Ifetel fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, previa opinión de la autoridad hacendaria, misma que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días.

En materia de amparo, las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.

Solamente en las resoluciones en las que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo. Por lo cual, se daría una suspensión de hecho, ya que será hasta que el juicio de amparo culmine con una resolución que las sanciones puedan aplicarse.

Respecto de las resoluciones emanadas del procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrán impugnarse las que pongan fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que no debemos dejar de lado que nuestra nación se encuentre atrasada en lo referente a procesos transformadores, generando así el estancamiento y retraso de diversos sectores de nuestra sociedad. Ya no podemos esperar ante un mundo cada día más globalizado y con una evolución tecnológica incesante en la que impera la innovación.

Los legisladores, como representantes del pueblo, debemos de estar conscientes del control que se debe ejercer sobre el servicio de televisión y telefonía, sectores que desde hace décadas se encuentran intactos, sin ser objeto de reforma alguna, por lo que proponemos actualizarlos mediante una expansión del mercado que permita una participación más amplia de diversos grupos, lo que se reflejará directamente en la economía de cada mexicano, quien podrá elegir entre las diversas opciones que se le presenten, teniendo acceso a tecnologías de punta y contenidos de calidad en las transmisiones.

De este modo, con reglas claras y abiertas, con una autoridad fortalecida, con límites a la concentración, con obligaciones bien establecidas en cuanto a calidad, costo y continuidad de los servicios, las telecomunicaciones cumplirán mejor su papel dinamizador de la economía y de la participación social en el desarrollo nacional.

Señores legisladores, los invito a votar a favor del contenido de esta minuta, ya que en materia de telecomunicaciones no podemos darnos el lujo de permanecer en el estancamiento. Tengamos presente que la pluralidad de opinión, así como la calidad de los servicios y contenidos, nos reflejará como una sociedad más competitiva. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Luis Antonio González Roldán, ha declinado; doña Lilia Aguilar Gil —le pregunto— tiene usted el uso de la voz. Declina también. Don Ricardo Mejía Berdeja, ¿declina? ¿No? Pase usted.

Esta Presidencia saluda rápidamente a alumnos del cuarto semestre de la Universidad de Guadalajara, invitados por la diputada Celia Gauna.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente, es lamentable ser testigo de la abdicación que se vive en esta Cámara; mientras en el Senado se dieron la oportunidad de convocar a foros, discutir con especialistas, turnar esta reforma a diferentes comisiones, aquí se canceló el debate y se violaron procedimientos parlamentarios.

Los diputados y las diputadas de los grupos mayoritarios abdicaron a su función representativa y a su encomienda, como Cámara del pueblo de México. Así lo hicieron con esta reforma de telecomunicaciones, como con la reforma laboral y la reforma educativa. Y así lo harán seguramente con otras reformas entreguistas, como la reforma energética.

Ayer, a propósito de un punto de acuerdo de la reforma a los artículos 25 y 26 constitucional, señalamos que solo siete Legislaturas habían aprobado esta reforma, que fue desde el 13 de diciembre. La Dirección de Proceso Legislativo nos informa que al día de hoy solo van 13 Legislaturas.

Es decir, es una reforma constitucional que inició primero que todas y está ahí estancada, durmiendo el sueño de los justos. No interesa, porque quizá no hay facturas que pagar y por eso no hay la urgencia en los trámites parlamentarios.

Hemos criticado que esta Cámara se ha convertido en una oficialía de partes, pero desafortunadamente la están convirtiendo ya en una ventanilla de trámites.

El Senado de la República se ostenta ya como el único contrapeso en la República, e incluso se da el lujo de proponer reformas en materia de deuda, cuando no tiene facultades para ello, según el artículo 72, en su inciso H. Pero esto es producto de la inacción de esta Cámara del pueblo de México, y es que de manera centralista, con el Pacto por México, se imponen leyes, se pisotean procedimientos parlamentarios e incluso se dictan líneas para reprimir movimientos sociales, se manosea la Constitución sin recato y sin técnica parlamentaria ni legislativa.

El Pacto es un instrumento excluyente y entreguista, un supremo poder conservador y es la palanca de la restauración autoritaria del PRI de hoy.

Por eso nos llama la atención que hay quien se duele de los excesos de su socio en el Pacto, me refiero al PAN y al PRD, sin embargo ahí están. Por eso decíamos que se enojan en el día y se contentan en la noche; es como una relación sádico masoquista, en el que uno golpea y el otro se regocija en el sufrimiento. Por eso decimos que es la hora de las definiciones políticas.

Su primer producto, la reforma educativa, ha generado más problemas que soluciones. No hay un nuevo modelo educativo en el país, lo que hay es el modelo Acteal de Emilio Chuayffet para reprimir a los maestros y atenazar a los gobernadores para que den línea en los Congresos locales.

En Guerrero, como en Acteal, Chuayffet sabía lo que podía pasar y forzaba imponer una ley y siguió adelante.

Mientras a unos maestros se les criminaliza o se les lleva al borde de la desesperación social, otro maestro, Humberto Moreira, es comisionado del SNTE y disfruta una beca en España, mientras saqueó por 40 mil millones de pesos al estado de Coahuila.

Esto es en el Pacto por México y la reforma que hoy discutimos, la de telecomunicaciones, no evade esta circunstancia.

Hemos dicho que no es más que un trueque entre Slim, que podrá invertir ahora en televisión y Azcárraga que podrá invertir ahora en telefonía, ¿y dónde queda el pueblo de México? Los servicios son los peores y los más caros y ahí no se hizo nada para resolverlo.

Hemos dicho que el Senado abrió la discusión, pero también tuvo retrocesos. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para ser comisionado de esa institución, se bajó a un año —como requisito— de no haber sido procurador general de la República, diputado federal, diputado local, jefe de gobierno o gobernador.

Es decir, ¿qué se va a construir un Pritel, como tenemos ya una Pridesol? ¿Habrá línea, o ya hay dados cargados hacia algunos comisionados?

