Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que informe a la asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 255 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:05 horas): Por lo tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 26 de febrero de 2013

Lectura de las actas de la sesión anterior y de la sesión solemne.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De diputados

En relación con retiro de iniciativas.

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales

En relación con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.

De la Secretaría de Desarrollo Social

Con la que remite el padrón de beneficiarios activos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa Apoyo Alimentario, correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2012.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Jesús Fernando Céspedes Meneses, Claudia Eugenia Vargas Orozco, Israel Jesús Mendoza Chávez, Porfirio García Sosa, Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez y Fabián Salazar Gutiérrez, puedan prestar servicios en la embajadas de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León; e informa que las ciudadanas: Blanca Esthela Ibarra Castillo, Laura Elena Zepeda Valadez, Shantal Nickte-Ha Escamilla Velarde y Nemesia Alejandra González Farías, han dejado de prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América, y de Canadá, en México.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Violeta Denise Soria Contreras, Walter Alfonso Bencomo Gabilondo, Joel Acosta Ramos, Julio César Lozada Chávez, Erika Cantú Torres y Luis Alberto Medina Hernández, puedan prestar servicios en la embajada de Nueva Zelanda en México y en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León.

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al robo de hidrocarburos.

Con las que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso.

De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Con el que remite el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Sanidad Vegetal. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se nombra al representante del Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Votación)

Por el que se designa al diputado que representará a la Cámara de Diputados ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. (Votación)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 3 bis y 4, fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para apoyar el proyecto de recuperación del Barrio de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, con el propósito de convertirlo en un centro turístico.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Creación de Comisiones Ordinarias.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 1o., 5o., 6o., 10 y 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 Bis y adiciona el artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 18 y 19 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Iniciativas

Que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Sergio Manzur Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 934 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 133 y 995 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 4o., 14 y 20 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Apoyo Económico a Madres Solteras Jefas de Familia, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 38 y 233 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 6o., 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 6o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Damián Zepeda Vidales y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Arturo Cruz Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, suscrita por las diputadas Mirna Esmeralda Hernández Morales y Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Paz Pública y Suspensión de Derechos y Garantías, Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Civil Federal y 61 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y deroga el artículo 23 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 156 Bis del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 31 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. y adiciona los artículos 2 Bis y 4 Bis a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar y suscrita por los diputados Damián Zepeda Vidales y Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 112 de la Ley de Migración y 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 79, 80 y 83 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 65 y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal y suscrita por la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que implemente las acciones necesarias para retirar los topes en carretera que no sean necesarios, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la implementación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se abstenga de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas en donde se desarrollarán elecciones próximamente, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76 constitucional, a cargo de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de Pemex, para que realicen investigación y revisen el proceso de liquidación de los trabajadores que fueron dados de baja a finales de los 80´s e inicio de los 90’s, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que revise el nombramiento hecho a favor del C. Ardelio Vargas Fosado, como Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del convenio de Estocolmo, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano y suscrito por diputadas integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a la Segob, para que sancionen y ejerzan las acciones legales correspondientes en contra de los funcionarios encargados de la investigación y personas involucradas, que resulten responsables en el caso Florence Cassez, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se por el que se solicita a los titulares de la SRE, del INM y del DIF, para que construyan una base de datos de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador de estado de Tamaulipas y al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex, para que hagan público el Acuerdo CA-083/2011, el Acta de la Sesión Pública Extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el Convenio Sindical número 10614, signado entre la paraestatal y el Sindicato, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a casos de abuso sexual en contra de mujeres extranjeras y connacionales por parte de miembros de la policía en los municipios de Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, Estado de México, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca un programa de prevención y detección temprana del Cáncer de Próstata, a cargo de la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SE y del Fonaes para que promuevan y establezcan en las reglas de operación correspondientes, la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, elabore y publique el Reglamento relativo al Capítulo XVII de la Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno, para que se restaure y proteja el Kiosco Morisco, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca un programa de vacunación contra el VPH, a cargo de la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que designe al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación al respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en el estado de Guanajuato, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a la SCT, a la PGJDF y a las autoridades Aeroportuarias, para que se fortalezcan las medidas de seguridad necesarias en las aerolíneas, respecto a la pérdida de objetos materiales sustraídos del equipaje de los pasajeros en el AICM, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa para que se realice una visita a la empresa Sepsa, ubicada en el puerto de Veracruz, a fin de verificar los medios de control y de salubridad que la misma implementa con el material peligroso denominado coque, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la SHCP y de la SE, apoye con mayores productos de financiación a las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de promover la reactivación del crédito bancario al sector privado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sener, de la SHCP, de la SE, y de la Sedesol, se autoricen tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para el consumo doméstico, comercial y agrícola en los estados de Campeche, Chiapas, Quinta Roo, Tabasco y Yucatán, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las instancias correspondientes y en el marco de sus respectivas facultades se establezcan cupos menores, para la importación de azúcar, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se fortalezcan los apoyos institucionales y la entrega de recursos financieros al estado de Guerrero, para solucionar la crisis de seguridad generada por la delincuencia organizada, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Sagarpa, de la SE y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el Capítulo de Azucares y Jarabes del TLCAN, a cargo de la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, para que permita el desarrollo de elecciones limpias y libres el 7 de julio de 2013, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, a ejercer con pluralidad y equidad la autoridad que le ha sido conferida y preste disposición a la interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo considere prioritarias las actividades del sector social de la economía para impulsar el crecimiento económico del país, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiuno de febrero de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con doce minutos del jueves veintiuno de febrero de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, expresó a nombre de su grupo parlamentario una enérgica protesta por la manera en que fue conducida la parte final de la Sesión de Cámara del diecinueve de febrero pasado, al considerar a su dicho y parecer que la Presidencia en funciones no respetó lo establecido en el Reglamento en el momento de poner en consideración del Pleno el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la convocatoria para cubrir una vacante en el Instituto Federal Electoral, sin previo acuerdo de los coordinadores parlamentarios, sin estar incluido en el Orden del Día y sin permitir el libre debate, por lo que solicita que sus expresiones queden plasmadas en la presente acta, así como en el Diario de los Debates. El Presidente hace aclaraciones y concede dicha solicitud.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Juan Pablo Adame Alemán y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ambos del Partido de Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, relativas a cambios de integrantes y en Juntas Directivas de Comisiones Ordinarias. De enterado. Comuníquese.

b) De los diputados:

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, dos, por las que solicita el retiro de las iniciativas con proyecto de decreto de las Comisiones:

– De Transparencia y Anticorrupción, que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, turnada el dieciséis de octubre de dos mil doce.

– Unidas de Salud, de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, que expide la Ley General para el Control de Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley de Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios, turnada el quince de noviembre de dos mil doce.

• Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que reforma el artículo cincuenta y cuatro de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentada el veinte de septiembre de dos mil doce.

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma los artículos segundo, tercero, y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el seis de noviembre de dos mil doce.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto de la Comisión de Economía, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, presentada el diecinueve de dos mil doce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

En su oportunidad y desde su curul el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, explica las razones de sus solicitudes de retiro de dichas iniciativas.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso. Se remite al promovente, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la que remite Informe Anual de las Concesiones Otorgadas durante el Ejercicio Fiscal dos mil ocho. Se remite a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.

e) Del Instituto Nacional de las Mujeres, con la que remite los informes Hemisférico y del País, correspondientes a la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). De enterado. Publíquese en el Diario de los Debates.

f) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguridad Social, presentada por la senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para dictamen.

g) De la Junta de Coordinación Política:

• Por la que se invita a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Energía, de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Mexicanos, a una reunión con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en torno al origen de la explosión sucedida en Petróleos Mexicanos el treinta y uno de enero de dos mil trece. Interviene en contra el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de procedimiento los diputados Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

• Por la que se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), emita la Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en los cultivos de cítricos en el estado de Colima. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Para que la Cámara de Diputados cite a comparecer al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de valorar las medidas tomadas por el sector para atender la problemática de diversos productores del campo en el país. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Salud:

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

• Que reforma las fracciones primera, y tercera del artículo doscientos cuarenta y cinco de la Ley General de Salud.

b) De Turismo, que adiciona un segundo párrafo al artículo cuarenta y uno de la Ley General de Turismo.

c) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma el diverso por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil uno, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de dos mil trece”.

d) De Hacienda y Crédito Público, que establece las características de una Moneda Conmemorativa del centésimo quincuagésimo Aniversario del Natalicio y del Centésimo Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de haberse cumplido con dicho requisito, en sendas votaciones económicas se autoriza someter a discusión y votación de inmediato los dictámenes de las Comisiones:

a) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma el diverso por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil uno, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de dos mil trece”. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María del Rocío Corona Nakamura. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática;

A las once horas con cincuenta y siete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y siete diputadas y diputados.

Alberto Díaz Trujillo, del Partido de Acción Nacional; y Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de mayo de dos mil uno, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de dos mil trece”. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

b) De Hacienda y Crédito Público, que establece las características de una Moneda Conmemorativa del centésimo quincuagésimo Aniversario del Natalicio y del Centésimo Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México; Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfredo Botello Montes, del Partido de Acción Nacional; y Paulina Alejandra del Moral Vela, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y siete votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que establece las características de una Moneda Conmemorativa del centésimo quincuagésimo Aniversario del Natalicio, y el Centésimo Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Con relación a cambios de integrantes y en Juntas Directivas en Comisiones Ordinarias, e integración de la Comisión Especial de Energía Renovables. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Por el que se propone que la Cámara de Diputados cite a comparecer a la titular a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de evaluar los criterios de selección de los Municipios objetivo del programa denominado Cruzada Nacional contra el hambre. Interviene para referirse al tema el diputado Víctor Serralde Martínez, del Partido de Acción Nacional. En votación económica no se admite a discusión la propuesta, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El siguiente punto en el Orden del Día, es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Justicia:

• Que reforma el artículo trescientos noventa y uno y deroga los artículos del cuatrocientos dos al cuatrocientos diez del Código Civil Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Karina Labastida Sotelo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática; Andrés de la Rosa Anaya, del Partido de Acción Nacional; y Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintidós votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos noventa y uno y deroga los artículos del cuatrocientos dos al cuatrocientos diez del Código Civil Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona un último párrafo al artículo ochenta y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María del Rocío Corona Nakamura. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Delgado, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática; Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido de Acción Nacional; y Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintiún votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo ochenta y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De Competitividad, que adiciona diversas disposiciones a los artículos cuatro y doce de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Adolfo Orive Bellinger.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; José Ángel González Serna, del Partido de Acción Nacional; y Francisca Elena Corrales Corrales, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos dos votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos cuatro y doce de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra para presentar las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

• Sergio Torres Félix, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, intervengan para asegurar que la empresa Bachoco y sus empresas filiales, cumplan con las normas sanitarias que le son aplicables y se impida la comercialización de carne de pollo y huevos provenientes de las instalaciones donde se ha detectado el virus de la influenza aviar. De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra para referirse al tema a los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; José Antonio León Mendivil, del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Oliveros Usabiaga, del Partido de Acción Nacional; y Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a realizar diversas acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra para referirse al tema a los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Rosiñol Abreu, del Partido de Acción Nacional; y Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde sus curules realizan comentarios respecto al punto de acuerdo anterior los diputados Genaro Carreño Muro, del Partido de Acción Nacional, y Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional.

• Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad. De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución.

En su oportunidad y desde sus curules solicitan moción de ilustración los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; y Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.

De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra para referirse al tema a los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; y Esther Quintana Salinas, del Partido de Acción Nacional. Acto seguido la Secretaría da lectura la propuesta de modificación presentada por el diputado Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, la cual en votación económica se acepta y se aprueba con el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con la recepción de los textos de las siguientes efemérides:

• Al Día Mundial de la Lengua Materna, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional.

• A la Conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, de la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.

Se instruye se inserten los textos íntegros en el Diario de los Debates.

La Presidencia informa a la Asamblea que los asuntos no abordados en esta Sesión serán inscritos para la próxima.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma el artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los Congresos Estatales, para que emprendan las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación y su normatividad penal, de conformidad con lo señalado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el Código Penal Federal, así como en los Ordenamientos Internacionales sobre el tema. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, para que soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, que les sean entregados los más de dos millones de dólares que le fueron detectados en una cuenta bancaria de las Islas Bermudas a Javier Villarreal, ex titular del Servicio Administración Tributaría de Coahuila. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, para que intensifique las acciones implementadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de dieciséis pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, para que generen las medidas de infraestructura y garanticen el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permitan a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como para mejorar la calidad del transporte público y el acceso al mismo. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Julio César Flemate Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que implementen una campaña nacional respecto de la disposición final de focos ahorradores; asimismo, se solicita a la Secretaría de Economía, expida una NOM que regule la disposición final de dichos focos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que hagan publica la información relativa a las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los Gobiernos Estatales, para que se fortalezca la atención educativa a las niñas, niños y adolescentes de familias mexicanas con experiencia educativa en el extranjero. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la Sesión Solemne con motivo del Centenario de la Muerte del Presidente Francisco I. Madero y del Vicepresidente José María Pino Suárez, así como los asesinatos de Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Alfonso C. Gurrión, y Belisario Domínguez, que tendrá lugar mañana viernes veintidós de febrero de dos mil trece, a las diez horas con treinta minutos, informando que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con veintiséis minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Haga lo propio con el acta de la sesión solemne del día 22 de febrero, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la Sesión Solemne celebrada el viernes veintidós de febrero de dos mil trece, con motivo del centenario de la muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, así como los asesinatos de Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Guirrión y Belisario Domínguez.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de doscientos ochenta diputadas y diputados, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del viernes veintidós de febrero de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión solemne con motivo al Centenario de la Muerte del Presidente Francisco I. Madero y del Vicepresidente José María Pino Suárez, así como los asesinatos de Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo Gurrión y Belisario Domínguez.

Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional.

La Secretaría da lectura a los resolutivos primero y segundo del acuerdo aprobado el seis de febrero del año en curso, relativo al desarrollo de esta Sesión Solemne.

De conformidad con dicho acuerdo, se concede el uso de la palabra a los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Tomás Brito Lara, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Alberto Villarreal García, del Partido de Acción Nacional; y Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Se concede el uso de la Tribuna al diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados, quien dirige un mensaje.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se invita a los presentes a ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.

El Presidente cita para la Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes veintiséis de febrero de dos mil trece, a las once horas, informando que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve horas con treinta minutos, y levanta la Sesión Solemne a las doce horas con dieciocho minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta de la sesión solemne.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el ocurso de la Junta de Coordinación Política sobre cambios de integrantes de comisión.

COMISION LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNION PARA EL DIALOGO Y LA CONCILIACION PARA EL ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas, propone, para los efectos legales y reglamentarios procedentes, a los diputados de la LXII Legislatura que integrarán la comisión legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas.

1. Diputado Pedro Gómez Gómez (PRI).

2. Diputado Roy Argel Gómez Olguín (PRI).

3. Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN).

4. Diputado Juan Jesús Aquino Calvo (PAN).

5. Diputado José Antonio León Mendívil (PRD).

6. Diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD).

7. Pendiente (PVEM).

8. Pendiente (PVEM).

9. Diputado Juan Luis Martínez Martínez (MC).

10. Diputado Alfonso Durazo Montaño (MC).

11. Pendiente (PT).

12. Pendiente (PT).

13. Diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza).

14. Diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Heberto Neblina Vega cause baja como integrante en la Comisión de Ganadería.

• Que el diputado Heberto Neblina Vega cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 25 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem cause baja como secretaria de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem cause alta como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Iliana Alfa González Magallanes cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Iliana Alfa González Magallanes cause alta como secretaria de la Comisión de Justicia.

• Que la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem cause alta como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 25 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.Continúe la Secretaría.

INICIATIVAS QUE SE RETIRAN

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado  Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura.— Presente.

El que suscribe, diputado Miguel Sámano Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, en mi carácter de autor de las iniciativas que se pueden identificar en Gaceta Parlamentaria con los números: 3670-V del miércoles 19 de diciembre de 2012 (486) y 3703-II del jueves 7 de febrero de 2013 (556), ambas turnadas para la emisión del dictamen correspondiente a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, solicito atentamente a usted, gire sus apreciables instrucciones a efecto de que sean retiradas y borradas de todo registro parlamentario.

Sirva de fundamento a mi solicitud, lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Al agradecer la atención que se sirva dar al presente, le reitero las muestras invariables de mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 20 de 2013.— Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted, para saludarlo y haciendo uso de mi derecho establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta, gire sus instrucciones a fin de que la iniciativa que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, sea retirada de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 febrero de 2013.— Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

LEY FEDERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Turismo.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Hacemos referencia al oficio número 61-II-3-1997, con número de expediente 5709, remitido a las Comisiones Unidas de Turismo, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, así como al oficio numero 62-II-3-241, que con fecha 19 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva que usted dignamente preside, giró a las comisiones unidas antes referidas la autorización de prórroga solicitada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.

Derivado de la revisión y estudio realizado a la minuta en comento, éstas comisiones unidas se percataron que se encuentra agotado el proceso legislativo, de conformidad con el artículo 72 inciso d), de acuerdo con la siguiente cronología:

1. En sesión de la honorable Cámara de Diputados, con fecha 16 de marzo de 2000, fue presentado el texto del proyecto de dictamen, y éste fue aprobado en lo general y en lo particular con 392 votos, en la misma sesión se acordó hacer el trámite de enviarlo al Senado, para los efectos constitucionales.

2. En sesión de la Cámara de Senadores, celebrada el 13 de diciembre del 2001, se aprobó en sentido negativo el dictamen, por lo que fue devuelta la minuta a la Cámara de Diputados en los términos del artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Con fecha 2 de septiembre de 2004, la Cámara de Diputados envió nuevamente al Senado la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional.

4. Con fecha 14 de septiembre de 2011, las Comisiones Unidas de Turismo, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos del Senado de la República desecha la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.

Por lo antes expuesto, las Comisiones Unidas de Turismo, y Medio Ambiente y Recursos Naturales consideramos innecesario dictaminar la minuta proyecto de decreto, toda vez que, como se mencionó anteriormente, el proceso legislativo se encuentra agotado.

Por lo anterior, solicitamos gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con el fin de que se archive este expediente como concluido.

Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.— Diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Presidente Comisión de Turismo;diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de haberse agotado el procedimiento legislativo previsto en el artículo 72 constitucional, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura.— Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, fracción 1, párrafo cuarto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, me permito enviar a usted un DVD con la siguiente información:

Padrón de beneficiarios activos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2012:

• Padrón de 5millones 845mil 56 titulares de las familias beneficiarias.

• Padrón de 5 millones 923 mil 20 becarios.

• Padrón de 36 mil 761 adultos mayores.

• Padrón de 2 millones 542 mil 652 infantil Vivir Mejor.

• Padrón de beneficiarios activos del Programa Apoyo Alimentario, PAL, correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal de 2012:

• Padrón de 673 mil 92 titulares de las familias beneficiarias.

• Padrón de 350 mil 536 infantil Vivir Mejor.

Los padrones de referencia inc1uyen la fecha de afiliación, la fecha de baja, los montos de los apoyos emitidos por conceptos (alimentación, becas, útiles, energético, apoyo para adultos mayores, vivir mejor, compensación de alimentación e infantil vivir mejor del Programa Oportunidades, así como alimentación vivir mejor e infantil Vivir Mejor de Programa Apoyo Alimentario y se encuentran desagregados a nivel municipio o demarcación territorial (este último solo aplica para el Distrito Federal) y localidad.

También le comento que en cumplimiento a 10 establecido en el artículo 33, fracción III, inciso b del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, la información correspondiente a los padrones de beneficiarios de Oportunidades y del PAL, se publica bimestralmente en el portal de Oportunidades.

Por último, me permito comentarle que está información le fue enviada al contador público Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, mediante oficio número DGPL/232/2013 de fecha 6 de febrero de 2013.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2013.— Adriana Maíz (rúbrica), directora general de Vinculación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-0223/13, el licenciado Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Jesús Fernando Céspedes Meneses.

Puesto: Auxiliar contable regional.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Claudia Eugenia Vargas Orozco.

Puesto: Contador.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Israel Jesús Mendoza Chávez.

Puesto: Auxiliar de embarques.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Porfirio García Sosa.

Puesto: Coordinador de Seguridad Residencial y Guardias.

Lugar de Trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Fabián Salazar Gutiérrez.

Puesto: Empleado de visas de no inmigrante.

Lugar de Trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez.

Puesto: Cajero/asistente financiero.

Lugar de Trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Blanca Esthela Ibarra Carrillo.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Laura Elena Zepeda Valadez.

Puesto: Empleada consular.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Shantal Nickte-Ha Escamilla Velarde.

Puesto: Asistente de inmigración.Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Nemesia Alejandra González Farías.

Puesto: Recepcionista.

Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0264/13, el licenciado Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Violetta Denise Soria Contreras.

Puesto: Asistente ejecutiva.

Lugar de trabajo: Embajada de Nueva Zelanda en México.

Nombre: Walter Alfonso Bencomo Gabilondo.

Puesto: Asistente de Investigaciones de Fraude.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Joel Acosta Ramos.

Puesto: Chofer/bodeguero.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Julio César Lozada Chávez.

Puesto: Guardia de seguridad en el Departamento de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Érika Cantú Torres.

Puesto: Administrador de página web/asistente en Sistemas Computacionales.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Luis Alberto Medina Hernández.

Puesto: Guardia de seguridad en el Departamento de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación, para dictamen.Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta a los oficios números D.G.P.L. 62-II-8-0203 y D.G.P.L. 62-II-8-0246 signado por los diputados Francisco Arroyo Vieyra y José González Morfín, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DJ-A- 32 ­2013 suscrito por la maestra Laura J. Chong Gutiérrez, asesora del director jurídico de Petróleos Mexicanos, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde los puntos de acuerdo relativos al robo de hidrocarburos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Pemex.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a sus oficios con número SEL/UEL/311/2968/12, de 31 de octubre de 2012, y SEL/UEL/311/ 2915/12, del 24 de octubre de 2012, firmados por el entonces titular de la Unidad de Enlace Legislativo, maestro Antonio Hernández Legaspi, dirigidos al ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, entonces director general de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaria de Energía, mediante el cual informa de dos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se transcribe a continuación:

1. Único. Por tratarse de un asunto específico de interés nacional, se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaria de Marina y a la Policía Federal que destinen labores de inteligencia y más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para volver eficientes las labores de prevención del robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la red nacional de duetos, principalmente en las principales zonas donde se presentan este hecho ilícito y el derrame de hidrocarburos. De igual forma, se exhorta a Pemex Refinación a resguardar y equipar con tecnología las válvulas que aún no se encuentran protegidas, ya realizar labores de mantenimiento en la red nacional de ductos en la forma necesaria y suficiente para garantizar seguridad y prevenir pérdidas humanas y materiales, así como desastres ecológicos.

2. Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a que a que en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal, fortalezcan las acciones para reducir el robo de combustibles en el Sistema Nacional de gasoductos y poliductos; así como, fortalecer la ejecución de su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustibles.

Segundo. ...

Al respecto y para los efectos a que haya lugar, anexo al presente, respuesta institucional al punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2013.— Maestra Laura Josefina Chong Gutiérrez (rúbrica), asesora del director jurídico.»

«Pemex.

En atención al punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex y a diversas dependencias de la administración pública federal a emprender y hacer eficientes las labores preventivas sobre el robo de hidrocarburos, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 23 de octubre de 2012, que a continuación se transcribe:

Único. Por tratarse de un asunto específico de interés nacional, se pide a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina y a la Policía Federal que destinen labores de inteligencia y más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para volver eficientes las labores de prevención del robo de hidrocarburos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la red nacional de duetos, principalmente en las principales zonas donde se presentan este hecho ilícito y el derrame de hidrocarburos.

De igual forma, se exhorta a Pemex Refinación a resguardar y equipar con tecnología las válvulas que aún no se encuentran protegidas, y a realizar labores de mantenimiento en lo red nacional de duetos en la forma necesario y suficiente para garantizar seguridad y prevenir pérdidas humanos y materiales, así como desastres ecológicos.

Y en atención al punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Pemex a fortalecer con las autoridades competentes acciones para reducir el robo de combustibles, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos a que en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República. la Secretaría de Marina y la Policía Federal, fortalezcan las acciones para reducir el robo de combustibles en el Sistema Nacional de gasoductos y poliductos; así como, fortalecer la ejecución de su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito de combustibles.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Energía a trabajar de manera conjunta con las empresas de la iniciativa privada que cuentan con duetos para la transportación de gas a fortalecer la vigilancia de los mismos para evitar el robo de combustibles, así como implementar mejoras tecnológicas que les permitan detectar tomas clandestinas y así minimizar el riesgo a la población civil.

Al respecto, Pemex informa lo siguiente:

Mercado ilícito

Objetivos de la estrategia de contención

• Monitorear, mejorar y reducir la vulnerabilidad de los sistemas de medición en instalaciones yen campo.

• Establecer mecanismos de análisis que permitan identificar desbalances, causas y posibles acciones para minimizarlos.

• Identificar regiones de alta vulnerabilidad, patrones de operación y caracterizar la cadena de valor desde la extracción del producto hasta su comercialización.

• Presentar las denuncias y coadyuvar en la realización de las averiguaciones con las autoridades competentes.

• Colaborar con las instituciones correspondientes en el combate al mercado ilícito de combustibles (MIC), mediante el intercambio de información y apoyo logístico en la realización de operativos.

• Contar con un sistema de control integral equipado con tecnología de vanguardia que brinde protección eficiente y eficaz en las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos y proporcione información en tiempo real, operando bajo un programa de seguridad nacional ante cualquier evento de robo, sabotaje, terrorismo y en especial, en los incidentes no programados que pongan en riesgos las instalaciones y población en general.

Acciones destacadas

• Realización de diversos operativos en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno para contrarrestar el MIC en toda la cadena de valor de Petróleos Mexicanos, en especial en regiones detectadas como de alta vulnerabilidad.

• Presentación de 6 mil 138 denuncias durante el período de enero 01/2006 a diciembre 26/2012 por delitos relacionados con el mercado ilícito de combustibles; de las cuales, 4,287, fueron por tomas clandestinas, encontrándose actualmente mil 624 en etapa de integración de averiguación previa; 135 procesos abiertos y 69 procesos concluidos.

• Ejecución del proyecto SCADA 47 (sistema de supervisión, control y adquisición de datos) que permitirá a lo largo del Sistema de Transporte por Ducto de la paraestatal, automatizar las válvulas de seccionamiento, detectar las bajas de presión ocasionadas por fugas y tomas clandestinas y realizar el cierre remoto de válvulas, reduciendo el riesgo en favor de la población y del medio ambiente.

Gerencia de Servicios de Seguridad Física

• Conforme a los atributos conferidos en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, dirige, coordina y lleva a cabo las acciones orientadas a detectar riesgos, sabotaje, robo y cualquier otro, que pongan en peligro el orden laboral, la integridad del personal e instalaciones por lo que la citada gerencia interviene en el resguardo del transporte y almacenamiento de hidrocarburos y combustibles, a través de patrullajes a la red de duetos, así como la vigilancia a instalaciones que por su impacto al negocio, la población y el medio ambiente son consideradas como estratégicas.

• El personal que realiza el patrullaje y vigilancia a las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos y combustibles, preferentemente es de extracción militar, ya que denotan valores como lealtad, honradez, sentido de pertenencia, entre otros. Asimismo, se cuenta con personal civil con formación multidisciplinaria, que complementa las funciones operativas y administrativas necesarias para dirigir, planear y ejecutar las operaciones, orientadas al cumplimiento de su misión.

• Logros reportados por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física:

Indicador

Detecciones de tomas clandestinas de productos petrolíferos, 1635

Personas detenidas por actos ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburo, 658

Vehículos asegurados por actos ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburo, 974

Producto recuperado en litros 21 millones 530 mil 321

• Conforme a la búsqueda, obtención y análisis de información de incidencias delictivas en contra de la empresa se identifican las áreas neurálgicas y los puntos críticos obteniendo diagnósticos de riesgo, los cuales sirven como base para la programación de los patrullajes y vigilancia a las instalaciones para garantizar la seguridad de las mismas.

Responsabilidad de la paraestatal frente a la ocurrencia de tomas clandestinas

En el ámbito del derecho penal, la responsabilidad de Pemex es presentar ante el Ministerio Público de la federación las denuncias por aquellos hechos que se estimen constitutivos de delito de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales; asimismo, constituirse como coadyuvante del Ministerio Público federal, con base en lo que establece el artículo 141 del ordenamiento legal, para aportar los elementos objetivos que resulten idóneos y conducentes para la integración del cuerpo del delito, la probable responsabilidad de los indiciados, así como el monto de la reparación del daño conforme a lo consagrado por el artículo 20, Apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los derechos de la víctima u ofendido) en defensa de los intereses de la entidad o de sus organismos subsidiarios.

Por otra parte, se han establecido mecanismos de coordinación con diversas instancias, por ejemplo con la PGR, lo que ha traído como resultado la realización de operativos a diversas empresas de las que se tiene indicios que han adquirido combustible ilícitamente y en cada caso se han iniciado las acciones conducentes.

Trabajadores o ex trabajadores de Pemex con sentencias condenatorias en materia penal:

• Robo de hidrocarburos en duetos (tomas clandestinas): 4

• Robo de hidrocarburo distinto a TC: 11

Total: 15.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-356, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/COORDAS/064/2013, suscrito por el licenciado Salvador Sergio Arredondo Arredondo, coordinador de asesores de la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta secretaría, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la protección de la integridad de los defensores de los derechos humanos de los migrantes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

Hago referencia al oficio SEL/UEL/311/0157/13, de fecha 31 de enero del 2013 y recibido en esta subsecretaría el 31 del mismo mes y año, mediante el cual se hace puntual referencia del oficio D.G.P.L.62-II-2-356 suscrito por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que comunica a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el pasado 30 de enero del 2013.

Al respecto, y en vía de seguimiento, me permito anexar el documento que remite el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Ardelio Vargas Fosado, mediante el cual se informa de la reunión celebrada el pasado 7de febrero de 2013, para revisar el estatus de las Medidas Cautela res MC-162-11 Albergue “Frontera Digna”.

Para los fines procedentes, acompaño a este oficio, copia de los documentos citados.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, reitero a Usted la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Licenciado Salvador Sergio Arredondo Arredondo (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Medidas Cautelares MC-162-11Albergue “Frontera Digna”Minuta

Siendo las 11:00 horas del día 7 de febrero de 2013, tiene verificativo, en el salón parroquial de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, la reunión de trabajo para dar seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los integrantes del albergue “Frontera Digna”, a la que asistieron por parte de los beneficiarios el padre José Guadalupe Valdés Alvarado, el padre Romeo Sánchez García. El gobierno Federal los licenciados Yolanda de Rivas Ramos y Saúl Rodríguez Sanabria de la delegación de la PGR en Coahuila; el coronel de zapadores Julio Eduardo Montiel López, mayor y licenciada Cristina de la Cruz Pérez de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); los licenciados Francisco H. Pereira Medina subdelegado del Instituto Nacional de Migración (INM) delegación Coahuila, así como la licenciada Lucy A. Martínez Sánchez de la misma dependencia. Por parte del gobierno del estado de Coahuila el Ingeniero Martín Gerardo de Hoyos Vargas, de la Secretaría General de Gobierno (SGG); los licenciados Santos Vázquez Estrada, licenciada Patricia Rivera Barrera de la Procuraduría General de Justicia (PGJE); los licenciados Víctor Daniel Salazar Riojas, Tomás Carlos Ibarra Flores todos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE). Por parte del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, licenciado Eduardo Espinoza Salazar, asesor Jurídico de Municipio y representante del secretario del ayuntamiento. La presente reunión se desarrolló de la siguiente manera.

Acuerdos

Primero. Se reitera por parte de la representación de la PGJE la presencia de un unidad fija de seguridad de la Policía Investigadora del estado en el albergue Frontera Digna. Reiterando el compromiso de continuar brindando esta medida de protección.

La SSPE informo que realiza rondines a través de la policía del estado en el domicilio del albergue y que de manera reiterada envían mensualmente las bitácoras firmadas correspondientes que acreditan dicha circunstancia.

Por su parte la representación de la Sedena informó que elementos destacamentados en la ciudad de Piedra Negras, Coahuila también realizan rondines aleatorios en el domicilio del albergue.

Aunado a lo anterior se reitera que continúan vigentes los números de emergencia de las autoridades encargadas de su protección. Cabe señalar que dichas autoridades no cuentan con reporte alguno de incidencias.

El padre Guadalupe solicita a las autoridades que de una manera esporádica se realice un registro a los posibles sospechosos que pudieran vender Droga, ya que se ha detectado que se ha visto a personas sospechosas. Por parte de las autoridades se comenta que dará instrucciones para su revisión. Asimismo el comandante de la policía Estatal comenta, que si se ha detectado a gentes reunidas y son personas que van a trabajar algún punto y utilizan esta casa del migrante como punto de referencia.

El padre Romero menciona que os migrantes que ellos apoyan para trabajar, la mecánica que se utiliza es a través de un contacto directo con ellos.

Se acuerda por parte de Sedena seguir con los rondines de vigilancia así como la Policía Estatal y Municipal reforzaran la vigilancia.

Segundo. Sobre las investigaciones ministeriales a cargo de la delegación de PGR en Coahuila, la representación social informó lo jurídicamente posible, sobre las diligencias practicadas por el Ministerio Público de la Federación.

Comentando el padre Romero que se cuenta con personal nuevo siendo esta las siguientes personas.

Elizabeth Cárdenas, con cargo de Trabajo Social y Alejandro Godina como Trabajo Social en la cocina al señor Filiberto Alvarado Sosa y de guardia al señor Juan Fermín Flores Ramírez, lo anterior para conocimiento de las autoridades.

Tercero. Se informa por parte de la SSPE que están en la mejor disposición de apoyar con el cable de aproximadamente 30 metros. Esto una vez que se termine con las remodelaciones correspondientes.

En cuanto al monitoreo de las cámaras del circuito cerrado de televisión, los beneficiarios manifiestan que la SSPE tenga acceso a dicha información.

Por parte de los beneficiarios revidaran la posibilidad de contratar el monitoreo remoto a través de Telmex. En ese sentido los beneficiarios se comprometen a realizar la con-tratación del servicio correspondiente con la empresa, para los efectos antes señalados.

Con relación de al botón de pánico los beneficiarios solicitan a la SSPE la instalación y la capacitación correspondiente de este dispositivo. Se señala por parte de la SSPE se continua en espera de que la obra se termine para cumplir con dicha petición. El trámite sigue en proceso por parte de la SSPE.

Cuarto. En relación al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (SDSE) del estado para sustituir la ayuda del DIF municipal, menciona el padre Romero que ya se recibió el apoyo en dos (2) ocasiones y que se continúa con este apoyo, siendo el padre Romero Sánchez García, el enlace. Al respecto se continúa el apoyo comentando que el DIF municipal hace llegar algunas despensas y artículos personales. Por parte de la Secretaría de gobierno se revisará si se continúa con esta ayuda fija y/o esporádicamente por parte del Estado.

Quinto. La representación del ayuntamiento municipal informó que se continúa con el proceso de las labores de remodelación.

Sexto. Se reitera la disposición de la SSPE para revisar los perfiles de las personas que laboran en el albergue siendo aceptado por los beneficiados mencionados que se pondrán en contacto para determinar que personal cumple con ciertos requisitos y poder aplicar los exámenes de confianza.

Por parte de los beneficiados elaboraron un perfil de las personas que podrían recibir esta capacitación y evaluación de control de confianza, documento que se entrega a las autoridades presente, para su evaluación. Cabe hacer mención que la SSPE apoyará con hospedaje y alimentación de las cuatro personas que asistan a esta capacitación.

Asuntos generales

Con relación a las llamadas de los migrantes a sus familiares, se presume que los teléfonos están intervenidos tanto el de la casa del migrante, como el servicio público cercano, por las autoridades recomienda que se informe a la compañía telefónica y que las llamadas se realicen de la misma casa.

Las autoridades exhortan a poner las denuncias correspondientes.

En este punto los beneficiarios realizan la solicitud a Telmex para la revisión de la línea.

El padre Guadalupe sugiere que las reuniones de seguimiento de las medidas cautelares se lleve a cabo cada  tres meses, salvo que surgiera una situación urgente, se convocará a reunión extraordinaria. Quedando como fecha establecida el día 9 de mayo para la próxima reunión ordinaria a las 11:00 a.m. en la Parroquia de San Juan de los Lagos con Domicilio en Sinaloa 904 colonia Roma, de esta ciudad.

La presente minuta se cierra a las 13:40 horas del día siete de febrero de dos mil trece y quienes intervinieron en ella firman al alcance.

Ingeniero Martín Gerardo de Hoyos Vargas (rúbrica), Secretaría General de Gobierno del Estado;presbítero José Guadalupe Valdez (rúbrica), beneficiario;coronel Julio Eduardo Montiel López (rúbrica), Secretaría de la Defensa Nacional;presbítero Romeo Sánchez García (rúbrica), beneficiario;mayor y licenciada Cristina de la Cruz Pérez (rúbrica), Secretaría de la Defensa Nacional;licenciado Saúl Rodríguez Sanabria (rúbrica), Procuraduría General de la República Delegación Coahuila; licenciada Yolanda de Rivas Ramos (rúbrica), Procuraduría General de la República Delegación Coahuila; licenciado Víctor Daniel Salazar Rojas, Secretaría de Seguridad Pública Estatal; licenciado Eduardo Espinoza S. (rúbrica), Presidente Municipal de Piedras Negras; comandante Tomás Carlos Ibarra Flores (rúbrica), Secretaría de Seguridad Pública Estatal; licenciado José Hermelo Castillón Martínez, Secretario de Ayuntamiento de Piedras Negras; licenciado Francisco H. Pereira Medina (rúbrica), Instituto Nacional de Migración; licenciado Santos Vázquez Estrada (rúbrica), Procuraduría General de Justicia del Estado; licenciada Lucy A. Martínez Sánchez (rúbrica), Instituto Nacional de Migración.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADOS DE COAHUILA Y DURANGO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-401 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/SPPI/0009/2013 suscrito por el doctor Manuel Mondragón y Kalb, subsecretario de Planeación y Protección Institucional de esta secretaría, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a reforzar las labores de seguridad en la zona metropolitana de La Laguna de Coahuila y Durango.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de febrero de 2013.—Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención al similar con número SEL/UEL/311/0158/13, relativo al punto de acuerdo que fue aprobado en el pleno del Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, si así lo considera, destine un mayor número de elementos de las fuerzas federales de seguridad pública en la zona metropolitana de la Laguna de Coahuila y Durango, para reforzar las labores de seguridad en dicha región.

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

• Tal como lo establece la Ley de la Policía Federal, esta institución tiene entre sus objetivos salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz públicos; prevenir y combatir la comisión de los delitos, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.

• Derivado de lo anterior, la Policía Federal tiene presencia permanente en las zonas de jurisdicción federal en todo el territorio nacional, incluyendo los estados de Coahuila y Durango.

• En este sentido, me permito informarle que del 1 de enero de 2012 al 7 de febrero de 2013, en el marco del Operativo Laguna, la Policía Federal obtuvo los siguientes resultados:

- Aseguramiento de 2 mil 711 personas; 2 mil 253 kilos de mariguana; 88 armas cortas: 118 armas largas; 632 cargadores; 10 mil 237 cartuchos; 119 granadas; 3 lanzagranadas; un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos; 98 equipos de comunicación y 633 vehículos.

• Durante el mismo periodo, se recuperaron 2 mil 340 vehículos robados y se realizó una inspección al interior del Centro de Reinserción Social número 2 del estado de Durango, sito en Gómez Palacio, donde fueron encontrados diversos aparatos electrodomésticos, teléfonos celulares, así como armas denominadas puntas.

• Asimismo, como parte del compromiso de la federación para absorber a los internos del fuero federal recluidos en centros estatales, con ayuda de dos helicópteros de la Policía Federal, 137 internos fueron trasladados a diversos centros federales del país.

Lo anterior con un estado de fuerza de 759 elementos y 184 vehículos en Coahuila, así como 66 elementos y 48 vehículos en Durango.

Por otro lado, derivado de la reunión del Grupo de Coordinación Operativa realizada el 6 de febrero de 2013 en el cuartel de la XI Zona Militar, se estableció el Operativo Laguna, que sustituye al Operativo Laguna Segura, que será coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Con estas acciones se reforzará la presencia de elementos de las corporaciones federales en los estados de Durango y Coahuila.

Finalmente, le comento que en el marco de sus atribuciones, la Policía Federal continuará realizando acciones orientadas a salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de las personas, así como a prevenir y combatir la comisión de los delitos en los estados de Coahuila y Durango, quedando pendientes de los acuerdos que se generen en el marco del Operativo Laguna, para instruir que se actúe en consecuencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2013.— Doctor Manuel Mondragón y Kalb (rúbrica), subsecretario de Planeación y Protección Institucional.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-356 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-B-1-I-018 suscrito por Luis Octavio Alvarado, director general adjunto de Precios y Tarifas y del Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas y Libramiento Xalapa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia su oficio número SEL/UEL/311/0065/13 del 16 de enero de 2013, mediante el que remite el punto de acuerdo aprobado por el honorable. Congreso de la Unión en el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones, y Transportes (SCT), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a revisar la concesión que opera el grupo Concesionaria Autopista Perote-Xalapa, SA de CV, con la finalidad de ajustar las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas y Libramiento Xalapa, con las tarifas de las demás autopistas de cuota. Sobre el particular, le comento lo siguiente.

Con base en lo establecido en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 15, fracción V, de la Ley de Planeación; artículo 38, fracción VI del Reglamento Interior de esta Secretaría, corresponde a la SHCP, fijar los precios y tarifas de la red propia concesionada a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

El artículo 36, fracción IX y XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facultada a la Secretaría de Comunicaciones para otorgar concesiones y premios para la explotación de servicios de autotransportes en las carreteras federales; y fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de éstos; además, en las fracción III del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal se establece que la SCT otorgará las concesiones y premios a que se refiere dicha Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; y en la fracción VIII de la ley se señala que la SCT establece las bases generales de regulación de tarifas.

Por lo anterior, le comento que la atención a la solicitud sobre ajustar las tarifas de los tramos carreteros Perote-Banderillas y Libramiento Xalapa, con las tarifas de las demás autopistas de cuota; corresponde al ámbito de competencia de la SCT.

Le envión un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Luis Octavio Alvarado (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-3-402, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGVI/ 222/ 2013, suscrito por la licenciada Patricia Troncoso Altamirano, directora de Análisis Legislativo de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños y de adolescentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/0172/13, de fecha 31 de enero de 2013, por el cual se hizo del conocimiento de esta dirección general el punto de acuerdo, aprobado en la sesión del 30 de enero de 2013 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, referente al exhorto que se le hizo al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños y de adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la Convención de los Derechos del Niño, como la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y respecto por los puntos de vista del niño.

Al respecto, me permito anexar al presente copia simple del oficio número 613. UPRI/ 106/ 13, de fecha 19 de febrero de 2013, signado por el maestro Gerardo Franco Parrillat, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, perteneciente a esta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Adriana González Maíz Flores (rúbrica), directora general de Vinculación Interinstitucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Doctora Adriana González Maíz Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGVI/152/2012, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hace del conocimiento de esta secretaría el punto de acuerdo emitido el 30 de enero del año actual por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, genere acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños y de adolescentes, observando los principios fundamentales previstos en la Convención de los Derechos del Niño.

El artículo 2, numeral II, del decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, se señala que entre los objetivos de la cruzada está la eliminación de la desnutrición infantil aguda y mejora de los indicadores de peso y talla de la niñez. En el anexo B del mencionado decreto se enumeran los programas de la Sedesol que podrán apoyar en la instauración de la Cruzada contra el Hambre. En el marco del punto de acuerdo en cuestión, se destacan Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV; el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; y el Programa de Adquisición de Leche Nacional, a cargo de Liconsa, SA de CV. Estos programas generan acciones y políticas públicas encaminadas a mejorar la alimentación de niños y de adolescentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Maestro Gerardo Franco Parrillat (rúbrica), jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

ESPECIES INVASORAS EN MARES Y AGUAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-357, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.102/2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a establecer un programa que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/0074/13, del 16 de enero de 2013, por el que nos remite punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 16 de enero del año en curso, la Comisión Permanente exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público y Economía, así como por el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a establecer un programa permanente de investigación, integrado con académicos prestigiados en la materia, que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mediante oficio número B00.05.02.-01753 del 14 de febrero de 2013, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2013.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Héctor René García Quiñones, coordinador General de Enlace Sectorial.— Presente.

Me refiero a su solicitud de comentarios relacionados con el escrito firmado por el profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite el “punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión”, que contiene el siguiente resolutivo:

“La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, integrada por los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público; y Economía, así como por el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer un programa permanente de investigación integrado por académicos prestigiosos en la materia, que evalúe los riesgos biológicos y genéticos de las especies invasoras, considerando las posibles implicaciones a la salud pública”.

Sobre el particular, le comento que de conformidad con las consultas realizadas al área técnica y operativa de este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera), se vierten los comentarios siguientes:

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de marzo de 2005, establece en su artículo 19 fracción 1, que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los OG M. Dicha Comisión, está integrada por los titulares de las autoridades competentes en la materia.

El mismo ordenamiento, señala en su artículo 31 y Noveno Transitorio que el Conacyt constituirá un Fondo para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología; al cual, se destinarán los recursos fiscales que aporten las dependencias y entidades para tal fin. En ese contexto, con fecha 12 de febrero de 2009 mediante acuerdo AS-XXVII-07/09 la Junta de Gobierno del Conacyt, aprobó el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso y las “Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo para el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología (Fondo Cibiogem)”; mismas que tienen por objeto precisar el funcionamiento de dicho Fondo: los objetivos de los programas de apoyo; los criterios; los procesos e instancias de decisión para el otorgamiento de apoyos; así como su seguimiento y evaluación; conforme lo dispuesto en el Capítulo 1 punto 1 y Capítulo II punto 1, de las Reglas de Operación en comento.

En ese sentido y de conformidad con el artículo 31 de la LBOGM y 21 de las Reglas de Operación de la Cibiogem expedidas en el DOF el 5 de diciembre de 2007, este Servicio Nacional ha destinado las aportaciones correspondientes a dicho Fondo, del año 2008 a12012.

Por otra parte, en el Capítulo III punto 1 de las Reglas de Operación del Fondo Cibiogem, se establece que la autoridad máxima es el comité técnico; el cual, es un órgano colegiado que tiene por objeto apoyar a la Comisión Intersecretarial para el desarrollo de sus funciones en términos de lo dispuesto en el artículo 19 fracción v1 de la LBOGM. Dicho Comité, es presidido por el Secretario Ejecutivo y está integrado por un representante de las autoridades competentes señaladas en la LBOGM, como se establece en el artículo 27 y 28 de las Reglas de Operación de la Cibiogem.

En ese tenor, el comité técnico es quien tiene la facultad de analizar, revisar, aprobar o acordar lo inherente al contenido de convenios, apoyos o proyectos que den respuesta a las demandas específicas, entre otros relacionados; como se señala en el Capítulo III punto 3 de las Reglas de Operación de Fondo Cibiogem.

Sobre el particular, hago de su amable conocimiento que el comité técnico llevó a cabo su primera sesión ordinaria de 2013 el 6 de febrero del año en curso; en la cual, este Servicio Nacional, participó en representación de la Sagarpa.

En el desarrollo de la Sesión, se sugirió a la Secretaría Ejecutiva proponer al pleno de la Cibiogem en materia de investigación, lo siguiente:

1. Definir las necesidades de investigación en materia de biotecnología y bioseguridad en México: es condición sine qua non, ya que una no puede existir sin la otra;

2. El comité técnico definirá los mecanismos y criterios que debe aplicar el consejo consultivo mixto, para la el establecimiento de protocolos en materia de investigación en ambas líneas de acción;

3. Que en el ámbito de su competencia, las dependencias detecten sus necesidades de investigación, bajo las cuales puedan sustentarse instrumentos regu1atorios y/o disposiciones oficiales, en el ámbito de sus atribuciones.

Lo anterior, para impulsar Políticas Públicas claras y precisas bajo un esquema de competitividad sectorial, que de manera factible y eficaz nos conduzcan a cumplir los objetivos y metas de cambio estructural en el largo plazo, mediante el análisis prospectivo veraz y oportuno, con productos estratégicos que aporten insumas en la toma de decisiones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2013.— Licenciada Maricela Lecuona González (rúbrica), directora general jurídica.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

CUENTA PUBLICA DE 2011

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Le saludo cordialmente; con fundamento en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 28, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, derivado de la recepción del IR-2011, le envío un ejemplar impreso del informe ejecutivo del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, así como un disco compacto (CD) que contiene:

• Matriz de datos básicos del IR-2011.

• Resúmenes de las auditorías que conforman el Informe del Resultado.

• 43 documentos relacionados con la recurrencia de las observaciones de la ASF al gasto federalizado de 2000 a 2010, así como un compendio de los mismos.

• Cédulas de información básica de las 1,869 revisiones efectuadas por las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales a los recursos federales transferidos en 2011.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Remítase al archivo, para consulta de los legisladores.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se reforman el artículo 2o., fracción VI, y el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada:

I. a V. ...

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el título segundo de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.

VII. ...

Artículo 3o. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.

Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Artículo Único. Se reforma el articulo 58 y se adiciona el artículo 5o. de la Ley Federal de Sanidad Vegetal un párrafo cuadragésimo noveno, recorriendo los subsecuentes párrafos; del párrafo primero al párrafo cuadragésimo octavo para quedar como sigue:

Artículo 5o. Para los efectos de la ley se entiende por:

Actividades relacionadas con los vegetales: a Punto de entrada:

...

Punto de Verificación e Inspección Fitosanitaria para Importación y Exportación: Instalaciones ubicadas en territorio nacional, autorizadas por la Secretaría, que cumplen con las condiciones apropiadas e integrales para prestar en ellas el servicio oficial de inspección en materia de sanidad vegetal de los productos para importación. Estas podrán establecerse en las modalidades de operación que para el efecto se emitan.

Puntos de verificación interna: a zona libre:...

Artículo 58. La Secretaría deberá contar con puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, en los puntos de entrada al territorio nacional, necesarios para asegurar el nivel de protección en materia de sanidad vegetal del país.

Para efectos del párrafo anterior, se considerarán como puntos de verificación e inspección fitosanitaria para importación y exportación, aquellas instalaciones autorizadas para tal fin por la Secretaría mismas que podrán estar a cargo de entidades de gobierno, de organismos internacionales o regionales, de organizaciones de productores, de organizaciones relacionadas con el comercio exterior, de personas morales que representen intereses colectivos en materia de comercio exterior de productos vegetales, así como de particulares, en los términos del Reglamento de esta ley y demás disposiciones generales aplicables a las instalaciones descritas en los siguientes supuestos:

I. Los ubicados en los puntos de entrada al país, como puertos y terminales marítimas, aéreas, ferroviarias y terrestres;

II. Los ubicados dentro de recintos fiscales y fiscalizados de las Aduanas, y

III. Los establecimientos que presten servicios integrales de inspección, fumigación y destrucción.

Para el caso de los establecimientos ubicados fuera de las aduanas, deberán contar con un mecanismo de control y traslado de embarques desde la aduana hasta dicha instalación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los establecimientos identificados como puntos de verificación internacional ubicados en el extranjero, que a la entrada en vigor del presente decreto, cuenten con autorización vigente, podrán continuar operando por un plazo de hasta seis meses, a fin de solicitar su cambio de domicilio a territorio nacional, o en su caso, su baja definitiva.

Tercero. Las personas físicas o morales que cuenten a la entrada en vigor del presente decreto con puntos de verificación internacional ubicados en el extranjero y manifiesten su interés en reubicar sus instalaciones dentro del territorio nacional, se les podrá otorgar su autorización, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones generales que emita la Secretaría para tal efecto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra al representante del Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que el artículo 14 de la Ley del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el Consejo Consultivo Nacional estará integrado por un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y un representante del Senado de la República.

III. En términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente

Acuerdo

Único. El representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía será el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al diputado que representará a esta soberanía ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que el 13 de octubre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, como una instancia de coordinación.

II. Que de conformidad con el artículo 11 del referido decreto, tiene como objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implantar, en los tres órdenes de gobierno, el sistema de justicia penal, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Que de conformidad con el artículo 3, fracción II, inciso b), del mencionado decreto, el Consejo de Coordinación se integra, entre otros, por un diputado del Congreso de la Unión.

IV. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

V. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente designar al diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que la representará ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Por lo anterior, se someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se designa al diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como representante de esta Cámara del Congreso de la Unión ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Segundo. Se designa al diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como suplente de Cámara del Congreso de la Unión ante al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Tercero.Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal, así como a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo. México, DF, a 13 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría con declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 10 de diciembre de 2009, el diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Segundo. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.

Tercero. El 14 de diciembre de 2011, en sesión plenaria, se emite dictamen aprobado en sentido positivo por el pleno de la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Cuarto. Con la culminación de los trabajos correspondientes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el dictamen en cuestión queda en poder de la Mesa Directiva al no poder ser resuelto por el pleno de la citada legislatura.

