Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 288 diputados y diputadas, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:15 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 3 de octubre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De diputados

En relación a retiro de iniciativas con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se implementen medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán.

Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Con el que remite su informe anual de actividades y el ejercicio presupuestal 2012.

Del Instituto Electoral del Estado de Querétaro

Con el que remite acuerdo por el que se emiten consideraciones respecto a los compromisos en Materia Político Electoral, contenidos en el Pacto por México.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a las cámaras del Congreso de la Unión a que, en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales presentadas por el Titular del Ejecutivo federal, se elimine toda disposición que pretenda incrementar la tasa del ISR a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, consideradas de régimen simplificado por la legislación actual, presentada por el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país.

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, a los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, dentro del “Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para la Educación Media Superior”, presentada por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se consideren y destinen recursos para la construcción y equipamiento de dos hospitales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán, presentada por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con el que devuelve el expediente de la Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma las fracciones V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 27 y 78, y adiciona el artículo 78 Bis a la Ley General de Vida Silvestre. (Turno a Comisión)

Iniciativas de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Chihuahua

Con proyecto de decreto que adiciona los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a Comisión)

Del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública, presentada por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos a la situación de emergencia provocada por los daños ocurridos en diversas entidades del país, a causa de las lluvias torrenciales del 15, 16 y 17 de septiembre, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma los artículos 2-A, 9o. y 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109, 168 y 191 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo y suscrita por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 9o. y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega, y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 212 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 26 y 31, y adiciona un artículo 43 Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 111 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Expropiación y del Código Civil Federal, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º de La Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 92 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Decimoquinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 34-Bis a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 303-B a la Ley del Seguro Social y 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 30 de septiembre, conmemoración del Natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1 y 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Ganadería, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 100 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” en el Senado.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona los numerales 3 y 4 al artículo 264; 2 y 3 al artículo 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de restricciones para cabildeo de funcionarios.

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras, a fin de dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del D.F., para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la Delegación Álvaro Obregón.

De las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal implementar las acciones correspondientes a atender la problemática de la Agroindustria Azucarera Nacional.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores, para que realicen una inmediata revisión del TLCAN, en su Capítulo VII, relativo al campo.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo II Bis al Título Décimo Segundo y reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona los artículos 19 y 22 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que emita la declaratoria de desastre, y a las dependencias federales, para que adopten medidas tendientes para apoyar a la población de los municipios de Zirándaro y Huetamo afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal; así mismo, se exhorta a la ASF, inicie las auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto de ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores y/o presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, de la Secretaría de Economía y de ProMéxico, impulse el desarrollo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, a cargo del diputado José Ignacio Duarte Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Jalisco, para que dé a conocer a la ciudadanía las bases que se utilizaron en la licitación sobre la compra de útiles escolares del Programa de apoyo a la educación “Mochilas con los Útiles”, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, emita un acuerdo para modificar las reglas de operación del Fonden, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la operación de la Presa Hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, ubicada en Acapulco de Juárez, Guerrero, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob y de la CONAVIM, implemente las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la ASF, respecto a la falta de coordinación de acciones para promover la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para crear una Subcomisión mixta y solicitar a las autoridades competentes su intervención para la reubicación de las instalaciones de la Compañía de Gas de Tijuana SA de CV, o “Zeta Gas”, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a las tarifas de las concesiones que se otorgan a los restaurantes en las playas de Pie de la Cuesta y Barra Vieja, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Guerrero, para que realice los trámites necesarios, a fin de concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, y se rehabilite el puente que se encuentra entre el Km 5+640 y el Km 5+820, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación a una convocatoria nacional para conocer la opinión de la sociedad sobre las denominadas reformas educativa, hacendaria y energética, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a fin de fortalecer los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos adscrita dicha Secretaría, así como la capacitación de los mandos y elementos de las Fuerzas Federales en todo el país, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al procurador de justicia del estado de Chiapas, a desistirse de las acusaciones contra los profesores y activistas sociales, Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la reconstrucción y equipamiento de la escuela secundaria diurna no. 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme”, ubicada en la Delegación Benito Juárez, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dos de octubre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y nueve diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del miércoles dos de octubre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura del Orden del Día y del Acta de la Sesión anterior, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Acto seguido, se somete a discusión el Acta, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el Orden del Día y realizan propuestas para discutir el tema de los recientes desastres hidrológicos los diputados: Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, en cuatro ocasiones; Catalino Duarte Ortuño, en dos ocasiones; José Luis Muñoz Soria, María del Rosario Merlín García, todos del Partido de la Revolución Democrática; Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad y sobre el tema de la conmemoración del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, hizo uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Sobre ambos temas, el Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, oficio por el que se comunica modificaciones de turno a las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

Que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, el dieciocho de septiembre de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión.

Por el que se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, presentada por el diputado José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, el doce de septiembre de dos mil trece. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

b) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de Juntas Directivas de Grupos de Amistad y de la Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

c) De los diputados:

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento setenta de la Ley del Seguridad Social, presentada en la sesión del doce de septiembre de año en curso sea retirada de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete, dieciocho, y ochenta, de la Ley Agraria, presentada en la sesión del diecinueve de septiembre de año en curso sea retirada de la Comisión de Reforma Agraria.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a los delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobierno del estado de Jalisco, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a la dignificación del Adulto Mayor. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil trece, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de dos mil doce, la evolución de la recaudación para el mes de agosto de dos mil trece y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de agosto del año en curso. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

g) Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la que remite las Fichas de Monitoreo dos mil doce-dos mil trece de doscientos cincuenta y ocho programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• José Everardo Nava Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doce, diecisiete, y dieciocho de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para Dictamen.

• Enrique Alejandro Flores Flores y suscrita por el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales, de Igualdad de Género, y de Derechos Humanos, para dictamen.

• José Valentín Maldonado Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos sesenta, y sesenta y cuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

• Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, que reforma el artículo doscientos treinta y siete del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

A las doce horas con treinta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y tres diputadas y diputados.

• José Luis Muñoz Soria y suscrita por el diputado Roberto López Suárez del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos séptimo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y treinta y seis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Gobernación, para dictamen.

• Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, a nombre propio y del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo treinta y cuatro Bis dos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Salud, que reforma las fracciones segunda y tercera del artículo ciento quince de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Isaías Cortés Berumen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Alhf, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Marcelina Orta Coronado, del Partido Acción Nacional; y Juan Isidro del Bosque Márquez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecisiete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de que reforma las fracciones segunda y tercera del artículo ciento quince de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que reforma el artículo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo uno de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Que reforma la fracción primera y el cuarto párrafo del artículo ciento setenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Se concede el uso de la palabra para fundamentar ambos dictámenes en nombre de la Comisión a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano en relación con el primer dictamen; Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano respecto al segundo dictamen; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Peña Avilés, del Partido Acción Nacional; y Darío Badillo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

• En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo uno de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción primera y el cuarto párrafo del artículo ciento setenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos al Aniversario del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Al inicio de su intervención el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. El Presidente concede dicha solicitud e invita a la Asamblea a ponerse de pie.

Continúan con el uso de la palabra los diputados Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática; Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional; y Cristina González Cruz, del Partido Revolucionario Institucional.

Se da cuenta con dictámenes con punto de acuerdo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de las Comisiones:

a) De Igualdad de Género:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Relativos a casos de abuso sexual en contra de mujeres extranjeras y connacionales por parte de miembros de la policía en los municipios de Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, Estado de México.

• En relación al respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en el Estado de Guanajuato.

• Por el que la Cámara de Diputados condena las disposiciones de las autoridades del Municipio de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, a la libertad y a la diversidad cultural y social de sus habitantes.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las autoridades del Estado de Veracruz, a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas.

b) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por los que se exhorta a los Gobiernos Estatales y Municipales, para que favorezcan la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades.

• De Recursos Hidráulicos por los que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que vigilen la implementación de los recursos asignados por la Federación, asimismo, para que se realice una auditoría a la administración del Delegado de la Comisión Nacional del Agua, en el Estado de Tabasco, debido a constantes irregularidades.

c) De Asuntos Indígenas, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a crear la Delegación de esa Comisión en el Estado de Nuevo León.

d) Del Distrito Federal:

• Por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que atienda la recomendación diecinueve/dos mil doce que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

• Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a replantear los proyectos de las líneas de metrobús, para aplicar sistemas de cero emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

e) De Economía:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, lleve a cabo las medidas necesarias, para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizados en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la República Mexicana, y se establezcan los convenios respectivos con las empresas que los expiden, para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo.

• Por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad, (FONAES) a promover y establecer en las reglas de operación correspondientes, la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social.

f) De Economía:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que realice las gestiones necesarias para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie el procedimiento para que se emita la Declaratoria de Protección como Denominación de Origen al Limón Colimense.

g) De Asuntos Migratorios:

• Por el que se solicita al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se restituyan los recursos destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas hacia los Estados Unidos de América, con sede en Baja California.

• Por los que exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, para que se entregue al Gobierno del Estado de Oaxaca, los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes.

h) De Turismo, por los que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

De conformidad con artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos: tercero y quinto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marcos Aguilar Vega y suscrita por el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos noveno, quince, y cuarenta y uno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos treinta y dos, y cuarenta y dos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Pedro Porras Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y uno, setenta y siete, y ciento catorce de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos veintiocho, treinta y ocho, y cincuenta y nueve de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley del Seguro Nacional de Desempleo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noveno de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge Terán Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que expide la Ley Federal Sobre Iniciativas Ciudadanas, Reglamentaria de los artículos treinta y cinco, Fracción séptima  y setenta y uno Fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos setenta y cinco, y setenta y nueve de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos segundo y trece de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo veintiséis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quinto de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, para que se incluya el tema de fuentes renovables de energía en los foros de debate que se realizarán del veintitrés de Septiembre al ocho de Octubre de dos mil trece, sobre las distintas iniciativas en materia energética, que se han presentado en el Senado de la República. Se remite a la Cámara de Senadores, para su atención.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, realice las acciones conducentes para la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo, dé a conocer a la opinión pública, los avances en la evaluación y certificación de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como de la implementación de los recursos. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Guanajuato, a fin de que se salvaguarde la vida de la joven María Luz Salcedo Palacios. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, para que el estado de Veracruz, asuma la epidemia del VIH-SIDA, como un problema de salud pública y de emergencia estatal. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a fin de que se lleve a cabo la reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas “Ingrid y Manuel” en las comunidades indígenas de la región de la montaña y Costa Chica de Guerrero. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que dé a conocer a la opinión pública la situación actual que guarda lo dispuesto por el artículo treinta y uno de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina, para dictamen.

• Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortíz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, de del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, y de Movimiento Ciudadano, respectivamente , por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que integre una delegación plural y de alto nivel en la segunda revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el veintitrés de octubre de dos mil trece en Ginebra. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves tres de octubre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y un minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.

CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE COMISIONES ORDINARIAS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Comisión de Ganadería

Baja: Diputada Adriana Fuentes Téllez (integrante)

Alta: Diputada Adriana Fuentes Téllez (secretaria)

Lo anterior, para lo efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 2 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Alta: Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (secretaria)

Lo anterior, para lo efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 2 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense.

Pasamos al siguiente asunto.

RETIRO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar a usted gire sus instrucciones al área correspondiente a efecto de que se retire la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 368 del Código Penal, misma que presenté ante el pleno de esta Cámara y fue turnada a la Comisión de Justicia para dictamen correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Palacio Legislativo, a 1o. de octubre de 2013.— Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar que se retire la iniciativa presentada por el suscrito, mediante la cual se adicionan los artículos 6, 25, 35 y 36 de la ley de Coordinación Fiscal, y que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el día 24 de septiembre del año en curso.

Agradeciendo de antemano la atención que al particular obsequie, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de octubre de 2013. — Diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio, quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se dirige a usted para solicitarle de la manera más atenta, y con base en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen, el día 24 de septiembre del año en curso.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración más distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.— Diputado Domitilo Posadas Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.

CENTRO HISTORICO DE OAXACA DE JUAREZ - POLIGONO DE MONTE ALBAN

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0663, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número I.110/B/C/ 47219/2013, suscrito por la licenciada María Fernanda Cervantes Estrada, directora general adjunta “B” de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar las medidas necesarias para preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/31l/769/13 del 3 de mayo del 2013, en el que se hace del conocimiento a la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta secretaría de Estado el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 30 de abril de este año, mismo que a continuación se transcribe.

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al gobierno del estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de que implementen las medidas necesarias para preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano. Segundo. ...

Al respecto, se informa que por oficio I.110/B/C/42625/2013 del presente año (mismo que fue enviado en copia de conocimiento a esa Unidad Administrativa), se informó a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, respecto del punto de acuerdo en cita, para los efectos que considerara pertinentes.

Por lo anterior, mediante oficio número 903/0197/2013 del 14 de junio del 2013, la ciudadana Adriana Rojas Jiménez, titular de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dio respuesta (se anexa copia), misma que en la parte interesa señala:

La protección, conservación y revitalización de los sitios y centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, dentro de los que se encuentran el centro histórico de la ciudad de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán.

Para lo anterior, y conforme lo disponen las Reglas’ de Operación del Programa Hábitat, el 25 de abril del presente año, la Sedatu, el gobierno del estado de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez, suscribieron el acuerdo de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, vertiente centros históricos, en el que se establecen los subsidios federales y los recursos locales que se asignan en el presente año.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en las reglas de operación, el municipio de Oaxaca de Juárez es la instancia ejecutora de dichos recursos y que los proyectos apoyados por Hábitat son aprobados previa opinión de un grupo interinstitucional en el que participa la Sedatu el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial, Asociación Civil, y otras dependencias federales competentes.

Por lo expuesto, le comunico que lo señalado en el citado Punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, está plenamente considerado en las intervenciones que realizará el Programa Hábitat, a través de su vertiente centros históricos.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos que estimen pertinentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de septiembre de 2013.— Licenciada María Fernanda Cervantes Estrada (rúbrica), directora general adjunta “B”

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Antonio Eduardo el Valle Torres, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.— Presente.

Hago referencia a su oficio número I.110/B/C/42625/2013, fechado el 16 de mayo del presente, mediante el cual remite copia del oficio número SEL/UEL/311/769/13 de titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación de fecha 3 de mayo de 2013 y del dictamen de la proposición con punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relativo a implementar mediadas para proteger al centro histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán.

Al respecto, hago de su conocimiento que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través del Programa Hábitat, apoya obras y acciones para la protección, conservación y revitalización de los sitios y centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, dentro de los que se encuentran el centro histórico de la ciudad de Oaxaca y la zona arqueológica de Monte Albán.

Para lo anterior, y conforme lo disponen las Reglas de Operación del Programa Hábitat, el 25 de abril del presente año, la Sedatu, el gobierno del estado de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez, suscribieron el acuerdo de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, vertiente centros históricos, en el que se establecen los subsidios federales y los recursos locales que se asignan en el presente año.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en las reglas de operación, el municipio de Oaxaca de Juárez es la instancia ejecutora de dichos recursos y que los proyectos apoyados por Hábitat son aprobados previa opinión de un grupo interinstitucional en el que participa la Sedatu, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial, Asociación Civil y otras dependencias federales competentes.

Por lo expuesto, le comunico que lo señalado en el citado punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, está plenamente considerado en las intervenciones que realizará el Programa Hábitat, a través de su vertiente centros históricos.

Atentamente

México, DF, a 14 de junio de 2013.— Adriana Rojas Jiménez (rúbrica), titular de la unidad.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 30, fracción V, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por medio de la presente me permito remitirle el informe anual de actividades del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación y el ejercicio presupuestal 2012, mismos que fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Institución en su sesión ordinaria de trabajo del pasado 18 de julio de 2013.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de septiembre de 2013.— Licenciado Ricardo A. Bucio Mújica (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos, para su conocimiento.

Pasamos al siguiente asunto.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUERETARO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo.— Instituto Electoral de Querétaro.— Consejo General.

Doctor Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Siendo obligación de toda autoridad, en el respectivo ámbito de su competencia ejecutar acciones tendentes a la promoción, respeto, protección y garantías de los derechos humanos, con fundamento en los numerales 1 y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 32 de la Constitución Política Local; y 55 de la Ley Electoral de Querétaro, respetuosamente me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Primero. Que en sesión extraordinaria celebrada el 24 de septiembre de la anualidad que transcurre, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se emiten consideraciones respecto a los compromisos en Materia Político Electoral, contenidos en el Pacto por México.

Segundo. Que el objeto del acuerdo es advertir que en la materialización de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector del Pacto por México, se respeten los derechos humanos de las y los queretanos, así como las bases del sistema federal.

Consciente de que en todo régimen democrático, la pluralidad y diversidad de ideas son elementos indispensables para el diseño e implementación de políticas públicas; se solicita atentamente, se analicen las consideraciones que del acuerdo se desprenden, ya que lo anterior permitirá avanzar en la construcción de la nación a la que todos aspiramos.

Le reitero mi consideración y respeto institucional.

Atentamente

Tu participación hace la democracia

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de septiembre de 2013.— Licenciado Magdiel Hernández Tinajero (rúbrica), secretario ejecutivo del Consejo General.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

TASA DEL ISR DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SILVICOLAS O PESQUERAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a que, en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales presentadas por el titular del Ejecutivo federal, se elimine toda disposición que pretenda incrementar la tasa del impuesto sobre la renta a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, consideradas de régimen simplificado por la legislación actual, así como no se modifique el régimen de exención y deducibilidad previsto en la ley vigente para dichos contribuyentes.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Francisco Salvador López Brito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a las Cámaras del honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales, presentadas por el titular del Ejecutivo federal se elimine toda disposición que pretenda incrementar la tasa del impuesto sobre la renta a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras consideradas de régimen simplificado por la legislación actual, así como no se modifique el régimen de exención y deducibilidad previsto en la ley vigente para dichos contribuyentes.

Consideraciones

El sector primario, mismo que comprende la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, es una actividad económica de vital importancia en nuestro país. La mayoría de las personas dedicadas a dichas actividades, están sujetas a un régimen fiscal preferencial denominado “régimen simplificado” vigente desde octubre de 1989, el cual se basa en el flujo de efectivo, con el cual los contribuyentes pagan el impuesto sobre los ingresos efectivamente percibidos, de hasta diez millones de pesos y deducciones efectivamente erogadas.

En términos del artículo 81, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), están sujetas al régimen simplificado las personas morales que se dediquenexclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras los ejidos y comunidades, uniones de ejidos y de comunidades, empresas sociales, constituidas por avecindados e hijos de ejidatarios con derechos a salvo, asociaciones rurales de interés colectivo, unidades agrícolas industriales de la mujer campesina y colonias agrícolas y ganaderas, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de un monto equivalente a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica elevado al año por cada uno de sus integrantes, sin exceder en su conjunto de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal elevado al año, y que no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas.

Tratándose de ejidos y comunidades, así como uniones de ejidos y de comunidades, no será aplicable el límite de 200 veces el salario mínimo.

Se considera que realizan dichas actividades, de forma exclusiva cuando representen cuando menos 90 por ciento de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las ventas de activos fijos, o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubieran estado afectos a su actividad.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2012, se estima que existen un millón 553 contribuyentes del sector agropecuario, pesca y silvicultura, los cuales representan 1.1 por ciento.

Entre las facilidades administrativas que se otorgan actualmente se destaca:

• Los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, sujetos a este régimen pueden llevar una contabilidad simplificada.

• Tasa reducida de 21 por ciento, (30 por ciento menos que el régimen general). Los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas no pagarán el ISR por los ingresos provenientes de las mismas, siempre que no excedan en el año de 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente (SMGAGC), elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no excedan en su totalidad de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal (SMGDF), elevado al año; tratándose de ejidos y comunidades no será aplicable esta limitante.

• Utilidad. A los contribuyentes del sector primario, se les permite que los pagos provisionales de ISR sean determinados aplicando coeficiente de utilidad a los ingresos acumulables, en lugar de hacerlo restando a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas del periodo de que se trate. Esto puede resultar particularmente benéfico en los casos en que en el ejercicio anterior se haya obtenido una utilidad fiscal muy baja y, en consecuencia, el coeficiente de utilidad sea muy bajo.

• ISR por pagos de salarios de ciertos trabajadores, los patrones de los sectores primario y de autotransporte terrestre, pueden cumplir con sus obligaciones de retención de ISR por pagos de salarios de ciertos grupos de trabajadores, enterando el equivalente a un determinado porcentaje, respecto de los salarios pagados a dichos trabajadores, en lugar de aplicar las disposiciones legales correspondientes.

• Exención de una parte de sus ingresos, tanto para impuesto sobre la renta (para las personas morales hasta por 20 días de salarios mínimos anuales del área geográfica del contribuyente por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda de 200 salarios vigentes en el DF; exención para personas físicas hasta por un nivel de ingresos de 40 salarios mínimos anuales a su área geográfica) como para el impuesto empresarial a tasa única (IETU), etcétera.

• Deducciones autorizadas. Las personas morales del régimen Simplificado pueden deducir en el cálculo del ISR los gastos e inversiones relacionados con su actividad, aplicando el flujo de efectivo; es decir, considerarán sólo las erogaciones efectivamente pagadas en el ejercicio.

Las personas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, pueden disminuir hasta 18 por ciento del total de los ingresos propios, la suma de sus gastos por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, no obstante que sus comprobantes no reúnan requisitos fiscales.

El monto máximo deducible por concepto de donativos para la declaración anual es de hasta por una cantidad que no exceda del 7 por ciento de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. (Artículo 31, fracción 1, último párrafo de la LISR).

Gastos comunes. Los integrantes de las personas morales que se agrupen con el objeto de realizar en forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las actividades, pueden hacer deducible la parte proporcional del gasto en forma individual, aun cuando los comprobantes correspondientes estén a nombre de alguno de los integrantes, y siempre y cuando dichos comprobantes reúnan los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones fiscales.

• Las inversiones se pueden deducir como gasto siempre que los ingresos anuales de los contribuyentes no excedan de 10 millones de pesos.

• Pueden optar en tributar en el régimen intermedio para deducir sus inversiones en activos fijos, y los cargos y gastos diferidos considerando el total de las erogaciones realizadas en el ejercicio en el que sean efectivamente pagadas, excepto cuando se trate de automóviles, autobuses, camiones de carga, tracto camiones y remolques, los cuales se deducirán aplicando el porcentaje de depreciación que corresponda en el ejercicio y que se señala en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• Tasa de 0 por ciento del impuesto al valor agregado, los contribuyentes del sector primario realizan la enajenación de sus productos (animales y vegetales) sin llevar a cabo un proceso de industrialización, de tal suerte que les resulta aplicable el artículo 20.­A, fracción 1.

Entre los subsidios que el Gobierno Federal otorga al sector primario, destaca la instrumentación de programas de gasto público directo en apoyo a sus actividades, operados en su mayoría por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

De acuerdo con las consideraciones contenidas en la RFA de 2012, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los apoyos al sector agropecuario tienen por objetivo: Otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes de los sectores primario con el fin de considerar las características propias de operar de dichos sectores y que puedan seguir contando con algunos beneficios relacionados con sus formas de organización económica y no se les genere una situación de desventaja en relación con contribuyentes de mayor capacidad administrativa.

De acuerdo con un documento elaborado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para el 2013 se señala que “por lo que se refiere al sector primario, es entendible la existencia de dichos beneficios, tanto por la importancia que tiene el hecho de que el país produzca los alimentos que consume y no dependa en cuanto a alimentación de otros países, lo cual es trascendente para México, como por el hecho de que una parte de los productores de este sector no tienen suficiente capacidad administrativa para hacer frente a las obligaciones fiscales que derivan del complejo sistema tributario mexicano”.

Propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo federal

Tras un análisis realizado al paquete de reforma hacendaria enviada por el Ejecutivo federal, se observa la cancelación del régimen simplificado para el sector agropecuario y pesquero, por lo que se considera que traerá efectos negativos sobre la cadena alimentaria como resulta un alza en los precios y el decremento en la producción.

Entre las afectaciones que se tendrán está: un alza de más del 50 por ciento en la tasa de 15R para el sector (pasando del 21 hasta el 32 por ciento); incremento en los costos administrativos; disminución en la producción de alimentos nacional que pudiera afectar el crecimiento económico y pérdida de empleos.

En el sector agropecuario converge el sector industrial, como el tradicional, los cuales atendiendo a los principios de justicia y de proporcionalidad deberían ser tratados por la legislación de manera diferenciada.

El trato diferenciado está presente en muchas economías de países considerados emergentes o avanzados, tomando en consideración situaciones particulares a las cuales está expuesto el sector agropecuario, tales como los riesgos climáticos en ascenso que se enfrentan, heladas, sequías, huracanes; volatilidad de precios y costos de insumas superior a otros sectores; plagas y enfermedades de cultivos y animales. Es por ello, que los productores primarios se hacen acreedores a beneficios fiscales en México como en otras naciones.

La propuesta hacendaría del Ejecutivo federal, presentada el 8 de septiembre pasado, pretende eliminar el régimen diferenciado al suprimir el régimen simplificado del cual era beneficiario el sector agropecuario y pesquero, lo cual de aprobarse, le restaría competitividad a los productores nacionales, a la vez que promovería aún más la dependencia alimentaria y el incremento de las importaciones.

De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la propuesta de reforma hacendaria en cuestión, representará pérdidas para el sector primario, tanto en competitividad en el extranjero, por los subsidios que reciben los productores en diferentes partes del mundo; disminución de rentabilidad, al incrementarse sustancialmente la tasa de tributación, las facilidades y el costo administrativo para tributar en un régimen general; y se pierde productividad, ya que para incrementar la producción de alimentos se requiere forzosamente elevar la inversión en el sector.

El régimen de tributación del sector agropecuario y pesquero no es un esquema que exente del pago a quienes tributan bajo sus reglas, simplemente reconoce las condiciones económicas y sociales del sector, así como los riesgos inherentes del mismo.

Al respecto, en reunión sostenida el pasado 18 de septiembre con senadores integrantes de la Comisión de Pesca, el Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, Jesús Camacho Osuna, expuso que con los cambios propuestos, “se le dará un tiro de gracia al sector”; “es evidente que el efecto inmediato y directo es que muchos pescadores organizados en la actualidad, tenderán a omitir el registro de sus capturas y venderán el producto por su cuenta y riesgo, ya que ello les implica no pagar un impuesto”.

Señaló: “Estamos muy conscientes de que como ciudadanos mexicanos debemos cumplir con la obligación de contribuir para el gasto público, y lo hemos hecho siempre, conforme a la legislación fiscal vigente; sin embargo, creemos que se daría un trato injusto al sector, al tratar de homologarlo con los contribuyentes del régimen general, puesto que las condiciones y situaciones específicas de la actividad pesquera son totalmente distintas”.

Mientras que para la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), el hecho de eliminar el régimen diferenciado le restará competitividad y promoverá aún más la dependencia alimentaria y el incremento de las importaciones.

“No se puede concebir que un sector que no está siendo apoyado, que más lo requiere y ha demandado la atención del gobierno, lo hundan más con este tipo de decisiones”, expuso Carlos Mérigo Orellana, director de la Canainpesca, a la vez que señaló “la desaparición del régimen simplificado, el régimen intermedio y el de pequeños contribuyentes, como se plantea en la reforma hacendaria, llevará a todos esas empresas y productores a un esquema general con muchísimas obligaciones fiscales y un problema muy fuerte de control de deducciones de impuestos”.

Consideramos que el Estado mexicano debe continuar brindando las facilidades administrativas necesarias para fortalecer el desarrollo de las actividades primarias de la economía, que propicie un incremento y rentabilidad de la inversión y fomente la producción de alimentos.

Si bien es cierto, ha habido distorsiones en los apoyos fiscales que el gobierno ha hecho al sector primario, los regímenes de excepción no deben eliminarse.

Los legisladores Federales estamos obligados a escuchar a la sociedad y a los sectores productivos. Debemos enriquecer la iniciativa realizada por el Ejecutivo, corregirla donde se necesite, siempre desde la perspectiva de que el crecimiento depende del aparato productivo, en las micro, pequeñas y grandes empresas, que son las que generan los empleos.

En el caso de la pesca y acuacultura, que es a la comisión que represento, la reforma hacendaria en comento provocará que los productores pesqueros migren hacia la informalidad, a la pesca ilegal y las consecuencias socioeconómicas negativas que esto representa.

Es por ello que se solicita a las Cámaras del honorable Congreso de la Unión consideren no incrementar la tasa del impuesto sobre la renta de un 21 a un 32 por ciento a las personas físicas y morales que se dedican al sector primario y pesquero, que actualmente gozan de facilidades administrativas, a través del régimen simplificado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a las Cámaras del honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales, presentadas por el titular del Ejecutivo federal se elimine toda disposición que pretenda incrementar la tasa del impuesto sobre la renta a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras consideradas de régimen simplificado por la legislación actual, así como no se modifique el régimen de exención y deducibilidad previsto en la ley vigente para dichos contribuyentes.

Nota:

1 IMCO Facilidades Administrativas para 2013. Algunos Aspectos Relevantes de la Resolución de Facilidades Administrativas 2013 y Principales Cambios Respecto de la de 2012. Consultado en el sitio electrónico:

http://imcp.org.mx!wp-content!uploads!2013!01!Fiscoactualidades- enero-2013-01.pdf

Atentamente

Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores, a los 24 días del mes de septiembre de 2013.— Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

UNIDADES ESPECIALIZADAS EN NEFROLOGIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Salud con el siguiente punto de acuerdo:

“Único.El Senado de la República exhorta, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014, los recursos necesarios para la creación de unidades especializadas en nefrología en cada estado del país.”

Asimismo, le solicito deje sin efecto el oficio número OGPL-1P2A.-1484, de fecha 26 de septiembre de 2013.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

CENTROS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados la participación de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, dentro del Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para la Educación Media Superior.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Luis Sánchez Jiménez,  senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados la participación de los Cecatis dentro del “Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para la Educación Media Superior”, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La fracción V del artículo 3 de la Constitución advierte: “Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación cientí?ca y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

2. De lo anterior se desprende la obligación por parte del Estado Mexicano, de atender todos los tipos de educación en el país. Así, los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecatis), deben estar incluidos dentro del “Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior” otorgado a instituciones homólogas. Los Cecatis están adscritos a la Secretaría de Educación Pública, su enfoque es la capacitación laboral, razón suficiente para contar con este Fondo.

3. La necesidad de formación en recursos humanos que demanda el mercado laboral, llevan al modelo Cecati a considerarlo de vital importancia en el desarrollo potencial que el Estado mexicano requiere para concretar sus fines. Porque están destinados a incluir al mercado laboral a estudiantes. Llevan 50 años realizando esa labor con fines institucionales, sustentan su modelo educativo en competencias laborales y contribuyen a la formación de trabajadores capacitados, estudiantes con posibilidades de emplear su talento en el campo de trabajo.

4. La justificación de la Subsecretaría de Educación Media Superior para que los Cecatis no estén sujetos al apoyo del Fondo de Infraestructura, es su catalogación como “centros de formación para el trabajo”. Por simple denominación, no los incluyen en el nivel educativo medio superior.

5. Los Cecatis representan una eficaz alternativa para gran parte de la población, por las necesidades del sector productivo y económico. Ayuda directamente en áreas esenciales del país: trabajo y educación. Brindan elementos necesarios que fundamentan el servicio de formación para el trabajo; enseñanza práctica. Por este motivo requieren de una adecuada infraestructura que satisfaga estas necesidades: construcción, equipamiento, mobiliario y mantenimiento.

6. El apartado B, fracción II, del artículo 2 constitucional en su primera parte a la letra dice: “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior”.

7. Al igual el artículo 3 de la Carta Magna en su párrafo tercero indica: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Por lo anterior me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Cámara de Diputados que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación a los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, una partida presupuestal para infraestructura, que permita mejorar condiciones de construcción, equipamiento, mobiliario y mantenimiento de estos centros de educación.

Segundo.El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la inclusión en el “Fondo Concursable para la Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior” a los Cecatis.

Salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, a 10 de septiembre de 2013. — Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL EN VALLADOLID Y TEKAX, YUCATAN

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.—Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014 se consideren y destinen recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento de dos hospitales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax, en el estado de Yucatán.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador de la república por el estado de Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con base en las facultades que me confieren en el artículo 8, número 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la  República, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se consideren y destinen recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento de  dos hospitales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán, con base en las siguientes

Consideraciones

El acceso a los servicios básicos de salud debe considerarse como un derecho fundamental de toda la población, no sólo para mitigar las desigualdades socioeconómicas e inequidad, sino para fortalecer el crecimiento y desarrollo  de nuestro país.

Resulta lamentable que en México un gran porcentaje de la población no cuenta con los mecanismos suficientes de infraestructura para su atención médica oportuna.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), para 2009,  el 40.5 por ciento de la población no presentó algún tipo de afiliación a los servicios de salud o de alguna institución (IMSS, ISSSTE, Sistema de Protección Social en Salud  –Seguro Popular y Seguro Médico para una Nueva Generación–, Pemex, Sedena, Semar, instituciones de seguridad social estatales y otras del sector público), lo anterior resulta alarmante toda vez que los mexicanos continúan enfrentándose a serios problemas de acceso al cuidado médico.

En este sentido, Yucatán es un estado que si bien en los últimos años ha venido desarrollándose en materia de salud, su alcance aún no es suficiente para cubrir las necesidades sanitarias de la población. De acuerdo con el Inegi, en 2011 la cobertura de camas de hospital censadas por cada 100 mil habitantes fue de 90.2, cifra por debajo de estados como Campeche, Coahuila, Sonora, Baja California Sur o el Distrito Federal que en promedio contaron con 100 o más camas.

En estados como Tabasco e Hidalgo cuya densidad poblacional es semejante a la de Yucatán, el personal médico ascendió a más de 5 mil, mientras que en Yucatán sólo se contabilizaron 3,944 médicos.

Otro dato importante es que para 2011, el INEGI señaló que por cada 100 mil habitantes en Yucatán, se cuantificaron 57 consultorios públicos, cifra inferior a la media nacional de 64 y cantidad muy por debajo de estados como Baja California Sur con 95, Campeche con 86, Colima con 90, Nayarit con 94 o Tabasco con 101 consultorios. No cabe duda que este dato constituye un foco de atención para emprender acciones para el mejoramiento del sector.

Es conocido que una oferta inadecuada de médicos y enfermeras en las zonas más pobres así como una carencia de medicamentos, reduce la capacidad de proporcionar con calidad los Servicios de Salud en las entidades. Muestra de lo anterior es Yucatán que reporta una ocupación hospitalaria de 82.1 por ciento mientras que la media nacional es de 72.4 por ciento, colocando al estado como uno de los cinco con el mayor porcentaje de saturación, sólo por debajo de Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Morelos.

En otros ámbitos referentes al sector salud, los resultados para Yucatán no son los más alentadores. En 2011, el Estado se encontró en el lugar 22 respecto del número de quirófanos de sector público por cada 100 mil habitantes, donde la Entidad reportó 2.7 mientras que la media nacional fue de 3.2.

Ante esta situación, resulta necesario promover con mayores recursos la conclusión de dos hospitales generales de segundo nivel ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán, los cuales garantizarán salud pública gratuita a los ciudadanos de la Entidad que más lo requieran.

El primer hospital ubicado a 169 km de la ciudad de Mérida en el municipio de Valladolid, cuenta  con una superficie de terreno de 30 mil metros cuadrados y de construcción 10 mil 385 m2, inició su construcción en 2006 y aún cuando ya fue inaugurado en el año 2012, faltan recursos para su conclusión y equipamiento.

El hospital contará con un total de 60 camas, áreas de diagnóstico y tratamiento, consulta externa y hospitalización, así como servicios generales, plaza de acceso, jardín, salón de usos múltiples, sala de juntas y una pista denominada corredor de salud.

Este nosocomio cubrirá la demanda de servicios médicos de 250 mil habitantes de la región y dada la ubicación del mismo también brindará servicio a los habitantes del estado de Quintana Roo.

El segundo hospital se encuentra ubicado a 112 kilómetros de la capital de Mérida, en el municipio de Tekax, Yucatán. Los trabajos para la construcción del nosocomio iniciaron en el año 2005 sin que a la fecha se haya concluido.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, de 2007 a 2009 se destinaron a través del Presupuesto de Egresos de la Federación recursos por un monto de 94.51 millones de pesos para el hospital de Tekax.

Se tiene proyectado contar con 30 camas, 2 quirófanos, sala de expulsión, consultorios generales, laboratorio, rayos X, auditorio, almacén, cuarto de máquinas, oficinas administrativas, baños públicos, residencia médica, cocina, comedor, urgencias, y servicios generales.

El nosocomio beneficiará a una población de 150 mil habitantes de la región, por lo que para su conclusión y equipamiento se requiere de un presupuesto superior a los 35 millones de pesos.

En síntesis, resulta  necesario impulsar el sector salud a fin de garantizar con ello mayor calidad, cobertura y acceso al servicio médico para la población más desprotegida.

Por lo expuesto con antelación someto a consideración de esta soberanía la siguiente  proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se consideren y destinen recursos para la conclusión de la construcción y equipamiento de dos hospitales generales de segundo nivel, ubicados en los municipios de Valladolid y Tekax en el estado de Yucatán.

Notas:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Anuario de estadísticas por entidad federativa 2012. [Publicación en línea], páginas 167-199. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integrac ion/pais/aepef/2012/Aepef2012.pdf

2 IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pemex. Petróleos Mexicanos, Sedena. Secretaría de la Defensa Nacional, Semar. Secretaría de Marina.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de septiembre de 2013.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 62 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman las fracciones V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se reforman las fracciones V, VI, VIII, XI y XIV del artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 12. Son atribuciones de la federación:

I. a IV. ...

V. Realizar el inventario nacional forestal y de suelos en coordinación con las entidades federativas, así como determinar de manera conjunta los criterios de indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas y los municipios;

VI. Llevar a cabo la zonificación forestal del país, en su caso, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, en la cual se comprendan las áreas forestales permanentes de su ámbito territorial;

VII. ...

VIII. Emitir y vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente para la reforestación en zonas de conservación y restauración, dando la intervención que corresponda a las entidades federativas o municipios, pudiendo llevar a cabo, en su caso, la vigilancia de manera conjunta, conforme a los mecanismos previstos en esta Ley;

IX. a X. ...

XI. En coordinación con las entidades federativas, establecer las bases e instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios ambientales, así como para promover la compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales;

XII.y XIII. ...

XIV. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con las entidades federativas, así como con las dependencias y entidades federales competentes, los instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal;

XV. a XXXVII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 78, y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 27 y 78, y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se modifica y se adicionan dos párrafos al artículo 27, se reforma el artículo 78 y se adiciona el artículo 78 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 27.El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos que los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la conservación de los ejemplares y poblaciones nativos de la vida silvestre y su hábitat.

Las personas que posean algún o algunos ejemplares referidos en el párrafo anterior, como mascota o animal de compañía, deberán contar con autorización expresa de la Secretaría.

Aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicados por la Secretaría.

Artículo 78.Las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, de especímenes de especies silvestres, deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento, y para el caso de ejemplares vivos, contar con un plan de manejo autorizado por la Secretaría.

Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos fijos o itinerantes, circos y colecciones privadas, sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la Secretaría, y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Artículo 78 Bis.Los planes de manejo a los que se refiere el artículo anterior deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

a) Especies, número de ejemplares e información biológica de cada una de ellas;

b) Tipo de confinamiento por especie y número de ejemplares;

c) La descripción física y biológica del área y su infraestructura, y sus medidas de manejo por especie y número de ejemplares;

d) Dieta a proporcionar a cada ejemplar de acuerdo a su especie;

e) Cuidados clínicos y de salud animal;

f) Medio de transporte para movilización;

g) Medidas de mantenimiento, seguridad e higiene;

h) Aspectos de educación ambiental, de conservación y reproducción de las especies, con especial atención en aquéllas que estén en alguna categoría de riesgo;

i) Medidas para garantizar el trato digno y respetuoso durante su confinamiento, manejo, traslado, exhibición, adaptación a un nuevo espacio y entrenamiento responsable, entre otros;

j) Calendario de actividades;

k) Las medidas de seguridad civil y contingencia;

1) Los mecanismos de vigilancia;

m) Los métodos de contención a utilizar en caso de alguna emergencia o contingencia;

n) El tipo de marcaje de los ejemplares por especie, y

o) Aquellas establecidas en el Reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Previo a la autorización del plan de manejo, la Secretaría, considerando las dimensiones, características, número de especies o ejemplares, estará facultada para constatar físicamente que los predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, cuenten con el área e infraestructura necesarias para su manejo, así como con la capacidad técnica y operativa suficientes para ejecutar los planes de manejo.

La Secretaría emitirá los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie para su vida en confinamiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de dieciocho meses para armonizar el reglamento respectivo.

Tercero.LaSecretaría emitirá guías técnicas que establezcan los requerimientos mínimos necesarios para el manejo de cada especie en confinamiento de acuerdo a lo establecido en último párrafo del artículo 78 Bis, en un plazo de dieciocho meses.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Pasamos al siguiente asunto.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.— 2010-2013.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 762/2013 XIII P.E., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el Congreso del Estado de Chihuahua, formula ante el Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, referente a licencias por maternidad y/o paternidad.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 5 de septiembre de 2013.— Diputado René Franco Ruiz (rúbrica), Presidente del XIII periodo extraordinario de sesiones del honorable Congreso del Estado de Chihuahua.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.