Sigue interviniendo el Banco de México y el Inegi en este consejo. En la inversión extranjera se sigue manteniendo al 100 por ciento y hemos señalado que esto es parte de la extranjerización de la vida nacional. Ya hoy hay críticas muy fuertes a la reforma al artículo 27. Ayer pasó un poco de noche, pero la gente ya se está dando cuenta de este crimen a los bienes nacionales.

Por todas estas razones, ratificamos nuestro voto en contra de la reforma constitucional. No se establecieron —concluyo, presidente, eran 10 minutos por ser reforma constitucional— porcentajes para las radios comunitarias, simplemente se mencionó, pero no hay porcentajes.

Por todas estas razones, vamos a votar en contra e invitamos a los legisladores nacionalistas y progresistas del país a votar en contra de esta reforma. No es la gran reforma, como se ha querido vender, no es la caída del muro de Berlín ni es algo que se le parezca, es un parto de los montes para seguir beneficiando a grupos oligopólicos en México.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Federico González Luna Bueno, tiene usted el uso de la voz. ¿No está don Federico? Declina. Doña Roxana Luna Porquillo.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Está culminando el proceso deliberativo en el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal establecía, en términos generales, aspectos medulares de la reforma desde un punto de vista institucional, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y el Organismo Público de Radiodifusión sin fines de lucro, los tribunales especializados y otros; sin embargo, la propuesta presidencial requería del aporte del Constituyente Permanente para incorporar diversas demandas sociales, siempre postergadas por el poder político.

Diversos diputados, diputadas y senadores del Partido de la Revolución Democrática hicimos énfasis en la importancia de incluir dichas demandas sociales en la reforma constitucional y no postergarlas a una eventual adición en la legislación secundaria.

Dentro de dichas demandas sociales, que hoy están en la minuta para su aprobación en este dictamen, están las siguientes; primero, el que los medios de uso social incluyan expresamente a los medios comunitarios e indígenas. Esto debido a que al día de hoy los medios de comunicación comunitarios, tales como radios comunitarias, o no existían o estaban por desaparecer.

Por su parte, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener sus medios propios de comunicación había sido una ilusión constitucional, por no existir una figura jurídica que les diera vida.

Esta reforma obligará a que al elaborar la ley secundaria se prevea un proceso simplificado para la existencia de los medios sociales para permitir la viabilidad financiera y todo esto pueda contribuir a la pluralidad.

Segundo, el reconocimiento del derecho de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones. Las audiencias en México hemos carecido de los derechos elementales como radioescuchas y televidentes; las audiencias hemos estado a merced de los buenos o malos contenidos que los concesionarios y permisionarios difunden a través de las frecuencias del espectro radioeléctrico que es patrimonio de la nación.

Por otro parte, los usuarios de las telecomunicaciones hemos tenido derecho como cualquier consumidor, sin importar la experiencia comparada desde qué diversos derechos se adicionan y los específicos para los usuarios de telecomunicaciones.

Por lo cual, esta reforma constitucional, además del reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los usuarios en telecomunicaciones, busca materializarlos y hacerlos realidad, al ordenar al Congreso de la Unión a legislar lo necesario para incluso establecer los mecanismos de protección efectiva.

Tercero, el derecho de los gobernados a tener un acceso a las telecomunicaciones libre y sin injerencias de arbitrajes fue incorporado. Esta precisión es importante, toda vez que en otros países el acceso especialmente de Internet, se había visto por razones de índole político o comercial, con una notoria afectación a los derechos humanos de los gobernados.

En este sentido, incluir la obligación del Estado de garantizar el acceso libre y sin injerencias arbitrarias se rige como un reconocimiento más pleno de la evolución de los derechos humanos en la era digital.

Cuarto, la necesaria rendición de cuentas de los órganos reguladores de telecomunicaciones y de competencia económica fue un hecho explícito en la minuta derivada de la Cámara de Senadores, con lo cual se obliga a los titulares de dicho órgano a que comparezcan ante la Cámara del Congreso de la Unión, amén de las obligaciones que se incluyan en las leyes reglamentarias para asegurar la transparencia y una efectiva rendición de cuentas.

La reforma constitucional que está aprobándose finalmente en este Congreso de la Unión pasará a las Legislaturas locales, quienes lo tendrán que aprobar, o en su caso rechazar.

Esto es solo el principio, porque la tarea del Congreso de la Unión en materia de telecomunicaciones y competencia económica continuará a marchas forzadas, siempre con el compromiso de velar por el interés público, con lo cual los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor y reiteramos nuestro compromiso irrestricto por incluir todas las disposiciones legales para la igualdad en el acceso de telecomunicaciones, radiodifusión e Internet, para reflejar las necesidades de las minerías y los grupos vulnerables, y lograr que no solo estén las demandas legítimas del sector privado, sino que también y en primer lugar esté el ciudadano de a pie, considerado como el beneficiario principal y directo de esta legislación a emitirse. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia informa que está inscrita doña Purificación Carpinteyro, en pro; don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra, y don Fernando Belaunzarán Méndez, en pro. Con esto se cierra la lista de oradores.

Tiene el uso de la voz doña Purificación Carpinteyro. Está usted registrada con una reserva.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:Diputados, diputadas, colegas todos en esta Cámara de Diputados. Hoy una vez más tenemos que congratularnos, porque a pesar de todas las modificaciones, 27 modificaciones que fueron realizadas por el Senado de la República, la verdad es que no existen más de cuatro que tengan alguna trascendencia.

Lo penoso del caso es que —con el respeto que me merecen nuestros colegas pares de la Cámara alta— es que las cuatro que de alguna manera fueron incorporadas son en su gran mayoría un retroceso. Específicamente me refiero a los cambios que se le hicieron al artículo 28 constitucional, que en la fracción VII establece que las decisiones de la Comisión Federal de Competencia en materia de imposición de multas y desincorporación de bienes y activos, no podrán ser ejecutadas, sino hasta después de que se haya terminado el proceso de juicio de amparo que eventualmente puedan interponer las partes, o también aquella en donde efectivamente se incluye —y así lo dice, incluyendo— a las radios comunitarias y a las indigenistas como parte de las radios sociales, tal y como lo habíamos previsto nosotros aquí en esta Cámara de Diputados con buena reflexión, pero lamentablemente también incluyeron la restricción de que no podrán tener fines de lucro.