Quinto. La Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante acuerdo aprobado en lo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llego a resolver el pleno de la LXI Legislatura, remitió copia del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, a la Comisión de Cultura y Cinematografía, con oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0380 EXP. 2ª/956, de fecha 20 de noviembre de 2012, a efecto de ser nuevamente presentado para su discusión y en su caso, aprobación.

Sexto. La Comisión de Cultura y Cinematografía a través de su Junta Directiva, en los términos de lo dispuesto por el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante oficio número CCC/LXII/ con fecha 14 de diciembre del 2012, prorrogar la decisión del asunto turnado.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-263 Exp. 639, resuelve y autoriza la prorroga, encontrándonos a la fecha, en plazo vigente para la resolución del asunto

Séptimo. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, se reunieron el 13 de febrero de dos mil trece, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Contenido de la iniciativa:

I. El proponente establece en su exposición de motivos que las manifestaciones artísticas de la humanidad, así como parte de la cultura, se materializan en términos prácticos en las industrias protegidas por el derecho de autor (IPDA), por tanto, las IPDA, tales como trabajos literarios, obras musicales, entre muchos otros trabajos artísticos, tienen una doble naturaleza: la cultural y la económica, ya que contribuyen con una parte importante al PIB, además de tener un valor que reside en su aportación artística, cultural y social.

Señala el diputado que en el ámbito del derecho internacional hay antecedentes desde 1948, que establecen el derecho a la cultura y el derecho de autor, documentos que han sido suscritos por nuestro país, lo que nos compromete a proteger los derechos de autor, con lo que a su vez, se salvaguardan los bienes culturales que se derivan, y se protege a quienes lícitamente producen y explotan las obras, creando incentivos que promueven la creación y producción de ese tipo de bienes, lo que refuerza la identidad cultural de los pueblos. Así, el derecho de autor se concibe como un elemento fundamental para el desarrollo cultural nacional.

Cuando los derechos de autor no están adecuadamente protegidos, se corre el riesgo de frenar o inhibir la creación y la producción de las manifestaciones correspondientes, pues no sólo se dan afectaciones económicas, sino también de índole moral. La falta de protección y de mecanismos ágiles para hacer cumplir la ley, contribuye a generar un desánimo en la creación y en la inversión de nuevas obras, razón por la cual es de gran relevancia estimular mediante una adecuada regulación la protección de los productos de la creación artística.

II. El Legislador expone que la industria cultural en México se enfrenta a retos relacionados con la falta de una adecuada y oportuna protección de los derechos de autor, tales como la llamada “piratería”. Por ello, resulta necesario dotar a la producción cultural en México de mecanismos efectivos que protejan la creación y la innovación.

La Ley Federal del Derecho de Autor vigente no contempla mecanismos ágiles y expeditos a favor de los titulares de los derechos de autor y conexos para hacerlos valer frente a los usuarios, específicamente, ante quienes los violan, lo que deja a la Ley como una disposición que no cumple con los objetivos que se perseguían cuando se expidió y que se limita a reconocer una serie de derechos, mientras que los medios para protegerlos son prácticamente nulos.

III. El diputado Báez manifiesta que la ley vigente adolece de precisión y carece de disposiciones esenciales que no se han incluido en la ley pero sí en su Reglamento, lo que la hace jurídicamente improcedente.

Como ejemplos señala:

• La definición del concepto de regalías, el cual se halla en el artículo 8o. del Reglamento de la Ley, y no se define en el cuerpo de la Ley, razón por la cual propone adicionar un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley en el que se señale expresamente que se considera parte del derecho patrimonial la percepción de regalías o cualquier remuneración, añadiendo además, la definición de regalías.

• En la ley, el Instituto Nacional del Derecho de Autor no tiene las facultades necesarias para llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos. Sin embargo, el Reglamento de la Ley le confiere dichas facultades en los artículos 161 y 163. Para evitar las impugnaciones ante los actos de autoridad, la Iniciativa propone integrar dichas facultades en la fracción I del artículo 210 de la ley.

IV. La misma exposición de motivos señala con precisión que existen contradicciones dentro de Ley Federal del Derecho de Autor. Caso concreto la contradicción que se suscita entre los artículos 131 Bis y 151, ya que mientras el artículo 131 Bis reconoce el derecho de los productores a percibir una remuneración por el uso o comunicación pública de sus fonogramas, cuando se persiga un fin de lucro directo e indirecto, el artículo 151 señala que no constituyen violaciones a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas u organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, únicamente cuando no se persiga un beneficio económico directo.

El Legislador proponente señala acertadamente que el artículo 131 Bis fue adicionado a la Ley el 23 de julio de 2003, mientras que el texto del 151 corresponde al texto original cuando la Ley fue Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, razón por la cual debe prevalecer el texto del primero.

Añade que esta contradicción debe evitarse ya que el artículo 151 en su fracción I no refleja fielmente la disposición contenida en el artículo 15, numeral 1, inciso a), de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión”, la cual nuestro país ratificó en 1964 y cuyo texto, a la letra dice: “1. Cada uno de los Estados contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente convención en los casos siguientes: (a) cuando se trate de una utilización para uso privado”. Por ello, el diputado Báez considera necesario reformar la fracción I del artículo 151 de la ley que nos ocupa, para ajustar su texto a lo plasmado en la citada convención y hacerlo a su vez congruente con el texto del artículo 131 Bis de la propia ley.

V. La iniciativa enfatiza sobre algunas contradicciones que existen entre la ley que se pretende modificar y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como sucede cuando una persona afectada tiene que iniciar procedimientos administrativos de infracción, ya sea ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, o bien ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según el caso, debiendo cubrir derechos por iniciar tales acciones, lo cual contraviene lo señalado en el artículo 17 constitucional, en el que se señala que la impartición de justicia será gratuita, pronta y expedita.

Lo mismo sucede cuando un titular de derechos de autor pretende hacerlos valer y respetar, pues actualmente, cuando se pretende iniciar una acción jurisdiccional en contra de los infractores, es necesario agotar previamente los procedimientos respectivos ante las autoridades administrativas. Esta acción implica someterse a un largo proceso administrativo que puede tardar meses, e inclusive años para que una autoridad administrativa declare que existe una infracción sujeta a multa. Sólo entonces se podrían ejercer las acciones correspondientes a daños y perjuicios ante el Poder Judicial. Evidentemente, este proceso es contrario al precepto Constitucional de justicia y es contrario al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se ha pronunciado en el sentido que los procedimientos en materia de derechos de autor, en particular cuando se trata de infracciones en materia de comercio, requieren un tratamiento especializado, ágil y expedito.

VI. Derivado de lo anterior, en la Iniciativa se plantea que los conflictos entre particulares sean, en todos los estados, competencia del Poder Judicial, de manera que no sería necesario agotar  un  procedimiento previo para que el afectado inicie cualquier acción en defensa de sus derechos, razón por la cual, esta modificación propone que se establezca un juicio especial en materia de derechos de autor con características más específicas, tales como que los asuntos se ventilen y resuelvan a través de una vía especial en materia de derechos de autor y no por la vía civil o mercantil; que el procedimiento sea sumario;  que tanto la demanda como la contestación incluyan todas las pruebas bajo el principio de preclusión; que la única excepción sea la de legitimación pudiendo interponer, por única vez, un escrito cada parte hasta la resolución en definitiva del asunto; que sólo se permitirían las pruebas confesional y testimonial para refrendar, ratificar o negar documentos; que la prueba superveniente se mantiene como una posibilidad; el resultado de visitas de inspección llevadas a cabo por el Indautor para constatar infracciones tendrán el carácter de prueba plena; que las asociaciones o sociedades de gestión colectiva se considerarán legítimas cuando la organización presente en juicio la certificación de la lista de socios inscritos ante el Registro Público del Derecho de Autor y el certificado de registro de sus catálogos; que la sentencia definitiva sólo puede impugnarse a través del juicio de amparo directo.

La iniciativa plantea que el objetivo de incluir una nueva vía especial es eliminar los procedimientos administrativos vinculados a las infracciones, pero manteniendo la posibilidad de imponer sanciones administrativas a través de los procedimientos usuales ante las autoridades fiscales correspondientes. Es importante señalar que la Iniciativa no plantea la eliminación de los procedimientos administrativos relativos a la negativa de un registro, de una reserva o la caducidad o nulidad de oficio de ésta, considerando que en esos casos se trata de un conflicto entre un particular y el Estado a través del Indautor.

Para hacer posible lo anterior, el legislador propone mediante la Iniciativa una reforma al artículo 213 de la Ley, para señalar que los tribunales federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, para lo cual existirá la vía especial de derecho de autor. La aplicación de esta vía no requiere agotar ningún procedimiento previo como condición para el ejercicio de dichas acciones.

En consecuencia, se hace preciso otorgar competencia a los Tribunales Federales para conocer las controversias que se susciten por la impugnación y cancelación de constancias, anotaciones o inscripciones en el Registro, así como las derivadas de la nulidad y cancelación de las reservas de derechos al uso exclusivo, lo que se incluye en la reforma propuesta al artículo 214, en el cual también se establece que el Indautor será parte en esas controversias.

El establecimiento de la vía especial implica que las bases queden señaladas de manera general en el cuerpo de la Ley, lo cual sentará las bases para que el Ejecutivo realice los cambios a las disposiciones que emanan de este ordenamiento. El establecimiento de estas bases es lo que conforma la adición de los artículos 214 Bis a 214 Bis 9.

VII. Hace mención el diputado Báez, que de acuerdo con la ley, el Indautor aplica una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quienes, habiendo sido citados a una junta de avenencia, no se presentan. Al respecto, la Iniciativa propone establecer un rango para la multa señalada, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado porque el establecimiento de multas fijas en la legislación contraviene la Constitución, pues con ello se propician excesos autoritarios y un tratamiento desproporcionado a los particulares. Por ello propone reformar la fracción III del artículo 218 de la Ley para establecer un rango con límites mínimo y máximo para la aplicación de la multa dependiendo de cada caso en particular.

VIII. También con relación a las infracciones, la Iniciativa establece una diferencia entre las que serán sancionadas por el Indautor de aquellas que propone que  sancionen los Tribunales Federales, lo cual quedaría establecido claramente con la propuesta en el artículo 230. El legislador propone un cambio para que las infracciones consideradas en las fracciones III, IV, V, VII, XI y XIII del artículo 229 de la ley, sean sancionadas por el instituto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y por un monto igual el resto de las infracciones señaladas en el artículo 229, pero en este caso, el monto lo determinaría el juez de distrito al momento de emitir sentencia condenatoria, cuando la acción ejercitada por el actor cae dentro de esos supuestos de infracción, con posibilidad a aplicar una multa adicional diaria a quien persista en la infracción.

IX. Con base en la experiencia, y que en lo sucesivo se evite la interpretación de la ley, el diputado plantea especificar con claridad lo que constituyen infracciones en materia de comercio, para lo cual propone la modificación de las fracciones I y X de artículo 231 de la ley. Para puntualizar expresamente a los fonogramas, videogramas, ediciones o emisiones de radiodifusión, y especifica todos los casos en que puede haber titulares de derechos patrimoniales en la fracción I. Asimismo, considera necesario agregar el concepto de escala comercial o industrial en la fracción X, en virtud de que no se menciona en la ley con anterioridad y que corresponde a lo que establece el Código de Comercio como actos de comercio en el artículo 75, fracciones I y II.

X. En la Iniciativa se proponen las reformas a los artículos 232 y 235 a efecto de que las infracciones sean ahora sancionadas por el juez de distrito, y no por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI. En el primer caso, cuando se trate de infracciones en materia de comercio, puntualizando sobre las que se señalan en el artículo 231 del mismo ordenamiento; en el segundo, para que el juez quede facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera.

XI. Como consecuencia de la adición de los artículos 214 Bis a 214 Bis 9, la iniciativa considera que el artículo 187 debe derogarse, al tiempo que el 234, al eliminar la competencia del IMPI para sancionar infracciones en materia de comercio.

XII. Finalmente, la iniciativa propone insertar cuatro artículos transitorios al decreto: la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; la derogación de una serie de artículos del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; la instrucción al Ejecutivo federal para que modifique en lo conducente el Reglamento de la ley; y por último, que las controversias en trámite ante el Indautor o el IMPI, continuarán hasta su conclusión, excepto en aquellos casos en que el promovente decida reponerlos ante los tribunales federales.

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados y con los elementos de información disponibles, la comisión se abocó a dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Se consideraron los antecedentes sobre derechos de autor en México. El primer ordenamiento mexicano en la materia del 3 de diciembre de 1846, decreto sobre propiedad literaria, es cuando la publicación de las obras se consideró un privilegio, que era extensivo a los herederos hasta por 30 años. Casi cuarenta años después, en el Código Civil de 1884 se reconocieron en nuestro país las reservas de derechos exclusivos, reconociéndose además la propiedad industrial del derecho de autor.

Ya en el texto original de la Constitución Política de 1917, el artículo 28 establece con claridad que no habrá prohibiciones a la protección a la industria, a excepción de “...los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...”.

En el Código Civil de 1928, promulgado por Plutarco Elías Calles, quedó plasmada la regulación del derecho de autor, a través de sus disposiciones. Derivado de ello, surge la primera Ley Federal sobre el Derecho de Autor en 1947.

Con la firma del Convenio de Berna, México adopta la regulación para la presunción de autoría y se reconocen los derechos de autor sin necesidad de registrar una obra. Éste y otros documentos internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma), el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus fonogramas, o el Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, dan sustento a una Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, en cuyo Artículo Segundo transitorio se abroga la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.

La reforma constitucional del 29 de abril de 2009, en la que se faculta al Congreso para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas, da pleno sustento constitucional a la iniciativa presentada por el diputado Armando Báez Pinal el 10 de diciembre de 2009.

Segunda. La iniciativa propone una adición al artículo 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor porque se argumenta que el texto vigente adolece de precisión y considera relevante que se especifique que parte del derecho patrimonial es la percepción de regalías o cualesquier remuneración y que se requiere definir el concepto que, hasta la fecha, se contempla únicamente en el Reglamento.

El legislador propone un segundo párrafo al artículo 24 que señale:

Artículo 24. ...

Se considera parte del derecho patrimonial la percepción de regalías o cualquier remuneración económica. Para efectos de esta ley, se entiende por regalías a la remuneración económica generada por el uso o explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones en cualquier forma o modo.

La Comisión de Cultura y Cinematografía considera que no es procedente la precisión, ya que el concepto de derecho patrimonial a que se refiere el Capítulo III del Titulo Segundo de la Ley Federal del Derecho de Autor es más amplio y definirlo puede perjudicar a los autores intelectuales de las obras que protege este ordenamiento;

Tercera. Propone el legislador una reforma al artículo 210 en virtud de que en el Reglamento de la Ley, el Indautor está facultado para realizar visitas de inspección pero la ley no las otorga, lo cual, señala el diputado, hace fácilmente impugnable los actos de autoridad. Además, si el mismo artículo faculta al instituto para realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, no puede realizarlas si no lo faculta en la ley para llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos.

Por lo anterior, la Comisión de Cultura y Cinematografía considera procedente la propuesta para reformar la fracción primera del artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor en los términos propuestos para quedar como sigue:

Artículo 210. El instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos;

II. Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;

III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos;

IV. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y

V. Las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Cuarta. La Iniciativa propone la modificación del artículo 151 porque, según se argumenta, existe una contradicción entre éste, asentado en el texto original de la Ley de 1996, y el 131 bis adicionado en el 2003. La Comisión analizó esta reforma y considera que, no existe tal contradicción toda vez que el artículo 131 bis se refiere a los derechos que el autor puede ejercer con respecto a una obra propia, lo cual puede reclamar si él considera que se trata de un uso con fines de lucro directo o indirecto, y el artículo 151 se refiere a la interpretación que tiene la autoridad competente para no sancionar cuando no se persiga un beneficio económico directo.

Por lo expuesto, esta comisión considera que no es procedente la propuesta del diputado Báez.

Quinta. A partir de una reflexión que hace el diputado sobre el mandato constitucional, en el que se señala que la impartición de justicia será gratuita, pronta y expedita, la Iniciativa plantea reformar sustancialmente el Título XI de la ley, materia del presente dictamen.

El diputado Báez propone reformar los dos párrafos del artículo 213. Sin embargo, considerando el dictamen que en su momento dio sustento a la modificación de este artículo en la minuta que se recibió del Senado de la República en abril de 2003, esta comisión considera prudente conservar el sentido del artículo vigente que establece la jurisdicción concurrente; es decir, que sean los tribunales locales o los federales los que conozcan de los asuntos en los que se ventilen controversias entre particulares, manteniendo la facultad de decisión del titular del derecho a elegir qué acción tomar en defensa de sus intereses, pero eximiéndolo de agotar dichos procedimientos para poder acceder a otras alternativas de procedimiento que la legislación contempla, por ejemplo, acudir ante los juzgados civiles.

En virtud de lo anterior, esta comisión considera que es procedente la precisión para que en las acciones derivadas de la presente ley y su Reglamento no sea necesario agotar ningún procedimiento previo, a fin de cumplir con el mandato constitucional en su artículo 17. Sin embargo, la Comisión de Cultura y Cinematografía propone que los dos párrafos del artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor queden tal como está el artículo reformado en el 2003, y se haga la precisión que plantea el legislador promovente adicionando un tercer párrafo al mismo artículo para quedar de la siguiente manera:

Artículo 213. Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los estados y del Distrito Federal.

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante tribunales federales y la legislación común ante los tribunales del orden común.

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

Sexta. Consecuencia de lo anterior y para precisar la competencia de los tribunales federales, la iniciativa propone una reforma al artículo 214 quedando en dos párrafos, el segundo de los cuales estaba contenido en el texto original. La Comisión de Cultura y Cinematografía considera que la reforma no procede en los términos que propone el legislador, toda vez que el párrafo adicionado se aplicaría tanto en el artículo 213, como en cualquier otro supuesto, como es el caso del artículo 214.

Séptima. Derivado de lo anterior, y considerando que el autor o el titular de los derechos tiene la libertad de acudir directamente a la autoridad judicial sin la obligación de agotar previamente un procedimiento administrativo, esta Comisión considera que no procede la adición de diez artículos al Título XI de la ley, señalados por el proponente como 214 Bis al 214 Bis 9.

Octava. En cuanto a las sanciones, el diputado Báez propone en la iniciativa que para el procedimiento administrativo de avenencia señalado en el artículo 218, se modifique la fracción segunda para no establecer un solo monto en caso de que las partes o alguna de ellas no asistan, sino que se establezca un rango para que la autoridad determine una cantidad específica dependiendo de las circunstancias. Al respecto, la comisión considera que la reforma a la fracción segunda mencionada procede para quedar de la siguiente manera:

Artículo 218. ...

I. y II. ...

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. a VI. ...

Novena. Con relación a la propuesta para señalar los montos de las infracciones en el artículo 230, propuesto por el diputado Armando Jesús Báez Pinal, la comisión consideró que la redacción de la ley vigente es adecuada, por lo que se estima innecesaria la modificación señalada en la iniciativa.

Décima. Al estudiar la propuesta del legislador para definir con claridad en qué casos se constituyen infracciones en materia de comercio, se evaluó la redacción y la comisión optó por desechar la propuesta para modificar la redacción de la fracción I del artículo 231 considerando que hace referencias a conceptos que se prevén en otras fracciones del mismo artículo, por lo que ante el riesgo de duplicidad en las fracciones, esta Comisión de Cultura y Cinematografía considera. Dejar la fracción del artículo 231 tal como se encuentra en la ley vigente.

En el caso de la reforma a la fracción X del mismo artículo, la Comisión consideró que no es procedente la propuesta el Diputado, por tanto el artículo 231 queda sin modificaciones.

Undécima. El legislador propone en su iniciativa que las infracciones sean ahora sancionadas por el juez de distrito y no por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, la comisión considera que esta medida puede crear controversia con la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se dictamina que el primer párrafo del artículo 232 no se modifique y quede tal y como está en la ley vigente, para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conserve las facultades que le confiere la ley.

Duodécima. Al hacer el análisis respectivo se consideró que las multas aplicables en las fracciones I y II del artículo 232 sí deben incrementarse debido a la diversificación de los recursos tecnológicos y el daño patrimonial que le causa a los autores y titulares de los derechos conexos. Sin embargo, la propuesta para la modificación de este artículo queda sin materia toda vez que el 27 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma a este artículo estableciendo ya un incremento a las infracciones en materia de comercio.

Decimotercera. La iniciativa que presenta el diputado Armando Báez Pinal propone una reforma al artículo 235 señalando que en materia de comercio, un juez de distrito queda facultado para emitir resoluciones. Esta comisión determinó que, no es procedente establecer en la Ley Federal del Derecho de Autor la vía especial para atender los procedimientos que violen los derechos autorales, no se puede soslayar la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en lo que se refiere a las infracciones en materia de comercio, por lo que a fin de que se contemple la competencia del Juez, pero se respete la que tiene el IMPI de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, esta comisión determinó que el artículo 235 quede en delante de la siguiente manera:

Artículo 235. Los tribunales federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Esta redacción, en donde se presume la competencia de dos instancias, implica que en el Artículo 234 especifique que el IMPI, además de aplicar las medidas precautorias establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, podría adoptar las provistas en la Ley Federal del Derecho de Autor. Por esa razón no procede la propuesta del Legislador para derogar el Artículo como lo propone, por lo que, esta Comisión considera que no se reforme el Artículo 234.

Decimocuarta. El análisis de la iniciativa del diputado toma en cuenta que, como consecuencia de la adición de los artículos 214 Bis a 214 Bis 9, la Iniciativa planteaba derogar el artículo 187 de la Ley, lo cual esta Comisión considera improcedente, pues los procedimientos que señala el artículo aún vigente no serán suplidos toda vez que no se consideró la pertinencia por el procedimiento especial en derecho de autor que el Diputado propuso.

Decimoquinta. Para concluir las consideraciones que esta Comisión de Cultura hace sobre la Iniciativa de Ley que presentó el Diputado Báez, se consideran los transitorios.

El primer transitorio procede en los términos propuestos.

El artículo segundo transitorio no procede porque es facultad del Ejecutivo federal emitir, reformar o derogar artículos de los reglamentos. Asimismo no procede el artículo tercero, pues la reforma no contempla modificaciones a procedimiento alguno que impliquen la adecuación reglamentaria.

En cuanto al artículo cuarto transitorio, en el presente dictamen queda como segundo, incluyendo sólo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y se mantiene el sentido del Transitorio segundo del Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2009 cuando se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. En el que se señala que Todos los actos jurídicos emitidos y fundamentados en las leyes anteriores y en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, tales como registros de obras y contratos, reservas de derechos otorgadas, resoluciones a procedimientos entre otros, así como los celebrados entre particulares, contratos, convenios, sucesiones testamentarias, conservarán su validez, y se considera procedente añadir el derecho del promoverte para señalar la excepción en aquellos casos en que él mismo decida reponer los procedimientos ante los tribunales federales.

Por lo que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único. Se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; y 235; se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 210. El instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos;

II. a V. ...

Artículo 213. ...

...

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

Artículo 218. El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el instituto conforme a lo siguiente:

I. y II. ...

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. a VI. ...

...

Artículo 235. Los tribunales federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las controversias que se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y o ante el instituto Nacional del Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este decreto, continuarán hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento de su inicio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero de 2013.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), secretarios; Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, Luis Alberto Villarreal García, María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 22 de marzo del 2012, los diputados Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Jorge Kahwagi Macari (Nueva Alianza) y María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), presentan iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 1o. Bis, reforma el artículo 3o. fracción XII, artículo 27, fracción IX, artículo 111, fracción II; reforma el Capítulo III del Título Séptimo, los artículos 114 y 115 fracciones IV y V; adiciona un inciso a), b), c), d) a la fracción IV del artículo 115 de la Ley General de Salud, en materia de la inserción de Definiciones Necesarias.

2. Con la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de “Proceso de análisis”, se da constancia de reuniones realizadas por la junta directiva de la comisión, referentes al contenidos de la iniciativa.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene la finalidad de homogeneizar las diferentes definiciones que se encuentran estipuladas en las normas oficiales mexicanas, las cuales en varias ocasiones se encuentran desiguales a lo determinado en la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa en comento, intenta colocar en la Ley General de Salud términos correctos, homogéneos, concretos y entendibles para los mexicanos.

Vigente: no existe.

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. – XI. ...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. – XXXI. ...

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. – VIII. ...

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición:

X – XI. ...

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición;

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud;

IV. Salud ocupacional, y

V. Fomento sanitario.

Capítulo III: Nutrición

Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del gobierno federal.

La Secretaría de Salud ...

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. – III. ...

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. – VIII. ...

Decreto iniciativa

Artículo 1° Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo 3o.En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. – XI. ...

XII.La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición y actividad física,enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. – XXXI. ...

Artículo 27.Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. – VIII. ...

IX.La promoción del mejoramiento de la nutrición  y actividad física, y

X. – XI. ...

Artículo 111.La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II.Nutrición  y actividad física;

III.Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud;

IV.Salud ocupacional, y

V. Fomento sanitario

Capítulo III: Nutrición y Actividad Física

Artículo 114. Se entiende por nutrición a los procesos mediante los cuales se obtienen, aprovechan y excretan los nutrimentos en el organismo, éste concepto incluye los Trastornos de la Conducta Alimentaria (Bajo Peso, Peso Adecuado, Sobrepeso y Obesidad).

Para la atención y mejoramiento de la nutrición en la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del gobierno federal y entidades federativas. De la misma manera, se entiende como actividad física al movimiento corporal generado por la contracción de los músculos esqueléticos y que resulta en un gasto de energía adicional a la actividad habitual.

La Secretaría de Salud ...

Artículo 115.La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. – III. ...

IV.Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas. Para efectos de lo anterior, se tomarán en cuenta los siguientes conceptos:

a) Índice de Masa Corporal (I.M.C.) o Índice de Quetelet: es el peso corporal en kilogramos (kg) dividido entre la estatura en metros (m2) elevada al cuadrado. Se describe con la siguiente fórmula: I.M.C.= (kg/m2).

b) Bajo Peso y Peso Adecuado: Se conoce con Bajo Peso a una persona que presenta un Índice de Masa Corporal menor a 18 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C. < a 18 kg/m2) y el peso adecuado es aquel con un Índice de Masa Corporal que va de 18 a 24.99 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C. 18 – 24.99 kg/m2).

c) Sobrepeso y Obesidad: El sobrepeso se define con un Índice de Masa Corporal de 25.0 a 29.9 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C.>25 – 29.9 kg/m2)  y la obesidad como un Índice de Masa Corporal igual o mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado (I.M.C. = 30 kg/m2), siendo de 30 a 34.99 obesidad tipo I, 35 a 39.99 obesidad tipo II y mayor de 40 obesidad tipo III o mórbida.

d) En el caso de las personas en crecimiento y desarrollo, se aplicarán las Normas Oficiales Mexicanas vigentes del peso para la talla y edad, así como el Índice de Masa Corporal según su edad y sexo, para determinar Bajo Peso, Peso Adecuado, Sobrepeso y Obesidad infantil.

V.Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, sustancia contenida en los alimentos que participa activamente en las reacciones metabólicas para mantener adecuadamente las funciones del organismo, y que favorece la salud de la población.

VI. – VIII. ...

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas de etiología multifactorial que se desarrollan a partir de la interacción de la influencia de factores sociales, conductuales, psicológicos, metabólicos, celulares y moleculares. Se define como el exceso de grasa (tejido adiposo) en relación con el peso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona los 10 datos más relevantes sobre la problemática del sobrepeso y la obesidad mundial actual:

1. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud: El índice de masa corporal (I.M.C.) –peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2)– es un índice utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La OMS define el sobrepeso como un I.M.C. igual o superior a 25, y la obesidad como un I.M.C. igual o superior a 30.

2. Mil millones de adultos tienen sobrepeso: Si no se actúa, esta cifra superará los mil 500 millones en 2015: Mil millones de adultos tienen sobrepeso, y más de 300 millones son obesos. Cada año mueren, como mínimo, 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos

3. En el mundo hay más de 42 millones de menores de cinco años con sobrepeso:La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen más probabilidades de sufrir a edades más tempranas diabetes y enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian a un aumento de la probabilidad de muerte prematura y discapacidad.

4. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal:  65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia ponderal. Entre esos países se incluyen todos los de ingresos altos y medianos. 44 por ciento de los casos mundiales de diabetes, 23 por ciento de cardiopatía isquémica y 7–41 por ciento de determinados cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

5. La obesidad suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas: El aumento del consumo de alimentos muy ricos en calorías sin un aumento proporcional de la actividad física produce un aumento de peso. La disminución de la actividad física produce igualmente un desequilibrio energético que desemboca en el aumento de peso.

6. El apoyo de la comunidad y del entorno son fundamentales para influir en las elecciones personales y evitar la obesidad: La responsabilidad individual solo puede ejercer plenamente sus efectos cuando las personas tienen acceso a un modo de vida saludable y reciben apoyo para elegir opciones saludables. La OMS moviliza a todas las partes interesadas que tienen una función crucial en la creación de entornos saludables y en la asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables.

7. Las elecciones de los niños, su dieta y el hábito de realizar actividades físicas dependen del entorno que les rodea: El desarrollo socioeconómico y las políticas agrícolas, de transporte, de planificación urbana, medioambientales, educativas, y de procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos influyen en los hábitos y las preferencias dietéticas de los niños, así como en su actividad física. Estas influencias están fomentando cada vez más un aumento de peso que está provocando un aumento continuo de la prevalencia de la obesidad infantil.

8. Una dieta saludable puede contribuir a prevenir la obesidad:Se puede:

1) mantener un peso saludable

2) reducir la ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por las insaturadas

3) aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos

4) reducir la ingesta de azúcar y sal.

9. La actividad física regular ayuda a mantener un cuerpo sano: Hay que realizar una actividad física suficiente a lo largo de toda la vida. La realización de actividades físicas de intensidad moderada durante 30 minutos al día la mayoría de los días de la semana reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer de colon y mama. El fortalecimiento muscular y los ejercicios de equilibrio pueden reducir las caídas y mejorar la movilidad de los ancianos. Para reducir el peso puede ser necesaria una actividad más intensa.

10. Para frenar la epidemia mundial de obesidad es necesaria una estrategia poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural: El Plan de Acción de la Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles constituye una hoja de ruta para el establecimiento y fortalecimiento de iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la obesidad

Tercera.Se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1o. Bis: Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

En la Ley General de Salud no se encuentra la definición de salud, por lo tanto se considera de vital importancia colocar en la misma, un concepto que sea homogéneo y acorde a la Organización Mundial de la Salud.

Cuarta. Se propone reformar los artículos 3, 27, 111 en sus fracciones XII, IX y II respectivamente; asimismo el Capítulo III del Título Séptimo: Promoción de la Salud, que incluye la actividad física como materia de salubridad general

El mismo artículo 3 contempla en la fracción XI en referencia a la prevención de la salud, donde se incluye fomento a estilo de vida saludable, reducción de hábitos dañinos. De esta manera, vislumbra este artículo lo referente a actividad física como parte de educación para la salud y medidas preventivas en materia de nutrición.

Respecto a las adiciones a los artículos 27 y 111, en las fracciones I y II, se contemplan también las medidas necesarias para el fomento al estilo de vida saludable, las medidas de prevención de la salud, la educación de la salud y la promoción del mejoramiento de la nutrición.

La actividad física es una de tantas medidas que se deben realizar en torno a los trastornos nutricionales.

Quinta.Se intenta reformar los artículos 114 y 115 fracciones IV y V, de la Ley General de Salud, en los cuales se incluyen los conceptos de nutrición, actividad física, nutrimento, índice de masa corporal; así como los criterios para definir sobrepeso y obesidad.

El concepto de actividad física se confronta con el de la Ley General de Cultura Física y Deporte. El artículo 4, fracción III define la actividad física como: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas. Esta definición no establece la relación de actividad física con esfuerzos para gastar energía adicional. Al contrario, la define como las actividades habituales, incluyendo el estado de reposo. Por lo tanto, no homogeniza los conceptos incluidos en las leyes.

Las ciencias médicas se encuentran en constante cambio. Evidentemente, los conceptos de sobrepeso, obesidad, nutrición, etcétera, son vigentes desde hace décadas. Es posible que estas definiciones cambien en el futuro, o los parámetros para definir una o varias enfermedades o condiciones ya no sean vigentes en cierto tiempo. Por ello, las guías de práctica clínica se renuevan cada año, son revisadas por consejos o colegios de expertos en materia de salud para su actualización. Por todo ello, no parece viable la introducción de conceptos de enfermedades y criterios diagnósticos en una ley que su fin es la durabilidad o perpetuidad.

De la misma manera, si aplicamos esta terminología, entonces, ¿debemos de incluir todas las definiciones básicas para la atención de todos los padecimientos comunes en los mexicanos? Diabetes: índice glucémico, resistencia a la insulina, control de la glucemia, hemoglobina glucosilada; Hipertensión Arterial: estados de pre-hipertensión, cifras de control de hipertensión. Cáncer; definiciones, etapas clínicas, quimioterapias, etcétera.

Para estos conceptos se deberán considerar las guías de práctica clínica, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Internacionales (por ejemplo, GINA, para asma). También hay que reconocer los programas que la Secretaría de Salud tiene implementados para este caso, como lo son: el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA), Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), entre otros.

Sexta.Entendemos la magnitud del problema que representan el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, por las consideraciones antes mencionadas, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno dictamen a favor con modificaciones del siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan el artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se adiciona un artículo 1o. Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 8 de marzo de 2012, el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

Aplicar una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, a quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados, adulterados o caducos, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contengan o números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Al igual que los alimentos industrializados, las medicinas cuentan con una fecha de caducidad que, después de rebasarla, se recomienda el desecho y la suspensión del consumo. La vida útil de los medicamentos es establecida en pruebas que permiten a la industria y a las autoridades determinar por cuánto tiempo y en condiciones normales (o específicas, cuando, por ejemplo, requieren refrigeración) el producto sigue garantizando las mejores condiciones de calidad y no hay riesgo de que el consumidor sufra algún daño en su salud.

Se asegura que una vez pasada la fecha de vencimiento de la caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa en el organismo. En el mejor de los casos, un producto terapéutico ya caduco no tendrá efecto alguno para restablecer la salud. Desafortunadamente también se corre el riesgo de que la sustancia activa haya modificado su composición –por desnaturalización, oxidación o cualquier otro proceso– y entonces hay el peligro latente de que provoque daños colaterales que se añadan al mal original que motivó su uso.

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención a que los medicamentos caducos no deben ser utilizados para combatir una enfermedad, porque se juega con la vida de quien los consume, especialmente de mexicanos de escasos recursos, que no cuentan con seguridad social y que los han comprado en el mercado negro o en las mismas farmacias. Más aún, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) precisó que en el mercado se venden muestras médicas que los laboratorios reparten para que sean entregadas de manera gratuita a los pacientes, medicamentos caducos, fármacos del sector salud y medicinas piratas o falsificadas.

Cabe mencionar que no hace mucho se aprobaron cambios en el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, con lo que se aumentaron las penas para quien adultere, falsifique, contamine o altere medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones o los venda. Este fue un gran avance contra la piratería de medicamentos, pero sobre todo lo fue en beneficio de la salud de los mexicanos.

En este sentido, es importante que las mismas penas se establezcan para quienes vendan medicamentos caducos, porque además de que su venta es un acto fraudulento, pone en riesgo la salud de quien los consuma.

Cuarta. Con respecto a la reforma de la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, es necesario mencionar que la Ley General de Salud hace referencia a los medicamentos caducos en su artículo 233:

Artículo 233. Quedan prohibidos la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida.

Sin embargo, a pesar de que se prevé sanción en el artículo 421 de la misma ley –con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate– este castigo no es suficiente dada la gravedad del tema en cuestión.

Quinta. En el artículo 464 Ter, el que se pretende reformar, y al que se hace referencia en la exposición de motivos, se establece lo siguiente:

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. y II. ...

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Por lo tanto, como se mencionó en la exposición de motivos, es necesario que se aplique la misma sanción a quienes vendan o comercien con medicamentos caducos.

Sexta. Los integrantes de esta Comisión consideran que la iniciativa en cuestión es viable debido a que su objetivo es proteger a la población de los riesgos a la salud que representa la exposición y uso inadecuado de medicamentos caducos, además de proveer a la autoridad de más herramientas para atacar el mercado negro de medicamentos que existe en el país.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. y II. ...

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados, adulterados o caducos, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 22 de marzo del 2012,los diputados Miguel Antonio Osuna Millán (PAN), Rodrigo Reina Liceaga (PRI), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (PRD), María Cristina Díaz Salazar (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Antonio Benítez Lucho (PRI), Perla López Loyo (PRI), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Jorge Kahwagi Macari (Nueva Alianza) y María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza),presentan iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y Dictamen correspondiente.

3. Según establece el Acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de Noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de “Proceso de análisis”, se da constancia de reuniones realizadas por la Junta Directiva de la Comisión, referentes al contenidos de la iniciativa.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa plantea plasmar en la Ley General de Salud, el cumplimiento obligatorio de las disposiciones implementadas por la Secretaría de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas pre envasadas para que de este modo se evite el sesgo en su aplicación y se logre estandarizar el mismo, de manera que constituya un verdadero apoyo a la población en general para realizar una adecuada toma de decisiones al seleccionar alimentos que posean un adecuado valor nutricional que coadyuve a una dieta saludable, promueva el óptimo desempeño intelectual, el sano desarrollo en niños y jóvenes y apoye la lucha contra la obesidad.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Presente iniciativa

Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Se establece con carácter de obligatoriedad la declaración nutrimental obligatoria y la declaración nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasada.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.Debido a que la presente Iniciativa busca hacer obligatoria la parte complementaria de la NOM que se basa en la  Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasadas, a continuación señalamos la parte de la NOM indicada de la Información obligatoria y complementaria:

“3.22Información nutrimental

Toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasado. Comprende dos aspectos:

a) La declaración nutrimental obligatoria.

b) La declaración nutrimental complementaria.

...

4.2.8 Información nutrimental

4.2.8.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados es obligatoria.

4.2.8.2 Nutrimentos que deben ser declarados.

4.2.8.2.1 Es obligatorio declarar lo siguiente, con excepción de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados regulados por otros ordenamientos jurídicos aplicables:

a) Contenido energético;

b) La cantidad de proteínas;

c) La cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, indicando la cantidad correspondiente a azúcares;

d) La cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que corresponda a grasa saturada;

e) La cantidad de fibra dietética;

f) La cantidad de sodio;

g) La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades;

h) La cantidad de cualquier otro nutrimento que se considere importante, regulado por los ordenamientos jurídicos aplicables.

4.2.8.2.2 Cuando se haga una declaración específica de propiedades referente a la cantidad o tipo de hidrato de carbono o carbohidrato, podrán indicarse también las cantidades de almidón y/u otros constituyentes de hidratos de carbono.

4.2.8.2.3 Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de ácidos grasos o la cantidad de colesterol deben declararse las cantidades de: ácidos grasos trans, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados y colesterol.

4 .2.8.2.4 Independientemente de lo establecido en el numeral 4.2.8.1, quedan exceptuados de incluir la información nutrimental los siguientes productos siempre y cuando no incluyan alguna declaración de propiedades:

i. Productos que incluyan un solo ingrediente,

ii. Hierbas, especias o mezcla de ellas,

iii. Extractos de café, granos de café enteros o molidos descafeinados o no,

iv. Infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo y/o soluble que no contengan ingredientes añadidos,

v. Vinagres fermentados y sucedáneos,

vi. Aguas purificadas embotelladas, aguas minerales naturales.

4.2.8.3 Presentación de la información nutrimental

4.2.8.3.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades que correspondan al Sistema General de Unidades de Medida NOM-008-SCFI-2002, citada en el capítulo de referencias. Adicionalmente, se pueden emplear otras unidades de medidas. Tratándose de fibra dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales), éstos se deben sujetar a lo establecido en el inciso 4.2.8.3.5

4.2.8.3.2La declaración sobre el contenido energético debe expresarse ya sea en kJ (kcal) por 100 g, o por 100 ml, o por porción en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo una porción.

4.2.8.3.3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos), lípidos (grasas), y sodio que contienen los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe expresarse en unidades de medida por 100 g o por 100 mL o por porción o por envase, si éste contiene sólo una porción.

4.2.8.3.4 La declaración numérica sobre fibra dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales) debe expresarse en unidades de medida o en porcentaje de los valores nutrimentales de referencia, o en ambos por 100 g, o por 100 mL, o por porción en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo una porción.

4.2.8.3.5 Para estos casos, se debe emplear la siguiente tabla de ingestión diaria sugerida e ingestión diaria recomendada, para la población mexicana según corresponda.

4.2.8.3.6. La información nutrimental puede presentarse de la siguiente manera o análogas conforme lo indicado en la tabla 3:

4.2.8.3.7 Tolerancias y cumplimiento

La Secretaría de Salud puede establecer límites de tolerancia en relación con las exigencias de salud pública, en materia de la información nutrimental. La estabilidad en almacén, la precisión de los análisis, el diverso grado de elaboración y la inestabilidad y variabilidad propias del nutrimento en el producto, dependiendo de si el nutrimento ha sido añadido al producto o se encuentra naturalmente presente en él, se regularán a través de normas oficiales mexicanas.

4.2.8.3.8 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración de nutrimentos del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, deben ser valores medios ponderados derivados por análisis, bases de datos o tablas reconocidas internacionalmente.

4.2.9 Declaración de propiedades nutrimentales

4.2.9.1 No obstante lo establecido en la presente norma, toda declaración respecto de las propiedades nutrimentales debe sujetarse a lo dispuesto en la NOM-086-SSA1 (ver referencias).

4.2.10 Presentación de los requisitos obligatorios

4.2.10.1 Generalidades

4.2.10.1.1 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento del consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo.

4.2.10.1.2 Cuando la información comercial obligatoria de los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados que van destinados al consumidor final se encuentre en un envase múltiple o colectivo, no será necesario que dicha información aparezca en la superficie del producto individual. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente deben aparecer en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados individuales. Además, en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados se debe indicar siempre en lo individual la leyenda “No etiquetado para su venta individual”, cuando éstos no tengan toda la información obligatoria o una frase equivalente.

4.2.10.1.3 Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.

El dato relativo al lote, fecha de caducidad o de consumo preferente puede ser colocado en cualquier parte del envase.

4.2.10.1.4Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información aplicable, a menos de que la etiqueta del envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior.

4.2.10.1.5 Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos la marca, la declaración de cantidad y la denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado y aquella cuya ubicación se haya especificado. El resto de la información a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana, puede incorporarse en cualquier otra parte del envase.

4.2.11 Idioma

4.2.11.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deben ostentar la información obligatoria a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana en idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas debe aparecer también en español, cuando menos con el mismo tamaño y de manera igualmente ostensible.

4.2.11.2 La presentación de información o representación gráfica adicional en la etiqueta a la señalada en esta Norma Oficial Mexicana, que puede estar presente en otro idioma, es facultativa y, en su caso, no debe sustituir, sino añadirse a los requisitos de etiquetado de la presente Norma, siempre y cuando dicha información resulte necesaria para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor.

4.3 Requisitos opcionales de información

4.3.1 Información nutrimental complementaria

El uso de información nutrimental complementaria, escrita o gráfica, en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados es opcional y en ningún caso debe sustituir la declaración de los nutrimentos, excepto en los alimentos y bebidas no alcohólicas modificados en su composición, debiendo cumplir con la NOM 086 SSA1 (Ver referencias).

4.3.1.1 Cuando se presente la declaración nutrimental complementaria, debe aplicarse cualquiera de los siguientes criterios:

a) La inclusión de uno de los siguientes nutrimentos no obliga a incluir uno de los otros y sólo se realiza si se tiene asignado un VNR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la VNR referido (ya sea IDR o IDS):

Vitamina A (% VNR), Vitamina E (%VNR), Vitamina C (% VNR), Vitamina B1 (Tiamina) (% VNR), Vitamina B2 (Riboflavina) (%VNR), Vitamina B6 (Piridoxina) (%VNR), Vitamina B12 (%VNR), Vitamina D (%VNR), Vitamina K (%VNR), Acido pantoténico (%VNR), (Cobalamina) (%VNR), Acido fólico (Folacina) (%VNR), Niacina (Acido nicotínico) (%VNR), Calcio (%VNR), Fósforo (% VNR), Magnesio (%VNR), Hierro (%VNR), Zinc (%VNR), Yodo (%VNR). Cobre (%VNR), Cromo (%VNR), Flúor (%VNR), Selenio (%VNR).

b) Todos o ninguno de los siguientes:

Grasa poliinsaturada ___ g; grasa monoinsaturada __ g; ácidos grasos trans __ g; colesterol ___ mg.

c) La inclusión de uno de los siguientes no obliga a incluir a los otros:

Almidones ___ g; polialcoholes ___ g; polidextrosas ___ g.

d) Al expresar los tipos de constituyentes de hidratos de carbono (carbohidratos) y de grasas (lípidos) referidos en 4.2.8.2.1, incisos c) y d) se debe anteponer el texto del cual o de los cuales u otros análogos

e) Número de porciones por presentación.

4.3.1.2 La información nutrimental complementaria puede presentarse conforme a lo indicado en la tabla 4.

Tabla 4-Presentación de la declaración nutrimental complementaria

Nutrimentos/ Porcentaje del VNR (IDR o IDS)

Vitamina A______ %

Vitamina B1 (Tiamina)______ %

Vitamina B2 (Riboflavina)______ %

Vitamina B6 (Piridoxina)______ %

Vitamina B12 (Cobalamina)______ %

Vitamina C (Acido ascórbico)______ %

Niacina (Acido nicotínico)______ %

Acido fólico (Folacina)______ %

Hierro______ %

4.3.2 Instrucciones para el uso.

La etiqueta debe contener las instrucciones de uso cuando sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica preenvasado.

4.4Información adicional

En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la presente norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades establecidos en el apartado 4.1.1.

4.4.1 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, evitando ser equívocas o engañosas en forma alguna para el consumidor.

4.4.2 Asimismo, en la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica que indique que el envase que contiene el alimento o bebida no alcohólica preenvasado no afecta al ambiente, evitando que sea falsa o equívoca para el consumidor.”

Tercera. Se reforman el artículo 210 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

– Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Se establece con carácter de obligatoriedad la declaración nutrimental obligatoria y la declaración nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasada.

De lo anterior se advierte que las NOM’S están en un permanente cambio, por un constante avance tecnológico, por lo que pueden ser inaplicables por alguna NOM emitida ulteriormente que trate sobre un tema de similar objeto; por lo anterior, es menester dispensar o modificar el texto adicionado por lo que se refiere al número de NOM específico, con la única y exclusiva finalidad de no reformar ni adicionar el párrafo segundo del precepto en comento de forma constante, ya que toda Ley, por naturaleza, pretende ser perpetua y permanente.

No obstante se sugiere no indicar de forma expresa la NOM en específico, en caso de que se pretenda que algún concepto, supuesto o hipótesis normativa contenida en las NOMS, se incluya en la Ley General de Salud, entonces se considera incorporar dicha hipótesis normativa, mas no la NOM de referencia, por los razonamientos antes precisados. Dicho lo anterior se sugiere que quede como sigue:

– Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Se establece con carácter de obligatoriedad incluir la declaración nutrimental obligatoria del etiquetado y cuando el producto reclame poseer propiedades agregadas, deberá también acatarse el etiquetado complementario.

Cuarta.La Iniciativa es viable con las siguientes modificaciones:

Propuesta

Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Se establece con carácter de obligatoriedad la declaración nutrimental obligatoria y la declaración nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasada.

Modificación de propuesta 

Artículo 210.Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Se establece con carácter de obligatoriedad incluir la declaración nutrimental obligatoria del etiquetado y cuando el producto reclame poseer propiedades agregadas, deberá también acatarse el etiquetado complementario.

Quinta. Debido a la magnitud del problema actual con respecto a la falta de educación con respecto al grave problema de sobrepeso y obesidad en México, y a la necesidad imperante de colocar términos nuevos, innovadores, prácticos y útiles para los mexicanos, los integrantes de esta comisión concuerdan profundamente con el espíritu de la Iniciativa en comento, y la consideran viable con modificaciones.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado

Artículo Único:Se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado, para quedar como sigue:

Artículo 210. ...

Se establece con carácter de obligatoriedad incluir la declaración nutrimental obligatoria del etiquetado y cuando el producto reclame poseer propiedades agregadas, deberá también acatarse al etiquetado complementario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84, 85, 94 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración de esta soberanía el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 22 de abril de 2010, los senadores Luis Alberto Villareal García, Ernesto Saro Boardman, María Elena Orantes López, Judith Díaz Delgado, Martha Sosa Govea, Lázaro Mazón Alonso, Adriana González Carrillo, Ángel Alonso Díaz Caneja, Hugo Laviada Molina y Claudia Corichi García, integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la iniciativa señalada fue remitida a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos para su estudio y posterior dictamen.

3. Con fecha 28 de abril de 2011, se presentó el Dictamen de la misma en Primera Lectura.

4. Con fecha 6 de septiembre de 2011, en acuerdo de la Mesa Directiva, se devolvió a las comisiones correspondientes el Dictamen original con la petición para que éstas procuren presentarlo con las modificaciones que, en su caso, se hubiesen aplicado.

5. Con fecha 8 de septiembre de 2011, se presentó el dictamen de primera lectura con las propuestas de modificación,  en votación económica.

6. Con fecha 13 de septiembre de 2011, se presentó el Dictamen de la minuta en Segunda Lectura, se discutió y fue aprobado en lo general por 97 votos en pro y en lo particular por 99 votos en pro.

Con la misma fecha, el Proyecto de Decreto se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Con fecha 14 de septiembre de 2011, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, a la Comisión de Salud para su dictamen.

8. Con la misma fecha, la minuta fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

9. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de Noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la minuta

La minuta que motiva el presente dictamen pretende que a las parteras tradicionales y técnicos de la salud, se les capacite para prestar una mejor atención materno-infantil; además para lograr una legislación que incorpore a las parteras técnicas y se contemple su práctica en el Sistema Nacional de Salud, para que puedan acceder a plazas laborales y compensaciones dignas; de igual forma para fomentar la apertura de nuevas escuelas de partería técnica.

En este sentido, señala que las autoridades responsables de planificar la capacitación y actualización permanente del personal de salud, estarán obligadas a un seguimiento estrecho e ineludible de este ejercicio, donde dicha capacitación y actualización asegure una atención materna de calidad.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.La minuta que se analiza plantea que la mortalidad materna e infantil ha desencadenado un grave problema no sólo en México, sino en todo el mundo. Por esa razón indica que no se han logrado dos de los objetivos para el Desarrollo del Milenio, los cuales pretenden que para el año 2015, se disminuya en tres cuartas partes y dos terceras partes la mortalidad materna e infantil, respectivamente.

Tercera.Es por ello que la actualización de los profesionales y técnicos de la salud, y de las parteras tradicionales para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio tiene una gran relevancia social, porque se refiere a un tema con un impacto social extendido y trascendente con efectos a todos los plazos para la convivencia y evolución en México

Cuarta.Si bien es cierto que el Congreso de la Unión dio un enorme paso al reconocer a la partera tradicional mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2009, en el cual se dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias deban establecer acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, también es cierto que se dejó de lado a las parteras técnicas del país, las cuales también deben ser reconocidas y capacitadas para la atención del embarazo, parto y puerperio que señala la Ley General de Salud, para que se logre un mayor avance en la disminución de la mortalidad materna e infantil.

Quinta.En este sentido, la Organización Mundial de la Salud señala que además de los profesionales de la salud y las parteras tradicionales, existe otro tipo de personal que puede atender durante el embarazo, parto y puerperio. Por ello, se vuelve indispensable el reconocimiento y capacitación dentro de la legislación sanitaria de otros profesionales de salud, considerando que existe una insuficiente cobertura de los servicios de salud a nivel nacional, aparejados de la falta de accesibilidad geográfica, acentuado además por la precaria economía y cultura de las regiones en nuestro país, debiendo en ese sentido, reconocer a las parteras técnicas para que a su vez sean capacitadas para la atención materno-infantil, toda vez que al estar habilitadas se coadyuvará a que llegue un servicio de salud y se logre disminuir la mortalidad materna e infantil, dentro de las comunidades más marginadas y desprotegidas del país o en donde es complicado que exista un médico facultado para atender el embarazo, parto y puerperio.

Sexta.Respecto de la mortalidad materna en México, se tiene estimado que el 75 por ciento del total de las defunciones maternas se concentra en 12 entidades federativas, concentrándose en el centro y sureste mexicano, con población mayoritariamente indígena. En ese tenor, datos oficiales señalan que en Guerrero la tasa de muerte materna es de 70, sin embargo, en las zonas indígenas es de 283. A su vez, en Chiapas, su tasa de muerte materna es de 70, y en las zonas indígenas de la entidad es de 110, y en Oaxaca, la tasa estatal es de 58, que contrasta con la de 120 en sus zonas indígenas. Esto significa que las mujeres que habitan en municipios predominantemente indígenas tienen poco más del doble de riesgo de morir por una causa materna.

