Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 340 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 7 de noviembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De los diputados Alliet Mariana Bautista Bravo y Héctor Hugo Roblero Gordillo

Relativo a retiro de iniciativas con proyecto de decreto.

Del Congreso del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la vigilancia de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implementar políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objeto de proteger el mercado interno y alertar la inversión de los mexicanos.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se realice una cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipamientos de las escuelas en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la emisión de la Declaratoria de Desastre Natural para atender los daños ocasionados por las lluvias severas e inundaciones en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán del Estado de México.

De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Con el que remite acuerdo relativo a la fecha del orden rotatorio para el relevo de las representaciones en la Presidencia y sus secretarías.

Del Congreso del Estado de Sonora

Con el que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se asigne una partida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

Del Banco de México

Por el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre del 2013.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se designa la delegación de diputadas y diputados que asistirá a la XIX Reunión interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la Ciudad de México, los días 15 y 16 de noviembre del año en curso. (Votación)

Por el que se designa a las diputadas representantes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. (Votación)

Iniciativas

Que reforma el artículo 301 y adiciona un artículo 307 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (Sólo Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 86 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 78 y 81 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55, 56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 335 y 337, y adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Vivienda y 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 92 y 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 18 y 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 56, 57 y 72 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Eduardo Roman Quian Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o., 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77, 78 y adiciona un artículo 192 Bis a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Antonio Cuéllar Steffan y Fernando Zárate Salgado, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, a cargo del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 286 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Aguas Nacionales y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Marco Alonso Vela Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 y adiciona un artículo 35 Bis a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 50 y 77 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De Decreto, por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones, a cargo del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 10 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma los artículos 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobierno Federal para que rinda informe y se implementen los programas y acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de la construcción de la autopista urbana oriente en el Distrito Federal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Semarnat y al INEGI, a diseñar campañas de difusión e información y al establecimiento de centros de acopio para residuos electrónicos derivados respecto al “Apagón Analógico”.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia sobre la definición y las acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexuales.

De la Comisión de Infraestructura, con puntos de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Guerrero, para concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, y rehabilitar el puente ubicado entre el Km 5+640 y el Km 5+820.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados condena el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demanda a la Procuraduría General de Justicia del Estado que realice las investigaciones del caso.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyectos de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX, recorriendo la subsecuente del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 122 bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, boletine y evidencie a través de las instancias correspondientes, a todas las Gasolineras del País que no hayan cumplido con lo establecido en las normas 005 y 185, para que los consumidores tengan oportunidad de saber en qué gasolineras sí se puede comprar litros de a litro, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, inicie un proceso de Controversia Constitucional para derogar las disposiciones de la Ley del Agua del Estado de Puebla, violatorias de los derechos establecidos en los artículos 4o. y 115 Constitucional, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos al Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a la SHCP y a la SEGOB, para que implementen un programa de empleo temporal en materia turística, agrícola y de pesca ante la difícil situación en todos los municipios de las entidades que fueron declaradas zonas de desastre, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que dé a conocer a la opinión pública, el origen de los recursos destinados a pagar la liquidación y pensión a 1400 ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la SCT y del SAE, hagan público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, en particular respecto a la situación programática-presupuestal del fideicomiso 5012-6 “Ferronalesjub”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las víctimas de la guerra sucia, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía se pronuncia para que el titular del Ejecutivo federal integre el expediente que sustente la candidatura del Profesor Adolfo C. Gurrión, para ingresar a la Rotonda de las Personas Ilustres, a cargo del diputado Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, para que haga del conocimiento público el gasto erogado para la construcción de los Centros de Investigaciones Federales 2 y 3, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a los gobiernos de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que cumplan con las recomendaciones emitidas en el informe especial de la CNDH, sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y de los estados de la República Mexicana, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INAH, proporcione medidas de restauración y conservación a la zona arqueológica de Ixtépete, ubicada en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Condusef, para que presenten un proyecto alterno o evalúen seriamente la cancelación del “Buen Fin”, para dejar de engañar a la población, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco, a verificar en las tiendas de autoservicio el cobro de los precios tal cual son exhibidos en sus mostradores, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INAH, establezca medidas para la protección de la zona Arqueológica de Acozac, ubicado en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, a cargo del diputado César Reynaldo Navarro De Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Director de Pemex, a que haga públicas las causas de las explosión de pozo petrolero Terra 123, ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emita la Cartilla de Control de la Diabetes, a fin de llevar un registro oficial de las personas que padezcan dicha enfermedad a nivel nacional, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la ampliación de la infraestructura educativa, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cinco de noviembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del cinco de noviembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional; Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Pedro Porras Pérez, Catalino Duarte Ortuño, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Gisela Raquel Mota Ocampo, y Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, ambas del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace comentarios.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que informa sobre modificaciones de turno de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, el diecisiete de octubre de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal para opinión.

• Que reforma el artículo tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal, el diecisiete de octubre de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal para opinión.

• Por el que se expide la Ley Reglamentaria de los artículos segundo, sexto, séptimo, veintisiete, veintiocho, y ciento cinco Constitucionales, en materia de Derechos al Libre Acceso a la Información, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, el diecisiete de octubre de dos mil trece. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Asuntos Indígenas, y Especial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para opinión. Desde su curul la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, realiza comentarios sobre el trámite. El Presidente hace aclaraciones.

Se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de Junta Directiva de Comisiones Ordinarias, Especiales, y de Grupo de Amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

El Presidente da la bienvenida al Excelentísimo Señor Embajador de Bulgaria en México, Hristo Georgiev Gudjev.

c) De la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que sus iniciativas con proyecto de decreto que reforman la Ley General de Asentamientos Humanos, presentadas el veintitrés de abril del año en curso sean retiradas de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite Informe Semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte al treinta de septiembre de dos mil trece. Se remite a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis para consulta de los ciudadanos diputados.

e) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite Informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y estados de la República Mexicana. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Educación Pública, se reciben dos oficios con los que remite los Informes de las Unidades Responsables correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones de educación media superior y superior, para el tercer trimestre del ejercicio dos mil trece. Se remiten a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de dos mil trece, la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de dos mil trece, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de dos mil doce; y los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. En su oportunidad desde su curul hace moción de procedimiento el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

h) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso, para fortalecer las acciones de prevención y tratamiento respecto a las adicciones de drogas ilegales. Se remite al promovente, para su conocimiento.

i) De la Secretarías del Gobierno del estado de Hidalgo y del Gobierno del Estado de México, con las que remiten contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades. Se remiten a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

j) Acuerdos de los Congresos de los estados de:

• Guerrero, por el que exhorta al Congreso de la Unión, con el objeto de que destine una partida extraordinaria que garantice recursos suficientes para la reconstrucción de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos recientes, en las comunidades y municipios de la Región de la Sierra del estado de Guerrero. Desde su curul realiza comentarios el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano.

• Chihuahua, por el que exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal dos mil catorce, se destinen los recursos financieros necesarios a fin de incrementar la inversión en materia educativa.

• Coahuila:

– Por el que exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal dos mil catorce, se destine una partida específica para apoyar la implementación de programas de educación sexual.

– Por el que exhorta al Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal dos mil catorce, se asigne un incremento presupuestal para destinarlo a la prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y control del cáncer de mama.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

k) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite punto de acuerdo, por el que solicita al titular del Ejecutivo Federal informar cuáles fueron las causas del déficit en las finanzas públicas nacionales y las razones por la cuales se solicita retroactivamente mayor endeudamiento público con cargo al presupuesto de dos mil trece, presentada por los senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

• Con las que remite veintinueve proposiciones con puntos de acuerdo:

Veintitrés, por los que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para diversos proyectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce, presentados por el senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional:

– Para diversos proyectos en materia de infraestructura del municipio de Chimaltitán, Jalisco.

– Para la construcción de cabañas en Chimaltitán, Jalisco.

– En materia de infraestructura deportiva del municipio de Chapala, Jalisco.

– Desarrollo de la construcción del domo deportivo en la unidad deportiva La Guadalupana en el municipio de Tonaya, Jalisco.

– Desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de Tonaya, Jalisco.

– Para la remodelación del Centro Histórico, segunda etapa, en el municipio e Tonaya, Jalisco.

– Para el desarrollo de diversos proyectos del municipio de Tonaya, Jalisco.

– Para el desarrollo de la rehabilitación del tramo carretero El Cerrito en Tonaya, Jalisco.

– Para la remodelación del Auditorio Municipal de Cuautla, Jalisco.

– Para la construcción del Domo Deportivo en Cuautla, Jalisco.

– Para la construcción de la Casa de Cultura de Tonila, Jalisco.

– Para la construcción de la cuarta etapa de la Casa de Cultura de Jamay, Jalisco.

– Para la pavimentación de la calle Abasolo, en el municipio de Jamay, Jalisco.

– Para el desarrollo del programa de pavimentación de la colonia Escritores Mexicanos del municipio de Jamay, Jalisco.

– Para la restauración de la parroquia Santa Mónica de la Barca, Jalisco.

– Para la rehabilitación y ampliación de la Casa de Cultura de Tenamaxtlan, Jalisco.

– Para el desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del municipio de Tenamaxtlan, Jalisco.

– Para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Tenamaxtlan, Jalisco.

– Para el desarrollo de diversos proyectos y sus obras complementarias del Municipio de Cocula, Jalisco.

– Para la rehabilitación de la unidad deportiva municipal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

– Para la construcción del lienzo charro Cenobio Barba en Valle de Guadalupe, Jalisco.

– Para la rehabilitación de la Casa Cural en San Marcos, segunda etapa de Valle de Guadalupe, Jalisco.

– Para la implementación de diversos proyectos en materia de infraestructura cultural en Yahualica de Gallo, Jalisco.

• Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar un nuevo presupuesto para la Dirección General para la Igualdad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos Dos mil catorce, presentada por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional.

• Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar recursos presupuestales destinados a la prevención y mitigación de daños por incendios en las sierras de Coahuila, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional.

• Por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un aumento en la partida presupuestaria para el estado de Coahuila, en el ramo salud, presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional.

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir, en las ampliaciones para el ramo de ciencia y tecnología, el proyecto Red eléctrica inteligente de energía renovables y tecnologías limpias de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional.

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar recursos para infraestructura deportiva municipal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil catorce, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional.

• Por el que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar la asignación de recursos para el Fondo de Protección, Restauración, Conservación y Vigilancia del Bosque La Primavera, presentada por el senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que destine la aplicación de los ingresos excedentes que se recauden de la inminente reforma hacendaria a programas sociales y productivos en su parte sustantiva. Se somete a discusión e interviene en contra el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Seguridad Pública, que reforma los artículos veintidós y veinticinco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo diecisiete de la Ley de la Policía Federal.

b) De Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el artículo veintidós de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciona una fracción décimo tercera Bis al artículo treinta y tres de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar la discriminación.

c) De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores.

d) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

e) De Marina, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos, y de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de Declaratoria de Publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Marina con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos, y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Raúl Santos Galván Villanueva. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano;

A las doce horas con veinte minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y seis diputadas y diputados.

Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; María de Lourdes Amaya Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional; y Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados y no habiendo artículos reservados, en votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos, y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que reforma el artículo tercero y adiciona un párrafo al artículo octavo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México; María de Lourdes Amaya Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional; y Alma María Vitela Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados y no habiendo artículos reservados, en votación nominal, por unanimidad de trescientos setenta y tres votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo tercero y adiciona un párrafo al artículo octavo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios sobre la situación de la seguridad pública en Michoacán, los siguientes diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica García Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional; y Eligio Cuitláhuac González Farías, del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

• Faustino Félix Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Sonora y al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se analicen y, en su caso, adopten las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del Programa “Sólo Sonora”, a los límites de la entidad. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; Máximo Othón Zayas, del Partido Acción Nacional; y Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• María Eugenia de León Pérez, y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, implemente un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país, a fin de mitigar el impacto económico y social que generará la homologación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado al dieciséis por ciento en las regiones fronterizas del país. En votación económica no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Economía para dictamen.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• En relación a cambio de integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de la Comisión Especial de Evaluaciones del Programa Especial Concurrente. De enterado. Comuníquese.

• Por el que la Cámara de Diputados solicita al maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Petróleos Mexicanos, haga del conocimiento público las razones por las que se ha decidido cancelar, en el plan de negocios dos mil catorce-dos mil dieciocho de la paraestatal, la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo. Se somete a discusión e interviene a favor del acuerdo el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo al diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que celebre la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los diputados: Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional; y Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

El Presidente instruye a la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se formula posicionamiento y un respetuoso exhorto a los titulares del Ejecutivo Federal y Estatal respecto a la situación de violencia en el estado de Michoacán. No habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos: sexto, ciento cincuenta y nueve, y ciento sesenta de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, las de los siguientes diputados serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Marco Antonio Barba Mariscal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sexto, noveno, y treinta y dos de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• María Fernanda Schroeder Verdugo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos primero y tercero de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diez y veintiocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Gabriel Gómez Michel, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, analice la pertinencia de incorporar la materia de educación ambiental en el plan y programas de estudio de Educación Básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Enrique Aubry De Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a practicar de manera permanente visitas de verificación para asegurar el respeto irrestricto a la dignidad de los usuarios del transporte aéreo. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo a la casta petrolera. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Irma Elizondo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que incorpore en su agenda binacional, la realización del proyecto de modernización y ampliación de los patios fiscales del Puente Internacional de Ciudad Acuña, la construcción del Segundo Puente Internacional, así como la construcción de la espuela de ferrocarril, en el estado de Coahuila. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Raquel Jiménez Cerrillo y suscrita el diputado José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública sobre el destino y ejercicio del presupuesto aprobado para ciudades Patrimonio en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil trece. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo a la donación de sangre en el país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jesús Morales Flores, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, relativo a la información del Estado mexicano que fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la Administración Pública Federal, durante las administraciones de los Presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, para que haga pública la información sobre el avance o cancelación del proyecto de construcción de la Refinería Bicentenario de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• William Renan Sosa Altamira, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice las acciones conducentes a fin de garantizar el abasto de medicamentos, insumos y equipamiento médico del Hospital General de Valladolid, así como de los diversos hospitales que componen la red hospitalaria nacional. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al Instituto Mexicano de la Juventud, a implementar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las personas jóvenes, a fin de disminuir el alto índice de homicidios de dicho sector poblacional. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, relativo a la piratería, invasión de rutas, liberación del transporte y conflictos intergremiales que enfrentan las diferentes modalidades del transporte en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, exhorta al Ejecutivo federal, instruya a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Gobernación, a fin de que sean modificadas las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, para que se condonen los porcentajes establecidos para el estado de Guerreo, como beneficiario de dicho fondo, en virtud de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel y la insolvencia actual de la Entidad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves siete de noviembre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cuarenta y seis minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continúe la Secretaría. Proceda a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

ARTESANOS Y PRODUCTORES DE ZACATECAS

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano presidente, quiero expresarle mi indignación, porque Conaculta, la Cámara de Diputados y el gobierno de Zacatecas invitaron a la ciudadanía a visitar a los artesanos y productores de Zacatecas, del día 4 al 8 de noviembre, según consta en las miles de invitaciones que se repartieron. Lo que no se cumplió y se actuó en contra de las disposiciones de los órganos de dirección de esta Cámara.

Pero mi indignación, aparte del trato indigno —valga la redundancia— es por la ruindad y la perversidad del gobierno corrupto de Miguel Alonso, en donde en la prensa oficial en Zacatecas los oficialistas han pretendido endilgarme lo sucedido aquí, con el robo a los productores. Eso no lo puedo permitir, ni admitir. Todo por no ser un lambiscón de este gobernante corrupto, que mal gobierna Zacatecas.

Fue una grosería inadmisible lo que le hicieron a los productores y artesanos de Zacatecas. Haberlos invitado y haberlos corrido antes de que se concluyera la fecha. Por eso, presidente, se debe dar una explicación y hasta una disculpa a los productores y artesanos de Zacatecas.

Estoy enterado, presidente —extraoficialmente, quiero que usted me lo confirme— que el gobierno corrupto de Zacatecas contrató una empresa. Esta empresa subcontrató a otra y ésta otra subcontrató a otra para instalar los módulos, el escenario y las tarimas. Eso habla de un gran negocio y una gran corrupción. Tres veces subcontratar un escenario y Zacatecas muriéndose de hambre.

Por eso le pido que nos aclare y que usted, como presidente de la Mesa Directiva, diga lo que ocurrió en realidad, porque en Zacatecas hay siempre una campaña de linchamiento a mi persona por la prensa oficial, la que no voy a permitir. Les voy a contestar desde aquí a cada uno de estos que son pistoleros y sicarios del gobierno.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Efectivamente, diputado Monreal, la empresa encargada del montaje ha asumido plenamente la responsabilidad del pago de estos objetos extraviados y está claro que usted no tiene responsabilidad alguna en este asunto.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Adolfo Bonilla. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Adolfo Bonilla Gómez(desde la curul): Señor presidente, entendemos el sentido de respuesta que ha dado esta honorable Cámara. Compartimos, por supuesto, la indignación de que han sido objeto los expositores zacatecanos. No solamente se trató de algunos objetos que desaparecieron en este tema que manejan con el tema del montaje.

Lo que sí quiero dejar muy claro es que los expositores zacatecanos se mantienen, sabemos que tenemos productos tanto artesanales que se están ofreciendo y que son de gran calidad. Pero me parece lamentable que se utilice este evento para denigrar la imagen de un mandatario zacatecano, para eso hay que tener la cola corta, para tener el pico largo. Y de ninguna manera permitimos que se señale como culpable a un mandatario de un hecho que se atribuye a la Cámara de Diputados, a una empresa en lo particular o que se quieran poner el saco de un señalamiento que no he escuchado que provenga de ninguno de los legisladores zacatecanos ni del propio gobierno del estado. Sí nos sentimos indignados, sí nos sentimos molestos. Pero en verdad nos denigra más —como zacatecanos— que un legislador con la estatura de un ex gobernador del estado se venga a manifestar en esos términos, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, simplemente decirle que ni soy monaguillo ni pajecillo del corrupto de Alonso. No voy de ninguna manera a ceder en mi posición de crítica.

Uno de los derechos que me ampara la Constitución es que no puedo ser reconvenido, y no me referí a legislador alguno, dije: la prensa oficial del gobierno. Y hay dos columnas hoy en Zacatecas, casi escritas de la misma manera, donde cobardemente, ruinmente me atribuyen a mí que soy el responsable del robo y de lo que les sucedió a los artesanos y me parece que eso no lo puedo admitir, no lo puedo permitir, lo repruebo. Porque en Zacatecas no hay una sola nota que salga de mí, solamente cuando hay notas negativas, y eso, por supuesto, sabemos de dónde proviene.

Voy a darle la lucha de frente a este gobierno corrupto y vamos a rescatar a Zacatecas, se lo aseguro.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, diputado Ricardo Monreal Ávila.

Sonido nuevamente en la curul del diputado Adolfo Bonilla. Si fuera sobre el mismo tema, le pido cerremos, diputado, no están permitidos los diálogos. Dígame.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez(desde la curul): Concluyo y de ninguna manera estoy reconviniendo al señor legislador y mucho menos le digo monaguillo, sino le diría padre y hermano de una gran familia de gente que ha vivido toda la vida del erario.

En verdad, simplemente quiero dejar muy claro que la postura de nosotros es de sentir un agravio para los zacatecanos, por eso que les sucedió a los expositores. Es todo, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Dígame, diputado Monreal. Si fuera sobre el mismo tema, le pido concluyamos, no están permitidos los diálogos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Ahí concluimos, presidente. Le voy a decir una cosa, él ataca a mi familia, él es hijo de José Bonilla Robles. Se han apoderado de terrenos, estaciones de radio, dinero. Y ahora están con dignidad intentando culparme.

Mi familia es honesta, desde el día que salí de gobernador trabajo. Su padre, desde que salió del gobierno, no ha trabajado y él tampoco. Son parte de la misma ruindad.

Si así quieren el debate, así se los vamos a dar. No le tengo ningún temor ni ningún respeto a esta familia de caciques, que han hecho tanto daño a mi pueblo, Fresnillo, Zacatecas.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Continúe la Secretaría.

CAMBIO DE INTEGRANTE DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA MEXICO-UNION EUROPEA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que la diputada Adriana González Carrillo cause baja como vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

• Que la diputada Consuela Argüelles Loya cause alta como vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquese.

RETIRO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo respetuosamente, y en uso de mi derecho establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitarle de la manera más atenta que dicte sus instrucciones a fin de que la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y General de Sociedades Cooperativas, con el propósito de establecer para las sociedades cooperativas una cotización paritaria al Seguro Social, sea retirada de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, y se actualicen los registros parlamentarios correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2013.— Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Ciudadano Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión del Palacio Legislativo de San Lázaro.— México, DF.

El suscrito, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite solicitarle atentamente el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 47 de la Ley General de Educación, presentada el 17 de octubre del presente año y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Al efecto, agradeceré se sirva ordenar la actualización de los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada, Actualícense los registros parlamentarios.

VIGILANCIA DE LAS INVERSIONES ETIQUETADAS POR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo.del Congreso de Oaxaca.— 2010-2016.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En respuesta a su oficio DGPL62-II-5-999, de fecha 2 de octubre del 2013, relativo al expediente número 1832, por el que comunica al licenciado Gabino Cué Monteagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, el punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal, el 30 de abril del 2013 sobre el exhorto respetuoso, entre otros, a los gobiernos estatales para la vigilancia de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas del Presupuesto de Egresos de la Federación, me permito anexar al presente copia del documento por el que se da cumplimiento a la instrucción emitida al respecto, por el ciudadano gobernador del estado.

Reitero a usted la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 24 de octubre de 2013.— Licenciada Perla Marisela Woolrich Fernández (rúbrica), secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.»

«Escudo del Congreso de Oaxaca.— 2010-2016.

Cumplimiento al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal, sobre la vigilancia puntual en la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en cumplimiento a las disposiciones formuladas en el presupuesto de egresos de la federación, para cada uno de los ejercicios fiscales

Licenciada Perla Marisela Woolrich Fernández, titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 82, 90, fracción II, 115, 116, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 23, 24, 27, fracción XIV, 29, 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca; 1, 2, 3, fracción II, y 6, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; y 1, 2, 3, 4, fracciones III, XII y XIII, 7, 8, 16 al 46 del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Considerando

Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca señala que a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental le corresponde: establecer y operar el sistema de control de la gestión pública estatal, además de evaluar, supervisar, verificar, física y financieramente, revisar y auditar el avance e información de los programas de inversión y de obra pública, así como la aplicación de los recursos a ellos destinados, autorizados previamente.

Que conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en el ejercicio de sus funciones podrá fincar responsabilidades administrativas y económicas a los servidores públicos que causen agravio al erario público.

Que en términos del artículo 7o. del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, corresponde al Secretario, el trámite, resolución y despacho de los asuntos que le señala la normatividad estatal vigente y disposiciones complementarias.

Que se recibió en esta secretaría el día 8 del mes de octubre del año en curso, el oficio número STPEE/G2/2013/ 1498, fechado siete del mismo mes de octubre, signado por el doctor Héctor Iturribarría Pérez, secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo, con el que remite el oficio número DGPL 62-II-5-999, de fecha 2 del repetido mes de octubre, relativo al expediente número 1832, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, con el que anexa el punto de acuerdo de 30 de abril del 2013 emitido por la propia Cámara, por el que exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos estatales y municipales y a la Auditoría Superior de la Federación para que en conjunto vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Que en los antecedentes del punto de acuerdo se hace referencia a:

a) La innegable creciente necesidad de seguir implementando acciones de rehabilitación y construcción de infraestructura para poder extender la demanda de la cobertura y calidad correspondiente de los servicios; pero, también desafortunadamente, la importancia de vigilar puntualmente la correcta ejecución e implementación de los recursos federales asignados a dichas acciones.

b) La capacidad económica y financiera de los organismos encargados de abastecer y suministrar los servicios referentes al agua como alcantarillado, saneamiento yagua potable, como alguno de los principales factores que limitan la eficacia y calidad en el servicio, repercutiendo al mismo tiempo de manera desfavorable en la salud de la población.

c) La necesidad de la administración responsable de los recursos económicos para la implementación de las inversiones y el cumplimiento de las disposiciones formuladas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues han existido sonados casos de constante corrupción y negligencia indolente, al tratarse de un tema de sensible naturaleza como este.

d) Que es necesario que se planteen esquemas viables que den margen a generar inversiones requeridas tanto para los cuadros operativos, como para el mismo mantenimiento de la infraestructura con finanzas transparentes y acciones congruentes.

e) Que llevar un suministro de agua potable y saneamiento de calidad, al ritmo de las demandas y necesidades crecientes, resulta un reto cada vez más complejo y costoso.

f) Que por obvias razones la administración y manejo de este recurso vital debe ser puesto bajo la lupa, sin impunidad para quienes hagan mal uso de los recursos y sanciones más estrictas para quienes se atrevan a obstaculizar el pleno ejercicio de las inversiones por intereses personales como se ha dado en el caso de Tabasco.

Que el punto de acuerdo contiene un exhorto respetuoso a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos estatales y municipales y a la Auditoría Superior de la Federación, para que en conjunto vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Que con base en los considerandos anteriormente expresados y con el objeto de dar cumplimiento al contenido del punto de acuerdo antes mencionado, se instruye lo siguiente:

Primero. Hágase del conocimiento de los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Consejería Jurídica del gobierno del estado, así como de las dependencias y entidades de la administración pública estatal que apliquen recursos provenientes de programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que además de las obligaciones que ya tienen asignadas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que les corresponden, deberán dar cumplimiento al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal, de fecha 30 de abril del 2013, respecto a la vigilancia puntual sobre la implementación, administración, manejo y aplicación de los recursos destinados a las inversiones etiquetadas a través de dichos programas, en cumplimiento al Exhorto formulado por la referida Cámara de Diputados, para lo cual deberá girarse la circular correspondiente.

Segundo. Con el objeto de coadyuvar en la vigilancia puntual en la aplicación de los recursos federales, hágase del conocimiento de los Subsecretarios dependientes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que, en el ejercicio de sus facultades coadyuven en la vigilancia puntual de la administración, manejo y aplicación de recursos provenientes de programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en caso de detectar alguna irregularidad, falta u omisión por parte de los servidores públicos responsables de la administración, manejo y aplicación de los referidos recursos, procedan de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

Tercero. Por los conductos debidos, notifíquese a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el cumplimiento dado al punto de acuerdo citado en el cuerpo del presente.

Remítase copia de este documento al doctor Héctor Iturribarría Pérez, secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo del estado, en respuesta a su oficio número STPEE/G2/2013/1498, de fecha siete del presente mes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintitrés de octubre de dos mil trece.— Licenciada Perla Marisela Woolrich Fernández (rúbrica), secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

POLITICAS DE CONTROL Y COMBATE DEL CONTRABANDO Y LA PIRATERIA PARA PROTEGER EL MERCADO INTERNO Y ESTIMULAR LA INVERSION DE LOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0875 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número Segob/CNS/00278 /2013 suscrito por el doctor Manuel Mondragón y Kalb, comisionado nacional de Seguridad, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implantar políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y estimular la inversión de los mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 31 de octubre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención al similar con número SEL/300/1413/13, relativo al punto de acuerdo que fue aprobado en el pleno del Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

La Comisión Nacional de Seguridad a través de su órgano administrativo desconcentrado Policía Federal, en el marco de sus atribuciones conferidas en el artículo 8, fracción XXXVI, de la Ley de la Policía Federal, de ejercer para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas, en los puntos de acceso al país; en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la citada ley y demás disposiciones legales aplicables.

Por lo que con la finalidad de prevenir y combatir los delitos de contrabando y comercio ilegal de productos apócrifos, la institución lleva a cabo las siguientes acciones:

La Policía Federal realiza labores de vigilancia, seguridad e inspección en aeropuertos, puertos marítimos, puntos de revisión aduaneros, y mantiene patrullaje permanente en la red carretera federal del país, verificando el origen lícito de la mercancía transportada, a fin de prevenir y disuadir la comisión de delitos.

Asimismo, se efectúan recorridos perimetrales de - verificación en los cruces internacionales y a lo largo de las fronteras, a fin de evitar el contrabando. En el caso de la frontera norte, se actúa en coordinación con autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, con ello, se han obtenido resultados favorables sobre el rescate de personas sin documentos, aseguramiento de personas, armas, mercancías apócrifas, droga, entre otros.

Adicionalmente se implementó el Programa de Cuadrantes Carreteros, con puntos de revisión estratégicos del autotransporte de carga y de pasajeros en todo el país, con lo que se han logrado aseguramientos importantes de personas, vehículos, armas, combustible y mercancías.

Se tiene implantado de manera permanente, el operativo Viajero Seguro, que mediante la revisión del transporte de pasajeros, lleva a la detección de mercancías de contrabando y productos apócrifos; de igual manera, se realizan operativos de revisión con apoyo de equipos no intrusivos “VACIS”, utilizando rayos X para la detección de mercancías ilícitas.

En los establecimientos de servicios de mensajería y paquetería, se lleva a cabo la inspección de mercancías de procedencia nacional e internacional, mediante la verificación de documentos de traslado, procedencia y destino, a fin de detectar mercancía ilegal.

Dentro de las acciones de proximidad social, se lleva a cabo la impartición de pláticas de promoción de la denuncia ciudadana y cultura de la legalidad, a instituciones educativas, organizaciones civiles, empresariales, académicas, entre otros.

A través de esas pláticas, se pretende concientizar a los estudiantes y padres de familia, acerca de las consecuencias legales que acarrea la reproducción de música, videojuegos, videos, con el ánimo de lucro y sin autorización, así como la participación que tienen en dicho delito, al adquirir los productos apócrifos.

De igual forma, se trabaja en operativos coordinados con la PGR, apoyando en la investigación de campo y en el aseguramiento de material apócrifo, en centros de venta de contrabando y en lugares de reproducción ilegal de mercancía.

Y como parte de las acciones que llevan a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran los grupos de coordinación, se realizan operativos interinstitucionales en materia de prevención y combate al delito, con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, Procuraduría General de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Instituto Nacional de Migración, autoridades estatales y municipales.

Derivado de estas acciones de combate al contrabando y al comercio ilegal de productos apócrifos, de diciembre de 2012_115 de octubre de 2013, se ha logrado lo siguiente:

Los aseguramientos realizados por el delito de contrabando, de cigarros, ropa, audio y video, electrónica, artículos de uso personal, juguetes, alimentos, calzado y otros, derivan de la omisión en el pago de los impuestos al comercio exterior, para ingresar o extraer mercancías del territorio nacional, asimismo, por evadir el control legal o por la falta de los permisos correspondientes.

En el caso de los aseguramientos de productos apócrifos (piratería), como en el caso de audio, video, documentos, ropa, joyería, calzado y otros; son en virtud de haberse realizado la explotación, reproducción o utilización con fines de lucro, de éstos, sin la autorización de su autor intelectual o quien represente legalmente sus derechos.

Finalmente, se reitera el compromiso de la Policía Federal para continuar realizando acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, entre ellos los que atentan contra la economía del país.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2013.— Doctor Manuel Mondragón y Kalb (rúbrica), Comisionado Nacional.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-2288, signado por el diputado José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGANC/194/2013, suscrito por el ciudadano Leodegario Reyes Pérez, director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar una cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipamiento de escuelas, en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles. La seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 5 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al atento oficio número SEL/UEL/300/1278/13, de fecha 24 de septiembre de 2013, por el cual se remitió el punto de acuerdo aprobado el 24 de septiembre del año en curso por la Cám.ara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras Secretarías, promoviendo la participación de los gobiernos de los estados, se realice a la brevedad una cuantificación de los daños ocasionados en las instalaciones y equipamiento de escuelas, en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Al respecto y por instrucciones de la maestra María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y comisionada para la Trasparencia, me permito anexar a la presente copia simple del oficio número 613. UPRI/714/2013, de fecha 18 de octubre de 2013, signado por el licenciado Juan Manuel López Arroyo, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, perteneciente a eta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2013.— Leodegario Reyes Pérez (rúbrica), director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Alberto Cameras Woolrich, director general adjunto de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGANC/140/2013 con folio Siganet 1502658, a través del cual solicita a esta unidad a mi cargo se formulen los comentarios pertinentes al punto de acuerdo aprobado el 24 de septiembre del presente por la Cámara de Diputados del honorables Congreso de la Unión, a través del cual exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que realice una cuantificación de los daños ocasionados en las instalaciones y equipa miento de escuelas, en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Al respecto, me permito informarle que de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, la organización y la prestación de la política pública de protección civil se llevará a cabo de forma coordinada y eficaz entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado, el sector social, y la población en general, con apego a sus respectivos ámbitos de competencia, siendo la Secretaría de Gobernación la instancia encargada de coordinar tales actividades ante una situación de contingencia natural.

Por otro lado, el acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil establece que la evaluación y cuantificación inicial de daños deberá hacerse por las autoridades de protección civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones, por ser las autoridades más cercanas a la atención del desastre.

Asimismo, establece que, de ser necesario, dichas autoridades podrán llevar a cabo evaluaciones complementarias que muestren mayores detalles sobre la afectación en salud, líneas vitales (agua, energía, alcantarillado, comunicaciones, trasportes, combustibles), vivienda y edificios públicos.

El mismo acuerdo destine las funciones que corresponde a las instancias y dependencias de los tres órdenes de gobierno que participan en la prestación de la política pública de atención a desastres por fenómenos naturales, respecto al reconocimiento y evaluación de los daños sufridos en los sistemas del sector de su competencia. En este sentido, señala que a la Sedesol le corresponde coordinar y efectuar el reconocimiento con las instancias ejecutoras, respecto a los mecanismos que se instrumentarán para la evaluación de los daños sufridos en los sistemas del sector a su cargo. En tanto que a la Secretaría de Educación Pública le comete el reconocimiento y evaluación de los daños sufridos en los sistemas del sector educativo.

Por lo anterior, no se considera pertinente la participación de la Sedesol en la cuantificación de los daños ocasionados en las instalaciones y equipamiento de escuelas en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, toda vez que no forma parte de las atribuciones del sector a su cargo. Dicha evaluación y cuantificación de daños corresponde a la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de octubre de 2013.— Juan Manuel López Arroyo (rúbrica), jefe de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y Comisionada para la Transparencia.— Presente.

Me refiero al turno a través del cual se remite el punto del acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el día 24 de septiembre de 2013, respecto a la exhortación que se hace al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretarías de Educación Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y demás dependencias, se realice a la brevedad la cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipa miento de las escuelas en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, al respecto le puedo informar los siguiente:

Es pertinente describir las acciones de atención inmediata que ha realizado la Secretaría de Desarrollo Social en el marco de las emergencias derivadas de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Acciones inmediatas:

• La Secretaría de Desarrollo Social nombró en cada estado afectado a un representante que coadyuvara directamente con las autoridades locales y la representación presidencial.

• Se dispuso que toda la estructura física y humana de las delegaciones de la Sedesol, se sumaran puntualmente a los trabajos de emergencia.

• Se dio especial atención a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Al 3 de octubre de 2013, a nivel nacional se encuentran declarados 380 municipios en una situación de emergencia y/o desastre natural ubicados en 19 entidades federativas. Además 11 municipios cuentan con el aviso de término de la emergencia. Por primera vez México enfrenta una afectación que involucra a tantas entidades a la vez.

Las actividades realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social están encaminadas primordialmente a la ayuda humanitaria de emergencia, dentro de las que destacan:

•Apoyó al total de municipios con declaratoria de emergencia con acciones de auxilio.

•Entrega de 76 mil despensas a través de Diconsa.

• 116 mil cobertores en Chiapas, Durango, Sinaloa y Veracruz.

• 5 mil cobijas y 10 mil láminas en Durango.

• 18 mil 442 kits de limpieza en Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas

• 56 mil 300 bricks de leche Liconsa en Guerrero y Oaxaca.

• 24 mil litros de agua en Chiapas y Sinaloa.

Derivado de que la primera etapa de atención se centra principalmente en la ayuda humanitaria y dado que no es competencia de la Secretaría de Desarrollo Social no se ha realizado una cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipamiento de las escuelas en los estados afectados. Sin embargo conociendo la magnitud de la desgracia y la necesidad imperante, la Secretaría de Desarrollo Social trabajará en coordinación, en la medida de su pertinencia administrativa y competencias, con diversas Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con el fin de realizar el escrutinio para la detección de las afectaciones provocadas en la infraestructura escolar dentro de las comunidades.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2013.— Enrique González Tiburcio (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS SEVERAS E INUNDACIONES EN NEZAHUALCOYOTL, LA PAZ Y CHIMALHUACAN, MEXICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-2187 signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGGR/1769/2013 suscrito por el ciudadano José María Tapia Franco, director general para la Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a emitir la declaratoria de desastre natural para atender los daños ocasionados por las lluvias severas e inundaciones en los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán del estado de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 5 de noviembre de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/300/1187/13, de fecha 11 de septiembre de 2013, a través del cual remite copia del diverso número D.G.P.L. 62-II-8-2187, suscrito por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en donde hacen de conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en la sesión celebrada el 10 de septiembre del presente año, a través del cual entre otros requerimientos solicita lo siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respecto al ámbito de sus respectivas facultades, al titular de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil por conducto de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, para que emita a la brevedad a la Declaratoria de Desastre Natural a que hacen referencia los artículos 60, 61 y 74 de la Ley General de Protección Civil para atender los daños a la infraestructura, equipamiento público, los comercios y casas habitación de la población de los municipios de Nezahualcóyotl, la Paz Chimalhuacán del estado de México, afectados por la ocurrencia de lluvias severas e inundaciones del 6 de septiembre del año en curso...(Sic)

Sobre el particular, y considerando que la solicitud que nos ocupa fuera turnada a la Dirección General para la Gestión de Riesgos con la finalidad de brindar a las mismas la atención correspondiente nos permitimos efectuar las consideraciones siguientes, mismas que se emiten en el ámbito de las atribuciones y competencia que el artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación otorga a esta unidad administrativa:

Si bien es cierto en el marco del instrumento del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que denominamos Fonden Reconstrucción se emite Declaratoria de Desastre Natural con base en las cuales se autorizan recursos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por el fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativo del Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por tales fenómenos, debemos precisar que la emisión de las declaratoria en comento y, por ende, la autorización de recursos con cargo a este instrumento, se encuentra invariablemente sujetos al cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos para esos efectos en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales de Fondo de Desastres Naturales” (en lo sucesivo las Reglas Generales); publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de diciembre de 2010, y que es del tenor siguiente:

Para la autorización de recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, el artículo 22 de las Reglas Generales establecen primeramente la necesidad de contar con un convenio de coordinación suscrito entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación, con la entidad federativa de que se trate, a fin de garantizar con ello la posibilidad de acceder a los apoyos que otorga dicho instrumento financiero.

En dicho convenio se acordarán los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, a través de las dependencias y entidades federales, por sí o a través de un tercero, hasta por cincuenta por ciento con cargo al Fonden y la entidad federativa por el porcentaje restante, en el entendido de que la ejecución de las obras y acciones de reconstrucción no estarán sujetas a que los recursos federales se ejerzan de manera concurrente con recursos de los otros órdenes de gobierno. Hecho lo anterior resulta necesario agotar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción establecido en las Reglas Generales, iniciado éste, de conformidad con lo siguiente:

1. Cuando se trate de infraestructura afectada de competencia estatal, las reglas generales disponen el procedimiento genérico siguiente:

a. De conformidad con el artículo 7, cuando una entidad federativa se encuentre en desastre natural deberá solicitar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a la Instancia Técnica Facultada (ITF) que corresponda, que corrobore la ocurrencia del fenómeno natural perturbador.

Tal solicitud deberá estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate o, en su defecto, por el servidor público facultado para tal fin, y deberá contener, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador y la fecha de su ocurrencia; las denominaciones de los municipios u órganos político-administrativos que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del fenómeno en cuestión.

b. La ITF tendrá hasta 3 días hábiles para notificar su dictamen de corroboración a la entidad federativa (artículo 8 de las Reglas Generales).

c. En caso de resultar afirmativa la respuesta de la ITF, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa o el servidor público competente para tal efecto, deberá convocar a más tardar al día hábil siguiente a todas las instancias tanto federales como locales, a la instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular.

d. Dicho comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparán por materia o sector. Se estima necesario precisar que las acciones de evaluación y cuantificación de daños, competen exclusivamente al CED, por lo que esta unidad administrativa no tiene injerencia alguna en tales aspectos, ni cuenta con atribuciones para interceder en los resultados que en su momento pudiera reportar dicho cuerpo colegiado.

Por su parte es en la instalación del CED correspondiente que la entidad federativa deberá entregar al representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), la solicitud de emisión de la Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa (artículo 9 de las Reglas Generales), cuyos municipios solicitados deben coincidir con aquellos corroborados por la ITF respectiva.

e. En las 4 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la declaratoria de desastre, y siempre que cumpla con los requisitos señalados, Segob por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), deberá emitir y publicar en el DOF, la declaratoria respectiva (artículo 10 de las reglas generales).

f. A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los daros aludidos en el numeral 9 de las “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales” (en lo sucesivo los Lineamientos de Operación).

En la sesión de entrega de resultados, cada subcomité deberá presentar a los miembros del CED los documentos que integran los resultados de la cuantificación y evaluación de daños de su sector, debidamente firmados por los responsables de las instancias federales y locales. Asimismo, se realiza la entrega oficial de los documentos originales de los resultados a los representantes de oficinas centrales de las dependencias y entidades federales coordinadoras del sector afectado, así como copia de los mismos a los representantes de la Unidad de Política y Control Presupuestario de (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Segob.

g. Dentro de los cuatro días hábiles siguiente a la sesión de entrega de resultados, las dependencias y entidades federales responsables de la ejecución de obras y acciones de reconstrucción y la entidad federativa, deberán establecer las obras que correrán a cargo de cada uno de los órdenes de gobierno y su tiempo estimado de ejecución, las cuales figurarán como un anexo del Convenio de Coordinación (artículo 22 de las Reglas Generales y numeral 11 de los Lineamientos de Operación). Paralelamente, dentro de un plazo máximo de 7 días hábiles a partir de la sesión de entrega de resultados, la dependencia o entidad federal deberá presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico definitivo obras y acciones a la Segob (artículo 15 de las Reglas Generales).

h. Una vez que cuente con la información descrita en el apartado que antecede y de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de las Reglas Generales, la Segob por conducto de la DGGR, dentro de un plazo de los dos días hábiles elaborará, dictaminará y presentará la solicitud global de recursos a la UPCP en la que se incluirá su opinión respecto a su las solicitudes se ajustarán a los contenidos previstos por las reglas, anexando las solicitudes de recursos elaboradas por las dependencias y entidades federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

i. Una vez que la Segob remita a la UPCP la solicitud de recursos, dicha instancia determinará si éstos se erogarán con cargo al programa Fonden o al Fideicomiso Fonden (artículo 18 de las Reglas Generales). Cuando los recursos autorizados por la UPCP sean con cargo al programa Fonden, la dependencia o entidad federal deberá proceder a tramitar la ampliación liquida presupuestaria ante la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) sectorial que corresponda, como máximo, dentro de los tres días hábiles siguientes contando a partir de la fecha en que la citada unida, haya hecho de su conocimiento el origen de los recursos. El trámite y ejercicio de los recursos se sujetarán a lo establecido por disposiciones aplicables en la materia (artículo 19 de las Reglas Generales).

En los casos en que la UPCP determine que los apoyos serán con cargo al fideicomiso Fonden, convocará en un plazo no mayor a cinco días hábiles el comité técnico y presentará la información correspondiente recibida de la Segob para la autorización de los recursos con cargo al patrimonio de dicho fideicomiso y, en su caso, construirá el fiduciario para que lleve a cabo las acciones necesarias para tal efecto (artículo 20 de la Reglas).

2. Si, por el contrario, la infraestructura es de competencia federal, las reglas generales en concordancia con los numerales 16, 17 y 18 de los lineamientos disponen la observancia del procedimiento genérico siguiente:

a. Inmediatamente después de la ocurrencia del fenómeno natural perturbador, la dependencia o entidad federal que requiera acceder a los recursos del Fonden, por considerar que la infraestructura del ámbito federal a su cargo fue afectada, deberá coordinarse con las autoridades competentes de la entidad federativa, con el objeto de verificar que el o los municipios u órganos político-administrativos en los cuales se encuentre dicha infraestructura, hayan sido incluidos en la solicitud de corroboración del fenómeno u órgano político-administrativos.

En los casos en que una dependencia o entidad federal detecte que la entidad federativa no ha solicitado la corroboración del fenómeno que ocurrió en su territorio, podrá solicitarla directamente a la ITF. Las solicitudes de corroboración de desastre natural y de recursos señaladas en los párrafos anteriores, deberán estar suscritas por el titular de la dependencia o entidad federal.

b. Una vez emitida la corroboración del fenómeno perturbador, la dependencia o entidad federal deberá presentar de inmediato a la DGGR la solicitud de declaratoria de desastre natural para los municipios u órganos político-administrativos corroborados y, en paralelo, iniciar los trabajos de cuantificación y evaluación de los daños, a fin de que a más tardar a los diez días hábiles siguientes de recibida la mencionada corroboración, entreguen los diagnósticos de obras y acciones preliminares a la DGGR, debiendo observar en lo conducente lo dispuesto en el artículo 9 de las reglas generales.

c. De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, a los siete días hábiles siguientes de haber presentado a la DGGR sus diagnósticos de obras y acciones preliminares de la infraestructura federal, la dependencia o entidad federal deberá presentar su solicitud de recursos y diagnóstico de obras y acciones definitivo, con el objeto de que se incluya en la solicitud global de recursos que analiza e integra la DGGR.

La evaluación y cuantificación de los daños previstas en el presente numeral será realizada exclusivamente por la dependencia o entidad federal responsable del sector de que se trate, por lo que no resulta aplicable lo relativo a los comités de evaluación de daños.

Desde la solicitud de declaratoria de desastre natural, las dependencias y entidades federales afectadas deberán manifestar su compromiso de incorporar en sus respectivos programas y presupuestos subsecuentes, los recursos necesarios para asegurar los bienes que, en su caso, se identifiquen como afectados en la evaluación y cuantificación de daños correspondientes.

Una vez detallado el procedimiento de solicitud de declaratoria de desastre en los párrafos que anteceden, me permito hacerle de su conocimiento que en el día de la fecha del presente ocurso en el marco del Fonden Reconstrucción, el gobierno del estado de México ha presentado en este año del ejercicio fiscal de 2013, ninguna solicitud de declaratoria de desastre por algún fenómeno natural ocurrido en algún municipio; sin embargo esta DGGR, se encontrará a brindar el apoyo inmediato a través de dicho instrumento, a cualquier solicitud que pudiera presentar esa entidad federativa, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello se dispone en los lineamientos antes referidos.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Notas:

1. Aquellas instrucciones facultadas para corroborar la ocurrencia de un Fenómeno Natural Perturbador en una fecha y lugar determinado: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) al tratarse de fenómeno meteorológico e hidrometeorológico; la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Protección de Desastres (Cenapred) para el caso de los fenómenos geológicos.

2. Los subcomités que se podrán constituir para cada sector, son los siguientes: vivienda; infraestructura urbana; residuos sólidos; carreteras; hidráulico; educativo; salud; históricos; artísticos y arqueológicos; áreas naturales protegidas; pesquero y acuícola; forestal y de viveros, y Zonas Costeras.

3. Publicados en el DOF el 31 de enero de 2011.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 31 de octubre de 2013.— José María Tapia Franco (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

ARTESANOS Y PRODUCTORES DE ZACATECAS

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, secretario. Sonido en la curul del diputado Antonio García Conejo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Era para hacer un llamado a los compañeros. Es muy penoso que una cuestión donde se perdieron objetos de los queridos artesanos de Zacatecas, pues lo estuvieran haciendo, lo llevaran a otro rumbo. La verdad era un llamado al respeto y, obviamente, exigir que se investigue a fondo y que se esclarezcan los hechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Continúe la Secretaría.

COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Por medio de la presente, me permito dirigirme a usted a fin de solicitar su amable intervención, para que de conformidad con las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a la Junta de Coordinación política, en los artículos 34; 43, numeral 4, y el 132, numerales 1 al 5, se informe al órgano que usted dignamente preside el acuerdo tomado por los legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, relativo a la fecha del orden rotatorio para el relevo de las representaciones en la Presidencia y sus Secretarías.

De no existir inconveniente le solicitamos girar instrucciones para que sea turnado a la Mesa Directiva y se informe al pleno de esta honorable Cámara de Diputados.

Anexo copia del acta correspondiente.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 29 de octubre de 2013.— Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo número CB/LXII/001/13. Para integrar la mesa directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se designa como presidente al diputado Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, representante del Partido Acción Nacional, por el periodo que abarca del 6 de febrero al 15 de diciembre de 2013.

Antecedentes

Con fecha 6 de febrero, en la sesión de instalación de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, los integrantes aprobaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo número CB/LXII/001/13. Para integrar la mesa directiva de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se designa como presidente al diputado Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, representante del Partido Acción Nacional, por el periodo que abarca del 6 de febrero al 15 de diciembre de 2013.

Consideraciones

Debido a razones administrativas, los integrantes de la Comisión Bícamaral del Canal de Televisión del Congreso, consideraron la posibilidad de que la rotación de la mesa directiva de esta comisión se lleve a cabo el día 31 de diciembre de 2013, y con esto ampliar por 15 días el plazo acordado durante la sesión de instalación.

Acuerdo

Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobaron que la rotación de la mesa directiva de esta comisión se lleve a cabo el día 31 de diciembre de 2013, debido a que, por razones adiministrativas, no se puede llevar a cabo a mitad de mes. Con esto se recorre el plazo acordado durante la sesión de instalación celebrada el 6 de febrero del presente año.

La Comisión Bicamaral, diputado Maximiliano Cortázar Lara, presidente; senador Alejandro Encinas Rodríguez, senador Jesús Casillas Romero, secretarios; senador Daniel Ávila Ruiz, diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, diputada Alfa Eliana González Magallanes (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado.Continúe la Secretaría.

PARTIDA PRESUPUESTAL AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

El Congreso de Sonora, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar los siguientes

Acuerdos

Primero. El Congreso de Sonora resuelve exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a designar, en uso de sus facultades, en el Presupuesto federal de 2014 una partida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa etiquetada especialmente para llevar a cabo las evaluaciones educativas de docentes en las entidades federativas.

Segundo. El Congreso de Sonora resuelve exhortar respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa a designar en uso de sus facultades recursos para llevar a cabo las evaluaciones educativas de maestros en las entidades federativas.

Lo comunico a usted para su conocimiento.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2013.— Diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo (rúbrica), secretaria; Diputada Rossana Coboj García (rúbrica), secretaria.»

«Asamblea Legislativa del Congreso de Sonora.— Presente.

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite poner a consideración del pleno de esta asamblea legislativa puntos de acuerdo mediante los cuales el Congreso de Sonora exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión en ambas Cámaras y al secretario de Educación Pública (SEP), con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

Antes de constituirse como organismo autónomo, operó en una primera etapa, del 8 de agosto 2002 al 15 de mayo de 2012, como órgano descentralizado de la SEP y, en una segunda, del 16 de mayo de 2012 al 25 de febrero de 2013, como descentralizado no sectorizado.

Como se establece en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, a partir del 26 de febrero de 2013 el INEE se convirtió en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En esta nueva etapa, el INEE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Para cumplirla debe:

Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

Expedir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan; y

Generar y difundir información para emitir con base en ésta directrices relevantes para contribuir a las decisiones tendentes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Para lograr dichas metas, el INEE debe evaluar a los docentes de todas las entidades federativas, dicho esto, el trabajo requerido y el costo para lograrlo son considerables, pero resultan de extrema importancia.

Por ello se busca lograr una designación presupuestal especialmente etiquetada para costear las acciones necesarias que tengan como objetivo la evaluación integral de los docentes, la única manera en que pueden mejorarse constantemente la educación y su calidad en el país.

