Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 11:01 horas): Por lo tanto, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 20 de marzo de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De diputada

En relación a retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de febrero de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de 2012.

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa al Plan Nacional de Desarrollo.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Solicitud de licencia

Del diputado Ponciano Vázquez Parissi.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal.

Dictamen a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

De las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de Procedimiento de declaratorias.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Ter; un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a los gobernadores de los estados de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Morelos, de Hidalgo y de Jalisco, para que implementen las acciones tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE, para que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

5. De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República que coadyuve con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la SEP, para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF, para que legislen en la materia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad; y al Congreso local a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, revisen su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, a constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Iniciativas

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Artículo Transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 367 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

. Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega y suscrita por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 294 y 306 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación, 113 de la Ley General de Salud y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 185 y 191 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Código Penal Único, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Garantiza el Derecho de Réplica, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide el Código de Procedimientos Penales Único, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 25 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, zona norte, para que entregue la información acerca de las mujeres desaparecidas y asesinadas a la Organización “Nuestras hijas de regreso a casa“ de Cd. Juárez, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretarías de Salud, Federal y del estado de Baja California, para que se establezcan acciones de prevención y atención de la enfermedad denominada Rockettsia, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila, para que cumpla con el pago de la deuda a los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se otorguen los recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senasica y a la Sagarpa, para que se implementen cercos sanitarios a efecto de controlar el daño que puede provocar la roya en los cultivos del café en el país, a cargo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la SRE, para que en representación del Estado Mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de México, para que establezca canales de interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que lleve a cabo la implementación del Programa “Por tu Familia, Desarme Voluntario”, a nivel nacional, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la población en situación de calle, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al ataque y difamación del que fue objeto la comunidad Judía Mexicana e Internacional, víctimas del Holocausto, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del Día Internacional de Acción Contra las Represas, y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de marzo de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con cuatro minutos del martes diecinueve de marzo de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el dieciocho de septiembre de dos mil doce.

• Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, presentada el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por la que solicita que se retire de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veintinueve y treinta, de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el cuatro de octubre de dos mil doce.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa con proyecto de decreto expide la Ley Federal de Apoyo Económico a Madres Solteras Jefas de Familia, presentada el veintiséis de febrero.

• Diana Karina Velázquez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa con proyecto de decreto para emitir una Moneda Conmemorativa, alusiva al Centenario de la Asunción del General Francisco Villa al Gobierno del estado de Chihuahua, presentada el seis de noviembre de dos mil doce.

• Francisca Elena Corrales Corrales, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento treinta y tres, de la Ley del Seguridad Social, y ciento treinta y cinco, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada el trece de noviembre de dos mil doce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

Desde su curul el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios sobre nota periodística relativa a la Minuta de reforma sobre fuero constitucional. El Presidente hace aclaraciones.

b) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del ducentésimo séptimo Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas. Se designa una Comisión de tres diputados en representación.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al proyecto “Centro Comercial Dragon Mart Cancún”. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.

• Con la que remite solicitud de permiso constitucional, para que los ciudadanos: Claudia Cristina Rojas Olguín, Braulio Arturo Torres Rodas, Gabriela Ortega Trujillo, Leonardo Daniel Aguilar Morán, Cynthia Esther Cárdenas Ruiz de Chávez, Sergio Salazar Soto, Sagra Margarita Clorio Jessel, Edgar Sánchez López y Alejandro Olvera Moya, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América, de Australia y de Brasil, en México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

d) De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por la que comunica la suspensión de los eventos programados para el análisis del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública dos mil once, los días veinte de marzo, tres, diecisiete y diecinueve de abril del año en curso. De enterado.

La Presidencia informa a la Asamblea que el ciudadano Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, diputado federal electo en el Primer Distrito electoral del estado de Baja California, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir protesta de Ley, mismo que se lleva a cabo y entra en funciones.

e) De la Cámara de Senadores, por la que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se ratifica la Estrategia Nacional de Energía. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen, y a las Comisiones de Cambio Climático, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Desde su curul la diputada Leonor Romero Sevilla, del Partido de Acción Nacional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de la diecisiete personas fallecidas a causa de una explosión en Nativitas, Tlaxcala. La Presidenta obsequia dicha solicitud.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos al dieciocho de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido de Acción Nacional; y Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul realiza comentarios con relación al tema la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Partido de Acción Nacional.

A las once horas con cincuenta y siete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido de Acción Nacional. La Presidenta hace aclaraciones.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Puntos Constitucionales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos sexto, séptimo, veintisiete, veintiocho, setenta y tres, setenta y ocho, y noventa y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

b) Unidas de Juventud y de Gobernación, que reforma diversas disposiciones a los artículos cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

c) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de Procedimiento de declaratorias.

• Que adiciona un artículo veintiocho Ter; un segundo párrafo al artículo veintinueve y un segundo párrafo al artículo cuarenta y siete de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

d) De Derechos de la Niñez, que reforma el artículo veintiocho de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Salud:

• Que reforma el artículo veintiocho Bis de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veintitrés votos a favor; cuatro en contra; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo veintiocho Bis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma la fracción séptima del artículo cuatro de la Ley de Asistencia Social. El dictamen fue fundamentado en la intervención anterior por la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo cuatro de la Ley de Asistencia Social. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud a la diputada Eva Diego Cruz. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y tres votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de suicidio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Transportes, que reforma y adiciona los artículos treinta y cinco, treinta y nueve, y cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, y quien presenta propuesta de modificación, la cual se acepta en votación económica. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos treinta y ocho votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, que reforma y adiciona los artículos treinta y cinco, treinta y nueve, y cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Economía, que reforma los artículos tercero y diez de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Maricela Velázquez Sánchez. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y diez de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

e) De Seguridad Social, que reforma el artículo noventa y cinco de la Ley del Seguro Social. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Javier Salinas Narváez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido de Acción Nacional; y Alma Jeanny Arroyo Ruíz, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo noventa y cinco de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes de en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Salud:

• Que reforma el artículo dieciséis de la Ley General para el Control del Tabaco.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos dieciséis, dieciocho, veinte, veintitrés, y veinticinco de la Ley General para el Control del Tabaco.

b) Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y del Código Fiscal de la Federación.

c) De Seguridad Social, que reforma el tercer párrafo y adiciona un cuarto párrafo al artículo doscientos uno y reforma el artículo doscientos cinco de la Ley del Seguro Social.

d) De Atención a Grupos Vulnerables:

• Que reforma los artículos quinto, diecinueve y veintiocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

e) De Desarrollo Rural:

• Que reforma los artículos tercero y diecisiete de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Que adiciona la fracción cuarta al artículo cinco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

f) Unidas de Gobernación y de Energía:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

g) De Transparencia y Anticorrupción:

• Que reforma el artículo siete de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Que reforma los artículos uno y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Secretaría da lectura a los puntos resolutivos y sin oradores registrados, en votación económica, se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Pedro Porras Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y dos-D del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, que expide la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Sergio Torres Félix, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y siete de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo noventa y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde sus respectivas curules solicitan a la Presidencia se continué con el siguiente punto del orden del día aprobado por la Asamblea que es Puntos de acuerdo de urgente resolución, los diputados: Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido de Acción Nacional; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido de Acción Nacional; Fernando Belaunzarán Méndez, Teresa de Jesús Mojica Morga, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. La Presidenta obsequia dicha solicitud.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución a los diputados:

• Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del Oriente del estado de Michoacán de Ocampo, así como para que realice las gestiones necesarias para la ampliación del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en Nefrología. En votación económica se considera de urgente resolución. Intervienen para referirse al tema los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica García Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido de Acción Nacional; y Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Presidente de la República y a los miembros de su gabinete, para que cumplan con su compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Raúl Gómez Ramírez, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, ambos del Partido de Acción Nacional; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido de Acción Nacional. La Presidenta hace aclaraciones.

En votación nominal por doscientos veintitrés votos a favor; y doscientos diecinueve en contra, se considera de urgente resolución. Intervienen para referirse al tema los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática;

Desde su curul realiza moción de ilustración el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido de Acción Nacional. La Presidenta hace aclaraciones.

Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido de Acción Nacional; y Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul realiza razonamiento de su voto el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; y para moción de procedimiento el diputado José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta hace aclaraciones.

En votación nominal por doscientos veinticinco votos a favor; y doscientos veinte en contra; se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

La presidencia de la Mesa Directiva instruye a la Secretaría dar lectura al artículo cuarenta y cinco de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a solicitud del diputado José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en representación del Gobierno Mexicano, condene la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los veinticuatro presos civiles saharauis, juzgados en un Tribunal Militar Marroquí. En votación económica se considera de urgente resolución. Intervienen para referirse al tema los diputados: Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática; y Angelina Carreño Mijares, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Partido Revolucionario Institucional.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Sergio Torres Félix, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintisiete y deroga el artículo treinta y dos de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la problemática que representan las altas tarifas de energía eléctrica en el país. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Enrique Aubry De Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones de Derechos Humanos locales, así como a la Secretaría de Salud, para que establezcan campañas permanentes de detección, prevención y eliminación de todo tipo de maltrato y en su caso, orientación para el tratamiento del Bullying y Mobbying. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, para que los puestos de dirección de todos los espacios gubernamentales destinados a la atención de los temas referentes a la juventud, sean ocupados por personas menores a veintinueve años de edad, al día de su designación. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión de Juventud, por el que se exhorta al Senado de la República, para que se apruebe la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo cuarto y se reforma la fracción vigésima novena-J del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Senadores.

• Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la instrumentación de acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal del pepino de. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo, por el que se insta a Petróleos Mexicanos para que se acate o sancione el no cumplimiento del manual de operación de la franquicia Petróleos Mexicanos, por parte de las estaciones de servicio, respecto del uso gratuito de los servicios sanitarios por parte de clientes y acompañantes. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, y de la Comisión Federal de Electricidad, para que se realice un estudio de las condiciones climatológicas en el estado de Campeche y se determine la clasificación pertinente, justa y correcta de las tarifas eléctricas. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se declare el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar mañana miércoles veinte de marzo de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se recibieron los siguientes oficios, de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, por el que se...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Durazo, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, con un objeto recurrente en el transcurso de esta semana, que no ha quedado aclarado a satisfacción.

Hoy, nuevamente un medio de comunicación, específicamente el periódico Reforma, habla de una serie de aparatos, específicamente Ipads y mini Ipads, que fueron entregados a la Cámara de Diputados.

Como he pedido aclaraciones —y a usted, pública y personalmente a través de los medios ha expresado que no le corresponde— no encontramos exactamente a quién le corresponde dar respuesta de estos temas. En primer lugar.

En segundo lugar, quiero hacer patente que Movimiento Ciudadano no ha recibido ni recibirá los Ipads.

Número tres, me parece extraordinario, un mal momento para que esta Cámara de Diputados haga un contrato con Telmex, en un momento en el que vamos a empezar a discutir la Ley de Telecomunicaciones y esto, estoy seguro que excitará la suspicacia social respecto de eventuales compromisos con esa empresa, que pudieran incidir indebidamente en nuestros posicionamientos. Gracias por su atención, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A los tres asuntos les doy puntual respuesta. Primero, comparto con usted la afición por el periódico Reforma y se lo reconozco; segundo, el Comité de Administración podrá darle toda la información adecuada. Entiendo que su coordinador es parte del Comité de Administración y le doy la pista de que puede ser una fuente muy confiable. Tercero, respeto mucho la decisión de Movimiento Ciudadano de no recibir estos aparatos, y cuarto, estoy totalmente de acuerdo con usted en que no es el mejor momento.

Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado presidente, de la manera más atenta y con fundamento en el numeral segundo del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que presenté ante el pleno el pasado 4 de diciembre de 2012, y que fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2013.— Diputada Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

SEMANA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1153, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UDP/048/13, suscrito por la licenciada Faride Rodríguez Velasco, comisionada para el Desarrollo Político de esta secretaría, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a que se declare la última semana de abril como la Semana Nacional de Seguridad Social, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 19 de marzo de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

En relación a su atento oficio número SEL/UEL/311/373/13, del 8 de marzo del presente, mediante el cual hace del conocimiento de esta Unidad para el Desarrollo Político que por oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1153, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 7 del actual, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a:

1. Declarar la última semana de abril como la Semana Nacional de la Seguridad Social, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

2. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la Declaración de Guatemala, con objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 10 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito comunicar a usted que se ha tomado debida nota del contenido del exhorto y al mismo tiempo le informo que se convocará a los titulares de las dependencias y organismos de la administración pública federal, a fin de que se adhieran al mismo y, en la medida de sus posibilidades, realicen actividades dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social, principalmente en la última semana de abril de 2013.

Por otro lado, se remitirá copia del exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que, de conformidad con sus atribuciones, realice las acciones que estime pertinentes respecto del segundo punto del acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 13 de marzo de 2013.— Licenciada Faride Rodríguez Velasco (rúbrica), comisionada para el desarrollo político.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

TRABAJADORES ELECTRICISTAS DE LA EXTINTA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-Il-8-1071, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 099001050010/2013000035, suscrito por el licenciado René Curiel Obscura, titular de la Unidad de Vinculación del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a que se les continúe otorgando los servicios médicos a los trabajadores electricistas de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de marzo de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Instituto Mexicano del Seguro Social.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio No. SEL/UEL/311/307/13, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el pasado 21 de febrero, a través del cual dicho órgano legislativo exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que se continúen otorgando los servicios médicos a los trabajadores electricistas que laboraban en la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Sobre el particular, me permito comentarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social brinda la asistencia médica correspondiente tanto a los ex trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como a sus beneficiarios. Dichos servicios médicos se brindan mediante el esquema del Seguro de Salud para la Familia, en los términos de lo previsto en la Ley del Seguro Social.

En virtud de lo anterior, le solicito de la manera más atenta, sea usted el conducto para hacer llegar la presente respuesta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos procedentes a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2013. — Licenciado René Curiel Obscura (rúbrica), titular de la Unidad de Vinculación del IMSS.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PAIS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-411 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CONAPRED/DGAELPP/ 036/2013 suscrito por la licenciada Sonia Río Freije, directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de marzo de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta a sus oficios números SEL/UEL/311/0061/ 13, SEL/UEL/311/286/13 y SEL/UEL 11/402/13, en el que informa a este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión de fecha 16 de enero del año en curso, mismo que a continuación se transcribe:

“ Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realice un diagnóstico nacional sobre violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en México, colocándonos así dentro de los estándares internacionales en la materia en comento”.

Esta institución manifiesta su interés respecto del tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, toda vez que resulta de especial importancia para atender el problema de la discriminación en contra de este sector; por lo que en el ámbito de su competencia, particularmente con fundamento en las atribuciones que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación le otorga en su artículo 20, considerará y analizará el exhorto formulado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, teniendo a la prevención de la discriminación como tema central.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2013.— Licenciada Sonia Río Freije (rúbrica), directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente, para su conocimiento.

PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes febrero de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Luis Videgaray Caso (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio D.G.P.L. 62-II-8-1114, dirigido al ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en el que se comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el acuerdo que se cita a continuación:

“Único.La Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, considere prioritarias las actividades del sector social de la economía para impulsar el crecimiento económico del país.”

En esta consideración le manifiesto que el Ejecutivo federal tiene el firme compromiso de considerar las actividades del sector social para impulsar el crecimiento económico del país. En los términos que el presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, éste considerará como un principio transversal el democratizar la productividad.

Esto implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen las trabas que impiden la oportunidad de ser productivos a un amplio sector de la población. Se buscará promover una productividad que llegue a todos los ámbitos de la vida económica, fortalezca el mercado interno y genere círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Alfredo Mier y Terán López Sánchez (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; 13 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar, por su conducto, al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión licencia por tiempo indefinido a partir del jueves 21 de marzo del año en curso, para separarme del cargo de diputado federal electo a la LXII Legislatura por el XXI distrito en el estado de Veracruz.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente y aprovecho para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida

Atentamente

México, DF, a 19 de marzo de 2013.— Diputado Ponciano Vázquez Parissi.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a la consideración del pleno los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ponciano Vázquez Parissi, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 21 del estado de Veracruz, a partir del 21 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.

Le deseamos al diputado Ponciano Vázquez tenga éxito en las tareas que emprenderá.

Continúe la Secretaría con declaratoria de publicidad de dictámenes.

LEY DE MIGRACION

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión que suscribe, de Asuntos Migratorios, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 3401, que contiene minuta remitida por el Senado de la República para sus efectos constitucionales, presentada el 1 de febrero de 2012 al Pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en sesión ordinaria correspondiente al primer periodo del tercer año de ejercicio legislativo.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la minuta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3442-1, del miércoles 1 de febrero de 2012.

En ese mismo acto la Mesa Directiva le dictó turno a para estudio y dictamen a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, quedando en reserva para ser dictaminada en la LXII Legislatura.

El 20 de noviembre de 2012, con oficio número 62-11-4-159, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, remitió el expediente relativo para su estudio y dictamen, a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El proyecto de decreto que contiene la minuta en comento, propone reformar y adicionar el artículo 112 de la Ley de Migración con el objetivo de fortalecer la protección y asistencia de los menores migrantes no acompañados de un adulto como sigue:

Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora realizó un estudio de la Ley de Migración, en lo que se refiere al tratamiento que debe darse a los niños, las niñas y adolescentes migrantes, así como los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en Tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario, teniendo en cuenta que se trata de uno de los sectores sociales más vulnerables.

Al respecto, esta Comisión recuerda que la población de emigrantes mexicanos supera los 30 millones de personas -considerando mexicanos y personas de ascendencia mexicana; da lugar a una migración voluntaria de retorno que fluctúa entre 200 a 300 mil eventos al año, y alrededor de 500 mil eventos de detenidos y repatriados por las autoridades migratorias estadounidenses, entre las que se cuentan miles de niñas, niños y adolescentes que emigran no acompañados por adulto, fenómeno de cuya gravedad da cuenta un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que destaca que en el primer semestre de 2011, 8 mil 340 niños y jóvenes fueron detenidos y repatriados de Estados Unidos, de los cuales, 83% fueron hombres y el resto mujeres, que no cuentan con una protección efectiva de sus derechos en el marco de la legislación vigente, a pesar de que México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La minuta en comento propone reformas y adiciones al artículo 112 de la Ley de Migración, para que cuando niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados sean alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, se dé inmediato aviso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a la Comisión Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la Entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

Esta comisión que dictamina considera que en los términos del proyecto se avanzaría en la coordinación de los esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno para los menores migrantes sin compañía de adultos, en relación a los compromisos internacionales signados por México y los propósitos de la propia ley de Migración, pero resulta pertinente agregar algunos elementos con el fin de que se garanticen de mejor manera los objetivos que animan a la misma y se atiendan las preocupaciones que se exponen, y con las cuales la Comisión está plenamente de acuerdo.

En este contexto, esa comisión considera importante que en lugar de que alguna niña, niño o adolescente migrante sea puesto a disposición del Instituto, debe decir bajo la responsabilidad; que el aviso al Consulado respectivo sea de inmediato; que el aviso se dé tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como a la Comisión Estatal respectiva; que el sistema Nacional del DIF no sólo coordine y coadyuve sino que garantice, y avanzamos en ubicar algunos elementos que nos ayudarán a realmente atender el interés superior del niño, niña o adolescente, ubicando las potenciales causas de la migración.

En este último aspecto, es de la mayor importancia que se tomen en cuenta las causas de la migración, pues no se le puede dar el mismo tratamiento a quienes migran por razones diferentes. No es lo mismo el niño, niña o adolescente que migra en busca de su familia, que el que huye de una situación de violencia ya sea intrafamiliar o social.

Por ello, coincidiendo en los términos del proyecto, con el fin de mejorar la redacción y profundizar en la protección de la niña, niño o adolescente, se proponen algunas modificaciones al texto, como sigue:

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora considera que es de aprobarse con modificaciones, para los efectos de los dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto de decreto contenido en la minuta del Senado de la República en comento, que modifica las fracciones I y VI del artículo 112 de la Ley de Migración, por lo cual pone a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de Migración

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidady se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

1. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a V. ...

VI. ...

...

Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los sistemas estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Nestor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García; Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 12 de mayo de 2009, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. El 19 de octubre de 2012 fue aprobado en Cámara de Senadores el dictamen que dio trámite a la iniciativa del senador Toledo Infanzón.

3. El 21 de octubre de 2010 fue presentada ante Cámara de Diputados la minuta proveniente de Cámara de Senadores que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

4. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

5. El 19 de abril de 2012 la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura emitió dictamen que aprueba la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

6. Con fecha 20 de noviembre de 2012, se aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva y que el pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver, en virtud del cual se acordó modificar el trámite y devolverse el asunto a la Comisión de Juventud.

7. El 21 de noviembre de 2012, con fundamento en el artículo 95, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de noventa días hábiles para que la minuta fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

II. Contenido de la minuta

La minuta que envía la Cámara de Senadores pretende reformar el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, agregando dos fracciones al artículo en comento, y así otorgar al director general del Instituto Mexicano de la Juventud la facultad para remitir a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles, así como para difundir los proyectos de desarrollo de la juventud, el seguimiento a las acciones de los programas y sus propuestas.

III. Proceso de análisis

Según la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente más de mil millones de jóvenes, lo que implica que poco más del 14 por ciento de la población mundial tiene entre 15 y 24 años. Si a esto se agrega que cerca de 20 por ciento de la población mundial tiene entre 5 y 14 años, es posible observar que más de una tercera parte del mundo es joven o potencialmente joven.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los jóvenes de México, de entre 12 y 29 años de edad, son 36.2 millones de individuos, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 millones son mujeres. Así, los jóvenes de México conforman una tercera parte del total de la población mexicana.

Como mencionamos, la población juvenil en México equivale a una tercera parte del total de la población mexicana, realidad que conforma el fenómeno del “bono demográfico”. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) el bono demográfico es una realidad inscrita en la transición demográfica por la que atraviesa nuestro país. De esta forma, es posible observar que México es un país particular en tanto que cuenta con un potencial productivo como no se había visto en algún momento de su historia, lo que abre un cúmulo de oportunidades para el desarrollo nacional.

Los jóvenes forman el núcleo del llamado bono demográfico, por lo que su inclusión en el desarrollo nacional es insoslayable. Antes de que sea tarde, es imperativo para el Estado mexicano articular una política de juventud que permita atender e incluir a este importante sector poblacional en el desarrollo del país. No obstante, para que ello ocurra, es necesario dar el primer paso: conocer a fondo a la juventud mexicana con el fin de plantear propuestas que permitan elevar su calidad de vida y potencien sus posibilidades de crecimiento.

En México, en los últimos 12 años la política de juventud se ha regido bajo los lineamientos del Programa Nacional de Juventud, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el gobierno en gestión. Ahora bien, el organismo rector de la política nacional en materia de juventud es el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), cuyo objetivo es promover y fomentar condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, así como instrumentar una política nacional, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.

Dentro de las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, se encuentra la de realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles, mismos que servirán para el diseño de las políticas públicas en materia de juventud para abatir las complejas realidades que enfrenta la juventud mexicana.

Fuentes bibliográficas

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Inegi.

• Encuesta Nacional de Juventud de 2010, del Imjuve.

• Organización de las Naciones Unidas.

IV. Consideraciones

Considerando que en México la juventud se forma por cerca de 36.2 millones de individuos, y que la diversidad de realidades es tan grande como las personas que conforman a este importante sector de la población, con características particulares de tipo económicas, políticas y sociales, y que es responsabilidad de todos erradicar estos males y mejorar sus condiciones de vida, esta comisión, con base en las opiniones recabadas y análisis propio, expone lo siguiente:

La Comisión de Juventud considera pertinente modificar el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano, por el que se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción, lo que permitirá que la remisión de los estudios e investigaciones elaborados por el Instituto Mexicano de la Juventud, al Congreso de la Unión, sea facultad del director general de dicho instituto.

Asimismo, se considera oportuno que el envío de las publicaciones al Congreso de la Unión, se realice al inicio de los periodos ordinarios de sesiones, con el objetivo que los legisladores cuenten con información actual del contexto de las realidades de la juventud, lo que les permitirá prever acciones legislativas y presupuestarias en los periodos y momentos oportunos.

Finalmente, se considera que los estudios e investigaciones que el Instituto proporcione al Poder Legislativo, coadyuvarán a la difusión de los proyectos de desarrollo de la juventud, al seguimiento a las acciones de los programas y las correspondientes propuestas que formula el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, del propio instituto.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Juventud somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único.Se adicionan las fracciones IX y X, recorriéndose la actual IX para ser XI, al artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a VII. ...

VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño;

IX. Remitir a la Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción V del artículo 4;

X. Difundir los proyectos de desarrollo de la juventud, el seguimiento a las acciones de los programas y sus correspondientes propuestas previstos en el artículo 15 de la presente ley; y

XI.Las que le confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2013.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gilberto Antonio Hirata Chico, Zuleyma Huidrobo González, María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Heberto Neblina Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CODIGO DE COMERCIO - LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES - LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION - LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y de las Leyes Generales de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos, y Orgánica de la Administración Pública Federal.*

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

Dictamen

Al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1.El 20 de noviembre de 2012 la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos

2.En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

El objeto de la iniciativa bajo estudio es reformar el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, con el propósito de prever como obligación de las autoridades responsables, en los tres órdenes de gobierno, la de proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

Para sustentar su propuesta, la diputada iniciante argumenta lo siguiente:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, resolvió que nuestro país ocupa un peldaño verdaderamente alarmante en lo que a trata de personas significa; pues este ilícito se ha posicionado como el segundo más redituable para la delincuencia, en especial para la delincuencia organizada, desplazando el trafico (sic) de armas y sólo por debajo del trafico (sic) de drogas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que, México ocupa el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe en el tema de trata de personas.

[...] La carencia de una correcta aplicación de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los afectados por la trata de personas en la región de América Latina y el Caribe, ha propiciado que países como México, Brasil, Colombia y Argentina, entre otros, se conviertan en un centro de captación y reclutamiento bastante redituable y peleado por los tratantes de personas.

[...] Las mujeres víctimas de trata sufren periodos de emociones severos y con secuelas por los traumas que heredan posterior a estos hechos, sumado que se documentaron hechos en los cuales padecían los acosos y malos tratos de los órganos administrativos y judiciales [...] enfrentándose con una gran insensibilidad y pésimo trato por parte del personal de las dependencias [...] sobre todo las mujeres y niñas que habían sufrido agresiones sexuales.

Debido a ello, se realizó un trabajo en conjunto con los tres Poderes de la Unión para alcanzar las mínimas medidas de atención, prevención, protección y sanción de la trata de personas. El trabajo conjunto [...]  permitió transitar hacia la promulgación de una ley específica, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Nuestro país con la finalidad de coadyuvar a la prevención y atención de víctimas de este delito ha sido firmante de varios acuerdos, protocolos y convenciones, dentro de los cuales podemos citar: La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [...] el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente la de mujeres y niños [...] la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing [...] la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres [...] la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [...] entre otras.

México sufre dos grandes problemas en materia de trata, por un lado [...] los grupos criminales organizados ingresan y movilizan a las víctimas de un estado a otro y de una nación a nuestro territorio o viceversa [...]

Por otra parte tenemos a las personas indígenas en situación de vulnerabilidad, víctimas de amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño y abuso de poder.

[...] En su momento la entonces diputada Rosi Orozco, dio a conocer que en nuestro país 45 por ciento de las víctimas del delito de trata eran niñas indígenas.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las cuales 31 por ciento son menores de edad de entre 5 y 17 años, y 70 por ciento son personas indígenas y migrantes, los cuales realizan trabajos que atentan contra su seguridad y salud.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

1. La trata de personas. Un delito que afecta mayormente a quienes padecen vulnerabilidad

Sin duda, la trata de personas constituye la esclavitud del siglo XXI.  Es una forma de subyugación que atenta directamente contra la libertad y la dignidad del ser humano y pone de manifiesto a través de sus víctimas, la gravedad de las inequidades de género y las desigualdades múltiples, traducidas en mayor vulnerabilidad.

Entonces, las víctimas de esa forma de opresión son, en un importante porcentaje, mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas que forman parte de pueblos y comunidades indígenas y migrantes.

Las cifras de este delito son alarmantes. La propia iniciante en su escrito señala datos precisos sobre el particular y frente a esta situación, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos estiman necesario dar respuestas desde la máxima tribuna de nuestro país.

De acuerdo con Naciones Unidas:

Históricamente, los pueblos indígenas de todo el mundo han sufrido muchísimo a causa de la esclavitud y el trabajo forzoso, y muchos continúan hoy día padeciéndolo. Debido a la discriminación, la marginación, la pobreza y un conjunto de otros factores, los pueblos indígenas son vulnerables al trabajo forzoso, a la servidumbre por deudas, a la trata y otras situaciones análogas a la esclavitud.

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que:

La existencia de la discriminación por razones de género ligada a la discriminación étnica aumenta más la posibilidad de trabajo forzoso. Habida cuenta de las múltiples discriminaciones de las que son víctimas las mujeres indígenas, suelen ser especialmente vulnerables a la trata, no sólo parar la explotación sexual comercial, sino también para otras formas de trabajo forzoso.

2. Las obligaciones en materia de trata de personas, derivadas de instrumentos internacionales

El combate a la trata de personas es uno de los principales retos que enfrentan los Estados, porque se trata de un problema transnacional que requiere de soluciones conjuntas. De ahí que a nivel internacional los países, entre ellos México, hayan acordado diversos instrumentos. Ya la diputada iniciante señala en su propuesta los que son obligatorios para el Estado mexicano.

Considerando el objeto de la iniciativa presentada por la Diputada Córdova Bernal, resulta conveniente considerar que, respecto a la asistencia y protección a las víctimas del delito de trata, el artículo 6 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionalestablece que cada estado parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de trata de personas previendo la confidencialidad de las actuacionesjudiciales relativas a dicha trata.

Además, ese mismo dispositivo señala que cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, en particular mediante el suministro, entre otros, de: asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender.

Determina también que cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del protocolo la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los niños.

En ese contexto, nuestro país se ha comprometido a respetar y garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito de trata. La legislación interna es el ámbito por excelencia de protección de los derechos humanos y, por tanto, debe de ser el reflejo de las obligaciones asumidas en materia internacional. Así, debe entenderse al derecho internacional como herramienta de apoyo para el derecho interno en la búsqueda de las condiciones que protejan y maximicen la dignidad inherente al ser humano, tal como se desprende de nuestro artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, Luigi Ferrajoli señala:

“Reconsiderar el Estado en sus relaciones exteriores a la luz del derecho internacional actual es lo mismo que pensar el Estado en su dimensión interna a la luz del derecho constitucional. Significa interpretar la conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas y en las relaciones con sus ciudadanos –guerras, masacres, torturas, ataques a la libertad, amenazas al medio ambiente, condiciones de miseria y de hambre en que viven un amplísimo número de personas- no como males naturales, y tampoco como simples “injusticias” respecto de un utópico deber ser moral o político, sino como otras tantas violaciones jurídicas respecto del deber ser del derecho internacional vigente, tal como hoy ha sido proclamado ya en sus principios fundamentales. Significa, en una palabra, según la bella fórmula de Ronald Dworkin, “tomar en serio” el derecho internacional y, por tanto, aceptar que sus principios son vinculantes y que su diseño normativo ofrece una perspectiva alternativa frente a lo que de hecho ocurre; hacerlos valer como claves de interpretación y como fuentes de crítica y de deslegitimación de lo existente; proyectar, en fin, las formulas institucionales, las garantías jurídicas y las estrategias políticas necesarias para su realización. No es una perspectiva irreal. Se trata, por el contrario, de una perspectiva obligada. Vivimos hoy... una crisis histórica... La potencia destructiva de las armas nucleares, las agresiones cada vez más catastróficas contra el medio ambiente, el acentuarse de las desigualdades y la miseria, la explosión de conflictos étnicos y entre nacionalidades diversas en el interior de los propios Estados, hacen que el equilibrio internacional sea cada vez más precario y más difícil la conservación de la paz. Por otra parte, la caída de la división en bloques y la creciente interdependencia económica, política, ecológica y cultural han hecho que el mundo realmente se convierta, a pesar de su complejidad creciente y de sus innumerables conflictos y desequilibrios, en una aldea global... Es precisamente la suma de todos estos factores lo que hace más urgente, y a la vez más posible que en cualquier otro momento pasado, la hipótesis de una integración mundial basada en el derecho.”