Es decir, si efectivamente las radios indígenas ahora ya están consignadas en la Constitución en palabras, no obstante, el costo que tuvo el haber sido incorporadas textualmente es que les quitaran la posibilidad de que realmente compitieran por publicidad para poder sustentar sus operaciones.

No veo cómo podemos hablar de modificaciones o de que nos van a enmendar la plana, cuando lo único que estamos viendo es que lo que hizo el Senado con estas modificaciones fue atender posiciones demagógicas, pero eso sí, clavarles el puñal por la espalda a quienes se la solicitaron.

Hicimos muy bien nuestro trabajo, señoras diputadas y diputados; hicimos una reforma que puede y va a transformar al país, no solo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sino en materia económica, atendiendo a todos y cada uno de los sectores, que en muchos casos se encuentran con una elevada concentración en manos de los grupos que los encabezan.

Le dimos dientes a la Comisión Federal de Competencia para actuar en contra de ellos, el Senado se los quitó. Pero no se preocupen, porque habrá eventualmente las leyes secundarias, en donde tendremos la oportunidad de —efectivamente— rehacer aquello que el Senado deshizo. Felicidades, señores diputados.

El PRD se posiciona a favor, esperando que ésta sea la definitiva, que una vez más este proceso concluya aquí en el Congreso de la Unión para que sea turnado a las Legislaturas de los estados y eventualmente sea promulgada, para que nos pongamos a trabajar en realmente hacer que esto que hemos logrado sea en beneficio de todos los mexicanos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Hablo a nombre de muchos mexicanos que militamos en el Movimiento de Regeneración Nacional y agradezco al PT ser parte de su fracción.

De nueva cuenta esta Cámara de Diputados aborda la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, como consecuencia de algunas modificaciones que la Cámara de Senadores aprobó con 118 votos a favor y 3 en contra.

Las propuestas que presenta el Senado dan cuenta de modificaciones que sustancialmente no cambian el sentido de las reformas que esta Cámara aprobó en la materia. Por ejemplo, se deja intocada la inversión extranjera al 100 por ciento, algunas modificaciones perfeccionan la protección de intereses particulares.

Se encuentra que entre las modificaciones del Senado, en el artículo 28, párrafo diecinueve, fracción VII, se establece lo siguiente. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas a la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones —le agregan— las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.

Esto es, se establece una especie de suspensión provisional que protege a los concesionarios de la ejecución de resoluciones de los órganos autónomos, propuesta que se contrapone con la reforma que recientemente aprobó el Congreso de la Unión en la Ley de Amparo, misma que en su artículo 128, fracción II, dice que la suspensión se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público.

Ya el artículo 129, fracción XIII de esta misma ley, determina que se considerará, entre otros casos que se siguen, perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución.

El artículo 28, párrafo 19, fracción VII establece una excepción a uno de los elementos de la ley: la generalidad. En doctrina jurídica las características de la ley son la abstracción, la generalidad y la impersonalidad o indeterminación individual o particular.

La generalidad, como elemento de la ley, no se cumple en la adición que presenta el Senado. Con ella se concede una protección especial a los concesionarios ante actos de autoridad en materia de bienes, referido en el 27 constitucional, con lo cual se ha de cumplir con la ley en los casos en que los órganos sancionen a los concesionarios, violentando el 13 constitucional, que establece prohibición de leyes privativas.

En el tercero transitorio, fracción III, no existe claridad en el reconocimiento de los medios comunitarios indígenas. Esto es, la inserción que se hace no es garantía para el ejercicio del derecho de las comunidades y pueblos indígenas al acceso a concesiones en radiodifusión.

El derecho a la información de las comunidades —culmino, presidente— y pueblos indígenas, no puede ni debe ser tratado como un acto administrativo de registro. Este derecho debe ser garantizado en forma plena, su exclusión de las disposiciones constitucionales que se reforman devienen en un acto de discriminación y trato desigual.

Esta Cámara tiene la obligación de establecer procedimientos y medios para la viabilidad del derecho a la información de las comunidades indígenas, pueblos originados en México, garantía que no se satisface con la adición que remite el Senado.

El desarrollo en nuestro país de las telecomunicaciones debe ser incluyente —culmino— atendiendo en simetrías económicas, sociales y culturales para atender a la población que se encuentra al margen del acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Toda vez que las propuestas que remite el Senado tienden a simular un cambio democrático en el acceso y uso de las telecomunicaciones, facilitando las acciones de empresas privadas, nacionales y extranjeras que disponen de concesiones con la finalidad de lucro desmedido y explotación de mercados cautivos, manifiesto mi voto en contra del dictamen que hoy se presenta, porque esta reforma no favorece al pueblo de México, solo da preferencia a Televisa y a Carlos Slim.

Ojalá tuvieran la fuerza, el valor y los argumentos para subirse a esta tribuna a decir que no es cierto lo que estoy diciendo, con argumentos. Sé que es difícil, porque ustedes —estoy seguro— ni siquiera leyeron lo que nos mandó el Senado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Fernando Belaunzarán, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputado presidente. Algunos piensan que la realidad brota como si fuera un manantial, de su boca, y piensan que ahí están estableciendo la verdad. En su contra corre la memoria, no digo ni siquiera la larga memoria, la memoria más corta, la que podemos ver.

Si uno verifica la agenda legislativa que presentó la izquierda, en el primero, como frente político de izquierda, en materia de telecomunicaciones, y lo compara con esta reforma, vemos que sacamos más del 80 por ciento de lo que pedimos en esa ocasión.