Séptima.Se debe tomar en cuenta que cada partera atiende por lo menos seis partos anuales. Así, considerando que en 2005, la Secretaría de Salud reportó que existen alrededor de 22 mil parteras que atienden cada año a 370 mil mujeres aproximadamente, pero que además curan a las familias y aconsejan sobre planificación familiar en lugares donde ningún médico llega, y estimando también, que existen comunidades menores de 2 mil 500 habitantes, donde el 44.5 por ciento de los partos son atendidos por parteras y donde en poblados de 2 mil 500 a 20 mil habitantes la atención que ofrecen es del 23.7 por ciento, es de suma importancia que a nivel nacional, los técnicos en partería sean capacitados y reconocidos, para que sean precisamente ellos quienes sean las que con base en su experiencia y conocimiento, y de acuerdo con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud en la materia, atiendan a la mujer durante el periodo del embarazo, pero que además, sean estas los que con la intención de salvaguardar la salud, puedan vincular a la mujer a los servicios de salud adecuados cuando se requiera, para que en todo momento se proteja la salud y se disminuya la mortalidad materna e infantil de los mexicanos.

Octava.Con respecto a la reforma de la fracción I del artículo 61; la reforma de las fracciones III y IV y adición de una fracción V al artículo 64; y la reforma del segundo párrafo del artículo 79; todos ellos de la Ley General de Salud, que se plantean en la minuta que aquí se dictamina, es necesario mencionar que son necesarias, importantes y procedentesya que:

1.Existe un elevado índice de mujeres que mueren en nuestro país por asistir con personas que no están calificadas o que no tienen la capacidad para atender a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

2.Es por ello que se pretende que las autoridades sanitarias reconozcan y tengan por Ley el establecimiento de mecanismos para la educación, atención, certificación, capacitación y actualización de las parteras técnicas, quienes auxiliarán a otras mujeres en localidades donde la muerte materna sea un fenómeno persistente.

Novena.La minuta en comento se considera viable con las siguientes modificaciones:

1. Con respecto a la reforma de fracción I del artículo 61, es importante señalar que el pasado 9 de febrero, fue aprobado por esta soberanía, un dictamen en materia de mortalidad infantil, el cual modifica la fracción I del articulo en comento, por lo que se considera necesario que la reforma que plantea la presente minuta, sea realizada como un párrafo segundo a dicha fracción.

2. Con respecto a la adición al segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, se considera incongruente con el texto de dicho párrafo, ya que el mismo tiene por objeto regular las actividades técnicas y auxiliaresen diversos campos relacionados con la salud, como serían la medicina, la odontolgía, la veterinaria y“la partería”, razón por la cual adicionar la frase “técnicos en partería”, haría confuso el alcance de dicha disposición, por lo cual se estima pertinente impulsar la siguiente modificación:

Dice:

Artículo 79....

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, técnicos en partería, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Debe decir:

Artículo 79....

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, partería, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Con respecto al mismo artículo 79, es importante hacer notar que para que el proyecto de decreto sea viable, es necesario adicionar un párrafo a dicho artículo referente al caso de la partera tradicional, en virtud de que de no incluirse a las parteras tradicionales se limitarían las acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las mismas, para la atención del embarazo, parto y puerperio. Dicha adición queda de la siguiente manera:

Dice:

Artículo 79.Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, partería, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Debe decir:

Artículo 79.Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, partería, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el caso de la partera tradicional deberá observarse únicamente lo dispuesto por la presente Ley, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y demás disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Décima.Los integrantes de esta comisión consideran que el dictamen es viable con las modificaciones mencionadas debido a que tiene un fin mayor, como lo es preservar la integridad y la vida de la mujer y su hijo, mediante el reconocimiento de las parteras técnicas y tradicionales, aunado al de la capacitación de las parteras en general. De esta manera, se busca que la legislación sanitaria sea acorde con las recomendaciones internacionales para cumplir con dos de los objetivos para el Desarrollo del Milenio, mismos que se deben cumplir para el año 2015.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 79 y se adicionan un segundo párrafo a la fracción I del artículo 61; una fracción V al artículo 64 y un tercer párrafo al artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61....

...

I. ...

Para Cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud conforme lo previsto en el artículo 79 de esta Ley, lo harán considerando lo dispuesto en el artículo 64, fracción IV de la misma;

II. a V. ...

Artículo 64....

I. y II. ...

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años ;

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales para la atención del embarazo, parto y puerperio , y

V. Acciones de capacitación y de actualización para los técnicos en partería, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Artículo 79. ...

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, partería, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el caso de la partera tradicional deberá observarse únicamente lo dispuesto por la presente Ley, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y demás disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

1. Con fecha 29 de marzo de 2012, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

3. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha 20 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa considera indispensable reformar y adicionar diversos artículos en materia de disposición de órganos, tejidos y células progenitoras o troncales, comprendidos en el título XIV de la Ley General de Salud.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 13. ...

A. ...

I.a X. ...

B. ...

I.Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones 1II II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, únicamente por lo que se refiere al control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C....

Iniciativa

Artículo 13. ...

A. ...

I.a X. ...

B. ...

I.Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, únicamente por lo que se refiere al control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Texto vigente

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

I. ...

II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta ley;

III. a V. ...

Iniciativa

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

I. ...

II. La regulación sobre la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, éstos últimos confines de enseñanza y de investigación, en los términos de esta ley;

III. a V. ...

Texto vigente

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por

I. a XII. ...

XIII. Tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma función;

XIV. a XXVII. ...

Iniciativa

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por

I. a XII. ...

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus elementos;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV. ...

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que Injerten en el organismo receptor;

XV. a XXVII. ...

Texto vigente

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a

I. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Los trasplantes de órganos y tejidos;

III. Los bancos de órganos, tejidos y células;

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión.

La secretaría otorgará la autorización a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Iniciativa

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a

I. Realizar extracciones, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Realizar trasplantes de órganos y tejidos;

III. Los bancos de órganos, tejidos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. Los bancos de sangre y servicios de transfusión.

La secretaría otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Texto vigente

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados conforme al artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en el artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III y IV de este articulo.

Iniciativa

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refiere las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III y IV de este artículo.

Texto vigente

Artículo 340. El control sanitario de la disposición de sangre lo ejercerá la Secretaria de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Iniciativa

Artículo 340. Corresponde a las autoridades sanitarias de las entidades federativas el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, en términos de las disposiciones reglamentarias.

La Secretaría llevará a cabo la supervisión del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades federativas a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, la Secretaría, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá realizar directamente el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, cuando a juicio de la Secretaría así se requiera por la importancia y trascendencia que pueda llegar a tener el caso.

Texto vigente

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con fines terapéuticos estará a cargo de bancos de sangre y servicios de transfusión que se instalarán y funcionarán de acuerdo con las disposiciones aplicables. La sangre será considerada como tejido.

Iniciativa

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A) Los servicios de sangre, que son

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario, y

VI. Centro de calificación biológica.

B) Los que hacen disposición de células progenitoras o troncales, que son

I. Centro de colecta de células progenitoras o troncales;

II. Banco de células progenitoras o troncales, y

III. Centro de medicina regenerativa.

Texto vigente

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

Iniciativa

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

Segunda. Se coincide con esta iniciativa ya que pretende establecer un nuevo modelo de establecimientos que fomentará una coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país, con criterios de integración en redes de atención, lo que permitirá garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes. Diversas experiencias internacionales han adoptado modelos similares de regionalización de los servicios de sangre, en los que se observa una tendencia creciente a la concentración y especialización de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos.

El modelo propuesto comprende seis tipos de establecimientos interrelacionados:

1. Centros de colecta;

2. Centros de procesamiento;

3. Bancos de sangre;

4. Centros de calificación biológica;

5. Centros de distribución; y

6. Servicios de transfusión hospitalarios.

Tercera. Respecto a la distribución de competencias en materia de salubridad general entre la federación y las entidades federativas, contenidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, se considera viable dar facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia sanitaria de los establecimientos que hacen disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras para garantizar el cumplimiento de la normatividad en la materia, incrementar la seguridad sanguínea y el uso adecuado y racional de los diversos productos sanguíneos.

Esta dictaminadora considera indispensable la necesidad de reformar y adicionar diversos términos establecidos en el artículo 314 de la ley, con la finalidad de alinear y actualizar las definiciones empleadas en las diferentes áreas de la medicina transfusional.

El modelo actual de los establecimientos que hacen disposición de sangre y componentes sanguíneos comprende únicamente los bancos de sangre y los servicios de transfusión, el cual no ha permitido asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos, ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias como sistema de producción.

Cuarta. En México hay 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y la mayoría con baja o muy baja producción. Se ha demostrado que mientras más pequeño sea un banco de sangre, mayores serán sus costos de producción y mayor probabilidad de obtener resultados erróneos en las pruebas de detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión. Por el contrario los bancos con un mayor volumen de producción se asocian a una mayor exactitud y confiabilidad en las pruebas para la detección de patógenos transmisibles, un mayor fraccionamiento de la sangre y menor desecho de unidades, lo que se traduce finalmente en menor costo promedio y mayor seguridad transfusional.

La centralización de las determinaciones analíticas para la detección de agentes transmisibles por transfusión, en bancos de sangre y centros de calificación biológica, además de incrementar la confiabilidad de los resultados abate los costos por trabajar con reservas más altas, mayor especialidad y productividad de los recursos humanos, fraccionamiento de sangre en mayor número de componentes, menor desecho de unidades y mejor distribución de los productos sanguíneos.

Lo anterior es igualmente aplicable a la centralización de las determinaciones analíticas para las pruebas de inmunohematología en los bancos de sangre, centros de procesamiento y centros de distribución.

Los centros de distribución favorecerán la disponibilidad, accesibilidad y la distribución equitativa de la sangre en las diversas regiones del país, permitiendo transfusiones oportunas y seguras.

La colecta de sangre debe estar cercana a los donantes, ya sea en establecimientos fijos o en forma de colectas externas programadas por las diversas instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud y coordinadas por los Centros Nacional y Estatales de la Transfusión Sanguínea, esto promoverá la donación voluntaria, no remunerada y regular como una fuente segura de obtención de la sangre y componentes sanguíneos.

Quinta. En esta iniciativa se justifica técnicamente dada la relevancia de asegurar a la población la accesibilidad oportuna a los productos sanguíneos y un menor riesgo transfusional. La transfusión de sangre y componentes sanguíneos es un recurso terapéutico que contribuye al restablecimiento de la salud de los pacientes, sin embargo, también conlleva riesgos que es necesario abatir por sus implicaciones en el bienestar familiar, económico y social. La sangre y los componentes sanguíneos seguros son objetivo de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos organismos poseen una serie de parámetros y lineamientos sobre la calidad y relevancia de los productos sanguíneos, así como acerca de su distribución equitativa, aprovechamiento y su uso adecuado y racional, sobre los cuales las instituciones de salud en el país deben estar ajustadas. De esta manera se contribuye a reducir la morbimortalidad asociada al desabasto o a la mala calidad de los productos sanguíneos.

Sexta. La OPS ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en las Américas. México no ha alcanzado abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión cuando se compara con países desarrollados. En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción, que no han resuelto la distribución adecuada ni la optima calidad de los productos sanguíneos y que no han permitido alcanzar las metas de seguridad transfusional en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud.

Los integrantes de esta comisión consideran que la iniciativa es viable debido a que de esta manera quedarían asentados en la Ley General de Salud, la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas en materia del control sanitario de la disposición de sangre y componentes sanguíneos, así como, el nuevo modelo de servicios de sangre con criterios de integración en redes de atención, para una optimización de la distribución y calidad de los productos sanguíneos.

Por lo expuesto y para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre

Artículo Único. Se reforman los artículos 13, Apartado B, fracción I, 313, fracción II, 314, fracción XIII, 315, fracciones I y II, y segundo párrafo, 338, fracción I y penúltimo párrafo, 340, 341, y 341 Bis, primer párrafo; y se adicionan los artículos 314, con las fracciones XII Bis y XIV Bis, 315, con una fracción IV, recorriéndose las actuales en su orden, y un último párrafo a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

A. ...

B. ...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, únicamente por lo que se refiere al control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

I. ...

II. La regulación sobre la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, estos últimos con fines de enseñanza y de investigación, en los términos de esta ley;

III. a V. ...

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por

I. a XII. ...

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus elementos;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV. ...

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que injerten en el organismo receptor;

XV. a XXVII. ...

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a

I. Realizar extracciones, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Realizar trasplantes de órganos y tejidos;

III. ...

IV. Los servicios de sangre;

V. y VI. ...

La Secretaría otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III y IV de este artículo.

...

Artículo 340. Corresponde a las autoridades sanitarias de las entidades federativas el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, en términos de las disposiciones reglamentarias.

La Secretaría llevará a cabo la supervisión del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades federativas a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, la Secretaría, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá realizar directamente el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, cuando a juicio de la Secretaría así se requiera por la importancia y trascendencia que pueda llegar a tener el caso.

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A. Los servicios de sangre, que son

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario; y

VI. Centro de calificación biológica.

B. Los que hacen disposición de células progenitoras o troncales, que son

I. Centro de colecta de células progenitoras o troncales;

II. Banco de células progenitoras o troncales; y

III. Centro de medicina regenerativa.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de lo establecido en el artículo 315 de esta ley, a la entrada en vigor de este decreto las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los establecimientos de salud a que se refieren las fracción IV y V de dicho artículo y que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años.

Tercero. Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en las fracciones IV y V del artículo 315 de esta ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la entrada en vigor del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

La licencia sanitaria se otorgará únicamente cuando la secretaría haya constatado la seguridad y eficacia, respecto a la operación de estos establecimientos, de conformidad a las disposiciones sanitarias vigentes, en caso contrario las autorizaciones otorgadas para tiempo indeterminado se entenderán como revocadas para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, para fundamentar el dictamen, don Isaías Cortés Berumen. Es el de la sangre, bancos de sangre. A ver, Blanca Jiménez tiene el uso de la voz. ¿Está? Bueno. Luego entonces, damos por visto la fundamentación del dictamen. ¿Usted lo puede presentar?

El diputado Isaías Cortés Berumen(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.

El diputado Isaías Cortés Berumen:En la actualidad, la legislación se concibe como un instrumento para la implementación de las políticas públicas de salud frente a la evolución de las funciones del Estado y a su nueva relación con la sociedad civil, que hace indispensable la reformulación de los marcos jurídicos existentes, con el propósito de reglamentar los deberes y derechos relativos a la salud.

Uno de los objetivos del sector salud es garantizar accesibilidad, equidad, calidad, eficiencia y seguridad de los productos y servicios prestados. Para el logro de éstos, en materia de disposición de bancos de sangre, los componentes sanguíneos y las células progenitoras o troncales para uso terapéutico, se propone la presente iniciativa que tiene como objeto particular garantizar el derecho fundamental respecto a la salud, consignado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Salud dictaminó favorable la presente iniciativa, por lo que respecta a la distribución de competencias preferidas y conferidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, que propone dar facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre.

La finalidad es fortalecer sus vínculos de trabajo con las entidades federativas en materia de salubridad general.

Con la finalidad de alinear las definiciones empleadas en las diferentes áreas de la medicina transfusional, establecidas en el artículo 314 de la ley de la materia, se plantea la necesidad de reformar y adicionar diversos términos. Dadas las características de la propuesta se identifican los procesos que son susceptibles de regionalizarse, con el fin de que estas actividades se lleven a cabo en establecimientos especializados, en el ámbito de sus funciones.

En esta materia existen diversas experiencias internacionales que han adoptado modelos similares de regionalización de los servicios de sangre, en el que se observa una tendencia creciente a la concentración de las actividades relativas a las células progenitoras, a los componentes sanguíneos y a los troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los diversos productos sanguíneos.

Tal modelo se ha establecido en países como Inglaterra, Canadá, Francia, Chile e Israel, entre otros, con gran éxito.

La Organización Panamericana de la Salud ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en las Américas. México no ha alcanzado a abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión, cuando se compara con países desarrollados de otros continentes del mundo.

En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción, que no han resuelto la distribución adecuada ni la óptima calidad de los servicios prestados.

En México existen 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y en la mayoría con baja o muy baja producción.

Se ha demostrado que mientras más pequeño sea un banco de sangre, mayores serán sus costos de producción y de riesgo a someter alguna enfermedad en un contagio. Por el contrario, los bancos con un mayor volumen de producción se asocian a una mayor exactitud y confiabilidad en las pruebas para la detección de patógenos transmisibles, un mayor fraccionamiento de la sangre y menor desecho de unidades.

Otro factor que influye también es el costo, porque el rendimiento de los activos cuya eficiencia baja, mientras menor sea el volumen de producción; el rendimiento de los reactivos para el tamizaje serológico varía desde un 70 por ciento en los bancos de sangre pequeños a un 94 por ciento en los bancos de sangre grandes.

La regionalización o centralización de actividades tiene como efecto importante una disminución de costos, menor margen de error y el incremento de sensibilidad y especificidad de los métodos de determinación de agentes infecciosos susceptibles de transmitirse.

Concluimos que el modelo actual de servicios de sangre no permite asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias, como el sistema de producción.

En esta iniciativa, que se convierte hoy en un proyecto de dictamen que se somete a su consideración, se justifica técnicamente dada la relevancia de asegurar a la población un menor riesgo en caso de recibir una transfusión. Para ello es indispensable desarrollar de manera simultánea acciones en los ejes descritos, ya que cada uno de ellos es de vital importancia. Gracias por su atención. Gracias, presidenta.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, compañero diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha presentado una lista de registro para fijar la posición de sus grupos parlamentarios. En el uso de la voz, por el Partido Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, hasta por cinco minutos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señora presidenta. Buenos días, señoras legisladoras y señores legisladores. Nueva Alianza está a favor del dictamen en discusión, porque es un avance en la regulación de los procesos que inciden en la salud de los mexicanos.

Para hacer realidad lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución, que consagra el derecho a la salud como principio fundamental, es indispensable que en la legislación secundaria se establezcan con precisión las normas encaminadas a regular, controlar y vigilar los servicios de salud.

Conscientes de que la sociedad es un ente en constante cambio y que requiere adecuaciones a nivel legislativo, coincidimos con la comisión dictaminadora en que es indispensable la actualización del marco jurídico en materia de salud, a fin de ofrecer a la sociedad los instrumentos legales que den respuesta a la realidad que vivimos.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos y convencidas de que actualizar la Ley General de Salud, al reglamentar los servicios de sangre existentes en el país, tiene como finalidad principal dotar a los usuarios con un sistema eficiente e instituciones de calidad que requiere la población mexicana.

Con este paso los legisladores de esta Legislatura abonamos a un nuevo modelo en los establecimientos que se destinan a la preservación y estudio de los productos hemáticos, a fin de fomentar mejores criterios de integración en las redes de atención y con ello contar con mejores niveles de seguridad en productos tan esenciales, en momentos en que se debe atender una vida humana.

La actualización de la normativa considera erigir seis tipos de establecimientos especializados: en colecta, procesamiento, bancos de sangre, calificación biológica, distribución y servicios de trasfusión hospitalarios, los cuales redituarán en la reducción de los tiempos de reacción, en casos que son esenciales para salvar una vida.

Consideramos también necesario que las 31 entidades y el Distrito Federal cuenten con las facultades y la reglamentación que les permitan ejercer el control y fortalecer los controles sanitarios en cuanto a todos los aspectos antes referidos en los productos sanguíneos y células progenitoras con fines terapéuticos.

Con esta medida damos un paso decisivo para incrementar la certeza del ciudadano en los servicios de salud nacionales, al establecer una reglamentación específica en la integración de redes de atención que optimicen la distribución y calidad de los productos sanguíneos.

Al establecer que los permisos de operación de todos los establecimientos del ramo no sean mayores a los cinco años, damos al usuario la certeza de la actualización en los sistemas de procesamiento, almacenamiento y demás procedimientos a los que están sujetos los bancos de sangre.

Consideramos un avance importante otorgar a la federación la rectoría en el tema de la donación, recepción y preservación de las células madres, así como su regulación, además de ampliar el espectro de donaciones de esos materiales orgánicos, los cuales comúnmente son desechados luego del nacimiento de un niño y que en un futuro podrían constituir la esperanza efectiva de vida para enfermos graves.

Nueva Alianza está a favor de incorporar a las ciencias de la salud todos los avances tecnológicos y científicos que contribuyan a mejorar y fortalecer la vida y la salud de los ciudadanos. Con la reglamentación adecuada podemos avanzar hacia la construcción de un sistema de salud más eficiente, responsable y humano.

Por ello desde esta Cámara de Diputados tenemos que estar atentos a la aplicación de la ley, vigilar que no existan distorsiones o abusos en el proceso de donación de sangre, que las entidades públicas y privadas no incomoden o molesten a los familiares de los pacientes solicitándoles cantidades superiores a las que realmente necesita el paciente.

Consideramos que estos abusos que se han venido cometiendo —y se cometen— dañan no solamente la salud de los familiares, sino permiten actos de severa corrupción en muchos de los casos.

Votaremos a favor de este dictamen, porque con ello contribuimos a un mejor sistema de salud, más eficiente, moderno y humano. Nueva Alianza reitera su compromiso con la salud de los mexicanos y las mexicanas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En el uso de la voz la diputada María del Carmen Martínez Santillán, por el Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. En nuestro país son recurrentes los eventos en los que por necesidad la disposición de sangre en los nosocomios de nuestro país es muy limitada.

En estricto sentido, nos referimos a que su inmediatez, frente a una situación de urgencia médica, las transfusiones así como su adquisición por donación resultan un peregrinar, al considerar que no existen las suficientes unidades en resguardo o no se logran conseguir a tiempo los donadores.

Debemos ser claros y hacer notar que nuestra política de salud no contempla un diseño claro para una mayor cobertura en los pacientes con esta necesidad. Ante ello, en la Comisión de Salud presentamos este dictamen donde se prevé garantizar la autosuficiencia, la cobertura universal y la seguridad de la sangre en sus componentes, en beneficio de una población de pacientes con amplias necesidades.

Hablar de centros de colecta de procesamientos de bancos de sangre, de centros de calificación biológica, de distribución y de servicios de transfusión hospitalarios puede parecer un magnífico negocio con empresas particulares dependientes de los mandatos de la Secretaría de Salud.

No obstante, se trata de la inmejorable oportunidad para hacer de la seguridad transfusional una herramienta apegada a las necesidades de nuestra población y a los estándares internacionales tendientes a observar el buen funcionamiento de los esquemas de salud pública.

Compañeras y compañeros, es pertinente decir que esta medida reducirá de manera importante la morbilidad por motivos de una política pública mal diseñada y asociada a un desabasto incontrolable o de mala calidad de los insumos de origen sanguíneo.

También es oportuno recordar que estos días pasados se daba a conocer, en esta misma tribuna, una serie de datos que dejaba mucho que decir del grado de aprovechamiento de los productos de origen sanguíneo en nuestro país.

De esta forma, encontramos que apenas poco más del 40 por ciento de las unidades de plasmas colectadas son utilizadas para transfusión; el 48 por ciento son destruidas por incineración, 5 por ciento se almacena y solamente el 5 por ciento es industrializado, lo cual representa una pérdida económica para el sector salud, el aprovechamiento del plasma de los voluntarios y la falta de disponibilidad de los productos terapéuticos hemoderivados.

Más prueba que lo anterior no es posible. No hemos sido capaces de resarcir este grave problema y dar al máximo el aprovechamiento. Sin duda es necesario trabajar de manera conjunta para que la Secretaría de Salud pueda tener la supervisión del control sobre las autoridades sanitarias de las entidades federativas, quienes tienen a su disposición lo relativo a las funciones de los servicios de sangre, como son los bancos de sangre, los centros de procesamiento de sangre, los centros de colecta, entre otros, comentados en este presente dictamen.

Por ello quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del mismo, para procurar que las amplias necesidades en materia de aprovechamiento de productos de origen hemático sean posibles en las diversas instituciones de salud pública de nuestro país. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Saludamos a los invitados del Centro Universitario Incarnate Word, licenciatura en derecho, Ciudad de México, invitados por el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal. Bienvenidos.

Por el Partido Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señora presidenta. A través del presente nos vamos a permitir hacer referencia a dos dictámenes relativos a la Ley General de Salud; el primero de ellos es en relación a la regulación de los bancos de sangre y la definición de los conceptos de sangre y transfusión; el segundo de estos es a través del cual se solicita la clasificación de sustancias sicotrópicas a diversos componentes de usos terapéuticos.

Del primer dictamen es pertinente destacar lo siguiente: la Secretaría de Salud es el órgano encargado de la conducción nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general.

En ejercicio de sus facultades, esta Secretaría emite las disposiciones que regulan tanto la infraestructura como los procedimientos con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de procesamiento, disposición y distribución de sangre, componentes sanguíneos y de células progenitoras con fines terapéuticos.

Dichas disposiciones están contenidas tanto en la Ley General de Salud como en normas oficiales mexicanas y estos contenidos han generado inconformidad en algunas entidades federativas, por no contar con facultades en cuanto al control sanitario en lo referente a la disposición de sangre.

Sin embargo, los efectos de la centralización de actividades nos han demostrado que son efectivos en la disminución de costos, en el incremento de la sensibilidad y especificidad de los métodos de terminación de agentes infecciosos, susceptibles de transmitirse por transfusión y de proporcionar conceptos claros a la población en los términos de sangre y transfusión y poder tener una idea más clara de sus alcances.

En relación con el segundo dictamen, podemos decir que el aumento en el consumo de medicamentos sin prescripción se advierte como un problema creciente, el cual responde a la facilidad con que se tiene acceso en el país a casi cualquier tipo de fármaco.

Con el fin de proteger la salud de los individuos a nivel nacional e internacional se han detectado diferentes sustancias, que a pesar de que su comercialización es considerada lícita y que pueden ser adquiridas fácilmente, sin restricción alguna; la alteración de su composición provoca que su consumo sea nocivo para la salud y que puede incluso derivar en la muerte de las personas.

La necesidad del reconocimiento como sustancias sicotrópicas a las mencionadas en el dictamen surge de conformidad con la información de la Comisión Nacional para la Prevención y Control de Adicciones. Por ejemplo, la mefedrona, que es una sustancia estimulante sintética, provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes como el éxtasis, la piperazina o el TFMPP, la cual produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfetamínico. Finalmente, el K2 es un derivado sintético de la mariguana, con efectos similares o incluso más potentes a ésta.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de ambos dictámenes, por los beneficios que ambas reformas traerán en materia de salud en relación a controles referentes a órganos y tejidos, así como a las medidas de vigilancia respecto al uso de terapéuticos y de ciertas sustancias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, presidenta. La transfusión de sangre, componentes sanguíneos y células madre son un recurso terapéutico que los médicos utilizan para contribuir al restablecimiento de la salud de sus pacientes.

En el mundo cada año, desde que se descubrió el método a través del cual la sangre puede ser conservada para utilizarse después en transfusiones diferidas, se donan más de 80 millones de unidades de sangre que ayudan a salvar una gran cantidad de vidas humanas.

De la sangre se obtienen también otros productos, como por ejemplo glóbulos rojos, plasma, plaquetas, que son utilizados en el tratamiento de un buen número de enfermedades. Es por esta razón que se estima que un solo donante puede salvar entre tres y cuatro vidas.

En nuestro país, según fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 30 y 40 pacientes de cada 100 mil mueren por falta de sangre.

México presenta un déficit significativo en lo que respecta al tema de la sangre disponible para transfusiones, puesto que cada año se registran únicamente un millón 700 mil donaciones, cifra muy por debajo de los cinco millones de donaciones anuales que, de acuerdo a los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, necesita un país de más de 100 millones de habitantes como el nuestro, para ser autosuficiente.

Crear conciencia entre los mexicanos de lo conveniente que resulta donar sangre para un mejor funcionamiento de nuestro sistema de salud se ha convertido en un imperativo, sobre todo, si consideramos que las conclusiones del XXXII Congreso Internacional de Transfusiones de Sangre, celebrado el año pasado en nuestro país, señala que la problemática de la diferencia que existe entre el volumen de sangre que se tiene disponible y el que requieren los hospitales se deben principalmente a la ausencia de la sociedad de una cultura de la donación.

La sangre que no está disponible en la red de bancos de sangre del país, los cuales se abastecen gracias a la donación solidaria y voluntaria de la población, es obtenida por los hospitales a través de la reposición que realizan los familiares y amigos de los pacientes que requieren una transfusión. Este es un proceso que lleva tiempo y que llega a ser engorroso, y en los casos en los que alguien se debate entre la vida y la muerte el tiempo suele ser muy escaso.

Para hacer frente a esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha venido exhortando a la comunidad internacional a realizar campañas de donación que les permitan en sus sistemas de salud asegurar que el mayor porcentaje de la sangre que utilizan provenga precisamente de la donación.

En México la población, que no en pocas ocasiones ha demostrado su altruismo y solidaridad, se enfrenta a la falta de información y a los mitos asociados al acto de donar sangre. Por ejemplo, que el proceso es doloroso, que se corre el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad, o que donar sangre engorda, o quienes tienen tatuajes o perforaciones no pueden hacerlo porque su sangre está contaminada. Eso, entre otras más leyendas.

Al final de cuentas lo único cierto es que el modelo actual de servicios de sangre no permite asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos ni una distribución adecuada de los mismos. Ello, en virtud de que la mayoría de los 550 bancos de sangre existentes en el país son en realidad ineficientes y poco productivos, puesto que el 90 por ciento de la sangre que se necesita para transfusiones en México es proporcionado por apenas 286 de ellos.

Existe un problema organizativo en cuanto a los establecimientos involucrados con la recepción, acopio, manejo y distribución de sangre, que provoca falta de coordinación e incumplimiento de la normatividad en la materia y aprovechamiento irracional de los productos sanguíneos, que al final redunda en una notoria incapacidad de los servicios de sangre en el país para alcanzar la autosuficiencia y garantizar que todos los procesos que se ven involucrados son totalmente seguros.

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyamos el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud con respecto a los bancos de sangre, ya que permite se redefinan los conceptos de sangre, tejido y transfusión, se impone a los servicios de sangre el requisito de contar con una licencia otorgada por las autoridades sanitarias para poder operar y cuya vigencia será de cinco años.

Se faculta a las autoridades sanitarias de las entidades federativas para supervisar el control sanitario de la disposición de sangre y se especifica cuáles son los establecimientos en los que puede llevarse a cabo la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales con fines terapéuticos.

Las disposiciones anteriores, en suma, tienen la finalidad de instaurar un modelo de regionalización de los servicios de sangre, que tienda a la centralización y especialización de las actividades relativas a la disposición de la misma y sus componentes, con el objeto de lograr que los servicios de sangre del país sean más productivos y asegure con esto una mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Eva Diego Cruz.

La diputada Eva Diego Cruz: Gracias, ciudadana presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales es necesaria para el tratamiento de algunas condiciones médicas y situaciones quirúrgicas que no tienen otra alternativa. Por consiguiente, los servicios de sangre deben proveerse oportunamente, en cantidad suficiente y con la calidad adecuada para preservar la salud del receptor y prevenir la potencial mortalidad asociada con complicaciones serias.

A pesar del avance de la tecnología, de la existencia de algunos sustitutos de sangre, del plasma y de la posibilidad ofrecida por la industria farmacéutica en la síntesis de algunas proteínas plasmáticas, la sangre humana sigue siendo irremplazable y por lo tanto, únicamente obtenida de la donación de otras personas.

Es de reconocer que el modelo actual de servicios de sangre en México no es congruente con las necesidades para que la operación de este tipo de servicios se realice bajo las condiciones que garanticen una producción de calidad, suficientemente segura y de acceso universal para la población.

La mayor parte de los bancos de sangre en México tienen deficiencias en sus áreas físicas, equipamiento, capacitación de sus recursos humanos o insumos, que les permita un aseguramiento de la calidad en sus procesos.

Un factor que incrementa al riesgo de las reservas de sangre es el hecho de que los bancos de sangre más pequeños tienen una mayor probabilidad de emitir resultados erróneos cuando realizan las pruebas de tamizaje para la detección de agentes infecciosos.

Según el programa del control externo de la calidad de la red nacional de los laboratorios de los bancos de sangre, la tasa de falsos positivos en los bancos de sangre pequeños que captan menos de 5 mil donantes en el año, alcanza el 10 por ciento, y la de falsos negativos oscila desde el 3 por ciento hasta el 10 por ciento para el virus de la inmunodeficiencia humana VIH.

El uso de la sangre, sus componentes sanguíneos y/o células progenitoras o troncales como recurso terapéutico conlleva una serie de riesgos potenciales para el receptor de las mismas, con las implicaciones médicas, políticas, económicas, sicológicas y sociales inherentes a ésta.

Esta eventualidad hace necesaria la implementación de instrumentos normativos que garanticen servicios de sangre seguros y de máxima calidad. De aquí la importancia de que la normatividad en este campo se encuentre actualizado con el avance del conocimiento y la tecnología.

La presente iniciativa que considera indispensable reformar y adicionar diversos artículos en materia de disposición de órganos, tejidos y células progenitoras o troncales, comprendidos en el Título Décimo Cuarto de la Ley General de Salud, propone la actualización de algunas normas con respecto a los servicios de sangre y la competencia del control sanitario de los establecimientos dedicados a estos servicios.

Las reformas y adiciones propuestas permitirán compatibilizar la calidad y eficiencia de los servicios de sangre, ya que a través de la modernización del sistema se pretende incrementar la escala productiva con disminución de costos.

Con estas reformas quedarán asentados en la Ley General de Salud la distribución de competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de control sanitario, de la disposición de sangre y componentes sanguíneos, así como un nuevo modelo de servicios de sangre, con criterios de integración de redes de atención para una optimización de la distribución y calidad de los productos sanguíneos.

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, fieles al compromiso de crear un marco jurídico que responda a las expectativas de nuestros representados, votaremos a favor el presente dictamen, seguros de que dichas reformas contribuyen al proceso de modernización de los servicios de sangre, proporcionando servicios de salud efectivos, dignos y con un esquema de financiamiento justo. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Saludamos a autoridades de Bienes Comunales de la Selva Lacandona, de Chiapas, invitados de la diputada Areli Madrid Tovilla. Bienvenidos.

Por el Partido Acción Nacional, el diputado Raudel López López.

El diputado Raudel López López: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se pone a consideración del pleno tiene como base un dictamen que en la legislatura pasada se puso a disposición del mismo, pero ya no fue posible votar.

Sin embargo, hoy los diputados de esta Legislatura nos disponemos a votarla, como una muestra de la continuidad del trabajo legislativo, lo cual debemos de reconocer que es un hecho positivo en la vida política y legislativa del país, pues es una muestra palpable de que la construcción del andamiaje jurídico en los temas de salud poblacional no pierden importancia ni impulso con los cambios de legislatura.

Compañeras y compañeros diputados, la disponibilidad de sangre segura y sus componentes es una cuestión de interés nacional, porque la sangre humana es un bien irremplazable y necesario para la vida cuya única fuente son las personas sanas y en infinidad de casos resulta fundamental para recuperar o mejorar la salud de quienes lo necesitan.

La disposición de la sangre se ha convertido en un tema de interés nacional, porque se asocia fundamentalmente con el estado vital y de la salud del ser humano. Se trata de un bien escaso que debe emplearse en condiciones de seguridad, bajo los principios de equidad y humanidad.

En este sentido, es necesario que todos los países cuenten con una regulación adecuada para que se establezca el marco normativo idóneo para promover la suficiencia y la disponibilidad oportuna de sangre, la seguridad transfusional, la protección de los donantes, de los pacientes y la eficiencia de los recursos.

Se precisa que la regulación se aplique a todos los establecimientos públicos y privados dedicados a la promoción de la donación, obtención, concesionamiento, almacenamiento, distribución y transfusión de sangre humana y sus componentes.

Resulta indispensable asegurar que todos los actores que participan en las actividades mencionadas estén sujetos a las disposiciones que la ley, en todas las etapas de la promoción de la donación reclama.

Es indispensable que las acciones de disposición sanguínea siempre se encuentren acompañadas por un profundo espíritu ético y de compromiso con la humanidad.

En la disposición sanguínea, el personal de salud debe conducirse con suma pericia, a fin de no generar daños a la salud del donante, así como de la persona que recibe la sangre. Asimismo, en los bancos de sangre se debe actuar de manera eficiente, oportuna y segura.

El dictamen que hoy discutimos es un paso importante hacia la gobernanza en salud, al establecer debidamente en la Ley General de Salud la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de control sanitario de la disposición de sangre y de los componentes sanguíneos.

Por otra parte, con la aprobación del decreto del dictamen que nos ocupa se podrá establecer un nuevo modelo de servicios de sangre, con criterios de integración en redes de atención para una optimización de la distribución y la calidad de los productos sanguíneos.

La distribución de competencias conferidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud se estima pertinente, pues otorga facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, y la finalidad de fortalecer sus vínculos de trabajo con las entidades federativas en materia de salubridad general, lograr un control más efectivo de los establecimientos y una mejor vigilancia de la aplicación de las disposiciones legales en la materia.

Asimismo, se considera un acierto que a los establecimientos en los que se proporcionan los servicios de sangre se les exija una licencia sanitaria y que la misma tenga una vigencia de cinco años, pues con ello se fomentará la vigilancia permanente, el control sanitario efectivo y la calidad de los servicios que dichos establecimientos proporcionan.

Por lo aquí expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen y exhortamos, respetuosamente, a todos los compañeros legisladores a emitir un voto en este mismo sentido. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada María de las Nieves García Fernández.

La diputada María de las Nieves García Fernández: Con su permiso, diputada presidenta. En México la recuperación de sangre es de menos del 65 por ciento, del 100 por ciento necesaria; en Latinoamérica es de apenas 37 por ciento. Del total de sangre donado solo el 2 por ciento es voluntario; 90 por ciento de 6 mil 500 donadores —cifra hasta el 2011— acude porque tiene a un ser querido hospitalizado.

De los 80 países del mundo con un bajo índice de donaciones de sangre, menos de 10 donaciones por cada mil personas, 79 son naciones en desarrollo. Éste es el caso de México.

La salud pública es una especialidad de la medicina que se orienta a la prevención de las enfermedades y promueve la salud para que las personas tengan una vida larga y saludable, mediante acciones organizadas entre las autoridades responsables de salud.

En esta perspectiva la salud pública es responsabilidad de los gobiernos a quienes corresponde la organización de todas las actividades comunitarias, que directa o indirectamente contribuyen a la salud de la población con la mejor calidad posible.

Todo esfuerzo por mejorar las condiciones en la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos que se vislumbre con responsabilidad será apoyada.

Esta iniciativa pretende establecer un nuevo modelo de establecimientos que fomentará una coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país, con criterios de integración en redes de atención, lo que permitirá garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes.

Diversas experiencias internacionales han adoptado modelos similares de regionalización de los servicios de sangre, en los que se observa una tendencia creciente a la concentración y especialización de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos.

El modelo propuesto comprende seis tipos de establecimientos: centro de colecta, centro de procesamiento, bancos de sangre, centros de calificación biológica, centros de distribución y servicios de transfusión hospitalarios.

Respecto a la distribución de competencias en materia de salubridad general entre la federación y las entidades federativas, contenidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, resulta viable dar facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia sanitaria de los establecimientos que hacen disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras.

El modelo actual de los establecimientos que hacen disposición de sangre y de estos componentes no ha permitido asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias como sistema de producción.

En México hay 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y la mayoría con baja o muy baja producción. La centralización de las determinaciones analíticas para la detección de agentes transmisibles por transfusión en bancos de sangre y centros de calificación biológica además de incrementar la confiabilidad de los resultados abate los costos para trabajar con reservas más altas, mayor especialidad y productividad de los recursos humanos, fraccionamiento de sangre en mayor número de componentes, menor desecho de unidades y mejor distribución de los productos sanguíneos.

Los centros de distribución favorecerán la disponibilidad, accesibilidad y la distribución equitativa de la sangre en las diversas regiones del país permitiendo transfusiones oportunas y seguras.

Esta iniciativa justifica técnicamente la relevancia de asegurar a la población la accesibilidad oportuna a los productos sanguíneos y un menor riesgo transfusional.

La OPS ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en las Américas; México no ha alcanzado a abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión, cuando se compara con países desarrollados.

En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción, que no han resuelto la distribución adecuada ni la óptima calidad de los productos sanguíneos y no han permitido alcanzar las metas de seguridad transfusional en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud.

Los integrantes del grupo parlamentario apoyamos esta iniciativa preferentemente por cinco puntos; primero, la consideración de la sangre como tejido la iguala a la regulación de otros órganos. Ciertamente representa riesgos semejantes y requiere por lo mismo el tratamiento igual.

La mejora del control sanitario. Hay un excesivo número de centros de sangrado y transfusión, que cada entidad federativa deberá de verificar los que están en su territorio, permitiendo así asegurar la calidad y seguridad para toda la población.

Es importante cambiar el paradigma. Es más el tabú de la sangre y VIH. No es mayor riesgo, es mayor frecuencia de transfusiones.

Otro punto de consideración se refiere a mejorar la regulación de las células madres, en donde también se tienen prejuicios y poca información. Es importante dar la flexibilidad que otorga la iniciativa al tiempo que se refuerza la regulación.

Finalmente, al dar el tratamiento de tejido a la sangre se supera la limitación de comercializar los productos, los subproductos, en donde México ha gastado enormes cantidades de dinero. Esto fue adecuado cuando no teníamos la capacidad de prevenir la transmisión de enfermedades, ahora que ya hemos hecho la inversión tenemos la obligación de buscar las inmunoglobulinas, la albúmina y factores de coagulación que nos resulten económico y que sean favorables para toda la población. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, en virtud de que no existen artículos reservados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): A favor.

El diputado Joaquín Caballero Rosiñol (desde la curul): A favor.

La diputada Jessica Salazar Trejo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Señora presidenta, se emitieron 429 votos a favor y 0 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de enero de 2012, se dio cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 245, fracciones I y III de la Ley General de Salud, presentada por el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir en la clasificación de substancias psicotrópicas, la mefedrona, la piperazina TFMPP, el midazolam y el canabinoide sintético K2, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización mundial de la Salud (OMS) define a la adicción como un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor (denominado adicto), se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o sustancias), preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

La vida del adicto está dominada por el consumo de la sustancia, hasta llegar a excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades. El término adicción conlleva también el sentido de que el consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para la sociedad y para la persona. Este término es considerado por muchos expertos, como una enfermedad con entidad propia, un trastorno debilitante arraigado en los efectos farmacológicos de la sustancia, que rige una progresión implacable.

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención a que uno de los problemas de salud pública más serios a nivel internacional es el relativo al consumo y comercialización de drogas, fenómeno que en los últimos años ha experimentado una creciente complejidad debido al proceso de internacionalización de las actividades ilícitas de creación, producción y tráfico ilícito de precursores químicos. Dichas conductas, además de representar el incremento en actividades ilícitas que ha permitido a grupos delictivos obtener grandes recursos y ganancias que favorecen su crecimiento desmedido, han generado un problema que debe analizarse desde la perspectiva del impacto que provoca en la salud pública, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, todo ello a consecuencia de su uso adictivo, dejando sentir sus efectos en el ámbito social, económico y político.

Cuarta. A nivel nacional e internacional y con el fin de proteger la salud se han detectado diferentes sustancias que, a pesar de que su comercialización es considerada lícita y que pueden ser adquiridas fácilmente sin restricción alguna, la alteración en su composición provoca que su consumo sea nocivo a la salud. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, la mefedrona es una sustancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis; por su parte, el midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta, se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general, sin embargo, ambas sustancias actualmente pueden ser adquiridas sin restricción alguna. A su vez, la piperazina o TFMPP, por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina es vendida legalmente como alternativa, a la ilegal MIM A (éxtasis), con el sobrenombre de “x legal”, la cual produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfetamínico; finalmente, el denominado K2 es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a esta sustancia, y que también puede prepararse como bebida; sin embargo, dicha sustancia se comercializa, como un producto natural, aparentando seguridad en su uso; cabe destacar que entre sus efectos adversos se encuentra la agitación, ataques de pánico, aumento de la presión sanguínea, vómito y alucinaciones. Respecto a las sustancias denominadas Canabinoides sintéticos K2, es necesario indicar que estas sustancias fueron sintetizadas con fines de investigación médica, sin embargo, a la fecha se les han atribuido más efectos psicoactivos similares a los producidos por la marihuana que efectos terapéuticos útiles para la ciencia médica, razón por la cual, técnicamente resulta necesario incluirla en la fracción I del artículo 245 de la Ley General de Salud, toda vez que dicha sustancia usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a la mariguana, y también puede prepararse como bebida.

Quinta. Con respecto a la reforma del artículo 245 a la Ley General de Salud, es necesario mencionar que es procedente debido a que es indispensable  la constante revisión legislativa respecto de las drogas cuyo consumo humano afecta la salud y propicia la generación de ganancias ilícitas. En este contexto, se tiene la responsabilidad  de proteger a la sociedad frente a la creación y uso de nuevas substancias ha registrado decesos dentro de los miembros en su comunidad.

Sexta. La Ley General de Salud establece en su artículo 3 que es materia de salubridad general, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia; así como el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación. Ambas materias son las bases sobre la que se propone la reforma, en donde se pretende incluir en dicha ley algunas sustancias que podrían ser utilizadas como sustancias psicotrópicas, desde el punto de vista de adicciones y de control sanitario.

Séptima. El narcotráfico es un fenómeno que trasciende las fronteras de nuestro país y, sin duda, también debe  abordarse desde una perspectiva internacional. Al respecto, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales con el fin de proteger el tráfico ilícito de estupefacientes o substancias psicotrópicas, así como las actividades de  la delincuencia relacionadas con dicha materia:

a) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada por México el 13 de diciembre de 2000, aprobada por Senado de la República el 22 de octubre de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2002, y

b) La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, firmada el 20 de diciembre de 1988 en Viena, Austria, y que promueve la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional, para ello, se deberán adoptar las medidas necesarias, incluyendo las legislativas.

El marco jurídico internacional establece una serie de compromisos para nuestro país respecto de la persecución y sanción del narcotráfico. Esta iniciativa forma parte del la coordinación de esfuerzos que a nivel internacional se han  realizado en esta materia.

Octava. Asimismo, vale la pena mencionar que la Comisión Europea, desde octubre de 2010, prohibió la producción y comercialización de las substancias a que se hace referencia y para ello ha recomendado sancionar su uso en los estados miembros donde aún son consideradas legales; por lo que se debe actuar rápidamente para reforzar nuestros controles y penalizar su uso y venta.

Novena. Los integrantes de esta comisión consideran que el siguiente dictamen es viable debido a que resulta indispensable aplicar el régimen legal a estas substancias nocivas, ya que no sólo proporcionan seguridad jurídica en cuanto a la protección a la salud como un derecho, sino que de igual forma actualiza el marco normativo respecto del uso y fabricación de substancias psicotrópicas que perjudican a la sociedad. Esta reforma, la cual consiste en adicionar a la clasificación de substancias psicotrópicas la mefedrona, la piperazina TFMPP, el midazolam y el K2, permitirá que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

Por lo expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II. ...

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

Benzodiazepinas:

Ácido barbitúrico (2, 4, 6 Trihidroxipiramidina)

Alprazolam

Amoxapina

Bromazepam

Brotizolam

Camazepam

Clobazam

Clonazepam

Cloracepato Dipotásico

Clordiazepoxido

Clotiazepam

Cloxazolam

Clozapina

Delorazepam

Diazepam

Efedrina

Ergometrina (ergonovina)

Ergotamina

Estazolam

1- Fenil -2- Propanona

Fenilpropanolamina

Fludiazepam

Flunitrazepam

Flurazepam

Halazepam

Haloxazolam

Ketazolam

Loflacepato de etilo

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam

Medazepam

Midazolam

Nimetazepam

Nitrazepam

Nordazepam

Oxazepam

Oxazolam

Pemolina

Pimozide

Pinazepam

Prazepam

Pseudoefedrina

Quazepam

Risperidona

Temazepam

Tetrazepam

Triazolam

Zipeprol

Zopiclona

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

Anfepramona (dietilpropion)

Carisoprodol

Clobenzorex (clorofentermina)

Etclorvinol

Fendimetrazina

Fenproporex

Fentermina

Glutetimida

Hidrato de cloral

Ketamina

Mefenorex

Meprobamato

Trihexifenidilo.

IV. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para la fundamentación del dictamen. Corrección, es el diputado Mario Alberto Dávila Delgado para la fundamentación. Perdón, diputado. El diputado Mario Alberto Dávila Delgado fundamentará el dictamen.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias, diputada presidenta. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el artículo 4o., párrafo tercero: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Se establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que además es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases y eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

La Organización Mundial de la Salud define a la adicción como un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor —denominado adicto— se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener la sustancia por cualquier medio.

La vida del adicto está dominada por el consumo de la sustancia, hasta llegar a excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades.

El término adicción conlleva también el sentido de que el consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para la sociedad y para la persona.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Prevención y Control de Adicciones, la mefredona es una sustancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis.

Por su parte el midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta. También se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general. Ambas sustancias pueden ser adquiridas actualmente sin restricción alguna.

A su vez la piperazina por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzilpiperazina, es vendida legalmente como alternativa a la ilegal éxtasis, con el sobrenombre de X legal, lo cual produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfetamínico.

Finalmente el denominado K2 es un derivado sintético de la marihuana, con efectos similares o incluso más potentes. Usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a esta sustancia y que también puede prepararse como una bebida.

Con respecto a la reforma del artículo 245 de la Ley General de Salud, es necesario mencionar que es procedente debido a que es indispensable la constante revisión legislativa respecto de las drogas cuyo consumo humano afecta la salud y propicia la generación de ganancias ilícitas.

La Ley General de Salud establece en su artículo 3, que es materia de salubridad general la prevención del consumo de estupefacientes y sicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia, así como el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.

Los integrantes de la Comisión de Salud consideramos que el siguiente dictamen es viable, debido a que resulta indispensable aplicar el régimen legal a estas sustancias nocivas para la sociedad, ya que no solo proporciona seguridad jurídica en cuanto a la protección de la salud como un derecho, sino que de igual forma analiza el marco normativo respecto del uso y fabricación de sustancias sicotrópicas que perjudican a la sociedad.

Esta reforma, la cual consiste en adicionar a la clasificación de sustancias sicotrópicas la mefredona, la piperazina, el mirazolan y el K2 derivado canabinoide, permitirá que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o en su caso procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el dictamen emitido en sentido positivo de la iniciativa que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, suscrita por el Poder Ejecutivo federal. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En el uso de la voz, por el Partido Nueva Alianza, el diputado Benjamín Félix Hays.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Estimadas compañeras y compañeros diputados de esta LXII Legislatura federal. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mis compañeros que se encuentran allá arriba, compañeros de la escuela. Bienvenidos.

En los últimos tiempos México ha visto el incremento de actividades ilícitas en materia de estupefacientes y las graves consecuencias que sufre la población debido a los altos índices de inseguridad que se han extendido a lo largo y ancho del país como resultado de estas actividades, situación que afecta a regiones enteras del país, así como a sus habitantes, que viven en la zozobra y la inestabilidad, en los diversos aspectos de la vida diaria, con las consecuencias de la ola de criminalidad que parece no tener fin.

Estamos conscientes de la importancia de otorgar mejores instrumentos jurídicos que den certidumbre a la intervención de las autoridades responsables y con ello hacer frente a este fenómeno, que en momentos parece rebasar las capacidades de los poderes públicos.

La propuesta por la que hoy el Grupo Parlamentario Nueva Alianza dará su voto a favor tiene que ver con la inclusión en el catálogo de sustancias prohibidas o consideradas de alto riesgo para la salud o aquellas que generan un riesgo de adicción a su consumo.

De esta forma se establecen medidas contra el uso indebido de sustancias o compuestos como la mefedrona, piperazina o la TFMPP, midazolam y el canabinoide sintético, o sea el K2, los cuales en su conjunto suman 69 productos que, sin el debido seguimiento por parte de un doctor responsable, pueden minar la salud de sus consumidores.

Al incrementar el cuadro de drogas prohibidas dotamos a la autoridad de herramientas jurídicas para la vigilancia y el control de estas sustancias, en aras de evitar su uso indebido mediante la libre comercialización.

Cabe mencionar que además de la convicción en la defensa de los niveles de salud por las leyes mexicanas en materia de regulación de sustancias prohibidas, nuestro país ha signado diversos instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, las cuales consideran fundamental el combate al consumo de sustancias prohibidas.

Sabemos que aun cuando algunas de estas sustancias no representan peligro por sí mismas, pues fueron concebidas como medicamentos, su consumo en cantidades no reguladas provoca daños importantes a la salud.

Conscientes de los alcances de las redes del narcotráfico y de las capacidades de investigación de este tipo de industria añadimos a la lista de sustancias que no pueden ser comercializadas de manera indiscriminada, a la mefredona, que provoca efectos similares a la droga conocida como éxtasis; el midazolam, de la familia de las benzodiacepinas y que es utilizado como inductor anestésico; a la piperazina o la TFMPP, el cual al ser utilizada con otras sustancias, como la benzilpiperazina, es vendida ilegalmente como alternativa a la droga denominada éxtasis, con el nombre de X legal y el K2, que es un derivado sintético de la marihuana que llega a tener efectos más potentes que el producto natural.

Con esta aprobación ofrecemos una opción más para evitar el libre consumo de sustancias que afectan a los diversos grupos de población del país.