La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su decimotercer periodo extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, tiene a bien enviar al Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos que más adelante se precisa:

Artículo Primero. Se adicionan tres párrafos a la fracción V del apartado A, y tres párrafos al inciso c) de la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a IV. ...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y, seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Para el caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

VI. a XXXI. ...

B....

I. a X. ...

XI. ...

a) y b). ...

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación: gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta dos meses y medio posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Para el caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien lo expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de dos meses con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

d)al f). ...

XII. a XIV. ...

Artículo Segundo. Se adiciona con el inciso f) la fracción VIII del artículo 43, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 43. ...

I. a VII. ...

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las condiciones generales de trabajo, en los siguientes casos:

a) al e). ...

f).Con motivo de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Contado a partir del alumbramiento o de que recibió a su hijo adoptivo.

IX. y X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo y del dictamen que le dio origen, al Congreso de la Unión, para todos los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece.— Diputados: René Franco Ruiz, presidente; Alejandro Pérez Cuellar, Amelia Cázares Esparza, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.— 2010-2013.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 763/2013 XIII PE, así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el honorable Congreso de Chihuahua formula ante esa alta representación iniciativa con carácter de decreto que modifica y reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la prima vacacional.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 5 de septiembre de 2013.— Diputado René Franco Ruiz (rúbrica), Presidente del decimotercer periodo extraordinario de sesiones del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.

La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su decimotercer periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua tiene a bien presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que modifica y reforma el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. Esta prestación será pagada por el patrón, el día anterior hábil en que inicie el trabajador a disfrutar su periodo vacacional.

En lo que respecta a aquellos trabajadores que perciban en concepto de salario cuota diaria hasta el equivalente a cuatro salarios mínimos generales, tendrán derecho a recibir una prima no menor al cien por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones a disfrutar.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo y del dictamen que le dio origen a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a cinco de septiembre de dos mil trece.— Diputados: René Franco Ruiz, presidente; Alejandro Pérez Cuellar, Amelia Cázares Esparza, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 477-LX-13, en el que de manera atenta y respetuosa, se eleva a su consideración la iniciativa de ley que propone reformar la fracción IV inciso e) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos que se describe en el acuerdo legislativo de referencia del que se adjunta copia.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”

Guadalajara, Jalisco, septiembre 12 de 2013.— Doctor Marco Antonio Daza Mercado (rúbrica), secretario general del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos Diputados del Congreso del Estado.— Presentes.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de acuerdo legislativo presentada por el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, que “eleva a la consideración del Congreso de la Unión iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas ciudadanas”, para lo cual los firmantes miembros de esta comisión legislativa nos permitimos presentar el dictamen que la resuelve, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y con base en la siguiente:

Parte expositiva

I. Que con fecha 29 de noviembre de 2012, el diputado Juan Carlos Márquez Rosas presentó ante el pleno del Congreso del estado la iniciativa de acuerdo legislativo que eleva a la consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas ciudadanas.

II. Que con fecha 12 de diciembre de 2012 la asamblea legislativa turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, la iniciativa a que hace referencia el punto que antecede, misma que conforme al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondió el turno al diputado José Gildardo Guerrero Torres, para su dictamen.

III. Que la iniciativa que ahora se dictamina, fue presentada en los siguientes términos:

“Exposición de Motivos

I. La reforma política aprobada por el Congreso de la Unión, implica el cumplimiento de una asignatura pendiente en el ámbito de la democracia y la participación ciudadana en México, en ella, uno de los temas que sobresalen es precisamente el de las candidaturas independientes, mismo que de acuerdo a los tratados internacionales de los que México es parte y por la propia dinámica social y política en nuestro país, hace más que necesario, urgente, el que el Congreso del Estado de Jalisco analice e implemente esta figura en nuestro sistema legal.

II. La reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del presente año, implica, entre otros puntos, la modificación del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que garantiza la ampliación del derecho de todo ciudadano a ser votado cuando soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

La reforma federal dispone en su artículo tercero transitorio, que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor.

III. El citado tema, no parte exclusivamente de la reforma política federal, pues los ciudadanos, los partidos políticos y los estudiosos del derecho y de la política, han venido insistiendo en el mismo desde hace ya mucho tiempo.

Para Miguel Carbonell, en su artículo de Participación Política y Candidaturas Independientes, “uno de los temas más debatidos dentro del ya extenso ciclo de reformas electorales que ha vivido México en los últimos 30 años, tiene que ver con las modalidades de la participación política. En buena medida, varias de dichas reformas sirvieron para ir dando cauce de expresión política y democrática a fuerzas que antes no tenían manera de integrarse institucionalmente a la vida pública nacional.”

Continúa señalando el citado autor, que “Es precisamente en ese contexto en el que se avanza hacia la creación de los diputados plurinominales, se facilita la creación de nuevos partidos, se crean figuras como las de senadores de primera minoría, etcétera.

Con todo y eso, es probable que sigan faltando canales que incentiven la participación política en los procesos electorales, sobre todo bajo modalidades que no tengan que pasar por esas fortalezas cerradas en las que actualmente se han convertido los partidos políticos.”

IV. Coincidimos en la necesidad de implementar este derecho fundamental en el andamiaje jurídico local, para ello es necesario señalar que los diputados del Partido Acción Nacional no vemos en las candidaturas ciudadanas una amenaza al sistema de partidos políticos, sino la expresión máxima de un derecho fundamental ciudadano, siendo ésta la razón principal de nuestro apoyo total al tema.

V. Los diputados del Partido Acción Nacional en el estado de Jalisco, hemos sido impulsores de temas relativos a la ampliación de la esfera de los derechos ciudadanos fundamentales, de la participación ciudadana y de la democracia directa, muestra de ello es sin duda, el que en la reforma federal se contemplan además de las candidaturas independientes, figuras como la iniciativa ciudadana y la consulta popular, mismas que ya se encuentran vigentes en el estado de Jalisco y que muestran nuestra vocación democrática y un camino ya avanzado en el perfeccionamiento de la participación ciudadana. Por lo que hoy, en aras de ampliar este abanico de derechos y oportunidades ciudadanas de participación, presento la iniciativa por la que se propone una reforma federal para considerar la figura de las candidaturas ciudadanas, como un medio al alcance de los ciudadanos que busquen competir en los procesos electorales locales, sin tener que hacerla a través de un partido político.

Identificación del problema

Estando totalmente de acuerdo con el fondo de la reforma federal, encontramos que en la misma se omitió el estudio total del impacto de esta nueva figura en la Carta Magna, pues se pasó por alto el hecho de que se requiere una reforma complementaria que abarque además la reforma del artículo 116, mismo que establece en su fracción IV inciso e) lo que a continuación se transcribe:

“Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o. apartado A fracciones III y VII de esta Constitución.”

En este sentido, para que la reforma sea completa y aplicable plenamente en las entidades federativas, es necesario modificar la redacción del citado artículo que perfeccione este nuevo sistema tanto para las elecciones federales, como para las de los propios estados.

Los diputados del Partido Acción Nacional estamos firmes en este compromiso y no por ser un tema de moda, en concreto, es de señalar que desde la aprobación de nuestra plataforma política 2012-2018, en el rubro de Gobernabilidad Democrática y Fortalecimiento de las Instituciones, establecimos este compromiso de fortalecer a la ciudadanía, tanto a organizaciones de la sociedad civil, como al ciudadano en lo individual, quien exige ser escuchado y atendido por las autoridades; por lo que el compromiso es promover mejores condiciones y espacios de participación de los ciudadanos en el ejercicio de análisis y reflexión, por lo que esperamos explotar al máximo el verdadero sentido de la democracia.

Propuesta

Para ello señalamos en concreto que la propuesta consiste en modificar el artículo 116 de la Carta Magna de acuerdo a lo que a continuación se presenta:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. a la III. ...

IV. Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:

a) a la d)...

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución, y se garantice el derecho a los ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

f) a la n)...

V. a la VII. ...

Por lo anteriormente expuesto, y en los términos ya precisados, sometemos a la consideración del pleno del Congreso del estado de Jalisco, la siguiente

Iniciativa de acuerdo legislativo que eleva a la consideración del Congreso de la Unión la diversa iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 116 fracción IV inciso E), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se eleva a la consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma el artículo 116 fracción IV inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

...

I. a la III. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:

a) a la d)...

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución, y se garantice a los ciudadanos el derecho de solicitar su registro de manera independiente siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación de la materia;

f) a la n)...

V. a la VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa realización del procedimiento a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Las entidades federativas, deberán a adecuar la legislación secundaria en un término máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.”

Ubicados los antecedentes de la iniciativa objeto del presente estudio, se procede a señalar los criterios, razonamientos, motivaciones y fundamentos que se tomaron en cuenta para resolver el sentido del dictamen, lo anterior con base en la siguiente:

Parte considerativa

I. Que es facultad de esta LX Legislatura del estado de Jalisco presentar iniciativa de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, los cuales a la letra dicen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III. A las legislaturas de los estados; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

...

...

...

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Artículo 153.

1. El Congreso del estado puede presentar iniciativas de ley o decreto ante el Congreso del Estado de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Las iniciativas de ley o decreto son resoluciones que el Congreso del estado, a propuesta de cualquiera de los diputados o de las comisiones legislativas, emite para plantear al Congreso del Estado de la Unión, la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes federales o artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueban mediante acuerdo legislativo; el cual debe ser votado en la siguiente sesión en que fue presentado.

3. El voto que el Congreso del estado emite en su calidad de integrante del constituyente permanente federal, sigue el mismo trámite que las iniciativas de ley.

II.Que es competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, conocer de la iniciativa que ahora nos ocupa, de acuerdo con lo que establece el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el cual señala lo siguiente:

Artículo 97.

1. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:

I. Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la particular del Estado;

II. Las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del Estado y los que la Constitución Federal le autorice reglamentar;

III. Las competencias y controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo previsto en los artículos 76 fracción VI y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo;

V. El reglamento de esta ley y demás disposiciones reglamentarias;

VI. La revisión de los dictámenes de las demás comisiones, relativos a leyes del Estado en cuanto a la Constitucionalidad, contravención a otras normas legales, técnica legislativa, congruencia interna y la corrección de estilo;

VII. El análisis y la revisión permanente de la legislación sustantivo jalisciense buscando su codificación y armonía;

XI. (sic) La propuesta ante la Junta de Coordinación Política de la terna para el nombramiento del titular del órgano técnico de Puntos Constitucionales y Técnica Legislativa;

XII. (sic) La supervisión y coordinación del órgano técnico de Técnica Legislativa; y

XIII. (sic) La propuesta a la Asamblea del nombramiento y la remoción de los servidores públicos del órgano técnico de Técnica Legislativa.

III. Que el objetivo principal de la iniciativa propuesta es dar congruencia y armonía al artículo 116 de la Constitución con la reforma al artículo 35 de nuestra Carta Magna en materia de candidaturas independientes.

IV. Que la comisión dictaminadora considera procedente la iniciativa de acuerdo legislativo del diputado Juan Carlos Márquez Rosas, en sentido de que para efecto de dar armonía y certeza jurídica respecto de las candidaturas es necesario adecuar lo establecido en el artículo 116 constitucional derivado de las reformas al artículo 35 del mismo ordenamiento en materia de candidaturas independientes, por lo que es de aprobarse la iniciativa en la forma y términos propuestos.

Parte resolutiva

Por lo anteriormente expuesto, y en los términos ya precisados, sometemos a la consideración del pleno del Congreso del Estado de Jalisco, el siguiente

Acuerdo legislativo

Artículo Único. Se eleva a la consideración del Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma la fracción IV inciso e) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:

a) a la d)...

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución; y se garantice a los ciudadanos el derecho de solicitar su registro de manera independiente siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación de la materia;

f) a la n)...

V. a VII. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar la legislación secundaria en un término máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Atentamente

“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”

Guadalajara, Jalisco. Agosto de 2013.— Diputados: José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Miguel Castro Reynoso, José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), J. Jesús Palos Vaca (rúbrica), Edgar Enrique Velázquez González (rúbrica), Roberto Mendoza Cárdenas (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Julio Nelson García Sánchez (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Juan Carlos Márquez Rosas (rúbrica), Norma Angélica Cordero Prado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 1o. de octubre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 8, fracción I; 164, párrafos 1 y 2; 169, párrafos 1 y 4; 172, párrafo 1, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, en este acto presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público.

Exposición de Motivos

La deuda neta total del sector público se encuentra integrada por la deuda interna y externa del gobierno federal, deuda de organismos y empresas públicas, de la banca de desarrollo, de fondos y fideicomisos diversos, del fideicomiso de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas (FARAC), de pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (PIDIREGAS) y del programa de apoyo a deudores.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta junio de 2013, el monto de la deuda neta total del sector público ascendía a 6 billones 62 mil millones de pesos.

En valores absolutos, la deuda ha crecido un 200 por ciento en los últimos doce años, ya que en el año 2000 ascendía a poco mas de 2 billones de pesos, contra los más de 6 billones que ya mencionamos se registraron en junio pasado. Visualizando la evolución de la deuda como porcentaje del producto interno bruto (PIB), tenemos que en el año 2000 la deuda representaba el 30.7 por ciento del PIB y para el cierre de 2012 representó el 36.8 por ciento del PIB, un crecimiento de 6.1 por ciento en 12 años.

Sin embargo, el conjunto de políticas equivocadas que ha implementado el actual Gobierno Federal, de acuerdo con información de la propia Secretaría de Hacienda señala que al cierre de 2013 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicará en 39 por ciento y peor aún, para el cierre de 2014, el Saldo Histórico se ubicará en 40.5 por ciento del PIB. Lo anterior significa que en su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto habrá crecido la deuda neta total en 2.2 por ciento del PIB y para el cierre de su segundo año un 1.5 por ciento, un crecimiento total del 3.7 por ciento en los dos primeros años de gestión.

Es por demás evidente que el actual gobierno federal no tiene certeza de qué camino debe seguirse para desarrollar al país sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas, veamos el porqué de nuestra afirmación: para el actual ejercicio 2013 los ingresos totales del gobierno federal serán de 3 billones 601 mil 72 millones de pesos contra un total de gastos por 3 billones 927 mil 395.7 millones de pesos, es decir, se tiene un balance económico negativo para 2013 calculado hasta el día de hoy en 326 mil 323.7 millones de pesos, es por ello que la falacia pintada desde principios de año del déficit cero, solo la creyeron aquellos que ignoraron desde el principio que se tenía que recurrir a mayores endeudamientos para cumplir con los compromisos de gastos del paquete económico 2013.

Para el ejercicio 2014, el balance económico negativo será peor ya que crecerá en más de 90 por ciento respecto de 2013, ya que se estima al día de hoy en 620 mil 415.1 millones de pesos, debido a que se considera tener ingresos por 3 billones 829 mil 476.2 millones de pesos y se tiene un total de gastos programados por 4 billones 479 mil 954.2 millones de pesos, todo esto de acuerdo con la propuesta de paquete económico 2014 presentado al poder legislativo. Lo anterior significa en palabras llanas un mayor nivel de endeudamiento para poder operar los distintos compromisos del gobierno federal.

La política de continuar endeudando al país nos está llevando a un callejón sin salida que puede acabar frenando cualquier posibilidad de desarrollo, como ejemplo del daño que estas medidas seguirán causando a las finanzas públicas tenemos el hecho de que para sufragar el costo financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014, se requerirán 45 mil 561 millones de pesos, este monto es superior en 7 mil 551.4 millones de pesos con relación a lo aprobado en 2013, lo que en términos reales implica un significativo incremento de 15.5 por ciento. Para el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cosa no está mejor, para sufragar el costo financiero de la entidad, se propone para 2014 un monto por 15 mil 419 millones de pesos, cantidad mayor en 3 mil 137.3 millones de pesos respecto del presupuesto que se aprobó en 2013, lo que corresponde a una significativa expansión a tasa real de 21 por ciento.

Para garantizar finanzas públicas más sanas es urgente poner límites a la política de financiar el desarrollo con mayores niveles de endeudamiento, ya que en los hechos reales este camino no ha contribuido a mejorar los niveles de vida de la población en México, los millones de mexicanos viviendo en pobreza y pobreza extrema son la muestra más palpable de ello. Por ello, se vuelve necesario que se establezca con toda claridad cuál es el límite máximo de endeudamiento que como porcentaje del producto interno bruto puede ser contratado en un momento dado.

El actual gobierno ha señalado en la propuesta de paquete económico 2014 que para enfrentar los problemas coyunturales y para acelerar la consolidación de la agenda económica estructural, aplicará una política fiscal con déficits transitorios y decrecientes de 2014 a 2016.

Así, para 2014 se prevé trabajar con un déficit de 1.5 por ciento del PIB al tiempo que la deuda neta total del sector público llegaría al 40.5 por ciento del PIB, para 2015 se trabajaría con un déficit del 1 por ciento mientras la deuda neta total subiría hasta 41 por ciento del PIB, para el 2016 el déficit sería del 0.5 por ciento del PIB y la deuda neta total sería el 40.9 por ciento del PIB, para 2017 se estima que finalmente se podría trabajar con un presupuesto balanceado mientras la deuda se ubicaría en un 40.1 por ciento del PIB, para el año 2018 el endeudamiento oscilaría en el 39.5 por ciento del PIB. Sin embargo, nada garantiza que el gobierno federal efectivamente aplicará las medidas correctas que permita bajar el nivel de endeudamiento en relación con el PIB, la redacción actual de la Ley General de Deuda Pública y en lo particular su artículo noveno nunca consideran esta posibilidad, el artículo en cuestión textualmente señala:

Articulo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal y de las entidades del sector público federal incluida en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.

Considerando que para el ejercicio 2014 se anticipa un entorno internacional donde Estados Unidos de América forzosamente enfrentarán el dilema de aumentar su capacidad de endeudamiento y seguir aplicando recortes presupuestales, mientras que el gobierno mexicano planea financiarse principalmente en el mercado interno, privilegiando la emisión de instrumentos de mediano y largo plazo nominales e indizados a la inflación y con el propósito de amarrar a nuestro gobierno a evitar endeudamientos sin control al tiempo que se le da la holgura necesaria para que opere de acuerdo con sus actuales proyecciones económicas, la presente iniciativa de reforma considera necesario modificar el artículo noveno de la Ley General de Deuda Pública, agregando al final del artículo actual la consideración de que:

“El monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 41 por ciento del producto interno bruto de la nación.”

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público

Artículo Único. Se reforma el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública con el propósito de poner un límite máximo a la deuda neta total del sector público para quedar como sigue:

Artículo 9o. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal y de las entidades del sector público federal incluida en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. El monto de la deuda neta total del sector público nunca deberá ser superior al 41 por ciento del producto interno bruto de la nación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, el 1o. de octubre de dos mil trece.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

COMENTARIOS RELATIVOS A LA SITUACION DE EMERGENCIA, A CAUSA DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES DE LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es el relativo a agenda política, comentarios relativos a la situación de emergencia provocada por los daños ocurridos en diversas entidades del país a causa de las lluvias torrenciales de los días 15, 16 y 17 de septiembre.

Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza el señor diputado José Angelino Caamal Mena.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en la víspera de la conmemoración de la Independencia, dos fenómenos climatológicos azotaron el Pacífico y el Golfo de México, los huracanes Ingrid y Manuel dejaron una estela de destrucción en 18 estados del país, provocando hasta el momento la pérdida de 157 vidas y 8 mil personas desplazadas.

Comunidades enteras fueron arrasadas por la furia de la naturaleza, ocasionando que miles de familias quedaran en el desamparo. A todos ellos nuestra más sincera solidaridad. Y a quienes perdieron a sus familiares, nuestro más sentido pésame.

Una vez más ante la tragedia la sociedad demostró la calidad humana del pueblo mexicano, que a través de acciones individuales y colectivas colmaron los centros de acopio con toneladas de víveres para los millones de mexicanas y mexicanos en desgracia. Sin importar posición social o económica, política o ideológica, la cercanía o no con los estados afectados, la sociedad mostró a plenitud su rostro humano y solidario. Nuestro mayor reconocimiento a todas y todos ellos.

Ahora nos toca a nosotros mostrar la madurez política para tomar las decisiones que respondan al reto que significa la reconstrucción de los estados dañados. Los gobiernos federal, estatales y municipales tendrán la alta responsabilidad de aplicar los recursos para atender las necesidades de la población con absoluta transparencia y honradez. Deben actuar sin sesgos partidistas o políticos, procurando ante todo el bienestar de los sectores en situación de vulnerabilidad.

Hay comunidades como las asentadas en la sierra de Guerrero que aún no recibían el apoyo acorde con la urgencia de sus necesidades.

La reconstrucción no será fácil ni sencilla. Requerirá de recursos públicos importantes para recuperar la infraestructura carretera, los servicios básicos, apoyar con créditos a comerciantes, productores y empresarios que perdieron el sustento de sus familias.

Resulta prioritario además reparar las escuelas y centros educativos dañados para que nuestras niñas, niños y jóvenes recuperen sus espacios educativos y no pierdan sus días escolares.

Desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza hacemos un atento y respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas y al Ejecutivo federal para que, sin dilaciones, asumamos el compromiso de que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación —que tenemos que aprobar en los próximos días— se contemplen los recursos para la reconstrucción de los estados afectados, que esos recursos se distribuyan con criterios objetivos e imparciales, dirigidos a aquellos que más lo necesitan, que establezcan mecanismos de transparencia para que el Presupuesto asignado se aplique de manera inmediata, pero con absoluta transparencia y honradez.

Exhortamos a los señores gobernadores y presidentes municipales a actuar con ética y absoluta probidad.

El asunto presupuestal es urgente, sin duda, pero no es lo más importante. Debemos reconocer —como lo ha hecho la autoridad— que ante la tragedia no se pueden evadir responsabilidades. Si bien la capacidad de destrucción de la naturaleza es impredecible, las pérdidas humanas y materiales pudieron ser mucho menores, sin las fallas de coordinación para prevenir a la población sobre la magnitud del fenómeno climatológico, si hubieran actuado a tiempo y con certeza.

Esperamos que las autoridades competentes realicen una seria investigación para fincar las responsabilidades correspondientes. Pero eso sí, también que quede claro, por la consecuencia de los desastres no puede haber impunidad, pero tampoco se debe lucrar políticamente con la tragedia de la gente.

Compañeras y compañeros legisladores, existe una inconformidad social manifiesta porque la ciudadanía percibe que sus representantes no estamos a la altura de las circunstancias que demandan hoy las necesidades. No podemos regresar el tiempo, pero sí podemos asumir el compromiso con nuestra sociedad mexicana de hacer todo lo que esté al alcance nuestro para atender de manera prioritaria la demanda de nuestros hermanos damnificados.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza asume la responsabilidad de legislar, a fin de evitar la expansión de más asentamientos irregulares que pongan en riesgo la vida de nuestra población. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado José Angelino Caamal Mena.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el señor diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del señor diputado Felipe Camarena. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Nada más, señor presidente, invitarlo a que por su conducto, el día de ayer, sobre todo los grupos de izquierda pidieron el que se tratara este punto en la agenda política el día de hoy, y vemos con mucha preocupación y mucha tristeza que ahorita la intervención que tuvo el compañero diputado del Partido Nueva Alianza, ni siquiera fue escuchada, es un tema que ellos mismos pidieron que se llevara a cabo el día del hoy, y creo que lo menos que deben hacer es poner atención en un punto tan importante como lo estaban solicitando el día de ayer. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias. Su expresión queda registrada en el Diario de los Debates. Adelante, diputado Jorrín.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, a las 9 de la noche del sábado 14 de septiembre, el semáforo del Sistema Nacional de Protección Civil se mantenía en color amarillo, no naranja ni rojo. Por su parte, a esa hora el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, sostenía una reunión con el Consejo Estatal de Protección Civil para evaluar las acciones preventivas y a la espera de que el semáforo de Gobernación decretara oficialmente la alerta naranja, situación que ocurrió hasta la 1:30 de la mañana, el domingo 15 de septiembre, cuando ya había decesos, deslaves e inundaciones en Chilpancingo, en Acapulco y en la autopista del Sol.

David Korenfeld, director general de la Comisión Nacional del Agua, se deslinda diciendo que aunado a la gran cantidad de agua que dejaron los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, la situación se agravó por el desvío de cinco ríos cuyo cauce natural fue modificado para construir viviendas. Pero no explica porqué los expertos de Conagua no hicieron una estimación de los volúmenes de agua y verificaron las presas o los ríos desbordados para avisar a Protección Civil del peligro, para emitir la alerta roja y desalojar a la población para evitar más muertes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil también se deslindó y reportó que los que fallecieron fue por actos de corrupción, que funcionarios extendieron permisos para construir viviendas, carreteras, hoteles e infraestructura de servicios en zonas de alto riesgo. Pero no enuncia porqué no emitió la alerta roja, si ya existían muertos y había deslaves e inundaciones.

Quiero comentarles que también Conagua considera que hizo el aviso correspondiente a través del Facebook y del tuiter. Quiero preguntarles si en la montaña existe tuiter o existe Face.

Se debe investigar y afrontar las responsabilidades de la autorización de asentamientos en zonas de alto riesgo, pero también ante la difícil situación que viven los estados a consecuencia de los desastres naturales en mención, las carreteras y vías de comunicación se dañaron gravemente, dejando en estado de incomunicación e indefensión total a los municipios más afectados, imposibilitando la llegada de víveres y apoyo a las comunidades más vulnerables.

Necesitamos más apoyo del gobierno para poder implementar el transporte aéreo como puente de acceso a las comunidades afectadas, a las cuales no se puede ingresar por vía marítima o terrestre, con el objeto de que se reciba el apoyo a tiempo. De no hacer esto de manera inmediata aumentará en forma desmedida el número de víctimas y consecuencias de estos desastres naturales que sacuden a nuestro país.

Por otra parte, los daños provocados por dichos fenómenos naturales son de la más diversa índole, por lo que el monto de los recursos para la reconstrucción de infraestructura en los 23 estados afectados será cuantioso. Esto debido a que se tendrán que atender —entre muchas otras cosas— a 57 carreteras federales, 15 autopistas y 980 caminos rurales, así como cerca de 50 mil viviendas.

Ante ese escenario, cifra preliminar de la Secretaría de Gobernación, se indica que se requieren 40 mil millones de pesos tan solo para reparar las carreteras y caminos en los diferentes estados.

En el mismo sentido, los gobernadores de los estados afectados han solicitado recursos extraordinarios para la reparación de los daños. Guerrero ha solicitado 5 mil millones de pesos; Chiapas, mil 200; Oaxaca, mil millones; Tamaulipas, mil millones; Michoacán, 100 millones; Jalisco, 700 millones.

Estas cifras son, por mucho, superior a los 12 mil 507 millones de pesos con los que cuenta el Fonden para desastres naturales. Aun cuando se sumen los 5 mil millones de pesos que originalmente estaban asignados al Programa de Aceleración Económica para Tareas de Repavimentación y que podrán ser utilizados para labores de reconstrucción, el propio titular del Ejecutivo federal declaró el 23 de septiembre que los recursos del Fonden son insuficientes.

Con objeto de generar un plan de reconstrucción en vivienda, salud, educación y recreación de la producción del campo e inculcar una cultura de prevención, es que se debe generar una reunión de trabajo con los directores del Fonden, Sedesol, Comisión de Transportes, Segob, Conagua, Protección Civil y los legisladores federales de los estados afectados, en la Cámara de Diputados, creando una verdadera coordinación de todos los actores mencionados a favor de las zonas afectadas y de sus habitantes, proponiendo que los recursos del Fonden deben aumentar considerablemente, con una transparencia real, creando fideicomisos supervisados por la sociedad civil y diputados mediante consejos de vigilancia.

Quiero comentar y hacernos una pregunta, ¿hacia dónde llevamos al país después de este desastre? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué actividades concretas se tendrán que realizar por el Fonden, por el Ejecutivo federal y por la Cámara de Diputados?

Hoy fue el huracán, el huracán Manuel, mañana serán las heladas en el norte, pasado mañana será el huracán hacendario. Posteriormente vendrá la recesión. Cambiemos este panorama.

Señor presidente, es de sabios reconocer, hay una equivocación al haber seleccionado a estos funcionarios. El funcionario de Conagua no funcionó, no tuvo la capacitad para calcular el volumen de agua que caía sobre el país. La reforma fiscal traerá graves problemas, será mejor aumentar la productividad.

Señor presidente, con las acciones que está usted tomando está usted uniendo al país, está uniendo a los contadores fiscalistas, está uniendo a los maestros, está uniendo a todas las fuerzas productivas del país, a los empresarios. Pero los está uniendo en su contra. No llevemos al país a un fracaso, aún estamos a tiempo de poder hacer un plan de reconstrucción, de productividad en el campo.

Llamemos a todas las fuerzas vivas de trabajo que tiene este país. Llamemos a nuestros agrónomos que se encuentran sin empleo para que hagan un plan de reconstrucción del campo. Llamemos a todos los ingenieros para que participen en la reconstrucción de las vías carreteras. Hagamos proyectos estratégicos que puedan detonar el desarrollo del país. No sigamos por una política mediática, en donde solamente le demos imagen a la población.

Hoy a través de los medios de comunicación, compañeros, se pudo ver al desnudo la pobreza que tiene el país. Todo lo que no hemos conocido lo estamos viendo a través de los medios: la pobreza extrema y la falta de desarrollo. El sur sureste requiere un apoyo fundamental de parte de los diputados.

Compañeros, aprobemos una reforma al Presupuesto y digámosle no a esta reforma fiscal, que afectará la productividad del país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Cantú Garza.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es de todo conocido que hace poco más de dos semanas las intensas lluvias han provocado desastres de todo tipo, incluyendo la pérdida de vidas humanas.

Los estados mayormente afectados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa nos han mostrado que la naturaleza no perdona. La naturaleza hace que a la larga la corrupción o la ineficiencia de las autoridades afloren.

No obstante que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 27 y 116, se establece una planeación de desarrollo urbano y que ello obliga a que haya una Ley General de Desarrollo Urbano, se autorizaron modificaciones de uso de suelo y se otorgaron licencias para construir en sitios que no tienen vocación de casa habitación y que no cuentan con la menor seguridad para las casas y las familias que ahí viven.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que las disposiciones de la Ley Federal de Protección Civil no fueron debidamente tomadas en cuenta.

Es cierto que las condiciones particulares del puente de fiestas patrias hacían que miles de mexicanos salieran de vacaciones. Pero faltó la información oportuna para que se tomaran las medidas conducentes.

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo lamentamos la pérdida de vidas humanas. Al igual que todos los mexicanos, hemos sido solidarios con nuestros hermanos en desgracia.

Las fuertes lluvias de hace dos semanas nos mostraron lo frágil que es la infraestructura carretera y de puentes. No obstante que se han liberado recursos del Fonden, Fondo de Desastres Naturales, las necesidades son infinitas, prácticamente en el Presupuesto del próximo año tendremos que incrementar partidas para restablecer la infraestructura dañada y reordenar los asentamientos humanos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, dentro de la tragedia lo rescatable es la solidaridad que los mexicanos tenemos con nuestros hermanos contra los cuales la adversidad se ensaña. Como en 1985, tras los sismos de la Ciudad de México, a lo largo de todo el país millones de mexicanos han aportado su esfuerzo para enviar ayuda. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, en la zona de La Montaña de Guerrero hay sitios en los que la ayuda aún no llega por estar en zonas aisladas.

Ojalá los helicópteros de los gobiernos federales y de los estados —particularmente de éstos— se les dieran un mejor uso para hacer llegar la ayuda a quienes lo necesitan y no andar armando parafernalias. Lo peor que se puede hacer es medrar con la desgracia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en los próximos días tendremos la responsabilidad de destinar recursos públicos en apoyo de los damnificados y de ayudarles a recuperar lo perdido. Pero las demandas no son a futuro, en Guerrero, Oaxaca, Colima, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y muchos estados más la gente exige ayuda hoy.

Por eso exigimos al gobierno federal que de manera urgente realice un programa en el que se elimine de aquí a diciembre el gasto que no tenga una clara orientación social, y que esos recursos para gastos no prioritarios se canalicen a la ayuda pronta y oportuna que las poblaciones afectadas requieren con urgencia para atender sus necesidades.

A todas estas personas que sufren de la desgracia producida por los embates de la naturaleza les brindamos nuestra solidaridad, y les decimos con toda convicción que desde esta tribuna vigilaremos que esta ayuda no se quede en discurso y que el gobierno federal tome cartas en el asunto de manera pronta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Ricardo Cantú Garza.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda alguna nuestro país vive momentos complejos debido a los fenómenos hidrometeorológicos como Ingrid y Manuel, los cuales azotaron sin piedad nuestros litorales los días 15, 16 y 17 de septiembre.

Personas de aquellas localidades se encuentran en este mismo momento en un estado de indefensión e impotencia por la carencia de alimentos, la pérdida de pertenencias diversas, incluso también el extravío o la defunción de sus seres queridos. Por ello es menester que el gobierno federal actúe sin dilación y de modo firme.

Las entidades federativas de Guerrero y Michoacán fueron severamente afectadas. Guerrero sufrió un nivel de afectación en sus siete regiones, acentuándose significativamente esos daños en Acapulco, Costa Grande, Costa Chica y La Montaña.

Lamentablemente por las características de su desarrollo: pobreza, nulo ordenamiento en materia de construcción, corrupción y poca cultura de protección civil los daños fueron superiores a cualquier pronóstico.

En el caso de mi estado, Michoacán, hay 20 municipios en desgracia. Huetamo y San Lucas son los más afectados por su cercanía con el río Balsas, lo cual contribuyó en perjuicio de las personas y de su patrimonio.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera prudente actuar más que lamentarnos de la realidad. En este sentido detestamos la laxitud con la cual se han otorgado permisos de construcción en las zonas de riesgo. Ésta es una labor exclusiva de los municipios por la que incluso ingresan fondos a sus arcas, pero no es posible que se lucre de ese modo con la población.

Asimismo evidenciamos la ligereza con la cual se le permite a la gente de escasos recursos establecerse en laderas de cerros y lechos de ríos. Esto no puede seguir así.

Hace casi 15 años el huracán Paulina también afectó gravemente las comunidades del sur del país. En este sentido, es sorprendente que no se haya aprendido la lección volviendo a alimentar las condiciones propicias para la destrucción y muerte de personas.

En este contexto y atentos a las condiciones de premura reinantes en las entidades federativas, creemos oportuno por parte de mi bancada expresar ya sin dilación alguna, y sin entrometernos en discusiones estériles, estudiar cuanto antes la liberación de mayores recursos para las partidas del Fonden para auxiliar a todas las comunidades en desgracia.

Definitivamente estas áreas deben ser declaradas zonas de desastre. Desde esta tribuna nos permitimos hacer un respetuoso llamado a las autoridades correspondientes, a fin de atender a todas las personas afectadas.

Sabemos que no es fácil, que existen comunidades con caminos totalmente inaccesibles, sumamente complicados, incluso vías de comunicación que desaparecieron definitivamente. Pero no debemos bajar los brazos. Hoy más que nunca nuestros hermanos nos necesitan.

No olvidemos que la gente ya no nos quiere ver peleándonos. No quiere escuchar nada más discursos. Nos quiere ver trabajando unidos, porque nos necesitan de verdad de manera muy contundente.

De nada sirve lamentarnos porque el titular de Protección Civil en Acapulco era un taxista sin conocimientos en la materia; o resaltar la falta de previsión del presidente municipal o del propio gobernador. Si bien hoy el presidente Luis Walton hereda grandes problemas y carga con la dureza de asumir la responsabilidad de una escasa previsión y de las labores para enfrentar la contingencia junto con los partidos que los posicionaron, como el PRD, el PT y desde luego Movimiento Ciudadano, no debemos olvidar que cualquier otra fuerza política puede estar en ese supuesto.

Así lo demuestra la historia reciente en casos como el ciclón en Tabasco, el cual provocó pérdidas calculadas en 4 mil 617 millones de dólares y un gran sufrimiento a miles de personas, circunstancia con la cual tuvo que lidiar el ex presidente Felipe Calderón, en el año 2007; o también los huracanes Alex, Carl, Mathew en el 2010, en donde el Cenapred reportó un estimado de daños por unos 7 mil 208 millones de dólares. Aquella vez la zona más impactada fue Veracruz.

También recordemos el lamentable suceso manejado en medios de comunicación en donde se dijo por voz de Pablo Salazar, que Josefina Vázquez Mota —en aquél entonces comisionada nacional para la reconstrucción de Chiapas— después del huracán Stan, que no había realizado las obras programadas para protección hidráulica, lo cual generó que cinco ex alcaldes y ex funcionarios municipales fueran detenidos, así como el ex titular del Instituto de Vivienda, afectándose el erario público en 11 mil millones de pesos.

Tampoco podríamos omitir el caso del huracán Henriette en el año 2007, en donde en Acapulco murieron varias personas, siendo presidente municipal Félix Salgado Macedonio, del PRD.

Como vemos, ejemplos de displicencia hay muchos, pero reitero, es hora de actuar, no de acusarnos. La gente en las zonas afectadas no quiere escuchar las discusiones de los políticos, por el contrario, desean vernos actuar. Liberemos los fondos, concedamos todas las facilidades que podamos brindar siempre en el marco de la ley.

Estamos convencidos que al implementar acciones como éstas, contribuiremos a superar la crisis que hoy en día nuestros hermanos mexicanos viven. Seamos conscientes de la urgencia y la gravedad del caso. Luchemos por sacar —como siempre— a México adelante. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Ernesto Núñez Aguilar.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Compañeros legisladores y legisladoras. Con la anuencia del presidente de la Mesa Directiva. Antes de fijar la posición en nombre de mi partido, quiero decir que solamente soy el portavoz de mi fracción, en especial de los legisladores guerrerenses Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Teresa Mojica Morga, Marino Miranda Salgado, Carlos de Jesús, Silvano Blanco Deaquino, Jorge Salgado Parra, Vicario Portillo y Rosario Merlín.

Expresar que desde el 14 de junio de 1958 no se presentaban de forma simultánea dos fenómenos tan serios, con tanta magnitud y fuerza, que representaron Ingrid y Manuel.

Es explicable —aunque no justificables— las razones del porqué las tormentas tropicales y los ciclones muestran actualmente una mayor capacidad devastadora, la deforestación, los asentamientos irregulares, la ausencia de control sobre la erosión en las riveras de los ríos, la destrucción de los manglares, el cambio climático en sí. La pobreza en sí misma, como síntoma y causa de vulnerabilidad.

Y además, tal como lo ha reconocido el gobierno federal, en la esfera del ámbito de actuación de los funcionarios de todos los órdenes de gobierno se entiende que hubo omisiones.

Ya habrá tiempo para determinar y de deslindar responsabilidades. Por ahora impera la urgencia de brindar atención a miles y miles de mexicanos y mexicanas afectadas por este fenómeno natural.

Por ello estamos solicitando al gobierno federal acciones decididas, firmes, contundentes para atender esta tragedia. Sería obsceno e inadmisible que al finalizar el año nos enteráramos que hay varias dependencias federales que incurrieron en subejercicios.

Pedimos a la Secretaría de Hacienda que realice un conjunto de afectaciones presupuestales para la creación de un fideicomiso, dar sustento financiero a la creación de un programa de reconstrucción integral y reactivación económica para todos aquellos estados del país que están en la situación que he expresado.

Consideramos también, amigas y amigos, acceder a los beneficios de un programa federal que permita flexibilizar las reglas de operación de los programas federales. El gobierno federal ante sí tiene un enorme instrumento para poder ayudar a las diferentes entidades federativas, solo con el hecho de flexibilizar las reglas de operación en Sagarpa, Conagua, Sedesol y —muy en lo particular— lo que tiene que ver con el Fonden y Fonregión. Se entiende que estos dos programas son exclusivamente para atender desastres naturales como el que estamos enfrentando en la mayor parte de la República. En ese sentido pedimos de manera urgente que se empiecen a liberar los recursos. Es evidente también que los daños originados en el sector productivo, en especial el campo, tiene serias afectaciones en diferentes estados del país, pero en especial en Guerrero.

Pedimos a Sagarpa liberar de manera pronta los recursos del programa de prevención y manejo de riesgos para la atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero. Insisto, en especial el Fondo de Apoyo Rural para Contingencias como la que estamos viviendo.

A Conagua la exhortamos, de manera respetuosa, a garantizar la seguridad hídrica, en forma efectiva, de los habitantes de las entidades federativas y municipios que han sido afectados por este fenómeno natural.

Solicitamos, insisto, al Poder Ejecutivo federal y a los gobernadores de los estados a que de manera pronta y mediata presenten a esta Cámara federal un diagnóstico responsable, serio, de los daños que presenta su entidad en los diferentes rubros. Eso va a permitir que esta soberanía esté en condiciones de poder reorientar el Presupuesto para el ejercicio 2014.

Debemos ser muy claros y contundentes, amigos y amigas de este pleno, hoy más que nunca Guerrero necesita del apoyo, de la solidaridad de toda la República, al igual que otras entidades federativas.

Reconocemos el esfuerzo que está haciendo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Por supuesto la visita que hiciera el presidente de la República a diferentes zonas de la entidad nos da la esperanza, la posibilidad de que podamos salir de este desastre natural.

Sin duda alguna que sin el apoyo de la fracción de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza, del PT, de Movimiento Ciudadano y, por supuesto, de mi fracción sería difícil salir adelante.