En ese tenor, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos coinciden con la propuesta de la diputada. Si bien es cierto que podría argumentarse que la prerrogativa de las víctimas a recibir información sobre sus derechos en una lengua, idioma o dialecto que comprendan se encuentra ya reconocido en nuestra propia Constitución Federal en su artículo 2º, apartado A, fracción VIII, también es cierto que no sólo las víctimas de estos delitos pueden expresarse en un idioma distinto al español por su condición de miembros de pueblos o comunidades indígenas, sino que las víctimas de tales delitos pueden hablar un idioma distinto por ser extranjeras introducidas legal o ilegalmente al país.

Además de lo anterior, la iniciativa que se analiza señala que la información que se proporcione a las víctimas deberá serles facilitada en atención a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad. En este sentido, la propuesta se estima del todo conveniente, puesto que, desgraciadamente, las víctimas del delito de trata de personas abarcan todo el abanico de edades.

3. Modificación de la redacción propuesta en la iniciativa

Como ha quedado expresado, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos coinciden con la finalidad planteada en la iniciativa que se analiza; sin embargo, difieren sobre la propuesta de redacción planteada por la diputada iniciante, misma que propone reformar la fracción II, adicionar una fracción VIII y recorren en orden progresivo las fracciones subsecuentes del artículo 62 para, consecuentemente, dejar ese dispositivo con ocho fracciones.

Lo anterior considerando que, conforme a la técnica legislativa, para incluir en el artículo 62 la propuesta planteada no es necesario crear una fracción adicional a las siete vigentes, aunque se trate de un nuevo texto, ya que éste  podría ser incluido como párrafo segundo de la fracción II, debido a que el supuesto previsto en esa fracción se encuentra estrechamente vinculado con el que se propone por la iniciante y, más aún, se estima lo complementa y, define  una esfera más amplía de protección a favor de las víctimas del delito.

La fracción II vigente señala:

Crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo

La propuesta que la Comisión de Derechos Humanos plantea sería la siguiente:

“Artículo 62. ...

I. ...

II. ...

Asimismo, deberán proporcionar a las víctimas en un idioma, dialecto  o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

III a VII. ...

Por lo anteriormente expuesto y motivado, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de ésta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Único.Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 62. ...

I. ...

II. ...

Asimismo, deberán proporcionar a las víctimas en un idioma, dialecto  o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

III a VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La trata de personas especialmente en su modalidad de explotación sexual de mujeres y niñas como tema de políticas públicas en México y otros países. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados LXI Legislatura.

2 “El trabajo forzoso y los pueblos indígenas”. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, material de prensa. Consultado el 10-01-2013, 18:10 horas, en el portal oficial de Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/10Session_factsheet_trabajo_ES.pd f

3 “Folleto No. 3, “Trabajo forzoso, trata de personas, y pueblos indígenas y tribales” Organización Internacional del Trabajo (OIT). Consultado en la página oficial de la Organización internacional del Trabajo el 10-01-13, 18:25 horas, disponible en: http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-normes/documents/publication/wcms_100760.pdf

4 México es signatario de este protocolo que es conocido también como el Protocolo de Palermo que establece las normas mínimas que deben complementarse con la aplicación de otros instrumentos de derechos humanos internacionales y regionales.

5 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil.Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés 7ª ed. Madrid, 2010. Pág. 148-149.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica en contra), Verónica Sada Pérez (rúbrica en contra), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica en contra), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica en contra), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica en contra), Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen el señor diputado don Francisco Javier Fernández Clamont.

El diputado Francisco Javier Fernández Clamont: Muy buenos días a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de usted, señor presidente y vicepresidente.

A nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, de su Junta Directiva y de sus integrantes, hoy doy lectura al proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

El artículo 62 de esta ley habla que las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en ámbito federal, de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a proteger y asistir debidamente a víctimas, ofendidos y testigos.

La adición a esta fracción II de este párrafo dice: Asimismo deberán proporcionar a las víctimas, en un idioma o lengua, con su respectiva variante lingüística, que comprendan y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad sicológica y la protección a su identidad e intimidad.

El objetivo de esta iniciativa bajo estudio es reformar el artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, con el propósito de prever como obligación de las autoridades responsables de los tres órdenes de gobierno la de proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad sicológica y la protección de su identidad e intimidad.

Cabe recordar que la trata de personas es un delito que afecta mayormente a quienes padecen algún grado de vulnerabilidad. Ésta constituye la esclavitud del siglo XXI; es una forma de subyugación que atenta directamente contra la libertad y la dignidad del ser humano y pone de manifiesto a través de las víctimas la gravedad de la inequidad de género y desigualdades múltiples traducidas en mayor vulnerabilidad.

El combate a la trata de personas es uno de los principales retos que enfrentan los estados, porque se trata de un problema transnacional. Resulta conveniente considerar del delito de trata el artículo 6 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que establece que cada Estado protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de trata de personas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicho delito.

En este contexto, nuestro país se ha comprometido a respetar y garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito de trata.

La legislación interna es el ámbito por excelencia de protección de los derechos humanos y por lo tanto, debe de ser el reflejo de las obligaciones asumidas en materia internacional.

Así debe de entenderse al derecho internacional, como una herramienta de apoyo para el derecho interno en la búsqueda de las condiciones que protejan y maximicen la dignidad inherente al ser humano, tal como se desprende de nuestro artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente deseo hacer mención que con fundamento en el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos ha realizado una corrección de estilo al segundo párrafo de la fracción II del artículo 62 contenido en el proyecto de decreto, misma que ya se ha hecho llegar a la Mesa Directiva y que he dado lectura.

Esta reforma, sin duda, va a complementar la legislación en materia de trata de personas, por lo que los integrantes, la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, nos pronunciamos a favor del presente dictamen, ciertos que esto significa un logro para los intereses de los grupos más vulnerables y del pueblo de México.

Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, y esperamos que su votación sea a favor. Muy amables. Gracias, señor presidente y vicepresidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Derechos Humanos.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de saludarle, sirva la presente para solicitarle con fundamento en el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la corrección del texto plasmado en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 62 del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 62, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, remitido por la Presidencia de este órgano Legislativo y que está agendado en el orden del día de la sesión de fecha 14 de marzo de 2013.

Lo anterior, a efecto de realizar las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes o decretos.

Por lo anterior, le solicito atentamente, se modifique el texto referido de la  siguiente manera:

Dice:

Artículo 62.  ...

I. ...

II. ...

Asimismo, deberán proporcionar a las víctimas en un idioma, dialecto o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

III a VII. ...

Proyecto de modificación

Artículo 62. ...

I. ...

II. ...

Asimismo, deberán proporcionar a las víctimas en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüísticaque comprendan, y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad.

III a VII. ...

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.— Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy amable. ¿Nos dejó una modificación? Ya la habían entregado y está publicada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si autoriza que la modificación que plantea el señor presidente de la comisión pase a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por el presidente de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En esas condiciones es que abordamos el dictamen. Tiene el uso de la voz el señor diputado don René Fujiwara Montelongo, para presentar el planteamiento de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el respeto, vigilancia, fortalecimiento y denuncia contra cualquier atentado a los derechos humanos es una vocación irrenunciable de Nueva Alianza, desde su conformación como instituto político al servicio de los ciudadanos mexicanos.

Por ello, como grupo parlamentario estamos plenamente convencidos de que esta adición auxiliará de manera significativa en la reparación del daño a los derechos humanos que desastrosamente sufren las víctimas a las que están dirigidas estas modificaciones.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica; asimismo nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Lo anterior, suscrito por la mayoría de las naciones libres —lo sabemos muy bien— forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.

La realidad es que México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y de trabajo forzado, donde los grupos más vulnerables incluyen a mujeres, niños, indígenas, migrantes que transitan por el territorio nacional y ciudadanos de otras naciones, que por desgracia son víctimas de esta violencia hacia sus personas.

México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Fondo Internacional para la Infancia, existen 20 mil menores que son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía; mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.

Por este breve diagnóstico y en función del dictamen que la Comisión de Derechos Humanos realizó y fundamentó con mucha pertinencia, coherentes con nuestra irrenunciable vocación, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos necesario y urgente garantizar a las víctimas de este delito el pleno entendimiento de sus derechos, aún si hablan y entienden algún idioma o lengua distinta al español.

Se tiene el registro de que en 19 entidades federativas es donde hay mayor incidencia de desaparición de mujeres y niñas, y en la mayoría de estos estados, por no decir que en todos, existe población que solo habla y entiende lenguas indígenas.

Datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señalan que en México se habla en 68 lenguas que tienen 364 variantes lingüísticas y pertenecen a 11 familias lingüísticas.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, ¿cómo podemos permanecer indiferentes a semejante problemática? Debemos actuar de inmediato garantizando los derechos de las víctimas de este delito y, sobre todo, seguir en la lucha para erradicarlo.

Brindar un intérprete a todas aquellas personas víctimas de este delito debe convertirse en una obligación para la autoridad, sin éste no podrán conocer y hacer valer sus derechos.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con la sociedad y sabemos que hay mucho que hacer en temas como la trata de personas; sin embargo, también reconocemos que este dictamen es una gran aportación al respeto y atención de las víctimas de este delito.

Por ello votaremos a favor del presente dictamen, acompañando nuestra decisión con una profunda solidaridad hacia las víctimas que han padecido de esta miseria humana y enviamos un enérgico basta ya para que esto no se convierta en un distintivo para este noble país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don René. Doña Loretta Ortiz Ahlf, muy apreciada maestra de derechos humanos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia y de la Vicepresidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en la discusión en el seno de la Comisión de Derechos Humanos se emitió un voto particular precisamente con relación a este artículo 62, fracción II, en el sentido de que no gozábamos de la facultad de legislar en esta materia y precisamente sobre eso voy a centrar mi comentario, si el Congreso de la Unión goza de las facultades para legislar en esta materia.

Precisamente México celebró la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, aprobada por el Senado el 22 de octubre de 2000 y ratificada por México el 4 de marzo de 2003 y entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, y también ratificó el Protocolo de Nueva York del 15 de noviembre de 2000, aprobado por el Senado el 22 de octubre de 2000 y ratificada por México el 4 de marzo de 2003.

Precisamente para dar aplicación y legislar en esta materia, con base en la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que goza este Congreso de la Unión de la facultad de legislar sobre esta materia.

En relación a las bondades de esta reforma que se presenta a la fracción II, es precisamente dar a conocer a las víctimas, a las personas que sufren este crimen —es crimen, no es un simple delito— crimen internacional, el derecho a estar correctamente informadas.

Ya la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional hace la distinción de lo que se debe entender por tráfico y trata de personas. En la trata los seres humanos se convierten en mercancías, pertenecen a otro individuo u organizaciones criminales y son explotados para extraer beneficios para sus propios propietarios.

En cambio, el tráfico de personas es un servicio ilegal parecido a un contrato para realizar un viaje que se extingue una vez que la persona llega a su lugar de destino y paga el servicio prestado.

Como dijeron los que me antecedieron en la voz, México es de los primeros lugares precisamente en trata de personas y tráfico de migrantes; es bienvenida y aplaudida una reforma de esta naturaleza, que no resuelve el problema tan grave que padece nuestro país, pero que sí, por lo menos, les da el derecho a los familiares de las víctimas, que también son víctimas de trata de personas, a conocer en una lengua que conoce precisamente la comisión de estos delitos y poder presentar, en su caso, las denuncias o las peticiones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, muy apreciable maestra. Don Carlos de Jesús Alejandro, del PRD, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Gracias, señor presidente, con su venia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o., reconoce a las lenguas indígenas como tales y no como dialectos.

De acuerdo con el Apartado A, fracción IV, también establece y a la letra dice: Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de marzo de 2003, eleva también a rango de lenguas indígenas y oficiales las más de 62 lenguas que se hablan en nuestro territorio nacional, con más de 360 variantes lingüísticas...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señor diputado, con todo respeto, nada más para estar todos en concordia, ¿estamos hablando de trata o de lenguas? ¿Sí?

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Estamos hablando de trata, porque justamente voy a proponer en el artículo 62, en el párrafo segundo, una modificación al respecto, pero quise hacer este fundamento jurídico.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en paz.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos.

El artículo 4o., también de esta Ley de Derechos Lingüísticos, establece que las lenguas indígenas —que se reconozcan en los términos de esta ley— y el español son lenguas nacionales, por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hable.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento jurídico de carácter internacional, adoptado desde septiembre de 2007, también establece en su artículo 13 que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras su historia y sus idiomas, dándole el trato de lengua oficial.

En su apartado segundo de este mismo artículo 13, establece que los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacer entender, en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

La Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, también en su artículo 2o. establece estos derechos y en su artículo 5o. —perdón— en su último párrafo, establece que toda persona debe tener la posibilidad de expresar, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular, en su lengua materna o lengua originaria.

Por tanto, quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos, en específico a su presidenta, la diputada Miriam Cárdenas y a su secretaria, la diputada Elena Tapia, y demás integrantes de la Junta Directiva, por haber reconocido y haber propuesto una adición al artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para Protección y Asistencia de las Víctimas de Estos Delitos, al agregar y hacer del conocimiento al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio del 14 de marzo, para efectos de que en el dictamen quede integrada la propuesta que he presentado, para quedar como sigue este párrafo segundo del artículo 62, estableciendo el siguiente párrafo:

Asimismo deberán proporcionar a las víctimas, en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística, que comprendan y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad sicológica y la protección de su integridad e intimidad, superando el concepto del párrafo anterior del pre dictamen que establecía no lengua sino dialecto.

Con ello reconozco la sensibilidad, la certeza de la Comisión de Derechos Humanos y, desde luego, de esta soberanía, por aceptar que en este dictamen finalmente quede contemplado este párrafo, reconociendo no como dialecto sino como una lengua indígena y en tanto, lengua oficial y lengua nacional, las 62 que se hablan en nuestro territorio nacional, con sus más de 360 variantes dialectales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Está dejando propuesta? Ah, ya se aceptó en el dictamen. Ya se aceptó. Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, tiene el uso de la voz.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenos días, con su venia, señor presidente. Lamentablemente los ciudadanos de este país nos hemos convertido en testigos del incremento de la violencia, situación que ya se ha traducido en problema social, que desde luego no puede ser atacado de forma aislada.

Si ponemos atención, en cada sesión en esta Cámara de Diputados se enlista en el orden del día por lo menos un asunto relacionado con la violencia que impera en nuestro país, siendo uno de los sectores que resulta más vulnerable ante dicha situación la población indígena, tal como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al señalar que el 45 por ciento de las personas que son víctimas del delito de trata son indígenas, que en la mayoría de las ocasiones se encuentran al amparo del crimen organizado y la mala conducción de las propias autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo que obviamente impide y limita el ejercicio de sus derechos.

A este escenario hay que agregarle el sesgo de información y el poco interés por parte del gobierno federal por implementar mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, ya que en nuestro país los jueces carecen de conocimientos sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

De ahí que Movimiento Ciudadano haya adoptado diversas medidas, y una de ellas consiste en la firma de una política de estado con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, el 20 de junio de 2012, para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, y asistir y proteger a las víctimas, posibles víctimas de estas agresiones.

Por esta razón, votaremos a favor del presente dictamen, para que se brinde una atención a las víctimas y se pueda respetar el derecho al debido proceso, así como la impartición de asesorías jurídicas mediante intérpretes, traductores o defensores públicos especializados.

Sin embargo, consideramos que no es suficiente, México no puede continuar siendo visto como un solo país, la nación pluricultural que describe nuestra Carta Magna es aún una utopía, nos falta; nos faltan todavía muchas acciones y resultados que promuevan y acepten la diversidad de comunidades indígenas como parte inherente de nuestra historia y de nuestra situación actual.

Por ello exhortamos a las autoridades estatales para que sean los encargados de proporcionar la ayuda correspondiente a las víctimas de este delito y evitar que siga lacerando a nuestra sociedad. Es nuestro deber dar voz a los más desvalidos y luchar por sus derechos. Basta ya de tantas injusticias.

Por ello también exhorto desde esta tribuna a la titular de la Comisión de Asuntos Indígenas, a la licenciada Nuvia Mayorga, para que pueda darnos una cita —que desde el 20 de enero hemos estado solicitando— para exponer varios temas de nuestras regiones indígenas, de nuestras comunidades indígenas, porque es muy visto que a las ciudades, a las zonas urbanas están llegando mujeres, niños, adolescentes indígenas por falta de atención y por falta de proyectos que pudieran ayudar al desarrollo de estas comunidades y también porque carecen —aún en este pleno siglo— de lo básico, que es el agua, que es la luz, que son los caminos y que ahorita siguen muriéndose mujeres en los hospitales por falta de atención.

Es ahí donde hacemos un llamado, y hacemos un llamado a la sensibilidad de la comisionada, para que nos permita desarrollar de manera conjunta y traer y exponer las necesidades de estos municipios. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Aída Fabiola. Don Carlos Fernando Angulo Parra, del PAN, tiene el uso de la voz.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros de esta honorable Cámara de Diputados, quiero mencionar una situación muy delicada en este momento, el Partido Acción Nacional está totalmente de acuerdo que haya una cabal legislación para combatir este ominoso delito de trata de personas y para proteger cabalmente a las víctimas, que esto quede muy claro.

Para ello los insto a que analicemos lo siguiente. El Congreso de la Unión tiene un acotamiento constitucional establecido en el artículo 73 y curiosamente esta restricción está en materia de víctimas. Nuestro sistema constitucional establece disposiciones expresas para que legisle el Congreso de la Unión, donde el artículo 73 no establece de una manera expresa la facultad de los funcionarios federales, dígase Congreso de la Unión, para legislar sobre una materia, se entiende esa materia reservada a los estados.

Por el otro lado tenemos la situación de que está ahora mismo en proceso de cambios la Ley de Víctimas que fue aprobada por el Congreso de la Unión y dentro de la Ley de Víctimas se debe de contemplar todas las instancias en donde existe una reparación del daño a las víctimas, incluyendo la parte relacionada con trata. Dentro de este proceso de reconfiguración se encuentra contemplada una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de víctimas.

La ley que estamos ahora discutiendo sobre trata tiene preceptos para proteger a las víctimas con un impacto nacional, no con un impacto federal. Es nuestra responsabilidad como diputados, el que la legislación que emitamos se ajuste cabalmente a los términos de la Constitución muy particularmente para proteger a las víctimas del gravísimo delito de trata de personas.

Por lo que los insto a que no aprobemos este dictamen hasta que no se reconfigure la Ley de Víctimas, y de una manera especializada se atienda todo lo concerniente a las víctimas de ese gravísimo delito de trata. De lo contrario, compañeras y compañeros, estaríamos cometiendo la irresponsabilidad de aprobar una ley que pudiera ser atacada por su inconstitucionalidad.

Es responsabilidad primera de todos los diputados y las diputadas que hicimos un fuerte compromiso ante la nación de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más aún en este tipo de delitos tan graves, como el de víctimas, para que no puedan quedar impunes y para que las víctimas puedan ser cabalmente resarcidas de este gravísimo delito.

Por favor, compañeras y compañeros, analicen esta situación. Esto debe de quedar de una manera perfectamente bien estructurada desde un punto de vista constitucional. Esperemos a la reconfiguración de la Ley de Víctimas; esperemos a que haya una cabal reforma constitucional para darle facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de víctimas. Dejemos esa parte especializada sobre víctimas en la ley de la materia, que es la Ley de Víctimas y no dispersemos el tratamiento de víctimas en diferentes leyes.

Ésa es la manera responsable de actuar de este Congreso de la Unión, por lo que los insto a que no aprobemos este dictamen. Esperemos a que esto quede debidamente reconfigurado en la Ley de Víctimas y así actuamos responsablemente para protección de las víctimas de éste gravísimo delito de trata de personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros.

«Voto particular respecto al dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, que presenta el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura del Congreso de la Unión, por este medio, y con fundamento en los artículos 90 y 91 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar por este medio un voto particular, con relación al dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

Lo anterior en base a las cuestiones y valoraciones que seguidamente se indican:

Antecedentes

1. El 20 de noviembre de 2012 la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente.

3. En la discusión al referido dictamen, los diputados del Partido Acción Nacional manifiestan su preocupación al estarse aprobando una reforma contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ese motivo, se presenta este voto particular, por las razones que a continuación se exponen:

Consideraciones

1. El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga al Congreso de la Unión, la facultad para legislar en materia de víctimas.

2. En la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados, se encuentra como pendiente de discusión un dictamen de la minuta que contempla una reforma para modificar precisamente esta situación.

3. El Congreso de la Unión, al carecer de facultades para emitir leyes en esta materia, no puede legislar sobre el particular, toda vez que si lo hace, se corre el riesgo de emitir una disposición normativa inconstitucional, cuya aplicación violentaría el sistema normativo mexicano, además de que este ordenamiento puede ser atacado por la vía judicial, a través de una acción de inconstitucionalidad (fracción II del artículo 105 constitucional) o bien, por la vía del juicio de amparo (artículos 103 y 107 constitucionales), cuyas consecuencias en el caso de prosperar, no sólo consisten en hacer nugatoria la ley, sino que además, estos juicios implican un desgaste económico por parte de los gobernados y de capital político por parte de la Legislatura.

4. Por las razones expuestas, se considera inviable la propuesta del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la “Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos”, en el que se establece que se proporcionará a las víctimas información sobre sus derechos en idioma, dialecto o lengua que comprendan.

Como puede observarse, esta es solamente una de las deficiencias de la minuta, por lo que podemos concluir que ésta contiene varios problemas e inconsistencias que deben ser corregidos.

Por lo tanto, dicha minuta debe ser desechada hasta que, una vez aprobada la minuta correspondiente al otorgamiento de facultades legislativas al Congreso en materia de víctimas, se dote del sustento jurídico necesario a la iniciativas que versen sobre este tema, y con ello evitar problemas de constitucionalidad de leyes, que necesariamente darán lugar a conflictos en su interpretación y, sobre todo, en su aplicación.

Acción Nacional está a favor de actualizar los ordenamientos jurídicos vigentes a efecto de propiciar una correcta protección y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, dando estricto cumplimiento al mandato constitucional derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011.

Sin embargo, también estamos convencidos de que debemos de hacer un análisis exhaustivo del diseño institucional y del respeto a las atribuciones que tenemos conferidas como legisladores, tomando en consideración que nosotros no podemos actuar al margen o lo que es peor, en contra de la Constitución, en un afán de legislar al vapor, con tal de sacar la mayor cantidad de reformas posibles, y menos en un tema que nos concierne y nos afecta, como lo es el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas.

En atención a lo expuesto, se hace necesario proponer a través del presente voto particular, lo siguiente:

Único. Es de no aprobarse el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la “Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos”.

México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Quiero anunciar que don Carlos Fernando Angulo Parra también dejó voto particular, al que se le dará el tratamiento reglamentario.

Aprovecho el momento para dar la bienvenida a los alumnos de la Escuela Secundaria Elena Garro, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez, de Ecatepec de Morelos. Sean ustedes bienvenidos.

Doña María de Jesús Huerta Rea, tiene el uso de la voz.

La diputada María de Jesús Huerta Rea: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el estudio y la actualización de las normas jurídicas establece que el estado de derecho sea la base en la que se radique la relación entre la libertad, los ciudadanos y el ejercicio de la autoridad.

En razón de lo anterior, existe una gran exigencia de la sociedad mexicana en el sentido de que el Estado garantice de manera integral la asistencia y la protección de víctimas.

Si bien ya dimos el primer paso al aprobar la ley en materia, requerimos buscar soluciones basadas en el consenso para atender a las víctimas, lo cual contribuirá de manera decidida al fortalecimiento del Estado democrático, a la reducción de la impunidad y a la provisión de justicia expedita de las víctimas, garantizando sus derechos a la asistencia, la protección, el apoyo urgente, la verdad, la justicia, la reparación integral y la sanción de los culpables.

Por ello prever como obligación de las autoridades responsables de los tres órdenes de gobierno el proporcionar a las víctimas del delito información sobre sus derechos en un idioma, dialecto o lengua que comprendan, garantizando su integridad sicológica y la protección de su identidad e intimidad, es prioridad del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por lo tanto, suscribimos todos los esfuerzos tendientes a procurar esta medida.

Independientemente de que el propósito de este dictamen es loable, obedece a los principios consagrados en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión en el 2011, que exige a las autoridades garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de todos los tratados internacionales que existen y que han sido signados por el Estado mexicano.

Compartimos ampliamente la preocupación del presente dictamen, porque históricamente la víctima había ocupado un lugar secundario en el derecho penal; sin embargo, hoy sabemos que la protección integral de los derechos de la persona solo es posible si se está reivindicada por el derecho como ciudadana, es decir, como titular de todos los derechos frente al Estado.

Por lo anterior, las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI habremos de votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.

El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez (desde la curul):

La diputada María Esther Garza Moreno (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se emitieron 332 votos en pro, 98 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 332 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Prevención y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

Dejo esta Presidencia en manos de la experiencia de la diputada Retamoza. El diputado Botello, con qué objeto.

El diputado José Alfredo Botello Méndez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solicitar si son tan amables pedir a quien corresponda que puedan activar los avisos que se deban realizar, ya que los timbres, los sonidos no sirven al exterior de aquí del pleno. Si son tan amables.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Van a verificar la chicharra, que son los avisos a los que estamos obligados por Reglamento.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Pasa al Senado, para sus efectos Constitucionales.

(A las 11:40 horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de 454 diputadas y diputados)

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD - LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud, y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación de la LXII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, 173 y 174 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 3 de enero de 2013, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación de la Cámara de Diputados, mediante número de expediente 1132.

3. A partir del miércoles 9 de enero de 2013, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada por las Comisiones Unidas de Juventud, y de Gobernación.

II. Contenido de las iniciativas

La iniciativa presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente tiene como objetivo fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, institución rectora en la materia, a fin de que promueva la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles. Por lo que plantea reformara el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

También propone que sean objeto de fomento las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de la promoción, protección y respeto de los derechos de la juventud así como del impulso de su desarrollo integral y de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad. La propuesta del diputado consiste en adicionar la fracción XIX del artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para que se añadan las actividades ya mencionadas como objeto del fomento que promueve la ley.

III. Proceso de análisis

En México, la importancia de la juventud es indiscutible, toda vez que la cantidad de jóvenes ha llegado a sus más altos índices en la historia, lo anterior debido al llamado bono demográfico. Actualmente, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de jóvenes equivale a 36.2 millones, lo que representa a más de un tercio de la población total del país.

Debido al peso relativo de los jóvenes frente al total de la población mexicana, la participación de la juventud en sus realidades inmediatas es imperativa para el desarrollo nacional. Al respecto, el Programa Nacional de Juventud 2008-2012 (Pronajuve) establece el reconocimiento de los jóvenes como actores sociales, sujetos de derecho e individuos capaces de participar plenamente y a conciencia en los asuntos que les competen.

En la actualidad son pocos los jóvenes que tienen el interés de participar en las organizaciones juveniles, en involucrase en temas de participación ciudadana, lo anterior según datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENV-2012), que señala que cerca del 93 por ciento de los jóvenes afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 89.6 por ciento de los jóvenes les interesa poco o nada la política.

En este mismo tenor, dicha encuesta destaca que el activismo en los jóvenes es muy bajo, ya que cerca del 10 por ciento de los jóvenes afirma no saber cuándo debe participar en política y un 6.5 por ciento indica que nunca debe hacerse.

De acuerdo con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ-2010), sólo 1 de cada 10 jóvenes dijo participar en una organización o asociación. De los jóvenes que participan en la actualidad, el grupo de 15 a 19 años representa el 40.6 por ciento, mientras que los jóvenes de 25 a 29 solo representan el 15.4 por ciento. Del pequeño porcentaje que sí participa en organizaciones o asociaciones, el 40 por ciento de ellos participa en organizaciones de corte deportivo; un 13 por ciento lo hace en organizaciones estudiantiles y otro tanto en asociaciones religiosas, y sólo el 3 por ciento participa en organizaciones partidistas.

Como es posible observar a partir de los datos ofrecidos, los jóvenes mexicanos no tienen una fuerte cultura de asociacionismo y participación. Particularmente llama la atención el rechazo que tienen hacia la política y quienes la ejercen. Con estos registros en la participación de los jóvenes, y en tanto que se les considera agentes indispensables para el desarrollo nacional, es necesario incentivar su participación en su entorno inmediato y en su comunidad primaria.

De acuerdo al Programa Nacional de Juventud, Pronajuve, entre los factores que limitan o condicionan el derecho a la participación de los jóvenes, se contempla la desvinculación entre las instituciones del Estado y las manifestaciones de participación, así como la falta de comprensión de la participación de los jóvenes como mecanismo de reducción de conflictos y conductas de riesgo. En este sentido, bajo ninguna circunstancia debe dejarse de lado la participación de las y los jóvenes puesto que detonan con ello una derrama de bienestar.

Para lograr una incorporación real y plena de los jóvenes en el desarrollo del país, es necesario facilitar los elementos que permitan su superación integral a través de programas y espacios que respondan de manera satisfactoria a las demandas y necesidades de los jóvenes. Con las reformas al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en su fracción VIII, y la adición del a fracción XIX del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se deja a la vista el impulso que se le pretende ofrecer a legislación, para efecto de que los jóvenes de México desplieguen al máximo sus posibilidades de desarrollo en los distintos ámbitos de su interés.

Es por lo anterior que el presente proyecto de dictamen tiene como objetivo primordial fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, organismo rector de la política nacional en materia de juventud, a fin de que promueva la participación de los jóvenes mexicanos en los distintos ámbitos de carácter nacional que impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de la organizaciones juveniles.

Fuentes bibliográficas

• Encuesta Nacional de Juventud 2010, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, del Instituto Mexicano de la Juventud.

• Programa Nacional de Juventud, (Pronajuve) 2008 -2012.

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de las Comisiones Unidas de Juventud, y Gobernación, se considera lo siguiente:

• Respecto a la iniciativa de modificación del artículo 4 de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en la que se desea incluir “promover la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles”, se considera oportuna la adición.

• En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que: “...bajo ninguna justificación debe dejarse de lado la participación de las y los jóvenes... se considera indispensable fortalecer su interés y activismo en las cuestiones públicas para generar una mayor inclusión social”. Lo anterior, nos deja claro que el objetivo de la iniciativa, es impulsar la participación de los jóvenes en organizaciones, pudiendo ser éstas de cualquier índole, deportivas, religiosas, políticas, artísticas, de protección a los derechos humanos, entre otras.

• Al respecto, esta comisión consiente del bajo asociacionismo y participación de los jóvenes, considera oportuno impulsar la participación de los jóvenes en las organizaciones juveniles a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, por lo que se sugiere se incluya dicha propuesta como una facción adicional al artículo 4 de la mencionada ley.

• Respecto a la reforma al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que se desea incluir, la promoción y protección de los derechos de la juventud e impulso de su participación, la Comisión de Juventud y la Comisión de de Gobernación consideran viable dicha reforma, ya que no sólo pretende impulsar la participación de los jóvenes en las organizaciones de la sociedad civil, si no también, abona a que esta tarea se realice a través de la Ley de Fomento a Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Es por ello se sugiere que se adicione una fracción al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas de Juventud, y Gobernación someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5 de la Ley Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XVI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 4 de la Ley del instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XIV. ...