Compañeras y compañeros legisladores, el compromiso que tenemos en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es con la salud y seguridad de los mexicanos, el garantizar que las sustancias de ciertos medicamentos sean utilizados para los fines terapéuticos y medicinales es nuestra responsabilidad. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a los invitados del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Saint John’s, del estado de Sinaloa.

El diputado Samperio Montaño de Movimiento Ciudadano declina su participación, debido a que en la anterior participación hizo alusión a este tema. En el uso de la voz la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): Presidenta, nada más para aclarar el porqué de mi declinación; en cumplimiento a un acuerdo que se tuvo en la Junta de Coordinación Política se había quedado de hacer un solo posicionamiento de los dos dictámenes. Por eso nosotros hicimos un solo posicionamiento y es por eso que declinamos esta posición, por respeto al acuerdo que se tuvo. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras, recientemente la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina para el Combate en contra de las Drogas y el Delito informó que el crimen organizado genera cerca de 870 millones de dólares al año y que la mayor parte de sus ganancias provienen del tráfico ilegal de drogas.

En México la problemática de las drogas fue por mucho tiempo un asunto relacionado exclusivamente con el tema de la seguridad y la justicia. Actualmente, más allá de los altos índices de violencia que el narcotráfico ha provocado, las drogas se han convertido en una amenaza seria para la salud pública de nuestro país, que tiene además repercusiones profundas en el entorno social cercano de quienes lamentablemente son adictos a algún tipo de sustancia prohibida.

El consumo de drogas ilegales dentro de la población en México ha reportado un incremento significativo en los últimos tiempos. De acuerdo a lo que reveló la Encuesta Nacional de Adicciones —que se dio a conocer el año pasado— este incremento es del 1.5 por ciento de los mexicanos de entre 12 y 65 años, que aceptó haber consumido algún tipo de narcótico ilegal durante el 2011.

Un número importante de las drogas que se consumen alrededor del mundo —y este es el problema— pueden conseguirse de modo legal, lo cual es una situación en extrema preocupante, puesto que no nos estamos refiriendo a drogas como el alcohol y el tabaco cuyos efectos nocivos son en general bien conocidos por la mayoría de la población, sino que hacemos alusión a drogas sobre todo sintéticas cuya utilización trae aparejada consecuencias potencialmente más peligrosas para la salud de quienes la consumen, que las producen otras drogas, como la marihuana y la cocaína.

Si bien es cierto éstas últimas son las drogas de mayor consumo entre los mexicanos y que representa más del 90 por ciento de los estimulantes que se consumen en el país, el segmento de las drogas sintéticas o de laboratorio ha venido ganando terreno paulatinamente y es el que mayor crecimiento ha registrado en México, en gran medida debido a que éstas imitan los efectos que otras drogas prohibidas producen, sin que por ello sean inmediatamente consideradas como ilegales.

El crimen organizado se ha aprovechado de los vacíos legales que existen en los marcos normativos de muchos países para comercializar sin restricción alguna drogas que puedan dañar severamente la salud de la personas, o incluso puedan causarles la muerte.

Para cuando muchas drogas de diseño son detectadas y prohibidas por las autoridades, entonces aparecen otras nuevas versiones a las que se les modifica algún componente y así pueden mantenerse al margen de ser fiscalizadas y reglamentadas.

Consumir drogas sintéticas o consumir fármacos con la finalidad de obtener efectos estimulantes o alterar el estado de consciencia de una persona, es una tendencia que últimamente ha ido en aumento entre la población de todo el mundo, principalmente entre los jóvenes, que tienen cada vez más fácil acceso a sustancias enervantes, puesto que algunas de ellas pueden estar disponibles en el botiquín de su hogar o pueden ser conseguidas sin mayor inconveniente a través de Internet, como es el caso de la mefedrona, el midazolam y la piperazina, que por cierto fueron prohibidos desde el año 2010 por la Unión Europea.

Para contrastar situaciones de este tipo no hay otro camino que, además de intensificar los instrumentos de campañas de prevención de las adicciones, revisar constantemente la legislación respecto de las drogas cuyo consumo afecta la salud humana.

En virtud de lo anterior, mi grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, nos pronunciamos a favor del proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, con lo que se pretende incluir la clasificación de sustancias sicotrópicas, la mefedrona, el canabinoide, la piperazina y el midazolam, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de un uso terapéutico o en su caso procedan contra el uso indebido de cada una de ellas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRD, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los derechos básicos es el derecho a la salud, base para que los individuos y la sociedad alcancen su pleno desarrollo, por lo que la definición de este derecho universal tiene que ser progresivo y en apego a las modificaciones a la realidad.

Nuestro país transita por una verdadera emergencia nacional en varios rubros de la salud que exigen acciones eficaces y coordinadas entre todos los niveles de gobierno y todos los sectores.

Un problema de salud pública que se agrava y es materia del presente dictamen, relativo a las acciones para cuya solución se debe excluir la persecución y por el contrario, debemos darle atención a la prevención y tratamiento oportuno, en pleno respeto a los derechos humanos de los usuarios.

Bajo este criterio-directriz apoyamos que se incluya en la clasificación de sustancias sicotrópicas la mefedrona, la piperazina, el midazolam y el canabinoide sintético K2, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

Tanto en nuestro país como a nivel internacional existen diferentes sustancias, que a pesar de su comercialización es legal y luego pueden ser compradas con facilidad; la alteración en su composición provoca que su consumo sea nocivo a la salud.

La mefedrona es una sustancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis.

El midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta; se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general. Ambas sustancias actualmente pueden ser adquiridas sin restricción alguna.

La piperazina por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina es vendida legalmente como alternativa.

El denominado K2 es un derivado también sintético de la marihuana, con efectos similares o incluso más potentes; usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a esta sustancia. También puede prepararse como bebida.

Dicha sustancia se comercializa como un producto natural, aparentando seguridad en su uso. Cabe destacar que entre sus defectos adversos se encuentra la agitación, ataques de pánico, aumento de la presión sanguínea, vómito y alucinaciones.

Respecto de las sustancias denominadas canabinoides sintéticos K2, es necesario indicar que estas sustancias fueron sintetizadas para fines de investigación médica; sin embargo, a la fecha se les han atribuido más efectos sicoactivos similares a los producidos por la marihuana que efectos terapéuticos útiles para la ciencia médica. Razón por la cual, técnicamente resulta necesario incluirla en la fracción I del artículo 245 de la Ley General de Salud, toda vez que dicha sustancia usualmente es consumida principalmente por jóvenes.

En vista de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de la reforma del artículo 245 de la Ley General de Salud, para incluir en la clasificación de sustancias sicotrópicas las sustancias señaladas, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia necesarias en tutela de la salud de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete.

La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el Consejo Nacional contra las Adicciones estima que actualmente en México hay 3 y medio millones de personas entre 12 y 65 años de edad que experimentan con alguna droga.

De hecho, según la Encuesta Nacional de las Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana —de ese rango de edad— aumentó el 5 por ciento observado en 2002.

En nuestro país, y en muchos más, existen sustancias que por sí solas o combinadas con otras provocan efectos estimulantes en las personas y en muchos casos pueden llegar a generar cierta adicción, provocando que el consumo indiscriminado de ellas —debido a que no existe regulación alguna— sea nocivo para la salud, aun cuando su comercialización se considera lícita y pueden ser adquiridas fácilmente y sin ninguna restricción.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconoce que las adicciones son un problema de salud pública; que éste ha crecido en los últimos 20 años de una forma exponencial confrontando los valores familiares, la efectividad de la educación familiar y sacudiendo a las sociedades y a los gobiernos.

Reconociendo que pocas enfermedades perturban la vida de las comunidades y alteran tanto la dinámica de los núcleos familiares como lo son las adicciones, y que nuestro país enfrenta cifras que van en crecimiento, los legisladores y las legisladoras de este Congreso tenemos un gran reto de importancia por superar.

Por ello, consideramos relevante el proyecto que se presenta a través de este dictamen, al tener el objetivo de adicionar a la clasificación de sustancias sicotrópicas la mefedrona, la piperazina, el midazolam y el K2, sustancias cuya falta de control y vigilancia las hacen objeto de uso indebido, que pueden traer como consecuencia un problema de salud pública para el cual ninguna acción resultará innecesaria.

Las adicciones ocasionan el incremento de padecimientos, trastornos, incluso la muerte, todo ello a consecuencia del uso adictivo de sustancias con escaso o nulo control y cuyos efectos permean en el ámbito social, económico y político.

Aprobar un dictamen como el que se discute en este momento permitirá, no solo a que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia de algunas sustancias, sino que se proceda contra el uso indebido de cada una de ellas.

Compañeras y compañeros, impulsemos acciones que permitan a nuestra sociedad desarrollarse en forma armoniosa; contribuyamos, a través de la aprobación de dictámenes como el que se discute hoy, a aplicar el régimen legal a sustancias nocivas; concienticémonos que acciones como ésta proporcionan seguridad jurídica en cuanto a la protección de la salud como un derecho y actualizan el marco respecto al uso y fabricación de sustancias sicotrópicas que perjudican a la sociedad. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Saludamos a los alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 1, del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Así como también a los alumnos de preparatoria del Instituto Tepeyac de Cuautitlán Izcalli, del estado de México, invitados por la diputada Angelina Carreño Mijares. Bienvenidos.

Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Zita Beatriz Pazzi Maza.

La diputada Zita Beatriz Pazzi Maza: Con su permiso, señora presidenta. Proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

¿Qué son los sicotrópicos y estupefacientes? La sustancias contenidas por los sicotrópicos y los estupefacientes son aquellos que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o deprimiéndolo.

Sicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones síquicas por su acción sobre el sistema nervioso central.

Sicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias sicotrópicas utilizando como objeto el tratamiento, padecimiento síquicos o neurológicos.

Estupefacientes: toda sustancia sicotrópica, con alto potencial de producir conducta abusiva y/o dependencia síquica, física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etcétera, que actúa por sí mismo a través de la conversión de una sustancia activa que ejerza dichos efectos.

En México la prescripción y venta de sicotrópicos de uso médico, llamado sicofármacos, se encuentran reguladas por la Secretaría de Salud a través de la Ley General de Salud, en ella se definen los mecanismos de comercialización sicotrópicas a partir de su clasificación en cuatro grupos, de acuerdo con su capacidad para producir dependencia.

De esta forma, los incluidos en el grupo uno, de la fracción I, correspondientes al artículo 226 de dicha ley, son aquellos que pueden adquirirse exclusivamente con receta especial cuando el enfermo lo requiera, pero por periodos no mayores a cinco días.

Cuando el medicamento es requerido por lapsos mayores a cinco días es necesario solicitar un permiso especial, de acuerdo con el artículo 241 de la ley referida. Los recetarios para la prescripción de medicamentos del grupo uno deben ser suministrados, editados y autorizados por la propia Secretaría.

La presencia y el consumo de sustancias sicotrópicas no es algo nuevo en ninguna sociedad; por el contrario, su existencia está documentada en la historia de la mayoría de las culturas con variaciones, con los tipos de drogas, los patrones de uso, sus funciones individuales y sociales, y las respuestas que las sociedades han ido desarrollando a través del tiempo.

La sustancias sicotrópicas eran usadas en la antigüedad dentro de las prácticas sociales integradas a la medicina, la religión y lo ceremonial. La ambivalencia social hacia las sustancias adictivas encuentra su mejor expresión en el antiguo vocablo griego fármacos, que significa tanto medicina como veneno; algo que salva, quita la vida.

El uso de sustancias que alteran los estados de conciencia se han ido presentando desde tiempos inmemoriales de manera diversa y puede ser caracterizado con un consumo ritual cultural, médico terapéutico, social, recreacional u ocupacional funcional.

Las formas del uso de drogas pueden fluctuar de acuerdo con numerosos factores individuales y sociales. Así, los patrones tradicionales de uso fueron desapareciendo a través del tiempo y el contexto y las formas de consumo cambiaron.

Las transformaciones, conflictos geopolíticos y económicos, aunados a los intereses, ramificaciones de la producción y distribución internacional de sustancias contribuyeron a que el consumo fuera adquiriendo un carácter desintegrador, lo que imprime una especificidad de importancia en el tema de las drogas.

En la actualidad es la forma en que se presentan sus patrones de producción y distribución a nivel mundial, los efectos económicos, sociales y en salud vinculados a esas sustancias, así como su carácter ilícito, su impacto en las instituciones y la relevancia del tema en la agenda de la relación política de los gobiernos.

El fenómeno de las drogas ilícitas no puede ser visto fuera del contexto del desarrollo de modelos económicos, tecnológicos, sociales y políticos contemporáneos, de la creciente globalización y sus consecuencias, en la comunicación y en la transformación de estilos de vida y valores tradicionales.

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar, el desarrollo y la estabilidad social.

Aunque en la actualidad toda sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.

El gobierno de México inició desde la década de 1970 acciones para atender este problema mucho antes que la demanda de droga adquiriera mayores proporciones, por lo que contamos ya con una considerable experiencia acumulada. Nuestro país ha realizado esfuerzos importantes para enfrentar este problema, a través del desarrollo de un marco jurídico normativo institucional de programas, que al mismo tiempo dan seguimiento a los acuerdos que México ha firmado en el ámbito internacional.

El Grupo Parlamentario del PRI está a favor de erradicar el consumo de sustancias que en mayor o menor medida afectan nocivamente a la ciudadanía mexicana y —por otro lado— regular y restringir el uso de sicotrópicos con fines terapéuticos. Es por ello que apoyamos el sentido del dictamen y nos sumamos a todo intento de abatir este lastre social. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en virtud de no haber artículos reservados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema de votación electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Saludamos a los visitantes, líderes y presidentes seccionales del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez. Así como también a alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, invitados por el diputado Homero Niño de Rivera.

Saludamos y damos la bienvenida a visitantes de las colonias de Ciudad Azteca, Río de Luz y Jardines de Cerro Gordo, del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, distrito XI, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Presidenta, se emitieron 428 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos el proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado José González Morfín

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

El 21 de diciembre de 2011, la entonces diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Con fecha 31 de enero de 2012 se solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados prórroga para presentar el dictamen referente a la minuta en mención, con fundamento en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de poder realizar el estudio y análisis profundo de la modificación propuesta.

El 9 de febrero de 2012, por acuerdo de la Mesa, con fundamento en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se autorizó a la Comisión de Turismo prórroga para que dictaminara la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo, presentada por la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de diciembre de 2011.

El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al pleno acerca de la recepción de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, y se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 20 de diciembre de 2012 la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

La Cámara de Diputados recibió el 21 de diciembre de 2012 la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Con esa fecha fue turnada a la Comisión de Turismo para estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República

La Ley General de Turismo, en el título V, correspondiente al tema de fomento y promoción turísticos, establece cómo se integra tanto el patrimonio del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) como el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), en los artículos 41 y 43, respectivamente. Sobre los ingresos que recibe el Fonatur, la ley está plenamente acorde con lo que señala la Ley Federal de Derechos.

El CPTM es el órgano facultado para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de promoción turística, en busca de posicionar a México en el entorno competitivo tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Una de sus tareas es la de posicionar la imagen de México, a través del desarrollo de programas y campañas de promoción turística consistentes y permanentes que a su vez fomenten esquemas de inducción y coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en los mercados emisores, para generar economías de escala y ventajas competitivas para los agentes participantes.

Esto se logra básicamente efectuado campañas de publicidad en los mercados objetivo, con mensajes permanentes que posicionen la oferta turística mexicana como multidestino y multiproducto en las preferencias de consumo.

El título V de la Ley General de Turismo establece que las acciones de fomento y promoción de la actividad turística quedarán a cargo del Fonatur y el CPTM, respectivamente, a través del desarrollo de estrategias y políticas públicas por parte del Estado y en coordinación con todos los agentes involucrados en el ramo turístico.

Primera.El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. Aporta alrededor de 11 por ciento de la producción mundial y genera uno de cada once empleos. Se estima que en los próximos 20 años viajarán por el mundo 1.6 millones de turistas que dejarán una derrama económica de dos millones de millones de dólares.

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

Segunda. El 19 de mayo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo; como consecuencia de estas modificaciones, la Secretaría de Turismo, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, nacional e internacional, sería auxiliada por la empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal denominada “Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV”.

En octubre del mismo año, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo dictaminaron favorablemente la propuesta por primera vez de la estructura orgánica del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, la cual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar en coadyuvancia con la Secretaria de Turismo, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

El 22 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se re sectoriza el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y las empresas del sector público en que dicho fondo tiene como participación accionaria mayoritaria, en el sector coordinado por la Secretaría de Turismo.

En el mismo título se establece la formación del patrimonio de ambos organismos para que puedan cumplir las respectivas funciones. En el caso de Fonatur el texto se encuentra homologado con el de la Ley Federal de Derechos, en concreto en la fracción IV, a partir de la reforma a la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.

En el caso del Consejo de Promoción Turística de México se hace referencia a que tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes en los términos de su Estatuto Orgánico, por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con la Ley Federal de Derechos.

Tercera. A través de la Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la Ley General de Turismo, se propone homologar con las Leyes concurrentes el destino que se otorgó al derecho de no migranteen la Ley Federal de Derechos, la que señala lo siguiente:

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación por del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

A razón del derecho de no migrante, se propone la sustitución del término a fin de que coincida con lo que señala la Ley Federal de Derechos en el artículo 8o.:

Artículo 8o. Por la expedición de autorización en la que se otorga calidad migratoria de No Inmigrante a extranjeros y por las prórrogas correspondientes, en las diversas características migratorias, se pagará el derecho por servicios migratorios, conforme a las siguientes cuotas...

La Ley General de Turismo es una ley sustantiva, por lo que no debe contener una referencia de un monto previsto en un ordenamiento cuyo carácter es precisamente disponer montos o porcentajes de recursos o contrataciones a favor del Estado.

Es importante recordar que el monto del DNI (derecho por servicios migratorios) comenzó en 2004 en 50 por ciento, ahora está en 80 por ciento el próximo periodo podría cambiar a 85 por ciento y ello implicaría cambiar nuevamente la Ley General de Turismo, por lo que no sería técnicamente correcto, por eso ninguna ley sustantiva contiene referencias similares.

De tal modo, el texto en la minuta es el siguiente:

Texto vigente

Ley General de Turismo

Capítulo IDe la Promoción de la Actividad Turística

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el Presidente de la República.

Texto propuesto

Ley General de Turismo

Capítulo IDe la Promoción de la Actividad Turística

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Al patrimonio del Consejo se integrarán por la recaudación del derecho por servicios migratorios establecido en la ley de materia, para los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, el cual se destinará a la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el presidente de la República.

En cuanto a los recursos recibidos por el concepto de derecho de No Inmigrante al término del año 2010 se recibieron un total de 343 823 176.00 mdp. De acuerdo con datos emitidos por el Banco de México en 2010, el turismo representó la tercera fuente de ingresos del país, con 9 por ciento del Producto Interno Bruto y aproximadamente siete y medio millones de empleos directos e indirectos. La Cuenta Satélite del Turismo establece que el mercado interno explica más del 80 por ciento del consumo turístico. De acuerdo con estos datos, la dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, que elabora y difunde mensualmente el Inegi y que, en línea con los indicadores antes comentados, muestra un crecimiento favorable a partir de mayo de 2009 (aunque aún no se ha llagado a los niveles de los primeros meses de 2008).

De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Cuenta Satélite del Turismo, en 2008 el consumo doméstico participa con el 87 por ciento del consumo turístico total. Durante 2010 el número de turistas domésticos se estimó en 161 millones, mientras que los turistas internacionales fueron 22.4 millones.

Importe 100 por ciento: 343 823 176.00

Importe 80 por ciento: 275 058 540.80

Importe CPTM: 240 676 223.20

Importe Fonatur: 34 382 317.60

Consideraciones de las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos del Senado de la República sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

A las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Las comisiones unidas se abocaron al estudio y análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentaron a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo correspondiente al contenido de la minuta se sintetizo el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de consideraciones, las comisiones unidas realizaron el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustente el decreto propuesto.

IV. Finalmente, en la sección relativa al texto normativo y régimen transitorio se plantea el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Antecedentes

I.El 21 de diciembre de 2011, la entonces diputada Lizbeth García Coronado presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, turnándolo a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

IV. El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al pleno acerca de la recepción de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, turnándola a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta en cuestión propone adicionar un párrafo segundo artículo 41 de la Ley General de Turismo, para efectos de establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México el porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos, el que se destinará a la promoción turística del país.

El texto propuesto en la minuta dictaminada plantea la siguiente reforma:

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del consejo de promoción será nombrado por el presidente de la República.

Consideraciones

Los integrantes de las comisiones unidas consideraron que el turismo es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de México, debe ser un instrumento para el combate a la pobreza y deberá propiciar el desarrollo de las comunidades y regiones ubicadas a lo largo y ancho del país.

A fin de lograr lo anterior, el Estado mexicano debe conducir el desarrollo turístico, mediante una buena planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que abarque, no solo a los mercados tradicionales, si no a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para México, como los situados en los continentes europeo y asiático.

Ante la gran oferta turística mundial (que cada día se vuelva más competitiva), es fundamental promocionar integral y competitivamente a México, a través del trabajo conjunto de todos los actores que intervienen en la actividad turística, solo así lograremos ubicarnos como uno de los principales destinos turísticos del mundo, provocando en consecuencia un aumento de divisas y por ende mayor desarrollo económico y social para nuestras regiones.

Para lograr lo anterior, las comisiones unidas consideraron prioritarias la labor del Consejo de Promoción Turística de México, organismo encargado de planear, diseñar y coordinar las estrategias de promoción turística a escalas nacional e internacional, así como promocionar los destinos y actividades que México ofrece.

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, para cumplir su objeto social, el Consejo de Promoción Turística de México cuenta con un patrimonio que se integra con

I. Las aportaciones que realice el gobierno federal; dichas aportaciones serán propuestas por la federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las necesidades y razones que sean planteadas por la Secretaría de Turismo con el concurso del Consejo;

II. Las aportaciones que, en su caso, realicen los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como las entidades paraestatales;

III. Las aportaciones que efectúen los particulares;

IV. Los recursos que el propio Consejo genere; y

V. Los demás recursos que obtengan por cualquier otro título legal.

Por su parte, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la misma ley, relativo a los derechos que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia como visitantes sin permiso para realizar las actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinará 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.

De acuerdo con el sexto informe de labores de la Secretaría de Turismo, de enero a junio de 2012 el Consejo de Promoción Turística de México, recibió 832.1 millones de pesos producto del llamado “derecho de no inmigrante” para la promoción turística, los que sumados a los 15.9 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales asignados, dan un total de 848 millones de pesos de inversión pública destinados a la promoción turística.

En 2011, los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del derecho de no inmigrante fueron de mil 564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales.

Como se aprecia, el patrimonio mayoritario del Consejo de Promoción Turística de México proviene del impuesto a que hace referencia el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, pero como señala la minuta en cuestión al abordar la Ley Federal de Derechos, pero como señala la minuta en cuestión al abordar la forma en cómo se integra el patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley Federal de Derechos.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados aprobó el contenido de la minuta con proyecto de decreto que propone homologar en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos.

Las comisiones unidas coincidieron con la Cámara de Diputados en afirmar que la reforma a la Ley General de Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia de éstos.

No obstante lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideraron necesario modificar la redacción propuesta por la diputada, toda vez que aquella hace referencia al “derecho de no inmigrante”, y que este concepto fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Migración y su reglamento, por lo que se propone actualizar la redacción de la minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración.

Para clarificar lo anterior, las comisiones unidades estimaron necesario señalar que el 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan, y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo y que con dicho Decreto se derogaron las calidades migratorias de no inmigrante e inmigrado con los extranjeros se internaban y permanecían en el país.

En este contexto, la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 adecuó los conceptos de las contribuciones previstas para el pago de derechos por servicios migratorios al nuevo marco jurídico migratorio.

Así, el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos se reformó y dejó de considerar el pago de derechos de no inmigrante, para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de los extranjeros y, en su caso la regularización de su situación migratoria.

Las comisiones unidas destacaron el hecho de que la reforma del artículo 8o. de la ley en cuestión entró en vigor al iniciar la vigencia del Reglamento de la Ley de Migración, lo cual sucedió el 9 de noviembre de 2012.

En razón de lo mencionado por las comisiones unidas proponen la siguiente redacción:

Ley General de Turismo

Vigente

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Federal de las Entidades Paraestatales.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el presidente de la República.

Minuta

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Federal de las Entidades Paraestatales.

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la capacitación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría.

El titular del Consejo será nombrado por el presidente de la República.

Propuesto

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Federal de las Entidades Paraestatales.

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos.

Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría.

El titular del Consejo será nombrado por el Presidente de la República.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

La comisión dictaminadora considera que la precisión de la minuta remitida por el Senado de la República es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia de éstos.

Por lo expuesto, la Comisión de Turismo, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo, y el actual segundo pasa a tercero, al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Turismo, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 12 de febrero de 2013.

La Comisión de Turismo, diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Roman Quian Alcocer (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Jessica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por parte de la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, hasta por cinco minutos.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados. La Ley General de Turismo, en el título quinto, correspondiente al tema de fomento y promoción turística, debe establecer cómo se integra el patrimonio tanto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en los artículos 41 y 43 respectivamente.

Respecto a los ingresos que recibe Fonatur, la ley está plenamente acorde a lo que señala la Ley Federal de Derechos; pero en el caso del CPTM esto no es así; el Consejo de Promoción Turística de México es el organismo facultado para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de promoción turística en busca de posicionar a México en el entorno competitivo, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Una de sus principales tareas es la de posicionar la imagen de México a través del desarrollo de programas y campañas de promoción turística consistentes y permanentes, que a su vez fomenten esquemas de inducción y coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en los mercados generadores para lograr economías de escala y ventajas competitivas para todos los agentes participantes.

En 1999 se crea la empresa de participación estatal mayoritaria, Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, como auxiliar de la Secretaría de Turismo, para promocionar turísticamente a nuestro país tanto en el mercado nacional como en el internacional.

En ese mismo año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría y Desarrollo Administrativo dictaminaron favorablemente la propuesta de la estructura orgánica del CPTM, la cual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar, en coadyuvancia con la Sectur, las políticas y estrategias de promoción turística.

Asimismo se establece la conformación del patrimonio del organismo para que pueda cumplir con sus funciones; se hace referencia a que el CPTM tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrante en los términos de su estatuto orgánico por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con la Ley Federal de Derechos.

La Ley Federal de Derechos, en el artículo 18-A, establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, por lo que se refiere a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, se destinará en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine, con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta sección serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipo, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

Los ingresos que se destinen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo —de conformidad con el primer párrafo de este artículo— podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

La reforma al artículo 41 adiciona el segundo párrafo: Al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México se integrará el porcentaje referido al derecho por autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

Con esta modificación se estarían homologando ambas leyes a fin de proporcionar una vinculación en ambos ordenamientos jurídicos, con la finalidad de proporcionar mayor certeza a este importante sector.

Por considerar que la Ley General de Turismo es una ley sustantiva, no debe contener una referencia de un monto previsto en un ordenamiento cuyo carácter es precisamente disponer de montos o porcentajes de recursos o contraprestaciones a favor del Estado.

Este posicionamiento lo hacemos también a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señor presidente, porque de tal manera lo estoy haciendo a nombre de la comisión y a nombre del Grupo Parlamentario. Muchas gracias a todos, es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.

Para fijar la postura de sus grupos parlamentarios, se han inscrito diversos compañeros y compañeras legisladores. Tiene el uso de la tribuna el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

Aprovecho la oportunidad para saludar a tres alcaldes de Guerrero que se encuentran hoy aquí: la alcaldesa Sandra Velázquez Lara, de Pilcaya; la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz, de Juan R. Escudero, y también el alcalde Irineo Loya Flores, de Cuajinicuilapa, están hoy aquí invitados por la diputada Adriana González Carillo. También están algunos otros ciudadanos Andrés Bahena y Juan Pachuca. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Muchas gracias, presidente con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, si aceptamos y valoramos en el turismo una palanca de desarrollo económico, como se ha demostrado en diversas latitudes del mundo, reconoceremos que requerimos de un marco institucional y jurídico sólido y consistente que detone y sea vanguardia de una actividad económica de la nación, pero más aún, que sistematice nuestras normas jurídicas.

En Nueva Alianza estamos comprometidos en esta Legislatura de revisar y analizar permanentemente nuestras normas, todas, constitucionales, legales; vemos el marco legal que regula la actuación y facultades de las entidades públicas vinculadas al sector turístico de nuestro país, con el objetivo de mejorar su eficiencia, eficacia y proporcionar mayor certeza jurídica a sus acciones para atender de manera estratégica las demandas en el sector.

Nos dice la comisión dictaminadora y el diputado Martín Alonso Heredia, fundamentando el dictamen, que el sector turístico de México debe ser uno de los ejes fundamentales que rijan las estrategias que permitan impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país, anhelo desde hace ya diversas décadas en nuestro México, situación que en Nueva Alianza compartimos plenamente.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza acompañamos esta reforma, como elemento que permita coadyuvar al fortalecimiento de elementos de desarrollo turístico nacional, como lo es el otorgamiento de mayor certidumbre al Consejo de Promoción Turística de México en cuanto a los recursos disponibles para realizar las acciones de promoción en los diversos escenarios nacionales e internacionales.

Si consideramos que en el último informe de actividades presentado por la Secretaría de Turismo, correspondiente al periodo comprendido de enero a junio de 2012, el Consejo de Promoción Turística de México recibió 832.1 millones de pesos, producto del llamado derecho de no inmigrante para la promoción turística, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, que estipula que de los ingresos que se obtienen por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la ley precitada, relativo a los derechos que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia como visitantes sin permiso para realizar las actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, por lo cual debe destinarse el 80 por ciento al referido Consejo de Promoción Turística de México para la promoción del país.

No se podría ir nunca en contra de una medida que homologue en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos, sistematizando nuestro derecho y buscando fortalecer las estrategias de promoción turística de nuestro país en los ámbitos nacionales e internacionales.

Compañeras y compañeros diputados, como lo hemos establecido, el dictamen busca establecer con claridad el origen de la mayor parte de los recursos que integran el presupuesto disponible del Consejo de Promoción Turística, recursos que a su vez también darán certeza al estudio, proyectos e inversión en infraestructura para promover nuevos destinos, los cuales ya forman parte de las obligaciones del Fondo Nacional de Fomento Turístico.

En Nueva Alianza estamos convencidos que el sector turismo, así como los bienes y servicios que de ellas derivan son pilares fundamentales para el funcionamiento óptimo del engranaje económico que requiere el desarrollo de nuestro país. El mismo constituye la tercera fuente de nuestros ingresos nacionales y genera alrededor de 7.5 millones de empleos directos e indirectos.

En Nueva Alianza nuestro compromiso es con el desarrollo sostenible, y el turismo como una actividad económica que contribuya a este propósito, por lo que el voto de nuestro grupo será a favor del dictamen, que muestra nuestra responsabilidad con los agentes estratégicos del turismo en México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, México es uno de los países con mayor afluencia turística, convirtiéndose este aspecto en una de las principales fuentes de ingreso y de vital importancia para el mantenimiento de la economía del país.

En el dictamen en comento, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por la recaudación de la expedición del documento migratorio que acredita la estancia de un visitante que ingrese al país con fines turísticos, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y el cual se encuentra contemplado en la fracción I del artículo 8o. de la referida Ley, se destinará 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.

De los 832.1 millones de pesos recabados por el Consejo de Promoción Turística en México, según los datos que se dan de enero a junio de 2012, por el derecho de no inmigrante para la promoción turística, sumados a los 15.9 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales asignados, dan un total de 848 millones de pesos de inversión pública destinados a la promoción turística.

En 2011, los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del derecho de no inmigrante fueron de mil 564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales.

Como se aprecia, el patrimonio mayoritario del Consejo de Promoción Turística de México proviene del impuesto a que se ha hecho referencia, pero como señala la minuta en cuestión, al abordar la Ley Federal de Derechos, la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley Federal de Derechos.

En virtud de lo anterior, se propone homologar en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos.

La minuta propone adicionar un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para efectos de establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México el porcentaje para la captación del derecho de no migrante, establecido en la Ley Federal de Derechos, el que se designará a la promoción turística del país.

Se propone homologar con las leyes concurrentes el destino que se otorgó al derecho de no migrante en la Ley Federal de Derechos para seguir protegiendo, fomentando y promocionando nuestra industria turística nacional. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente. El rol que el turismo juega en nuestro país es simple y sencillamente fundamental, puesto que éste no solo es un factor indispensable para el equilibrio y la estabilidad macroeconómicos, sino que también contribuye de manera decisiva en el desarrollo económico y social de la nación, así como en el impulso del progreso a nivel regional.

Gracias a que el sector turístico es la tercera fuente de divisas del país y genera 2.5 millones de empleos directos, éste se ha constituido como uno de los pilares de la economía nacional que representa aproximadamente el 9 por ciento del producto interno bruto.

Tan solo durante el año 2012, el flujo de dinero que la actividad turística registró en México superó los 11 mil millones de dólares, de acuerdo con declaraciones recientes de la titular de la Secretaría de Turismo.

No obstante, la situación que el sector turístico nacional ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos ha sido muy complicada, en primer lugar, la crisis económica internacional que tuvo origen en el año 2008 y cuyos efectos siguen aun resintiéndose hasta el día de hoy redujo el número de visitantes extranjeros que el país recibe.

Por otra parte, el clima de inseguridad provocado por el crimen organizado, que actualmente estamos atravesando, ha hecho que en México se le asocie con una imagen de violencia, por lo que muchos turistas extranjeros han preferido abstenerse de visitarnos.

Las alertas que emiten otros países para que sus connacionales no viajen a México, por no considerarlo un lugar seguro, se multiplicaron en los últimos años, y estas han sido un factor importante para que hayan sido desplazados por otros destinos turísticos en el ranking de los países más visitados del mundo, que elabora la Organización Mundial de Turismo.

Cabe recordar que México llegó a ocupar el séptimo lugar de la lista de manera consecutiva en los años 2004 y 2005, y que hoy en día —lamentablemente— ocupamos el décimo segundo lugar.

Sin ir más lejos, un estudio de reciente publicación en Estados Unidos de América, nación de la que proviene el mayor número de visitantes extranjeros de nuestro país, reveló que 7 de cada 10 estadounidenses no consideran a México como un lugar seguro para vacacionar. Esa percepción negativa de nuestro país como destino vacacional es la que ha causado enormes pérdidas a la industria del sector turismo, que se estiman hasta en 12 mil millones de dólares en los últimos cuatro años.

En un contexto como el anterior, la importancia de contar con un organismo como el Consejo de Promoción Turística de México se magnifica, porque éste puede contribuir significativamente para revertir una situación tan adversa como la que describimos.

El consejo enfrenta además otros retos de gran importancia para el desarrollo nacional, como por ejemplo, el de consolidar a México como un país multidestino, que aproveche las crecientes oportunidades que ofrece la cada vez mayor diversificación del mercado turístico, puesto que la oferta de nuestro país, a pesar de su enorme riqueza histórica y cultural y la abundancia de sitios privilegiados por la naturaleza, se concentra de manera notable en los destinos de sol y playa.

El problema es que el consejo, de acuerdo a lo establecido actualmente en su estatuto orgánico, integra su patrimonio con las aportaciones que el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal aportan y con un porcentaje de los ingresos que se obtienen por el cobro del derecho de no inmigrante.

De los recursos provenientes de este último dependen casi, exclusivamente, los ingresos del consejo, puesto que ellos representan el 98.5 y el 98.1 por ciento del presupuesto total del organismo de los años 2011 y 2012, respectivamente.

Sin embargo, los cambios establecidos recientemente por la Ley Federal de Derechos hacen necesario —como concluye el dictamen— que se homologuen esas disposiciones con la Ley General de Turismo.

En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde apoyamos el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Turismo para que se establezca en su artículo 41 que al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que integren al país con fines turísticos.

Ello en aras de garantizar la continuidad de los planes y programas de una entidad tan importante para el desarrollo de la industria turística del país, como lo es el Consejo de Promoción Turística de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo nacional. Aporta aproximadamente el 11 por ciento de la producción mundial y genera uno de cada 11 empleos, siendo favorable para la economía mexicana y el principal factor de difusión de atractivos culturales y nacionales.

Datos de la Organización Mundial de Turismo manifiestan que las llegadas de turistas internacionales creció un 4 por ciento —primera vez en la historia— en 2012, demanda celebrada bien durante todo el año y se espera que continúe creciendo en 2013. Es por ello que el turismo es uno de los pilares que deben ser apoyados por los gobiernos de todo el mundo y como parte de la solución a estimular el crecimiento económico.

A fin de lograr lo anterior, el Estado mexicano debe conducir el desarrollo turístico mediante una buena planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que abarque no solo a los mercados tradicionales, sino a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para México, como los situados en los continentes europeos y asiáticos.

Es por ello la importancia de la labor del Consejo de Promoción Turística en México como organismo encargado de promover, planear, diseñar y coordinar las estrategias de promoción turística a escala nacional e internacional.

De acuerdo al VI informe de labores de la Secretaría de Turismo, en enero de 2012, el Consejo de Promoción Turística de México recibió 832 millones de pesos, producto del llamado derecho de no inmigrante, para la promoción turística, concepto que se utilizó hasta antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de 2012.

Es por ello que es importante homologar en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos, establecer la procedencia de estos y sean considerados como parte del patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, y el porcentaje sea destinado a la promoción turística del país y con ello contribuir al crecimiento de la economía mexicana.

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática confirma su compromiso de seguir promoviendo reformas que permitan el beneficio de nuestro país, por lo que daremos nuestro voto favorable al dictamen que hoy se presenta.

Por ello, se les exhorta a cada uno de los compañeros legisladores, con esa absoluta responsabilidad que ha distinguido a esta LXII Legislatura, que se sumen a este dictamen, que tengan en conocimiento que esta reforma al artículo 41 de la Ley General de Turismo es de suma importancia para el crecimiento y fortalecimiento del turismo en México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la tribuna el diputado Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Eduardo Román Quian Alcocer: Con su venia, señor presidente. La promoción del turismo en nuestro país es además de un importante generador de desarrollo económico, porque desencadena un proceso de adelanto e inclusión social, potencia importantes demandas e impactos en sectores de la economía tan variados como en la agricultura, la pesca, la construcción, las artesanías, los transportes, el patrimonio cultural, entre otros. Además es un acto de responsabilidad social, en tanto promueve cultura y difunde nuestras costumbres y tradiciones que nos dan identidad como nación.

No obstante lo anterior, el impulso de la actividad turística en la actualidad presenta grandes retos, pues además de generar crecimiento económico, no podemos dejar de visualizar al turismo como impulsor de desarrollo sostenible y promotor de la preservación del ambiente.

En este orden de ideas, la conservación y restauración de nuestras reservas naturales, la promoción del patrimonio histórico, el respeto a la identidad cultural, el desarrollo de los proyectos productivos que beneficien directamente la economía de las comunidades locales debe ser estrategia para la consolidación de una actividad turística que contribuya al adelanto de nuestra economía.

El dictamen que en este momento se discute incluye un elemento más para el fortalecimiento de la actividad turística en nuestro país, ya que al integrar el importe que resulta de cobrar el derecho a los visitantes extranjeros a nuestro país por la realización de actividades remuneradas al patrimonio del consejo promotor, impactará de forma significativa en la operación de programas de apoyo a los proyectos turísticos de nuestro país.

Lo anterior se ve reforzado con las reflexiones del Premio Nobel de Economía (1992), Gary Becker, quien propone vender el derecho a emigar, subastando cierta cantidad de visas o permisos de trabajo; es decir, que las personas paguen por tener acceso al mercado de trabajo, ya que la búsqueda de condiciones de trabajo decente y seguridad humana hoy es un factor del creciente fenómeno del movimiento de personas, de sus países de orígenes hacia lugares en donde mejorar la calidad de vida. Esto exige la formulación de políticas a efecto de gestionar equidad en los beneficios obtenidos entre nacionales y extranjeros.

Señoras diputadas y señores diputados, la riqueza del turismo se encuentra en nuestra diversidad ecológica aunada al patrimonio histórico, artístico y cultural que México posee.

El invertir más recursos económicos a estas actividades sin duda estimulará el crecimiento de las comunidades, la creación de nuevos centros y corredores turísticos, la diversificación de servicios y actividades acordes al tipo de turismo que nuestro país recibe año con año y con ello la captación de divisas. Hagamos del turismo un sector competitivo en beneficio del crecimiento de nuestro país.

Como ustedes saben, año con año ha sido una constante la falta de recursos para la promoción de los diversos destinos con los que cuenta nuestro país. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de este dictamen; estaremos muy atentos a que este recurso se aplique correctamente a favor de la promoción de nuestros destinos turísticos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para darles la más cordial bienvenida a esta sesión de la Cámara de Diputados a los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos, Veracruz, que están hoy aquí invitados por el diputado Joaquín Caballero Rosiñol. Bienvenidos a esta sesión.

Saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos destacados de tercero a sexto grados de la escuela primaria Club de Leones de la Ciudad de México, que están aquí invitados por el diputado Fernando Cuéllar Reyes. Bienvenidos a la sesión.

A alumnos y maestros de la Telesecundaria Revolución, San Agustín del Maíz, municipio de Copándaro de Galeana, en el estado de Michoacán, que están aquí invitados por el diputado Armando Contreras. Bienvenidos a esta sesión.

Finalmente a un grupo de profesores de la Huasteca Potosina, de San Luis Potosí, que están aquí invitados por el diputado Jorge Terán. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron 433 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 433 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 3 Bis y 4, fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 3 Bis y 4, fracción I, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 4 de octubre de 2012, la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3, fracciones I y V, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados”, mediante el número de expediente 337.

3. El 4 de octubre de 2012, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de 45 días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

4. El 20 de diciembre de 2012, en el oficio número DGPL 62-II-3-250, y con fundamento en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva autorizó la prórroga solicitada por la comisión para dictaminar la iniciativa con expediente 337 hasta por 45 días más, contados a partir del siguiente en que se hubiese cumplido el término.

5. En sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2012, la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

6. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, mediante número de expediente 442.

7. El 16 de octubre de 2012, con fundamento en el artículo 182 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de 45 días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

8. El 20 de diciembre de 2012 en el oficio número DGPL 62-II-2-237 y con fundamento en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva autorizó la prórroga solicitada por esta Comisión para dictaminar la iniciativa con expediente 442 hasta por cuarenta y cinco días más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término.

9. En sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2012, el diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, IV, V y VI del artículo 3, la fracción I del artículo 4; y se adiciona la fracción VII al artículo 3 de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

10. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados”, mediante número de expediente 951.

11. El 12 de diciembre de 2012, con fundamento en el artículo 182 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de 45 días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

12. En sesión celebrada por la Comisión Permanente celebrada el 16 de enero de 2013, el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una iniciativa que reforma los artículos 3 y 3 Bis de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

13. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados”, mediante número de expediente 1149.

14. El 17 de enero de 2013, con fundamento en el artículo 182 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados inició el término de 45 días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

II. Contenido de las iniciativas

En este dictamen se engloban las iniciativas con número de expediente 337, 442, 951 y 1149, como fue mencionado en los antecedentes.

La iniciativa presentada por la diputada Merlyn Gómez Pozos con número de expediente 337, busca la modificación al artículo 2 y al artículo 3 en sus fracciones I y V, ambos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Esta iniciativa tiene como objetivo en primera instancia que la ley reconozca explícitamente como población joven a aquella comprendida entre los 12 y 29 años, modificando así el artículo 2; por otro lado, busca que exista una política nacional que permita incorporar a los jóvenes al desarrollo del país y así resarcir las deficiencias que existen en políticas públicas en materia de juventud, para lo anterior la diputada propone establecer para el Ejecutivo la obligación de evaluar la política que el Instituto Mexicano de la Juventud emprenda a favor de los jóvenes; por último, con el fin de detonar un instrumento de cooperación y seguimiento institucional para tener pleno conocimiento de cuáles son los planes y estrategias que se encaminan hacia nuestra juventud, la diputada Gómez propone dotar al Congreso de la Unión con la capacidad de emitir opinión al respecto, misma que deberá ser tomada en cuenta por el Instituto, modificaciones que tienen lugar en el artículo 3.

La iniciativa presentada por la diputada Crystal Tovar Aragón con número de expediente 442, establece la reforma al artículo 3 en su fracción I y al artículo 8 adicionándolo con el inciso k) dentro de la fracción I. La iniciativa de la diputada Tovar propone en primer término, que se establezca dentro de los objetivos del Instituto, el dar seguimiento adecuado a la protección de los derechos humanos y las garantías individuales de los jóvenes, lo anterior pretende abonar a que la tarea del Instituto no se encuentre limitada en un contexto cotidiano de violencia, exclusión y escasez de oportunidades. Lo anterior se pretende lograr agregando al artículo 3 en su fracción I que la promoción y fomento que debe realizar el Instituto Mexicano de la Juventud para que las condiciones que aseguran a la juventud un desarrollo pleno e integral, sea mediante la protección de sus derechos humanos y garantías individuales.

Como segundo objetivo de la iniciativa, la diputada establece la necesidad de que el Instituto refuerce sus atribuciones en relación a la elaboración de programas y cursos de orientación e información sobre educación sexual y salud reproductiva, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género y apoyo a jóvenes en situación de exclusión. La iniciativa pretende reforzar las labores que lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Juventud a través de su junta directiva que tiene, entre otras facultades, la aprobación de los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud, lo anterior lo propone mediante la inclusión en la Junta Directiva del Instituto, de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres como miembro permanente, adicionando el inciso k) de la fracción I del artículo 8.

La iniciativa presentada por el diputado Jaime Orozco Gómez con expediente 951, busca reformar y adicionar el artículo 3 y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. El diputado promovente reconoce la escasez de oportunidades para los jóvenes en lo social, laboral, económico y político, y suscribe la iniciativa que “tiene como objeto otorgar mayores facultades al Instituto, a fin de que el mismo cuente con las herramientas que le permitan integrar a la juventud al ámbito político, cultural, económico y social del país, en condiciones de no discriminación y de igualdad de oportunidades”. Con esta iniciativa de reforma “se busca contribuir efectivamente a la solución de problemas y dificultades por las que atraviesa la juventud mexicana”, por lo tanto, se considera necesario que la política nacional de juventud permita incorporar plenamente a los jóvenes en el desarrollo político, cultural, económico y social del país. Por otro lado, la iniciativa pretende constituir al Instituto Mexicano de la Juventud como un órgano obligatorio de consulta, asesoría, coordinación, seguimiento y evaluación en materia de juventud, de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado. Asimismo, la iniciativa busca que a través de la modificación al artículo 3 se establezca la coordinación de manera permanente con los tres órganos de gobierno a fin de impulsar acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de la juventud. En esta iniciativa se propone facultar al Instituto para participar en la formulación del proyecto de presupuesto en materia de políticas públicas relacionadas y dirigidas a la juventud. Por último, la iniciativa sugiere en el artículo 4 la obligación del Instituto de evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del Programa Nacional de Juventud.

Finalmente, se integra a este dictamen la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto García González con expediente número 1149, esta iniciativa propone reformas a los artículos 3 y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. La iniciativa en comento tiene como objeto la armonización entre el objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, los lineamientos que debe de considerar el Instituto en la definición e instauración de la política nacional de la juventud y sus atribuciones para el cumplimiento de dicho objeto. La iniciativa pretende plasmar la necesidad de que en la “Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se establezca que todos los apoyos a favor de la juventud contemplen el aspecto laboral, toda vez que, es uno de los temas principales que beneficia a los jóvenes”. Por último el diputado que suscribe menciona que la iniciativa tiene como objeto que se “implementen mecanismos adecuados que permitan en todo momento que los ciudadanos cuenten con un empleo y de esta manera solventen las necesidades que se presentan en sus hogares”.

III. Proceso de análisis

México tiene hoy el mayor número de jóvenes en su historia, si se parte de que, tal como lo señala la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la población joven es toda aquella persona que esté comprendida entre los 12 y 29 años de edad, el número de jóvenes en México esquívale a 36.2 millones según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que representa a más de un tercio de la población total del país, de los que 17.8 millones son hombres y 18.4 millones mujeres.

A este gran número de jóvenes es a lo que hoy se le conoce como ”bono demográfico”, el cual se refiere al incremento de la población en edades laborales y la disminución de las personas dependientes, por lo que el potencial productivo del país puede incrementarse considerablemente, y con ello abrir una oportunidad de desarrollo. Es por lo anterior que se deben implantar reformas en las cuales se ofrezcan soluciones a problemáticas y demandas, como acceso a la educación, cultura, integración al ámbito político, ocupación laboral, entre muchas otras.

En el país, el organismo rector de la política nacional en materia de juventud es el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). El Imjuve es una dependencia del Gobierno Federal, cuyo objetivo es generar políticas públicas, programas, servicios y acciones a favor de los jóvenes, que den herramientas necesarias en temas de educación, salud, empleo y participación social, y que permitan incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país y mejorar su calidad de vida.

El tema de los derechos humanos y garantías individuales se han convertido en una constante petición del sector juvenil en México ante la realidad que hoy enfrentan muchos de ellos en materia de violencia, exclusión y falta de oportunidades. El proceso educativo es quizá, junto con el de inserción laboral, el de mayor relevancia en la vida del joven, ya que ambos son decisivos en su trayectoria de vida. La discriminación es una realidad que aqueja a muchos jóvenes, y que está ligada a estos dos ejes, ya que limita sus oportunidades para acceder a un empleo y a actividades dentro de la sociedad por el hecho de ser joven y no tener experiencia laboral.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, 35.4 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años considera que su principal problema es la falta de oportunidades de empleo y experiencia. Sumado a esto podemos observar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Valores 2012, 56.9 por ciento de jóvenes, es decir, más de la mitad asume que la educación es el aspecto más importante para conseguir trabajo.

Por lo anterior es vital que la legislación nacional promueva la inclusión y la no discriminación de los jóvenes, para generar un ambiente de seguridad integral y de pleno goce de derechos en condiciones de igualdad de género, y con ello revertir la discriminación y generar mayores oportunidades para este importante sector de la población que es presente y futuro de México.

En el presente dictamen se consideran cuatro iniciativas, tal como se estableció en el apartado II del presente documento, que se irán desarrollando a continuación:

a) Iniciativa presentada por la diputada Merlyn Gómez Pozos con número de expediente 337, busca la modificación al artículo 2, y al artículo 3 en sus fracciones I y V, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Su objetivo principal es definir a la población joven como aquella entre los 12 y 29 años, modificando así el artículo 2; por otro lado, en la reforma al artículo 3 propone establecer que sea obligación del Ejecutivo evaluar la política emprendida por el Instituto Mexicano de la Juventud, y que este, a su vez, emita una informe al respecto al Congreso de la Unión.

b) Iniciativa presentada por la diputada Crystal Tovar Aragón con número de expediente 442, establece la reforma al artículo 3 en su fracción I y al artículo 8 adicionándolo además con el inciso k) dentro de la fracción I. Dicha iniciativa tiene como primer objetivo establecer dentro de las atribuciones del Instituto dar seguimiento a la protección de los derechos humanos y garantías individuales de los jóvenes; así como, la creación de programas que ayuden a erradicar la discriminación, fortalecer la equidad de género y apoyo total a jóvenes en situación de exclusión. El segundo objetivo, es relativo al artículo 8 de la referida ley, cuya reforma busca la inclusión en la Junta Directiva del Instituto de la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres como miembro permanente, adicionando el inciso k) de la fracción I.

c) Iniciativa presentada por el diputado Javier Orozco Gómez con expediente 951, la cual busca reformar y adicionar el artículo 3 y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Dicha iniciativa modifica el artículo 3 para establecer la coordinación de manera permanente con los tres órganos de gobierno a fin de impulsar acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como, dar facultades al Instituto para participar en la formulación del proyecto de presupuesto en materia de políticas públicas relacionadas y dirigidas a la juventud y, finalmente la reforma al artículo 4° la cual establece como obligación del Instituto la evaluación periódica y sistemática de la ejecución del Programa Nacional de Juventud.

d)Iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto Gracia González con expediente 1149, la cual busca reformar los artículos 3 y 3 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo objetivo primordial establecer apoyos a favor de la juventud en el ámbito laboral.

Por lo que refiere a al tema de los derechos humanos, es importante, diferenciar entre derechos humanos y garantías individuales. Ignacio Burgoa, define a las garantías individuales “como medio jurídico de protección, defensa o salvaguarda de los derechos del hombre en primer término, por lo que estos derechos son jurídicamente resguardados y tutelados por la constitución”. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos define éstos como “el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades, pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente”.

La protección de los derechos humanos de los jóvenes en México se encuentra plasmada en la Constitución, en el artículo 1o., que a la letra dice:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(...)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de laLey Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud... o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010, señala que dos de cada diez personas en México, consideran que los derechos de los jóvenes no se respetan. Es por ello que se considera necesario fortalecer, a través de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, lo ya establecido en la Carta Magna.

Esta comisión tuvo un acercamiento con las autoridades correspondientes del Instituto Mexicano de la Juventud con el fin de presentarles dichas iniciativas y que ellas emitieran su opinión ante las propuestas de reforma a la Ley de dicho Instituto; por otro lado se recibieron los comentarios que, por conducto de Secretaría de Gobernación, hicieron llegar algunas otras dependencias de relevancia.