De la misma forma, buscamos exhortar al INEE a designar en uso de sus facultades personal y recursos para lograr una completa evaluación de los docentes en las entidades federativas.

Todas las teorías de administración y control, sean éstas para instituciones públicas o privadas, consideran que la evaluación de los procesos y las acciones establecidos para un objetivo deben ser llevados de manera constante y sistemática, la única forma de detectar errores o fallas en los procesos y en las personas que los aplican.

Consideramos que hay más docentes de excelente calidad que los que aún no encuentran la vocación y el amor a su profesión. Aun así, creemos importante identificar a dichos maestros y lograr que se superen y mejoren en su vocación, pues la influencia que tienen en la juventud de México es de suma importancia y con alcances infinitos.

Por lo expuesto y con el propósito de mejorar la educación y la calidad de los docentes en Sonora, igual que en el resto del país, ponemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Congreso de Sonora resuelve exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a designar, en uso de sus facultades, en el Presupuesto federal de 2014 una partida al Instituto Nacional de Evaluación Educativa etiquetada especialmente para llevar a cabo las evaluaciones educativas de docentes en las entidades federativas.

Segundo. El Congreso de Sonora resuelve exhortar respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Evaluación Educativa a designar en uso de sus facultades recursos para llevar a cabo las evaluaciones educativas de maestros en las entidades federativas.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2013.— Diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

INFORME DONDE SE ANALIZAN LA INFLACION, LA EVOLUCION ECONOMICA Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ECONOMICOS DEL PAIS EN EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2013

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre del año en curso.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2013.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica), gobernador del Banco de México.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SENTIDO DEL VOTO DE LOS DIPUTADOS A LOS DICTAMENES DEL PAQUETE ECONOMICO

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Felipe Camarena. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más para dejar asentado —primero— el reconocimiento al posicionamiento que usted ha manejado ante los medios de comunicación.

El día de ayer, en el periódico Milenio, sale una nota en relación tanto a usted como al presidente del Partido Acción Nacional, rechazan la campaña contra el voto fiscal emitido por los diputados. Creo que cada uno de nosotros y de parte de nuestros grupos parlamentarios somos responsables del voto emitido en la reforma hacendaria.

Lo que no se vale, y es algo de lo que se deslinda el coordinador del estado de Guanajuato, diciendo que deslinda de todo el Partido Acción Nacional por el terrorismo fiscal. Le puedo decir que la semana pasada, en el estado de Guanajuato, pagado por Acción Nacional salieron fotografías de todos y cada uno de los 14 distritos, con sus diputados referentes y cómo habían hecho la votación. Es algo que no debemos permitir.

No me da pena, Ricardo. Con mucho gusto he dicho y lo asentaré, cuál fue mi voto. Lo que no se vale es que sean candil de la calle y oscuridad de su casa, que vengan a decir una cosa ante los medios de comunicación y estén haciendo otra cosa totalmente distinta en el país. No solamente Guanajuato, lo hicieron y exhibieron a todos.

Entonces, ellos están instigando a la violencia, están siendo actores directos. Y es algo que aprecio directamente a usted, como Presidente de la Cámara, que ponga orden también dentro de su Grupo Parlamentario. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Sonido en la curul del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Luis Alberto Villarreal García.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Gracias, presidente. Creo que el diputado que me antecedió en la palabra tiene muchas confusiones. La primera de ellas es que el terrorismo fiscal no lo hacen los ciudadanos, sino lo hace Hacienda, y que mucho de lo que él y su partido aprobaron tiene connotaciones de terrorismo fiscal contra los contribuyentes.

Si la transparencia de cómo y qué votamos los legisladores no es un derecho de los ciudadanos; entonces, se equivocó de Parlamento y se equivocó de país. El hecho de que cada quien se haga cargo de manera responsable de cómo votó y por qué voto, y le rinda cuentas y no le dé cuentos a los ciudadanos, es una obligación de los legisladores y así la asumimos en el PAN.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates, diputado Luis Alberto Villarreal García.

Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Sobre el mismo tema, presidente. Me parece que cada quien tiene que asumir las consecuencias de su voto. No puede haber opacidad, no puede haber pantanos legislativos donde se pierde cómo se votan decisiones que le afectan a millones de mexicanos. Evidentemente, nosotros no creemos en las campañas de odio, pero sí creemos en la transparencia legislativa.

Creo que la Cámara de Diputados, como un esfuerzo institucional, tiene que seguir difundiendo cómo se votan decisiones que afectan o que comprometen el futuro de los mexicanos. Porque, por ejemplo, en el Senado de la República no se puede dar seguimiento a votaciones pasadas, se esconden las votaciones.

Creo que es un buen testimonio que todo mundo conozca cómo se vota en la Cámara de Diputados, y quien votó por más impuestos, pues la gente que lo sepa, quien lo rechazó, también. No creo que deba ser un tema que escandalice a nadie. Cada quien que se haga responsable de sus actos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Sí, gracias. Mire, presidente, esto la verdad es que sí es muy importante para los ciudadanos. Sí es correcto que se sepa. Aquí no se puede ya engañar al pueblo de México.

Nosotros lo dijimos en su momento, lo dijo Andrés Manuel en plaza pública, desde el extranjero Peña Nieto acordó con el PRD la reforma hacendaria. Hoy por más berrinches que hagan ya quedó claro.

Y dos. Con el PAN acordaron la entrega de la renta petrolera a los privados extranjeros, ya hasta oímos sus declaraciones públicas de que en efecto, Acción Nacional ya está en la entrega del petróleo a los extranjeros. Eso, obviamente, el pueblo va a estar muy atento al quehacer de los legisladores y nadie se debe espantar.

Los que están espantados son los ciudadanos cada vez que sesiona este Congreso, porque tiro por viaje es lastimar al pueblo de México. Ojalá que esto sirva para que reflexionen sobre lo que van a hacer con la entrega de la reforma energética. Tengan cuidado, porque eso sí no va a aguantarlo ya el pueblo de México.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Miguel Alonso Raya. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya(desde la curul): Presidente, con el objeto de hacer algunas precisiones.

Primero. El Partido de la Revolución Democrática lo que discutió lo discutió públicamente. Hubo legisladores que fijaron una postura en un sentido y otros que lo hicimos de otra manera, y los acuerdos fueron transparentes y nuestras intervenciones públicas y no ocultamos nada de eso a nadie. En la Cámara están publicados los votos en qué sentido se hicieron cada uno. Hicimos e influimos para hacer modificaciones de las iniciativas que mandó el Ejecutivo y eso ahí está como testimonio.

No acordamos nada en ningún lado con Peña Nieto, respecto a lo que se dice, negamos categóricamente eso. Nosotros no ocultamos nuestros acuerdos, los hacemos con transparencia y debatimos con claridad y no ocultamos nuestras intervenciones a nadie. Negamos, no aceptamos las actitudes intolerantes y el linchamiento, pero cada quien se haga responsable de lo que hace. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención.

Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa la delegación de diputadas y diputados que asistirá a la Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la Ciudad de México los días 15 y 16 de noviembre del año en curso.

DELEGACION DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE ASISTIRA A LA REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-CANADA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se designa la delegación de diputadas y de diputados que asistirá a la XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la Ciudad de México, los días 15 y 16 de noviembre del año en curso.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso c), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 272, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se designa la delegación de diputadas y diputados que participará en la XIX Reunión interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en la Ciudad de México, los días 15 y 16 de noviembre del año en curso.

Segundo.Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica, p.a), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica, p.p), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica, p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica, p.p), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica, p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila,Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a las diputadas representantes de la Cámara de Diputados de esta Legislatura ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.

REPRESENTANTES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVII LEGISLATURA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a las diputadas representantes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el inciso c), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que en el marco de lo dispuesto en el inciso c), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde a la Junta de Coordinación Política, proponer la designación e integración de comisiones y delegaciones, que la Cámara de Diputados requiera para participar y atender sus compromisos de carácter institucional.

II. Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en la integración de su Junta de Gobierno, participarán representantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, quienes tendrán el carácter de invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto. A su vez señala, que la Cámara de Diputados designará dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación, y uno de cada uno de los otros grupos parlamentarios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, designa como invitadas permanentes en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, a las siguientes diputadas:

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

1. Diputada Tanya Rellstab Carreto

2. Diputada Adriana Hernández Iñiguez

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

1. Diputada María Celia Urciel Castañeda

2. Diputada Margarita Licea González

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

1. Diputada Martha Lucía Mícher Camarena

2. Diputada Julisa Mejía Guardado

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

1. Diputada Judit Guerrero López

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano

1. Diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

1. Diputada Lilia Aguilar Gil

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

1. Diputada Dora Guadalupe Talamante Lemas

Segundo.Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica, p.a), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica, p.p), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica, p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica, p.p), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica, p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica, p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado. Comuníquese.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma el artículo 301 y adiciona el 307 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, María Sanjuana Cerda Franco, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 301 y adiciona el artículo 307 Bis de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el sobrepeso y la obesidad se han convertido en el mayor problema de salud pública en México. La incidencia del sobrepeso y la obesidad ha alcanzado a 7 de cada 10 adultos y a uno de cada tres niños en nuestro país.

En un contexto internacional, en el año 2004 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud para combatir la pandemia mundial de obesidad. Esta estrategia representó un llamado a los gobiernos para que implementaran políticas con mayor efectividad, a fin de contrarrestar los índices crecientes de personas con obesidad y problemas cardiovasculares.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas”. Con la información generada por organismos internacionales y por la Secretaría de Salud se ha insistido en que la obesidad, dependiendo de su gravedad y de su duración, puede transformarse en una enfermedad causante de otras enfermedades, especialmente las crónico degenerativas como la diabetes.

En el plano Latinoamericano, países como Chile, Perú, Costa Rica y Brasil han impulsado la discusión y en algunos casos aprobación de políticas y leyes que regulan la publicidad y la información de productos que contienen azúcar, grasas y sal.

En este contexto, el Ejecutivo Federal presentó el 10 de enero de 2010, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) con el objetivo de combatir la epidemia del sobrepeso y la obesidad. No obstante, de acuerdo con información publicada por la organización El Poder del Consumidor, el ANSA representó un esfuerzo que no mostró acciones efectivas a favor de la salud: “Debe destacarse que el ANSA no fue una ley, ni una norma, ni un reglamento, tan sólo fue un acuerdo. Como tal, el ANSA es débil, no es un instrumento que obligue ni sancione, se establece bajo el principio de la buena voluntad”.

De esta manera, uno de los objetivos  de la iniciativa radica en coadyuvar con la estrategia para reducir los problemas de sobrepeso y obesidad de la población, mediante el consumo responsable e informado de bebidas no alcohólicas que contienen azúcar o alguna sustancia afín, lo cual se reflejaría en cambios positivos en los hábitos alimenticios. En este sentido, la iniciativa en comento no pretende atentar por ningún motivo contra la libertad de consumo y elección de las personas.

Así mismo, uno de sus principales cometidos consiste en impulsar una serie de adiciones a la Ley General de Salud en términos de contribuir a la formación y establecimiento de una cultura de consumo de bebidas saludables, reduciendo los niveles de ingesta de azúcares y sustancias afines que contribuyen, en un consumo frecuente o frecuente, a la generación de distintos padecimientos que afectan la salud de las y los mexicanos.

Al respecto, el propio INSP sostiene que una de las percepciones que han permeado respecto a las personas con sobrepeso, es que cada uno de ellos es responsable de su propia condición y con poca fuerza de voluntad. Esta percepción, sin embargo ha venido cambiando, y cada vez se reconoce con mayor frecuencia que las personas pueden tener un control casi nulo sobre determinantes sociales que incrementan el desarrollo de la obesidad, y que para lograr el control de ésta es necesario intervenir sobre el medio social y comercial a fin de propiciar que las personas puedan adoptar comportamientos saludables y elegir mejores alimentos y bebidas.

De esta manera, investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública han determinado que uno de los problemas de consumir bebidas no alcohólicas que entre sus ingredientes se encuentra el azúcar, además de no brindar nutrientes, es que las calorías que aportan no dan saciedad (algunos expertos les llaman “calorías vacías”) y se suman a las de los alimentos del día.

Con base en estudios del doctor Juan Rivera del INSP, se puede señalar que basta ingerir 160 calorías extra cada día para ir ganando peso a lo largo de los años hasta alcanzar el nivel de obesidad.

Por ello, es menester de esta propuesta que el consumidor entienda con claridad sobre los riesgos que derivan el consumo excesivo y frecuente de bebidas azucaradas y carbonatadas.

Esta es la razón por la que consumir azúcar, sustancias afines o endulzantes artificiales en exceso o frecuentemente conlleva un aumento de peso que puede derivar en obesidad y enfermedades cardiovasculares. Este riesgo se incrementa cuando se combina con un estilo de vida sedentario.

En virtud de lo anterior, es importante resaltar que el principal objetivo de esta iniciativa es proveer a los consumidores de bebidas no alcohólicas que contienen azúcares, de un mensaje claro sobre los riesgos que conlleva el consumo excesivo de ese tipo de bebidas. En este sentido, considero que el espíritu de la iniciativa en comento estriba en la formación y consolidación de una cultura de consumo responsable de dichas bebidas. Así como el ejercicio de consciencia de las consecuencias en la salud, que se derivan de la ingesta excesiva y frecuente de bebidas azucaradas.

Las personas utilizan el conocimiento para tomar decisiones en su papel como coproductores de su propia salud y la de su familia. El conocimiento los faculta para ser usuarios informados de los servicios y ciudadanos conscientes de sus derechos.

De manera que esta propuesta abona a la estrategia planteada por el Ejecutivo Federal el pasado 31 de Octubre del año en curso, en el sentido de implementar políticas para contrarrestar los problemas de obesidad y sobrepeso que imperan en el país y que podrían repercutir en el mediano plazo en las finanzas públicas como lo señala el endocrinólogo Anders Dejgaard, presidente de la Fundación Mundial de la Diabetes (WDF, por sus siglas en inglés) “en diez años [la diabetes] va a ser una bomba que impactará los servicios de salud de este país y sus finanzas”.

Por lo tanto, la presente iniciativa cobra mayor importancia,  ante la ausencia de una cultura de información sobre las sustancias y las porciones adecuadas de alimentos que deben consumir las personas. La leyenda que se pretende integrar con esta propuesta legislativa, al etiquetado de todas las bebidas azucaradas y carbonatadas, tiene el objeto de informar con claridad los riesgos que derivan del consumo excesivo o recurrente de dichos productos.

Argumentación

El derecho universal a la alimentación y a la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se dispone que:

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Lo anterior se concreta en la responsabilidad ineludible del Estado Mexicano, que lo obliga a establecer las condiciones que otorguen a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos básicos, en este caso el de alimentación nutritiva tal y como está establecido en la Carta Magna.

Asimismo, la Ley General de Salud establece en su artículo 115 fracción II lo siguiente:

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos más vulnerables.

De igual manera en el mismo artículo en su fracción IV se lee a la letra:

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Particularmente, en materia de la presente iniciativa, el artículo 300 de la ley en comento señala lo siguiente:

Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Trasportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Para entender con mayor claridad la propuesta normativa que sustenta esta iniciativa, hay que considerar que las Normas Oficiales Mexicanas NOM-051-SCFI-1994 y  NOM-218-SSA1-2011  definen lo siguiente:

Las bebidas saborizadas no alcohólicas: son productos elaborados por la disolución en agua para uso y consumo humano, de edulcorantes e ingredientes opcionales, adicionados o no de aditivos, que pueden estar o no carbonatadas. Incluye bebidas para deportistas.

Azúcares:todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica

Etiqueta: cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto preenvasado o, cuando no sea posible por las características del producto, al embalaje.

Ingrediente:cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, que se emplee en la fabricación, elaboración, preparación o tratamiento de un alimento o bebida no alcohólica y esté presente en el producto final, transformado o no.

Polvo para preparar bebidas no alcohólicas:producto con o sin azúcares, con o sin edulcorantes calóricos y no calóricos, adicionados o no de jugo, leche y aditivos para alimentos.

Productos concentrados para preparar bebidas no alcohólicas: productos obtenidos por la mezcla de algunos de los siguientes: azúcares, ingredientes opcionales y aditivos, que requieren diluirse o disolverse para su consumo.

En virtud de lo planteado, Walter Willett, investigador de la Universidad de Harvard destaca que los resultados de diferentes investigaciones clínicas afirman que existe una relación positiva entre el consumo de bebidas con azúcar y el aumento de peso. Además, señala que muchas de estas bebidas se endulzan con jarabe de maíz de alta fructosa y al metabolizar la fructosa, el organismo produce mayor cantidad de ácido úrico, lo que aumenta el riesgo de padecer gota.

En este tenor, un artículo publicado en 2007 por la revista especializada Journal of Public Health titulado “Efectos del consumo de refrescos en la nutrición y la salud: una revisión sistemática y meta-análisis” señala que un análisis de 88 estudios, examinó la asociación entre el consumo de refrescos y los efectos en la nutrición y la salud. Se encontraron asociaciones claras de la ingesta de refrescos con una mayor ingesta de energía y un aumento en el peso corporal.

El vínculo más llamativo entre el consumo de bebidas con azúcar y los resultados de la salud era la evidencia prospectiva obtenidos para la diabetes tipo 2. El mismo artículo documenta que en un estudio de 91,249 mujeres seguido durante 8 años, las que consumieron 1 o más porciones de bebidas azucaradas por día aumentaron al doble su probabilidad de desarrollar diabetes en comparación con las que consumieron menos de 1 porción al mes de dichas bebidas.

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional, a través del doctor e investigador Ranier Gutiérrez reconoce que el consumo de cualquier azúcar o edulcorante en sí mismo no es dañino para la salud humana desde el punto de vista toxicológico: “se hace nocivo cuando se da reiteradamente y excede los requerimientos diarios de calorías del individuo. Existe amplia evidencia científica de que el consumo frecuente de bebidas con azúcares refinados (sacarosa), así como jarabe de maíz de alta fructosa incrementa la aportación de calorías, lo cual conlleva a una ganancia de peso que a su vez puede derivar en obesidad y luego en diabetes tipo 2” destaca el científico del Laboratorio de Neurobiología del Apetito.

Desde una perspectiva global  de la magnitud del problema, la organización civil “El poder del Consumidor”, destaca en su portal los resultados de un estudio llamado “Mortality Due to Sugar-Sweetened Beverage Consumption: A Global, Regional and National Comparative Risk Assessment”  realizado por distintos investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Washington y el Colegio Imperial de Salud Pública de Londres, el cual sostiene que el consumo de refrescos y bebidas azucaradas podrían asociarse a 180, 000 muertes alrededor del mundo, ya que éste tipo de bebidas contribuyen a un exceso de peso que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Para el caso de América Latina y el Caribe, dicho estudio puntualiza que en la región se presenta la mayor cantidad de muertes por diabetes, ascendiendo a 38,000 casos relacionados con el consumo de bebidas azucaradas sólo en el año 2010.

En lo referente a México, se señala que es uno de los países con mayores índices de consumo de refresco por persona al año, además de tener las tasas más altas de muertes asociadas al consumo de estas bebidas con 318 decesos por cada millón de adultos, lo cual se traduce en la muerte de 22,020 personas, 12 por ciento de las muertes ocurridas en el mundo asociadas al consumo de bebidas azucaradas.

Por su parte y en el ámbito de sus atribuciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mediante su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor publicó en mayo del 2012 los resultados de una prueba que realizó, la cual tuvo por objeto determinar el contenido neto, aporte calórico, presencia de azúcares, conservadores y edulcorantes no calóricos de cada bebida saborizada y refresco analizado, además de que verificaron que sus etiquetados cumplieran con lo establecido en las Normas Oficiales vigentes.

Los resultados de dichas pruebas constataron que en todas las bebidas el azúcar es el segundo ingrediente con mayor presencia y su cantidad oscila entre los 5 y 28 gramos por cada 200 mililitros de las bebidas saborizadas analizadas, mientras que en los refrescos se ubicó entre los 4 y 25 gramos por cada 200 mililitros.

Citando el estudio de laboratorio realizado por Profeco, es importante destacar que en  materia de aporte calórico, la prueba encontró que tanto los refrescos como  las bebidas saborizadas brindan entre 16 y 112 kilocalorías por cada 200 mililitros, destacando el hecho de que sólo en los productos con edulcorantes sintéticos o sustitutos se observaron cantidades menores de azúcar.

En materia de la iniciativa en comento, es de llamar la atención que Profeco observó irregularidades en el etiquetado de dichos productos, al no cumplir con lo que en ellas se declara. Así, en al menos nueve de las muestras analizadas, se detectaron edulcorantes sintéticos no calóricos que no se mencionan; en seis más hubo conservadores que nunca se mencionaron en la etiqueta, y en seis productos más se ofrecen menos mililitros de los que afirma tener.

En este sentido, la presente iniciativa representa un esfuerzo de primordial trascendencia, ya que dotará a los consumidores de bebidas no alcohólicas azucaradas de información efectiva que contribuya a que puedan tomar una decisión informada, respecto a las posibles repercusiones que conlleva el consumo excesivo o frecuente de dichos productos.

Inclusive, hay que señalar que la Profeco en el estudio antes citado sugiere a los consumidores revisar las etiquetas de este tipo de productos para conocer el aporte calórico y contenido de azúcares que proporcionan; también recomienda que verifiquen si contienen algún elemento como edulcorantes no calóricos, pues a pesar de no ser light, a veces los presentan.

Sin menoscabo de las observaciones y recomendaciones planteadas por la Profeco, es una realidad ineludible que las tablas de ingredientes, componentes y los gramos contenidos en diversos alimentos y bebidas no han representado información  clara  y concisa que permita un consumo responsable y moderado de esos productos.

Por el contrario, la información presentada en el etiquetado abona a la confusión, ya que su interpretación requiere conocimientos específicos en materias como medicina, química o matemáticas para asumir de manera consciente los gramos y porciones que se están consumiendo de cierta sustancia que en el corto, mediano o largo plazo podría tener repercusiones en la salud.

En este contexto resulta de suma importancia destacar que el azúcar y sus derivados no son inherentemente nocivos para la salud. El problema radica en la cantidad y frecuencia con que se consume.

Para ello, la necesidad de establecer en la Ley General de Salud en su apartado de publicidad los lineamientos jurídicos que otorguen a los consumidores, información precisa y oportuna de las implicaciones que conlleva la ingesta excesiva o recurrente de bebidas con algún tipo de azúcar. De igual forma faculta a la Secretaría responsable a sentar las medidas reglamentarias en la materia.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto  que reforma el artículo 301 y adiciona el artículo 307 Bis de la Ley General de Salud

Artículo Primero.Se reforma el artículo 301 para quedar como sigue:

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, las bebidas no alcohólicas con azúcar, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

Artículo Segundo.Se adiciona un artículo 307 Bis para quedar como sigue:

Artículo 307 Bis.  La publicidad, venta, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas con azúcar nacionales o de procedencia extranjera deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

I.Presentar la información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos;

II.Estos productos no podrán presentarse como generadores de bienestar, salud, valor intangible o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III.No se podrá asociar estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad;

VI.El mensaje visual, auditivo o visual y auditivo deberá contener la siguiente leyenda: “El consumo frecuente o excesivo de este producto contribuye al aumento de peso, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares”.

VII.En el mensaje deberá apreciarse con claridad, en forma visual o auditiva, según el medio publicitario que se emplee, la leyenda que se refiere en la fracción anterior.

VIII.Todas las bebidas no alcohólicas con azúcar en presentación líquida, en concentrado para preparar líquido o en polvo deberán contener en su etiquetado o contra etiquetado la leyenda establecida en la fracción VI de este artículo.

IX. En el caso de los menús, cartas, catálogos, pizarrones o medio a través del cual los establecimientos mercantiles ofrecen éste tipo de productos tendrán que sujetarse a lo establecido en las fracciones VI y VII del presente artículo.

La Secretaría de Salud podrá dispensar los requisitos previstos en las fracción VI y VII del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, claridad,  impacto y duración, se advierta sobre los daños o repercusiones en la salud que se derivan del consumo excesivo o frecuente del tipo de bebidas a que hace referencia este artículo.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.

Tercero. Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la entrada en vigor para que fabricantes, embotelladores, comercializadores, distribuidores o establecimientos mercantiles que ofrecen bebidas no alcohólicas con azúcar o sustancia afín para que puedan hacer las adecuaciones pertinentes en el etiquetado, contra etiquetado o envase de este tipo de productos, así como las modificaciones en la publicidad a fin de acatar lo establecido en el Artículo 307Bis.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputadas: María Sanjuana Cerda Franco, Elvia María Pérez Escalante, Dora María Guadalupe Talamante Lemas  (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Adriana Fuentes Téllez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Adriana Fuentes Téllez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, quiero pedirles el apoyo de todos y cada uno de ustedes para esta iniciativa, la cual es muy noble y consta en instalar bebederos de agua potable en todas las escuelas públicas y privadas.

Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados en cuestiones de obesidad y de diabetes infantil y juvenil. El problema de sobrepeso y obesidad se ha acentuado en México, registrando un incremento significativo en los últimos años. Por su magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad y, de manera particular, la diabetes representan ya un grave problema sanitario, que afecta de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico del país.

El problema es tal, que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el segundo país con mayor obesidad, al ubicarse en 30 por ciento de su población adulta, superado solo por Estados Unidos de América.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de adultos en México fue del 71.3 por ciento, lo que representa 48.6 millones de personas. La prevalencia de obesidad en este grupo fue del 32.4 por ciento y la de sobrepeso del 38.8 por ciento.

Indicadores de México, respecto a países seleccionados, nos muestran que México tiene el número uno en el índice de masa corporal de 30, con el 32.8, siendo que Estados Unidos de América ocupa el número dos con el 31.8, quedando Brasil en tercer lugar, con el 19.5 y el Reino Unido con el 24.9.

Además, ocupamos el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas. Este diagnóstico ha sido compartido por la actual administración.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se afirma que la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población. De tal forma, que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de esta enfermedad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática.

Además de los costos que significa para el sector salud la atención de las enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad debe considerarse que existen otros costos indirectos asociados, entre los cuales se encuentran aquellos relacionados con la muerte prematura y la reducción de la productividad laboral, así como los problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra enfermedades crónicas no transmisibles.

Asociado a este problema se encuentra el consumo de bebidas azucaradas, el cual se ha duplicado entre los adolescentes y se ha triplicado entre los adultos, fenómeno que resulta preocupante, toda vez que esta clase de productos poseen una alta densidad energética y un nulo aporte nutricional.

Partiendo del hecho de que la formación de hábitos alimenticios se adquiere durante la edad escolar, proponemos a través de la presente que se facilite a los educandos la disponibilidad de alimentos saludables y de agua potable justo en los centros escolares.

Dicha medida busca revertir una inercia presupuestaria, que se traduce en que el gasto para la disponibilidad de agua potable en las escuelas sea menor al 7 por ciento respecto del total que se invierte en educación básica.

La adopción de esta medida evitará, no solo que los alumnos opten por el consumo de bebidas azucaradas, sino que incidirá favorablemente en sus consumos de hábitos que tienen.

Si estamos siendo innovadores al fijar impuestos a los factores alimenticios que inciden en la obesidad, debemos serlo también al rescatar la infraestructura de oferta de agua de calidad en las aulas, para así fomentar hábitos alimenticios saludables.

Por ello, a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores es que presento ante esta soberanía la presente iniciativa que reforma la Ley General de Infraestructura Física y Educativa, la cual busca establecer bebederos en las escuelas públicas y privadas. De forma tal que se garantice un abasto de agua en forma gratuita y de calidad para el consumo humano. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 7o., 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, diputados federales de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El problema de sobrepeso y obesidad se ha acentuado en México, registrando un incremento significativo en los últimos años. Por su magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad, y de manera particular la diabetes, representan ya un grave problema sanitario con los efectos negativos significativos sobre la salud de los mexicanos, y afectando de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico como país en su conjunto.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de adultos en México fue de 71.3 por ciento, lo que representa 48.6 millones de personas. La prevalencia de  obesidad en este grupo fue de 32.4 por ciento y la de sobrepeso de 38.8 por ciento.

De acuerdo con estadísticas en el ámbito internacional, la obesidad constituye la principal causa de mortalidad en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y acorde con la última información disponible, México es el segundo país de la OCDE con mayor obesidad, al ubicarse en 30 por ciento de su población adulta, superado sólo por Estados Unidos de América, en el que el 35.9 por ciento de su población adulta padece obesidad. El promedio de obesidad en los países miembros de dicha organización es de 22.2 por ciento.

Para la población en edad escolar (5 a 11 años de edad), la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 fue de 34.4 por ciento (19.8 y 14.6 por ciento, respectivamente). Esta prevalencia en niños en edad escolar representa alrededor de 5.6 millones de niños. En 1999, 26.9 por ciento de los escolares presentaron prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad; sin embargo, para 2006 esta prevalencia aumentó casi 8 puntos porcentuales al ubicarse en 34.8 por ciento.

Dimensionando el problema de obesidad infantil para México en el ámbito internacional, se puede señalar que México ocupa el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas, colocándose muy por encima del promedio de los países miembros de la OCDE, al ser en promedio para este conjunto de países de 20.4 por ciento y 21.9 por ciento, respectivamente.

Estudios señalan que en los países miembros de la OCDE, 83 millones de personas padecieron de diabetes en 2010, de los cuales 10.8 son mexicanos, es decir, un 13 por ciento del total, con lo cual México se coloca como el país de la OCDE que muestra mayor prevalencia de diabetes en población adulta.

Derivado de los problemas de sobrepeso y obesidad, México es el país de la OCDE con mayor número de defunciones causadas por la diabetes mellitus, ya que por cada 100 mil habitantes se presentan 152 defunciones, mientras que en promedio en los países de la OCDE se presentan 19 defunciones por cada 100 mil habitantes.

En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de la obesidad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, el costo que implicará en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática.

De acuerdo con información de la Ensanut 2012, de no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas sobre la obesidad y sus comorbilidades, los costos podrían ascender para 2017 a 101 mil millones de pesos.

Además de los costos que significan para el sector salud la atención de las enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad, debe considerarse que existen otros costos indirectos asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos relacionados con la muerte prematura y la reducción en la productividad laboral atribuibles al sobrepeso y la obesidad, así como los problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra estas enfermedades crónicas no transmisibles, lo que impide que el Estado pueda garantizar el derecho a la protección a la salud en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es preocupante el hecho de que, entre 1999 y 2006, el consumo de bebidas con alto contenido calórico se ha duplicado entre los adolescentes y triplicado entre los adultos mexicanos, ya que como se ha señalado las bebidas azucaradas representan productos con alta densidad energética, pero bajo aporte nutricional, incidiendo en el aumento de peso. Estadísticas muestran que los mexicanos consumen cerca de 163 litros de refresco al año, superando en 40 por ciento el consumo de un estadounidense promedio (118 litros anuales), lo que nos convierte en el país consumidor de refrescos número uno a nivel mundial.

Se reconoce por las recomendaciones y estudios a nivel internacional que la formación de hábitos alimenticios se adquiere durante la edad escolar, por ello se debe incidir en tal población expuesta y que es necesario modificar su patrón de hábitos por medio de presentar la disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y constante. Son los centros educativos el lugar idóneo para la formación de hábitos alimenticios y cívicos. Actualmente por cada 100 pesos del gasto público federal en educación básica, sólo 7.40 se destinan en que las escuelas tengan agua potable, luz, teléfono y capacitación, es decir que el gasto en la disponibilidad de agua potable es necesariamente menor al 7 por ciento. La prevalencia en las escuelas de los tradicionales bebederos ha desaparecido por dos factores, la falta de mantenimiento y el riesgo percibido que el agua no necesariamente era apta para consumo humano y se percibía como factor de riesgo a la salud, hay que invertir para modificar tal percepción y dar accesibilidad nuevamente a agua bebible gratuita en las escuelas,  garantizar que el gasto en educación tenga recursos específicos a la disponibilidad constante de agua potable para los alumnos, no sólo porque evita que opten por bebidas azucaradas por ser la de mayor disponibilidad, sino por que incide en sus hábitos de consumo durante su vida.

Es fundamental contar con una política de Estado para lograr cambios en los patrones de alimentación y actividad física de la sociedad mexicana con el objeto de instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes. Si estamos siendo innovadores globales en fijar impuestos a los factores alimenticios de obesidad, debemos serlo también en rescatar la infraestructura de oferta de agua de calidad en las aulas y formar hábitos alimenticios saludables en los planes educativos. Por ello las medidas de ingreso y gasto deben de ser consistentes a un solo objetivo mejorar la salud de la niñez, que será la garantía de un mayor bienestar en el futuro de las familias y del país en su conjunto. Estamos innovando y moviendo a México a mejores niveles futuros de salud.

El objetivo de la presente iniciativa es establecer bebederos en las escuelas públicas y privadas tal que se garantice un abasto de agua en forma gratuita y de calidad para consumo humano con un parámetro de consumo mínimo de agua necesario por 2 litros por alumno/día.

Por ello considerando que el artículo 4 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativaestablece lo siguiente:Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa siguiente con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Artículo Único. Se reforman los artículos 7 y 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

...

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de  la población.

Artículo 19. Son atribuciones del instituto las siguientes:

I. a XI. ...

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

Transitorios

Primero.Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales  en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional.

Tercero.El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida anual para efectos del cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Cuarto.La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11.

Quinto.El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Sexto.Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo nacional cuenten con las instalaciones de bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 5 de noviembre de 2013.— Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, María del Rocío Corona Nakamura, José Ignacio Duarte Murillo, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Carla Alicia Padilla Ramos, Rubén Acosta Montoya, Rosa Elba Pérez Hernández, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, José Everardo Nava Gómez,  Issa Salomón Juan Marcos, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, María Rebeca Terán Guevara, Javier Treviño Cantú, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Adriana Hernández Iñiguez, Miriam Cárdenas Cantú, Irma Elizondo Ramírez, Julio César Flemate Ramírez, Adolfo Bonilla Gómez, María Fernanda Schroeder Verdugo, José Luis Esquivel Zalpa, Noé Hernández González, Jorge del Ángel Acosta, Ángel Abel Mavil Soto, Gaudencio Hernández Burgos, Leticia Calderón Ramírez, Martha Edith Vital Vera, Consuelo Argüelles Loya, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Elia Cabañas Aparicio, María Carmen López Segura, Rosalba de la Cruz Requena, Norma Ponce Orozco, Martha Gutiérrez Manrique, Paulina Alejandra del Moral Vela, Joaquina Navarrete Contreras, Mario Miguel Carrillo Huerta, César Reynaldo Navarro de Alva, Arturo Cruz Ramírez, Rafael González Reséndiz, Rodrigo González Barrios, María del Rocío García Olmedo, Laura Guadalupe Vargas Vargas, José Noel Pérez de Alba, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Elvia María Pérez Escalante, Teresita de Jesús Borges Pasos, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Marcelo Garza Ruvalcaba, Mónica García de la Fuente, Josefina Salinas Pérez, Leobardo Alcalá Padilla, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jorge Herrera Delgado, Francisca Elena Corrales Corrales, Víctor Hugo Velasco Orozco, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Marco Antonio Calzada Arroyo, Dulce María Muñiz Martínez, María Guadalupe Velázquez Díaz, José Luis Flores Méndez, Fernando Zamora Morales, Angelina Carreño Mijares, María Esther Garza Moreno, Sue Ellen Bernal Bolnik, Alliet Mariana Bautista Bravo, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Adriana Fuentes Téllez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez Piña. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, presidente. Por supuesto, con el objeto de reconocer en esta iniciativa la necesidad que existe en todas las escuelas públicas de que existan bebederos.

Para el Partido de la Revolución Democrática sería muy importante —si nos lo permitiera quien ahora promueve esta iniciativa— el podernos adherir. Pero preguntarle también si estaría en la disposición de poder poner en esta iniciativa el que no solamente puedan existir bebederos en todas las escuelas, sino que podamos poner que se cuente en este Presupuesto para que en todas las escuelas públicas del país se cuente con agua potable. Actualmente el 40 por ciento de las escuelas en el país no cuentan con este servicio, que es indispensable para poder lograr el propósito que tiene esta iniciativa.

En ese sentido, hago esta propuesta a quien ahora presenta esta iniciativa, para garantizar este derecho que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes de México. Pero que sería importante que pudiéramos garantizar, en principio, que pudiéramos contar con agua potable.

Un dato más. En el estado de Oaxaca —para ilustrar— hay 2,500 escuelas que no cuentan con agua potable. Por consecuencia, nos parece indispensable que es fundamental en principio que podamos contar con este beneficio para todas las niñas y niños y, por supuesto, complementarla para que existan bebederos en todas las escuelas públicas del país. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Si los proponentes no tienen inconveniente, la Secretaría pondrá a su disposición la iniciativa y la discusión se dará en el seno de la comisión a la que ya ha sido turnada.

Sonido en la curul de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dígame, diputada ¿con qué objeto?

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Si la proponente nos permite, quisiéramos adherirnos y comentarle que es una de las iniciativas más sensatas, probablemente una de las 30 más sensatas que he escuchado en este año y medio que tenemos aquí.

Quisiera también apoyarla en cuanto a que en las escuelas privadas también se lleve a cabo esta iniciativa. Inclusive que el Inegi, en el censo que está llevando a cabo actualmente en las escuelas, se ocupe de incluir esta variable.

Y finalmente, que el Presupuesto —que estamos por aprobar— vaya más allá de las campañas de comunicación social y que efectivamente se vuelva forzosa la iniciativa. Diputada, muchas felicidades y muchas gracias, a nombre de los niños en el país.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, diputada. Sonido en la curul de la diputada María Concepción Ramírez. Dígame, diputada ¿con qué objeto?

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez(desde la curul): Sí, para felicitar esta iniciativa y solicitarle que se acumule a una iniciativa que presenté en ese mismo sentido, que ya está en comisiones y que además también estoy pidiendo que sea en espacios públicos, como en jardines y otros lugares públicos y que se apruebe rápido, porque esta iniciativa está apoyada por los dos grupos. Ya está en comisiones, porque hace 15 días así la pasé, y que le demos agilidad, porque este es un tema de salud importante y que está ahorita haciendo un problema en nuestro país el tema de la obesidad. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Está en el orden del día, diputada, el turno de la iniciativa a que usted se refiere. En un momento más la turnaremos y, efectivamente, la turnaremos a la misma Comisión, como usted lo solicita.

Sonido en la curul del diputado René Fujiwara. Dígame, diputado, ¿con qué objeto.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Únicamente para felicitar a la proponente de esta iniciativa, por la sensatez, por la sensibilidad que está mostrando también en esta presentación y para solicitarle nos permita adherirnos a su iniciativa por parte de un servidor y por parte también del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Si los proponentes no tienen inconveniente, la Secretaría la pondrá a su disposición. Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas Chapa. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Gracias, señor presidente. El tema de esa iniciativa es muy sensible y se respalda. Pero informar a esta soberanía que ya hay una iniciativa y, de hecho, hay una aprobación por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la instalación de bebederos de agua potable en todas las escuelas de este país. Ya existe.

Reconocemos la propuesta, pero es importante que este pleno tenga conocimiento. Inclusive la proyección presupuestal elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas de esta Cámara —que tuvo a bien entregar a la Comisión de Presupuesto para que tomáramos nuestra definición— ya está en manos de la Secretaría de Hacienda. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Sonido en la curul de la diputada Patricia Lugo. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Patricia Lugo Barriga(desde la curul): Presidente, para congratularme de que haya bastante acuerdo respecto a los bebederos. Hace un año presenté algo al respecto. Desgraciadamente no fue incluido en el Presupuesto, pero me alegra que este año ya esté. En mi propuesta añadía eso de que esté en los parques públicos y en los jardines, porque hay muchos lugares donde las personas no tienen los recursos económicos y es necesario incentivar la activación física. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Sonido en la curul del diputado Alejandro Rangel Segovia. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Alejandro Rangel Segovia(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con el único propósito de expresar nuestra congratulación a esta iniciativa y a las posibilidades que ya se han manifestado para que se concrete un tema de la mayor importancia social y educativa para las niñas y niños, como se ha manifestado.

Asimismo adherir la solicitud para quienes están gustando de gastar recursos en espectaculares para señalar las fotografías de quienes aquí votan por una cuestión u otra, cuando estos resultados de la reforma hacendaria y social ya comiencen a plasmarse y hacerse concretos, que es el espíritu de todas las votaciones que hemos realizado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Sonido en la curul de la diputada Adriana Fuentes Téllez, promovente de esta iniciativa. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Adriana Fuentes Téllez(desde la curul): Presidente, solo para agradecer el apoyo de los legisladores a esta iniciativa que acabo de presentar y decirles —porque estaban preguntando las diputadas— que sí se incluyeron escuelas públicas y privadas.

Muchas gracias y estaremos muy pendientes en la Comisión de Educación para que se dictamine muy pronto. Muchas gracias de nuevo, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul de la diputada Nelly Vargas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de apoyar y respaldar la propuesta de mi compañera de la Comisión de Educación, la diputada Adriana Téllez. Me parece que es una iniciativa muy sensible eso de instalar bebederos en todas las escuelas, sobre todo públicas. Pero además, le agregaría que del impuesto que se incluye a las refresqueras, ese peso que se va a cobrar por litro, ¿por qué no se orienta en el Presupuesto para cubrir de agua potable a todas las escuelas públicas de este país y aquellas zonas que no cuentan con agua potable? Muchas gracias. El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del señor diputado Felipe Muñoz. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. También para adherirme a la iniciativa de la diputada Fuentes. Pero pedirles que en la comisión donde turnen ustedes este importante asunto también se contemple la posibilidad de que se instalen bebedores en deportivos, en lugares en donde los jóvenes también tienen actividad física, para que este importante primer paso que se está haciendo pueda continuar en las áreas donde se reúne la juventud y la niñez de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Finalmente, sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar Gil. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Con el mismo objeto, señor presidente. Primero para felicitar y no solamente la sensibilidad política y social de mi amiga y paisana, la diputada Adriana Fuentes, sino para a nombre del Partido del Trabajo sumarme a esta iniciativa y sumar a nuestra fracción a esta iniciativa, dada la relevancia que tiene. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Reymundo Nájera Medina. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina (desde la curul): Presidente, también para respaldar esta iniciativa. Aunque le quiero decir que esto no es nuevo en educación, le quiero decir que hay subsistemas educativos en el país que de manera obligatoria ya tienen bebedores de agua potable instalados.

Me refiero concretamente al subsistema homologado de educación media superior y, como siempre, lastimosamente a veces algunas iniciativas con toda la buena intención llegan demasiado tarde y ojalá se puedan concretizar de manera material. Y solamente para que quede claro de que ya hay experiencias sobre este tipo en subsistemas educativos en el país. No es nuevo, pero bienvenida la iniciativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Doy cuenta, como me ha sido solicitado por la diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, que ha sido recibida iniciativa de su autoría con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Educación, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 65, fracción III y se adiciona fracción IV del artículo 112, párrafo segundo del artículo 114 y la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, las fracciones IX y X del artículo 7, el artículo 24 Bis y la fracción XVII y se adiciona la fracción XVIII del artículo 33 de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Existen diversas causas que han provocado un severo incremento de obesidad infantil en México y entre otros, los factores más relevantes son los hábitos alimenticios que no son los correctos, aunado a la facilidad con la que los menores están expuestos al consumo de comida chatarra.

La obesidad se ha catalogado como, el principal problema de Salud Pública en México de hecho, ocupa el primer lugar a nivel mundial en niños, y segundo en adultos.

La obesidad, se asocia con riesgos de incrementar enfermedades del corazón, arterioesclerosis y diabetes mellitus, infertilidad incluso a edades más tempranas, donde a ello se suma que la población no realiza ninguna actividad física.

La propuesta de modificar la Ley General de Educación y de Salud, se refiere específicamente a la obesidad y sobrepeso infantil, por el impacto económico y social que a este grupo vulnerable afecta, no existe una cultura en educación alimenticia, más sin embargo si enfermedades mortales como consecuencia de una desinformación y falta de atención a este serio problema.

Sencillamente, en escuelas primarias la clase de educación física se lleva a cabo una vez a la semana y dura apenas 40 minutos en promedio, y sólo 9 minutos de actividad moderada o intensa y asociado a ello, los niños siempre se han inclinado por consumir alimentos distintos a los acostumbraos en la familia; desean comer la denominada “rápida” como hamburguesas, pizzas, hotdogs, pollo frito, etc.

Si bien existe un producto relacionado con el aumento del sobrepeso y la obesidad, éste es el refresco y las bebidas endulzadas. De hecho, México es el mayor consumidor de refrescos y agua embotellada en el mundo, la falta de acceso a agua para beber es una de las causas principales del alto consumo de estos líquidos, los mexicanos consumimos un promedio de 163 litros de refresco al año contra 113 litros que consumen los estadounidenses.

El presente proyecto de decreto hace énfasis, al bajo consumo del agua y las consecuencias que provoca su remplazo por bebidas con alto porcentaje en azúcar, un foco rojo que contribuye notoriamente a la  obesidad en niños menores de 12 años, una problemática delicada en salud sobre todo porque en dicha edad los niños se encuentran en plano desarrollo tanto físico como intelectual, la energía del menor es activa por lo que, requieren de una excelente alimentación e hidratación.

Actualmente y a pesar de que en el Diario Federal de la Federación se publicó un decreto en febrero del 2012 donde se señala que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, una gran parte de la población no tiene acceso a agua de calidad, a sabiendas que dicho liquido, es de vital importancia para la subsistencia del ser humano principalmente porque el cuerpo humano está compuesto de 70 por ciento aproximadamente de agua. De hecho, se ha observado que al tener agua potable disponible la población incrementa su consumo.

Tan complejo y delicado es el tema en comento que, diversas instituciones internacionales han colaborado en la investigación y análisis para difusión e información de las secuelas que provoca la falta de ingesta de agua, es substancial crear conciencia y provocar que el gobierno federal ejecute políticas públicas para concientizar a la población respecto de la obesidad y sobrepeso principalmente en menores de edad.

Así también, es indispensable contribuir en todas las formas posibles en contrarrestar este peligroso padecimiento es necesario disminuir los casos de obesidad y sobrepeso infantil que, como lo puntualiza la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas donde señaló que 70 por ciento de la población padece sobre peso y 30 por ciento de ellos es obeso, colocando al país en el primer lugar de obesidad infantil.

Un ejemplo de ello, es el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública observando que en un periodo de solamente siete años (1999-2006) el incremento en el consumo de refresco y bebidas azucaradas entre los adolescentes aumentó en más de un 100 por ciento, mientras que el consumo entre mujeres se incrementó hasta en un 300 por ciento.

“Un refresco contiene entre 7 y 12 cucharadas de azúcar, es decir, contiene 4 a 5 veces más azúcar”. Esta cifra coloca al país como el principal consumidor de este tipo de bebidas en el mundo.

Por un lado, es importante que los niños tengan acceso libre al consumo de agua potable y suministro de alimentos nutricionales y por otro, que las autoridades educativas fomenten al alumno la cultura de preservación y consumo del agua así como del consumo de alimentos, bien se sabe que los estudiantes tienen oportunidad de ingerir alimentos entre 2 y 4 veces al día en horario escolar y  poca actividad física a la semana.

Además, existe poca disponibilidad de frutas y verduras en cooperativas escolares y, acceso limitado para que los alumnos tengan acceso al agua potable. la mayoría de las escuelas máxime educación preescolar no cuentan ni siquiera con la infraestructura que den abasto dicha demanda a pesar de que la ingesta de agua es necesaria y un deber del gobierno federal para facilitar su libre acceso.

Argumentos suficientes para legislar a favor de la población infantil y, su derecho al acceso gratuito de este vital líquido, con la instalación obligatoria  de bebederos de agua potable en todas las escuelas públicas de educación preescolar y primaria, así como de su manutención en base al ordenamiento jurídico sanitario expedido por la Secretaría de Salud para que cierto liquido cumpla con las características suficientes para su consumo.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma los artículos 65, fracción IV, 66, 112, fracción III, y adiciona fracción IV, 114, párrafo segundo, y 115, fracción II, de la Ley General de Salud para quedar redactado como sigue:

Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I. a III. ...

IV.Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, medios sanitarios de eliminación de excreta, el consumo y acceso gratuito al agua potable, preferentemente mediante la instalación de bebederos, en centros educativos, centros de trabajo, establecimientos de salud, plaza públicas y centros comunitarios.

Artículo 66.-En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, así como la determinación de los criterios nutrimentales para la elaboración de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda la escuela, incluyendo los criterios de conveniencia del consumo y acceso al agua potable, para la protección de la salud. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.

...

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. ...

II. ...

III.Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia desalud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades .

IV. Promover el consumo personal y doméstico de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como sus efectos positivos para la protección de la salud de toda persona.

Artículo 114.-Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, el derecho al acceso al consumo personal y doméstico de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequibley su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

Artículo 115.-La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I....

II.Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición incluyendo el consumo de agua potable, de prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. y IV. ...

Segundo. Se reforma el artículo 7, fracción IX, 24 Bis, 33, fracción XVII, y adiciona fracción XVIII, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y desarrollo de la población;

X. y XI. ...

Artículo 24 Bis.La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el acceso al consumo gratuito de agua potable para la protección de la saludy el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

...

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XVI. ...

XVII.Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos y agua potable para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

XVIII. Establecer convenios con las diferentes dependencias federales y órdenes de gobierno, para garantizar el derecho de acceso al consumo de agua en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, preferentemente mediante la instalación de bebederos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento.

Nota:

1 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Carlos Alberto Aguilar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2013.— Diputados: María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Consuelo Argüelles Loya, María del Socorro Ceseñas Chapa, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Martha Berenice Álvarez Tovar, Liliana Castillo Terreros, María Celia Urciel Castañeda, Leonor Romero Sevilla, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Humberto Armando Prieto Herrera, María Eugenia de León Pérez, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Raquel Jiménez Cerrillo, Ricardo Mejía Berdeja, Alejandra López Noriega, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Margarita Saldaña Hernández, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Zamora García, Damián Zepeda Vidales, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Tania Margarita Morgan Navarrete, Juan Pablo Adame Alemán, Genaro Carreño Muro, Víctor Rafael González Manríquez, Elizabeth Vargas Martín del Campo, José Guillermo Anaya Llamas, Alfredo Rivadeneyra Hernández, María Guadalupe Mondragón González, Heberto Neblina Vega, José Antonio Hurtado Gallegos, Jorge Rosiñol Abreu, Agustín Miguel Alonso Raya, Mario Rafael Méndez Martínez, Teresita de Jesús Borges Pasos, Fernando Cuéllar Reyes, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Juan Ignacio Samperio Montaño, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Raúl Paz Alonzo, Tomás Brito Lara, Lucila Garfias Gutiérrez, Juan Carlos Uribe Padilla, Alberto Díaz Trujillo, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Benito Caballero Garza, Fernando Bribiesca Sahagún, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Leslie Pantoja Hernández, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Verónica Sada Pérez, Juan Bueno Torio, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Blanca Jiménez Castillo,  Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, J. Jesús Oviedo Herrera, Ricardo Villarreal García, Cristina Olvera Barrios, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Máximo Othón Zayas, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Glafiro Salinas Mendiola, Rafael Acosta Croda, Omar Antonio Borboa Becerra, Rafael Alejandro Micalco Pérez, Gerardo Peña Avilés, José Arturo Salinas Garza, Carlos Fernando Angulo Parra, María Guadalupe Sánchez Santiago, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Marcelina Orta Coronado, Fernando Rodríguez Doval, María Beatriz Zavala Peniche, Javier López Zavala, Erick Marte Rivera Villanueva, José Ángel González Serna (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es responsabilidad ineludible de este honorable Congreso de la Unión contribuir en lo necesario para garantizar que el monto de los recursos que se destinan para la adquisición, arrendamiento o contratación de servicios de la administración pública federal se realice atendiendo a las mejores prácticas, respetando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez e imparcialidad.