Si uno recuerda la campaña electoral que tuvimos, y que todos defendimos como nuestro candidato a Andrés Manuel López Obrador, lo que él fue a los medios de comunicación a decir sobre este punto, porque este fue el punto más álgido de la campaña electoral, recuerden que le dio su mano amiga, fraterna, a Joaquín López Dóriga. Pero también me acuerdo de una entrevista con Carmen Aristegui, muy respetada periodista, y le dijo Carmen, ¿qué quieres en telecomunicaciones? ¿Cuál es tu propuesta? Y le dijo: Carmen, lo que quiero es competencia, que Carlos Slim pueda participar en televisión y que Azcárraga pueda transmitir en telefonía.

Pues, bueno, la reforma en Telecom es eso y muchísimo más. En un exabrupto han calificado esta reforma como la Ley Televisa dos. Que desvergüenza. En la Ley Televisa había refrendo automático, ahora todo va a ser licitado, todas las concesiones serán licitadas; ahora va a haber concesiones sociales que no van a ser bajo criterios económicos. Son grandes avances que van ayudar a la competencia, vamos a ver que haya condiciones para que haya una mayor pluralidad, derecho de réplica, etcétera.

Por supuesto, toda reforma es incompleta y hay cosas en la agenda, vamos por lo que nos falta, pero demos este paso, que no es cualquier cosa. Esta reforma sí es un parteaguas, un antes y un después.

Soy enemigo de la narrativa que ve a los enemigos de la patria, y dice: vamos a acabar con estos, que son los enemigos de la patria, para que renazca vigorosa, como si fuera la mañana. No, ellos también pueden contribuir. Pero hay una cosa fundamental, hay intereses legítimos en la sociedad y el papel del Estado es acomodarlos, regularlos, arbitrarlos, que esos intereses legítimos no vayan sobre otros intereses legítimos de los mexicanos. Esto es lo que estamos haciendo.

El Estado que perdió esa fuerza, porque estábamos precisamente en la lucha de facciones, absoluta lucha de facciones, y no había visión de Estado. El estadista es el capaz que puede ver, a pesar de las diferencias, cuáles son las necesidades del Estado, y ésas son las reformas que estamos sacando.

Ésta es una de ellas, que no va a destruir una empresa o dos, los vamos a obligar a que compitan, a que inviertan, a que en lugar de que en el mundo vean qué otro mercado pueden conquistar, que primero conquisten el nuestro. Porque sí, es un riesgo para sus intereses, nadie lo niega, pero también es una oportunidad, una oportunidad para que puedan renovar, innovar, etcétera.

Por eso, a pesar de las acciones regresivas que nos trajeron de la hoguera de las vanidades, que es el Senado de la República, hay algunos avances, como los derechos de la audiencia, que valoro, pero hay otras regresivas de esta hoguera de las vanidades del Senado.

A pesar de eso, hay que ir a favor, ¿por qué? Porque el punto clave es cómo vamos a cambiar este país, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Lo vamos a cambiar con grandes acuerdos, como son los que estamos haciendo en el Pacto por México? ¿Así los vamos a cambiar, o lo vamos a cambiar con bombas molotov, destruyendo, con gente que ni siquiera da la cara, con palos, tomando las cosas y apoyando la barbarie? Los cambios en este país lo vamos a hacer con acuerdos. Eso es también lo que prometimos en nuestra campaña.

El acuerdo nacional fue uno de los puntos fundamentales del candidato de las izquierdas, ése. Podemos discutir si no están de acuerdo, podemos rediscutir lo que quieran, pero lo que no podemos aceptar es la violencia, ahí tenemos que condenarla y condenar la violencia no es llamar a la represión, condenar la violencia es decir: este camino no se vale.

Vamos a apostar a la política y la política genera acuerdos para cambiar este país. Estoy muy orgulloso de votar a favor de esta reforma. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Fernando Belaunzarán.

Esta Presidencia tiene reservados el párrafo primero del artículo 6o., por doña Lorenia Iveth Valles Sampedro; el párrafo 16 del artículo 28, por la diputada Luisa María Alcalde; el párrafo 19, fracción VI del artículo 28, por la diputada Gloria Bautista Cuevas; el párrafo 19, fracción VII del artículo 28, por la diputada Zuleyma Huidobro; el párrafo 19, fracción VII del artículo 28, por don Luis Alberto Villarreal; el párrafo 19, fracción VII del artículo 28, por la diputada Purificación Carpinteyro; el artículo 28, por la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga; el párrafo 22, fracción III del artículo 28, por Gloria Bautista Cuevas, y el párrafo 22, fracción VII, por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán; el párrafo primero del artículo 6o., también por Fernando Zárate Salgado.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto recabar votación nominal en lo general y por los artículos no reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y de los artículos no reservados.

(Votación)

Señor presidente, le informo que se emitieron 409 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Tiene el uso de la voz la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. De conformidad con los artículos 109 y 110 del Reglamento de esta Cámara, presentamos la reserva en el artículo 6o., en su primer párrafo.

La minuta del Senado señala: Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Nosotros proponemos que se agregue una parte al final de este párrafo, que dice: El acceso a Internet será libre y gratuito. Tal cual, con todas sus letras, sin simulación, sin doble discurso.

Las radios comunitarias y el derecho a la información serán garantizadas por el estado de derecho, y me dirán: si ya en alguna parte del dictamen vienen mencionadas la radio comunitaria y la indígena. Sí, pero lo hacen en un transitorio, en la parte operativa. Nosotros queremos que se considere en el artículo 6o., para que se garanticen como un derecho constitucional. Esto es que se permita legislar en un sentido estricto estos temas que consideramos fundamentales en ésta, la que dicen, es una ley de avanzada.

Tenemos claro que el Internet libre, gratuito y las radios comunitarias no son parte importante para un sector que decide por las mayorías. Pero para esas mayorías acceder a información veraz, en tiempo real, y enterarse por medios alternativos de lo que pasa en su entorno sí es fundamental.

Ya no puede esconderse la verdad, como antaño, en donde las noticias no llegaban o llegaban solo las que se manipulaban. Pueden hacerlo y se resisten, aunque saben que esta batalla ya está perdida, la información fluye, se quiera o no, a través de los medios alternativos de comunicación. El conocimiento no puede ser secuestrado por una elite, mucho menos la voz popular.