Me voy con la esperanza, con la fe en que a nuestros estados afectados, a nuestro Guerrero les tenemos que empujar con paso firme y decidido. No solamente requerimos la flexibilidad de las reglas de operación, que se liberen los recursos del Fonden, no, se requiere una atención especial, se requiere que en el Presupuesto de este ejercicio del 2014 se pueda asignar una bolsa especial para reconstruir los estados del país que recibieron este fenómeno natural con gran fuerza y en especial Guerrero. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Catalino Duarte Ortuño.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra la diputada Marcelina Orta Coronado.

La diputada Marcelina Orta Coronado:Con su venia, presidente. Señoras y señores legisladores, el día de hoy nos ocupa un tema que pone de manifiesto la urgente necesidad de alzar la voz respecto de las omisiones que se han cometido en el gobierno federal en relación con los desastres naturales de Ingrid y Manuel. Y, de esta manera, evitar que la opacidad vuelva a cobrar vidas en los sectores más vulnerables de la población, y de la sociedad en general.

Es paradójico que, a unos días de la conmemoración del XXVIII aniversario de los terremotos de 1985 y a pesar de casi tres décadas de trabajo de la formación de una cultura de protección civil, la sociedad mexicana de nueva cuenta se una de forma solidaria para subsidiar a un gobierno que perdió la continuidad de su función principal: la de salvaguardar vidas antes, durante y después de los desastres meteorológicos anteriormente mencionados.

Lo cual se concluye luego de una revisión cuidadosa de los documentos oficiales disponibles y de una consulta con especialistas en temas de cambio climático, protección civil y sistemas hidrológicos.

La guía de prevención de desastres establece que, dado que son fenómenos que se pueden predecir, se debe establecer un sistema de alerta temprana con el objetivo de que -a través de la participación de la radio, la televisión- la población vulnerable esté oportunamente informada. No obstante, los saldos que reporta la prensa por estos meteoros se estima en alrededor de un millón de personas.

Del estudio de los documentos de referencia se desprende que los gobiernos federal y del estado de Guerrero no actuaron conforme a sus facultades legales, procedimientos y manuales operativos. Tampoco se ejecutaron en forma correcta los protocolos que están obligados a implementar ante la magnitud del desastre, ya que se actuó fuera de tiempo y de manera reactiva, en lugar de preventiva.

De acuerdo con la información del dominio público, difundida por los boletines del Servicio Meteorológico Nacional emitidos los días 11 y 12 de septiembre, habría incidencia de lluvias intensas y torrenciales para los siguientes días en diversos estados de la República, entre ellos Guerrero y Tamaulipas, que es mi estado.

Asimismo, estos boletines señalaban que dadas las condiciones climatológicas que prevalecían en ese momento era alta la probabilidad de que en los siguientes días se formara un ciclón tropical en las costas del Pacífico.

A pesar de las alertas emitidas por el Sistema Meteorológico Nacional hasta con 48 horas de anticipación, ni el gobierno federal, ni el del estado de Guerrero, ni el municipal establecieron una ruta de fuga para quienes estaban en el puerto, mucho menos para canalizar a quienes habitaban en las zonas más vulnerables hacia albergues en zonas seguras.

Asimismo, cabe mencionar que el pasado 12 de septiembre la Comisión Nacional de Aguas advirtió sobre la posible inundación en grandes escalas. No obstante, no se lanzaron campañas de comunicación masiva para advertir a la población contra viajes no indispensables a las zonas de riesgo. Tampoco se inició la evacuación de algunas de las localidades más amenazadas.

Esta evidencia demuestra la poca o nula coordinación para reaccionar y establecer el sistema de atención, comunicación y resguardo. Si bien es cierto que el Ejército y la Marina han respondido de manera eficiente, las acciones previas que pudieron haber mitigado el impacto de la tormenta -como se demostró- fueron notoriamente inadecuadas.

Otro elemento que se omitió, a pesar del protocolo establecido para estos casos, fue el de emitir una alerta amarilla, que corresponde a la notificación de peligro al turismo nacional y extranjero. Tal como lo revisó y se constató ante notario público, no existía ningún boletín de alerta publicado en la página de la Secretaría de Turismo o la de Relaciones Exteriores. Es decir, en lo referente a salvaguardar las vidas e integridad física de los turistas -que con motivo de la celebración del 15 y 16 de septiembre acudieron a las costas del Pacífico- ninguna medida se llevó a cabo. Esto ocasionó que los hechos de Acapulco se convirtieran en una trampa sin salida para 37 mil turistas que se quedaron varados durante una semana.

Asimismo, es clara la violación del protocolo a seguir en caso de lo que se decreta en una alerta amarilla, pues nada ocurrió a tiempo. Aunque el secretario de Gobernación afirmó que se reunió con el Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales el viernes 13 de septiembre, no existe evidencia de este hecho, toda vez que en la página web de Comunicación Social de Segob no se encuentra publicado.

Asimismo, cabe mencionar que el secretario de Gobernación ha cancelado en dos ocasiones su comparecencia ante esta soberanía, lo que pone de manifiesto la siguiente interrogante, ¿es acaso porque con su silencio acepta su culpabilidad?

Ante semejante crisis nacional -que ha trascendido como uno de los mayores desastres naturales de México- se advierte la incapacidad del gobierno federal para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Lo que nos permite condenar aquellas palabras que con arrogancia emitieron mucho y dijeron: nosotros sí sabemos gobernar.

Señoras y señores legisladores, por lo anterior y antes expuesto, el Partido Acción Nacional designa los siguientes beneficios a la sociedad mexicana en los siguientes puntos.

1. La designación del secretario de la Función Pública y de la subsecretaria de equipo de trabajo.

2. La designación de titulares de órganos internos de control con plena independencia personal y profesional respecto de los titulares de las dependencias y entidades administrativas públicas federales. Más aún las instituciones vinculadas a las atenciones de las emergencias.

3. La realización de peritajes independientes para conocer y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan:

a) A las obras de infraestructura que presenten daños;

b) A los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo;

c) A las actuaciones de los actores institucionales en relación con las facultades y atribuciones, normas, manuales, procedimientos y protocolos que les corresponde ejercer y aplicar.

4. Instrumentar una política de prevención y atención de emergencia que recupere la confianza de los ciudadanos en las instituciones vinculadas a Protección Civil.

5. Revisión y alineación exhaustiva de los perfiles con las personas que integran la coordinación de Protección Civil, de la Conagua y de la Comisión Federal de Electricidad y los demás organismos federales, estatales y municipales responsables de la atención de emergencias.

6. El fortalecimiento y respeto del servicio profesional de carrera a las áreas técnicas de alta especialidad del gobierno federal.

7. La clasificación como pública -y que se haga de fácil acceso, con independencia de la responsabilidad legal- de la información administrativa y operativa de esta emergencia, como es la que corresponde a obras de infraestructura, instancias relacionadas a protección civil y atención de emergencias.

8. Se informe sobre la infraestructura hidráulica que es vulnerable en los nuevos escenarios de climas extremos, por efectos del cambio climático, y se incluya como prioritaria a sustitución o modernización en el Plan Nacional de Infraestructura.

9. En coordinación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la que México es parte, se constituya e incorpore al Programa Especial de Cambio Climático una estrategia y un fondo para la adaptación climática, orientada para establecer las finanzas de las acciones de adaptación de largo plazo y de gran envergadura para México.

Es necesario para que sea desde hoy y hasta el año 2050. Y claro, que no estuvieran las autoridades presentes. Tuve un accidente en Tamaulipas y no estaba Protección Civil y no estaba nadie. Solo a la buena de Dios. Y fueron los que se encontraban ahí los que salvaron a la gente que estaba, y también a los que caímos a ese río y a esos grandes caudales.

Por eso también los quiero exhortar a que los recursos verdaderamente sean fiscalizados, y que verdaderamente vayamos a las comunidades para que se les entregue a las personas que sí están en desgracia y no se haga mal uso de ellos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Marcelina Orta Coronado.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Zamora.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente, solamente para sumarme a las manifestaciones que ha hecho nuestra diputada del PAN y que espero que lo que aquí se está estableciendo por las diferentes fuerzas políticas realmente sean tomadas en cuenta por el gobierno federal, estatal y municipal. Que no sea un llamado a misa, que no sea solamente un pronunciamiento y que al final de cuentas, la gente que realmente está sufriendo, que realmente la está pasando mal, al final de cuentas no reciba la ayuda y los elementos que necesita para salir de esta situación tan desafortunada.

Especialmente que sirva para que no se vuelvan a presentar estos hechos por falta de precaución, por falta de proveer lo necesario y que lastima realmente a las familias. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Romero Valencia.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y ciudadanos becarios, invitados el día de hoy por el señor diputado José Luis Muñoz Soria. Sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidos.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los mexicanos hemos demostrado siempre que somos capaces de unirnos y solidarizarnos en las desgracias que nos han afectado.

Los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel nos han lastimado, pero también han sacado lo mejor de nosotros mismos: nuestra solidaridad social y nuestro espíritu a favor de México. Ésta es la hora en la que hagamos un equipo sólido y compacto para apoyar a los ciudadanos mexicanos en desgracia por estos fenómenos de la naturaleza.

Es imperativo y es impostergable que busquemos entre todos los diputados de esta Legislatura, de manera eficaz, de manera contundente, una reasignación de recursos presupuestales para aquellos estados, aquellos municipios y aquellas comunidades afectadas por Ingrid y Manuel.

Es ahora, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, que llevaremos a cabo en próximos días, que busquemos y encontremos cómo aterrizar recursos a las zonas afectadas.

Es imperativo, compañeras y compañeros diputados, que busquemos políticas públicas eficaces, que coadyuven a la reactivación económica de estados y municipios. Propongo desde ésta, la más alta tribuna de la nación, que etiquetemos recursos para incentivar a las empresas que se establezcan, desde ahora, en aquellos municipios afectados.

Es extraordinaria la aportación económica y solidaria de gobierno y pueblo de México a nuestros hermanos en desgracia. Pero es insuficiente, no deja de ser un apoyo temporal. Lo que verdaderamente necesitan nuestros hermanos es que haya una reactivación económica con la llegada de inversiones que les generen empleos y con eso puedan sacar adelante a sus familias. Es menester que establezcamos programas emergentes para ese fin.

Muchos de los destinos turísticos de playa de este país se vieron afectados por los fenómenos meteorológicos. Necesitamos poner ante los ojos del mundo y ante los ojos de los mexicanos, que nuestros destinos de playa como Acapulco, Zihuatanejo, Manzanillo, Puerto Vallarta, Los Cabos, Veracruz, Puerto Escondido están de pie y están listos para recibir visitantes nacionales y extranjeros.

El daño ahí está. La naturaleza nos pasó la factura del cambio climático. En nuestras manos está demostrarle al mundo que México y sus destinos de playa están de pie.

No olvidemos que la mayor afectación que sufrimos está en el sector rural. Más que en las cabeceras municipales, en aquellas comunidades alejadas del desarrollo, que tienen una actividad esencialmente agropecuaria.

Desde aquí exhortamos a la Secretaría de Agricultura a que implemente programas de acción a favor de la agricultura y la ganadería, que nos permitan que los hermanos habitantes de las zonas rurales puedan salir adelante.

Nuestro más grande y efectivo reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército y la Marina, que en cada contingencia ambiental están allí para apoyar a los mexicanos. Celebro, aplaudo y me congratulo que todos los grupos parlamentarios tengamos este espíritu de coincidencia para sacar adelante a nuestros hermanos en desgracia. El pueblo y el gobierno hoy estamos unidos haciendo un frente común a favor de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del señor diputado Gastélum. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): A efecto de comentar sobre la propuesta loable del diputado. Con su venia, señor presidente. Debo de comentarle que, independientemente de sumarme a la propuesta el diputado que me antecedió en el uso de la voz, resultaría mucho más importante y de mayor trascendencia el que se votara en contra de la propuesta fiscal del Ejecutivo, porque con esa propuesta menos inversionistas vendrán al país a invertir, señor presidente.

Por ello, reitero loable la petición del diputado, pero más importante que ello es votar en contra de la propuesta fiscal del Ejecutivo federal, para que precisamente los inversionistas puedan venir a nuestro país e invertir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Me pide la palabra la diputada Patricia Lugo y la diputada Teresa Mojica. Sonido en la curul de la diputada Patricia Lugo e inmediatamente después la diputada Teresa Mojica.

La diputada Patricia Lugo Barriga(desde la curul): Sí, presidente, para comentar. Amistades me han dicho que en el estado de Hidalgo se están propagando casos de cólera y no hay ninguna prevención ni campañas al respecto para combatirla. Pido que la Secretaría de Salud ponga énfasis en el lugar. Debido a toda esta cuestión de las lluvias se ha devenido este problema de salud. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención. Diputada Mojica. Sonido en la curul de la diputada Mojica. ¿Con qué objeto?

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga(desde la curul): Sí, presidente, para decirle a mi compañero diputado Salvador que la solidaridad para Guerrero y para el resto de los estados afectados lo tenemos que demostrar con hechos, y tenemos en Guerrero un problema alimentario y de salud. Y que para eso, para que podamos ayudar a Guerrero a que salga de la tristeza y desolación que nos dejaron los desastres, nos tienen que ayudar en varios puntos, pero de manera real:

Aumentar el Fonden, ampliación, liberación, urgente del Fonden. Flexibilizar las reglas de operación de todas las Secretarías que están participando en ese desastre. También la bolsa especial de recursos que se está planteando para el 2014, que sea una bolsa real, amplia y específica para los proyectos que se van a hacer. Y la reasignación.

El tema de reasignación es un tema que, si se va a hacer, se tiene que hacer de manera urgente. Tiene razón el diputado cuando dice que donde más afectación hubo es en el campo. Por eso urge que la Secretaría de Agricultura implemente el Fondo de Apoyo Rural y de Contingencia Climatológica.

Le pido de manera especial a la Sedesol federal y a la Sedatu que sean muy responsables en los censos que se tienen que levantar. Recuerden ustedes que el desastre natural modificó completamente —en muchos de los lugares— las siembras que había ahí, y que se tienen que censar o los lugares donde el agua se llevó las casas.

Tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser serios. Tenemos que flexibilizar las reglas y bajar los recursos con urgencia y prontitud. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, queda registrada su intervención.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Delfina Guzmán. Dígame, diputada ¿con qué objeto?

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (desde la curul): Presidente, para insistir sobre el tema y decirles que sabemos que muchos de los estados de nuestra República están pasando por una situación muy lamentable, que nos solidarizamos con el estado de Guerrero. Pero también quiero hablar por mi estado, en varias de las regiones del estado de Oaxaca seguimos en una contingencia muy severa.

Quiero hablar concretamente de la región costa, que es donde está el distrito electoral número XI y decirles que tenemos reportadas 14 mil hectáreas en pérdida total de diferentes cultivos: papaya, mango, sorgo, maíz. Tenemos 5 mil cabezas de ganado mayor, también, que resultaron arrastradas por la corriente del río, sin contar con miles y miles de animales de traspatio como cerdos, gallinas, borregos, que de verdad se cuentan por miles estas pérdidas. Y decirles que tenemos 10 mil afectados en sus viviendas y en sus enseres domésticos.

Realmente la situación no se ha dimensionado en el grado en el que se encuentra, decirles que en el caso concreto de Santiago Jamiltepec, Santa María Huazolotitlán, Pinotepa Nacional y San Pedro Tututepec algunas comunidades están viviendo aisladas. No se ha podido llegar a ellas, se está llegando por medio de una canoa, porque no cuentan con lanchas de motor que los lleve hasta muy cerca de sus comunidades. Tenemos alrededor de 10 comunidades muy marginadas, a las que solamente se está llegando vía aéreo en este momento.

Hacemos el exhorto a Conagua para que sigan trabajando en la reconstrucción de los bordos de contención del río Verde y que esas comunidades dejen de estar recibiendo el agua que corre en el cauce de ese río.

También hacemos un llamado a Sagarpa y Sedesol, para que continúen con sus censos y para que realmente el apoyo llegue a estas comunidades. Por último, quiero decirles que sí es importante que este plan de reconstrucción emergente se lleve a cabo en el campo, en las vías carreteras, en vivienda, en salud. De verdad que estamos en una situación muy lamentable y pedimos a la Secretaría de Hacienda que priorice en el Presupuesto el Fondo de Desastres.

Esta atención la pedimos nosotros para nuestros indígenas, para nuestros pueblos negros, en estos municipios que son afectados en la Mixteca, en la costa, en el istmo, en la zona triqui. Tenemos de verdad mucha contingencia en el estado de Oaxaca y pedimos también que volteen los ojos y se dimensione el grado que está esta contingencia. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Mirna Esmeralda Hernández. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (desde la curul): Gracias. Comentando efectivamente que en el estado de Hidalgo también sufrimos —en 31 municipios de los 84— estas devastadoras acciones por parte del clima.

En el tema que comentaba mi compañera de Acción Nacional, sí tuvimos algunos brotes de cólera en la zona de Huejutla, pero de inmediato fueron atendidos, y se están atendiendo en este momento. Inclusive tuvimos la visita de la secretaria de Salud federal precisamente para estar muy pendientes de que no se propague esta enfermedad y estar controlándola puntualmente, señor presidente. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: A usted. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul de la diputada Joaquina Navarrete. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Muy buenos días a todas y a todos, compañeros diputadas y diputados. Hago un exhorto a las autoridades competentes para que se busquen las formas, los mecanismos de que estas autoridades no les vayan a negar el apoyo o los apoyos a todos nuestros hermanos afectados de estos estados, ya que perdieron todo y dentro de estas pérdidas sabemos que perdieron toda su documentación.

Que no les vayan a poner pretextos para recibir todos los apoyos por no tener una identificación o algo con que se identifiquen, porque esto se ha vivido en algunas otras ocasiones. Que realmente ese apoyo llegue a los hermanos y hermanas perjudicados de estos estados. Muchísimas gracias. Ése es mi exhorto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Con el objeto de abundar sobre el tema. En nuestro país no existe una política de la prevención de los desastres naturales y hoy que escuchamos que uno de los problemas graves que tenemos es el que le llegue la alimentación a los afectados, es menester comentar que siempre que se presentan estos acontecimientos la ayuda de los víveres, de los alimentos no llega con prontitud. ¿Razón? Porque no tenemos una reserva de alimentos que permita dar respuesta a la población afectada de manera inmediata.

La falta de las reservas de alimentos para enfrentar este tipo de contingencias climáticas se presenta, porque el gobierno federal en los últimos 15 años no ha querido aplicar una política social de prevención y no dejar que pasen los días y la población afectada no tenga comida, agua potable, medicinas para atender principalmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos.

Es importante señalar que el presidente de la República comentó que estas afectaciones provocaron daño en 550 mil hectáreas de producción agrícola. Esto es en todo el país. Esto provocará que se manipulen y especulen con los precios de los alimentos las principales empresas trasnacionales que controlan el mercado interno, y que fueron, sin duda alguna, las principales financieras de la campaña presidencial pasada.

Si bien es cierto no podemos cuantificar de manera precisa y puntual los graves daños provocados por Ingrid y Manuel, sí podemos poner límites a las empresas como Walmart, Sam´s, Comercial Mexicana, Soriana, entre otras, y que no se aprovechen de la desgracia para incrementar sus millonarias ganancias con la complicidad de funcionarios federales.

Sin duda alguna en nuestro país muchos fueron los estados afectados, entre ellos Veracruz, y por ello están 56 municipios en contingencia y sin duda alguna es importante hacer la declaratoria de desastre en todos ellos.

Ya son los tiempos oportunos, ya se debe tener una evaluación y, en consecuencia, estar tomando providencias para que en el próximo Presupuesto se otorgue de alguna manera una cantidad suficiente por esta Cámara, compañeras y compañeros diputados, para atender la planta productiva. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul del diputado García Conejo. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): Con el derecho que me asiste, señor presidente y con tu anuencia, manifestar que estoy obligado —y lo hago con mucho gusto— de expresar el sentimiento, el sentir de los habitantes de los diferentes municipios del estado de Michoacán y, sobre todo, del municipio de San Lucas y Huetamo.

Manifiestan y expresan el agradecimiento por las atenciones que han dado tanto el gobierno municipal y los legisladores, sobre todo de nuestra fracción. Pero expresar también la gran preocupación y la desesperación que están viviendo, porque varias familias han perdido absolutamente todo. Perdieron —como todos lo sabemos— su casa, perdieron sus animales, perdieron su siembra. Hay quienes se quedaron solamente con la ropa que traían en ese momento.

Por eso expreso el sentir de mi pueblo, de mis representados y manifestar que los recursos que sean asignados para atender esa contingencia, buscar la forma entre todos los que hoy estamos aquí, que se apliquen adecuadamente y no se vayan a quedar solamente en algunos lugares y no lleguen a donde realmente se necesita.

Esa es la gran preocupación que tiene nuestra gente y ojalá que esos recursos se destinen para atender esas contingencias, realmente lleguen y no solamente sean anunciados por los medios y en realidad en el campo no los veamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro. Dígame, diputado ¿con qué objeto?

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con el mismo objeto. Estamos demandando que se haga una revisión puntual, sobre todo por un acuerdo presidencial que se dio para efectos de que toda la ayuda, toda la donación de las dependencias, de las instituciones de beneficencia y de las empresas privadas tendría que canalizarse estrictamente por la vía de la Cruz Roja y de la Sedena.

Dejemos compartir que la Sedena y la Cruz Roja han sido todavía insuficientes para que puedan llegar a todos los rincones de las comunidades, de los municipios y de los estados que fueron afectados por esos fenómenos meteorológicos.

Pero aún peor, en las regiones indígenas, en las regiones campesinas, después de 10 días es cuando apenas empieza a llegar este apoyo. Y este acuerdo ha impedido que las autoridades comunitarias, que los representantes populares, que los presidentes municipales puedan ser puente y vehículo para facilitar la entrega de esos apoyos. Se están acumulando cerros de donaciones, que no están llegando en tiempo y forma a estas distintas comunidades rurales.

Por eso es necesario revisar este acuerdo presidencial. Por ello —con el respeto debido— exhorto también para que se revise este acuerdo presidencial. Asimismo creo que en esta soberanía no debemos dejar de señalar que se realicen las investigaciones y se deslinden las responsabilidades por no haber advertido con anticipación y por los medios nacionales y, por qué no, en los medios de cadena nacional sobre el impacto que este fenómeno iba a tener.

No importa el nivel de gobierno que se vea afectado en este momento, pero no podemos dejar nuevamente en la impunidad a los funcionarios públicos que cayeron en omisión. Yo quisiera abonarle a este tema. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Queda registrada su intervención. Sonido en la curul de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, con qué objeto.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Sobre el mismo tema, señor presidente. Es importante que esta Cámara de Diputados se solidarice y se sensibilice con el tema de los daños que han provocado las lluvias, el ciclón en varias partes del país.

Es importante que esta Cámara de Diputados de manera inmediata forme una comisión de varios diputados federales de todos los colores, de todos los partidos políticos, para que vayamos a las zonas que fueron afectadas para tener un diagnóstico real de lo que está sucediendo, para que podamos poner sobre la mesa la reorientación de presupuestos, de dineros que se puedan mandar a esas zonas. Además, que se ponga una lupa especial en el dinero que se va a aplicar en las zonas afectadas.

En Tabasco ya tenemos una experiencia desafortunada de que toda la ayuda humanitaria que llegó de otros países y el presupuesto que se destinó para el rescate de nuestras zonas fue desviada a los bolsillos de los gobernantes. Es importante que esta Cámara de Diputados asista de inmediato a las zonas afectadas y podamos empezar a trabajar sobre la reorientación de los recursos. Pero además que haya una verdadera coordinación de acciones entre el gobierno federal y los presidentes municipales. Los alcaldes de esas zonas son los que tienen el pulso y conocen las zonas que han sido severamente afectadas. Es importante que esos alcaldes sean tomados en cuenta para la repartición de la ayuda. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. Sonido en la curul de la diputada Lilia Aguilar Gil. Dígame diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Solamente para abundar en el tema. Hay algo que creo que no hemos tocado en este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Primero, unirme a la propuesta de la diputada Nelly, en la creación de la comisión, porque creo que más allá de lo que tenemos que revisar sobre los recursos para la reconstrucción y de las responsabilidades, también tenemos que hablar de los subsidios que se estarán dando para la reconstrucción de las viviendas, de las carreteras en las zonas afectadas y que no sean los mismos que construyeron y que hicieron estos actos de corrupción, no solamente en Guerrero, sino en todo el país, quienes otra vez vuelvan a tener estos contratos.

Esto es indispensable, que la Cámara de Diputados lo revise y que la Cámara de Diputados sea el garante de que estos actos de corrupción no se vuelvan a dar. Creo que esto es algo que falta en este acuerdo y queremos nosotros incluirlo como un punto de discusión. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Sonido en la curul del diputado Galindo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado(desde la curul): Con su permiso, señor presidente, sobre el mismo tema. Solamente informar que hace una semana aproximadamente, la junta directiva de la Comisión de Protección Civil —de la cual un servidor es secretario— acordó establecer esta comisión para poder dar seguimiento a los temas de los sucesos ocasionados por los fenómenos meteorológicos y que el día de ayer teníamos citada en la comisión a personal de la Secretaría de Gobernación y de Protección Civil para recibir informes al respecto, no pudieron acudir y solicitaron que se pospusiera para el próximo miércoles la reunión.

Estamos trabajando en darle el seguimiento que ahorita se ha planteado acá en el pleno, ya desde la semana pasada. Le agradecería a la propia Mesa Directiva y la Junta de Coordinación lo tuvieran en cuenta para reforzar los esfuerzos que se hacen.

También plantear que no solo debemos atender en estos momentos el tema, sino tener en consideración que parte de estos sucesos son por falta de prevención. Hemos insistido en la Comisión de Protección Civil que es necesario destinar en el Presupuesto mayores recursos al Fopreden para que podamos invertir en infraestructura que permita no estar lamentando hechos, sino poderles hacer frente mediante la infraestructura que se tenga a través de estos recursos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre el mismo asunto. Proceda la Secretaría a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo.

DESASTRES NATURALES OCASIONADOS POR EL CICLON MANUEL Y LA TORMENTA TROPICAL INGRID

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a las dependencias correspondientes a su cargo, la flexibilización de las reglas de operación, de todos los programas federales en los estados siniestrados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid, con especial atención al Fondo Regional (Fonregion) y el Fondo para la Atención de Desastres Naturales (Fonden) así como la inmediata activación de los recursos del Programa de Empleo Temporal considerado en los presupuestos sectoriales aprobados para el ejercicio 2013.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados a la atención del desastre natural emitiendo lineamientos de gasto y haciendo público el monto entregado a cada unidad responsable de gasto.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, al titular de la Comisión Nacional del Agua a garantizar la seguridad hídrica de los habitantes de las entidades y municipios afectados realizando aquellas obras consideradas en el Programa de Protección a Centros de Población. De igual forma, se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a liberar de manera pronta y expedita los recursos del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos para la Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, en especial del Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas destinado a los productores afectados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, al titular del Poder Ejecutivo federal y de los Poderes Ejecutivos estatales a presentar un diagnóstico preciso y exhaustivo de los daños causados por el ciclón Manuel y la tormenta tropical Ingrid en el territorio a efecto que esta soberanía pueda tener elementos para ejercer a cabalidad su facultad para modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos y contemple las asignaciones y previsiones económicas para el ejercicio fiscal 2014, necesarias para las acciones de reconstrucción de infraestructura social, de comunicaciones, de servicios escolares y para la reubicación y reconstrucción de viviendas así como apoyo a la población damnificada y afectada.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, secretario.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan en esta sesión. Sean todas ustedes y todos ustedes muy bienvenidos.

Para hablar a favor de este acuerdo tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano nos adherimos a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pero sí queremos al mismo tiempo hacer algunas consideraciones y proponer tres resolutivos adicionales a estos cuatro que se nos presentan.

En primer término, estamos totalmente de acuerdo en que se exhorte a flexibilizar las reglas de operación del Fonden, porque se ha convertido en un instrumento donde prevalece el burocratismo, la dilación y a veces —hay que decirlo— también la negligencia de los directivos encargados del Fondo de Desastres Naturales.

En las reglas de operación —lo comentábamos con el diputado Carol Altamirano— se establece que los estados tendrán que aportar un 50 por ciento de los recursos a la reconstrucción.

Esto de entrada tiene que modificarse en las reglas de operación, porque si los estados y municipios carecen de recursos frente a un siniestro de esta naturaleza. Parece verdaderamente irónico que se les pida que den los recursos que precisamente no tienen. Por eso se tiene que flexibilizar este instrumento y no ser un instrumento burocrático que no aterriza cuando hay este tipo de emergencias.

De igual manera, que se activen los recursos de empleo temporal y que no se utilicen para el clientelismo, porque hemos estado recibiendo información de que en el municipio de Acapulco, Guerrero, brigadistas de Sedesol van con un afán propagandístico repitiendo en los diálogos hasta cinco veces el nombre del titular del Ejecutivo, como si fuera propaganda electoral. Esto es inadmisible, sobre todo si estamos planteando también la transparencia en la aplicación de los recursos.

Nosotros quisiéramos, adicionalmente a estos resolutivos, plantear tres puntos adicionales que nos permitimos leer:

Resolutivo quinto. La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realicen una exhaustiva investigación para deslindar responsabilidades sobre las autoridades que otorgaron licencias de construcción y permisos de uso de suelo en las zonas de humedales, en la Zona Diamante y zonas afectadas del municipio de Acapulco, Guerrero.

Como punto sexto, la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que haga pública la información sobre por qué no dio la orden para abrir las compuertas de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa, en La Venta, lo que ocasionó la desaparición del poblado Venta Vieja en el municipio de Acapulco, Guerrero.

Como séptimo, la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que se haga una investigación exhaustiva sobre los responsables en el desbordamiento de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa, La Venta, en Acapulco, Guerrero.

Consideramos que estos tres resolutivos vendrían a complementar este acuerdo de la Junta. Sí más recursos, sí más transparencia, no burocratismos, pero también no impunidad. No hacer como que no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Hay que ir al fondo. Y hay que ir al fondo también de porqué no se dieron alertas oportunas por parte del Sistema Nacional de Protección Civil, porque en todo tiempo la alerta fue amarilla y, conforme al sistema de alerta temprana, la alerta amarilla no implica el desalojo de la población.

Concluyo diciendo, presidente, que le entregaremos por escrito esta propuesta para que pueda someterse a la consideración y ser parte del acuerdo que hoy se somete a la aprobación de este pleno. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado.

El diputado Carol Antonio Altamirano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Dígame, señor diputado Carol Antonio Altamirano, ¿con qué objeto?

El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): De manera breve, presidente, para referirme a ese acuerdo de la Junta. Tiene razón el diputado Mejía en que tenemos que sumarnos a este acuerdo de la Junta, tenemos que reconocer que es un muy buen acuerdo. Es el mejor momento para que esta Cámara apoye estos planteamientos de la Junta. Pero quiero precisar, presidente, que si hablamos de flexibilización, sí quisiera puntualizar que el problema en las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales radica en el artículo 22, porque el artículo 22 lo que ha ocasionado es que en algunos estados no se puedan ejercer los recursos del Fonden porque no cuentan con recursos.

En algunos estados tienen que recurrir a deudas para poder aportar el 50 por ciento. En algunos estados se ha generado un subejercicio —en el caso del Fonden— porque no cuentan con los recursos.

Hablar de flexibilización, creo que en el ámbito del pleno respeto de la competencia del Poder Ejecutivo, se tendría que modificar el artículo 22 de las reglas generales del Fonden, que obligan a que las entidades aporten el 50 por ciento. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta de modificación presentada por el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Ricardo Mejía. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se admite a discusión.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputada Lilia Aguilar, dígame, ¿con qué objeto?

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Es nada más para ampliar sobre el tema en este que pareciera el juego de las vanidades. Primero, felicitar a la Junta por este acuerdo, que es un acuerdo plural. Además, añadir y hacer esta propuesta a la Junta, que en el artículo 2, donde hablan de la transparencia de los recursos, también podamos incluir que no solamente se hable de transparencia, sino también de crear un plan, señor presidente. Y seré muy breve en decir por qué éste es el planteamiento del Partido del Trabajo.

Cuando llegan los recursos para la reconstrucción de este tipo de desastres, y las necesidades como la creación de vivienda, el empleo, la alimentación es lo más inmediato a cubrir, no hay un plan, no hay un censo. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando, desde el Partido del Trabajo, es que en el artículo 2 también podamos añadir no solamente sobre la transparencia en el ejercicio de los recursos, sino que pudiese haber un plan de cada una de las entidades que pueda cruzarse con los recursos que se están entregando, para que podamos tener una contraloría real de qué es lo que se está gastando y cómo se va a gastar. Muchas gracias.

El diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Esperamos su propuesta por escrito. Sonido en la curul del diputado Jesús Tolentino. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez (desde la curul): Para manifestar mi inconformidad junto con otros tres diputados del Partido Revolucionario Institucional, porque llevamos siete sesiones planteando el problema de dos municipios, uno en Michoacán y otro en Guerrero, que fueron devastados por el río Balsas, y que en una sesión y otra también se sigue difiriendo este punto de acuerdo, por lo que le pido a usted y a los grupos parlamentarios que por favor este tema se desahogue, en virtud de que la Secretaría de Gobernación solo decretó emergencia, pero no desastre natural, y eso limita los apoyos para estas comunidades. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esperamos el acuerdo respectivo de la Junta de Coordinación Política, señor diputado, y le daremos el trámite que le corresponde.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): En el mismo sentido, señor presidente. Felicitar sin duda a la Junta de Coordinación Política por el avance de estos acuerdos. Sin embargo, resulta insuficiente.

Coincidir con la propuesta que hizo el diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. No voy a ahondar porque fue muy puntual y preciso en sus planteamientos. Pero además es necesario, señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores, que dimensionemos en verdad la gravedad de esta situación. Es un tema no solo de emergencia nacional, diría que es un tema de seguridad nacional. Tenemos destrozada la infraestructura educativa, la infraestructura en salud, pero sobre todo la infraestructura básica en muchas de nuestras entidades. Tenemos destrozada también la infraestructura productiva, las carreteras, los puentes, las cosechas destruidas.

Estamos en los umbrales de una situación, también ante la insuficiencia de las brigadas de salud, de tener una serie de epidemias en distintas regiones de nuestro país. Pero además estamos también —sin que lo tomen como una exageración— ante las posibilidades de alguna hambruna en distintas regiones del estado.

En muchas de nuestras entidades, como el caso de Oaxaca, el caso de Guerrero, el caso de Michoacán, los campesinos perdieron su cultivo y son cultivos de autoconsumo, y donde hoy se ha dificultado hacer llegar los víveres más básicos.

Si no dimensionamos esta situación y si no nos abocamos a buscar soluciones de fondo no vamos a resolver el problema, y después nos estaremos lamentando y será tema de cada día en las distintas sesiones que vengan, como lo han dicho también los compañeros del PRI.

Por ello es importante que dimensionemos la situación y que entonces creemos una comisión especial de diputadas y diputados para efectos de que le demos en verdad el seguimiento en la dimensión real de esta catástrofe nacional. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado, queda registrada su intervención. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado el acuerdo.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Para hacer una observación —tenía una participación y parece que fui omitido— es en relación a efectuar una adición a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y que es referente a adicionar que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que en el marco de sus facultades exente del pago de electricidad, cuando menos por cuatro meses, a los municipios afectados y, por otro lado, exentar del pago del Infonavit y del Fovissste a las personas cuyas casas fueron afectadas y que ya no tienen valor en estas zonas.

Por lo tanto, los trabajadores que van a salir de estas viviendas van a ir a rentar o a adquirir alguna otra propiedad y van a tener que seguir pagando todavía la misma propiedad que ya no tiene valor.

Por lo tanto, es muy importante que se incluya en este punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se exente de ese pago de luz, porque además los campesinos, los ciudadanos de todas las comunidades afectadas, ¿con qué van a pagar la luz? Ahora se van a convertir en morosos y van a proceder a un juicio por parte de la comisión de luz si no tienen con qué pagar, por lo tanto, es importante que se incluyan estos puntos.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Su propuesta es clara y queda registrada. Toda vez que el acuerdo ya ha sido votado, la remitiremos a la Junta de Coordinación Política para una discusión y votación posterior.

La diputada María del Rosario Merlín García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la señora diputada Merlín García. Dígame usted, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Diputado, en el mismo sentido. Decirles a los compañeros diputados que de manera natural, de manera humanitaria y sensible, todos estamos en nuestras áreas atendiendo la contingencia.

El exhorto es a que haya una coordinación con el Ejecutivo federal para que en estas contingencias, igual, las decisiones en cuanto a los víveres y las decisiones en cuanto a esto que se está planteando en el ámbito de cada uno de los estados, que estemos en las mesas de trabajo o de acuerdo con los tres niveles de gobierno, de acuerdo al municipio en donde nos encontremos.

Es lamentable que a pesar de que somos el Poder Legislativo, no se nos está considerando en esas mesas de acuerdo o de trabajos.

Sí apoyo que es importante que el plan de acción nacional en contingencias como éstas se lleve a cabo a la brevedad, porque no es posible —y me tocó estar en el momento de la contingencia— que para el rescate en esa zona de Punta Diamante, solo había una lancha inflable en donde cabían seis personas. No contamos con material para rescates emergentes. Igual la Marina, solamente tenía una lancha, helicópteros, ninguno a la mano. Tuvieron que esperar hasta el siguiente día para trasladar un helicóptero que tuviera la fuerza para volar o sobrevolar el área con aires y lluvias.

A todos los compañeros diputados el exhorto para que nos integremos en la coordinación y, sobre todo, con el general de la novena Región, en el caso de Guerrero, porque ellos son los que están distribuyendo los víveres y no saben realmente de zonas que están incomunicadas y no ha llegado absolutamente nada. Lo estamos haciendo como diputados, como organizaciones sociales y hay muchísimos, muchísimos víveres que no llegan a donde realmente se necesitan. Por favor, diputado, pido que este exhorto se integre y se contemple también.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención. Pasamos al siguiente asunto. No sin antes hacer notar que hemos escuchado con toda atención a 22 diputadas y diputados sobre este importante y fundamental para el país.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma los artículos 2o.-A, 9o. y 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Marcos Aguilar Vega, diputados a la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les otorgan el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 2o. A. y se derogan la fracción II, del artículo 9, y la fracción I, del artículo 15, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa busca que se grave a 0 por ciento venta de casa habitación, así como las comisiones y otras contraprestaciones con motivo de créditos hipotecarios vinculados también con la casa habitación. Con eso se pretende que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que actualmente es trasladado a quienes realicen esa actividad pueda ser acreditado por ellos y con eso pueda disminuirse el precio final de las viviendas, en beneficio del comprador de la casa habitación.

Actualmente la venta de una casa habitación, así como las comisiones y otras contraprestaciones con motivo del otorgamiento de hipotecas en casa habitación se encuentran exentas de IVA. Esa circunstancia nos hace creer, como sociedad, que nuestras compras de vivienda no están soportando una carga tributaria. Sin embargo, sobre todo en el caso de casas que adquirimos por parte de empresas dedicadas a construir vivienda, esa percepción es parcialmente equivocada. Al estar exenta la venta de la casa el constructor está obligado a incluir el IVA que le trasladaron como parte del precio que nosotros pagamos por la casa (lo mismo ocurre con los créditos hipotecarios). En otras palabras, una familia o un trabajador que compra una casa, de manera indirecta está soportando la carga del IVA que le trasladaron al constructor.

Por ejemplo, cuando el constructor compró cemento, varilla, grava, pisos, yeso, muebles de baño, pintura, tubería, etcétera, cada uno de esos materiales tuvo aparejado un IVA (por no mencionar los gastos administrativos). En virtud de que la venta está exenta, el constructor no puede acreditar dicho IVA, y por lo tanto tiene que incluirlo como un costo más, mismo que se incluye en el precio que nosotros terminamos pagando.

Con la iniciativa que presentamos, pretendemos que al estar gravada la venta de casa habitación (y también las comisiones por créditos hipotecarios), los constructores y vendedores de vivienda sean contribuyentes del IVA, y eso significará que podrán acreditar todo el impuesto que les fue trasladado; pero al estar gravada la venta con la tasa 0 por ciento, significa que no habrá un impacto o un traslado de impuesto al comprador de la casa.

Los constructores podrán acreditar y recuperar el IVA que tuvieron que pagar. Pero eso no significa que la tasa del 0 por ciento sea para beneficiarlos a ellos. Al poder ellos recuperar el IVA, y toda vez que el mercado de la venta de vivienda es muy competitivo (principalmente la vivienda económica o de interés social), podrán y buscarán bajar sus precios o utilizar esas cantidades para otorgarles más valor a las viviendas. En ambas circunstancias, es evidente que el beneficiado directo sería el comprador.