El Estado mexicano tiene como una de sus principales tareas la mejora y óptimo aprovechamiento de los recursos públicos para ser empleados conforme con los criterios establecidos en el artículo 134 de nuestra Carta Magna.

En los últimos años, las contrataciones que realiza el gobierno federal han incorporado nuevas formas de comprar. Las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público —que se realizaron en 2009— han generado formas innovadoras para el aprovechamiento de los recursos destinados a las contrataciones públicas, que representan hasta un 40 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y un 7 por ciento del producto interno bruto de este país.

Ante este escenario, resulta necesario emplear todos los recursos que nos ofrece la tecnología para que la administración pública se beneficie de la capacidad de las tecnologías de la información y comunicación, para fortalecer la calidad, la transparencia y la eficiencia del gobierno.

El empleo de las tecnologías reduce esfuerzos y optimiza el uso de los recursos en un escenario económico como el actual, en el que una planeación adecuada, una ejecución óptima y una evaluación pertinente posibilitan prestar mejores servicios, tanto transversalmente como de manera vertical, a lo largo de toda la administración pública, incidiendo positivamente en la eliminación de riesgos derivados de una mala ejecución del gasto.

La OCDE destaca —en su agenda estratégica de México— la importancia de maximizar estratégicamente los beneficios de las inversiones previas en gobierno electrónico. En este documento se establece que las adquisiciones públicas son susceptibles al desperdicio, al fraude y la corrupción, debido a su complejidad, a la magnitud de los flujos financieros que generan y la cercana interacción entre el sector público y privado, por lo que se propone que las adquisiciones se reformen para vigorizar la confianza y la credibilidad en la forma que el gobierno contrata.

Ello permitirá la reducción de costos, el fortalecimiento de la eficiencia administrativa y el mejoramiento de la prestación de servicios. Una herramienta para lograrlo son las contrataciones electrónicas.

Por otra parte, la OCDE también ha señalado que el Estado tendría grandes ventajas si se diera prioridad al uso de procedimientos remotos en las contrataciones públicas y estos fueran la regla general. Por ejemplo, con esta medida se reducirían los riesgos de colusión entre proveedores y se eliminarían espacios de oportunidad a la corrupción y comunicación entre compradores y proveedores.

Por lo anterior, la presente iniciativa busca establecer que todos los procesos de licitación que se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sean realizados en forma 100 por ciento electrónica, para contribuir a la modernización de la forma en que se contrata en el país, alinear los procedimientos de contratación con las mejores prácticas internacionales y contribuir a la máxima publicidad y transparencia, que deben regir todas las compras que realiza al Estado.

Con esta iniciativa, propongo que el uso del sistema electrónico de información pública gubernamental de adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet) se generalice para brindar a la sociedad mayor seguridad con respecto a la forma en que se emplean sus contribuciones y sea el único medio para realizar licitaciones públicas, eliminando con ello formas de contratación obsoleta.

De los datos incorporados en CompraNet en el año 2012, se hicieron 133 mil 177 procedimientos, de los cuales únicamente el 15 por ciento se realizaron de manera electrónica, lo que representa una enorme área de oportunidad para incentivar la competencia y lograr mejores condiciones.

Quiero destacar que el uso de las tecnologías en las contrataciones públicas no es privativo de las dependencias y entidades de mayor tamaño ni restringen las operaciones de las de menor tamaño. En 2012 se identificaron entidades, como el Centro Nacional de Metrología, que consistentemente realizó procedimientos electrónicos. Otro caso es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que realizó más de 200 licitaciones electrónicas.

En contraste, dependencias de mayor tamaño, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó 1,935 procedimientos presenciales y solamente 73 procedimientos realizados en forma electrónica, por lo que el tamaño de la dependencia o entidad de ninguna manera constituye un obstáculo para implementar los procedimientos de contratación 100 por ciento electrónicos.

Compañeros y compañeras, el aceptar que las licitaciones públicas sigan siendo presenciales es seguir fortaleciendo la discrecionalidad y corrupción de funcionarios públicos y proveedores. Reduzcamos los espacios de corrupción y de colusión, asegurando las mejores condiciones para el Estado, que le garanticen la transparencia y la legalidad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, 73, fracción XXX, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene como una de sus principales tareas la mejora y óptimo aprovechamiento de los recursos públicos para ser empleados conforme con los criterios establecidos en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Es responsabilidad ineludible de este Honorable Congreso de la Unión contribuir en lo necesario para garantizar que el monto de los recursos que se destinan para la adquisición, arrendamiento o contratación de servicios de la Administración Pública Federal se realice atendiendo a las mejores prácticas, respetando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.

En los últimos años, las contrataciones que realiza el Gobierno Federal han incorporado nuevas formas de comprar. Las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) que se realizaron en 2009, han generado formas innovadoras para el aprovechamiento de los recursos destinados a las contrataciones públicas, que representan hasta 40 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y 7 por ciento del Producto Interno Bruto. Este ingente recurso, que para dos mil trece ronda los 800 mil millones de pesos, debe emplearse con responsabilidad y visión de futuro para que su uso represente una opción adicional para el crecimiento económico del país.

Uno de los rubros en los que nuestro país debe poner el máximo acento es la gobernanza. Ante este escenario resulta necesario emplear todos los recursos que nos ofrece la tecnología para que la administración pública se beneficie de la capacidad de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para fortalecer la calidad, la transparencia y la eficiencia del gobierno. El Gobierno de la República se ha comprometido con la adopción de las TIC en favor de la consolidación de las reformas emprendidas en rubros como el educativo, el de la salud y el de las telecomunicaciones.

El empleo de las TIC reduce esfuerzos y optimiza el uso de los recursos en un escenario económicos como el actual, en el que una planeación adecuada, una ejecución óptima y una evaluación pertinente, posibilitan prestar mejores servicios tanto transversal como verticalmente a lo largo de toda la Administración Pública, incidiendo positivamente en la eliminación de riesgos derivados de una mala ejecución del gasto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala en su agenda estratégica para México (Getting it Right 2012) la importancia de maximizar estratégicamente los beneficios de las inversiones previas en Gobierno Electrónico.

En ese documento se establece que las adquisiciones públicas son susceptibles al desperdicio, al fraude y corrupción debido a su complejidad, a la magnitud de los flujos financieros que generan y la cercana interacción entre los sectores público y privado, por lo que se propone que las adquisiciones se reformen para vigorizar la confianza y la credibilidad en la forma en que contrata el gobierno mexicano. Ello permitirá la reducción de costos, el fortalecimiento de la eficiencia administrativa y el mejoramiento de la prestación de servicios. Una herramienta para lograrlo son las contrataciones electrónicas.

Por otra parte, la OCDE también ha señalado que el Estado obtendría grandes ventajas si se diera prioridad al uso de procedimientos remotos en las contrataciones públicas, y éstos fueran la regla general. Con esta medida se reducirían, por ejemplo, los riesgos de colusión entre proveedores y se eliminarían espacios de oportunidad a la corrupción y comunicación entre compradores y proveedores. La OCDE afirma que el empleo de medios remotos puede suponer importantes ahorros y mejoras en la eficiencia para el Gobierno.

La colusión deriva en mayores precios que paga el Gobierno por los bienes y servicios que adquiere. Surge cuando dos o más oferentes establecen acuerdos privados para incidir en la determinación del precio del productor requerido, para determinar las fechas y formas de provisión y/o cuando de forma coordinada afectan la calidad del producto o servicio mediante prácticas de simulación, de abstención o de presentación de posturas, entre otras, conviniendo previamente sobre quién será el ganador del procedimiento.

Al respecto, la OCDE ha identificado prácticas específicas descritas en sus Lineamientos del Comité de Competencia para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas, donde se estipulan las mejores prácticas para combatir la colusión en los procesos de licitación pública. Como resultado, se generó una lista de verificación relativa a la mejor manera de diseñar procesos de contratación pública orientados a inhibir esta perniciosa práctica, en donde podemos encontrar, por ejemplo, la recomendación de definir el proceso de licitación para reducir de manera efectiva la comunicación entre los licitantes. El uso de medios remotos en las contrataciones públicas contribuye decididamente a hacer realidad esta recomendación.

En este contexto y considerando la importancia de las observaciones de la OCDE con respecto a las bondades del uso de las TIC en las contrataciones de Gobierno, la definición que hace el Libro Verde de la Comisión de Contratación Electrónica de la Asociación Nacional de Empresas de Internet de España, con respecto a la generalización de las TIC en la contratación pública electrónica en la Unión Europea, en donde se define a la Contratación Electrónica como un término general utilizado para designar la sustitución de los procedimientos basados en soporte de papel por el tratamiento y la comunicación mediante TIC a lo largo de toda la cadena de la contratación pública. Supone la introducción de procedimientos electrónicos para sustentar las distintas fases del proceso de contratación, y conceptualiza la contratación pública electrónica como un elemento fundamental para alcanzar la eficiencia en los procesos de abastecimiento público y lograr los ahorros de costos derivados de su uso.

Los objetivos de esta iniciativa, al establecer que todos los procesos de licitación que se realicen al amparo de la LAASSP sean realizados en forma 100 por ciento electrónica, es contribuir a la modernización de la forma en que se contrata en el país, alinear los procedimientos de contratación con las mejores prácticas internacionales y contribuir a la máxima publicidad y transparencia que deben regir todos las compras que realizan el Estado. Esta iniciativa propone que el uso del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, CompraNet se generalice para brindar a la sociedad mayor seguridad con respecto a la forma en que se emplean sus contribuciones y ser el único medio para realizar licitaciones públicas, eliminando con ello formas de contratación obsoletas como las modalidades presencial y mixta.

El uso de CompraNet proporciona herramientas adicionales para evaluar los procesos de adquisición. El uso de los medios remotos que nos proveen las actuales tecnologías de información, transparenta los procedimientos, haciéndolos más competitivos. De los datos incorporados en CompraNet para el año 2012, se identifica que de un total de 133,177 procedimientos, únicamente 15 por ciento se realizaron en forma totalmente electrónica, lo que representa una enorme área de oportunidad para incentivar la competencia y lograr mejores condiciones, toda vez que también ha sido posible identificar que cuando los procedimientos son convocados en forma electrónica, la participación de licitantes duplica la observada en procedimientos presenciales.

El uso de TIC en las contrataciones públicas no es privativo de las dependencias y entidades de mayor tamaño, ni restringe las operaciones de las de menor tamaño. En 2012 se identificaron dependencias como el Centro Nacional de Metrología, que consistentemente realizó procedimientos electrónicos. Otro caso a destacar es el del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que realizó más de 250 procedimientos totalmente electrónicos. En contraste, Dependencias de mayor tamaño, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó 1,935 procedimientos presenciales y solamente 73 procedimientos de contratación fueron realizados en forma electrónica.

Considerado lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, fracción VIII, 26, 26 Bis, 27, 29 fracciones III, VI, VII y VIII, 33, 33 Bis, 34, 35 fracciones I y III, 37, 37 Bis, 43 fracción II, IV y V, 45, 65 fracción I, y deroga la fracción II del artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 2.Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre electrónico que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica;

IX a XII. ...

Artículo 26.Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. a III. ...

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre electrónico, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

...

...

...

...

...

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega electrónica de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

...

(Se elimina penúltimo párrafo)

...

Artículo 26 Bis. La licitación pública deberá realizarse por medios electrónicos, por lo cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica y las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.

Artículo 27. Las licitaciones públicas deberán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública; las unidades administrativas estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo aquéllos municipios que no cuenten con la conectividad necesaria para utilizar medios electrónicos, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública.

...

...

El sobre electrónico que contenga la proposición de los licitantes deberá enviarse a través de CompraNet.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas electrónicamentepor los licitantes o sus apoderados; se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. ...

II. ...

III. La fecha y hora de celebración de la primera junta electrónica de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato y, en su caso, la reducción del plazo en que se deberán presentar las proposiciones;

IV. ...

V. ...

VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presente n, a través de CompraNet, un escrito en el que manifieste n, bajo protesta de decir verdad, que cuenta n con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico;

VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre electrónico una declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley;

IX.a XVI. ...

...

...

...

Artículo 33. ...

...

...

La convocante deberá realizar al menos una junta electrónica de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes su participación.

Artículo 33 Bis. Para la junta electrónica de aclaraciones se considerará lo siguiente:

...

...

Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse a través de CompraNet hasta antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta electrónica de aclaraciones.

Al concluir cada junta electrónica de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta electrónica de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta electrónica de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre electrónicoque contendrá la oferta técnica y económica, y serán presentadas a través de CompraNet. Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

...

...

...

...

...

(Se elimina último párrafo)

Artículo 35. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre electrónico, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

II. Se deroga.

III. Se levantará acta electrónica que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

...

Artículo 37. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

I. a VI. ...

...

...

(Se unifican párrafos cuarto y quinto.) El contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A todos los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

...

...

...

...

Artículo 37 Bis. El titular del área responsable del procedimientodejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha y hora en que se hayan publicado en CompraNet las actas de las juntas electrónicas de aclaraciones y del acto de presentación y apertura de proposiciones.

...

Artículo 43. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

I. ...

II.El acto de presentación y apertura de proposiciones deberá hacerse a través de CompraNet.

III. ...

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la última invitación electrónica; y

V. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo optativo para la convocante la realización de la junta electrónica de aclaraciones.

...

Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:

I. a XXII. ...

Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas electrónicas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.

(Se elimina el último párrafo)

Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:

I.La convocatoria a la licitación, y las juntas electrónicasde aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33 Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta electrónica de aclaraciones;

II. ...

III. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de la Función Pública contará con un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para efectuar las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones administrativas, a efecto de hacerlo compatible con lo dispuesto en el presente decreto.

Tercero.Los sujetos obligados a los que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, y la Secretaría de la Función Pública, contarán con un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para realizar las acciones necesarias que permitan el correcto funcionamiento del procedimiento de licitación 100 por ciento electrónica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013.— Diputados: Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Leonor Romero Sevilla, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Elizabeth Yáñez Robles. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a estudiantes y maestros del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, en Balancán, Tabasco, invitados por el señor diputado don Marcos Rosendo Medina Filigrana. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a vecinas y vecinos de la delegación Álvaro Obregón, invitados por la diputada Lizbeth Rosas Montero. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Adelante, diputado.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:Gracias, señor presidente. El mes reciente pasado, el día 12 de octubre, se celebra para el calendario oficial marcando un día como el Día de la Raza, un día sin duda histórico que los pueblos indígenas no festejamos, sino que es un día en la que los pueblos y las comunidades indígenas alzamos la voz para decir que es el día de la dignidad, de la resistencia y de la identidad de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, es así como someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de acuerdo a lo siguiente.

El día 12 de octubre de 1492 tiene un significado histórico trágico para los pueblos indígenas, porque se trata de un día que marcó el principio de un cambio brusco en la vida de casi 200 pueblos indígenas, que coexistían en el territorio mexicano hace 521 años. Hoy quedan poco más de 64 culturas.

Además, que en últimos años se han incorporado otras culturas mayas de Guatemala, a raíz de la guerra interna que vivió este país durante 36 años. Sumado al número de inmigrantes indígenas del Salvador, Ecuador y otros países de Centroamérica.

Sin duda, el 12 de octubre es una fecha infausta para los pueblos indígenas, que tiene un significado llena de injusticias pasadas y actuales, porque está asociada en la historia al dominio y a exterminio de millones de seres humanos, hombres y mujeres que vivieron en este hemisferio.

Y en efecto, del mismo modo, es una fecha coligada después con el comercio y la esclavitud, hermanos negros o afrodescendientes que fueron comercializados como esclavos y traídos sin su consentimiento desde África. Un comercio que se prolongó durante 300 años y fue la más brutal y abyecta etapa de aquella conquista. Trescientos años de batidas, redadas, persecuciones y emboscadas que organizaban los blancos europeos.

América como África fueron saqueadas de su gente, arruinadas y destruidas. Quedaron despobladas vastas extensiones del continente.

Se dice que en la historia a veces es cuestión de suerte, del azar, ¿cuál fue la suerte de Cristóbal Colón, a quien se le asume el descubrimiento de América? Pero, ¿qué hubiera pasado si Colón hubiese llegado a China y desembarcara? Sencillamente, no habría podido tomar posesión del territorio en nombre del rey de España, porque le hubieran salido miles y cientos de miles de ejércitos de caballería para impedirlo, porque los chinos en ese tiempo ya tenían pólvora y los caballos.

Sin duda esta historia del día 12 de octubre, que en nuestro calendario oficial reza como el Día de la Raza, hoy pongo a consideración de todas y todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, sabiendo que encontraremos en ustedes la sensibilidad mínima para que podamos reivindicar a nuestros pueblos originarios y a los pueblos afromexicanos, que de acuerdo al artículo 2o. constitucional, tienen el derecho legítimo de asumir estos derechos establecidos en este artículo para ser un pueblo equiparable a los pueblos indígenas.

Por ello, sin duda es importante esta propuesta de reforma a esta Ley del Escudo y la Bandera Nacional, junto con el Himno, para proponerles que podamos denominarlo como el Día de las Culturas Indígenas y Afro Mexicanas.

Sin duda, con ello estaremos haciendo justicia, también histórica a nuestros pueblos, al darle un contenido de este tipo, digno de resistencia y de identidad.

No podemos permitir ya que nuestro calendario oficial siga rezando como el Día de la Raza.

El concepto de raza en nuestra historia contemporánea, sin duda se adjudica a las razas, hablémosles de animales, de ciertas razas de este tipo, donde no podemos permitir ya que a los pueblos indígenas se pueda seguir festejando este día como el Día de la Raza.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, sé que encontraremos en ustedes la sensibilidad suficiente para que podamos aceptar, proponer y, por supuesto, en su momento, aprobar esta propuesta de reforma al artículo 18, inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de esta Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar en lugar del Día de la Raza, el Día de la Dignidad de las Culturas Indígenas y Afromexicanas. Sin duda con ello estaremos haciendo historia y justicia también a nuestros pueblos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de octubre de 1492, tiene una significación histórica trágica para los pueblos indígenas, porque se trata de un día que marcó el principio de un cambio brusco en la vida de casi doscientos pueblos indígenas que coexistían en el territorio mexicano hace 521 años. Hoy quedan poco más de 64 culturas, además que en últimos años se han incorporado otras culturas mayas de Guatemala a raíz de la guerra interna que vivió este país durante 36 años, además de inmigrantes indígenas de El Salvador, Ecuador, y otros países.

Sin duda, el 12 de octubre es una fecha infausta para los pueblos indígenas, que tiene un significado de injusticias pasadas y actuales, porque está asociada en la historia al dominio y exterminio de millones de seres humanos, hombres y mujeres que vivieron en este hemisferio.

Y en efecto, del mismo modo es una fecha coligada después con el comercio y la esclavitud de hermanos negros o afrodescendientes que fueron comercializados como esclavos y traídos sin su consentimiento desde África, que ya sufría del colonialismo europeo. Un comercio que se prolongó durante 300 años y fue la más brutal y abyecta etapa de aquella conquista. Trescientos años de batidas, redadas, persecuciones y emboscadas que organizaban los blancos. En condiciones infrahumanas, hacinados en bodegas de los barcos millones de africanos fueron transportados al otro lado del Atlántico para que ahí, con el sudor de sus frentes, construyeran la riqueza y el poderío del nuevo mundo.

Perseguida e indefensa, África fue saqueada de sus gentes, arruinada y destruida. Quedaron despobladas vastas extensiones del continente y yermos de maleza cubrieron soleadas regiones de vegetación floreciente.

Pero la huella más dolorosa y duradera la ha dejado aquella época en la memoria y la conciencia de los africanos y afrodescendientes e indígenas, son los siglos de desprecio, humillación y sufrimiento que han creado en ellos hasta nuestros días, es el complejo de inferioridad y un sentimiento de daño moral jamás reparado, que anida en lo profundo de sus corazones, como bien lo afirma el autor de Ebano, Ryszard Kapuscinski. Es decir, el colonialismo en su máxima expresión que implantó con la fuerza de las armas y la religión.

Ahora bien no se debe usar a la ética moderna o los principios actuales para juzgar a Colón, ni a discutir los méritos de Colón, que fue una especie de Quijote, de visionario, porque todo lo que hizo Cristóbal Colón, estuvo “muy de acuerdo con las leyes de la época y las normas. Tiene un gran mérito como hombre navegante y científico. Esto no se le puede negar. En todo caso igual que muchos hombres de esa época feudal; soñaba con imperios, virreinatos y reinos.

Se dice que en la historia a veces es cuestión de suerte, del azar. ¿Cuál fue la suerte de Colón? Que había un continente en el medio, porque él quería descubrir las Indias, pero descubrió otra cosa que estaba en el medio.

Pero qué hubiera pasado si Colón hubiese llegado a China y desembarca; sencillamente no habría podido tomar posesión del territorio en nombre del rey de España, porque, le hubieran salido miles y cientos de miles de ejércitos de caballería para impedirlo porque los chinos en ese tiempo ya tenían la pólvora y los caballos, por lo que el arcabuz de los españoles hubiese sido a todas luces, insuficiente.

Nunca los españoles hubieran conquistado aquel imperio, a pesar de ser muy valientes porque habían combatido a los árabes durante siglos. Luego entonces este azar influyó en esta fecha que se convirtió después en historia trágica para los indios de América y para los negros que trajeron de áfrica para los trabajos forzados.

Según historiadores de reconocido prestigio, 70 millones de seres humanos de estas tierras perecieron como resultado de la llamada conquista de América, que para las organizaciones indígenas de Latinoamérica se trató de una invasión en todos los aspectos de su vida.

En 1492 había aproximadamente 90 millones de indígenas viviendo en América (66.5 millones en Sudamérica, 13.5 en América Central y 10 millones en Norteamérica). Cien años más tarde el equilibrio demográfico se había roto de tal manera a causa de las guerras, las enfermedades y las matanzas, que los habitantes indígenas de Sudamérica se habían reducido en 40 millones de personas. En 1652, los 13,5 millones de indios centroamericanos se habían transformado en 540 mil y en 1692, en el segundo centenario del desembarco europeo en América, la población indígena total superaba los 4.5 millones de habitantes según datos proporcionados por la organización Survival Internacional.

No se trata de pelear con la historia independientemente de las cosas que pasaron después de su aventura geográfica y marina, a Colón tampoco se trata de negarle sus méritos científicos y geográficos.

En realidad, el 12 de octubre, los mexicanos lo hemos festejado de manera ciega, sin analizar bien la historia. Mientras unos nos regocijamos, para otros –específicamente para los pueblos indígenas y la población afroamericana –representa una afrenta. Ni siquiera hemos hecho un festejo crítico, por el hecho de que el 12 de octubre representó para millones de mexicanos: el inicio de la explotación y la esclavitud.

No podemos seguir con la apología de la conquista, del colonialismo y la esclavitud, porque a lo lejos de la historia no podemos imaginar ese horroroso pasado histórico.

Podemos aceptar que hubo cosas positivas como el idioma de Cervantes y otras cosas. Si hoy hablamos el idioma castellano en este recinto, no es más que la consecuencia de ese proceso histórico, pero lo que no podemos negar es que para los pueblos indios y afroamericanos, es una historia amarga.

Para los pueblos indios el 12 de octubre de 1492, ahora festejado oficialmente como el Día de la Raza, es el principio de la colonización europea. Marcó el inicio de la opresión y la discriminación histórica y desde entonces los pueblos indígenas perdieron su derecho a la libre determinación y fueron relegados a una situación de estructural subordinación económica, política, social y cultural, que hasta hoy ni la República y sus instituciones estatales, ni la sociedad mexicana, les han podido devolver sus derechos en forma plena.

Festejar este día como Día de la Raza, es pensar en categorías de raza. La diferencia racial, color de piel, constituye el tema central, la esencia y el meollo de las relaciones entre africanos y europeos; es la principal forma estas relaciones adoptan en la época colonial. Vínculos, dependencias, conflictos, todo se traduce al lenguaje de las nociones blanco/negro/indio, dentro del cual, evidentemente, el blanco es mejor, superior y más fuerte que el negro/indio. El blanco es el incuestionable amo y señor enviado por Dios para gobernar indios y negros. Se inculca que el blanco es intocable e invencible, y que todos los blancos constituyen una fuerza compacta y maciza.

Se trataba de una ideología que apoyaba el sistema de la dominación colonial, una ideología apoyaba el sistema la convicción de que todo intento de cuestionarlo u oponerse a él no tenía ningún sentido. Esa es la idea de la Raza originada en Europa, que esconde la esencia de la diversidad de las culturas y que todas son importantes, que no hay cultura superior ni inferior. Es de reafirmar que la esencia de México consiste en su infinita diferenciación de las culturas indígenas, afrodescendientes y mestizas.

En la Declaración del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesinas e Indígenas, celebrado en Bogotá, Colombia del 7 al 12 de octubre de 1989, el 12 de octubre, afirmaron que: “Con la invasión europea, nuestra vida empieza a retroceder, nuestras jóvenes y nacientes culturas son estancadas, impedidas para su desarrollo, menospreciadas en sus valores, saqueadas nuestras riquezas materiales, culturales y espirituales, ofendida nuestra dignidad”.

Prosigue la declaración: “Nuestras tierras americanas se vieron invadidas de seres violentos, ambiciosos, portadores de una cultura machista, que en nombre de un Dios único y dominador, poco a poco se fueron imponiendo, obligándonos a abandonar nuestras tierras o dejar nuestras costumbres; a cambiar las creencias basadas en una profunda y respetuosa relación con la naturaleza, reemplazándolas por la resignación, el sometimiento y la subordinación, en aras de escuchar la palabra de dios.”

Muchísimos años antes, el Chilan Balam de Chumayel, libro sagrado de los mayas peninsulares, dijeron: “pero vinieron los dzules y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar las flores de los otros, porque viviese la suya. ¡Los dzules solo habían venido a castrar el sol¡ Y a los hijos de sus hijos quedaron entre nosotros que sólo recibimos su amargura.”

Este es un testimonio que vive en el espíritu de los indígenas de este país, porque su historia ha sido de permanentes agravios. Es una prueba de que en ese periodo, la destrucción sistemática de la cultura local y su reemplazo por las pautas culturales impuestas desde la metrópolis fue una tarea primordial que justificaba el uso de cualquier medio para llevarla a cabo.

Los hechos que narra el Chilan Balam, no son más que un ejemplo que a costa de todo, a la llegada de Cristóbal Colón a América –permitieron encontrar en esas nuevas tierras un objetivo que el azar brindaba para el lanzamiento hacia las metas de poder económico y político ambicionadas por la jerarquía reinante.

Los conquistadores, entonces, ignoraron el entramado cultural vigente en esos pueblos y las jerarquías sociales existentes entre éstos, para imponer sus valores propios.

Tal fue el sometimiento de los indígenas y los afroamericanos que fueron condenados a trabajos forzados. Al principio, ni siquiera fueron reconocidos como seres humanos, hasta que el Papa Paulo III admitió que los indios americanos eran “seres humanos, dotados de alma y razón”, en su bula Sublimis Deus.

El dominio hacia las comunidades negras e indias, se extendió en todos los terrenos. No se les permitió por mucho tiempo vivir en su propia tierra, a seguir sus propias leyes y a practicar su propia fe. Así que la opresión y la discriminación a los pueblos indígenas y negros han sido resultado del modelo de sociedad y de Estado instaurado desde hace siglos.

Los pueblos indígenas no pueden seguir viviendo con una afrenta histórica, por eso propongo reformar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y resarcir la historia de dignidad de los pueblos indígenas y comunidades afroamericanas, que en nuestro país, están vivas en decenas de expresiones culturales y reclaman incansablemente sus derechos y evitar ser borrados para siempre.

En este tenor, la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales se establecen las fechas que son declaradas solemnes para toda la nación, y por lo que deberá izarse la bandera nacional a toda o a media asta, según se trate a la festividad o de duelo, en escuelas, y demás edificios públicos, así como en las sedes diplomáticas y consulares de México en el extranjero.

Muchas de las fechas señaladas como ocasión solemne o de duelo para toda la nación, están relacionadas con fechas que han marcado el rumbo y la historia profunda de nuestra nación. Algunas refieren a fechas de nacimientos de hombres y mujeres ilustres que lucharon por la independencia política, que consolidaron las Leyes de Reforma, o para recordar los días en que las armas se cubrieron de gloria contra las intervenciones enemigas.

Sin embargo, existen otras fechas que a pesar de su rechazo generalizado a ser festejadas por contradictorias a la verdadera historia del México profundo, continúan siendo reconocidas, tal es el caso de la conmemoración del 12 de octubre, que es reconocida en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, como el “Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América, 1492”, bajo una concepción racista, parcial y discriminatoria hacia la multiplicidad de culturas milenarias de nuestro país, como lo son los pueblos indígenas y afroamericanos.

Esa idea de conmemorar el “Día del Descubrimiento de América”, también conocida como “Día de la Raza” o “Día de la hispanidad”, surgió en el siglo XIX, cuando al celebrar el cuarto centenario del mal llamado descubrimiento de América; fue firmado un decreto real, en el monasterio de la Rábida, el 12 de octubre de 1892 por María Cristina de Habsburgo y aunque en este momento no se establecería como día oficial, años más tarde sería instituido como de “fiesta nacional”, por todas las naciones americanas, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica.

En México se adoptó oficialmente la fecha del 12 de octubre durante el régimen del presidente Álvaro Obregón, a sugerencia del maestro José Vasconcelos, que era entonces titular de la Secretaría de Educación.

Entonces, el Día de la Raza fue instituido bajo el supuesto de unir a los pueblos o países que tienen un común “la lengua, el origen o la religión que nos trajeron los españoles”.

El problema es que en aquellos países en que se instituyó este Día de la Raza, encontramos un excesivo racismo y discriminación en contra de los pueblos originarios.

En España, el rey Alfonso XIII estableció esta fecha como “Fiesta de la Raza” y “Fiesta Nacional” para todas las ciudades españolas. Más tarde, un decreto del gobierno de España del 9 de enero de 1958, decide: “Dada la enorme trascendencia que el 12 de octubre significa para España y todos los pueblos de América hispana, el 12 de octubre será fiesta nacional, bajo el nombre de “Día de la Hispanidad”.

En años recientes, en México, se ha reconocido que el 12 de octubre ya no puede seguirse festejando con base en esos mismos argumentos, y se ha destacado que las comunidades étnicas del continente americano han convertido el 12 de octubre, en la “fecha de la reivindicación de la dignidad y las culturas indígenas” donde se escuchan sus demandas y reclamos.

México como nación tiene una enorme deuda con los pueblos y comunidades indígenas, por lo que este país democrático, justo y equitativo por el que estamos luchando, no puede lograrse y no tiene futuro sin la participación plena de los indígenas.

Debemos reconocer que el 12 de octubre ya no puede, ya no debe ser festejado como el día de la raza porque ese festejo corresponde a los conquistadores, a los vencedores españoles pero no para los vencidos, y es por ello que podemos iniciar, reconociendo en nuestra Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que el 12 de octubre sea conmemorado como el “Día de la Dignidad de las Culturas Indígenas y Afromexicanas”, en reconocimiento a la resistencia cultural de los pueblos indígenas y a la población afrodescendientes de este país que corrieron similar suerte en la historia, que tuvieron que ser arrancados de sus tierras para venir de esclavos a tierras americanas.

Festejemos el 12 de octubre con espíritu de solidaridad y respeto, en reconocimiento a nuestra rica diversidad cultural que aún existen y persisten en nuestro país. Nuestra iniciativa parte de que sea un día de verdadero diálogo intercultural, porque reconozcamos a la diversidad por encima de la homogeneidad y porque es el momento de reencontrarnos con el México profundo.

El punto de partida de nuestra Nación se concreta en la búsqueda de las posibilidades de una praxis intercultural en un mundo globalizado que promueve relaciones asimétricas. Es momento de ejercer una conciencia reflexiva y crítica sobre nuestra historia. No hay diálogo de culturas sin el reconocimiento y sin la participación igualitaria en ámbitos de la vida cotidiana. Reconocer la dignidad y la diversidad de las culturas indígenas y afrodescendientes, es reconocer los enfoques, cosmovisiones mentales y tradiciones culturales. Como consecuencia, resulta urgente fomentar la conciencia e impulsar espacios interculturales, no sólo con base en el reconocimiento de la igualdad en las diferencias sino en la construcción de una praxis compartida con intereses y responsabilidades comunes.

Comprensión y diálogo simétrico con los otros, como condición necesaria para lograr “equilibrar el mundo”, que implica una práctica cotidiana que demanda la superación de nuestros modos de saber y saber hacer, o sea, desechar la carga de orientación occidental en todos los niveles como única manera de organizar e interpretar el mundo, como lo indica el filósofo Raúl Fornet-Betancourt.

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo Único.Se reforma el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18.

...

a)...

...

...

...

12 de octubre:

Día de la Dignidad de las Culturas Indígenas y Afromexicanas.

...

...

b)...

...

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Ryszard Kapúscinski. Ébano. Biblioteca Viajero ABC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.— Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Carlos de Jesús Alejandro. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. Someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma, adiciona y modifica el numeral 1, inciso a), del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las fracciones XI y XII, y adiciona la fracción XIII del numeral 1, inciso a), del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cumplimiento de los acuerdos aprobados por las comisiones ordinarias.

Sáinz Moreno, citado por la doctora Cecilia Mora Donatto y Elia Sánchez Gómez en su obra Teoría de la legislación y técnica legislativa, ha señalado que la calidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico ha dejado de ser un problema literario o lingüístico, para convertirse en una exigencia constitucional, cuyo incumplimiento implica una obligación del principio de seguridad jurídica.

Agrega la doctora Mora, que recobrar la centralidad del Parlamento, la importancia de todas y cada una de sus funciones, especialmente de la legislativa en el Estado democrático es una tarea que apremia. Dicho fortalecimiento pasa necesariamente para racionalizar el mecanismo, o mejor dicho, la pluralidad de instrumentos de producción de normas legales.

A esto pretende contribuir la construcción teórica que aquí se ofrece. Persigue desde luego reforzar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, partiendo del principio democrático y representativo, cuya encarnación más genuina es el Parlamento. Para ello se requiere que sea éste y no otro órgano al que compete la elaboración de las directrices políticas de creación y evaluación de las normas con rango de ley.

Las premisas fundamentales que plantea dicha teoría derivan de las necesidades de racionalizar la producción normativa de los Congreso o generar —como se ha dado en llamarse de manera reciente— un nuevo diseño institucional para la producción de las normas con rango legal. Un modelo que permita como mínimo una reflexión más detenida de las causas que motivan la aprobación de una ley, el impacto normativo que producirá dicha norma legal, una vez incluida en el ordenamiento jurídico y la evaluación de los resultados provocados, una vez aplicada la misma.

Dicha teoría no pierde de vista que el problema de la elaboración de las leyes no es solo un problema de buena redacción, sino también de exigencia, para volver efectivos los principios de legalidad y de seguridad jurídica en que se inspira un genuino estado de derecho.

En concordancia con la doctora Mora Donatto, resulta inminente que en la construcción de las normas sea aplicado un modelo que permita, en definitiva, los elementos antes citados. Para ello también es imprescindible hacer reformas al marco jurídico que nos rige, específicamente dando solución a un grave problema que expondremos a continuación, y que tiene que ver con una de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política y en relación a las normas concernientes a las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto, establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, a efecto de evitar lo acontecido en días pasados con la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.

Es importante resaltar que, una vez habiéndose aprobado por unanimidad de los diputados presentes en la reunión ordinaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y que fue turnada la iniciativa del diputado Roberto López Suárez, cuyo objetivo es de la mayor trascendencia. En la sesión del pleno en la que se discutió el dictamen en comento, una vez aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, argumentando su perfeccionamiento y atendiendo las diversas preocupaciones escuchadas en el pleno, el titular de la Junta de Coordinación Política manifestó —cito textual—: Se regrese a comisiones el dictamen que está a discusión y con base al 33 y el 34, que usted citó —dirigiéndose al señor presidente de la Cámara de Diputados— como presidente de la Junta le solicito sea retirado el dictamen, regresándola a comisiones y habremos de entregar el artículo correspondiente en unos momentos. Consultando a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se regresa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lo acontecido aquel día nos motiva a la presentación de esta iniciativa, la cual tiene como finalidad la prohibición de devolver a la comisión a la cual fue turnada una iniciativa o minuta, un dictamen en sentido positivo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, siendo solo procedente la anterior devolución cuando así lo aprueben las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno.

Al respecto, en opinión de Miguel Ángel Camposeco Cadena, el dictamen es un acto de voluntad colegiada que reúne la decisión mayoritaria de los miembros integrantes de un órgano de instancia de decisión, denominado comisión de dictaminación legislativo o comisión dictaminadora.

Como documento, constituye el elemento formal que acredita el cumplimiento de una etapa del procedimiento constitucional y reglamentario indispensable para la integración del acto legislativo.

El concepto antes citado nos permite entender la dimensión del alcance del dictamen, por lo cual, no es admisible que sea en votación económica y consultando a la asamblea la devolución de un dictamen a la comisión dictaminadora. Sin duda estamos obligados a sentar las bases para un fortalecimiento real del Poder Legislativo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y modifican el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y las fracciones XI y XII y adiciona la fracción XIII del inciso a) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados

El que suscribe, Felipe Arturo Camarena García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y modifican el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las fracciones XI y XII y se adiciona la fracción XIII del inciso a) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cumplimiento de los acuerdos aprobados por las comisiones ordinarias.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.

La finalidad de la presente iniciativa consiste en establecer en el marco jurídico aplicable, la prohibición de devolver a la comisión un dictamen en sentido positivo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y consultando a la asamblea en votación económica; siendo sólo procedente la anterior devolución cuando así lo aprueben las dos terceras partes de los diputados presentes.

III. Argumentos que la sustenten.

Las leyes no son simples actos de poder; son actos de inteligencia, de justicia y de razón. El legislador no debe perder de vista que las leyes se hacen para los hombres y no los hombres para las leyes.

Discurso preliminar

Código Civil de Napoleón (1804).

Sainz Moreno, citado por la doctora Cecilia Mora-Donatto y Elia Sánchez Gómez en su obra Teoría de la legislación y técnica legislativa (Una forma nueva de entender y ejercer la función legislativa), “ha señalado que la calidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico ha dejado de ser un problema literario o lingüístico, para convertirse en una exigencia constitucional, cuyo incumplimiento implica una obligación del principio de seguridad jurídica”.

Agrega la doctora Mora-Donatto: “Recobrar la centralidad del Parlamento, la importancia de todas y cada una de sus funciones, especialmente de la legislativa en el Estado democrático es una tarea que apremia. Dicho fortalecimiento pasa necesariamente por racionalizar el mecanismo, o mejor dicho, la pluralidad de instrumentos de producción de normas legales; a esto pretende contribuir la construcción teórica que aquí se ofrece; persigue, desde luego, reforzar los principios de legalidad y seguridad jurídica, partiendo del principio democrático y representativo cuya encarnación más genuina es el Parlamento. Para ello se requiere que sea este y no otro órgano al que competa la elaboración de las directrices y políticas de creación y evaluación de las normas con rango de ley... Las premisas fundamentales que plantea dicha teoría derivan de la necesidad de racionalizar la producción normativa de los congresos o generar, como se ha dado en llamarse de manera reciente, un nuevo diseño institucional para la producción de las normas con rango legal. Un modelo que permita, como mínimo, una reflexión más detenida de las causas que motivan la aprobación de una ley; el impacto normativo que producirá dicha norma legal una vez que sea incluida en el ordenamiento jurídico y la evaluación de los de los resultados provocados una vez aplicada la misma. Dicha teoría no pierde de vista que el problema de la elaboración de las leyes no es, ni mucho menos, sólo un problema de buena redacción sino una exigencia para volver efectivos los principios de legalidad y seguridad jurídicas en que se inspira un genuino Estado de derecho”.

En concordancia con la doctora Mora-Donatto, resulta imprescindible que en la construcción de las normas, sea aplicado un modelo que permita, en definitiva, los elementos antes citados; para ello, también es imprescindible, hacer reformas al marco jurídico que nos rige, específicamente dando solución a un grave problema que expondremos a continuación, y que tiene que ver con una de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política (establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos) y en relación a las normas concernientes a las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto (establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados). Lo anterior, afecto de evitar lo acontecido en días pasados en la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.

Es importante resaltar que, una vez habiéndose aprobado por unanimidad de los diputados presentes en la reunión ordinaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (comisión a la que fue turnada la iniciativa del diputado Roberto López Suárez), cuyo objetivo es de la mayor trascendencia; en la sesión del pleno en la que se discutió el dictamen en comento, una vez aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, sucedió lo que a continuación cito textual, como consta en la versión estenográfica de la sesión correspondiente a ese día:

...

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Aprobados en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, por 424 votos.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reservar al artículo 41.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Comentábamos hace unos minutos que estamos a favor de este dictamen y ya lo votamos en lo general. Sin embargo nosotros quisiéramos ir más allá, que fueran comisiones de investigación que tuvieran fuerza, que tuvieran dientes para poder hacerse respetar por las instancias que investigan.

Aquí conmemoramos 100 años de la disolución del Congreso por el usurpador Victoriano Huerta. Pero hay otras formas de disolver el Congreso: con desapego a sus principios, ignorándolo, ninguneándolo, poniendo por encima del Congreso supra poderes como el Pacto por México, o demás mecanismos supraconstitucionales.

Por esa razón creemos que en esta tarea de investigación el Poder Legislativo tiene que tener toda la fuerza para poder ir a fondo en los temas que le toca investigar. Por eso planteamos una reserva para el numeral 5 del artículo 41 de la Ley Orgánica que dice: “Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal a que la comisión investigadora solicite información deberán atender la petición en el plazo improrrogable establecido de 15 días naturales, dando respuesta al requerimiento”.

Lo que estamos proponiendo es que se adicione que de no dar respuesta a esta solicitud recibirán un extrañamiento de parte del pleno de la Cámara. Esto es así, compañeras y compañeros legisladores, porque ya basta que estos servidores públicos ninguneen las solicitudes de información del Congreso o de sus comisiones.

Por ejemplo, en la Comisión Investigación Condusef, mejor conocida como Monex, se han hecho requerimientos a la Unidad Financiera, al Banco de México o a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral y de plano o se ignoran estos requerimientos o simplemente se contesta con evasivas, se contesta sin entrar al punto de la solicitud de información.

Por eso estamos planteando que haya un extrañamiento, porque resulta que por ejemplo en este caso el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE se ha negado a rendir información, Alfredo Cristalinas, a quien hemos llamado Alfredo Pristalinas porque sólo multa a la coalición Movimiento Progresista y exonera de Monex, de Soriana y de lo que se acumule al PRI; por eso Alfredo Pristalinas. Por eso creemos que en una reforma electoral debe salir del nuevo Instituto Nacional Electoral.

Pero volviendo al punto y para concluir, lo que estamos planteando entonces es que si un servidor público de un órgano investigado no le contesta la solicitud de información al Congreso y a su comisión de investigación será amonestado públicamente.

Ya basta de que se burlen del Congreso, ya basta que ninguneen al Poder Legislativo. A éste no sólo se le disuelve, se le ningunea y para el caso es lo mismo. Es cuanto.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Ricardo Mejía Berdeja. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Brenda María Alvarado Sánchez, para presentar reserva a los artículos 41 y 85.

La diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez:Con su permiso, señor presidente. Amigas y amigos legisladores.

Quiero iniciar felicitando al diputado Marcos Aguilar, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y a todos los integrantes que formamos parte de esta comisión por el trabajo que hemos realizado.

Asimismo, permítame extender esta felicitación al diputado Roberto López, promovente de esta iniciativa por la disposición para encontrar coincidencias dentro de la misma que permitirá establecer el marco jurídico para el funcionamiento interno de las Cámaras del Congreso de la Unión para la constitución de las comisiones de investigación.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno las reservas sobre el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículo 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comisiones de investigación, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea incorporada en el dictamen de mérito la reserva mediante la cual se proponen modificaciones a los artículos del referido decreto para quedar como sigue:

Artículo 41, párrafo tercero, debe decir: La Junta remitirá al pleno el acuerdo correspondiente para su conocimiento y, en su caso, aprobación.

Párrafo quinto, deberá decir: Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria a que la comisión investigadora solicite información deberán atender la petición en el plazo establecido de 15 días naturales dando respuesta al requerimiento. Las solicitudes de información de documentación o de ambas, serán suscritas por el presidente de la comisión con el aval de la mayoría de los integrantes de la junta directiva y el presidente informará del resultado al pleno de la comisión.

Párrafo sexto deberá decir: los resultados de las investigaciones se remitirán al Ejecutivo para los efectos legales conducentes.

Artículo 85, párrafo tercero, se agregarán dos párrafos más. La solicitud para integrar las comisiones de investigación deberá realizarse a través de la Junta de la Coordinación Política, la cual verificará que se cumplan los requisitos que señala la Constitución y el respaldo de la mitad o más de los senadores que integran la Cámara. La Junta remitirá al pleno el acuerdo correspondiente para su conocimiento y en su caso, aprobación.

b) Los organismos descentralizados y de empresas de participación estatal mayoritaria a los que la comisión investigadora solicitan información, deberán atender la petición en el plazo establecido de 15 días naturales, dando respuesta al requerimiento. Las solicitudes de información, de documentación o de ambas serán suscritas por el presidente de la comisión, con el aval de la mayoría de los integrantes de la junta directiva. El presidente informará del resultado al pleno de la comisión.

El propósito que tengo en venir a presentar esta reserva es para darle mayor precisión conforme lo marca el artículo 93 constitucional. En espera de contar con su aprobación, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Gracias, diputada Alvarado Sánchez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Ábrase el tablero electrónico de votación por tres minutos.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:El voto a favor es para que sí se admita a discusión. El voto en contra es para que no se admita a discusión.

(Votación)

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al excelentísimo señor embajador Heriberto Riveros Salcedo, de la República de Paraguay, así como al ministro Víctor Verdún, que lo acompaña, y también a la licenciada Marcelina Cruz, directora general adjunta para América Latina. Por supuesto, también acompañados por la presidenta del grupo de amistad, la diputada Ruth Zavaleta. Sean ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 206 votos a favor, 186 en contra y una abstención.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Compañeras, compañeros, es un asunto de trámite y ya está cantada la votación. Sí se admite a discusión.

Se han registrado para hablar en contra, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano; y el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como los primeros tres oradores.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra el señor diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo en los términos del artículo 210, fracción III del reglamento que rige los trabajos de esta Cámara a reflexionar y a pronunciarme en contra de la reserva presentada por el del Grupo Parlamentario del PRI. Lamento que esta reserva se haya presentado por conducto de la...

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Señor diputado, le ruego me permita. Está pidiendo la palabra el diputado Miguel Alonso Raya, entiendo que para formularle una pregunta. Dígame, ¿con qué objeto, diputado Raya?

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya(desde la curul): Para hacer una pregunta al orador.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado Raya. Pregunto al orador si acepta la pregunta que le quiere formular el diputado.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Sí, adelante, diputado. Nada más cuente mi tiempo.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Adelante, diputado.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya(desde la curul): La pregunta es muy simple. ¿Cómo votó el PRI en la comisión en este asunto?

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Precisamente hacia allá voy, diputado. Muchas gracias.

Decía que lamento que lo hayan presentado por conducto de la diputada Brenda Alvarado, apreciada diputada, porque no refleja el voto que la en la comisión tuvo el PRI.

El PRI en comisiones votó a favor de este dictamen, como votó a favor de otros dictámenes a los cuales desde hace una semana los han venido sistemáticamente aplazando para que no sean discutidos en este pleno y que son dictámenes que van en aras de un trabajo más eficaz de la Cámara de Diputados.

Lo que las reservan pretenden, las reservas del PRI, es modificar completamente el sentido del dictamen. Dice la reserva presentada que la Junta remitirá al pleno el acuerdo correspondiente para su conocimiento y, en su caso, aprobación.

Esto no solamente es una incongruencia con lo que se votó en comisiones, es inconstitucional porque el artículo 93 de la Constitución señala que es un derecho de las minorías que nos podamos constituir en comisiones de investigación en torno a los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria.

Es un derecho de las minorías de los diputados y de las minorías de los senadores. Si eso lo establece la Constitución y luego con la reserva del PRI pretendemos modificar la ley, es una incongruencia; porque entonces estaríamos sujetos a lo que la mayoría quisiera y estaríamos cancelando y desvirtuando este derecho de minorías.

Lamento realmente esa actitud del PRI, que votan una cosa en la Comisión de Régimen y Reglamentos y luego se obstinan en obstaculizarla.

No es el único dictamen. Ahí tenemos también el dictamen que pretende regular y transparentar las labores de cabilderos en esta Cámara, que pretende frenar para que no sean familiares de quienes seamos diputados los que estén cabildeando en esta Cámara, y el PRI se opone a que ese dictamen que va en aras de la transparencia y de la credibilidad en esta Cámara también sea discutido en el pleno.

Por eso, compañeras y compañeros de todos los grupos parlamentarios, reflexionemos el sentido de nuestro voto. Hace un momento votamos a favor de este dictamen y sería una incongruencia votar a favor esta reserva del PRI, que nulifica completamente el avance que aquí se ha propuesto. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. También para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Había pensado no participar en este debate, pero me parece que resulta lamentable, decepcionante que se vote de manera inconsecuente, de manera mecánica. Que se desconozca el origen, la motivación que orientaron a los constituyentes de 1997 a incorporar este tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

Es tal la ignorancia, es tal la inconsistencia que raya en la incongruencia y en el sinsentido. Simplemente niega y cancela la disposición constitucional contenida en el artículo 93 constitucional. Se está viviendo una época regresiva en la fortaleza del Poder Legislativo.

Esta Cámara se está autodenigrando, porque con estas disposiciones que se plantea se modifiquen del dictamen original, simplemente anulan la reforma constitucional y dejan enterrado el derecho de las minorías.

Me extraña mucho que en el PRI se haya llegado a este nivel de cinismo. En 1997, el presidente de la República de aquel momento planteó esta reforma en un paquete de reforma política y ahí se describía, con toda claridad, que era un derecho de las minorías. Y que era para fortalecer al Poder Legislativo en su facultad de control y de vigilancia.

Este debate no es nuevo, lo hemos dado en muchas épocas y hoy hay una actitud regresiva del PRI. Yo sé que en el PRI hay algunos abogados con sentido común y sentido político, pero lo que hoy se está haciendo es enterrar el derecho de las minorías de integrar comisiones de investigación.

Miren ustedes, lean la exposición de motivos de 1997, lean a constitucionalistas, lean al último, que ya no vive y que era muy bueno, a Jorge Carpizo. Jorge Carpizo incluso llegó a decir que era un exceso pedirles 25 por ciento de legisladores en el caso de Cámara de Diputados y en el caso del Senado 50 por ciento, la mitad, para ejercer este derecho de las minorías. Y decía que era restrictivo, que bastaba que cinco diputados con un menor número solicitaran al Congreso la integración de comisiones de investigación para que éstas funcionaran.

Me da mucha tristeza participar y pertenecer a esta Cámara, que se orienta sólo por decisiones cupulares. Me da mucha tristeza ver cómo en las partes fundamentales de la minoría hay regresión permanente y cotidiana. Este derecho de las minorías de investigar a todo el régimen paraestatal es restrictivo. Pero no sólo es restrictivo, ahora se está cancelando. Y ahora de manera inconstitucional por vía de ley reglamentaria se está anulando el derecho de las minorías de integrar comisiones de investigación.

¿Qué sentido tendría –pregunto a los legisladores que tengan sentido común– que establezca la Constitución un porcentaje de integrantes de la Cámara de 25 o 50 por ciento en su composición? ¿Para qué tendría la Constitución que establecerlo, si cada uno de los diputados individualmente lo puede hacer? ¿Para qué someterlo al pleno este derecho de las minorías?