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud;

XVI. Promover la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles, y

XVII. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XIX, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. a XVII. ...

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana;

XIX. Promoción y protección de los derechos humanos de la juventud, así como el impulso de su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional con el fin de procurar su desarrollo integral, y

XX. Las que determinen otras leyes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gilberto Antonio Hirata Chico, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Heberto Neblina Vega (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra (rúbrica).

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán, Julio César Moreno Guzmán, Amoldo Ochoa González, Alfredo Rivadeneyra Hernández (PAN), Simón Valancini Buzali (PAN), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Por lo anterior, para fijación de posturas tiene el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Perdón, no tengo a nadie aquí para fundamentar el dictamen. Me están pasando una corrección, sí se va a fundamentar el dictamen, por parte de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz.

La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz: Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días, compañeros diputados. Me encuentro en esta tribuna para presentar el siguiente proyecto de decreto, mismo que da respuesta a la iniciativa presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que fue dictaminada en Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación en días pasados.

Debido al peso relativo de los jóvenes frente al total de la población mexicana, la participación de la juventud en sus realidades inmediatas es urgente y necesaria para el desarrollo nacional.

Al respecto, el Programa Nacional de Juventud 2008-2012, por sus siglas, Pronajuve, establecen el reconocimiento de los jóvenes como actores sociales, sujetos de derechos e individuos capaces de participar plenamente y a conciencia en los asuntos que les competen.

De acuerdo con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Juventud en el 2010, solo uno de cada 10 jóvenes dijo participar en una organización o asociación. De los jóvenes que participan en la actualidad, el grupo de 15 a 19 años representa el 40.6 por ciento, mientras que los jóvenes de 25 a 29 años solo representan el 15.4 por ciento.

Del pequeño porcentaje que sí participa en organizaciones o asociaciones, el 40 por ciento de ellos participan en organizaciones de corte deportivo, un 13 por ciento lo hacen en organizaciones estudiantiles o religiosas y solo una mínima parte, que representa el 3 por ciento, participa en organizaciones políticas.

Como es posible observar a partir de los datos ofrecidos, los jóvenes mexicanos no tienen una fuerte cultura de asociación y participación, particularmente llama la atención el rechazo que tienen hacia la política y hacia quienes la ejercen.

Con estos registros sobre la participación de los jóvenes y en tanto que son los jóvenes factor importante para el desarrollo del país, es necesario incentivar su participación en los diferentes temas nacionales y locales.

El presente dictamen tiene como objeto modificar el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para agregar la fracción XVI para que el Instituto tenga la atribución de promover la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional, e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.

Conscientes de que la materia de juventud es transversal, sabemos que no basta modificar el marco jurídico del Instituto Mexicano de la Juventud, por lo tanto el presente dictamen adiciona el artículo 5 de la ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para agregar la fracción XIX, para que se consideren como asociaciones objeto del fomento aquellas dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos de la juventud, así como el impulso de su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional, con el fin de procurar su desarrollo integral.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5 de la Ley Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Este proyecto de decreto ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, y quiero recordarles que hoy los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y de la Comisión de Gobernación vemos la imperiosa necesidad de legislar a favor de los jóvenes y de impulsar el asociacionismo juvenil, por lo que a nombre de las Comisiones que dictaminaron pido atentamente que analicen con puntualidad este proyecto de decreto y lo voten favorablemente. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 124, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar posicionamiento de grupo. En el uso de la voz el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidenta. Honorable asamblea, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, porque tenemos la convicción de que en una democracia con participación efectiva se requiere, además de entramados institucionales sólidos y consistentes, un marco jurídico que impulse, incentive y garantice la libre participación organizada de nosotros, las y los jóvenes de México.

Como bien lo destaca el dictamen, con base en los resultados arrojados en la última Encuesta Nacional de la Juventud 2012, para nuestra generación el cambio y la transformación que México requiere se relacionan en mayor grado con la gente, con las personas en el marco de una sociedad organizada y muy poco con la ideología política.

En este sentido, es nuestra responsabilidad impulsar aquellas reformas legislativas capaces de estimular a las y los jóvenes a inferir y participar en los asuntos públicos, de manera que el dictamen en comento resulta de primordial trascendencia porque contribuye, mediante una serie de adiciones a la ley que rige al Instituto Nacional de la Juventud y la Ley Federal del Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, para otorgar a estas últimas mejores condiciones que les permitan promover y garantizar la participación de todas y todos los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional, así como impulsar aquellas acciones que favorezcan y salvaguarden el respeto de los derechos humanos.

Ante el contexto actual es evidente que los jóvenes nos valemos de distintos elementos, como redes sociales o asociaciones de participación, para supervisar la eficacia del servicio público. De aquí que en el dictamen en discusión se presenta un esfuerzo conjunto de mis compañeros integrantes de la Comisión de Juventud y de la Comisión de Gobernación, para fortalecer los mecanismos existentes de participación democrática efectiva.

El tema es fundamental, no únicamente para nosotros los jóvenes, pues evidente que no se trata de una cuestión exclusiva en nuestra generación, movimientos sociales en nuestro país o en otras latitudes, como el 15-M en España, la Primavera Árabe o el Movimiento Estudiantil en Chile, nos indican que aún es tiempo de que en México generemos, con creatividad y convicción democrática, nuevas ideas para incentivar la participación social, abriendo la posibilidad a la construcción de alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y no gubernamental.

Si bien los informes más recientes de desarrollo humano, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la región, han demostrado que los jóvenes tenemos un enorme potencial para contribuir al avance de una sociedad y ser agentes activos de cambio, las condiciones institucionales y el marco jurídico existente no garantizan y salvaguardan la participación social efectiva de la juventud.

En consecuencia, el votar a favor de este dictamen es coadyuvar, impulsar la inclusión y participación real en los asuntos públicos de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias, por su atención, honorable asamblea. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias a usted, diputado. En el uso de la voz, la diputada Lilia Aguilar Gil, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Gracias. Con la venia de la asamblea. Compañeros diputados, el día de hoy el Partido del Trabajo viene a hacer un posicionamiento sí a favor de este dictamen, pero queremos decirles que lo hacemos con una gran objeción de conciencia.

Discutimos, inclusive, poder abstenernos del mismo y no porque no creamos que no pueda aportar una cosa sencilla al tema de los jóvenes, sino porque creemos que no basta modificar el marco legal del Instituto Mexicano de la Juventud para hacer políticas públicas o para ser serios en el tema de la juventud.

Tenemos que ser más serios que eso. La semana pasada estábamos aquí, precisamente, dictaminando sobre un tema similar a éste y había un conflicto entre los compañeros de la Comisión de Juventud, de que si le quitaban o le ponían una coma. Eso no es la política de jóvenes, compañeros diputados.

Tenemos que ser serios, no solamente tratar —como dijo mi compañero y creo que ha sido muy acertado— tratar los temas de políticas públicas de la juventud con creatividad, sino con seriedad.

Resulta que muchos de ustedes en sus juventudes, para todos aquellos que empezaron a hacer política desde que fueron jóvenes o que empezamos a hacer activismo social mucho más jóvenes, en aquellos tiempos los temas de la juventud eran básicos, ahora los tratamos como si fueran temas de paternalismo, y no es así, los temas de la juventud no tienen que ver con el instituto. Lo digo con mucho respeto. El instituto no resuelve ni absorbe ni siquiera el 90 por ciento de la problemática de la juventud de este país, es casi un adorno de la administración pública federal.

La problemática de los jóvenes hay que tratarla de manera horizontal, de manera transversal; la problemática de los jóvenes tiene que ver con el empleo, con el emprendedurismo, con las políticas públicas inclusivas, con la discriminación, con la educación, no con modificarle uno o dos artículos a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Entonces, compañeros, estamos pronunciándonos a sí votar este dictamen, lo hacemos como un acto de generosidad para los jóvenes que están en la comisión y que creen que esto puede venir a cambiar un poco —probablemente— las actividades del instituto, pero haciendo un llamado a todos y cada uno de ustedes, que pocos, obviamente, están atentos a este tema, a decir: seamos serios en el tema de los jóvenes.

El tema de los jóvenes no es un tema de paternalismo, no es que nos regalen becas, no es que decidan que entonces sí nos van a dar empleo o no nos van a dar empleo saliendo de las universidades; el tema de los jóvenes se tiene que tratar con seriedad, porque somos, no el futuro de este país —y vean a su alrededor— somos la actualidad y el presente de este país. Estamos tomando decisiones y entonces, esas decisiones tienen que ser respetuosas, serias y tienen que ser de fondo.

Eso es lo que debería estar pensando el Ejecutivo federal y es lo que deberían estar pensando el PRI y el PAN, cuando suben asuntos en el tema y la materia de políticas públicas de jóvenes.

Compañeros diputados, los jóvenes estamos aquí, estamos vivos y no creemos que esto sea lo que hay que dictaminar para cambiar la realidad de los jóvenes de este país. Vayamos más allá y seamos creativos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján.

La diputad Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidenta. Bueno, antes de comenzar quisiera, de la manera más respetuosa, pedir a la licenciada Nuvia Mayorga, directora de la Comisión de Desarrollo Indígena pueda recibir a los presidentes de la Sierra Sur y la Cañada Cuicateca de Oaxaca.

Ahora bien, respecto al tema que ahorita nos ocupa, estamos razonando un voto a favor de darle mayores facultades al Instituto de la Juventud, porque nos parece que es correcto. Pero al igual que nuestros compañeros del Partido del Trabajo, quisiéramos hacer un llamado a todas las y los jóvenes y también compañeros diputados, a que ya no nos rasguemos las vestiduras pensando que estamos legislando el tema de jóvenes, porque ésta no es la agenda de los jóvenes.

Hay que tener muy claro que las preocupaciones de la juventud hoy en día tienen que ver con el empleo precario, tienen que ver con el acceso a la educación. Más de siete millones de jóvenes no tienen ni siquiera posibilidad ni de trabajar ni de ir a la escuela ni de entrar a una universidad pública; filas que se hacen para poder entrar a la UNAM, y lo hacen una y otra vez, y otra vez, y no tienen este acceso.

El problema de los jóvenes tiene que ver con el acceso a la salud. Ayer hablábamos de la cantidad de compañeras que están embarazadas y que no son atendidas, y que son menores de 18 años.

Entonces, pongamos esto en la agenda, compañeras diputadas y compañeros diputados, estos son los temas de la juventud; si vamos a legislar el tema de jóvenes, legislemos con respecto a estas preocupaciones, porque con todo respeto considero que esta reforma no se traduce en una mejora en los hechos y en la vida cotidiana de la juventud, no es una solución.

Entonces, sí queremos poner este tema en la mesa, que ojalá la próxima vez que nos paremos aquí a decir que vamos a legislar en temas de jóvenes sea con respecto al empleo, a la educación, a la salud, a la seguridad. Estos son los temas que queremos ver representados en la vida cotidiana de los millones de jóvenes que hoy han sido desprotegidos y a los cuales no hemos atendido. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz, el diputado Ricardo Astudillo Suárez.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nosotros por supuesto estamos a favor de este dictamen, no solamente por las consideraciones que presenta propositivas e ilustrativas, y que por supuesto tomamos en cuenta que están de suma importancia todo lo que plantea el poder fortalecer los derechos de los jóvenes y lo más importante, involucrarlos al día de hoy a una vida activa, en una vida productiva y que por supuesto podamos ir fortaleciendo con las herramientas que estén a nuestro alcance para que puedan tener un futuro más cierto.

Es también de reconocer a mis antecesores, en lo que comentan, que no es suficiente solamente el contar con los institutos de la juventud. Sin embargo, también tenemos que dar del conocimiento de que ha habido esfuerzos grandes de algunos estados en la creación y en la formación de las propias secretarías de la juventud a lo largo y ancho del país, y que realmente han funcionado y han tenido muchos de los programas exitosos.

Para nosotros por supuesto lo más importante de este dictamen sería el poder promover que los jóvenes sean agentes de cambio social; es decir, que tengan una relación directa con su comunidad en el tema del servicio social, para que con esto podamos fortalecer todo lo que tiene que ver con el tema del deporte, de la prevención del delito, de la violencia, y que por supuesto los jóvenes puedan contar con las herramientas e instrumentos necesarios para poderse desarrollar de una forma adecuada y plena.

Recordemos que al apoyar a un joven estamos apoyando y mejorando la calidad de vida de una familia entera. Tenemos que buscar que los jóvenes estén cada vez más interrelacionados con sus municipios, con sus comunidades, con el empleo que ahí se desenvuelve y que busquemos día con día que cada joven pueda tener un futuro más cierto en nuestro país.

Estamos conscientes también de que no queremos más jóvenes involucrados y forzados a pertenecer al crimen organizado; no queremos más jóvenes que estén atrapados en uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y me refiero al tema de las adicciones, de drogadicción y de alcoholismo; no queremos más jóvenes, mujeres embarazadas a destiempo y que viene por supuesto a modificar su rumbo, su futuro y de sus familias.

El día de hoy estamos viviendo en nuestro país que los jóvenes, mujeres y hombres están siendo una parte trascendental en la toma de decisiones del rumbo de nuestro querido México; el día de hoy hay muchas organizaciones en los cuales plantean cuál es el rango de los jóvenes de 15 a 29 arriba de 24, etcétera.

Lo cierto es que en nuestro país tenemos arriba de 20 millones de jóvenes entre 14 y 24 años, una de las poblaciones más grandes y más importantes en las cuales debemos trabajar, porque las decisiones que tomamos aquí en esta asamblea, compañeras y compañeros legisladores, serán trascendentales para el futuro y la formación de los jóvenes de México.

Hacemos un reconocimiento a la Comisión de Juventud y de Gobernación, por supuesto, al diputado de Acción Nacional, Juan Francisco Cáceres, por poner el día de hoy este tema sobre nosotros para que podamos tomar una decisión acertada y vayamos construyendo el futuro y el presente con los jóvenes de México. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz, la diputada Crystal Tovar Aragón.

La diputada Crystal Tovar Aragón: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy ponemos a su consideración un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación, con el objetivo de fomentar la participación social de las y de los jóvenes, a través de las organizaciones de la sociedad civil.

Para nadie es desconocido el escaso interés de las y los jóvenes de México para involucrarse en organizaciones juveniles y participar en temas relativos a la construcción de una ciudadanía crítica, informada e interesada en los temas de la agenda nacional.

La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, revela que cerca del 93 por ciento de los jóvenes no participa activamente en ninguna organización o asociación civil y que al 89.6 por ciento les interesa poco o nada la política. El reto para un país como el nuestro, con una población de más de 36 millones de jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad, es revertir esa tendencia hacia la apatía y el menosprecio, al activismo político o social.

El Poder Legislativo y la sociedad en su conjunto tenemos la posibilidad de transformar la política y sus mecanismos ordinarios limitativos y excluyentes en una oportunidad de generar verdaderos cambios y no cambios menores, me refiero a un tipo de cambio estructural que permita definir nuevamente el pacto social entre jóvenes y política, entre jóvenes y economía, entre jóvenes y cultura, entre jóvenes y trabajo; es decir, una nueva relación integral entre gobierno, sociedad y sus jóvenes para que sean incluidos y considerados en la toma de decisiones importantes de este país.

Es por ello que en el dictamen de comisiones unidas que hoy proponemos se establece que el Instituto Mexicano de la Juventud debe promover la participación de las y los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y el fortalecimiento de las organizaciones juveniles, aunque debo decir que es una tarea difícil de cumplir.

El titular del Instituto Mexicano de la Juventud que, por cierto, a más de 100 días del nuevo gobierno federal no se ha nombrado. Estamos frente a una omisión que demuestra el orden de las prioridades y del lugar que nosotros los jóvenes ocupamos en la administración pública federal.

También proponemos que aquellas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la protección y promoción de los derechos de las y los jóvenes, así como del impulso de su desarrollo integral y de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad, sean a través de las campañas institucionales del Injuve.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos convencidas y convencidos de que las y los jóvenes de México somos actores sociales, promotores de cambio, sujetos de derechos, capaces de participar plenamente y a conciencia en los temas que nos competen; las y los jóvenes tenemos el potencial para ser detonadores de cambios sociales y motores del desarrollo nacional.

En nuestro partido, por ejemplo, contamos con un congreso nacional de jóvenes, que permite analizar y discutir los temas políticos nacionales fuera de las estructuras formales controladas por los adultos.

Es por ello que en congruencia votaremos a favor de este dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y el 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Con este voto a favor hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas aquí representadas para trabajar por y para las y los jóvenes de México.

Cuando nos acercamos aunque sea un poco a las condiciones de exclusión, discriminación y desigualdad que enfrentan millones de jóvenes en nuestro país, nos damos cuenta que los colores de partido y las diferencias ideológicas son lo de menos, si tenemos la oportunidad de aportar para cambiar su realidad y su futuro. Gracias por su voto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Saludamos a alumnos y profesores de la licenciatura en educación física de la Escuela Normal número 1 de Nezahualcóyotl, estado de México. Bienvenidos.

Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia y permiso de esta soberanía. Siendo la juventud el presente y el futuro de este país, es preocupación de Acción Nacional abonar a que se mejoren las condiciones para que tenga la juventud más oportunidades.

Vengo a esta tribuna y agradezco a las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación el haber dictaminado a favor de la iniciativa que presenté el pasado 3 de enero del presente año y aclaro, la presenté no solamente a título personal, sino en representación de la bancada de Acción Nacional, que tiene como objetivo fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que promueva la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulse acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles y en el que sea objeto de fomento de las actividades en las organizaciones de la sociedad civil que se encarguen de la promoción, protección y respeto a los derechos de la juventud, así como del impulso de su desarrollo integral y de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad.

Como se ha mencionado en muchos estudios, los jóvenes mexicanos son agentes indispensables para el desarrollo nacional y lo preocupante es que no cuentan con una cultura de asociacionismo ni de participación, por lo que resulta indispensable incentivar su participación en su entorno inmediato y en su comunidad primaria.

La incorporación real y plena de los jóvenes en el desarrollo del país solo podrá ser posible si se les facilitan los elementos que permitan su superación integral, a través de programas y espacios que respondan de manera satisfactoria a las demandas y necesidades de los jóvenes.

Con las reformas presentadas en este dictamen se establecen las bases para que nuestros jóvenes desplieguen al máximo sus posibilidades de desarrollo en los distintos ámbitos de su interés.

El presente dictamen tiene como objetivo primordial fortalecer las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, organismo rector de la política nacional en materia de juventud, a fin de que promueva la participación de los jóvenes mexicanos en los distintos ámbitos de carácter nacional, para que impulsen todas las acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles, de ésta o de cualquier índole, deportivas, religiosas, políticas, artísticas, de protección a los derechos humanos, entre otras.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Juventud y de Gobernación someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5 de la Ley Federal de Fomento de las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.

Compañeros diputados, tengo el honor de ser el promovente de esta iniciativa y esperamos contar con su apoyo. Reiteramos el compromiso de este Congreso, de Acción Nacional y todas las bancadas con la juventud. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias a usted, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves.

La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, se dice que los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Lamentablemente en México hoy en día nadie se dirige a la juventud para hablarles de ellos, de su futuro y de lo que tienen que hacer.

Hoy los diputados del Grupo Parlamentario del PRI observamos con gran preocupación la problemática de la educación, la seguridad y sobre todo el alejamiento que los jóvenes tienen del quehacer nacional, las drogas, la violencia, la falta de empleo, pero de un empleo de calidad, con salarios dignos, con oportunidades para los que trabajan y estudian, que salen tarde de las escuelas y universidades.

En el México de hoy los diputados del PRI miramos con preocupación un sistema donde no encuentran cabida nuestros jóvenes, donde no se les considera más que una estadística de población, sabiendo que demandan una pronta inserción al mundo de los avances tecnológicos y la lucha de las ideas.

Nos encontramos hoy en un importante momento de la historia del país caracterizado por la globalización de la información, de los mercados y las ideas; nos encontramos entre la sociedad industrial del pasado y la sociedad de la información del mañana.

El México que hoy cambia es también un país que evoluciona y, como representantes de la sociedad, estamos obligados a evolucionar con él y si no lo adaptamos viviremos en un retraso mayor.

Hoy nuestra juventud cree que los problemas del país se originan en los cambios, pero no son éstos en su esencia los que los provocan, sino la insensibilidad de quienes tenemos la más alta tarea de ponerlos en práctica, olvidando que el factor social es el motor de nuestro desempeño.

Hoy estamos obligados a entender los cambios para comprender dónde se originan nuestros problemas, principalmente los que atañen a nuestros jóvenes.

En la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional miramos con preocupación la falta de estímulo, la accesibilidad a créditos para jóvenes emprendedores, su pérdida de interés por el quehacer nacional; miramos con preocupación esta realidad que hoy convive con nosotros.

El Estado mexicano, fiel a su responsabilidad con los mexicanos, ha dado herramientas a los jóvenes para que encuentren el camino para lograr su desarrollo social y cultural; sin embargo, como Estado hemos fallado, debido a la creciente pérdida de valores, las drogas, las fracturas familiares, la violencia, la educación, el respeto al prójimo.

Desde tiempos inmemorables el hombre sobrevivió adaptándose a las circunstancias impuestas por el medio que lo rodeaba. La base de la adaptación es el aprendizaje. Debemos aprender de lo bueno y de lo malo que nos sucede; tratamos de analizar la situación en conjunto como ciudadanos y como legisladores, pues como responsables de la salvaguarda de las leyes y su correcta adaptación a los cambios sociales no queremos fragmentar más a la sociedad.

Hoy la problemática de los jóvenes es de tal importancia, que no admite divisionismos inconducentes que terminen enfrentando a los jóvenes mexicanos. Debemos estar unidos en valores y en amor a nuestro país; debemos respetar sin distinción de partidos ni de colores ni de niveles sociales.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy México vive un momento histórico para el cual hemos sido convocados. No podemos dejar pasar la oportunidad de dotar a nuestros jóvenes de las herramientas necesarias para enfrentar los retos del futuro; no podemos negarles a los jóvenes la maravillosa oportunidad de incidir en el desarrollo nacional y de retomar sus ideas para impulsar la transformación de México.

En el PRI queremos igualdad de derechos para todos, que no existan más viejas dicotomías entre el campo y la ciudad; que tenga los mismos derechos un joven de la ciudad que un joven del campo, y que puedan participar activamente en el desarrollo nacional.

Queremos incorporar a los jóvenes real y plenamente para facilitar el ingreso a programas y espacios que respondan de manera real y satisfactoria sus demandas.

Hoy queremos dar a la juventud mexicana una legislación nueva y moderna, que les permita poner y desplegar al máximo sus capacidades de desarrollo en los distintos ámbitos de interés.

Votar en sentido positivo por este dictamen habrá de brindar justicia social a nuestros jóvenes, reduciendo la pobreza y mejorando su condición social. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Perdón, ¿con qué objeto, diputada? ¿Con qué objeto, perdón?

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Quiero razonar mi voto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:No existe esa figura, diputada, de razonamiento de voto. Gracias. Proceda la Secretaría a abrir el tablero, gracias.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La diputada Laura Barrera Fortoul (desde la curul): A favor.

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Federico José González Luna Bueno (desde la curul): A favor.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): A favor.

El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (desde la curul): A favor.

La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señora presidenta, se emitieron 445 votos a favor.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 445 votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIAS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.

2. Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitaron a la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, mediante el oficio número CCC/LXII del 14 de diciembre de 2012.

La Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0710 Exp. 7402 LXI Leg., resuelve y autoriza la prórroga, encontrándose el asunto turnado en plazo vigente para su dictamen.

3. Con fecha 24 de febrero de 2011, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 23 y 34 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por la diputada Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del PAN.

4. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía mediante el expediente número 3991.

5. Con fecha 27 de septiembre de dos mil once, la diputada Ana Luz Lobato Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en nombre y representación de diversos Diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios, en su carácter de Diputada integrante de la LXI Legislatura, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

6. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía mediante el expediente número 5434.

7. Las Comisiones Unidas dieron trámite de recibo e iniciaron el análisis conjunto de ambas Iniciativas por coincidir en el objetivo que persiguen.

II. Descripción de las Iniciativas

a) La diputada Gabriela Cuevas Barrón comienza su exposición de motivos haciendo referencia al recurso constitucional del amparo, cuyo bien jurídico tutelado es la vulneración de los derechos individuales de los gobernados por parte de los actos de autoridad, respecto del que considera que con el transcurso de los años ha sido trastocado, ya que en ocasiones la protección del amparo es solicitada anteponiendo el interés particular al beneficio colectivo.

Sobre estos casos, hace referencia a una solicitud de amparo a fin de dejar sin efecto la declaratoria provisional de monumento artístico respecto del inmueble conocido como “Súper Servicio Lomas”, creado por el arquitecto Vladimir Kaspé en los años 40s y considerado una obra de gran valor arquitectónico y riqueza cultural para la ciudad.

El amparo fue concedido, con base en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que señala que el decreto a través del cual se declara monumento histórico a un inmueble, “sin que previamente se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se establezca recurso o procedimiento alguno para impugnar dicha declaratoria, infringe la garantía de audiencia”. Finalmente, a principios del mes de diciembre del año pasado, parte del antiguo edificio Súper Servicio Lomas fue demolida para iniciar la construcción de la torre “Pedregal 24”.

La Legisladora explica que el poder judicial ha concedido este tipo de amparos bajo el argumento de que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no prevé un procedimiento que brinde la garantía de audiencia de los afectados cuando se declaran sus bienes como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos.

La laguna legal, observa la diputada Gabriela Cuevas Barrón, ha sido aprovechada por particulares para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios que afectan bienes declarados monumentos de valor histórico o artístico, por ésta razón propone incluir en la Ley un procedimiento de impugnación en contra de las declaratorias, similar al recurso de oposición existente contra las inscripciones en el registro público de la propiedad.

Finalmente, la iniciante concluye que su propuesta busca cubrir una laguna legal que ha sido aprovechada por los particulares para ampararse en contra de las declaratorias del Instituto Nacional de Bellas Artes (en lo sucesivo INBA), y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (en lo sucesivo INAH), además de asegurar la protección de los bienes muebles e inmuebles que poseen algún valor estético o histórico relevante y aclara que, de ser aceptada, la modificación no afectará el derecho de los particulares a recurrir a la figura del amparo por violaciones a las garantías individuales que ocurran durante los respectivos procedimientos.

De acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Gabriela Cuevas Barrón, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 23 y 34 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción, una vez que haya concluido el procedimiento descrito en el siguiente artículo.

Artículo 23. La inscripción en los registros se hará de oficio o a petición de la parte interesada. Para proceder a la inscripción de oficio, deberá previamente notificarse en forma personal al interesado. En caso de ignorarse su nombre o domicilio, surtirá efectos de notificación personal la publicación de ésta, en el Diario Oficial de la Federación. La notificación de la declaratoria correspondiente se realizará de la misma manera.

El interesado podrá oponerse a la declaratoria de que un bien es monumento, así como a la inscripción correspondiente. Para ello, ofrecerá pruebas en el término de quince días, contados a partir de la fecha de notificación de la declaratoria o de la inscripción, según corresponda. El Instituto correspondiente recibirá las pruebas y resolverá, dentro de los treinta días siguientes a la oposición respectiva.

Artículo 34 Bis. ...

...

...

El interesado podrá oponerse en contra la declaratoria definitiva en los términos del artículo 23 de esta Ley.

b) Por su parte, y en coincidencia con la iniciativa previa, la diputada Ana Luz Lobato Ramírez e integrantes de diversos grupos parlamentarios argumentan en su Iniciativa de reforma que la ausencia de un procedimiento administrativo en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que regule la Declaratoria de Valor Artístico o Histórico, ha desembocado en que autoridades judiciales lo interpreten como un acto administrativo inconstitucional que atenta contra el derecho de audiencia de los particulares que ven afectados sus intereses por la emisión de la declaratoria, por lo que consideran que se debe establecer el procedimiento administrativo correspondiente con apego a derecho y a la garantía de audiencia.

Los Legisladores hacen especial hincapié en la relevancia de la protección y preservación de los bienes muebles e inmuebles que son declarados monumentos históricos o artísticos, así como la declaratoria de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, ya que su investigación, protección, conservación, restauración y recuperación es de utilidad pública.

Los diputados afirman en su exposición de motivos que las declaratorias constituyen una alternativa para proteger el patrimonio cultural que la Ley no observa específicamente y, por lo que hace a las zonas de monumentos, protegen además el entorno natural y se regulan cuestiones como el desarrollo de la población en esas áreas, de manera que constituye una forma integral de proteger el patrimonio cultural declarado zona de monumentos; así, las declaratorias de zonas de monumentos posibilitan la realización de acciones coordinadas para el rescate patrimonial y su salvaguarda.

En este orden de ideas, consideran necesario que la declaratoria correspondiente cumpla con un procedimiento certero y que a su vez, brinde seguridad jurídica, tanto a los actos de las autoridades competentes como a los particulares que tengan un interés legítimo sobre el bien que se pretende declarar, lo que evitaría que las declaratorias de monumentos sean consideradas inconstitucionales por el Poder Judicial de la Federación, al respecto señalan los criterios emitidos por el H. Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros “ Monumento histórico, el decreto a través del cual se declara como tal determinado bien inmueble, sin que previamente se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se establezca recurso o procedimiento alguno para impugnar dicha declaratoria, infringe la garantía de audiencia.” y “ Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La Ley Federal relativa es violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.”, respectivamente.

De la interpretación de dichos criterios se desprende que el decreto a través del cual se declara un inmueble como monumento histórico, arqueológico o artístico es contrario a la Constitución, ya que el procedimiento no provee un recurso para que el afectado pueda impugnar la declaratoria, y por ende, que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es contraria a la garantía constitucional de audiencia.

En tales términos, la iniciativa propone reformar el artículo 5° y adicionar los artículos 5° Bis y 5° Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que señalan requisitos para iniciar un procedimiento para la emisión de declaratoria a petición de parte, así como el procedimiento que deberán agotar las autoridades competentes para emitir una declaratoria.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma el artículo 5° y adiciona el 5° Bis y 5° Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los siguientes términos:

Artículo Primero: Se reforma el artículo 5 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo 5. Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previa audiencia que se conceda a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas y alegatos, de conformidad a lo que establece esta Ley, se, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo: Se adicionan los artículos 5 Bis y 5 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo 5 Bis. En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solicitud respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente y deberá contener el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan, y en su caso, de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria, el nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, así como los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

Artículo 5 Ter. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se admitirá a trámite. En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará personalmente a quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un resumen del acuerdo.

Cuando se desconozca la identidad o domicilio de quien tenga interés jurídico en un bien que se pretenda declarar como monumento artístico, se seguirá el procedimiento descrito en la fracción III de este artículo.

III. Tratándose de declaratorias de Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de mayor circulación nacional y en un periódico de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el instituto notificará la resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, concluyendo así el procedimiento.

IV. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

V. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles.

VI. Recibido el expediente por el Secretario de Educación Pública, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VII. Las resoluciones a que se refiere la fracción anterior podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VIII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, de conformidad con esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El presente procedimiento no será aplicable en el caso previsto en el artículo 34 bis de esta Ley.

Para lo no previsto en la presente Ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

III. Consideraciones

Los integrantes de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía comprendemos las inquietudes de los diputados iniciantes, y reconocemos las inconsistencias en el andamiaje legal que describen, asimismo, creemos que el Patrimonio Cultural de México es esencial para las creencias, tradición e identidad del pueblo mexicano.

Reconocemos que el Patrimonio Cultural de México representa el legado colectivo y el capital social no renovable del país, por lo que consideramos que su conservación y uso sostenible son responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos, buscando mediante esta coordinación asegurar el disfrute de los sitios patrimoniales por las futuras generaciones, así como su uso social y económico sostenible.