Es un error considerar, como se maneja en el lenguaje popular, que la tasa de 0 por ciento beneficia a los empresarios. No es cierto que el destino de una tasa del 0 por ciento sea beneficiar a ciertas empresas, el destino de la tasa de 0 por ciento es beneficiar a los consumidores de los bienes o servicios que así se grava. El empresario de, por ejemplo, las tortillas, no se beneficia de la tasa del 0 por ciento, pues a él le da igual poner a su producto 0, 2, 8, 16 por ciento, o cualquier tasa, puesto que el impuesto no está diseñado para afectarlo a él. En cambio, el consumidor de las tortillas es quien directamente tendría que soportar un impuesto distinto a 0 por ciento, en caso que así lo decidiera el legislador. Ciertamente el empresario de un producto gravado a 0 por ciento tiene la ventaja de solicitar (por acreditamiento) todo el IVA que le fue trasladado para la elaboración de su producto, pero la consecuencia de impedir esa devolución implicaría tener que aumentar dicho monto entre sus costos, de tal manera que, previsiblemente, tendría que aumentar el precio final de su producto. Esto es lo que precisamente ocurre en la industria de la vivienda. Eso demuestra, reiteramos, que el beneficiario real de una tasa reducida no es el productor, sino el consumidor de los bienes y servicios así tratados.

La industria de la construcción de vivienda en el país se veía beneficiada indirectamente en virtud de que se podría esperar un aumento en la demanda de vivienda por los mejores precios.

Recordemos que la principal necesidad de vivienda está en los deciles más pobres de la sociedad mexicana. Recordemos también que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hace un gran esfuerzo por financiar esta industria en beneficio de los trabajadores. 78 por ciento de los trabajadores registrados en Infonavit ganan menos de cuatro salarios mínimos, mientras que 17 por ciento gana entre cuatro y menos de 11 salarios mínimos. En conjunto, hablamos de que 95 por ciento de los trabajadores en el país, con muy especial énfasis en los de menos ingresos, serían los principales beneficiarios de una medida como la que se propone en virtud de la posibilidad real de adquirir una vivienda a mejor precio que lo que actualmente ofrece el mercado, o al mismo precio pero con mayor valor real en la construcción. De manera indirecta esta medida también promueve la formalidad en este sector, puesto que la adquisición de créditos baratos y el mejor precio y subsidios que se otorgan en el sector formal inhibirían la existencia de mercados alternos e irregulares (los asentamientos irregulares proliferan por el difícil acceso a una vivienda digna).

Ciertamente habría un pequeño sacrificio en la recaudación, equivalente al monto de los materiales que se trasladan al constructor y que ahora tiene que absorber como parte de sus costos. Sin embargo, ese pequeño detrimento en la recaudación se vería compensado de sobra con la reactivación de ese importante sector de la economía, con la generación de empleos bien remunerados y su eventual pago de impuestos.

La medida propuesta va en perfecta sintonía con el derecho fundamental a una vivienda digna que se consagra en el artículo 4o. constitucional. Y como ahí se señala, es obligación del estado procurar, por medio de la ley, el alcance a una vivienda digna. Esta iniciativa es un esfuerzo para que en cumplimiento al artículo 1o. constitucional que exige a todas las autoridades, en el marco de sus competencias, velar por el cumplimiento y ampliación de los derechos fundamentales, los legisladores podamos crear los mecanismos legales para hacer posible que se cubra el lamentable déficit de viviendas dignas que sufre nuestro país.

Además de nuestra Constitución federal, también tratados internacionales en materia de derechos fundamentales confirman lo aquí señalado:

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica...”

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la que México participa, se señala en su artículo XXIII que “toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuye a mantener la dignidad de la persona y del hogar”.

Esta iniciativa pretende coadyuvar a que se reactive la economía en el país, mediante una industria fundamental en el desarrollo y bienestar de la sociedad como lo es la de la vivienda. Los beneficiados directos serían los adquirentes de casas a precios más accesibles y por medio, también, de créditos más baratos.

Al inscribir entre las actividades gravadas al 0 por ciento las de enajenación de casa habitación y la de cobro de comisiones por sus hipotecas estamos, en primer lugar siendo respetuosos del mínimo vital de los ciudadanos, en el sentido de dejar intocado el consumo básico que es la vivienda. En segundo lugar estamos creando un incentivo a la reactivación económica por la generación de empleos que deberá existir con el aumento de la demanda de vivienda digna. Esto último va en concordancia con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: Valor Agregado. Las exenciones contenidas en la ley del impuesto relativo, persiguen fines extrafiscales genéricos, frente a los específicos pretendidos por la tasa de 0 por ciento.

La existencia de tasas reducidas en industrias o sectores sensibles para la sociedad es común. Ante el déficit de vivienda digna que tiene nuestro país, definitivamente la enajenación de casa habitación es un asunto especial que justifica una tasa reducida.

En otras partes del mundo encontramos que el catálogo de actividades entre las que los países miembros de la Unión Europea escogen establecer tasas reducidas es tan amplio, que recoge actividades tan disímbolas como: enajenación de frutas, plantas, animales, agua, equipo médico, medicinas, asientos de auto para niños, transporte de pasajeros, libros, revistas y periódicos, admisión a espectáculos, vivienda social, insumos para la agricultura, eventos deportivos, instalaciones deportivas, servicios médicos, servicios de odontología, tratamientos termales, recolección de basura, gas, electricidad, renovación de vivienda, servicios de reparación, limpieza de viviendas, peluquerías, ropa para niños, venta de viviendas, alquiler de vivienda, alimentos, etcétera.

En virtud de que al presentarse esta iniciativa está en la mesa de discusión una propuesta presentada por el titular del Ejecutivo federal, nos permitimos hacer un cuadro comparativo entre el texto que actualmente está en vigor, el texto que se propone por parte del Ejecutivo y el texto que proponemos:

Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el artículo 2o. A., y se derogan la fracción II, del artículo 9, y la fracción I, del artículo 15, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. A. ...

I. La enajenación de:

...

j) Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Los hoteles no quedan comprendidos en este inciso.

...

II. La prestación de los siguientes servicios independientes:

...

i ) Las comisiones y otras contra prestaciones que cubra el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, salvo aquellas que se originen con posterioridad a la autorización del citado crédito o que se deban pagar a terceros por el acreditamiento.

Artículo 9o. ...

II. (Se deroga)

...

Artículo 15. ...

I. (Se deroga)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Septiembre de 2007; Pág. 557.

2. International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), EU VAT Compass 2011/2012,Amsterdam, 2012. P. 435 y siguientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputados: Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Marcos Aguilar Vega, Angelina Carreño Mijares, José Enrique Reina Lizárraga, Alejandra López Noriega, José Arturo Salinas Garza, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, María Guadalupe Mondragón González, Consuelo Argüelles Loya, Xavier Azuara Zúñiga, Juan Pablo Adame Alemán, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Rubén Camarillo Ortega, David Cuauhtémoc Galindo Delgado,  Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Leslie Pantoja Hernández, Esther Quintana Salinas, Martha Berenice Álvarez Tovar, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Margarita Licea González, Víctor Rafael González Manríquez, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Jorge Rosiñol Abreu, German Pacheco Díaz, Juan Carlos Uribe Padilla, Francisco Pelayo Covarrubias, Alfredo Zamora García, María Isabel Ortiz Mantilla, Erick Marte Rivera Villanueva, Fernando Rodríguez Doval, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Martha Leticia Sosa Govea, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, José Guillermo Anaya Llamas, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Damian Zepeda Vidales, Alberto Díaz Trujillo, Genaro Carreño Muro, Juan Carlos Muñoz Márquez, Raúl Gómez Ramírez, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Enrique Alejandro Flores Flores, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Fernando Bribiesca Sahagún, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Raudel López López, José Alfredo Botello Montes, Liliana Castillo Terreros, Patricia Lugo Barriga, Raquel Jiménez Cerrillo, Mariana Dunyaska García Rojas, Humberto Alonso Morelli, José González Morfín, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Juan Jesús Aquino Calvo, Heriberto Neblina Vega, Verónica Sada Pérez, Raúl Paz Alonso, J. Jesús Oviedo Herrera, María Teresa Jiménez Esquivel, Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García Ramírez, (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XIII BIS DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de la Secundaria número 30, José Antonio Alzate, del municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

Asimismo se encuentran con nosotros estudiantes de la Universidad Madero, de Puebla, de la licenciatura en comercio exterior y derecho aduanero, invitados por el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con su venia, señor presidente. Y dado que usted lo hizo y lo hizo muy bien, como siempre, el motivo de mi presencia en esta tribuna es solo rogarle que la iniciativa sea plasmada en el Diario de los Debates completa y me iré directamente a la exposición de motivos.

Con fecha 31 de agosto de 2007, fue presentada ante el pleno de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, suscrita por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual se propuso una reforma orientada a eliminar figuras que han caído en desuso; ajustar los procesos de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple para hacerlos más claros y eficientes; flexibilizar el régimen relativo a las operaciones y actividades que puedan realizar las citadas instituciones y la regulación que les es aplicable, así como revisar las atribuciones de las autoridades financieras, a fin de prever un sistema mucho más eficiente.

Como parte de la iniciativa en mención, se propuso la creación de la figura de organismos autorregulatorios bancarios.

El reconocimiento en ley de dichos organismos —sostuvo el Ejecutivo— tenía la finalidad de promover una mayor eficiencia y transparencia en las actividades y operaciones que realizan las instituciones de crédito, con lo cual se contribuiría al sano desarrollo del sistema financiero.

Las normas de autorregulación buscaban determinar el mínimo de sanas prácticas que se deberían considerar en beneficio del propio sistema crediticio para que así todos los participantes se acogieran a ella.

De especial interés resulta para los efectos de la presente proposición lo relativo a la emisión de normas relacionadas con los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio aplicables al personal de las instituciones de crédito, ya que en esta disposición si bien es cierto busca garantizar el mejor desempeño de los empleados del sistema bancario, es insuficiente para que estos no se inmiscuyan en actividades ilícitas.

Lo anterior se afirma de acuerdo con algunas cifras de las procuradurías de Justicia, que se ha venido comprobando la participación del personal que labora en las instituciones de crédito en los asaltos sufridos por los usuarios de los servicios financieros.

Según el Informe estadístico delictivo del 2012, en el Distrito Federal hubo 962 robos a cuentahabientes saliendo o bien de cajeros automáticos o de las sucursales bancarias. La forma de operar es variable de acuerdo a cada una de las entidades federativas. El personal que labora en las diversas instituciones financieras del país —sean éstas públicas o privadas— son responsables del manejo de información privilegiada y confidencial, así como de bienes y valores. Por tal motivo tiene que garantizarse no solo su capacidad técnica, sino la solvencia ética y moral para así preservar la seguridad de los millones de personas que todos los días hacen uso de los servicios financieros.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa en la que se propone que deje de ser facultad de las instancias de autorregulación bancaria certificar al personal que labora en las instituciones de crédito, tomándose la referida certificación en obligatoria y bajo la vigilancia y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La certificación a la que nos referimos no solo buscaría asegurar la capacidad técnica de empleados y funcionarios de las instituciones de crédito, sino dar un paso hacia adelante y establecer sistemas de control de confianza, que permitan efectivamente que todos y cada uno de estos trabajadores no tengan ninguna participación ilícita con el crimen organizado.

Decreto, artículo primero. Se reforma el artículo 7o. Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

7o. Bis 1. Los organismos autorregulatorios bancarios deberán, en términos de sus estatutos y sujetándose a lo previsto en el artículo 7o. Bis 2 de esta ley, emitir normas relativas a:

I a IX...

Además, las asociaciones o sociedades gremiales de instituciones de crédito que obtengan el reconocimiento de organismo autorregulatorio bancario por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llevarán a cabo certificaciones de control de confianza y de capacidad técnica de los empleados, funcionarios y directivos de las instituciones de crédito, así como sus apoderados, cuando así lo prevean las normas a las que se refiere este artículo”.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 25 a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá reglas de carácter general para las asociaciones o sociedades gremiales en instituciones de crédito que obtengan el reconocimiento de organismos autorregulatorios bancarios, a fin de regular las certificaciones de control de confianza dirigidas a los trabajadores al servicio de las instituciones que prestan el servicio.

Ojalá y los señores banqueros ayuden a la autoridad en las investigaciones cuando surjan estos incidentes. Por su atención y tolerancia, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, y Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Víctor Emanuel Díaz Palacios, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, así como la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 31 de agosto de 2007 fue presentada ante el pleno de esta Cámara de Diputados la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos”, suscrita por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual se propuso una reforma orientada a “eliminar figuras que han caído en desuso, ajustar los procesos de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple para hacerlos más claros y eficientes, flexibilizar el régimen relativo a las operaciones y actividades que pueden realizar las citadas instituciones y la regulación que les es aplicable, así como revisar las atribuciones de las autoridades financieras a fin de prever un sistema más eficiente”.

Como parte de la iniciativa en comento, se propuso la creación de la figura de los organismos autorregulatorios bancarios. Tales entidades serían las asociaciones gremiales de instituciones de crédito que obtuvieran el reconocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y tendrían por objeto la implementación de diversos estándares de conducta y operación entre las instituciones de crédito que se encuentren agremiadas a ellos.

El reconocimiento en ley de dichos organismos, sostuvo el Ejecutivo, tenía como finalidad promover una mayor eficiencia y transparencia en las actividades y operaciones que realizan las instituciones de crédito, con lo cual se contribuiría al sano desarrollo del sistema financiero.

En este sentido, las normas de autorregulación buscaban determinar el mínimo de sanas prácticas que se debían considerar en beneficio del propio sistema crediticio, para que así todos los participantes se acogieran a ellas.

Atentos al contenido del decreto publicado el 2 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, los organismos autorregulatorios bancarios pueden emitir normas relativas a:

• Los requisitos de ingreso, exclusión y separación de sus agremiados;

• Las políticas y lineamientos que deban seguir sus agremiados en la contratación con la clientela a la cual presten sus servicios;

• La revelación al público de información distinta o adicional a la que derive de la ley;

• Las políticas y lineamientos de conducta tendientes a que sus agremiados y otras personas vinculadas a éstos con motivo de un empleo, cargo o comisión en ellos, conozcan y se apeguen a la normativa aplicable, así como a los sanos usos y prácticas bancarias;

• Los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio aplicables al personal de sus agremiados;

• La procuración de la eficiencia y transparencia en las actividades bancarias;

• El proceso para la adopción de normas y la verificación de su cumplimiento;

• Las medidas disciplinarias y correctivas que se aplicarán a sus agremiados en caso de incumplimiento, así como el procedimiento para hacerlas efectivas; y

• Los usos y prácticas bancarias.

De especial interés resulta para los efectos de la presente proposición lo relativo a la emisión de normas relacionadas con los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio aplicables al personal de las instituciones de crédito, toda vez que esta disposición, si bien es cierto busca garantizar el mejor desempeño de los empleados del sistema bancario, ha resultado insuficiente para asegurar que éstos no se inmiscuyan en actividades ilícitas.

Lo anterior se afirma, toda vez que, de acuerdo con algunas cifras de las procuradurías de justicia, se ha venido comprobando la participación del personal que labora en las Instituciones de Crédito, en los asaltos sufridos por los usuarios de los servicios financieros.

Baste  señalar que, de acuerdo con el Informe Estadístico Delictivo en el Distrito Federal 2012, presentado por la Procuraduría General de Justicia capitalina, durante el año pasado se llevaron a cabo 962 robos a cuentahabiente saliendo de cajero automático y/o de sucursales bancarias.

La forma de operar de estos delincuentes se basa en la participación de personas que aguardan afuera de alguna institución crediticia, quienes observan a través de los cristales de la misma, mientras que otro cómplice ingresa de manera discreta, escruta y selecciona a la víctima, la cual muchas veces es señalada por el personal que labora en dicha institución financiera, para que, posteriormente, en el exterior, se lleve a cabo el robo, muchas veces con violencia y sevicia.

Esta situación no es más que otro reflejo de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el país, la cual encuentra en los asaltos bancarios una de sus manifestaciones más palpables y angustiosas para un amplio espectro de la población.

El personal que labora en las diversas instituciones financieras del país, sean estas públicas o privadas, son responsables del manejo de información privilegiada y confidencial, así como de bienes y valores.

Por tal motivo, tiene que garantizarse no sólo su capacidad técnica, sino su solvencia ética y moral, para así preservar la seguridad a los millones de personas que todos los días hacen uso de los servicios que las distintas instituciones financieras proporcionan.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, éste legislador somete a la consideración de ésta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto. En ella se propone que deje de ser facultativo de las instancias de autorregulación bancaria certificar al personal que labora en las instituciones de crédito, tornándose la referida certificación en obligatoria y bajo la vigilancia y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La certificación a la que nos referimos no sólo buscaría asegurar la capacidad técnica de empleados, funcionarios y directivos de las instituciones de crédito; sino dar un paso hacia adelante y establecer sistemas de control de confianza, tal y como ya ocurre en otros ámbitos, como el de la seguridad pública.

Como complemento de lo anterior, también se propone adicionar un artículo 25 a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que emita reglas de carácter general para las asociaciones o sociedades gremiales de instituciones de crédito que obtengan el reconocimiento de organismo autorregulatorio bancario, a fin de regular las certificaciones de control de confianza dirigidas a los trabajadores al servicio de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito.

Reconocemos el empeño y profesionalismo con el que diariamente se desempeñan los empleados de las instituciones de crédito y por ello es que nos abstenemos de establecer generalizaciones que afecten a todo un gremio que goza de amplio reconocimiento social, pero justamente, con la finalidad de mantener inalterable este aprecio, es que presentamos la siguiente iniciativa, la cual tiene como objetivo principal resguardar diversos bienes jurídicos tutelados, cuya titularidad recae en los usuarios del sistema crediticio mexicano.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 7o. Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Bis 1. Los organismos autorregulatorios bancarios deberán, en términos de sus estatutos y sujetándose a lo previsto en el artículo 7 Bis 2 de esta ley, emitir normas relativas a:

I.a IX. ...

Además, las asociaciones o sociedades gremiales de instituciones de crédito que obtengan el reconocimiento de organismo autorregulatorio bancario, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llevarán a cabo certificaciones de control de confianza y de capacidad técnica de empleados, funcionarios y directivos de las instituciones de crédito, así como de sus apoderados, cuando así lo prevean las normas a que se refiere este artículo.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 25 a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá reglas de carácter general para las asociaciones o sociedades gremiales de instituciones de crédito que obtengan el reconocimiento de organismo autorregulatorio bancario, a fin de regular las certificaciones de control de confianza dirigidas a los trabajadores al servicio de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir los lineamientos de certificación y evaluación a los que se sujetará el personal de las instituciones de crédito, mismas que deberán observar los criterios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios, Angelina Carreño Mijares, María del Rocio Corona Nakamura, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado Víctor Manuel Díaz Palacios. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Damos la más cordial bienvenida al señor licenciado Pedro Rodríguez Villegas, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, invitado por la diputada Guadalupe Mondragón y el diputado Alfredo Rivadeneyra.

Asimismo nos visitan el día de hoy estudiantes y profesores de la carrera de derecho de la Universidad de León, plantel Moroleón, del estado de Guanajuato, invitados por el señor diputado Raúl Gómez Ramírez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

LEY DE MANIFESTACIONES PUBLICAS EN EL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra el señor diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Con su venia, presidente. En Acción Nacional reprobamos los hechos que se suscitaron ayer en la Ciudad de México. Los legisladores del PAN reprobamos cualquier tipo de violencia, venga de quien venga y sea de quien sea. Hoy subo a esta tribuna a presentarles una iniciativa, que estoy seguro será bien vista por los que hablan a favor de las manifestaciones y también por aquellos que las rechazan.

Esta misma propuesta se está haciendo en el Senado de la República por la senadora Gabriela Cuevas y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el coordinador de la bancada del PAN, el diputado Federico Döring.

Agradezco al líder nacional de mi partido, Gustavo Madero, y a mi coordinador, diputado Luis Alberto Villarreal, su sensibilidad política de sumar este tema a la agenda política del Partido Acción Nacional.

Se trata de una ley que garantizará el derecho a la libre manifestación y el derecho de tránsito del resto de la población. Es una ley que estoy seguro será arropada por quienes se quejan de que la policía realiza detenciones arbitrarias, pero también será acogida por aquellos que están hartos de la violencia que se genera en algunas manifestaciones. Incluso estoy seguro que será arropada por quienes me han dicho fascista en el pasado, por haber presentado la posibilidad de crear un tipo penal que castigue los excesos; es decir, la utilización de sustancias tóxicas inflamables o explosivas.

Ya lo dijo un gran hombre, Manuel J. Clouthier —que por cierto el lunes recordamos su partida—: Cambiemos a México sin odio y sin violencia.

Pero, ¿de qué trata esta iniciativa? De garantizar el derecho a la manifestación, pero también la integridad física de quienes participan en ella, así como de policías y de la ciudadanía.

Por otro lado, que la capital no se vea paralizada cada vez que un grupo de personas, legítima o ilegítimamente, salen a las calles a realizar un reclamo contra el gobierno o alguna postura política.

¿Qué proponemos? Que las personas den aviso con 72 horas de antelación a la Secretaría de Seguridad Pública. De esta manera se va a garantizar que en toda movilización exista la presencia de elementos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que velarán por los derechos de los manifestantes y los derechos de la población. Pero sobre todo que las Secretarías de Gobierno del DF y de Gobernación envíen interlocutores que busquen resolver desde el principio las demandas que generan las manifestaciones.

Por otro lado, se le garantizará al resto de la población no bloqueos, ni manifestaciones en horas pico en vías primarias o en calles de un solo carril. El acceso libre a los centros de trabajo.

Todo policía que participe en una manifestación deberá contar con capacitación en derechos humanos. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizará, conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos, un manual de actuación, el cual deberá ser revisado de manera permanente. Incluso se prevé la implementación de todos los apoyos necesarios para atender situaciones de emergencia o desastre durante las manifestaciones públicas.

Compañeros legisladores, como pueden ver, es una iniciativa que busca resolver la problemática de los manifestantes y de las manifestaciones, que buscan garantizar los derechos de todos los ciudadanos, manifestantes o no.

Exhorto a todos los partidos, a todos los grupos de los mismos, a que suscriban esta iniciativa que busca ser una herramienta donde las pretensiones de los extremos se vean satisfechas.

Basta de pérdidas millonarias para los locatarios. Basta de más pérdidas de empleos. Basta de que los enfermos no logren llegar a los hospitales. Basta de la obstrucción de centros de trabajo. Basta de agresiones contra nuestros amigos periodistas. Basta de atentar contra la vida de los policías. Pero, sobre todo, basta de violencia.

Llamo a todos los diputados congregados en esta Cámara a que suscriban y apoyen esta iniciativa, pero sobre todo a los diputados Ricardo Monreal Ávila, José Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez, y a sus bancadas a que conjuntamente pongamos fin a la violencia y abramos juntos la puerta de diálogo.

Hoy hay un sinnúmero de personas detenidas por robos menores, y tenemos libre en la calle a vándalos que prenden fuego a policías o provocan lesiones graves como fractura de cráneo.

Busquemos el cómo sí realizar manifestaciones y no propiciar la violencia ni atentar contra la economía de esta hermosa capital. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa por la que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

Una vez más, los ciudadanos que viven, trabajan y pasean en la Ciudad de México han visto afectados sus bienes, derechos y libertades por las marchas, los plantones y bloqueos realizados durante las últimas semanas en las avenidas más importantes de la capital. Muchos de ellos no pudieron asistir a la escuela o al trabajo, otros tuvieron que cancelar sus vuelos y unos más perdieron sus citas en los centros de salud. Por si fuera poco, se registraron daños a propiedades públicas y privadas, y cientos de comercios sufrieron pérdidas económicas considerables.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), calculó pérdidas por 767 millones de pesos por dos meses de plantones; la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) reportó pérdidas por 650 millones de pesos en ventas no realizadas, así como más de un millón 800 mil horas/hombre de trabajo perdidas y 28 mil comercios y pequeñas empresas afectadas. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que el sector restaurantero registró afectaciones por 300 millones en 15 días de marchas. Estas cifras reflejan pérdidas superiores a los mil 700 millones de pesos.

Desafortunadamente, este tipo de manifestaciones no son algo excepcional y se han ido presentando con mayor frecuencia en los últimos años: mientras que en el año 2002 se registraron 778 movilizaciones en la vía pública, en el 2009 se presentaron 4 veces más movilizaciones (aproximadamente 3 mil 200) y ya para 2010 se había llegado a 6,294, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.  En 2012 la cifra se elevó nuevamente para llegar a 7,319 y la tendencia de este año indica que habrá 9 mil manifestaciones.

La problemática esbozada evidencia la necesidad de reglamentar las manifestaciones públicas en la Ciudad de México, reconociendo que la expresión de las ideas e inconformidades constituye uno de los elementos del régimen democrático al igual que la libertad de tránsito y el respeto a los derechos de terceros.

Bajo esta premisa, el objetivo de la presente iniciativa es, precisamente, establecer las restricciones a las que estarán sujetas las manifestaciones en el Distrito Federal en consonancia con las limitaciones que nuestra propia Constitución y las normas internacionales de derechos humanos imponen al ejercicio de las libertades de expresión y asociación. En otras palabras, esta iniciativa pretende lograr un balance de dichas garantías, pues no sanciona o impide la libertad de asociación o manifestación, sino el perjuicio causado a los ciudadanos cautivos que ven dañados sus derechos y libertades.

I. Regulación de las marchas

La Ciudad de México requiere un marco legal cierto y objetivo respecto al fenómeno social de las manifestaciones; un ordenamiento que reconozca el ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y asociación, bajo características específicas como son: la protección de la salud y la moral públicas; la protección de los derechos y libertades de terceros; así como la salvaguarda del orden público y la seguridad nacional.

Frente a quienes sostienen que regular las manifestaciones supone un atentado a los derechos humanos, algunos autores como el Doctor Miguel Carbonell han puesto de manifiesto las siguientes consideraciones:

“1. Las marchas pueden y deben ser reguladas en el DF, tal y como ha sucedido en otros países en los que se tienen sistemas democráticos muy consolidados. Es decir, la regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia, sino todo lo contrario.

2. La regulación de las marchas, si está bien hecha, no afecta en lo más mínimo el derecho a manifestarse, sino que lo hace compatible con el ejercicio de otros derechos que pueden ser afectados por una marcha, como por ejemplo la libertad de tránsito.

3. El gran reto de cualquier regulación constitucionalmente correcta es lograr un balance, una ponderación razonable entre el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de tránsito, cuando las manifestaciones transcurren por la vía pública.

4. La regulación de las marchas podría servir como un instrumento de protección de los propios marchistas. Por ejemplo, si la regulación dispone que cualquier marcha tendrá que ser comunicada a la Secretaría de Seguridad Pública del DF con cierto tiempo de anticipación (en el derecho comparado encontramos plazos que van de las 48 horas hasta los 15 días), entonces la policía podría montar un operativo que sirviera para proteger a los manifestantes, de tal forma que no se pudieran filtrar reventadores o provocadores en la marcha. La presencia policiaca podría servir también como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de actos vandálicos por parte de los manifestantes, desde luego.

5. En una sociedad democrática el ejercicio de los derechos fundamentales no puede llevarse a cabo de tal manera que termine vulnerando los derechos (igualmente fundamentales) de otras personas. La sabiduría popular acierta cuando señala que ‘el derecho de una persona llega hasta donde empieza el derecho de otra’. Los derechos fundamentales deben poder convivir en el espacio público de la forma más armónica que sea posible”.

Diversas son las disposiciones nacionales e internacionales que dan sustento a argumentos como los anteriores y que reconocen el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y asociación bajo ciertas limitantes. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señala que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión “entraña deberes y responsabilidades especiales”, por lo que puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar expresamente fijadas por la ley. En el mismo sentido, el artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica cuyo ejercicio “sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 15 el derecho de reunión pacífica y sin armas, disponiendo que “el ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.

A nivel interno, los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también imponen limitaciones a la libertad de expresión y asociación:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público ...”

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

Como puede observarse, hay un claro consenso en la facultad que tienen los legisladores para establecer restricciones o límites al ejercicio de las libertades. De manera particular, se entiende que las libertades de expresión, reunión y asociación tienen características específicas para su ejercicio como las siguientes: que no ataquen la moral ni los derechos de terceros, que no provoquen algún delito o perturben el orden público, y que no se profieran injurias contra la autoridad ni se haga uso de violencia o amenazas contra la misma.

Ahondando en lo anterior, es conveniente recordar que uno de los mecanismos que ha recibido un gran impulso para solucionar conflictos entre bienes constitucionalmente protegidos es el principio de proporcionalidad, el cual considera que dentro de la Constitución no existen jerarquías internas y que, por lo tanto, la realización entre principios o derechos debe ser precisada en cada situación específica.

El principio de proporcionalidad es una herramienta que toma en cuenta el carácter pluralista, abierto, tolerante y democrático de nuestra sociedad.  Dicho principio está compuesto por los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto: “Con el subprincipio de idoneidad se determina si la intervención en los derechos fundamentales es adecuada o no para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. El subprincipio de necesidad sirve para analizar si la medida de intervención en los derechos fundamentales es la más benigna con el derecho fundamental intervenido entre todas aquellas que revisten la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. El principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación sostiene que la intervención en el derecho fundamental debe estar justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa”.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que ningún derecho fundamental es absoluto y que, en consecuencia, todos admiten las restricciones establecidas por el legislador ordinario:

Garantías individuales. El desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por parte del legislador debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica

De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Jurisprudencia P/J 130/2007 , Página 8.

Restricciones a los derechos fundamentales. Elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas

Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Novena Época, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Tesis: 1a. LXVI/2008, Página 462.

De lo anterior se colige que las limitaciones al derecho de libre expresión y reunión son admisibles dentro del ámbito constitucional porque no hay una interferencia al grado de hacer nugatorios esos derechos. Además, es de tomarse en cuenta que en otras ciudades del mundo ya existen ordenamientos encaminados a especificar las condiciones que deben cumplir los ciudadanos para realizar manifestaciones públicas.

II. Derecho comparado

Ciudades como Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Washington ya cuentan con disposiciones que regulan las manifestaciones en espacios públicos. En el “Estudio sobre las disposiciones que regulan las marchas, plantones y manifestaciones en las ciudades más importantes del mundo”, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados destaca algunas disposiciones aplicables en esta materia:

a) España. El artículo 21 de la Constitución Española establece que “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

b) Argentina. El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el ordenamiento que sanciona las conductas que implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos, establece en su artículo 78 lo siguiente: “Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.

En adición a lo anterior, los Criterios Generales de Actuación del Procedimiento Contravencional del Poder Judicial establecen las directrices generales de actuación para los casos de obstrucción total o parcial de la vía pública con motivo de marchas, manifestaciones o peticiones a la autoridad:

Artículo 1o.- Interpretación.

Inciso 1: La excepción contenida en el artículo 41 del Código Contravencional: “...salvo que sea en ejercicio de un derecho constitucional, y se haya dado aviso a la autoridad competente.” se refiere en particular a los derechos de reunión y de peticionar a las autoridades, previstos en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Inciso 2: Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán considerar cumplido el requisito legal de dar aviso a que se refiere el Art. 41 del Código Contravencional, cuando hubiera sido dirigido al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante noticia fehaciente y en tiempo oportuno, que permita instrumentar en el caso concreto un dispositivo alternativo de circulación y seguridad, en los términos y con el alcance previsto en la legislación de tránsito vigente.

Inciso 3: El ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades no ampara las conductas contravencionales en que pueden incurrir individualmente los manifestantes, como las previstas en los artículos 37 (pelea), 38 (hostigamiento o mal trato), 39 (portación de arma propia), 39ter (uso indebido de armas), 43bis (discriminación), 44, 44bis, (afectar o alterar servicios o señales públicas), y 73 (ensuciar bienes) del Código Contravencional.

Inciso 4: Por cuanto el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades no justifica conductas abusivas que afecten sin necesidad derechos de terceros, debe entenderse que el derecho de manifestarse no presupone el de cortar vías de circulación, salvo que ello sea consecuencia de la cantidad de concurrentes. El principio general es el de libertad de circulación en la vía y espacios públicos.

Artículo 2o.- Las facultades propias de prevención, conforme a la normativa vigente, serán ejercidas por las fuerzas de seguridad sin necesidad de consulta previa o autorización por parte de este Ministerio Público, sin perjuicio de la inmediata consulta a las/los fiscales contravencionales.

Artículo 3o.- En los casos en que se produzca una concentración de personas en la vía pública para efectuar petición o reclamo, con o sin aviso previo, los organismos de seguridad deberán contener y canalizar la manifestación dentro de los espacios adecuados a la cantidad de personas concentradas y a la naturaleza del acto (marcha o concentración en lugar determinado) dando prioridad a la libertad de circulación, sin perjuicio de las directivas que imparta el/la Fiscal competente.

Artículo 4o.- Cuando se hubiera dado aviso a la autoridad competente, en los casos de manifestaciones o concentraciones con escasa concurrencia de personas, los organismos de seguridad deberán derivarlas a sitios donde no afecten la circulación vehicular; acordonar el espacio utilizado por los manifestantes y cuando fuera imposible la derivación, además del cordón, liberar el espacio mínimo y necesario para la circulación de los demás ciudadanos.

Artículo 5o.- Cuando la autoridad competente hubiera autorizado, organizado y comunicado a los manifestantes el operativo de contención razonable que garantice el derecho a manifestarse, las posteriores desobediencias en que puedan incurrir los concurrentes autorizan la instrucción y labrado de la actuaciones contravencionales que correspondan, si no importaran la comisión de delitos.

Artículo 6o.- Cuando los manifestantes no hayan dado aviso previofehacientea la autoridad competente y/o cuando se haya ejercido abusivamente el derecho invocado y/o cuando a criterio del/la Fiscal no resultara manifiesto el ejercicio de un derecho constitucional, se formalizará de oficio procedimiento contravencional con la adopción de las medidas cautelares pertinentes respecto de los autores que resulten identificados, sin perjuicio de labrarse las correspondientes actuaciones para identificar a los restantes.

Artículo 7o.- Cuando en los actos de protesta o manifestación se utilicen vehículos, las fuerzas de seguridad dispondrán su estacionamiento evitando el entorpecimiento del tránsito. En el caso en que los vehículos sean utilizados para efectuar un corte en la vía pública que impida el tránsito peatonal y vehicular, las fuerzas de seguridad, previa intimación para su retiro, deben ejercer la coacción directa prevista en los Arts. 18 y 19 de la Ley N° 12, consistente en el secuestro, inmovilización y depósito de los vehículosen lugares que no supongan peligro para los derechos o bienes de terceras personas.

c) Santiago de Chile. La Ley 19495, en su Título XIV (arts. 165-169), establece Disposiciones Generales sobre el uso de las vías públicas:

“Artículo 165.- Las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo. Prohíbese en las vías públicas:

1.- Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos;...”

d) Washington D. C.La regulación municipal establece lo siguiente:

1100.1. El uso temporal de calles por personas privadas y organizaciones para actividades recreativas, educativas, cívicas o de caridad podrán ser autorizadas por el Secretario del Distrito de Columbia, sujetas a las condiciones de esta sección y a los procedimientos de la sección 1101.

1100.4. Los patrocinadores o copatrocinadores deberán proveer al menos unmonitor adicional por cada 25 personas en exceso de 75 que asistan a las actividades.

1100.5. Los copatrocinadores y monitores serán identificables por el uso de brazaletes u otros medios apropiados, suministrados por el Secretario del Distrito.

1100.6. El horario en el cual las actividades solicitadas y aprobadas por oficio del Secretario, deberán llevarse a cabo hasta no más tarde de las 10:00 p. m.

1100.7. El área deberá dejarse en las mismas condiciones anteriores a las actividades.

1100.8. Los patrocinadores serán responsables deremover toda la basuraen un periodo de 12 horas posteriores a la conclusión de las actividades.

1100.9. Serán proporcionados contenedores para uso sanitario por el Departamento de Servicios Ambientales, que estará encargado de recogerlos.

1100.10. Altavoces y otros medios de amplificación podrán ser autorizados cuando se planteen en la solicitud. Esos instrumentos serán ajustados para utilidad de los asistentes al área de actividades únicamente, y para no causar disturbios a personas fuera de los confines del evento.

1100.13. Los patrocinadores o copatrocinadores y monitores deberán cumplir cualquier instrucción de los miembros del departamento de la policía metropolitana u otros oficiales del Distrito, relativas a la preservación del orden.

1100.14. Los patrocinadores aceptarán indemnizar y dejar indemne al Distrito de Columbia, sus oficiales y empleados en el evento de lesiones a alguna persona o daño a la propiedad derivado del uso de la calle.

1100.15. El área utilizada para las actividades no excederá la parte de la calle situada entre dos intersecciones de calles.

1100.16. Si alguna de las dependencias siguientes objeta el uso de la calle, la solicitud será decidida por el alcalde:

(a) Departamento del Transporte de D.C.;

(b) Departamento de Incendios;

(c) Departamento de Policía metropolitana;

(d) Comisión de Tránsito del área metropolitana de Washington;

1100.17. No se permitirán actividades en dos cuadras de de cualquier zona de silencio establecida bajo las normas de control de ruido del Distrito.

1100.18. Aprobada la solicitud, el Secretario del Distrito preparará una carta de autorización que será obtenida por el solicitante en el precinto policial correspondiente.

1100.19. La carta de autorización prevista en el inciso anterior será mantenida a disposición en la escena de las actividades y será exhibida a solicitud de cualquier miembro del Departamento de la policía Metropolitana u otros oficiales del Distrito.

1100.20. Cualquier persona que voluntaria y conscientemente falsifique la firma  necesaria, procure firmas falsas, patrocine o realice conductas en un espacio público sin autorización, o de alguna manera viole cualquiera de estas provisiones será castigada, previa condena, a multa de no más de 300 USD o prisión por no más de 10 días.

1101.3. En caso de que una organización patrocine la actividad, la solicitud será firmada por un representantedebidamente autorizado y 3 adultos copatrocinadores que satisfagan las condiciones de residencia.

1101.4. La solicitud deberá ser formulada con suficiente anticipación, con un mínimo de 4 días, excluyendo sábados, domingos y días festivos, antes de la actividad.

Como puede apreciarse, diversos países han adoptado medidas para delimitar el ejercicio de los derechos de reunión y expresión en una manifestación pública, y todas estas disposiciones encuentran un mismo objetivo: balancear los intereses de los manifestantes y de los ciudadanos cuyo interés es realizar sus actividades cotidianas.

De esta manera, medidas como la obligación de informar a la autoridad sobre las manifestaciones que se tienen previstas, el establecimiento de horarios, la limitación de carriles para que se manifiesten los ciudadanos, así como la prohibición de bloquear vialidades y hacer uso de violencia, son necesarias y adecuadas para asegurar el pleno cumplimiento de la libertad de tránsito, fin perseguido por la intervención legislativa que se propone y que se encuentra circunscrito en las previsiones normativas del marco nacional e internacional a que se ha hecho referencia.

De lo anterior se desprende que la regulación del ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no es incompatible con la democracia. Por el contrario, permitirá la expresión de las ideas, peticiones e inconformidades en un marco de respeto a los derechos de terceros, velando en todo momento por la integridad de los propios manifestantes y evitando que se continúe vulnerando la libertad de tránsito de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México cada vez que se desarrolla una marcha, un plantón o cualquier concentración similar.

III. Competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de manifestaciones públicas en el Distrito Federal

Las marchas, plantones y bloqueos que se desarrollan en la capital del país pueden y deben ser reguladas desde esta soberanía con fundamento en lo establecido por el artículo 122, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En primer lugar, el texto constitucional faculta al Congreso de la Unión a legislar en lo relativo al Distrito Federal en aquellas materias que no están expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa como es el caso de las manifestaciones públicas. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en reiteradas ocasiones que para determinar claramente las competencias entre la federación y el Distrito Federal se debe estar al siguiente parámetro: “En las materias que no sean concurrentes conforme a la Constitución, deberá verificarse si se encuentran expresamente concedidas a la Asamblea Legislativa, caso en el que podrá legislar el órgano legislativo local. De lo contrario, puede legislar el Congreso de la Unión en su calidad de órgano legislativo del Distrito Federal” (Controversia Constitucional 132/2006). Este parámetro ya se había externado en el siguiente criterio:

Distrito Federal. Al congreso de la unión le corresponde legislar en lo relativo a dicha entidad, en todas las materias que no estén expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa por la Constitución Federal.

De lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende, por una parte, que el gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y, por otra, que el ejercicio de la función legislativa está encomendada tanto al Congreso de la Unión como a la Asamblea Legislativa de la propia entidad, conforme al siguiente sistema de distribución de competencias: a) Un régimen expreso y cerrado de facultades para la citada Asamblea Legislativa, que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracción V, además de las que expresamente le otorgue la propia Constitución; y b) La reserva afavor del Congreso de la Unión respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa, como lo señala el propio dispositivo en su apartado A, fracción I; lo que significa que las facultades de la Asamblea son aquellas que la carta magna le confiere expresamente y, las del Congreso de la Unión, las no conferidas de manera expresa a la Asamblea.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, Jurisprudencia P/J 49/99, Página 546.

Siguiendo el citado parámetro, de la simple lectura de las materias referidas en la base primera del artículo 122 se desprende que no aparece mención alguna a la posibilidad de que sea la Asamblea Legislativa la que regule lo relativo a las manifestaciones públicas

En segundo lugar, no debe desconocerse que el propio texto constitucional le confiere al Congreso de la Unión la facultad dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión, los cuales tienen su asiento en la capital y, por tanto, en incontables ocasiones ven obstruidas sus funciones por el caos que ocasionan las concentraciones en las principales avenidas y en la entrada misma de las oficinas gubernamentales.