Considerando que en México la juventud se conforma por cerca de 36.2 millones de individuos, es claro que la diversidad de realidades es tan grande como las personas que conforman a este importante sector de la población. Una gran característica de los jóvenes mexicanos es que, dadas las condiciones económicas, políticas y sociales de nuestro tiempo, entre sus aspiraciones fundamentales se encuentran: destacar en el ámbito laboral, elevar su calidad de vida, contar con educación, entre otras.

Una política pública tiene como objetivo encarar y resolver un problema público de forma racional a través de un proceso de acciones gubernamentales. Por ello, a través de esta iniciativa de reforma se busca fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud para la elaboración de políticas públicas en beneficio de la juventud mexicana.

Por otra parte, la intención de que el Imjuve funja como órgano de coordinación y seguimiento a nivel federal, estatal y local, es con el fin de lograr una política transversal y que de alguna manera se interceda por que el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, genere una política pública juvenil incluyente de acuerdo a las realidades que se viven en los diferentes niveles de gobierno, y que busquen generar el bienestar de las nuevas generaciones.

En México, los individuos se enfrentan a una complicada realidad laboral, específicamente durante su juventud ya que es en este periodo cuando, independientemente de la escolaridad, el joven busca insertarse en el mercado laboral para ser productivo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2010, sólo una tercera parte de los jóvenes entre 16 y 29 años que trabajan, cuentan con contrato laboral; la misma encuesta señala que de los jóvenes que no se encuentran trabajando, el 61 por ciento asegura que no lo hace debido a que se encuentra estudiando. Dichos datos nos revelan que las principales áreas de oportunidad que buscan los jóvenes son, por un lado, el ámbito laboral y, por otro, el ámbito educativo.

Para los jóvenes, el trabajo adquiere dimensiones adicionales, ya que juega un papel clave en el desarrollo y reafirmación de su identidad personal, constituyendo una vía para la incorporación en la vida social y la ampliación de las relaciones sociales, así como en la transición de la familia de origen a una etapa de la independencia y autónoma en su vida.

Es importante que el instituto cuente con atribuciones que le permitan actuar de manera más eficaz en aras del desarrollo de la juventud mexicana, de tal manera que se convierta en un organismo de consulta, asesoría, coordinación y seguimiento en materia de juventud, cuyo eje fundamental sea la integración, la no discriminación, y la igualdad de oportunidades en el ámbito político, cultural, económico, educativo y social.

El bono demográfico es una oportunidad única en la historia de México para alcanzar niveles de desarrollo nunca antes vistos y promover el bienestar social, político y económico del país. Es así que con el presente dictamen se busca contribuir efectivamente a la solución de problemas y dificultades por las que atraviesa la juventud mexicana, tales como la exclusión social y falta de oportunidades, y con ello generar un ambiente de desarrollo integral y de pleno goce de derechos en condiciones de igualdad.

Fuentes bibliográficas

• Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010

• Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, del Inegi

• Encuesta Nacional de Juventud de 2010, del Imjuve

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, del Instituto Mexicano de la Juventud

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

• Reglamento de la Cámara de Diputados

• Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, trigésima novena edición

• Letras Jurídicas, número 10, primavera de 2010, ISSN 1870-2155, “Los derechos humanos en el ámbito carcelario mexicano”.

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:

Sobre el artículo 2

Esta comisión estima pertinente que el inicio de la redacción sugerida para el art. 2 sea en sentido declarativo específicamente en tanto a la definición de la edad que abarca la “población joven”.

- Al eliminar lo siguiente: “sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”, la nueva redacción no abona a la intención del artículo actual en dejar claro que no debe existir discriminación entre los jóvenes sujetos de políticas, programas, servicios y acciones que lleve a cabo el instituto.

- Por lo que refiere a la eliminación de la palabra “políticas” como uno de los beneficios que otorga el Instituto a la juventud mexicana, implicaría restar atribuciones al Imjuve, ya que éste tiene la función de elaborar políticas públicas en materia de juventud. Al respecto, el referente más cercano fue la elaboración del Programa Nacional de Juventud 2007-2012, quien fue encabezado por el Imjuve y la Secretaría de Educación Pública, con la intención de impulsar una política nacional en materia de juventud, basada en el conocimiento de las necesidades y la promoción del ejercicio efectivo de los derechos de los jóvenes.

Sobre el artículo 3

En cuanto a la propuesta de las diputadas Merlyn Gómez Pozos y Cristal Tovar Aragón de añadir que el Instituto deba perseguir el respeto de los derechos humanos y fundamentales de los jóvenes, se considera que esta propuesta abona a que la institución referida sea promotora del respeto de los derechos de los jóvenes y además busque que estos se garanticen. Por lo anterior, la comisión considera pertinente adicionar los términos de derechos humanos, así como, el de las garantías individuales, al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

En lo relativo a la propuesta de modificación de la fracción IV, presentada por el diputado Javier Orozco, sobre la evaluación de la política por parte del Ejecutivo Federal y su remisión al Congreso de la Unión, se considera que las condiciones de recurso humano del Imjuve impedirían que, con la remisión de aún más informes, se mantuviera la operatividad y capacidad de respuesta de la institución. No obstante, debe destacarse que el Congreso en todo momento tiene la facultad de citar a comparecer al titular del Instituto referido para solicitar cualquier información, tal como lo señalan los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Asimismo, se consideró que la inclusión de obligatoriedad, coordinación y evaluación, sobrepasan las funciones del Imjuve, así como, se podía caer en la violación de la autonomía de las instancias locales de juventud, sin embargo, esta Comisión decido que el Imjuve funja como órgano de consulta, asesoría y seguimiento en materia de juventud.

En lo relativo a la redacción sugerida en la fracción V, se estima pertinente mantener el inciso actual ya que en la fracción VI se aborda el contenido de la redacción sugerida.

Por lo que refiere a la modificación de los artículos 3, fracción III, y 3 Bis, siendo una problemática real la falta de oportunidades en cuestiones laborales en los jóvenes, esta comisión tuvo a bien aceptar la propuesta de incluir en el artículo 3 en la ley de instituto el tema “de desarrollo y inclusión laboral”, con la certeza que no solo beneficiará en el presente inmediato, sino en un futuro se verá reflejado en el desarrollo y crecimiento del país.

Sobre el artículo 4

En cuanto a la propuesta del diputado Javier Orozco de modificar la f. I del artículo 4 se considera que la intención del diputado ya está contenida en la fracción I, II y IV del artículo 4 vigente por que de manera automática quedan desechadas, que a la letra dicen:

• I.Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

• II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipiospara promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad;

• IV. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

Por lo anterior, para el presente dictamen se considera la aportación que se hace en relación a que la evaluación del Programa Nacional de Juventud deba hacerse de manera periódica y sistemática.

Sobre el artículo 8

Por lo que refiere a la propuesta de incluir al Presidente del Instituto Nacional de Mujeres como miembro propietario de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, esta comisión no consideró viable la posibilidad de incluir a dicho Instituto como miembro de la Junta, no obstante consientes que se debe tener la participación de todos los sectores en materia de juventud, al respeto tal como lo establece el artículo 8 fracción II de la Ley del Instituto Mexicano del Juventud, la Junta Directiva podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas y privadas, con derecho a voz pero sin voto, por lo que el Inmujeres podrá ser invitado cuando se traten de temas propiamente de su competencia.

Por las consideraciones expuestas, la comisión somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 3, 3 Bis y 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, fracciones I, III, V y VI; 3 Bis, fracción V; y 4, fracción I, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2. La población joven es aquella cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, y por su importancia estratégica para el desarrollo del país, éstaserá objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 3.El instituto tendrá por objeto

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación y de pleno respeto a sus derechos humanos y sus garantías,de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. ...

III. Proponer al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud , desarrollo e inclusión laboraly educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. ...

V. Actuar como órgano de consulta, asesoría y seguimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran en materia de juventud;

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales , de desarrollo e inclusión laboral y derechos; y

VII. ...

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a IV. ...

V. Observar los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social , de inclusión laboral y económico. Asimismo, se impulsará un federalismo institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos de las entidades federativas y a través de ellos con los municipios.

VI. y VII. ...

Artículo 4.Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación; el Instituto deberá evaluar periódica y sistemática mente la ejecución del mismo;

II. a XVI. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, del Inegi.

2 Encuesta Nacional de Valores de 2012, coordinada por el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

3 Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, trigésima novena edición, página 162.

4 Letras Jurídicas, número 10, primavera de 2010, ISSN 1870-2155, “Los derechos humanos en el ámbito carcelario mexicano”.

5 Camarera, Rosa María, “Participación en el trabajo”, en Encuesta Nacional de Juventud de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica en contra), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gilberto Antonio Hirata Chico, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica en contra), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Jessica Salazar Trejo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Con la venia, señor presidente. Subo a ésta la más alta tribuna para presentar el siguiente proyecto de decreto, mismo que da respuesta a cuatro iniciativas presentadas en la LXII Legislatura, todas en relación a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Con el presente proyecto de decreto la Comisión de Juventud da un claro ejemplo de que los legisladores debemos anteponer nuestras coincidencias en lugar de privilegiar nuestras diferencias.

Es importante señalar que en la Comisión de Juventud hemos realizado un gran esfuerzo para lograr integrar la visión de los distintos diputados de las distintas fuerzas políticas para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Conscientes de la importancia de los jóvenes en nuestro país, hemos decidido trabajar en modificar el marco normativo del Instituto Mexicano de la Juventud, convencidos de que estas reformas se verán reflejadas en beneficio de las y los jóvenes mexicanos.

En este proyecto de decreto se modifica la ley del instituto; en primer lugar, busca la modificación del artículo 2 para que quede claro quiénes somos los jóvenes y la población joven de México y reafirmar que somos de suma importancia para el desarrollo de este país.

México hoy en día tiene el mayor número de jóvenes en su historia entre 12 y 29 años de edad. Equivale a un tercio de la población total del país y a este gran número se le conoce como el bono demográfico, el cual se refiere al incremento de la población en edades laborales y a la disminución de personas dependientes, por lo que el potencial productivo del país puede incrementarse considerablemente.

Por lo anterior, se deben implementar reformas en las cuales se ofrezcan soluciones a las problemáticas de demandas, como el acceso a la educación, la cultura, la integración al ámbito político, la ocupación laboral, entre muchas otras.

La Encuesta Nacional de Discriminación del 2010 señala que dos de cada 10 jóvenes en México consideran que sus derechos no se respetan. Por ello, nuestro proyecto busca armonizar la ley del instituto con la Constitución para promover en todo momento el respeto a los derechos humanos y a las garantías de los jóvenes.

En la encuesta mencionada, el 35.4 por ciento de los jóvenes entre 12 y 29 años considera que su principal problema es la falta de oportunidades de empleo. Este proyecto busca que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga como uno de sus objetivos proponer y tener programas que promuevan el desarrollo y la inclusión laboral de los jóvenes.

Por otra parte, es importante dar seguimiento a las políticas públicas en materia de juventud. Este proyecto busca que el instituto tenga como objetivo darle seguimiento a las actividades en materia de juventud que se realicen en las entidades públicas, en cualquier nivel de gobierno o en el sector privado, cuando así lo soliciten. Además, otorga la atribución al instituto a evaluar periódica y sistemáticamente el Programa Nacional de Juventud, ya que hasta hoy nadie se ha responsabilizado por ello.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a la consideración de la honorable asamblea el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2; 3, fracción I, III, V y VI; artículo 3 Bis, fracción V; 4, fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Este proyecto ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Quiero recordarles hoy que en la Comisión de Juventud vemos la imperiosa necesidad de que los temas de juventud sean turnados y trabajados de urgencia en esta Cámara.

Por la comisión que presido, pido atentamente se analice puntual y detalladamente este proyecto de decreto y con mucha humildad les solicito su voto a favor.

Quiero comentar que la reserva del artículo 8 presentada por la diputada Crystal Tovar, en la fracción K, que habla sobre inclusión de las mujeres al Consejo del Instituto Mexicano de la Juventud, esta comisión no ve ningún empacho y estaremos aprobándola a favor. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general. Para fijar la postura de sus grupos parlamentarios tiene, en primer lugar, el uso de la tribuna el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México es un país de jóvenes, pues más del 50 por ciento de nuestra población está por debajo de los 30 años de edad.

Nunca en nuestra historia hemos sido tantos y si todas las proyecciones son correctas, difícilmente volveremos a tener más jóvenes que en este momento.

En la juventud cabe la sociedad mexicana entera con sueños y anhelos tan diversos, como los muchos crisoles que nos confluyen, en ellas están los punks, los emos, aquellos con preferencias sexuales diferentes, los estudiosos, los intelectuales, los deportistas, los artistas y los empresarios.

Los deseos de superación de la juventud son el combustible para transformar nuestro país, y de su fuerza surge la dinámica social más viva de nuestro México.

Países como Corea del Sur, Japón o Alemania basaron su crecimiento económico en el llamado bono demográfico y aprovecharon a la juventud que ofreció las ventajas competitivas de la innovación, el trabajo arduo y el impulso de mejoras sociales en todas las áreas.

Esta oportunidad ha sido ignorada en México y las políticas públicas no han atinado a responder a los retos que se presentan para el sector. Nuestro país les ofrece pocas oportunidades a las personas jóvenes que lo habitan.

Del millón 200 mil empleos que nuestros jóvenes requieren solo se producen 300 mil empleos al año y 8 de cada 10 jóvenes sobreviven en la economía informal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan de manera regular, representan el 21 por ciento, y de entre 25 a 34 años el 29 por ciento. Por si esto no fuera suficiente, más de 200 mil jóvenes son rechazados cada año de las universidades públicas y nuestro país es el cuarto exportador de talentos al mundo.

Un país que no tiene la capacidad de crear espacios de desarrollo para su juventud está destinado al fracaso. No existe ningún otro grupo poblacional que resienta tan drásticamente los niveles de desempleo, de discriminación social y de muertes por accidentes automovilísticos o en la aplicación de las estrategias de seguridad que las y los jóvenes mexicanos.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza creemos que es necesaria una estrategia clara, contundente y con recursos amplios para la juventud. Es en este propósito que la Comisión de Juventud ha sido muy relevante.

Votaremos a favor del presente dictamen, porque surgió de la coincidencia de diputados jóvenes de varios partidos políticos para recalcar la importancia del Instituto Mexicano de la Juventud; el dictamen pone acento en la importancia del Injuve, como organismo coordinador y responsable del seguimiento de las políticas de juventud de nuestro país, pero también como un evaluador permanente del Programa Nacional de Juventud.

Si queremos que se reviertan las condiciones adversas de los jóvenes en México debemos de actuar en consecuencia, y un órgano con capacidades operativas es la condición mínima indispensable para que esto suceda.

También es una condición mínima contar con un titular, por eso hacemos un atento llamado desde esta honorable tribuna al Poder Ejecutivo, para que nombre cuanto antes al director general del Instituto Mexicano de la Juventud.

No permitamos que la indecisión se convierta en pretextos de suspicacia o en el debilitamiento de un instituto que tiene aún mucho por hacer. El pacto más importante que puede firmar el gobierno es el pacto con la juventud de México.

Votaremos a favor del presente dictamen, porque hace adecuaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para garantizar los derechos humanos y las garantías de los jóvenes en su título tercero. Con su aprobación facultaremos al Instituto para defender activamente los derechos de los jóvenes, que tantas veces han sido soslayados.

Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza pugna por los derechos de los jóvenes en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos y con estricto apego a la ley, porque sabemos que solo desde la libertad podremos demostrar la fuerza que nos caracteriza y esto es vital para la construcción de un país mejor.

Creemos en la posibilidad de una solidaridad entre las generaciones, en un escenario en el que los jóvenes comprendan a sus mayores y éstos incluyan en sus decisiones a las generaciones que vivirán las realidades de las próximas décadas. Sin los jóvenes no hay futuro posible. Muchas gracias, compañeros diputados; muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Merilyn Gómez Pozos: Uno de los sectores más olvidados por las políticas públicas y por los ordenamientos jurídicos ha sido hasta ahora el de los jóvenes.

Desde los años ochenta la Organización de las Naciones Unidas colocó en el centro del debate internacional la necesidad de entender los temas relacionados con la juventud, entre los cuales se incluyen la pobreza, la falta de oportunidades educativas y de empleo.

A pesar de contar con todo ese potencial de desarrollo, los gobiernos no han podido o no han querido poner en marcha políticas dirigidas a este segmento de la población en los ámbitos que menciona la ONU.

Los resultados de la falta de atención a jóvenes son evidentes. De los 37.7 millones de jóvenes en edad de trabajar solo 14.7 millones se encuentran económicamente activos; el 70 por ciento de los jóvenes trabajadores no se encuentran amparados por un contrato laboral, solo el 16 por ciento tiene acceso a los servicios de salud y solo un pequeño porcentaje a préstamos personales, seguro médico o crédito de vivienda.

En el ámbito educativo, asistir a la educación básica en México no es sinónimo de educarse. La prueba PISA que se aplica a los jóvenes de 15 años demuestra que más del 50 por ciento de los estudiantes no son educados para de-sarrollarse de manera fructífera en la sociedad.

Tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar estudios superiores no puede hacerlo y de sobra es conocida la cifra negra de 7.5 millones de ninis, jóvenes que ni comprendemos ni apoyamos.

Lo anterior refleja lo que se ha dejado de hacer en términos de crecimiento económico y política social: no se han generado empleos bien remunerados ni suficientes espacios de calidad para la juventud.

Las expectativas de los jóvenes son de desesperanza, lo cual empeora la situación, porque se vuelven candidatos idóneos para ser enlistados por el crimen organizado y un campo fértil para las adicciones.

Desde hace ya varios sexenios —producto de un modelo económico que favorece a una minoría— nuestro país presenta un escenario en el que las y los jóvenes son de los más afectados por la falta de oportunidades educativas, de empleo, de atención médica, de participación política, entre otras, condiciones todas ellas que debe de ser revertidas. En el lenguaje de los jóvenes, es necesario resetear el sistema político mexicano.

El dictamen que hoy se presenta recoge la iniciativa que la de la voz presentó y que busca darle un impulso al Instituto Mexicano de la Juventud, como generador de distintos programas económicos, sociales y culturales. El instituto no ha sido capaz de alcanzar sus objetivos debido a una falta de estrategia integral de desarrollo y con esta reforma se pretende combatir tales faltas, por lo que celebramos el poder incluir en la legislación actual la atención a este importante sector de la población.

Compañeros legisladores, demos hoy un pequeño paso para subsanar el descuido al que hemos condenado a nuestros jóvenes y votemos el presente dictamen a favor. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, los jóvenes son el presente y futuro de nuestro país, es por ello que se debe procurar la protección de sus derechos, impulsar su desarrollo e incrementar sus oportunidades, a través de la implementación de leyes que garanticen igualdad de oportunidades y fomenten la cultura de la no violencia.

El Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi estableció que en nuestro país existen 36.2 millones de personas que se encuentran entre los 12 y los 29 años de edad. Es decir, más de 36 millones de jóvenes, que representan poco más del tercio de la población total en nuestro país.

La importancia de nuestra juventud radica en la relevancia que estos representan para la actividad económica y social. Hasta el momento nosotros no hemos sido capaces, ni en el ámbito gubernamental ni en el Legislativo, de generar leyes y políticas públicas que atiendan de manera adecuada las necesidades de este segmento de la población.

Desafortunadamente, el mercado laboral es reducido y existe escasez de oportunidades para los jóvenes en este ámbito. Es por ello que es necesario elaborar políticas públicas que incrementen las posibilidades de inserción de los jóvenes a la vida laboral.

Es lamentable el hecho de que a los jóvenes no se les ofrezcan suficientes oportunidades para estudiar o para integrarse al mercado laboral, sobre todo en esta etapa de la vida en la que la capacidad de aprendizaje es alta y las ganas de salir adelante son muchas.

De acuerdo a datos de un estudio elaborado en la SEP, en México el número de jóvenes que no estudian ni trabajan alcanza casi 8 millones de personas, con lo cual México se coloca en el segundo lugar de los países miembros de la OCDE con mayor número de jóvenes desempleados, solamente detrás de Turquía.

Este mismo estudio arroja un dato revelador, podría considerarse que la falta de preparación dificulta a los jóvenes de escasos recursos encontrar empleo; sin embargo, en México, de los 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, hay tres millones de jóvenes que pertenecen a estratos sociales con un mayor poder adquisitivo, pero tampoco encuentran empleo.

Esta situación evidencia la incapacidad que hasta ahora se ha tenido para hacer coincidir las políticas públicas que se proyectan en el plan educativo con las del ámbito laboral. De modo tal que la educación y el esfuerzo personal vuelvan a convertirse en una ruta segura hacia la movilidad social y una vida mejor.

Sin embargo, por ahora en México estamos desperdiciando el bono demográfico con el que hoy contamos y que deberíamos aprovechar para construir una nación próspera y con viabilidad financiera que tenga la solvencia para sostener a éste, nuestro país.

Lo realmente grave es que las adversidades que la juventud mexicana enfrenta para satisfacer sus necesidades la hacen presa fácil de las adicciones, la violencia y el crimen organizado, lo cual no solo es por demás injusto, sino que implica una amenaza para la estabilidad del país y la seguridad nacional.

Por ello consideramos necesaria la coordinación de los tres órdenes de gobierno, para poder implementar programas enfocados en la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, procurando —al mismo tiempo— su integración en la vida política, cultural, económica y social de nuestro país.

En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos a favor del proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que establece, entre otros, que la población joven es aquella entre los 12 y 29 años, y que es necesario se respeten plenamente sus derechos humanos y garantías individuales, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno promuevan acciones destinadas a impulsar el desarrollo de los jóvenes, así como su inclusión en el mercado laboral.

Sobre todo que sea el Instituto Mexicano de la Juventud el que oriente una política nacional y transversal para que se integre a la juventud al ámbito político, cultural, económico y social del país, en condiciones de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Crystal Tovar Aragón: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen de la Comisión de Juventud que hoy se presenta contiene cuatro iniciativas de reforma a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud provenientes de distintos grupos parlamentarios con la misma preocupación: hacer visibles las necesidades de las y los jóvenes, como generadores de cambios y transformadores de esquemas.

Debo decirles que quienes integramos la Comisión de Juventud acordamos trabajar en beneficio de las juventudes mexicanas por encima de nuestras diferencias ideológicas o de cualquier color de partido; asumimos el compromiso de acordar todo aquello que fuera necesario para avanzar en el desarrollo integral de millones de jóvenes, que más que un bono demográfico representa la oportunidad real de cambio de nuestro país.

Hablamos sobre más de 36 millones de personas jóvenes entre 12 y 29 años de edad, que solo esperan una oportunidad en el terreno laboral, educativo, social o cultural para desarrollar su potencial de hacer sus aportaciones.

Estamos conscientes de que los principales problemas que enfrentan las juventudes de hoy son la falta de oportunidades, la desigualdad y la discriminación. Éstas son nuestras prioridades y sobre ellas nos mantendremos trabajando.

Las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que se presentan en este dictamen implican ciertos avances en cuanto al derecho de los jóvenes para ser sujetos de políticas públicas nacionales en condiciones de igualdad.

Otorgamos facultades al instituto para promover el pleno respeto a sus derechos humanos y garantías constitucionales; ampliamos el abanico de tareas del instituto para que pueda dar seguimiento a los programas municipales, estatales y federales en materia de juventud, y para que promueva su inclusión en el mercado laboral, así como una nueva atribución para que el Programa Nacional de Juventud sea objeto de evaluaciones periódicas sobre sus efectos y resultados.

En general, con estas modificaciones avanzamos en por lo menos tres acciones que el Instituto Mexicano de la Juventud deberá implementar: la promoción y protección de los derechos humanos y garantías constitucionales de las y los jóvenes, la coordinación de los tres órdenes de gobierno para diseñar e implementar acciones a favor de la juventud, y para la rendición de cuentas respecto a la evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Juventud.

En mi calidad de promovente de una de las iniciativas que dieron origen a este dictamen me complace que el día de hoy podamos dar un pequeño paso hacia la mejora de las condiciones de vida de las juventudes en México.

Por ello el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará a favor en lo general de este dictamen, con una modificación al artículo único para adicionar el artículo 8, fracción I, con el inciso k), con el objeto de incluir al Instituto Nacional de las Mujeres como parte de la junta directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, con voz y voto, para el diseño e implementación del Programa Nacional de la Juventud.

Como promovente de dicha iniciativa y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Juventud hago un respetuoso llamado al conjunto de los grupos parlamentarios aquí representados, para que además de manifestar su voto a favor de este dictamen reconozcan la importancia de que el Instituto Nacional de las Mujeres —como institución rectora en la promoción y fomento de la igualdad de oportunidades y de la no discriminación— participe con voz y voto en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales en materia de juventud.

Para concluir votaremos en lo general a favor de este dictamen, pero les pido su apoyo y su respaldo para entender que las políticas públicas nacionales en materia de juventud que se implementan a través de todas las secretarías de Estado, y principalmente a través de la Secretaría de Desarrollo Social deberán contener por lo menos una revisión con perspectiva de género. Gracias por su atención.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, diputada Crystal Tovar Aragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito presentar ante esta soberanía, la reserva del artículo único, del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, fracciones I, III, V y VI; 3 Bis, fracción V; 4, fracción I; y 8 fracción  I,  de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2. La población joven es aquella cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, y por su importancia estratégica para el desarrollo del país, ésta será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 3. El instituto tendrá por objeto

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación y de pleno respeto a sus derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II.  ...

III. Proponer al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, desarrollo e inclusión laboral y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. ...

V. Actuar como órgano de consulta, asesoría y seguimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran en materia de juventud;

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales, de desarrollo e inclusión laboral y derechos; y

VII. ...

Artículo 3 Bis. El instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a IV. ...

V. Observar los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social, de- inclusión laboral y económico. Asimismo, se impulsará un federalismo institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos de las entidades federativas y a través de ellos con los municipios.

VI. y VII. ...

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación; el instituto deberá evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;

II. a XVI. ...

Artículo 8.La junta directiva se integrará por dieciocho miembros, de los cuales serán:

I. Once miembros propietarios:

a)El Secretario de Educación Pública; quien lo presidirá;

b)El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

c)El Secretario de Gobernación;

d)El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

e)El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

f)El Secretario de Salud;

g)El Secretario de Desarrollo Social;

h)El Secretario de Economía;

i)El Secretario de Comunicaciones y Transportes,

j)El Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y

k) La Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres.

...

II. .........

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.— Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Oliveros Usabiaga, por favor.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para suscribirme al punto del artículo 8 del inciso k), que señala la diputada Crystal. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Al final de los posicionamientos daremos trámite a la reserva que ya nos ha entregado por escrito la diputada Tovar Aragón.

Antes de continuar con la lista de oradores, quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión a un grupo de ciudadanos del municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela. Bienvenidos a esta sesión.

También a un grupo de ciudadanos de Coatepec, Veracruz, que están aquí invitados por el diputado Fernando Charleston. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta sesión.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Gabriel Cárdenas Guizar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, para el Partido Acción Nacional la juventud es un sector trascendente de la sociedad mexicana; somos firmes creyentes de que los jóvenes representan un factor determinante para el cambio social y resultan imprescindibles para el desarrollo integral y el progreso del país, por lo que cualquier modificación a la ley que resulte en beneficio para los jóvenes de México contará siempre con el decidido respaldo de Acción Nacional.

La juventud es la etapa en la que los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en pareja y empiezan su actividad sexual y reproductiva, lo que en términos de política pública implica un enorme desafío para garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de educación, empleo, salud y muchas otras.

Es justamente a la consolidación de una política nacional en materia de juventud a la que avanzamos con la aprobación del presente dictamen, el cual es resultado de la conjugación de una serie de propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara, en un afán por fortalecer el reconocimiento, protección y defensa de los derechos y oportunidades de las y los jóvenes de México.

Mi reconocimiento al presidente de la comisión y a los integrantes, por su compromiso por la juventud de nuestro país.

El PAN siempre ha sido promotor de los derechos humanos, por lo que aplaudimos el hecho de que en este proyecto se armonice la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud con las recientes reformas constitucionales en esta materia y que se busque que sea el instituto quien vigile, promueva y fomente las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en condiciones de total respeto a sus derechos humanos.

Son justamente estos derechos los que alientan la vida de una auténtica democracia; son la expresión concreta de la dignidad humana, y de su conocimiento y defensa depende la existencia de un Estado democrático de derecho.

Por otro lado, con esta reforma en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se reconoce explícitamente como joven a aquel que comprende entre los 12 y los 29 años y se busca que exista una política nacional que permita incorporar a los jóvenes al desarrollo del país y resarcir así las deficiencias que existen en políticas públicas en materia de juventud, especialmente en materia laboral.

El PAN pugnó de manera decidida por la recientemente aprobada reforma laboral; una reforma que fomentará sin duda la promoción de empleos formales y ayudará a generar las condiciones labores para que los jóvenes puedan insertarse al ámbito productivo de una manera más fácil.

En congruencia con ello, cualquier proyecto que abone a la inclusión y desarrollo de los jóvenes será apoyado por nuestra fracción parlamentaria.

Por ello, también hacemos un atento y respetuoso llamado al Ejecutivo federal para que designe con prontitud al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, porque hoy, a más de 80 días de este nuevo gobierno, no tenemos certeza en esa importante dependencia en materia de juventud.

Con este dictamen se busca contribuir efectivamente en la solución de problemas y dificultades por los que atraviesa la juventud mexicana, tales como la exclusión social y la falta de oportunidades y con ello generar un ambiente de desarrollo integral y de pleno goce de derechos en condiciones de igualdad.

En el PAN estamos trabajando en leyes a favor de los jóvenes de nuestro país, jóvenes llenos de talento, de fuerza, de energía, jóvenes llamados a ser protagonistas de la nueva sociedad que entre todos estamos construyendo.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional los invita a votar a favor de este dictamen, a través de cuyas reformas se busca fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud para elaborar políticas públicas en beneficio de los jóvenes de México, creando un marco jurídico que garantice, proteja y promueva los derechos humanos de los jóvenes y los incorpore al desarrollo del país.

Compañeros diputados, los jóvenes nos demandan que venzamos las barreras legislativas que les impiden superarse, que construyamos un país mejor para ellos, que junto a ellos movamos a México. Por ello el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Con su venia, señor presidente. Con la deferencia que mis compañeras y compañeros diputados me brindan para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, respecto al dictamen que el día de hoy la Comisión de Juventud presenta ante esta soberanía, asisto a esta tribuna para reafirmar el enorme compromiso que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional hemos asumido desde el inicio de los trabajos de esta LXII Legislatura.

El dictamen que hoy se discute y será votado es producto de cuatro iniciativas que tienen como propósito el mejoramiento del marco normativo con el que el Instituto Mexicano de la Juventud implementa sus políticas públicas a favor de ese sector de la población.

La juventud de nuestro país es clave para alcanzar el desarrollo de la nación; los jóvenes somos testigos de los principales retos que afronta México en materia de empleo, competitividad, mejoras a la educación, a la salud, entre otros aspectos que son parte de la calidad de vida. Pero también es importante señalar que somos parte fundamental para la transformación de esas realidades. Somos y asumimos la responsabilidad de mover a México hacia un estado de mayor bienestar para cada joven y para cada ciudadano.

El dictamen que se discute es importante, tanto por su contenido como por su significado.

Los diputados integrantes de la comisión hemos consensuado para reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en sus artículos 2, 3, 3 Bis y 4, fracción I; en primer lugar, con el propósito de que el instituto sea explícito en cuanto al rango de edad a la que se dirigirán sus acciones, éste queda comprendido entre los 12 y los 29 años.

También se da un avance muy importante en pro del desarrollo integral de los jóvenes, al incluir la promoción y fomento de sus condiciones, el respeto a los derechos humanos y sus garantías, cumpliendo así, en el ámbito de las competencias del instituto, con las obligaciones constitucionales en la materia.

A su vez se incorporan los temas de desarrollo e inclusión laboral dentro de los programas especiales propuestos al Ejecutivo, dándole preponderancia a una de las principales demandas que los jóvenes tienen en México, que es precisamente contar con fuentes de empleo.

De igual forma, otorga al instituto la facultad para que, además de actuar como un órgano de consulta y asesoría, lo sea también de seguimiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado, cuando así lo requieran en materia de juventud.

Por último, se faculta al instituto para que dé seguimiento periódica y sistemáticamente a las acciones comprendidas en el Plan Nacional de Juventud y con ello mejore de manera continua sus indicadores y resultados de trabajo.

El presente dictamen armoniza cuatro iniciativas en conjunto, esfuerzo que por supuesto amerita incluirlas en lo más sustantivo.

Cabe destacar que la propuesta de adicionar un inciso k) al artículo 8 de la ley en comento, sobre incorporar a la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres como miembro de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud fue considerada por la comisión como inviable.

Sin embargo, a pesar de que la fracción II del mismo artículo establece que se podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas y privadas, lo cual asegura que el Inmujeres podrá estar presente con derecho a voz, cuando se traten temas de su competencia, el Grupo Parlamentario del PRI se suma a la propuesta de que las mujeres también tengan voto, a través de su integración en dicha junta directiva para que, de la mano con los jóvenes, se promuevan mejores políticas que beneficien a estos dos sectores que me honro en representar.

Compañeras y compañeros legisladores, al someter a su consideración este dictamen, los diputados que formamos parte del Grupo Parlamentario del PRI ratificamos que nos mueve una agenda de trabajo incluyente; las iniciativas incorporadas en este dictamen fueron aprobadas exponiendo razones y argumentos, discutiéndolas sin confrontar, analizándolas sin detener el proceso de deliberación, escuchando con respeto y exigiendo el mismo para nuestros pares. Es de esta forma como entendemos las prácticas parlamentarias.

Tenemos un presidente incluyente no solo de las mujeres y de los jóvenes, sino que además está convencido de que el diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas es el camino para lograr la verdadera transformación de México.

Toca ahora a esta soberanía decidir en torno a un asunto que sin duda dotará al Instituto Mexicano de la Juventud de mejores esquemas para poder desarrollar sus políticas públicas a favor de más de 30 millones de mexicanos, que al ser jóvenes están siendo testigos y protagonistas de los principales desafíos de nuestro país.

Que esta Cámara responda de manera positiva a sus expectativas, ése es el sentido del voto de los diputados del PRI. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Voy a pedir ahora a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición que presentó la diputada Crystal Tovar Aragón y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Artículo 8. La junta directiva se integrará por 18 miembros, de los cuales serán: fracción I. 11 miembros propietarios. Inciso k) la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación planteada.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, en el entendido que la votación será ya con la propuesta de modificación aceptada por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada Minerva Castillo Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 443 votos a favor y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 3 Bis y 4, fracción I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Salud, que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras*, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras.

Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene la palabra la diputada Blanca Jiménez Castillo, hasta por cinco minutos.

La diputada Blanca Jiménez Castillo: Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización de parteras.

Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la mortalidad materna e infantil ha desencadenado un grave problema, no solo en México, sino en todo el mundo.

Dos de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, los cuales pretenden que para el año 2015 se disminuya en tres cuartas partes, y dos terceras partes la mortalidad materna e infantil, respectivamente, no se han logrado.

Respecto a la mortalidad materna en México, según datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, el 65.5 por ciento del total de las defunciones maternas se concentra en 10 entidades federativas, algunas de ellas son: Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Chiapas y Veracruz; es por ello que la capacitación de los profesionales y técnicos de la salud, incluyendo las parteras tradicionales para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio tienen una gran relevancia.

Si bien es cierto que el Congreso de la Unión dio un enorme paso al reconocer a la partera tradicional, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2009, el cual dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil las autoridades sanitarias deban establecer acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, también es cierto que se dejó de lado a las parteras técnicas del país, las cuales también deben ser reconocidas y capacitadas para la atención del embarazo, parto y puerperio, que señala la Ley General de Salud, para que se logre un mayor avance en la disminución de la mortalidad materna e infantil.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países en desarrollo aproximadamente el 40 por ciento de los partos tienen lugar en el domicilio, en ausencia de un asistente de partería calificado.

La definición de asistente de partería calificado en la OMS señala: el partero acreditado es el prototipo de asistente de partería calificado, puesto que entre sus competencias básicas se encuentran las aptitudes mínimas para atender un embarazo y un parto normales.

El enfermero y partero —médico también— son asistentes de partería calificados, aunque menos coeficaces; el partero tradicional, que carece de información oficial, no se ajusta a la definición de asistente de partería calificada.

En el 2004, la OMS definió al asistente de partería calificado como un profesional sanitario acreditado, partero, médico, enfermero, recibido de una formación teórica y práctica que capacita para atender los embarazos, partos y puerperios normales, no complicados, para identificar, tratar y derivar las complicaciones maternas y neonatales.

El mismo organismo señaló en un Informe sobre la Salud en el Mundo 2005: cada madre y cada niño contarán que hay pruebas históricas y observacionales de que la asistencia especializada al parto reduce el riesgo de la muerte materno-infantil.

Los países industrializados redujeron a la mitad sus razones de mortalidad materna a principios del siglo XX, gracias a la atención del parto por matronas profesionales.

En el año 2007, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, reportó que existen alrededor de 19 mil parteras registradas, las cuales no solo atienden partos, además curan a las familias y aconsejan sobre planificación familiar en lugares donde ningún médico llega.

Según la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud de México, en comunidades menores de 2 mil 500 habitantes, el 44.5 por ciento de los partos son atendidos por parteras, y aún en comunidades más grandes de 2 mil 500 a 20 mil habitantes, la atención que ofrecen es de un 23.7 por ciento.

Es de suma importancia que a nivel nacional los técnicos en partería sean capacitados y reconocidos para que sean precisamente ellos quienes, en base a su experiencia y reconocimiento y de acuerdo con sus lineamientos que establezca la Secretaría de Salud en la materia, atiendan a la mujer durante el embarazo, pero además sean éstos y éstas las que con la atención de salvaguardar la salud puedan vincular a la mujer a los servicios de salud adecuados que se requieran, para que en todo momento se proteja la salud y se disminuya la mortalidad materna e infantil de los mexicanos.

Por lo anterior, se vuelve indispensable el reconocimiento de las parteras técnicas dentro de la legislación sanitaria, considerando además que los servicios de salud a nivel nacional no son cubiertos en su totalidad por la difícil accesibilidad geográfica, la precaria situación económica y la cultura de algunas regiones en nuestro país.

Por ello, reconocer a las parteras técnicas para que sean capacitadas para la atención materno-infantil coadyuvará a que llegue un servicio de salud y se logre disminuir la mortalidad materna-infantil en las comunidades más marginadas y desprotegidas en todo el país y en donde es complicado que exista un médico facultado para atender el embarazo, el parto y puerperio. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general. Para la ronda de fijación de posturas tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI tengamos cifras tan desalentadoras respecto a las muertes derivadas de complicaciones durante el parto. En nuestro país fallecen —aproximadamente— mil mujeres al año al momento de dar a luz.

En el año 2000 nuestro país se comprometió ante la ONU a reducir para el año 2015, la mortalidad materna, de 89 a 22 muertes por cada mil nacimientos, y en el 2011 se registraron 50 por cada mil nacimientos, por lo que resulta imperante tomar medidas al respecto.

Las principales causas de los decesos son la falta de acceso a instalaciones de salud, las condiciones de marginalidad en las que se presenta el nacimiento y la ausencia de profesionales en la materia.

Entre los principales estados donde esto ocurre se encuentran Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, así como los de mayor población.

Como bien señalan las recomendaciones del Informe sobre el estado mundial de la partería 2011, para cuidar la salud y salvar vidas resulta necesaria una mejor capacitación a las parteras tradicionales, principalmente en comunidades indígenas, donde por cuestiones de cultura son estas mujeres las encargadas de asistir en los partos a las mujeres.

De acuerdo con esta información presentada por la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de mortalidad materna se incrementa hasta 6 veces, si el nacimiento es por cesárea y no por parto. La tasa de cesáreas efectuadas por parteras profesionales actualmente es del 13 por ciento, mientras que en los hospitales asciende a un 30 por ciento.

Con base en lo argumentado, Movimiento Ciudadano está de acuerdo con la creación de un programa de formación para las parteras tradicionales y los técnicos en salud que incluya la atención del embarazo, el parto y el puerperio.

Consideramos apropiada la incorporación de las parteras técnicas al Sistema Nacional de Salud; sin embargo, creemos que esto no es suficiente, si en realidad se desea un verdadero impacto en la disminución de muertes de madres y neonatales, es necesaria la creación de una estrategia integral que incluya un acceso pleno de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, a los programas de planificación familiar y al establecimiento de centros de atención de obstetricia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Martha Edith Vital Vera: Gracias, señor presidente, con su permiso. Para mí es un honor venir a hablar hoy de este dictamen. Quisiera hacer realmente una felicitación a los senadores de la legislatura anterior, toda vez que en Chiapas, por ejemplo, que tenemos un 48 por ciento de indígenas, créanme que en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, todavía se atiende un nacimiento por partera.

En los países desarrollados desafortunadamente un gran número de mujeres pierden la vida durante el parto, del mismo modo que la tasa de mortalidad en neonatos son también alarmantes. Esta situación es causada principalmente por la ausencia de una adecuada atención médica que en muchos países son incapaces de brindar a las mujeres durante el embarazo, al momento de dar a luz, en los días posteriores al nacimiento.

Alrededor del mundo mil mujeres pierden la vida diariamente durante el parto y 5 mil 500 recién nacidos —que se encuentran en su primera semana de vida— mueren por no haber podido ser atendidos; sin embargo, este número podría ser mayor si no existieran en muchos países parteras cuya labor es asistir a las madres para dar a luz y brindar los primeros cuidados que necesita un recién nacido.

La labor que realizan las parteras es inconmensurable para la medicina neonatal en países donde el número de médicos disponibles no es suficiente para atender a todos los pacientes, que en muchas ocasiones acusan padecimientos graves, por lo cual atender a las mujeres embarazadas no es necesariamente una prioridad.

Es tan valioso el aporte de las parteras, que la propia Organización de las Naciones Unidas les ha recomendado su contribución a la salud e incluso ha tenido a bien declarar el 5 de mayo como el Día Internacional de las Parteras.

La tradición de las parteras es ancestral en muchos países. Cuando —no sé— nuestros padres, abuelos o tal vez alguno de nosotros fuimos traídos al mundo por una partera, en virtud de ello se está acumulando un valioso saber y han acumulado gran experiencia.

No obstante, es menester en nuestro país capacitar a las parteras tradicionales y técnicos en la salud para la atención del embarazo, parto y el puerperio, que —los que nos somos médicos— es después del parto y da precisamente a los bebes recién nacidos, así como incorporar a las parteras técnicas en el Sistema Nacional de Salud, con el objeto de fortalecer su labor y contribuir a abatir los índices de mortalidad materna e infantil en nuestro país. Al mismo tiempo dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Quiero comentarles una experiencia en mi estado, en Chiapas, donde tenemos ya precisamente ese convenio con las parteras, que en el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas hay temazcal, se atiende; precisamente todas las parteras tuvieron una capacitación de parte del sector salud y es realmente a través del Coneval —incluso son datos que no estoy dando yo ni el gobierno del estado—, que se pudo subir en tres puntos y cambiamos del nivel 13 al 8 en muerte materna e infantil.

Es por ello que el Partido Verde votará a favor de este dictamen debido a que tienen un fin mayor, como es el de preservar la vida de la madre y del recién nacido. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Eva Diego Cruz: Gracias, ciudadano presidente; con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Sin duda nuestra Constitución Política federal manifiesta en su artículo 4o. el derecho a la salud: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios.

Respecto a este tema del que habla la Constitución hablamos en esta minuta de un tema de vulnerabilidad. La mortalidad materna y la mortalidad infantil es un tema sumamente sensible que se ha planteado en diversos foros, en donde muchos de nosotros hemos participado y ha sido considerado uno de los principales problemas, de los graves problemas que enfrenta México, pero no solo México, sino es un problema que enfrenta el mundo.

Tan grave es el tema, que dentro de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio se pretende disminuir en tres cuartas partes y en dos terceras partes la mortalidad materna e infantil para el 2015.

Sin duda esta reforma que hoy vamos a aprobar forma parte de esas acciones que debemos los legisladores impulsar para ir combatiendo la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que es un problema grave para nuestro país.

Respecto a la mortalidad materna en México, se tiene estimado que el 75 por ciento del total de las defunciones maternas se concentra en 12 entidades federativas, principalmente en el centro y en el tan mencionado sureste de México, donde se ha dicho muchas veces que aparte de faltar infraestructura, de faltar servicios al sureste de México, hoy nuevamente se habla de que el sureste de México es de los estados, es la región donde hay más muerte materna y donde se presenta más la muerte infantil.

Hablando de Guerrero, la tasa de muerte materna es del 70 por ciento; de Chiapas, la tasa de muerte materna también 70 por ciento, y hablando de las zonas indígenas de Chiapas hablamos de un 110 por ciento, y en mi estado, el estado de Oaxaca, la tasa estatal es del 58 por ciento, que contrasta con la de 120 en las zonas indígenas.

Sin duda es un tema que les pega a las zonas rurales, pero principalmente a la gente más vulnerable, que es la que vive —mujeres y niños— en las zonas indígenas; es decir, que existe un elevado índice de mujeres que mueren en nuestro país por asistir con personas que no están calificadas o que no tienen la capacidad para atender a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Es por ello que alabo que el día de hoy se presente ante este pleno esta iniciativa que pretende que las parteras tradicionales y los técnicos de la salud sean capacitados para prestar una mejor atención materno-infantil, además de lograr una legislación que incorpore a las parteras técnicas y se contemple su práctica en el Sistema Nacional de Salud, para que también las parteras técnicas puedan acceder a plazas laborales y compensaciones dignas; de igual forma, que se aperturen nuevas escuelas de partería técnica.

Sin duda lo que estamos aprobando el día de hoy, lo que quiere esta reforma es evitar más muertes maternas y más muertes infantiles, por lo que mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, sin duda vamos a votar a favor, porque esta reforma que hoy vamos a aprobar sin duda beneficia a la gente que más lo necesita: a las mujeres y a los niños de las zonas más necesitadas de nuestro país y a las zonas indígenas de nuestro país. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo cada minuto muere una mujer por complicaciones durante el embarazo y el parto; es decir, alrededor de mil 400 mujeres cada día.

La mortalidad materna e infantil son la muestra palpable de la desigualdad social y de la inequidad de género en nuestro país. La falta de atención prenatal, la insuficiente nutrición de las mujeres y la deficiente calidad en la atención del parto son algunos de los factores que contribuyen a incrementar el riesgo de fallecer durante el embarazo o el parto, que repercuten directamente en la salud de los recién nacidos.

Lo más grave es que la mayoría de estas muertes pudieron ser evitadas, si estas mujeres hubieran contado con acceso a los servicios básicos de salud y de emergencia durante su embarazo, su parto o su puerperio.

La Organización Panamericana de la Salud señala que para una mujer en América Latina o el Caribe, las posibilidades de morir por complicaciones del embarazo son 27 veces mayor que para una mujer que vive en Estados Unidos de América. De esta forma la muerte materna se relaciona con los niveles de desarrollo y atención de la salud.

Por ello en la Cumbre del Milenio, realizada en el año 2000 en las Naciones Unidas, los gobiernos del mundo establecieron como una de las metas del milenio la reducción de la muerte materna en tres cuartas partes para el 2015.

Para el caso de México, cifras del Conapo muestran que fallecen mil 300 mujeres al año en edad reproductiva por causas relacionadas con la maternidad.

Según el informe del avance del 2005, con los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México, publicados por el gobierno federal en abril de este año, el 75 por ciento del total de las defunciones maternas se concentran en 12 de las 32 entidades federativas, con los niveles más altos en los estados del centro y del sureste mexicano.

En Guerrero y en Chiapas la tasa de mortalidad materna registradas por 100 mil habitantes, en 2003, fue de 122 y 113.2 respectivamente, casi al doble de la registrada a nivel nacional en el mismo año y un tercio más alta que las que se registraron en el país en 1990.

Aquí los datos muestran que las mujeres que habitan en municipios predominantemente indígenas tienen poco más del doble del riesgo de morir por una causa materna, que las mujeres que habitan en municipios con menos del 40 por ciento de población indígena; ello debido a la insuficiente cobertura de los servicios de salud, los problemas geográficos, la baja calidad de la prestación de los servicios y el marco económico y cultural de cada región.

Por otro lado, es necesario mencionar que para una parte de las familias indígenas la atención médica institucional no representa una opción en la atención de la salud; los patrones culturales de este sector de la población determinan que el cuidado y la atención del embarazo, parto y posparto sean reconocidas como labores que pertenecen principalmente a las mujeres, madres, abuelas, tías, suegras y parteras.

Por ello se reconoce que en el ámbito particular de la salud reproductiva las parteras tradicionales desarrollan en el medio rural e indígena un papel significativo en la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

En México el vínculo de la mujer y la salud ha existido desde los tiempos prehispánicos; existen muchos indicios en los documentos de nuestra cultura acerca de las funciones que desarrollaban las mujeres en la atención de la salud, especialmente en la atención del embarazo y parto, así como sobre la importancia del papel que ejercen las parteras.

Por tanto, las prácticas que realizan las parteras tienden a recuperar el equilibrio de la mujer y del niño durante los procesos de salud y enfermedad, y responden a una forma de entender la vida y cosmovisión del mundo. La partera desempeña y sigue desempeñando funciones importantes en la vida de las mujeres en distintos espacios geográficos del país.

Sin embargo, es importante señalar que en algunos gozan de mayor prestigio, mientras que en otros han ido desapareciendo estas prácticas. Los servicios de salud pública han ganado terreno en la atención del embarazo, parto y posparto.

En nuestro país se estima que aproximadamente el 25 por ciento de los nacimientos registrados anualmente son atendidos por parteras (Conapo, encuesta nacional de dinámica demográfica de 1997).

El proyecto de decreto pretende que a las parteras tradicionales y técnicos de la salud se les capacite para prestar una mejor atención materno-infantil. Además, para lograr una legislación que incorpore a las parteras técnicas y se contemple su práctica en el Sistema Nacional de Salud para que puedan acceder a plazas laborales y compensaciones dignas; de igual forma, para fomentar la apertura de nuevas escuelas de partería técnica.

El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de esta iniciativa, que vela en todo momento por la protección de la madre y su hijo en el momento del parto. Votará a favor de la profesionalización de las actividades de las parteras tradicionales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Luis Alberto Villarreal García: Regularmente los políticos hablan de las grandes reformas estructurales y ésas son las posiciones que los grupos, a través de sus coordinadores, presentan en esta tribuna.

El tema que hoy estamos discutiendo es un tema que, más allá de ser una reforma estructural, es una reforma humana; busca democratizar los derechos de las mujeres para que sea la mujer la que pueda determinar dónde quiere y cómo quiere que nazcan sus hijos.

Hoy, antes de que aprobemos esta reforma, si una mujer va a alguna clínica en su comunidad rural, una clínica del sistema de salud, no tiene derecho a poder acudir con la partera, no tiene derecho porque el sistema de salud público no contrata parteras para que atiendan a las mujeres en este país.

México es el país en el mundo con más cesáreas. En vez de ir a lo natural, lo que hemos es generado un sistema deforme de salud pública. En las comunidades rurales solamente 17 por ciento de las mujeres amamanta a su hijo en este país; somos el país con la tasa más baja de lactancia de toda Latinoamérica. No estamos haciendo bien las cosas. Hay más de mil mujeres que año con año perecen al dar a luz en pleno siglo XXI.

Cuando se habla de transformación, cuando se habla de modernizar a México, cuando se habla de mover a México, no estamos moviendo lo más importante, que es garantizar el derecho a la vida y democratizar la posibilidad de que las mujeres paran como se les dé su gana, que tengan ese legítimo derecho.

Esta iniciativa que se aprobó en la legislatura anterior en el Senado de la República y que hoy estamos discutiendo, esta minuta busca precisamente eso, busca disminuir la mortandad en los partos del producto y de las mujeres; busca democratizar a este país y modernizarlo.

Me acuerdo del debate en el Senado, donde decían: es que el tema de las parteras es un retroceso. Eso no es de un país de primer mundo.

Miren ustedes, en Alemania, por ley, cualquier embarazo de bajo riesgo está prohibido que lo atienda un ginecólogo, como dice el dicho: zapatero a tus zapatos, es la partera quien lleva el embarazo de la mujer hasta su conclusión con el advenimiento de un nuevo ser. En países europeos el 70 por ciento de las mujeres tienen un parto a través y con la ayuda de una partera en todos los embarazos de bajo riesgo.

Es precisamente lo que queremos, lo que queremos es darle ese derecho a la mujer, lo que queremos es llegar a darle cobertura a las mujeres en los lugares más recónditos de este país; es respetar los usos y las costumbres de las comunidades indígenas de este país; es —finalmente— un reconocimiento a la vida, un reconocimiento a las mujeres.

Por eso un servidor y mi grupo parlamentario habremos en votar en pro de esta importante, no estructural pero sí fundamental, iniciativa a favor de las mujeres y de la vida.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia no tiene conocimiento de que se vaya a reservar algún artículo. En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Damos la bienvenida a estudiantes de la Secundaria Federal Número 1, de tercero de secundaria, del estado de Querétaro, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a esta sesión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Arnoldo Ochoa González: A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, se emitieron 422 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 64 y 79 de la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo, los cuales están publicados en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y tras analizar el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

1.Con fecha 30 de abril de 2012, la diputada Carmen Margarita Cano Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual quedó enlistada en el orden del día del 30 de abril de 2012.