Respecto de la conservación del patrimonio cultural, es necesario observarla no sólo en los bienes tangibles, sino también la compleja realidad del acervo intangible de elementos culturales, así como tomar en cuenta que el concepto de patrimonio cultural no es estático, y forman parte de él las representaciones que los pueblos hacen de su cultura en los diferentes momentos de su historia. De esta manera, el patrimonio cultural cambia con el tiempo, tanto en su definición como en sus contenidos, y se encuentra estrechamente ligado con las formas culturales como con los procesos históricos y sociales.

Es por esto, que consideramos que el marco jurídico que salvaguarda el patrimonio cultural de México debe sujetarse a actualización y ser de carácter abarcador y comprensivo, incluyente de las obras y testimonios de todas las épocas de nuestra historia, además de las creaciones y los vestigios humanos, los naturales que revisten un interés científico, y en este sentido contribuyen al conocimiento de la historia de México.

Respecto de la propuesta concreta de los Diputados que suscriben las Iniciativas, los integrantes de estas Comisiones coincidimos plenamente en la necesidad de subsanar la laguna jurídica en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ya que ésta no prevé un procedimiento para que, quien pudiera resultar afectado por la declaratoria interponga el recurso correspondiente, violando así el principio constitucional de la garantía de audiencia contenido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

Como lo señala la diputada Cuevas Barrón, en mayo de 2004, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito publicó la tesis bajo el rubro: “ Monumento histórico. El decreto a través del cual se declara como tal determinado bien inmueble, sin que previamente se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se establezca recurso o procedimiento alguno para impugnar dicha declaratoria, infringe la garantía de audiencia”.

Aunado a esto, la tesis señala que si bien los artículos 23 y 24 de la Ley en comento contemplan un recurso de oposición, éste es aplicable únicamente para los efectos de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, sin embargo, este recurso no es procedente en contra de la declaratoria de bien inmueble como monumento.

En el mismo sentido, y anterior a la tesis mencionada, el Pleno de la Corte emitió el siguiente criterio:

Monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. La Ley Federal relativa es violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.

Es inconstitucional la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, porque no prevé un procedimiento para que los afectados impugnen la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que emitan las autoridades administrativas; pues como dice la jurisprudencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo está obligado, según el artículo 14 constitucional, a establecer en las Leyes un procedimiento para que los afectados puedan impugnar los actos de aplicación. No obsta a lo anterior el hecho de que, en los artículos 23 y 24, la Ley en cita prevea un recurso de oposición contra la inscripción de la declaratoria en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues la oposición de referencia opera contra la inscripción en el registro, pero no contra la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que es la que causa perjuicio, por la serie de obligaciones que impone. Por tanto, si independientemente de la inscripción en el registro, la sola declaratoria impone obligaciones a los afectados (artículos 6o., 7o., 10, 11 y 12, entre otros, de la Ley reclamada) y si la Ley no contempla procedimiento o recurso alguno para que los propios afectados impugnen dicho acto de aplicación, ese ordenamiento es violatorio del artículo 14 constitucional.

A la tesis de referencia podría agregarse también el criterio emitido por el Pleno en la Séptima Época bajo el rubro: “ Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Ley Federal sobre. Es violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional”, cuyo contenido versa en el mismo sentido que la anterior.

De esta manera, se muestra que existe sustento jurídico sobre la necesidad de establecer en la Ley un mecanismo que otorgue a los ciudadanos la garantía de audiencia, sin embargo, se considera que dicha garantía, así como su procedimiento, deben estar contenidos en un nuevo artículo 5 Bis de la Ley en razón de que es en el artículo 5o donde se hace referencia a la declaratoria de que un bien inmueble es monumento, y no en los artículos 22 y 23 propuestos a reformar por la diputada Gabriela Cuevas, ya que estos forman parte del Capítulo II, denominado “Del Registro”, ni integrado al cuerpo del numeral 5º, como propone la diputada Ana Luz Lobato Ramírez ya que la adición pertenece netamente al procedimiento, y consideramos debe atenderse en un precepto distinto, subsumiendo la propuesta de reforma al artículo 23 de la diputada Gabriela Cuevas.

En este orden de ideas, los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que las propuestas de los Iniciantes, que atañen al mecanismo que otorgue a los ciudadanos la garantía de audiencia, se atiendan mediante la adición de un nuevo artículo 5 Bis que detalle el procedimiento para la declaratoria de monumentos. Cabe señalar que hemos realizado modificaciones a la propuesta con el objetivo de brindar mayor claridad a la redacción pero sin afectar el espíritu de la misma, como se explica en el cuadro a continuación:

Asimismo, se considera necesario adecuar la redacción de los artículos 5, 22, 34 y 34 Bis con la finalidad de que sean coincidentes con la propuesta de adición del 5 Bis. Las modificaciones son las siguientes:

Se especifica en el artículo 5 que para la expedición o revocación de la Declaratoria habrá de mediar el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis; se adiciona una frase final al artículo 22 para establecer el plazo en que habrá de realizarse la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; se reforma el segundo párrafo del artículo 34 para establecer que es necesaria la opinión de la Comisión en laemisión de una declaratoria; y se reforma el tercer párrafo del numeral 34 Bis para efecto de que posterior a la declaratoria provisional se lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis propuesto en este dictamen, y no se violente la garantía de audiencia de los gobernados.

Las reformas propuestas se muestran en el cuadro a continuación contrastadas con el texto vigente de la Ley:

De esta manera, los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideramos que de ser aprobadas las reformas y adiciones que proponemos se subsanará la laguna legal existente, se otorgará a los interesados el recurso de garantía de audiencia, preservada en el artículo 14 constitucional y se dan por atendidos los objetivos de las dos Iniciativas materia del presente dictamen.

Finalmente, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía consideramos que deben agregarse un par de artículos transitorios, el primero que prevea un plazo de 90 días hábiles para que el Ejecutivo Federal emita las reformas que resulten oportunas al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; y otro que prevea que los procedimientos de declaratoria en trámite se seguirán en los términos vigentes al momento de su inicio.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía proponen a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias

Artículo Único.-Se reforman los artículos 5º, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 Bis, tercer párrafo, y se adiciona un artículo 5 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en el artículo 5 Bis de la presente Ley,expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5o Bis. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará al siguiente procedimiento, y se expedirá previa audiencia que se conceda a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten pruebas y alegatos, de conformidad con lo siguiente:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte; tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los siguientes requisitos:

a. El nombre, denominación o razón social de quien o quienes la promuevan, y en su caso, de su representante legal.

b. Domicilio para recibir notificaciones.

c. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones.

d. Información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria.

e. Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés legítimo, en caso de que los hubiere.

f. Hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

II. Dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente emitirá un Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Declaratoria, en caso de que se hayan cumplido los requisitos señalados en la presente fracción; en caso contrario se prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación del mismo. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado.

Tratándose de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, previo a la emisión del Acuerdo, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes enviará la solicitud a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos. En caso de que la Comisión emita opinión favorable respecto de la expedición de la Declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá a emitir el Acuerdo. En caso contrario el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente.

El procedimiento de oficio iniciará con el Acuerdo a que se refiere esta fracción, en el caso de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, deberá contar con la opinión favorable de la Comisión.

III. El Acuerdo se notificará personalmente al promovente y a quienes pudieran tener interés legítimo.

IV. Tratándose de Declaratorias de zonas de monumentos o cuando se desconozca la identidad o domicilio de quien tenga interés legítimo en un bien que se pretende declarar como monumento, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del Acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación nacional y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

V. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación del Acuerdo o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

VI. Transcurrido el plazo referido en la fracción previa, el Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles.

VII. Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Secretario de Educación Pública, éste tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente en un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria.

Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VIII. Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

IX. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular de Instituto competente, o el Instituto que conozca del procedimiento, podrán dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, de conformidad con esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción , en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo , se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o Bis de la presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Tercero.Los procedimientos de declaración que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, se resolverán en los términos del texto vigente de la Ley al momento de su iniciación.

Notas:

1 Tesis IX.2º.18 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Novena Época, t. XIX, mayo de 2004, p. 1794.

2 Tesis P.XXIX/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, marzo de 2000, p. 96.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros (rúbrica), María Angélica magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Aguayo López, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Miguel Ángel Aguayo López: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, me corresponde, a nombre de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, presentar a ustedes un dictamen sobre dos iniciativas de reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, turnadas a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, presentadas por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de la diputada Ana Luz Lobato Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la anterior legislatura, donde fue aprobado dicho dictamen y turnado a la Mesa Directiva, pero por falta de turno ante esta soberanía fue regresado nuevamente al seno de las Comisiones Unidas y hoy, después de un proceso legislativo, se presenta a esta soberanía.

Ambas iniciativas proponen establecer en la Ley de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el recurso de garantía de audiencia, cuando se realiza la declaratoria de un bien mueble como zona o monumento histórico; incluir en la ley un procedimiento de impugnación en contra de las declaratorias; cubrir la laguna legal que ha sido aprovechada por los particulares para interponer amparos en contra de las declaratorias, poniendo en riesgo los bienes con valor estético o histórico relevante; detallar el procedimiento para las declaratorias en materia de la ley, sin afectar el derecho de los particulares a recurrir a la figura del amparo por violaciones a las garantías individuales que ocurran durante los respectivos procedimientos.

El sentido del dictamen que les presento es positivo, debido a que los integrantes de la comisión coincidimos con las diputadas promoventes —como señalan— que en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos existe una laguna jurídica respecto del procedimiento mediante el que se declara un bien como monumento artístico o histórico.

Debido a esta laguna jurídica, si la autoridad competente efectúa una declaración provisional de monumento artístico o histórico sobre un bien mueble propiedad de un particular, el propietario puede solicitar un amparo y éste es concedido, en virtud de que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no prevé un procedimiento que brinde la garantía de audiencia de los afectados por la declaratoria.

Al respecto, es importante señalar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales de circuito coinciden en señalar que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es violatoria de la garantía de audiencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se establece un procedimiento para impugnar la declaratoria de un bien como monumento histórico.

La laguna jurídica descrita ha sido aprovechada por particulares para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios que afectan bienes declarados monumentos de valor histórico o artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Reconocemos que el patrimonio cultural de México representa el legado colectivo y el capital social no renovable del país, por lo que consideramos que su conservación y uso sostenible son responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos, buscando, mediante esta coordinación, asegurar el disfrute de los sitios patrimoniales para las futuras generaciones, así como su uso social y económico sostenible.

Compañeras y compañeros diputados, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía estamos convencidos de que el patrimonio cultural de México representa un legado colectivo que debemos preservar; el presente dictamen significa un paso importante en este sentido.

Los invito a votar por su aprobación, contribuyendo así a garantizar el disfrute de los sitios patrimoniales por las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Para fijación de posturas, en el uso de la voz, por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen que reforma y adiciona los artículos 5o., 22, 34 y 34 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias.

La protección del patrimonio cultural resulta indispensable, pues éste representa el conducto que vincula a la gente con su historia, encarna el valor simbólico de las identidades culturales y se convierte en la clave para entender a los pueblos.

Cuando el patrimonio cultural no se encuentra adecuadamente protegido se corre el riesgo de perder la valiosa herencia que estos bienes no renovables representan para la nación, comprometiendo el aprovechamiento y la investigación de las generaciones presentes y futuras.

El presente dictamen es de suma importancia para la protección del patrimonio cultural en materia de declaratorias, ya que las reformas y adiciones que se proponen subsanan la laguna legal existente.

Se otorgará a los interesados el recurso de garantía de audiencia preservada en el artículo 14 constitucional, y se dan por atendidos los objetivos de la iniciativa, materia del presente dictamen, a fin de explicitar que el presidente de la República o, en su caso, el secretario de Educación Pública, previa audiencia concedida a los interesados para que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas y alegatos, se expedirá o revocará la declaratoria de zonas o monumentos arqueológicos artísticos e históricos, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Otra finalidad es la de establecer los requisitos para iniciar un procedimiento para la emisión de declaratoria a petición de parte, así como el procedimiento que deberán agotar las autoridades competentes para emitir una declaratoria de monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o zonas de monumentos.

Preservar y proteger los bienes muebles o inmuebles declarados zonas o monumentos arqueológicos, artísticos, históricos es de suma relevancia para el país, por lo que al brindar de mecanismos, como la garantía de audiencia en los procedimientos de declaratorias, de manera que quienes pudieran resultar afectados por la declaratoria interponga el recurso correspondiente, lo cual tendrá como consecuencia el fortalecimiento de la declaratoria misma.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza la cultura es uno de los elementos sociales que mayor identidad y unidad genera entre las poblaciones, convirtiéndose así en una fuerza impulsora del desarrollo.

Consideramos que es nuestro deber como legisladores procurar y fomentar la protección de los monumentos y zonas arqueológicas, por lo que resulta necesario reforzar la ley con la finalidad de conservar, mantener y proteger el patrimonio cultural de la nación. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Saludamos a los mejores promedios de Telebachillerato del municipio de Acayucan, Veracruz, así como a los alumnos del Curso de inducción al servicio social de ésta, la Cámara de Diputados. Bienvenidos.

Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes tengan todas y todos, compañeros, compañeras legisladores. México es un gran contribuyente a la riqueza cultural de la humanidad, debido a su historia y calidad de su gente, prueba de ello son los 37 sitios mexicanos considerados patrimonio de la humanidad que han cumplido los requisitos necesarios marcados por la Unesco.

A través de los años, podría decirse que nuestra tierra ejemplifica la expresión de patrimonio histórico y artístico, ya que culturalmente somos herederos de la fusión de pueblos prehispánicos, en donde se consolidó una identidad que nos distingue orgullosamente en todo el mundo.

Este mestizaje lo encontramos arraigado en nuestras calles, en nuestra gente, e incluso en nuestra comida, adornando nuestros paisajes con un folclore propio de nuestro legado. Desde nuestros ancestros prehispánicos hasta la Revolución, desde la Revolución hasta nuestros tiempos el patrimonio edificado, artístico e histórico, corresponde a un sentido primordial de colectividad y a una noción de la propia cohesión de nuestros pueblos.

Nuestro patrimonio es un testigo permanente de nuestra realidad histórica, de valores y de nuestro trabajo generacional, que hoy son bienes que merecen ser defendidos y conservados por todos los mexicanos. El patrimonio cultural de una nación como la nuestra no se limita a los testimonios tangibles de nuestra historia, sino que dan razón al rico proceso de formación de nuestra identidad y que da pie a las ideas que nos encarnan en la actualidad.

Por eso, ya que en las diferentes etapas de nuestro proceso histórico, su protección y conservación fungen como un propósito de justa dimensión, tangible o intangible, el patrimonio y las tradiciones que conlleva por siempre serán enriquecidas por nuestra gente para seguir siendo un legado que agradecerán las futuras generaciones.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano estamos a favor del proyecto de decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento de declaratorias, para que nuestro legado se haga de respeto y protección por encima de intereses económicos. Hablar de un patrimonio, tanto histórico como arqueológico, es hablar propiamente de nuestro México. La conciencia de nuestra pluralidad cultural es base fundamental de nuestra concepción de nuestro patrimonio, plasmada dentro de esta ley, la cual debe ser reforzada para fincar la unidad y el pleno auto-reconocimiento de nuestras tradiciones y culturas.

Quiero aprovechar de una manera respetuosa para invitar a la compañera diputada Nuvia, que precisamente en este espíritu de enriquecer y de respetar lo que es el origen de nuestra identidad, atienda a los grupos indígenas que están solicitando ser atendidos por ella. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputados.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.

La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): A favor.

El diputado José Alejandro Llanas Alba (desde la curul): A favor.

El diputado José Angelino Caamal Mena (desde la curul): A favor.

La diputada Dulce María Muñiz Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): A favor.

El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): A favor.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Sansores Sastré (desde la curul): A favor.

La diputada María Fernanda Romero Lozano (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 442 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 442 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL SUBACUATICO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, de conformidad con lo enunciado en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 157, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Cultura y Cinematografía, el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

2. Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitaron a la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, mediante el oficio número CCC/LXII del 14 de diciembre de 2012.

La Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0710 Exp. 7402 LXI Leg., resuelve y autoriza la prórroga, encontrándose el asunto turnado en plazo vigente para su dictamen.

3. Con fecha 20 de septiembre de 2011, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Armando Jesús Báez Pinal, del grupo parlamentario del PRI.

4. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía mediante el expediente número 5354.

5. Las Comisiones Unidas dieron trámite de recibo e iniciaron el análisis conjunto de la iniciativa en comento.

II. Descripción de la Iniciativa

El diputado Armando Jesús Báez Pinal, comienza su exposición de motivos haciendo referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), en la que México ha participado internacionalmente en la protección y cuidado del patrimonio natural.

Asimismo, argumenta que con la suscripción de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, vigente desde el 2 de enero de 2009 en nuestro país, se asumió la obligación de incorporar dentro de nuestro Marco Normativo el concepto de “ Patrimonio Cultural subacuático”.

En tal orden de ideas, se establece en la iniciativa el interés de la Nación por su Patrimonio Cultural Subacuático, el cual se robusteció en la década de los cincuenta del siglo XX; empero, no se ha elaborado ninguna legislación que haga referencia a los bienes culturales que se encuentran en aguas nacionales sino que son protegidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales como la CONVEMAR, así como en los párrafos cuarto, sexto y séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También menciona el Legislador, en el mismo sentido, que desde 1982 México está representado en el Advisory Council of Underwater Archaeology (Consejo Consultivo de Arqueología Subacuática), organismo consultivo internacional que congrega a especialistas en arqueología subacuática, y desde 1992 es miembro del Comité Internacional del Patrimonio Cultural Sumergido.

Comenta el diputado que recientemente México suscribió la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural subacuático, vigente desde el 2 de enero de 2009, cuyo objetivo es preservar in situ el Patrimonio Cultural Subacuático en beneficio de la humanidad, estableciendo los principios básicos para su protección mediante un sistema de cooperación pormenorizado y regulando el tratamiento e investigación de dicho patrimonio cultural.

Finalmente, el diputado Báez Pinal comenta que México es miembro del Consejo Técnico sobre Patrimonio Cultural Subacuático de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y preside el grupo de trabajo responsable del establecimiento de las directrices operacionales para implantar dicha convención.

Por todo lo anterior, el diputado Iniciante propone adicionar el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de incorporar la protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la nación dentro del orden jurídico nacional y considerando las características que dispone la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural sumergido de la UNESCO, para quedar el contenido del Decreto en los siguientes términos:

Artículo 28 Ter. Constituyen patrimonio cultural subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Para los efectos de esta ley y su reglamento, las disposiciones sobre monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, serán aplicables a los bienes mencionados en este artículo.

III. Consideraciones generales

Los integrantes de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía comprendemos la inquietud del diputado Iniciante Armando Jesús Báez Pinal, y reconocemos la importancia del Patrimonio Cultural Subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la nación y elemento de particular importancia en la historia de nuestro país.

Según investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas que forman parte de la riqueza cultural de México, son cada año presa de los caza tesoros marinos. Pilar Luna, pionera de la arqueología subacuática en México y  especialista del INAH en la materia, asegura que se tienen registrados hasta 250 embarcaciones hundidas en la zona del Golfo de México, mismas que se encuentran expuestas a la rapiña y el saqueo por parte de aventureros que borran las huellas de nuestros antepasados, así como a la inconsciencia de turistas que destruyen y roban parte de los vestigios, con lo que permanece amenazada la conservación de la riqueza cultural subacuática mexicana.

Conscientes de la importante responsabilidad del Congreso de proteger y preservar el Patrimonio Cultural Subacuático, y reconociendo que éste se ha visto amenazado por actividades no autorizadas, consideramos que la Iniciativa es oportuna y que existe la necesidad de tomar medidas normativas rigurosas para la protección de dicho patrimonio, asegurando el respeto al Derecho Internacional.

IV. Consideraciones particulares

Por otra parte, si bien coincidimos con el espíritu de la propuesta del diputado Báez Pinal, creemos que la fórmula del proyecto de decreto es contradictoria con obligaciones del Estado mexicano en el ámbito del derecho internacional. Lo antepuesto, según los siguientes parámetros:

A. Derecho de los tratados

Todo Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe las obligaciones internacionales contraídas en virtud de tratados ( pacta sunt servanda).

Los Estados no pueden invocar disposiciones de su propia constitución o de sus leyes como excusa para incumplir sus obligaciones internacionales ( irrelevancia del derecho interno).

B. Inmunidad soberana de “ buques y aeronaves de Estado” conforme a derecho internacional consuetudinario y convencional

Conforme a derecho internacional consuetudinario los buques de Estado (aquellos destinados a fines no comerciales) a flote o hundidos, se consideran “propiedad nacional”, incluso “extensiones” del territorio nacional del Estado de pabellón, y gozan de inmunidad soberana respecto de la injerencia de otros Estados, misma que es imprescriptible, independientemente de la ubicación de un naufragio y/o del periodo transcurrido desde el hundimiento de un buque. De esta manera, es contrario a derecho emprender acción alguna que afecte directamente la integridad de naufragios de buques de Estado sin el consentimiento expreso del Estado de pabellón.

La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que codifica la costumbre internacional en materia de buques y es obligatoria para México desde marzo de 1983, establece que todo buque de Estado goza de inmunidad soberana.

Asimismo, el numeral 8 del Artículo 2°, que regula los objetivos y principios generales de la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, precisa lo siguiente:

“De conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,.” (Lo subrayado es propio).

De la transcripción anterior se desprende que la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático no debe interpretarse en el sentido de modificar las normas de derecho internacional relativas a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un Estado respecto de sus buques y aeronaves de Estado, que además se encuentra igualmente protegida por la Convención para la unificación de ciertas reglas relativas al Auxilio y Salvamento Marítimo, la Ley federal del Mar y el Convenio Internacional sobre salvamento Marítimo.

De esta manera, proponemos que el nuevo Artículo 28 Ter sea modificado para cumplir cabalmente con las obligaciones internacionales que México ha contraído, ya que, de acuerdo con el texto de la Iniciativa, las disposiciones sobre monumentos y zonas de monumentos arqueológicos en vigor, resultarían aplicables al Patrimonio Cultural Subacuático y por lo tanto se incluiría de manera improcedente como propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación mexicana a los buques y/o aeronaves de Estado extranjeros sumergidos en aguas de la jurisdicción del Estado mexicano, cuyo cargamento goza de inmunidad soberana, y no puede considerarse como Patrimonio Cultural Subacuático de la Nación.

Por otra parte, los integrantes de estas Comisiones estimamos conveniente incluir en el nuevo artículo 28 Ter de la Ley una definición de Patrimonio Cultural Subacuático, apegada a la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

Asimismo, proponemos incluir en nuevo párrafo del artículo 29 la notificación de hallazgo de Patrimonio Cultural subacuático, con la finalidad de regular específicamente que quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana, regulando así el proceso a seguir para los particulares que se encuentren en tal situación, salvaguardando su seguridad jurídica.

Finalmente, estas comisiones unidas consideran conveniente regular,  mediante un nuevo párrafo al artículo 47, la respectiva  sanción para  quien realice trabajos de  exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural Subacuático, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía proponen a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Ter, un párrafo al artículo 47 y reforma el artículo 29 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, y las observaciones emitidas por la SRE, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Cultura y Cinematografía someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto que adiciona el artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático

Único. Se adicionan un artículo 28 Ter; un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 28 Ter. Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante cien años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estado extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

Artículo 29. ...

Quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, y deberá informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro de las 24 horas siguientes para que éste determine lo que corresponda.

Artículo 47. ...

Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural Subacuático a que se refiere el artículo 28 Ter sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Notas:

1 De acuerdo con el artículo 56, numeral 1, inciso a) de la Convemar, los estados ribereños tienen, en la zona económica exclusiva (200 millas marinas contadas a partir de la línea base nacional), derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua de las corrientes y de los vientos;

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Angelina Carreño Mijares, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Roberto López González para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Roberto López González: Con la anuencia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el de la voz, a nombre de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía presenta el siguiente dictamen, por el que se adicionan el artículo 28 Ter, un párrafo al artículo 29 y otro al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural subacuático.

Honorable asamblea, el patrimonio cultural subacuático se conforma de aquellos rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años.

Tales son los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural: los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural y los objetos de carácter prehistórico.

Dichos rastros de existencia hablan de lo que fuimos y de lo que somos, aunque distantes a simple vista, ya que se encuentran sumergidos y la preocupación por su preservación es del interés de muchas naciones que se preocupan por mantener intacto su pasado para ofrecérselo a su futuro.

México no es ajeno a esta preocupación, por lo menos en lo referente a la suscripción de acuerdos internacionales. Prueba de ello es la suscripción del Convenio para la Convención de la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, celebrado en enero del 2009, en donde nuestro país asume la obligación de incorporar, dentro del marco normativo, el concepto de patrimonio cultural subacuático.

Sin embargo, el día de hoy la legislación vigente es omisa, a pesar de que a partir de 1982 integra el Consejo Consultivo de Arqueología Subacuática, organismo internacional que congrega a especialistas en arqueología subacuática, y desde 1992 es miembro de este comité internacional.

En su momento, y al adherirse a ese instrumento internacional, México se comprometió a preservar in situ el patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, estableciendo para ello principios básicos para su protección mediante un sistema de cooperación pormenorizado y regulando el tratamiento de investigación de dicho patrimonio cultural, así como a la adecuación de la normatividad aplicable en la materia; sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido posible.

Por ello cobra mayor importancia este dictamen; por ello es importante armonizar lo que en convenios internacionales hemos suscrito, y por ello hoy se modifica, adicionando el artículo 28 Ter y agregando párrafos a los artículos mencionados, al 29 y al 47.

Los integrantes de estas comisiones compartimos la inquietud y reconocemos la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte muy importante del patrimonio cultural de la nación.

Es por ello que es conveniente mencionar, que según el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas, son cada año presa de la caza de tesoros marinos expuestos a la rapiña y al saqueo por parte de aventureros que borran las huellas de la historia, con lo que permanece amenazada la conservación de la riqueza a la que hemos hecho mención.

Por ello es importante y a todas luces necesaria la protección de este patrimonio, asegurando con ello el respeto al derecho internacional.

Finalmente, es oportuno regular las sanciones contra quien realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales, a fin de descubrir o rescatar patrimonio cultural sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, esperando encontrar el apoyo de todos y cada una de las y los diputados que conforman esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter, el segundo párrafo del artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de esta ley federal en comento, que textualmente dice lo siguiente:

Artículo 28 Ter. Constituyen patrimonio cultural subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o permanente, por lo menos durante 100 años, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos, restos humanos, así como su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural, y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de estado extranjero, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

Adición del párrafo segundo, al artículo 29: Quienes encuentren patrimonio cultural subacuático dentro de la zona económica exclusiva mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expediría la constancia oficial del aviso o entrega en su caso, y deberá informar a la institución responsable, el INAH, dentro de las 24 horas siguientes para que éste determine lo que corresponda. Termino, diputada presidenta.

Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales, a fin de descubrir o rescatar patrimonio cultural subacuático, de conformidad a lo que se refiere el artículo 28 Ter, sin autorización del INAH, será o se le impondrá prisión de 3 a 10 años y multa de mil a 3 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar la posición de su grupo, por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González, hasta por cinco minutos.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, diputada presidenta. México es una nación que valora y defiende su patrimonio cultural. Gente de todo el planeta llega a nuestro país para admirarse ante nuestro pasado prehispánico y cultural. Nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles y nuestras calles y plazas exponen las impresionantes edificaciones que heredamos de las épocas de la conquista y la colonización.

Por eso nos sumamos al exhorto hecho por nuestra compañera Aída Valencia, para que la licenciada Nuvia Mayorga, directora de la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, escuche a las autoridades municipales de la Sierra Sur y la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca.

También en las profundidades de nuestras aguas, tanto marinas como continentales, existe un patrimonio cultural del cual debemos sentirnos orgullosos.

El dictamen que hoy discutimos, llevado a cabo por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, así como de Cultura y Cinematografía, constituye un acontecimiento verdaderamente inédito y de muchas formas alentadoras; en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales.

El patrimonio cultural subacuático, por su misma naturaleza y contexto, se encuentra fuera del alcance y observancia acostumbrada que podría tener cualquier construcción histórica o restos de carácter arqueológico. Por ello mismo, tradicionalmente se han encontrado también fuera de la protección de nuestras leyes federales en esta materia.

Estos objetos, sin embargo, algunos cotidianos y otros más con valor económico intrínseco están marcados por una gran significación cultural y artística, que como cualquier otro bien de esta índole debe ser protegido por el Estado mexicano.

Desde 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que México forma parte, establece el derecho a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no vivos del espacio que ocupa nuestro mar territorial, entendido como zona económica exclusiva. Por desgracia, en dicho instrumento internacional no se estipularon los derechos sobre los bienes con claro significado cultural.

No sería sino hasta el año 2009, que obligaciones contraídas por el Estado mexicano de la citada Convención cobrarían forma en la ejecución de normas y estándares internacionales, contenidos en los instrumentos internacionales complementarios, como fue el caso de nuestra adhesión a la Convención para la Protección del Derecho Cultural Subacuático.

La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático parte de un suceso novedoso a nivel mundial, el creciente entusiasmo e interés del público por gozar de los beneficios educativos y recreativos de los bienes culturales subacuáticos y la necesidad, por lo mismo, de establecer un acceso responsable a dichos bienes amenazados por las crecientes actividades de explotación comercial sin regulación y autorización.

La creciente explotación comercial con fines de venta, alentada por la disponibilidad de la tecnología de punta que facilita el descubrimiento y acceso a esos bienes, requiere de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impidan el creciente saqueo.

Restos de navíos y las ruinas de edificios hundidos en el mar están cada vez más amenazados. Este patrimonio ya no está fuera del alcance de los cazadores de tesoros, muchos sitios arqueológicos subacuáticos ya han sido presa del pillaje y robos de gran envergadura.

La explotación comercial de sitios históricos sumergidos y la consecuente venta de artefactos, constituyen una retorcida evocación de lo que sucedió por muchos años con incontables sitios arqueológicos ubicados en tierra.

Estos piratas modernos, llamados comúnmente cazadores de tesoros, crecen día a día, sobre todo en países que cuentan con recursos suficientes y alta tecnología. Decenas de ellos poseen grandes empresas con sofisticados equipos de rastreo y se sienten atraídos especialmente por los beneficios económicos que representan los objetos extraídos de los cargamentos de los navíos y en algunas ocasiones los beneficios son colosales.

Las piezas arqueológicas e históricas que sustraen indebidamente se comercializan en casas de subastas prestigiosas de las grandes metrópolis, que enseguida organizan ventas millonarias.

La insuficiencia de las legislaciones y los derechos de soberanía de los estados permiten a los cazadores de tesoros continuar sus actividades y exportar artefactos y bienes con propósitos puramente comerciales, en total desprecio por la pérdida que ocasionan a la ciencia, a la historia y a la humanidad.

Los sitios arqueológicos que yacen en ríos, lagos o fondos marinos constituyen una enorme fuente de información sobre la vida de nuestros antepasados, y por lo tanto, un legado histórico y cultural inapreciable.

Desafortunadamente la cacería de tesoros es una actividad muy lucrativa y miles cazadores de tesoros desvalijan los objetos de sus conjuntos originales para venderlos a coleccionistas inconscientes.

En México, el patrimonio cultural se encuentra protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y el patrimonio subacuático solo se resguarda mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales. Pero estas disposiciones legales no alcanzan a proteger la oleada de saqueos y actos de vandalismo en cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas, que forman parte de la riqueza cultural de la nación.