Les recomiendo, vean la exposición de motivos de aquella reforma de 1997, atiendan el derecho comparado. En todo el mundo, en todo el mundo existe el derecho de investigación y control, y de trasparencia, por las minorías. Hoy lamentablemente estamos retrocediendo, se está cancelando un derecho de las minorías. Es triste, es lamentable, me siento indignado de pertenecer a esta legislatura.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra también para hablar en contra el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Roberto López Suárez: Gracias, señor presidente. Me preocupa que la palabra del PRI, en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, no valga nada, porque quiero decirles que se presentaron cerca de 20 modificaciones propuestas por el PRI sobre esta iniciativa, de las cuales les aceptamos 15 y estas cinco son las que hoy nos vienen a proponer en estos dos artículos, que en realidad rompen la esencia de lo que tienen que ser las comisiones de investigación, y que además no inventamos nosotros, como ya se dijo aquí, desde 1977 se ha planteado la necesidad de que esta Cámara tenga comisiones de investigación; no para hacer ministerios públicos, como el PRI ha señalado muchas veces, sino para llegar a fondo de los problemas reales y de escándalos sociales que se han dado en este país y que seguramente se darán.

El 93 constitucional, señala el derecho de las minorías y en la propuesta que hace el PRI hoy rompe esencialmente eso; porque ahora resulta que la Junta de Coordinación tiene la autoridad legal en esta propuesta que hace el PRI, para poder decir si se instala una comisión de investigación o no.

Les voy a dar un dato: nada más en 2007, por encima de la Constitución, la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados rechazó la creación de siete comisiones de investigación: una, sobre Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; otra para el Instituto para el Ahorro Bancario; otra sobre el Aeropuerto; una más sobre Infonavit y el ISSSTE.

Entonces, resulta que el PRI ahora quiere hacer legal la atribución anticonstitucional que se abroga la Junta de Coordinación, para que aunque se cubran los requisitos por el derecho de minoría, en el Senado o en la Cámara puedan determinar si ellos autorizan la creación de esta comisión de investigación en cualquier legislatura.

Hago un llamado al PRI que no se equivoque, es un derecho constitucional, incluso puede haber litigio adelante. Una cosa es que el pleno de la Cámara, a propuesta de la Junta de Coordinación pueda en este caso sancionar la composición de cualquier comisión de investigación a que autorice la creación de la misma, son dos cosas totalmente distintas.

Por último, esta iniciativa fundamentalmente es por lo que nos hemos enfrentado en la comisión Monex, el derecho de información a las instancias de gobierno, el vacío que hacen los partidos, en este caso que apoyaron a Peña Nieto, para sesionar en la comisión, para pedir información.

Lo que se pretende con esta iniciativa y dictamen de la Comisión de Reglamentos es desatar las manos a los legisladores, que promuevan y participen en una comisión de investigación. Pero con esta reserva que hace el PRI, pues quieren hacer todo lo contrario.

Llamo a los diputados y a las diputadas, a que votemos en contra de esta reserva, porque sería ir en contra de la Constitución y además pretender que cualquier investigación que se realice en adelante sea una simulación. Muchas gracias.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Gracias a usted, señor diputado Roberto López Suárez. Antes de consultar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido, informo que están anotados también para hablar en contra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el diputado Marcos Aguilar Vega y el diputado Miguel Alonso Raya.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Presidente.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Conforme al Reglamento, diputado presidente, sólo hubo oradores en contra. No hay nada que preguntar, hay que someter a discusión el asunto. Sólo hay inscritos oradores en contra y el Reglamento prevé que se someta a votación el asunto en el fondo.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Para ilustración de la asamblea léase el artículo 110, fracción III.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez:Artículo 110. Las reservas se discutirán de la siguiente forma.

Fracción III. Después de que hubiesen intervenido hasta tres oradores de cada lista, el presidente preguntará al pleno si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En caso negativo, continuará la discusión sólo si hubiera oradores inscritos, pero el presidente repetirá la pregunta cuando hubiera intervenido un orador más de cada lista y así en lo sucesivo.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): El 110, fracción V, diputado presidente. Cuando no hubiere oradores a favor del artículo incluido en el proyecto podrán hablar hasta dos oradores en contra.

Fracción VI. Cuando no hubiere oradores inscritos, el presidente ordenará que se pase a la discusión del siguiente artículo reservado.

Aquí no tenemos oradores inscritos, diputado presidente, a favor.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado, tengo oradores inscritos y para que no haya duda, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se encuentra y suficientemente discutido.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica, se pregunta si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Ábrase el tablero por tres minutos.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos...

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): Presidente, por favor oriente el sentido del voto.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: El voto a favor es para considerar que ya está suficientemente discutido; el voto en contra es para aquellos que consideren que no está suficientemente discutido.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Una vez cerrado el tablero electrónico de votación no se admitirán votos.

(Votación)

No se encuentra suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Primero quisiera hacer una atenta invitación a los diputados del Partido Revolucionario Institucional para que suban a la tribuna y debatamos; finalmente no se trata sólo de ver quién tiene la mayoría numérica, sino también de convencernos, para eso es el parlamento.

El parlamento es para hablar, convencernos, razonar. No es de ninguna manera algo virtuoso, algo de presumir, que se quiere impulsar algo y no se pueda ni siquiera o se decida no subir a argumentar a favor y defender el porqué de las cosas.

Y por supuesto es un absurdo que se busque de la ausencia del debate sacar una ventaja y decir “ahora como no queremos debatir nuestra posición, entonces que tampoco se siga discutiendo”.

Invito muy fraternalmente a los diputados del PRI, del Verde, si es que también están de acuerdo con esto, a que suban y demos el debate los que estén en esa posición, que lo hagan; me entero con mucho gusto que hay diputados del Verde que también se oponen a esta intención de conculcar la Constitución.

Miren, creo que el PRI se está volviendo un poco leninista, porque su propuesta es dar un paso hacia adelante y dos pasos para atrás, como el famoso texto de Lenin.

¿Por qué digo que es dar un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás? Es un paso hacia adelante porque se fortalecen las comisiones investigadoras, se pone un plazo para que las dependencias puedan darle la información. Es algo importante para que las comisiones de investigación no sólo tengan un papel mediático, sino que efectivamente tengan dientes y puedan investigar, puedan hacer su trabajo; eso fortalece al Poder Legislativo y es algo valioso. Qué bueno que se fortalezca, qué bueno que haya una mesa directiva de las comisiones investigadoras y que se le den dientes, fuerza, impulso.

Pero esto que se ganó y que es el espíritu con el cual lo votaron en la comisión, lo hacen nugatorio con una reserva; con una reserva hacen nugatorio lo que se gana, la fortaleza.

Pero no sólo hacen nugatorio ese espíritu, hacen nugatorio lo que establece la Constitución. La Constitución establece como derecho de minoría la comisión investigadora. Si una cuarta parte de los diputados quiere, promueve una comisión investigadora, lo tiene; una cuarta parte.

Y aquí por ley secundaria quieren quietar esa posibilidad que da la Constitución para que tenga que ser aceptado por la mayoría. Es decir, un derecho de minoría a expensas de la gracia de la mayoría, lo cual es un absurdo, un contrasentido.

Llamo al PRI a que no cometa el desatino de esta regresión. Por cierto, muy fraternalmente quiero corregir al diputado Ricardo Monreal: este derecho no viene de la reforma del 97, viene del 77, de la reforma de Reyes Heroles, de la reforma política de Reyes Heroles viene ya este derecho de minoría y sería un tremendo retroceso que ahora lo quieran convertir para que esté a expensas de la gracia de la mayoría.

Es un retroceso de la reforma política del 77. Perdonen, eso sí es regresarnos no sólo al viejo régimen previo al 82, sino al viejo régimen del echeverrismo o del diazordacismo, en donde no estaba.

Creo que todos nos congratulamos de lo que fue la reforma política de Reyes Heroles, le damos su peso que abrió el espectro político. No hagamos un retroceso para convertir un derecho de minoría a algo que esté a expensas de la gracia de la mayoría. Gracias; es cuanto.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Para alusiones, presidente. Estoy solicitando para alusiones personales.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, hoy soy víctima de los virus que hay en la Cámara, pero no por eso reconozca que en efecto 1977, en el paquete de reforma política, se presentó el agregado al artículo 93, en su párrafo tercero.

Déjenme decirles lo que la exposición de motivos y más tarde en comentarios sobre el mismo artículo, el mismo párrafo decían los constitucionalistas, entre otros Jorge Carpizo McGregor.

Decía él que los partidos de oposición tienen el derecho de integrar comisiones de investigación. No sólo eso, decía que debían tener presencia relevante en las comisiones de investigación para que no se corriera el peligro que el partido en el gobierno –subrayo– que el partido en el gobierno encubra irregularidades e incluso probables delitos de sus correligionarios.

Decía además que esta facultad legislativa para integrar comisiones de investigación no debería tener restricciones, que era una facultad extraordinaria de la oposición de las minorías, pero además la exposición de motivos afirmaba que el gobierno estaba dispuesto a que las minorías investigaran el desempeño de las paraestatales y los organismos públicos descentralizados.

Por eso es grave, muy grave que el Congreso mexicano, llámese Cámara de Diputados, hoy esté dando vuelta, retrocediendo a una facultad conquistada por las minorías. No lo admitimos. Es más, yo estoy seguro que en el PRI hay gente que coincide con nosotros. Ahora son mayoría, mañana no lo van a hacer, se los aseguro. Pero no se puede sepultar una facultad tan trascendente que es un derecho de las minorías.

Les propongo, ciudadanos legisladores, que se regrese a comisiones, que se regrese a comisión el dictamen porque de aprobarse no sólo estarían violando la Constitución en su artículo 93, párrafo tercero, sino que estaríamos retrocediendo gravemente en una conquista de las minorías.

Este debate lo hemos dado lo largo de la historia, cuando se integró la comisión de investigación Conasupo, cuando se integró la comisión Pemexgate, cuando se integró la comisión CFE, cuando se integró la comisión Amigos de Fox, y ahora cuando se integró la comisión Monexgate.

Por eso solicito, presidente de la Cámara, solicito a los coordinadores de los grupos parlamentarios que componen la junta, y a todos los legisladores, no puede cometerse esta aberración constitucional en un elemental derecho de las minorías. Les pido que se regrese a comisiones y que no se dé paso a anular un derecho constitucional consagrado en el tercero del 93 de la Carta Magna, ojalá y reflexionen. Lo que se está cometiendo es un atraco constitucional muy grave para la vida del parlamento mexicano.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, para que someta a consideración de la propuesta presentada de que este asunto regrese a comisiones para su perfeccionamiento.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Diputado Gutiérrez de la Garza, si me lo solicita la Junta de Coordinación Política, en términos del 33 y 24 de la Ley Orgánica, sí estaría en condiciones de consultar al pleno si el asunto se devuelve a comisión. En espera de que esa solicitud de la Junta ocurriera, voy a dar la palabra. Dígame, diputado Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Silvano Aureoles Conejo(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Atendiendo las diversas preocupaciones escuchadas aquí y la solicitud de compañeros, de que se regrese a comisiones el dictamen que está a discusión y con base en el 33 y el 34 que usted citó, como presidente de la Junta le solicito que sea retirado el dictamen, regresado a comisiones y habremos de entregar el acuerdo correspondiente en unos momentos. Muchas gracias, presidente.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Marcos Aguilar Vega. Dígame, diputado.

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): Presidente, como presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y toda vez que observo con toda puntualidad lo que podría suceder en términos numéricos, esto sería sumamente riesgoso para la Ley Orgánica y particularmente para el Poder Legislativo en su conjunto.

Independientemente de medir las fuerzas políticas que aquí existen, si aprobáramos la reserva en los términos que hoy se está plantando sin duda laguna estaríamos cometiendo una aberración de carácter constitucional, y la propuesta es justamente secundar que pueda ser devuelta a la comisión y que pueda construirse de ahí un acuerdo.

Esperemos que esta ocasión –lo digo con respeto, sin que nadie se ofenda–, que los representantes en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias vayan acompañados sin duda alguna de la información jurídica y legislativa necesaria para emitir un voto y evitar este tipo de circunstancias, que sin duda alguna son lamentables para la imagen de la Cámara de Diputados.

Nosotros en particular no podríamos respaldar el contenido de una reserva en esos términos porque simplemente es una atrocidad de carácter constitucional. Por eso hago el llamado respetuoso a la Mesa Directiva y me adhiero al planteamiento, como presidente, que ha hecho el diputado Monreal y el coordinador Silvano Aureoles. Es cuanto.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés:Sonido en la curul del diputado Roberto López. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Solamente para señalar como diputado proponente de esta iniciativa, que se procesó y se llegó al dictamen, y como secretario de la Comisión de Reglamentos apoyaría la propuesta que hacen el diputado Silvano, el diputado Monreal y nuestro presidente de la Comisión de Reglamentos, sobre todo pensando en que puede ser un retroceso a 1977 si llegáramos a aprobar esta reserva.

Entonces, creo que estaríamos en la mejor disposición de procesar en la Comisión de Reglamentos y haría un llamado al PRI como se hizo hace un momento, para que en la Comisión de Reglamentos faculte a sus diputados para que lo que se acuerde y se consense desde esta comisión para los dictámenes, lo respeten aquí en el pleno. Nada más, presidente. Gracias.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Ya había yo concedido el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía. Inmediatamente después de la intervención del diputado Ricardo Mejía consultaré al pleno a solicitud de la Junta de Coordinación Política, si el asunto se turna nuevamente a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Y lo felicito por su conducción atinada. Me parece que esto es parte de los desaseos y de los enjuagues que se hacen. Es tal el desaseo, que se aprueba en lo general un dictamen y ahora viene de reversa con este tipo de reservas regresivas que hacen nugatorio el contenido del dictamen.

Es decir, no quieren comisión de investigación como tampoco Peña Nieto quiere Comisión de Anticorrupción. Pura simulación. Y hay que denunciarlo porque todos los últimos dictámenes que han venido de la Comisión de Reglamentos han tenido que pasar por este tipo de manejos.

Hoy estaba enlistado un segundo dictamen de la Comisión de Reglamentos que tiene que ver con el cabildeo y ya operó el PRI también para que no se establezcan límites al cabildeo, precisamente cuando está el tema energético y cuando está el tema hacendario.

No quieren freno a negociaciones con lobistas, con cabilderos, con traficantes de influencia y por eso sacan del orden del día un dictamen al que se le había dado publicidad semanas atrás.

Ahora viene este manoseo con las comisiones de investigación, cuando de lo único que se trata es de traducir el artículo 93 constitucional a un procedimiento que no haga nugatorio este derecho de las minorías.

Hoy, el PRI vota a favor y luego quiere descafeinar la reforma o simplemente hacerla inviable con esta reforma que, prácticamente, vuelve un comité de amistades a las comisiones de investigación y no un comité constitucional.

No quieren que se les evidencie como lo que en realidad están haciendo: frenar investigaciones, como el caso Monex y como otros organismos que deben seguramente estar en la lupa de la corrupción. Por ejemplo, Pemex, que tiene operaciones internacionales por miles de millones de dólares fuera del país a través de paraísos fiscales y empresas subsidiarias.

Por eso creemos que debe regularse y, en lo personal, estoy en contra de que se regrese a la comisión. Se tiene que votar. Sé que ya hay un acuerdo de la Junta, pero ésa es mi convicción. Es mi convicción, como legislador, que se tendría que concluir el trámite.

Por aquí hay preocupación de que esto puede hacer que el PRI se salga con la suya. Finalmente yo haría una reconsideración al PRI, si no es mentira la Comisión Anticorrupción de la que habló Peña Nieto, si no es mentira su deseo de ir a fondo de estos temas, retiren la reserva. Es más fácil que se retire la reserva a que se trunque un procedimiento parlamentario, sentando un grave precedente.

Ayer ya hubo un mal precedente en que se repitió la votación en un punto de acuerdo, el punto de acuerdo de Dragon Mart. Se había votado en contra y se repitió la votación. Ahora, un dictamen en procedimiento se regresa. Están cometiendo arbitrariedades reglamentarias y tropelías constitucionales.

En lo personal, no lo voy a avalar. Me parece que tiene que seguirse y rechazarse esta reserva y aprobar una auténtica reforma a la Ley Orgánica, que haga viables las comisiones de investigación. No más tapaderas, no más corrupción.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica y a solicitud expresa de la Junta de Coordinación Política, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se regresa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si es de devolverse el dictamen a discusión a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente, diputado Ricardo Anaya Cortés: Devuélvase el dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lo acontecido aquel día nos motiva a la presentación de ésta iniciativa, la cual tiene como finalidad, la prohibición de devolver a la comisión a la cual fue turnada una iniciativa o minuta, un dictamen en sentido positivo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, siendo sólo procedente la anterior devolución, cuando así lo aprueben las dos terceras partes de los diputados presentes.

Al respecto, en opinión de Miguel Ángel Camposeco Cadena, el dictamen “es un acto de voluntad colegiada que reúne la decisión mayoritaria de los miembros integrantes de un órgano de instancia de decisión, denominado comisión de dictamen legislativo o comisión dictaminadora. Como documento, constituye el elemento formal que acredita el cumplimiento de una etapa del procedimiento constitucional y reglamentario indispensable para la integración del acto legislativo”.

El concepto citado nos permite entender la dimensión del alcance del dictamen... Por ello no es admisible que sea en votación económica, consultando a la asamblea, la devolución de un dictamen a la comisión dictaminadora. Sin duda, estamos obligados a sentar las bases para un fortalecimiento real del Poder Legislativo.

Conforme a tales premisas, lo reiteramos, ya es hora de hacer más eficiente la función legislativa... A todas luces es cada día más ineficaz la labor que desempeñamos... Nosotros somos responsables y culpables de la imagen tan negativa que tiene la función parlamentaria... Con qué cara vamos a rendir cuentas a nuestros representados.

IV. Fundamento legal

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

V.Denominación del proyecto de ley o decreto

VI. Ordenamientos por modificar

VII. Texto normativo propuesto

Primero.Sereforma el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34.

1. A la Junta corresponden las atribuciones siguientes:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo; al efecto, se establecerán determinadas excepciones que serán instauradas en el Reglamento, para que el pleno resuelva acerca de las mismas.

b) a e). ...

Segundo.Sereforman las fracciones XI y XII, y seadiciona la nueva fracción XIII al inciso a) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 104.

1. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto, se sujetarán a lo siguiente:

I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular;

II. El presidente de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por diez minutos; si declina hacerlo, podrá fundamentarlo un integrante nombrado por la mayoría de la comisión correspondiente;

III. Si hubiera voto particular, su autor o uno de sus autores podrán exponer los motivos y el contenido del mismo hasta por cinco minutos, siempre que se deseche el dictamen aprobado por la comisión;

IV. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo con su representatividad en la Cámara, podrá disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura. El orador no podrá ser interrumpido por moción de cuestionamiento;

V. A continuación, el presidente formulará una lista de oradores en contra y otra a favor;

VI. Los oradores hablarán alternadamente en contra y a favor, hasta por cinco minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en contra;

VII. Una vez que hayan intervenido hasta seis oradores en contra y hasta seis a favor, el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido, después de leer la lista de los oradores aún inscritos en ambos sentidos. Si la respuesta fuera negativa, continuará la discusión, sólo si hubiera oradores inscritos, pero el presidente repetirá la pregunta cuando hubieran intervenido tres oradores más de cada lista, y así en lo sucesivo. Si el pleno decide que se encuentra suficientemente discutido, el presidente anunciará el inicio de la votación nominal;

VIII. Cuando en las listas a que hace referencia la fracción V de este artículo se inscriban oradores únicamente para argumentar en un solo sentido, ya sea a favor o en contra, se admitirán hasta tres oradores que podrán hablar hasta por cinco minutos y agotada esa ronda, el presidente preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

IX. Cada vez que se pregunte al pleno si el punto está suficientemente discutido, el presidente leerá la lista de las diputadas y de los diputados que hayan solicitado la palabra;

X. Si el orador no se encuentra en el salón de sesiones, perderá su turno;

XI. Cuando ninguna diputada o diputado pida la palabra para argumentar a favor o en contra del dictamen a discusión, y una vez que algún integrante de la comisión explique los motivos que ésta tuvo para dictaminar, se procederá a la votación nominal;

XII. Cuando el titular de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal sea invitado a la discusión de un asunto de su competencia, se le concederá, hasta el mismo tiempo que a los integrantes de la Cámara; y

XIII. Cuando a solicitud expresa de la Junta de Coordinación Política, se pida devolver un dictamen para que elabore uno nuevo, éste sólo será procedente, cuando sea aprobado por las dos terceras partes de los miembros presentes.

2. ...

I. a VI. ...

VIII. Artículos transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

IX. Lugar

X.Fecha

XI. Nombre y rúbrica del iniciador

Notas:

1 Mora-Donatto, Cecilia y Sánchez Gómez, Elia, Teoría de la legislación y técnica legislativa, primera edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Congreso de Tamaulipas, 2012, páginas 4 y 5. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3201/4.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de fecha 10 de octubre de 2013.

5 Considerar en el marco jurídico que rige el funcionamiento interno de las Cámaras del Congreso de la Unión las especificidades para la constitución de comisiones de investigación. En la Cámara de Diputados, la solicitud para integrar dichas comisiones se deberá realizar a través de la Junta de Coordinación Política, que verificará que se cumplan los requisitos que marca la Constitución y el respaldo de la cuarta parte o más de los diputados que integran la Cámara. En el Senado de la República, las comisiones de investigación se crearán a pedido de la mitad de los legisladores que integran la Cámara de Senadores. Se establece que las Juntas de Coordinación Política de las dos Cámaras cuidarán en la integración de dichas comisiones los criterios de proporcionalidad y que para la integración de la junta directiva se dará prioridad a los legisladores proponentes de la comisión. Se establece que las solicitudes de información a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal serán suscritas por el presidente de la comisión, con el aval de los integrantes de la junta directiva, el cual informará al pleno de la misma los resultados obtenidos. Lo anterior, con base en http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/iniciativas_por_pernplxii.php?iddipt=371&pert=1

6 http://cronica.diputados.gob.mx/

7 http://www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/virtual/dip/dictamen/03_ prologo.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputados: Felipe Arturo Camarena García, Mónica García de la Fuente, Carla Alicia Padilla Ramos, Ana Lilia Garza Cadena, María Esther Garza Moreno (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura de derecho de la Universidad Autónoma del estado de Aguascalientes, invitados por don Pilar Moreno Montoya.

Y a estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Interamericana de Puebla, invitados nada menos que por el señor diputado Samuel Gurrión Matías. Sean ustedes muy bienvenidos.

Esta Presidencia también hace del conocimiento de la asamblea que se encuentran entre nosotros destacadas personalidades que están en esta Cámara con motivo de la instalación del Grupo de Amistad México-Brasil.

Le damos la más cordial bienvenida al excelentísimo embajador Marcos Leal Raposo López, amigo muy querido de esta casa.

Le damos también la bienvenida al diputado Julio César Delgado, al diputado Eurico Junior, a la diputada Magda Monfato, al diputado Alberto Filo y al ministro consejero Juliano Feres Nacimento. Sean ustedes muy bienvenidos y que su estancia en esta Cámara les resulte por demás grato.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, don José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buenas tardes. Toca el turno de exponer una iniciativa que presenté aproximadamente hace un año. Lamentablemente ésta fue desechada por no haber sido dictaminada en tiempo. Y como en aquél tiempo, de igual forma hoy les invito, les exhorto para que conjuntamente apoyemos esta iniciativa que cambiará a bien el rumbo de vida de millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos, que mucho lo van a agradecer.

Todos sabemos que el bienestar social es una de las más grandes responsabilidades del Estado. El tema de la justicia social es una obligación primordial para todo gobierno. La iniciativa que hoy presento está enfocada al tema del acceso a los créditos que otorga el Infonavit para la adquisición de una vivienda en cualquiera de sus formas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado A, fracción XII, establece que toda empresa, agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada —estará obligada— según lo determinan las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales viviendas.

Con base en lo anterior, deben resaltarse dos cuestiones fundamentales. Primera, la Carta Magna pone especial énfasis en que los créditos otorgados a los trabajadores deben de ser baratos y suficientes. Segunda, que el organismo que se establezca y administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda deberán tener carácter de utilidad social.

Sin embargo, ambos preceptos no se cumplen en el artículo 44 de la Ley del Infonavit y que a la letra dice: El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose este saldo en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Asimismo los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine el consejo de administración. Dicha tasa no será menor del 4 por ciento anual sobre los saldos insolutos, sabiendo que los créditos se otorgan a un plazo no mayor de 30 años.

Los argumentos que sustentan nuestra aseveración de que el artículo 44 de la Ley del Infonavit, tal y como está redactado hacen imposible que se cumpla con lo estipulado por la Carta Magna, toda vez que el artículo 44, al establecer que el Infonavit cobra intereses sobre los saldos insolutos y también actualice el saldo de los créditos, no permite que el trabajador logre liquidar el crédito de su vivienda, pues cada año que pasa se le incrementa la deuda contraída. De esa manera el saldo nunca disminuirá y el trabajador no podrá liquidarlo en el plazo establecido y pactado.

Lo anterior indica que el Infonavit establece un doble mecanismo de interés que permite, no solo mantener el valor del dinero prestado, sino obtener una ganancia adicional a través del incremento de los saldos y de la diferencia que se cobra de los intereses originalmente pactados. Lo que obtiene por el incremento del saldo es contrario a la esencia para la que fue creada el Infonavit.

Otro elemento contundente para derogar el artículo 44 de la Ley del Infonavit es la situación económica tan precaria y problemática por la que atraviesa nuestro país. Sabemos de la escasez del empleo y también sabemos que los que tienen empleo, tienen un salario mal remunerado. Por lo que me pregunto, ¿de qué manera el trabajador podrá solventar el pago de su vivienda, si difícilmente logra llevar a casa lo indispensable para su sobrevivencia familiar?

Es una vergüenza que esta institución Infonavit se haya convertido en una empresa inmobiliaria, una empresa financiera, un negocio que lastima, afecta y lacera la economía de los trabajadores, además de las amenazas recibidas por los llamados despachos de cobranza, que no son más que viles gánsters, cuatreros, que utilizan este fin de cobranza para aterrorizar y atemorizar —como siempre— a los más pobres y desprotegidos, a nuestras hermanas y hermanos trabajadores, que son la base productiva de la nación, que han hecho crecer a tantos y a tantos empresarios mexicanos y extranjeros.

Amigas y amigos legisladores, me queda claro que en más de una vez no nos pondremos de acuerdo en lo que aquí discutimos, pero en esta ocasión y, en muchas más, me gustaría que coincidiéramos y fuéramos juntos en esta iniciativa.

En este momento es posible que miles y miles de trabajadoras nos estén viendo a través del Canal del Congreso, trabajadoras y trabajadores que confiaron y votaron por nosotros y que por ellos estamos hoy aquí, en este recinto legislativo, para representarlos como ellos se merecen.

Por ello les reitero que le demos cauce unidos a esta iniciativa que propongo, a fin de atenuar el grave problema de endeudamiento que se genera para las y los trabajadores mexicanos.

Concluyo, señor. Compañeras y compañeros legisladores, puedo asegurarles que con el éxito de esta iniciativa nos vamos a sentir muy contentos y orgullosos de llevar con honor nuestro trabajo. Créanmelo, nos vamos a sentir bien al representar a los más necesitados. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, compañeros.

«Iniciativa que deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Antonio Hurtado Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sabedores de que la premisa fundamental del bienestar social es una de las más grandes responsabilidades del Estado, el tema de la justicia social es una obligación insoslayable para cualquier gobierno.

El canciller de hierro alemán Otto Von Bismarck es considerado como pionero en materia de justicia social a nivel mundial. A finales del siglo XIX impulsó grandes reformas en el Estado liberal imperante de esa época, con lo cual instituyó uno de los primeros sistemas de seguridad social basado en las aportaciones de los patronos y trabajadores, protegiendo a éstos últimos de los accidentes en el trabajo, de las enfermedades, la invalidez y la vejez. En este entendido la seguridad social estuvo vinculada a la actividad laboral.

México no se quedó a la saga en esta tendencia. A principios del siglo XX la seguridad social se estipuló en el artículo 123 de la Carta Magna de 1917 y, de igual modo como sucedió en Alemania, estuvo acotada a la población que contara con un empleo formal.

Dentro de este espectro denominado seguridad social encontramos servicios de salud, el pago de pensiones al término de la actividad productiva, el acceso a créditos para la vivienda y demás prerrogativas que debe tener el trabajador.

En la iniciativa que nos ocupa, nos enfocaremos únicamente al tema que tiene que ver con al acceso a créditos para tener una vivienda.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado A, fracción XII, establece que “toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones”.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda.

Con base en lo anterior deben resaltarse dos cuestiones fundamentales:

1) La Carta Magna pone especial énfasis en que los créditos otorgados a los trabajadores deben ser “baratos y suficientes”; y 2) Que el organismo que se cree a partir de la expedición de la ley que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda deberá tener carácter de “utilidad social”.

Sin embargo, ambos preceptos no se cumplen con el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que a la letra dice:

El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

¿En qué argumentos sustentamos nuestra aseveración de que el artículo 44 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tal y como está redactado hace imposible que se cumpla con lo estipulado por la Carta Magna?

Por un lado, la fracción XII del apartado A de la Constitución Política General antes referido, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972. De la lectura de la iniciativa, así como de los dictámenes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, podemos deducir que la intensión de la reforma fue establecer un sistema de financiamiento para poder construir viviendas con las aportaciones que se hicieran al fondo creado para ese fin y para que los trabajadores las pudieran adquirir en propiedad con el producto de su trabajo, es decir, con lo que perciben como salario, sin que dicha aportación fuera superior al 15 o 20 por ciento.

Por lo mismo, los intereses que se cobren por los créditos otorgados en cumplimiento al mandato constitucional deberían ser bajos, a una tasa inferior a la que cobran las instituciones de crédito “tradicionales” (12 por ciento en promedio). Mientras que el Infonavit maneja una tasa cercana a los 9 puntos porcentuales de interés, por lo que podemos ver que no es baja, y que si le sumamos el incremento respecto del salario mínimo que se hace anualmente, damos con intereses iguales o más altos que los de la banca comercial.

Así, el “crédito barato” que se otorgue a los trabajadores por parte del Infonavit para la adquisición de una vivienda, debe tener una tasa de interés muy inferior a la que otorgan las instituciones de crédito o las empresas privadas dedicadas a este negocio, sólo así el trabajador podrá pagarlo y liquidarlo, sin que sea gravoso o exceda su capacidad real de pago, o bien, sin que dicho crédito llegue a exceder el valor de la vivienda que se adquiera.

A diferencia de las empresas de crédito, que otorgan prestamos para adquirir un bien (en este caso la vivienda) y así hacerse de una ganancia lícita a través de los intereses, el Infonavit no puede actuar de esa manera; pues no es una sociedad mercantil que persiga fines de lucro; su objetivo es ser un ente de interés social, y como tal se debe limitar a administrar los recursos del fondo que aportan los patrones y los trabajadores para la vivienda.

El artículo 44, al permitir que el Infonavit cobre intereses sobre los saldos insolutos, y también que actualice el saldo de los créditos, conforme al incremento del salario mínimo, se aparta del precepto constitucional de interés social, ya que el crédito lejos de hacerse barato se torna caro; oneroso; inasequible; costoso y gravoso, puesto que se trata de un instrumento en el cual el saldo nunca disminuye, sino que se incrementa haciendo que no se pueda liquidar durante el plazo que se establezca para el pago.

Si se analiza con detenimiento, se trata de un sistema que establece un doble mecanismo de cobro de interés, que permite no solo mantener el valor del dinero prestado, sino obtener una ganancia adicional, a través del incremento de los saldos y de la diferencia que se cobra de los intereses originalmente pactados, y los que se obtienen por el incremento del saldo.

Es decir, anualmente el Consejo general del Infonavit fija el porcentaje de los intereses que cobrará el Instituto sobre los créditos otorgados, cuyo monto no podrá ser menor al 4 por ciento conforme al artículo 44 de la ley en comento, y además cada año se actualiza el monto de la deuda conforme al incremento que tenga el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por lo que podemos ver que cada año se crece en lugar de decrecer, el monto de los adeudos de miles de trabajadores que nunca estarán en condiciones de finiquitar este crédito hipotecario. Lo anterior sin tomar en cuenta todos los intereses moratorios y actualizaciones que se pueden suscitar a lo largo de la duración del crédito, haciéndolos impagables para los mexicanos.

Para dar el caso concreto de una persona ha sido agraviada con este esquema y que, a su vez, ejemplifica el dramatismo de esta situación tenemos que su saldo inicial en 1993 era de 92 mil 200.00 pesos, a pesar de los pagos hechos por la deudora, el saldo total reportado por el Infonavit al 30 de septiembre de 2009 asciende a 304 mil 450.21 pesos. Esto significa que el saldo inicial, en vez de disminuir con motivo de los pagos realizados por el acreditado, ha aumentado en un 330 por ciento (más de tres veces), con lo cual se hace evidente que el sistema establecido por el artículo 44 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no es barato ya que permite que el capital otorgado aumente en perjuicio del trabajador.

Otros argumentos para derogar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es la situación económica que atraviesa el país. En la primer década del siglo XXI el trabajo no sólo ha sido escaso, sino que el existente se encuentra mal remunerado, y actualmente el artículo en comento aplica para todos los sujetos que cuentan con un crédito otorgado por el Infonavit independientemente de si tienen o no un trabajo y un salario fijo y éste incremente o no. O sea, aumenta por igual a aquellas personas que tienen un salario determinado pero también para los que no lo tienen, ya sea porque trabajan por honorarios  o porque se encuentran desempleados.

A ello agreguemos el mediocre desempeño económico que se ha caracterizado por una tasa media de crecimiento del PIB de 1983 a 2009 de apenas 2.1 por ciento anual, y a que el poder adquisitivo de los salarios mínimos registró una pérdida de 59 por ciento en los últimos nueve años.  Por lo tanto, mantener la redacción actual del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sería desestimar la perdida del valor adquisitivo de la moneda, la inflación, el estancamiento económico, entre otros factores, todo lo cual  desemboca en que aunque el aumento fuera en el mismo porcentaje del salario, no necesariamente implica que sea la misma proporción.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente

Proyecto de decreto por el que se Deroga el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

Único. Se deroga el artículo 44 de la Ley del Infonavit para quedar como sigue:

Artículo 44. Se deroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

3 Ver Cossio Díaz José Ramón. Créditos Infonavit: ¿baratos?, LEX difusión y análisis, número 186, diciembre de 2010, páginas 10-11.

4 Íbid (la persona a la que hacemos referencia es a la que alude como agraviada el artículo antes referido del  Ministro Cossio Díaz José Ramón).

5 Calva, José Luis. “Hartazgo con la mediocridad”, El Universal,12 de noviembre de 2009;

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/46287.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputados: José Antonio Hurtado Gallegos, Josefina Navarrete Contreras (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y fue mucho. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, por cinco minutos, nuestra muy apreciable amiga la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. La siguiente iniciativa, aunque pareciera fuera de todo tiempo político —al menos todo tiempo político que pretenda tomar rajada política de la desgracia de este país— tiene como objetivo venir a modificar la Ley de Protección Civil, en relación a lo que tiene que ver con los recursos a los que se puede acceder después de desastres naturales, como los que vivimos en septiembre, y no solamente la forma en cómo se puedan acceder, sino también la rapidez con la que se pueda acceder.

Me explico. Como todos ustedes recuerdan —y espero que así sea— en el mes de septiembre las tormentas tropicales, que luego se convirtieron en huracanes Ingrid y Manuel, azotaron a nuestro país dejando al menos a la mitad de la extensión geográfica de la República en una situación completamente desastrosa.

Los daños causados se vieron reflejados en 18 de las 32 entidades federativas, dejando aproximadamente 157 muertes y han afectado a más de un millón de personas en todo el país.

¿Qué es lo que dejan en evidencia Ingrid y Manuel? Primero, la falta de sensibilidad de los gobiernos, desde el municipal hasta el federal. Los excesos de los mismos gobiernos y la confusión y hasta los dimes y diretes políticos que se pueden dar alrededor de un desastre, donde hay afectados que perdieron todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo.

Estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz dejaron ver no solamente la mala reacción de los estados y municipios y las autoridades responsables de Protección Civil, sino actos de corrupción en la asignación de derechos para la construcción de vivienda, la mala planeación urbana. Pero además, la corrupción posterior en la asignación de los recursos para dar seguimiento a los desastres.

Una vez más, las circunstancias obligaron a que se pidieran investigaciones y a que en esta tribuna hubiese debates acalorados, interminables sobre quién era el culpable. Sin embargo, a los ciudadanos en estos estados de la República no les resolvía nada que vinieran aquí a echarse culpas o a defenderse.

¿Qué otra cosa queda en evidencia? La solidaridad de los mexicanos para con los afectados, cuando a veces el gobierno se paraliza. Protección civil ha denunciado la falta de inversión para los sistemas de alerta sobre huracanes. México no cuenta con un sistema de alerta temprana para huracanes y tormentas, como el de Estados Unidos de América o el de la misma Cuba.

En la actualidad, Conagua —no Protección Civil— recibe las mediciones hechas por la administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados Unidos de América, y es entonces cuando se emite a todas las autoridades federales y locales.

En gobiernos anteriores se han aprobado presupuestos para la construcción de un sistema de alerta temprana y aún no sabemos dónde están esos recursos. Las diputadas y los diputados —como siempre— solicitamos que se nos informara sobre el tema y seguimos esperando esta información.

Ahora pareciera que todo está en calma. Como esta Cámara, que tiene poca atención y que tiene también poco quórum. Pero la verdad es que no es así, hay gente, sobre todo en Guerrero, que ha perdido la vida, ha perdido su patrimonio, que ha perdido casi todo lo que tenía y que está esperando que el Estado y las instituciones le respondan.

¿Qué es la obligación de esta Cámara de Diputados? Más allá del debate —diría— casi barato y político que se dio en esta Cámara de llamar a las culpas, ¿qué es lo que nos queda en lo legislativo? Nos toca pues legislar y modificar las leyes para que podamos responder de forma efectiva a los desastres naturales, ya pasadas las tormentas —literalmente— eso es lo que su servidora y el Partido del Trabajo estamos tratando de hacer con esta iniciativa.

Primero, proponemos modificar los plazos para emitir las declaratorias de emergencia, la declaratoria de desastre natural, así como establecer que la manifestación expresa para acceder a los recursos financieros de los instrumentos financieros de gestión de riesgo se consideren a través de solicitudes de dichas declaratorias. Es decir, no requerimos un trámite democrático, sino solamente la realidad para poder asignar los recursos necesarios y poder responder a la ciudadanía de forma inmediata.

Segundo, cambiar la redacción para cambiar de cinco a tres días el tiempo en el que se pueda acceder a los recursos que están en el conocido de manera común como el Fonden.

Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa hemos decidido presentarla en este momento, precisamente para no hacerla una controversia política ni de partidos políticos No venimos aquí a señalar absolutamente a nadie, sino venimos a pedirle a esta Cámara de Diputados que hagamos lo que nos corresponde, más allá de los señalamientos políticos y legislemos en la materia, para que no tengamos que esperar el año próximo otra tormenta u otro desastre natural y tengamos que estarnos lamentando aquí que no legislamos en la materia. Ésa es la petición y ésta es la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 58, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 58, el párrafo tercero del artículo 64, y los párrafos segundo y tercero del artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

“Si pretendes ayudar, primero tienes que averiguar exactamente lo que el otro necesita, de otra forma no podrás ayudar a nadie.”

Ramón Riveros, Eugenio

El pasado mes de septiembre del presente año, México se vio azotado al mismo tiempo por dos tormentas tropicales: la tormenta tropical Manuel, la cual se convirtió en huracán categoría uno y pegó por la zona del pacífico, y por la tormenta tropical “Ingrid”, la cual entró por el Golfo de México.

Las tormentas tropicales produjeron tal cantidad de lluvia suficiente para desbordar ríos y provocar deslaves que afectaron a más de 60,000 personas en 18 estados del país. Los catastróficos hechos dejaron un aproximado de 157 muertes; entre los Estados más afectados se encuentra Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

El desarrollo de los hechos se dio en un contexto político en el cual los principales actores no aceptaron las culpas y se dedicaron a culparse entre ellos. Los gobiernos de los Estados manifestaron que la Secretaría de Gobernación no los alertó con anticipación debida para hacer frente a los fenómenos naturales y así poder tomar las medidas necesarias para evitar la catástrofe, mientras la Secretaría de Gobernación manifestó que alertó con anticipación sobre los fenómenos naturales que provocarían lluvias en distintas entidades del país.

En este orden de ideas, resalta la participación ciudadana en el apoyo brindado a las entidades damnificadas. Ante la ineficiencia del gobierno federal, así como de los gobiernos estatales, no es la primera vez que resalta la solidaridad de los mexicanos para con sus connacionales en situaciones de desastre provocado por fenómenos naturales.

Ante tales hechos, debemos de recapacitar sobre la manera de hacer frente de manera eficaz y eficiente, así como recurrir al andamiaje normativo para adecuarlo a las situaciones fortuitas y poder ajustarlo para que permita actuar a las autoridades pertinentes ante la presentación de hechos de la naturaleza que ponen en riesgo al pueblo de México.

Asimismo, la presente iniciativa tiene por objeto establecer de manera detallada los momentos en que se podrá acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, así como reducir los plazos para autorizar las declaratorias de emergencia y de desastre natural.

Actualmente, la Ley General de Protección Civil establece que para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá, en el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia. Al respecto proponemos la modificación en la redacción para establecer que dicha manifestación expresa se considerará a través de las solicitudes de las declaratorias de las declaratorias de emergencia y de desastre natural.

Asimismo, proponemos modificar los plazos para emitir dichas declaratorias, toda vez que la actual legislación establece, para la declaratoria de emergencia 5 días como máximo y para la declaratoria de desastre natural establece el plazo de será, también de 5 días; pero de 10 días para el caso en que los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendentes a la atención de desastres naturales.

Al respecto debemos considerar que para emitir una declaratoria de emergencia o de desastre natural, se da a través de procedimientos administrativos que generan burocracia y al fijar dichos plazos, se da la oportunidad de tardar más en emitir dichas declaratorias. Debemos ser conscientes de que cuando se presentan hechos naturales con determinado impacto de afectación en la sociedad, la ayuda o el acceso a los recursos no debe de retrasarse por la posibilidad de actuar en tiempo y forma con tan amplios plazos que determine la Ley. Es por ello que proponemos recortar los plazos para emitir dichas declaratorias.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción III del artículo 58, el párrafo tercero del artículo 64, y los párrafos segundo y tercero del artículo 74 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá:

I. y II. ...

III.Para el caso de las entidades federativas en situación de emergencia y/o desastre, bastarála manifestación expresa , a través de la solicitud de cualquiera de las declaratorias señaladas en los artículos 59 y 60, de que las circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera para atender por sí sola la contingencia.

Artículo 64. ...

...

La autorización de la declaratoria de emergencia no deberá tardar más de 3 días y el suministro de los insumos autorizados deberá iniciar al día siguiente de la autorización correspondiente.

Artículo 74. ...

Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre natural, la autoridad tendrá un plazo de hasta 3 días naturales para su emisión, en términos de las disposiciones administrativas en la materia.

El plazo para que gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos tendientes a la atención de desastres naturales, será de hasta 5 días naturales, contados a partir del día en que se emita la declaratoria de desastre natural respectiva.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 5 de noviembre de 2013.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Lilia. Túrnese a la Comisión de Protección Civil.

Honorable asamblea, nuestros compañeros brasileños nos han comentado que se van a retirar en este momento de la sesión. Les reiteramos nuestra bienvenida. Ellos son invitados de la diputada doña Paloma Villaseñor Vargas, quien preside el Grupo de Amistad México-Brasil, pero quiero hacerles notar que está el diputado Julio César Delgado, que es el presidente del Grupo de Amistad Brasil-México.

Sean ustedes bienvenidos, amables portavoces del mensaje de amistad y compromiso que le envía este cuerpo legislativo a la Cámara de Diputados de la República Federativa del Brasil, un pueblo al que entrañablemente queremos mucho. Muchas gracias.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, doña Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Señor embajador, que esté usted muy bien.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hace algunos días en este recinto y en diversos medios de comunicación fue ampliamente reconocida la hazaña deportiva lograda por un grupo de niños triquis del estado de Oaxaca. De igual forma, a través de una publicación internacional, nos enteramos que en Tamaulipas hay una niña cuyo potencial en matemáticas es comparado con el de uno de los grandes inventores de los últimos años, como es Steve Jobs. Asimismo conocimos la historia de otro grupo de niñas poblanas que lograron trascender en una competencia deportiva.

Estos ejemplos son solo una muestra del potencial de nuestras niñas y niños, quienes en condiciones poco favorables, cuando no totalmente adversas, lograron trascender su propia situación personal y familiar. Estas historias comparten un aspecto común: son resultado del mérito personal de estas niñas y niños, así como de sus padres, maestros y entrenadores.

No son como quisiéramos, resultado de las políticas sociales implementadas por nuestros gobiernos mexicanos, por lo que debemos reconocer que aún tenemos mucho por hacer. La pobreza y la falta de oportunidades en distintas regiones del país hace cada vez más grande la brecha de desigualdad, impidiendo que las niñas y los niños puedan superar las expectativas de vida de sus padres.

Expertos en el tema han señalado que la política social basada en transferencias monetarias y subsidios no han logrado los resultados esperados para trascender el ciclo intergeneracional de la pobreza. Las cifras no nos dejan mentir, el 53.8 por ciento de la población infantil vive en pobreza. Nuestro país tiene el mayor índice de pobreza infantil dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo después de Israel.

Como la población es comparativamente joven y los niños representan casi la mitad de los pobres, en México la pobreza tiene consecuencias a más largo plazo que en otros países de la OCDE.

Según la Organización Mundial de la Salud, muchos problemas que sufren las y los adultos pueden tener su origen en la condición de pobreza que padecen las personas durante la infancia, por ello se deben construir redes de protección social desde las diversas instituciones del Estado y establecer garantías primarias con respecto a derechos sociales de la infancia.

A la par, constituir a la escuela como un segundo hogar, en donde se les transmitan conocimientos que les ayuden a salir del círculo vicioso que la propia sociedad en muchas ocasiones le ha generado. Un espacio que debe también ser aprovechado para inculcar valores en materia de desarrollo social y plenitud de vida.

La política de desarrollo social aún no se construye en los términos que establece la Ley General de Desarrollo Social. Por ende, nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera primordial reforzar el corpus de principios a los que debe sujetarse dicha política y adicionar el principio de interés superior de la niñez, en el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, en aras de otorgarle la máxima prioridad, cuyo texto propuesto por nosotros es el siguiente:

El interés superior de la niñez implica la obligación para todas las autoridades en la toma de decisiones y actuaciones en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como la obligación del Estado de emprender todas las acciones, medidas y mecanismos necesarios que les permitan alcanzar el máximo bienestar posible, con base en el desarrollo de sus potencialidades. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Compañeras y compañeros diputados, presentamos a su consideración esta iniciativa para seguir cumpliendo con el deber de proteger, asegurar los derechos de la infancia, certificando que ellos merecen crecer en un entorno que garantice su supervivencia y desarrollo.

Solicitándoles además, respetuosamente, a que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 quede plasmado el verdadero interés y compromiso que tenemos con nuestras niñas, niños y adolescentes, para que las hazañas de los niños triquis o de Paloma o de nuestras niñas poblanas sean la regla y no la excepción, como ha ocurrido hasta el día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Lucila Garfias Gutiérrez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El pasado 29 de julio de 2013 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza correspondiente a 2012, dicha medición se elaboró tomando en consideración los ocho indicadores que establece el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS): I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación, y VIII. Grado de cohesión social.

En términos absolutos, la población viviendo en condiciones de pobreza aumentó en medio millón de personas: pasó de 52.8 millones en 2010 a 53.3 millones en 2012. Los grupos poblacionales más afectados por el problema de pobreza son: las mujeres, la población menor de 18 años, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con la medición antes referida, 53.8 por ciento de la población infantil vive en pobreza.

La situación descrita deja en claro que las niñas y los niños son quienes más sufren la pobreza, por lo que el estado debe garantizar su cuidado para combatir y superar esta condición de vulnerabilidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), muchos problemas que sufren los adultos, como salud mental, obesidad, cardiopatías, delincuencia y una deficiente alfabetización y destreza numérica, pueden tener su origen en la condición de pobreza que padecen las personas durante la infancia.

Por ello se deben construir redes de protección social desde las diversas instituciones de estado, y establecer garantías primarias con respecto a derechos sociales de la infancia. Las políticas de igualdad deben ser la meta a conseguir para colocar a niñas, niños y adolescentes como una prioridad nacional, cuya atención sea considerada una condición indispensable para el desarrollo social integral.

Los derechos de los niños son una prioridad internacional. En este sentido, uno de los principales desafíos que enfrena México es traducir los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño a los ordenamientos jurídicos, a las políticas públicas y sobre todo que en que el diseño de todas las instituciones se incorpore el principio del interés superior de la niñez.

Para convertir en realidad esto, el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de expertos independientes establecido por la propia convención para supervisar su cumplimiento, recomienda a los estados parte de este instrumento internacional adoptar una serie de acciones específicas orientadas a la realización progresiva de los derechos de la infancia, entre los que destacan:

• Marco legal plenamente compatible con los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual exige una revisión exhaustiva de la legislación interna a fin de evitar la dispersión de disposiciones jurídicas en la legislación.

• Institucionalidad que involucre a los tres órdenes de gobierno (federal y estatal y municipal) y a los 3 Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), acorde con el carácter multidimensional de los temas de infancia.

• Modelo de gestiónque permita la articulación de instituciones, privilegiando un modelo integral de atención con políticas públicas eficaces y de calidad que protejan y desarrollen los derechos de la infancia.

• Asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa de los recursos destinados a políticas y programas cuyos destinatarios sean las niñas, niños y adolescentes.

Con base en esto, el diseño e implementación de las políticas públicas es un ámbito fundamental para promover los derechos de la niñez. Existe una amplia gama de programas orientados a atender sus necesidades primarias, como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, lo cual se refleja en el diseño del gasto público. Entonces, el presupuesto público es una herramienta gubernamental para lograr el cumplimiento de los derechos de los niños, y de la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por el Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990.

Por ello, cabe resaltar que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 fue el primero en incluir un anexo específico que contuviera asignaciones para la atención de la niñez; en ese año fue el Anexo 24 Recursos para la atención de niños, niñas y adolescentes, por un monto de 569 mil 621 millones de pesos. Para el año 2013 es el Anexo 17, con la misma denominación, pero ahora por la cantidad de 598 mil 929 millones de pesos.

El presupuesto destinado a la infancia es transversal, es decir, retoma la noción de que desde diferentes ámbitos (desarrollo social, desarrollo económico, funciones de gobierno), los recursos monetarios pueden contribuir a resolver una temática específica o a atender a un grupo de la población vulnerable. Usualmente, los presupuestos transversales están enfocados a atender o beneficiar a diferentes grupos de población en desventaja o vulnerabilidad como la niñez, en este caso, pero también indígenas o mujeres.

En lo que respecta al marco jurídico para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, en octubre de 2011 se publicó el decreto de reforma a los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas implican el reconocimiento explícito de que niñas y niños tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. De manera destacada, esta reforma eleva a rango constitucional al principio del interés superior de la niñez y establecen la obligación de que el estado guíe el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El panorama hasta aquí expuesto deja ver que existe un compromiso creciente del gobierno mexicano hacia la infancia, pero aún no es suficiente. Si bien el desarrollo de diversos programas sociales en las ramos de Hacienda y Crédito Público; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Púbica; Salud; Seguridad Social; Desarrollo Social; Educación Tecnológica y de Adultos; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Comisión de Derechos Humanos; Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han fortalecido la visualización de la niñez en las políticas sociales, los esfuerzos hasta hoy realizados no son bastantes porque es fundamental integrar el principio del interés superior de la niñez como eje rector de la Política Nacional de Desarrollo Social, a la que se refiere la Ley General de Desarrollo Social.