2. Con fecha 24 de julio de 2012 se recibió la iniciativa con número de expediente 7382 en la Comisión de Economía para estudio y dictamen.

3.Con fecha 5 de diciembre de 2012, los integrantes de la Comisión de Economía aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, la diputada proponente sostiene lo siguiente:

1. Hablar de instituciones no reguladas en leyes financieras que en forma habitual o profesional realizan operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, conocidas como “casas de empeño”, es hablar de un asunto complejo, debido a que aproximadamente 25 por ciento de ellas operan sin cumplir las normas legales mínimas de seguridad y atención a clientes.

2. La desigual distribución del ingreso en México ha propiciado que haya accesos diferenciados en las posibilidades de financiamiento de los particulares. Millones de personas que no son sujetos de crédito por las instituciones bancarias para recibir un préstamo encuentran en esta vía una opción de crédito de corto plazo, lo que origina la proliferación de ese tipo de negocios en el país entero.

3. Existe carencia de normativa que regule de manera efectiva la creación y el funcionamiento de las casas de empeño. En muchas ocasiones, no existen documentos que establezcan la personalidad del pignorante y la comprobación de la propiedad, tal es el caso de la factura, nota de venta o contrato, lo que constituye un aliciente para la venta de artículos robados.

4. En su objeto, la NOM-179-SCFI-2007, “Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”, prevé que se establezcan los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios.

5. No obstante, en el rubro número 3, “Definiciones”, se contiene la única previsión relativa a la tenencia legítima del bien de que se trate. Dice el apartado 3.19 que, para los efectos de la propia norma, se entiende por propiedad de la prenda “el derecho legal, legítimo e indiscutible de la prenda y de todo cuanto de hecho y por derecho corresponde”. Si bien en el rubro “Del contrato”, en el apartado 6.11.2 se señala que éste deberá contener el “manifiesto del consumidor donde reconoce expresamente que es el legal, legítimo e indiscutible propietario de la prenda y de todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde”, lo cierto es que esta previsión es ambigua, pues no se hace referencia a la obligación de demostrar de manera fehaciente la propiedad del bien de que se trate.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

1. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa objeto del presente dictamen.

2. La iniciativa presentada propone la adición de un quinto párrafo al artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que para realizar operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria con personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas en leyes financieras, se deberá presentar copia de la factura o documento que acredite la legítima propiedad del bien, con excepción de los casos en que la naturaleza de éste no lo permita.

3. Los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados coinciden plenamente en la importante función social y económica que han realizado las casas de empeño durante la historia del país y que ha sido realizada por instituciones de asistencia privada y por sociedades mercantiles que ofrecen al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.

4.Desde el nacimiento del Nacional Monte de Piedad, en 1775, las casas de empeño surgen de la necesidad de proveer recursos a sectores de la población que por alguna razón no son sujetos de créditos bancarios y que utilizan estos servicios para satisfacer necesidades básicas o urgentes.

5. En virtud de tan importante función, es fundamental regular la actividad que realizan para garantizar a sus usuarios certeza en el servicio, sin poner en riesgo sus derechos o los bienes sobre los cuales se realiza el contrato correspondiente.

6.Sin duda, es fundamental evitar que en la evolución de las casas de empeño su actividad sea utilizada para encubrir hechos delictivos, objetivo primario de la iniciativa que hoy se estudia.

7. En ese tenor, debe sostenerse que el Congreso de la Unión ha realizado diversos esfuerzos para regular las actividades y operaciones de las casas de empeño, teniendo como objetivos principales dar a sus usuarios certeza jurídica y desincentivar un espacio propicio para efectuar operaciones tendentes a legalizar recursos de procedencia ilícita.

8. El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que tiene por objeto regular el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

9. El artículo 17 de la citada ley establece que las actividades de las casas de empeño son consideradas actividades vulnerables, por lo cual serán sujetos obligados en términos de esa ley.

Artículo 17.Para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

...

IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos de las entidades financieras.

Serán objeto de aviso ante la secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

10.Asimismo, debe mencionarse que con fecha 18 de octubre de 2011, el pleno de la Cámara de diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 Bis y 128; y adiciona el 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de casas de empeño, reforma que tiene como objetivo regular las actividades realizadas por éstas, con la finalidad de salvaguardar los intereses de los pignorantes y otorgarles mayor seguridad jurídica.

11. Seguido su trámite legislativo, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 27 de marzo de 2012 el dictamen que modificaba la minuta enviada por la colegisladora. Actualmente, dicho proyecto se encuentra por concluir el proceso legislativo correspondiente.

12. En dicha minuta se establece, entre otras cosas, la obligación de las casas de empeño de proporcionar a la procuraduría estatal correspondiente los datos del contratante cuando racionalmente se estime que los bienes prendarios pudieran provenir de hechos ilícitos.

13. Respecto de la obligación concreta que señala la diputada proponente de presentar factura o documento que acredite la legítima propiedad del bien objeto del contrato, debe mencionarse que el artículo 798 del Código Civil Federal establece que la posesión de un bien da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales.

Artículo 798.La posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe, tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.

14. De aprobar lo propuesto por la diputada iniciante, estaríamos contraviniendo dicho principio, que ha sido regulado en nuestro sistema jurídico en virtud de la necesidad de proteger situaciones de hecho que es una constante en la sociedad. Además, se considera, iría contra la realidad que dio origen a las actividades realizadas actualmente por las casas de empeño, obstaculizando el curso de sus operaciones, en perjuicio de los usuarios.

15.En este sentido, la comisión dictaminadora estima loable el espíritu de la iniciativa presentada por la diputada Carmen Margarita Cano Villegas. Sin embargo, se considera que aquélla coincide con el trabajo realizado por Congreso de la Unión en materia de regulación de las casas de empeño, por lo que de aprobarse nos encontraríamos en el supuesto de la sobrerregulación de una misma actividad.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 30 de abril de 2012.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 5 de diciembre de 2012.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente en fecha 3 de enero de 2013, el diputado, Abraham Montes Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

2, El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la iniciativa

La iniciativa materia del presente dictamen propone una reforma al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad:

– Impulse la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas.

– Celebre convenios o contratos con los gobiernos de las Entidades Federativas, de los municipios y/o con entidades públicas y privadas, para la transformación en la iluminación del alumbrado público y;

– Cuente con el apoyo de la autoridad ambiental correspondiente, para buscar la mejor manera de aprovechar la instalación de las luminarias.

En la exposición de motivos el diputado promovente presenta un panorama sobre la situación de deterioro del medio ambiente a nivel mundial a causa de los avances tecnológicos y del uso de recursos no renovables como lo es el petróleo.

Al respecto, refiere que México ha signado diversos documentos de carácter internacional en materia de preservación y protección del medio ambiente, así como en materia de cambio climático, tales como: tratados, convenios, acuerdos, protocolos, anexos y enmiendas, mediante los cuales se ha adquirido o refrendado un compromiso relativo a afrontar el deterioro ambiental y sus consecuencias.

Asimismo, el diputado promovente hace alusión de la importancia de las fuentes renovables de energía, como son: la bioenergía, la geotérmica, la microhidráulica, la eólica, el hidrógeno, la solar, la fotovoltaica, la mareomotriz, entre otras, como una alternativa que coadyuve a proteger el medio ambiente. Destaca que México cuenta con un alto potencial de este tipo de recursos.

En relación con lo anterior, el diputado Montes destaca los sistemas de uso de energía renovable y ahorradores de energía como las luminarias leds, las cuales permiten conectarlas a sistemas fotovoltaicos, es decir, las lámparas no sólo funcionan con energía eléctrica, sino que pueden operar también con energía solar y tienen una vida útil mayor.

Al respecto, destaca que existen estudios relativos a la implementación de luminarias leds en el alumbrado público, como es el caso del Programa Avance-Última Milla emitido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dirigido a impulsar la creación de negocios basados en la exploración de desarrollos científicos y tecnológicos. Por medio de este Programa se otorgaron apoyos económicos a la línea de lámparas Apled, Ecos Innovations, por 1 millón 50 mil pesos, para las etapas de diseño y desarrollo de los productos. Agrega que los estudios arrojaron que si un municipio paga anualmente 10 millones de pesos por alumbrado público, a partir de la instalación de este tipo de lámparas pagaría entre 2 y 3 millones.

Bajo estos argumentos, el diputado Abraham Montes Alvarado propone una reforma al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en los siguientes términos (la adición propuesta en negritas):

“Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

...

Impulsará la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas. Asimismo, celebrará convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y con entidades públicas y privadas, para la transformación en la iluminación del alumbrado público. Del mismo modo, contará con el apoyo de la autoridad ambiental responsable.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la iniciativa que promueve el diputado Abraham Montes Alvarado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de esta Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Esta Comisión dictaminadora reconoce que el tema del deterioro del medio ambiente así como del cambio climático, son asuntos que por sus dimensiones, requieren de ser atendidos mediante diversas acciones que lleven a cabo en compromiso conjunto, sociedad y gobierno.

Como una medida para atender la problemática del deterioro ecológico así como el ahorro de energía, el diputado Montes propone, como ya se expuso, una adición al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la Comisión Federal de Electricidad impulse, la adopción de instalaciones en el alumbrado público de luminarias de bajo consumo y ecológicas.

Segunda. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en su artículo 4º establece las actividades que comprenden el servicio público de energía eléctrica, que son:

I. La planeación del sistema eléctrico nacional;

II. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, y;

III.La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional

De lo anterior se observa que el servicio público de energía eléctrica comprende –dicho de manera sencilla– la producción, transportación y venta de la energía eléctrica, es decir, la generación, transmisión y distribución.

Asimismo la Comisión Federal de Electricidad, al ser el organismo suministrador encargado de llevar a cabo las actividades establecidas en el artículo 4o la LSPEE, tiene entre sus facultades, el proponer programas de operación, inversión y financiamiento que requiera el servicio público de energía eléctrica, como quedó definido antes, al Ejecutivo federal.

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad cumple con promoción de la investigación científica y tecnológica en los rubros de su competencia, además de celebrar convenios o contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de actos relacionados, siempre, con la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Como se aprecia, la Comisión Federal de Electricidad, cuya función es prestar el servicio público de energía eléctrica, no puede tener competencia alguna con un servicio diferente, como es el de alumbrado público, el cual es atribución de los gobiernos municipales como se expone a continuación.

Tercera. El Estado Mexicano es una Federación en tanto que está constituido por estados libres y soberanos y por el Distrito Federal. Asimismo, dichos Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre. De esta manera se constituyen los tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 115 que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Asimismo, en el apartado III de este mismo artículo figuran las funciones y los servicios públicos que los municipios tendrán a su cargo; entre ellos, el servicio de alumbrado público (artículo 115, fracción III, inciso b) de la CPEUM).

Es decir que el alumbrado público es el servicio de iluminación que los municipios tienen a su cargo para ser proporcionado en calles, plazas, parques y lugares públicos.

Por lo anterior, la reforma planteada resulta inviable en razón de que transgrede el artículo 115 constitucional al invadir la esfera de competencia del gobierno Municipal quien tiene a su cargo el servicio de alumbrado público, servicio que no es facultad, ni obligación de la Comisión Federal de Electricidad.

Cuarta. Actualmente se encuentra en ejecución el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. Este proyecto cuenta con la participación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras).

El Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, tiene como objetivo apoyar a los municipios del país en la ejecución de proyectos de sustitución de sistemas de alumbrado público que se traduzcan en una reducción importante en el consumo de energía eléctrica.

Con este proyecto se otorga financiamiento de la banca de desarrollo a los municipios que lo requieran para la ejecución de los proyectos, buscando la recuperación del financiamiento, en su caso, a través de los ahorros económicos generados por la disminución en el consumo de energía.

Es decir, el problema que preocupa al diputado Montes Alvarado y la tarea que espera sea desarrollada después de aprobar su propuesta, ya es un proyecto que está en ejecución, por lo que se considera que el objetivo de la iniciativa que aquí se dictamina ha avanzado en su consecución.

En síntesis, en razón de lo establecido en el marco jurídico del servicio público de energía eléctrica y por las disposiciones constitucionales en materia del gobierno municipal, los integrantes de la Comisión de Energía consideran inviable la aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, asimismo se estima que los objetivos que plantea el diputado promovente son impulsados con el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal.

Por los razonamientos expuestos los integrantes de la Comisión de Energía someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

IV. Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2013.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares, Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de comisiones ordinarias

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión del 20 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 360S-II, el martes 18 de septiembre de 2012.

3. En la sesión del 25 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

4. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3610-II, el martes 25 de septiembre de 2012.

5. En la sesión del 27 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Marino Miranda Salgado (PRD) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

6. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3612-III, el jueves 27 de septiembre de 2012.

7. En la sesión del 6 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

8. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3597-II, el jueves 6 de septiembre de 2012.

Contenido de las iniciativas

• La iniciativa presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas, propone crear la comisión ordinaria de “Alimentación”. En la exposición de motivos la diputada expresa que “diputados y senadores de la LXI Legislatura constituyeron el 7 de diciembre de 2011 el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el movimiento de parlamentarios y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, para crear espacios de diálogo e impulso de reformas legislativas que permitan la ejecución de políticas públicas que contribuyan a la erradicación del terrible flagelo del hambre que afecta más de 52 millones de personas en la región y de las que en el país se encuentran más de la mitad”.

• Además de lo anterior, la iniciativa de la Diputada Bautista reconoce que la reforma constitucional aprobada en la LXI Legislatura y que el 14 de octubre del 2011 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, cuyo contenido modificó el artículo 40., a fin de reconocer el derecho a la alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, “se trata de un proceso legislativo, de gestión, de cabildeo y de concertación que significaron 17 años de intenso trabajo hasta llegar a la aprobación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y 18 Congresos locales de dicha reforma”.

• De ahí que la propuesta considere oportuna la creación de una comisión ordinaria de Alimentación, con el objetivo de atender este tema que ahora está reconocido en la Constitución.

• La iniciativa presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano, propone crear la Comisión Ordinaria de “Desarrollo Regional Sur-Sureste”.

• El proponente argumenta en su iniciativa que “la propuesta que se presenta a la consideración de esta soberanía es que se brinde atención al problema del desarrollo regional sur-sureste, mediante la conformación de la comisión ordinaria del mismo nombre ...” La conformación de la comisión especial, dice su iniciador “fue una medida inicial que permitió, hace varias legislaturas, canalizar los reclamos de las entidades de manera emergente en las últimas cuatro legislaturas. Ahora con esa experiencia, se ha madurado lo suficiente y se puede avanzar en la conformación de la comisión ordinaria para el desarrollo regional sur­sureste”.

• En ese mismo sentido la iniciativa menciona que la Comisión de Desarrollo Regional Sur-Sureste “será un espacio parlamentario adecuado para atender lo relativo al desarrollo social que establece la Constitución, así como las leyes relativas a la planeación, el desarrollo social y los decretos de gasto correspondientes en lo que hace al ramo 23”.

• La iniciativa presentada por el diputado Marino Miranda Salgado, propone crear la comisión ordinaria de “Asuntos Mineros”.

• En su exposición de motivos la iniciativa establece que “la Ley Minera y la legislación reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de minería expedida en junio de 1992, fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivas para las inversiones”; sin embargo no se obtuvieron resultados favorables pues no se contaba con un completo control de la actividad minera. Asimismo, el iniciador menciona que de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Economía, “el territorio nacional concesionado a empresas mineras para la extracción de metales y minerales del subsuelo aumentó 53 por ciento en 5 años y medio del gobierno de Felipe Calderón, al pasar de 21 millones 248 mil hectáreas en 2007, a 32 millones 573 mil hectáreas hasta junio de 2012”.

• La iniciativa presentada por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, propone crear la comisión ordinaria de “Trabajadores ex Braceros Mexicanos”. Cabe mencionar, que la propuesta se respalda a través de los siguientes argumentos: “derivado de la publicación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, el 25 de mayo de 2005, se constituyó en esta soberanía, la Comisión Especial de seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, con la finalidad de coordinar con la Secretaría de Gobernación, mediante el fideicomiso expresamente creado para dispersar los pagos a los ex braceros mexicanos”.

• Además de lo anterior, la iniciativa menciona que el fideicomiso creado para dispersar los pagos a los ex braceros mexicanos, no se ha cumplido a cabalidad por lo que es necesario que el programa siga operando con la finalidad de devolver los ahorros a los mexicanos que dejaron la mayor parte de su vida laboral en los Estados Unidos de América. De ahí que advierte la necesidad de crear una Comisión ordinaria que se haga cargo del tema.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Las comisiones son órganos de gran relevancia para que el Congreso pueda llevar a cabo sus funciones legislativas y atender de manera integral las necesidades en todos los órdenes de la problemática nacional; es preciso señalar que, para la Cámara de Diputados su sistema de comisiones es de fundamental importancia para desarrollar una eficiente labor de control político, así como de desarrollo y perfeccionamiento de la legislación nacional, en términos de los artículos 73 y 93 constitucionales.

3. La Ley Orgánica del Congreso, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados precisan que a las comisiones, según el caso de la que se trate, pueden corresponderles alguna o algunas de las funciones siguientes: De dictamen a iniciativas de ley o decreto; de solicitud, recepción y análisis de información; de control de la administración pública; de dictamen para dar cumplimiento a la facultad de designar servidores públicos; de preparación de proyectos de ley y desahogo de consultas sobre los ordenamientos que rigen el funcionamiento de la Cámara; de información y de control evaluatorio; de conocimiento y resolución de denuncias por responsabilidad de servidores públicos; y de investigación sobre el funcionamiento de las entidades de la administración pública federal.

4. De lo anterior se desprende la importancia de que la Cámara de Diputados cuente con órganos legislativos fuertes y con facultades claramente definidas, que le permitan desempeñar su labor de control y evaluación, de manera eficaz.

5. El artículo 39, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso, que se refiere a la materia y competencia de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados establece que “las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal”.

6. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que las materias que ocupan a las iniciativas aquí dictaminadas, actualmente están siendo atendidas en las comisiones ordinarias que integran la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo siguiente:

• En lo que respecta al tema de alimentación, está contenida en los temas de la Comisión de Desarrollo Social y de Economía, de acuerdo a la competencia de las secretarías del mismo nombre, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 32 y 34 respectivamente. “A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales...”. “A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: IX. Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población; XI. Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;...

• Por cuanto al tema sur-sureste, ésta propuesta puede considerarse superada, porque la materia es atendida actualmente por la Comisión de Desarrollo Social, de acuerdo a la competencia de la Secretaría del mismo nombre, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 32: “A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 1. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; II. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;

III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores;...

Además de lo anterior, el tema del sur-sureste ahora se atenderá través de la recién creada Comisión ordinaria “Asuntos Frontera Sur-Sureste”.

• Respecto al tema de asuntos mineros, podemos afirmar que corresponde a una materia que atiende la Comisión de Economía, que en correspondencia con la Secretaría el ramo, analiza y dictamina los asuntos que señala artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos (...) XXVII. Formular y conducir la política nacional en materia minera; XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar; XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente (...)

• Por último, el tema de los trabajadores ex braceros mexicanos está contenido en la materia que atiende la recién creada Comisión de Asuntos Migratorios.

7. Las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, promovidas con el fin de incrementar el número de comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, han dado como resultado la proliferación de estos órganos en su carácter ordinario de manera desproporcionada, a pesar del mandato expreso de la Ley Orgánica, en el artículo 39, párrafo tercero, que como ya se apuntó, señala que las comisiones deben corresponderse con las dependencias y entidades de la administración pública federal.

8. El pasado mes de octubre del presente año, conforme el acuerdo de los grupos parlamentarios, se presento y aprobó por el pleno de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de octubre de 2012, con el objetivo de crear once nuevas Comisiones ordinarias, tomando en consideración las propuestas de los legisladores, así como “el nuevo entorno social, político y económico del país, se hace necesario general una nueva configuración respecto de la cantidad y nomenclatura en algunos de los órganos legislativos de la Cámara de Diputados, así como en su competencia que permita presentar una atención con mayor especificidad en las materias que se atienden”. Así, se conformaron nuevas comisiones ordinarias con temas diversos, con el fin de atender los requerimientos que a través de diversas legislaturas se habían expresado, en asuntos de sur-sureste, protección civil, asuntos migratorios, entre otros.

9. Esta dictaminadora estima que la aprobación de las iniciativas que aquí se resuelven, generarían mayor complejidad en la integración actual de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, así como duplicarían sus funciones o disminuyendo su capacidad técnica y distorsionando su relación con las dependencias y entidades del Ejecutivo federal.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponernos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desechan las siguientes iniciativas:

l. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD).

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD).

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Marino Miranda Salgado (PRD).

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT).

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria del día 19 del mes de diciembre de 2012.

Nota:

1 Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 16 de octubre del 2012.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica) Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, se turnó para estudio, análisis y dictamen correspondiente, dos iniciativas con Proyecto de Decreto que adicionan: una fracción VIII al artículo 2 y una fracción IX al artículo 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, 182, numerales 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fechas 11 de julio de 2012 y 22 de agosto de 2012, el diputado Jorge Kahwagi Macari integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ante el pleno de la Cámara de Diputados de esta Soberanía, dos iniciativas con proyecto de decreto por el que adicionan: Una fracción VIII al artículo 2 y una fracción IX al artículo 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, ambas con la finalidad de fomentar la investigación y desarrollo de las energías renovables en nuestro país.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó, para estudio, análisis, y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa en comento a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

3. El día 15 de enero de 2013, esta Comisión solicitó prórroga para realizar el proceso de dictaminación.

4. El 18 de enero de 2013, la Mesa Directiva notificó la autorización de la ampliación de turno de este asunto para dictamen.

II. Contenido de las iniciativas

Las iniciativas refieren:

Que en México es importante fomentar y apoyar la investigación y el desarrollo de nuevas energías renovables más compatibles con el ambiente y que no contribuyan al cambio climático.

Que es claro que a pesar de las regulaciones producto de la reforma energética, y de las diferentes disposiciones legales que crean el marco regulatorio para las energías renovables, sigue haciendo falta una visión de Estado más amplia y ambiciosa.

Que aún en los instrumentos de planeación del sector energético nacional se plasma una participación minoritaria de las energías renovables para generar electricidad para el servicio público y privado en el país, por lo que consideramos necesario atacar de distintos frentes el problema.

Que por la magnitud y complejidad de las tareas a realizar en el contexto nacional, es necesaria una planeación paulatina y fundamentada en un marco legal adecuado, lo cual será un paso fundamental para su desarrollo y consolidación en el sistema energético mexicano.

Que, si bien las energías renovables cuentan con un marco legal que se ha ampliado en los últimos años, su participación en la generación de energía es aún marginal y su aprovechamiento está muy por debajo del potencial existente en el país; por ello, es necesaria una visión más incluyente que permita crear una verdadera diversificación de la matriz energética nacional más allá de los combustibles fósiles.

Que, como parte de este esfuerzo, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en la materia, la coordinación entre los diferentes actores de la administración pública federal y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es necesaria para poder lograr una mayor promoción de las energías renovables.

Que México firmó su adhesión al Protocolo de Kioto como país miembro del Anexo II el 9 de junio de 1998 y la ratificó en septiembre del año 2000. Éste protocolo, surgido en diciembre de 1997 bajo la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, convoca a una reducción de las emisiones de los gases invernadero, lo cual consideramos se logrará paralelamente de la utilización de energías limpias y renovables como la que ésta iniciativa de reforma busca incentivar a través de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Que, nuestro país al signar el Protocolo de Kyoto se compromete a:

Artículo 2. ...

a) Aplicará o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales; por ejemplo, las siguientes:

I. a III. ...

IV. Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas ecológicamente racionales;

Que, en la Conferencia Internacional para las Energías Renovables, la cual tuvo lugar en la ciudad de Bonn del 1 al 4 de junio de 2004, contando con la participación de 154 países, entre ellos México, estableció distintos puntos importantes, entre ellos los siguientes:

1. Las energías renovables, “junto con una mayor eficiencia energética, pueden contribuir significativamente el desarrollo sustentable, a proveer acceso a la energía, especialmente para los pobres, a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y a reducir la perjudicial contaminación del aire, creando así nuevas oportunidades económicas y aumentado la seguridad energética a través de la cooperación y la colaboración”.

2. El compromiso de los países participantes de aumentar de manera sustancial y con carácter urgente la participación global de las energías renovables en la oferta energética.

3. El apoyo al fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales en energías renovables a través de

• Desarrollo de capacidades para el análisis de políticas y el asesoramiento tecnológico, la educación y la integración de la dimensión de género.

• Aumentar la conciencia de los beneficios de estas energías entre los tomadores de decisiones y las entidades financieras.

• Promover la demanda de tecnologías de energías renovables.

4. Se recalca la necesidad de realizar más investigación y desarrollo sobre energías renovales, específicamente en países en desarrollo y en transición, enfatizando su carácter asequible y su costo reducido, y la innovación tanto en modelos de negocios y financiamiento como en modelos de efectividad y reducción de costos para los consumidores.

Que, es evidente la necesidad de una mayor labor política, legislativa, educativa y tecnológica, para lograr un mayor desarrollo de las energías renovables.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Esta comisión después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa expuesta considera dictaminar en sentido negativo el proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 25 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, por el cual se establece que los convenios celebrados por las secretarias de estado y las entidades de la Administración Pública Federal con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá por objeto otorgar apoyos para la realización de proyectos de inversión para el desarrollo de energías, sustentables con base en:

Primera.Esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera que la Ley de Ciencia y Tecnología es consecuente con las características de ser general, abstracta e impersonal; señalando la característica de abstracción se define como el supuesto en el que los hechos, actos y situaciones a los que se aplica y las consecuencias que derivan de tales supuestos se extienden a todos aquellos de idéntica índole, no determinando con exactitud los límites para la aplicación de la misma, y no admitiendo una cuantificación o determinación rigurosa, por lo que reformarla para adicionar la temática de energías renovables la orienta hacia la especificidad.

Segunda. Esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera que en la redacción de la actual Ley de Ciencia y Tecnología se establecen como fines “los que determinen para el fomento y el desarrollo de la innovación en el programa de ciencia, tecnología e innovación”, siendo contemplado el campo de investigación, promoción y desarrollo las energías renovables, por tanto, es innecesario la existencia de una regulación específica para dicho tema.

Tercera. Finalmente esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera que en la “Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética” se estipulan la regulación y fomento de dichas energías.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ciencia y Tecnología, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 22 de agosto de 2012.

Segundo. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 Bis y recorriendo la subsecuente de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 11 de julio de 2012.

Tercero.Archívense los expedientes correspondientes como asuntos totalmente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días de enero de 2013.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), presidente; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), secretarios; Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Fernando Zamora Morales (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 1, 5, 6, 10 y 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, se turnó para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo a los artículos 1, 10 y 12 y una fracción a los artículos 5 y 6, de la Ley deCiencia y Tecnología.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral, 1 fracción IV, 176, 182, numerales 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración esta soberanía el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 1o. de agosto de 2012, el diputado Jorge Kahwagi Macari integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo a los artículos 1, 10 y 12 y una fracción a los artículos 5 y 6, de la Ley de Ciencia y Tecnología.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó, para estudio, análisis, y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa en comento a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

3. El día 15 de enero de 2013, esta Comisión solicitó prórroga para realizar el proceso de dictaminación.

4. El 18 de enero de 2013, la Mesa Directiva notificó la autorización de la ampliación de turno de este asunto para dictamen.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa refiere:

Que, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es uno de los factores que tiene mayor impacto sobre el progreso de la sociedad contemporánea. Como tal, se ha fortalecido de manera tal que su rápido avance es imparable; ha logrado unir a un mundo globalizado a su máxima expresión, y los logros que se dan en los distintos países pioneros en la materia, se han tenido que encaminar hacía objetivos que fortalezcan el pleno desarrollo de lo más importante que tiene éste mundo: las personas.

Que la reforma de 2011, en materia de derechos humanos, otorga el goce y garantía de los mismos a todas las personas en territorio mexicano, tal y como lo indica el artículo 1o. de la Carta Magna:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”

Que en materia de derechos humanos se interpretará de conformidad a la propia constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo a las personas en todo tiempo con la protección más amplia.

Que dentro de los tratados internacionales firmados por México, la “Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad”, se establece la preocupación internacional hacia el uso de los logros derivados de las investigaciones en ciencia y tecnología, es decir, la comunidad global a través de dicha declaración, crea un tratado para garantizar que los objetivos de los distintos avances en la materia en cuestión, se vean encaminados por la línea del respeto a los derechos humanos, así como a la carrera por garantizar los mismos, teniendo repercusiones positivas sobre todos los estratos de la sociedad.

Que dicha declaración proclama los siguientes puntos:

1. Todos los Estados promoverán la cooperación internacional con objeto de garantizar que los resultados del progreso científico y tecnológico se usen en pro del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la libertad y la independencia, así como para lograr el desarrollo económico y social de los pueblos y hacer efectivos los derechos y libertades humanos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

2. Todos los Estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por órganos estatales, para limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de derechos humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes.

3. Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población.

4. Todos los Estados deben abstenerse de todo acto que entrañe la utilización de los logros científicos y tecnológicos para violar la soberanía y la integridad territorial de otros Estados, intervenir en sus asuntos internos, hacer guerras de agresión, sofocar movimientos de liberación nacional o seguir políticas de discriminación racial. Estos actos no sólo constituyen una patente violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del derecho internacional, sino que además representan una aberración inadmisible de los propósitos que deben orientar al progreso científico y tecnológico en beneficio de la humanidad.

5. Todos los Estados cooperarán en el establecimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo, con miras a acelerar la realización de los derechos sociales y económicos de los pueblos de esos países.

6. Todos los Estados adoptarán medidas tendientes a extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su integridad física e intelectual.

7. Todos los Estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.

8. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces, incluso de orden legislativo, para impedir y evitar que los logros científicos se utilicen en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad de la persona humana.

9. Todos los Estados adoptarán medidas, en caso necesario, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes que garantizan los derechos y las libertades humanos en condiciones del progreso científico y tecnológico.

Por tanto y para dar consecución a lo antes descrito, propone la siguiente modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología:

Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 1.

I. a IX. ...

Para el pleno cumplimiento de lo anterior, deberá asegurarse que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuyan a la realización más plena posible de los derechos humanos.

Segundo. Se adiciona una fracción IX al artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología, recorriendo en su orden los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 5.

I. a VIII. ...

IX. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

X. ...

Tercero. Se adiciona la fracción IX del artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 6.

I. a VIII. ...

IX. Establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia, resultados e impactos de los principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; asegurándose que los logros contribuyan a la realización más plena posible de los derechos humanos.

X. a XI. ...

Cuarto. Se adiciona el primer párrafo del inciso c) de la II fracción del artículo 10 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 10.

I. ...

II. ...

a) ...

b) ...

c) ...

El informe anual procurará especificar los resultados y el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación, destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo. Igualmente, deberá contener un análisis detallado de la contribución que los logros en ciencia y tecnología han tenido sobre los derechos humanos.

...

Quinto. Se adiciona un párrafo al artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a XX. ...

...

Para cualquier apoyo que el gobierno federal otorgue de acuerdo a los principios anteriores, se deberá tomar en cuenta en primera instancia, que los objetivos de los distintos programas beneficiados, estén orientados a contribuir a la realización más plena posible de los derechos humanos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realizará las adecuaciones correspondientes a su reglamento en término de 180 días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

Esta comisión después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa antes expuesta dictamina en sentido negativo el proyecto de decreto que adiciona un párrafo a los artículos 1, 10 y 12 y una fracción a los artículos 5 y 6, de la Ley de Ciencia y Tecnología con base en:

Primera.Las modificaciones propuestas por el legislador en su iniciativa de reforma a diversos artículos y fracciones de la Ley de Ciencia y Tecnología se consideran innecesarias por estar contempladas en otras legislaciones aplicables, según se muestra a continuación:

Segunda. Por lo descrito en la consideración primera, esta Comisión de Ciencia y Tecnología contempla que la tutela de los derechos humanos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo innecesario hacer una modificación a una ley secundaria como lo es la Ley de Ciencia y Tecnología para contribuir a la realización plena de los derechos humanos en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ciencia y Tecnología, somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a los artículos 1, 10 y 12 y una fracción a los artículos 5 y 6, de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 1o. de agosto de 2012.

Segundo. Archívense los expedientes correspondientes como asuntos totalmente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días de enero de 2013.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), presidente; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), secretarios; Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Fernando Zamora Morales (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 Bis y adiciona el 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura, se turnó para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la  iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 Bis y adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, 182, numerales 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

Con fechas 15 de agosto de 2012, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 9 Bis y adicionar un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de incrementar el monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, el cual no sea menor al 2 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

1. En la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó para estudio, análisis, y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó, para estudio, análisis, y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa en comento a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

3. El 15 de enero de 2013 esta Comisión solicitó prórroga para realizar el proceso de dictaminación.

4. El 18 de enero de 2013, la Mesa Directiva notificó la autorización de la ampliación de turno de este asunto para dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa refiere:

Que, los problemas y retos más apremiantes en México provienen de una lamentable falta de inversión en materia de educación y que de acuerdo con los expertos en planeación global, a nuestro país le falta articular las cadenas de valor del conocimiento, que empiezan por la educación superior, ciencia y tecnología para innovar y que culminan en la creación de riqueza y empleos bien remunerados, o sea, bienestar general, gobernabilidad, recaudación fiscal y seguridad social.

Que, dada la falla no está sólo en la educación escolarizada, que conduce a la vida académica en los máximos niveles. Hace falta también esa educación que proviene del roce social en la familia, la región, el barrio o la colonia. Hemos acumulado un grave déficit en la inversión pública y privada en este rubro, y hemos perdido, al mismo tiempo, la tranquilidad del futuro de la sociedad y, por lo mismo, la capacidad para crear empleos de alta calidad. En esta perspectiva, los sectores sociales, incluyendo a sus gobiernos regionales y federal, y a sus organismos e instituciones privadas y públicas, son corresponsables del deterioro de la textura social.

Que México requiere con urgencia crecer para elevar sus niveles de bienestar. La ciencia, la tecnología y la innovación tienen una función estratégica primordial en el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo integral.

Que la política en ciencia y tecnología en nuestro país se encuentra en un proceso de transición de una política gubernamental a una política pública. Esto ha puesto en evidencia distintas tensiones jurídicas, programáticas, institucionales y organizativas al interior del sistema de Ciencia y Tecnología.

Que para establecer una política de Estado en la materia se debe tener la convicción de que el conocimiento, la educación y la investigación se traducen en desarrollo e innovaciones tecnológicas y son factores determinantes del crecimiento económico, el progreso y la elevación del nivel de vida de la población, tal como se ha reflejado en los países desarrollados y en aquellos emergentes que están desarrollándose rápidamente al asumir esta convicción en una política pública permanente, consistente y de largo plazo.

Que en México la educación básica ha sido tema prioritario de los gobiernos federales desde siempre. México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que hoy destina la mayor fracción del gasto público a ello. En la actualidad tenemos una cobertura casi total en el nivel básico.

Que existe un bajo número de investigadores científicos y tecnólogos en nuestro país y una baja velocidad a la que esta comunidad se reproduce. Este problema nace de una oferta educativa que disminuye progresivamente a medida que se avanza en los estudios, pasando de coberturas cercanas a 100 por ciento en la educación básica a 60 en media y a 30 en superior, lo cual es claramente inconsistente con los cambios en el perfil poblacional actual del país. En el nivel educativo más alto –maestría y doctorado– también hay baja eficiencia de las instituciones educativas, en parte debida a una política gubernamental reciente de congelamiento virtual de plazas para investigadores en instituciones públicas que desanima a los jóvenes interesados en optar por carreras en ciencia y tecnología.

Que, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha impulsado un progreso considerable en fomentar niveles educativos más altos y de mayor calidad, a través de sus políticas de becas, de estandarización de programas educativos y de mejora en la eficiencia terminal. Sin embargo, estamos lejos de las metas que pondrían al país en los niveles que corresponden a su economía.

Que durante el sexenio pasado el gasto público en ciencia y tecnología se ha multiplicado en más del doble, sin embargo, la cifra destinada aún no repercute de manera significativa en el producto interno bruto (PIB), el cual representa apenas el 0.5 por ciento. Basta señalar que para 2012, el presupuesto del ramo 38, “Ciencia y tecnología”, es de 21 mil millones de pesos, lo que representa 0.46 o 0.47 por ciento del PIB, muy por detrás de Brasil, que invierte 1.2 por ciento.

Que México requiere de un esfuerzo sustancial para ampliar la cobertura de las Instituciones de Educación Superior para aumentar el acceso de jóvenes, ya que en la actualidad sólo 2 de cada 10 de entre 19 y 24 años alcanzan este nivel.

Que en México existe un número insuficiente de personas dedicadas a la investigación, apenas 1.2 investigadores por cada mil miembros de la Población Económicamente Activa, lo que demuestra que nuestro país enfrenta un déficit importante en el número de graduados de doctorado y, en general, de profesionales de la ciencia y tecnología que realicen trabajos de investigación de alta calidad.

Que de conformidad con información del Gobierno Federal, 575 mil mexicanos con niveles escolares de maestría o doctorado han emigrado a Estados Unidos y Europa por la falta de oportunidades de empleo en nuestro país. Cifra que aumenta anualmente a 20 mil profesionistas con postgrado, quienes solo encuentran ofertas laborales en el extranjero y que dicha fuga de talentos, le ha costado a México más de 100 mil millones de pesos, cantidad cuatro veces superior al presupuesto asignado a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional.

Que, la inversión pública en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB se ha mantenido estancado en 0.35 (+ 0.05) durante las últimas tres décadas, colocándonos por debajo de la media entre los países latinoamericanos y del Caribe (0.6), en particular de Brasil (1 por ciento), Chile (0.7) y Argentina (0.5), así como entre los dos últimos lugares de la OCDE.

Por tanto, la legisladora propone reformar el artículo 9 Bis y adicionar un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología, proponiendo la siguiente redacción.

Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor de 2.0 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley.

Artículo 20. (...)

(...)

El monto anual destinado a fomentar el Programa Especial no podrá ser inferior al monto estipulado por el artículo 9 Bis de esta Ley.

Transitorios

Primero. Que El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Que Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Esta comisión después de hacer un análisis exhaustivo de la iniciativa expuesta, dictamina en sentido negativo el proyecto de decreto que reforma el artículo 9 Bis y adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de incrementar el monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios– destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, el cual no deberá ser menor de 2 por ciento del Producto Interno Bruto del país, sustentables con base en lo siguiente:

Primera. Esta Comisión de Ciencia y Tecnología considera que es necesario instrumentar apoyos y mecanismos para la participación de otros sectores de la economía nacional que permitan alcanzar niveles de inversión superiores al 2 % del PIB que redunde en un mejor desarrollo social y económico de nuestra población.

Segunda.Esta Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura asume lo asignado por las distintas representaciones políticas en el “Pacto por México” y en lo específico por lo establecido en el Compromiso No. 46 de dicho documento, el cual estipula que la inversión en ciencia y tecnología para el presente sexenio en nuestro país alcanzará el 1% del Producto Interno Bruto.

Tercera. Por tanto y sin soslayar la importancia de la iniciativa para destinar un 2% del Producto Interno Bruto al sector ciencia y tecnología nacional, esta Comisión determina que hasta no alcanzar el 1% estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, el poder legislativo no impulse una modificación normativa al respecto, la cual considere las condiciones económicas prevalecientes en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ciencia y Tecnología, somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 Bis y se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 de agosto de 2012.

Segundo.Archívese el expediente correspondiente como asunto totalmente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días de enero de 2013.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), presidente; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), secretarios; Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López, Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Fernando Zamora Morales (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el presente dictamen a partir de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 23 de noviembre de 2010 el diputado César Daniel González Madruga del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Turismo la Iniciativa en comento para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Con Fecha 20 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió copia del Dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de las Ley General de Turismo.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa muestra que el turismo a escala mundial aporta alrededor del 11 por ciento de la economía, siendo uno de los sectores más importantes y dinámicos; además de ser un generador de uno de cada once empleos y contribuye con una considerable suma de divisas a los países con economías emergentes favoreciendo así de manera directa, al desarrollo regional.

La materia de la iniciativa que da a lugar el presente dictamen, establece criterios normativos mínimos orientados al desarrollo de un turismo sustentable que contribuya a la protección y conservación del medio ambiente. Desde la perspectiva internacional tomando como referencia el Panel intergubernamental de Cambio Climático que señala que América Latina y el Caribe se deberá prestar especial atención a las actividades turísticas para el diseño de políticas en materia de adaptación, mitigación y vulnerabilidad al cambio climático ya que se prevén impactos considerables. Se ha declarado al cambio climático como el principal desafío del siglo para las generaciones presentes y futuras.

Relativo a su contenido a continuación se presenta un cuadro comparativo que permite apreciar las reformas propuestas en la Iniciativa de los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10 Y 23 de la Ley General de Turismo.

Consideraciones de la iniciativa

Si bien es innegable que la actividad turística en nuestro país es un importante motor del desarrollo en diversas regiones, los ingresos derivados de la actividad turística para México en el 2007, representaron más de 12 mil millones de dólares, aportando alrededor del 7 por ciento del producto interno bruto generando el 14 por ciento de los empleos en el país. Según el índice de Competitividad de Viajes y Turismo.

Dadas las condiciones actuales del desarrollo de la actividad turística, México no figura entre los 20 países más atractivos del mundo para realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector. Pero entre los países que conforman América Latina, México se encuentra en la posición número seis.

Sin embargo, el turismo ha demostrado ser una industria dinámica que tiende a integrar las nuevas demandas de la sociedad, por ello la actual administración de la Secretaría de Turismo, decidió integrar en su agenda de prioridades el Impulsar las zonas turísticas sustentables; toda vez que es innegable la relación simbiótica que existe y la cual ocupa tanto al sector privado y social, como al terreno gubernamental. En este último ámbito, el Programa Sectorial de Turismo 2007­2012 incorpora ocho objetivos sectoriales, entre los cuales se plantea la concurrencia de políticas para la sustentabilidad ambiental, el aprovechamiento sustentable de los recursos, el fortalecimiento de la regulación ambiental y el fortalecimiento de los sistemas de calidad.

Entre los retos a enfrentar por el sector turismo, se encuentran las alteraciones a los ecosistemas naturales, las emisiones generadas por los transportes con la finalidad de llevar a las personas a los destinos turísticos, y el consumo de energía para llevar a cabo las operaciones y servicios turísticos.

En cuanto a los impactos del cambio climático, se conoce que el clima es un recurso esencial para el turismo, especialmente para la playa, naturaleza y deportes de invierno, segmentos de turismo. El cambio climático y los patrones climáticos en los destinos turísticos y países generadores de turismo pueden afectar significativamente el confort de los turistas y sus decisiones de viaje. El cambio de patrones de demanda y de los flujos turísticos tendrá un impacto en los negocios de turismo y en las comunidades de acogida, así como afectar sectores relacionados como la agricultura, la artesanía o la construcción. En los pequeños estados insulares y los países en desarrollo, donde el turismo es una actividad económica importante, cualquier reducción significativa en las llegadas de turistas tendría graves repercusiones en el empleo.

Como un antecedente referenciado la iniciativa cita que desde la 1a. Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo, convocada por la OMT en Djerba, Túnez en 2003, permitió generar un creciente cuerpo de conocimiento sobre las complejas relaciones entre el sector turismo y el cambio climático, mediante importantes investigaciones de las actividades asociadas a este tema.

En la actualidad existe un amplio reconocimiento de la urgente necesidad de la industria del turismo, los gobiernos nacionales y organizaciones internacionales para elaborar y aplicar estrategias para hacer frente a las condiciones de cambio climático y tomar medidas preventivas para efectos futuros, así como para mitigar los impactos ambientales que el turismo contribuye al cambio climático. Además, estas estrategias deben tener también en cuenta las necesidades de los países en desarrollo en términos de mitigación de la pobreza y otros Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para evitar pérdidas futuras en el sector turismo del país se requieren tomar medidas de adaptación que incluyan mejoras en los reglamentos de construcción de instalaciones turísticas para soportar los impactos de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reconoce la necesidad de adaptarse a los impactos previsibles de la variabilidad y el cambio climático. La capacidad de adaptación, definida como la habilidad de un sistema para ajustarse al cambio climático para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias, será el mecanismo para reducir la vulnerabilidad en México.

La Iniciativa busca incorporar el concepto de cambio climático en las actividades turísticas que ofrece el país, para desarrollar estrategias de vulnerabilidad, adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El objetivo de la propuesta en comento es el de responder a los retos actuales, tendiente a que el sector público y privado dedicado al turismo, dediquen sus esfuerzos en elaborar una estrategia para colaborar con esta situación y frenar lo máximo posible el impacto negativo del cambio climático y apoyar al turismo sostenible.

Que es neCésario recordar que el turismo y, así las actividades que se desarrollan en épocas invernales, dependen en gran medida de las condiciones climáticas, por esto resulta de vital importancia que estas, no se vean afectadas por cuestiones extremas como el impacto ambiental derivado entre otras cosas de la contaminación.

Consideraciones de la Comisión Dictaminadora

Si bien es innegable la afectación que el cambio climático generaría en la actividad turística nacional y que el objetivo fundamental de la iniciativa en comento es frenar lo máximo posible el impacto negativo de éste y apoyar al turismo sustentable, además de contribuir a la protección y conservación del medio ambiente, en la misma no se mencionaron los esfuerzos que vienen realizando los tres órdenes de gobierno, para la prevención, mitigación y combate del cambio climático.

De igual manera la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 32 Bis fracción XVI para que ésta combata al Cambio Climático.

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono;

Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 2 , fracción V define como utilidad pública:

I...

II...

III...

IV...

V.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Por su parte el artículo 5 fracción XXI establece que son facultades de la Federación:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

XVI...

XVII...

XVIII.

XIX...

XX...

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Por su parte el artículo 7 fracción XXI establece que corrresponde a los Estados con lo dispuesto en la ley en comento y de las leyes locales en la materia la facultad para:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

XVI...

XVII...

XVIII.

XIX...

XX...

XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

El artículo 8 fracción XVI faculta a los Municipios para:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

En lo referente a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el artículo 15 fracción IV, establece para la formulación y ejecución de la política ambiental, que el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: ..

I...

II...

III...

IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;

En lo concerniete a la regulación ambiental de los asentamientos humanos, el artículo 23 fracción X, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

IX...

X. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.

Por último el artículo 41 de multicitado ordenamiento establece que “El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, asimismo promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia”.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Turismo y para los efectos de lo dispuesto por la fracción G del artículo 72 de la’ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo presentado por el diputado César Daniel González Madruga del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre 2012

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez  Gavilán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda  Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el presente dictamen a partir de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 9 de diciembre de 2010, por el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

2. Con fecha 3 de marzo de 2011, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicho dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo fuera turnado a la Comisión de Turismo.

3. Con fecha 28 de abril de 2011 la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados encargada del análisis y elaboración del dictamen correspondiente al proyecto presentado por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, presentó ante el pleno el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo; mismo que fue aprobado con 347 votos a favor.

4. En sesión celebrada con fecha 29 de abril de 2011, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remite el dictamen con proyecto de decreto.

5. Con esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha minuta con proyecto de decreto fuera turnada a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

6. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta con proyecto de decreto citada, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente dictamen.

7. El 17 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Senadores devolvió desechando la minuta propuesta por esta colegisladora para efectos del inciso D) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. El 24 de abril mediante oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió oficio mediante cual se devolvía la minuta del Senado de la República devolviendo la minuta en comento.

9. El 20 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, remite a la Comisión de Turismo copia del dictamen en sentido negativo de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo.

Materia de la minuta

La minuta proyecto de decreto enviada por la colegisladora, de manera sucinta, tiene como finalidad:

1. Facultar al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), para que impulse una imagen del país que promueva los atractivos patrimoniales, naturales, culturales y cualquier otro con valor turístico de nuestro país, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

2. Propone una redacción que proporcione eficiencia a la aplicación de la reforma en las esferas de competencia de la Secretaría de Turismo y del CPTM por lo que establece que la secretaría en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, nacional e internacional, determine las políticas que aplicará para impulsar, fomentar y promover la imagen del país, tanto al interior como exterior de los atractivos patrimoniales, naturales, culturales e históricos, cualquier otro con valor turístico de México, generando con ello una continua inserción en los mercados internacionales, considerando objetivos estratégicos de diversificación de la oferta, de estacionalidad e incremento de rentabilidad, a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México.

3. La minuta sostiene que el fortalecimiento del Consejo de Promoción Turística, redundará en que pronto una de las actividades más importantes del país, que es el turismo, recobrará su vitalidad y aportará a las finanzas que se vieron afectadas por las recientes crisis económica y sanitaria. Además, afirma que el turismo necesita de acciones positivas que lo potencialicen, y la reforma al artículo 38 para afianzar las facultades del Consejo de Promoción Turística es una de ellas.

Consideraciones de la Cámara de Senadores

1. Que mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2009, el gobierno del Distrito Federal promovió demanda de controversia constitucional en contra de la aprobación y expedición del decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformó la fracción VI y se derogó la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente por cuanto a su artículo primero, por el que se expidió la Ley General de Turismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda de controversia constitucional y formó el expediente 71/2009, al que posteriormente recayó el auto de admisión y aceptación a trámite.

2. En este sentido, si bien la promoción de la citada controversia constitucional no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, así como tampoco interrumpe los plazos legislativos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República estimaron de especial relevancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa de éste órgano.

3. Finalmente la colegisladora considera que si bien la expedición del reglamento respectivo por parte del Ejecutivo federal no interrumpe los plazos legislativos, estas comisiones estiman de especial importancia conocer la normatividad reglamentaría de la Ley General de Turismo. Así, se ha estimado que de realizar una reforma como la propuesta en el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se propone establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

Esta Comisión de Turismo concuerda con los razonamientos emitidos por la colegisladora, en conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo y sobre la importancia de conocer la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo.

Así, se ha estimado que de realizar una reforma como la propuesta en la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se propone establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Turismo y para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable Asamblea, el presente Dictamen a partir de los siguientes:

Antecedentes

1. A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente, el expediente con número DGPL61 II60909, que contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 fracción X, 9 fracción VII, 23 fracciones II y III, 28 fracción II, 29 fracciones II y III, 30; y se adicionan los artículos 9, con una fracción VII Bis y 26, con un segundo párrafo de la Ley General de Turismo, presentada por el Diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Con fecha 4 de octubre de 2011, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, encargada el análisis y elaboración del dictamen correspondiente a la Iniciativa presentada por el Diputado Víctor Manuel Báez Ceja, presentó ante el pleno el dictamen a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo en materia de ordenamiento turístico del territorio; mismo que fue aprobado con 389 votos a favor.

4. En sesión Celebrada con fecha 6 de octubre de 2011, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remitió la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo en materia de ordenamiento turístico del territorio.

5. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Minuta con proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

6. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, la Minuta con proyecto de Decreto citada, se procedió a su ·estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar dictamen.

7. El 17 de abril de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores devolvió desechando la Minuta propuesta por esta colegisladora para efectos del inciso D) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. El 24 de abril mediante oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados/ recibió oficio mediante cual se devolvía la Minuta del Senado de la República devuelve la multicitada Minuta.

9. El 20 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite la Minuta en comento a la Comisión de Turismo

Materia de la Minuta

La Minuta proyecto de Decreto remitida por la colegisladora comprende entre otros aspectos:

• Incluir el término “Ordenamiento Turístico del Territorio”, a fin de que la política turística se lleve a cabo bajo criterios ecológicos y de sustentabilidad, de manera compatible y de conformidad con los usos y reservas determinados por el ordenamiento ecológico del territorio.

• Facultar a los gobiernos de las entidades federativas para que formulen, expidan y ejecuten Programas de Ordenamiento Turístico Regional, que abarquen la totalidad o parte del territorio de la entidad federativa.

• Permitir a los municipios expedir y ejecutar Programas de Ordenamiento Turístico Local.

Además se propone explicitar que en la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberán considerarse criterios de la vocación de cada zona o región en función de su estado de preservación, considerando los recursos turísticos, la distribución de la población, las actividades económicas predominantes, su vulnerabilidad, capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático, los ecológicos y de sustentabilidad, todo ello de conformidad con las leyes de la materia.

De igual manera se consideran especialmente la capacidad de carga de los ecosistemas, sus procesos ecológicos y el mantenimiento de su integralidad, así como la naturaleza y las características de la biodiversidad.

Asimismo la Minuta en comento pretende reformar los artículos 3 fracción X, 9 fracción VII, 23 fracciones II y III, la fracción II del Artículo 28, II y III del artículo 29 y artículo 30 se adiciona una fracción VII bis al artículo 9, un segundo párrafo al artículo 26 para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

IX...

X. Ordenamiento Turístico del Territorio: Instrumento de la política turística bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer, planificar e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, en compatibilidad y de conformidad con los uso y reservas determinados por el ordenamiento ecológico del territorio y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y de asentamientos humanos;

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

XVI...

XVII...

XVIII.

XIX...

XX...

XXI...

Artículo 9. Corresponde a los estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I...

II...