En nuestro país existen varios enclaves subacuáticos de enorme valor cultural, como lo son el manantial de la Media Luna, en San Luis Potosí; estructuras mayas, en la costa oriental de la Península de Yucatán; el arrecife Chitales, en Cancún, Quintana Roo, o el arrecife Cayo Nuevo, en el Golfo de México, en donde según estimaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia existen más de 250 embarcaciones hundidas.

Se cree que en el fondo de los océanos del planeta yacen diseminados más de 3 millones de objetos de navíos naufragados, aún por descubrir. Solamente en América del Norte se han registrado más de 65 mil pérdidas de navíos desde el año 1500 hasta nuestros días.

En México, por las mismas insuficiencias económicas o institucionales que padecemos no contamos con un catálogo confiable que registre el enorme patrimonio que yace bajo las aguas de nuestro territorio. No obstante, nuestro pasado histórico, prehispánico y colonial presume la existencia de riquezas culturales formidables que deben ser rescatadas y protegidas.

El dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía no solo describe las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento, sino que además establece adecuaciones que la vuelvan más eficiente en su implementación.

Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que defina el concepto de patrimonio subacuático...

Presidenta, termino, tal vez esto no sea igual de importante que la reforma de telecomunicaciones, pero es muy importante para la cultura en México.

El dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía no solo describe las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento, sino que además establece adecuaciones que la vuelven más eficiente en su implementación.

Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que defina el concepto de patrimonio subacuático a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece simultáneamente la regulación de los hallazgos y su proceso de notificación a las autoridades competentes, así como las sanciones aplicables a quienes infrinjan la norma. Todo ello, sin duda alguna, en beneficio del espíritu de la iniciativa misma.

En virtud de las bondades que supone para la salvaguarda y protección de una parte importante de nuestro patrimonio cultural, tradicionalmente olvidado, es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Gisela Mota Ocampo, de viva voz.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Presidenta, le informo que se emitieron 435 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 435 votos el proyecto de decreto que adiciona un artículo 28 Ter, un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden de día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por Carla Alicia Padilla Ramos y suscrita por Enrique Aubry de Castro Palomino, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 6 de noviembre de 2012, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos y suscrita por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

La diputada proponente expone que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos recursos. Este incremento se explica por la incorrecta alimentación y la vida sedentaria.

Afirma que los niños obesos y con sobrepeso, tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por ello es que necesitamos darle prioridad a la prevención de la obesidad infantil.

Añade que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, el sobrepeso se define como un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30.

Manifiesta que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, 44 por ciento de la carga de diabetes, 23 por ciento de la carga de cardiopatías isquémicas y entre 7 por ciento y 41 por ciento de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Considera que tan sólo en México, la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes mellitus tipo 2, enfermedades isquémicas del corazón, cerebro-vasculares e hipertensivas. Y que según la página de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos.

Para la proponente, la mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad.

Por otro lado, manifiesta que, según la OMS, la inactividad se ha vuelto uno de los peores enemigos del bienestar físico en estos tiempos, cuando 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad necesaria para mantener su cuerpo en condiciones aceptables.

Asimismo, señaló que en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición (Ensanut) realizada en 2006, el sobrepeso y la obesidad se incrementaron en el país, al alcanzar alrededor de 30 por ciento en los niños y hasta 70 por ciento en los adultos. Los niños obesos tienen una morbilidad y mortalidad superior a los niños que no lo son.

Afirmó que los niños con obesidad pueden sufrir de hipertensión, colesterol elevado y resistencia a la insulina desde la infancia o pubertad y continúan con el riesgo en la etapa adulta. En varones, aumenta el riesgo de ateroesclerosis, infartos al miocardio, accidentes vasculares cerebrales, diabetes así como cáncer de colon. Las mujeres en cambio, son proclives de padecer artritis degenerativa, aumento de la presión arterial en el embarazo y predisposición de fracturas de cadera.

Finalmente, señaló que el sobrepeso y la obesidad infantil están detonando la aparición de diversas enfermedades que anteriormente sólo se veían en la población adulta. En un estudio que lleva a cabo el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en los niños con sobrepeso y obesidad de 4 a 18 años de edad, se observó que de 100 niños estudiados 16 por ciento son hipertensos, 50 por ciento tienen problemas de hipertensión, altos niveles de triglicéridos y colesterol, lo que se conoce como “síndrome metabólico”.

Contenido de la propuesta

Se propone la reforma del inciso D del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o. precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En el mismo sentido, hoy contamos con la reforma constitucional, relativa a los Derechos Humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011. Dicha reforma dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De tal manera, en el artículo 1o. se determina el principio de convencionalidad , en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.

En este contexto, la comisión dictaminadora estima que la iniciativa en comento es susceptible de ser analizada, al ser el Congreso de la Unión un órgano competente para legislar, de conformidad conla fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se establece la facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación Estados y Municipios en materia de niñas, niños y adolescentes, en donde rija el interés superior de los mimos y se observen los tratados internacionales de la materia de los que México es parte.

Segunda. Los suscritos, integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, coinciden en que es necesario adecuar el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de adecuarlo a los instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales se establecen un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Entre los instrumentos internacionales encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

De ahí que la Convención de los Derechos del Niño establezca en los artículos 3, 4 y 19 lo siguiente:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 4

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 19

1.Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2.Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Tercera.La Comisión de Derechos de la Niñez considera de suma importancia llevar a cabo la reforma propuesta, en virtud de que la obesidad y el sobrepeso son el principal problema de salud pública en México, pues el país es el cuarto lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso. La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad infantil.

En febrero de 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que 29.0 por ciento de las niñas y 28.1 por ciento de los varones entre 5 a 17 años tenían sobrepeso en México. Asimismo, el promedio de los menores mexicanos con este mal era el cuarto más alto de los países que integran la OCDE, sólo detrás de Grecia, Estados Unidos e Italia.

La Ensanut de 2006 informó que 26 por ciento de los niños entre 5 y 11 años (4.15 millones de infantes) tenían prevalencia en sobrepeso y obesidad, situación que afectaba más a las niñas (26.8 por ciento) que a los varones (25.9 por ciento). Cabe destacar que este porcentaje es superior al promedio de la medición realizada en 1999, que arrojó la cifra de 18.6 por ciento de este sector poblacional con el padecimiento. La media anual de crecimiento de la citada enfermedad fue de 1.1 por ciento, incrementándose con mayor escala en la niñez del género masculino.

La Ensanut de 2006 analizó la situación de sobrepeso y obesidad de los adolescentes entre 12 y 19 años de edad. Entre los datos difundidos sobresalió que cerca de seis millones de jóvenes en este sector poblacional padecían esta condición, lo que representaba la tercera parte de este grupo. En comparación a la Ensanut 1999, la cifra es ligeramente mayor, pero refiere que en el caso de las mujeres, a más edad se desarrolla la prevalencia de la enfermedad. Por su parte, la Secretaría de Salud federal difundió que en 2008 existían cerca de 10.3 millones de niños y jóvenes mexicanos con sobrepeso y obesidad, de los que 4 millones 249 mil 217 corresponden al grupo poblacional de entre 5 y 11 años, y 6 millones 109 mil 420 al de jóvenes de entre 12 y 19.

En este sentido, se observa al revisar la propuesta de iniciativa se incluye que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de combatir la obesidad, mediante la promoción de una alimentación adecuada, la vigilancia del crecimiento, así como la promoción de la actividad física.La mal nutrición y la escasa actividad física son los dos grandes culpables del aumento de la cantidad de niños obesos en el país.

Por ello, el combate de la obesidad debe ser una estrategia prioritaria de salud pública entre los tres órdenes de gobierno, debe iniciarse en la infancia, continuarse a lo largo de la vida y tener la participación activa y comprometida del personal de la salud, junto con los otros sectores de la sociedad. Vale la pena insistir que cuanto más temprano sea su inicio, los beneficios a corto, mediano y largo plazo serán más importantes, evidentes y eficaces.

Esa situación nos parece muy acertada la propuesta de iniciativa de la promovente, en el sentido de que debemos reconocer que la obesidad infantil está aumentando la morbilidad y mortalidad en el país. Ante este panorama el futuro no se ve alentador, más aun si consideramos que, en México sigue en aumento la obesidad infantil. Esta realidad hace imperativo el desarrollo de políticas públicas y reformas a la ley como la que nos ocupa que combatan la obesidad en niñas, niños y adolescentes.

Cuarta.Es de suma importancia esta propuesta, toda vez que obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos recursos, como es el caso del país.

Por ello, los niños obesos y con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian a un aumento de la probabilidad de muerte prematura y discapacidad.

Se considera que una niña, un niño o un adolescente obeso cuando tienen este problema de salud sufren constantemente discriminación, la que se traduce en trastornos de conducta, angustia, depresión, tendencia a la baja autoestima, aislamiento e inseguridad.

En este tenor se considera viable aprobar el contenido de la reforma al inciso D del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ante el hecho de que cada vez es más frecuente la existencia de niñas, niños y adolescentes que tienen el problema de la obesidad y que pueden estar propensos a la aparición de diversas enfermedades, como son: hipertensión, colesterol elevado, diabetes, alteraciones dermatológicas, entre otros. Lo cual puede traer consigo que en caso de los varones aumente el riesgo de ateroesclerosis, infartos al miocardio, accidentes vasculares cerebrales, diabetes así como cáncer de colon, y en caso de las mujeres, son proclives de padecer artritis degenerativa, aumento de la presión arterial en el embarazo y predisposición de fracturas de cadera, como lo afirma la proponente.

Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforma el artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de

A. a C. ...

D. Combatir la desnutrición y la obesidad mediante la promoción de una alimentación adecuada.

E. a J. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Juan Pablo Aguirre Quezada. El reto de la obesidad infantil en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, junio de 2012, página 5.

2 Ibídem, página 15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada María Angélica Magaña Zepeda por la comisión.

La diputada María Angélica Magaña Zepeda: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen en comento trata de una reforma del artículo 28, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual establece que las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de combatir la obesidad mediante la promoción de una alimentación adecuada, a la vigilancia del crecimiento, así como la promoción de actividad física.

Este dictamen está relacionado con la obesidad y el sobrepeso que padecen nuestras niñas, niños y adolescentes por la mala alimentación, el sedentarismo y la falta de acceso a alimentos nutritivos.

Es bien sabido que la mala nutrición y la escasa actividad física son de los dos grandes culpables del aumento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes con obesidad en nuestro país, por lo que quien la padece puede estar propenso a la aparición de diversas enfermedades, como son hipertensión, colesterol alto, diabetes, alteraciones dermatológicas, entre otros.

A su vez se asocian en un aumento a la probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Así tenemos que cuando una niña o un niño o un adolescente con obesidad tienen este problema de salud sufren constante discriminación, lo que se traduce en trastornos de conducta, angustia, depresión, baja autoestima, aislamiento e inseguridad.

Es por ello que los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez construimos un dictamen, en el sentido de que debemos reconocer que la obesidad infantil está aumentando la morbilidad y mortalidad en nuestro país. Esta realidad hace imperativo el desarrollo de políticas públicas y reformas a la ley que nos ocupa, a fin de que se combata la obesidad en niñas, niños y adolescentes.

Cabe señalar que en febrero de 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que el 29 por ciento de las niñas y el 28.1 por ciento de los varones entre 15 y 17 años tenían sobrepeso en México. Asimismo el promedio de los menores mexicanos con este mal era el cuarto más alto de los países que integran la OCDE, solo detrás de Grecia, Estados Unidos de América e Italia, de ahí la relevancia que tiene para la Comisión de los Derechos de la Niñez que se apruebe este dictamen, toda vez que la obesidad infantil es un problema de salud pública más grave en el siglo XXI.

El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos recursos, como es el caso de nuestro país.

Por tanto, compañeras y compañeros diputados, solicito que votemos a favor del presente dictamen, ya que estamos convencidas y convencidos de que el combate a la obesidad debe ser estrategia prioritaria de salud pública entre los tres órdenes de gobierno, que deben de iniciarse de manera urgente con la infancia a la adolescencia y continuar a lo largo de la vida de todas las personas, tener la participación activa y comprometida de personal de salud junto con los otros sectores de la sociedad.

Vale la pena insistir que en cuanto más temprano sea su inicio, los beneficios a corto, mediano y largo plazo serán más importantes, evidentes y eficaces. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para fijar postura por su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, hasta por cinco minutos.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores; con su venia, presidenta. El Partido del Trabajo apoya la reforma al artículo 28, en su inciso D, a la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El Estado mexicano está obligado y tiene la responsabilidad de proponer el adecuado desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su vida. En ese sentido, se ha reformado la Constitución en el artículo 4o., en particular se han suscrito tratados internacionales y aprobado leyes por parte de este Congreso cuyo objeto central es generar las condiciones para el mejor desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes.

En el dictamen que se presenta por la Comisión de Derechos de la Niñez, se propone entre otros temas, la responsabilidad de las autoridades federales, del Distrito Federal y municipios, para establecer un marco de coordinación adecuado para combatir la obesidad infantil.

Desafortunadamente la vida de nuestros niños, sea con la televisión, con los videojuegos, con el tema de la delincuencia y la inseguridad, se ha vuelto muy sedentaria.

En el pasado, los niños libremente podían caminar en el barrio, en la cuadra y jugar con los demás niños de su edad en actividades propias. Esa situación se ha perdido. Se ha perdido porque el tema de la inseguridad ha obligado a que los niños prácticamente queden secuestrados en sus casas. Eso abona a que el tema de sedentarismo crezca y con ello el tema de la obesidad infantil.

Esta situación de la obesidad infantil ha generado que de manera prematura crezcan enfermedades degenerativas que se derivan en la hipertensión, se derivan en la diabetes y se derivan en actividades y en enfermedades cardiovasculares, que de manera temprana empiezan a afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Esta iniciativa es importante, porque va a coadyuvar a que nuestros sistemas de salud ahorren cantidades importantes, toda vez que contribuirá a una mejor salud de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, pensamos que otro problema grave es lo que se ha considerado como la obesidad de la pobreza; es decir, es sabido que los carbohidratos cuestan mucho menos que los alimentos que tienen alto contenido de proteínas, en ese sentido la crisis ha obligado a que en nuestras familias el consumo de carbohidratos cada día sea mayor y eso ha provocado que en este país se tengan problemáticas de obesidad verdaderamente graves.

Se considera que hoy el 30 por ciento de los niños padece obesidad y también se considera que los adultos mayores de 40 años de este país, el 60 por ciento, tiene ya obesidad.

Eso trae como consecuencia que se tenga que reconsiderar que en mucho sí son las prácticas nutricionales, pero lo fundamental es las consecuencias de la crisis económica, de la situación de estancamiento que este país vive a partir de 1982, en que se impuso el proyecto neoliberal, que ha generado que la pobreza crezca de manera acelerada y con ello la dificultad de que las familias puedan contar con una dieta adecuada.

En ese sentido, consideramos que paralelamente la reforma constitucional al artículo 3o. también conlleva en un transitorio, en el quinto, fracción III, inciso c), obligar a que este Congreso legisle para prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos; es decir, los alimentos chatarra.

Consideramos que eso va a ser un gran paso, aunque también sería pertinente que se abonara para que se prohibiera la publicidad de alimentos chatarra en radio y televisión, porque esto es lo que más afecta la condición de salud de niños y niñas de este país.

En esa perspectiva, el Partido del Trabajo va a votar a favor de este dictamen, toda vez que estamos convencidos de que va a coadyuvar a que haya una mejor salud para nuestros niños, niñas y adolescentes de este país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputada presidenta. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor de esta reforma al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, misma que establece que las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinadas a fin de combatir la desnutrición y la obesidad, mediante la promoción de una adecuada alimentación.

Nuestro país tiene estas paradojas. Por un lado, el hambre en zonas rurales y urbanas, en zonas indígenas, y por otro lado, sedentarismo, que provoca enfermedades a muy temprana edad, y la obesidad es un factor que las detona.

En la Comisión de los Derechos de la Niñez hemos decidido tomarnos en serio luchar militantemente a favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, hacer efectivos los principios de participación, de no discriminación, de supervivencia y desarrollo, así como del interés superior de la niñez.

Es por eso que es inadmisible que en las escuelas públicas de nuestro país tengamos solamente el 36 por ciento de cobertura de maestros de educación física; 36 por ciento es la cobertura de profesores de educación física a nivel nacional.

Nos urge una respuesta de la Secretaría de Educación Publica sobre este tema. ¿Qué han hecho todos estos años, en que se han llenado la boca con discursos de simulada preocupación por la niñez de nuestro país?

Datos del Inegi señalan que nuestros niños y nuestras niñas están frente al televisor dos mil horas al año, mientras que están en la escuela solamente 700 horas.

Está documentado que por programa infantil las televisoras incorporan 12 minutos de publicidad, fundamentalmente de bebidas, comida, pastelillos y frituras; en resumen, de comida chatarra.

Espero que mañana que vamos a tratar el tema de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones hagamos valer lo que nos ordena la Constitución y los convenios que hemos suscrito como nación a nivel internacional y cuidemos los contenidos que están llegando a nuestras niñas y a nuestros niños.

Por eso vamos a favor. No se vale que por negligencia u omisión del gobierno federal o de nosotros como representantes populares los niños tengan problemas de salud y hasta de autoestima. Ya hablábamos la sesión pasada acerca del incremento de un 42 por ciento de suicidios en niños de 5 a 14 años de edad.

Mañana es un día en el que se va a poner a prueba la representación popular que se ostenta en este Parlamento.

Diputada presidenta, quiero pedirle permiso para hacer un llamado a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados y hacer un llamado también a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, que el día de hoy no quiso cubrir la presentación de un libro que trata sobre la masacre de Sucumbíos, donde perdieron la vida 21 personas y cuatro jóvenes mexicanos. No llegó el Canal del Congreso y nos parece una ofensa para las víctimas y para los familiares de las víctimas, que siguen reclamando justicia ante la impunidad de la que goza Naranjo Trujillo, hoy asesor de inteligencia militar de Enrique Peña Nieto.

Ése y otros elementos y pruebas se sostienen en este documento: Sucumbíos, historia de una infamia. Espero que la Comisión de Relaciones Exteriores también respalde las gestiones ante el Ecuador, ante Colombia para resolver un problema de persecución y de criminalización de estos jóvenes.

Le agradezco, diputada presidenta, que no obstante tratar un tema fundamental, como es el de la niñez, se me permita hablar de una omisión que me parece grave, porque falta al respeto de la gente que nosotros representamos.

Que no se vuelva a repetir. Cada uno de ustedes, compañeras y compañeros diputados, tienen el derecho a la cobertura de todas sus actividades parlamentarias. Con eso concluyo.

No pasa nada, tranquilos, el día de hoy se vetó la posibilidad de difundir la presentación de este libro, pero cada vez que eso ocurra, creo que la Mesa Directiva va a tener la sensibilidad de permitirnos hacer uso de la voz y de esta tribuna, para hacer el señalamiento. Muchas gracias a todos y a todas.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia toma nota, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, y en calidad de proponente de esta iniciativa, quiero darle las gracias a la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y a todos sus integrantes, por apoyarnos a que sea una realidad esta iniciativa y cuide y proteja a todos los niños de nuestro país.

Esta iniciativa va basada a prevenir que hayan más niños con obesidad infantil y que después se conviertan en niños enfermos de diabetes, hipertensión o de otras enfermedades que mermen la vida de todos esos niños mexicanos.

Por eso, si nos vamos a la historia, podemos ver que México se coloca en el cuarto lugar de obesidad infantil a nivel mundial. Antes estábamos en el primer lugar. Gracias a los trabajos que se han venido haciendo —que falta mucho por hacer— se ha ido disminuyendo ese lugar, que hoy estamos en cuarto lugar. Por eso les pido seguir trabajando de la mano.

Como legisladores, proponer que todas las secretarías, como la Secretaría de Salud, de Educación y los poderes de gobierno, se unan a estas causas para que lo antes posible paremos con la obesidad infantil o con otro tipo de enfermedades.

Les agradezco a todos mis compañeros diputados por ayudarnos a que esta propuesta sea una realidad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Quiero saludar la presencia de empresarios del distrito II de Tepic, Nayarit, invitados por el diputado Roy Gómez Olguín, que están aquí con nosotros.

A la primaria Juan Gutiérrez de la Cueva, de Chihuahua. A alumnos del segundo semestre de la licenciatura en administración de la Universidad Autónoma del estado de México, y ciudadanos de la Organización Munifem, Asociación Civil, procedentes de Temamantla, estado de México, invitados por la diputada Adriana González Carrillo, y también a alumnos de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera de derecho. Bienvenidos a todas y a todos.

Agotada la lista de oradores, se solicita a la Secretaría abra el sistema, hasta por cinco minutos, para recibir la votación en lo general y en lo particular de este dictamen.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Marino Miranda Salgado (desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 442 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 442 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

CODIGO DE COMERCIO - LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES - LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION - LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, una vez recabadas las autorizaciones del caso, y si la asamblea no decide otra cosa, y en virtud de haber cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público se pongan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal.*

Para explicarnos de qué se trata y fundamentar el dictamen, tiene el uso de la voz don Mario Sánchez Ruiz, presidente de una de las comisiones dictaminadoras.

El diputado Mario Sánchez Ruiz: A nombre de la Comisión de Economía y de la de Hacienda y Crédito Público, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía el dictamen de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado José Arturo Salinas Garza y a quien quiero reconocer y agradecer por su tiempo y capacidad empeñada para que esta iniciativa tan importante llegue a ser una realidad el día de hoy.

Ambas comisiones consideran pertinentes las diversas propuestas de modificación a las disposiciones que rigen la actividad mercantil, ya que tienden a la modernización y simplificación administrativa para gran parte de las actividades productivas del país.

Entre las principales bondades de la iniciativa se encuentran: simplificación de los procesos administrativos que rigen la actividad mercantil, de tal manera que los requisitos como las publicaciones de las sociedades mercantiles, convocatorias a las asambleas y estados financieros, entre otros, se realicen de manera electrónica.

Fomento a la libertad contractual entre accionistas y reducir los porcentajes para ejercer los derechos minoritarios; eliminación de las restricciones en la emisión de acciones, con características especiales, relacionadas con los derechos de voto en beneficio de los accionistas minoritarios; supresión de costos de trámites y cargas económicas para la creación de nuevos negocios y la formalización de comercios ya existentes.

Modernización del régimen de administración y vigilancia de las sociedades mercantiles; modernización de los registros públicos para que operen a bajo costo y sean de fácil consulta mediante un sistema centralizado; fortalecimiento del sistema de garantías mobiliarias con normas claras y sencillas.

Particularmente son de destacarse las propuestas de modificación al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que tienen por objetivo reducir los costos y cargas administrativas relacionadas con la realización de publicaciones periódicas, mismas que actualmente son obligatorias a las sociedades mercantiles para mostrar información sobre su calidad mercantil, convocatorias de asambleas y en los estados financieros.

Respecto de lo anterior, se considera que la eliminación de la obligación de realizar distintas publicaciones en medios impresos, aunado a la previsión por parte de la Secretaría de Economía en un sistema electrónico gratuito para hacer pública la información que permanezca obligatoria, redunda en una reducción de diversos costos en los que actualmente incurren las empresas y todos los emprendedores.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, conocida como Cofemer, estimó que con la eliminación de distintas publicaciones y la utilización de medios electrónicos, los ahorros que se obtendrían por todas las sociedades mercantiles obligadas a estas publicaciones ascenderían a más de 5 mil millones de pesos.

En concordancia con el principio de flexibilización la iniciativa busca también priorizar la autonomía y la voluntad de los accionistas respecto de la elaboración y toma de acuerdos sobre derechos de compra, venta y limitaciones sobre los derechos del voto.

Manteniéndose en congruencia con la flexibilización de las actividades mercantiles la iniciativa establece que las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo los explícitamente restringidos en sus propios estatutos y en la ley.

Las propuestas de homogeneización y mejora en los procesos y manejo de la información del Registro Público de Comercio son impostergables para facilitar las actividades productivas.

La propuesta de implementación de un programa informático que centraliza la información proporcionada por las oficinas estatales servirá, igualmente, para reducir costos para los usuarios, ya que las consultas podrán realizarse en línea en este registro federal, sin necesidad de presentarse personalmente en las oficinas locales del registro.

Otro aspecto a destacar de esta iniciativa son las reformas propuestas al sistema de garantías mobiliarias para asentar reglas sencillas para su gestión, prelación de acreedores y en los procesos de ejecución.

Entre otras de las propuestas que se pretenden mejorar, la libertad contractual entre las partes, se encuentran aquellas que buscan flexibilizar el otorgamiento a un crédito o a la comercialización de las garantías, así como el incrementar la capacidad de pactar entre las partes involucradas en un crédito.

Los anteriores son solo algunos de los beneficios esperados de la aprobación de este grupo de propuestas. Tal como puede observarse, están diseñadas especialmente para acelerar la actividad mercantil, así como para incrementar la productividad y competitividad de nuestros empresarios y emprendedores.

Por lo antes expuesto, solicito al pleno de esta soberanía que se apruebe este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Ahora sí está a la consideración de la asamblea. Don Rubén Benjamín Félix Hays, tiene el uso de la palabra, de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza está a favor del dictamen denominado miscelánea mercantil, derivado de las diferentes reformas a disposiciones en materia de comercio y sociedades mercantiles, porque introduce una medida que entraña diversos beneficios sociales para efecto de los particulares que realizan actos de comercio.

En tal sentido, los integrantes de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público vimos con preocupación la complejidad de los actos y requisitos que existen en materia mercantil; es por ello que las propuestas de modificación a las disposiciones que rigen la actividad mercantil tienden a la modernización y simplificación administrativa para gran parte de las actividades productivas del país.

La simplificación viene a constituir un principio de conducta administrativa que orienta las decisiones oficiales e imprime dinamismo a los procesos de gobierno. Con esto la simplificación adquiere una característica preventiva más que correctiva y de observancia permanente.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público está plenamente comprometida con los trabajos legislativos que tengan que ver con el principio de respetar la simplificación administrativa, para efecto de facilitar el acceso de todas las personas físicas o morales que realicen actos de comercio.

Derivado de lo anterior, se reconoce que el presente dictamen tendrá como efecto reducir los costos y cargas administrativas relacionadas con la realización de publicaciones periódicas, mismas que actualmente son obligatorias para las sociedades mercantiles, entre las que destacan: mostrar información sobre su calidad mercantil, convocatorias de asambleas y de estados financieros.

Por otro lado, el grupo parlamentario que represento considera prudente mencionar que el dictamen que se discute presenta avances sustanciales respecto a la flexibilización de las reglas para reconocer y realizar acuerdos entre los accionistas de las sociedades mercantiles, así establece condiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de los grupos minoritarios de las sociedades.

En este sentido, los umbrales propuestos en la iniciativa para hacer valer los derechos de los socios tienden a igualarse con los que actualmente se encuentran vigentes a nivel internacional, lo que ha sido un reproche constante de todos aquellos que realizan actividades propias del comercio. En tal sentido, se estuvo de acuerdo con que se eliminen las disposiciones legales que ponen límites a las sociedades para manejar o disponer de sus bienes o acciones.

Finalmente, votaremos a favor del presente dictamen, ya que fomenta un gran avance al respecto del principio de flexibilización. Estas Comisiones Unidas coincidieron en que la iniciativa buscará priorizar la autonomía y voluntad de los accionistas respecto a la elaboración y toma de acuerdos sobre derechos de compra, venta y limitaciones sobre el derecho de voto.

En el mismo sentido, se buscará fomentar en todo momento que las sociedades mercantiles podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento del sujeto social, salvo en lo explícitamente restringido en sus propios estatutos y en la ley. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ahora don Víctor Manuel Jorrín, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Movimiento Ciudadano votará a favor de estas reformas en materia mercantil, porque propone una simplificación sumamente importante para todos aquellos que tienen actos de comercio o que realizan una acción emprendedora.

Simplemente la disminución del porcentaje de participación en establecer alguna controversia dentro de la misma asociación, de disminuirla del 33 por ciento al 25 por ciento, le da oportunidad a los socios minoritarios de tener una mayor oportunidad de participación en sus derechos.

Por otra parte, los trámites vía electrónica implican una gran simplificación de este trabajo y a mí la que me parece de suma importancia es incluir la figura de darle la oportunidad al corredor público de poder también hacer los trámites correspondientes y no precisamente solamente con el notario, que encarece los costos de la operación; darle esta validez significa fortalecer la economía de los trámites administrativos para beneficio de las empresas o de los emprendedores.

Por otro lado, el hacer homogéneo el servicio de Registro Público de Comercio también facilita mucho estos trámites.

Éste es un principio de apoyo, precisamente a todos los actos de comercio; sin embargo, falta todavía regular en otras ramas, que estarán pendientes por tratarse en el tema de las asociaciones civiles. Esto es un muy buen principio y de parte de Movimiento Ciudadano estamos a favor de estas reformas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho, señor orador. Don Tomás Torres Mercado, tendremos el privilegio de escucharlo, como siempre, con su sapiencia jurídica y su bonhomía zacatecana.

El diputado Tomás Torres Mercado: Con el permiso del diligentísimo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, eficaz conductor de la asamblea, señor presidente. Diré poco, porque ya se ha dicho mucho.

Es solamente que es necesario un reconocimiento político, un reconocimiento a la iniciativa que ha provocado este dictamen, al diputado Arturo Salinas, de Acción Nacional, porque considero justo decirlo y porque también ha sido un esfuerzo de las Comisiones —en un entendimiento armónico, en un trato comedido— de Economía, que preside don Mario Sánchez y de Hacienda, de Trejo Reyes. Algo me está ocurriendo, porque los tres son de Acción Nacional.

El dictamen es importante. Fíjense ustedes que deroga, reforma y adiciona algunas disposiciones. Son cinco ordenamientos; el Código de Comercio, que vale la pena decirlo, tiene una vida —a pesar de su reiteración legislativa— de más de 100 años, es el Código Lares; la Ley General de Sociedades Mercantiles, la de Inversiones, la de Títulos y Operaciones de Crédito; la Ley Federal de Derechos, y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Diré poco, he señalado, porque el Verde, por supuesto, el grupo parlamentario va a votar a favor, porque abona en generar condiciones para una mayor modernización, condiciones de inversión, pero particularmente para pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 80 por ciento del empleo que se genera en este país, y más de la mitad de la riqueza nacional viene de ahí y su apalancamiento siempre tiene como origen el patrimonio de la familia, de los amigos, no del crédito formal, no la parte del encaje de las instituciones bancarias.

Digo que es útil por razón de que, por una parte, reduce los costos de las publicaciones que son obligatorias en el marco de la ley para convocatorias de las sociedades mercantiles, estados financieros, otras citaciones. Pero además está generando un portal para la consulta electrónica del Registro Público del Comercio.

Hay otros aspectos sin duda que son fundamentales para dinamizar la economía del país, particularmente para la colocación del crédito y abre una amplia gama de garantías, particularmente —repito— para las pequeñas y las medianas empresas, el Registro Público de Garantías Mobiliarias, que es una novedad, particularmente cuando se realizan operaciones con reserva de dominio, o en el arrendamiento financiero, o en aquellas en donde la garantía no la tiene el que otorga el crédito, sino está en poder de un tercero.

Diré finalmente que votamos a favor, porque estos cinco ordenamientos están vinculados con actividades mercantiles con el propósito de modernizar, de dinamizar y para algunos es esto de mayor competitividad. Para mí es una abstracción, porque la competitividad son condiciones objetivas específicas que dan condiciones para la inversión, para la generación de empleos.

Finalmente, también reconocer que se recogen las mejores prácticas internacionales en este tema. Por su paciente atención, interesada sobre todo, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Tomás. Doña Yesenia Nolasco Ramírez, del PRD, tiene el uso de la voz.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la regulación mercantil debe de ser sumamente dinámica y responder a los intereses de los particulares que realizan actos de comercio, principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa, la cual es de suma importancia fomentar.