Argumentación

De conformidad con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, en México, la población de niños, niñas y adolescentes representa 34.9 por ciento de la población total del país, es decir, casi 40 millones de personas son menores de edad. Nuestro país tiene el mayor índice de pobreza infantil dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), después de Israel. Como la población es comparativamente joven y los niños representan casi la mitad de los pobres, en México la pobreza tiene consecuencias a más largo plazo que en otros países de la OCDE.

México ha puesto en marcha importantes iniciativas para combatir la pobreza. El programa Progresa, iniciado en 1997 y que derivó en el programa Oportunidades a partir de 2002, constituyen la iniciativa más innovadora para reducir la pobreza extrema de varios sectores de la población, incluida la población infantil. Hasta 2011, su cobertura se extendía a más de 5.8 millones de familias mexicanas. Oportunidades no sólo ha contribuido a mitigar la pobreza, sino también a aumentar la asistencia escolar, combatir la desnutrición y ampliar la cobertura de los servicios de salud entre las familias pobres. Otra iniciativa es el Seguro Popular, que se introdujo en 2004 con el objetivo de prestar servicios de salud a quienes carecen de seguridad social. A finales de 2011, este programa ofrecía servicios de salud gratuitos a más de 50 millones de personas, de los cuales más de la mitad era población infantil.

Los resultados de la medición de la pobreza ofrecidos por el Coneval, como se dijo antes, muestran que no existen avances sustanciales en el combate a la pobreza. De hecho, desde diversos sectores sociales, expertos en el tema han señalado que la política social basada en transferencias monetarias y subsidios, como el programa Oportunidades, no han logrado resultados en el sentido de trascender el ciclo intergeneracional de la pobreza para que los hijos de los mexicanos que actualmente viven en tal situación logren incrementar, realmente, sus oportunidades de tener un mejor nivel de vida.

En este orden de ideas, es necesario transitar hacia la construcción de una política de desarrollo social de largo plazo, que impulse el desarrollo de capacidades en la población para que puedan insertarse de manera permanente y competitiva en las actividades económicas y laborales del país. Para ello, sería preciso promover un acuerdo nacional para la infancia, que incorpore a este y otros grupos de la población en una política social de estado, abandonando definitivamente los enfoques asistencialistas.

Por todo lo antes expuesto, es fundamental que en el proceso de concepción, diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política de desarrollo social se observen plenamente los principios establecidos en artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social.

Desde 2004 contamos con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), como resultado de un primer acuerdo nacional para establecer un marco normativo que estableciera lineamientos y competencias para enfrentar los grandes retos de la desigualdad, la pobreza y la marginación que caracteriza a la sociedad mexicana. Esta ley tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.

El artículo 3o. de la LGDS establece que la política de desarrollo social se sujetará a los principios de: libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, transparencia y perspectiva de género.

La política de desarrollo social, aún no se construye en los términos que establece la LGDS. Los contenidos de dicha política social, así como las instancias que deben erigirse y participar en su construcción, o son incompletos, o no han funcionado. Solamente el propio Coneval, de entre las instancias que refiere la LGDS, ha tenido una consolidación y desempeño aceptables.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que es importante reforzar el corpus de principios a los que debe sujetarse la política de desarrollo social, porque dichos principios constituyen referentes exigibles para observar y examinar los programas sociales, las políticas públicas, el diseño de las instituciones y la evaluación de las mismas, a fin de establecer si en los hechos se cumple la obligación del estado en materia de los derechos sociales consagrados en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por estas razones, consideramos que adicionar el principio de interés superior de la niñez, en el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social constituye una acción legislativa que contribuirá a que la política de desarrollo social refuerce los elementos que permitan atender como prioridad las necesidades sociales de niñas, niños y adolescentes.

Como ya se mencionó, el principio de interés superior de la niñez está incluido en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Este tratado internacional fue ratificado por México, en consecuencia es Ley Suprema de toda la Unión y forma parte del marco de protección legal para la infancia.

Es pertinente citar el párrafo primero del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

El principio de interés superior de la niñez se encuentra atendido en el párrafo 8 del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

“En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Entonces, ahora es preciso insertarlo en las leyes secundarias, como una forma de armonizar las disposiciones legislativas trascendentes y reforzar todos los ordenamientos legales que atiendan al desarrollo económico, social y cultural de niñas, niños y adolescentes.

El principio de interés superior de la niñez debe constituir un eje rector que gobierne toda acción pública que afecte al niño y a la niña; es decir, toda acción pública con relación a la infancia debe basarse en una valoración integral del conjunto de los derechos de los niños proyectados hacia el futuro.

Entrando al análisis del referido principio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló en la guía de estándares para el personal de las entidades públicas y privadas que se ocupan de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en 2011 que [este] es un principio de interpretación, también denominado de “mejor interés del niño” y hace referencia a la obligación de tener en cuenta su consideración en cada medida o decisión a tomar sobre la vida de niños y niñas. Para su observancia, no deberá haber discriminación alguna por motivos de etnia o posición social, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, impedimentos físicos o cualquier otra condición. Cada niño o niña es único, por lo cual el “mejor interés” debe ser evaluado para cada uno en particular.

Aquí es menester establecer que los niños, al ser distintos a las personas adultas en su forma de actuar, pensar y sentir, necesitan un trato diferenciado. Asimismo, las personas menores de edad, en grado decreciente en el curso de su desarrollo requieren mediación o representación adulta para el ejercicio de sus derechos; pero estas condiciones no limitan en grado alguno el ejercicio de sus derechos. Lo que sí significa es que incrementa el grado y alcance de la obligación del estado de ser garante de los derechos de la infancia.

El conjunto de las características descritas colocan a la niñez en situación de especial vulnerabilidad, al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en 2011 que precisamente por esta condición de vulnerabilidad, el Estado tiene la obligación de prestar especial atención y asumir con mayor cuidado y responsabilidad su posición de garante de los derechos de la infancia, y tiene el deber invertir los recursos públicos en instrumentar políticas sociales que sean útiles para impulsar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia de forma integral, oportuna, útil y sostenida.

Como los niños son parte de la humanidad, y sus derechos no se ejercen separadamente a los derechos de las demás grupos poblacionales. El principio de interés superior de la niñez deberá ser “consideración de prioridad” de los derechos de los niños en relación con los derechos de los adultos para la elaboración de políticas públicas.

El reconocimiento de este principio como eje rector de la política nacional a favor de la infancia y la adolescencia tiene aplicaciones prácticas que deben recogerse en el diseño, implementación y evaluación de los programas y servicios dirigidos a este sector de la población para considerar cuál es la mejor alternativa de entre las distintas opciones existentes de gasto público para beneficiar mayormente a la infancia.

Entonces, el estado tiene la obligación de proporcionar especial asistencia a aquellos grupos en riesgo de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza. Las políticas públicas debidamente planeadas deben contribuir a no dejar solas a las familias en el cumplimiento de su tarea, encontrándose con un estado activo y presente que mira siempre el interés superior del niño.

Por ello, la prioridad que el estado dé a los programas, acciones y servicios a favor de la infancia y la adolescencia debe tener una expresión concreta en la asignación de recursos públicos para la niñez, lo que implica una priorización presupuestaria para apoyar las acciones gubernamentales que se emprendan en favor de la infancia con una perspectiva de sus derechos y considerando siempre como eje primordial el principio de interés superior del niño.

Finalmente, conviene mencionar que estos desafíos no sólo son del orden nacional. La globalización como proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala consiste en la creciente comunicación e interdependencia en los distintos países del mundo, unificando mercados, sociedades y culturas a nivel internacional, pero también a través de transformaciones globales de conciencia para avanzar hacia el respeto y universalización de los derechos de las personas, por ello es necesario incluir el principio del interés superior de la niñez en la política de desarrollo social de México.

En ese orden de ideas, México y los otros 188 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suscribieron en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), que tratan sobre problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales.

Son ocho propósitos de desarrollo humano que acordaron conseguir para el año 2015:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2. Lograr la enseñanza primaria universal.

3. Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.

5. Mejorar la salud materna.

6. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Como se puede observar, varios de estos objetivos tienen relación con niños, niñas y adolescentes, y podrán lograrse si se toman medidas concretas como la que se propone en esta iniciativa que es integrar el principio de interés superior de la niñez a la política de desarrollo social de México.

En función de lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar una fracción XI al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de incorporar el principio del interés superior de la niñez, de aprobarse esta adición al artículo tercero de la LGDS, la política de desarrollo social tendrá los referentes y principios necesarios, para otorgar a la niñez mexicana la máxima prioridad.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se adiciona la fracción XI al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social,para quedar como sigue :

Artículo 3.La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I. a X. ...; y

XI.Interés superior de la niñez: Implica la obligación para todas las autoridades en la toma de decisiones y actuaciones, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar prioritariamente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; así como la obligación del estado de emprender todas las acciones, medidas y mecanismos necesarios que les permitan alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo de sus potencialidades. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

Esta Presidencia tiene el honor de saludar con mucho gusto y cariño a los alumnos del Colegio Anáhuac, alumnos de Bachillerato, de Cuautitlán, estado de México, invitados aquí por nuestro amigo el señor diputado Francisco Javier Fernández Clamont. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley General de Bibliotecas al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Planteamiento del problema

En nuestro país los bajos niveles de lectura entre la población en general no es un tema nuevo ni tampoco una situación lamentable que ha dejado de preocuparnos de manera incesante.

Este fenómeno social que se incuba desde la infancia y se consolida incluso en el ámbito familiar y escolar, claramente ha mostrado su incidencia negativa en el desarrollo no únicamente cultural de nuestros habitantes sino en el quehacer de toda la sociedad, en el perfil de nuestros estudiantes y por ende de los egresados, en la capacidad de convivir más civilizadamente, de organizarnos de mejor manera y además de desarrollar y expandir nuestra visión y perspectiva frente al futuro; todo esto entre otras cosas más.

De manera lamentable vemos que el ejercicio de la lectura es el que menos se practica sin importar incluso el nivel educativo de cada rubro poblacional. Por ejemplo, los pocos lectores asiduos en México no son necesariamente profesionistas y los profesionistas no son necesariamente lectores asiduos. En promedio en el país la población lee apenas un libro en el mejor de los casos pero no más de tres al año, mientras que en otras naciones se leen en promedio por persona más de 15 libros en el mismo periodo de tiempo.

Tan sólo en la Encuesta Nacional de Lectura 2012 se registra que cayó en 10 puntos porcentuales el número de lectores que dice leer por placer, en el año 2005 el 56% de la población decía leer, para el año que cubre la última encuesta solo el 46.2% de la población dice hacerlo.

Como ejemplo de lo anterior, basta mencionar que en el promedio de los hogares mexicanos hay menos de 10 libros, tan solo en poco más del 8% de las casas en el país hay mínimo 20 libros; tristemente en su gran mayoría son de uso escolar; es decir, los destinados a la lectura son aún menos.

De este porcentaje, menos de una cuarta parte le dedica más de treinta minutos del tiempo familiar o en casa a la lectura, la gran mayoría lo hace ya sea en sus recorridos de traslado diarios o en sus momentos de inactividad dentro del horario laboral; pero con algunas excepciones casi nulas, lo hace en un espacio como una biblioteca pública.

Lo anterior se deriva de que equivocadamente se ha ido asentando con mayor penetración la idea de que la lectura es únicamente un medio para proveerse de información; es decir, se ha ido posicionando la lectura como una herramienta informativa, como aquella que se realiza para en lo inmediato resolver una tarea o proveerse de lo requerido para hacer un trabajo; por encima de la idea de la lectura por placer que corresponde necesariamente a un buen hábito.

Por ello es que poco a poco pero de manera determinante, las bibliotecas públicas han perdido su papel categórico de centros entretenidos de lectura y espacios interesantes donde converge la cultura; para convertirse en lugares aburridos y en el mejor de los casos útiles y necesarios eventualmente.

Muestra de ello es que el perfil del usuario de las bibliotecas públicas en el país, no corresponde a lectores por placer sino a población en edad escolar de nivel básico y medio superior que se encuentra entre los 5 y los 20 años de edad y tristemente al menos el 40% de toda la población en México, no ha entrado ni una sola vez a una biblioteca.

Esto no es necesariamente negativo, pero tampoco representa ni remotamente lo deseable para una sociedad que como la nuestra requiere sentar sus bases sólidas en el conocimiento dentro del marco del respeto y la efectividad y reproducción sistemática de los valores elementales.

Ante la persistencia de este escenario y la ausencia de medidas estructurales que desde el hogar y reforzadas en las aulas, corrijan esta situación; tenemos hoy en día una crisis en nuestra red nacional de bibliotecas, en su función y su enfoque, que ve mermado su desarrollo y su capacidad de influir en el tejido social como punto de referencia cultural.

Hoy en día operan tan sólo poco más de 11 mil bibliotecas para atender a una población de más de 110 millones de habitantes y la red nacional de bibliotecas públicas está conformada por poco más de 6 mil bibliotecas.

Es sin duda alguna de preocupar que cada vez haya un número menor de espacios de este tipo en el país, pero es más preocupante el motivo por el cual están desapareciendo y el costo social que ello conlleva; al igual que los factores que motivan que las bibliotecas no sean aprovechadas al máximo por la forma equivocada de concebirlas.

Contar con más bibliotecas no solucionará por sí solo el problema de la baja lectura en nuestra población; pero hacer mejores las que ya hay, sí coadyuvará en impulsar en nuestra sociedad una cultura diferente respecto a los libros y sobre todo la lectura; favoreciéndola notablemente.

Pero para ello y para que esto sea un objetivo real y alcanzable, en primer lugar debemos insertar en este importante espacio social-educativo y de formación una cultura generalmente ausente y por momentos incipiente, que es la de la inclusión en igualdad de oportunidades; en específico requerimos garantizar que en tan importante espacio de formación del tejido social exista la accesibilidad universal y la atención profesionalizada para personas con discapacidad y en función de ésta, como condición estrictamente necesaria para iniciar el proceso anteriormente mencionado.

Hagamos de estos espacios para empezar a aprovecharlos a su máxima capacidad, un lugar donde la cultura educativa y la formativa-social converjan; no solo a nivel de sus instalaciones sino también en su capacidad de atención personal por parte de quienes garantizan su funcionamiento diario.

En estos temas transversales como lo son la plena inclusión para las personas con discapacidad; aceptemos como sociedad que la lección educa, pero reconozcamos que el ejemplo arrasa y asumamos que es imprescindible empezar urgentemente.

Indudablemente, las bibliotecas públicas o privadas en nuestro país, deben de ser primordialmente y a la par de sus funciones y objetivos, espacios que coadyuven en la inclusión social de las personas con discapacidad.

2. Argumentos de sustento

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad se define como “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.

En nuestro país según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía una persona con discapacidad es “aquella que presenta una limitación física o mental de manera permanente o por más de seis meses que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considera normal para un ser humano”.

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, la discapacidad no está sujeta a factores de género ni de posición económica, mucho menos de edad; pero siempre ha estado condicionada a identificarse dentro del margen de la discriminación y la exclusión social.

Esto debido a que los factores de discapacidad en una persona, físicamente están bien identificados y pueden ser generalmente:

• Por discapacidad motriz que se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte del mismo.

• Por discapacidad visual que incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver con uno o ambos ojos.

• Por discapacidad mental, que abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria, así como en su relación con otras personas.

• Por su discapacidad auditiva que corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar.

• Por su discapacidad de lenguaje, que implica limitaciones y problemas para hablar o transmitir un significado entendible.

Pero, socialmente los factores que hacen de una discapacidad una limitante, se saben y están definidos pero tristemente no se han erradicado y siguen representando una deuda social pendiente.

En nuestro país, según datos para el año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay más de 5 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad; es decir más del 5% de nuestra población total (al menos de la contabilizada).

De este total de la población el 58% presenta discapacidad motriz que afecta su caminar o capacidad de moverse, un 27% visual y más del 12% entre auditiva y de lenguaje.

Es difícil mencionar cifras exactas al respecto porque no hay tanta información disponible o al menos la requerida, sino también porque existen personas con más de una discapacidad, que además si mencionamos los motivos que producen una discapacidad para la población de nuestro país que son variados:

• De cada 100 personas discapacitadas:

– 32 la tienen por haber sufrido una enfermedad.

– 23 la desarrollaron por edad avanzada.

– 19 la adquirieron durante el embarazo o al nacer.

– 18 como lesión a consecuencia de un accidente.

– 8 por otras causas.

Se hace aún más difícil la sistematización de la información.

Lo anterior nos ha arrojado una serie de problemas que son los que en realidad limitan a las personas con discapacidad excluyéndolos del acceso y disfrute de los beneficios que les corresponden por derecho y por igual frente a todos. Debido a que se dan en áreas imprescindibles para el individuo como lo son la salud, trabajo y educación; siendo éste último el que quizás esta más rezagado en la actualidad.

Lo que se refiere a la salud, las instituciones han logrado gracias a su solidez que más del 80% de las personas con discapacidad cuenten con la cobertura por parte del estado de acceso a atención médica; al mismo tiempo las autoridades en esta materia han hecho conciencia sobre la necesidad de adecuar las instalaciones para garantizar su plena movilidad.

Sobre las condiciones laborales, aún persiste la necesidad de castigar por ley la discriminación a las personas por cuestiones de discapacidad; pero al igualo a la par de lo anterior, se han ido abriendo los espacios de trabajo que les corresponden por derecho incluso ya elevado a rango Constitucional; por el momento se ha ido revirtiendo la estadística que ubica a las personas con discapacidad en el trabajo informal, principalmente en el comercio (un 48% del total) por encima de las personas con discapacidad con un trabajo estable principalmente en la industria (un 24% del total).

Respecto a los dos aspectos anteriores, es triste que la inclusión a las personas con discapacidad se dé no por convicción sino por obligación; pero aun así como sociedad hemos logrado avanzar paulatinamente en estos temas.

Es en educación en donde más rezagas tenemos y por ende de donde más se generan limitaciones cada vez más excluyentes no únicamente para las personas con discapacidad, sino para la sociedad en su conjunto.

Tan sólo poco más del 60% de las personas con discapacidad en edad de nivel escolar básico, asisten a la escuela. Y del total de la población de más de 15 años y hasta 29 con alguna discapacidad, únicamente el 15% asiste a una escuela.

Desafortunadamente somos una sociedad que permite que el 32% de la población con discapacidad en el país, no sepa leer ni escribir y que de cada 100 personas con discapacidad:

• 36 no cursen ningún grado escolar.

• 46 tengan estudios de educación básica incompleta.

• Sólo 7 cuenten con educación básica completa.

• Sólo 5 cursen algún grado de educación media superior.

• Sólo 4 cuenten con educación superior.

Todo esto a pesar de que los mexicanos a partir del 30 de mayo del año 2011, contamos con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que busca brindar las garantías para una plena inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los lugares del territorio nacional como una responsabilidad del Estado Mexicano.

Basta mencionar como prueba de lo anterior que en sus primeros artículos (3o., 4o. y 5o.) la Leyes muy específica y a la letra establece lo siguiente:

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

La administración pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas.

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:

I. La equidad;

II. La justicia social;

III. La igualdad de oportunidades;

IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;

V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;

VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

VIII. La accesibilidad;

IX. La no discriminación;

X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;

XI. La transversalidad, y

XII. Los demás que resulten aplicables.

Pero todo lo anterior no es ni ha sido sufriente; por eso, en México la única discapacidad que nos afecta y limita a todos por igual y que nos genera daños irreversibles en nuestra convivencia diaria, es la discapacidad social de aceptamos y tratamos como iguales y brindamos los unos a los otros las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollamos de la mejor manera.

Y más aún, si los factores de inclusión se dan en los ámbitos de enseñanza y en todos los espacios sociales-educativos y de formación, como los son principalmente la mermada red de bibliotecas de todo el país.

Debemos reconocer que no es suficiente o de poco o nada servirán los esfuerzos que realicemos para erradicar la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad –pudiendo ser un poco más específicos aunque pudiéramos parecer repetitivos– si de manera integral no incluimos y les ofrecemos las condiciones de accesibilidad universal, movilidad y la atención especializada de los lugares de alto impacto educativo y cultural como lo son las bibliotecas públicas y privadas de todo nuestro país.

Hoy en día, nuestras personas con discapacidad carecen en primer lugar de bibliotecas que les ofrezcan las condiciones mínimas de accesibilidad, de los materiales necesarios para su disfrute en función de su discapacidad y de la atención especializada por parte del personal bibliotecario que requieren.

Como sociedad, también excluimos de estos importantes sitios que tienen mucho que ofrecer a las personas con discapacidad.

Este es un esfuerzo que se ha omitido hasta nuestros días y que esta soberanía debe estar dispuesto a realizar, puesto que está obligada con ello.

No nos quedemos al margen de realizarlo, y no lo consideremos repetitivo o como un asunto cubierto ya; porque la realidad nos hace ver que no es así.

3. Fundamento legal

La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Denominación del proyecto de decreto

La iniciativa plantea una reforma al párrafo primero y segundo del artículo 2; a la fracción V y X del artículo 7 y a la fracción IX del artículo 8 de la Ley General de Bibliotecas.

5. Texto normativo propuesto

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 7 y 8 de la Ley General de Bibliotecas.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas para quedar como sigue:

Artículo 2.Para los efectos de la presente ley, se entenderá por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita y sin discriminación alguna, a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso en igualdad de oportunidades a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general cualquier otro medio que contenga información afín y que sea también accesible para las personas con discapacidad.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones V y X del artículo 7 de la ley General de Bibliotecas para quedar como sigue:

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. a IV. ...

V. Dotar a las nuevas bibliotecas públicas, en formato impreso y digital, de un acervo de publicaciones informativas, recreativas y formativas; así como de obras de consulta, publicaciones periódicas y de materiales accesibles para las personas con discapacidad y en función de ésta, a efecto de que sus acervos respondan a las necesidades culturales, educativas, de integración social y de desarrollo en general y en igualdad de oportunidades de los habitantes de cada localidad;

VI. a IX. ...

X. Proporcionar entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red, que incluya las habilidades necesarias para brindar una atención especializada a personas con necesidades específicas en razón de su discapacidad;

XI. a XVI. ...

Artículo Tercero. Se reforma la fracción IX del artículo 8 de la ley General de Bibliotecas para quedar como sigue:

Artículo 8. Corresponderá a los gobiernos de los estados, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I. a VIII.

IX. Dotar a sus bibliotecas de los locales y de instalaciones que garanticen la accesibilidad universal en las instalaciones y del equipo necesario para la prestación de los servicios bibliotecarios sin discriminación alguna y en igualdad de oportunidades.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2013.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, Elvia María Pérez Escalante, María Esther Garza Moreno, Sue Ellen Bernal Bolnik, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jorge Herrera Delgado, Francisca Elena Corrales Corrales (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, nuestra muy apreciable compañera, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, de Baja California, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley Agraria.

La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo:Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la mujer en el medio rural realiza la lucha social más difícil, no solo desarrolla un papel fundamental en la vida diaria de la familia, sino que también es proveedora de ingresos para su manutención y se ha convertido en factor de trabajo productivo para el propio núcleo de población. Su fortaleza en el trabajo y dedicación a la familia merecen nuestro reconocimiento.

La mujer rural es un ejemplo a seguir. El esfuerzo, la entrega, la lucha de las mujeres del campo en situaciones de desventaja y de tanta desigualdad, hace prueba de las capacidades y de las grandes reservas con que cuenta nuestro país. De ahí la importancia que este gobierno y esta Legislatura se ocupen de las reformas legales que social, económica y culturalmente estamos obligados a realizar.

En México viven más de 12 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de desventaja socioeconómica. En el país viven 25 millones de habitantes en localidades rurales, la mitad son mujeres. De acuerdo con el Inegi, en México existen 22 millones de hogares, 5 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23 por ciento del total de unidades domésticas.

En los últimos años la participación de la mujer en la producción de bienes y servicios ha sido significativa. No obstante lo anterior, programas presupuestales, como el de la mujer en el sector rural, que busca la generación de ingresos mediante proyectos productivos, no han tenido el suficiente respaldo presupuestario para hacer frente al proceso de marginación del campo mexicano.

Compañeras y compañeros diputados, la problemática que expongo debe ser atendida desde un esquema relacionado con las formas asociativas para la producción, en el cual las mujeres pueden asociarse entre sí, a través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo. Por ello, el presente proyecto propone la adición de un artículo 113 Bis al Título Cuarto de la Ley Agraria, relativo a las sociedades rurales.

Mediante la propuesta se establecen los mecanismos jurídicos necesarios para promover la asociación de mujeres a través de la Unidad Agrícola Industrial y que ésta sea reconocida como una sociedad rural. El texto que se propone es el siguiente:

Artículo 113 Bis. Las mujeres mayores de edad o menores con familia a su cargo pertenecientes a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de cinco socias. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o de su abreviatura UAIM.

Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley que desarrollen las mujeres dentro del núcleo agrario.

Con la presente iniciativa se busca fortalecer los derechos de la mujer rural, proteger el patrimonio sobre la tierra y promover su desarrollo a través del trabajo productivo, reconociendo su papel, su trabajo y su fortaleza dentro del mismo medio rural. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos.

«Iniciativa que adiciona el artículo 113 Bis a la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Fernanda Schroeder Verdugo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

a) Problemática

La mujer en el medio rural no sólo desarrolla un papel fundamental en la vida diaria de la familia, sino que también es proveedora de ingresos para su manutención y se ha convertido en factor de trabajo productivo para el propio núcleo de población. La feminización y envejecimiento del campo mexicano, es un asunto de fondo con raíces económicas, ligadas a la migración de los hombres en busca de mejores condiciones de vida; sin embargo, en este proceso de transformación, la mujer rural ha encabezado, a través de su trabajo, la manutención de la familia y la sobrevivencia del núcleo de población rural.

En México viven más de 12.4 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de gran desventaja socioeconómica. En el país, residen 25 millones de habitantes en localidades rurales, la mitad son mujeres. (Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Mujer Rural”.)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 22.3 millones de hogares, 5.2 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23.3 por ciento del total de unidades domésticas; al segundo trimestre de 2004, 2.7 millones de las mujeres del medio rural, participaron en la producción de bienes y servicios para el mercado, representan el 17.3 por ciento de la población económicamente activa femenina del país. Adicionalmente, de las mujeres rurales de 5 años y más, 1.9 millones hablan alguna lengua indígena, es decir, 17.6 por ciento de este grupo de mujeres.

En materia de presupuesto, programas como el de la Mujer en el Sector Rural (Promusag), que tiene como objetivo contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres con 18 años o más, mediante la implementación de proyectos productivos; o el programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, que busca lograr que los jóvenes implanten y consoliden su propia empresa rentable y sustentable en el núcleo agrario; el Programa Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena, y el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas; entre otros, no han tenido el respaldo presupuestario suficiente para hacer frente al proceso de transformación y marginación del sector rural.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se asignaron a través del Anexo 10 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, en específico al Promusag, tan sólo mil 100 millones de pesos.

b) Análisis jurídico

Por otra parte, y ante tal situación, la legislación agraria resulta insuficiente, pues no desarrolla de manera clara y precisa, aspectos como el derecho patrimonial sobre la parcela familiar y sobre el carácter productivo que debe tener la superficie de tierra destinada a la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer; la ley debe responder a este proceso de transformación social, otorgando a la mujer rural posibilidades de desarrollo productivo a través de figuras jurídicas que posibiliten la comercialización de sus productos.

Sobre el particular, el artículo 71 de la Ley Agraria establece:

“La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población. En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina.”

La legislación aplicable, sólo se refiere al establecimiento de tierras con destino específico, pero no establece algún procedimiento de carácter jurídico mediante el cual se pueda fortalecer el proceso productivo de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer. El artículo 23 de la Ley Agraria establece la facultad de la asamblea de señalar y delimitar las parcelas con destino específico, es el único órgano que por ley podrá decidir sobre el establecimiento de la Unidad Agrícola o Industrial de la Mujer.

En este sentido, los artículos 70, 71 y 72 vigentes, en congruencia con el artículo 23 de la Ley Agraria, disponen la posibilidad de establecer parcelas con destino específico, utilizando el término optativo “podrá”, mediante el cual, la propia ley reconoce la facultad de la asamblea para decidir sobre este asunto.

Adicionalmente, es necesario señalar que existe una enorme presión sobre la tierra de los ejidos y comunidades; la tendencia de los programas de regularización oficiales para adquirir el dominio pleno, la creciente urbanización y fraccionamiento de la tierra, hacen que la tierra cultivable sea un recurso escaso, complicando de por sí, la viabilidad real para destinar de manera obligatoria tierras para la unidad agrícola de la mujer.

La problemática en comento debe ser atendida desde un esquema relacionado con las formas asociativas para la producción, en el cual, las mujeres, sin importar su condición dentro del medio rural, puedan asociarse entre sí, a través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo.

c) Propuesta normativa

El presente proyecto propone la adición de un artículo 113 Bis dentro del Título Cuarto de la Ley Agraria, relativo a las Sociedades Rurales; mediante la propuesta, se establecen los mecanismos jurídicos y legales necesarios que facilitan y promueven la asociación de mujeres para constituir la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer como Sociedad Rural.

La propuesta de adición que se presenta, coincide y recoge la problemática expuesta sobre desarrollo productivo de la mujer, proponiendo procedimientos normativos que faciliten y permitan la libre asociación de las mujeres para fomentar su desarrollo productivo en un esquema de sociedades rurales.

Con la propuesta se busca fortalecer los derechos de la mujer en el medio rural, proteger el patrimonio sobre la tierra, y promover su desarrollo a través del trabajo productivo. Es necesario promover en la legislación agraria la constitución de figuras asociativas que permitan el desarrollo productivo de la mujer, reconociendo su papel, su trabajo, y su fortaleza  dentro del medio rural.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria

Artículo Único. Se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Título CuartoDe las Sociedades Rurales

Artículo 113 Bis. Las mujeres mayores de edad o menores con familia a su cargo pertenecientes a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de cinco socias. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o de su abreviatura UAIM.

Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley que desarrollen las mujeres dentro del núcleo agrario.

El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unidad, deberá otorgarse ante un fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la Unidad tendrá personalidad jurídica. Para su constitución no se exigirá como requisito la aportación de tierras parcelarias por parte de las socias.

Dos o más de las unidades a que se refiere este artículo podrán constituirse como Uniones de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer de carácter regional.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2013.— Diputados: María Fernanda Schroeder Verdugo, María Esther Garza Moreno, María Carmen López Segura, Ricardo Medina Fierro, Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, Elvia María Pérez Escalante, Mónica García de la Fuente, Carla Alicia Padilla Ramos, Adan David Ruiz Gutiérrez, Jorge Herrera Delgado, Francisca Elena Corrales Corrales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Buenas tardes, doña Fernanda Schroeder. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para su dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora tiene el uso de la voz don Genaro Carreño Muro, del PAN, de Salamanca, Guanajuato, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a don Sergio Dávila, de Tepache; a don Alfredo Quijada, de Moctezuma; a Samuel Dávila, de Huachinera; a Hilario Mendoza, de San Javier; a Óscar Díaz, de Bavispe; a Carlos Elías Durazo, de Granados. Todos ellos alcaldes de estos respectivos municipios. Y al diputado local Abraham Montijo. Todos del estado libre y soberano de Sonora. Invitados por su paisano, el coordinador general del Grupo Parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Sean ustedes muy bienvenidos, y que sus gestiones prosperen, como estoy seguro que así será.

Adelante, señor diputado. Le ruego me disculpe el saludo tan largo.

El diputado Genaro Carreño Muro: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hablar del progreso de México es hablar de infraestructura. Hablar de infraestructura es hablar de competitividad. Y hablar de competitividad es —sin duda— hablar de crecimiento y desarrollo.

La infraestructura contribuye a la comunicación y conectividad de nuestras poblaciones, fortalece el desarrollo regional e impulsa las actividades productivas, amplía la cobertura de los servicios. Pero, sobre todo, mejora la calidad de vida de las poblaciones y, por supuesto, es una importante fuente de empleos.

El nivel de desarrollo que existe en nuestro país es diverso en materia de infraestructura carretera, ya que hay regiones que cuentan con una mejor conectividad y de articulación en sus carreteras. Es decir, en sus vías de comunicación.

Esta situación se genera principalmente por la insuficiente inversión pública, que no permite atender las necesidades que demandan las entidades federativas en materia de infraestructura carretera, además de una correcta coordinación de los tres órdenes de gobierno para alcanzar estándares en el desarrollo de las carreteras.

Es prioridad que se impulse una red carretera uniforme, que cumpla con los estándares de seguridad vial y que favorezca la conectividad y articulación de toda la red carretera, en la que la integración de las entidades, los municipios y sus localidades sea de características uniformes, evitando divergencias en sus condiciones físicas y estructurales, a fin de evitar accidentes viales.

Hoy en día nuestra red carretera nacional alcanza más de 374 mil kilómetros y sin embargo carece de una homologación que permita que las condiciones físicas, es decir, la construcción y el diseño, la falta de mantenimiento correctivo y preventivo, la insuficiente señalética que presentan las carreteras estatales y municipales, sea uniforme con respecto a las carreteras federales, todo esto debido a que carece de una planificación vial.

Es preponderante para nuestra red de carreteras que cuenten con una estandarización, con el objeto de que tengan las mismas características geométricas y estructurales en su construcción. De igual manera, se apliquen programas periódicos de mantenimiento preventivo y correctivo en aquellos tramos carreteros que integran la conectividad entre caminos de jurisdicción estatal con vías federales o de cuota.

Un aspecto relevante a considerar es que la Organización para la Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, proclamó el periodo 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar y reducir las víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.

Vale la pena señalar que México ocupa el séptimo lugar mundial y tercero en la región, en cantidad de muertes originadas por accidentes viales. Por esta causa fallecen al año 24 mil personas. Estas cifras evidencian un serio problema que requiere atenderse por los tres órdenes de gobierno, a través de un marco regulatorio y una mejor política pública.

Actualmente, la red carretera de nuestro país suma 374 mil kilómetros, de los cuales 49 mil conforman la red federal. Las redes troncal e intertroncal de 24 mil kilómetros se consideran estratégicas, ya que conectan al 70 por ciento de las poblaciones del país. Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial.

A raíz de la proclamación del Plan Mundial que realizó la ONU, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio del 2011, el acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el capítulo IV, México Próspero en materia de infraestructura de transporte y logística, se reconoce que la calidad en la infraestructura es baja y la conectividad del país debe incrementarse.

Dentro de las acciones que se plantean en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial se menciona que se deberá participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y del transporte más seguro, a fin de impulsar diferentes puntos, que mencionaré muy brevemente:

La creación o mejora de la normatividad para las etapas de planeación, diseño y construcción. La mejora de la seguridad de la infraestructura vial. La aplicación de la tecnología y el desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios.

En relación a lo anterior, es importante mencionar que un número de accidentes viales se generan por las malas condiciones que presenta la infraestructura carretera. Esto se da principalmente en carreteras alimentadoras, entronques y caminos rurales de jurisdicción local.

Los beneficios que se tendrían directamente con la homologación de la red carretera —entre otros— sería la uniformidad de la red carretera, establecer criterios uniformes y, sobre todo, va a favorecer a aquellos vehículos que transiten, desde los automóviles, los camiones de pasajeros, camiones de carga y demás vehículos que pudieran transitar de manera segura por la red carretera.

La propuesta que estamos generando concuerda con lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo en el sector carretero y con la armonización de criterios para generar convenios de coordinación. La iniciativa de ninguna manera violenta la autonomía y soberanía que tienen los estados y municipios a nivel constitucional. Viene sobre todo a clarificar el marco de actuación.

Termino, señor presidente. Buscamos que se establezca que estos convenios y esta iniciativa generen, sobre todo, las mismas especificaciones técnicas y estructurales que aplica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con criterios uniformes en la pavimentación, señalización y conservación de la red carretera nacional. Es importante precisar que los convenios también tienen como objeto vincular los programas, acciones y recursos para los estados y para los municipios.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 25. La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.

La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios, su paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales.

Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales; éstos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que establecen las normas federales. Es cuanto, señor presidente.

Solicito respetuosamente se incluya íntegramente esta iniciativa, así como el texto en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Genaro Carreño Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 76, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La infraestructura es un pilar fundamental para el progreso de México, su impulso permite ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo regional, ya que contribuye a la comunicación de las poblaciones, permite potenciar las actividades productivas, favorece a la competitividad, amplia la cobertura de los servicios, mejora la calidad de vida de las poblaciones y es una importante fuente de empleos.

El nivel de desarrollo que tiene nuestro país es heterogéneo en materia de infraestructura carretera, debido a que hay regiones que cuentan con una mejor conectividad y articulación de sus vías de comunicación, que otras que se encuentran rezagadas y que por sus malas condiciones físicas representan un riesgo para los usuarios que circulan por ellas.

Esta situación se crea principalmente por la insuficiente inversión pública que permita atender las necesidades que demandan las entidades federativas en materia de infraestructura carretera, además de la falta de coordinación de los tres órdenes de gobierno para establecer estándares en el desarrollo de las carreteras.

Es prioritario que se impulse una red carretera uniforme que cumpla con los estándares de seguridad vial, que favorezca la conectividad y articulación de toda la red en la que la integración de las entidades, los municipios y sus localidades sea de forma homogénea, evitando divergencias en sus condiciones físicas y estructurales a fin de evitar accidentes viales.

Hoy día nuestra red carretera nacional comprende más de 374 mil kilómetros, sin embargo carece de una homologación que permita que las condiciones físicas que presentan las estatales y municipales sean uniformes con respecto a las carreteras federales. Esto a razón de que las carreteras estatales y municipales presentan inconsistencias en su construcción y diseño, falta de mantenimiento correctivo y preventivo, insuficiente señalización, debido a que en su mayoría carecen de una planificación vial.

De acuerdo con el criterios utilizados por los expertos, en la actualidad se tiene que para carreteras con un tránsito menor a 1000 vehículos pesados, se recomienda que el espesor de la bases sea de 12 centímetros. Y cuando el tránsito sea mayor, se recomienda que el espesor mínimo sea de 15 centímetros. Para las sub-bases la SCT recomienda un espesor mínimo de 10 centímetros.

Es preponderante para nuestra red de carreteras que cuenten con una  homologación debido a que es necesario que éstas presenten las mismas características geométricas y estructurales en su construcción, así como también empleen programas periódicos de mantenimiento preventivo y correctivo en aquellos tramos carreteros que proporcionan conectividad entre caminos de jurisdicción estatal con vías federales o de cuota.

Un aspecto relevante a considerar es que la Organización para la Naciones Unidas a través de la Asamblea General proclamó el período 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.

Cabe señalar que México ocupa el séptimo lugar mundial y tercero en la región en cantidad de muertes originadas por accidentes viales y por esta causa fallecen al año 24 mil personas cifras que evidencian un serio problema que requiere atenderse por los tres órdenes de gobierno a través de un mejor marco regulatorio y una mejor política pública.

Actualmente, la red carretera del país suma 374,262 kilómetros. De ellos, 49,169 kilómetros conforman la red federal (8,459 kilómetros son autopistas de cuota y 40,710 kilómetros constituyen la red federal libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24,308 kilómetros se consideran estratégicas, ya que conectan el 70 por ciento de las poblaciones del país. Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial, ya que cada año se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito.

A raíz de la proclamación del Plan Mundial que realizó la ONU, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio del 2011 el Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. En el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Salud ejecutarán programas o políticas en materia de Seguridad Vial y prevención de accidentes, con la finalidad de promover acciones concretas para disminuir el índice de mortalidad y lesiones.

En coordinación los tres órdenes de gobierno realizarán actividades tanto en la red carretera federal y vialidades urbanas, como en los establecimientos médicos para la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito.

Dentro de las acciones que se plantean en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, se menciona que se deberá participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y de transporte más seguro, a fin de impulsar:

1. La creación y/o mejora de la normatividad relacionada con el establecimiento de los criterios de seguridad vial en la infraestructura para las etapas de planeación, diseño y construcción de nuevos proyectos y vías en funcionamiento tanto en carreteras como en vialidades urbanas.

2. La mejora de la seguridad de la infraestructura vial urbana e interurbana.

3. La aplicación de tecnología para la mejora de la gestión del tránsito en vías urbanas e interurbanas.

4. El desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios vulnerables.

Se tiene que abordar de manera eficaz la problemática que presenta la red vial, en sus diferentes formas, para asegurar las condiciones de tránsito y seguridad de los usuarios con la primicia de abatir el problema de los altos índices de accidentes viales.

En relación con lo anterior, un número importante de accidentes se generan por las malas condiciones que presenta la infraestructura carretera, esto se da principalmente en carreteras alimentadoras, entronques, caminos rurales de jurisdicción local,  por lo que cobra relevancia la presentación de una propuesta legislativa que atienda esta situación que se presenta en las vías de comunicación en las entidades federativas.

La propuesta debe estar encaminada a la homologación de la red de carretera nacional, ya que es prioritario que las carreteras estatales y municipales que presentan conectividad y articulación con las carreteras de jurisdicción federal cuenten con la armonización de criterios generales que permitan establecer las mismas características y especificaciones técnicas en su construcción, así como en el mantenimiento de las mismas, a fin de que proporcionen condiciones de seguridad vial a los conductores que circulan por ellas.

Con la homologación de la red carretera en relación a las especificaciones técnicas en construcción, conservación, reconstrucción y ampliación se tendrían los siguientes beneficios:

1. Se da uniformidad a la red de carreteras en el país manteniendo especificaciones técnicas y estructurales, a fin de evitar divergencias en la pavimentación que afecte el rodamiento vehicular.

2. Con la homologación se establecen criterios uniformes considerando resistencias a las cargas por tránsito pesado, adherencia adecuada de los vehículos al pavimento, así como resistencia al constante aforo vehicular y a las inclemencias del clima, así como evitar la fatiga a los conductores, y contar con una adecuada visibilidad.

3. La propuesta favorece a todo aquel vehículo desde bicicletas, ciclomotores, motocicletas, automóviles, camiones de pasajeros, camión de carga y otras configuraciones puedan transitar de manera segura por la red carretera.

4. Por medio de la homologación se busca reducir de manera considerable los accidentes viales por causas de las malas condiciones que tienen las carreteras que son de jurisdicción estatal y municipal, además de reducir los accesos irregulares y los puntos de conflicto vial, que son zonas potenciales de accidentes.

5. A través de la homologación se impulsa el desarrollo integral de la red carretera nacional, con lo que se está siendo congruente con la planeación nacional.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el capítulo IV “México Próspero” en materia de infraestructura de transporte y logística se reconoce que la calidad en la infraestructura es baja y la conectividad del país debe incrementarse. Según los resultados de la Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan, el 32 por ciento de los participantes consideró prioritario invertir en carreteras y el 29 por ciento en redes ferroviarias.

La estrategia 4.9.1 del PND propone modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. Dentro de las líneas de acción de la estrategia dentro del sector carretero se encuentra: mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores; modernizar las carreteras interestatales; garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la red y sistemas inteligentes de transporte; entre otras más.

La propuesta concuerda con lo que plantea el PND en el sector carretero, ya que las carreteras deben mantener las mismas especificaciones técnicas y estructurales, con el fin de evitar divergencias en la pavimentación que afecten el rodamiento vehicular y se generen accidentes viales.

Con la armonización de criterios que se pretende establecer en los convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se impulsa el desarrollo carretero el cual debe coadyuvar a un mejoramiento de la movilidad de los ciudadanos que hacen uso de las vías de comunicación en los estados y municipios.

La Ley de Planeación en los artículos 33 y 34 señalan que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la federación y los estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.

Por lo que la iniciativa que se plantea no violenta la autonomía y soberanía que tienen los estados y municipios a nivel constitucional, ya que lo que se pretende es que el Ejecutivo federal en los convenios que firma con los otros dos órdenes de gobierno en materia de carreteras, se establezca que en estos se mantengan las mismas especificaciones técnicas y estructurales que aplica la SCT, a fin de establecer criterios uniformes en la pavimentación y conservación de la red carretera nacional.

Es importante precisar que los convenios tiene por objeto coordinar al Ejecutivo federal con los gobiernos estatales y municipales para vincular programas, acciones y recursos con el fin de trabajar de manera corresponsable asegurando las acciones de los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo.

Los convenios constituyen la vía de coordinación entre las administraciones públicas federal, estatal y municipal, para la planeación y ejecución de los programas, proyectos, acciones, obras y servicios, así como para el ejercicio de los recursos federales y estatales que se convengan.

Por lo que la iniciativa que se propone viene a clarificar el marco de actuación en el que es preciso que la red carretera sea homogénea y no divergente en sus características físicas, esto con el fin de evitar posibles accidentes con fatales consecuencias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la  Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal

Artículo 25. La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.

La Secretaría, considerando la importancia del camino, la continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios, podrá convenir con los municipios, su paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y regulación del tránsito dentro de la zona urbana a las autoridades locales.

Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales; éstos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y estructurales que establecen las normas federales.

Transitorios

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Planificación vial nos referimos a la disminución de los costos de transporte; aminorar la congestión del tráfico; esparcimiento y turismo; disminución de accidentes; servir de apoyo a planes de desarrollo; incentivar las inversiones privadas en áreas no desarrolladas por falta de accesibilidad, y cumplir una función social.

2 Fuente: Informe Global de Seguridad Vial 2009.

3 Fuente: José Ángel Córdoba Villalobos. Secretaría de Salud.

4 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

5 La planeación del desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno de la república, pero también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 10 de octubre de 2013. — Diputados: Genaro Carreño Muro, Leonor Romero Sevilla, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Así se hará. Se inserta la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Quiero saludar la presencia aquí de un grupo de estudiantes de derecho penal de la ENEP Acatlán, que están invitados por el diputado Roberto Ruiz Moronatti. Bienvenidos a la sesión.

También a los estudiantes de la Universidad Insurgentes, que hoy invitó la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos todos a la sesión.

También a algunos alumnos de la carrera de Economía y Finanzas y Administración Financiera del TEC de Monterrey, campus estado de México, que están aquí invitados por el diputado Fernando Zamora Morales. Bienvenidos.

También saludamos a un grupo de diputados locales de Durango, que están aquí invitados por nuestros compañeros diputados del Partido Verde, por el diputado Ricardo Astudillo. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez:Con su permiso, señor presidente. Me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, ya que cuenta con 11,592.76 kilómetros de cordón en su parte continental, sin considerar los litorales insulares. Por su situación geográfica nuestro país presenta distintos climas y condiciones ambientales que propician una amplia biodiversidad en cuanto a especies y ecosistemas.

Al igual que en el resto del mundo, la zona costera mexicana es sitio importante para la ocupación humana, si bien el porcentaje de mexicanos que habitan en esta zona es menor con respecto al porcentaje del total mundial, no deja de ser relevante el hecho de que se estima que en la zona costera mexicana habita aproximadamente la cuarta parte de la población nacional, situación que irá aumentando debido a la valoración de la misma en los últimos tiempos y al aumento de las actividades productivas que ahí se realizan provocando migración; de igual manera, se puede decir que las tasas de natalidad de la zona costera son mayores que en otras regiones del país.

Para los pescadores ribereños —que en parte tiene mucho que ver con su desigual competencia con la pesca industrial— el problema principal se da en el sentido de la seguridad física. Al irse degradando el ambiente y sobreexplotando los recursos, los pescadores ribereños tienen que buscar las presas cada vez más lejos, en embarcaciones inadecuadas para largas travesías. Esto no ha pasado desapercibido para la FAO ni para la OIT.

La pesca en el mar es probablemente el trabajo más peligroso del mundo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que cada año se producen 24 mil muertes en el mundo en la pesca de captura. Las consecuencias de estas pérdidas de vidas humanas afectan gravemente a quienes dependen económicamente de ellos.

Las viudas tienen a menudo un bajo nivel social y cuando no existe un Estado que respalde el bienestar de las familias y no se dispone de una fuente de ingresos alternativa, las viudas y sus hijos pueden encontrarse en la miseria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXXII y se recorre en su orden las actuales fracciones XXXII a la LI del artículo 4o., y se adiciona un artículo 61 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

XXXII. Pesca ribereña: La pesca comercial que se efectúa con propósitos de beneficio económico en aguas interiores o en aguas marinas. Se puede practicar a pie desde tierra, en aguas someras o con una embarcación sin cubierta corrida y una eslora total máxima de 12.5 metros.

Artículo 61 Bis. En los ambientes costeros del territorio nacional la Secretaría en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de representantes de productores de la región, Inapesca e investigadores, podrán decretar zonas de pesca ribereña.

Basados en la capacidad de carga de los ecosistemas costeros, las condiciones socioeconómicas y los valores culturales aportados por la pesca ribereña en la región, las zonas de pesca ribereña tendrán como objetivo:

1. El ordenamiento de la pesca realizada por las embarcaciones ribereñas;

2. Garantizar el uso de artes de pesca altamente selectivas y menos impactantes con el ambiente;

3. El fomentar la participación de los habitantes locales en las estrategias de manejo pesquero; y

4. El reconocimiento de los derechos históricos a los pescadores tradicionales.

Las zonas de pesca ribereña se delimitarán a partir de la línea de costa hasta una distancia de, al menos, 12 millas náuticas. No se permitirá el uso de artes de pesca de arrastre ni de artes de pesca fijas. El tránsito en embarcaciones pesqueras que no se consideren ribereñas estará limitado exclusivamente a actividades de embarque y desembarque.

Agradezco a mis compañeros legisladores que suscribieron la presente iniciativa. Asimismo, señor presidente, solicito se plasme íntegro el documento en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Angélica Rocío Melchor Vásquez, diputada federal por el estado de Oaxaca a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México destaca entre los países del mundo por laextensión de sus litorales, ya que cuenta con 11 mil 592.76 kilómetros de cordón en su parte continental, sin considerar los litorales insulares. Por su situación geográfica nuestro país presenta distintos climas y condiciones ambientales que propician una amplia biodiversidad en cuanto a especies y ecosistemas.

Así, vemos que los litorales de nuestro país presentan ricos y variados ecosistemas, como son los manglares, arrecifes coralinos, sistemas estuarinos, playas de arena y playas rocosas, zonas con plataforma continental de pendiente suave y otras zonas donde en un corto trecho de distancia con respecto a la costa se alcanzan decenas de metros de profundidad. La importancia de estos ecosistemas radica en la riqueza de sus recursos así como los servicios ambientales que prestan.

Al igual que en el resto del mundo, la zona costera mexicana es sitio importante para la ocupación humana, si bien el porcentaje de mexicanos que habitan en esta zona es menor con respecto al total mundial, no deja de ser relevante el hecho de que se estima que en la zona costera mexicana habita aproximadamente la cuarta parte de la población nacional, situación que irá aumentando debido a la valoración de la misma en los últimos tiempos y al aumento en las actividades productivas que ahí se realizan provocando migración; de igual manera, se puede decir que las tasas de natalidad de la zona costera son mayores a otras regiones del país.

Es de destacarse, que si bien no se tiene una definición para la zona costera que sea aceptada por todos los estudiosos del tema, en lo que si existe un consenso es en cuanto a que en esta zona el mar y la tierra ejercen mutua influencia, con intercambio de materia y energía, dando como resultado sistemas fuertemente acoplados, complejos e integrados, que en algunas áreas propician frágiles ecosistemas, y si bien, esta interrelación mar tierra en varias partes no está enteramente estudiada y no acabamos de comprenderla, lo que está claro es que son sitios de importancia para varias especies, incluyendo la humana y nos conviene preservarlas.

Una de las características de la zona costera que complican su correcto ordenamiento y por lo mismo su conservación, es el de que ésta zona se suele dar una amplia gama de actividades productivas, entre las que se encuentran la pesca y la acuacultura, el turismo, la explotación de energéticos y la producción de energía, así como portuarias y de comercio. Esta diversidad de actividades crea una competencia por espacio y recursos naturales entre los distintos actores sociales, y aún entre actores del mismo sector productivo, por ejemplo, competencia por espacio y recursos entre los pescadores ribereños y los pescadores de altura.