De todo lo anterior se infiere que la regulación de las manifestaciones en el Distrito Federal se encuentra en la esfera legislativa del Congreso de la Unión, conclusión que se fortalece con la negativa de la Asamblea Legislativa para expedir una norma en esta materia bajo el argumento de que carece de facultades para ello.

IV. Propuestas

La presente iniciativa no pugna por la prohibición de las manifestaciones. Por el contrario, pretende proteger la salud e integridad de los participantes y, al mismo tiempo, salvaguardar los derechos y bienes de terceros mediante medidas como las siguientes:

• Permitir únicamente las manifestaciones que se realicen de manera pacífica y con algún “objeto lícito”. Y para definir este término se toma en cuenta lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones, a saber, que las reuniones se entienden organizadas con algún “objeto lícito” mientras sus fines no sean contrarios a las buenas costumbres o a las normas de orden público;

• Disponer, de conformidad con lo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole;

• Establecer como obligación de los ciudadanos el dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sobre las manifestaciones que realizarán, con el propósito de que la autoridad trace rutas alternas, elabore planes en caso de que se presente alguna contingencia y preste servicios básicos a los participantes (tales como agua, sanitarios y asistencia médica);

• Establecer que la autoridad competente podrá impedir la celebración de manifestaciones atendiendo a factores de riesgo medioambientales y de protección civil, así como cambiar el recorrido de las manifestaciones por motivos de orden público;

• Prohibir el bloqueo de vías primarias y el desarrollo de manifestaciones en vialidades de un solo carril;

• Establecer horarios para la realización de las manifestaciones;

• Determinar que los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública local recibirán capacitación sobre derechos humanos antes de ser asignados a la difícil tarea de controlar manifestaciones públicas;

• Señalar que las manifestaciones que se lleven a cabo en vialidades sólo podrán usar la mitad de la vía y, cuando sea posible, los participantes deberán usar los carriles laterales;

• Permitir que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal pueda disolver cualquier manifestación si los participantes alteran el orden público;

• Imponer sanciones económicas y/o arresto administrativo a quien contravenga lo dispuesto por esta ley, como a quienes dañen bienes que sean propiedad de la federación, del Distrito Federal o de los particulares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente:

Artículo Único: Se expide la Ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular las manifestaciones públicas que se realicen en la Ciudad de México, estableciendo las bases para el buen uso de los bienes de dominio público y asegurando el pleno respeto de los derechos y LAS libertades de terceros.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Administración Pública: la administración pública del Distrito Federal;

II. Bloqueo: el cierre total de las vialidades del Distrito Federal ocasionado por personas u objetos por tiempo indefinido;

III. Espacio Público: las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, zonas de recreo, centros deportivos, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga;

IV. Ley: Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal;

V. Manifestación: la concurrencia concertada y transitoria de personas en espacios públicos con alguna finalidad lícita determinada, que podrá ser de carácter político, social, religioso, cultural, recreativo, deportivo o de cualquier otra especie, y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad. Dentro de las manifestaciones se incluye la realización de marchas, plantones, desfiles, caravanas, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana con los fines antes descritos;

VI. Secretaría: la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;

VII. Vialidad: conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos;

VIII. Vías primarias: espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos, destinados a la operación de vehículos de emergencia, en los términos de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal; y

IX. Vías secundarias: espacio físico cuya función es controlar el flujo del tránsito vehicular no continuo, generalmente controlado por semáforos entre distintas zonas de la ciudad.

Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría, la que deberá coordinarse con las demás dependencias o entidades competentes para su debida aplicación.

La imposición de sanciones por infracciones a la presente ley será facultad exclusiva de los órganos de justicia cívica en los términos de la ley de la materia.

Artículo 4.-Tienen el derecho de utilizar las vialidades quienes habitan o transitan en el Distrito Federal, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos, salvo en los casos señalados en la presente Ley.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Artículo 5.-No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas costumbres o a las normas de orden público. Solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Queda prohibido a los manifestantes el proferir insultos o amenazas, emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen, así como bloquear las vías primarias en el Distrito Federal. En caso contrario, la autoridad podrá disolver la manifestación.

Artículo 6.-En el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, quedará prohibido a los manifestantes toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Capítulo SegundoDe las Autoridades

Artículo 7.-La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, informará a la población, a través de los medios masivos de comunicación, sobre el desarrollo de manifestaciones que alteren la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas o vehículos.

Artículo 8.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las personas darán aviso por escrito a la Administración Pública con por lo menos 72 horas de anticipación a la realización de la manifestación.

Este aviso deberá contener: lugar de la manifestación, puntos de concentración y recorrido cuando se prevea la circulación por alguna vialidad; el día y hora; el objeto de la reunión; el número aproximado de participantes; las medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten a la autoridad; y las demandas sociales o de carácter político que motivan la realización de la manifestación pública.

Artículo 9.- La Secretaría, de acuerdo a sus atribuciones, tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación de los grupos o individuos que den el aviso a que se refiere el párrafo anterior.

Las manifestaciones públicas sólo podrán tener lugar entre las 11 y las 18 horas, tomando en cuenta los horarios de menor afluencia vehicular.

Artículo 10.- En el caso de personas morales, el representante legal dará el aviso a que se refiere al artículo 8 de esta Ley, explicando las premisas por las cuales se solicita el uso temporal de la calle. Durante la manifestación contarán con personas identificables por el uso de brazaletes u otros medios suministrados por la Secretaría a fin de supervisar el desarrollo de la misma.

Artículo 11.- La Secretaría emitirá estándares precisos bajos los cuales podrá impedir o modificar la realización de manifestaciones, atendiendo a factores de riesgo de protección civil y a contingencias ambientales que deriven de la alta concentración de contaminantes en la atmósfera.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del aviso a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Secretaría emitirá las razones por las cuales no podrá celebrarse la manifestación o, en su caso, realizará modificaciones al horario, fecha y recorrido de la misma, con base en los estándares previstos en el párrafo anterior.

Artículo 12.-Los manifestantes podrán hacer uso de las vialidades del Distrito Federal salvo las que sean consideradas vías primarias, las cuales sólo podrán utilizarse para que las manifestaciones puedan cruzar de una vía a otra, puedan conectarse entre vialidades, o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea.

Artículo 13.-La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Gobernación federal, nombrarán un representante para que, en el ámbito de su competencia, atienda las demandas y peticiones ciudadanas que se realicen durante las manifestaciones.

Los representantes se encargarán de llevar a cabo la debida interlocución entre los ciudadanos y la administración pública respectiva para dar solución a los conflictos que motivaron la manifestación.

Artículo 14.-La Secretaría tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en las vías primarias, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable y garantizando en todo momento la vialidad en el territorio del Distrito Federal.

En uso de sus facultades, la autoridad correspondiente retirará de la vía pública los vehículos y objetos que indebidamente obstaculicen el tránsito de personas o vehículos.

Artículo 15.- La Secretaría instrumentará, en coordinación con las dependencias correspondientes, programas y cursos sobre educación vial, cortesía urbana y realización de manifestaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables. También coordinará los dispositivos de apoyo necesarios para atender situaciones de emergencia o desastre durante las manifestaciones públicas

Artículo 16.- Las manifestaciones serán disueltas cuando las personas que a ellas concurran porten armas, tengan comportamientos violentos que produjesen notorias perturbaciones al orden público o cuando pongan en riesgo la integridad física de las personas o causen perjuicios materiales a terceros.

Si durante el desarrollo de una manifestación se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio público, la Secretaría deberá disolverla y garantizar el libre acceso de los servidores públicos a las instalaciones.

Artículo 17.-En ejercicio de sus atribuciones, y en los términos señalados por la legislación respectiva, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal vigilará el respeto de los derechos humanos de los manifestantes.

La Secretaría brindará entrenamiento y capacitación sobre derechos humanos a los miembros policíacos que serán asignados a la tarea de controlar manifestaciones públicas y actualizará de manera permanente, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  un manual que contendrá de forma clara y precisa el modo bajo el cual se conducirá la fuerza policial de esta Ciudad ante el desarrollo y realización de una manifestación.

Capítulo TerceroDe los Derechos y Obligaciones de los Manifestantes y de los Terceros

Artículo 18.- Los ciudadanos que se reúnan pública y pacíficamente con cualquier objeto lícito, ejercerán sus derechos y libertades con pleno respeto al orden público, a los derechos de terceros y a los bienes de dominio público o privado.

Los ciudadanos que realicen manifestaciones en espacios públicos deberán cumplir con los requisitos que se exigen conforme a la presente Ley.

Artículo 19.- Cuando las manifestaciones tengan lugar en vialidades, el paso de los participantes no deberá obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vialidad lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales. Está prohibida cualquier manifestación en vialidades de un sólo carril.

En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas, haciéndose efectivas las sanciones previstas en la presente Ley.

Artículo 20.- Además de lo señalado en esta y en otras leyes, los manifestantes tendrán la obligación de permitir el acceso de las personas a sus centros de trabajo, independientemente del objeto de la reunión, así como dejar los espacios públicos en las mismas condiciones anteriores a las actividades.

Artículo 21.- Los participantes que causen daños a los bienes o derechos de terceros, responderán directamente por éstos. El Gobierno del Distrito Federal responderá solidariamente a los propietarios de los bienes que resultaren dañados o destruidos durante el desarrollo de una manifestación pública, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que resultaren.

Artículo 22.-La Secretaría deberá mantener el orden y respeto de las manifestaciones que se verifiquen en Distrito Federal, garantizando en todo momento los derechos de los manifestantes y habitantes del Distrito Federal.

La Secretaría evitará que los terceros, a través de provocaciones, puedan alterar el carácter pacífico de las manifestaciones.

Capítulo CuartoDe las Infracciones y Sanciones

Artículo 23.- Los manifestantes que no cumplan con lo establecido en la presente Ley serán sancionados conforme a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales que señalen otras disposiciones legales.

Los servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, incurren en responsabilidad y serán sancionados en los términos de la ley respectiva.

Artículo 24.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana y la libertad de tránsito:

I. Bloquear de cualquier forma el uso de las vialidades en el Distrito Federal;

II. Impedir de cualquier forma el uso de las vialidades, siempre que no se cumpla con lo establecido en esta Ley;

III. Impedir el libre acceso de las personas a sus centros de trabajo;

IV. Realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las manifestaciones

Cada una de las infracciones establecidas en este artículo serán castigadas por la autoridad competente, con una o más de las siguientes sanciones:

a. Multa;

b. Arresto administrativo;

c. Reparación del daño; y

d. Actividades de apoyo a la comunidad, en los términos de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

En caso de que se interrumpa el tránsito por las vialidades de la Ciudad reteniendo algún medio de transporte, la autoridad los remitirá a los depósitos vehiculares correspondientes.

Artículo 25.-Para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley se tomarán en cuenta:

I. Los daños o afectaciones que se hubieren causado, o se puedan generar con motivo de los hechos constitutivos de las violaciones al presente ordenamiento;

II. Las condiciones económicas del infractor; y

III. La reincidencia.

Artículo 26.-En caso de que los manifestantes dejen desechos, objetos o sustancias en los espacios públicos, se les impondrá una multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas. Si alteran, pintan, maltratan o hacen uso indebido de bienes propiedad de la federación, del Distrito Federal o de los particulares, se les sancionará con multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que señalen otras disposiciones legales.

Cuando comentan varias infracciones, se les impondrá la sanción máxima aplicable.

Capítulo QuintoDel Recurso de Inconformidad

Artículo 27.-Los afectados por actos, omisiones o resoluciones de la autoridad, podrán optar entre interponer el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Capítulo SextoDe la Denuncia Ciudadana

Artículo 28.-Toda persona podrá denunciar ante la autoridad administrativa correspondiente, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal emitirá en un lapso de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Reglamento de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

Tercero. El manual a que se refiere el artículo 16 de la Ley se expedirá en un plazo no mayor a sesenta días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto.

Cuarto. Quedan derogadas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Quinto.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con el plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.

Notas:

1 CNTE cuesta al DF 1,717 millones de pesos, periódico Excélsior, jueves 5 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/09/05/917377. Urge evitar el daño de la imagen internacional de México, Canacope, jueves 5 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.canacope.com/canacope-urge-evitar-el-dano-de-la-imagen-internacional -de-mexico/.

2 Respuesta a la solicitud de información con número de folio  0109000068611.

3 Marchas en el DF van por récord, periódico Más por más, lunes 8 de abril de 2013. Disponible en http://www.maspormas.com/nacion-df/df/marchas-en-el-df-van-por-record.

4 Regular las marchas, Periódico El Universal, viernes 29 de junio de 2007.

5 “El principio de proporcionalidad o razonabilidad, como se sabe, es una de las herramientas metodológicas más importantes del constitucionalismo de nuestro tiempo; permite superar la aplicación de métodos tradicionales, literalistas y estrechos en la interpretación de la ley fundamental, apoyando la solidez de las conclusiones jurisdiccionales —y al menos idealmente también la argumentación de otros operadores jurídicos: legislador, administración pública y postulantes—“. Sánchez Gil, Rubén, Recepción jurisprudencial del principio de proporcionalidad en México, Revista Mexicana de Derecho Constitucional Núm. 21, julio-diciembre de 2009.

6 Cárdenas Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2ª reimpresión, 2007. Disponible en www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1584.

7 D.C. Municipal regulations (Chapter 19-11). Recreational use of public space. 191100 Temporary streets closings, y 191101 Applications for temporary streets closings.

8 Véanse, por ejemplo, las siguientes tesis: “Ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte. El artículo 194 del Código Penal del Estado de México no transgrede la garantía de libertad de reunión”, 1a. CXLII/2005, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, primera sala, XXII, noviembre 2005, pág. 35; y “Notarios. Su colegiación obligatoria se encuentra excluida de la protección y salvaguarda del derecho de libre asociación previsto como garantía individual en el artículo 9o. constitucional al estar involucrado, por parte de sus integrantes, el ejercicio de una función pública (legislación del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave)”, VII.2o.C.96 C, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, tribunales colegiados de circuito, XXII, octubre 2005, pág. 2422.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, en el mes de octubre del año 2013.— Diputados: Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Javier Orozco Gómez, Felipe Arturo Camarena García, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Enrique Alejandro Flores Flores, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Rodimiro Barrera Estrada, Genaro Carreño Muro, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Alberto Díaz Trujillo, Francisco Alberto Zepeda González, Germán Pacheco Díaz, Consuelo Argüelles Loya, Rosa Elba Pérez Hernández, Ruth Zavaleta Salgado, Jorge Rosiñol Abreu, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, José Alfredo Botello Montes, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Salvador Ortiz García, Adriana González Carrillo, Mariana Dunyaska García Rojas, Patricia Lugo Barriga, Xavier Azuara Zúñiga, Esther Quintana Salinas, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, María Guadalupe Mondragón González, Martha Leticia Sosa  Govea, Juan Pablo Adame Alemán, Heberto Neblina Vega, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Aurora  de la Luz Aguilar Rodríguez, María Isabel Ortiz Mantilla, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Alejandra López Noriega, Raquel Jiménez Cerrillo, José Enrique Reina Lizárraga, René Ricardo Fujiwara Montelongo, Cristina Olvera Barrios, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Fernando Bribiesca Sahagún, José Angelino Caamal Mena, Fernando Rodríguez Doval, Carlos Fernando Angulo Parra, Andrés  de la Rosa Anaya, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, José Ángel González Serna, Enrique Aubry de Castro Palomino, María Teresa Jiménez Esquivel, Raudel López López, Liliana Castillo Terreros, Leslie Pantoja Hernández, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Marcos Aguilar Vega, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Karina Labastida Sotelo, Antonio Cuéllar Steffan, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Rafael Acosta Croda, Verónica Sada Pérez, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Víctor Serralde Martínez, José Arturo Salinas Garza, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Marcelina Orta Coronado, Cinthya Noemí Valladares Couoh, José Alejandro Llanas Alba, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Humberto Armando Prieto Herrera, Martha Berenice Álvarez Tovar, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Rubén Acosta Montoya, Angelina Carreño Mijares (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tengo aquí...

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano, presidente, quiero expresarle que no me adhiero, por supuesto, a esta iniciativa fascistoide. Pero no solo eso, emulan a los hijos de Díaz Ordaz y a los hijos de Pinochet, la ignorancia histórica y la insensibilidad política los lleva a cometer estos extremos.

Para mí es una vergüenza es una vergüenza escuchar estas posiciones de jóvenes fascistas, que no tienen patria, conciencia y que creen que todo es la fuerza, el garrote y el encarcelamiento. Estos émulos de Díaz Ordaz son a los que vamos a vencer tarde que temprano, con diálogo, con sensibilidad y con paz. Nosotros no promovemos a los violentos. Por cierto, ahora...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, ya su intervención quedará registrada, pero no hay un tema a discusión. Estamos en la presentación de iniciativas.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Concluyo, presidente, concluyo. Ahora he leído que también el PAN... No tengan temor, vamos a debatirlo, que ahora el PAN también tomará las calles. Así es de que bienvenidos, fascistas.

El Presidente diputado José González Morfín: No hay debate, es un derecho de cualquier diputado presentar una iniciativa, con todo respeto, diputado Monreal. Sonido en la curul del diputado Juan Pablo Adame.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán(desde la curul): Gracias, presidente. Si el compañero Jorge Sotomayor me permite adherirme a esta iniciativa, porque creo que para todos los que estamos aquí es lamentable ver esas imágenes que tenemos en los medios de comunicación el día de hoy, de policías que están en llamas.

No porque estemos en contra de las manifestaciones, estamos a favor de las manifestaciones, pero de las manifestaciones pacíficas, no de aquellas personas cobardes que se esconden a través de las capuchas y que no quieren dar la cara, que se enfrentan a los policías, que agreden a los medios de comunicación y que no dejan que todas las personas en esta ciudad o en cualquiera, puedan circular libremente.

El Presidente diputado José González Morfín: Si el diputado Sotomayor no tiene problema, la iniciativa estará a disposición de quienes la quieran suscribir. Sonido en la curul de la diputada Alicia Ricalde.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña(desde la curul): Sí me adhiero si el diputado Sotomayor lo acepta, porque pienso que debemos buscar un equilibrio entre los ciudadanos y los manifestantes.

Vergüenza es lo que vimos ayer en la televisión, vergüenza es que las autoridades no actúen, vergüenza es que sigamos defendiendo a los que están hoy violentando la ley. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero reiterar que el asunto no está a discusión. Es una iniciativa que va a ser turnada a comisiones. Me están pidiendo la palabra, solamente les pido que no abramos la discusión, y no hay mociones en un momento en que no hay asunto a discusión. Les pido que lean el Reglamento. Ni siquiera las alusiones personales proceden, porque no hay un tema a discusión.

Me están pidiendo la palabra y les doy la palabra, pero desde el principio le estoy diciendo que no hay tema a discusión. Es una iniciativa y el derecho de cualquier legislador a presentar su iniciativa es indubitable. Él puede presentar la iniciativa que quiera, para eso están las comisiones, para que lo discutan.

Sonido en la curul de la diputada Loretta Ortiz.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Gracias, presidente. Es nada más para solicitarle que se turne esta iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos, que ya se había presentado una anterior y que la opinión precisamente muy similar fue negativa de la Comisión de Derechos Humanos.

Como está vinculado con el derecho humano a la manifestación, que es un derecho fundamental establecido en instrumentos internacionales que ha signado nuestro país y en nuestra propia Constitución, le solicito de la manera más atenta, como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, se turne y se dictamine por la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido por favor, diputada, que la Junta Directiva de la Comisión solicite el turno y estoy seguro que la Mesa Directiva lo puede obsequiar. No le veo absolutamente ningún problema. Simplemente cumplamos con el procedimiento.

El diputado Roberto López me está pidiendo la palabra. Insisto, el tema no está a discusión, es una iniciativa. Lo lamento de verdad. Dígame, diputado.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Muchas gracias. En el mismo sentido que la diputada Loretta. Se ha platicado con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que podamos tener turno.

Hay un acuerdo que se ha platicado con los diferentes grupos parlamentarios de esta comisión y solamente para pedirle turno, pero que sea para dictamen. Porque la vez pasada desde la Presidencia de esta Mesa Directiva se nos dio turno para opinión, y la opinión ya fue negativa, aunque le hace algunos cambios de párrafos y demás. Solamente pidiéndole eso.

Sí diciendo claramente aquí, en el pleno de la Cámara, que estamos abiertos a discutir. A lo que no estamos dispuestos es a tolerar estas actitudes agresivas que se dan en la Cámara de Diputados y que todo tiene que ver con un asunto de provocación. También hay provocación de la derecha, también hay agresión de la derecha. Esa agresión se da aquí en la Cámara de Diputados y el diputado Sotomayor lo ha hecho reiteradamente. Incluso cuando se le citó por primera vez ante la Comisión de Derechos Humanos para que expusiera su iniciativa faltó. Eso quiere decir que no está dispuesto a dialogar y a debatir.

A lo que nosotros llamamos es a una discusión abierta y no estamos dispuestos a poner a discusión los derechos constitucionales de los ciudadanos a la libre manifestación. La violencia, venga de donde venga, ha sido rechazada por el PRD.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, vuelvo a reiterarle que no estamos discutiendo el tema. No lo puedo abrir a discusión, el Reglamento me lo impide.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Y solamente le digo al diputado Sotomayor, que vaya a la Comisión de Derechos Humanos y que vamos a rechazar nuevamente su propuesta fascista que va a presentar en esta comisión.

El Presidente diputado José González Morfín: El diputado José Luis Muñoz me había pedido la palabra. Les pido que si el asunto se sigue abriendo a discusión voy a preguntar a la asamblea. Ni siquiera puedo preguntar si está suficientemente discutido, porque no hay discusión. Necesitamos continuar con la presentación de iniciativas.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. Sonido en su curul. Le pido por favor que sea breve.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Muy breve, presidente, no se preocupe. El mensaje es muy breve para la derecha. En esta ciudad no van a pasar los intentos fascistas. No vamos a dejar que vengan a la ciudad a destruirla como destruyeron al país. Que vayan a darse sus golpes de pecho a donde deben darlos. En la Ciudad de México no van a pasar. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a dar la lista de los que han pedido la palabra y, brevemente, les voy a conceder el uso de la voz. Inmediatamente después continuaremos con el turno de iniciativas. No vamos a abrir a discusión ese tema.

Tengo a la diputada Ruth Zavaleta, a la diputada Esther Quintana, al diputado Gerardo Villanueva, al diputado Jorrín y al diputado Zepeda González. Anoto al diputado Ricardo Mejía. Después de eso continuaremos con la presentación de iniciativas. Anoto al diputado Tomás Torres.

En el orden en que lo dije tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Anoto finalmente al diputado Belaunzarán, y después continuaremos con la presentación. Les pido a todos brevedad, porque no hay tema a discusión.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (desde la curul): Este tema se ha discutido mucho aquí en el Distrito Federal y a los compañeros que les gustan mucho las consultas saben que la gran mayoría del Distrito Federal está de acuerdo con este tipo de propuestas. Por lo que el Verde Ecologista se suma. Pido al compañero proponente que nos deje sumarnos a su propuesta.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. El diputado Gerardo Villanueva. Ya lo había dicho.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Gracias, diputado presidente. El diputado Sotomayor nos ha pedido a los diputados del Movimiento Ciudadano que nos adhiramos a su iniciativa. Pero eso es ofensivo e imposible.

Diputado Sotomayor, se lo digo fraternalmente, usted es joven, no se deje utilizar por el régimen. Esta propuesta es pinochetista y usted no puede ser sirviente del Ejecutivo en estos tiempos oscuros. Se lo recomiendo, diputado Sotomayor, de manera fraternal. Sea responsable, es usted diputado, no instrumento de Peña Nieto. Con todo el afecto.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Manuel Jorrín.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente, solamente para expresarle que no me adhiero a su iniciativa, porque está mencionando implícitamente que Movimiento Ciudadano es generador de agresión. Y ninguno de los partidos políticos que están aquí incita a la agresión.

Le pido que tenga respeto a los partidos políticos y, sobre todo, a sus estatutos, y que se disculpe por la acción que está realizando. Movimiento Ciudadano es respetuoso de todas sus acciones, porque ahí mencionó a Movimiento Ciudadano como si fuera generador de agresión y Movimiento Ciudadano quiere la paz.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Zepeda González, Francisco Alberto. Sonido, por favor, en su curul.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González (desde la curul): Sí, muchas gracias, diputado presidente. Para solicitarle al proponente si nos da la oportunidad de adherirnos a su iniciativa.

Apelando a su comentario de no meternos ahorita al tema de discusión, tenemos muchos argumentos. Lo que sí podemos decir es que estamos a favor de la libertad de expresión. Estamos a favor de las manifestaciones pacíficas. Pero no estamos a favor del libertinaje político y mucho menos a los actos delincuenciales. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

La diputada Esther Quintana Salinas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: La diputada Esther Quintana. Sonido en su curul, por favor.

La diputada Esther Quintana Salinas (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. También me quiero sumar a la propuesta que ha hecho nuestro compañero Sotomayor, de esta iniciativa, que es urgente.

Me preocupa sobremanera que se hable aquí de fascismo. Me preocupa mucho también que se esté pidiendo un turno para opinar también a la Comisión de Derechos Humanos y de antemano escucho que ya está siendo descalificada.

Como legisladores tenemos el deber, al margen de nuestra ideología, de nuestra postura, tenemos un deber más grande, que es con México, es allá afuera. Y si estamos hablando de respeto de derechos aplaudo esta iniciativa de Jorge Sotomayor, porque por supuesto que en este país tenemos derecho a manifestarnos, a manifestar nuestra discrepancia, a manifestar nuestras diferencias, faltaba más. Pero a lo que no tenemos derecho, en nombre de esa manifestación de diferencias es a agredir a quienes piensen de manera diferente.

Y tener bien claro —y lo digo respetuosamente a los amigos de la izquierda— que la libertad de nosotros termina donde inicia la libertad de los demás. Y tendríamos que estar más ocupados por el diálogo y por encontrar consensos, que eso sí es un verdadero reto. Porque para mentarnos la madre y decirnos cosas desagradables nos pintamos solos, pero el gran reto que tiene este Poder Legislativo es de buscar coincidencias en las diferencias. Eso sí nos lo van a agradecer allá afuera. Bravo, Jorge, por esta iniciativa.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: El diputado Ricardo Mejía. Les pido brevedad, por favor, para poder concluir con estos, que ya les había ofrecido la palabra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Nosotros estamos en contra de criminalizar la protesta social. La Constitución es muy clara en el derecho de la manifestación. El diputado Sotomayor tiene derecho a expresar sus ideas, que nosotros consideramos fascistas, dignas de la falange, del nazismo, de Pinochet y, por cierto, lo que decíamos ayer de Díaz Ordaz, que tristemente su espíritu merodea por este recinto.

Nosotros no vamos a acompañar esta iniciativa, porque nos parece que todas estas descalificaciones que han surgido a la marchas tiene que ver con un montaje propagandístico para estar generando una escalada fascista y represiva en el país. Nosotros estamos con el derecho a la manifestación, con el diálogo y la paz, pero no con la represión ni con el renacimiento del fascismo en México.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Estimado presidente, usted es un hombre al que respetamos mucho, es un conocedor del marco normativo que rige la vida de esta Cámara. Y no solo de eso, sino de una gran experiencia.

Comprendo que nos ha dado el uso de la voz en un marco de tolerancia y reconociendo la naturaleza de la Cámara, que es el debate. Sin embargo, quiero del modo más comedido hacerle una moción de apego al Reglamento. El inicio del proceso legislativo es justamente con la iniciativa y no estamos en la fase de discusión. Le pido a usted, para atender el orden del día, que llame al siguiente legislador que eventualmente tenga iniciativa que formular.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene usted toda la razón, diputado. Después del diputado Belaunzarán —a quien le ofrecí también darle el uso de la voz— voy a turnar la iniciativa y vamos a continuar con el procedimiento o con el orden del día establecido. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Sí, gracias, diputado presidente. La libertad de manifestación costó mucho trabajo conseguirla. Ayer estuvimos aquí, y escuchamos a todos reivindicándose herederos del 68, reivindicándose, de alguna manera reivindicando a los estudiantes que salieron y que la conquistaron cuando hubo abuso policiaco, diría gratuito, arbitrario, etcétera. Costó mucho conseguir esto.

Me preocupan, por supuesto, los actos de violencia. Tenemos que condenar la violencia contra los policías y también cuando hay abusos de éstos en detrimento de los derechos humanos. Pero hoy la violencia es el principal adversario o enemigo de esta conquista que tenemos, y tenemos que encontrar una solución a esto. Esto que se está convirtiendo ya en costumbre y que está atentando contra el derecho de los pacíficos a marchar.

La gente, la sociedad mexicana tiene derecho a marchar pacíficamente y la violencia es su obstáculo. Pero creo que la solución no va a ser polarizándonos, no va a ser enfrentando, no va a ser poniendo más elementos que nos confronten a nosotros.

Busquemos una solución que nos una para garantizar el derecho a la manifestación de todos y a la manifestación pacífica, que es la que se consiguió, incluso con sangre, desgraciadamente por lo que aconteció el 2 de octubre.

Llamaría a la prudencia, llamaría a que cuidáramos los adjetivos. Hay conservadores, progresistas, hay gente de derecha, de centro, de izquierda, son bienvenidos. El fascismo es otra cosa, cuidemos cuando usemos ese término, porque el fascismo tiene siempre un ingrediente de supremacía, sea racial, sea clasista y una intolerancia que hace acabar al otro, destruir al otro, exterminar al otro y eso es algo que diría que tenemos que cuidar para referirnos entre nosotros.

Aunque, por supuesto, no coincido con algunas de las ideas que dijo aquí el diputado Sotomayor. Me parecen —desde mi punto de vista— conservadoras y regresivas, lo digo con mucho respeto. Sí tenemos que ver cómo logramos, desde aquí, contribuir a que vuelvan a ser pacíficas las manifestaciones y cerrar la violencia. También la violencia que sufrieron los policías...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido, por favor, que concluya con su intervención.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): ... Busquemos cómo lo solucionamos generando acuerdos y no polarizando. Ojalá sea. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.Y quienes quieran suscribirla pueden hacerlo aquí en la Secretaría.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática...

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Presidente, la presentaré a nombre del coordinador de mi grupo parlamentario.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón, no me habían pasado el dato.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente, ¿Y a la Comisión de Derechos?

El Presidente diputado José González Morfín: Que lo solicite a la comisión con mucho gusto y en la Mesa Directiva lo analizamos en la próxima sesión. Ya lo ofrecí, la Mesa Directiva acordó este turno, la puede revisar perfectamente en su próxima reunión que se turne también a la de Derechos Humanos. Con mucho gusto.

Le pido que se siga el procedimiento reglamentario, como lo dije, que la Junta Directiva de la comisión haga la solicitud y con mucho gusto la Mesa Directiva seguramente lo otorgará.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Va a presentar la iniciativa el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, a nombre de los diputados del PRD. Es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento esta iniciativa a nombre de mi coordinador parlamentario, Silvano Aureoles y el mío propio, agradeciéndole al diputado Aureoles, la gentileza de permitirme de presentarla en conjunto.

La iniciativa que vengo a presentar tiene como finalidad incorporar el concepto de error judicial al rubro de la responsabilidad patrimonial del Estado, que hoy día desde el ámbito constitucional se circunscribe solamente a la actividad administrativa y regular de la administración pública federal o local, sin que actualmente comprenda esta base constitucional la posibilidad de que los ciudadanos que vean afectados sus derechos por una irregular actuación de los jueces reciban la indemnización correspondiente.

Se trata de brindar a los ciudadanos mayores herramientas jurídicas que garanticen la salvaguarda de sus derechos frente al poder estatal. No cabe duda que la persona individual constituye la base de los derechos y las libertades públicas, pero no se puede concebir un Estado constitucional en el que la salvaguarda de esos derechos no estén plenamente garantizados.

La función jurisdiccional es fundamental para el funcionamiento de las instituciones. Es por ello que el diseño constitucional moderno le ha considerado como una de las ramas en que para cuyo ejercicio se divide el poder público. Pero tal distinción no tendría razón de ser, si no fuera porque su finalidad principal y última es la materialización de la justicia.

La justicia puesta en manos de los órganos dirime los conflictos en las relaciones intersubjetivas conforme a las reglas que nos hemos dado para que en el marco de los procesos respectivos priven —entre otros— los principios de igualdad entre las partes, certeza y seguridad jurídica, con los que se ha procurado proteger los bienes jurídicos más preciados de las personas como son la vida, la integridad, el patrimonio y su libertad.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que la realización de esta función tan primordial al final de cuentas esté encomendada a hombres y mujeres de carne y hueso que en su actividad cotidiana deben apelar a su buen juicio, a sus conocimientos, al criterio sereno y maduro de la experiencia, a la sensibilidad para entender y comprender la dimensión de los bienes y derechos de las personas puestos bajo su custodia.

Los jueces, en su generalidad, representan la posibilidad de conciliar la aspiración normativa con la realidad concreta al decidir el derecho aplicable. No podemos sustraer al sistema judicial de la característica de los órganos en que se deposita la función, ni a éstos del perfil de las personas a las que se encomienda la tarea, como tampoco podemos desconocer las circunstancias particulares ni el contexto en el que se desenvuelven los procesos judiciales actualmente en sus diversas materias, que dista de ser pronta y expedita.

La condición humana vinculada a las presiones del entorno, sin descartar la impericia, la negligencia, ni la mala fe constituyen factores propicios de equívocos en la realización de una determinada función, los cuales trascienden en perjuicio de las personas que están sometidas a la jurisdicción de los órganos encargados de la impartición de la justicia.

Las motivaciones, los factores, así como los elementos que conducen a la toma de una decisión no apegada a la normatividad ni a los principios de justicia traen como consecuencia afectaciones en los bienes jurídicos de las personas, que sin duda merecen ser reparadas por el Estado y tal es el planteamiento para el caso de la función judicial.

Por ello, el diputado Aureoles y su servidor, proponemos que se incorpore al texto del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la responsabilidad del Estado, el concepto de error judicial. Lo que a nuestro juicio vendrá a reforzar el imperativo para todo el sistema de justicia de funcionar con la eficacia debida.

Con ello también se estaría adecuando nuestro texto constitucional a lo establecido en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que México es parte, y en donde expresamente se reconoce que —cito textualmente— toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Fin de la cita.

Podría argumentarse que al estar establecido en el pacto internacional ya no sería necesaria su inclusión en nuestra Constitución, contra lo cual podemos anticipar la importancia de su armonización ante la posibilidad de que con ello aplique para todas las materias, así como que nos permita desde nuestra experiencia constitucional un desarrollo más completo, acorde a las características de nuestro orden jurídico y una difusión que incremente su conocimiento por parte del grueso de la población, para que ello nos conduzca a hacer de este precepto un derecho aplicable, efectivo y eficaz.

Por lo anterior, diputado presidente, solicito que los presentes argumentos se incorporen al Diario de los Debates y se remitan junto con la iniciativa propuesta a la comisión respectiva. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Silvano Aureoles Conejo, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I del numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo al siguiente

Planteamiento del problema

Implementar la regulación del error judicial desde el marco jurídico constitucional, como medida de indemnización a particulares, resultan afectados por la conducta dolosa o negligente de los servidores públicos encargados de impartir justicia.

Consideraciones

La responsabilidad patrimonial del Estado mexicano dio un vuelco histórico con la reforma al segundo párrafo del artículo 113 Constitucional en junio de 2002, pero sus antecedentes derivan en el siglo XIX, en donde al menos fueron expedidas diez referencias normativas en la materia.

Al término de la independencia de México se emitieron diversos decretos y ordenamientos como la Ley de Pensiones para Viudas y Huérfanos de los Soldados Insurgentes y Españoles; en 1832 se estableció la responsabilidad del Estado mexicano causada por sus agentes en las sublevaciones de esa época; las leyes de reclamaciones de 1855, 1911 y de 1917; entre otras.

El antecedente más claro, lo contemplaba el Código Penal Federal de 1871, mismo que ya no figura en el derecho penal vigente, pero que señalaba en su artículo 344, que: “Cuando el acusado sea absuelto no por falta de pruebas, sino por haber justificado su completa inocencia en el delito de que se le acusó y no haya dado en su anterior conducta motivo para creerlo culpable, se declarará así de oficio en la sentencia definitiva y si el acusado lo pidiere, se fijará en ella el monto de los daños y perjuicios que se hayan causado en el proceso, oyendo previamente al representante del Ministerio Público. En este caso, la responsabilidad civil se cubrirá del fondo común de indemnizaciones, si con arreglo al artículo 348 no resultaren responsables los jueces o estos no tuvieren con que satisfacerla.”

En este sentido, el artículo 348 del mismo Código Penal, señalaba que: “Los jueces y cualquier autoridad, empleado o funcionario público, serán responsables civilmente: por las detenciones arbitrarias que hagan, mandando aprehender al que no deban; por retener a alguno en la prisión más tiempo del que la ley permite; por los perjuicios que causen con su impericia o con su morosidad en el despacho de sus funciones, causando daños y perjuicios a otros.”

Así, pese a su inclusión en la normatividad de la época, la figura de la responsabilidad patrimonial del estado durante el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, deriva del funcionamiento irregular del sistema de justicia, mismo que no prevaleció en el derecho penal vigente.

Ahora bien, se estableció en México la obligación del Estado de responder por los daños causados por sus funcionarios con motivo de su actividad oficial, en este sentido, se pedía que el actor de la lesión patrimonial fuera declarado garante y no tuviera bienes, o teniéndolos que fueran suficientes para resarcir el daño demandado; es decir, se establecía un sistema de responsabilidad subsidiaria y subjetiva.

Lo anterior, se estableció en 1994 con una reforma al artículo 1927, así como; una adición al artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En el primer supuesto se establecía la responsabilidad directa del estado, con la calidad de solidaria, por los daños y perjuicios que sus servidores causaran en ejercicio de sus funciones como consecuencia de ilícitos dolosos. En el segundo caso, se da la reclamación de los particulares que hubieren sufridos daños y perjuicios como resultado de un servidor público.

Lo anterior, se intentó enmendar con la reforma constitucional al segundo párrafo del artículo 113 del 12 de junio de 2012, cuando se instauró la separación de responsabilidad subjetiva y por el otro, el de responsabilidad subsidiaria o directa.

“Artículo 113. ...

La responsabilidad del Estado, por daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, sea objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

Así, la Ley Reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 Constitucional, estableció las bases y procedimientos para indemnizar a quien sufra daños por la actividad administrativa irregular del Estado; ya sea objetiva o directa.

La responsabilidad objetiva, es la realización del hecho dañoso imputable al Estado y no la motivación subjetiva del agente de la administración (culpa, ilicitud, falta de cuidado, impericia, entre otros).

En el caso de la responsabilidad directa, el Estado asume que los agentes públicos son parte de él, es decir, integrantes de la estructura misma del Estado, por ello, cualquier conducta o actuación que estos agentes cauce un daño le es directamente imputable al mismo. Para quedar más claro, el particular afectado podrá demandar la indemnización directamente del Estado sin necesidad de acudir en primera audiencia contra el funcionario público a quien pudiera imputarse el daño.

“Responsabilidad patrimonial del Estado objetiva y directa. Su significado en términos del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del segundo párrafo del numeral citado se advierte el establecimiento a nivel constitucional de la figura de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause a los particulares en sus bienes o derechos, la cual será objetiva y directa; y el derecho de los particulares a recibir una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. A la luz del proceso legislativo de la adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la “responsabilidad directa” significa que cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y sin tener que demandar previamente a dicho servidor; mientras que la “responsabilidad objetiva” es aquella en la que el particular no tiene el deber de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.”

Tenemos que el artículo 113 de la Carta Magna alude a que la responsabilidad patrimonial del Estado surge si éste causa un daño al particular con motivo de su actividad administrativa irregular,pero desatiende la finalidad de vislumbrar los daños causados por la actividad regular del Estado; así como cualquier elemento vinculado con el dolo o la ilegalidad en la actuación del funcionario público, a fin de centrarse en aquellos actos si bien propios del Estado, empero realizados de manera anormal; es decir, sin atender a las condiciones normativas o parámetros creados por la propia administración.

Después de analizar los alcances de dicho precepto constitucional, resulta claro que la obligación del Estado de reparar el daño como consecuencia de su actividad pública sólo comprende a la Administración Pública Federal o Local, pero por ende se excluye al Poder Legislativo y Poder Judicial.

He aquí la necesidad de que la norma Constitucional sólo limita la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos materialmente administrativos que realice el Poder Ejecutivo, dejando fuera al legislador y al juzgador.

Lo anterior, se reafirma con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que a continuación señalamos:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los entes públicos federales. Para los efectos de la misma, se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, los Tribunales Federales Administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal.

...”

Por ende, dicha indemnización sólo podrá derivarse de actos que lesionen los intereses de los particulares que tengan como origen la actividad administrativa irregular del Estado y no de su función legislativa o judicial.

Al ejemplificar la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de su función judicial y sustentada en los denominados errores judiciales que dicha responsabilidad tendría su origen en los actos que el Poder Judicial puede cometer durante el proceso criminal como consecuencia de un procesamiento o condena injusta, en perjuicio de una persona cuya inocencia se comprueba con posterioridad, dictándose el correspondiente sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria.