Al respecto, es necesario aceptar que desde hace mucho los legisladores hemos enfocado nuestros esfuerzos en modernizar las relaciones mercantiles de los particulares; sin embargo, dicho marco jurídico no ha sido actualizado.

En virtud de lo anterior, saludo la propuesta en los términos que se presenta y me congratula haber participado con detenimiento y análisis en este dictamen que en este momento se presenta. Por lo tanto, me permito subrayar los aspectos de mayor relevancia.

Por lo que hace al sistema electrónico gratuito, es innegable la celeridad y reducción de costos que esto implica, al no tener que estar pagando a los periódicos la publicación de los actos jurídicos que la misma ley impone, ya que tan solo con acceder al sistema electrónico se podrá cumplir con dicha obligación y una vez que este sistema electrónico funcione de manera generalizada contribuirá a que las relaciones entre los comerciantes tenga mayor seguridad jurídica y celeridad.

Es positivo también que se agregue el concepto de confidencialidad, como uno de los deberes de los administradores. Lo anterior, debido a que aún y cuando es un deber jurídico que los administradores cumplan con dicha obligación, la misma no está contemplada expresamente en la normatividad jurídica, por lo que las personas que realizan esta clase de conductas indebidas no son responsabilizadas.

En el artículo 160 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece el deber jurídico de los administradores a denunciar las irregularidades de los administradores en materiales de los cuales tengan conocimiento y se relacionen con la sociedad.

Lo anterior es de suma importancia, ya que algunas violaciones a las leyes o disposiciones a nombre de las sociedades, actualizan delitos o faltas administrativas y con la presente reforma las y los administradores ya no podrán excusarse de no hacer del conocimiento tales hechos irregulares a las autoridades.

Resulta sumamente afortunada la definición del presente proyecto, a los que se debe de entender como una operación determinada de un accionista que tiene un interés contrario a la sociedad.

Como es del conocimiento de todos nosotros, existen situaciones en las que los socios buscan un beneficio de la sociedad antes que su propio interés, situación que va en perjuicio de todos los demás accionistas, principalmente de los minoritarios.

Asimismo es conveniente resaltar que el presente proyecto busca ponderar a los socios minoritarios, ya que reduce del 33 por ciento al 25 por ciento el porcentaje mínimo para que éstos tengan derecho para ejercitar diversos derechos accionarios, enalteciendo el principio de equidad, el cual es un valor intrínseco al desarrollo económico en una sociedad que carga con el lastre de las grandes desigualdades y asimetrías.

Por lo anteriormente descrito, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática los invita a participar para que el presente dictamen se vote en los términos que se presenta, dado que el mismo aporta reformas sustanciales y necesarias en materia mercantil. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y por su participación, también. Don José Arturo Salinas Garza, del PAN, tiene el uso de la voz.

El diputado José Arturo Salinas Garza: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde hace más de cuatro años los diversos grupos parlamentarios, diputados, representantes de asociaciones empresariales, la propia Secretaría de Economía han venido discutiendo el tema que hoy nos ocupa: modernizar nuestra legislación mercantil, específicamente aquella que le da vida a las micro, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo, adaptar nuestro marco jurídico a las mejores prácticas internacionales, así como tomar la experiencia del Banco Mundial y sus mejores prácticas.

Todo esto tiene un solo fin: hacer que las empresas de este país operen de manera más rápida, eficiente y a un bajo costo.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos con este esquema de fortalecimiento a los que son el motor económico del país. Por eso me congratulo personalmente, como iniciante, que el día de hoy se esté discutiendo este dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, el cual toma puntualmente la experiencia en materia internacional y modifica muchísimas de las prácticas mercantiles de nuestro país.

Quiero compartir con ustedes que cuando se presentó esta iniciativa, que hemos denominado coloquialmente miscelánea mercantil, porque toca diversos ordenamientos en esta materia, se plantearon muchísimos alcances, todos ellos dirigidos a mejorar la vida administrativa e institucional de las empresas.

Quiero platicarles algunos de ellos. Sé que mis compañeros lo han hecho ya, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero quiero poner énfasis en algunos, que me parecieron muy importantes cuando estábamos redactando el documento.

El primero de ellos son las publicaciones y las obligaciones que tienen las sociedades mercantiles de publicar diversos acuerdos, convocatorias en medios escritos que tienen que ir desde el Diario Oficial de la Federación hasta un medio de mayor circulación en los estados donde residen estas empresas.

Esta práctica de publicar convocatorias o informes o estados financieros se realiza a pesar de la modernidad, y a pesar de los costos que implican, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas.

El día de hoy, con esta modificación, se va a crear un boletín electrónico que será administrado por la Secretaría de Economía, el cual su uso será gratuito para todas las empresas de este país, en donde se habrán de hacer las publicaciones.

Tan solo esta modificación ahorra 5 mil millones de pesos a las empresas de México, las cuales van a poder destinar para generar más empleos y para fortalecer sus actividades comerciales.

También algo que es muy relevante, sobre todo en materia de atracción de inversiones, es la libertad contractual de los accionistas. Tenemos que prever, número uno, que los accionistas puedan pactar libremente la forma en que llevan a cabo sus acuerdos, delimitaciones en derechos de compras, de ventas, de voto y, sobre todo, reconocer derechos a las minorías. Con esto estaremos fomentando la inversión en nuestro país.

Adicionalmente, suprime costos de trámites y cargas económicas a las empresas que ya operan actualmente.

El otro día preguntaba, ¿cuál es el mayor trámite que una empresa hace a una sociedad mercantil? Es la modificación a su objeto social. Cada vez que una sociedad mercantil celebra un acto jurídico, modifica en muchas ocasiones su objeto para poder adecuarlo al marco de que se lo exige una institución financiera u otro tercero con quien va a contratar.

Estamos incluyendo en estas modificaciones que todas las sociedades mercantiles, por el solo hecho de serlo, puedan realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo los expresamente prohibidos por la ley, pero con esto estaremos evitando hacer modificaciones continuas a los estatutos y estaremos ahorrando dinero a las empresas.

También se modernizan los registros públicos de comercio; registros públicos de comercio, actualmente existen 269 oficinas, de las cuales 60 no operan en un registro único. Queremos convertir al Registro Público de Comercio en un registro federal digital, con una sola base de datos, que pueda tener fácil acceso cualquiera que lo consulte.

Finalmente, les diría que el contenido de este dictamen considera prudente y oportuno las propuestas hechas en materia de competitividad y productividad, en materia de eliminar costos y cargas económicas; moderniza los registros públicos, fortalece el sistema de garantías mobiliarias y, por supuesto, cómo entra el financiamiento a las Mipymes.

Compañeros diputadas y diputados, Acción Nacional y su grupo parlamentario sigue legislando con responsabilidad, en beneficio de los ciudadanos de México y en la búsqueda de mejorar su calidad de vida.

Agradezco personalmente todo el apoyo que me dieron mis compañeros diputados, especialmente los integrantes de las Comisiones de Hacienda y de Economía, a sus presidentes, a Chabelo, a Mario, gracias al cuerpo técnico, y pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. A Chabelo, pues. Finalmente, doña Amira Gricelda Gómez Tueme. Muy apreciable tamaulipeca, que habla fuerte y se entiende más.

La diputada Amira Gricelda Gómez Tueme: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo hoy a fijar la posición de mi fracción parlamentaria del PRI, de los compañeros diputados federales que están en la Comisión de Economía —como ya se ha dicho aquí— para la aprobación del dictamen que tiene que ver con la miscelánea mercantil.

México es una economía en crecimiento, pero esta dinámica solo puede mantenerse si se generan las condiciones propicias para hacer de nuestro país una nación productiva, atractiva a la inversión y competitiva a nivel internacional. Sin embargo, y de acuerdo con el índice Doing Business 2013, elaborado por el Banco Mundial, México ocupa el lugar número 48 dentro del rango denominado Facilidad para hacer negocios, dentro de un universo de 185 países.

A pesar de que la ubicación en este nivel se superó en cinco lugares respecto a lo asentado el año pasado, lo cierto es que dicha ubicación dista mucho de ser lo que nuestra nación, por su tamaño y por su dinamismo merece.

Cuando entramos al detalle del reporte en comento, nos encontramos con otros indicadores igual de inquietantes, ya que México ocupa los lugares 130 y 141 para la obtención de electricidad y registro de propiedades, lo que nos sitúa dicho coloquialmente a la cola de las economías analizadas. Tales circunstancias —sobra decirlo— repercuten de manera negativa en la apertura y permanencia de los negocios en nuestro país, por lo que es necesario que tomemos medidas que ayuden a salvar esta deplorable situación.

Es en ese contexto, compañeros diputados, que se presenta este dictamen que ahora ocupa nuestra atención y para el cual los diputados priistas estamos dispuestos a otorgar nuestro voto favorable.

Traía en mi discurso una serie de argumentos que, de manera precisa y magistral, ya se han vertido aquí por mis compañeros de las diversas fracciones parlamentarias que han participado. Quiero reconocer la iniciativa del compañero diputado Arturo Salinas por el esfuerzo y la perseverancia y, por supuesto, la conducción del presidente de la Comisión de Economía, mi querido Mario, por la manera en que nos permite buscar la armonía y el acercamiento de todas las fracciones para entregar buenas cuentas de esta comisión.

Luego entonces, compañeros diputados, con este dictamen vamos a dar un paso adelante en el fomento responsable a la industria del financiamiento y el perfeccionamiento de las figuras crediticias en nuestro país.

En el PRI estamos comprometidos con mejorar las condiciones de productividad y competitividad de los sectores productivos en México. Ustedes recuerdan que en el marco del Pacto por México se hizo un compromiso que recoge, y en mucho, las iniciativas y las reformas que se plantean al interior de este dictamen.

Es por eso que consideramos acertadas las propuestas que aquí se discuten, para dar un nuevo rumbo a la regulación de las actividades mercantiles; tienden a la modernización y la simplificación administrativa, para que gran parte de las actividades productivas en México se mejoren.

Por eso, al igual que mis compañeros, les pido a las compañeras y compañeros diputados federales de esta asamblea voten a favor del dictamen. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de este tan noble proyecto de dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Presidente, se emitieron a favor 446 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos y Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, le fue turnada por la Mesa Directiva para dictamen la minuta que deshecha las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó a elaborar el dictamen de la minuta, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. El 22 de marzo de 2006, la diputada María Angélica Díaz del Campo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó dos iniciativas para reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las cuales fueron turnadas a la Comisión de la Función Pública.

Segundo. El 25 de abril de 2006, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen y lo remitió a la Cámara de Senadores.

Tercero. El 22 de marzo de 2011, el pleno de la Cámara de Senadores desecho la minuta y lo remitió a la Cámara de Diputados.

Cuarto. El 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

II. Contenido de la minuta

Primero. En la minuta, el Senado de la República consideró relevantes las reformas del proyecto de decreto contenido en la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que modificaban la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; cuyo objetivo era el reemplazo de los términos “Contraloría” y “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” por los términos “Función Pública” y “Secretaría de Comercio”; con el propósito de dar valor legal a los actos de las Secretarías de la Función Pública, y de Economía en sus respectivas esferas de competencia.

Segundo. En sus consideraciones, el senado refiere que el 28 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, que contiene reformas que incorporaron las propuestas de la Minuta turnada por la Cámara de Diputados, por lo que su dictamen establece que las propuestas de reforma fueron atendidas en la legislación correspondiente, de tal manera que las propuestas de la Minuta quedaron sin materia.

Tercero. La colegisladora menciona en su dictamen, que existe un proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes federales con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de Estado y al gobierno del Distrito Federal, cuyas denominaciones hubieran sido modificadas y eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia.

El Senado de la República considera en su dictamen, la relevancia de adecuar y actualizar la denominación de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal con la finalidad de que exista certeza jurídica en su actuación.

Cuarta. En la consideración final del dictamen, la colegisladora menciona que la Minuta proponía reformar el último párrafo del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para modificar la intervención potestativa de la Secretaría de la Función Pública en los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios y establecerla como una intervención obligatoria, pero, señala que esta modificación carecería de sentido puesto que el decreto publicado el 28 de mayo de 2009, en el que se reformó integralmente la Ley en comento, dejó intocado el último párrafo del numeral citado. El Senado de la República, consideró no procedente la reforma al último párrafo, juzgando conveniente que el texto del artículo 22 quedará de la siguiente manera: “La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones”

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de esta Comisión consideramos que el Congreso de la Unión, ha juzgado relevante la concordancia de las denominaciones de las Secretarías de Estado con su marco jurídico, con el propósito de armonizar el ejercicio de sus competencias y el valor legal de sus actos en sus ámbitos materiales; para lo cual ha aprobado reformas a los distintos marcos jurídicos de las dependencias del Poder Ejecutivo federal.

Segunda. Se comparte la preocupación de la colegisladora, en cuanto a la congruencia y adecuación de la legislación en la materia y se coincide plenamente con la colegisladora en que la publicación del 28 de mayo de 2009, en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal; actualizó las denominaciones de las Secretarías de Estado con su marco jurídico.

Una vez actualizadas las denominaciones de las Secretarias de Estado del Poder Ejecutivo federal, las propuestas de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedan atendidas al ser incorporadas a las leyes vigentes.

Tercera. En cuanto a la reforma del último párrafo del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, coincidimos con la colegisladora en que el decreto del 28 de mayo de 2009, incluyó una modificación integral al citado artículo y en este, no se consideró conveniente modificar el último párrafo del numeral citado para dejarlo a la letra:

“La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.”

Por lo que pretender modificarlo mediante el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados, resulta inviable y no congruente con el trabajo legislativo que tiene como fines últimos la adecuación del sistema jurídico vigente en beneficio de los mexicanos y la búsqueda de la eficiencia del estado para servir como instrumento que proporcione certidumbre jurídica a las personas.

Cuarta. En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sometemos a este pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, remitida el 24 de marzo de 2011.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), secretarios; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández.»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos; 176 a 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social

Metodología

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción I, el método del presente dictamen será el siguiente:

A) Antecedentes

B) Contenido de la iniciativa

C) Consideraciones de la comisión dictaminadora

A) Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados, en fecha 20 de noviembre de 2012, el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó esta iniciativa que adiciona los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social.

II. La Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio D.G.P.L. 62-II-2-136, de fecha 20 de noviembre de 2012, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 786, que contiene la citada iniciativa.

III. Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

B) Contenido de la iniciativa

I. Para la iniciativa presentada por el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, la procuración de salud en México, es un lujo que pocas personas pueden darse, pues la insuficiencia de recursos para la atención integral de la salud en todo el territorio nacional, es clara. Para las personas con enfermedades crónicas degenerativas, que requieren de una atención de alta especialidad, es necesario desplazarse de sus estados o municipios de residencia original, a la capital o las entidades con gran urbanización, lo cual, representa un importante gasto para las familias, las cuales tienen que cubrir diversos gastos como servicios de hospedaje y alimentación durante el tratamiento de sus pacientes.

II. En dicha iniciativa, se contemplan diversos derechos fundamentales que son garantizados por la Ley General de Desarrollo Social, tales como la educación, salud, alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación, de los cuales se está centrando específicamente en dos de ellos: la salud y la educación.

III. Se pretende construir y habilitar albergues gratuitos para los familiares de los pacientes con enfermedades que requieran atención médica especializada, y por otro lado, para estudiantes de nivel medio superior y superior que por sus condiciones de alejamiento de la urbanización, puedan acceder a un sistema educativo de calidad y acorde a sus necesidades.

IV. Para el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, si se hacen estas adiciones a la ley en comento, se estaría dando un paso al mejoramiento de la calidad de los servicios médicos y educativos, representando una gran ayuda para miles de mexicanos que se encuentran en la desgracia de padecer una enfermedad que involucra grandes cuidados y enormes gastos que sobrepasan la capacidad de cualquier persona trabajadora, y por otro lado, ofrece también la esperanza de porvenir con mejores expectativas para millones de jóvenes estudiantes.

C) Consideraciones de la comisión dictaminadora

Primera. La Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 14, fracción I, como vertiente de la política de desarrollo social la superación de la pobreza a través de la educación y la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.

Sin embargo, no compete a la ley en cita, regular la construcción y habilitación de albergues gratuitos en los que se permitan el resguardo de algún acompañante, miembro del núcleo familiar, de las personas procedentes del interior de la república que a causa de una enfermedad crónica degenerativa se vean en la necesidad de desplazarse fuera de su estado o municipio de residencia original, para la obtención de servicios de alta especialidad así como aquellos que permitan la estadía de estudiantes del interior de la república que cursen los niveles de educación media superior y superior, y que para la obtención de los servicios educativos correspondientes se vean en la misma necesidad que las personas antes señaladas, en virtud de que al ser la ley en comento de carácter general, las especificidades de los programas de desarrollo social deberán protocolizar en las reglas de operación que les corresponda.

Segunda.En este orden de ideas, lo planteado en presente iniciativa deberá ser establecido dentro de las reglas de operación de los programas de desarrollo social relacionados específicamente con salud y educación, o crearse un nuevo programa social, el cual se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación, referente a la construcción y habilitación de albergues, para el reguardo y estadía de la población objetivo señalada en el presente dictamen.

Tercera. Aunado a lo anterior, es importante señalar que la presente iniciativa no incluye el estudio sobre el impacto económico que representa la construcción y habilitación de los multicitados albergues.

Cuarta. La Secretaría de Desarrollo Social emitió opinión a la iniciativa motivo del presente dictamen en el sentido antes referido señalando que no corresponde a Ley General de Desarrollo Social, integrar aspectos específicos como la construcción de albergues al ser la misma un ordenamiento general, abstracto e impersonal, únicamente le corresponde establecer principios que son desarrollados en su reglamento, los cuales serán llevados a cabo a través de programas y otros instrumentos como los convenios y acuerdos de concentración.

Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó, desechar la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

Por los argumentos expuestos, la Comisión de Desarrollo Social, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Bis y 10 Ter a la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 20 de noviembre de 2012.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo 2013.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:Fernando Charleston Hernández (rúbrica), presidente; Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Laura Barrera Fortuol (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Isaías Cortés Berumen (rúbrica), Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).»

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

Primero. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por la diputada Judit Magdalena Guerrero López y el diputado Tomás Torres Mercado, todos ellos pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-4-20 turnó a las Comisiones Unidas de Educación Publica y Servicios Educativos y Cultura y Cinematografía la iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero.Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitaron a la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, mediante el oficio número CCC/LXII del 14 de diciembre de 2012.

La Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0710, expediente 7402, LXI Legislatura, resuelve y autoriza la prórroga, encontrándose el asunto turnado en plazo vigente para su dictamen.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 27 de febrero de dos mil trece, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero.Que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer y resolver respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada por la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII y XXIII de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la iniciativa de mérito propone reformar el artículo 2o., de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para establecer que en el Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por la Cámara de Diputados se destinen recursos específicos para garantizar el rescate, restauración, conservación y mejora de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Tercero.Que lapropuesta contenida en la iniciativa que se analiza, se sustenta en el hecho de que son diez ciudades mexicanas consideradas patrimonio mundial de la humanidad, las cuales enfrentan una problemática compleja, basada en aspectos como el deterioro de monumentos y estructuras emblemáticas, contaminación ambiental, carencia de servicios, deficiente movilidad urbana, escasez de vivienda, falta de mobiliario urbano, deficiente disposición de residuos, entre otros.

En esta tesitura, la iniciativa precisa que la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, ha desarrollado diversas acciones para obtener recursos en beneficio de las mismas, y que parte de esas acciones ha sido la gestión de apoyos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

De igual forma la diputada proponente resalta que senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, han promovido en los últimos años diversos acuerdos para asignar recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente a través del programa Hábitat, vertiente Centros Históricos, de la Secretaría de Desarrollo Social. El año pasado, por ejemplo, se asignaron a través del Fondo de Ciudades Patrimonio Mundial cerca de 155 millones de pesos, los cuales se han visto fortalecidos con otras aportaciones estatales y municipales.

Finalmente, concluye la proponente que lamentablemente los recursos asignados por la federación para beneficio de las ciudades materia de la iniciativa, dependen en gran medida de las gestiones y negociaciones que realizan año con año diversos actores durante el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, circunstancia que afecta los planes y proyectos diseñados para su salvaguardia, pues no existe seguridad respecto a la existencia de recursos específicos.

A propósito de justificar la iniciativa, la diputada proponente argumenta que dichos recursos permitirían liberar el potencial turístico de estas ciudades y sentar bases sólidas para su crecimiento y sustentabilidad.

Cuarto.Que en opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo al impacto presupuestario que podría generar la propuesta, señala que el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

En consecuencia, se deben tener identificados los recursos presupuestarios con cargo a los cuales se realizarían las erogaciones que genere un nuevo ordenamiento legal, de no ser así, se correría el riesgo de que se aprobara sin contar con los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para su cumplimiento, o que se tuvieran que afectar otros programas prioritarios.

Asimismo, conforme al mismo precepto legal, en caso de que el proyecto implique mayores gastos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, primero deberá aprobarse una fuente de ingresos adicional para cubrir las erogaciones respectivas, distinta al endeudamiento.

Quinto. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción IV, establece como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

Que para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, se toma como base el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven de éste, asignando los recursos en función de las prioridades que determine Cámara de Diputados, con la finalidad de que la administración pública federal pueda desarrollar y cumplir sus funciones.

En este sentido, incluir en una ley nuevos compromisos de gasto para la administración pública federal, volvería más rígido el procedimiento de asignación y aprobación del Presupuesto.

Que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Cultura y Cinematografía someten a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada por la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 18 de septiembre de 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farias (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Angelina Carreño Mijares, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se informa a la asamblea que en cumplimiento al artículo 87 del Reglamento se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Continúe la Secretaría.

INTEGRACION DE COMISIONES ESPECIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones en la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, solicitadas por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

1. Diputada Leticia Calderón Ramírez (secretaria).

2. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez.

3. Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría.

4. Diputada Francisca Elena Corrales Corrales.

5. Diputada Lizbeth Loy Gamboa Song.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

CAMBIOS EN COMISIONES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado José Luis Flores Gómez cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María Teresa Jiménez Esquivel cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país.

• Que la diputada María Teresa Jiménez Esquivel cause alta como secretaria en la Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar cause alta como secretaria en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que la diputada Margarita Licea González cause baja como integrante de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

• Que la diputada Margarita Licea González Tovar cause alta como secretaria en la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente integración, solicitada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Gerardo Villanueva Albarrán cause alta como integrante en la Comisión Especial de Alimentación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría con la solicitud de licencia del diputado Sergio Torres Félix.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted que se someta a consideración de esta soberanía que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones como diputado federal a la LXII Legislatura, a partir del 22 de marzo del presente año.

Asimismo, le solicito que se realicen los trámites conducentes para que sea llamada mi compañera de fórmula, la diputada suplente Mirna Velázquez López.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.— Diputado Sergio Torres Félix (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Le ruego a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Sergio Torres Félix, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el 07 distrito electoral del estado de Sinaloa, a partir del 22 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

Ahora le pido a la Secretaría que dé lectura a la solicitud de licencia del diputado Ponciano Vázquez Parissi.

ACCIONES TENDENTES A PERSUADIR Y DISUADIR A LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA CIVIL

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco para que implementen las acciones tendentes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del estado de derecho.

Durante los últimos meses han proliferado organizaciones, que bajo el argumento de la ausencia o la incapacidad de las policías municipales, estatales y federales han tomado en sus manos la acción de la justicia y el control armado de las comunidades.

Actualmente existen 36 de grupos de autodefensa en cinco estados del país, lo que representa un grave indicio de debilidad del estado en zonas rurales, donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras.

La aparición de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia obliga a poner atención a un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.

Sin duda, detrás de la formación de grupos de autodefensa civil se encuentra como problema principal el abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del estado de derecho da oportunidad al narcotráfico y el crimen organizado para manipular a las poblaciones, a fin de proteger y promover sus intereses.

Es lamentable que las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico se traduzcan en actos desesperados por parte de poblaciones indefensas y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social.

Los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía. Aún en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad.

Algunos grupos de autodefensa civil han llevado a cabo juicios extralegales, basados en usos y costumbres. Estas acciones ponen en cuestión no solo al sistema de justicia, sino también la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas por las organizaciones armadas.

Como bien lo ha planteado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe una línea muy tenue entre los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares; si bien los gobiernos federal y estatales, han intervenido para que sean liberados los detenidos y se esclarezca su responsabilidad en presuntos delitos, es sumamente importante evitar que prosiga la descomposición de las relaciones comunitarias y actuar eficazmente para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

Como precedente de los grupos de autodefensa civil se encuentran las policías comunitarias, que existen desde hace 15 años. Estas policías están reguladas por las autoridades y según declaraciones de autoridades competentes, existe la posibilidad de reglamentar a los grupos de autodefensa para evitar que cometan excesos.

En esa línea se ha planteado la idea de hacerlos coadyuvantes de la justicia, como el caso Guerrero, pero no se ha especificado cómo se regularizarían esos grupos y tampoco se ha abundado sobre lo que representaría legitimar a organizaciones armadas en casos sometidos a grandes tensiones por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado.

A tal efecto, tendrían que instrumentarse las políticas adecuadas para dar seguridad efectiva a las poblaciones que viven en la zozobra por la violencia que ejerce el crimen organizado; al mismo tiempo tendrían que aplicarse las políticas de prevención del delito a las que el actual gobierno se ha comprometido.

Es necesario que se intervenga con prontitud, a fin de evitar que muchas comunidades caigan en una nueva espiral de violencia. Por tales razones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que es urgente que el secretario de Gobernación precise públicamente la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito.

En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución.

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Morelos y de Jalisco, a redoblar esfuerzos para que implementen acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y a disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen implementando. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a los gobernadores de Guerrero, Michoacán y Morelos a implantar acciones tendentes a disuadir a los grupos de autodefensa civil, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del Estado de Derecho. Durante los últimos meses han proliferado organizaciones que bajo el argumento de la ausencia o la incapacidad de las policías municipales, estatales y federales, han tomado en sus manos la acción de la justicia y el control armado de las comunidades.

Actualmente existen alrededor de 36 grupos de autodefensa en ocho estados del país, lo que representa un grave indicio de debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras. La aparición de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia obliga a poner atención a un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.

Sin duda detrás de la formación de grupos de autodefensa civil se encuentra, como problema principal, el abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad en las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del Estado de Derecho da oportunidad al narcotráfico y el crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses.

Es lamentable que las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico impulsado en el pasado sexenio se traduzcan en actos desesperados por parte de poblaciones indefensas, y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social. Los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía. Aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad.

Algunos grupos de autodefensa civil han llevado a cabo juicios extralegales basados en usos y costumbres. Estas acciones ponen en cuestión no sólo al sistema de justicia, sino también la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas por las organizaciones armadas. Como bien lo ha planteado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe una línea muy tenue entre los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares. Si bien los gobiernos federal y estatales han intervenido para que sean liberados los detenidos y se esclarezca su responsabilidad en presuntos delitos, es sumamente importante evitar que prosiga la descomposición de las relaciones comunitarias y actuar eficazmente para garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.

Como precedente de los grupos de autodefensa civil se encuentran las policías comunitarias que existen desde hace quince años. Estas policías están reguladas por las autoridades y, según declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, existe la posibilidad de reglamentar a los grupos de autodefensa para evitar que comentan excesos. En esa línea se ha planteado la idea de hacerlos coadyuvantes de la justicia (Entrevista 15 de febrero de 2013, Carmen Aristegui, MVS Radio). No se ha especificado cómo se regularizarían esos grupos y tampoco se ha abundado sobre lo que representaría legitimar a organizaciones armadas en espacios sometidos a grandes tensiones por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado.

En tales condiciones es de gran importancia deliberar y tomar posición sobre los grupos de autodefensa civil. La premisa tendría que ser lograr que esos grupos desaparezcan, tal y como lo ha planteado el propio Secretario de Gobernación. A tal efecto, tendrían que instrumentarse las políticas adecuadas para dar seguridad efectiva a las poblaciones que viven en la zozobra por la violencia que ejerce el crimen organizado. Al mismo tiempo tendrían que aplicarse las políticas de prevención del delito a las que el actual gobierno se ha comprometido. Es necesario que se intervenga con prontitud a fin de evitar que muchas comunidades caigan en una nueva espiral de violencia.

Por tales razones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que es urgente que el Secretario de Gobernación precise públicamente la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito.

En Nueva Alianza apoyamos las opiniones, expresiones y formas de pensamiento que surgen en el seno de la sociedad; igualmente recogemos con seriedad y responsabilidad las demandas y exigencias que la ciudadanía plantea. Asimismo nos solidarizamos con la inquietud y preocupación que este problema exhibe. Con lo que no estaremos de acuerdo jamás es en la ilegalidad, el quebrantamiento por la vía de los hechos de las instituciones y del Estado de Derecho. Dada la potencialidad del problema, convocamos a las autoridades a que redoblen esfuerzos y acciones que propicien a la sociedad las condiciones de seguridad pública, y con ello abatir la impunidad.

En virtud de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos, a redoblar esfuerzos para que implementen acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen implementando.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2013.— Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se considera de urgente resolución. Informo a la asamblea que se han inscrito para hablar sobre este tema por sus grupos parlamentarios el diputado Manuel Huerta, el diputado Ricardo Monreal, el diputado Felipe Camarena, el diputado Sebastián de la Rosa, la diputada Consuelo Argüelles y el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Quisiera —si me permiten— en lo que llega el diputado Huerta, varios compañeros diputados y diputadas se han quejado de que se fuma en algunos lugares muy cercanos al recinto y el humo del cigarro se viene al interior del recinto.

A nombre de la Mesa Directiva quisiera pedirles a todos su comprensión y que no se fume en esos espacios que tenemos aquí abajo, porque la verdad es muy molesto para los que están adentro. Pero además porque tenemos la obligación de respetar la ley y éste es un recinto público en el que no se puede fumar. Además hay un patio muy grande, o sea que no hay problema. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Muchas gracias. El 21 de enero de este año el dirigente estatal del PRI en el estado de Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, señaló que se debe realizar una profunda investigación a funcionarios y personajes locales en los municipios, quienes son los que abren espacios a la delincuencia organizada y maquillan los reportes que envía el gobierno del estado o en su caso, por su omisión ante los ilícitos.

Señaló que para que los grupos de la delincuencia organizada puedan actuar con tanta impunidad y que orillan a los ciudadanos a tomar medidas de defensa, es porque tienen la venia de las autoridades.

El 12 de febrero de este año en curso, el alcalde del municipio de Santana Maya, Michoacán de Ocampo, Ignacio López Mendoza, señaló que con el regreso del PRI al poder no se ha visto una mejora en la entidad; la violencia sigue su curso, incluso los presidentes municipales continúan pagando intereses al crimen organizado. Subrayó que hay una marcada colusión entre autoridades y delincuentes y eso ha orillado a los ciudadanos a tomar las armas.

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México, en el sexenio pasado al menos mil 251 funcionarios municipales fueron asesinados a manos del crimen organizado, entre ellos 31 alcaldes.

Por último, en el mes de noviembre de 2010, miles de cibernautas, tuiteros, expresaron, difundieron su opinión en las redes sociales sobre el tema.

Don Alejo Garza Tamez, empresario maderero de 77 años de edad, que defendió su propiedad en las inmediaciones de la presa Padilla, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, enfrentando al grupo de delincuentes que lo habían amenazado para que abandonara su propiedad en 24 horas, la cual defendió con su vida y terminando con la vida de cuatro sicarios.

Testimonios todos estos de ciudadanos desesperados por el alto grado de inseguridad en sus comunidades y municipios, que ha provocado ya también el desplazamiento de miles de personas, hombres, mujeres, niños, de sus comunidades de origen.