Pese a su importancia, la zona costera en la mayor parte del mundo y de nuestro país presenta serios daños ambientales, a decir de Rosario Casco, “En la zona costera, los problemas ambientales se generan y avanzan con mucha frecuencia, con mayor rapidez que la capacidad de respuesta de las autoridades, bajo la influencia dinámica de proyectos productivos; más aún, proyectos altamente productivos.”  Abundando en lo anterior, “La actividad humana también ocasiona deterioro de la costa, lo cual puede variar según la zona, en general se puede resumir de la manera siguiente: Ecosistemas destruidos, con la línea y el perfil de la costa muy modificado, corrientes costeras alteradas, baja calidad del agua, pesquerías costeras en declive o desaparecidas, estética reducida.”

Para la pesca en general, la zona ribereña es de vital importancia, simplemente las pesquerías comerciales dependen de lo que se captura en esta zona o son sobre especies que en algún momento de su ciclo de vida utilizan esta zona, en palabras del Dr. D. Doulman, “El 90 por ciento de las capturas pesqueras mundiales se obtienen dentro de las zonas de jurisdicción nacional, debido ante todo a la mayor productividad y proximidad de las zonas costeras y de la plataforma, ...”

Dentro de las actividades pesqueras que se realizan próximas a la costa, se tiene la que realizan los pescadores ribereños, que en varias localidades rurales son el motor de la economía y proporcionan la principal fuente de proteína. Por lo mismo, dentro del Capítulo 17 “Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos” de la Agenda 21 se califica a los recursos pesqueros como vitales para muchas comunidades locales y para muchas poblaciones indígenas.

En el caso particular de México, según datos de la SAGARPA, la flota pesquera se compone de 82 mil 69 embarcaciones, de las cuales 3 mil 181 son de altura y 78 mil 888 de pesca ribereña. En lo referente a los pescadores se tienen registrados 222 mil 744 pescadores, y si bien los anuarios estadísticos no muestran las cifras de cuántos de estos pescadores se dedican a la pesca de altura, y cuántos a la pesca ribereña, por la desproporción que hay entre el número de embarcaciones ribereñas que representan el 96.12 por ciento de la flota pesquera nacional, contra el 3.88 por ciento que vienen a ser embarcaciones de altura, no es exagerado suponer que alrededor del 95 por ciento de los pescadores mexicanos se dedican a la pesca ribereña.

Como ya se señaló, en la zona costera se tienen diversas actividades económicas que generan competencia entre distintos actores sociales. A la vez de ser zonas que en algunas partes presentan un severo daño ambiental, a este respecto se tiene que la pesca puede contribuir al daño ambiental por medio de la sobreexplotación pesquera, la destrucción o modificación de hábitats, y por consecuencia la interrupción de las relaciones predador/presa, y otras relaciones ecológicas.

En cuanto a impacto ambiental y prácticas insustentables relacionadas a las actividades pesqueras, sobresale la pesca de camarón con redes de arrastre, y si bien en México sólo contamos con 3 mil 181 embarcaciones camaroneras de altura, éstas, al pescar con las referidas redes de arrastre presentan capturas incidentales, descartes e impactos en los fondos marinos que superan por mucho a los que se presentan en otras pesquería.

Las redes de arrastre como su nombre lo indica son arrastradas por una embarcación y al trabajar adquieren una forma cónica, en el caso de las camaroneras, tienen que ir sobre el fondo marino que es donde habita el camarón. Uno de los problemas que se presentan con estos equipos de pesca es precisamente que tengan que trabajar sobre el fondo, así la red y elementos de la misma, como son la cadena espantadora y los portones literalmente van arando el fondo del mar (Figura 1), entre red y aparejos van levantando o destruyendo todo lo que se encuentra a su paso (Figura 2).

Además, en el caso de las embarcaciones camaroneras el que se consideren de altura tiene que ver con el tonelaje de las mismas y no como se podría pensar en que faenen en aguas alejadas de las costas, al contrario, es frecuente verlas pescar a unos cuantos cientos de metros de la costa y de hecho, por las características tecnológicas de su método de pesca no pescan a profundidades mayores a las 40 brazas.

En lo concerniente a las capturas incidentales y los descartes en la pesquería de camarón con redes de arrastre, a nivel mundial esto representa un gran problema. “En un estudio reciente de la FAO se señaló a la pesca de arrastre del camarón como la principal fuente de descartes, pues representa el 27,3 por ciento (1,86 millones de toneladas) de la estimación total de descartes en la pesca de captura mundial. La tasa conjunta o ponderada de descartes para todas las pesquerías de arrastre del camarón es del 62,3 por ciento, un porcentaje muy elevado en comparación con otras pesquerías. Un problema importante relacionado con la captura incidental en la pesca de arrastre de camarón tanto de agua templada como fría es la captura de peces inmaduros de especies de importancia comercial.”

En el caso de México es sabido que dependiendo de la ubicación geográfica, la época de pesca y otros factores, las capturas incidentales y los descartes para la pesquería del camarón son de alrededor de 10 a 14 kg por cada kg de camarón capturado. En algunas zonas según datos presentados por la Comisión para la Cooperación Ambiental, como por ejemplo, el golfo de Tehuantepec, la proporción de la captura incidental es de 16 a 41 kg de fauna de acompañamiento por cada kg de camarón retenido.

La “Norma Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013, Para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos”, reconoce lo dañino que puede ser la pesca de arrastre de camarón, por lo que en su numeral 0.6. señala:

“Estudios realizados por la Secretaría indican que las operaciones de pesca de arrastre realizadas en profundidades comprendidas de 0 a 9.14 metros (0 a 5 brazas), inciden en forma negativa sobre las poblaciones de organismos juveniles de diferentes especies de crustáceos (incluido el camarón) y de escama, o que se encuentran en período reproductivo, que es necesario proteger a través de la prohibición de la pesca de arrastre en esta zona, ...”

Continuando con la NOM-002-SAG/PESC-2013, esta con la finalidad de reducir las capturas incidentales y los descartes ya contempla el uso de un dispositivo excluidor de peces en las redes camaroneras de arrastre, pero, por muy bueno que sea el diseño de dicho excluidor seguirán habiendo capturas incidentales y descartes en cantidades importantes. El mismo numeral 0.14 de la citada norma hace mención de este hecho, a decir del mismo:

“0.14. En otras evaluaciones de la misma naturaleza, se ha demostrado que la instalación de los dispositivos excluidores de peces (DEP) en las redes de arrastre camaroneras contribuyen a la exclusión o liberación de hasta un 40 por ciento del total de la fauna de acompañamiento (FAC) constituida en su mayor parte por peces, sin afectar la eficiencia en la captura de camarón.”

De tal forma que en áreas donde la captura incidental y los descartes rondan por los 14 kg por cada kilo de camarón, con el DEP se tendrá en el mejor de los casos una relación de 8.40 kg por kg de camarón, lo cual no es bajo, pero para casos como el del golfo de Tehuantepec, la relación será de 9.6 a 24.6 kg de descartes por cada kg de camarón retenido, lo cual es a todas luces contrario a los preceptos de la pesca sustentable, como lo sostiene el Código de Conducta para la Pesca Responsable.

Entonces, por una parte, todavía en algunas pesquerías la captura incidental y los descartes son de importante magnitud y técnicamente no se ha encontrado una solución viable. Por otra parte, en la práctica es cuestionable si tan sólo es conveniente proteger las bocas de bahías y de lagunas, esteros, deltas de ríos, arroyos; y si tan sólo reducir las capturas incidentales es suficiente para todo lo largo del litoral, o existen otras zonas que por sus características ambientales y por ser de importancia para la pesca ribereña, debemos de protegerlas de la pesca de altura en general y de la pesca de arrastre de fondo en particular. Recordemos, que el arrastre destruye el ecosistema y la incidentalidad en la pesca incluye peces que son de importancia para la pesca ribereña, en varias ocasiones estos son de una edad tal, que ni siquiera han tenido la oportunidad de reproducirse, ambas cosas, daño ambiental e incidentalidad repercuten negativamente en la pesca ribereña y por lo mismo en la calidad de vida de los pescadores ribereños.

Otro efecto perjudicial para los pescadores ribereños que en parte tiene mucho que ver con su desigual competencia con la pesca industrial, se da en el sentido de la seguridad física. Al irse degradando el ambiente y sobreexplotando los recursos, los pescadores ribereños tienen que buscar las presas cada vez más lejos en embarcaciones inadecuadas para travesías largas. Esto no ha pasado desapercibido para la FAO y para la OIT. “La pesca en el mar, es probablemente el trabajo más peligroso del mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que cada año se producen 24 mil muertes en el mundo en la pesca de captura. Las consecuencias de éstas pérdidas de vidas humanas afectan gravemente a quienes dependen de las personas fallecidas, y en muchos países en desarrollo, pueden ser devastadoras. Las viudas tienen a menudo un bajo nivel social, y cuando no existe un estado del bienestar que respalde a las familias y no se dispone de una fuente de ingresos alternativa, las viudas y sus hijos pueden encontrarse en la miseria. ... las presiones sociales y económicas, así como el exceso de capacidad y la sobreexplotación pesquera de los recursos costeros son probablemente los factores más importantes que han hecho inútiles los intentos de mejorar la seguridad en el mar.”

Viendo la desproporción entre el tamaño de la flota ribereña con respecto a la flota de altura, se podría suponer que la causante del deterioro ecológico y la sobrexplotación de las especies pesqueras es la pesca ribereña. Al respecto, es perfectamente posible que una o unas pesquerías sean sobreexplotadas por medio de la pesca ribereña, como lo demuestra el caso histórico de la pesquería de perlas en la Península Californiana, no se requiere de grandes recursos tecnológicos para poner al borde de la extinción a las especies pesqueras, y si buscamos casos más recientes seguramente los encontraríamos.

Pero, cuando los expertos sopesan los beneficios contra los inconvenientes de la pesca ribereña, tanto biológico pesqueros como sociales, concluyen:

“Además, aunque la pesca en pequeña escala pueda sobreexplotar las poblaciones, dañar el medio ambiente y producir únicamente niveles marginales de beneficios, hoy se reconoce que en muchos casos puede tener ventajas comparativas importantes frente a la pesca industrial, como las que se exponen:

• mayor eficiencia económica;

• menor número de repercusiones negativas en el medio ambiente;

• capacidad para intercambiar de una forma más amplia beneficios sociales y económicos al descentralizarlos y extenderlos desde el punto de vista geográfico;

• su contribución a la herencia cultural, como el conocimiento medioambiental. ”

De lo anterior, resulta que no son pocos, ni de poca importancia los instrumentos internacionales para ordenar las pesquerías que ponen por delante los intereses de la pesca ribereña sobre la pesca de altura. Estos instrumentos los podemos clasificar en dos grandes grupos, uno conformado por aquellos que tienen carácter vinculante para nuestras leyes y que por ser tratados internacionales de los que México forma parte son parte de nuestro sistema jurídico.

El otro grupo se constituiría por los documentos que si bien no son vinculantes, han sido aceptados por nuestro país ante la comunidad internacional, lo que crea compromiso moral, o son guías aceptadas por los expertos, como sería el caso del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR).

Empezando por este último, tenemos que el CCPR es un instrumento creado y aprobado por la FAO para el correcto manejo de los recursos pesqueros, este Código cuenta con el aval de más de 170 países, entre ellos el nuestro y para el tema que nos ocupa entre otras cosas recomienda:

“6.18 Reconociendo la importante contribución de la pesca artesanal y en pequeña escalaal empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria, los Estados deberían proteger apropiadamente el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña escala, a un sustento seguro y justo, y proporcionar acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros que explotan tradicionalmente así como a las zonas tradicionales de pesca en las aguas de su jurisdicción nacional.”

En cuanto a los descartes que como ya se dijo son tan frecuentes en la pesca de arrastre de camarón el Código menciona:

“6.6 Deberían continuar perfeccionándose y aplicándose, en la medida de lo posible, artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado. Donde existan adecuados artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras, las mismas deberían ser reconocidas y debería asignárseles una prioridad al establecerse medidas de conservación y ordenación aplicables a las pesquerías. Los Estados y los usuarios de los ecosistemas acuáticos deberían reducir al mínimo el desperdicio de las capturas tanto de las especies que son el objeto de la pesca como de las que no lo son, de peces y otras especies así como los efectos sobre las especies asociadas o dependientes, la captura incidental de especies no utilizadas y de otros recursos vivos.”

En cuanto a la creación de zonas reservadas para la pesca ribereña, tenemos:

“7.6.9 Los Estados deberían adoptar medidas apropiadas para reducir al mínimo los desperdicios, los descartes, las capturas realizadas por artes de pesca perdidas o abandonadas, la captura de especies que no son objeto de pesca, tanto de peces como de especies distintas de los peces, y los efectos negativos en las especies asociadas o dependientes, en particular las especies que estén en peligro de extinción. Cuando proceda, estas medidas podrán incluir medidas técnicas relacionadas con la talla del pescado, la luz de malla o las artes de pesca, los descartes, temporadas y zonas de veda, y zonas reservadas para determinadas pesquerías, especialmente para la pesca artesanal. Estas medidas deberían ser aplicadas, cuando proceda, para proteger a los juveniles y los reproductores. Los Estados y las organizaciones o arreglos subregionales o regionales de ordenación pesquera deberían fomentar, en la medida de lo posible, el desarrollo y la utilización de artes y técnicas de pesca selectivas rentables e inofensivas para el medio ambiente.”

Otro documento que es de interés para nuestro caso es la Agenda 21, está en su Capítulo 3 “Lucha contra la pobreza”, hace una referencia en defensa de los pescadores que menos tienen, que en México vienen a ser los pescadores ribereños. Entre lo que se puede leer del mencionado capítulo tenemos el inciso c) del numeral 3.5, que a la letra dice:

“3.5. Las actividades que contribuirán a la promoción integrada de los medios de subsistencia sostenibles y la protección del medio ambiente abarcan numerosas actividades sectoriales y una amplia gama de protagonistas, desde el nivel local hasta el mundial, y que son fundamentales en todos los planos, sobre todo en los niveles local y de la comunidad. ... En general, los programas deben:

c) Comprender una estrategia a largo plazo que tenga por objeto establecer las mejores condiciones posibles para crear, en los planos local, regional y nacional un desarrollo sostenible que elimine la pobreza y reduzca la desigualdad entre los diversos grupos de la población. Los programas deben prestar ayuda a los grupos más desfavorecidos - en particular las mujeres, los niños y los jóvenes de esos grupos -, y a los refugiados. Entre esos grupos deben figurar los pequeños propietarios, los pastores, los artesanos, las comunidades de pescadores, las familias sin tierra, las comunidades autóctonas, los migrantes y el sector de la economía urbana no estructurada.”

Además la Agenda 21 dedica todo el Capítulo 17 al cuidado y aprovechamiento de mares y costas, dentro de su articulado dicho Capítulo hace varias referencias a la pesca ribereña, entre las que se encuentran:

“17.74 Los Estados se comprometen a conservar y aprovechar en forma sostenible los recursos marinos vivos sujetos a la jurisdicción nacional. Para ello es necesario:

b) Tener en cuenta en los programas de aprovechamiento y ordenación los conocimientos tradicionales y l os intereses de las comunidades locales, de quienes se dedican a la pesca artesanal en pequeña escalay de las poblaciones indígenas;

17.81 Los Estados ribereños deberían apoyar el carácter sostenible de la pesca artesanal en pequeña escala y para ello deberían, según proceda:

a) Integrar en la planificación marina y costera el desarrollo de la pesca artesanal en pequeña escala, teniendo presentes los intereses de los pescadores, los trabajadores de explotaciones pesqueras en pequeña escala, las mujeres, las comunidades locales y las poblaciones indígenas, y fomentando la representación de esos grupos cuando proceda;

b) Reconocer los derechos de los que realizan labores de pesca en pequeña escala y la situación especial de las poblaciones indígenas y las comunidades locales, incluso sus derechos a la utilización y protección de sus hábitat sobre una base sostenible;

Un instrumento de carácter internacional que es vinculante para nuestro sistema jurídico lo tenemos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del que México es parte, entre otras cosas en el párrafo 2 de su artículo 1 señala que “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”, y si bien aquí cabría la duda; qué debemos de entender por pueblo, si el Pacto con esta palabra designa a un país o a un Estado nación, la duda se disipa de las lecturas de las observaciones generales hechas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando comenta con respecto al párrafo 2 del artículo 1.

Este comité en su observación número 15 que versa sobre el derecho al agua, señala textualmente que: “Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo “de sus propios medios de subsistencia, los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas”. De tal forma que queda claro que cuando el Pacto utiliza en esta parte el término Pueblos se refiere a las comunidades de humanos, como las que en nuestro país tenemos de pescadores ribereños, no a un Estado o a una nación.

Es de destacarse que los documentos antes señalados siguen la línea trazada desde la Cumbre de Estocolmo (1972), pasando por la de Río (1992) y la Johannesburgo (2002) en el sentido de la importancia que tiene para el correcto manejo del medio ambiente y los recursos naturales la opinión de los directamente afectados, que en el caso que nos ocupa serían los pescadores. Al respecto, es de mencionarse que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la LIX legislatura para dictaminar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, actualmente vigente, efectuó algo más de 20 foros regionales, pero curiosamente ninguno de ellos se llevó a cabo en alguno de los estados del suroeste (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), que prácticamente no cuentan con embarcaciones de altura, de haber oído dicha Comisión a los pescadores de estos Estados, hubieran entendido que para el pescador ribereño es sumamente doloroso el ver llegar a las embarcaciones mayores y como éstas destruyen el hábitat y matan sin ningún provecho toneladas de peces que son el sustento de las pesquerías locales.

Además de todo lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el párrafo tercero de su Artículo 27 nos mandata a regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, y el primer párrafo de la fracción XX del mismo Artículo entre otras cosas le ordena al Estado Mexicano a promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo.

Entonces, por ser técnica, económica y socialmente conveniente en varios casos, vemos que los documentos antes señalados favorecen la idea de crear áreas donde sólo se permita la pesca ribereña con determinadas artes de pesca que sean amigables con las ambiente y altamente selectivas.

En otro orden de ideas, es deseable que en el ordenamiento y aprovechamiento de los recursos pesqueros se tenga una mayor participación de las autoridades locales, como son las estatales y municipales, sobre este último aspecto se puede mencionar que: “En teoría, los gobiernos municipales deberían tener considerable influencia en los asuntos relacionados con las pesquerías y la acuicultura, lo mismo que suelen tenerla con respecto a la ubicación y especificaciones de cualquier estructura industrial, comercial o de vivienda. No obstante, las autoridades municipales deberán contar con la necesaria especialización y conocimiento técnico de las cuestiones relacionadas con la pesca. Ello se puede conseguir a través de organismos especializados, instituciones de investigación y ONG.”

Por todo lo anteriormente argumentado queda claro que al decretarse por medio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, una zona reservada para la pesca ribereña, lo único que se estará haciendo es trasladar a las normas secundarias lo que ya está reconocido por México en los acuerdos internacionales y se estará obrando con justicia social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Para quedar como sigue :

Artículo Primero.Se adiciona una fracción XXXII y se recorren en su orden las actuales fracciones XXXII a la LI del artículo 4o. y se adiciona un artículo 61 Bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a XXXI. ...

XXXII. Pesca ribereña: La pesca comercial que se efectúa con propósitos de beneficio económico, en aguas interiores o en aguas marinas. Se puede practica a pie desde tierra, en aguas someras o con una embarcación sin cubierta corrida y eslora total máxima de 12.5 metros.

XXXIII. Pesca de fomento: Es la que se realiza con fines de investigación, exploración, experimentación, conservación, evaluación de los recursos acuáticos, creación, mantenimiento y reposición de colecciones científicas y desarrollo de nuevas tecnologías;

XXXIV. a LII. ...

61 Bis. En los ambientes costeros del territorio nacional la Secretaría en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de representantes de productores de la región, Inapesca e investigadores, podrá decretar zonas de pesca ribereña.

Basados en la capacidad de carga de los ecosistemas costeros, las condiciones socioeconómicas y los valores culturales aportados por la pesca ribereña en la región, las zonas de pesca ribereña, tendrán como objetivos:

I. El ordenamiento de la pesca realizada por las embarcaciones ribereñas;

II. Garantizar el uso de artes de pesca altamente selectivas y menos impactantes con el ambiente;

III. El fomentar la participación de los habitantes locales en las estrategias de manejo pesquero; y

IV. El reconocimiento de los derechos históricos de los pescadores tradicionales.

Las zonas de pesca ribereña se delimitarán a partir la línea de costa hasta una distancia de, al menos, doce millas náuticas. No se permitirá el uso de artes de pesca de arrastre, ni de artes de pesca fijas. El tránsito de embarcaciones pesqueras que no se consideren ribereñas estará limitado exclusivamente a actividades de embarque y desembarque.

Artículo Segundo.Se reforman la fracción XII del Artículo 8o, modifica la fracción XVI, adiciona la fracción XVII y se recorre en su orden la actual fracción XVII del Artículo 13, modifica la fracción VII, adiciona la fracción VIII y se recorre en su orden la actual fracción VIII del Artículo 14, reforma la fracción II del Artículo 29, modifica la fracción XXX, adiciona la fracción XXXI y se recorre en su orden la actual fracción XXXI del Artículo 132, modifica la fracción II y adiciona a la fracción III del Artículo 138, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

I. a XI. ...

XII. Fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas de pesca en coordinación con la autoridad competente, así como regular las zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, a solicitud de las Entidades Federativas y previo estudio del Inapesca establecer zonas de pesca ribereña y regular las mismas, y establecerá las épocas y zonas de veda;

XIII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal el presupuesto destinado al sector pesca y acuacultura, que deberá incluir al menos los siguientes programas: fortalecimiento de la cadena productiva, ordenamiento pesquero, organización y capacitación, investigación e infraestructura;

XIV. al XL. ...

Artículo 13. Corresponden a los gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a XV. ...

XVI. El ejercicio de las funciones que les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto por la presente Ley;

XVII. Proponer, en el ámbito de su jurisdicción y a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, la creación de áreas de pesca ribereña, y

XVIII. Las demás que no estén otorgadas expresamente a la Federación.

Artículo 14. Corresponden a los Municipios en el ámbito de su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a VI. ...

VII. Promover y fomentar la actividad acuícola, en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad;

VIII. Proponer, en el ámbito de su jurisdicción y a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, la creación de áreas de pesca ribereña, y

IX. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en su jurisdicción.

Artículo 29. El Inapesca será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.

Para el cumplimiento de su objetivo el Inapesca contará, entre otras, con las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Emitir opinión de carácter técnico y científico para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, y sobre la creación de las zonas de pesca ribereñas;

III. a XVIII. ...

Artículo 132. Son infracciones a lo establecido en la presente Ley, el Reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

I. a XXIX. ...

XXX. Falsificar o alterar los títulos que amparan los derechos de los permisos o concesiones;

XXXI. Pescar con embarcación de características distintas a las que señala esta Ley para la pesca ribereña en zonas de pesca ribereña, y

XXXII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 138. La imposición de las multas a que se refiere el artículo 133 se determinará en la forma siguiente:

I. ...

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXII del artículo 132;

III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: VIII, XI, XII, XIV, XX, XXIV, XXVII, XXX, XXXI del artículo 132, y

IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132.

Para la imposición de las multas servirá de base el salario mínimo vigente para el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia se duplicará el monto establecido para cada una de las fracciones anteriores.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en de Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Según la FAO más del 50 por ciento de la población mundial vive a menos de 60 km de la costa.

2 Cortina Segovia, Sofía. et., al. “Océanos y costas. Análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en México”, SEMARNAT, INE, 1ª edic., México, 2007.

3 Recordemos que nuestro bienestar como especie depende de los servicios ambientales que presta la naturaleza, desde nuestra aparición como especie hasta nuestros días la producción de bienes tiene su origen y sustento en el medio ambiente, además de los otros servicios ambientales que solemos olvidar pero no por ello dejan de ser importantes, como son los de regulación, los culturales y los de apoyo.

4 Casco Montoya, Rosario. “La zona costera de México: definición”. En: Rivera Arriaga, E., G. J. Villalobos, I. Azuz Adeath, y F. Rosado May (eds.).. El Manejo Costero en México. Universidad Autónoma de Campeche, Semarnat, Cetys-Universidad, Universidad de Quintana Roo. 2004.

5 Moreno, Isabel. Curso de Ecosistemas Costeros I. Maestría Manejo Integrado de Zonas Costeras. Cuba. 2003. Citada en: Facultad Ciencias del Mar. “Diseño Curricular del Programa Educativo: Licenciatura en Gestión de la Zona Costera Con salida intermedia a: TSU. en Manejo de la Zona Costera”, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2007.

6 Doulman, D. “Gestión de las pesquerías nacionales”. En: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 1998”, FAO, 1° edic., Roma, 1999.

7 Conferencia de las Naciones Unidas de sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. “Agenda 21”, Brasil, 1992.

8 Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011.

9 Descartes es la palabra técnica que se ha acuñado para solapar el desperdicio irresponsable que representa el tirar por la borda de la embarcación los peces u otras criaturas que por no ser de interés para el mercado o por no tener peso y/o talla comercial son regresados al mar después de haber sido captura, cabe señalar que en términos generales estos organismos no sobreviven.

10 Figura 1: Parte superior. Embarcación camaronera con sistema de doble aparejo (dos redes de arrastre). Fuente: Instituto Nacional de la Pesca. “Catálogo de los Sistemas de Captura de las Principales Pesquerías Comerciales”, México, 2000. Parte inferior. Red de arrastre para la pesca del camarón. Fuente: Igartua Calderón, Luis Esteban. “Ensayo sobre la determinación de las dimensiones principales de una embarcación camaronera. (Material didáctico para las materias de embarcaciones pesqueras y tecnología de equipos pesqueros)”, trabajo presentado para obtener el Título de Ingeniero en Pesca Industrial, Instituto Tecnológico del Mar, Plantel Mazatlán, Sin. México, 1992.

11 Figura 2. Fondo del mar antes y después del paso de una red de arrastre. Fuente: Marine Conservation Biology Institute. http://www. mcbi.org/

12 Chopin, F. Wijkstrom, U. “Estudio mundial de la pesca del camarón”. En: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008”, FAO, 1° edic., Roma, 2009.

13 Wilkinson T., E. Wiken, J. Bezaury Creel, T. Hourigan, T. Agardy, H. Herrmann, L. Janishevski, C. Madden, L. Morgan y M. Padilla. “Ecorregiones marinas de América del Norte”, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 2009.

14 Diario Oficial de la Federación del 11 de julio de 2013.

15 Ababouch, L. “La seguridad de los buques de pesca y los pescadores: una oportunidad para abordar la seguridad de manera holística”. En: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008”, FAO, 1° edic., Roma, 2009.

16 También conocida como pesca artesanal o de pequeña escala.

17 Willmann, R. “Incremento de la contribución de la pesca en pequeña escala a la mitigación de la pobreza y a la seguridad alimentaria”. En: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2008”, FAO, primera edic., Roma, 2009.

18 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano especializado encargado de vigilar la aplicación del PIDESC y facultado por la ONU para realizar la interpretación autorizada del mismo.

19 Willmann, R. “Gestión de las pesquerías nacionales”. En: FAO. “El estado mundial de la pesca y la acuicultura 1998”, FAO, 1° edic., Roma, 1999.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los diez días del mes de octubre del año dos mil trece.— Diputados: Federal Angélica Rocío Melchor Vásquez, Armando Contreras Ceballos, Juan Manuel Fócil Pérez, Marcelo Gurza Ruvalcaba, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Víctor Manuel Bautista López, Teresita Borges Pasos, Claudia Elena Águila Torres, Josefina Salinas Pérez, Juana Bonilla Jaime, Vicario Portillo Martínez, Víctor Manuel Manríquez González, Roxana Luna Porquillo, Joaquina Navarrete Contreras, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Gloria Bautista Cuevas, Carol Antonio Altamirano, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Así se hará. La iniciativa se insertará íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado René Ricardo Fujiwara.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Me gustaría solicitar también que la iniciativa se destinara para opinión a la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente. Queda también turnada para opinión a la Comisión de Desarrollo Sustentable.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura, le fue turnado por la Mesa Directiva para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente la minuta que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de conformidad con lo que establecen los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 157, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó a elaborar el dictamen de la minuta antes referida, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 13 de noviembre de 2012, en sesión del pleno del Senado de la República, la senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Segundo. En la fecha antes referida la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos para opinión.

Tercero. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen el martes 12 de febrero de 2013 con 85 votos a favor. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República instruyó se turnara el proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

Cuarto. El 14 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta objeto del presente análisis, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

II. Contenido de la minuta

Único. Se propone adicionar la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; el cual contiene un catálogo de hipótesis relativas a obligaciones de los servidores públicos; estableciendo que:

“Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones (...)

XXI Bis. Las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

(...)”.

III. Consideraciones

Primera. En el dictamen aprobado por la colegisladora, se esgrimieron, entre otras, esencialmente las siguientes consideraciones:

“Estas comisiones unidas coinciden con la iniciativa en estudio, toda vez que se considera necesario e indispensable que los citados ordenamientos estén homologados a la reforma constitucional, publicada el 11 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación en el cual quedó establecido en el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional que todo servidor púbico está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa (...)”

“Cabe mencionar que las recomendaciones que emiten los organismos mencionados, si bien no son (como su nombre lo indica) vinculantes, eso no quiere decir que se puedan dejar de atender sin más. Por ello, estas (sic) importante obligar a todo servidor público a responder a las recomendaciones que les presenten estos organismos.”

“Asimismo, establecer que todo servidor público que no acepte una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá la obligación de fundar, motivar y hacer pública su negativa.”

“Con esto se ensancha la fuerza de dichas recomendaciones y se fortalece el vínculo establecido en la constitución, entre el Senado de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.”

Segunda. Con el objeto de elaborar un dictamen puntual, debe tomarse en cuenta lo que al respecto se establece en nuestro sistema jurídico mexicano, tanto a nivel constitucional como en el marco de la legislación secundaria.

El artículo 102 Apartado B de la Carta Magna establece:

“(... ) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.”

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece en su artículo 46 lo siguiente:

“ Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

b) La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.”

Tercera. De la lectura de los anteriores artículos y para efectos del presente análisis destaca lo siguiente:

a) Que tanto el Congreso de la Unión, como las legislaturas locales poseen facultad para que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Por ende, a nivel federal existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a nivel local sus homólogos, mientras que en la Ciudad de México se creó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

b)Los organismos de protección de los derechos humanos, tienen la facultad de formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; asimismo, los servidores públicos está obligados a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos y en caso de que las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

c) Las Constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal deben establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

Cuarta. Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos esgrimidos por la colegisladora y pondera de suma trascendencia el acato a lo ordenado por nuestra norma suprema en su artículo 102 apartado B; adecuando al efecto el marco legal en pro de la transparencia en el actuar de los servidores públicos que no se constriñan a una recomendación emitida por un órgano tutor de los derechos humanos. Pues con lo anterior no sólo se homologaría el marco normativo secundario al de la Carta Magna; sino que representaría un avance en materia del régimen jurídico tutelar de los derechos humanos.

Asimismo, la publicidad de la negativa a acatar recomendaciones de un órgano defensor de derechos fundamentales, representa un apego al derecho a la información pública y al de legalidad, en beneficio de la seguridad y certeza jurídica de los gobernados.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la federación, cuyo rubro se intitula “Fundamentación y motivación. el aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión”; donde esencialmente se refiere que el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el “para qué” de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados resolvió en su sesión realizada el 11 de septiembre de 2013, aprobar en sus términos la minuta de mérito remitida por el Senado de la República y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. a XXI. ...

XXI Bis. Las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XXII. a XXIV. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Lo resaltado es propio, para indicar el texto que se propone en la minuta de mérito.

2. Tesis Jurisprudencial I.4o.A. J/43 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo 2006, Página 1531; cuyo rubro refiere: Fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes, Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada, Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen, tiene la palabra el diputado Jorge Terán Juárez.

El diputado Jorge Terán Juárez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen con proyecto de decreto que hoy pone a su consideración la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, mediante el cual se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tiene como objeto primordial armonizar y homologar dicho ordenamiento con la reforma constitucional publicada en 2011 en el Diario Oficial de la Federación, en materia de derechos humanos y, desde luego, con las reformas consecuentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La adición que nos ocupa establece como obligación de los servidores públicos del Distrito Federal que las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en los términos de lo dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De aprobarse la adición que se propone, esta Cámara de Diputados puede estar satisfecha de haber concluido una importante etapa que da cuenta de una importantísima generación de reformas en materia de derechos humanos, la cual coloca a nuestro marco normativo a la vanguardia y en plena congruencia con los instrumentos internacionales suscritos por México.

Sin duda alguna, esta reforma da respuesta a la ciudadanía y cambiará su percepción sobre los derechos humanos y su relación con los actos de abuso por parte de las autoridades. Tres virtudes fundamentales hay que reconocer a las reformas que antecedieron a la que hoy se plantea y, por supuesto, a esta misma:

1. Elimina la discrecionalidad de los funcionarios públicos para acatar o no las recomendaciones;

2. Siguiendo el principio jurídico de que todo acto debe estar debidamente fundado y motivado, se obliga a los servidores públicos a responder a las recomendaciones que les presente el ombudsman;

3. En el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por la Ley Fundamental y la ley en la materia.

Los anteriores mandatos fortalecen a los organismos de derechos humanos, otorgan certeza jurídica a los gobernados, refrendan el principio de legalidad, de nueva cuenta objetiva el derecho a la información. Pero, sobre todo, permite transparentar las acciones y omisiones de los servidores públicos, así como una adecuada y oportuna rendición de cuentas, dando paso a la exigencia de responsabilidades sin que medie ningún obstáculo para ellos.

Por un lado, el ombudsman se hace de mayores elementos para acudir al ministerio público a denunciar si así lo estima pertinente, pero además tiene la facultad de solicitarle a la Cámara de Senadores o en su receso a la Comisión Permanente, llame a comparecer a las autoridades o a los servidores públicos responsables a efecto de que explique el motivo de su negativa a cumplir con las recomendaciones.

En suma, lo que se propone es el ombudsman fuerte, la preservación del estado de derecho, el establecimiento cabal de las obligaciones de los servidores públicos en materia de derechos humanos y transparencia. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la protección y garantía de los derechos humanos es un aspecto fundamental en la consolidación de nuestra democracia, por lo que este tema ocupa un lugar prioritario en la agenda legislativa de mi grupo parlamentario.

El dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción contiene una propuesta importante que fortalece el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Los órganos protectores de los derechos humanos constituyen un componente fundamental del Estado, amparadas en el orden jurídico mexicano, las comisiones de derechos humanos forman parte esencial en la defensa y protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sobre todo cuando estos se ven vulnerados por actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor público.

Las recomendaciones son un instrumento jurídico esencial para ejercer un medio de protección para las personas. Su objetivo primordial consiste en señalar a los servidores públicos que han violado los derechos humanos de un ciudadano y establecen las medidas que deben implementarse a fin de restituir esos derechos vulnerados.

Además de su importancia jurídica, las recomendaciones elaboradas por el ombudsman constituyen un instrumento o denuncia pública sobre aquellos servidores que hubiesen vulnerado los derechos de las personas. Al hacerse públicas las recomendaciones adquieren la legitimidad social que obliga a los servidores públicos a aceptarlas y cumplirlas, aunque en más de las ocasiones lamentablemente no sucede así.

Si bien, tanto en nuestra Carta Magna como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se establece la obligación para todos los servidores públicos a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos, esta reforma abona en el fortalecimiento de nuestro andamiaje jurídico.

Con la aprobación de este dictamen, cuando un servidor público del Distrito Federal no acepte o cumpla con las recomendaciones emitidas, éste deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa en términos de lo que marca nuestra Constitución.

Reconocemos que la reforma fortalece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, también debemos remarcar que su alcance es limitado, ya que se omite señalar una sanción específica por el incumplimiento de esta obligación.

La iniciativa que le dio origen y que fue presentada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado fue restringida en su alcance inicial. Dicha iniciativa abordaba la propuesta desde una visión integral dirigida a los servidores púbicos de carácter federal. No obstante, la colegisladora envió una minuta que solo reforma la ley que rige las responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, porque tenemos la firme convicción de apoyar todas las propuestas encaminadas a proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos. Pero también queremos señalar que este tema requiere de un análisis más profundo, a fin de establecer mecanismos eficaces de provean de un efectivo cumplimiento a las recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos en nuestro país.

La importancia que reviste impulsar medidas legislativas en materia de derechos humanos beneficia a la ciudadanía en el alcance máximo de sus libertades fundamentales, así como en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.

Como partido liberal, somos receptores de la demanda social que nos exige implementar legislaciones progresivas e innovadoras que respondan a las necesidades y a las expectativas de la ciudadanía.

En este sentido, Nueva Alianza y su grupo parlamentario está comprometido a realizar las propuestas legislativas pertinentes que garanticen el efectivo cumplimiento del mandato constitucional por el respeto irrestricto de nuestros derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de ciudadanos del municipio de Tultitlán, estado de México, que están hoy invitados por el diputado Marco Antonio Calzada. Bienvenidos a la sesión, bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el objeto de la reforma es fortalecer la efectiva protección de los derechos humanos.

Queremos destacar que el bien que se pretende tutelar es el cumplimiento de las recomendaciones que emiten los órganos defensores de los derechos humanos, previstos en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A raíz del surgimiento de los ombudsman, es decir, de los organismos protectores de los derechos humanos, se les han ido otorgando facultades que varían de sistema jurídico a sistema jurídico. En el derecho comparado vemos instituciones de ombudsman mucho más fortalecidas, por cuanto sus resoluciones son obligatorias y no recomendaciones. Pero en nuestro sistema jurídico se optó porque sus resoluciones, las resoluciones de los ombudsman fueran únicamente con carácter recomendatorio.

A pesar de carecer de la obligatoriedad de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, en el momento en que se ideó o se racionalizó cómo fortalecerlo —el que tuvieran un carácter vinculatorio— se pensó que era necesario nada más en razón del carácter moral de las instituciones o la importancia de los mismos ombudsman. Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido es que los servidores públicos se han negado a cumplir con las recomendaciones y ni siquiera emiten justificación alguna.

A raíz de la reforma constitucional de 2011, en que se colocaron las normas de derechos humanos al mismo nivel de las normas constitucionales y también de la reciente sentencia o tesis de la Suprema Corte de Justicia que coloca a las normas de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución, llama la atención que la efectiva protección de los derechos humanos, en cuanto a las recomendaciones que emitan los ombudsman, únicamente tengan el carácter de recomendación sin que precisamente se pueda llamar al servidor público a que justifique su negativa a cumplir con la recomendación y, en su momento, no solamente no justificar y cumplir la recomendación, sino hacerlo público.

Por estas consideraciones, es de suma importancia la reforma que se presenta, en particular, en el sentido de que se solicita que la autoridad que es llamada a cumplir con la recomendación, en caso que no desee hacerlo, justifique porqué razones no cumple con la recomendación y lo haga público.

Esto es parte del derecho de acceso a la justicia. Toda autoridad está obligada a justificar, a motivar su actuar. De otra forma, el actuar de las autoridades sería un actuar arbitrio y contrario, no solamente a los derechos fundamentales, sino también a lo que es el respeto a las garantías individuales establecidas en nuestra Constitución.

En el dictamen que se nos presenta se pretende, además de establecer esta obligación de justificar y responder por el no cumplimiento de las recomendaciones y no hacerlo público, el que puedan ser responsables, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Es una solución que ahorita se nos presenta. Pero también debería fortalecerse, no solamente a través de una responsabilidad de los servidores públicos y haciendo la reforma pertinente —en este caso— sino establecer un delito, incluso una tipificación de un delito para aquel funcionario o servidor público que no justifique o motive el no cumplimiento de alguna recomendación de algún ombudsman o comisión de derechos humanos y que lo haga público.

Por todas estas consideraciones, a pesar de que representa un avance muy importante la reforma que hoy se nos presenta, consideramos que debería avanzarse más en este tema. El Partido del Trabajo va a votar a favor del presente acuerdo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Morelia, que están hoy aquí invitados por el diputado Ernesto Núñez. Bienvenidos a la sesión.

Del mismo modo, también saludo y les doy la bienvenida a los alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que están aquí hoy invitados por el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa. Bienvenidos todos a esta sesión.

Tiene la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Es preocupante el aumento de las violaciones a las garantías fundamentales de los mexicanos. De seis años a la fecha existe un incremento drástico de homicidios relacionados con el crimen organizado, desapariciones forzadas, arraigo, tortura, feminicidios, atentados contra periodistas y maltrato a migrantes.

No obstante lo anterior, el Estado mexicano ha incumplido con algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según datos del tercer informe de labores del titular de esta comisión, en el 2012, 36 recomendaciones; es decir, el 35 por ciento de las 93 totales por violaciones graves a derechos humanos fueron remitidas a las Secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y al Instituto de Migración por los delitos de tortura, cateos y retenciones ilegales, desaparición forzada y violaciones sexuales.

Igualmente han crecido en gran medida las faltas a los derechos humanos. En el 2005 solo hubo una queja por tortura. En contraste, en el 2011 se registraron 2 mil 40 quejas por tratos crueles e inhumanos.

De igual manera, en el 2005 se tienen registradas 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad pública. Y en los recientes tres años la cifra subió un 84 por ciento, sobre todo en cateos ilegales, detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas y desaparición forzada de personas.

A la fecha de hoy se tiene la tarea de investigar 2 mil 126 casos de desapariciones forzadas y 24 mil 91 personas han sido reportadas como extraviadas y no localizadas.

En México las violaciones a los derechos humanos deben ser impulso de unidad para solventar injusticias y avanzar hacia una cultura de la legalidad, y así sumar los esfuerzos que sean necesarios a favor de los derechos de todas y todos los mexicanos.

Estamos a favor de este dictamen que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que debemos establecer medidas, que al menos hagan pública la decisión de los gobiernos con respecto a estas resoluciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque de esta forma estos servidores públicos estarán obligados a responder recomendaciones que les presenten los organismos, y en caso de no aceptar dichas sugerencias, estos servidores públicos tendrán que fundar, motivar y hacer pública su negativa. Esto ayuda a la publicidad de las decisiones de los gobiernos.

No deja de ser para nosotros indignante que las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien están documentados, se le infringen, se le aplican al ciudadano común y corriente.

Resalta el golpe que se les aplica a los activistas sociales, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y fotorreporteros, a quienes se oponen a los megaproyectos de las mineras, o quienes se organizan contra los altos cobros de la energía eléctrica y del agua potable.

Hay que resaltar la persecución en el norte y en el estado de México de las mujeres y de las militantes feministas. Por eso nosotros vamos a votar a favor, a la luz de una problemática que es escandalosa en este país.

Cabe señalar que independientemente de esta guerra que hay entre las bandas del narcotráfico y la supuesta persecución que hace el Estado Mexicano, por cierto, sin una estrategia clara desde hace por lo menos ocho años, nosotros queremos señalar que esto tiene que ayudar a visibilizar otra cosa. Esa otra cosa es la criminalización de la protesta social, porque buena parte del ataque a los derechos humanos se da —repito— en contra de activistas precisamente que defienden y difunden los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del señor Pak Kun Kwang, vicepresidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Partido del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea. Así como del excelentísimo señor embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Kun Song An, por supuesto de la República Popular Democrática de Corea en México. Así como de un grupo de funcionarios coreanos que están aquí hoy, invitados por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, que hoy nos honran todos con su presencia.

Sean ustedes bienvenidos y también sean portavoces de un mensaje de amistad de la Cámara de Diputados al pueblo y al gobierno de la República Popular Democrática de Corea.

Tiene la palabra la diputada Laura Ximena Martel Cantú, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se presenta tiene como objetivo homologar y dotar de la coherencia necesaria a la legislación secundaria en relación con la Ley Fundamental, compromiso incansable de esta Cámara en el ideal de perfeccionamiento de la norma jurídica.

El dictamen a discusión reviste de una importancia trascendental para el avance democrático del país, así como para el reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos en México.

Con la adición propuesta al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se armoniza el marco normativo secundario con lo ordenado en la Ley Fundamental, evitando vacios jurídicos sobre las obligaciones a que los servidores públicos de los tres poderes de gobierno del Distrito Federal están sujetos.

Se otorga seguridad y certeza jurídica a los gobernados, en relación a su derecho a acceder a la información pública, así como en su garantía de legalidad y se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas a que todo servidor público está obligado. Esta adición representa un avance importante en el régimen jurídico tutelar de los derechos humanos en México, toda vez que posibilita el mandato constitucional para su debida observancia.

La discrecionalidad en los actos de quien ostenta la función pública contribuye a la opacidad gubernamental y, por ende, impide una auténtica transparencia y rendición de cuentas, tal y como lo exige nuestro régimen republicano y el Estado en México.

En este sentido, incorpora en la ley la obligación de los servidores públicos a responder las recomendaciones que les presenta el ombudsman, así como a fundar, motivar y hacer pública su negativa en caso de que no acepten dicha recomendación, fortalece a los organismos de derechos humanos y privilegia el imperio de la ley.

Fortalece al ombudsman, ya que sus recomendaciones no quedarán en el olvido, sino que al organismo garante de los derechos humanos se le reconoce autoridad para recibir una respuesta por parte de los servidores públicos. Lo cual resultará un elemento fundamental para las actuaciones que decida emprender en la exigencia de responsabilidades.

Exigencia que involucra a este Congreso a través de la Cámara de Senadores y en su calidad de máximo representante de los intereses nacionales para hacer comparecer, a petición del ombudsman, al funcionario público que hubiere manifestado su negativa para cumplimentar las recomendaciones.

Es decir, ya no es una simple sugerencia que puede pasar inadvertida, sino una recomendación que debe atenderse oportunamente y que amerita una responsabilidad por parte del funcionario público en caso de incumplimiento.

En razón de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México votará en sentido positivo el dictamen, sabiendo que de esta manera se continúa dando observancia plena y efectiva a las garantías de seguridad jurídica y legalidad que establece la Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos, a la vez que desde la ley se perfecciona el cabal desempeño de la función pública en lo que respecta al respeto a los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del señor Henry Cuéllar, representante del Congreso de los Estados Unidos de América por el Partido Demócrata, que está aquí invitado por el diputado Marco Antonio González Valdez. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Le damos nuestros mejores deseos de que su estancia tenga toda la motivación y la satisfacción que merece. Gracias por acompañarnos.

Tiene la palabra el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen elaborado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta soberanía tiene por objeto que todo servidor público que no acepte o no cumpla cualquier recomendación emitida por los organismos defensores de los derechos humanos, ya sea nacional o local, debe proceder a hacer pública su negativa, fundando y motivando los argumentos que orientan su actuación, tal como lo mandata el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la lectura del dictamen en comento se desprende que en la exposición argumentativa para avalar la modificación propuesta se destaca el fortalecimiento de la actuación de los órganos de los derechos humanos en nuestro país.

De ninguna manera se trata de un asunto menor, además de que no pasará desapercibido, pues no obstante que las recomendaciones emitidas por dichos organismos no tienen carácter vinculatorio, puede constituirse en un indicador de la situación que guarda la tutela de los derechos humanos, a fin de adoptar las medidas conducentes en los casos en que sean rechazadas por algún servidor público. De esta manera se estará abonando a conocer de manera pública y oportuna, a identificar a quiénes y cuáles son los niveles de autoridad que se resisten a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas, según sea el caso que corresponda.

En un país donde la opacidad ha tomado carta de naturalización en muchos ámbitos de la esfera pública, la propuesta apoyada por el presente dictamen puede convertirse en un instrumento que inhiba o evite la repetición de prácticas ocurridas al amparo de la falta de mecanismos de rendición de cuentas en el tema del respeto a los derechos humanos.

Conviene recordar que no obstante los avances logrados en la materia, aún persiste en el comportamiento de un gran número de servidores públicos la tentación de pasar por alto la observancia del marco normativo correspondiente, incurriendo en actitudes que luego de ser conocidas oportunamente pudieran dar la oportunidad de ser sancionadas de manera ejemplar por las instancias correspondientes.

Son muchos los grupos o personas que debido a su condición socioeconómica de género, de origen étnico o nacionalidad —entre otros factores— son altamente vulnerables y pueden verse expuestos a la violación de sus derechos humanos ante la preservación de inercias que no han podido ser desterradas del escenario nacional.

Desafortunadamente las condiciones de desigualdad que agobian a millones de mexicanos generan las condiciones en que las violaciones a sus derechos humanos ocurren de manera constante a lo largo del territorio nacional, sin olvidar que el fenómeno de la migración ha propiciado episodios altamente reprobables, afectando en gran medida a las personas que se internan en nuestro país, provenientes de otras naciones, intentando llegar al país vecino del norte.

La debilidad de la vida institucional que aún padece el Estado mexicano exige concurso de todos los actores, que puedan colaborar de manera decidida para revertir esta situación.

Corresponde al Congreso legislar en una materia de enormes repercusiones sociales —como la que hoy nos ocupa— cumpliendo con el desempeño de una tarea esencial, consistente en precisar en el cuerpo normativo correspondiente las disposiciones a que están obligados los servidores públicos que traten de evadir el cumplimiento de sus responsabilidades en lo que concierne a las recomendaciones emitidas por los organismos que velan por el respeto de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Saludo al presidente y regidores del municipio de Valle de Juárez, Jalisco. El presidente es José Manuel Chávez Rodríguez, están hoy aquí invitados por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Bienvenidos a la sesión, bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Omar Borboa Becerra, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Partido Acción Nacional desde sus orígenes ha reconocido que los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia, son expresión concreta de la dignidad humana, de un pleno conocimiento y protección jurídica, que depende de la existencia de un Estado democrático de derecho.

Por lo tanto, el Estado a través de sus instituciones debe velar y proteger para fortalecer a quienes actúan en defensa de los mismos y justamente con esta reforma que aquí se discute es como se avanza para la consecución de tal propósito.

Este dictamen es el resultado de la actualización de nuestros ordenamientos jurídicos que debemos continuar revisando, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue aprobada en el 2011.

Como todos sabemos, en ella se fortaleció el carácter y las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableciendo que las autoridades que no cumplan con el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa deben comparecer ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, a efecto de que se explique el motivo de su negativa, cuando así se le solicite.

Esta disposición ha sido retomada en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableciéndose en su artículo 46 el procedimiento que debe seguirse. Lo cual implica por sí una obligación a cargo de los servidores públicos federales y es considerada la aplicación que tiene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La reforma que estamos por aprobar tendrá una aplicación únicamente en el ámbito del Distrito Federal para los servidores públicos, órganos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.

Sin lugar a duda, esta reforma contribuye a cubrir los vacíos que pudieran llegar a existir y, en caso específico, las referidas autoridades del Distrito Federal podrán ser responsables administrativamente por no aceptar o no cumplir recomendaciones que les dirija el órgano de derechos humanos nacional o local.

Con este dictamen lo que se pretende es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea un poquito más coercible, porque anteriormente —como vulgarmente le llaman en los pueblos— eran como llamadas a misa. Hacían recomendaciones, las cuales ignoraba completamente la autoridad.

Con esto lo que queremos proponer es que digan el porqué, que funden y motiven el porqué no cumplieron con esta norma o el porqué no aceptaron esta recomendación.

En Zapopan hubo una recomendación sobre algunas personas que hacen inspecciones de rutina y ya tuvimos un muerto. La semana pasada un policía baja a unos jóvenes para hacer una inspección de rutina, se dispara una bala y le da en la cabeza al joven de nombre Erik y es muerto.

Por ese motivo y por muchos más, es que apoyamos que las recomendaciones de derechos humanos digan el porqué no las aceptan, para que se funde y se motive y posteriormente se les ponga alguna falta administrativa si la autoridad no cumple o no lo ve así.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, toda vez que nuestras prioridades son velar por el respeto de todos los derechos humanos, el fortalecimiento a las atribuciones de los órganos encargados de la defensa, así como ha velado, porque las autoridades respetan y protejan el ejercicio de este derecho fundamental. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la voz la diputada Mirna Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mirna Velázquez López:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional —nuestro partido— expresa su voto favorable al dictamen que aquí nos ocupa de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside nuestra compañera diputada Areli Madrid Tovilla, que implica dar cumplimiento al mandato constitucional, particularmente de lo establecido en sus artículos 1o., 102 y 136.