III...

IV...

V...

VI...

VII. Formular, evaluar y ejecutar los Programas Locales de Ordenamiento Turístico del Territorio, con la participación que corresponda a los Municipios respectivos;

VII BIS. Participar en la formulación, expedición, ejecución y elaboración de los Programas de Ordenamiento Turístico Regional en coordianción con el ejecutivo federal y/o las autoridades municipales comprendidas en el respectivo territorio y en ámbito de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley.

VIII...

IX...

X...

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

XVI...

XVII...

XVIII.

XIX...

XX...

XXI...

Artículo 23 ...

I...

II. La vocación de cada zona o región, en función de su estado de preservación, considerando los recursos turísticos, la distribución de la población, las actividades económicas predominantes, su vulnerabilidad, y capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático;

III. Los ecológicos y de sustentabilidad de conformidad con las leyes en la materia, considerando especialmente la capacidad de carga de los ecosistemas, sus procesos ecológicos y el mantenimiento de su integralidad, así como la naturaleza y características de la biodiversidad que habita en la zona o región para su preservación;

IV...

V...

VI...

VII...

VIII...

Artículo 26...

Los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, en los términos del párrafo anterior, podrán formular, expedir y ejecutar Programas de Ordenamiento Turístico Regional, que abarquen la totalidad o un parte del territorio de una entidad federativa.

Artículo 28...

I...

II. Proponer los criterios de ordenamiento turístico, de conformidad con los determinados en los ordenamientos ecológicos del territorio y los planes o programas de desarrollo urbano, así como de uso del suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos, y

III...

Artículo 29...

I...

II. Las autoridades municipales harán compatibles sus ordenamientos turístico~ del territorio, con los ordenamientos ecológicos del territorio, y sus planes .~ “­programas de desarrollo urbano y uso del suelo.

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya una Zona de Desarrollo Turístico Sustentable, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, según corresponda:

IV...

...

Artículo 30. La Secretaría deberá definir la postura técnica que respalde a favor o en contra según sea el caso, respecto de la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento turístico regional y local, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Consideraciones de la Cámara de Senadores

La colegisladora consideró importante destacar:

1. Que mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2009, el Gobierno del Distrito Federal promovió demanda de controversia constitucional en contra de la aprobación y expedición del DECRETO por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformó la fracción VI y se derogó la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente por cuanto a su artículo primero, por el que se expidió la Ley General de Turismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda de controversia constitucional y formó el expediente 71/2009, al que posteriormente recavó el auto de admisión y aceptación a trámite.

2. En este sentido, si bien la promoción de la citada controversia constitucional no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, así como tampoco interrumpe los plazos legislativos, los integrantes de la comisión dictaminadora del Senado de la República estimaró de especial relevancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa de éste órgano.

3. Finalmente la colegisladora considera que si, bien la expedición del Reglamento respectivo por parte del Ejecutivo Federal no interrumpe los plazos legislativos, estas Comisiones estiman de especial importancia conocer la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo.

Así, se ha estimado que de realizar una reforma como la propuesta en la Minuta, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se propone establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Consideraciones de la Comisión Dictaminadora

Esta Comisión de Turismo concuerda con los razonamientos emitidos por la Cámara de Senadores, en lo relativo a la Controversia que mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2009, el Gobierno del Distrito Federal promovió demanda de controversia constitucional en contra de la aprobación y expedición del Decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformó la fracción VI y se derogó la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente por cuanto a. su artículo primero, por el que se expidió la Ley General de Turismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda de controversia constitucional y formó el expediente 71/2009, al que posteriormente recayó el auto de admisión y aceptación a trámite.

En este sentido, si bien la promoción de la citada controversia constitucional no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, así como tampoco interrumpe los plazos legislativos, los integrantes de la comisión dictaminadora estima de especial relevancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa de éste órgano.

Finalmente si bien es cierto que la expedición del Reglamento respectivo por parte del Ejecutivo Federal no interrumpe los plazos legislativos, esta Comisión estima de especial importancia conocer la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo.

Así, se ha estimado que de realizar una reforma como la propuesta en el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversa disposiciones de la Ley General de Turismo, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se propone establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Turismo y para efectos de lo dispuesto por la fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único: Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez  Gavilán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda  Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz  Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el presente dictamen a partir de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 1o. de marzo de 2011, por el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que dicha iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Turismo.

3. Con fecha 27 de septiembre de 2011, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, encargada el análisis y elaboración del dictamen correspondiente a la Iniciativa presentada por el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, presentó ante el pleno el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo; mismo que fue aprobado con 391 votos a favor y 9 en contra.

4. En sesión celebrada con fecha 04 de octubre de 2011, por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remite la minuta con proyecto de decreto en dictamen.

5. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Minuta con Proyecto de Decreto fuera turnada a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

6. Una vez remitida a estas Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, la Minuta con Proyecto de Decreto citada, se procedió a su estudio, análisis y valoración, a efecto de elaborar el presente dictamen.

7. El 17 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Senadores devolvió desechando la minuta propuesta por esta colegisladora para efectos del inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. El 24 de abril mediante oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió oficio mediante cual se devolvía la minuta del Senado de la República devolviendo la minuta en comento.

9. El 20 de noviembre de 2012 mediante oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite copia a la Comisión de Turismo de la minuta que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, para emitir dictamen.

Materia de la minuta

La minuta proyecto de decreto enviada por la colegisladora, de manera sucinta, tiene como finalidad:

Facilitar a las personas adultas mayores las oportunidades para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible. Para tal efecto, propone que los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas adultas mayores cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

En el dictamen emitido por la colegisladora establece que, si bien es cierto que el concepto legal de adulto mayor se encuentra establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la Ley General de Turismo no se contempla y por tanto su tratamiento normativo sólo queda suscrito desde la perspectiva de los programas institucionales.

Consideraciones de la Cámara de Senadores

1. Que mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2009, el gobierno del Distrito Federal promovió demanda de controversia constitucional e:l contra de la aprobación y expedición del decreto por el que se expidió la Ley General de Turismo y se reformó la fracción VI y se derogó la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concretamente por cuanto a su artículo primero, por el que se expidió la Ley General de Turismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda de controversia constitucional y formó el expediente 71/2009, al que posteriormente recayó el auto de admisión y aceptación a trámite.

2. En este sentido, si bien la promoción de la citada controversia constitucional no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, así como tampoco interrumpe los plazos legislativos, los integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado de la República estimaron de especial relevancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la constitucionalidad de la Ley General de Turismo, para que los cuerpos normativos, sean producto del trabajo autónomo pero armónico de los Poderes de la Unión, sin que esto sea un impedimento para continuar con la función legislativa de éste órgano.

3. Finalmente, la colegisladora considera que si, bien la expedición del Reglamento respectivo por parte del Ejecutivo federal no interrumpe los plazos legislativos, estas Comisiones estiman de especial importancia conocer la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo. Así, se ha estimado que de realizar una reforma como la propuesta en el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, se requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se propone establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Consideración de la comisión

La Comisión de Turismo comparte los razonamientos jurídicos establecidos por la colegisladora en el sentido de esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia y a la publicación de la normatividad reglamentaria de la Ley General de Turismo, ya que el realizar una reforma como las propuestas en el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, requeriría de un nuevo ejercicio de elaboración, análisis y dictamen de las disposiciones que reglamentarán dichos preceptos que se proponen establecer dentro de la Ley General de Turismo.

Por lo expuesto, la Comisión de Turismo y para efectos de los dispuesto en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único: Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 18 y 19 de la Ley General de Turismo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea este dictamen, a partir de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 20 de septiembre de 2011, el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan nuevas disposiciones al artículo 8 de la Ley General de Turismo, con el propósito de contribuir a la sustentabilidad de la industria turística nacional.

2. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Turismo para estudio y dictamen.

3. Con fecha 9 de febrero de 2012, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo, que fue aprobado con 283 votos a favor y 7 abstenciones.

4. Con fecha 14 de febrero, la Cámara de Senadores recibió oficio de la Cámara de Diputados mediante el cual se remite la minuta con proyecto de decreto en dictamen.

5. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió turno a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda.

6. Con fecha 10 de marzo de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, para que se dictamine la iniciativa en comento.

7. Con fecha 28 de marzo de 2012, las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos emitieron dictamen en sentido negativo.

8. Con fecha 4 de septiembre de 2012, la Presidencia de la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo.

9. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Turismo la minuta en comento para dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo, de manera sucinta, tiene como finalidad que la Secretaría de Turismo coordine con las dependencias y las entidades competentes de la administración pública federal las acciones conducentes cuando la actividad turística de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada, o esté en peligro de serlo, por contingencias por las que se decrete un estado de salubridad general.

Asimismo, se establece que la contingencia confirmada por la Secretaría de Salud el 19 de julio de 2011, en la que se registraron 72 mil 548 casos confirmados de influenza A (H1N1), de los que mil 316 fueron registrados como defunciones, afectó gravemente a algunos sectores productivos de la economía, entre ellos el de la actividad turística. El panorama negativo, que se acrecentó en los días posteriores a la situación de emergencia, ocasionó que casi la totalidad de los turistas extranjeros ocuparan los vuelos de regreso a sus países, y los hoteles y las zonas de playa se vaciaran, así como la quiebra de pequeños negocios y la pérdida de miles de empleos.

Ante la contingencia, la Secretaría de Salud implantó acciones coordinación con los gobiernos estatales y demás sectores involucrados y afectados por tal fenómeno.

De tal manera, la iniciativa en comento considera prevenir las consecuencias que se deriven de futuras emergencias sanitarias y que como ya está dispuesto en la Ley General de Turismo, que preceptúa la necesaria coordinación de acciones entre las dependencias de la administración pública cuando concurran también contingencias a causa de un estado de salubridad general.

Por su parte, las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos del Senado de la República estimaron que era innecesario aprobar la minuta, toda vez que actualmente, entre los objetivos principales en materia de concurrencia y coordinación de autoridades de la Ley General de Turismo, ya se encuentra establecida la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno (federación, entidades federativas y municipios), como fijan diversas disposiciones contenidas en el título segundo, “De la concurrencia y coordinación de autoridades”, de la ley de la materia.

Del mismo modo se duplicarían diversas disposiciones del marco jurídico que regula la materia sanitaria y que ya cuentan con un amplio esquema de coordinación y concurrencia. Tal es el caso del Programa de Acción Urgencias Epidemiológicas y Desastres.

Asimismo, se argumenta que hay una controversia constitucional contra la aprobación y expedición del decreto por el que se expide la Ley General de Turismo, promovida por el gobierno del Distrito Federal, y aun cuando la citada controversia no suspende los efectos de la Ley General de Turismo, es de suma importancia conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad de la Ley General de Turismo. Por último, se considera también relevante que el Ejecutivo federal expida el Reglamento de la Ley General de Turismo para conocer la normativa reglamentaria de la multicitada ley.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

La Ley General de Turismo, en el capítulo segundo, “De la concurrencia y coordinación de autoridades”, ya prevé participación del gobierno federal, así como de las entidades federativas y los municipios con base en los siguientes artículos:

Para el gobierno federal:

Artículo 4.Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a través de la secretaría

I. a IX. ...

X. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

Para los estados y Distrito Federal aplica

Artículo 9. Corresponden a los estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. a XIII. ...

XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

Para los municipios:

I. a XI. ...

XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

Asimismo, la Comisión de Turismo concuerda con los razonamientos emitidos por la colegisladora en cuanto a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad de la Ley General de Turismo y sobre la importancia de conocer la normativa reglamentaria de la Ley General de Turismo.

Por lo expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Turismo somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Román Quian Alcocer, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quintana León, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro, Silvano Blanco Deaquino, Jéssica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbricas).»

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue devuelta, por la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la minuta con proyecto de decreto que reforman el inciso i de la fracción III, del Artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del Diputado José Luis Blanco Pajón, el 26 de marzo de 2009, en la LX Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 fracción 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 85, 157 fracción 1, 176, 182 y demás correlacionados del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, corresponde a los Diputados integrantes de la Comisión de Pesca deliberar respecto al asunto previamente citado, a partir de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 26 de marzo de 2009, el diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el él inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Ley general de Pesca y Acuacultura Sustentables.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó en expediente 5764 con la iniciativa a la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria del 15 de abril de 2009, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX legislatura, aprobó con trescientos trece votos, la iniciativa citada, turnándola a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión ordinaria celebrada el 16 de abril de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta en comento y la turnó a las  Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria del 2 de diciembre de 2010, celebrada en la Cámara de Senadores se aprobó dictamen de la Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, por el que se declara sin materia el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

6. En sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2010, en la Cámara de Diputados se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que se devuelve el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso i, de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para efectos de lo dispuesto en la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Descripción de la minuta

La minuta tiene como finalidad actualizar la legislación en materia pesquera y acuícola con el fin de que los recursos para fomento de la pesca y la acuacultura incluyan los costos de los cursos de capacitación que establece la autoridad marítima a los pescadores ribereños. La minuta objeto del presente dictamen reforma el inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Lay General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 24

Primera. La Comisión de Pesca, en su calidad realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la Minuta con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dicta

I. y II ....

III a  h ...

i. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios para el desarrollo productivo y competitivo de la pesca y la acuacultura que incluyan, entre otros aspectos, los recursos necesarios para cubrir los costos derivados de los cursos de capacitación y la actualización para la obtención de Certificados de Competencia, Licencias o Libretas de Mar clase “8” o Tarjetas de Control, que impone esta Ley, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y demás normatividad aplicable al sector pesquero ...

Con base en los antecedentes y la descripción mencionados, los integrantes de la Comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Pesca, en su calidad de comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la minuta referida con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda.Una vez valorado el alcance del contenido de la minuta referida, esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora, en que, de aprobarse esta iniciativa en los términos que propone, se estaría contraviniendo el carácter general de la ley, que busca dar atención a las necesidades del sector pesquero acuícola en su conjunto, no únicamente a una parte de un sector.

Tercera. Aunado a lo anterior, esta Comisión verificó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su quinto informe, correspondiente al periodo 2010-2011, reportó que en coordinación con la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) que se capacitó a 10 mil 886 pescadores ribereños y prestadores de servicios turísticos, reflejando el 42 por ciento más respecto al mismo periodo anterior. También se encuentra contemplado en su programa anual de trabajo 2012, del que todavía no hay un informe de resultados.

Esta Comisión de Pesca de la LXII Legislatura considera que las razones utilizadas por la Cámara de Senadores para determinar desechar la minuta son contundentes y correctas, por lo que hace suya la posición de la Cámara de Senadores, así como las argumentaciones que aquélla expresa.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión d LXII Legislatura, someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha en su totalidad la minuta a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2012.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), secretarios; Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), , Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica).»

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue devuelta por la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, presentada el 19 de noviembre de 2008, en la LX Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 a 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, fracción I, 176, 182 y demás correlacionados del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a los integrantes de la Comisión de Pesca deliberar respecto al asunto citado, a partir de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 20 de noviembre de 2008, el diputado Carlos Orsoe Morales Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4, se derogan las fracciones IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXXV, XXXVI y XXXIX del artículo 8 y se adiciona el capítulo III al título cuarto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con objeto de precisar cuestiones relativas a la figura que inviste a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como sus facultades y atribuciones.

2. El 21 de noviembre de 2008, la Mesa Directiva turnó la citada iniciativa a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2009, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó con 329 votos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2009 se recibió en el Senado la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. En sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2010 se aprobó el dictamen presentado ante el pleno del Senado de la República, por 88 votos a favor y 2 en contra, por lo que se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Descripción de la minuta

La minuta objeto del presente dictamen tiene como finalidad actualizar la legislación en materia pesquera y acuícola a fin no sólo de precisar la definición de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) sino, también, de distinguir las facultades y atribuciones de ésta de las de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la materia. En ese sentido, la minuta objeto del presente dictamen propone adicionar una nueva fracción XV, recorriéndose las demás fracciones del artículo 4o., el artículo 8o. Bis y deroga las fracciones IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XIX, XX, XXI, XIII, XXVII, XXXV, XXXVI y XXXIX del artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la Comisión de Pesca formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. La Comisión de Pesca, en su calidad de comisión dictaminadora, realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la minuta referida, con objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Esta comisión coincide con la colegisladora en que la adición del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para definir la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es improcedente, ya que se hace referencia a la Conapesca se encuentra en la fracción XLIII de ese artículo, que en efecto dispone que las referencias a la Sagarpa aluden a la Conapesca, con excepción de los casos en los que corresponda al Senasica.

Tercera. Los integrantes de la comisión consideramos, del mismo modo, que las fracciones que el diputado Morales propone derogar del artículo 8o. tratando de evitar repeticiones de facultades y atribuciones que la Sagarpa tiene ya reconocidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal causaría problemas de aplicabilidad en la ley, ya que habría conflictos de competencia entre las facultades de la Conapesca y la Sagarpa y hasta con las del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Cuarta. Igual que la colegisladora, esta comisión dictaminadora considera improcedente lo que propone la minuta en lo que el primer párrafo del artículo 8o. Bis que se pretende adicionar, que dispone que la Conapesca sería un órgano administrativo desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, porque sólo los órganos descentralizados tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, como disponen los artículos 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Y aunque el legislador plantea que no es objeto de la presente reforma descentralizar la Conapesca, sino dotarla de autonomía técnica y de gestión, razón suficiente para desechar las propuestas planteadas, ya que sería necesario plantear reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de varios artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y otros tantos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y adecuaciones del Reglamento Interno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las cuales irían encaminadas a la descentralización de la dependencia.

Quinta. Del mismo modo, esta comisión dictaminadora considera improcedente la adición del párrafo 8o. Bis, en el que se dispone que en materia de pesca y acuacultura, la Conapesca será el órgano ejecutor de las facultades y atribuciones conferidas a la Sagarpa, ya que se encuentra considerado en la fracción XLIII del artículo 4o. de la ley vigente, que la minuta objeto del presente dictamen no propone derogar y traslada las fracciones derogadas al actual artículo 8o. Bis, sin que ello tenga efectos distintos de los que ahora tiene la ley vigente.

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, someten a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta sobre la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por el diputado Carlos Orsoe Morales, de la LX Legislatura.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2012.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica en abstención), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica en abstención).»

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo.Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Ruego a la Secretaría dé cuenta de una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Luis Alberto Villarreal García cause baja como integrante en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Luis Alberto Villarreal García cause baja como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

• Que el diputado Jorge Humberto Vega Vázquez cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De enterado. Comuníquese.

ARTICULOS 19 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Sergio Manzur Quiroga, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, permítame un segundo, diputado. Sonido en la curul de la diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidente. En virtud de que —por lo que estamos viendo— pasaremos a presentación de iniciativas, estamos viendo que no tendremos oportunidad de hacer uso de la palabra en lo que tendría que ver con relación a algunos dictámenes de punto de acuerdo.

Sin embargo, quiero aprovechar este espacio, en virtud de que no podré hacerlo desde la tribuna una vez que se ha cambiado el orden del día, pero no quiero dejar de manifestar la indignación particular de su servidora, como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y también de nuestra bancada, la de la Revolución Democrática, por los hechos lamentables, indignantes, que se suscitaron en el municipio de Chimalhuacán, en donde fue violada una adolescente y su novio fue asesinado por policías municipales.

Me parece que este Congreso debería de expresarse en ese sentido. Seguramente estaremos en la próxima sesión haciendo uso de ese derecho, pero no queríamos dejar desapercibido ese hecho tan lamentable, en el que exigiremos, por supuesto, que se le dé el seguimiento —como tiene que ser— por parte de la Procuraduría para dar respuesta a quien fue violada agresivamente y también al adolecente que fuera asesinado. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención formará parte del Diario de los Debates.

Solamente le informo que desde la Mesa Directiva tuvimos conocimiento del interés de distintos grupos parlamentarios de que hubiera, por lo menos, una ronda de iniciativas, en razón de que hace cinco sesiones que no las hay, pero entiendo perfectamente el tema de los dictámenes con punto de acuerdo y espero que en la próxima sesión los podamos desahogar.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para comentar que nos extraña esa liberalidad con la que mueven el orden del día, sin ninguna consideración a este pleno, primero los dictámenes negativos. Pero no quisimos reparar en ello por ser un trámite que ameritaba menor tiempo, pero sí hay 15 dictámenes de punto de acuerdo de diferentes comisiones que ya estaban listados.

Aquí se aprobó el orden del día y sin decir ninguna consideración ni someter la modificación del orden del día se está pasando directamente a lo de las iniciativas de ley. Queremos señalarlo, porque no puede haber esta falta de seriedad, merecemos respeto, al margen de que se puedan dar después las rondas de iniciativas había ya puntos de acuerdo.

Respecto a lo expresado por la diputada Verónica, también nos solidarizamos y hay un punto de acuerdo que presentamos para que se revise el caso de la menor de edad violada y el novio asesinado en Chimalhuacán, estado de México; el tema del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, con la violación también de una italiana por elementos de la policía municipal, y en Cajeme, Sonora, también una violación a una originaria de Venezuela. Eso también nosotros lo señalamos en su oportunidad. Pero el tema es la alteración del orden del día.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención también quedará registrada en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Creo que no es menor lo que ha mencionado mi compañero diputado Ricardo Mejía.

Aquí tengo en mis manos el anexo que edita la Gaceta Parlamentaria, en el que se establece una ruta en esta sesión, y de manera —por decir lo menos— caprichosa, se va modificando desde hace por lo menos cuatro sesiones.

Estoy escuchando lo que usted nos está diciendo, pero no hay de por medio ninguna justificación de carácter reglamentario.

Quiero decirle que además me sumo a lo que ha mencionado la diputada Verónica Juárez Piña, es gravísimo que estos temas no estén subiendo a tribuna, cuando semana tras semana tenemos agresiones en contra de niñas, niños y adolescentes.

Tenemos que ver la forma, aunque las sesiones duren más tiempo, de incorporar estos temas que son de suma importancia.

Agradezco mucho que me dé la posibilidad de hacer este planteamiento y por supuesto que toda nuestra solidaridad con las víctimas de Chimalhuacán y con las niñas, niños y adolescentes de todo el país. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Al igual que los dictámenes con punto de acuerdo, también las iniciativas tienen muchas sesiones agendadas, no habíamos podido llegar a estos capítulos.

Espero que en la próxima sesión podamos desahogar también ya los dictámenes con punto de acuerdo. De todas maneras las intervenciones han quedado registradas. Adelante, diputado Manzur.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeros diputadas y diputados, la posesión, portación, fabricación, comercio, importación y exportación ilícita de armas de fuego genera altos costos humanos y económicos y está asociada con múltiples formas de criminalidad y violencia. Las armas aceleran los conflictos, la delincuencia, la violencia en el territorio nacional y conducen, eventualmente, a la desintegración social.

De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, América Latina es la región del mundo con la mayor violencia armada, con 42 por ciento de los homicidios cometidos con armas de fuego.

En este contexto, el combate al tráfico de armas y los delitos que con ellas se cometen es un tema de trabajo que debe ser central para esta honorable Cámara. Los registros de incidencia delictiva del fuero común que realizó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2012, arrojan que entre enero de 2007 y noviembre de 2012 se cometieron en el país 53 mil 312 homicidios. De estos, los reportados con armas de fuego se incrementaron en un 134 por ciento en el año 2012, en comparación con el año 2007.

Asimismo, de conformidad con reportes elaborados, se menciona que México ocupa el lugar número 13, de entre 23 naciones del continente, donde se han cometido más homicidios con armas de fuego.

Por otro lado y según estudios del doctor Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, solamente una de cada 300 armas en el país está registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

La situación es crítica y se deben tomar medidas urgentes. La obligación primordial del Estado es salvaguardar la vida y la integridad de los mexicanos, como parte de su compromiso con los derechos humanos. Para ello se requiere emprender acciones en todos los niveles de gobierno, que pongan fin a la angustia que invade a miles de familias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por lo que corresponde a esta soberanía es necesario revisar de manera integral el marco legal que regula lo relativo a las armas de fuego, a efecto de llevar a cabo las medidas conducentes que permitan al Estado tener un mayor control en la materia y con ello disminuir lo que se ha convertido en los años recientes en la preocupación social por antonomasia.

Actualmente, con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y con las demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes, en los términos en que se encuentran no se ha logrado evitar que la posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación, almacenamiento y transportación de armas sin la licencia respectiva, sea de los delitos que más comúnmente representan peligro para la sociedad, ya que se atenta contra la vida y la integridad corporal de las personas.

En atención a ello se propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir en éste los delitos de posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas de armas de fuego sin la autorización legal respectiva, a efecto de que el juez pueda ordenar la prisión preventiva o juiciosa cuando se dé cualquiera de estas conductas delictivas.

Para lograr una mayor colaboración y coordinación entre la federación y los estados en el combate de los delitos de posesión de armas de fuego, así como para garantizar una respuesta eficaz del Estado en este creciente fenómeno delictivo y dotar de mejor nivel de seguridad a los ciudadanos es necesario otorgar competencia a los estados de la República y a la capital para conocer y resolver sobre los delitos que nos ocupan a través de la concurrencia en la materia, por lo cual se propone adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con estas reformas lo que se busca es prevenir, inhibir y combatir los delitos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas por ser las conductas que más dañan el tejido social. No podemos permitir que se siga derramando más sangre de los mexicanos inocentes. Por ello los exhorto a votar a favor de esta iniciativa, que significa fortalecer la seguridad pública y fomentar la paz social. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Sergio Manzur Quiroga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de los diputados integrantes de la coordinación del estado de México y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 y se adiciona una fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma determina.

Bajo esta tesitura, existen diversos instrumentos internacionales tendentes a proteger la vida y la seguridad de las personas, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 3 se establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”; asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que señala lo siguiente: “Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

En razón de lo anterior, es contundente, tanto a nivel nacional como internacional, la obligación primordial del estado de salvaguardar la vida y la integridad de las personas, como parte fundamental de los derechos humanos.

Es innegable que existen conductas que agreden seriamente a la sociedad, mismas que se agravan cuando se cometen con armas de fuego, ocasionándose lesiones y homicidios de diferente índole, todos dignos de atención, cuyo origen es, sin lugar a dudas, la posesión o portación de un arma en sus diferentes formas.

Estos delitos se presentan con un índice muy elevado, ya que sólo en 2012 se cometieron en nuestro país quince mil cuatrocientos homicidios y lesiones con arma de fuego, entre dolosas y culposas.

Este contexto se hace necesario revisar de manera integral el marco legal que regula lo relativo a las armas de fuego, a efecto de llevar a cabo las medidas legislativas conducentes que permitan al estado tener un mayor control en la materia, ya que según estudios del doctor Ernesto Villanueva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, solamente una de cada trescientas armas en el país están registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con lo anterior, se podría impactar en la disminución de lo que se ha venido convirtiendo, además, en una preocupación social.

Lo que se busca es prevenir, inhibir y combatir los delitos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas; ello, en razón de que con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que data de 1972, y con las demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes, en los términos en que se encuentran, no se ha logrado evitar que la posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación, almacenamiento y transportación de armas, sin la licencia respectiva, sean de los delitos que más representan peligro para la sociedad, ya que se atenta contra la vida y la integridad corporal de las personas.

De esta manera, en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Asimismo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula el control de todas las armas del país, lo que incluye la posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas (almacenamiento y transportación), así como las sanciones para el caso de transgresión a este ordenamiento, las cuales pueden ser:

I. Multa, por:

a) Posesión de armas sin haber hecho la manifestación de las mismas ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

b) Posesión de armas, cartuchos o municiones en lugares no autorizados.

c) Asistir armados a manifestaciones y celebraciones públicas, a asambleas deliberativas, a juntas en que se controviertan intereses o a cualquier otra reunión afín.

d) Posesión de cartuchos en cantidades superiores a las permitidas.

II. Penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa por la portación de armas permitidas y las de los deportistas de tiro y cacería, sin tener expedida la licencia correspondiente.

II. Penas de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa por la transmisión de la propiedad de un arma, sin el permiso correspondiente.

III. Por la portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea:

a) Prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de bayonetas, sables y lanzas.

b) Prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de revólveres calibre .357 magnum y los superiores a .38 especial y pistolas calibre 9 milímetros. Parabellum, Luger y similares, las .38 súper y comando y las de calibres superiores.

c) Prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea que no estén enunciadas en los incisos anteriores.

V. Por el acopio de armas, sin el permiso correspondiente:

a) Prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, tratándose de revólveres calibre .357 magnum y los superiores a .38 especial y pistolas calibre 9 milímetros, Parabellum, Luger y similares, las .38 súper y comando y las de calibres superiores.

b) De uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa cuando se trate de bayonetas, sables y lanzas.

c) Prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, si se trata de armas diversas a las comprendidas en los incisos anteriores y que sean de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

VI. Por la posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea:

a) Prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de bayonetas, sables y lanzas.

b) Prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, tratándose de revólveres calibre .357 magnum y los superiores a .38 Especial y pistolas calibre 9 milímetros, Parabellum, Luger y similares, las .38 súper y comando y las de calibres superiores.

c) Prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas diferentes a las mencionadas en los incisos anteriores y que sean de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

VII. Por la posesión de cartuchos en cantidades mayores a las permitidas:

a) Prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas permitidas, las de los deportistas de tiro y cacería, revólveres calibre .357 magnum y los superiores a .38 especial, pistolas calibre 9 milímetros, Parabellum, Luger y similares, las .38 súper y comando y las de calibres superiores.

b) Prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si los cartuchos son para las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, con excepción de las mencionadas en el inciso anterior.

VIII. Por la importación clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se sancionará de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa.

IX. Por la importación clandestina de armas de fuego que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se impondrá de tres a diez años de prisión.

X. A los comerciantes de armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos, se impondrá una sanción de dos a diez años de prisión.

XI. Por la fabricación, exportación o comercio de armas, municiones, cartuchos y explosivos, sin el permiso correspondiente, y a quien disponga indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se les impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa.

XII. Pena de tres meses a tres años de prisión a quien, sin el permiso respectivo, compre explosivos y transporte, organice, repare, transforme o almacene los objetos, que son materia de la ley de armas y explosivos.

XIII. Pena de un mes a dos años de prisión y de dos a cien días multa, a quien maneje fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás establecimientos que se dediquen a las actividades reguladas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin ajustarse a las condiciones de seguridad a que estén obligados; remita los objetos materia de la ley que se analiza, si el transporte se efectúa por conducto de empresas no autorizadas, y enajene explosivos, artificios y substancias químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones o personas que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otra parte, en el artículo 160 del Código Penal Federal se establecen como tipos penales la portación, fabricación, importación o acopio, sin un fin lícito, de instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas; asimismo, precisa que “estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos”.

De igual forma, en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales se clasifican los delitos graves, para todos los efectos legales, entre los que se encuentran los siguientes tipos penales contenidos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

a) Portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

b) Acopio de armas, con excepción de bayonetas, sables y lanzas.

c) Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, con exclusión de los incisos a), b) e i) del artículo 11 de la Ley en comento.

d) Importación clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

e) Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, prevista en el artículo 84 Bis, párrafo primero.

Al respecto, es preciso señalar que, actualmente, sólo los ilícitos mencionados en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, por ser conductas catalogadas como graves por la legislación procesal penal federal, no alcanzan el beneficio de libertad provisional (artículo 399, fracción IV del Código Federal de Procedimientos Penales); por ende, los imputados de estos delitos son sometidos a prisión preventiva oficiosa.

En atención a ello, se estima necesario establecer medidas legislativas más efectivas contra los ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por ser de las conductas que más dañan al tejido social. En tal razón, se propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir en éste, los delitos de posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas de armas de fuego, sin la autorización legal respectiva, a efecto de que el juez pueda ordenar la prisión preventiva oficiosa, cuando se actualice cualquiera de estas conductas delictivas.

Asimismo, para lograr una mayor colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal en el combate a los delitos de posesión y portación ilícita de armas de fuego, así como para garantizar una respuesta eficaz del estado a este creciente fenómeno delictivo y dotar de mejores niveles de seguridad a los ciudadanos, es necesario otorgar competencia a las entidades federativas y al Distrito Federal para conocer y resolver sobre el delito que nos ocupa, a través de la concurrencia en la materia, para lo cual se propone adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente iniciativa reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se somete a la consideración de ese Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 y se adiciona la fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como por posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas de armas de fuego, sin la autorización legal respectiva, y los demásdelitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

Artículo 73....

I. a la XXIX-Q. ...

XXIX-R. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de armas de fuego.

XXX. ...

Transitorios

Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente decreto.

Notas:

1. Adoptada por la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Fecha de Adopción 10 de diciembre de 1948.

2. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, mediante resolución XXX, Bogotá, Colombia. Fecha de Adopción: 02 de mayo de 1948.

3. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2012, con corte al 31/12/2012. Fuente: Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Incidencia_Delicti va_Nacional_fuero_comun

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.— Diputados: José Sergio Manzur Quiroga, María del Rocío Corona Nakamura,  Brenda Marí Izontli Alvarado Sánchez, Laura Barrera Fortoul, Leticia Calderón Ramírez, Marco Antonio Calzada Arroyo, Angelina Carreño Mijares, Maricruz  Cruz Morales, Francisco Javier Fernández Clamont,  Erika Yolanda Funes Velázquez, Blanca Estela Gómez Carmona, Irazema González Martínez Olivares, Rosalba Gualito Castañeda, Gerardo Xavier Hernández Tapia,  Silvia Márquez Velasco, José Isidro Moreno Árcega, Tanya Rellstab Carreto,  Roberto Ruiz Moronatti, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Cristina Ruiz Sandoval, Rosalba de la Cruz Requena, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Miguel Sámano Peralta, Rosendo Serrano Toledo, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Leobardo Alcalá Padilla, Rodimiro Barrera Estrada, María Esther Garza Moreno, Alma Marina Vitela Rodríguez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Joaquina Navarrete Contreras, Jhonatan Jardines Fraire, José Luis Esquivel Zalpa, Salvador Ortiz García, Domitilo Posadas Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza, Verónica Carreón Cervantes, Juan Marcos Issa Salomón, Oscar Bautista Villegas, José Everardo Nava Gómez, Alliet Mariana Bautista Bravo, Adán David Ruiz Gutiérrez, Irma Elizondo Ramírez, Eligio Cuitláhuac González Farías, José Luis Flores Méndez, AlfioVega de la Peña, Luis Alfredo Murguía Lardizabal, Alfa Eliana González Magallanes, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Luis Olvera Correa, Abraham Montes Alvarado, Adriana Fuente Téllez, José Ignacio Duarte Murillo, Laura Ximena Martel Cantú, Rafael González Resendiz, César Reynaldo Navarro de Alva, Minerva Castillo Rodríguez, José Noel Pérez de Alba, Harvey Gutiérrez Álvarez, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, María Guadalupe Velázquez Díaz, Gabriela Medrano Galindo, Mónica García de la Fuente, Carla Alicia Padilla Ramos, María del Carmen  García de la Cadena Romero, Socorro de la Luz Quintana León, Ernesto Núñez Aguilar, María Rebeca Terán Guevara, Patricia Elena Retamoza Vega, Miguel Ángel  Aguayo López, María Angélica Magaña Zepeda, Antonio de Jesús Díaz Athié, Blanca María Villaseñor Gudiño, Maricela Velázquez Sánchez, Francisca Elena Corrales Corrales, Adriana Hernández Iñiguez,  Faustino Félix Chávez, Francisco Alberto Zepeda González, Leonor Romero Sevilla, Emilse Miranda Munive, Martha Gutiérrez Marique, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Ma Elena Cano Ayala, Petra Barrera Barrera, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Dulce María Muñiz Martínez, Elvia María Pérez Escalante, María Concepción Navarrete Vital, Judit Magadalena Guerrero López, Martha Edith Vital Vera, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Adolfo Bonilla Gómez, Landy Margarita Berzunza Novelo, Delvim Fabiola Barcenas Nieves, Julio César Flemate Ramírez, Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, Cristina Olvera Barrrios, José Luis Márquez Martínez, J. Pilar Moreno Montoya, María Rebeca Terán Guevara, María Celia Urciel Castañeda, Arturo Cruz Ramírez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Roy Argel  Gómez Olguín, María del Socorro Ceseñas Chapa, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Luis Antonio González Roldán (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Jhonatan Jardines, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire (desde la curul): Señor presidente, por su conducto para solicitarle al diputado promovente que me permita adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Como no tiene inconveniente el diputado Manzur, le pido a la Secretaría que pueda recabar la firma del diputado Jardines. La iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, en fechas recientes hemos visto, hemos constatado, hemos vivido los problemas, las dificultades a las que se ha enfrentado el Instituto Federal Electoral por una serie de controversias, que sin duda afectan la vida de esta importante institución para la democracia mexicana.

Conscientes de que corresponde a esta Cámara de Diputados hacer todo el proceso para la designación de los consejeros, considero prudente y además necesario tomar el tiempo que se requiera para hacer las reformas y los ajustes necesarios a la norma correspondiente, en este caso al Cofipe, para poder tener los elementos suficientes para poder hacer las designaciones correspondientes.

Por ello hoy presento una iniciativa de reforma al artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque estoy convencido de que en la norma vigente existe una falta de claridad e imprecisión en la aplicación del mecanismo de sustitución del presidente o de cualquiera de las o los consejeros electorales, y de esa manera evitar o resolver la confusión o la incertidumbre que hasta la fecha permanece.

Nos referimos especialmente a que la Cámara al ejercer sus facultades de sustituir algún o a algunos de los consejeros electorales atiende a lo que establece el artículo 111 del Cofipe, que a la letra dice: en el caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, del consejero presidente, se dirigirá a la Cámara de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se haga la designación correspondiente.

Numeral 2. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto, quien concluirá el periodo de la vacante.

Es decir, no queda totalmente claro qué se entiende por falta absoluta. Pero menos aún se entiende lo que el legislador quiso expresar en el más breve plazo.

En el mismo sentido, es evidente que la Cámara de Diputados, como órgano de representación popular de los mexicanos debe atender lo que establece la Carta Magna en su artículo 41, fracción V, párrafo tercero, sobre la necesidad de tener el tiempo suficiente o necesario para realizar una amplia consulta a la sociedad, contenido también que expresa literalmente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 110.

Por ello la importancia, compañeras, compañeros, de presentar esta iniciativa de reforma a este artículo, buscando con ello recuperar la credibilidad y la confianza en este órgano autónomo que está llamado a responder con resultados a los ciudadanos.

El Instituto Federal Electoral es un órgano que requiere retomar su esencia democrática definida en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Por ello es perentorio, urgente y necesario que demos la oportunidad de que el instituto esté conformado por consejeros y consejeras con evidente vocación democrática, con amplio conocimiento profesional en la materia electoral, pero principalmente que estén ajenos al alcance del criterio partidista y, peor aún, de los criterios de cuotismo que hasta ahora ha caracterizado la designación de los consejeros electorales.

Por ello presento a su consideración la siguiente propuesta de proyecto de decreto:

Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 111, y se adiciona un segundo párrafo para quedar como sigue:

Artículo 111. En caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el consejero presidente se dirigirá a la Cámara de Diputados, en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se haga la designación correspondiente.

De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá a consultar a la sociedad conforme a lo que refiere el artículo 41 constitucional. La elección de quien ocupe el cargo de consejero sustituto o sustituta, no podrá exceder de 120 días naturales y solo se desempeñará por el tiempo de ejercicio que le hubiere restado a la persona sustituida.

Se entiende por falta absoluta la muerte, la renuncia aceptada por la Cámara de Diputados, la remoción y el abandono del cargo por más de tres sesiones sin causa justificada o por mas de 90 días prorrogables con causa justificada a criterio de la Cámara de Diputados o una vez vencida la prorroga, cuando hubiere causa justificada.

Someto, compañeras y compañeros, a su consideración esta iniciativa de reforma, buscando con ello darle solidez, fortalecimiento al Instituto Federal Electoral y recuperar su función, su altísima responsabilidad como garante del fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Ante la imprecisión en la norma vigente para la aplicación de un mecanismo de sustitución de un consejero o consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la presente iniciativa propone establecer que en caso de renuncia, muerte, remoción o abandono de un consejero o consejera electoral, la Cámara de Diputados deberá aprobar la elección del Consejero sustituto en un plazo no mayor a 120 días naturales, aportando certidumbre jurídica y transparencia a dicho mecanismo de sustitución ante tal eventualidad.

Argumentos

La reforma constitucional en materia electoral aprobada en 2007, tuvo entre sus objetivos centrales fortalecer la autonomía y capacidades de la que es, por mandato constitucional, la máxima autoridad política y administrativa en esta materia: el Instituto Federal Electoral, y en particular el Consejo General del citado instituto. Al efecto se disponen, en la Carta Magna, nuevas reglas en materia del plazo o término de mandato de las consejeras y los consejeros electorales y del consejero o consejera Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, su renovación escalonada y otras normas que habrán de continuar la ruta trazada desde que el Constituyente Permanente resolvió, en 1996, otorgar la autonomía plena a ese Instituto, el cual, con muchos aciertos en sus primeros años de autonomía sin duda contribuyó enormemente al desarrollo de la democracia político-electoral de nuestro país. En esta época se dieron avances sólidos y muy importantes como la fotocredencialización, la construcción del padrón electoral y de la lista nominal más confiable, los esquemas de financiamiento público más equitativo entre los partidos, de igual manera se lograron impulsar esquemas más equitativos de acceso a los medios de comunicación, mejor fiscalización y la creación de un Tribunal Especializado en materia electoral, en el seno del Poder Judicial.

Sin embargo, a todos nos preocupa que el Instituto Federal Electoral, a partir del año 2003, perdió la brújula de la autonomía, se partidizó, se parcializó, se fraccionalizó, extravió la visión de Estado y lo más grave aún, es que socavó su prestigio y perdió la confianza de un vasto porcentaje de la ciudadanía.

Mucho han tenido que ver en esta degradación del IFE, los partidos políticos, que han privilegiado el interés coyuntural sobre la visión de Estado y han extraviado el deber y la convicción de estar permanentemente consolidando las instituciones democráticas.

También han sido corresponsables de esta degradación los propios consejeros y consejeras que sin el menor escrúpulo empezaron a obedecer los dictados de sus formaciones políticas afines, y empezaron a utilizar el importante espacio del Consejo General del Instituto Federal Electoral, como plataforma política, para después fungir como legisladores y funcionarios públicos.

Ante este hecho es tiempo ya de cerrar la puerta al interés partidista sobre la conformación del máximo órgano electoral, y de cuidar el proceso de selección de sus integrantes, para privilegiar, como en la primera época, perfiles intachables, imparciales, de enorme experiencia y solidez académica, intelectual y moral, que sean capaces de restaurar la plena autonomía del Instituto Federal Electoral que sigue amenazado por la voracidad de nuestros propios partidos políticos y ahora de los poderes fácticos que también exigen su cuota, para velar por sus intereses particulares.

En congruencia con tales objetivos, manifiestos en el texto de la Constitución reformada, proponemos realizar en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las adecuaciones necesarias para la debida integración del Consejo General del IFE, así como las reformas legales que vendrán a complementar los propósitos de la citada reforma.

Proponemos una reforma que tiene como objetivo común fortalecer al Consejo General como autoridad máxima del Instituto Federal Electoral y también como órgano colegiado de deliberación y resolución, en caso de la renuncia, muerte, remoción o abandono del cargo público por parte de alguno de sus Consejeros o Consejeras. La propuesta deriva de la reforma constitucional en los aspectos referidos a la duración del mandato y renovación escalonada del consejero presidente y los consejeros electorales.

La iniciativa propone establecer que en caso de la renuncia, muerte, remoción o abandono de una o un consejero electoral, la Cámara de Diputados deberá aprobar la elección del sustituto o sustituta en un plazo no mayor a 120 días naturales. Animan esta propuesta la necesidad de establecer expresamente en la ley definiciones que den certeza jurídica en el caso concreto de la circunstancia motivo de esta Iniciativa, y por lo tanto, proponemos también definir en el contexto jurídico la expresión de falta absoluta y el término breve plazo, para que no quede duda alguna del supuesto en que se produce una vacante y el tiempo que hay para hacer una sustitución en el Consejo General del IFE.

En estos días la Cámara de Diputados, al ejercer sus facultades para sustituir al Consejero Electoral que ha renunciado a su cargo recientemente, se topará con la imprecisión de lo establecido en el artículo 111 del COFIPE, que a la letra dice:

“Artículo 111

1. En caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el consejero presidente se dirigirá a la Cámara de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se haga la designación correspondiente.

2. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto, quien concluirá el periodo de la vacante.

No queda totalmente claro que se entiende por falta absoluta, pero menos aún se entiende lo que el legislador quiso expresar en “el más breve plazo”.

Nos queda claro que la Cámara de Diputados como órgano de representación popular de los mexicanos, debe tener el tiempo suficiente o necesario para realizar la consulta a la sociedad que ordena artículo 41 de la Constitución Política y 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero también, como es evidente, es necesario establecer un lapso de tiempo con mayor precisión para llevar a cabo todo el mecanismo de sustitución, de manera transparente, ordenada, y con garantías y criterios para hacer de éste un procedimiento que dé como resultado la elección de la persona con mayor capacidad y calidad para desempeñar el cargo, y evitar que la ambigüedad y la discrecionalidad de un procedimiento le abra la puerta a la “cuota partidaria”, o lo que sería aún peor, a la “cuota fáctica”.

Ahora bien, en lo que refiere, a breve plazo y tomando en consideración que en el texto constitucional no se definió cual es ese breve plazo, la autoridad jurisdiccional competente ha interpretado en el sentido de que por regla general lo serán cuatro meses y emitió una tesis jurisprudencial que a la fecha se encuentra vigente y sirve como marco de referencia.

En consecuencia y de acuerdo a que no hay diferencia entre plazo y término, resulta necesario y procedente incorporar el término de 120 días naturales al artículo 111 del Código, a efecto de terminar la ambigüedad que ocasiona la expresión “ breve plazo”.

El acuerdo que en su momento apruebe esta Cámara de Diputados para la designación de los Consejeros del Instituto Federal Electoral, debe ser congruente con lo establecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, la Cámara de Diputados deberá aprobar a más tardar en el lapso no mayor a 120 días naturales la designación del Consejero o de la Consejera electoral.

El Instituto Federal Electoral es un Órgano que requiere retomar su esencia democrática, definida en sus principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Es indispensable recuperar la credibilidad y la confianza en este Órgano Autónomo, que está llamado a responder con resultados a los ciudadanos. Demos una oportunidad para que el Instituto Federal Electoral este conformado por Consejeros y Consejeras Electorales con evidente vocación democrática, con amplio conocimiento profesional en materia electoral, pero principalmente que estén ajenos al alcance de la influencia partidista de esta Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, Silvano Aureoles Conejo, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el numeral 2 y se le adiciona un segundo párrafo al mismo numeral 2, del artículo 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 111.

1. En caso de vacante de los consejeros del Poder Legislativo, el consejero presidente se dirigirá a la Cámara de Diputados, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se haga la designación correspondiente.

2. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá a la consulta a la sociedad que refiere el artículo 41 constitucional. La elección de quien ocupe el cargo de Consejero sustituto o sustituta no podrá exceder de 120 días naturales y sólo lo desempeñará por el tiempo de ejercicio que le hubiere restado a la persona sustituida.

Se entiende por falta absoluta la muerte, la renuncia aceptada por la Cámara de Diputados, la remoción, y el abandono del cargo por más de tres sesiones sin causa justificada o por más de noventa días prorrogables con causa justificada a criterio de la Cámara de Diputados o, una vez vencida la prórroga, cuando hubiere causa justificada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Número de Registro: 213,551; Tesis aislada; Materia(s): Común; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: XIII, Febrero de 1994, Página: 390.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2013.— Diputados: Silvano Aureoles Conejo, María del Carmen Martínez Santillán, Joaquina Navarrete Contreras, María Esther Garza Moreno, Mario Miguel Carrillo Huerta, Domitilo Posadas Hernández, José Everardo Nava Gómez, Oscar Bautista Villegas, Alfa Eliana González Magallanes, Claudia Elena Águila Torres, Alliet Mariana Bautista Bravo, Josefina Salinas Pérez, Juana Bonilla Jaime, Arturo Cruz Ramírez, Jhonatan Jardines Fraire, Verónica Beatriz Juárez Piña,  Amalia Dolores García Medina, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

La diputada Amalia Dolores García Medina(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Amalia garcía.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Muchas gracias. Señor presidente, para adherirme a esta iniciativa que presenta el diputado Silvano Aureoles.

Quiero subrayar que la ley establece la obligación de que quienes constituyen el Instituto Federal Electoral se conduzcan con varios principios: el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Eso es lo que se requiere.

Es fundamental trabajar para que en los nombramientos en conjunto y en cada uno en lo individual, no se partidice, no se trate de cuotas, sino de que estén los mejores perfiles, los que tengan más compromiso y también conocimiento profesional.

Termino esta solicitud de que se pueda incluir —también menciona esta iniciativa, señalando como decía— en los primeros años del Instituto Federal Electoral, un consejero.

Ningún consejero está obligado a ser neutral. Son ciudadanas y ciudadanos que tienen sus propios puntos de vista. Pero están obligados a actuar con absoluta imparcialidad y ese es el objetivo de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sé que el diputado Aureoles no tiene inconveniente para que usted la suscriba y obviamente su intervención formará parte del Diario de los Debates.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente; honorable asamblea, nuestra tarea como legisladores implica —sin duda— una muy alta responsabilidad ante nuestros representados.

Inicio este estudio recordando que en un contexto plural, como el que vive México actualmente, resulta trascendente alejar la opinión negativa dirigida al Congreso de la Unión con propuestas enfocadas a la difusión de uno de los derechos fundamentales de los integrantes del Poder Legislativo federal, que es el derecho a iniciar leyes. Lo anterior, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Norma Suprema.

En este orden de ideas, resulta fundamental que la difusión del trabajo legislativo se produzca en un lapso breve para contribuir a consolidar la democracia. A mayor abundamiento, es nuestro deber rendir cuentas ante aquellos que nos eligieron; el ciudadano requiere información completa del trabajo que estamos haciendo cada uno de los integrantes del Congreso de la Unión durante el desarrollo de las sesiones.

En este tenor, inicio mi propuesta señalando que la redacción del numeral 3 del artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse ante el pleno deberán ser anunciadas y turnadas cada una por el presidente antes de la clausura de la sesión, salvo que el proponente solicite que de viva voz en ese momento su inscripción para la siguiente.

Tales premisas nos colocan en un supuesto por virtud del cual un número indeterminado de iniciativas no alcanzan a ser conocidas en tribuna durante una sesión de pleno en la cual estaban programadas.

Ante ello, el Presidente de la Mesa Directiva tiene dos obligaciones; la primera, enunciar cuáles son las iniciativas no tratadas, y la secundaria, turnarlas, aunque no se menciona la comisión o comisiones que le correspondan. Sin embargo, se aprecian en el texto del numeral en comento las proposiciones, salvo que éstas tal como se presentan hacen referencia a la no inclusión de algo en el conjunto.

En este sentido, concebimos la representación de que todas las iniciativas no tratadas pasarán a la comisión correspondiente, excepto si o salvo si de viva voz se solicite otro tratamiento, es decir, se vuelva a enlistar para la siguiente sesión.

Todo lo mencionado da la apariencia de ser un trámite sencillo de desarrollar en lo práctico, empero, no es así, por el contrario, representa un problema ejercer el derecho de reenlistar los asuntos.

Precisamente lo anterior lo podemos comprobar con las versiones estenográficas, además con las constataciones de todos los demás diputados presentes, con los cuales comparto las sesiones de pleno, quienes no dejarán mentir que al presidente en turno por lo general, al concluir las sesiones y en virtud de lo limitado del tiempo para el desarrollo de las mismas, no se le permite leer y tampoco identifica con exactitud cuáles son las iniciativas no tratadas en la sesión, sino exclusivamente enuncia que todas aquellas iniciativas no tratadas se turnarán a comisión, salvo aquellas que decidan reenlistarse, pero tan pronto se concluye esa frase se da por terminada la sesión.

Es evidente la inexistencia de la posibilidad de reenlistar las iniciativas. Esto genera un problema, pues se atenta contra el derecho de presentar en tribuna el proyecto de un dispositivo normativo, el cual puede generar debate en interés social u orden público o la atención de otros diputados para una posible suscripción o simplemente la posibilidad de informar a la población y los medios de difusión de la labor legislativa.

Bajo estas disposiciones reglamentarias y con la experiencia que tuvimos en los meses que anteceden, resulta que las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse ante el pleno deberán ser anunciadas y turnadas cada una por el presidente, antes de la clausura de la sesión, salvo que el proponente solicite de viva voz o por escrito su inscripción para la siguiente. Para ello se dará un lapso de tres minutos para recibir las reinscripciones a través de la voz.

Asimismo, posterior a la sesión y por el término de una hora concluida la sesión, se recibirán solicitudes para los mismos efectos.

En virtud de lo anterior y como resultado de un interés institucional se presenta a esta soberanía esta iniciativa de reforma al numeral 3 del artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a efecto de dar privilegio a los derechos legislativos de los diputados. La naturaleza del trabajo parlamentario implica que las Legislaturas deben ser un espacio abierto para la deliberación como consecuencia.