Esto y en cualquier estado de la República está ocurriendo y coincidimos en parte con la preocupación de la proponente de este punto de acuerdo, que es obligación del Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno, garantizar el derecho humano fundamental de la seguridad física y emocional en sus personas.

Sin embargo, el objeto del exhorto no atiende al llamado del auxilio desesperado de las comunidades ante la amenaza de la delincuencia organizada, coludida o tolerada por las autoridades y los cuerpos de seguridad de los gobiernos estatales, municipales y el federal.

La autodefensa es una reacción a la ineficacia de la seguridad pública y, caso más grave, ante la colusión de los elementos de cuerpos policiacos con los delincuentes, sin que estos se encuentren justificados por amenazas o actos de corrupción.

La disuasión que se propone realice la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, es una propuesta inacabada y parcial; su redacción es inoportuna, ante el temor fundado de dichas comunidades que son y han sido víctimas de extorsiones, secuestros y asesinatos en su propia familia o en la de miembros de sus comunidades.

El exhorto debe dirigirse a las autoridades federales, estatales y municipales para que atiendan la inseguridad que por diversos medios se ha denunciado y que no han implementado acciones para sancionar a los delincuentes; el exhorto debe dirigirse a los responsables de las políticas públicas de seguridad para que cumplan con la obligación de garantizar la vida de las mexicanas y mexicanos que habitan en los municipios controlados por la delincuencia.

Su preocupación por los grupos de autodefensa no encuentra sustento en sus acciones, puesto que no se acredita la comisión o afectación de la seguridad de los ciudadanos de las comunidades en las que se han organizado para su seguridad y defensa. Los medios se han dado cuenta de la detención de delincuentes, sin que ello haya sido desmentido por las autoridades.

En atención a la dignidad de las personas que desesperadas buscan la protección de sus familias, esposas e hijas, el exhorto debe dirigirse a las autoridades responsables de la seguridad pública.

No hay que criminalizar la esperanza de los grupos de autodefensa del país. No va a ser con omitir, con agachar la cabeza, con no sacar la publicidad, como propone Enrique Peña Nieto, como el problema de la inseguridad se vaya a acabar.

Es por eso que nosotros estamos dejando en la mesa —y pido a la Presidencia que le dé lectura la Secretaría— la corrección de este punto de acuerdo y se propone el siguiente:

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Huerta. La propuesta de modificación tendría que venir del coordinador del Grupo Parlamentario promovente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Estoy de acuerdo, pero estoy pidiendo que la Secretaría le dé lectura. Ya he hablado con el coordinador promovente y estaría en disposición. Me pidió que fuera leído aquí.

El Presidente diputado José González Morfín: Si viene como propuesta del grupo parlamentario promovente, con mucho gusto le damos lectura.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Insisto. La propuesta está aquí para poderla cambiar. Por favor pido que se lea.

El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a pedir a la Secretaría que atienda la solicitud del diputado Huerta y que lea la propuesta de modificación.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Propuesta de modificación. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán de Ocampo, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco para que garanticen la seguridad de las comunidades en las que se han manifestado acciones de autodefensa para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Le agradezco a la Presidencia su tolerancia y obviamente estará en manos del promovente y del partido al que pertenecen quienes tanto gritan, los diputados de allá atrás, del PRI, para ver si mejoran las condiciones de seguridad de este país. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, éste es un tema muy delicado, constituyen los grupos de autodefensa hoy por hoy un asunto de estricto interés nacional.

En efecto, se han reconocido 36 grupos de autodefensa en ocho estados, y obviamente también son frecuentes las mantas que surgen en colonias, en ejidos y comunidades alegando que se atengan a las consecuencias en caso de ser capturados en flagrancia los delincuentes.

Hace apenas unos días, en Ecatepec, un médico logró repeler la agresión de extorsionadores, murieron dos; el médico vive ahora entre el miedo y la zozobra.

Los grupos de autodefensa —creo sinceramente— están siendo malentendidos por la derecha. Hoy se intenta culpar a estos grupos de inseguridad y de violación a la ley. Voy a enfocarme al aspecto estrictamente jurídico.

En algunas constituciones de los estados, incluso se establece como causa de exclusión de responsabilidad penal la legítima defensa, así lo establece el artículo 15 del Código Penal Federal. Pero, incluso, ciudadanos diputados y diputadas, en algunos estados del país se establece con claridad que los pueblos y comunidades tienen derecho de autodefenderse.

Les voy a decir solo dos ejemplos. El artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas vigente, señala en su fracción VII, como una obligación de los ciudadanos de Tamaulipas —fíjense bien, lo subrayo—: Tomar las armas en defensa del pueblo en que vivan cuando éste fuera amagado por partidas de malhechores.

No solo los grupos de autodefensa están permitidos por la Constitución, sino que tienen una justificación frente a la agresión de grupos de malhechores en estados de necesidad.

También lo establece la Constitución de Guerrero, en el artículo 11, fracción III, señala como una obligación de los guerrerenses que todos los ciudadanos están obligados a coadyuvar y a prestar servicios de seguridad para conservar el orden público en comunidades, barrios, municipios y regiones.

Pero no solo eso, en el caso de las comunidades indígenas, la autodefensa está implícitamente reconocida en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, donde se aceptan usos y costumbres de los pueblos originarios en la impartición de justicia, siempre y cuando se respeten los derechos humanos y el debido proceso.

En otras palabras, los grupos de autodefensa comunitarios pueden ser perfectamente legales y legalizables si actúan como coadyuvantes o auxiliares de la autoridad constitucional en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. En cambio, son categóricamente ilegales si buscan actuar como ministerios públicos, jueces o tribunales de facto.

No es la primera vez que se habla de ese tema y quisiera, presidente, pedirle una tolerancia, ya me la dieron, pero es un tema trascendente y me parece que esta aparición de los grupos de autodefensa debe analizarse a la luz de las circunstancias que propician el estado de necesidad que justifican dicha aparición.

Más que anatematizarlos, hay que explicarlos y más que criminalizarlos hay que entenderlos. Después de todo, la irrupción de estos grupos atiende directa o indirectamente a las deficiencias políticas estatales en materia de seguridad, incluso hay encuestas, la última de ellas acaba de surgir el 13 de marzo de 2013. Fíjense ustedes, los grupos de autodefensa están aceptados por el 57 por ciento de los ciudadanos y solo el 22 lo rechaza; entonces, creo que este es un debate importante.

Reconozco que la propuesta está cargada de una actitud demasiado derechista en contra de estos grupos. Hay que explicarse de manera correcta la aparición de ellos y les pediría que les demos un enfoque sociológico, político y precisamente de la pobreza surgido.

Acepto y termino, presidente, gracias por su tolerancia. Le pido, presidente —preparé un documento— que lo plasme en el Diario de Debates y hoy agradezco a la gente de Tamaulipas y de San Luis, que no chiflan. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Posicionamiento sobre punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a disuadir a los grupos de autodefensa.

Con su venia, señor Presidente.

Los llamados grupos de autodefensa, constituyen hoy por hoy un asunto de estricto interés nacional. Si bien no guardan una relación directa con los grupos insurgentes, tienen como fondo común el cuestionamiento fáctico de la vigencia de la dimensión gubernamental del Estado. Mediante la falta de reconocimiento del régimen; de sus funciones y principios de justificación, como lo es la seguridad; del monopolio de la fuerza y del uso de la violencia y las armas.

Importantes medios de circulación nacional han señalado que ya son 36 grupos de autodefensa en ocho estados. En el Valle de México, cada vez son más frecuentes las mantas de “vecinos vigilantes” que alertan a los delincuentes que “se atengan a las consecuencias” en caso de ser capturados en flagrancia.

A principios de febrero de 2013, en Ecatepec, un médico asesinó dentro de su clínica a dos presuntos extorsionadores armados que pretendían cobrarle 20 mil dólares por  “derecho de piso”. Quedó en libertad..., aunque esclavo del miedo y la zozobra, como él mismo declaró.

Empero, los grupos de autodefensa no encuentran su origen en una situación coyuntural, como lo es la debilidad estructural del Estado mexicano, la justicia por propia mano se extiende en el país porque incluso está reconocida en prácticamente todos los sistemas penales del planeta cuando adopta la forma de “legítima defensa”.

En México la fracción IV del artículo 15 del Código Penal Federal, contempla como una de las causas de exclusión del delito a la defensa legítima, por lo que no sería responsable penalmente una persona cuando:

“Artículo 15.I a III. ...

IV.Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión.”

Cuando los agraviados no son personas físicas, sino comunidades o colectividades, el derecho positivo nacional e internacional reconoce  “el estado de necesidad” que obliga a la justicia por propia mano, únicamente para casos de prevención del delito y como coadyuvantes de la seguridad pública (nunca, ciertamente, para ejercer funciones de tribunales o jueces de facto).

Por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución vigente del “Estado Libre y Soberano de Tamaulipas”, en su fracción VII, establece como obligación de los tamaulipecos:

“Tomar las armas en defensa del pueblo en que vivan, cuando éste fuere amagado por partidas de malhechores, acatando las disposiciones que al efecto emanen de la autoridad local” (sic). Mientras que la Constitución Política de Guerrero, en su artículo 11, fracción III señala como obligación de los guerrerenses “auxiliar a las autoridades en la conservación del orden público”’.

“El estado de necesidad” que está obligando a muchas comunidades a crear y organizar grupos de autodefensa está más que acreditado. Responden al agravio de la inseguridad que están causando esas “partidas de malhechores” en las vidas y bienes de sus integrantes, así como a la incapacidad de la autoridad formal en los tres órdenes de gobierno para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y justicia.

En el caso de las comunidades indígenas, la autodefensa está implícitamente reconocida en el Convenio 169 de la OIT sobre “pueblos indígenas y tribales en países independientes”, donde se aceptan los usos y costumbres de “los pueblos originarios” en la impartición de justicia, siempre y cuando se respeten los derechos humanos y el debido proceso de los implicados.

En otras palabras, los grupos de autodefensa comunitarios pueden ser perfectamente legales y legalizables si actúan como coadyuvantes o auxiliares de la autoridad constitucional en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. En cambio, son categóricamente ilegales si buscan actuar como ministerios públicos, jueces o tribunales de facto.

No es la primera vez que los grupos de autodefensa comunitaria cumplen esta función de “coadyuvancia”. Una buena parte de la conformación del Ejército regular mexicano en los años posrevolucionarios se hizo a partir de estos grupos. Las policías rurales de los años 40 tuvieron también ese origen.

Recientemente, en las negociaciones de paz con el EZLN, en 1995, la propuesta del gobierno mexicano fue similar: que los zapatistas se convirtieran en los responsables de la seguridad pública en las zonas y cañadas bajo su dominio (siguiendo el mismo esquema de desmilitarización de la guerrilla nicaragüense del FMLN). Es decir, que cambiaran la capucha por el casco, y las armas ilegales por armas reglamentarias.

Desde una óptica fatalista, el carácter comunitario de los emergentes grupos de autodefensa en el país, en términos de lo que Ferdinand Tönnies quiso dar a entender con la categoría sociológica Gemeinschaft, nos hace pensar que tales grupos pueden evolucionar a una paramilitarización que se acerque más a las de tipo insurgente, en vez de encontrar afinidades con los escuadrones de la muerte privados. Sabiendo de antemano que estos últimos obedecen a una lógica capitalista de descarnado, prescindiendo del sentido de comunidad que es inmanente a estos grupos de autodefensa.

Sin embargo, la aparición de los grupos de autodefensa debe analizarse a la luz de las circunstancias que propician el “estado de necesidad” que justifica dicha aparición. Más que anatemizarlos, hay que explicarlos. Y más que criminalizarlos, hay que entenderlos. Después de todo, la irrupción de estos grupos atiende directa e indirectamente a las deficientes políticas estatales en materia de seguridad ya las propias fallas estructurales del régimen.

Recuérdese en este punto, que la tendencia histórica del régimen de privilegiar un centralismo exacerbado, en contrapartida del federalismo formal contemplado en la legislación, ha tenido como corolario la preeminencia de un ejército permanente al servicio de un gobierno central, que no pocas veces ha sido tiránico o despótico. Dejando de lado el establecimiento y sostenimiento de las milicias o de la Guardia Nacional.

Con ello, se han centralizado desmesuradamente las funciones de seguridad, de protección y de resguardo de la soberanía nacional, dejando casi inermes a los gobiernos estatales y municipales frente a amenazas reales perpetradas por grupos criminales, cuya fuerza y capacidad financiera constituyen un riesgo no solo a nivel regional sino incluso internacional.

En este sentido, la ausencia total de una Guardia Nacional acompañada de la decadencia de un régimen formalmente federalista pero eminentemente centralista en la práctica, ha dado como resultado la manifestación de energías sociales contenidas, mediante fenómenos como la autodefensa.

La autodefensa por otro lado, difícilmente puede integrarse a la red legal e institucional monopolizada por el Estado, cuando éste está sumido en una crisis de legitimidad. Asimismo, en un escenario de fragilidad institucional y de inseguridad, en donde se ha señalado por algunos que estamos en presencia de un Estado fallido, la autodefensa representa un mecanismo natural de sobrevivencia de los más desamparados o menos privilegiados.

Recuérdese que en un esquema de desigualdad lastimera, los más privilegiados gozan de su propio esquema de autodefensa, como son los fraccionamientos o cotos privados, celosamente resguardados con miembros de corporaciones de seguridad privada; cámaras, murallas, aduanas, mallas eléctricas, y otras herramientas o equipos al servicio de los que puedan pagarlos.

Por ello, de todo lo anterior se puede colegir que el punto de acuerdo que hoy se somete a discusión luce un tanto desorientado; no se puede asegurar que los grupos de autodefensa per se constituyan una institución ilegal o que comprometa el estado de derecho.

Por otro lado, el exhorto no debe dirigirse a unos cuantos gobernadores y al secretario de Gobernación para que persuadan o disuadan los grupos de autodefensa; el exhorto debe hacerse a todos los órdenes de gobierno para que a la brevedad erradiquen de una vez por todas la corrupción y la impunidad rampantes, restablezcan el estado de derecho, y garanticen la seguridad de todos sus gobernados.

Finalmente, si lo que se quiere es privilegiar los efectos y no las causas del problema. En todo caso, el llamado a disuadir los grupos de autodefensa debe extenderse a ese régimen difuso y poco transparente, como lo es la llamada “seguridad privada”.

Es cuanto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

1 Condena CNDH las “Autodefensas; van 36. Milenio (En línea); disponible en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/222531fa 69cS555c3fce886775a7125de. Consultado el: 19 de febrero de 2013 a las 13:30 hrs.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con mucho gusto el documento se insertará íntegramente en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Enrique Cárdenas, por favor.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado Ricardo, aquí le voy a hacer entrega, porque veo que nada más le gusta la mía, la mía voz, aclaro.

Había hablado con usted y le había aclarado, pero aquí están los artículos del Reglamento interno, el 76, el 104 —para su información— el 105, el 106, el 110, el 113, el 114, por si gusta para que se haga una modificación a lo que es la ley, con todo gusto.

No es por otra cosa, sino simplemente es un respeto a todos los que estamos aquí. Sé que hay temas muy importantes; sí hay que modificar los tiempos, hay que hacerlo. Pero tampoco podemos, si en tres minutos no cabe, en 10 a lo mejor tampoco, entonces hay que hacerlo o hay que darle libertad, lo que usted pide: den la tolerancia.

Lo ha tenido por mi parte y hablé con usted, pero malamente usted se expresa y va explícito para mí, un servidor, porque así se lo he dicho y hoy vengo a decirlo públicamente. Es cuanto. Gracias, presidente.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: La ironía, por fina que sea, quedará en eso, pero le pido, presidente, me permita responderle, porque además es una ironía corriente de decir; si no le gusta la mía o si no le gusta la de nosotros. ¿Qué es eso?

Si estoy levantando el nivel del debate, si lo estoy respetando, me parece no solo corriente, me parece una actitud torpe; si estamos tocando un tema tan importante, ¿cómo viene a salir con esas payasadas? Si ya estaba fuera del debate, si el presidente había sido tolerante y había agradecido.

Le pido al presidente, en todo caso, que este reglamento sí en efecto lo establece, pero le pediría al presidente solicite a la asamblea si me permite seguir continuando en el uso de la palabra otros tres minutos. Bueno, déjenme, es mi derecho, es mi derecho, ¿por qué no?

El Presidente diputado José González Morfín: Bueno, creo que la Presidencia ya ha sido tolerante, ya le dio respuesta al diputado. Le pido, por favor, que concluya.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Es cierto, presidente, acepto, porque usted es un hombre correcto y decente, por esta vez lo voy a aceptar.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Felipe Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: La administración ejecutiva anterior decidió combatir el problema de la delincuencia organizada, en específico el narcotráfico. Sin embargo, a lo largo de los anteriores seis años no se apreció un planteamiento estructurado para cumplir tal objetivo, lo cual generó inseguridad y proliferación de grupos delincuenciales con un amplio margen de actividad.

No importó nunca cuántos delincuentes mafiosos o narcotraficantes cayeran, gracias a la acción de los cuerpos de seguridad, finalmente siempre surgió un líder, quien asumía el espacio que quedaba vacante, y lamentablemente y de modo invariable, resultaba más agresivo y despiadado que el anterior.

En este sentido, fuimos testigos todos los mexicanos de una ascendencia de narcotraficantes, violadores, asesinos, entre otras especies de la delincuencia. Lo anterior gestó en la sociedad la creencia de la necesidad de procurarse, de modo próximo, un sistema de vigilancia y cuidado a sus grupos más cercanos. Así se puede explicar, hasta este momento, los llamados grupos de autodefensa.

Sin embargo, esa postura adoptada por algunas comunidades no debe verse como la expresión única o necesaria para afrontar la delincuencia, pues en muchos casos puede resultar —como se dice coloquialmente— más caro el remedio que la enfermedad, ya que la seguridad pública es una labor exclusiva del Estado; ello implica un ámbito competencial exclusivo, de este modo nadie, que no sea el Estado, debe realizar labores de supervisión pública en las calles, pues entonces se estaría autorizando que a los individuos en general, sin una investidura pública y mucho menos preparación ante sucesos tan graves, como los descritos ya, realicen actos transgresores de la generalidad de los individuos.

De este modo, sería muy sencillo culpar a alguien que en el plano fáctico no tendría nada que ver con el asunto en cuestión, además se estaría transgrediendo la Constitución, pues se haría justicia por su propia mano, lo cual es muy grave, no solo por la vulneración al texto supremo del orden jurídico mexicano, sino también porque los cuerpos civiles no serían objetivos ante los hechos, en virtud de ser ellos mismos los propios afectados.

En este contexto, es conveniente recordar cuánto daño se ha propiciado en pos de la justicia. Empero, debe de quedar bien claro que no hacemos oídos sordos ante los reclamos y no estamos alejados de la comprensión de los problemas aquejantes a la sociedad, pero consideramos que la conformación de grupos armados de choque no es la válida.

En este mismo sentido, debemos —en esta materia— ser cautos y suspicaces, y preguntarnos de dónde se nutren de armas los llamados grupos de autodefensa, ¿acaso la sociedad civil en general tiene capacidad para detentar armas de asalto en sus domicilios? ¿En verdad todos estamos instruidos en el manejo de dichos artefactos?

Nosotros creemos que no es así y por ende, es probable que algunas de estas células solamente busquen aprovecharse de las realidades descritas para imponer su voluntad y obtener beneficios mezquinos y particulares, incluso, generar una inestabilidad amplia en el Estado, lo cual sería en perjuicio de la sociedad en general.

En la bancada del Partido Verde creemos firmemente que la opción para buscar la solución a los problemas de seguridad es colaborar con las autoridades institucionales; coadyuvar, cuando así se requiera; denunciar los ilícitos y respetar el cauce de las investigaciones llevadas a cabo por los ministerios públicos, y desde luego, en la aplicación de la justicia.

Recordemos que el establecimiento de un Estado liberal, de plena seguridad, costó a la humanidad muchas vidas, y en México el establecimiento de autoridades reconocidas se generó después de una Revolución y de muchos años de esfuerzo y sacrificio.

Derivado de todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista apoya la propuesta con punto de acuerdo, haciendo un llamamiento a la sociedad civil en general, y no solo a las entidades federativas ya enunciadas en dicho documento, sino a la totalidad de las administraciones locales en nuestro país.

Es necesario que todos asumamos la responsabilidad en este delicado tema. Es cuanto, señor presidente y muchísimas gracias, por su atención, a los compañeros presentes.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, cada vez que tengo la oportunidad de pasar a esta tribuna lo hago con la convicción de que quienes conformamos esta soberanía somos gente que actuamos siempre pensando en el bien de este país al que representamos, y ésta no es la excepción de un intento por tratar de llegar a un acuerdo en un problema tan sensible para el país, pero particularmente para varios estados de la República, y en específico para mi estado, Guerrero.

Coincidimos parcialmente con la proponente, cuando dice que los grupos de autodefensa son en este momento uno de los problemas más graves en el país, y digo parcialmente porque no es el problema la existencia en sí misma de los grupos de autodefensa. No es ese el problema, compañeros diputados, compañeras diputadas, el problema es porque efectivamente, la existencia de los grupos de autodefensa pone al descubierto la incapacidad el Estado mexicano para garantizar la seguridad pública de nuestro pueblo.

Sí es uno de los problemas, porque su existencia en sí mismo refleja una vez más la expresión de marginación y pobreza en la que se encuentran los pueblos, porque una vez más con su existencia nos están diciendo cómo a cada rato en nuestros pueblos son violadas sexualmente sus mujeres, sus hijas, son asesinados los esposos y los hijos de las mujeres del campo, y el sistema jurídico y la impartición de justicia del Estado mexicano literalmente han protegido a los delincuentes y no solamente han bajado índices delictivos, han aumentado.

Peor aún, hay grupos que se han dedicado a extorsionar de manera directa y a establecer prácticamente un estado paralelo, en estados donde han surgido los grupos de autodefensa, porque hay grupos también que cobran impuestos en los estados, hay grupos que van y le cobran a los ciudadanos hasta derechos de vía, y el Estado mexicano ha sido incapaz de evitar que eso suceda, y los grupos de autodefensa han tenido la capacidad de ir conteniendo ese tipo de situaciones.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, no es la existencia misma de los grupos de autodefensa el problema que hoy aqueja mayormente, el problema es más de fondo, el problema ya no es de la ilegalidad en que puedan existir estos grupos, el problema ya no es del reconocimiento o no a los usos y costumbres solo de los pueblos indígenas.

El asunto es el reconocimiento a la posibilidad de existencia de los pueblos, de nuestros pueblos, compañeros y compañeras, de esos pueblos marginados, de esos pueblos violentados, de esos pueblos a los que se les viola a cada rato sus derechos humanos fundamentales, de esos pueblos que se encuentran en la pobreza, de esos pueblos que no hemos podido, como Estado mexicano, resolverles fundamentalmente los problemas de hambre, de vestido, los problemas de falta de educación, de salud, de vivienda. Ése es el problema fundamental, compañeros y compañeras.

El reto de la evolución democrática en este país será el reconocimiento del cuarto orden de gobierno que están exigiendo en este momento las comunidades en nuestro país. Ése es el asunto fundamental.

Por esa razón, y en una conversación que hemos tenido con la diputada proponente, leo —y termino con esto, ciudadano presidente— una propuesta de modificación que hacemos a nombre del Partido de la Revolución Democrática para poder votar este punto de acuerdo de manera favorable. Lo leo de manera completa.

Punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán de Ocampo, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco a que redoblen esfuerzos para que implementen programas y acciones urgentes y contundentes tendentes a revertir las causas que dieron origen a la problemática de marginación, a la inseguridad en que viven las comunidades, para lograr que los grupos de autodefensa civil cesen con la realización de los operativos que vienen realizando.

Esperamos que la diputada proponente —que ya lo hemos dialogado— pueda aceptar esta modificación. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, también por tres minutos, la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Consuelo Argüelles Loya: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, en los últimos meses han aflorado algunos frutos de la llamada Defensa Comunitaria en diversos estados de la República. Así ha sucedido en Guerrero, en Michoacán de Ocampo, en Chiapas, en Morelos, Hidalgo y Jalisco, y en los últimos días la prensa nacional dio la nota de la existencia de un grupo civil armado de autodefensa en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México.

Ante esta situación, se han expresado diversas opiniones, inclusive los gobernadores de estas entidades han manifestando su complacencia por la existencia de estos grupos. Así también hay una falta de información precisa por parte del gobierno federal sobre esta situación.

Los legisladores de Acción Nacional compartimos la preocupación de las mexicanas y mexicanos por este clima de inseguridad y por el aumento de la incidencia delictiva. Sin embargo, diferimos con la posibilidad de aceptar estos tipos de grupos de autodefensa; creemos firmemente que permitir que se ejerza la función de seguridad pública a quien no se le ha conferido por nuestra Constitución y el orden jurídico vigente, va en detrimento del estado de derecho y fomenta la alteración de la paz y el orden público.

Nuestra Constitución, en el artículo 21, ha encomendado la función de la seguridad pública a los tres órdenes de gobierno y ha establecido que estos deberán coordinarse con las atribuciones que les confiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A inicio del nuevo sexenio, el gobierno federal propuso a esta soberanía la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal para concentrar estas funciones en la Secretaría de Gobernación; al nuevo gobierno le concedimos el beneficio de la duda y votamos a favor de su iniciativa para que pudieran enfrentar este problema conforme a su visión.

De la misma forma, hoy le exigimos que garantice la seguridad de las comunidades que hoy se ven en la necesidad de autoprotegerse ante la ausencia de los cuerpos de seguridad pública.

Desde nuestro punto de vista es urgente e impostergable que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, presente a la sociedad mexicana un informe detallado de estos grupos civiles armados, en un tiempo no mayor de 30 días, que en lo particular deben de notificar: ¿cuántos son? ¿En qué lugar del país se encuentran? ¿Cuántas personas lo componen? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que utilizan para adquirir su armamento? Y si estos grupos han realizado detenciones de supuestos responsables delictivos, y si estos detenidos han sido encontrados culpables por las autoridades correspondientes, o si han sido liberados, porque no se demostró culpabilidad alguna. De igual manera, se debe de informar sobre personas heridas o fallecidas en sucesos en donde haya intervenido este tipo de organizaciones armadas.

Hacemos un llamado al gobierno federal y a los gobiernos estatales a enviar elementos policiales a esta zona, pero también a las fuerzas políticas que representan esta Cámara de Diputados, a que revisemos todos, conjuntamente, las iniciativas que busquen solucionar este tipo de problemas.

Debemos revisar las competencias y el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública, especialmente el Sistema Penitenciario Nacional, la prevención social de la violencia, la delincuencia, los resultados de los programas de prevención del delito.

En este sentido, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta Cámara de Diputados reviste importancia el punto de acuerdo, proponiendo un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de Guerrero, de Michoacán de Ocampo, de Chiapas, de Morelos y de Jalisco, para redoblar los esfuerzos e implementar acciones urgentes y contundentes para actuar con apego a derecho y apego a la Constitución.

Exhortamos a persuadir y disuadir a los grupos armados de autodefensa civil. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario da su voto a favor de la propuesta. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la tribuna el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Compañeros legisladores, sin duda el surgimiento de grupos civiles armados o grupos de autodefensa, como se les ha dado a llamar, refleja un problema muy serio en las zonas del país particularmente afectadas por la violencia, que desafortunadamente no es reciente, sino que se ha incubado durante muchos años en que existió inseguridad y falta de atención a las comunidades y ciudadanos de esas regiones.

En ese sentido, nosotros consideramos que el punto de acuerdo que presentan nuestros compañeros diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza es motivado de una preocupación legítima, ante el riesgo que este tipo de grupos representan para la paz social, pues contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos, porque no están exentos de ser utilizados por grupos criminales para romper el orden y realizar sus actividades ilícitas con una cobertura de supuesto apoyo popular.

Al respecto, la posición que ha expresado el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación ha sido clara y no deja lugar a dudas: Los grupos de autodefensa deben desaparecer, porque en nuestro país no existe esa figura y están al margen de la ley.

Precisamente, compañeros, el día de ayer ante comisiones del Senado de la República, que lo ratificaron como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García volvió a reiterar el rechazo del gobierno federal a la existencia de estos organismos de autodefensa, dado que es el Estado quien ejerce el monopolio de la fuerza pública.

Por eso, el gobierno federal ha planteado una estrategia particular y regionalizada en materia de seguridad que contiene elementos de prevención y atención de los riesgos sociales generados por el fenómeno de la violencia que asola a las diversas regiones y entidades del país.

Sería poco serio exigir resultados de la noche a la mañana, en un asunto tan serio y que demanda una atención muy coordinada de los tres niveles de gobierno para realmente resultar efectiva esa estrategia.

Hemos visto cómo se han realizado reuniones regionales con la participación de los señores gobernadores, en las que se busca fortalecer esta coordinación con un enfoque de atención preventiva, además del reforzamiento de la seguridad en las entidades.

Es un tema que lleva tiempo, pero en el que se está actuando, y a nuestro parecer, en el camino correcto por parte del gobierno federal y bajo un nuevo esquema de responsabilidad y atribuciones.

Por otra parte, en algunos de los casos de las entidades que se mencionan, las autoridades ya han actuado y acudido al auxilio de los gobiernos estatales y junto con ellos se han diseñado acciones concretas.

Por tal motivo, compañeros legisladores, hoy el nuevo sistema y el llamado que ha hecho este Poder Legislativo es para que todos redoblen esfuerzos y apoyen así la seguridad, evitando el surgimiento de grupos civiles armados que operan al margen de la ley, con énfasis en la protección de la población de comunidades aisladas, que son las más vulnerables y que sufren las mayores amenazas sobre su seguridad, su vida y su patrimonio. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Las propuestas de modificación presentadas no fueron avaladas por el grupo parlamentario promovente. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo en sus términos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados...

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Estamos en votación, diputado. ¿Con qué objeto? Diputado Óscar Ramírez, dígame. Estamos en votación.

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (desde la curul): Sí, nada más con el objetivo de que estamos a favor del punto de acuerdo que propone la diputada; sin embargo, queremos exceptuar la parte del estado de Chiapas, toda vez que la parte de grupos de autodefensa no existe, no está documentada esa parte.

El Presidente diputado José González Morfín: Lo lamento, diputado, pero el grupo promovente presentó una propuesta que es la que está sometida a votación. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica...

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Concluyendo la votación. A ver, sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Presidente, solo para dejar constancia de la falta de ética en los acuerdos que habíamos pactado el diputado Sebastián de la Rosa y su servidor con la diputada proponente, de que íbamos a hacer una corrección al punto de acuerdo.

Exhortaría a los diputados que han participado de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN, del Panal y del Partido Verde Ecologista, que revisen, que se documenten, que pregunten, que indaguen, que investiguen las diferencias entre la policía comunitaria, los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares, para dejar muy claras y precisas las diferencias al respecto.

Los grupos de autodefensa han asistido a diversas reuniones y han aceptado el poderse regular ante esta emergencia en la que tuvieron que agruparse para defender de manera digna sus comunidades y el tejido social y están dispuestas a cobrar la figura de policías comunitarias, que está sustentada en nuestra Constitución, en su artículo 2o., cuando establece que para el caso de las comunidades, pueblos indígenas y comunidades equiparables se les reconoce el derecho de libre determinación, autonomía, para definir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, además de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos.

Los grupos de autodefensa han mencionado el camino a transitar hacia las policías comunitarias. Por ello, presidente, exhorto...

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención ya quedó registrada, diputado. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, hago un llamado, es una moción, que antes de votar se piense que ahora, con este pronunciamiento y este punto de acuerdo, la autoridad buscará combatir y exterminar a la comunidad organizada para ejercer su legítima defensa.

Estos ciudadanos enfrentarán ahora una doble amenaza: a la delincuencia organizada y al Estado desorganizado, que busca acreditar que la inseguridad no es una realidad cotidiana, sino una mala percepción.