Queda claro que todo acto de autoridad debe estar siempre fundado y motivado. La negativa de aceptar las recomendaciones de los organismos de protección a los derechos humanos legalmente reconocidos no puede ni debe ser la excepción. Es menester eliminar toda discrecionalidad de los actos de los funcionarios públicos, porque ésta resulta tierra fértil para la corrupción y el abuso de autoridad.

El dictamen que aquí nos ocupa plantea una reforma necesaria que permite armonizar al marco normativo en la materia. Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sufrieron sendas adecuaciones, quedando pendiente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que hoy nos ocupa.

Incorporar como obligación de los servidores públicos el hecho de que las recomendaciones que les presenta la institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos y que en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Renueva la vigencia de lo establecido en el propio artículo 47, sobre las obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

En suma, la reforma a discusión impide que los servidores públicos tomen las recomendaciones del ombudsman como asuntos menores y sin importancia, como asuntos que pueden ser simplemente archivados, como si fueran cosa juzgada.

Evita que la observancia y respeto de los derechos humanos sea discrecional para los servidores públicos,  y ello implica que de ahora en adelante comience un nuevo paradigma, en donde la cultura de los servidores públicos hacia los derechos humanos y sus organismos garantes irá más allá de la ética pública al que están obligados, sino que ahora esta cultura estará orientada por la ley y sujeta a obligaciones constitucionales y legales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 401 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXI Bis al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de mayo de 2013, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en estudio tiene como finalidad el adicionar una fracción XVIII bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, esto con el propósito de incorporar a la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas como objeto de fomento en los términos de dicha legislación.

En el cuerpo de la misma, a manera de exposición de motivos hace un recuento del objeto de la Legislación en comento, así como los derechos a los que acceden las organizaciones de la sociedad civil, y enlista a las que, de acuerdo al Legislador, son aquéllas actividades que pueden ser objeto de fomento, que así mismo son las enumeradas por su artículo 5.

A continuación, reconoce el importante rol que ha tenido este cuerpo normativo, siendo un ejemplo claro de ello el incremento gradual en los recursos públicos destinados para que las organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades están soportadas por el mismo cumplan con su objeto social.

En razón de ello, el autor expone el recrudecimiento en la problemática particular de la sustracción o extravío de menores y de las personas desaparecidas; haciendo hincapié en el caso de menores de edad que caen en situaciones que atentan a la dignidad, como la pornografía, tráfico de órganos o adopción ilegal, y de las cifras preocupantes en materia de desaparecidos.

Culminando, la exposición de motivos redondea su propósito al señalar que las instituciones públicas pudieran resultar insuficientes por la saturación de casos, por lo cual la participación ciudadana es invaluable, y por ende debe ser auxiliada y reconocida; cuantimás dado el hecho de que quienes conforman las agrupaciones que persiguen la búsqueda, atención y localización de personas extraviadas, sustraídas o desaparecidas sacrifican su patrimonio y, en muchas ocasiones, quedan en alta vulnerabilidad para recuperar a sus seres queridos.

Por lo anterior, la iniciativa pretende la modificación que se ilustra en el siguiente cuadro

Artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

III. Consideraciones

Primera. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con la opinión predominante de los especialistas en la materia, reconoce dentro de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública el rol de la participación de la comunidad para coadyuvar en los fines de la seguridad pública, revistiéndola de la importancia que implica elevarla a rango constitucional; lo cual es replicado en el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segunda. Que la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada el nueve de febrero de 2004, tiene por objeto que se fomenten específicamente las actividades enumeradas en la misma ley, otorgándoles derechos, obligaciones y sentando las bases para una acción coordinada del Estado mexicano en favor del fortalecimiento del tercer sector; y que se hace en razón de que la sociedad civil organizada apoya la acción del Estado, en ocasiones coordinándose y en otras por iniciativa propia.

Tercera. Que la participación de la comunidad es vital en apoyo a la autoridad para la atención, búsqueda y localización de personas extraviadas, sustraídas o desaparecidas, y que este hecho es reconocido incluso en el marco de instrumentos internacionales, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las de-sapariciones forzadas, ratificada el 18 de marzo de 2008 por nuestro país, y que en su artículo 24 reconoce a todo aquel que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición como víctima de la misma, y por ende reconociéndole los derechos a la verdad, a la reparación, y a que los Estados Parte garanticen su derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones cuyo objeto persiga el esclarecimiento de las desapariciones forzadas.

Cuarta. Que esta comisión ha tenido contacto con organizaciones cuyo objeto social se encuentra dentro de las actividades que pretende incorporar el autor de la iniciativa, y que en razón de ello se cuenta con una fuente directa de la problemática particular que sufren los integrantes de las mismas, dado que principalmente se conforman por familiares y personas cercanas a las personas desaparecidas, que en efecto sacrifican sus empleos, propiedades, posesiones, derechos y la misma integridad en perseguir un fin que a la par de ser social, es muy propio.

Quinta. Que, en consonancia con el marco internacional de los Derechos Humanos, consideramos apropiado el ampliar el objeto que propone la iniciativa, con la finalidad de que no solamente se limite el fomento a las actividades consistentes en la atención, búsqueda y localización de los menores de edad sustraídos o extraviados y a las personas mayores de edad desaparecidas, sino que también pueda resguardar a aquellas agrupaciones que prestan su apoyo a las víctimas indirectas de estos actos lesivos distintas al sustraído, extraviado o desaparecido, que desde luego reciben un impacto serio y que cuyo fin es igualmente noble y digno de tutela al que atinada mente pretende proteger el autor.

Sexta. Que por razones de técnica legislativa y para una adecuada armonización de cada una de las fracciones que componen el artículo 5, los integrantes de esta Comisión estimamos necesario reformar la fracción XVIII del artículo materia de la iniciativa, únicamente para remover la conjunción al final de la misma y sin alterar su sentido; así como proponemos que la propuesta de adición quede en una fracción XIX, y el contenido actual de la fracción XIX pase a ser XX, con lo cual se evitará tener una fracción Bis.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIX, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana;

XIX. Apoyo a las autoridades competentes en la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas, y asistencia a las víctimas indirectas de dichos actos que hayan sufrido un perjuicio directo derivado de tales situaciones; y

XX. Las que determinen otras leyes.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica en abstención), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica en abstención), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la Comisión, tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta honorable asamblea el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La iniciativa en estudio, cuyo autor es el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, fue aprobada en el seno de la comisión dado que busca un propósito encomiable, que el Estado apoye a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto consiste en la búsqueda de personas desaparecidas, sustraídas o extraviadas.

No cabe duda que la participación ciudadana, espontánea u organizada, enriquece a la democracia, y tanto esta Cámara como la comisión que presido han aprobado dictámenes con una senda vocación de acrecentar la intervención de la sociedad civil en los asuntos que afectan a su comunidad.

Un reconocimiento que el Poder Legislativo ha hecho de este particular es la expedición de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya entrada en vigor se dio a inicios de 2004. Este cuerpo normativo —que es sobre el que versa el presente dictamen— establece una infraestructura jurídica por medio de la cual interactúan el Estado y la sociedad civil, fomentando las actividades que realizan las organizaciones del tercer sector que enlista su artículo 5.

En el caso concreto de las personas desaparecidas y los menores de edad sustraídos o extraviados, el papel que juegan estas personas morales es esencial, ya que justo como menciona el licitante, en ocasiones la saturación de casos o la falta de recursos de organismos de seguridad pública y de procuración de justicia, y en ocasiones la falta de sensibilidad y pericia del personal encargado, desembocan en que el aparato gubernamental se torne insuficiente para la recuperación de las personas en tal situación, e incluso para tutelar el derecho a la información y a la verdad de quienes integran estas organizaciones.

Esto, porque en general estas agrupaciones se conforman de familias o seres queridos de las personas de quien se desconoce su paradero, siendo esta causa común tanto el origen de cohesión como la razón por la cual existe en las mismas una mayor persistencia en la búsqueda y en la asistencia de las autoridades.

Con este dictamen, la Comisión de Seguridad Pública pretende ir más allá en la tutela de los derechos humanos, para que no solamente se garantice el derecho a formar o participar en las organizaciones de la sociedad civil con este noble objeto, sino también el que se fomenten sus actividades a través de los mecanismos previamente establecidos para ello por nuestro país.

Cabe señalar que diversos diputados de esta comisión hemos tenido contacto con organizaciones del objeto que se pretende fomentar con la iniciativa, tales como Fundem, Fundec, CADHAC, el Centro Fray Juan de Larios —entre muchos otros— y sus experiencias nos han enriquecido en el trabajo legislativo, por lo que expresamos nuestro más sentido reconocimiento a su labor.

De dichas oportunidades de aprender de quienes de primera mano saben lo que es desconocer el paradero de un ser querido y la lucha y los sacrificios que implica su búsqueda nos percatamos de que no solamente es la persona desaparecida, sustraída o extraviada, sino también sus familiares y allegados quienes son víctimas de estos funestos acontecimientos.

Por ello, en los trabajos de esta comisión decidimos ampliar la esfera en comento pretendida en la iniciativa original, para que no solamente se apoye a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la búsqueda de las personas con paradero desconocido, sino también que se fomente a aquellas que pretendan apoyar a quienes emprenden dicha búsqueda, ya que en muchas ocasiones pierden su empleo, su tranquilidad y hasta su salud.

Con este dictamen las y los diputados que formamos parte de la Comisión de Seguridad Pública reiteramos un compromiso con la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos, por lo que esperamos contar con el apoyo de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado don José Guillermo Anaya Llamas.

Estando ya a discusión, tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Antes de comenzar, quisiera felicitar a la Comisión de Seguridad Pública por este esfuerzo que están haciendo de empoderar a la sociedad civil. De verdad, muchas felicidades al presidente, Guillermo Anaya.

Compañeras y compañeros diputados, el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública tiene como objeto adicionar una fracción XVIII Bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de incorporar la atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas, como objeto de fomento en los términos de dicha legislación.

La sustracción o extravío de menores y de personas desaparecidas se ha incrementado en los últimos años. Asimismo el caso de menores de edad que caen en situaciones que atentan a la dignidad, como la pornografía, tráfico de órganos o adopción ilegal indican cifras preocupantes.

La atención de las instituciones públicas a estas problemáticas resultan insuficientes, por lo que la participación ciudadana resulta indispensables, y por ende, debe ser auxiliada y reconocida.

La desaparición de una persona es una tragedia para el agraviado, sus familiares y para la propia comunidad. Muchas familias no solo se encuentran en la tragedia, sino que además tienen que lidiar con las consecuencias derivadas, como la pérdida repentina de ingresos y de la prestación de servicios sociales, como de la salud o la vivienda.

Es importante sumar los esfuerzos de todos los actores y poner a disposición los recursos necesarios para incrementar la búsqueda de estas personas. En México son muchas organizaciones que se dedican a esta noble tarea. Sin embargo, actualmente la ley omite sus respectivas atribuciones, referente al apoyo a las autoridades competentes en la atención, búsqueda y localización de las personas en comento.

El presente dictamen es oportuno y necesario, por eso Nueva Alianza votará a favor del mismo. Es necesario ampliar en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil las facultades a las organizaciones civiles para que puedan continuar trabajando con el respaldo de la ley, hombro a hombro con las autoridades competentes, a fin de que en conjunto —gobierno y sociedad— podamos contribuir todos con los recursos disponibles para la búsqueda y localización de menores de edad sustraídos o extraviados y de personas mayores de edad desaparecidas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Fernando Bribiesca Sahagún. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. La dolorosa realidad de las personas desaparecidas no puede ser más que superada por la dolorosa zozobra de no saber las familias dónde se encuentran nuestros seres queridos.

Nosotros, en Chihuahua, vivimos no solamente en carne propia desde la década de los noventa la participación de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas, sino que encabezamos a través de muchas organizaciones de sociedad civil que deben ser dignas de reconocer —y cuando digo encabezamos lo digo como chihuahuense, no como activista de estas organizaciones, porque hay que darle valor a quien valor merece— organizaciones que han participado para la búsqueda de mujeres desaparecidas a causa de los feminicidios en Chihuahua que deben ser reconocidas como pioneras para que una iniciativa como ésta sea una realidad.

¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que finalmente el Estado reconozca que no puede todo y no puede contra todos. La colaboración de la sociedad civil no habla más que de la elaboración del contrato social, que muchos de nosotros consciente y otros de manera inconsciente hemos firmado y tenemos con el gobierno.

El reconocimiento del Estado de su incapacidad para poder hacer frente a situaciones, como la búsqueda de personas desaparecidas y el reconocimiento del esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a la búsqueda de personas, ya sean sus familiares, ya sean sus vecinos, o cualquier interés que puedan tener sobre grupos en específico, niños desaparecidos, mujeres desaparecidas, adultos mayores desaparecidos. El reconocimiento del Estado es también el reconocimiento —valga la redundancia— de que la sociedad organizada mexicana tiene un impacto y que es reconocida por el Estado.

¿Qué es lo que sucede con estas organizaciones de la sociedad civil actualmente? Son ciudadanos comprometidos, madres de familia, tías, abuelas, padres, que se dedican a esta labor social —por decirlo entre comillas— de ayudar a las autoridades en casos y cosas que están sin resolver en la desaparición de personas. Lo hacen sin recursos, sin reconocimiento y muchas veces poniendo en riesgo su propia vida, como sucede con los desaparecidos relacionados con el crimen organizado.

Estas personas —ciudadanos de la sociedad civil, ciudadanos de a pie— están pues realizando una labor de Estado, sin el reconocimiento del mismo y sin el apoyo tampoco de éste.

Esta iniciativa viene a hacer este reconocimiento. Pero además tendrá como consecuencia que estas asociaciones civiles puedan tener el apoyo financiero que así lo requiere. ¿Por qué nos parece de la mayor trascendencia? Porque finalmente el sistema de justicia en este país aún no funciona —esperemos que así sea, pero aún no funciona— y entonces no podemos dejar la investigación en un Ministerio Público que está completamente paralizado e incompleto y no podemos dejar en un Ministerio Público la investigación de nuestros seres queridos y de nuestras personas, de nuestros vecinos que han desaparecido.

Entonces, el reconocimiento de estas organizaciones civiles para que vengan a coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas, no solamente da un paso en el sistema de justicia de este país, quiera o no quiera reconocerse de esta manera, sino también en el reconocimiento del sistema democrático del mismo, cuando reconocemos la coadyuvancia y la cooperación que puede tener una sociedad civil organizada en el papel y las actividades del Estado.

Nosotros nos congratulamos de esta iniciativa. Votaremos a favor y creemos que éste, como muchas otras iniciativas que han pasado desapercibidas en este pleno, es un paso para que la sociedad civil mexicana se fortalezca y llegue un momento, aunque tengamos un gobierno pequeño, y una sociedad civil fortalecida. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a invitados que nos acompañan del estado de Querétaro. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Asimismo, a estudiantes de la preparatoria del Colegio Panamericano de Texcoco. Invitados por la diputada Erika Funes Velázquez.

Lo mismo que a estudiantes y maestros de la licenciatura en criminología, también de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la diputada Delvim Barcenas Nieves.

A alumnos del Grupo Educativo IMEI, plantel Tepotzotlán, estado de México, invitados por el diputado Juan Carlos Uribe Padilla.

Finalmente a estudiantes del Colegio de Bachilleres, del municipio de Pajacuarán, provenientes del estado de Michoacán, invitados por el diputado Antonio García Conejo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor, señor diputado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Cada minuto en todo el mundo desaparecen miles de personas, desgraciadamente muchos son encontrados sin vida y de otros no se vuelve a saber de su paradero.

En México las cifras de desaparecidos difieren entre instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Por ello no se tiene con exactitud una cantidad precisa de las personas extraviadas.

Según informes de la Procuraduría General de la República, en el periodo 2005-2006 se reportaron alrededor de 32 mil niños robados o desaparecidos. Para el 2009 los datos fueron de 45 mil menores de edad. El Senado de la República dio a conocer que durante el periodo 2007 a 2011, los niños desaparecidos en México ascendían a 150 mil.

Por otro lado, las organizaciones civiles establecen que en México han desaparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos seis años, de los cuales el 58 por ciento tienen entre 4 y 12 años. Las cifras no oficiales por las mismas agrupaciones dedicadas a la búsqueda de menores señalan que en el país desaparecen anualmente 45 mil mexicanas o mexicanos. Esta gran tragedia que padece México no es de números y estadísticas, es de personas que día a día sufren; niños, niñas, adolescentes, personas de la edad de oro que sus vidas han sido truncadas de manera violenta.

Los lugares donde es más alto el índice de desapariciones son el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco. En el país no existe una base de datos oficiales que indiquen la cantidad e identidad de los desaparecidos, por lo que debemos dar herramientas e importancia a la sociedad civil, ya que muchas veces son los únicos con interés para rescatar a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Con el apoyo de la sociedad civil el gobierno deberá cumplir de manera más eficiente el propósito de incorporar la atención, búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Debemos poner un alto a los casos que atentan contra la dignidad de las personas.

La incapacidad de las autoridades de nuestro país en materia de seguridad, esto es de prevención, procuración, administración y reinserción social es cada día más evidente. No son capaces de brindar atención, protección y justicia a las y los mexicanos. Por ello la ciudadanía se ha visto en la necesidad de involucrarse y participar en la búsqueda de los desaparecidos en nuestro país.

En varias regiones de las entidades federativas son cada vez más frecuentes los esfuerzos de las ciudadanas y ciudadanos para organizarse en cuestiones de seguridad al imponer su propia policías, lo que les da más seguridad y tranquilidad. Sin embargo, es un signo de ineficacia e ineficiencia de los órganos del Estado.

No es posible que las autoridades no atiendan la preocupación de miles de personas que sufren por ser extraviados. Es reprobable la actitud indiferente que hay respecto del tema. La mayoría de las veces la respuesta de las autoridades es un simple: fue un ajuste de cuentas seguramente; cuando existen miles de miles de seres humanos inocentes.

La impotencia y desesperación de la sociedad la ha llevado a ser cada día más participativa e involucrarse más en temas que corresponden a los gobernantes. Son muchos las ciudadanas y ciudadanos que manifiestan su apoyo para disfrutar de un país seguro y estable. La participación de la ciudadanía empieza a jugar un papel primordial en materia de seguridad pública. Por ello hay quienes alzan la voz para ser escuchados por el gobierno, clamando por un país seguro, en paz, libre de delincuencia.

La colaboración de las mexicanas y mexicanos es esencial en materia de desapariciones y por ello debe de ser incentivada y reconocida.

Como consecuencia, las y los diputados de Movimiento Ciudadano, estamos y votaremos a favor de este dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que modifica y amplía las facultades de las organizaciones de la sociedad civil. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado don Francisco Coronato Rodríguez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, primeramente quiero reconocer el gran trabajo de la Comisión de Seguridad Pública que preside mi amigo el diputado José Guillermo Anaya Llamas, que el día de hoy está teniendo este dictamen a discusión de todos nosotros y que tiene una trascendental importancia.

Ya decía Aristóteles que el hombre es un ser eminentemente social. Y como ser eminentemente social se organiza para llevar a cabo diversas actividades culturales, sociales, políticas, económicas, literarias, y en este caso de carácter de seguridad.

Es importante el dictamen que hoy discutimos, porque a través del reconocimiento de aquellas asociaciones que tienen como finalidad el coadyuvar con las autoridades para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, sean menores, sean mayores de edad, de aquellas personas que han sido víctimas de delitos, los cuales han sido desaparecidas, o de violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada de personas, podemos empoderar a la sociedad a fin de que pueda coadyuvar con los órganos de gobierno.

La participación social es importantísima, porque es una forma mayor de la democracia, en la cual cada uno de los individuos puede alzar la voz. Es un derecho además, una garantía, un derecho humano consagrado en nuestra Constitución en el artículo 9o.

Por tanto, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de esta reforma. Votará a favor de esta reforma, porque es a favor del pueblo de México, en congruencia a las reformas que han sido aprobadas por esta soberanía popular y en las cuales el Partido Verde Ecologista de México siempre ha votado a favor de los mexicanos.

Habrá quienes nos critiquen, habrá quienes descalifiquen nuestro actuar, pero el Partido Verde Ecologista de México es un partido responsable, que piensa primeramente en los ciudadanos y en su beneficio.

Por eso hoy votamos a favor, porque es una reforma igual que las que hemos votado a favor, en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lizbeth Rosas Montero, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con la venia, diputado presidente. Para el Grupo Parlamentario del PRD es este tema uno de los fundamentales a tratar el día de hoy en esta sesión, ya que el dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto en donde se adiciona la fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, para que ellas puedan, en coadyuvancia con la autoridad de todos los niveles, fomentar este apoyo en la atención, en la búsqueda y en la localización de los menores sustraídos o extraviados y de personas mayores desaparecidas, y asistencia a las víctimas indirectas afectadas por estos actos es un tema para nosotros prioritario.

Está demostrado afuera, en la sociedad, el trabajo que han venido realizando durante muchos años las organizaciones ciudadanas que, sin ningún afán de lucro o ganancia personal, se han abocado precisamente a hacer esa labor, con el único fin de que esos niños regresen a sus hogares.

Sabemos que son muchas las causas de este extravío de los menores. Muchos de ellos son robados por sus padres de familia. Éste es un tema importante, porque recientemente se legisló para que este delito —en el caso de algunos estados— se pueda sancionar con mayor rigor. Que aquel padre de familia que sustraiga a su hijo en este afán de venganza conyugal sea sancionado por la ley. Pero también tenemos el caso de muchos miles de niños que abandonan sus hogares, compañeros diputados y diputadas, por maltrato físico, maltrato emocional o maltrato verbal.

Lo otro que tenemos que reconocer en México, ante esta grave crisis de seguridad, tiene que ver con la sustracción de menores para otro tipo de fines, como es la prostitución y la pornografía infantil.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD celebra que estas organizaciones puedan legalmente hacer esta función. Coincido con mi compañera del PT, que esta función debería también contar con recursos, que este Congreso pueda considerar etiquetar a esas organizaciones ciudadanas que han demostrado a lo largo de estos años, que han hecho una labor que ha arrojado resultados concretos en la localización de menores, para que puedan tener un recurso para seguir haciendo esta labor.

Y exhortar también a las empresas que tienen la posibilidad de vender sus productos masivamente y que han coadyuvado, al poner las fotos de los menores de edad, como muchas empresas, en este caso de leche, u otras que puedan apoyar en esta labor. Exhortar a que también haya incentivos fiscales, para que así cada vez más la búsqueda y la localización entre todos pueda ser más eficiente y arroje mejores resultados.

Otro tema fundamental sobre este dictamen precisamente tiene que ver con la protección de estos menores. Y en ese sentido también sería importante revisar la parte de que esta Cámara tiene la gran oportunidad de poder ir por un registro de los menores, que los menores puedan tener también un documento de identidad, más allá del acta de nacimiento, con fotografía, con huella digital, con muestra de sangre para saber su tipo sanguíneo, para que también pueda haber mayores elementos para su localización.

El grupo parlamentario felicita a la Comisión de Seguridad por la aprobación de este dictamen. Incluso teniendo en cuenta que las cifras son verdaderamente a veces increíbles, yo no me iría ni con los 32 mil ni con los 42 mil que decía Movimiento Ciudadano. Sabemos que hay más de 150 mil niños extraviados en el caso muy particular de México, y a nivel Latinoamérica se habla de más de 500 mil, y yo creo que las cifras aún son cortas. Ojalá y sigamos en esta Cámara fomentando este tipo de dictámenes propositivos para la sociedad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Lizbeth Rosas Montero. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rocío Reza Gallegos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

YGNACIO LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA ANA MAYA

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Aleida Alavez Ruiz. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Lamentablemente tenemos una noticia que se suma a los sucesos que ocurren en el estado de Michoacán y creo que nos tienen que poner a todos los poderes de este país a trabajar en una resolución ya pronta, porque asesinaron al presidente municipal de Santa Ana Maya, a Ygnacio López. Él fue asesinado esta madrugada y acababa de regresar de 15 días de huelga de hambre afuera del Senado de la República, y denunció extorsión por parte del crimen organizado. Él regresa a Michoacán y es ahí asesinado.

Pediría, además de un minuto de silencio por este terrible suceso, que se suma —insisto— a los que vienen pasando en Michoacán, pero también que como Cámara de Diputados tomemos cartas en el asunto por todo lo que está pasando en este estado y que necesitamos dar respuestas, como un poder que somos de este país. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Aleida Alavez Ruiz.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿Es para el mismo objeto? Sonido en la curul de la diputada Magdalena Núñez. Dígame, diputada.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): Gracias presidente. De la misma manera que la diputada Aleida, a nombre de nuestro grupo parlamentario queremos hacer una denuncia y un exhorto enérgico a las autoridades competentes para que se vaya al fondo de este asunto.

Ya se decía que hace apenas dos semanas estuvo él en huelga de hambre, estuvo aquí en la Cámara de Diputados, estuvimos acompañándolo y hoy nos sorprende esta lamentable noticia, que desafortunadamente parecieran ya nada más números, que son cifras lo que nos dan, pero realmente es una gran tragedia lo que está sucediendo en nuestro país, no solamente en Michoacán, así es que nos sumamos a esa demanda de investigación de justicia y de que la Cámara nos comprometamos y hagamos lo necesario para que esta violencia y toda esta situación se pare ya en el país. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Esta Presidencia obsequia el minuto de silencio que ha sido solicitado. Ruego a las y a los presentes ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Sonido en la curul de la diputada Nelly Vargas. Dígame diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano le manda nuestro más sentido pésame a la familia del alcalde que fue asesinado. Es un momento importante en esta Cámara, de reconocer que las cosas no están bien en Michoacán. Es importante poner en el centro y en el poder de las decisiones que algo urgente hay que hacer en Michoacán.

Hace aproximadamente un año, tres jóvenes de Movimiento Ciudadano que fueron a hacer una labor importante de capacitar otros jóvenes, fueron desaparecidos en un municipio muy conocido, en Paracho, en Michoacán.

Volvemos a levantar la voz desde Movimiento Ciudadano para que la Procuraduría General de la República continúe con la búsqueda de estos jóvenes de Movimiento Ciudadano. Pero sobre todo, hacer una reflexión profunda los legisladores hoy en esta sesión, de que tenemos que hacer algo el gobierno federal, el Legislativo y el Poder Judicial, para poner en el centro de las decisiones estrategias inmediatas y acciones claras para poner orden en Michoacán. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén del crimen organizado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra —y agradezco su comprensión— la diputada Rocío Reza Gallegos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos:Con su permiso, presidente. Desde luego comentar que Acción Nacional se une al exhorto para que se esclarezcan los hechos en Michoacán de este lamentable acontecimiento.

Las desapariciones junto con las sustracciones y extravío de menores son problemas sumamente dolorosos para la sociedad mexicana. La zozobra que genera el desconocimiento del paradero de una persona cercana de una comunidad o una familia es un dolor evitable que en la actualidad no ha sido suficientemente remediado.

De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en nuestro país se han presentado 18 mil 955 desapariciones, contando únicamente las que se llevan en dicha base de datos. Lo cual nos deja ver que este problema tiene alcance realmente preocupante y más aún cuando existe disparidad entre las cifras para poder dimensionar con precisión el problema.

Organismos internacionales de derechos humanos —como Human Rights Watch— han dado cuenta de las graves deficiencias institucionales con las que cuenta nuestro Estado para hacer frente a la problemática de las desapariciones, lo cual puede hacerse extensivo al extravío o sustracción de menores.

La falta de una respuesta inmediata y oportuna por parte de las autoridades y el desistimiento después de un plazo de tiempo, a la par de una mala cultura de asumir que un desaparecido es una persona que se dedica a actividades ilícitas, o la minimización de su circunstancia, son apenas algunos de los problemas que se encuentran dentro del proceso burocrático de las procuradurías del país para la atención de este fenómeno.

Aunado a esto, existe en muchas ocasiones la intervención de los familiares o seres queridos en las investigaciones, por el desinterés y por la delegación expresa de estas tareas en ellos por parte de las autoridades, lo cual los pone en serios problemas que afectan su patrimonio, su integridad e incluso la pérdida de sus vidas.

Por todas estas razones, las personas que han sufrido una pérdida encuentran en la desgracia que comparten una razón para agruparse y emprender juntos la investigación, para esclarecer las circunstancias que orillaron al desconocimiento del paradero de sus allegados. De ahí se deriva la gran relevancia que tiene la sociedad civil organizada en el rubro de las personas desaparecidas, sustraídas o extraviadas. En muchas ocasiones es gracias a sus esfuerzos que se encuentran indicios que por falta de recursos o de interés la autoridad no puede detectar por sí misma.

La Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya iniciativa fue presentada por el diputado panista Miguel Gutiérrez Hernández, a nombre de la Comisión de Participación Ciudadana en la LVIII Legislatura, pero sobre todo, ampliamente impulsada por organizaciones de participación ciudadana ha sido una herramienta valiosa para que exista una mejor coordinación entre el sector público y el tercer sector, y para que exista un acceso a recursos a este último.

Los familiares y seres queridos de los desaparecidos, tanto de los que se organizan para coadyuvar con el Estado y, en ocasiones, a instarlo en su búsqueda, tanto ellos como los que no, reciben un fuerte impacto en sus planes de vida postergando decisiones, abandonando empleos o intentando recuperar el ingreso que implicaba la persona que desapareció, sin contar las graves implicaciones psicológicas que conllevan la zozobra y el temor de que pueda sucederle a otra persona cercana.

En Acción Nacional vamos a votar a favor de este dictamen ya que reconocemos que enaltece la dignidad humana en distintas dimensiones. Por un lado, en la medida a que puede ayudar a que una persona extraviada recupere a su familia y su normalidad, así como su honor. Por otro, se apoya a los que son también víctimas de estas pérdidas, tanto para emprender la búsqueda como para que recuperen su tranquilidad, su salud y se mantengan con posibilidades de subsistencia, y desde luego, dignifica a la persona humana, al reconocer inequívocamente lo fundamental que es en un Estado democrático la intervención de la sociedad civil.

Cuando la sociedad se dé cuenta del poder real que tiene las cosas en este país serán distintas, porque entonces la propia sociedad organizada podrá exigir una actuación contundente por parte de los gobiernos.

Es la sociedad quien puede redireccionar cuando los gobiernos se exceden o desatienden su propia función.

En Acción Nacional le apostamos a una sociedad más participativa, más actuante, más demandante, que de forma propositiva coadyuve para que tengamos gobiernos con mejores resultados. Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene finalmente el uso de la voz, para fijar la posición el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco.

El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, creo que la exposición que hemos dado todos los grupos parlamentarios es un asunto que me parece muy relevante para el fortalecimiento de las actividades que realizan en la actualidad cientos de organizaciones de la sociedad civil.

Como todos sabemos, el trabajo de la sociedad organizada ha cobrado fuerza a nivel internacional, como una herramienta de participación social de auxilio a las actividades gubernamentales, incluso como una forma de contrastar lo que se hace desde el sector público.

Con fecha 15 de mayo del 2013 presenté ante la Comisión Permanente de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX Bis al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de incorporar como objeto de fomento y apoyo, en los términos de dicha legislación, a aquellas organizaciones en materia de atención, búsqueda y localización de menores de edad sustraídos y extraviados y de personas adultas desaparecidas, así como de ayuda a las víctimas y sus familias.

Existe en nuestros días una lamentable situación que viven familias en varios estados del país debido al incremento de personas sustraídas, desaparecidas o extraviadas. Esta problemática ha sido reconocida por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes han implementando protocolos y esquemas de atención. Pero también de manera paralela se han formado numerosas organizaciones, constituidas por familias de las víctimas y ciudadanos, las cuales realizan un trabajo exhaustivo para tratar de localizar a los niños extraviados, raptados, o adultos desaparecidos, ya sea por su cuenta o en auxilio de las autoridades.

Si bien es cierto, no existe una sola fuente de información, algunos datos permiten darnos cuenta que la magnitud de la problemática requiere de la suma de todos los esfuerzos para tratar de combatirla. Por ejemplo, según los datos señalados por la Procuraduría General de la República, en 2011, desaparecen en promedio 45 mil menores de edad al año, y cifras acumuladas hasta ese año alcanzaban 75 mil niños.

De igual forma, aún cuando las organizaciones señalan que al menos 70 por ciento de los casos son producto de disputas familiares por la tutela de los menores, también existen casos que obedecen a los móviles de robo, tráfico de menores con el objeto de explotación sexual, así como fines laborales, adopciones ilegales, entre otras.

En cuanto al número de adultos desaparecidos se estima que se pueden alcanzar los 26 mil casos, situación que a todos nos lastima.

Por ello es que considero fundamental concretar esta adición, para que a través de ley podamos generar beneficios para las organizaciones, como los que son: su fortalecimiento institucional mediante el apoyo para ser más profesionales; acceder al registro federal de organizaciones, así como instrumentos como la clave única de inscripción (Cluni); acceder a apoyos y estímulos públicos; gozar de incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos; recibir donativos y aportaciones en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables; acceder a los beneficios que se deriven de convenios o tratados internacionales; a recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objetivo y actividades en el marco de los programas que al efecto formule. Con estas acciones estaremos dando un reconocimiento legal a su actividad, así como un reconocimiento social a sus resultados.

En ese mismo sentido quiero compartir con ustedes, entre los argumentos estimados por la comisión dictaminadora se encuentran que el artículo 21 de la Constitución federal reconoce dentro de las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública el rol de la participación de la ciudadanía para coadyuvar en fines de la seguridad pública, elevándolo a rango constitucional. Que la participación de la ciudadanía es vital en apoyo a las autoridades para la atención, búsqueda y localización de personas extraviadas, sustraídas o desaparecidas, y que este hecho es reconocido incluso en el marco de instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ratificada el 8 de marzo de 2008 por nuestro país.

Que esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Seguridad Pública y otras más, han tenido contacto con organizaciones cuyo objeto social es el que aquí se ha tratado y que por ello se cuenta con una fuente directa de la problemática particular que sufren los integrantes de la misma comisión.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, pensemos en las víctimas de esta circunstancia porque constituyen un grupo de alta vulnerabilidad que ve afectado sus derechos, ve mermado sus recursos y su patrimonio, así como comprometiendo su desarrollo personal y familiar ante la tragedia de esta naturaleza.

La labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para el Estado mexicano en su conjunto y dentro de éstas aquellas que atienden el reclamo de la familias para dar con el paradero de las personas, especialmente de los niños y jóvenes, que deben recibir todo el apoyo de las instituciones de gobierno y de la sociedad en general. La participación organizada de la sociedad es sin duda invaluable y merece ser reconocida y fortalecida desde todos los puntos de vista.

De tal suerte, pongo a su consideración esta posibilidad de reconocer a la participación ciudadana y a la labor de estas organizaciones que hacen su mejor esfuerzo en un tema tan sensible mediante este acto legislativo. Por su atención, por sus comentarios, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, le ruego a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Derecho, que hoy nos acompañan aquí, invitados por el diputado Silvano Aureoles Conejo. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión. Gracias por acompañarnos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputados, por favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Augusto Morales López(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 398 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

DIA NACIONAL DE LA ERRADICACION DEL FEMINICIDIO Y LA DESAPARICION DE MUJERES

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Guadalupe Flores Salazar.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. El día 6 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, por ello quiero hacer un exhorto respetuoso, pero a la vez enérgico, a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva para que tengamos sensibilidad hacia el tema del feminicidio. No es posible que un tema tan delicado y que merece toda nuestra atención sea agendado hasta el último y no sabemos si se vaya a tocar.

Por ello, solicito que se considere este tema y que por supuesto que es de suma importancia para todo el país atender esta problemática, y solicito sea considerado para los posicionamientos. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención formará parte del Diario de los Debates.

El diputado Israel Moreno Rivera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Israel Moreno. Dígame, diputado.

El diputado Israel Moreno Rivera(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero abonar un poquito al tema de lo que ya habíamos tomado hace rato de lo del crimen organizado. Había solicitado una proposición de punto de acuerdo para que se creara un fondo transversal para poder apoyar a todas las familias desplazadas por el crimen organizado y que además la situación que se entorna en todos los estados del país cada vez va en aumento.

Este fondo transversal, el cual estoy solicitando, son 2 mil millones de pesos, porque hay familias que totalmente dejan abandonado su hogar, su trabajo, incluso familias completas donde este crimen organizado los tiene totalmente detectados y que a su vez las familias ya no se pueden reintegrar a su sociedad.

Por favor, presidente, solicito que este tema no lo dejemos de lado —lo había pasado a Comisión— ojalá que estemos al pendiente. Invitar a los diputados que estén interesados en esta intención por parte del PRD, que ojalá lo tomen en cuenta. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido a la curul de la diputada Nelly Vargas. Dígame, diputada.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Gracias, presidente. Para solidarizarme con la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios y solicitarle atentamente, presidente, que no se baje de la agenda política del día de hoy los comentarios y discusión del tema de la erradicación de feminicidios y la desaparición de mujeres. Es un tema que no se puede dejar a un lado y es un tema que nos preocupa a millones y millones de mujeres. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Julisa Mejía.

La diputada Julisa Mejía Guardado(desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarme a la solicitud de la diputada Guadalupe Flores, para que no se saque de la agenda política el tema de la conmemoración de la erradicación de los feminicidios en México. La ONU da como un dato fundamental que en México diariamente se asesinan a 6.4 mujeres. Es importante que tomemos el tema el día de hoy Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar. Adelante, diputada.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Señor presidente, no solamente para unirme a la petición de la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, sino como promovente de esta agenda política que el día de ayer se aprobó en la Junta de Coordinación Política, solicitar a esa Presidencia y a la misma Junta, no solamente que no se baje de la agenda, sino que tampoco juguemos con los tiempos para que quede hasta el final y no haya un pronunciamiento de esta Cámara de Diputados sobre un tema que es latente y una problemática que es tan grave como el tema del feminicidio.

La desaparición de mujeres y el asesinato de mujeres por obvio de género, es un tema que tenemos que enfrentar y aceptar, y aunque queramos dejarlo pasar en esta Cámara de Diputados existe allá afuera.

El negarlo y el tratar de dejarlo pasar en el orden del día, solamente demuestra nuestra falta de sensibilidad social y nuestra falta de solidaridad con las mujeres que son víctimas de esta agresión de género.

Le solicitaría, no solamente a esta Mesa Directiva, sino también al órgano político que dirige esta Cámara de Diputados, que si no se va a tratar el día de hoy —porque ayer fue el Día Nacional para la Erradicación del Feminicidio— se pase para el día martes, en un punto del orden del día que sea aceptable y que le dé el debido lugar que merecen las mujeres de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputada. Los comentarios que aquí se han expresado sobre este tema los haremos del conocimiento de la Junta de Coordinación Política para que lo tome en cuenta para la próxima sesión.

CENTROS DE ACOPIO PARA RESIDUOS ELECTRONICOS DERIVADOS DEL “APAGON ANALOGICO”

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo, que no están reservados para su discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Semarnat y al Inegi a diseñar campañas de información y establecer centros de acopio para residuos electrónicos derivados del “apagón analógico”

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el pasado día veintiséis de septiembre de 2013, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a diseñar campañas de difusión e información respecto al apagón analógico y al establecimiento de zonas de acopio para aparatos obsoletos.

Segundo.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere la legisladora proponente que durante el sexenio anterior, el gobierno federal entendía que el acceso a las nuevas tecnologías, a la información y a las comunicaciones; era un derecho universal y decidió garantizarlo con el objetivo de posibilitarlo en todo el país.

El contenido de la proposición se refiere a instrumentar campañas de difusión, información y reciclado luego de la implementación de la televisión digital abierta (TDA), cuya fecha programada para el llamado “apagón analógico” comenzó el 28 de mayo de 2013 y concluirá el 31 de diciembre del año 2015.

Además señala que la NOM 192 hace hincapié que a partir del presente año, México debe dejar de producir televisores analógicos tanto para que sean comercializados o para sean importados.

Refiere la diputada que esta situación, presenta una problemática, en razón que el año pasado se comercializaron más de un millón de televisores análogos y la cantidad aumenta notoriamente si se realiza la sumatoria total de este tipo de aparatos con los que cuentan millones de familias por lo que urge a tomar medidas al respecto, sobre todo cuando la población decida sustituirlos por nuevos y estos sean desechados como residuos electrónicos.

Considera que la mayoría de la población que cuenta con un televisor análogo, es de bajos recursos Y comprar nuevos les resultaría complicado, dado el costo, sin embargo con un decodificador cualquier televisor puede ser reutilizado para ver la imagen digital. En este orden de ideas, recuerda que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones estableció un plan de apagones escalonados por ciudades, los estados del norte serian los primeros en realizar el “apagón analógico”.

Finalmente menciona que hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento, por parte del gobierno federal para establecer una política pública sobre el destino de los televisores analógicos que se han desechado y que están por desecharse, destacando que en la ciudad de Tijuana, más de 60 mil aparatos terminarían contaminando en el relleno sanitario municipal.

III. Consideraciones

Las diputadas y los diputados integrantes de la comisión señalamos que el tema del llamado “apagón analógico” es un tema que ha recibido atención de esta honorable asamblea, cuando el pasado 9 de enero de 2013 se reunieron diputados con los Comisionados de la entonces y ahora extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) quienes explicaron los avances y retos del “apagón analógico” previsto para el 31 de diciembre de 2015.

Durante la reunión que sostuvieron los ex comisionados de la entonces Cofetel con las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, mencionaron que para el presente año, se necesitarían 2 mil 119 millones de pesos para apagar las ciudades mencionadas, por lo que consideramos indispensable que deben ser considerados en ese presupuesto, los costos asociados, a la campaña de comunicación respecto al apagón analógico y al establecimiento de centros de acopio para aparatos obsoletos.

Para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el denominado apagón analógico, si bien busca la transición de la televisión análoga a la televisión digital en todo el país, y tendrá beneficios en la transmisión simultánea de programación en la televisión, audio alternativo, televisión interactiva o móvil, entre otros, también debe tomar en cuenta que los aparatos obsoletos que terminarían como residuos electrónicos. Que necesitan un manejo especial.

La fecha del 31 de diciembre de 2015 para el “apagón analógico” total surgió de la aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia un decreto emitido por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y objetado por este Congreso cuando se esperaba “apagar” la ciudad de Tijuana; para finales de año serán Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, beneficiando a 8.5 millones de habitantes para este año, es decir 2 millones de hogares con televisión, con la problemática señalada sobre estos televisores una vez desechados.

Hasta antes de conocer las últimas tasas de sustitución, el costo estimado de este proyecto ascendía a 17 mil millones de pesos (Cofetel, 2012), tan sólo entre 2010 y 2012 la tasa de sustitución de televisores análogos a digitales presentó un índice del 70.5 por ciento, es decir, las medidas que se han tomado aceleraron la sustitución de televisores. Actualmente el 94.7 de los hogares en todo el país cuentan con televisión, sin embargo la penetración de tipo digital es del 21.3 por ciento, mientras que en 2010 la tasa de penetración era del 13 por ciento (Cofetel 2012).

Las y los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos nuevamente con la diputada proponente que con esta nueva disposición, muchos aparatos ya no podrán funcionar, lo que generará un desecho masivo de los mismos, con las consecuentes repercusiones de contaminación al medio ambiente.

Queremos además señalar las opiniones del doctor Saúl Hernández Islas, profesor académico de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quien refiere a que la producción de aparatos electrónicos, si bien constituye uno de los sectores de mayor crecimiento en la mayoría de los países industrializados, también representa un foco de contaminación imparable. “La innovación tecnológica y la globalización del mercado contribuyen directamente en la generación de residuos electrónicos o tecnológicos, situación que en la actualidad genera cientos de toneladas anuales. Dicha situación demanda un manejo adecuado y responsable, debido a los graves impactos al ambiente y a la salud humana que potencialmente pueden provocar”.

Asimismo en opinión de la doctora Susana Cruz Aguilar, responsable del Programa de Manejo de Residuos Electrónicos de la Universidad Iberoamericana, AC, ha señalado que “entre los componentes de los dispositivos electrónicos existen sustancias y materiales tóxicos, como es el caso del plomo, mercurio, cadmio, bifenilos policlorados (BPCs) y éteres bifenílicos polibromados (PBDEs), entre otros; así como materiales que al incinerarse en condiciones inadecuadas son precursores de la formación de otras sustancias tóxicas como las dioxinas y furanos.

En razón de lo anterior hacemos propuesta de esta Comisión Dictaminadora, el establecimiento de una política pública en los tres niveles de gobierno sobre el destino de los televisores analógicos que se han desechado y que están por desecharse que incluyan alianzas con las empresas fabricantes y las empresas autorizadas para tratar este tipo de residuos.

Esta comisión asume la preocupación sobre los residuos electrónicos dispuestos inadecuada mente en la calle, en tiraderos a cielo abierto, cauces de ríos, barrancas o terrenos baldíos, ya que sus componentes altamente tóxicos podrían ser liberados y convertirse en potencial fuente de contaminación.

Asimismo queremos precisar que si bien el exhorto refiere a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones; sabemos que el pasado 11 de septiembre de 2013 se instaló el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes luego de haber sido ratificados por el Senado de la República, tomaron posesión de sus cargos que en términos generales correspondían a la Cofetel ahora IFT. Adicionalmente solicitaremos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que sea el encargado de aplicar las encuestas en los hogares de nuestro país para conocer cuál ha sido el avance de la transición de aparatos análogos a digitales.

También solicitaremos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, informe del requerimiento para incrementar la infraestructura local, en especial en zonas rurales, para el establecimiento de zonas de acopio para aparatos obsoletos.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sea considerado en el Presupuesto del llamado “apagón analógico”, los costos asociados, al establecimiento de centros de acopio para aparatos obsoletos.

Segundo.La Cámara de Diputados, respetuosamente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que diseñe campañas de información y difusión respecto del “apagón analógico” y establezca en colaboración con los gobiernos de los estados y con los municipios programas de prevención y gestión integral de residuos electrónicos, derivados del llamado “Apagón analógico”.

Tercero.La Cámara de Diputados, respetuosamente solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aplicar las encuestas en los hogares para conocer cuál ha sido el avance de la transición de aparatos análogos a digitales y a recomendar cual sería el mejor lugar para el establecimiento de centros de acopio para aparatos obsoletos.

Nota:

1 El “apagón analógico” es la interrupción de las emisiones analógicas para dar paso a la televisión digital terrestre (TDT).

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).»

EXHORTO A LAS LEGISLATURAS LOCALES A HOMOLOGAR LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CON LAS LEYES EN LA MATERIA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia sobre la definición y las acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexuales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 3 de septiembre de 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano(MC), presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia sobre la definición y las acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexuales.

La misma fue turnada con el número de expediente 2424, a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Los promoventes inician su planteamiento haciendo alusión a los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención de Belém do Pará, que se refieren a la discriminación y a la violencia contra las mujeres y establecen mandatos expresos para su erradicación.

Los legisladores también se refieren a la legislación interna en materia de violencia contra las mujeres, entre la que destaca precisamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Señalan que debe resaltarse la importancia de contar con la LGAMVLV y con las respectivas legislaciones locales a fin de establecer términos y criterios comunes, los cuales son fundamentales para la interpretación y posible jurisprudencia en la materia.

Por otro lado, los legisladores se refieren a los términos de acoso y hostigamiento sexual, contemplados en el artículo 13 de la referida Ley. Además destacan que en el numeral 14 se mandata que las Entidades Federativas y el Distrito Federal consideren el establecimiento de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales, y fortalezcan el marco jurídico penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan, además de diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para las víctimas y los agresores.

En el artículo 15 de la misma Ley, se establecen diversos mandatos para los tres órdenes de gobierno, de cara a la erradicación del hostigamiento y del acoso sexual.

Adicionalmente, en la proposición en comento se refiere que el hostigamiento sexual se encuentra tipificado como delito en el Código Penal Federal, desde 1991; y se abunda en señalar las entidades federativas que los contemplan o no en sus leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

De lo anterior subrayan la necesidad de una armonización legislativa local con la LGAMVLV, así como con las legislaciones civiles y procedimentales.

Con base en las consideraciones expuestas propusieron el siguiente punto de acuerdo:

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas de los estados a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia con las leyes en materia en referencia con la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual.

Consideraciones

Al respecto esta comisión dictaminadora considera lo siguiente:

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo primero el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es Parte, entre ellos, el derecho a vivir libres de toda forma de violencia. Además prohíbe toda discriminación motivada por el género, o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Adicionalmente en el artículo 4o. constitucional, se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

Segundo. En el ámbito internacional, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece en su artículo 2° que los Estados Partes deben derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra las mujeres. El Comité de vigilancia para la aplicación de la CEDAW (Cocedaw) ha observado con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral, pues se informó que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo, incluido el abuso y el hostigamiento sexual.

En ese contexto, se recomendó en el año 2012 al Estado mexicano, tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales federal, estatal y municipal.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ,establece en su artículo 7o. que los Estados Partes deberán de tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres.

La LGAMVLV contempla en sus transitorios que: “En un marco de coordinación, las Legislaturas de los Estados, promoverán las reformas necesarias en la Legislación Local...”, es decir, no solamente son necesarias reformas en materia civil y penal, sino en toda la legislación secundaria federal y local, a fin de crear un sistema de leyes acorde con la LGAMVLV. En el asunto que nos ocupa, debe modificarse la legislación penal de las entidades federativas, a fin de incluir el acoso y el hostigamiento sexual.

Tercero. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, recomendó en su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, “eliminar los obstáculos de procedimiento que dificultan la sanción por abuso y acoso sexual en el trabajo y propiciar la creación, en las empresas, de comités de equidad que sean coadyuvantes en denuncias de este tipo de delitos”.

Cuarto. Asimismo, en la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, se recomendó “promulgar y aplicar leyes para luchar contra el acoso sexual y otras formas de hostigamiento en todos los lugares de trabajo”.

Esta comisión considera que el exhorto materia del presente dictamen, coadyuva al trabajo de armonización legislativa, que abona en asegurar los derechos humanos de las mujeres y, además, da cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al suscribir los tratados en la materia. Por lo anterior, se considera procedente que los marcos jurídicos locales incorporen el acoso y el hostigamiento sexual de conformidad con la LGAMVLV.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas de los estados a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en materia en referencia con la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

CARRETERA MOZIMBA-PIE DE LA CUESTA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Infraestructura, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Guerrero a concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, y rehabilitar el puente situado entre los kilómetros 5+640 y 5+820

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Infraestructura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Guerrero para que realice los trámites necesarios, a fin de concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y se rehabilite el puente que se encuentra entre el kilómetro 5+640 y el kilómetro 5+820, suscrita por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

En términos previstos por los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XXXI, y 3; y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción VI, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 182, numeral 3, y 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura presenta a esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión del día 3 de octubre del 2013, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Guerrro, para que realice los trámites necesarios, a fin de concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y se rehabilite el puente que se encuentra entre el kilómetro 5+640 y el kilómetro 5+820.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar el día 03 de octubre de 2013, mediante oficio número D.G.P.L.62-II-1-1195, correspondiente al expediente 2768, la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Infraestructura para su estudio y dictamen.

Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó el análisis del contenido de la citada proposición, con el objeto de plantear sus observaciones y comentarios a la misma, integrando el presente dictamen.

II. Contenido de la proposición

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano manifiesta que la inversión en infraestructura carretera en México ha disminuido considerablemente en las últimas décadas debido a que el recurso se ha distribuido de manera desigual en las entidades federativas;

Señala que el Foro Económico Mundial, en su último índice  2012-2013 ubicó a nuestra nación en el lugar 68, de 144 países en materia de infraestructura; en particular en carreteras México ocupa el lugar 50.