Si consideramos que México es una democracia, demos el derecho que tienen las y los mexicanos de acceder libre y gratuitamente a Internet, y de escuchar lo que consideren adecuado desde las radios comunitarias.

No compartimos el discurso falaz de que todo en la vida cuesta si se ve reflejado para los que menos tienen. Nada les cuesta, son los que aprovechan todos los beneficios —esa élite— que da el gobierno en este campo.

Acceder al conocimiento significa mayor cultura, mayor capacidad, mayor entendimiento de las cosas. No le tengamos miedo a que la sociedad piense, analice, tenga información suficiente, adecuada, para hacer ese análisis. Es muy importante que atendamos estas propuestas. No dejemos esto solamente en simulación.

El consumismo en este país que se tiene en términos de comunicaciones y particularmente del celular; aunque se vive en la pobreza muchos jóvenes tienen acceso a través del Internet a esta información.

Vamos construyendo un nuevo país basado en el conocimiento, en el libre acceso y gratuito al Internet, en las radios comunitarias, que no constituyen una élite y que demos voz a los reclamos ciudadanos; es necesario ya que se legisle en esta materia, pero como un derecho constitucional, no allá, alejado en un transitorio, en la parte meramente operativa. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Valles Sampedro.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de la diputada Valles Sampedro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión; en consecuencia, se desecha. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Fernando Zárate Salgado, para presentar una reserva al mismo párrafo primero del 6o. constitucional.

El diputado Fernando Zárate Salgado:Con su venia, presidente. Legislar es nuestra principal responsabilidad. Esta gran reforma, que desde 1995 no se ha considerado ninguna otra de gran calado, sobre todo para ampliar el espectro de libertades y derechos.

Se legisla por responsabilidad, no por vanidad. Nosotros exigimos en este momento que el Senado evite protagonismo y ego innecesario, rudeza legislativa y ego autoritario, y se dedique a su principal responsabilidad y esto es: legislar.

Este Congreso, en una súper mayoría, casi unanimidad, ha ejercido esa responsabilidad y les rinde cuentas al final de este periodo a los ciudadanos. Le exigimos al Senado que cumpla con su responsabilidad, que una vez que se apruebe esta reforma, cumplan. Esto implica que aprueben la reforma en telecomunicaciones. De no aprobarse la reforma en el Senado tendrán que rendirle cuentas específicas a la nación.

Aquí, este Congreso está en disposición y lo ha estado continuamente para rendirle cuentas a la nación. Veremos qué hace el Senado en los siguientes días. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Zárate.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Fernando Zárate. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. Tiene ahora el uso de la voz para presentar su reserva al párrafo 16 del artículo 28, la diputada Luisa María Alcalde Luján.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente. Antes que nada, me gustaría aclarar, con todo respeto, lo dicho aquí por mi compañero Belaunzarán, con respecto a que esta era la reforma por la que peleaba Andrés y todos nosotros que lo hemos acompañado en esta lucha y en este movimiento.

No hay tal. Basta leer el nuevo proyecto de nación y darse cuenta que la lucha por democratizar los medios era una cuestión distinta, no solo era una cuestión de competencia, era una cuestión de garantizarle a la sociedad su participación en algo que le pertenece, que son los medios de comunicación.

Es por esa congruencia que hoy en esta tribuna presento la siguiente reserva; es sin duda un paso que en el Senado de la República se hayan reconocido expresamente las concesiones para uso comunitario e indígena, tema que no pudimos sacar adelante aquí.

La modificación en nuestra minuta representa un acto legislativo de reconocimiento a algunos de los sectores más importantes de nuestro país; sin embargo, falta el paso más importante: garantizar su participación efectiva en el espectro radioeléctrico, así como la de todos los otros sectores que representan a la sociedad.

Lo más importante es que las universidades puedan tener un canal de televisión y radio, igual los artistas independientes, las comunidades rurales, los jóvenes y la sociedad en general.

Es imprescindible que garanticemos un esquema de otorgamiento de concesiones que no opere bajo la dinámica del mercado, sino sobre parámetros de calidad, de creatividad, ingenio, promoción de la cultura, conocimiento, ciencia y arte; un esquema en donde lo único que no sea tomado en cuenta sea la cantidad de dinero que tienes para invertir. Porque de lo contrario, en la realidad la sociedad no podrá competir contra las concesiones comerciales o públicas.

Es imprescindible que el Estado, a través del Ifetel, garantice la participación de las concesiones sociales en el espectro en por lo menos 10 por ciento del total, porque si no, el reconocimiento de la sociedad en la reforma será solo en el papel, solo en la letra quedará su participación en las telecomunicaciones y radiodifusión.

Recordemos que estos medios sociales no persiguen fines de lucro, perciben fines comunicacionales e informativos y de expresión, por lo tanto, no los debemos circunscribir en el mismo esquema de aquellos que pretenden lucrar al constitucionalizar la garantía de participación en el espectro radioeléctrico en tan solo el 10 por ciento.

El Estado se obliga no solo a reconocer a estos medios, sino a establecer los mecanismos necesarios a través de distintos estímulos para que tengan una presencia real y efectiva en el país.

Si garantizamos la participación del 10 por ciento, permitiremos que se generen contenidos contextualizados a la realidad de las distintas comunidades del país, y a la vez, permitiremos descentralizar el discurso televisivo y de radio.

Los mexicanos somos todas nuestras tradiciones, tenemos distintos acentos y orígenes, y en lugar de privilegiar la diversidad y la pluralidad cultural, tendemos a mostrar solo una mínima parte de lo que somos.

El espectro radioeléctrico es un bien de la nación, y la verdadera democratización de los medios se logrará generando la participación de todos los sectores que la integran bajo condiciones de igualdad.

Mucho se ha hablado en esta iniciativa sobre limitar a los monopolios para garantizar diversidad de contenidos, nuevos canales y nuevos competidores. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con el derecho a participar activamente en la producción y difusión de contenidos? ¿Por qué, si el espectro es de todos, no todos podemos tener aspiración a participar?