El Partido Verde Ecologista de México apoya firmemente los cambios que en esta materia se necesitan. Es un hecho que desde hace varias legislaturas en ambas Cámaras existe un amplio consenso para actualizar el marco jurídico que regula la organización y funcionamiento del Congreso de la Unión.

En virtud de lo anterior expuesto, nuestra tarea como legisladores en esta materia no ha concluido. Tendremos como meta lograr una reforma integral al marco jurídico que sin duda redundará en el interés de la ciudadanía en el trabajo parlamentario. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Felipe Arturo Camarena García, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presenteiniciativa con proyecto de decreto por virtud de la cual se pretende reformar el numeral 3, del artículo 102,del Reglamento de la Cámara de Diputados,al tenor de los siguientes planteamientos del problema y argumentación:

Argumentación

La actual redacción del numeral 3, del artículo 102, está en los siguientes términos:

“3. Las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse ante el pleno, deberán ser anunciadas y turnadas cada una por el presidente, antes de la clausura de la sesión, salvo que el proponente solicite de viva voz en ese momento, su inscripción para la siguiente. ”

En este sentido, y para dar paso a la argumentación respectiva, la redacción del artículo en discusión nos coloca en un supuesto, por virtud del cual, un número indeterminado de iniciativas no alcanzó a ser tratada en tribuna, durante una sesión de pleno, en la cual estaban programadas.

Ante ello, se le impone al presidente de la Mesa Directiva, dos obligaciones: la primaria, enunciar cuáles son las iniciativas no tratadas y, la secundaria, turnarlas, aunque no se menciona, a la comisión(es) que le corresponda(n); sin embargo, se aprecia, en el texto, las preposiciones, salvo que 1,éstas,talcomo se presentan, hacen referencia a la no inclusión de algo en el conjunto, en este sentido, concebimos la representación de que todas las iniciativas no tratadas pasarán a comisión correspondiente, excepto si, o salvo si, de viva voz se solicite otro tratamiento; es decir, se vuelva a enlistar para la siguiente sesión.

En este sentido, debemos entender que el derecho del proponente de solicitar de “viva voz” no turnar las iniciativas del numeral en cuestión, debe ser atendiendo un elemento temporal, el cual es, “ en ese momento”, esto está aparejado con una condición práctica de simultaneidad; es decir, tan pronto como el presidente expresa con su voz, en la sesión el tratamiento de una iniciativa, es, en ese momento, cuando el diputado iniciante debe manifestar, con vocablos, su deseo de re-enlistar la iniciativa para la siguiente sesión, entendiéndose, por ese sólo hecho, que ya no se remitirá a la comisión correspondiente.

Todo lo mencionado da la apariencia de ser un trámite sencillo de desarrollar en lo fáctico; empero no es así; por el contrario, representa un problema ejercer el derecho de re-enlistar los asuntos.

Lo anterior se comprueba con las versiones estenográficas, además, con las constataciones de todos los demás diputados presentes, con los cuales comparto las sesiones de pleno, quienes no dejarán mentir, el presidente en turno, por lo general, al concluir las sesiones no lee y tampoco identifica cuáles son las iniciativas no tratadas en la sesión, sino exclusivamente se limita a decir “que todas aquellas iniciativas no tratadas se turnarán a comisión, salvo aquéllas que decidan re-enlistarse”, pero tan pronto se concluye esa frase, se da por terminada la sesión.

En este orden de ideas, es evidente la inexistencia de la posibilidad de re-enlistar las iniciativas, esto genera un problema pues se atenta contra el derecho de presentar en tribuna el proyecto de un dispositivo normativo, el cual puede generar debate de interés social u orden público, o la atención de otros diputados para una posible suscripción o, simplemente, la posibilidad de informar a la población y los medios de difusión, de la labor legislativa.

Planteamiento del problema

Existe, al finalizar las sesiones de pleno, una limitante de tiempo para asegurar re-enlistar las iniciativas no abordadas, limitando de ese modo los derechos legislativos de los diputados.

Por todo lo manifestado doy a conocer el siguiente

Decreto

Único. Se reforma el numeral 3, del artículo 102, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar de la siguiente manera:

3. Las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse ante el pleno, deberán ser anunciadas y turnadas cada una por el presidente, antes de la clausura de la sesión, salvo que el proponente solicite de viva voz o por escrito, su inscripción para la siguiente ; para ello, se dará un lapso de tres minutos para recibir las reinscripciones a través de la voz; asimismo, posterior a la sesión y por el término de una hora concluida la sesión, se recibirán solicitudes para los mismos efectos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Es un conector lógico de los conocidos como concesivos o condicionales: establecen alguna oposición o condición o conceden algo parcialmente por ejemplo: aunque, por más que, si bien, aun cuando, pese a (que), de todas maneras, si, (en el) caso (de) que, siempre que, a menos que, salvo que, a condición de que, con tal de que, a no ser que, etcétera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2013.— Diputados: Felipe Arturo Camarena García, María del Rocío Corona Nakamura,  Claudia Elena Águila Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muy amable, presidente. Una de las premisas esenciales de los estados constitucionales de derecho contemporáneos es la del equilibrio de los poderes basados sobre la idea de que no puede haber un solo órgano constituido que ejerza de manera autocrática el poder, el equilibrio entre los distintos órdenes, tener un sistema de controles que permite que los órganos constituidos se regulen unos a otros impidiendo un ejercicio excesivo o abusivo del mando.

Uno de esos medios de control o resistencia es el de control de la constitucionalidad ejercido por vía jurisdiccional. Consiste, con fundamento en la primacía de la Constitución, en la verificación de la conformidad entre las decisiones de quienes ejercen el poder político y las disposiciones de la Constitución del Estado con el propósito de anular los efectos de las primeras en caso de que no se ajusten a lo establecido en las segundas. Es decir, que el ejercicio del poder político deberá ser analizado y calificado en cuanto a su constitucionalidad por un órgano jurisdiccional calificado para ello.

Uno de los mecanismos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el control de la constitucionalidad es el que se contempla en su artículo 105, el cual a través del recurso de controversia, establecido en la fracción I y el de la acción de inconstitucionalidad establecido en la fracción II resuelve respecto de asuntos relacionados con la invasión de competencias o de la constitucionalidad de normas de carácter general.

Con respecto a la fracción II, sobre la constitucionalidad de actos legislativos se han identificado algunas deficiencias estructurales que mediante la presente iniciativa pretenderemos modificar, dichas imprecisiones consisten en lo siguiente:

Actualmente no se contempla un control preventivo de la constitucionalidad de las normas de carácter general; es decir, la constitucionalidad de las normas se verifica solamente hasta que éstas han entrado en vigor dentro del orden jurídico nacional, lo cual representa un sinsentido, si consideramos que no hay ninguna justificación racional para ello. Es decir que si se determinara que el contenido de una norma aprobada es contraria a la Constitución, no habría que esperar hasta su promulgación para que se destruyan sus efectos.

El control preventivo de la constitucionalidad tiene por objeto evitar, ya sea el nacimiento de normas jurídicas contrarias a la Constitución o impedir que normas provenientes del derecho internacional inconstitucionales se incorporen al ordenamiento jurídico nacional.

Es por ello que la presente iniciativa plantea que sea de forma previa a su promulgación como se verifique la constitucionalidad, de modo que si se determina una disonancia entre la Constitución y la norma que se pretende incorporar al sistema legal, ésta no llegue a formar parte del mismo, impidiendo así las muchas controversias posteriores que se plantearían por distintas vías jurisdiccionales entre los gobernados y el gobierno, y sobre todo para impedir la mera existencia y obligatoriedad legal de una norma inconstitucional que afectaría al sistema democrático y de estado de derecho por su sola existencia.

Muchos países en el mundo, incluyendo Alemania, Francia, Italia, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela, a través de sus respectivos tribunales constitucionales contemplan el control preventivo de la constitucionalidad, ya sea de tratados internacionales o legislación ordinaria.

Un adecuado control de constitucionalidad generaría un mejor sistema de contrapesos para quienes ejercen el poder, permitiendo que prevalezca el imperio de la ley sobre el de las personas.

Adicionalmente se proponen algunas modificaciones en cuanto a los porcentajes de legisladores requeridos para interponer el recurso. Corresponder a una proporcionalidad más realista de acuerdo con la integración por partido de ambas Cámaras al disminuir la proporción necesaria, permite que las minorías participen en la observancia de la constitucionalidad de las normas y puedan plantear la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando por supuesto de manera exclusiva a ésta el resolver sobre la misma.

Se incluye también una modificación para legitimar a la Cámara de Diputados para interponer el recurso de inconstitucionalidad en lo relativo a tratados internacionales, ya que si bien la ratificación no es de su competencia, se considera que no existe actualmente una lógica sobre la cual deba otorgarse dicha facultad exclusivamente a la Cámara de Senadores.

Todo lo anterior con un nuevo lenguaje, respetuoso de la diversidad de género en el Congreso de la Unión y el rol de las mujeres en el mismo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las premisas esenciales de los Estados constitucionales de derecho contemporáneos es la del equilibrio de los poderes. Basado sobre la idea de que no puede haber un solo órgano constituido que ejerza de manera autocrática el poder, el equilibrio entre los distintos órdenes genera un sistema de controles que permite que los órganos constituidos se regulen unos a otros impidiendo un ejercicio excesivo o abusivo del mando.

Uno de esos medios de control o resistencia, es el de control de la constitucionalidad ejercido por vía jurisdiccional;  consiste, con fundamento en la primacía de la constitución, sus principios y fundamentos, en la verificación de la conformidad entre las decisiones de quienes ejercen el poder político y las disposiciones de la constitución del Estado, con el propósito de anular los efectos de las primeras en caso de que no se ajusten a lo establecido en las segundas.

Es decir que el ejercicio del poder político deberá ser analizado y calificado en cuanto a su constitucionalidad; que es su correspondencia con la constitución, por un órgano jurisdiccional calificado para ello.

En todo el mundo hay una corriente creciente de creación de órganos jurisdiccionales especializados en la verificación de la constitucionalidad de los actos vinculados con el ejercicio del poder político. Estos tribunales constitucionales, tienen la labor exclusiva de controlar que el ejercicio del poder se realice siempre en sintonía con la Constitución.  En México, a pesar de no tener un órgano especializado para la verificación de la constitucionalidad de dichos actos, la propia constitución otorga dichas facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dentro de sus atribuciones cuenta la de Control Constitucional.

Uno de los mecanismos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el control de la constitucionalidad es el que se contempla en el artículo 105 del texto constitucional, el cual a través del recurso de controversia establecido en la fracción primera, y de la acción de inconstitucionalidad establecida en la fracción II, resuelve respecto de asuntos relacionados con la invasión de competencias o de la constitucionalidad de normas de carácter general.

Respecto a la fracción II, sobre la constitucionalidad de actos legislativos, se han identificado algunas deficiencias estructurales que mediante la presente iniciativa pretenderemos modificar, dichas imprecisiones consisten en lo siguiente:

Actualmente no se contempla un control preventivo de la constitucionalidad de las normas de carácter general. Es decir, la constitucionalidad de las normas se verifica solamente hasta que estas han entrado en vigor dentro del orden jurídico nacional, lo cual representa un sinsentido (Desfase, anacronismo) si consideramos que no hay ninguna justificación racional para ello, es decir, que si el curso legal de cualquier acto materialmente legislativo, posterior a su aprobación será el de su promulgación, y dicho acto es inconstitucional, no hay justificación para esperar, para que no inicien sus efectos.

De acuerdo con Humberto Nogueira Alcalá, “el control preventivo de la constitucionalidad tiene por objeto evitar ya sea el nacimiento de normas jurídicas contrarias a la Constitución o impedir que normas provenientes del derecho internacional inconstitucionales  se incorporen al ordenamiento jurídico nacional.”

La presente iniciativa plantea que sea de forma previa a su promulgación como se verifique la constitucionalidad, por acción u omisión, de las normas. De modo que si se determina una disonancia entre la constitución y la norma que se pretende incorporar al sistema legal, esta no llegue a formar parte del mismo, impidiendo así las muchas controversias posteriores que se plantearían por distintas vías jurisdiccionales entre los gobernados y gobierno, y sobre todo para impedir la mera existencia y obligatoriedad legal de una norma inconstitucional, que afectaría al sistema democrático y de estado de derecho por su sola existencia.

Muchos países del mundo, incluyendo Alemania, Italia, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela a través de sus respectivos tribunales constitucionales, contemplan el control preventivo de la constitucionalidad ya sea de tratados internacionales o legislación ordinaria y otras normas infraconstitucionales en alguna de sus modalidades.

Por su parte el maestro Enrique Carpizo también ha profundizado sobre el tema en diversas publicaciones destacando la importancia de un sistema adecuado del control de la constitucionalidad en México, estableciendo que siendo mediante esta vía que se impide la vigencia y entrada en vigor de normas inconstitucionales, incluidos los tratados internacionales, o bien, la anulación de sus efectos a posteriori, es imprescindible contar con dicho sistema de control en aras de profundizar en la consolidación de un sistema constitucional democrático.

Adicionalmente, el doctor Miguel Covián Andrade, establece que “el control de la constitucionalidad implica, que el ejercicio del poder político será analizado y juzgado conforme a lo establecido en la constitución, lo que significa que esta debe prevalecer sobre el contenido y el sentido de las determinaciones de quienes lo ejercen”, aclarando la naturaleza del control de la constitucionalidad, que se realiza directamente sobre actos de carácter político. Es decir un adecuado control de constitucionalidad generará un mejor sistema de contrapesos para quienes ejercen el poder, permitiendo que prevalezca el imperio de la ley sobre el de las personas.

Adicionalmente, se proponen algunas modificaciones en cuanto a los porcentajes de los sujetos legitimados para interponer el recurso, por responder a una proporcionalidad más realista de acuerdo con la composición real por partido de los integrantes de los órganos legislativos. Al disminuir la proporción necesaria, se permite que las minorías participen en la observancia de la constitucionalidad de las normas y puedan plantear la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando por supuesto de manera exclusiva a esta, el resolver sobre la misma.

Se incluye también una modificación para legitimar a la Cámara de Diputados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, en lo relativo a tratados internacionales, ya que si bien no es de su competencia la ratificación de los Tratados , siendo que el contenido de estos formaría parte del orden jurídico nacional de acuerdo con el artículo 133 constitucional como cualquier otra norma de carácter federal o incluso de forma jerárquica al nivel o hasta por sobre la constitución, se considera que debe estar debidamente facultada la cámara para plantear la inconstitucionalidad de los tratados, ya que no existe actualmente una lógica sobre la cual deba otorgarse dicha facultad exclusivamente a la cámara de senadores. Todo lo anterior con un nuevo lenguaje de género, respetuoso de la diversidad de género en el Congreso de La Unión y del rol de las mujeres en el mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105.La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I...

II. De los recursos de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general, incluidos los tratados internacionales y esta Constitución.

Los recursos de inconstitucionalidad podrán promoverse de acuerdo a las reglas siguientes.

a) Contra normas de carácter general, a partir de que sean aprobadas por el pleno de la cámara revisora y hasta 90 días naturales después de su publicación, estando legitimados para ello:

1. El equivalente al veinte por ciento de las y los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

2. El equivalente al veinte por ciento de las y los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

3. La persona titular de la Procuraduría General de la República;

4. El equivalente al veinte por ciento de las y los  integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano;

5. El equivalente al veinte por ciento de las y los  integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea;

6. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

7. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

b) Contra tratados internacionales, podrá promoverse a partir de su celebración,  y hasta 90 días naturales después de su ratificación, estando legitimados para ello:

1. El equivalente al veinte por ciento de las y los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

2. El equivalente al veinte por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

En los casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuerde la admisión del recurso establecido en los incisos a) y b) de la fracción II de este artículo, cuando esto sea previó a la promulgación de la norma o antes de la ratificación para el caso de los tratados internacionales, se suspenderá la tramitación de los mismos hasta en tanto no se manifieste definitivamente la Corte sobre su constitucionalidad, o la legalidad del procedimiento llevado a cabo para su aprobación o ratificación.

Para el caso del párrafo anterior, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara la inconstitucionalidad de alguna norma o tratado, o alguna de sus partes; se suspenderá de forma permanente la tramitación del proceso legislativo o de ratificación del tratado internacional en todo cuanto hace a lo declarado inconstitucional. Cuándo solamente algunas normas del tratado internacional sean declaradas inconstitucionales, el Ejecutivo federal podrá presentar las reservas necesarias de acuerdo con el derecho internacional, para efectos de que el resto del tratado pueda ser sometido a ratificación.

En los casos en los que el recurso de inconstitucionalidad se presente y resuelva después de la promulgación de la ley o ratificación del tratado de que se trate, la declaración de inconstitucionalidad realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los dejará sin efectos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Noriegua Alcalá, Humberto, Justicia y Tribunales Constitucionales en América del Sur, Palestra, 2006, Perú, página 249.

2 Cfr. Carpizo, Enrique, La defensa constitucional en México, Porrúa, México, 2011 y El control Constitucional y el Control de Convencionalidad en México”, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=frPyEiYIRZc.

3 Covian Andrade, Miguel, El sistema político Mexicano. Legitimidad electoral y Control del Poder Político, Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional, A.C., México, 2004.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.—Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULO 4o CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor presidente. Señoras, señores legisladores, buenas tardes. Las nuevas tecnologías que permiten la difusión de datos, voz y video, abren posibilidades inéditas para fortalecer la inclusión social, la participación y el ejercicio de los derechos fundamentales.

A nivel mundial existe consenso sobre la necesidad de garantizar el acceso universal a la banda ancha, que es el canal más propicio para que fluya Internet.

Para la Organización de las Naciones Unidas el Internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad y por esta razón califica el acceso libre como un derecho humano inalienable.

Sin embargo, el acceso a la banda ancha tiende a concentrarse en los sectores sociales con mayor poder adquisitivo, dejando marginada y desprotegida a una gran parte de la población.

México está rezagado en esta materia. La Asociación Mexicana de Internet estima que solo el 35 por ciento de la población tiene acceso a Internet, en comparación con España, que tiene el 60 por ciento de la población, y en Alemania el 70. En cuanto a la calidad y el costo del acceso México presenta condiciones demasiado desventajosas para la población.

México tiene un gran déficit de conectividad en infraestructura digital; los hogares, las escuelas y las pequeñas empresas tienen apenas un equipamiento precario. Los diferentes sitios de acceso están desarticulados debido a la falta de incentivos mercantiles para los concesionarios y por la excesiva concentración en pocos operadores.

Nueva Alianza propuso en su agenda legislativa construir un desarrollo integral, sustentable y sostenible, pero los índices de exclusión en el acceso a la banda ancha de la población mexicana hacen casi imposible lograr estos objetivos.

Los diversos órdenes de la vida social, económica y política se digitalizan cada vez más, de tal manera que la población sin acceso a la banda ancha corre el riesgo de sumar la marginación digital a la situación de pobreza y desigualdad que ya se padece. Si no incluimos a esa parte de la población, la estaremos condenando a reproducir el ciclo de la pobreza.

Para construir un futuro entonces incluyente, democrático, moderno y justo es impostergable garantizar que todos los mexicanos puedan acceder a la banda ancha, además esto incrementaría la competitividad y la productividad del país.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el acceso universal a la banda ancha es un derecho fundamental, porque tendrá como efecto duradero garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, el pluralismo y la participación política y social.

Los derechos fundamentales tienen que plasmarse plenamente en nuestra Constitución, porque concretan los valores sobre los cuales se edifica el orden y la convivencia nacional.

Estamos proponiendo que el derecho de acceso universal a la banda ancha se incorpore al artículo 4o. de nuestra Carta Magna. En este artículo están consagrados derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, como son la alimentación, la salud, el agua, el medio ambiente y la cultura.

El Estado debe garantizar el acceso universal a la banda ancha, porque el espectro radioeléctrico es un bien nacional y este derecho fundamental debe traducirse en una política de Estado, desde la perspectiva del interés público y el bienestar social.

Por estas razones, proponemos en nuestro grupo adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución, en los siguientes términos: toda persona tiene derecho al acceso a la banda ancha para disfrutar de los diversos servicios de telecomunicaciones, particularmente el servicio de transmisión de audio, video y datos, denominado Internet.

El Estado promoverá las condiciones necesarias para que el acceso universal a la banda ancha sea efectivo y de calidad. La ley determinará los procedimientos, las concurrencias y las características adecuadas para el pleno disfrute de este derecho, adoptando la perspectiva de beneficio social y la sana competencia en el sector.

De esta manera comenzaremos a construir una legislación que atienda el escenario cambiante que propicie la revolución tecnológica, y a la vez asegure y refuerce la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, frente a los poderosos intereses de los concesionarios dominantes de la radio, la televisión, el Internet y demás servicios que fluyen por el espectro radioeléctrico, quienes se han desarrollado en condiciones privilegiadas y ahora deben asumir el sentido social de las telecomunicaciones. Esperando contar con su apoyo a esta propuesta, es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

La revolución tecnológica que experimenta el mundo está transformando radicalmente la realidad social. Diversos aspectos como la producción económica, la comunicación, la educación, la participación, el acceso a la salud o la cultura, entre muchos otros, están modificando sus esquemas de organización, concepción y significado, a partir de la incesante innovación e incorporación de las nuevas tecnologías en cada uno de sus procesos.

Esta transición histórica plantea diversos retos a los estados y las sociedades, relativos a la necesidad política, económica y social de generar condiciones de equidad en el acceso a las nuevas tecnologías, de tal manera que la revolución tecnológica sea el gran agente que coadyuve a cerrar las brechas de la desigualdad, y no derive en factor que profundice las desigualdades sociales, económicas y culturales.

En el caso de las comunicaciones, las nuevas tecnologías que permiten la difusión de datos, voz e imagen a través múltiples formatos, abre posibilidades, insospechadas hace apenas unas décadas, para la inclusión social, la participación y el ejercicio de los derechos fundamentales. La llamada banda ancha, canal de propagación de la información que está cambiando al mundo, es un instrumento vital en el desarrollo de las personas y las sociedades. El Internet corre de manera más eficaz por la banda ancha, razón por la cual en todo el mundo existe una tendencia a optimizar la administración y el acceso a ese ámbito del espectro radioeléctrico.

A nivel mundial existe el debate sobre la necesidad de garantizar el acceso universal a la banda ancha, y los compromisos que al respecto deben asumir el estado y las empresas de telecomunicaciones. Al día de hoy, el uso de Internet experimenta crecimiento exponencial en todo el planeta, pero el nivel de acceso de las personas está llegando a límites determinados por razones de pobreza y marginación de grandes grupos sociales. El acceso a la banda ancha en las mejores condiciones de calidad, velocidad y precio, está concentrado en los sectores sociales con mayor poder adquisitivo.

México está rezagado en materia de acceso a la banda ancha, y en general en el acceso a las nuevas tecnologías de la información. La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), estima que, al año 2012, en México hay  40.6 millones de personas con acceso a la red. Es decir, sólo el 35 por ciento de la población mexicana tiene acceso a internet. Este dato coincide con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, que establece que son 40  millones de mexicanos los que utilizan internet. Estos números generales ponen en evidencia el rezago de nuestro país, si se toma en cuenta que en países como España, el 60 por ciento de su población tiene acceso a internet, o Alemania donde es el 70 por ciento de la población la que tiene acceso a la banda ancha.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, coincide con las mediciones antes señaladas, y en un estudio realizado en 2012, establece que del grupo de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de hogares con acceso a internet es de 69 por ciento, sin embargo, en nuestro país sólo alcanzamos el 22 por ciento. Estos indicadores ilustran cómo la población mexicana registra un bajo desarrollo y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En cuanto a la calidad y el costo del acceso a Internet, México también presenta condiciones desventajosas. Mientras que en nuestro país las velocidades de conexión andan en el promedio de 2.64 megabytes por segundo, en países como Japón las velocidades son de hasta 60 megabytes por segundo, y de 35 megabytes por segundo en Corea del Norte. No obstante, los precios que pagamos en México por el acceso a Internet son de los más caros del mundo, pues mientras en Europa las cuotas rondan los 22 dólares americanos, en México pagamos alrededor de 90 dólares.

El panorama nacional en esta materia muestra un preocupante déficit de conectividad e infraestructura digital. Los hogares, las escuelas y las pequeñas empresas tienen en general un equipamiento precario para conectarse al Internet. Los diferentes sitios de acceso están desarticulados, en buena medida debido a la falta de incentivos mercantiles para los concesionarios y por la excesiva concentración en manos de un solo operador.

Nueva Alianza se ha manifestado por construir las condiciones para un desarrollo integral, sustentable y sostenible. Pero con los índices de exclusión en cuanto al acceso a la banda ancha que hoy presenta la población mexicana, será imposible lograr esos objetivos. Un estudio del World Internet Project, sobre hábitos y percepciones de los mexicanos relativos a Internet y diversas tecnologías asociadas, dado a conocer por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, indican que en nuestro país la mayor parte de los usuarios se sitúan entre 12 y 25 años de edad. Si bien el mencionado estudio señala que México está creciendo más aceleradamente que otros países en el uso de Internet, lo cierto es que al llegar a una penetración de 60 o 65 por ciento, lo más probable es que se presente un estancamiento como sucedió en otros países. Este tope no está lejos de lograrse pues, a pesar de que el servicio es caro, los costos han comenzado a bajar tanto en términos de conexión como adopción de dispositivos, sobre todo móviles.

Como podemos ver, el acceso universal a la banda ancha en México encuentra serias dificultades. Las empresas concesionarias, es poco probable que inviertan lo necesario para ofrecer el servicio en zonas rurales y urbanas que no les representen un negocio atractivo. Sin embargo, los diversos órdenes de la vida social, económica y política, cada vez se están digitalizando más, cada vez incorporan en su diseño y funcionamiento más componentes tecnológicos de punta, de tal manera que una importante porción de la población corre riesgo de que la marginación económica, política y social que históricamente han padecido, se profundice con la marginación digital que condenaría a casi la mitad de los mexicanos la exclusión más agobiante.

Por ello, es indispensable crear las condiciones legales, institucionales, sociales, culturales y económicas necesarias para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a la banda ancha. Que todos puedan acceder al uso del Internet y en general al uso y beneficio de las telecomunicaciones. En los tiempos que vive el mundo en materia de innovación tecnológica incesante, el acceso a la banda ancha constituye un verdadero derecho fundamental.

En el mundo de hoy, las personas requieren del acceso libre y seguro a los servicios de telecomunicaciones, como una manera de encontrar las herramientas necesarias para su pleno desarrollo económico, social, cultural y humano.

En términos del desarrollo económico del país, también es indispensable propiciar el acceso universal a la banda ancha, que es la parte del espectro radioeléctrico más apropiada para que corra Internet; ello permitirá incrementar la productividad y competitividad de los mexicanos, además de que se detonaría una dinámica de inversiones y crecimiento en el sector de las telecomunicaciones que, después del energético, es el más atractivo.

El Estado tiene la rectoría de las telecomunicaciones. El espectro radioeléctrico es un bien nacional que debe explotarse con racionalidad, pero orientado a obtener el mayor beneficio social. El acceso a la banda ancha no puede ser solamente privilegio de quienes más tienen, sino que debe ser un derecho fundamental de todo habitante del país. Es necesario reformar el marco jurídico para encontrar las fórmulas adecuadas, que contemplen modalidades diversas de cooperación entre el Estado, las empresas de telecomunicaciones y la sociedad, con el fin de garantizar el acceso universal a la banda ancha.

El primer paso, necesario para detonar la legislación y la reglamentación correspondiente, consiste en establecer en nuestra Carta Magna el derecho fundamental de los mexicanos al acceso universal a la banda ancha. El lugar propicio es el artículo 4o., donde ya están establecidos derechos fundamentales como la salud, el medio ambiente, el agua o la cultura, entre otros.

Argumentación

Para construir un futuro incluyente, democrático, moderno y justo, es impostergable garantizar que todos los mexicanos, sin excepción, puedan acceder a la banda ancha, para disfrutar de los servicios y ventajas que ofrecen las telecomunicaciones. Por la red circula cada vez más información en los formatos de voz, imagen y datos. El reto que enfrentamos todos consiste en garantizar tanto el acceso universal como un eficiente manejo del espectro radioeléctrico, para que la población y economía nacionales se inscriban en una vertiente de desarrollo integral, sostenible y con rostro humano.

En la última década, en diversos foros multilaterales se ha discutido el tema de considerar el acceso a Internet como un derecho humano. Se ha venido consolidando un consenso en torno a la necesidad de garantizar el acceso universal, desde diversas perspectivas como la libertad de expresión, el acceso a la información, el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la educación, la cultura.

En este contexto, en junio de 2011, el relator especial en la Promoción y Protección del Derecho a la libertad de Opinión y Expresión, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, presentó su informe sobre las tendencias claves y los desafíos al derecho universal al uso de Internet. En este informe se sostiene que Internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos, en la lucha contra la desigualdad. Por esta razón, la ONU calificó el acceso libre a Internet como un derecho humano inalienable. La naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); emitieron en junio de 2011 una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet,  de la cual, para efectos de la presente Iniciativa, cabe destacar lo siguiente:

• Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet (“alfabetización digital”).

• Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.

• Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían:

• Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de  servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.

• Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.

• Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.

• Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.

• A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.

De este modo, es evidente que a nivel internacional existe el consenso de que se debe garantizar el acceso universal a la banda ancha, que es el segmento del espectro radioeléctrico por donde el Internet se desplaza en las mejores condiciones técnicas. El Internet tiene el potencial de convertirse en generador de bienestar social, porque incide en sectores estratégicos como la seguridad social y la educación, por mencionar solamente dos. La revolución tecnológica, de la cual Internet es una de las herramientas de comunicación más acabada, ha modificado los factores tradicionales de  la producción; ahora, y cada vez más en el futuro, perderán preponderancia las habilidades de trabajo y el capital físico en la determinación del poder económico de una nación. En los nuevos tiempos, las posibilidades de desarrollo económico, de elevar la productividad y la competitividad de un país, están altamente relacionas con la habilidad de controlar y manipular información a través de las nuevas tecnologías.

Para ilustrar el potencial económico del acceso universal a la banda ancha, podemos referirnos a estudios que ha hecho públicos la OCDE. Este organismo ha señalado que en países como Alemania, Estados Unidos o Japón, alrededor de una tercera parte de su crecimiento económico se deriva del uso intensivo del Internet.  En el caso de México, es impostergable que se invierta en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Diversas estimaciones establecen que en unos cuatro o cinco años, el sector de Internet va a representar el 4.2 por ciento del PIB nacional.

Como ya establecimos, el acceso a la banda ancha debe ser universal, para evitar que se profundice la brecha digital y las desigualdades sociales y económicas que caracterizan a nuestro país. El proceso requiere de una importante cantidad de recursos para desarrollar la infraestructura y el equipamiento necesarios para que el acceso sea verdaderamente efectivo y universal; los requerimientos económicos se calculan en miles de millones de dólares.

Por ello, El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que este Congreso de la Unión tiene que tomar la decisión de garantizar desde la Constitución el derecho del acceso universal a la banda ancha.

El acceso universal a la banda ancha es un derecho fundamental, en la medida que tendrá como efecto duradero garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el pluralismo  y cualquier otro aspecto crucial que afecte al desarrollo integral de la persona. Los derechos fundamentales tienen que plasmarse en la Constitución, porque son los que concretan los valores sobre los cuales se edifica el orden y la convivencia nacional.

En este orden de ideas, consideramos que el derecho de acceso universal a la banda ancha tiene que plasmarse en el Artículo 4º de la Constitución política de los estados Unidos Mexicanos. En este Artículo están consagrados derechos fundamentales como la alimentación, la protección de la salud, el derecho al acceso al agua, el derecho a un medioambiente sano, el derecho a disfrutar de vivienda digna o el derecho al acceso a la cultura.

Por el potencial de desarrollo personal y social, antes señalado, que tiene el acceso universal a las tecnologías de la información a través de la banda ancha, se puede establecer con toda certeza que el Artículo 4º de nuestra Carta Magna debe incluir en su catálogo de derechos fundamentales el derecho al acceso universal a la banda ancha.

El Estado debe garantizar el acceso universal. El espectro radioeléctrico es un bien nacional, como se establece en el cuarto párrafo del artículo 27 de la Constitución; además, el Estado tiene la rectoría en el sector de las telecomunicaciones. Esta situación ofrece las herramientas legales y políticas para que la consagración del acceso universal a la banda ancha en el artículo 4o. constitucional, se traduzca en una política de Estado para hacerlo realidad desde la perspectiva del interés público y el bienestar social.

Se deben encontrar las fórmulas legales e institucionales para que todos los sectores de la población y todas las áreas geográficas tengan acceso a la banda ancha. El abanico de posibilidades para obtener los recursos necesarios es amplia, va desde el financiamiento directo por parte del Estado, hasta el esquema de asociaciones público-privadas. La industria de las telecomunicaciones, tendrá que asumir una posición constructiva, porque hasta ahora se ha desarrollado y ha crecido prácticamente sin límites; pero la nueva realidad le impone grandes responsabilidades, entre las que destaca la de incorporar una perspectiva social a sus proyectos y buscar conciliar sus objetivos de mercado con el interés de la nación.

Una vez aprobada la reforma constitucional propuesta en esta iniciativa, se deben realizar las reformas necesarias a la legislación secundaria, para hacer efectivo no solo el derecho de acceso universal a la banda ancha, sino para actualizar y potenciar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones con una clara orientación de servicio social.

Necesitamos una ley que atienda el escenario cambiante que propicia la revolución tecnológica, y que, a la vez, asegure y refuerce la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, de frente a los proyectos e intereses de los consorcios dominantes de la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Que establezca las condiciones para garantizar una utilización social del espectro, de tal manera que México pueda construir su propia sociedad de la información y el conocimiento con una visión  incluyente y democrática, que le permita insertarse en la sociedad del conocimiento global en condiciones competitivas.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que dar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Toda persona tiene derecho al acceso a la banda ancha, para disfrutar de los diversos servicios de telecomunicaciones, particularmente el servicio de transmisión de audio, video y datos, denominado Internet. El Estado promoverá las condiciones necesarias para que el acceso universal a la banda ancha sea efectivo y de calidad. La Ley determinará los procedimientos, las concurrencias y las características adecuadas para el pleno disfrute de este derecho, adoptando la perspectiva del beneficio social y la sana competencia en el sector.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2013.— Diputados: María Sanjuana Cerda Franco, Eufrosina Cruz Mendoza, Juan Pablo Adame Alemán, María Beatriz Zavala Peniche, Fernando Bribiesca Sahagún, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Leonor Romero Sevilla, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Lucila Garfias Gutiérrez, Cristina Olvera Barrios, Amalia Dolores García Medina, José Angelino Caamal Mena, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María del Carmen García de la Cadena Romero, Claudia Elena Águila Torres, José Luis Márquez Martínez, Francisco Alberto Zepeda González, José Pilar Moreno Montoya, Gabriela Medrano Galindo, Judit Magdalena Guerrero López, Martha Edith Vital Vera, María Concepción Navarrete Vital, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Landy Margarita Berzunza Novelo, Julio César Flemate Ramírez, Fabiola Devim  Bárcenas Nieves, Sonia Rincón Chanona,  Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Martha Gutiérrez Manríque, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Petra Barrera Barrera, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Elvia María Pérez Escalante, Dulce María Muñiz Martínez, Paulina Alejandra del Moral Vela, María Rebeca Terán Guevara, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, María Celia Urciel Castañeda, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Arturo Cruz Ramírez, Alberto Coronado Quintanilla, Alma Marina Vitela Rodríguez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, María del  Socorro Ceseñas Chapa,  Roy Argel Gómez Olguín, Luis Antonio González Roldán, Xavier Azuara Zúñiga, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Sonido en la curul del diputado Juan Pablo Adame.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Si la compañera me permite suscribirme a la iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. A ver, sonido en la curul de la diputada Carpinteyro.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (dese la curul): Quisiera no solamente aplaudir la iniciativa de la diputada, pero quisiera pedirle que con independencia de todos los argumentos que ella da —que suscribo al pie de la letra— considerara que esta iniciativa no debería considerarse solo en el artículo 4o. constitucional, sino debería también incorporarse como un derecho a la información, dentro del artículo 6o. constitucional, que establece precisamente el derecho de toda la ciudadanía a ser informada.

Qué mejor medio para ser informado que a través de las tecnologías de la información y la comunicación que se prestan a través de esta banda ancha y que por lo mismo, le encomendaría y le pediría a la diputada considerara su inclusión también dentro del 6o. constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Beatriz Zavala.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Gracias, presidente. Por lo pronto, pedirle a la diputada y al grupo parlamentario que presentó la iniciativa, suscribirla con ustedes. Nos parece adecuado que esté en este artículo constitucional, en esta reforma. Desde luego, posteriormente, si pudiera ampliarse como un derecho de acceso a la información. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Martha Vital.

La diputada Martha Edith Vital Vera (desde la curul): Gracias, presidente. También para felicitar a la ponente, diputada Sanjuanita, y pedirle que como Partido Verde también me pueda sumar a su posicionamiento.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido a la curul de la diputada Judit Guerrero.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): Señor presidente, en el mismo sentido, y también manifestar la intención de mis compañeros de la fracción del Partido Verde de sumarse a tal iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. La diputada no tiene inconveniente. Creo que le pedimos a la Secretaría recabe las firmas de todos los diputados y diputadas que desean suscribir la iniciativa. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El diputado Gerardo Peña Avilés: Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Todos los seres vivos tenemos derecho a un medio ambiente sano que garantice las mejores condiciones de vida, y una de las figuras que considera nuestra legislación para garantizar la protección de éste son las áreas naturales protegidas cuyo propósito es conservar y proteger la biodiversidad conformada por las especies endémicas, especies sujetas a protección especial, pero sobre todo las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción en los diferentes ecosistemas que conforman nuestro territorio nacional.

Por esta importantísima razón, el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar y proteger adecuadamente estas áreas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad de vida y de salud de todos sus habitantes.

La rama del derecho que protege y conserva el medio ambiente es el derecho ambiental, el cual no solo es el encargado de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés en general. El incumplimiento de este grupo de reglas que conforman esta rama del derecho puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona.

Dentro de sus disposiciones existen acciones tendientes a proteger el derecho de toda persona a contar con un medio ambiente adecuado, así como sanciones por el incumplimiento de la legislación ambiental.

Es prioritario que la normatividad ambiental mexicana cuente con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como los elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño al medio ambiente.

Es cierto que esas sanciones deben ser proporcionales al daño ocasionado, pero también es cierto que al atentar contra el medio ambiente no es una cuestión menor que repercute en una sola región del país, sino que puede llegar a mostrar una afectación a nivel mundial.

Por esta razón es que esas sanciones deben ser severas y el monto pecuniario de estas sanciones debe servir para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir en lo posible la conducta en el daño que se pudiera ocasionar.

Asimismo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene entre sus atribuciones la facultad de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, del aire, el cuidado de los recursos naturales. También es la encargada de la inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas de comisión de delitos y sus sanciones, y sus procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley.

Las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la fracción I menciona la sanción máxima de 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Esta sanción no necesariamente es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido puede ser mayor a la sanción.

Es por esto que es más rentable cometer el ilícito que evitarlo; es por eso que la presente iniciativa pretende que se incremente a 60 mil días de salario mínimo vigente la sanción máxima.

También, el párrafo cuarto, fracción V de este mismo artículo considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones en un mismo precepto y en un periodo de dos años. Este periodo de dos años es un lapso de tiempo mínimo que debe ampliarse a tres años para así asegurar que el reincidente no pierda esa calidad en un muy corto plazo de tiempo.

Por las razones expuestas, la presente iniciativa propone reformar la fracción I del párrafo uno y fracción V, en su párrafo cuarto del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y fracción V, párrafo cuarto del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 171. Fracción I. Multa por el equivalente de 30 a 60 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de imponer la sanción.

Fracción V, párrafo cuarto. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de tres años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Gerardo Peña Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del PAN de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I y fracción V, párrafo III, del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todos los seres vivos tenemos derecho a un medio ambiente sano que garantice las mejores condiciones de vida, y una de las figuras que contempla nuestra legislación para garantizar la protección de este, son las Áreas Naturales Protegidas, cuyo propósito es conservar y proteger la biodiversidad conformada por las especies endémicas, especies sujetas a protección especial, pero sobre todo las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción de los diferentes ecosistemas que conforman nuestro territorio nacional.

Por esta importantísima razón el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar y proteger adecuadamente estas áreas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad en la salud y la vida de todos sus habitantes.

La rama del derecho que protege y conserva el medio ambiente, es el derecho ambiental, el cual es el encargado no solo de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés general, el incumplimiento del grupo de reglas que conforman esta rama del derecho, puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona; dentro de sus disposiciones, existen acciones tendientes a proteger el derecho de toda persona a contar con un medio ambiente adecuado, así como las sanciones por el incumplimiento de la legislación ambiental.

Es prioritario que la normatividad ambiental mexicana cuente con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño al medio ambiente.

Es cierto que estas sanciones deben ser proporcionales al daño ocasionado, pero también es cierto que atentar contra el medio ambiente no es una cuestión menor que repercute en una sola región del país, sino que puede llegar a mostrar una afectación a nivel mundial, por esta razón, es que estas sanciones deben ser severas y el monto pecuniario de estas sanciones debe servir para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir en lo posible, la conducta y el daño que se pudiera ocasionar.

Asimismo, la procuraduría federal de protección al ambiente tiene entre sus atribuciones la facultad de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, el aire, y el cuidado de los recursos naturales, también es la encargada de la inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley.

Las sanciones administrativas se mencionan en el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La fracción I menciona que la sanción máxima es de cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Esta sanción no necesariamente es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido puede ser mayor a la sanción, es por esto que es más rentable cometer el ilícito que evitarlo, es por esto que la presente iniciativa pretende que se incremente a sesenta mil días de salario mínimo vigente la sanción máxima.

También el párrafo IV de este mismo artículo considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años.

Este periodo de dos años es un lapso de tiempo mínimo que se debe ampliar a tres años para, así asegurar que el reincidente no pierda esa calidad en un muy corto plazo de tiempo.

Por las razones expuestas, la presente iniciativa, propone reformar la fracción I del párrafo I y párrafo cuarto del Articulo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I y fracción V, párrafo III, del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 171....

I.Multa por el equivalente de treinta a sesenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;

II. a V...

...

...

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de tres años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.— Diputado Gerardo Peña Avilés (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Sonido en la curul del diputado Castaños.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para solicitarle al promovente la posibilidad de adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No creo que el diputado Gerardo Peña tenga inconveniente. Le pediría que pudiera suscribir su iniciativa. Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados, la iniciativa es con el objeto de reformar el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz, no solamente a raíz, sino básicamente para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, la cual marcó un antes y un después en materia de derechos humanos para nuestro país.

El Poder Judicial de la Federación ha realizado importantes avances en el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenado el Estado mexicano; sin embargo, corresponde al Poder Legislativo atender específicamente a los puntos resolutivos de dicha sentencia, en específico los puntos resolutivos, el 10 y el 11 que señalan a la letra:

10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente sentencia.

11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215-A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente sentencia.

Sin embargo, a más de tres años el Congreso mexicano no ha sido capaz de cumplir con responsabilidad la sentencia y continúa desacatando resoluciones internacionales plenamente vinculantes para nuestro país.

Particularmente lo relacionado con el fuero militar resulta preocupante en un país que ha militarizado las funciones policíacas. Siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos a manos de miembros del Ejército y el legislador federal no pone orden en el marco jurídico nacional para acotar de una vez y para siempre el fuero militar.

Importantes constitucionalistas han planteado la necesidad de poner fin al fuero militar y que sus competencias pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación, entre ellos el magistrado del Tribunal Federal Electoral, Manuel González Oropeza, que concretamente propone lo siguiente: la solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial federal y la reducción a consejos de guerra en el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia.

Los delitos deben ser encausados por los tribunales ordinarios, como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos. Todo ello para respetar el ideal de igualdad ante la ley, base del liberalismo mexicano.

Otros académicos han criticado la regresiva iniciativa presentada por Felipe Calderón, señalando claramente que algunas de las propuestas resultan violatorias a la Constitución.

Además señala textualmente la académica: el militar que comete alguno de los tres delitos: violación, desaparición forzada de personas y tortura, estará en una prisión militar y no civil.

Se pretende también que la policía ministerial militar tenga facultades para entrevistar a testigos útiles para descubrir la verdad, realizar todo tipo de detenciones, inspecciones personales, recoger los objetos que tenga en su poder, situaciones que hoy las pueden hacer, siempre y cuando los militares se encuentren acompañados por autoridades civiles y a solicitud de éstos últimos.

Por todo lo mencionado, resulta necesaria una iniciativa realmente comprometida con los derechos humanos para reinterpretar el marco constitucional en materia del fuero militar.

Sería un grave error y un atentado a los derechos humanos que el Congreso dictaminara favorablemente la iniciativa presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, que ha sido criticada por los teóricos del derecho, como hemos visto. Pero incluso también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente señaló en sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. Cito textualmente: En resumen, es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar, sancionar, a los autores de las alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde —subrayo— siempre a la justicia ordinaria.

Queda evidenciado que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que en caso de aprobarse la iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa, únicamente transfiere al fuero civil los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, con lo cual el Estado mexicano continuaría con la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar resulta anticonstitucional. Ninguna propuesta en la materia puede ignorar esta decisión, pero sí puede ampliar la protección a los derechos humanos.

Si bien el propósito de la Suprema Corte de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es juzgar en el fuero civil a los soldados que cometan actos ilícitos contra civiles, esto puede lograrse también a través de la desaparición del fuero militar.

La iniciativa es la siguiente y pretende —si tengo la suerte de que se acepte— reformar el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de ejercicios públicos que estén fijados por ley. Queda abolido el fuero militar. Únicamente durante los periodos de guerra declarada por el presidente de la República con la autorización del Congreso de la Unión, podrán funcionar tribunales integrados por militares para juzgar delitos y faltas directamente relacionados con la disciplina militar, de conformidad con el Código de Justicia Militar. Dichos tribunales en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, sin importar que se trate de sujeto activo o pasivo del delito. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda.

Muchas gracias por su atención; es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT

Loretta Ortiz Ahlf, diputada federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, marcó un antes y un después en materia de derechos humanos para nuestro país. El Poder Judicial de la Federación ha realizado importantes avances en el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenado el Estado Mexicano. Sin embargo corresponde al Poder Legislativo atender específicamente los puntos resolutivos 10 y 11 de dicha sentencia que señalan:

10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente sentencia.

11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente sentencia.

Sin embargo a más de 3 años el Congreso Mexicano no ha sido capaz de cumplir con responsabilidad la sentencia y continúa desacatando resoluciones internacionales plenamente vinculantes para nuestro país. Particularmente lo relacionado con el fuero militar resulta preocupante, en un país que ha militarizado las funciones policíacas. Siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos a manos de miembros del ejército y el legislador federal no ha sido capaz de poner orden en el marco jurídico nacional para acotar de una vez y para siempre el fuero militar.

Los esfuerzos para suprimir el fuero militar tienen antiguos antecedentes en el Derecho Mexicano, particularmente desde el pensamiento liberal:

“He manifestado que el Constituyente mexicano ha mostrado escepticismo hacia el fuero militar, a pesar de que lo aprobó por las dos terceras partes del Congreso Constituyente de Querétaro (122 votos contra 61), porque algunos de los constituyentes más célebres como Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón e Hilario Medina, dos militares y un abogado, cuestionaron el fuero militar y propusieron, bien restringirlo en tiempo de guerra exclusivamente o, de plano, eliminarlo y transferirlo al Poder Judicial.”

Importantes constitucionalistas han planteado la necesidad de poner fin al fuero militar y que sus competencias pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Manuel González Oropeza propone concretamente:

“La solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial Federal y la reducción a consejos de guerra en el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia. Los delitos deben ser encausados por los tribunales ordinarios como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos; todo ello para respetar el ideal de la igualdad ante la ley, base del liberalismo mexicano.”

Otras académicas han criticado la regresiva iniciativa presentada por Felipe Calderón señalando claramente que algunas de sus propuestas resultan violatorias de la Constitución:

“Además, el militar que cometa alguno de los tres delitos (violación, desaparición forzada de personas y tortura) estará en una prisión militar y no civil. Se pretende también que la Policía Ministerial Militar tenga facultades para entrevistar a testigos útiles para descubrir la verdad; realizar todo tipo de detenciones, inspecciones personales y recoger objetos que tenga en su poder, situaciones que hoy las pueden hacer siempre y cuando los militares se encuentren acompañados por autoridades civiles y a solicitud de estos últimos. También se le pretende facultar a dicha Policía Ministerial para catear a civiles sólo con autorización de un juez militar y si no lo hubiere acudirá al de orden federal o común. De todo ello, se puede considerar que diversos artículos de la referida iniciativa son inconstitucionales, ya que el artículo 13 de la Constitución señala que “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

Por eso resulta necesaria una iniciativa realmente comprometida con los derechos humanos para reinterpretar el marco constitucional en materia de fuero militar. Sería un grave error y un atentado a los derechos humanos que el Congreso dictaminará favorablemente la iniciativa presidencial de Felipe Calderón que ha sido criticada por los teóricos del Derecho, como hemos visto, pero incluso también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente señaló en sentencias condenatorias contra el Estado Mexicano:

198. En resumen, es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos.

Queda evidenciado que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que en caso de aprobarse la iniciativa de Felipe Calderón, únicamente transfiere al fuero civil los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, con lo cual el Estado Mexicano continuaría violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 57, fracción II, inciso A, del Código de Justicia Militar resulta anticonstitucional. Ninguna propuesta en la materia puede ignorar esta decisión, pero sí puede ampliar la protección a los derechos humanos. Si bien el propósito de la SCJN y de la CIDH es juzgar en el fuero civil a los soldados que cometan actos ilícitos contra civiles, esto puede lograrse también, a través de la desaparición del fuero militar.

Esta institución en México ha tenido una larga tradición de violación a derechos humanos, no sólo en contra de civiles que se ven sujetos indebidamente a un proceso en tribunales militares, sino que el fuero militar ha demostrado reiteradamente que carece de imparcialidad y profesionalismo al violar incluso el derecho a un debido proceso en perjuicio de los propios militares. El caso del General Gallardo es probablemente el más paradigmático al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir en 1996 precisamente debido a la indebida manipulación de que es objeto la llamada “justicia” militar y señaló:

VIII. Conclusiones

115. Que a través de la detención y sometimiento del General José Francisco Gallardo a 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial del mencionado General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, de conformidad con los artículos 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana, por los reiterados hechos ocurridos en México desde 1988.

116. Que en virtud de los hechos denunciados el Estado mexicano no ha cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el artículo 1.1 de la Convención Americana.

IX. Recomendaciones

Por todo lo expuesto,

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Acuerda:

117. Se libere inmediatamente al General Brigadier José Francisco Gallardo,

118. Se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo.

119. Se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo.

120. Adopte las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las causas pendientes.

121. Se le pague una justa indemnización al General José Francisco Gallardo como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima.

Como se observa, los organismos internacionales protectores de Derechos Humanos han tenido que intervenir una y otra vez porque el Estado Mexicano continúa violando las libertades más básicas de los ciudadanos debido a la obstinación de conservar el fuero militar.

Así las cosas, resulta indispensable poner fin a las sistemáticas violaciones a Derechos Humanos que derivan de la existencia de un fuero que rompe con la igualdad que debe prevalecer entre todos los mexicanos.

La iniciativa no ignora que en ciertas situaciones, debe salvaguardarse la disciplina castrense. Pero dichas situaciones deben limitarse a los casos en los que la propia Constitución permite la actuación del ejército fuera de los cuarteles militares. Por lo tanto, no parece razonable -ni proporcional- mantener la disciplina militar a través de sanciones penales en tiempos de paz.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Queda abolido el fuero militar. Únicamente durante periodos de guerra declarada por el Presidente de la República con la autorización del Congreso de la Unión, podrán funcionar tribunales integrados por militares para juzgar delitos y faltas directamente relacionados con la disciplina militar de conformidad con el código de justicia militar. Dichos tribunales en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, sin importar que se trate del sujeto activo o pasivo del delito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Queda derogado el Código de Justicia Militar. El nuevo Código de Justicia Militar que tendrá aplicabilidad únicamente en periodos de guerra, deberá emitirse dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este decreto.

Tercero.En tanto que, de conformidad con el transitorio anterior, se expide el nuevo Código de Justicia Militar, queda vigente el catálogo de delitos previstos en el Código de Justicia Militar y serán los jueces penales federales los encargados de conocer y resolver sobre la comisión de dichos delitos.

Notas:

1 Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos; sentencia de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

2 Manuel González Oropeza, “El fuero Militar en México: la injusticia en las fuerzas armadas” en “Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. Estudios de Derecho Público y Política”, David Cienfuegos Salgado, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2006, México D.F. p. 190

3 Ibíd. P. 195.

4 Susana Thalía Pedroza de la Llave, “La reinterpretación constitucional del fuero de guerra o militar en el marco del Estado democrático” Cuestiones Constitucionales, número 25, julio diciembre, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, año 2011.

5 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Párrafo 198.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe número 43/96, caso 11.430 México, 15 de octubre de 1996

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; a los catorce días del mes de febrero del año dos mil trece.— Diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín: Se levanta la sesión (a las 15:54) y se cita para la que tendrá lugar el jueves 28 de febrero, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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