De acuerdo a la doctrina, la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del mal funcionamiento de la administración de justicia, puede identificarse en dos aspectos: la primera, la responsabilidad por error judicial que deriva de la actividad jurisdiccional en sentido estricto y que debe ir precedida por una decisión judicial que así la reconozca; la segunda, aquella responsabilidad por funcionamiento anormal que sea administrativa y no jurisdiccional, que comprende todos los daños producidos por ésta en su actividad no jurisdiccional, como ejemplo: una dilación indebida. En ambos casos es menester que el daño sea: efectivo, conmensurable económicamente y que afecte a una o varias personas.

Una sentencia dictada erróneamente, por virtud de un error judicial, el procesado puede perder de manera indebida e injusta su libertad, así como su patrimonio y su honra; un simple error judicial por parte del juzgador, puede destruir a una persona (afectado) o a su familia. Además, un error judicial puede deriva la impunidad del verdadero autor de un hecho ilícito, y provocar que el juzgador negligente o incapaz, sin desearlo, conceda en una resolución al autor de aquél algo que no le corresponda. Ejemplos en este país son muchos.

El daño realizado al particular puede derivar del normal funcionamiento de la administración de justicia o por el anormal funcionamiento de la misma, y por el error judicial.

La ineptitud es el error injustificable, el que deberá valorarse tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales del funcionario, como son: preparación, honorabilidad, experiencia y antigüedad tanto en el ejercicio profesional en el Poder Judicial de la Federación y, específicamente, en el órgano jurisdiccional en que labore.

Resulta relevante apreciar otros factores, que llevan consigo al error judicial, como es la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deben resolverse los asuntos, dados los términos constitucionales o legales que para ese fin están establecidos; la complejidad del asunto, ya sea por el volumen o por la complejidad del asunto a dictaminar o por ambas cosas.

Son varias las razones o circunstancias que tienen relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad profesional; pero no puede dejarse de lado lo establecido en el segundo párrafo del artículo 113 Constitucional; por lo que esta iniciativa propone adicionar el mandato por error judicial, ya que sólo así se podrá llegar a una conclusión que revele la ineptitud o descuido del funcionario en virtud de la comisión de errores ilógicos e injustos.

La evidente impericia o negligencia injustificable puede manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad judicial, bien sea administrativa o por el órgano jurisdiccional, al sustanciar los procedimientos a su cargo o al dictar las resoluciones con que culminan dichos procedimientos.

Finalmente, esta propuesta resuelve una laguna legal para que la persona o grupo de personas que fueron consignadas y recluidas, y después fueran puestas en libertad, puedan actuar en contra de los que los encarcelaron. Ejemplos son varios, entre ellos el caso Acteal, donde la SCJN ordenó la liberación inmediata de 20 personas por violaciones procesales en sus respectivos juicios, situación que llevó a desvirtuar el material probatorio de las acusaciones. En ese entonces el Ministro José Ramón Cossío, señaló:

“... no tenemos esto, en algunos otros países lo tienen por algunas figuras que se llama el error judicial, nosotros no lo hemos incorporado a nuestra legislación, de manera que eso no se da”.

Frente a la carencia de disposiciones normativas que establezcan la responsabilidad patrimonial del Estado derivada por errores judiciales, es necesario adicionar esta concepción desde la Constitución Política como una garantía individual el derecho a obtener una indemnización derivada de un error judicial o de un eventual funcionamiento anormal de la administración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 113. ...

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular o por error judicial, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

“...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Legislativo del Congreso de la Unión realizará las modificaciones a la legislación secundaria que refiere este Decreto en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su entrada en vigor.

Notas:

1 González Rodríguez, José de Jesús. Error Judicial y Responsabilidad patrimonial del Estado. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo número 79, octubre de 2009. Página 3.

2 Tesis de jurisprudencia P./J. 42/2008, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 722 del tomo XXVII (junio de dos mil ocho) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

3 González Rodríguez, José de Jesús, cita a Bruno Ariel Rezzoagli, “necesidad de una reforma constitucional en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado”, Universidad Autónoma de Durango, México, 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados, a 24 de septiembre de 2013.— Diputados: Silvano Aureoles Conejo, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado. El documento se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates. La iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. La iniciativa viene también suscrita por el diputado Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Gracias, señor presidente, con su permiso. Pido, señor presidente, que esta iniciativa se inscriba íntegra, tal como viene aquí en este documento.

No la voy a leer, solamente comentarles que esta iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman varias fracciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos plantea el problema de los ex trabajadores migratorios mexicanos que se remonta 70 años atrás, entre 1942 y 1964.

Cuatro punto cinco millones de contratos fueron firmados por 1.5 millones de mexicanos, entre los que se encontraban obreros, jornaleros agrícolas y trabajadores del ferrocarril. A cada uno de los empleados mencionados se le descontó un 10 por ciento de su nómina para constituir un fondo de retiro campesino. Sin embargo, este dinero cuyo monto es difícil calcular nunca fue resarcido.

El conflicto se puede dividir en tres etapas. El primer periodo, de 1942 a 1964, se refiere a los acuerdos firmados; el segundo periodo es del 65 al 98, que se caracteriza por un silencio absoluto por parte de las autoridades y por una nula movilización de los trabajadores; en el tercero, a partir de 1998 comienzan a surgir grupos de apoyo para los ex braceros que toman fuerza y persisten hasta el presente.

El tema ha tenido como factor común a lo largo de la historia el desdén y la poca atención de los gobiernos locales y federales, aunado a esto se permea entre los trabajadores la ignorancia sobre la problemática y la desorganización. Como consecuencia han pasado siete décadas sin poder resolver del todo las demandas de estos grupos mexicanos.

Se creó un fideicomiso y con la creación de este fideicomiso se abren las convocatorias para la recolección de datos. En el 2005 se registró la más alta, que son 212 mil ex trabajadores, de los cuales solo 40 mil resultaron beneficiados, y la del 2009, donde hubo más de 200 mil favorecidos.

Las cifras mencionadas únicamente hacen una evidencia de que el programa no ha tenido los resultados mínimamente esperados. En primer lugar, a diciembre de 2012 se tienen registrados más de 41 mil personas, que aún y cuando tienen folio no han podido ser inscritos en este padrón y no se les ha podido pagar la parte que les corresponde.

En segundo lugar, existe un número aproximado de 50 mil ex braceros, que a pesar de que poseen diversos documentos probatorios no pueden obtener el pago correspondiente.

Falta por liquidar mil 299 millones de pesos para esos obreros y campesinos que laboraron en Estados Unidos de América y que hicieron su fondo de ahorro.

Por lo tanto, consideramos menester que durante este sexenio se destine el 0.006 puntos porcentuales del producto interno bruto de cada ejercicio fiscal, lo cual corresponde a aproximadamente a mil millones de pesos anuales en la constitución del Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios.

Estos artículos en concreto lo que piden es que para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 quede integrado este fondo del 0.006 por ciento, para que les sea pagado lo que justamente ellos ahorraron en tiempo y forma durante su estancia como braceros en el extranjero, y que fue un acuerdo que se tomó por parte del gobierno federal y al que tienen todo el derecho.

Quiero comentarles que los ex braceros estuvieron presentes aquí el año pasado buscando los apoyos de todos los diputados y no fueron escuchados. Espero que a partir de esta ocasión en el Presupuesto pueda quedar asentada y aceptada esta iniciativa que presento. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo de Víctor Manuel Jorrín Lozano y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 4, el artículo 7 y el Artículo Segundo Transitorio; se adicionan la fracción XIV, recorriéndose la actual XIV para quedar como XV, al artículo 5 y el inciso f) al artículo 6, y se deroga el Artículo Quinto Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El problema de los ex trabajadores migratorios mexicanos se remonta 70 años atrás; entre 1942 y 1964, 4.5 millones de contratos fueron firmados por 1.5 millones de mexicanos, entre los que se encontraban obreros, jornaleros agrícolas y trabajadores de ferrocarril.

A cada uno de los empleados mencionados se le descontó un 10 por ciento de su nómina para constituir un fondo de retiro campesino; sin embargo, este dinero, cuyo monto es difícil de calcular, nunca fue resarcido.

El conflicto se puede dividir en tres etapas. El primer período, de 1942 a 1964, se refiere a los acuerdos firmados; el segundo, de 1965 a 1998, se caracteriza por un silencio absoluto por parte de las autoridades y por una nula movilización de los trabajadores; en el tercero, a partir de 1998, comienzan a surgir grupos de apoyo para los ex braceros, que toman fuerza y persisten hasta el presente.

El tema ha tenido como factor común a lo largo de la historia el desdén y la poca atención de gobiernos locales y federales. Aunado a esto, permea entre los trabajadores la ignorancia sobre la problemática y la desorganización. Como consecuencia, han pasado 7 décadas sin poder resolver del todo las demandas de este grupo de mexicanos.

Después de años de lucha por parte de los ex braceros, fue hasta el 25 de mayo del 2005 cuando se les reconoció su derecho a recibir una parte de lo que legalmente les correspondía. Como respuesta a la situación descrita, se creó el Programa de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el cual incluye el importe de 38 mil pesos por concepto de “Apoyo Social” a todos los trabajadores o sus beneficiarios, que cubran los requisitos previstos en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Con la creación de dicho Fideicomiso se abrieron dos convocatorias para la recolección de datos: la del 2005 que registró a más de 212 mil ex trabajadores, de los cuales solo 40 mil resultaron beneficiados, y la del 2009, donde hubo más de 200 mil favorecidos.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2012 se habían cubierto más de 85 mil apoyos por $38,000 pesos, quedando pendientes más de 100 mil pagos de ambas convocatorias; no obstante, en días recientes se ha dado a conocer que sólo 5.6 por ciento de los braceros ha sido favorecido por el programa.

Las cifras mencionadas únicamente evidencian que el programa no ha tenido los resultados mínimamente esperados. En primer lugar, a diciembre de 2012, se tiene registro de más de 41 mil personas que, aún cuando tienen Folio de inscripción, no han recibido pago, porque sus expedientes se encuentran todavía en proceso de solvencia.

En segundo lugar, existe un número aproximado de 50 mil ex braceros que, a pesar de que poseen diversos documentos probatorios, no lograron inscribirse en dicho esquema, por lo que exigen una nueva convocatoria y la instalación de Mesas Receptoras a fin de poder acceder a los beneficios.

En tercer lugar, se cuenta también con un número indeterminado de por lo menos 200 mil ex braceros, que carecen absolutamente de documentos probatorios, pero que fácilmente podrían acreditar su derecho si la ley dispusiera de un procedimiento idóneo, como pudiera ser una entrevista a cargo de un Comité Entrevistador integrado por expertos.

A la fecha, el programa ha pagado la cantidad de 2 mil 143 millones 208 mil 436 pesos a los 195 mil 852 beneficiarios; es decir, 10,943 pesos a cada uno, cuando la Ley que crea el Fideicomiso estipula que se le pagará a cada bracero o familiar de él, la cantidad de 38,000 pesos.

Es decir, falta liquidar la cantidad de 5 mil 299 millones 167 mil 564 pesos, y para indemnizar, de acuerdo a nuestro estimado, a los 304,418 braceros que aún no han sido atendidos, habría que asignar al fideicomiso una partida presupuestal de 11 mil 567 millones 884 mil pesos.

En total, el erario federal debería pagar 16 mil 867 millones 051 mil 564 pesos a los 500 mil braceros aún vivos. Dicho de otra manera, hasta la fecha las autoridades federales han liquidado tan sólo el 12.71 por ciento del adeudo.

Esta pequeña interpretación numérica refleja la magnitud del tema y la añeja injusticia que sufren tantos mexicanos; asimismo, evidencia cuán raquítica es esta cantidad cuando se le compara con otras cifras sobre gastos públicos.

En la actualidad, el llamado “problema bracero” rima con fraude, estafa y engaño, mientras que su solución exige justicia, dignidad y derechos sociales.

Es momento de solucionar este conflicto, por lo que es necesario crear los mecanismos legales que permitan entregar el apoyo a cada trabajador. Del mismo modo, resulta menester la implementación de una mesa de trabajo con representantes de cada grupo parlamentario, con miembros de la Secretaría de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público para monitorear el correcto destino de los recursos; sólo así se terminará con una deuda histórica que por más de medio siglo el PRI prefirió eludir.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2014 propuestos por el titular del Ejecutivo, el crecimiento esperado del PIB para el 2013 es de 1.8 por ciento, lo cual representa 308 mil 571.5 millones de pesos.

Es por lo anterior que consideramos menester que durante este sexenio se destinen 0.006 puntos porcentuales del PIB de cada ejercicio fiscal, lo cual corresponde a aproximadamente mil millones de pesos anuales, a la constitución del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Asimismo, proponemos la inclusión, dentro de los requisitos y condiciones que acreditan a los beneficiarios de dicho apoyo, de un certificado de aprobación emitido por entrevistadores expertos en la materia, con lo cual se daría cabida en el fideicomiso a aquellos trabajadores que carecen de documentos probatorios.

Es momento de resarcir un daño que durante años ha permanecido en el olvido, sólo a través de estas medidas podremos brindar justicia a los braceros mexicanos.

Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 4, el artículo 7 y el Artículo Segundo Transitorio; se adicionan la fracción XIV, recorriéndose la actual XIV para quedar como XV, al artículo 5 y el inciso f) al artículo 6, y se deroga el Artículo Quinto Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Decreto por el que se reforman la fracción I del artículo 4, el artículo 7 y el Artículo Segundo Transitorio; se adicionan la fracción XIV, recorriéndose la actual XIV para quedar como XV, al artículo 5 y el inciso f) al artículo 6, y se deroga el Artículo Quinto Transitorio, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

Único. Se reforman la fracción I del artículo 4, el artículo 7 y el Artículo Segundo Transitorio; se adicionan la fracción XIV, recorriéndose la actual XIV para quedar como XV, al artículo 5 y el inciso f) al artículo 6, y se deroga el Artículo Quinto Transitorio de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4. El Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:

I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; los cuales no podrán ser menores a 0.006 puntos porcentuales del producto interno bruto del ejercicio fiscal correspondiente;

...

Artículo 5. El comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I. a XII. ...

XIII. Ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley;

XIV. Constituir el comité entrevistador, el cual estará integrado por expertos en la materia y tendrá como finalidad la certificación de los ex trabajadores migratorios mexicanos que carecen de documentos probatorios, y

XV. Promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios.

Artículo 6. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente, que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

I. y II. ...

III. ...

a) a e)...

f) Certificado de aprobación emitido por el comité entrevistador.

IV. ...

Artículo 7. La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del Fideicomiso por parte de la Federación, se hará a más tardar dentro de los 60 días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Artículo Segundo Transitorio. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos será correspondiente a la conclusión del proceso de entrega del apoyo social a que se refiere esta ley.

Artículo Quinto Transitorio.

Se deroga

Texto vigente

Artículo 4. El Fondo de Apoyo para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:

I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la presente ley;

...

Reforma propuesta

Artículo 4. El Fondo de Apoyo para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:

I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; los cuales no podrán ser menores a 0.006 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto del ejercicio fiscal correspondiente;

...

Texto vigente

Artículo 5. El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I. a XII. ...

XIII. Ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley, y

No existe correlativo

XV. Promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios.

Reforma propuesta

Artículo 5. El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I. a XII. ...

XIII. Ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley;

XIV. Constituir el Comité Entrevistador, el cual estará integrado por expertos en la materia y tendrá como finalidad la certificación de los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que carecen de documentos probatorios, y

XV. Promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios.

Texto vigente

Artículo 6. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente, que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

I. a II...

III. ...

a) a e)...

No existe correlativo

IV. ...

Reforma propuesta

Artículo 6. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente, que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

I. a II...

III. ...

a) a e)...

f) Certificado de aprobación emitido por el Comité Entrevistador.

IV. ...

Texto vigente

Artículo 7. La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del fideicomiso por parte de la federación, se hará al día siguiente de la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo 5o. de esta ley.

Reforma propuesta

Artículo 7. La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del Fideicomiso por parte de la Federación, se hará a más tardar dentro de los 60 días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

Texto vigente

Artículo Segundo Transitorio. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos será de cinco años o menos contados a partir del inicio de sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio, o se dé cumplimiento al fin objeto de su creación.

Reforma propuesta

Artículo Segundo Transitorio. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos será correspondiente a la conclusión del proceso de entrega del apoyo social a que se refiere esta ley.

Texto vigente

Artículo Quinto Transitorio. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la presente Ley, los recursos aprobados en el Anexo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para el “Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Migratorios del 42 al 64”, se transferirán al patrimonio del Fideicomiso.

Reforma propuesta

Artículo Quinto Transitorio.

Se deroga

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los primeros 60 días hábiles de los años 2014 y 2015 se instalarán mesas receptoras en las que los posibles beneficiarios de los apoyos podrán presentar la documentación a que se refiere el artículo 6 se esta ley.

Tercero. Al finalizar el plazo establecido en el artículo segundo transitorio, el comité técnico integrará un registro de las personas que presentaron la documentación respectiva; asimismo, autorizará los apoyos de quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones previstos en el artículo 6 de la Ley y publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo social.

Notas:

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/09/23/172834075-ex-braceros-insisten-en -el-reclamo-de-indemnizacion-en-gobernacion

2 Sobre la determinación de esta cantidad y la negociación que ha estado detrás de este monto, ver Philippe Schaffhauser, ¡ Mañana te pago!: Acercamiento michoacano al movimiento social de los ex braceros, Zamora: texto de avance de investigación presentado públicamente en diciembre de 2009, CER, Colegio de Michoacán.

3 http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/01_lif_2014.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

VOLUMEN II

LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, en junio de 2003 se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Financiera Rural que liquidaba al Banrural y daba origen a una nueva dependencia del gobierno. Los empleados en activo serían liquidados conforme a derecho, y los que tenían la antigüedad necesaria serían jubilados, y los ya jubilados y pensionados continuarían recibiendo sus jubilaciones y pensiones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios. Sin embargo, en los hechos se ha presentado una interpretación limitativa de su esfera de derechos. Las prestaciones laborales de los jubilados no se han respetado.

Al momento de disolverse y liquidarse las instituciones bancarias del Sistema Banrural, las relaciones laborales de sus trabajadores, se regían por la Ley Reglamentaria de la Fracción XXXIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como Ley Reglamentaria del Trabajo Bancario.

Conforme a dicho ordenamiento, con fecha 1 de octubre de 1986 se exhibieron las condiciones generales de trabajo aplicables a relaciones laborales en los bancos nacionales y regionales del sistema Banrural.

En el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural se establecieron las previsiones específicas para tutelar la esfera de derechos en los jubilados y pensionados de las 13 sociedades nacionales de crédito que formaban el Sistema Banrural, cuya disolución se ordenó con motivo de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento.

En dicho artículo transitorio se precisa que esos jubilados y pensionados continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos.

Sin embargo, como lo he señalado, ha habido una interpretación limitativa de la esfera de derechos por parte del ente liquidador del Sistema Banrural, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ante la discrepancia interpretativa sobre la esfera de prestaciones que corresponden a los pensionados y a los jubilados, algunos de ellos recurrieron al juicio de amparo, lo que condujo a que los tribunales federales resolvieran la discrepancia, en el sentido de que deberían continuar recibiendo las prestaciones que se encontraran vigentes en las condiciones generales de trabajo. Pero hasta la fecha no se han devuelto las prestaciones de jubilados y pensionados del Banrural.

Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe, diputada federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y con fundamento y en el ejercicio de los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento este proyecto de decreto por el que se reforma el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como sigue:

Decimoquinto. Los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos:

I. Sobre la base de que el alcance y la interpretación de su esfera de derechos se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de las condiciones generales de trabajo y que disfrutan del incremento de las mismas conforme al artículo 61 de dicho ordenamiento.

II. Así como de la prestación del servicio médico regulado en los artículos 41 y 48 de las prestaciones culturales previstas de la fracción V del artículo 62 y el artículo 65 de las condiciones generales de trabajo.

III. Y de las prestaciones económicas consideradas en los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76 y 77 de las mencionadas condiciones generales de trabajo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

En junio de 2003 se aprobó la nueva ley Orgánica de la Financiera Rural, que liquidaba al Banrural y daba origen nueva dependencia del gobierno. Los empleados en activo serian liquidados conforme a derecho y los que tenían la antigüedad necesaria, serian jubilados, y los ya jubilados y pensionados continuarían recibiendo sus jubilaciones y pensiones, conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios.

Sin embargo, en los hechos se ha presentado una interpretación limitativa de su esfera de derechos, las prestaciones laborales de los jubilados no se han respetado. El personal jubilado y pensionado del Sistema Banrural, no han tenido acceso a algunas prestaciones culturales: becas, apoyos para las actividades culturales y apoyos para la práctica de la cultura física y algunas prestaciones económicas consideradas a las condiciones generales de trabajo.

Con el fin de reclamar los derechos laborales se interpusieron demandas. En el Poder Judicial de la Federación se han establecido dos tesis aisladas a raíz de las resoluciones de juicios de garantías entablados por jubilados y pensionados del Sistema Banrural para hacer efectivo el conjunto de prestaciones a que tienen derecho.

Por acuerdo de las ocho fracciones que integran la Cámara Baja el 16 de octubre de 2007, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un Grupo de Trabajo Plural para que investigará las presuntas irregularidades cometidas en el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural e intervenga, ante las autoridades responsables, a fin de garantizar el respeto de los derechos laborales.

Además, en la LXI legislatura se presentó una reforma del artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para evitar interpretaciones restrictivas en perjuicio de los pensionados y los jubilados de las instituciones liquidadas. Pero hasta la fecha no se han devuelto las prestaciones de jubilados y pensionados del Banrural.

Argumentación

El 26 de diciembre de 2002 se publicó la Ley Orgánica de la Financiera Rural, que creó el organismo descentralizado federal encargado del financiamiento de las actividades agropecuarias, al tiempo de quedar sin efecto los reglamentos orgánicos de las 13 instituciones bancarias de dicho sistema, y ordenarse la disolución y liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural y de los Bancos de Crédito Rural del Centro, Centro Norte, Centro Sur, Golfo, Istmo, Noreste, Noroeste, Norte, Occidente, Pacífico Norte, Pacífico Sur y Peninsular.

Al momento de disolverse y liquidarse las instituciones bancarias del Sistema Banrural, las relaciones laborales de sus trabajadores se regían por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como Ley Reglamentaria del Trabajo Bancario.

Conforme a dicho ordenamiento, con fecha 1 de octubre de 1986 se expidieron las condiciones generales de trabajo aplicables a las relaciones laborales en los bancos nacional y regionales del Sistema Banrural.

En el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural se establecieron las previsiones específicas para tutelar la esfera de derechos en los jubilados y pensionados de las 13 sociedades nacionales de crédito que formaban el Sistema Banrural, cuya disolución se ordenó con motivo de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento.

En dicho artículo transitorio se precisa que esos jubilados y pensionados “continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos”.

Sin embargo, se ha presentado una interpretación limitativa de la esfera de derechos, por parte del ente liquidador del Sistema Banrural, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ante la discrepancia interpretativa sobre la esfera de prestaciones que corresponden a los pensionados y a los jubilados, algunos de ellos recurrieron al juicio de amparo, lo que condujo a que los tribunales federales resolvieran la discrepancia en el sentido de que deberían continuar recibiendo las prestaciones que se encontraban vigentes en las condiciones generales de trabajo.

Los juicios entablados permitieron el establecimiento de una tesis de jurisprudencia por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se registra con el número 180949 y se identifica como tesis 2ª. j. 113/2004, con el rubro “Banrural.

La tesis aislada 2ª.XVIII/4, de la Segunda Sala de la Corte, cuyo rubro señala: “Banrural. Conforme a la recta interpretación del artículo decimoquinto transitorio, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, determina que los jubilados y los pensionados continuarán recibiendo las prestaciones en la misma forma en que lo hacían durante la vigencia de las condiciones generales de trabajo”.

Por su parte, la tesis I.6oT.341 L, emitida por los tribunales colegiados de circuito, cuyo rubro es el siguiente: “Condiciones generales de trabajo del Sistema Banrural. Deben seguir vigentes y aplicarse en tanto existan ex trabajadores pensionados y jubilados que hayan laborado en las instituciones nacionales de crédito integrantes del sistema, porque su situación jurídica se encuentra regulada conforme a aquéllas”.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe, diputada federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento y en ejercicio de los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta el siguiente proyecto de decreto:

Denominación del proyecto de ley o decreto

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Ordenamientos a modificar

Único. Se reforma el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue:

Texto normativo propuesto.

Decimoquinto. Los jubilados y los pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos:

I. Sobre la base de que el alcance y la interpretación de su esfera de derechos se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de las condiciones generales de trabajo y que disfrutan del incremento de las mismas conforme al artículo 61 de dicho ordenamiento.

II. Así como de la prestación del servicio médico, regulado en los artículos 41 y 48 de las prestaciones culturales previstas de la fracción V del artículo 62 y el artículo 65 de las condiciones generales de trabajo.

III. Y de las prestaciones económicas consideradas en los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76 y 77 de las mencionadas condiciones generales de trabajo.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes:

Banco Nacional de Crédito Rural, Condiciones generales de trabajo, 1986.

Cámara de Diputados, Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, derivado de las conclusiones del Grupo de Trabajo Plural encargado de investigar el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural e intervenir ante las Autoridades Competentes para que respeten los Derechos Laborales de los Jubilados y pensionados de Banrural, Junta de Coordinación Política, 5 de febrero de 2009.

Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica de la Financiera Rural, 26 de diciembre de 2002.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Jurisprudencia 2ª. j. 113/2004, Novena Época, Tomo XX, página 347, agosto 2004.

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de pensiones del Sistema Banrural, Fideicomiso de Nacional Financiera S.N. C., septiembre 20, 2005.

Dado en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 días del mes de octubre de 2013.— Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el ejercicio óptimo de los recursos públicos es una exigencia constante de la ciudadanía. Transparencia y eficacia son aspectos indisociables de la gestión gubernamental, más aún cuando los recursos que ejerce el gobierno deben atender las necesidades apremiantes de un amplio sector de la población que carece de los elementos básicos de la vida social.

Hoy el debate nacional se ha centrado en la imperiosa necesidad de fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado mexicano, pues reconocemos que todas y todos los que habitamos este país tenemos el deber jurídico y el compromiso cívico de pagar impuestos. Pero también es necesario subrayar que hay una exigencia social mucho más amplia para que los recursos públicos se ejerzan de manera transparente y eficaz.

El Congreso de la Unión y, particularmente, la Cámara de Diputados tenemos la responsabilidad de vigilar que el Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprueba cada año, se aplique y ejerza con transparencia, eficacia, eficiencia y oportunidad.

Las y los diputados tenemos la obligación de dotar a este poder soberano de los mecanismos e instrumentos para que cumpla con su función constitucional de vigilar la ejecución del gasto público.

Un ejemplo de ello es la Auditoría Superior de la Federación, que audita y evalúa el desempeño de los programas federales.

Reconocemos que en los últimos años el Poder Ejecutivo ha creado mecanismos e instituciones que coadyuven en la medición y evaluación de las políticas públicas, lo que ha permitido la creación de presupuestos basados en resultados y la matriz de indicadores para resultados, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Asimismo el gobierno federal cuenta con el Sistema Integral de Información de los Ingresos del Gasto Público, que es el encargado de proporcionar datos confiables y suficientes en materia de ingreso, gasto y financiamiento público.

Consideramos que un elemento indispensable para la rendición de cuentas es la información sobre el estado de las finanzas públicas. Mayor transparencia sobre la aplicación del gasto público es y será una condición para recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

La iniciativa que presento ante esta soberanía —y que espero cuente con su apoyo— propone reformar el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de que el Congreso de la Unión cuenta con la posibilidad de tener acceso en línea al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, para dar seguimiento en forma oportuna y precisa a los ingresos y ejercicio del gasto público. Ello con el propósito de que en el corto plazo permita una mejora continua en la calidad de las finanzas públicas.

De aprobarse esta iniciativa, consideramos que la información sobre la emisión de los informes trimestrales de cada dependencia mediante el uso de las tecnologías de la información estará disponible de manera inmediata. Con la información oportuna podremos dar celeridad a la atención de múltiples problemáticas, que por su urgencia requieren de acciones decididas. Se dará seguimiento al uso del erario público. Y estaremos en posibilidades de reaccionar en el menor tiempo posible ante las situaciones de urgencia.

Compañeras y compañeros diputados, en la coyuntura actual y en el debate de una reforma hacendaria y fiscal cumplimos con la obligación que en el ejercicio de los recursos públicos se cumpla con el principio de máxima transparencia. El acceso a la información sobre la ejecución del gasto público servirá para atender aspectos tan importantes, como efectividad, eficacia y eficiencia que nos exige la sociedad mexicana. Más y mejor recaudación, pero con transparencia y rendición de cuentas en el gasto público. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Lucila Garfias Gutiérrez, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La demanda de las sociedades por un sistema transparente y efectivo en la ejecución del gasto público ha motivado un esfuerzo por parte de los gobiernos de diversos países para mejorar la eficacia con la que prestan sus servicios a la población. De igual forma se ha generado un mayor interés en conocer los costos que generan estos servicios, los resultados que entregan y los cambios que requieren en su propia organización para atender las exigencias que enfrentan.

Esta demanda se ha traducido en Presupuestos basados en Resultados (PBR) en varios países, particularmente los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este modelo surge como el medio para mejorar la manera mediante la cual los gobiernos gestionan sus recursos, con el fin de consolidar su desarrollo social y económico, y proveer servicios de calidad.

En México, se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño (SED) que se conforma de diversos procesos que permiten: a) evaluar los resultados de los programas federales; b) retroalimentar a los administradores de dichos programas, y c) mejorar la calidad de información que se entrega al Congreso y a la sociedad.

Por más de una década, se han realizado esfuerzos por modernizar la administración de los recursos públicos y la evaluación ha ido fortaleciéndose a paso firme hasta llegar a un modelo integral de presupuesto basado en resultados.

En ese contexto, se hizo necesario alinear los objetivos y las metas de los diversos programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual determina las prioridades del país en cada período presidencial. Para complementar esta alineación, se introdujo, además, una metodología única para la elaboración de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

El PBR además en el caso de México involucra diversos actores. La coordinación de la operación del SED corre a cargo del Coneval, la SHCP y la SFP.

Asimismo, se ha fortalecido la labor de la Cámara de Diputados para que participe activamente en el proceso de evaluación del desempeño. Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara de Diputados, realizar auditorías de desempeño y emitir recomendaciones a fin de mejorar el desempeño de los programas federales, de los recursos federales que ejercen las entidades federativas, que difieren de las participaciones.

Si bien existen algunos avances para mejorar la ejecución del gasto público, considero necesario trabajar en un esquema de uso de la tecnología que permita que la información de los resultados del desempeño esté disponible de forma inmediata cuando se necesita. Esto permitirá una mejor retroalimentación antes, durante y posterior al proceso presupuestario con las evaluaciones respectivas.

Argumentación

El crecimiento económico sin desarrollo ha sido una característica común en los países de América Latina, entre ellos México. El crecimiento de su economía ha generado desigualdades en los niveles de ingreso, ha sido incapaz de elevar el consumo interno y una gran parte de su población no ha podido disfrutar los beneficios de dicho crecimiento.

El gasto público en México para el año 2012 fue de 23.3 por ciento, sin considerar la inversión en Pemex. Esto representa un nivel bajo respecto a la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero no es sólo cuestión de cantidad, sino de calidad en la ejecución del gasto público. Existen diversas áreas de oportunidad, como son la salud y la educación considerados campos estratégicos en los que se debe mejorar la eficiencia del gasto.

El presupuesto se origina en los recursos que el poder público obtiene de distintas fuentes de ingresos, sea por la vía recaudatoria o derechos sobre bienes de dominio público. Es por lo tanto una de las máximas expresiones del poder del Estado, que por una parte ingresa la mano en los bolsillos de los ciudadanos y decide sobre la distribución de ese dinero en la sociedad.

El presupuesto tienen un gran peso macroeconómico, pues su tamaño y ejercicio tiene impactos en el crecimiento económico del país, el empleo, los niveles generales de precios (inflación), y desde luego, la estabilidad económica.

Al mismo tiempo, tiene un gran peso microeconómico y en el bienestar de los ciudadanos, ya que el gasto público influye directamente en la distribución del ingreso y las oportunidades (a través del acceso y calidad a servicios públicos como educación, salud, servicios básico, etcétera.).

El presupuesto basado en resultados es un componente central de un proceso más amplio que suele denominarse gestión basada en el desempeño o gestión orientada a resultados. Su objetivo es mejorar la eficiencia, la eficacia, la rendición de cuentas y la transparencia de las políticas, de los programas y del gasto en los gobiernos. Este proceso comprende el uso de indicadores de desempeño para valorar el grado en que se están logrando los resultados esperados y, considerando la información del desempeño, apoyar la mejora continua de las decisiones presupuestarias, así como del diseño y la gestión de los programas.

En 2000, para alcanzar mayor transparencia y rendición de cuentas y para prevenir la manipulación política de los programas públicos, el Gobierno mexicano aprobó una ley que requería una evaluación anual de todos los programas administrados por el poder Ejecutivo Federal. En 2001, se creó la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y en 2004 el Congreso aprobó la Ley General de Desarrollo Social que institucionalizó el proceso de evaluación y creó el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval). En 2006 el Congreso aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que creó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y detalló el uso de los indicadores de desempeño.

El Congreso también tiene un papel importante en la rendición de Cuentas, particularmente a través de la Auditoría Superior de la Federación de México (ASF), especialmente a través de la auditoría del desempeño, que aplica los estándares de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. La ASF fue creada en 2001 y ha sido un actor relevante en la promoción de la cultura de la evaluación y los resultados.

El interés del gobierno mexicano por mejorar la calidad del gasto público a través de la evaluación está demostrado tanto en el marco legal que ha desarrollado en años recientes, como por el compromiso de funcionarios de las instituciones públicas claves para diseñar e implementar un sistema de evaluación del desempeño combinado con presupuesto basado en resultados.

El congreso mexicano también está mostrando un creciente interés en la evaluación, interés que confirma otro papel clave de la información sobre desempeño como instrumento para profundizar el debate en todas las etapas del ciclo presupuestario entre los grupos fuera del Gobierno. Las organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo están brindando un valioso apoyo mientras México desarrolla un adecuado sistema de evaluación, considerando mejores prácticas internacionales y adaptándolas a la situación mexicana. Existen oportunidades significativas para mejorar y consolidar el sistema de evaluación de México y transformarlo en un instrumento clave para la rendición de cuentas y aprendizaje continuo.

Para que el Congreso ejerza eficazmente su función de supervisión es necesario que tenga acceso a la información adecuada en el momento preciso y que pueda utilizarla.

El Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII) es el medio a través del cual las dependencias y entidades de la administración pública federal envían la información que requieren las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, el Banco de México y las respectivas dependencias coordinadoras de sector.

El objetivo del SII es proporcionar datos oportunos, confiables y suficientes, en materia de ingreso y gasto público, además de unificar los requerimientos de información, para racionalizar los recursos utilizados en el intercambio de información en la administración pública federal.

El SII representa una de las fuentes oficiales de información que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para:

1. La toma decisiones sobre aspectos presupuestarios.

2. La elaboración de los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que se entregan periódicamente al Congreso de la Unión.

3. La elaboración de las estadísticas oportunas de finanzas públicas que se divulgan cada mes.

El seguimiento del gasto es lo que permitirá una evaluación continua del ejercicio del presupuesto público y en esta tarea se debe involucrar con mayor fortaleza al Congreso, estimulando a sus miembros a que utilicen más las evaluaciones e información sobre los resultados presentados por el Ejecutivo para dar seguimiento al desempeño de secretarías y dependencias relevantes, así como para la discusión de la propuesta de presupuesto.

La presente iniciativa pretende reformar el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el fin de que el Congreso de la Unión cuente con la posibilidad de tener acceso en línea al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), para dar seguimiento en forma oportuna y precisa a los ingresos, así como ejercicio del gasto, generando con ello beneficios en el corto plazo que permitan una mejora continua en la calidad de las finanzas públicas.

Para ello, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público (análisis del ingreso), la de Presupuesto y Cuenta Pública (análisis del gasto), y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (análisis Cuenta Pública), serán quienes elaboren los lineamientos para que la Cámara de Diputados tenga acceso en línea, a través del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas como órgano técnico, al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII).

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único.Se adiciona una fracción III, recorriendo las subsecuentes, al párrafo quinto del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

“Artículo 45. ...

...

...

...

El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones generales que determine la secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y disposiciones, realizarán las siguientes acciones:

I. ...

II. ...

III. La Cámara de Diputados tendrá acceso al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), para dar seguimiento en línea y de forma oportuna tanto a la generación de ingresos, como al ejercicio del gasto.

...

Artículos Transitorios

Primero. Las Comisiones de Hacienda y Crédito, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación serán quienes elaboren los lineamientos para que la Cámara de Diputados tenga acceso en línea, a través del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas como órgano técnico, al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII).

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de octubre de 2013.— Diputadas: Lucila Garfias Gutiérrez, Angelina Carreño Mijares (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de alumnos de la Universidad de León, campus Irapuato y campus Salamanca. También de la preparatoria La Salle Juan Alonso de Torres. Y al grupo de jóvenes ecologistas de Guanajuato, que están hoy aquí invitados por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Patricio Flores Sandoval, a nombre de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Patricio Flores Sandoval:Con su permiso, presidente. Si me permite felicitarlo por su paciencia y por permitir a los diputados que ejerzan su derecho, aunque a veces exageramos. Un derecho que aquí me tiene para hablar a nombre de la compañera Rocío Corona Nakamura, para presentar una iniciativa por la que se adiciona un artículo 187 Bis, un artículo 192 Septimus y se reforman los artículos 198, 199 y 420 de la Ley General de Salud.

Compañeros diputados, el alto índice en la población que padece alcoholismo y adicción al consumo de drogas representa un factor negativo de índole social, de salud, seguridad, violencia, desintegración familiar y una afectación a las nuevas generaciones, truncando con ello no solamente sus estudios sino, desafortunadamente, todas sus posibilidades de un desarrollo pleno y socialmente productivo.

A la par de lo anterior y al margen de falsas apariencias, y bajo el escudo que permite la clandestinidad se han deformado, como un lucrativo negocio delictivo, los llamados centros, albergues o clínicas de rehabilitación de adicciones.

En estos espacios encontramos toda clase de delitos y violaciones a los derechos humanos: privación ilegal de la libertad, explotación, abuso sexual, trata de personas, violencia física y psicológica, maltrato, extorsión. Todo, menos rehabilitación.

Bajo esa fachada operan centros delictivos de tráfico de drogas y personas, reclutamiento de delincuentes en potencia, e incluso algunos de quienes acuden para rehabilitarse terminan sumidos aún más en ese abismo de las adicciones por la ausencia de cuidado profesional y especializado.

Esas instituciones operan bajo amparo de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, que por desidia o desinterés hemos permitido que este asunto represente un verdadero problema que requerimos atender antes de que sea tarde.

Las estadísticas al respecto son alarmantes: 75 por ciento de la población ha ingerido alcohol y al menos 4.5 millones de mexicanos han consumido alguna droga; 45 millones de mexicanos son bebedores habituales y casi un millón son farmacodependientes; 65 por ciento de la población de entre 17 y 65 años presentan problemas de consumo excesivo de alcohol y 2 por ciento de adicción a drogas.

La edad promedio de inicio del consumo de alcohol es de 13 años y se pronostica que llegará a 10. Y para las drogas se sitúa entre 15 y 18 años. El alcoholismo o la drogadicción son los causantes de 70 por ciento de los accidentes automovilísticos. El 65 por ciento de los suicidios se vinculan al consumo excesivo de alcohol o derivados de una adicción. Cerca de 40 por ciento de los homicidios se cometen bajo la influencia del alcohol o drogas.

Por ello tenemos la proliferación de los llamados internados, albergues, centros o clínicas de rehabilitación que superan a los centros bajo la responsabilidad de las instituciones, al grado de que hoy en día es imposible saber cuántos lugares existen.

Su forma de operación es conocida, se instalan generalmente en domicilios particulares conservando apariencia. Ofrecen servicios de rehabilitación sin contar con certificación alguna, sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, atención médica o seguimiento clínico, y sin tener la habilidad profesional y la labor especializada que esto exige.

Cobran lucrativas cuotas o aportaciones voluntarias, ya sea en especie o monetarias, que oscilan entre los 10 o 30 pesos diarios, 100 a 250 semanales y de entre mil a 2 mil pesos mensuales, según la zona, el diagnóstico del sujeto y la intensidad del tratamiento.

El problema radica en que bajo el amparo de la clandestinidad con que operan, la poca transparencia en su manejo, la ausencia de la vigilancia por parte de las autoridades y las condiciones deplorables que ahí se registran, se confabulan intereses totalmente ajenos a la noble labor que dicen ofrecer.

Por ese motivo es que presentamos una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para realizar un ordenamiento de estos lugares y obligar a que la autoridad correspondiente asuma la responsabilidad de garantizar su correcto funcionamiento y operación en el marco del respeto a los derechos humanos y la integridad del paciente y su familia.

Rogamos, señor presidente, que lo expresado y el texto íntegro de la iniciativa se incluya en el Diario de los Debates. Es cuanto y muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 187 Bis, un artículo 192 Séptimus y se reforman los artículos 198, 199 y 420 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Planteamiento del problema

En nuestro país, la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones y sus trastornos han sido tema recurrente en la agenda nacional.