Les aseguro que si otorgamos la garantía de participación a estos sectores, nuestros contenidos se verán tan enriquecidos, que pronto nos daremos cuenta de que habremos hecho lo correcto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Luisa María Alcalde. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión; en consecuencia, se desecha. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar su reserva al párrafo 19, fracción VI del mismo 28 constitucional.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Acudo a esta tribuna para someter a consideración de ustedes, compañeros diputados, compañeras diputadas, reservas a las modificaciones que hizo el Senado al artículo 28 constitucional, en materia de telecomunicaciones. Expondré ambas reservas, en virtud de que son congruentes y se refuerzan una a otra.

Considero que el Senado de la República descobija lo que los diputados intentamos cobijar. Por ejemplo, en el artículo 28, fracción VI, que obliga a que todos los actos del Ifetel sean públicos, nuestros colegisladores abren una puerta para que existan acuerdos o se llegue a resoluciones en el instituto que sustituirá a Cofetel para que no sean de dominio público, metiendo una cláusula al final, que dice que habrá excepciones según lo dispone la ley, línea que puede generar la discusión y cierre de negociaciones en lo oscurito.

Considero que todas las acciones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su labor deben ser públicas, pues partimos del entendido de que son acciones honorables y que están orientadas a cumplir con el trabajo que se les ha encomendado, ¿o qué casos debemos esconder de los ojos de la nación? Dicen que lo que no quieras que se sepa en público, no deberías hacerlo en privado.

En el mismo artículo, en la fracción III, donde los diputados establecimos que las personas que hayan sido condenadas por robo, fraude y abuso de confianza no pueden ser consejeros del Ifetel.

Los senadores borran de un plumazo dicha previsión y le abren la puerta a cuanto delincuente cumpla con el resto de los requisitos, que por cierto han dejado mucho más accesibles. ¿Será que consideran que somos demasiado cuidadosos, o tienen nombres en la lista que quedarían descalificados de la contienda, por sus méritos y antecedentes?

En esta reforma estamos transformando la Cofetel en un instituto con todas las capacidades de autoridades para que cumpla su trabajo y logre lo que este país necesita en materia de telecomunicaciones. Pero si no vigilamos que estas atribuciones se lleven a cabo con transparencia y rendición de cuentas y que quienes estén a la cabeza sean personas honradas y preparadas estaremos entregando nuevamente este país a bandidos y saqueadores.

Con la aprobación de la reforma comienza la cuenta regresiva de 180 días para sacar una ley secundaria. Les pido, compañeros diputados de todos los partidos, porque este México no nació rojo ni nació azul, tampoco amarillo ni anaranjado, que trabajemos mucho. Eso les pido, compañeros, trabajemos mucho y vigilemos aún más que en esta reforma el que se beneficie sea siempre nuestro México y los que más nos necesitan.

Los diputados de izquierda observaremos con lupa y trabajaremos porque se cumplan los objetivos señalados en pro del bienestar de todos. Por tanto, mi propuesta es que el artículo 28, en las fracciones III y VI, quede en los términos que esta Cámara propuso originalmente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Bautista.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Gloria Bautista. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten; en consecuencia, se rechazan las modificaciones. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar su reserva para el párrafo diecinueve, fracción VII del artículo 28.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano preferimos ser congruentes, no hay que confundir acuerdos con la claudicación y el entreguismo.

En la fracción VII del artículo 28 de la minuta en comento, se establece que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, disposición que está fuera de toda lógica jurídica y del camino para la consolidación del estado de derecho en nuestro país.

Los actos u omisiones de los pretendidos órganos constitucionalmente autónomos son eminentemente administrativos y como tales, deben responder a la lógica del derecho y el procedimiento administrativo.

En tal virtud, no se entiende cómo se puede privar a los gobernados de la posibilidad de combatir o impugnar los actos u omisiones emanados de estos organismos, mediante recursos o medios de impugnación ordinarios. Lo que es peor —no obstante— que en tal fracción se consigna categóricamente que este tipo de actos u omisiones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto, se agrega el hecho de que no serán objeto de suspensión.

Es decir, tan solo se puede interponer amparo en contra de los eventuales abusos, arbitrariedades, discrecionalidades, omisiones o errores en que incurren los pretendidos organismos constitucionalmente autónomos, pero con la condicionante de que el amparo mismo pueda resultar un recurso ineficaz o inútil.

No se salva la situación descrita con antelación, con el hecho de que la minuta incluya que solamente los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.

Esto último abona a la falta de congruencia, sistematicidad y técnica legislativa, que permea la minuta en estudio. Tales adiciones hechas por la Cámara alta son a todas luces prescripciones de consigna, una cláusula con destinatarios bien definidos, lo que pervierte flagrantemente al espíritu de la ley en general y de nuestra Carta Magna, en particular.

Resulta absurdo reglamentar desde nuestra Carta Magna, fuera de lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales, los supuestos en los que procede el amparo, las materias en las que opera la suspensión o los casos de excepción para tramitarlo con naturalidad, cuestiones, todas, que trastocan el régimen constitucional de tutela judicial y desnaturalizan la figura del amparo.

En este sentido, el contenido de la minuta contradice el derecho internacional en materia de derechos humanos, pues a merced de lo dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado está obligado en materia de acceso a la justicia a poner al servicio de los gobernados un recurso efectivo con posibilidad judicial. De otro modo, estaríamos alimentando la posibilidad de sufrir un Estado totalitario, absolutista, cuando lo que debe perseguir el Estado mexicano es la consolidación de la cultura del respeto a la ley y al estado de derecho.

Derivado de lo anterior, se propone la siguiente reserva:

Artículo 28, fracción VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados mediante el recurso ordinario que disponga la ley.

Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.

Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los procedimientos serán sustanciados por jueces y tribunales especializados, en los términos el artículo 94 de la Constitución. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Huidobro.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Zuleyma. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión; en consecuencia, se desecha. Ahora ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación al párrafo 19, fracción VII del artículo 28, presentada por el diputado Luis Alberto Villarreal, e inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado federal, Luis Alberto Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la reserva al dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

Dice:

Artículo 28. ...