Asimismo comenta que el costo de accidentes en carreteras alcanza los 5 mil millones de dólares anuales en México. La base de datos de estadísticas de transporte de América del Norte reporta que en el 2012 hubo 11 mil 584 muertes asociadas al transporte carretero, y que los datos de la Organización Mundial de la Salud coloca a México en el séptimo lugar mundial en víctimas de accidentes automovilísticos.

En este contexto, refiere el caso de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta la cual se encuentra en construcción desde el 2007, y que al estar ubicada en una zona urbana, y dado que no está concluida pone en peligro a los transportistas que pasan por esa vía. Indicando además que existe un puente con hundimiento que aumenta la probabilidad de accidentes automovilísticos.

Expresa, que los habitantes de Coyuca de Benítez exigen la conclusión de los trabajos debido a que están teniendo rezagos y no pueden desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad.

Concluye, que para terminar la obra se necesitan 200 millones de pesos y además de 30 millones de pesos para el pago de derecho de vía.

III. Consideraciones de la comisión

Primera. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 150 numeral 1 fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano fue distribuida a los integrantes de la Comisión para su conocimiento y comentarios a fin de que en el proceso de análisis se pudiera contar con elementos para determinar el sentido del dictamen.

Segunda. Que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se tienen contemplados en el Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras la cantidad de 140.3 millones de pesos para la continuación de la carretera Mozimba-Pie de la cuesta.

Tercera. Que en el estudio costo beneficio registrado con número 06096320021 en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se tiene considerada la rehabilitación del puente ubicado en el kilómetro 5+640 y el kilómetro 5+820.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Infraestructura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. En virtud de que está contemplada una partida presupuestal de 140.3 millones de pesos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para la continuación de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, no se considera procedente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Guerrero para que realice los trámites necesarios a fin de concluir la construcción de esa carretera.

Segundo. Dado que la rehabilitación del puente referido no se contempla en el proyecto original de la construcción de la carretera mencionada, esta comisión considera que a la luz de los argumentos presentados por el diputado promovente es procedente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Guerrero, para que realice los trámites necesarios para tal efecto.

Así lo acordó el pleno de la Comisión de Infraestructura de la honorable Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil trece.

La Comisión de Infraestructura, diputados:Alberto Curi Naime (rúbrica), presidente; Nabor Ochoa López (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Carlos Sánchez Romero (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica),  Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Liliana Castillo Terreros, Raymundo King de la Rosa, Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Samuel Gurrión Matías, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Patricia Peña Recio, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Mario Francisco Guillén Guillén, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Antonio García Conejo (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica),  Eva Diego Cruz (rúbrica).»

CONDENA DEL HOMICIDIO DEL DIPUTADO AL CONGRESO DE OAXACA EVERARDO HUGO HERNANDEZ GUZMAN

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demanda a la Procuraduría General de Justicia del Estado que realice las investigaciones del caso

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se condena el homicidio del diputado integrante del Congreso de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demanda a la Procuraduría General de justicia del Estado, para que realice las investigaciones de dicho caso.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, con arreglo a los apartados siguientes

Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados correspondiente al jueves 12 de septiembre de 2013, el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se condena el homicidio del Diputado integrante del Congreso del Estado de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán, y se demanda la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que realice las investigaciones de dicho caso, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

2. En la fecha indicada con antelación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión dispuso que la proposición citada se turnará a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En la sesión plenaria de Comisión de Justicia, celebrada el martes 29 de octubre de dos mil trece se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentes, el proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Consideraciones

Primera. El punto de acuerdo en estudio, se motiva en los hechos suscitados el día 10 de septiembre del año en curso, en la colonia Agustín Melgar, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en donde un sujeto desconocido acabó con la vida del diputado al Congreso de Oaxaca por el distrito XII con cabecera en Putla Villa de Guerrero, y presidente municipal electo en San Andrés Cabecera Nueva, Everardo Hugo Hernández Guzmán, al dispararle de manera directa, al parecer con una pistola automática.

La propuesta señala que este caso no puede quedar impune, y que como representantes populares del estado de Oaxaca condenan enérgicamente este crimen. Demandando que la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, investigue de inmediato este homicidio hasta sus últimas consecuencias y que presente los responsables, tanto materiales como intelectuales.

Segunda. Derivado de lo anterior proponen que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condene el homicidio del Diputado al Congreso del Estado de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán y se demande a la Procuraduría General de Justicia del estado a realizar las investigaciones del caso.

Por ello se somete a la consideración el primer punto del punto de acuerdo.

Primer punto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el homicidio del diputado al Congreso de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán y se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del estado a realizar las investigaciones de dicho caso.

La Comisión de Justicia coincide con los proponentes en que este caso no puede quedar impune. Por ello resulta pertinente que desde el Congreso de la Unión se repudien y condenen los actos que atenten contra la vida, la seguridad y la dignidad de las personas.

Tercera. Respecto de la propuesta en estudio, si bien esta Comisión concuerda en que el Congreso exhorte que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca de inmediato se aboque a las investigaciones de este homicidio hasta sus últimas consecuencias y que se presente a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Sin embargo, se considera que dicha solicitud tiene y debe tener como principal motivación el apoyo irrestricto al Estado de Derecho, considerando también, que los hechos han venido siendo reprobados por diversos medios a nivel nacional, sin perder de vista que la Procuraduría de Justicia es una dependencia del Ejecutivo Estatal. Por ello se sugiere exhortar respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Procuraduría General de Justicia proceda a la investigación para esclarecer el homicidio del Diputado al Congreso del Estado de Oaxaca; Everardo Hugo Hernández Guzmán; proponiéndose que la reacción de un segundo punto petitorio sea de la siguiente manera:

Segundo punto. Se exhorta al Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca para que por conducto de la Procuraduría General de justicia del Estado de inmediato proceda a la investigación para esclarecer el homicidio del diputado al Congreso del Estado de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán.

Por lo expuesto esta Comisión de Justicia somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, condena firmemente el homicidio perpetrado en contra del diputado al Congreso de Oaxaca, Everardo Hugo Hernández Guzmán, y exhorta al Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, para que por conducto de la Procuraduría General de Justicia del estado de inmediato proceda a realizar las investigaciones hasta su esclarecimiento.

Dado en la Cámara de Diputados, a 29 octubre de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Cordova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Estos son los que se encuentran en los lugares 11, 12, 13 y 14 del orden del día. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo que están en los numerales 11, 12, 13 y 14 del apartado correspondiente del orden del día.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día con los números 11, 12, 13 y 14. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados. Comuníquense.

LEY DE BIOSEGURIDAD DE LOS ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo, que tampoco están reservados para su discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a la LXII Legislatura fue turnada para su estudio el dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de julio de 2013, el diputado José Luis Flores Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.Mediante oficio número D.G.P.L.62-II-7-817, de fecha 22 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, autorizo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales prorroga por 90 días para emitir el dictamen sobre la iniciativa que nos ocupa.

II. Contenido de la iniciativa

El objetivo de la iniciativa, presentada por el diputado Flores Méndez, es otorgarle a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) facultades para hacer públicas las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representen un riesgo para la población.

La iniciativa propone adicionar una nueva fracción X al artículo 11 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), el cual establece las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recorriendo la actual fracción X, para que pase a ser fracción XI.

La fracción X, que propone adicionar el legislador en el artículo 11, establece:

X. Hacer públicas las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representen un riesgo para la población,  y

Dado que en el artículo 11 se recorre la fracción X, vigente, para que sea fracción XI y ultima; asimismo, el legislador propone reformar la fracción III del artículo 15 de la propia Ley, para incorporar la mención de la fracción X adicionando al artículo 11 del mismo adecuamiento legal, para que se diga:

III. El ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I, II, IV, V, VII, VIII y X del artículo 11 de esta Ley.

Por otro lado, el iniciador propone adicionar una fracción V al artículo 108, recorriendo en su orden las actuales fracciones V, VI y VII para quedar como fracciones VI, VII y VIII, para establecer que la Secretaría Ejecutiva de La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), se encargue de proporcionar al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología,

cualquier información sobre, entre otras, de las sanciones impuestas a los actos realizados con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representa un riesgo para la población.

III. Consideraciones

Las y los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden plenamente con el promovente en el sentido que las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados representan uno de los temas más controversiales de ésta época.

En este sentido, subrayamos que la transparencia y el acceso a la información constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad y la política mexicana en los últimos años y que como se señaló en la Declaración de Guadalajara firmado en 2005 por el IFAI y los gobiernos de los estados de Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes, son un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren la posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos.

Para el estudio de esta iniciativa, es preciso atender las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya finalidad es proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

A este respecto, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala en su artículo 14:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial;

II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal;

III. Las averiguaciones previas;

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o

VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

De acuerdo, con lo anterior la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que la información en los procedimientos administrativos que no haya causado estado es información reservada.

Por ello, consideramos improcedente la intención del legislador, de hacer públicas las sanciones impuestas a las actividades realizadas con organismos genéticamente modificados que no cumplan con la normatividad y que representen un riesgo para la población, ya que la aplicación de sanciones administrativa, siendo parte del procedimiento administrativo, no implica que hayan causado estado como lo requiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; a mayor abundamiento la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados establece en su artículo 123, como en cualquier procedimiento propio administrativo, el recurso de revisión, a través del cual los afectados pueden impugnar la decisión de la autoridad administrativa.

Por lo anterior expuesto y fundado, los suscritos integrantes de las Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica en abstención), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).»

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX, recorriendo la subsecuente, al artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona fracción IX, recorriendo la subsecuente del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1 fracción IV del  Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos del mencionado ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

Con fecha 10 de julio de 2013, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IX, recorriendo la subsecuente del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, ante la Comisión Permanente.

En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que se turnara a la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, habiendo sido recibida el 12 de julio de 2013.

II. Contenido de la iniciativa

El objetivo de la iniciativa planteada por los legisladores promoventes, es modificar el artículo 140 de la Ley de Cultura Física y Deporte con respecto a las atribuciones de la comisión especial.

Contra la Violencia en el Deporte, estableciendo en una fracción XI. Suspender la venta de bebidas alcohólicas 30 minutos antes de finalizar los partidos del espectáculo deportivo, tratándose en específico de encuentros de futbol soccer, a fin de garantizar el orden y paz social durante y después de dicho evento.

En el sustento para su propuesta, refieren que: “...en México sin lugar a dudas el deporte genera cierta identidad y pasión que puede desbordarse y que puede llegar a actos de violencia que se apoderan de los estadios, caso específico es el futbol soccer, donde el grado de pasión y choques de afición pueden resultar situaciones de agresividad manifiesta”.

Agregan que: “El problema de la violencia en los espectáculos deportivos en México es un tema recurrente y un problema de alta complejidad, fuera y dentro de los estadios, que se traduce en actos violentos tales como golpes, riñas, apuñalamientos ya actos de vandalismo.

Consideran que: “...una medida preventiva extrema no deseable sería contar con una infraestructura que no permita la interacción entre equipos rivales a fin de evitar contingencias en los eventos deportivos que garanticen un sano entretenimiento y convivencia social, lo anterior significa un reto que sin duda países de primer mundo han abordado en sus agendas, tratando con ello de erradicar manifestaciones de violencia que ponen en riesgo la integridad de las personas que acuden a ellos.”

Asimismo argumentan que “...los mecanismos propuestos para disminuir los índices de violencia en espectáculos deportivos, especialmente en el futbol, se orientan a reducir el consumo de alcohol”; debido a que, consideran: “...la combinación del alcohol y del espectáculo en sí, son los elementos que hacen más susceptible el cambio radical de estado de ánimo en función al desarrollo del partido y su resultado. La intolerancia como conducta que incide de manera determinante en actos violentos, aunado al sentimiento de frustración, tristeza, impotencia, coraje hasta la ira, son un cúmulo de emociones que combinadas con alcohol, generan reacciones adversas e incluso negativas que estallan en violencia.”

III. Consideraciones

Primera. Habiendo sido analizados los argumentos que los legisladores promoventes presentan, los miembros de esta Comisión de Deporte coinciden con su preocupación expresada; sin embargo, consideran oportuno hacer las siguientes precisiones:

En la reunión de trabajo realizada en el mes de Marzo del año en curso, por el Grupo de Trabajo de Violencia en Eventos Deportivos de esta Comisión de Deporte, a la cual acudieron especialistas en el tema, se expusieron nacientes estudios acerca de la etiología de la Violencia en eventos deportivos, mostrándose que este complejo fenómeno es multifactorial, influyen aspectos sociales, culturales, de educación a largo plazo, y hasta económicos; asimismo tienen que ver los matices culturales por regiones, motivos por los cuales resulta indispensable efectuar un análisis profundo que permita sentar las bases para la toma de decisiones que den solución a esta  compleja problemática de manera integral, evitando esfuerzos aislados que no atenderían su origen.

Por otra parte, la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Junio del presente año, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, establece en su Artículo Tercero Transitorio que: “El Reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta ley, deberá expedirse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley”.   Por tal razón, se considera prudente y necesario esperar a la publicación de dicho reglamento, antes de buscar cualquier adecuación o cambio a la propia ley.

Segunda. En el artículo 139, de la multicitada Ley General de Cultura Física y Deporte, se crea la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, que será la encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la Violencia en el Deporte; y su composición y funcionamiento será establecido en el respetivo Reglamento, segunda razón por la que se considera conveniente permitir que esta Comisión Especial elabore las políticas necesarias que seguramente atenderán la inquietud manifestada en la iniciativa en comento.

A mayor abundamiento, el artículo 140 inciso I de la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece como atribución de la Comisión Especial “Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte”; reafirmando la posición de la Comisión de Deporte, de que este complejo fenómeno, debe ser parte de una política integral que deberá contemplarse en el Reglamento y que estará a cargo de  la Comisión Especial.

Tercera. No obstante la loable intención de los legisladores de abatir los actos de violencia en el fútbol soccer, la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene como finalidad establecer, como su mismo nombre lo indica, las bases generales de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y su objetivo es el  fomento, promoción e incentivación del Deporte y la Cultura Física en su totalidad, lo que evidentemente cubre al fútbol soccer, así como garantizar a las mexicanos condiciones de igualdad en el acceso a las oportunidades estipuladas y contenidas en los programas de desarrollo que se implementen en la materia que nos ocupa.

En este sentido, no debe pasarse por alto la naturaleza jurídica del instrumento normativo que se pretende adicionar, pues ésta se trata, de forma evidente, de una ley general cuyas características que la distinguen de otro tipo de ordenamientos son la generalidad, obligatoriedad, abstracción e impersonalidad, esto significa que las directrices plasmadas en ella son generales respecto a la materia a regular, así como de los sujetos y órganos encargados de aplicarla, esto implica la distribución de competencias entre el orden Federal, el orden local y el orden municipal sobre una materia específica, o bien, dispone las condiciones de concurrencia sobre una materia en particular que pudieran ser desarrolladas y perfeccionadas normativamente en el ámbito de aplicación de cada entidad federativa y complementadas por la legislación local.

Por ende, se desprende que la adición de la fracción IX y recorrer la fracción subsecuente del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es notoriamente improcedente desde un punto de vista de técnica legislativa, toda vez que al analizar y reflexionar sobre los elementos distintivos de las leyes generales resulta equivocado adicionar o establecer en su cuerpo normativo disposiciones de un deporte en específico como el fútbol soccer, ya que la finalidad y objetivo de la legislación en comento no es la de normar deportes en particular, en virtud de que éstos se regulan de conformidad a normas internacionales y a través de reglamentos y estatutos internos de las asociaciones y federaciones deportivas nacionales a las que pertenecen, así como a lo dispuesto por los propios clubes.

En conclusión, la adición que se estudia, discrepa con las características de generalidad, obligatoriedad, abstracción e impersonalidad que la Ley General de Cultura Física y Deporte implica, por lo que en el indebido supuesto de ser aprobada la adición de la fracción IX y recorrer la fracción subsecuente del artículo 140, se atacaría la naturaleza del marco normativo en la materia y el carácter general de la ley, en virtud de que se modificaría su principal finalidad, así como su objetivo al considerar deportes de forma específica y particular.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura, para efectos de la Fracción G del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IX, recorriendo la subsecuente del artículo 140 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2013.

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, secretarios; Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Alejandra López Noriega (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Ponciano Vázquez Parissi, Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 122 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85 y demás relativos y aplicables  del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 30 de septiembre de 2008, el senador Francisco Javier Obregón Espinoza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 122 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

3. En sesión ordinaria de las Comisiones Unidas dictaminadoras, celebrada el 26 de noviembre de 2008, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

4. En sesión plenaria de la Cámara de Senadores, efectuada el 9 de diciembre de 2008, se aprobó el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; asimismo, se remitió el expediente con la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A) del artículo 72 constitucional.

5. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 9 de diciembre de 2008, la Mesa Directiva dio cuenta al pleno con la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 122 Bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

6. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite a la minuta, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo enviado por el Senado de la República, expresa el siguiente

II. Contenido de la minuta

El Senado de la República coincide con el senador Francisco Javier Obregón Espinoza en señalar que entre los problemas ambientales que enfrenta el país, probablemente el más grave sea el de la deforestación, pues es alarmante observar que entre los primeros años de la década de los noventa y el año dos mil, la pérdida de bosques y selvas en México oscilaba entre las 348 mil y 776 mil hectáreas por año, lo que significaría que en sólo una década habríamos perdido entre 3.5 y 5.5 millones de hectáreas, una superficie arbolada de extensión similar a la del territorio del estado de Puebla, o a la del estado de Sinaloa.

Esta problemática ambiental ha impactado fuertemente en las condiciones de vida del planeta, proyectándose en la pérdida de diversidad biológica, disminución y adelgazamiento de la capa de ozono, pérdida de bosques tropicales, extinción de espacios, contaminación del aire y afectación generalizada de la salud de los habitantes de la tierra.

Señalan que en las reuniones del pleno senatorial se ha destacado la importancia de las zonas forestales, ya que aportan una gran cantidad de servicios ambientales como son: la producción y distribución del agua; la purificación del aire que respiramos, gracias a la captura de bióxido de carbono y la liberación de oxígeno; asimismo, regulan la temperatura y la humedad equilibrando el clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos, y son fuente de materias primas en muchas de las actividades humanas.

Refieren que dichos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores como son: la deforestación, la tala inmoderada, la agricultura, la ganadería, la urbanización, el cambio y degradación de suelos y los incendios no controlados.

Respecto a los incendios forestales, objeto del proyecto legislativo en estudio, señalan que ocasionalmente son producidos por fenómenos naturales, como podrían ser las descargas eléctricas; sin embargo, casi la totalidad de los incendios forestales son causados por el hombre.

Expresan que cuando un bosque acaba de ser presa de un incendio, reduce drásticamente la biomasa; es decir, desaparecen árboles, arbustos y plantas, lo que conlleva a una pérdida económica, pues se pierden recursos naturales que son materias primas en diversas actividades.

Estiman preocupante el hecho de que un incendio forestal produzca afectaciones a plantas y árboles que quedan desprotegidos ante plagas y enfermedades; limite la capacidad de crecimiento de la vegetación; reduzca los recursos genéticos y el valor recreativo de las zonas siniestradas; además, los suelos pierden propiedades físicas, químicas y biológicas, entre otros que desatan una cadena de reacciones que contribuye de diferentes maneras a impulsar el calentamiento atmosférico.

Mencionan que los estudios relacionados con el impacto y la vulnerabilidad producida por el Cambio Climático sobre los ecosistemas forestales en México, demuestran que en la mitad del país cambiarán sus condiciones de temperatura y precipitación, teniendo efectos drásticos en la vegetación de las zonas forestales, por lo que su distribución sería dramáticamente reducida e, incluso, desaparecida.

Según los senadores, el fuego dañino se integra a un círculo en el que diversos fenómenos influyen como causa-efecto, unos de otros, entre ellos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la erosión de suelos, la desertificación, los cambios en el clima y, en el extremo, la pérdida de vidas humanas.

Mencionan que de enero a julio de 2008, se registraron 9 mil 493 incendios forestales, afectando una superficie de 216 mil 459.04 hectáreas. En el combate a estos incendios se coordinaron 18 dependencias del gobierno federal con la participación activa de gobiernos de entidades federativas y municipios.

Señalan que en el caso de los incendios, se recurrió principalmente a personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los gobiernos de entidades federativas y municipios; voluntarios y organizaciones no gubernamentales, que en conjunto sumaron un total de 232 mil 322 días/hombre.

Consideran que por el número de dependencias involucradas, así como la cantidad de recursos humanos, materiales y financieros, comprometidos en la faena, el combate de los incendios forestales desde la perspectiva gubernamental es una tarea compleja.

Reconocen que en el sistema jurídico nacional, el ordenamiento que regula la prevención y el combate de los incendios forestales es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) la cual tiene por objeto “regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.(Artículo 1o. de la LGDFS).

Asimismo, señalan que uno de los objetivos específicos de dicho ordenamiento legal es: “regular la prevención, combate y control de incendios forestales, así como de las plagas y enfermedades forestales”,tal y como lo indica la fracción XV del artículo 3 de la LGDFS.

Aseguran que el Ejecutivo federal, con base en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XVI, tiene la atribución de “coordinar las acciones de prevención y combate de incendios forestales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, con la participación que corresponda a los estados, Distrito Federal, municipios y al Sistema Nacional de Protección Civil”.

Sin embargo, señalan, en lo concerniente a la administración pública federal de los recursos forestales, esta responsabilidad recae en la Conafor, organismo público descentralizado creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2001, y de conformidad con el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, dicha comisión se encarga de coordinar la participación y vinculación interinstitucional de los tres poderes y órganos de gobierno, así como de la sociedad y sus organizaciones, con el objetivo de que todas las fuerzas puedan compartir criterios y concertar acciones concretas y eficaces que conviertan en realidad el manejo sustentable de nuestra riqueza forestal.

Asimismo la Conafor tiene como objeto lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que a la letra dice:

Artículo 17.La Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado...

El objeto de la comisión será desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme a la presente ley se declaran como una área prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

La comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto, como el de “constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la administración pública federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales” (fracción XX del artículo 22 de la LGDFS).

Precisan que en la esfera de la administración pública federal es la propia comisión el órgano encargado de la prevención y combate de los incendios forestales; pero, aseveran, en la práctica es un hecho mundialmente aceptado que ningún organismo o comunidad individual tiene la capacidad para manejar todas las situaciones derivadas de los incendios forestales. Es más, aseguran, algunos de estos siniestros son de tal magnitud que requieren de la participación y recursos de otras instituciones del gobierno federal (Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) incluso, para su oportuna atención requieren de ayuda internacional con brigadas, equipo especializado, aéreo y personal voluntario de organizaciones del sector social y privado.

Reconocen que debido a la cantidad de recursos que pueden llegar a necesitarse para el control de estos percances y la diversidad de tareas a realizar para lograr el mismo objetivo, escapan al ámbito de una sola dependencia, el gobierno federal tiene ya trabajando un grupo interinstitucional que decide las políticas públicas y estrategias en materia de incendios forestales.

En dicho Grupo Intersecretarial de Apoyo para la Protección contra Incendios Forestales, participan 18 dependencias y entidades del gobierno federal, encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal.

Por medio de este grupo se busca incrementar las acciones de prevención; detectar con oportunidad la presencia de incendios; reducir el tiempo de respuesta; disminuir la superficie afectada; lograr una mayor seguridad personal de los combatientes y de la población; así como mantener una previsión climática constante y de los factores que originan el fuego.

Asimismo, es oportuno reconocer que existen diversos mecanismos de monitoreo y alerta por incendios forestales, que permiten identificar con exactitud la localización de incendios activos, sin embargo es preciso realizar acciones preventivas a partir de un diagnóstico nacional de las zonas con mayor propensión a estos eventos.

De tal forma, para el Senado de la República, la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable pretende evitar que una medida tan acertada quede a la buena voluntad de quienes estén a cargo del cuidado de nuestros bosques, por el contrario, busca que una medida de tal importancia cuente con toda la obligatoriedad de una norma jurídica, que la ley le puede proporcionar.

Así, el Senado considera procedente la adición de un artículo 122 Bis, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, proponiendo algunas modificaciones al texto sugerido por el iniciador.

El texto sugerido por la iniciativa, señala:

Artículo 122 Bis. La secretaría y la comisión, con la participación del Sistema Nacional de Protección Civil; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán anualmente el Plan Nacional de Contingencia para la Prevención y combate de Incendios Forestales, el cual deberá incluir el diagnóstico anual de las zonas de riesgo de incendios forestales.

Al respecto, los senadores señalan que la denominación de plan nacional, está limitada en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Planeación. La categoría de plan ha quedado reservada al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se propone cambiar el término utilizado en la iniciativa por el de Programa Nacional de Contingencia para la prevención y combate de incendios forestales.

En el mismo tenor, el Senado de la República considera oportuno no únicamente que se incluya el diagnóstico anual de las zonas de riesgo de incendios forestales, sino que el mismo sirva de base en la elaboración de dicho programa de contingencia, garantizando así que se atenderán prioritariamente las zonas más vulnerables.

Atendiendo a sus observaciones, la redacción propuesta por la Cámara de Senadores, es la siguiente:

Artículo 122 Bis. La secretaría y la comisión, con la participación del Sistema Nacional de Protección Civil; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán anualmente el Programa Nacional de Contingencia para la Prevención y Combate de Incendios Forestales, el cual se basará en el diagnóstico que se realice de las zonas de riesgo de incendios forestales.

Una vez analizado el proyecto de decreto contenido en la minuta enviada por la Cámara de Senadores, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Reconocemos la gravedad que representa el problema de la deforestación en nuestro país, así como los efectos nocivos que produce contra la vida del planeta, proyectándose en la pérdida de diversidad biológica, adelgazamiento y perforación de la capa de ozono, pérdida de bosques tropicales, extinción de espacios, contaminación del aire, erosión de la salud humana, etcétera.

Coincidimos con la colegisladora en el reconocimiento de la necesidad de tomar las medidas legislativas necesarias para proteger nuestras zonas forestales y los innumerables e imprescindibles servicios ambientales que nos proporcionan, de las constantes amenazas que les acechan; particularmente, los incendios forestales que, siendo causados generalmente por el hombre, producen afectaciones hasta de exterminio de árboles, plantas y arbustos o, cuando menos, limitan la capacidad de crecimiento de la vegetación; reducen los recursos genéticos y el valor recreativo de las superficies afectadas, y empobrecen física, química y biológicamente los suelos, entre otros eslabones de una cadena de reacciones que favorecen el calentamiento global.

Consideramos encomiables los esfuerzos coordinados realizados por trabajadores de dependencias y organismos del Ejecutivo federal y de los gobiernos de entidades federativas y municipios, así como por voluntarios y organizaciones no gubernamentales, en el combate de los incendios registrados entre enero y julio de 2008 que siniestraron más de 216 mil hectáreas en áreas forestales.

Estimamos pertinente el señalamiento por el Senado, de las disposiciones jurídicas que son base de la regulación en materia de prevención y combate de los incendios forestales; así como la finalidad orientadora de dicho señalamiento apegado a la disposición fundamental contenida en la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional, la cual faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y a la norma secundaria que señala el objetivo de propiciar el desarrollo forestal sustentable; sin embargo, vale precisar que la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, aludida por el Senado, no prevé inciso G, alguno.

Por otro lado, consideramos oportunas las remisiones que se hacen a las disposiciones relativas a las atribuciones de la Comisión Nacional Forestal, su naturaleza jurídica, el estatuto que la rige y los objetivos que persigue. Es pertinente aclarar que las atribuciones señaladas en el artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, corresponden a la federación, y no al Ejecutivo federal, como lo refiere el Senado.

Desde otra perspectiva, consideramos prudente observar que en nuestro país, por décadas hemos venido desenvolviendo una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organizaciones civiles y voluntarios.

Es pertinente recordar que desde 2002, la instancia responsable de la operación y coordinación del Programa es la Comisión Nacional Forestal, a través de la Coordinación General de Conservación y Restauración, quien tiene la atribución de formular, coordinar y evaluar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, conforme lo prevé el artículo 17 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal.

Por ello, estimamos innecesaria la creación del nuevo Programa Nacional de Contingencia para la Prevención y Combate de Incendios Forestales, propuesto por el Senado de la República, en adición al programa existente, pues consideramos sería preferible consolidar y, en todo caso, extender los alcances y precisar los grados y niveles de participación, con el mismo interés de incrementar la coordinación y la comunicación interinstitucional, en un programa nacional único que bien pudiera llamarse Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego, o algún nombre similar. Lo más importante sería crecer en el combate a los incendios forestales, sobre la base del mejoramiento de lo que ya tenemos, y en la convicción de hacer más por la protección de nuestros recursos forestales, optimizando los recursos disponibles al efecto.

En adición a lo anterior, debemos observar que con la creación de un nuevo programa, es preciso prever el impacto presupuestario que generaría la puesta en marcha del nuevo programa. El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Por su parte, el párrafo tercero del propio artículo 18 de la misma ley, establece que las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de la ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, consideramos que las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, debieron observar las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para realizar la valoración del impacto presupuestario correspondiente y, en su defecto, abstenerse de elaborar el dictamen respectivo.

Estimamos pertinente considerar que el dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas del Senado, el 26 de noviembre de 2008, y el pleno senatorial aprobó el proyecto de decreto que nos ocupa, el 9 de diciembre de 2008, cuando las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya se encontraban vigentes, pues el ordenamiento se publicó el 30 de mayo de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el 1 de abril del mismo año.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados desecha en su totalidad la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 122 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica a favor y en contra), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día con los números 4, 5 y 6.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enlistados en el orden del día con los números 4, 5 y 6. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Por lo que se refiere al último de los dictámenes, se devuelve al Senado para los efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.

INSCRIPCION CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO

El Presidente diputado José González Morfín: A continuación, tenemos otro dictamen en sentido negativo que no está reservado para su discusión, pero que se pidió que se votara por separado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyectos de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, párrafo 2, inciso b) y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como por los artículos 5 y Segundo transitorio del decreto por el que se expiden los Criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, exponemos a la consideración de esta asamblea el presente dictamen de conformidad con lo siguiente

I. Antecedentes

l. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizada el 5 de junio de 2013, el diputado presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda “ Huelgas de Cananea y Río Blanco”, presentada por los diputados Alfa Eliana González Magallanes, Roberto López Suárez, Elena Tapia Fonllem, Valentín Maldonado y Carlos Reyes Gamiz, del Grupo Parlamentario del PRD. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3789, el día martes 11 de junio de 2013.

2. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizada el 26 de junio de 2013, el diputado presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dio cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda “Mujeres Sufragistas SS XIX y XX”, presentada por la diputada Malú Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD. Asimismo determinó que se turnaran a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

3. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados en el número 3805, miércoles 3 de julio de 2013. (1097)

4. El 24 de diciembre de 2010 se publicó el Reglamento de la Cámara de diputados, cuya vigencia comenzó a partir del 1 de enero de 2011.

5. El artículo 262 del Reglamento establece que:

“1. La Cámara podrá realizar inscripciones dentro del Recinto, en los espacios adecuados para tal fin, conforme a los criterios para las inscripciones de honor en el recinto de la Cámara de diputados que emita la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Para ello, deberá presentarse iniciativa en los términos de este Reglamento.”

6. Los artículos décimo y décimo primero transitorios del decreto publicado el 24 de diciembre de 2010 señalan lo siguiente:

“Décimo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tendrá seis meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, para establecer los Criterios para Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de diputados, a que se refiere el artículo 262 de este Reglamento.

Décimo Primero. El término para dictaminar las iniciativas en materia de inscripciones de honor que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias haya recibido a partir del 1 de septiembre de 2009, no correrá sino hasta que entren en vigor los Criterios para Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.”

7. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó en su reunión ordinaria del día 28 de junio de 2011, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.

8. El dictamen fue puesto a consideración del pleno para su discusión y votación en la sesión ordinaria del día jueves 29 de septiembre de 2011, donde se aprobó por mayoría.

9. El lunes 3 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.

10. El artículo segundo transitorio del decreto por el que se expiden los criterios, señala que:

“La comisión podrá, a través de un dictamen, atender todas las iniciativas pendientes de resolución en materia de Letras de Oro, que no alcancen el consenso de sus integrantes para ser aprobadas”.

II. Contenido

A partir de la exposición de motivos de las iniciativas referidas, podemos mencionar lo más relevante de su contenido en el orden en que se mencionan en los Antecedentes de este dictamen, es decir:

1. Las “Huelgas de Cananea y Río Blanco”refieren que se trata que uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, toda vez que son los movimientos precursores de la Revolución Mexicana del derecho social, del movimiento obrero y de lo que actualmente es México. Asimismo, destaca que los mineros de Cananea se pronunciaron en huelga en contra de la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad de William C. Greene militar estadounidense, ante las difíciles condiciones laborales del Porfiriato. Destaca que esta huelga fue impulsada por el Club Liberal de Cananea vinculado al Partido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores Magón, esta huelga se inició ello de junio de 1906 y en ella se solicitaba un aumento salarial justo y la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas, este movimiento trajo como consecuencia la muerte de veintitrés mineros, dos heridos y más de cincuenta personas detenidos.

Por lo que corresponde a la huelga de Río Blanco, la iniciativa menciona que en esta población operaba la empresa textilera más grande del país, en donde los trabajadores eran sometidos a condiciones infrahumanas con jornadas de trabajo de hasta catorce horas, recibiendo un salario muy desigual respecto al obtenido por los extranjeros que laboraban en la misma empresa, así mismo se explotaba a mujeres y niños. El descontento por las condiciones a las que estaban sometidos, los lleva a crear el Gran Círculo de Obreros Libres, igualmente vinculado al Partido Liberal Mexicano, y como respuesta a ello, los empresarios crearon el Centro Industrial Mexicano que emitió un Reglamento lesivo totalmente para la clase trabajadora, por lo que los obreros estallaron la huelga el 4 de diciembre de 1906, y señala la iniciativa esto llevo a la muerte de entre cuatrocientos y ochocientos obreros.

2. “Mujeres Sufragistas SS XIX y XX”, en lo que se refiere a esta iniciativa, se señalan en la exposición de motivos los diversos acontecimientos históricos que buscaron otorgar a las mujeres este derecho, y destaca la promulgación de las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en las que se reconoce el derecho al voto de las mujeres en el ámbito federal en el año de 1953, alcanzando con ello un logro. Sin embargo, según refiere la misma iniciativa, comenzó una lucha que a la fecha se mantiene con el propósito de alcanzar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.

Refiere que en la Constitución de 1917, no otorgó a las mujeres la ciudadanía en forma expresa aunque tampoco la negó y que en un intento por corregir este error, en abril de ese mismo año fue aprobada la Ley de Relaciones Familiares en la que el hombre y la mujer tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar, motivo por el -cual la mujer quedo en condiciones de ejercer la patria potestad sobre los hijos, contribuir al sostenimiento de la familia, administrar los bienes comunes.

Destaca que son las mujeres yucatecas quienes logran acceder primero al derecho a votar en 1922, bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto.

En septiembre de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envía una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, a fin de otorgar el sufragio femenino aprobándolo la Cámara de Senadores, y rechazando dicha iniciativa la Cámara de Diputados. Destaca la iniciativa que el presidente Miguel Alemán, envió una iniciativa para establecer el derecho al voto de las mujeres en las elecciones municipales, en la que la participación de las mujeres se daría en igual de condiciones que los varones. Concluye que a partir de la participación de las mujeres en diversos foros se logró el derecho al sufragio femenino y que las mujeres desde los espacios públicos han logrado impulsar reformas legislativas permitiendo reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como contar con una participación política en condiciones de igualdad, destacando con ello: las Comisiones de Equidad y Género, en el Congreso de la Unión (1998); el Instituto Nacional de las Mujeres (2001), y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006); y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (2007).

III. Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En términos generales las iniciativas motivo del presente dictamen, cumplen con los elementos indispensables que señala el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de diputados, para su presentación.

3. Con las primeras inscripciones en el Muro de Honor -julio de 1823- se inició la tradición de plasmar con letras de oro los nombres de personajes distinguidos de nuestro país, sin reglas bajo las cuales se aprobaran dichos reconocimientos, pues la intención de aquellos legisladores fue rendir un homenaje sólo a quienes con su obra y vida habían contribuido al nacimiento de nuestro país, como un Estado soberano e independiente.

4. “Es una realidad que desde la aprobación de las primeras inscripciones hasta la más reciente, no existieron normas o algún reglamento especifico que señalara los requisitos que debían contener las propuestas para las inscripciones con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de diputados, de nombres, leyendas o apotegmas. Asimismo, tampoco han existido criterios definidos para aceptar o rechazar alguna inscripción. Por tal motivo, cualquier decisión y argumento en un sentido () en otro, podía resultar controversial; no obstante que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene facultad plena para resolver al respecto, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”.

5. Por lo anterior, resulta significativo mencionar que por primera vez en la historia del Congreso Mexicano, la LXI Legislatura, a través de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias haya emitido normas mínimas, bajo las cuales se dictaminaran este tipo de propuestas y plasmar la práctica parlamentaria de más de ciento cincuenta años, en un ordenamiento vigente.

6. Una innovación que se aprecia en los Criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados es que señalan expresamente la posibilidad para que los reconocimientos u homenajes inscritos, se realicen no sólo en el Salón de Sesiones, en el lugar que hasta ahora se ha considerado como único para este tipo de tributos, sino también en otros espacios del Recinto, como el patio central o en los salones donde habitualmente se reúnen las comisiones.

7. Otro elemento a considerar por esta dictaminadora es el contenido de los artículos 3 y 5 de los Criterios, que a la letra señalan:

“Artículo 3. Las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado.

Artículo 5. La Comisión resolverá sobre las propuestas de inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.”

8. No sobra decir que, estas disposiciones forman la columna vertebral de la regulación citada, porque en ellas se incorporan requisitos elementales para dictaminar las propuestas presentadas en esta materia, sea en sentido positivo o negativo, como son: una votación de dos tercios en el Pleno, es decir, 333 diputados y diputadas de un universo de 500; así como los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que ahora deben caracterizar este tipo de decisiones, por parte de la Cámara de Diputados, a fin de evitar cualquier duda o controversia, respecto a las resoluciones que emita.

9. Por otra parte, al honrarse a los protagonistas de las destacadas acciones sociales, se engrandecen los valores de la sociedad en su conjunto, sin embargo, en el devenir histórico de este país, son muchos los personajes, hechos y apotegmas que deberían ser así reconocidos. No obstante, los espacios dentro del Recinto Legislativo resultarían insuficientes para colocar los nombres de cada uno de ellos, no por esto, dejan de ser reconocidos y valorados por la historia y consecuentemente por la sociedad.

10. Es un deber de quienes son depositarios de la voluntad popular el conocer y reconocer a quienes con sus acciones y obras han contribuido a forjar una nación. Los hechos históricos sociales, producen enseñanzas de tal manera que su comprensión y conocimiento deben revestir una objetividad. Encontrar el camino y el rumbo de nuestra historia permite revisar crítica y objetivamente el presente que se vive y proyectar las acciones de la sociedad hacia un mejor futuro, por ello la historia usada corno una experiencia y una vivencia, es un instrumento y un método para vislumbrar posibilidades y opciones que pueden interpretarse y usarse en la torna de decisiones.

11. La razón humana busca sistemáticamente enriquecer y mejorar la condición del pensamiento colectivo; la objetividad histórica señala que detrás de las figuras o protagonistas que sobresalen y que toman una calidad heroica, en su tiempo y en su espacio, está siempre la sociedad que los impulsa y que al inmortalizarlos se engrandece.

12. En lo que se refiere a la iniciativa de la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD), es importante señalar que los hechos en ella reconocidos referentes a los movimientos sociales de los trabajadores mineros y textileros de principios del siglo XX, sin duda alguna marcaron un parteaguas en la búsqueda de un cambio hacia mejores condiciones sociales y que muchas de las demandas de estas acciones se han visto plasmadas en la nuestra vida actual, regidas en el marco jurídico laboral. Sin embargo, el pensamiento ideológico que nutrió dichos movimientos, se debe a los principios doctrinarios de Ricardo Flores Magón, a quien esta Cámara ha rendido ya un tributo, al plasmar su nombre en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, en la LVIII Legislatura.  Cabe señalar que con anterioridad, la propuesta de la diputada González Magallanes, ya había sido presentada por el Congreso del Estado de Sonora y turnada a esta Cámara y a esta dictaminadora durante la LIXLegislatura, sin que haya prevalecido un acuerdo para ser dictaminada positivamente, por lo que fue desechada.

13. En el caso de la iniciativa presentada por la diputada Malú Micher Camarena (PRD), es digno reconocer la intención de rendir un homenaje a las mujeres que impulsaron el reconocimiento de estas, para que sus derechos políticos, se vieran plasmados en el establecimiento del sufragio femenino, no obstante que este reconocimiento se da en la cotidianeidad social y que con ello ha abierto más las posibilidades de participación activa en los diversos ámbitos exclusivos para los hombres y que ahora, poco a poco se han ganado.

14. En el proceso histórico de nuestra nación, muchas son las mujeres que han contribuido al engrandecimiento de la República, y que en su condición de mujer han dado el sello característico de este género a los sucesos en los que participaron, la Independencia, la Reforma, y la Revolución y aún recientemente, la presencia de la mujer ha determinado la historia de este país, por ello el reconocimiento en el Muro de honor del Recinto Legislativo, a mujeres como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, etc. El reconocimiento de que en todos los acontecimientos que forjaron este país como nación, la presencia de las mujeres es ineludible, sin embargo, los patrones culturales de nuestro país, nos han llevado a destacar la presencia de los hombres como es el caso del llamado “Padre de la Patria”, pero como expresa el historiador Luis González y González, “la historia también ha tenido Madres de la Patria”, cuya presencia y aportación a los movimientos sociales han marcado con un sello particular cada uno de estos sucesos.

15. Reconocer la participación de la mujer, no solo en letras de oro, sino a través de valorar el papel que desempeña como base y cimiento de una sociedad, representa el mayor homenaje que a ésta se pueda rendir. Las legisladoras y legisladores, en su condición de representantes populares, deben considerar el papel trascendental de la mujer, al proyectar en la normatividad, este reconocimiento y llevarlo a cabo en cada una de las células sociales.

16. Por lo ya señalado, ésta dictaminadora considera que las iniciativas atendidas en el presente dictamen, tienen diversos méritos dignos de ser reconocidos, como se demuestra ampliamente en el apartado de Antecedentes, producto de la argumentación de sus autores. Asimismo, las aportaciones y hechos que se proponen reconocer, podrían inscribirse en alguno de los espacios del Recinto que se destinen para tal fin, puesto que como ya se apuntó, los Criterios para las Inscripciones de Honor permiten esa posibilidad y sin duda, en cada propuesta se advierten sucesos trascendentes en la vida política, cívica y social de nuestro país, merecedores de ser distinguidos por esta Cámara; sin: embargo, las actuales reglas advierten claramente los requisitos ineludibles para que alguna propuesta pueda ser considerada a tal reconocimiento y es a éstos a los que se sujeta la decisión de esta comisión.

17. Además de lo anterior, el artículo tercero de los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados establece que para dictaminar las propuestas en materia de letras de oro e inscripciones de honor, es necesario contar con el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados. De tal suerte que, cualquier propuesta debe, como requisito ineludible, reunir el mayor consenso posible, pues se trata de un homenaje que se rinde a nombre de la Cámara de Diputados como institución pública, representante de la sociedad mexicana. Por tal razón, las iniciativas materia de la presente resolución, no se dictaminan en sentido aprobatorio; es decir que, después de diversas deliberaciones entre los integrantes de esta Comisión, concluimos que ninguna de ellas cuenta con el consenso necesario para presentarla a la consideración del Pleno y sería un despropósito exponerlas en otro sentido para su votación.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desechan las siguientes iniciativas:

1. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda “Huelgas de Cananea y Río Blanco”,presentada por los diputados Alfa Eliana González Magallanes, Roberto López Suárez, Elena Tapia Fonllem, Valentín Maldonado y Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD.

2.Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda “Mujeres Sufragistas SS XIX y XX”, presentada por la diputada Malú Mcher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Segundo.Archívense los expedientes como asuntos totalmente y definitivamente concluidos.

Notas:

1 Decreto del Congreso Mexicano aprobado bajo el título: “Declaración de honor de los primeros héroes libertadores de la nación y los que los siguieron”.

2 Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con Proyecto de Decreto por el que se expiden los Criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3351-II, martes 20 de septiembre de 2011.

3 Osorio Espinosa Federico. Inscripciones con Letras de Oro en la Cámara de Diputados. TOMO III. Expediente Parlamentario 8. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Cámara de Diputados LIX Legislatura. P.p. 481.

4 Expediente Núm. 160. Iniciativas Turnadas a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en Materia de Letras de Oro. LIX Legislatura.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria celebrada e125 de septiembre de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez, Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica en contra), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo con el número 3 del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado el punto de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.

Voy a pedir a la Secretaría que dé lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin, ante la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados.

COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE PETROLEOS MEXICANOS, LICENCIADO EMILIO LOZOYA AUSTIN

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin, ante la Comisión de Energía

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que la Junta de Coordinación Política aprobó en su sesión del miércoles 6 de noviembre de 2013, el acuerdo relativo a la comparecencia ante la Comisión de Energía del director general de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin.

II. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 7, numeral 33 y 34, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 198 y 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se solicita la comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados al director general de Petróleos Mexicanos, licenciado Emilio Lozoya Austin, para que exponga y explique el plan de negocios de Petróleos Mexicanos que recientemente fue anunciado.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados a que a la brevedad informe a la Junta de Coordinación Política la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo la realización de la comparecencia del funcionario público que se refiere el resolutivo primero de este acuerdo.

Tercero. El formato de la comparecencia a que se refiere este acuerdo, será determinado por la junta directiva de la Comisión de Energía.

Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 7 de noviembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el acuerdo. Se ha inscrito para hablar a favor el diputado Ricardo Mejía y me está pidiendo la palabra la diputada Adriana González Carrillo, desde su curul.

La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Para solicitarle sea incluida en dicha comparecencia la Comisión Especial de Pemex, que ha venido trabajando constantemente sobre diversos temas.

Recientemente tuvimos una visita a la refinería de Salamanca y pudimos constatar el trabajo que se está haciendo para reconfigurar la refinería. Me parece muy importante que se pueda hacer esa comparecencia con la Comisión Especial de Pemex incluida.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. El acuerdo viene signado en su totalidad por los coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política y viene solamente ante la Comisión de Energía.

En lo que se desarrolla la sesión, podría plantear la posibilidad de que la Junta hiciera suya su propuesta para que lo considerara.

Voy a darle el uso de la voz al diputado Ricardo Mejía, que va a hablar a favor del acuerdo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Esta fue una decisión que celebramos de parte de la Junta de Coordinación Política: la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Nos parece que esta Cámara de Diputados no puede ser omisa sobre diversos temas que ocupan hoy la agenda nacional y que tienen que ver con la reforma energética, con Petróleos Mexicanos, con el tema de la refinería de Tula, Hidalgo y con un conjunto de temas que hacen obligada la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos para saber los acuerdos y negociaciones que comprometen el futuro del patrimonio nacional, particularmente en un tema tan sensible, con tantas raíces históricas y que representa la principal fuente de riqueza del país, como es el petróleo, pues hay que acudir a la prensa internacional.

El presidente Enrique Peña Nieto, en junio, en el diario de Londres, Financial Times, adelantó que iba a presentar una reforma constitucional para abrir la privatización del petróleo nacional. Refirió que se requerían cambios constitucionales necesarios para darles certeza a los inversionistas privados. Es decir, trasladar la renta petrolera a particulares y de manera destacada a empresas como Exxon, Chevron, Halliburton y todas aquellas que están como tiburones esperando para hacerse el patrimonio nacional.

Y ahora es el Wall Street Journal el que establece que ya hay una negociación muy avanzada entre el gobierno y el Partido Acción Nacional para ir más lejos en la privatización. No solo contratos de utilidad compartida, sino contratos de producción compartida. Pagar con crudo, con petróleo a estos inversionistas, con lo cual se está asegurando la venta del patrimonio nacional.

De esta manera vemos que Emilio Lozoya es la cabeza de playa de un grupo de mercaderes, de traficantes, de vendedores de quinta, porque venden lo que no es suyo, el patrimonio nacional. Emilio Lozoya fue miembro del Consejo de Administración de la empresa OHL, que es la empresa que ha venido ganando algunas licitaciones o algunas adjudicaciones de parte del sector energético.

Lo que estamos viendo es que no es la falta de recursos para invertir, no es que les interese la productividad. Todo es un negocio para unos cuantos

Y precisamente también nos interesa que se hable de esta empresa integradora de servicios petroleros Oro Negro, que es intermediaria para la contratación de 10 plataformas petroleras. Ahí en esta empresa hay accionistas, como son los casos del hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Están también los ex directores de Pemex Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel.

Es decir, es una camarilla de traficantes de influencias que brincan de la Secretaría de Energía, de la dirección —concluyo, presidente— para hacer negocios, todo a costa del patrimonio nacional.

Por eso es muy importante, queremos escuchar qué nos dice Emilio Lozoya. Sabemos que no tendrá argumentos, que todo es un negocio para ellos, no para el país. Y, desde luego, que por esa razón estamos de acuerdo que haya rendición de cuentas, que haya transparencia. Ya Emilio Lozoya, ya Pedro Joaquín Coldwell han ido al Senado y qué bueno que vienen a la Cámara de Diputados, a la casa del pueblo, a rendir cuentas de esta gran traición a la patria que quieren concretar. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado José Antonio Rojo García de Alba. Dígame, diputado.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba(desde la curul): Diputado presidente, solicitarle de la manera más atenta que en caso de ser aprobada esta comparecencia seamos convocados los diputados del estado de Hidalgo.

En lo personal represento al distrito de Tula, donde recae este proyecto y habrá que recordar que el estado de Hidalgo aportó los terrenos, mil 500 millones se endeudó para dar los terrenos en este proyecto, y nos interesa saber. Por lo tanto, de la manera más atenta solicito, señor presidente, nos puedan convocar con derecho a voz. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: También, igual que en el caso anterior, haremos llegar la petición a la Junta de Coordinación Política, pero de hecho todos los diputados estamos autorizados para acudir a cualquier sesión de comisiones de la Cámara de Diputados.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado, ¿con qué objeto? No le puedo dar la palabra, estoy obligado a preguntar si está suficientemente discutido. Es solamente un orador, lo dice el Reglamento, entonces ya no puedo concederle el uso de la voz. Se pasó el tiempo y el registro de oradores.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica... dígame, diputado. Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, primero escuche y ya luego usted podrá decir. Tranquilo, yo sé que usted ya quiere que acabe la sesión, pero tiene que escucharnos.

Mire, es muy importante que nos diera la palabra, porque pocas veces puede uno celebrar algún acuerdo de la Junta de Coordinación, y éste —aunque insuficiente— porque realmente deberían de venir al pleno a dar la cara los funcionarios del gobierno federal en este tema que es muy polémico en el país.

Muchos pensamos que inclusive ya hay un acto de traición a la patria y que muchos diputados pueden estar metidos en problemas, incluido usted, porque a lo mejor hasta su partido ya está en esas negociaciones que en Washington se están llevando para entregar el petróleo.

Es necesario hablar de esto —ya habrá oportunidad— vamos a estar al pendiente de dar nuestros puntos de vista cuando se dé este debate, y usted no debería de tomar una decisión de no permitir hablar a un diputado. Es todo.

El Presidente diputado José González Morfín: No le impedí hablar, diputado, le dije que solamente en el debate ya no era posible porque estaba obligado a seguir con el trámite correspondiente. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que  estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alcaldes veracruzanos que están hoy aquí invitados por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Son la alcaldesa de Amatitlán y los alcaldes de Oluta, Medellín y Tlacotalpan. Bienvenidos todos a la sesión. Gracias por acompañarnos.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en los términos del artículo 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

* Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Anexo de esta sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 15:12 horas): Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de noviembre de 2013, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————