Problemas derivados por el alto índice en la población de adicción al tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas, no sólo representan un factor negativo de índole social y por supuesto familiar como consecuencia, sino incluso también de salud y seguridad pública que compromete importantes recursos tanto presupuestarios como de capital humano.

Algunas adicciones como el tabaquismo generan padecimientos que requieren de una atención médica especializada y específica, pero otras como el alcoholismo y la drogadicción además de lo anterior derivan también en problemas sociales como violencia tanto pública como familiar, desintegración y descomposición social y una pérdida de las nuevas generaciones que cada vez –derivado de una creciente y fácil disposición de estas substancias legales o no– se pierden a edades más tempranas, truncando con ello no únicamente sus estudios sino desafortunadamente todas sus posibilidades de un desarrollo pleno, sano y socialmente productivo.

Es precisamente en estas dos últimas adicciones en donde encontramos un sin número de problemas que se derivan de manera secundaria en muchos ámbitos sociales principalmente; que debemos considerar, atender y sobre todo prevenir y erradicar.

Alcoholismo

En primer lugar, el llamado alcoholismo es definido por la Organización Mundial de la Salud como “un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol expresado a través de dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión del alcohol y la imposibilidad de abstenerse del alcohol”.

La importancia de este concepto radica no tanto en los orígenes que lo motivan, sino principalmente en las consecuencias que genera el padecerlo en cualquiera de sus distintos grados de incidencia.

Los orígenes pueden ser diversos, pues al considerarse al alcohol como una droga más, equivocadamente calificada como “blanda o suave”, presenta el mismo comportamiento que se encuentra en las tipificadas y definidas como ilegales.

Algunas razones que motivan el consumo de alcohol y las bebidas que lo contienen, que se presentan en coincidencia entre muchas personas a lo largo del mundo, siendo mencionadas las siguientes:

• Por disposición genética: se ha comprobado que en algunos casos existe una cierta predisposición a consumirlo desde el nacimiento que puede o no caer en el desarrollo de un consumo excesivo; al provenir de padres que poseen el gusto de ingerirlo, sin embargo es excepcional y todavía es discutida esta afirmación y la aceptación total de este motivo, pero aun así está presente.

• Por educación heredada: estudios recientes han vinculado la importancia de la educación y los patrones de conducta en el hogar con la incidencia en el consumo de bebidas alcohólicas y la mala o nula moderación, pues el desarrollo de la afición a su consumo y su posterior abuso en la etapa joven se asocia al ejemplo que se observa y recibe de las personas mayores que habitualmente los rodean.

• Por aceptación o imitación: algunas piensan y aseveran que el consumo del alcohol favorece las relaciones sociales y una forma efectiva de intimar; ya que se cree que al consumirlo se tiene una sensación que provee seguridad y una forma efectiva de sentirse bien consigo mismo y con los demás; es decir de igualdad; y

• Por presiones externas: como por ejemplo la publicidad excesiva que se recibe por parte de los medios de comunicación, para conmemorar celebraciones especiales, o por el padecimiento de problemas emocionales y de conducta exacerbados.

En lo que respecta a las consecuencias existe mayor precisión, definición y coincidencia sobre éstas no sólo por su penetración social y en la salud, sino también por la variedad de factores indirectos que genera y que son motivo de diversos debates y cuestionamientos sobre la necesidad por parte de las autoridades de regular y controlar su consumo.

En primer lugar se tienen las consecuencias físicas en el ser humano que repercuten directamente en la salud de su organismo y su expectativa de vida; que se ve reducida entre 10 y 15 años dependiendo de la frecuencia y cantidad en el consumo.

Lo anterior se debe a que el alcohol que se consume en estas bebidas no es expuesto a algún proceso digestivo, por lo cual pasa directamente al intestino delgado para inmediatamente ser ingresado o absorbido por el torrente sanguíneo a través de las paredes estomacales. Una vez iniciado este proceso, una parte de este alcohol que se encuentra ya en la sangre es descompuesto para ser eliminado por el cuerpo (es decir se metaboliza mediante el proceso de oxidación). Esto significa que en nuestro organismo el alcohol se fusiona con el oxígeno y se descompone para abandonar el organismo en forma de agua y bióxido de carbono.

Lo negativo del proceso es que el lugar o primer lugar donde se lleva a cabo la oxidación es en el hígado, el cual descompone únicamente hasta un 50 por ciento aproximadamente del alcohol ingerido en el lapso de una hora en promedio; y el resto del producto permanece en el torrente sanguíneo y es eliminado en forma muy lenta.

Debido a lo anterior, el consumo ya sea moderado o excesivo tiene manifestaciones en diferentes capacidades del organismo, siendo las principales las siguientes:

• Afectaciones al sistema nervioso, que altera las funciones de praxis y atención y puede llegar a lesionar y eliminar a las celular nerviosas.

• Afectaciones al aparato digestivo, que implica a órganos como el hígado, el estómago, el páncreas y la boca.

• Afectaciones al sistema cardiovascular, que generan fluctuaciones en la presión arterial y miocardiopatías.

• Afectaciones al sistema óseo, que motivan distintos grados de osteoporosis y mayor incidencia a presentarla en el futuro mediato.

• Afectaciones al sistema endocrinológico, pues el alcohol al favorecer la secreción de la prolactina en distintos grados, en el cuerpo femenino genera escasa secreción láctea.

• Afectaciones en el sistema reproductor, pues genera distintos grados en relación directa con el nivel de consumo y su frecuencia, de casos de impotencia en el varón y gradosdistintos de esterilidad en la mujer.

Finalmente y a nivel internacional se reconocen medicamente una serie de enfermedades y padecimientos ligados directamente y en manera proporcional al consumo de bebidas alcohólicas; entre las principales podemos mencionar las siguientes que a continuación se enlistan:

• Coma etílico.

• Diabetes.

• Daño cerebral.

• Polineuritis.

• Cirrosis.

• Pancreatitis.

• Cáncer de estómago.

• Cáncer de garganta.

• Cáncer de laringe.

• Cáncer de esófago.

• Úlcera gástrica.

• Síndrome de abstinencia en lo bebés.

• Envejecimiento prematuro.

Sobre las consecuencias psicológicas en el ser humano a pesar de ser afecciones a la salud y el organismo, por su trascendencia y especificidad hay que mencionarlas de manera exclusiva.

Esto se debe a que el alcohol ingerido, al sistema que afecta de manera inmediata es el nervioso central; pues equivocadamente se creé que su consumo produce excitación, pero en realidad lo que hace es que deprime centros neuronales y cerebrales reduciendo las tensiones y las inhibiciones. Al rebasar ciertos límites de concentración en la sangre que combinados o relacionados con la fisiología del organismo interfiere en procesos mentales referentes a la precepción visual que se ve distorsionada, al igual que la capacidad de coordinación motora, de reacción a estímulos exteriores, de balance y de lenguaje.

Además, genera una adicción que provoca trastornos a nivel cerebral que se mantienen aún después de que el organismo ya eliminó, procesó o desechó el alcohol ingerido.

Es por esto que las autoridades de salud a nivel internacional, han identificado las afectaciones psicológicas que el consumo de bebidas alcohólicas genera al organismo y que a continuación se enlistan:

• Lagunas de memoria que no se recuperan.

• Depresiones.

• Epilepsia.

• Delirium tremens.

• Psicosis.

• Demencia por el alcohol.

• Inseguridad.

• Violencia.

• Tendencias al suicidio.

En lo que respecta a las consecuencias sociales y económicas, existe una diversidad de ellas y de focos de incidencia de las mismas. Todas lamentables y graves pero quizás en algunas la sensibilidad social ha exigido mayor cuidado, seguimiento, estudio y atención.

De manera casi inmediata genera en el ser humano como individuo integrante de una sociedad sin distinción alguna de género, raza o posición económica las siguientes consecuencias sociales que se enlistan:

• Rechazo.

• Despido laboral.

• Soledad.

• Quiebra económica.

• Mala higiene.

• Agresiones.

• Problemas de índole penal.

• Separación afectiva.

• Accidentes.

• Maltratos.

Sin embargo, es precisamente en la familia, el núcleo más íntimo del individuo donde radica el mayor daño, pues las repercusiones no sólo se dan en el ámbito afectivo sino también en el económico y emocional. Para quien consume bebidas alcohólicas y para quienes se encuentran a su alrededor.

La familia y sus integrantes se ven expuestos a violencia y una descomposición generada por uno de sus integrantes que padezca de alcoholismo o de consumo de bebidas alcohólicas de manera frecuente.

Además de lo anterior, a nivel mundial se tiene registrado que en la adolescencia el consumo de bebidas alcohólicas es cada vez a una edad más temprana, siendo favorecido este comportamiento de manera directa o directamente por la desintegración del núcleo familiar y reforzado en el exterior por la descomposición social existente en nuestros días.

Finalmente, por el consumo de bebidas alcohólicas y posteriormente el alcoholismo se derivan otra serie de consecuencias económicas para la sociedad, con altos costos que pueden ser monetarios o en los casos más lamentables y desafortunados, en pérdida de vidas humanas. Entre las principales tenemos las siguientes:

• Accidentes de tránsito.

• Accidentes laborales.

• Delitos como robo, homicidios y situaciones de suicidios.

A nivel mundial se tiene registrado según la más reciente actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el consumo del alcohol de manera directa provoca la pérdida de vida de cerca de 2.5 millones de persona al año, cifra que representa el 4 por ciento del total de  fallecimientos en todo el mundo; además de que el alcohol es a nivel mundial el factor número tres que genera un impacto negativo en la salud del ser humano generando alguna enfermedad o discapacidad en el individuo.

Como se puede apreciar, el consumo de bebidas alcohólicas y el alcoholismo en todo el mundo, está representando un problema económico, social y de salud pública. Al grado de que en fechas recientes la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una recomendación para todos los países que solicita incluir en sus políticas, planes de prevención y control del consumo de este tipo de bebidas, enfocándose principalmente en la población joven.

Nuestro país no es ajeno a esta recomendación ni tampoco a los problemas que a nivel mundial se están presentando por el consumo por parte de su población de bebidas alcohólicas; algunas naciones ya han tomado medidas referentes a este problema, incluso muchas de ellas consideradas radicales.

Drogadicción

Por otro lado, en referencia a la segunda adicción mencionada en los primeros párrafos de la presente exposición de motivos tenemos a la drogadicción o farmacodependencia.

Las estadísticas a nivel mundial son similares a las que se presentan para el alcoholismo, pero menos reales y reveladoras del verdadero problema y su magnitud, esto debido a que en algunos casos, tanto el consumo como la preparación de las substancias o drogas se da en el ámbito casero, en un círculo muy cerrado dentro de las comunidades o en su defecto, puede pasar desapercibido por algunos factores del entorno.

Además, los daños y los riesgos que representa son variados en función de cada circunstancia; es decir, de la frecuencia en el consumo, la edad, el tiempo de consumo, la substancia y el método de introducirla en el organismo. No obstante, podemos desde el inicio afirmar que su consumo es completamente perjudicial para la salud del individuo y la sociedad en su conjunto, debido a que en algún momento ya sea tarde o temprano la adicción se torna altamente nociva y en contra del mismo consumidor.

En el corto plazo, su consumo produce una aparente satisfacción o complacencia, pero en el mediano y largo plazo sólo ofrecerá al consumidor y su entorno en el que se relaciona, destrucción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como droga a toda substancia que puede ser medicinal o no, que se introduce en el organismo por cualquier vía: oral, endovenosa, intramuscular, respiratoria, epidérmica, y que tiene la capacidad de acción sobre el sistema nervioso central, promoviendo efectos físicos, emocionales, sensoriales o de intelecto y alteraciones del psiquismo.

Se sabe que el factor que las convierte en altamente adictivas es debido a que sus efectos producen sensaciones de complacencia, atenuación y euforia hasta llegar según sea el caso de la substancia consumida, a producir incluso alucinaciones o estados de ánimo exacerbados de manera casi inmediata.

Las principales drogas de mayor consumo a nivel mundial son la cannabis (mariguana), la cocaína y la heroína; de las cuales se derivan un sin número de sustancia secundarias que de igual forma y en combinación producen el mismo objeto y persiguen el mismo fin.

De su consumo se deriva lo que se define como una enfermedad llamada drogadicción, que es elempleo de éstas substancias de manera progresiva, crónica y de carácter dependiente.

Los motivos de su consumo, al igual que sus efectos dependen de las circunstancias, tanto personales como del entorno en que se desenvuelve y relaciona el individuo, pero por lo general, a manera de conceptualización, podemos definir entre las principales las siguientes:

• Curiosidad.

• Imitación.

• Rebeldía.

• Escape o evasión de la realidad.

Como se dijo anteriormente, las causas pueden ser motivadas de manera directa o indirecta en el individuo porque incluso se han llegado a presentar casos de personas que iniciaron el consumo de alguna droga sin saberlo, es decir, por engaños.

Las consecuencias directas del consumo de drogas en la salud sí están definidas y en su mayoría identificadas, y  pueden ir desde sequedad en la boca, ojos irritados o con enrojecimiento, falta de buena coordinación muscular, mínimos niveles de atención, concentración y fluidez verbal, delirios, alteración de las percepciones, ansiedad, delirios, alucinaciones o ilusiones dinámicas, miedo, pánico, angustia, demencia, depresión, distorsión de la percepción del tiempo, alteración del ritmo cardiaco, aumento de las pulsaciones cardiacas, alteraciones en los órganos vitales, y finalmente, la muerte; ya sea por cuestiones originadas del daño severo en la salud, o derivadas como el suicidio, accidentes o manifestaciones de distintos tipos de violencia.

Las anteriores son algunas de las consecuencias a las que se enfrentan los consumidores directos sin importar que éstos sean ocasionales, experimentales o habituales.

Lo único que va a variar entre unos y otros, será la frecuencia de los síntomas inmediatos y lo que tardarán en aparecer los trastornos en la salud, que bien puede ser en el largo o mediano plazo y por ende el nivel y ritmo de deterioro de la salud y su entorno.

En lo que respecta al entorno, las consecuencias son prácticamente inmediatas. Según sea el caso particular, éstas se pueden presentar durante la etapa escolar, en el ámbito laboral y en todos los casos en su medio familiar y social; y son muy parecidas a las que sufren los alcohólicos, porque en la mayoría de los casos de drogadicción o consumo de drogas el habitual compañero que va de la mano y a la par es el consumo de alcohol; por ello podemos citar principalmente las siguientes:

• Rechazo.

• Despido laboral.

• Soledad.

• Quiebra económica.

• Mala higiene.

• Agresiones.

• Problemas de índole penal.

• Separación afectiva.

• Accidentes.

• Maltratos.

Finalmente, y después de la breve presentación general de las posibles causas, los efectos y consecuencias de estas dos adicciones en específico; el objeto de la presente iniciativa se centra en un factor negativo de muchos que hay y que se derivan como un lamentable resultado indirecto de este desafortunado problema social y de salud pública.

Más allá de los problemas de salud, de seguridad pública, violencia y delitos que se derivan de las adicciones, hay un asunto que poco a poco y aparentemente de forma aislada se ha ido presentando en cada vez más regiones de todo el país sin excepción alguna y ha pasado de ser una situación exclusivamente centralizada, a una situación recurrente en todo el territorio y los estratos poblacionales y sociales.

Al margen de falsas apariencias que pretenden proveer una bien intención y bajo el escudo que permite la clandestinidad, se ha ido deformando como un lucrativo negocio delictivo los llamados centros, alberges o clínicas de rehabilitación de adicciones.

En estos espacios encontramos delitos como privación ilegal de la libertad, explotación, abuso sexual, trata de personas, violencia física y psicológica, maltrato, extorsión y un sin fin e innumerables violaciones a los derechos humanos elementales.

Son lugares que bajo esa fachada operan como verdaderos centros delictivos de tráfico, venta y distribución de drogas o personas, de reclutamiento de delincuentes en potencia o en el mejor de los casos, quienes acuden para rehabilitarse terminan sumidos aún más en ese profundo abismo de las adicciones por la ausencia del cuidado por parte de profesionales en la materia, de atención especializada y en la combinación de lo anterior, con el entorno negativo y vicioso que ahí se ofrece y que en la mayoría de los casos es denigrante.

Debemos de reconocer que no son todos, pero muchos de los que así operan e incluso bajo el supuesto amparo de las autoridades y de la sociedad, que por desidia o desinterés ha permitido que la existencia de este problema verdadero problema, el cual requiere atenderse cuanto antes.

2. Argumentos de sustento

Desde hace décadas, el alcoholismo y la drogadicción se han posicionado en la cotidianidad de la familia; pues es principalmente en ella en donde se refugia y esconde clandestinamente, bajo el disfraz del silencio que provee la tolerancia; y son los causantes directos o indirectos de la mayoría de los factores negativos que aquejan hoy en día a la sociedad en su conjunto y en su desarrollo.

El problema del alcoholismo y la drogadicción o farmacodependencia ya no es asunto que responda a criterios de género, toda vez que ambas adicciones son sumamente destructivas.

De igual forma, se están posicionando precisamente en el rubro poblacional más vulnerable, nuestra infancia y juventud; sin importar la condición económica o social.

Basta mencionar los siguientes datos duros al respecto, que según fuentes oficiales como el Inegi y la Secretaria de Salud o bien provenientes de estudios de organizaciones civiles, se  registran en todos los Estados del país:

• Cerca del 15 por ciento de la población total padece del síndrome de la dependencia al alcohol y más de medio millón de mexicanos son atendidos en instituciones públicas de salud por problemas de farmacodependencia a alguna droga.

• Cerca del 75 por ciento del total de la población ha ingerido bebidas alcohólicas y al menos cerca de 4.5 millones de mexicanos han consumido alguna droga una vez en su vida.

• Alrededor de 45 millones de mexicanos son bebedores habituales y casi un millón son farmacodependientes.

• El 65 por ciento de la población de entre 17 y 65 años presenta problemas de consumo excesivo de bebidas alcohólicas y casi el 2 por ciento de la población presenta alguna adicción a drogas.

• La edad promedio para iniciar en el consumo de alcohol ha bajado hasta llegar a situarse en los 13 años. Incluso, en algunas partes del país llega a ser de 10 años, mientras que para el consumo de drogas se sitúa entre los 15 y 18 años.

• El alcoholismo o la drogadicción son los causantes de aproximadamente el 70 por ciento de los accidentes automovilísticos.

• Cerca del 75 por ciento de los divorcios se asocian a alguna adicción.

• Aproximadamente el 65 por ciento de los suicidios se vinculan al consumo excesivo del alcohol o derivado de una adicción.

• Se tiene registrado que cerca del 40 por ciento de los homicidios se cometen bajo la influencia del consumo de bebidas alcohólicas.

Es fácil apreciar la magnitud y lo alarmante de la situación, pero es difícil comprender y asimilar las implicaciones reales que se derivan a la sociedad en su conjunto y la cantidad de problemas secundarios que se gestan de igual forma, en torno a este problema.

Principalmente, porque al atentar contra la población a una edad cada vez más temprana y en la que los especialistas en comportamiento humano, señalan que hay mayor vulnerabilidad a adquirir conductas negativas y dañinas que en la mayoría de los casos prevalecerán y se intensificaran en la edad adulta. El efecto multiplicador se vuelve asunto de salud,  pues se tiene registrado y comprobado que quienes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas o consumir alguna droga sin importar cual sea, antes de los 18 años de edad sin distinción de género; se eleva 15 veces el riego latente de desarrollar dependencia a la bebida y a éstas substancias.

En nuestro país, desde aproximadamente la década de los setentas, los gobiernos empezaron a tomar medidas referentes al alcoholismo y el consumo de drogas, que más bien se enfocaron en el combate a la producción y distribución de sustancias ilegales.

Con el paso del tiempo el consumo de las drogas se fue extendiendo, en similar medida o quizás a un ritmo más lento, que la aparición de nuevas sustancias y el número de consumidores entre la población cada vez más joven que se presentaba en todo el territorio nacional.

Si bien es cierto que en la última década mientras el problema del alcoholismo se fue dejando en el olvido y en contraparte se invirtió importantes cantidades del presupuesto al combate del narcotráfico y en medidas tendientes a la prevención del consumo de drogas; la verdad es que no han sido suficientes para mitigar el problema, ni tampoco para detener la correlación entre ellas y mucho menos para evitar que de estas adicciones, se deriven otro tipo de problemas delictivos.

Al mismo tiempo se dio la aparición de los llamados “internados”, “albergues”, “centros” o “clínicas de rehabilitación” que superan en número por mucho a los centros públicos bajo la responsabilidad de las instituciones gubernamentales, al grado de que hoy en día es imposible saber cuántos de estos lugares “privados” o “sociales” verdaderamente existen y operan, así como también conocer con precisión su localización, su capacidad de operación y peor aún sus métodos de funcionamiento, objetivos reales y su capacidad de incidir de manera negativa en quienes recurren a ellos y del entorno en que se encuentran.

Su forma de operación es conocida, se instalan generalmente en zonas marginadas, aunque no exclusivamente en éstas, en domicilios particulares –conservando en su gran mayoría esa apariencia–, ofrecen servicios de rehabilitación contra alcoholismo o drogadicción, sin contar con un método certificado, sin las condiciones mínimas requeridas de seguridad e higiene, atención médica o seguimiento clínico y sin tener la habilidad profesional y especializada que la labor exige.

Cobran lucrativas “cuotas” o “aportaciones voluntarias”, ya sea en especie o monetarias que se pueden ir cubriendo periódicamente y que pueden oscilar entre mil a dos mil pesos mensuales, según la zona, el “diagnostico” del sujeto y la “intensidad” del tratamiento.

El problema radica en que bajo el amparo de la clandestinidad con que operan, la poca transparencia en su manejo, la ausencia de la vigilancia por parte de las autoridades y las condiciones deplorables que ahí se registran; se confabulan intereses totalmente ajenos a la noble labor que dicen ofrecer –“rehabilitar”– creando por el contrario, espacios que bajo esa fachada ofrecen en el mejor de los casos supuestos “tratamientos” que pueden ser fácilmente calificados y considerados como torturas físicas y psicológicas a base de maltratos, privaciones, restricciones, limitaciones, violencia, agresiones físicas y verbales y sistemática violación a sus derechos humanos y dignidad.

Pero en el peor de los casos y como desafortunadamente así sucede en la mayoría de estos lugares, encontramos delitos como privación ilegal de la libertad, explotación, abuso sexual, trata de personas, violencia física y psicológica, maltrato y extorsión, por mencionar algunos de los más recurrentes pero mortalmente graves, y que atentan contra la integridad y la vida del individuos y de la sociedad en su conjunto, si consideramos y tomamos en cuenta que el índice de rehabilitación de los centros públicos destinados a este fin bajo el estricto manejo y vigilancia de las autoridades y profesionales en la materia, es de apenas el 25 por ciento.

Desafortunadamente, el actuar de las autoridades es escaso debido a la ausencia de la denuncia, además del desinterés que priva sobre estos asuntos.

Muestra de ello es que el único referente legal que en la materia encontramos es la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, la cual ha resultado difícil aplicar a cabalidad, lo que ha traído consigo que los lugares a que hemos hecho referencia representen un daño o amenaza a quienes de manera directa se ven precisados a requerir de sus servicios.

Lo cierto es que en buena parte de los casos sus actividades ilícitas y por ende las actitudes sospechosas de quienes ahí laboran acarrean una serie de problemas a la comunidad. Por ello, el problema no es que existan en un gran número, sino más bien que carezca del personal profesional y calificado que para ello se requiere.

Es en este punto donde ésta soberanía no puede quedar exenta de aportar en atención a sus facultades sus esfuerzos para aportar una solución al respecto.

Si bien es cierto que estas reformas propuestas no solucionarían por sí solas el problema, por lo menos debemos reconocer que estaríamos en posibilidad de permitirle a la autoridad correspondiente asumir una responsabilidad y facultad respecto al funcionamiento y la operación de estos lugares, y a la población en general, hacerle saber a cuál institución le corresponde atender estos asuntos y brindarle la oportunidad y el derecho de exigirle que cumpla con su función.

3. Fundamento legal

La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Denominación del proyecto de decreto

La iniciativa plantea una adición de un artículo 187 bis, un artículo 192 septimus, una adición de una fracción VII al artículo 198, una reforma al artículo 199 y al artículo 420 de la Ley General de Salud.

5. Texto normativo propuesto

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo Único. Se adiciona un artículo 187 bis, un artículo 192 septimus y se reforman los artículos 198, 199 y 420 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 187 Bis. La atención, tratamiento y rehabilitación de los alcohólicos en clínicas, albergues, centros o internados sociales o privados, se deberá brindar bajo consentimiento informado por escrito, con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial, confidencial, sin someter al paciente a tratamientos irreversibles, que modifiquen su integridad de la persona o pongan en riesgo su vida, lo menos restrictivos posibles, mismos que se ajustarán a principios éticos y con estricto respeto a los derechos humanos.

Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma, por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia solicite el servicio, debiendo ser notificado a su representante, así como a la autoridad judicial competente.

La Secretaría de Salud elaborará y expedirá las normas oficiales mexicanas y los criterios de control sanitario para normar el establecimiento, operación y evaluación de los establecimientos que prestan atención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo. Para estos efectos se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Articulo 192 Séptimus. La atención, tratamiento y rehabilitación de los farmacodependientes en clínicas, albergues, centros o internados sociales o privados, se deberá brindar bajo consentimiento informado por escrito, con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial, confidencial, sin someter al paciente a tratamientos irreversibles, que modifiquen su integridad o expongan su vida, lo menos restrictivos posibles, mismos que se ajustarán a principios éticos y con estricto respeto a los derechos humanos.

Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma, por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia solicite el servicio debiendo ser notificado a su representante, así como a la autoridad judicial competente.

La Secretaría de Salud elaborará y expedirá las normas oficiales mexicanas y los criterios de control sanitario para normar el establecimiento, operación y evaluación de los establecimientos que prestan atención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de farmacodependencia, para estos efectos se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. a VI. ...

VII. La atención, el tratamiento y la rehabilitación de adicciones.

...

...

Artículo 199. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas ejercer la verificación y control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento y de las clínicas, albergues, centros o internados de atención, tratamiento y rehabilitación de adicciones sociales o privados,basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.

Artículo 420. Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 187 Bis, 192 Séptimus, 198, 200, 204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 Bis, 350 Bis 2, 350 Bis 3 y 373 de esta ley.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, Sonia Catalina Mercado Gallegos, María Esther Garza Moreno, Adan David Ruíz Gutiérrez, Rosalba de la Cruz Requena, Erick Marte Rivera Villanueva, Faustino Félix Chávez, Angelina Carreño Mijares (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Con mucho gusto se inserta la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Si me permite un minuto, diputada, solamente para saludar a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, que hoy nos acompañan aquí, invitados por el diputado Federico González Luna. Bienvenidos a la sesión. Adelante, diputada.

La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, voy a pedirles —respetuosamente— que me brinden unos instantes de su atención. Esta iniciativa que vengo a presentar el día de hoy tiene que ver con un sector de la población al que generalmente no miramos ni nos ocupamos de él, pero existe.

Esta iniciativa tiene como objetivo toral salvaguardar, velar por el derecho a una vida con dignidad de los cientos de niños y niñas que se encuentran en las cárceles de nuestro país. No porque sean delincuentes, sino porque viven con sus madres en los reclusorios. Me refiero a niños menores o que van hasta los 6 años.

Esta iniciativa pretende reformar la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. El problema de la infancia que vive en la cárcel es realidad en el sistema penitenciario de nuestro país y es fundamental buscarle alternativas, buscar cómo vamos a generar condiciones para que estas criaturas que viven ahí, vivan como lo que son, como niños, que ya suficiente desgracia tienen al tener a sus madres presas.

El gran dilema es que cuando una madre es encarcelada, sus hijos pequeños tienen solamente dos opciones: o viven con ella en la cárcel, o viven separados de ella. Las dos situaciones son infaustas, porque ponen en riesgo a estas criaturas.

Un centro de reclusión, sin excepción, no es el lugar adecuado para las mujeres embarazadas, para los bebés y para los niños pequeños. Pero tampoco es aconsejable separar a estas criaturas de sus madres.

México es signatario de diferentes compromisos, derivados precisamente de la Convención de los Derechos de los Niños. Y esta iniciativa se sustenta, en mucho, en estos compromisos que nuestro país ha firmado.

En lo particular, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dice en su Artículo 4.

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

¿Qué pretendemos con esta iniciativa? Pretendemos que se regule la convivencia entre las madres reclusas y sus hijos. Que se creen áreas específicas para que los menores vivan con sus madres en estos lugares, pero facilitándoles un desarrollo armonioso y una adecuada relación materno infantil.

Pretendemos separar a los menores del resto de la población carcelaria, ya que la convivencia con el resto de la población carcelaria no es sana, obra en su perjuicio. Pretendemos también generar —a través de esta iniciativa— los instrumentos que los preparen para el instante, para el momento en que van a separarse de sus madres al llegar a los seis años. Pretendemos que se integre un equipo multidisciplinario que atienda precisamente estas necesidades, psicólogos, pedagogos, docentes, especialistas en educación familiar. Y pretendemos también que se cree un programa que sirva para la reinserción social de las madres de familia, que —cuando salen— salen como apestadas, porque la sociedad tiende a rechazarlas.

Es preocupante lo que se publicó el año pasado en El Universal, el día 21 de julio, en una nota de la reportera Claudia Bolaños. Les voy a compartir un parrafito, dice: Visitas realizadas al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, donde los menores viven con sus mamás. Se ha observado que cuando hay revisiones por personal de seguridad los pequeños se levantan, se pegan a la pared y abren sus piernas y brazos como lo hacen el resto de las internas, aunque ellos nunca son revisados, pero solo imitan lo que ven.

La invisibilidad jurídica y social de los menores que viven en las cárceles en nuestro país existe. No es invención. Se trata de un grupo de personas de los que la autoridad no se percata y esto hay que remediarlo. Son niños, criaturas inocentes que están recibiendo un daño emocional, que al paso del tiempo va a reflejarse en su desarrollo social y cultural.

En estos lugares sufren desde muy pequeños, porque van percibiendo la realidad en la que les tocó vivir. Y hablan y se comportan de acuerdo a lo que ven. Esto no es sano. No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras haya niños y niñas que no entienden el encierro, pero que viven en el encierro.

Quiero antes de concluir agradecerle infinitamente a una persona que fuera la que nos ayudó con sus investigaciones para hacer esta iniciativa y es la maestra Edna Antúnez García. Una mujer que no nada más se preocupa, sino que se ocupa de esta realidad.

Solicito a esta Presidencia que el texto de la iniciativa se integre en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, integrante de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados

Exposición de Motivos

En nuestro paísel sistema penitenciario atraviesa una grave crisis, en los últimos años, su incapacidad para contribuir de manera efectiva a la reinserción social de los sentenciados o a la disminución de la incidencia delictiva, están de manifiesto. En seis de cada diez centros penitenciarios prevalece un autogobierno de parte de grupos delictivos.

En la presente iniciativa nos abocamos a uno de los múltiples aspectos a remediar de lo que ocurre en estos centros penitenciarios: Los hijos de las mujeres que compurgan una pena corporal, y que viven con ellas.

Si bien las mujeres constituyen una minoría de la población de las cárceles, su número está creciendo a tasas desproporcionadas. Los regímenes penitenciarios, diseñados en su mayor parte para hombres, no cubren las necesidades ni los derechos de estas mujeres.

El encarcelamiento afecta a las mujeres de manera diferente que a los hombres. Las siguientes son algunas áreas claves que coadyuvan a que esta afectación se agrave:

a) Problemas de instalaciones;

b) Personal no apropiado;

c) Falta de contacto con la familia;

d) Falta de programas educativos y de trabajo;

e) Falta de cuidados de la salud apropiados;

f) Gran proporción de las encarceladas tiene historias de abuso mental, físico o sexual; y

g) El efecto negativo que el encarcelamiento de las madres tiene sobre sus hijos.

Esta pequeña lista muestra claramente que tanto las instituciones penales como quienes diseñan las políticas de los gobiernos pasan por alto las necesidades de las mujeres encarceladas. Por ello, todos y cada uno de los aspectos de los regímenes de las cárceles de mujeres deben ser considerados, además de revisar por qué hay un aumento de población femenina en las prisiones. Todo esto, a fin de garantizar que sus derechos se cumplan.

Cuando una madre es encarcelada, su bebé o niños pequeños pueden vivir en la prisión con ella o pueden quedarse “afuera” y vivir separados de ella. Ambas situaciones pueden poner en riesgo a los niños. La cárcel, sin duda, no es un lugar seguro para mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños, pero tampoco es aconsejable separar a los bebés y niños pequeños de sus madres.

No hay soluciones fáciles, pero la complejidad de esta situación no puede tomarse como excusa para dejar de proteger los derechos de los niños que tienen a su madre en prisión. Nuestra labor como legisladores, estriba precisamente, en encontrar alternativas de solución.

Hay una larga y tortuosa historia de hacinamiento, de falta de respeto a los derechos humanos, de condiciones deplorables de las cárceles, que provocan ansiedad y angustia, lo que a la larga afectan la salud física y emocional de quienes purgan una condena.

En estos centros –a llamados inadecuadamente “de rehabilitación”, pues no lo son, aunque así lo haya dispuesto el legislador– existe esta población a la que se daña particularmente: Las niñas y niños que viven junto a sus madres privadas de libertad .

Es cierto que mantienen el vínculo afectivo con ellas, pero a un costo muy alto, el de vivir en el seno de una atmósfera carcelaria y lejos de una convivencia cotidiana con el resto del grupo familiar. Además, cuando cumplen los 6 años deben abandonar la cárcel y, si no hay ningún familiar o persona de confianza que pueda asumir su cuidado, son llevados al DIF o a alguna otra institución.

Por otro lado y hay que destacarlo, aquellos niños que no permanecen junto a sus madres en sus primeros años de vida, experimentan problemas psicosociales, como depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, retraimiento, regresión, de alimentación, entre otros.

En marzo de 2005, la Representación Cuáquera ante la ONU (Quaker UN Office) en Ginebra publicó el estudio de Marlene Alejos titulado Babies and young children residing in prison (sobre bebés y niños pequeños que residen en la cárcel). Además de algunos ejemplos de buenas prácticas, dicho estudio incluye unas “Pautas sugeridas para la redacción de legislación, reglas, políticas públicas y programas respecto a bebés y niños/as pequeñas que residen en prisiones”. Hacemos esta referencia porque el estudio en comento revela la poca atención que se ha dado a los niños que viven en las cárceles con sus madres, y México no es la excepción, en particular desde la perspectiva de los derechos de los niños y las niñas, por ejemplo en cuanto a

• Qué tanto se toman en cuenta los derechos de los niños al sentenciar a una madre;

• Cómo se toman las decisiones sobre si los bebés y niños pequeños deben acompañar o no a su madre en la prisión (o en detención preventiva);

• El efecto que la prisión tiene en el niño;

• Las instalaciones que deben proporcionarse;

• Cómo deberá manejarse cualquier separación posterior entre el niño y su madre; y

• Opciones sin privación de la libertad y diferentes formas de prisión que apoyen la maternidad y el desarrollo del niño.

La problemática de mujeres en prisión se ha recrudecido, en la actualidad el número de delitos cometidos por mujeres se ha incrementado, los factores externos más acusados de esta circunstancia son: la falta de empleo, abandono de la pareja, delitos pasionales, complicidad con sus parejas, el ambiente de marginación y de pobreza de toda índole en el que viven, igualmente la cohabitación en hogares en los que privan la violencia física, verbal y psicológica, el grado de instrucción del individuo, y finalmente los medios de comunicación y electrónicos saturados de violencia también, han contribuido infortunadamente a agravar la comisión de ilícitos.

Es de destacarse que el mayor número de delitos cometidos por mujeres son básicamente los de carácter patrimonial (robo, fraude extorsión), y contra la salud, en la modalidad de transporte de drogas, tal es el caso de las llamadas burreras o mulas, mujeres primordialmente indígenas, sin instrucción, que conforman el último y más vulnerable eslabón del narcotráfico. También hay que apuntar que las mujeres ahora se han integrado a las bandas de delincuencia organizada, aunque siguen siendo las menos.

“Las mujeres que estamos en la cárcel somos como espíritus que deambula los mismos lugares. ¿Cuántas veces no habré pisado las mismas lozas en este lugar? La cárcel es como estar en una cripta, pero sin estar muerta, en espera del Juicio Final. Nosotras aguardamos ese juicio para salir al exterior, para salir a vivir”. El delito de ser Mujer; las mujeres presas, víctimas de una justicia discriminatoria y parcial”. María Esther Espinosa, México, 1993-1994. Disponible en www.jornada.unam.mx/2002/08/.../48_presas. htm.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria señala que en el país hay 238 mil 209 reos, pero sólo existe una capacidad instalada para 189 mil 397 internos, lo que implica una sobrepoblación de 48 mil 872 internos.

En los centros femeniles de readaptación social, conforme a las estadísticas penitenciarias, las mujeres recluidas representan el 5.12 por ciento del total de la población en la República Mexicana. De los 455 centros de readaptación social, 236 son mixtos, a pesar de ello de los 230 mil internos que hay en el país, el 5 por ciento son mujeres, el 20 por ciento pertenecen a la competencia federal, y el 75 por ciento al fuero común.

En ellos hay internas e internos viviendo juntos, lo que provoca que su proceso, o en su momento el cumplimiento de su sentencia, lo tengan que pasar en lugares inadecuados, como bodegas o galerones, que pertenecen al área asignada a los hombres, lo que da pie a múltiples abusos de los propios internos hacia las mujeres. Lo anterior en contravención del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la separación de hombres y mujeres para cumplir su pena. Aunado a lo anterior es de subrayar que no existen áreas para una sana convivencia de la internas para con sus hijos, esto en el caso de que les sea permitido mantenerlos con ellas.

¿Cuáles son los derechos de un niño cuando su madre es detenida o encarcelada? A pesar de que esto tiene un impacto profundo y permanente en los niños, es poca la atención que se ha dado a este punto. El problema de los menores que se encuentran dentro de las cárceles es que no se desarrollan en un ambiente idóneo, agravado desgraciadamente por la cotidiana convivencia con internas de diferente catadura, de las que el menor va aprendiendo actitudes, conductas, maneras de expresarse, sin control alguno.

En materia de desarrollo integral de los niños, los estudiosos y expertos en la materia apuntan diversas opiniones de cómo pueden desarrollarse armónica, psicológica, social y culturalmente. Para efectos de este sustento, mencionaremos a uno de los más calificados.

Lev Semenovich Vigotksy (pedagogo ruso) explica que en el desarrollo del niño se refleja de manera sustantiva el influjo de los acontecimientos históricos que se suscitan en su entorno. Pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad, afirma que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce el medio de donde proviene, ya que este se nutre de sus actividades sociales, toda vez que a través de ellas aprende a incorporar su pensamiento y herramientas como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras invenciones sociales.

“En su perspectiva, el conocimiento no se construye de modo individual como propuso Piaget, sino que se construye con otras personas a medida que se interactúa”, según Vigostky el conocimiento no se sitúa ni en el ambiente ni el niño, más bien se localiza dentro del contexto cultural o social determinado.

De acuerdo con el autor citado el niño nace con habilidades mentales elementales, entre ellas la percepción, la atención y la memoria, gracias a la interacción con compañeros y adultos más conocedores éstas habilidades innatas se transforman en funciones mentales superiores. “Los adultos guían y apoyan el desarrollo intelectual del niño a través de la supervisión social que le ofrecen, pueden funcionar en un nivel superior del desarrollo, es decir en la zona de desarrollo proximal”.

La invisibilidad jurídica y social de los menores que viven en las cárceles en nuestro país existe, no es invención, se trata de un grupo de personas de los que la autoridad no se percata, y esto hay que remediarlo. Son niños, criaturas inocentes que están recibiendo un daño emocional que al paso del tiempo va a reflejarse en su desarrollo social y cultural. En estos lugares sufren, pues desde muy pequeños van percibiendo la realidad en las que les tocó vivir, hablan y se comportan de acuerdo a lo que ven, y esto no obra en su beneficio.

Nuestro país es signatario de la Convención de los Derechos de la Niñez, y se comprometió a cumplir y a respetar los Derechos de los Niños, y elevarlos al rango de garantía constitucional, derivado de esto se reformó el artículo 4º constitucional a fin de que se protegieran los citados derechos, asimismo se creó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños Adolescentes, en este ordenamiento se prescribe en su artículo 4 que: “De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Es preocupante que sigamos manteniendo una actitud de pasividad ante esta problemática de los menores que viven en los reclusorios, debemos de buscar solución de fondo anteponiendo el interés superior de la infancia.

La situación de las madres internas en los centros penitenciarios en el país es grave, partiendo de dos circunstancias, una, estar encerradas por la comisión de un delito y la otra, no poder ejercer el derecho a la maternidad en una forma natural. Algunas de ellas no tienen más alternativa que cuidar de sus hijos dentro de los centros penitenciarios – ya que han sido abandonadas por sus parejas o sus familiares - en un ambiente adverso para los menores, pues tienen que convivir con mujeres que han sido condenadas por delitos graves, lo que propicia que estos crezcan con el riesgo de un desarrollo psicológico, emocional y social no adecuado.

Jean Pinatel menciona: “La transformación de la prisión en institución de tratamiento tiene por finalidad la desaparición de todo carácter penitenciario. En cuanto la prisión se convierte en institución de tratamiento, no es más prisión”.