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La Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

I. a VI.

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismo emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta; Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

Debe decir:

Artículo 28. ...

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La Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones y se regirán conforme a lo siguiente:

I. a VI.

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstasse ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta; Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputado federal Luis Alberto Villarreal García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Luis Alberto Villarreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ahora consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación para que forme parte del cuerpo del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite la propuesta para que forme parte del proyecto de decreto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se acepta la modificación. Se integra al cuerpo del proyecto de decreto y se reserva para su votación en conjunto con los demás artículos ya modificados.

Tiene ahora el uso de la voz, también para presentar una reserva a esta misma fracción VII, del párrafo 19, del mismo artículo 28, la diputada Purificación Carpinteyro.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón:Lamentablemente veo que este proyecto de decreto, con las reformas y modificaciones que fueron realizadas por el Senado, desde mi perspectiva en forma totalmente irresponsable porque solo atendieron los intereses de aquellos que lastimosamente han abusado de los derechos que les otorga la Constitución para proteger sus intereses hasta el extremo, hoy lamentablemente nuevamente vamos a repetir nuestro error de dejar en manos de nuestra colegisladora el que esta importantísima reforma sea aprobada, y sea aprobada en este periodo de sesiones.

Con el valor y la trascendencia de todo lo que estamos incorporando, México no puede esperar. ¿No lo dicen nuestros comerciales? ¿No lo dice la publicidad en donde nosotros los diputados decimos que México no puede esperar?

Sin embargo, hemos aprobado una reforma que en nada modifica ni beneficia. Esta regresión de 360 grados que hizo el Senado, cuando permitió que la Cofeco o que las resoluciones de Cofeco, en relación a multas y desincorporación de activos y bienes no puedan ser ejecutadas, sino hasta después de que se venzan los trámites en relación al amparo indirecto que se pueda interponer por el agraviado.

Quiero nada más comentarles lo siguiente. La Comisión Federal de Competencia hace 10 años declaró a la empresa Teléfonos de México empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones. Esta resolución se fue al amparo y no fue sino apenas dos semanas que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10 años, señores.

En el caso de Televisa, en el 2006 la Comisión Federal de Competencia le afecto el comprar la empresa Cablemás, con tal de que vendiera la participación que Cablemás tenía en una empresa que se llama Productora y Comercializadora de Televisión, PCTV. Es la fecha que Televisa no ha cumplido y estamos hablando de que ya transcurrieron siete años de esta decisión.

Imaginemos entonces si las empresas que de alguna manera compiten en un mercado y que no es telecomunicaciones, sino que es cemento o harina de maíz, minería o cualquier otra, que en última instancia tenga y esté siendo afectada por las prácticas monopólicas de alguno que concentre mercado, tenga que esperar 10 años antes de obtener una resolución. En 10 años, señores, esas empresas estarán quebradas.

Por lo tanto, y como sé que los senadores hicieron esta modificación en el proyecto de decreto para atender las preocupaciones del Consejo Coordinador Empresarial, que clamaban que con esto quedaban en perfecta indefensión, puesto que nos les daban el plazo para poder llevar a cabo y tramitar su juicio de amparo, les propongo la siguiente modificación.

Dice: solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, la resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.

Les propongo lo siguiente: solamente en los casos que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán en un plazo no menor a los 180 días, a fin de que los agraviados soliciten y obtengan resolución definitiva del juicio de amparo que en su caso interpongan.

Pido que consideren esta modificación para no dejar en total estado de indefensión a todas esas empresas que están deseosas de competir en el mercado mexicano generando riqueza, fuentes de empleo y desarrollo. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Purificación Carpinteyro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se desecha.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo, por favor.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente...

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Se puede cambiar, diputado? Es que está mal ese micrófono, se oye muy cortado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Nada más he registrado de manera reiterada señalamientos de irresponsabilidad hacia el Senado por la forma en la que abordó sus decisiones respecto a la iniciativa que hoy analizamos, y parece poco pertinente estar calificando de irresponsable su trabajo. Tan impertinente como si el Senado calificara nuestro trabajo de irresponsable.

Solo dejar asentado que no compartimos ese señalamiento y que expresamos nuestro respeto al Senado, con independencia de que eventualmente no compartamos sus decisiones. Gracias, presidente, por la oportunidad.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención formará parte del Diario de los debates.

Tiene ahora el uso de la voz la diputada...

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada Purificación. Sonido en su curul por favor.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Por alusiones. Solamente quiero comentar que no he sido más que, en reciprocidad al trato que el propio Senado le ha dado a esta Cámara de Diputados, a quienes nos han llamado de irresponsables de legislar al vapor y de que nos tienen que enmendar la plana. Ése mismo respeto que el Senado tiene a esta Cámara de Diputados es el que esta Cámara de Diputados debe de tener con la actitud a todas luces negligente del Senado.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. También su intervención quedará registrada, diputada. Tiene ahora sí la palabra la diputada Teresa Mojica Morga, del PRD, para presentar su reserva al mismo artículo 28.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, no voy a entrar en la polémica de si los diputados hacemos mejor el trabajo que los senadores, pero sí vengo a reivindicar las propuestas que nosotros hicimos.

En relación con la minuta en materia de telecomunicaciones enviada por la Cámara de Diputados a la de Senadores, el dictamen de ésta última presenta serios retrocesos. Entre lo más significativo sobresalen los correspondientes a los requisitos establecidos para acceder al cargo de comisionado, tanto para el Ifetel como para la Cofeco que se establecen en la reforma del artículo 28 constitucional, párrafo veintidós.

El inciso 3) del artículo 28 señala que los candidatos a comisionados deberán gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año. Esta modificación resulta mucho más laxa y, por lo mismo, lesiva al buen funcionamiento de ambos órganos.

El inciso 4) fija como requisito el poseer título profesional, desechando el requisito de que tal título sea en materia regular, como lo establecía la minuta original.

En el inciso 5) se determina que deben haberse desempeñado cuando menos tres años en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas, sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda, cuando originalmente se establecían cinco años.