Los llamo a que reflexionen. Es un error la premura con la que hacen este pronunciamiento, que está cargado de ignorancia y de falta de conocimiento jurídico. Es muy grave este pronunciamiento.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, el diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Aprovecho también para agradecer que se haya leído la propuesta que dejé, porque es muy importante que no se esconda en las siglas de los partidos adláteres —la derecha— que está promoviendo de fondo esta iniciativa, sobre todo queriéndole quitar la responsabilidad a Enrique Peña Nieto, por no tener la capacidad de ordenar este país.

Por eso insisto en la propuesta que hicimos —aunque griten los diputados priistas— de que es el Estado mexicano quien tiene que garantizar la seguridad. Por eso proponíamos la modificación del punto y no ir contra la población, como hoy la derecha, encabezada por el PRI, con sus adláteres, lo quiere hacer.

Por eso era muy importante que quedaran las cosas claras el día de hoy.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Abel Salgado Peña, adelante.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente para pedirle —en caso de que sí se hayan aceptado las modificaciones que propuso el Grupo Parlamentario del PRI a la promovente— pueda, previo a la votación, darle lectura al texto como quedaría con las modificaciones, si es que han sido aceptadas por la diputada promovente.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia nada más tiene conocimiento del texto publicado. De todas maneras, la diputada promovente está pidiendo la palabra. Le voy a pedir que se abra el sonido en la curul de la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): Gracias, presidente. Primeramente, decirle a los compañeros que informaron que habíamos tenido acuerdos. Comentaron que ellos deseaban agregarle algunas cuestiones al documento; les dije que no es una iniciativa, es un punto de acuerdo en el cual mi grupo parlamentario no está de acuerdo, por lo tanto, queda superado.

Lo otro, el objetivo de este punto de acuerdo, compañeras y compañeros diputados, no es para que vayamos en contra. Ahora, como decía uno de los compañeros diputados que me antecedió en el uso de la palabra, no es para ir en contra de los que se han organizado, queremos disuadirlos.

Necesitamos que el estado de derecho quede en manos de lo que es la nación, de lo que es México. No podemos permitir grupos armados. Y se los digo, compañeros, soy de Chiapas y así en un abandono que hubo y que nadie quería ver, de que se estaban organizando en la selva, porque querían cuidar de que todo estaba bien, cuando venimos a ver, tuvimos un levantamiento armado.

Por tanto, estamos viendo que en todos los estados, por lo mínimo que se estén moviendo, es importante que la Secretaría de Gobernación vea lo que tenga que implementar para disuadir a esos grupos que se están armando y que quieren aplicar la ley que no les corresponde a ellos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Me están pidiendo muchos compañeras y compañeros diputados la palabra. Tengo primero a la diputada Lourdes Quiñones, le pido que se abra su curul; después la diputada Teresa Mojica.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Gracias, presidente. Única y exclusivamente haciendo mención y recordatorio a mis compañeros que éste es un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por lo que se le solicitamos que —ya ha sido debidamente discutido— que nos vayamos a votación.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. La diputada Teresa Mojica.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (desde la curul): Nada más decirle a la diputada Sonia Rincón, que nosotros, los diputados guerrerenses o en el estado de Guerrero, estamos viviendo este asunto de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, pero nosotros reconocemos en nuestras policías comunitarias una tradición de 14 años y un trabajo desde abajo, desde la sociedad.

Por eso nos brinca el tema de poner en este punto de acuerdo el tema de persuadir y disuadir. Porque de lo que se trata es: las policías comunitarias como esas, acompañarlas e integrarlas en la legislación y en la ley. Incluso, ya tenemos una propuesta del gobierno del estado para legislar al respecto; por lo menos, en esos casos.

Muchas gracias y ojalá que la diputada proponente pudiera hacer algunos cambios en el punto de acuerdo.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítanme un momento. Los puntos de acuerdo de urgente resolución tienen un tratamiento muy rígido en el Reglamento. Esta Presidencia ha sido muy tolerante. Ya estábamos en la votación.

Voy a pedirle a la Secretaría que continúe con el procedimiento de votación y que la intención de cada quien se manifieste con su voto. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

La Secretaría ha dado el veredicto de la votación.

PLAN DE RESCATE DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y CAÑERA DEL PAIS

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Energía; de Relaciones Exteriores, y de Economía, para que establezcan un plan de rescate a la industria azucarera y cañera del país.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, todos conocemos la grave crisis por la que atraviesa la industria cañera del país. A pesar del repunte alcanzado en los últimos años en la producción y exportación de azúcar mexicana, la perspectiva en el mediano plazo no es muy promisoria.

El año pasado la balanza de azúcar en México alcanzó superávit al registrar exportaciones de alrededor de un millón y medio de toneladas, contra importaciones de alrededor de un millón 300 mil toneladas, que en su mayoría fueron de alta fructosa proveniente de Estados Unidos de América, complementada con azúcar proveniente de Centroamérica.

Los reportes de los organismos norteamericanos y nacionales coinciden que este año se espera un ligero incremento en las importaciones de azúcar mexicana por parte de nuestro vecino del norte.

Entonces, ¿cuál es la razón por la que los precios del azúcar en México han caído? Solo se ha logrado detener su caída gracias a la acción de los cañeros del país, que tuvieron tomados de manera pacífica los almacenes de los ingenios.

El problema es multilateral. Un factor es la entrada en vigor este año del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica, que ha propiciado que azúcar centroamericana ingreso al mercado mexicano. Otro factor es que durante el mes de enero y febrero Estados Unidos de América suspendió temporalmente sus compras.

Un factor de más largo plazo que nos ha impactado es la sustitución silenciosa del azúcar por alta fructosa proveniente de Norteamérica en la elaboración de refrescos y de alimentos de alto contenido calórico. Se suma a todo esto la saturación del mercado del dulce en el mundo.

Estos aspectos coyunturales se suman desgraciadamente a otros factores de carácter estratégico, que ponen en riesgo la viabilidad de la industria azucarera, y estos son: toda vez que la introducción de alta fructosa como reemplazo del azúcar en la fabricación de refrescos y alimentos está estrechamente relacionada con el desarrollo de la pandemia de obesidad y diabetes en el mundo, los sistemas de salud de diversas naciones están reorientando sus políticas alimentarias, ya que el carácter crónico de estas enfermedades representa mucho dinero para sus presupuestos, tal y como acontece aquí en México.

Dentro de las políticas que se están implementando en estos países están las campañas que promueven la no utilización de azúcares, como parte de una política de vida y comida sana, así como evitar el consumo de bebidas endulzadas.

Ante este panorama, podemos afirmar que en el mediano plazo el mercado del azúcar no solo no crecerá, sino que probablemente se reduzca gradualmente, por lo que el riesgo de una crisis más profunda existe.

Este punto de acuerdo pretende entonces que podamos como nación dar los primeros pasos para transformar la industria azucarera, de manera que enfrente estos desafíos. Lo que proponemos como punto de acuerdo es que el Ejecutivo desarrolle una política sectorial que vaya más allá de la coyuntura.

Esto es, proponemos hacer un exhorto respetuoso a la Sagarpa, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía, a fin de que diseñen una política estratégica sectorial que permita:

1. La búsqueda de nuevos mercados, sobre todo, en aquellos países en donde se promueve una mayor regulación para el uso de la fructuosa, porque esto representa oportunidades para el dulce mexicano, así como con aquellas naciones emergentes.

2. El diseño de mecanismos para diversificar la producción derivados de la caña de azúcar, esto implica una reconversión de la planta productiva de la industria azucarera nacional para producir, por ejemplo, biocombustibles, como lo está haciendo Brasil.

3. Establecer medidas temporales subsidiarias para los productores de caña, en lo que los precios del dulce se estabilizan.

Sé que en este pleno el sector está plenamente representado; sé que esta preocupación nos debe mover para pensar y trabajar a futuro, por ello estoy convencida de que este punto de acuerdo contará con la mayoría de votos en el pleno, toda vez que en la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos, y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE a establecer un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lo anterior a efecto de que sea turnado como de obvia y urgente resolución, la suscrita, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país.

Lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria azucarera en México ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a su gran fuerza económica y social en el sector agropecuario, constituyendo uno de los productos agrícolas con mayor demanda tanto en el mercado nacional, en el consumo doméstico e industrial, como para exportación.

La producción de caña en el país, en los últimos años se ha incrementado en donde la producción de su principal derivado es el azúcar.

El azúcar constituye un carbohidrato, indispensable para las necesidades fisiológicas de los seres vivos.

La industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada entre otros motivos por los cambios en los hábitos alimenticios de los habitantes de los principales países consumidores del dulce y la entrada en competencia con edulcorantes como el alta fructuosa.

Esta crisis provocada por la baja de los precios del dulce en todo el mundo, es debido a la sobreoferta y a la saturación en el mercado de los principales países consumidores, no nos permite avizorar una mejoría en los precios del azúcar en el corto y mediano plazo.

A pesar de ésta crisis, el país ha incrementado su exportación del dulce a 1 millón 600 mil toneladas a EU, sin que ello permita agotar los excedentes en la producción por lo que existe una sobre oferta, que se suma a la de otros edulcorantes como la alta fructuosa y que viene a sumarse a la baja internacional de los precios del azúcar en el mundo.

De las características y extensión del cultivo de la caña se permite satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de mexicanos que desempeñan su actividad en el campo en quince entidades federativas.

De la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil.

Por ello es necesario el fomento de esta empresa para el beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.

La afectación de este cultivo ha generado reacciones sociales que llevaron a la toma pacífica de las bodegas azucareras el día 21 de enero del presente año, lo que no solo afecta la tranquilidad en el campo, sino la paz social en el país.

Actualmente se encuentra encadenado el precio del azúcar al precio de la caña por lo que la baja en los precios más allá del punto de equilibrio repercute en pérdidas para miles de productores en todo el país.

Para un mayor abundamiento y en al ánimo de motivar el punto de acuerdo que se propone me permito señalar que:

1. Nuestra Constitución Política en su artículo 26, inciso A),dice:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

2. En el Reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su artículo 2, fracciones X y XVII, a la letra nos dice que a la Secretaría corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

X. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera en coordinación con la Secretaría de Economía;

XVII. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y de comercio exterior agropecuario y pesquero, las que se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía;

3. En el artículo 2 de su Reglamento Interior la Secretaría de Energía nos dice que a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo federal.

La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal.

4. En el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su artículo 2, se señalan sus facultades para:

I. Ejecutar la política exterior de México;

II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;

III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e

IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.

5. Por último en su artículo 3 del reglamento interior de la Secretaría de Economía nos indica que dicha secretaría, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas que para el óptimo despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Las acciones de fomento, diseño de estrategias para la celebración de instrumentos internacionales, y enlace con organismos internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante éste panorama, es necesario generar desde el ejecutivo, una política integral contenida en un plan nacional de rescate de la industria cañera y azucarera del país, por lo que se propone, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, que contemple los siguientes ejes:

1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.

2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, en la elaboración de otros productos como los biocombustibles, tal y como otras naciones lo están enfrentando (por ejemplo Brasil, que ha logrado incorporar a la industria azucarera como un factor importante en su política energética, por lo que en la actualidad, sigue siendo líder en la exportación de azúcar ampliando su oferta de valor con biocombustibles).

3. Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de Marzo de 2013.— Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría, para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la tribuna, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, una de las mayores responsabilidades del Estado mexicano y de nosotros como representantes populares es promover y proteger las actividades agropecuarias, sobre todo, cuando se trata de productos de la canasta básica, como es el azúcar.

Como se establece en el punto de acuerdo presentado, el azúcar ha sido un elemento indispensable en la alimentación de las personas, por su contenido energético y de carbohidratos; sin embargo, los nuevos hábitos alimenticios han desplazado este alimento de la canasta básica por otros productos sustitutos con altos niveles de fructuosa. Esta situación ha provocado una disminución en las ventas de azúcar, con el consecuente impacto negativo en la industria azucarera, afectando a los productores de caña de azúcar.

La participación de esta industria dentro de la economía nacional ha tenido una gran importancia desde varios puntos de vista; por un lado, la producción de un bien de consumo popular generalizado a precio accesible para toda la población del país, y por el otro, representa la creación y sostenimiento de empleos productivos y remunerados a lo largo de todo el país, porque de esta actividad dependen —atendiendo las cifras que maneja el punto de acuerdo— empleos directos a más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta a más de 2 millones 200 mil.

Como podemos observar, este sector ha jugado un papel destacado en la economía mexicana, porque ha sido históricamente uno de los más importantes del país, debido a la gran fuerza económica y social del sector agropecuario.

En la actualidad, atraviesa por una profunda crisis, producto del comportamiento de los mercados internacionales que reportan una sensible baja en los precios del dulce, disminución provocada, entre otras causas, por la modificación vinculada en los hábitos alimenticios de los consumidores de los principales países importadores del dulce y el uso de los edulcorantes con alta fructuosa, que actúan como consecuencia del carbohidrato.

Por ello es necesario e importante rescatar este sector, considerando que los productores mexicanos han perdido competitividad con la baja de los precios del mercado internacional.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de este punto de acuerdo, porque consideramos necesario que las autoridades correspondientes atiendan a una demanda legítima y justa para los productores en la industria azucarera.

Estamos conscientes que los cambios en la dieta de la población pueden generar impactos negativos en ciertos sectores, pero es obligación de las autoridades explorar alternativas viables para sostener el aparato productivo nacional y velar por los intereses de los productores de la caña de azúcar. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre este punto de acuerdo que plantea un rescate de la industria cañera y azucarera, englobando este último concepto a los industriales del dulce, para nosotros —sin desdeñar el sector industrial— es parte prioritaria la atención a la producción cañera en el campo mexicano.

Desde fines del año pasado los agricultores, productores de la caña de azúcar, insumo básico para su industrialización, se encuentran en una situación indefinida por las autoridades respectivas a las que va dirigida el exhorto. No han resuelto los planteamientos de este sector. Más aún, se dieron casos de bloqueo de almacenes de las centrales azucareras, como protesta por la ausencia de autoridad.

Hasta ayer el titular de Sagarpa manifestó que en los próximos días anunciarán un programa de apoyo a los productores de caña para resarcir la caída de los precios, sin señalar montos ni la forma de cómo se van a distribuir esos recursos.

Solo se conoce por parte de los grupos de cañeros que se requieren cuando menos 3 mil millones de pesos para compensar las pérdidas de 9 mil millones de pesos. Sin duda que hay incertidumbre.

Datos respecto a la zafra 2012-2013, es que la superficie cultivable es de 767 mil 893 hectáreas, la caña industrializable es de 54 millones 796 mil 198 toneladas, el azúcar a producir se prevé que sea de 6 millones 246 mil 744 toneladas, el dulce se obtiene del jugo fresco de la caña, además de los aprovechamientos que tenemos con sus subproductos.

En el país tenemos 52 centrales azucareras que generan 300 mil empleos directos y más de 2 millones de plazas indirectas, que se ubican en 15 entidades del país. La industria genera y distribuye ingresos por 33 mil millones de pesos, la producción de la gramínea representa el 13.5 por ciento de la producción agrícola nacional, representando el 0.4 por ciento del PIB del país y el 7.3 por ciento del PIB agropecuario. Con lo anterior, queda claro y sustentado que el sector es una fuente de riqueza, porque genera bastante empleo, que tanto hace falta en nuestro país.

Como toda actividad agrícola, las sequías, el granizo, las inundaciones afectan a veces a la zafra. Como puede advertirse, el problema abarca varias dependencias, como ya lo han señalado los compañeros que me han antecedido.

El grupo parlamentario pide de favor que se arme un plan estratégico para este sector que es muy importante para la economía del país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado José Soto Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es un país mucho muy rico y con grandes posibilidades de producir los alimentos que necesitan las mexicanas y los mexicanos; desgraciadamente el campo ha sido olvidado.

También, a pesar de ser tan rico nuestro país, casi 60 millones de mexicanas y mexicanos viven en la pobreza y desgraciadamente el 75 por ciento de ellos son campesinos. Son campesinos que no es que no sepan producir, no se les da la oportunidad y los elementos para hacerlo.

Aquí en este recinto hay muchos diputados y diputadas que saben de los problemas del campo y especialmente el de la agroindustria azucarera, que tuvo en un momento que levantarse las cañeras y los cañeros para quemar toda su producción, todas las cañas, porque no tenían utilidades, logrando en los tiempos de Luis Echeverría un decreto donde se regulaban los derechos y obligaciones de los productores, de los industriales y las obligaciones del gobierno mismo.

¿Cuáles fueron esos logros? De lograr los tres pasos principales que tiene cualquier rama de producción: obligación de financiamiento, que estaba obligado el gobierno; obligación de programar a la producción, y la obligación de industrializarla y la obligación también de poder venderla, comercializarla. Eso fue precisamente lo que hizo que la rama de producción de la caña de azúcar haya llegado a ser autosuficiente para nuestro país y tener todavía una gran cantidad para exportar.

Hoy hemos demostrado los productores de caña que somos productivos. Tenemos la suficiente azúcar para nosotros los mexicanos, pero no sabemos a dónde venderla. Todavía la Secretaría de Economía y todas las involucradas, Sagarpa y todos, están importando azúcar y eso nos daña terriblemente a los productores de caña de azúcar.

Les voy a decir porqué. A nosotros no nos pagan las toneladas de caña, nos pagan las toneladas de azúcar producida, que es el KARBE (kilógramo de azúcar recuperable base estándar), e interviene para ello —para pagarnos— el precio del mercado. Aquí en México el precio del mercado, en Estados Unidos de América que ya no nos compra, y el precio del azúcar en el mercado internacional, que casi está regalada, que es de donde traen algunos políticos —le pido por favor que me aguante un poquito, que el tema es importante— lo traen del mercado internacional, donde está mucho muy barata la azúcar y la meten indiscriminadamente, y todavía viene la alta fructosa para ganarnos el mercado más grande, que es el mercado refresquero.

Por eso nosotros, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos unimos a este exhorto a todas estas dependencias a que por primera vez asuman su responsabilidad y que salven a esos 650 mil productores, que tienen seguro y que le dan seguro a los cortadores de caña; les dan seguro también a todos sus trabajadores del campo. Es una gran rama de producción, salvémosla. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. El sector secundario; es decir, la industria, representa un elemento fundamental no solo en México, sino en cualquier economía para desarrollarse adecuadamente. Éste representa todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar la materia prima.

Según el Boletín de Información Oportuna sobre la Actividad Industrial en México, publicado por Inegi, la producción industrial del país en el primer mes del presente año creció 1.1 por ciento respecto a diciembre pasado; sin embargo, por componentes, la industria manufacturera únicamente se elevó al 0.05 por ciento. Un poco más que la minería.

Dentro de la industria manufacturera está la actividad azucarera. Este breve panorama nos da una idea de lo olvidado que se encuentra el sector azucarero en nuestro país, ya que se halla inmerso en una profunda crisis debido a la competencia que existe con diversos endulzantes, que en la mayoría son importados.

Es necesario que se tomen las medidas pertinentes para generar políticas adecuadas a este sector, ya que es una de las actividades más antiguas del país, donde dependen directa e indirectamente millones de personas, entre empleados, ya sean sindicalizados, administrativos, así como transportistas, entre otros.

Es inevitable que el gobierno entrante elabore un plan de acción, en el que se comprometa a darle mayor certeza a los productores nacionales con respecto a la producción de la caña de azúcar, protegiendo antes que nada el mercado interno, ya que como cualquier actividad manufacturera necesita del apoyo de las autoridades para detonar una mayor productividad en beneficio, no solo de los productores, sino también de los consumidores, definiendo un mercado con menos competencia desleal, que hasta la fecha esa ha sido causa de tener un estancamiento brutal de esta actividad, sin olvidar por supuesto, el grave cambio climático que hoy estamos viviendo y que ha generado sequías como nunca antes vistas, incidiendo así en el aumento de precios del producto final.

Otro factor que incide en el estancamiento de la industria es la falta de inversión para modernizar los ingenios azucareros, ya que aún se produce con maquinaria obsoleta, que afecta gravemente la productividad; se necesita modernizar el sector y avanzar hacia una actividad tecnificada, o sea, competitiva a niveles internacionales.

Esta actividad, si se atiende adecuadamente, podría dar muchos frutos, no solo en la industria de los alimentos, sino otras actividades en la que muchos países han incursionado, como es la de la generación de los biocombustibles, como es el caso de Cuba y de Brasil.

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de este punto de acuerdo para que se generen las condiciones necesarias, implementándose un plan de rescate de la industria azucarera, contemplando todos los ejes que propone la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados; con el permiso de la Presidencia. La agroindustria azucarera del país vive una profunda crisis estructural, y por ende, los productores y abastecedores de la caña de azúcar.

Los gobiernos federales han enfrentado estas crisis cíclicas rescatando a los industriales, sí, pero olvidándose de las familias cañeras.

Es importante recordar que los gobiernos de Salinas y Fox diseñaron políticas para beneficiar a los industriales; el gobierno salinista privatizó los ingenios y los vendió posteriormente a precios por debajo de su valor; Fox los expropió, beneficiando a los grupos empresariales vinculados a las dos principales refresqueras del país. Pepsi Cola y Coca Cola.

Esta crisis pone en entredicho a los gobiernos panistas, ya que de manera concreta el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, mejor conocido como el Pronag, nunca fue un objetivo para tomar en cuenta esas administraciones y con ello transformar el campo cañero; mientras que el gobierno de Calderón anunciaba con bombo y platillo la modernización de la agroindustria azucarera a través del Pronag, su gobierno autorizaba los cupos de importación que tanto daño han causado a los productores de caña.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática —del que formo parte— apoya el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se cree el plan de rescate de la agroindustria azucarera, y este plan deberá tener como objetivo principal a los productores de caña, para que el gobierno federal destine recursos para la adquisición de fertilizantes, de bio-fertilizantes, de abonos, modernización del campo con sistemas de riego y para el corte de la caña.

El gobierno federal, desde la privatización de Salinas de los ingenios, ha otorgado recursos millonarios —ya se ha dicho aquí— y los ingenios son unas chatarras industriales, ¿y dónde están los recursos millonarios que los gobiernos han destinado a los industriales? ¿Ese dinero en manos de quién quedó?

No se llevó a cabo la modernización de las plantas productivas y es importante que ahora se modernicen y aporten los industriales para la construcción del centro de investigación de ciencia y tecnología de la caña de azúcar.

Se tiene que terminar con la política de robo y saqueo, por los cobros injustificados que se realizan a los productores de caña de azúcar a través de los comités de producción y calidad cañera en los ingenios, con la complicidad de los industriales.

Es importante decir —lo he dicho en otras tribunas y lo seguiré reiterando— que es injusto que a los cañeros se les descuente, por concepto de caminos generales y vecinales. Los cañeros no son dueños de los caminos y en este contexto es necesario que los gobiernos municipal, estatal y federal, en los diferentes ingenios de aquellos estados donde se da este cobro arbitrario, atiendan el asunto ante esta situación que viven los cañeros.

El plan de rescate de la Sagarpa deberá incluir medidas de salvaguarda para otorgar apoyos y subsidios a los cañeros, y de esta manera compensar la caída del precio de la caña de azúcar. Además que este subsidio sea de acuerdo al rendimiento de la zafra, al rendimiento final de la zafra, y otra cosa, ese subsidio que se otorgue a los cañeros, no solamente a los de la CNC y a los de la CNPR, porque hay cañeros independientes, como es el caso de Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras Independientes, con presencia en muchos estados del país.

Por ello ese recurso se debe aportar de acuerdo al padrón que tienen los ingenios de los cañeros activos y de las organizaciones para que esto abarque a la totalidad de los cañeros, sean del PRI o no sean del PRI, porque también hay del PRD y, por supuesto, del PAN. Gracias, diputado, por su paciencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan Bueno Torio: Muchas gracias compañeras, compañeros. Sin duda el Partido Acción Nacional está totalmente a favor del punto de acuerdo, pues necesitamos apuntalar las capacidades de los productores de caña en todo el país para que mejoren sus condiciones de vida.

Evidentemente el problema que hoy estamos enfrentando es gracias a la política de apoyo al campo que se siguió en el sexenio anterior, a diferencia de lo que dijo la compañera que me precedió. Nosotros veníamos produciendo entre 4 millones 800 mil toneladas de azúcar y 5 millones 200 mil, y para este año estimamos una producción de 6 millones 200 mil toneladas.

Evidentemente que contra los 4 millones 200 mil toneladas, que es el consumo de México, tenemos un sobrante de poco más de 2 millones de toneladas, que hasta donde tengo entendido, ya se están haciendo los esfuerzos y los contratos correspondientes para exportar un millón y medio de toneladas, evidentemente a los precios del mercado internacional, que son muy por abajo del precio que se da en nuestro país. Ahí es donde tenemos fundamentalmente el problema.

Desde nuestro punto de vista —y está contemplado y considerado en el Pronag, que viene funcionando ya de muchos años atrás— necesitamos mejorar la productividad en el campo con apoyos a los productores agrícolas, apoyos que tengan que ver con mejores sistemas de cultivo, con la tecnificación del campo, con fertilizantes oportunamente y, desde luego, con variedades, semillas mejoradas adaptadas al cambio climático.

Necesitamos producir en México lo que produce el promedio de los productores a nivel mundial. En México estamos en 63 toneladas por hectárea, cuando en Brasil están en 83 y en Colombia están en 120 toneladas por hectárea.

Necesitamos sacar y obtener poco más del 12 por ciento de azúcar por tonelada de caña, a diferencia de cómo lo están haciendo, por ejemplo, en Colombia, cerca del 15 por ciento de azúcar por tonelada de caña.

Necesitamos resolver el problema del minifundio, y es el gobierno quien tiene que agrupar a todos los productores en extensiones que sean de tal economía de escala, que les permita ser productivos y atender mejor su negocio y sus capacidades.

Necesitamos, que haya este tipo de apoyos, como el que este año se cancelará por ejemplo para el maíz, que en virtud de los buenos precios del maíz no tendrá el gobierno que otorgarles el subsidio que se les venía otorgando y podemos pedirle al gobierno federal que esa parte del recurso lo destine en apoyo a los productores del campo cañero, para que mejoren su condición y tengan un ingreso verdaderamente más razonable de lo que hoy podrán obtener con los 410 pesos por tonelada de caña que les van a pagar.

La realidad, sí tenemos hoy un problema. Anhelábamos mucho tener una gran producción de azúcar en el país para poder exportar, pero resulta que ahora que tenemos el azúcar, el precio en el mercado internacional está muy por debajo del nuestro.

El problema efectivamente evidentemente está en el precio que el cañero recibe por su producto, por su caña de azúcar, pero también necesitamos hacer que el cañero mexicano tenga más toneladas por su hectárea y tenga más azúcar por su tonelada. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna el diputado Cesario Padilla Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Cesario Padilla Navarro: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados de esta honorable Cámara de Diputados, he pedido el uso de la voz para expresar que el Grupo Parlamentario del PRI y especialmente 80 diputados cenecistas, que pertenecen al sector agrario, apoyaremos el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que presenta la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, referente al exhorto que se hace a la Sagarpa, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones, a la Secretaría de Economía, en el sentido de que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país.

Compañeras diputadas y diputados, el problema del precio del azúcar que ha caído a lo más bajo en los últimos años  se debe a tres puntos fundamentales:

1. Por parte del gobierno saliente, que no hizo lo que debía de hacer para exportar el excedente de la caña de azúcar que tenemos los mexicanos.

2. El gobierno federal administraba los grupos de Fessa, el 20 por ciento de la producción de la caña que se produce en México, donde ellos el año pasado salieron a regalar el azúcar al 50 por ciento.

3. No obvio con eso, estamos importando algo que el país produce de más, estamos abiertos a los cupos de importación, que en plena zafra están entrando toneladas y toneladas de azúcar.

Son los tres puntos que nos están afectando a los cañeros que vivimos de la caña. Con conocimiento de causa, le digo a la compañera que me antecedió: los caminos sacacosechas es obligación de los productores cañeros y de los empresarios.

Por eso, aquí estamos los que conocemos, no es que estemos diciendo que se lo entreguen a los industriales. Hay un acuerdo que los excedentes de azúcar que producimos los mexicanos se exporte al extranjero, lo que no han hecho en dos años pasados, es el desplome del azúcar que tenemos de más.

Por ello, compañeros y compañeras les digo, que tenemos que limpiar el mercado de México y exigirle al gobierno federal y a las secretarías que están al frente, que cierren las puertas de las exportaciones de azúcar, que cierren las puertas de las importaciones de maíz, que cierren las puertas de las importaciones de leche, por ello estamos así los cañeros.

No estamos de acuerdo en que el azúcar se venda a un precio caro. Pero los invito a que revisemos los paquetes tecnológicos donde no podemos, los cañeros, vender más bajo.

Un paquete tecnológico el día de hoy vale 25 mil pesos por hectárea, por ello revisemos los paquetes tecnológicos para que podamos bajar los precios del azúcar. Pero vamos al lugar de los hechos, no inventemos desde el escritorio cosas que no son, vamos a ver y con eso podemos bajar los precios.

Al compañero que me antecedió le digo que en México, la media de México de producción son 77 toneladas y no 65, como él dice. Podemos producir hasta 200 toneladas por hectárea con equipamiento, y ahí estoy de acuerdo con usted, amigo diputado.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, el asunto de la caña, estamos a favor de la compañera Gisela, simplemente en el párrafo número dos no estamos de acuerdo, porque no vamos a producir etanol con la caña de azúcar, porque nos sale más barato que producir azúcar. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El Grupo Parlamentario del PRD, a través de la promovente del punto de acuerdo, aceptó una modificación propuesta por el diputado Salvador Barajas, del PRI. Le voy a pedir a la Secretaría...

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Copete Zapot.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Diputado, su servidora es Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, gracias por abrir el micrófono.

Solamente para puntualizar lo siguiente. Creo que todos los que estamos aquí y quienes en su sano juicio dan una opinión, estarán de acuerdo en que es el gobierno el responsable de otorgar los servicios —como los que mencioné— de los caminos, y que un acuerdo —como se ha dicho en tribuna— no puede estar por encima de la Constitución, que establece que nadie puede ser privado del fruto de su trabajo si no es mediante una resolución judicial. Por tanto, ese acuerdo es inválido, es un atraco a los cañeros.

Así es que conmino a aquellas organizaciones que se atreven a hablar a favor de los cañeros, y que en los hechos los atracan, que sean congruentes. No más descuentos a los cañeros por concepto de caminos generales y vecinales. Gracias, diputado presidente

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le ruego a la Secretaría dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo modificada, y que inmediatamente después consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Propuesta de modificación al punto de acuerdo. Punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a crear e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, que contempla los siguientes ejes:

1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación del excedente de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.

2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar.

3. Las medidas de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.

Firma la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

DECLARATORIA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE PARA LOS 22 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN AFECTADOS POR LAS HELADAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, la Junta de Coordinación Política ha hecho llegar a esta Presidencia una proposición con punto de acuerdo que ha hecho propia.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno federal a agilizar la llegada de recursos a los municipios en estado de emergencia y para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación active el programa de seguros catastróficos para el sector rural componente de atención a desastres naturales

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben diversos grupos parlamentarios, por lo que se someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que emita la declaratoria de emergencia correspondiente para los 22 municipios de Guanajuato y los de Michoacán afectados por las heladas, para que se liberen los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, para la atención de necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada en términos similares al tratamiento que se dio a las afectaciones provocadas por las heladas que sufrió Sinaloa.

Segundo. La Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, amplíe los programas de apoyo a la agricultura en el estado de Guanajuato, a fin de que se supere el desastre agrícola de la zona, producto de las heladas registradas durante los primeros días de marzo del presente año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse estos dos resolutivos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida explícitamente registro para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 16:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 21 de marzo, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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