Por otra parte, en el inciso VII del dictamen de los senadores, señala para los comisionados, no haber sido secretario de Estado, procurador general de la República, senador, diputado federal, diputado local, gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal durante el año previo a su nombramiento. En tanto que originalmente el plazo era de cinco años.

Ahora, compañeras y compañeros, de aquí pueden salir a ser presidentes y dirigir el Ifetel y la Cofetel sin ningún problema.

Finalmente, el inciso VIII también reduce el requisito de tiempo en la Comisión Federal de Competencia Económica: no haber ocupado en los últimos tres años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano.

En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: no haber ocupado en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionados, sujetas a la regulación del instituto, mientras que originalmente se requerían cinco años.

Como diputada del Partido de la Revolución Democrática, considero que el Senado dejó muy endebles los requisitos para ser comisionado del Ifetel, como es el hecho de no cumplir con el perfil de comunicólogo y solo aspirar al cargo con tener título profesional o el que no sea impedimento el haber sido condenado, cualquiera que haya sido la pena, por delitos como robo, fraude, fiscalización, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público.

No debemos de exigir solo tres años en vez de cinco de desempeño destacado en actividades profesionales del servicio público o académico relacionadas con la materia a regular.

Lo más importante es que para ser comisionado de la Cofeco debe de pasar al menos cinco años de la relación laboral con las empresas sujetas a procedimiento sancionatorio, ya que en tres años se puede seguir teniendo interés y afinidades en dichas empresas.

Estoy convencida de que los plazos propuestos en la reforma original de esta Cámara de Diputados son más adecuados que los propuestos por los senadores, por lo que solicito conservar el texto original de la minuta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Teresa de Jesús Mojica. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, se desecha. La última reserva la tiene el diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Dígame, diputado Belaunzarán. Sonido en su curul.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Solo para que en este Diario de los Debates quede asentada una preocupación. Se ha aprobado solo una reserva y esa reserva que se hizo, la verdad es que no modifica en nada el párrafo que se modificó. Hicieron la reserva para decir lo mismo y me preocupa nada más —y quiero que quede así asentado— porque esto obliga a regresar la minuta a la Cámara de Senadores y, como sabemos, estamos a fin de periodo y se corre el riesgo de que ahí se quede un buen tiempo.

Nada más quiero apuntar esa preocupación, porque la verdad es que leo y releo la reserva y me dice lo mismo que lo que decía antes. Apuntar ese riesgo y esperar que efectivamente el Senado apure la aprobación tal como se la mandemos para que esta reforma que tanto necesita el país no se retrase. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Sin estar totalmente de acuerdo en que dice exactamente lo mismo, creo que igual que todos los demás compañeros, hacemos votos porque antes del martes la reforma constitucional se vaya a las Legislaturas de los estados. Ya con el aval del Senado a esa modificación que se le ha hecho a sus propias modificaciones.

Finalmente, el diputado Gerardo Villanueva presentará su reserva al artículo 28, párrafo 22, fracción VII.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente. En los foros que se realizaron en el Senado, Melquiades Rosas Blanco, representante del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, hizo un reclamo que me parece sumamente válido; él dijo en el Senado —donde sí se les dio voz a los diferentes sectores, regiones y en particular a los pueblos originarios— que no podía ser posible que sea más fácil, en este país, ver un contenido televisivo extranjero que ver, de manera gratuita y en televisión abierta, los trabajos colegiados de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o del Poder Judicial de la Federación. Hago mío ese planteamiento, hago mío ese reclamo y ojalá en la ley secundaria, en la ley reglamentaria se establezca la posibilidad de que el Canal del Congreso sea abierto, público y gratuito.

Coincido con mi compañera, la diputada Luisa Alcalde, Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo con esta reforma de telecomunicaciones ni podría estarlo. Además, así lo ha manifestado públicamente.

El nuevo proyecto alternativo de nación —quien lo leyó lo sabe— no consideraba abrir al 100 por ciento al capital extranjero en esta materia. No proponía incrementar la burocracia dorada, que son los órganos autónomos, que de autónomos solo tienen el nombre. No propuso privilegiar a Carlos Slim ni a Emilio Azcárraga. Que no se mienta. Esta reforma no contiene ningún logro para Morena. Esta reforma no contiene ningún avance para los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, y mucho menos para el Movimiento Ciudadano, que lleva décadas pidiendo la democratización de los medios de comunicación.

Las televisoras recibieron durante décadas de gobiernos priistas concesiones, tanto técnicas como económicas, a cambio de apoyar al sistema, situación que prevalece hasta la fecha, toda vez que la pluralidad política e ideológica del país de sectores sociales y productivos está vetada.

La inclusión de la realidad, voz e imagen de la cultura de los pueblos originarios es apenas marginal.

Cómo olvidar la noche del 2 de octubre de 1968, cuando Jacobo Zabludovsky oculta la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ése es el papel que ha cumplido esta asociación perversa entre el monopolio de la televisión y los poderes públicos de este país.

Han llegado al exceso de tener en esta Cámara una telebancada, y además, como cualquier producto chatarra, las televisoras inventaron primero la candidatura, y después la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Por lo anterior, propongo, diputado presidente —y con eso concluyo— que en la reserva del artículo 28, fracción VII, sean cinco años previos y no solamente uno, para evitar que los intereses se mezclen de manera perversa y para ocultar y deformar la realidad al frente de este organismo colegiado. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Villanueva. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Gerardo Villanueva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se acepta. Se desecha. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del artículo 6o. en los términos de la minuta, y del artículo 28, con la modificación aceptada por la asamblea al párrafo 19, fracción VII.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recabar la votación del artículo 6o. en sus términos, y del artículo 28, con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 393 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo 6o. por 393 votos, en los términos de la minuta devuelta por la Cámara de Senadores. Aprobado también por 393 votos el artículo 28, con la modificación aceptada por la asamblea.

En consecuencia, ha quedado aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las Comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 18:31 horas): Se levanta la sesión y se cita para que la que tendrá lugar el lunes 29 de abril, a las 12 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 10:30 horas.

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