Mariano Ruiz Funes decía que “si la prisión al justificar sus fracasos y subsistir como una institución de fines, será obligado que se convierta, de lugar más o menos confinado de contención, en auténtica escuela de reforma”.

Nelson Pizzotti asegura que “será prácticamente imposible que se pueda llegar a la readaptación de los condenados si no se hace desaparecer el ambiente antinatural, artificial, que predomina. Seguramente una de las causas más importantes del fracaso de la pena de prisión es este ambiente negativo”.

Marco jurídico nacional e internacional

I. En la actualidad el marco legal nacional, está sujeto a una serie de modificaciones en las que el marco crítico normativo del género se encuentra presente. Actualmente la ley que deriva del artículo 18 constitucional es la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social en los artículos 3 y 11 contemplan que los menores tendrán espacios específicos para ellos y que podrán permanecer con sus madres hasta los 6 años de edad. Los recién nacidos y los niños de corta edad conseguirán una mayor celeridad en este aprendizaje si reciben amor, afecto y atención. Y, por descontado, aliento y estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y una buena atención de la salud.

En México se considera la edad de cero a seis años para la convivencia se dan las condiciones para que los hijos de madres en reclusión puedan permanecer tantos años con ellas por las razones expuestas anteriormente y reconocer que será un beneficio para mujeres que no hayan cometido delitos graves. A pesar de estas reformas publicadas y que deberían de aplicarse en beneficio de los menores, las autoridades penitenciarias no lo hacen pues argumentan que no cuentan con el presupuesto necesario.

El hecho de que en México se haya modificado la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 19 de enero de 2012, alienta, toda vez que los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, ya podrán recibir atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de 6 años, y además resuelve el conflicto de que en algunas partes del país no hay posibilidades que las madres vivan con sus hijos y en otros solo puedan permanecer los primeros meses de vida.

II. México ha firmado y ratificado diversos instrumentos jurídicos internacionales en los que se obliga a establecer leyes en materia de derechos humanos (10), y en los que se compromete a integrar dentro de su normatividad a estos. En este sentido los instrumentos internacionales reconocidos y /o ratificados por el Estado Mexicano son

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (11), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual México se adhirió el 24 de marzo de 1981, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que México se adhirió el 23 de marzo de 1981, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración de Beijing, y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1977).

El principio pro persona de derechos humanos que establece Nuestra Carta Magna, nos impone la obligación de acudir a la norma más amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Sin duda, las niñas y niños en el sistema penitenciario, son la deuda mayor, atendiendo al interés superior de ellos, el hecho que la ley no establezca supuestos para la sana convivencia entre hijos y madres reclusas, los deja en estado de indefensión pues al ser un grupo no considerado como vulnerable no tienen acceso a programas y políticas públicas de gobierno que sean en su beneficio, aunque existen derechos reconocidos para la niñez y se establecen en laConvención de los Derechos del Niño (1989) y por el Estado mexicano en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el marco jurídico internacional, tenemos que en

España

En el sistema penitenciario español, los artículos 38 y 38.2 de la Ley Orgánica General Penitenciariaestablecenel derecho de las madres reclusas a mantener a sus hijos con ellas hasta que cumplan los tres años, en unidades especiales que se encuentran alejadas de los centros penitenciarios. La búsqueda del bienestar de los menores en este sistema ha llevado a los responsables de la institución penitenciaria a procurar soluciones de toda índole para adecuar los espacios y la organización de la vida en los módulos maternales, buscando la mejora de las condiciones estimulares dónde estos niños se desenvuelven. Así, se pusieron en marcha Unidades Dependientes (pequeños hogares para internas en régimen de semilibertad); Unidades de Madres (módulos específicos en el interior de los centros penitenciarios, pero separados arquitectónicamente del resto); Escuelas Infantiles perfectamente dotadas.

Brasil

Los Apaquis Brasileños son cárceles sin rejas en donde bajo determinadas condiciones y requisitos legales se interna a los reos, es una cárcel sin policías, ni armas, en fin, sin la parafernalia del “poder burocrático” el Estado cede la vigilancia y la administración y sólo participa con presupuesto para la alimentación.

En Brasil existen 28 unidades penitenciarias que alojan a presos sentenciados, quienes están obligados a trabajar y a estudiar según su nivel.

Colombia

En Colombia, en la Colonia Agrícola de Acacias, Meta, también denominada Colonia Penal de Oriente, que surgió mediante el decreto 1138, del 9 de julio de 1930, los reclusos purgan penas con azadón en mano en la única cárcel sin rejas.

La política de la colonia es clara, todos tienen que trabajar utilizando palas o tijeras, haciendo pan, ordeñando vacas, bordar punto de cruz, costura o asear las habitaciones.

La citada colonia desde su creación hasta el año de 2004, llegó a tener 2 mil presos, los cuales antes de ser enviados a ésta eran evaluados por una terapeuta ocupacional, una pedagoga reeducadora o una sicóloga, quienes determinaban si estaban listos para ser trasladados a ese sitio

Actualmente los internos trabajan en un programa denominado Ibofer, con el cual convierten los desechos de los animales en alimento, a partir de la fermentación. También hay proceso de reciclaje y en la panadería producen el pan que alimenta a todos los campamentos; 4 mil 600 en un día. La idea es que se vuelva centro de investigación para las ciudades. Hay otros proyectos que se desarrollan en la actualidad, como la inseminación del ganado y el proyecto de embriones. También, los internos pueden estudiar: en noviembre se graduaron 30 personas de educación secundaria y bachillerato rural.

Estados Unidos

En Estados Unidos, en la prisión de Nebraska, existe el programa, de Desarrollo de Relaciones entre Madres e Hijos, el programa ayuda a las presas a mantener las relaciones afectivas con sus hijos durante la estancia y se les prepara para separación. En dicho centro penitenciario no se cierran las celdas de noche por si las madres tienen que calentar el biberón en el microondas. Además, deben asistir a clases educativas, y demostrar buena conducta para beneficiarse de este programa.

Argentina

En Argentina se ha promovido el arresto o prisión domiciliaria, para el caso de madres reclusas sin embargo este modelo, encontraría una limitación para muchos casos pues solo es para determinado número de personas que se compruebe que su sentencia es de 6 meses y que sean mayores de 70 años y para mujeres embarazadas.

Los objetos de la presente iniciativa son

• Regular la convivencia entre las madres reclusas y sus hijos en estancias para menores de 6 años en los centros penitenciarios en México.

• Crear áreas específicas para los menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios, en una primera etapa se adecuarían los Centros de Desarrollo Infantil que se encuentran al interior de los Centros penitenciarios para el efecto de crear estas unidades.

• Posteriormente se pretende independizar las Unidades de los centros penitenciarios, y dotarlas de completa autonomía para establecer un régimen de convivencia específico. Estas unidades no tendrían rejas, pero si bardas altas, sin ventanas, áreas verdes con juegos para los menores, un comedor, una área de servicio médico pediátrico, de igual forma se construirán pequeños apartamentos para las internas con determinadas medidas de seguridad no agresivas; todo ello en orden a facilitar un desarrollo armonioso de los menores y una adecuada relación materno filial.

• Crear un régimen de convivencia entre madres reclusas y sus descendientes en lugares dignos es decir, sin rejas, A fin que se desarrollen en forma integral psico emocional y socialmente en un ambiente favorable para ello.

• Separar del resto de la población carcelaria a los menores, ya que no es sana ni de beneficio para su adecuado desarrollo, la convivencia con el resto de la población carcelaria.

• Brindar las herramientas necesarias para el proceso de aceptación, duelo y desprendimiento de los menores por medio de un programa para las madres en reclusión.

• Y dependiendo de cada caso conforme a su situación legal, ser sujetas al programa de preliberación.

La presente iniciativa pretende que se otorgue el derecho de convivencia a cualquier establecimiento penitenciario en el que las mujeres madres de familia se encuentren recluidas, no obstante por tratarse de una reforma a una ley federal comprendemos que su ámbito de aplicación será en principio en los centros federales de readaptación social dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se pueda implementar en los Estados, asimismo que se conforme un programa público con el fin de concientizar a las mujeres de que la separación de sus hijos, llegada la fecha que por ley se prescribe para que esto suceda, la acepten como una circunstancia de beneficio para los menores, toda vez que será el primer paso para su incorporación a la sociedad.

Se propone que el personal que labore y participe en estas áreas sean psicólogos y pedagogos, docentes especialistas en educación familiar, nutriólogos, musicólogos, así como abogados y traductores de los principales idiomas internacionales así como de lenguas indígenas de México, para tener a los más capacitados en cada disciplina coadyuvando en la obtención de un mejor desarrollo psico-emocional de los infantes. Estas unidades deberán contar con personal capacitado y sensibilizado en el respeto de los derechos humanos, a fin de que se trate a los menores y a las reclusas de acuerdo a su dignidad de personas. Los custodios que se encuentren al interior de estas áreas no podrán portar armas de fuego.

Establecer un programa que servirá para la reinserción social de las madres de familia, que bajo ciertos requisitos legales podrán criar a sus hijos alejadas del ambiente carcelario, denigrante y negativo, donde infortunadamente se presentan violaciones consuetudinarias a los derechos humanos, a ello obedece que se esté proponiendo la creación de áreas de convivencia, preferentemente fuera de los centros penitenciarios y sobre todo para un buen desarrollo de las relaciones materno-filiales.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el sexto párrafo del artículo 3 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de SentenciadosArtículo 3o. ...

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Para mujeres embarazadas, así como para las internas con hijas e hijos que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los seis años de edad, siempre que se cumplan los requisitos que al efecto se establezcan en el reglamento correspondiente, y previa determinación del consejo técnico correspondiente, con opinión de la madre y considerando en todo momento el interés superior de la infancia. El Ejecutivo federal deberá cumplir esta disposición y para ello podrá celebrar convenios con las entidades federativas del país, a fin de que se promueva su adopción por parte de dichas entidades.

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Se adicionan los capítulos VII y VIII a Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Capítulo VIISobre la Convivencia de las Madres Reclusas y sus Hijos

Artículo 19. El presente capitulo pretende regular la convivencia materno- infantil de las mujeres que se encuentran en reclusión, en unidades especiales denominadas “Unidades de estancia para menores que se encuentran dentro de los Centros Penitenciarios”, sujetas al cumplimiento de determinados requisitos, garantizando el acceso de niñas y niños así como a sus progenitoras, a recibir un trato digno.

Artículo 20. El Ejecutivo federal se obliga a la creación de áreas denominadas “unidades de estancia para menores que se encuentran en los centros penitenciarios en el país”.

Título IConceptos, Definiciones y Programas

Artículo 21. El presente precepto pretende conceptualizar las normas para regular y organizar la convivencia de las madres reclusas y sus hijos, en el sistema penitenciario en la República, conforme a lo establecido en los artículos siguientes:

I. Unidades: Unidades de estancia para menores hasta de 6 años que se encuentran en los Centros Penitenciarios: estos son espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral materno infantil de reclusas con sus hijos e hijas, desde los cuarenta y tres días de nacido hasta los 6 años de edad; dichas unidades estarán libres de rejas.

Inicialmente se adecuarán los Centros de Desarrollo Infantil para el efecto de crear estas unidades, para posteriormente independizarlas, ya que lo que se pretende al separarlas de los centros penitenciarios, es dotarlas de completa autonomía penitenciaria para establecer un régimen de convivencia específico. Habrá de diseñarse cada elemento estructural de estos espacios, con la visión de que deben ser sitios en los que se facilite el desarrollo armonioso de los menores en un ambiente de intimidad que facilite y fortalezca la relación con sus progenitoras, por cuanto esto tendrá de trascendencia en su futuro.

II. Requisitos: para ser beneficiaria de la presente ley se requiere:

1. Mujeres que se encuentren en prisión preventiva o sentenciada y embarazadas; que tengan a su cargo hijos menores de hasta 6 años; excepcionalmente podrán tenerlos por más tiempo pero el juez de la causa valorará las circunstancias individuales en cada caso particular;

2. Que no usen drogas de ninguna especie; manteniendo buena salud; que no esté clasificadas como peligrosas o pertenezcan a una banda del crimen organizado; para el caso que si estuvieron en drogas presenten constancias de haber participado en un Programa Libre de Drogas; en caso de que la solicitante sea o haya sido consumidora de drogas, con la aceptación de cuantos controles analíticos aleatorios se establezcan.

3. Que tengan un modo honesto de vivir, realizando algún trabajo en el centro penitenciario.

4. Asimismo, para que las presas puedan permanecer de forma permanente con sus hijos e hijas en las Unidades, deberán comprometerse a la adquisición de hábitos laborales, participación voluntaria y aceptar las terapias psicológicas que se les ofrezcan para ella y sus menores hijos.

III. Juez: al juez que conozca de la causa penal y el cual decidirá si se puede dar el beneficio a la reclusa que lo solicite.

IV. Órgano: al órgano administrativo de Seguridad Penitenciaria Federal o en su caso Estatal, y las áreas que lo integran quienes son los encargados de clasificar a las reclusas.

V. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública federal.

VI. Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento de las unidades: Conjunto de acciones para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y garantizar el mejoramiento progresivo y fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las relaciones maternas infantiles;

VII Comité de Evaluación del Programa integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento: el cual estará conformado por

1. Un representante experto de la Unicef-México.

2. Un experto en Pedagogía de la Universidad Pedagógica de México.

3. Un experto en Pedagogía de la UNAM.

4. Un representante del Sistema de Seguridad Penitenciaria Federal.

5. Un representante del Comité de Participación Ciudadana del SNSP.

Quienes serán designados por las dependencias que representan.

El Comité expedirá los lineamientos de medición de los procesos de evaluación del programa, evaluará su aplicación, y difundirá el resultado para determinar su continuidad.

VIII. Programa Interno de Protección Civil: se instala en los inmuebles correspondientes con el fin de salvaguardar la integridad física de niñas y niños, reclusas, empleados y de las personas que concurran a ellos;

IX. Sistema de Seguridad: La unidad dispondrá de sistemas de seguridad basados en sistemas de control de vigilancia electrónica que se sustentan mediante cámaras, alarmas y detectores de presencia a lo largo del perímetro, de forma que constituyan una vigilancia “no agresiva”.

X. Programa de madres: llamamos así a la preparación que tendrán que tener las internas para poder sobrellevar el duelo de la separación que se prevé sea a más tardar cuando el menor cumpla 6 años. La cual estará conformada por maestros especializados.

Título SegundoDerechos de Madres Reclusas y sus Hijos

Artículo 22. Las madres reclusas y sus hijos tienen derecho:

A ser tratados con respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores responsables encargados del cumplimiento de esta ley.

A la protección del Estado, en su salud física y psicológica;

A la seguridad un entorno libre de rejas con respeto a la dignidad, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal;

A recibir, todo tipo de asesoría tanto, médica, psicológica como jurídica en forma gratuita por lo que en las unidades habrá médicos psicólogos, pedagogos y abogados;

A dedicarse realizar cualquier trabajo siempre que sea licito, dentro del centro de reclusión;

A participar en el programa de madres.

Título TerceroDe las Unidades de Estancia de Menores y Principios

Artículo 23. Las unidades de estancia se crearán en primera instancia utilizando la infraestructura de los centros de desarrollo infantil que se encuentran en los centros federales de readaptación social, ampliando los espacios para hacer cuartos adaptados para que puedan convivir y cohabitar en ellos las madres con sus hijos e hijas. En un segundo momento se podrán crear estas unidades fuera de los Centros Penitenciarios , toda vez que lo ideal es que se encuentren alejadas de los centros de reclusión, para contribuir al desarrollo integral de las capacidades y habilidades de los menores en un ambiente que no sea adverso, al menos, en los primeros años de su formación. Lo anterior para que no tenga un impacto presupuestal.

Artículo 24. Estas Unidades dispondrán de pequeños apartamentos donde se desarrollará la vida cotidiana propiciando una mayor intimidad a las madres y los menores. Con este modelo se potencia el sentido de responsabilidad de la madre y se aumenta su autonomía en la alimentación, el aseo y el cuidado de su/sus hijos; labores que tienen una vital importancia en el establecimiento del vínculo maternal y el apego en los menores, sobre todo en los primeros meses de vida. Deben ser espacios seguros, y protegidos. La guardería debe situarse en un local de uso exclusivo y con acceso independiente desde el exterior.

Artículo 25. El funcionamiento de los centros de convivencia se guiará bajo los siguientes principios:

I. Preferentemente deberán estar ubicados en un lugar distinto a los centros penitenciarios.

II. Se promoverá un régimen de convivencia que proteja los derechos humanos de las madres y sus hijos, respetando un ambiente de intimidad familiar.

III. Existirá un Consejo Técnico que será la autoridad en materia del régimen de convivencia, que se integrará de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

IV. Deberá existir un Programa Integral de supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de los centros de convivencia cuyos rubros se establecerán de conformidad con el reglamento correspondiente.

Título IVDe los Sujetos al Programa de Unidades

Artículo 26. Las internas una vez clasificadas, reunidos los requisitos y por decisión del Juez, además de sus hijos e hijas, tienen derecho a recibir los servicios que brindan las unidades bajo el marco jurídico establecido en nuestra normatividad nacional y con respeto a los derechos de la infancia.

Artículo 27. La interna que goce de este beneficio deberá comprometerse a la adquisición de hábitos laborales, participación voluntaria en los programas de estudio y a llevar las terapias psicológicas que se le ofrezcan a ella y a sus menores hijos.

Título VDe las Prestaciones en las Unidades

Artículo 28. Las unidades otorgarán atención física, educativa, jurídica, médica y afectiva mediante las siguientes prestaciones:

a) Alimentación apropiada a su edad y salud;

b) Servicios de salud materno-infantil;

c) programa de madres

c) Educación preescolar;

d) Actividades de desarrollo psicosocial;

e) Recreación.

Artículo 29. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria, garantizarán, en el ámbito de sus competencias, la prestación de los servicios para el desarrollo psicoemocional, social y cultural de los menores de seis años, cuidando que en las unidades

I. Se establezca un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II. Se priorice su cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

III. Se atienda y se promuevan medidas de cuidado y protección de su salud.

IV. Se les provea de alimentación que les permita tener una nutrición adecuada, así como a recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

V. Se les dote de áreas para el descanso, el juego y el esparcimiento.

Título VIRegulación Interna

Artículo 30. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, se contará con lo siguiente:

I. Un Reglamento Interno;

II. Manuales de operación, y de seguridad;

III. Guías del programa para madres en reclusión;

IV. Infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la prestación del servicio en condiciones de seguridad para niñas, niños y el personal;

V. Un Programa Interno de Protección Civil como lo establece la Ley de Estancias Infantiles.

Título VIIObligaciones del Personal de la Unidad

Artículo 31.- El personal lo conformará

a) Una Directora encargada de representar a la unidad y manejar las relaciones de la misma.

b) Una Jefa de área, encargada de supervisar las Unidades.

c) Un médico general, que tendrá como tarea revisar la salud de las internas.

d) Un pediatra encargado de la Salud de los hijos de las internas.

e) Una nutrióloga encargada de la alimentación de ambos.

f) Un psicólogo que promueva actividades para la reinserción de ambos a la sociedad.

g) Un abogado que les explique sus derechos y prerrogativas.

h) Una trabajadora social.

i) Un cuerpo docente formado por educadoras y asistentes educativos.

j) Traductores en lenguas indígenas y extranjeras para cuando se requiera si una madre interna y sus hijos hablan dialectos o idiomas diferentes al castellano.

k) Personal de custodia del sistema penitenciario, administrativo y de servicios generales. Dicho personal no podrá contar con armas de fuego al interior de las Unidades.

Artículo 32. El personal que labore en las unidades y que presten servicios, estará obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como de protección civil que establezca el Comité.

Artículo 33. El personal que labore en las unidades garantizará un ambiente de respeto en el marco de los derechos de niñas y niños y de los derechos fundamentales de las internas.

Artículo 34. El personal de custodia que labore al interior de estas unidades no podrá portar armas en el interior.

Artículo 35. El personal adscrito a las Unidades deberá de contar con documentos que acrediten su aptitud y capacitación para el puesto, y su título y cédula profesional.

Artículo 36. El equipo interdisciplinario adscrito tendrá la obligación de asesorar en todo momento a las madres en reclusión, proporcionándoles la información necesaria para el apoyo en el desarrollo psicoemocional, social y cultural de sus hijos e hijas.

Artículo 37. La directora debe ser especialista en pedagogía y tener una capacitación en manejo de internas en los centros federales de readaptación social.

Artículo 38. El Programa de Madres deberá servir para que las madres en reclusión participen en el desarrollo integral de sus hijos, estar reconocido, valorado y certificado por la Secretaria de Educación Pública y por especialistas en su caso psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, docentes.

Artículo 39. El servicio médico tendrá que proporcionarse durante las 24 horas tanto a las internas como a sus hijos.

Artículo 40. El personal de custodia así como el personal técnico administrativo además de la capacitación que tendrán continuamente, tendrán que elegir de entre ellos al equipo de protección civil.

Título VIIIDel Sistema de Seguridad en las Unidades

Artículo 41.La unidad dispondrá de sistemas de seguridad basados en sistemas de control de vigilancia electrónica, como son cámaras, alarmas y detectores de presencia a lo largo del perímetro, de forma que constituyan una vigilancia “no agresiva”, sin embargo, fuera de ese perímetro el personal si podrá usar armas.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los doce meses siguientes contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Deberá existir un programa integral de supervisión, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de los centros de convivencia cuyos rubros se establecerán de conformidad con el reglamento correspondiente.

Cuarto. La federación, los estados, el gobierno del Distrito Federal y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de reinserción social para las reclusas que sean madres de familia.

Quinto. Las autoridades competentes emitirán los reglamentos de ley dentro de un plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.— Diputados: Esther Quintana Salinas, Joaquina Navarrete Contreras, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Erick Marte Rivera Villanueva, Angelina Carreño Mijares (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Con mucho gusto la iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alliet Bautista Bravo, a nombre del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta ocasión quiero agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social —la cual presido— que me hayan dado la oportunidad de presentar esta iniciativa que tiene que ver con adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación, porque esta iniciativa ha sido firmada por todos los integrantes.

También agradecer a mi grupo parlamentario que me haya dado la oportunidad de presentarla el día de hoy.

A nombre de las organizaciones del Movimiento Cooperativista, integrantes del sector social de la economía de nuestro país, hemos estado analizando este paquete de reformas fiscales. Y quiero decirles que ha habido consenso con todos los cooperativistas y con todo el sector social para poder presentar esta iniciativa y que pueda ser considerada en el dictamen que estarán realizando en próximos días con todo este paquete de reformas fiscales que ha presentado el Ejecutivo.

Nuevamente estoy ante ustedes para poderles presentar el tema del sector social. El sector social de la economía no está considerado nuevamente en toda la reforma fiscal. Y este tema —quiero reiterarles— es un tema que lo hago plenamente convencida y asimismo es el eco que hay internamente en la comisión, que es un tema de gobernabilidad de nuestro país, porque es un tema que tiene que ver con la necesidad de reconstruir el tejido social y las redes productivas de nuestra sociedad; y porque es un tema cuyo tratamiento puede ser determinante para la propia estabilidad económica de nuestro país.

Desafortunadamente, a diferencia de la importancia que se reconoce y de la contribución que se obtiene del sector social en otros países, en México no se ha entendido la urgente necesidad de fortalecerlo, aprovechar los beneficios de su organización y las ventajas de su responsabilidad comunitaria. Por ello, las políticas públicas aplicadas en torno al sector social de la economía son fragmentadas, débiles e insuficientes. Por ello mismo, por ejemplo, no están diseñadas para fortalecer y consolidar la organización de productos ejidales, que en un alto porcentaje permanecen en la subsistencia o asumiendo las pérdidas de su relación con los mercados.

En el caso de las cooperativas, que son una forma de organización más compleja, ocurre algo semejante. Por eso considero necesario pedirles su apoyo para que esta iniciativa, que fundamentalmente busca fortalecer las disposiciones contenidas en los capítulos VII y VII-A, del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominadas Del Régimen Simplificado y De las Sociedades Cooperativas de Producción, respectivamente, con el propósito de asegurar su preservación, aplicación y el cumplimiento de sus objetivos.

También se proponen reformas a otros artículos de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta y de las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Federal de Derechos y del Código Fiscal todas ellas para mejorar disposiciones relacionadas con el sector cooperativista. El esfuerzo por mejorar la normatividad en materia de cooperativismo ha sido nuestra principal actividad desde que inició esta Legislatura.

Les pediría que pudiéramos tener el espacio para analizar muy en particular lo que vamos a aprobar en próximas semanas de esta reforma fiscal, que pudiéramos tener el estudio de cómo afecta al sector primario, de cómo afecta al sector de las cooperativas y que podamos ser congruentes —como lo hemos venido siendo desde el inicio de esta Legislatura— al pronunciarnos, al tener una placa en el patio central del Año Internacional de las Cooperativas, que han sido recomendaciones de la ONU, que han sido recomendaciones de la OIT, que tenemos en esta Cámara de Diputados una medalla al mérito cooperativista y que tenemos que tener esta congruencia con todas las leyes que aquí se emanan.

Hemos tenido muchos logros por su apoyo. Sin embargo, es necesario tener avances que permitan posicionar al sector social de la economía, y del cual forman parte las cooperativas como actores fundamentales de la transformación nacional.

En ese sentido, no podemos dejar de señalar la ingrata sorpresa que nos ha causado el hecho de que en la iniciativa de reforma hacendaria se propone eliminar el régimen simplificado y el de las sociedades cooperativas de producción. Es evidente que esa propuesta que va en contra de la necesidad de fortalecer al sector social de la economía, además de las repercusiones negativas que su aprobación tendría en las comunidades de productores rurales y pesqueros del país.

Por otra parte, estamos convencidos de que es necesario mejorar la recaudación, pero no se debe de poner al país en la disyuntiva de cobrarles igual a los desiguales. Hay que recordar que el régimen simplificado ha permitido a los organismos que integran al sector social de la economía en México realizar algunas inversiones para incrementar la planta productiva, mejorar el entorno en el que operan y, sobre todo, enfrentar las consecuencias del cambio climático.

Esperamos contar con su apoyo para frenar esa propuesta, que causaría un grave daño al sector social en su conjunto y tendría un grave daño a los pequeños productores que tenemos en el país. Por su tolerancia, presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

Alliet Mariana Bautista Bravo, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en conjunción con las diputadas y diputados integrantes de dicho órgano legislativo de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, apartado H y 73, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

A pesar de haber realizado una importante contribución al desarrollo de México y más aún, a pesar de contar con un enorme potencial para impulsar el crecimiento, el desarrollo económico y los valores de convivencia cívica, el sector social de la economía no ha recibido la atención y menos el apoyo que requiere para concretar ese potencial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, párrafo séptimo de nuestra Ley Fundamental, el denominado Tercer Sector de la Economía en México o sector social de la economía, se integra por ejidos; comunidades, organizaciones de trabajadores constituidas para el estudio, mejoramiento o defensa de sus respectivos intereses, ya sea de carácter temporal, como es el caso de una coalición de trabajadores, o permanente, entre los que se encuentran los sindicatos; las sociedades  cooperativas y, en general, de cualquier forma de organización social que tenga por finalidad actividades lícitas como son la producción, distribución y consumo de bienes y servicios de utlización habitual e indispensable de toda congregación de seres humanos.

En consonancia con lo vertido en el párrafo anterior, y teniendo en cuenta las condiciones laborales, económicas y educativas prevalecientes en México, los esquemas económicos del sector social de la economía representan una alternativa eficaz para la debida y oportuna resolución de la multiplicidad de problemas que se suscitan a diario con motivo de la implementación políticas públicas y de la aplicación de acciones tendientes a fortalecer el “libre mercado”, y por ende, acrecentar y consolidar aún más el fenómeno globalizador imperante en nuestra nación.

Resulta importante manifestar que todo estado administrado bajo un régimen republicano, requiere que ciertas materias para el desarrollo equilibrado de los diversos pueblos que lo integran, tales como la educación, la salud y la economía, se encuentren debidamente reguladas en diversos ordenamientos jurídicos, a efecto de permitir a los diversos órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal- que concurren en el cuidado y atención de los intereses fundamentales de la nación, el ejercicio oportuno y limitado del monopolio del poder en ocasión de determinadas circunstancias prescritas en las leyes aplicables a la materia de que se trate, así como para precisar la importancia que posee la existencia y concurrencia de los sectores público, privado y social en el acrecentamiento del nivel de vida de la sociedad, a través de la satisfacción de las necesidades más elementales que justifiquen el sacrificio de la libertad natural de todo ser humano a efecto de someterse a la jurisdicción y dotar de las facultades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto social de dicho ente supracorpóreo – el estado-, quien en cumplimiento del principio sinalagmático que tiene origen con su erección, tendrá como deber jurídico fundamental garantizar y defender el ejercicio de las libertades y derechos humanos fundamentales que adquiere desde su nacimiento, hasta la procuración de la prevalencia de la paz civil.

La configuración de diversos ordenamientos jurídicos que reconozcan y garanticen  debidamente el fortalecimiento y consecuente desarrollo del Tercer Sector de la Economía en México, atendiendo a las características con las que se individualizan los sujetos de Derecho que lo integran, permitiría el diseño de políticas públicas que posibiliten aumentar de manera considerable la contribución de dicho sector de la economía en el desarrollo de la nación. Aún más, las diversas células que lo integran y que se encuentran referidas de manera enunciativa en los artículos 25 y 28 de la Constitución General de la República, constituyen la estructura basilar de un mecanismo social que ha demostrado ser la solución de los principales problemas nacionales, propiciando un aumento paultino del número de personas que han formalizado su actividad económica y una más justa distribución del ingreso, mediante el fomento y consolidación de materias para el desarrollo nacional tan importantes como lo son la educación y la seguridad social.

Previa conclusión de este apartado, cabe recordar que el combate a la pobreza y la generación de empleos son parte de la vocación natural del sector de la Economía Social, y en particular, de las sociedades cooperativas, las cuales, no obstante las innumerables dificultades que se les han presentado y siguen atravesando, han contribuido de manera importante e inexorable a la solución de los escollos económicos, educativos y de salud que ha afrontado el Estado Mexicano.

I. Trascendencia del sector social de la economía

Es un hecho demostrado en diversas naciones del mundo –Brasil, Ecuador, Colombia, Suiza, Italia, España, Francia, Eslovaquia, Rusia, y algunas regiones de China- que las pequeñas unidades económicas, financieras y de carácter laboral, son fundamentales para garantizar la satisfacción de las necesidades más elementales que demandan las colonias naturales de múltiples familias – o pueblos- de los diversos países existentes en el mundo, mediante la organización y constitución de sociedades cooperativas, ejidos, sociedades mutualistas de seguros, uniones de crédito, sindicatos y demás agrupaciones voluntarias de distintas personas físicas, así como el fomento de la responsabilidad solidaria de los individuos que integran a las personas morales antes referidas, a efecto de proliferar la generación de empleos dignos y bien remunerados, y consecuentemente, producir un decrecimiento importante en el índice de probreza alimentaria y de vivienda.

No obstante la importancia y reconocimiento jurídico del sector social de la economía, y en particular del movimiento cooperativista a nivel global, en México no ha tenido el desarrollo que debería para el tamaño de la economía. Así, las cifras del más reciente Censo Económico del INEGI destacan que al cierre de 2008, año en el que se levantaron los datos censales, las cooperativas que formalmente se encontraban operando en el país apenas sumaban 9 mil 767 unidades económicas, las cuales dieron empleo a sólo 182 mil 928 personas. Esos datos son realmente poco significativos, ya que representan una cifra muy baja en comparación con las 5.1 millones de unidades económicas y los 27.7 millones de trabajadores censados en total en ese año.

Sin embargo, a las cifras del Censo hay que agregar la referencia no al número de empleados, sino al número de socios. En ese sentido, por ejemplo, el Fondo de Protección de las Sociedades  Cooperativas de Ahorro y Préstamo informó que a marzo de 2013, las 622 cooperativas de ahorro y préstamo que registró contaban con 6.08 millones de socios. Eso multiplica el número de beneficiarios mucho más allá de los empleos directos generados por las Cooperativas de Ahorro y Préstamo como unidades económicas. Aunque son pocas, su impacto benéfico es muy amplio.

Además, en contraste con las cifras del Censo, se ha podido medir que en 17 de las 32 entidades de la República, 200 instituciones autogestionarias muestran un peso de relativa importancia en el desarrollo regional. Eso es particularmente significativo en el caso de las cooperativas pesqueras.

Asimismo, hay que recordar que, de acuerdo con lo que establece el párrafo séptimo del artículo 25, aparte de las cooperativas hay otras figuras asociativas que forman parte del sector social de la economía.

Así, por ejemplo, en México el censo ejidal de 2007, el más reciente, reportó 5.6 millones de ejidatarios y comuneros, que con sus familias sumarían por lo menos 22 millones de personas. A lo anterior se agrega la posibilidad de que una parte de la economía informal esté conformada por algunas de las figuras asociativas que caracterizan a la economía social; cabe señalar que en México la economía informal proporciona 6 de cada 10 empleos.

II. Las sociedades  cooperativas

La adopción del régimen económico de las personas físicas en la figura de la sociedad cooperativa tiene su génesis durante el año de 1844. Su auge se produjo en fecha ulterior al estallido de la Revolución Industrial en diversas naciones del continente europeo –Francia, Alemania e Inglaterra-, como un esquema económico alternativo que permitió a la clase trabajadora ser dueños de su propia empresa, toda vez que en dicha figura jurídica no tienen existencia relaciones de supra o subordinación entre los individuos que las integran, y con el propósito fundamental de la intermediación comercial. Su actividad contrastaba con la desarrollada por las organizaciones empresariales de los patrones, que se caracterizaba por la ausencia de responsabilidad ante la eventual comisión de hechos ilícitos y de los riesgos que entrañaba la ejecución de los actos jurídicos encomendados, propiciando únicamente un aumento considerable, y en algunos casos exorbitado, del valor de las distintas mercancías con las que traficaban.

En adición a lo proferido en el párrafo que antecede al presente, constituye una opinión generalizada – y reconocida en la actualidad en el Derecho Mercantil mexicano, v. gr. Leyes Generales de Sociedades Mercantiles y Sociedades  Cooperativas, respectivamente- que la asunción de la forma jurídica de sociedad cooperativa por un mínimo número de personas –cinco, en el caso de las sociedades cooperativas de producción y de consumo; y 25 para el supuesto de constitución de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según lo dispuesto en los artículos 11, fracción V, y 33 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas- tiene como objetivo primordial la producción –sociedades  cooperativas de producción- y el consumo –sociedades  cooperativas de consumo o de adquisición- de bienes y servicios de utlidad social, así como la captación exclusiva de recursos mediante depósitos de ahorro de dinero y su posterior colocación igualmente restringida entre los socios que las integran -sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo-.

En concreto, el principio que motiva la organización, constitución y funcionamiento  de toda sociedad cooperativa, es el de suprimir el lucro – u obtención de ganancias o utilidades mediante la especulación comercial- del intermediario en provecho de quiénes se asocian para la producción en común de bienes o servicios, o bien, de las personas que acuerdan agruparse para la percerpción  de aquellas mercancías  o servicios de alta demanda por las mismas.

Como un ejemplo de la importancia que tienen las cooperativas en el mundo, hace 8 años la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, emitió la resolución 193, en la cual recomienda la promoción de las cooperativas a todos los gobiernos de los diferentes países.

La OIT considera que deben adoptarse medidas para promover el potencial de las cooperativas, independientemente del nivel de desarrollo económico de los diferentes países. Además, propuso la adopción de medidas especiales que capaciten a las cooperativas, como empresas y organizaciones inspiradas en la solidaridad, para responder a las necesidades de sus asociados y de la sociedad, incluidas las necesidades de los grupos desfavorecidos, con miras a lograr su inclusión social.

Dentro de este contexto, la OIT considera que los gobiernos deben establecer una política fiscal y un marco jurídico favorable a las cooperativas, que sean compatibles con su naturaleza y su función, e inspirados en los valores y principios cooperativos, considerando su vocación social.

Actualmente el mundo vive los estragos de una profunda crisis financiera, que no obstante haberse suscitado en el transcurso del año 2008, aún impacta negativa y considerablemente en el desarrollo económico de diversas naciones, transmitiendo sus efectos con gran fuerza en el mercado interno de cada una de ellas, y en específico de México, debido a la apertura comercial de nuestro país, lo que produjo la reducción de las tasas de crecimiento y las posibilidades de empleo a quienes ingresan al mercado laboral. Por esa razón es importante establecer en la legislación aplicable a las sociedades  cooperativas, los mecanismos e instrumentos que faciliten y garanticen la expansión y consolidación de su actividad económica, sea cual fuere el objeto social de las misma, ya que su forma asociativa puede desempeñar un papel relevante en la generación de riqueza y en la promoción de una mejor distribución del ingreso, lo que constituye un anhelo generalizado entre todos los mexicanos.

Resulta importante destacar las importantes experiencias que confirman la trascendencia del movimiento cooperativista en el mundo. En este sentido, se estima que actualmente 14.3% de los 7,000 millones de personas de la población mundial, trabaja en una organización cooperativa o mutualista que atiende diversas necesidades económicas, sociales y culturales.

Además, las sociedades  cooperativas contribuyen de forma determinante a un desarrollo económico integral, pues la riqueza y los servicios que generan se distribuyen entre sus socios de una manera más equitativa, multiplicando significativamente el número de empleos y generando importantes ahorros para las economías de las familias. Así pues, la sociedad cooperativa constituye un modelo de desarrollo económico y social más justo, al procurar a sus integrantes obtener la máxima remuneración posible por su fuerza de trabajo, o bien, la obtención del máximo número de bienes y servicios por el dinero aportado a la propia sociedad. Es importante destacar que en las cooperativas las utilidades se distribuyen en proporción al trabajo personal, físico o intelectual, prestado a tipo societario.

Entre las experiencias mundiales más sobresalientes, destaca que en la India el cooperativismo nace en 1904, como un mecanismo institucional efectivo para promover el desarrollo económico. Actualmente se encuentran en operación más de medio millón de sociedades  y una membresía que asciende a 239 millones de asociados, casi dos veces la población total de México.

Italia es líder europeo en el movimiento cooperativo con 11,000 asociaciones que generan el 6% del producto interno bruto. En la provincia de Bologna hay un millón de habitantes y la mitad son cooperativistas. La mayor cooperativa de consumo es una cadena de supermercados que compite ventajosamente con Wal-Mart. Muchas más proporcionan servicios de educación y asistencia en guarderías, geriatrías, combate de adicciones y servicios médicos, además de ocuparse de necesidades sociales contratadas por los municipios.

Las cooperativas agrícolas representan entre el 80% y el 99% de la producción láctea en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América; el 71% de la producción pesquera en la República de Corea, y el 40% de la agricultura en Brasil.

Las sociedades cooperativas de energía eléctrica prestan importantes servicios en las zonas rurales. En Bangladesh, atienden a 28 millones de personas y en Estados Unidos 900 cooperativas eléctricas rurales dan servicio a 37 millones de personas y son propietarias de casi la mitad de las líneas de distribución eléctrica del país.

Es necesario señalar que la constitución de toda Sociedad Cooperativa, tiene como motivación fundamental la satisfacción de las necesidades básicas de cada uno de sus integrantes, mediante actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios socialmente necesarios, manufacturados, extraídos o prestados por conducto de sus socios, lo que también genera un beneficio a los habitantes de las comunidades en donde tienen su domicilio social.

La razón de ser de una Sociedad Cooperativa no es la obtención de ganancias o utilidades mediante la especulación comercial, su objetivo no es un fin lucrativo.

Las sociedades cooperativas son entidades jurídicas que se conforman exclusivamente por personas físicas, en su calidad de trabajadores o productores individuales, con el objeto de procurar una mejoría en la calidad de vida de cada socio.

Además, representa una forma de organización social enteramente democrática,  porque sus decisiones se determinan por el principio de un solo voto por integrante, independientemente de que éste tenga mayor o menor aportación en relación con los demás integrantes de la sociedad.

Los individuos que participan en el capital social de toda Sociedad Cooperativa no perciben mayores beneficios en función del capital aportado, ya que únicamente reciben  rendimientos en proporción directa al trabajo físico  e intelectual aportado, en cumplimiento del principio cooperativista de la no explotación del hombre por el hombre.

Uno de los beneficios que proporciona la figura asociativa de las Sociedades  Cooperativas, es que resulta atractiva para las personas físicas que forman parte de la economía informal. Eso ha permitido inducir su desarrollo de manera ordenada, lo que se podría acelerar mediante la aplicación adecuada de  diferentes políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades de los grupos sociales menos protegidos.

De hecho, en México el sector de la economía social tiene un alto potencial de crecimiento, por lo que se deben redoblar esfuerzos para fortalecer el mercado interno, avanzar en la inclusión social y financiera, apoyándose en una estrategia de abierta participación solidaria.

La importancia de las Sociedades  cooperativas llevó a que la Organización de Naciones Unidas declarara el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas con su lema: “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó la importancia de promover la pequeña agricultura, la agricultura familiar y la pesquería social, como la base productiva a la que es necesario fortalecer para hacer frente a las necesidades de alimentos de una población en aumento.

Son múltiples estudios los que confirman el contraste entre el desarrollo promovido por la pequeña producción agropecuaria y pesquera, basado en sus organizaciones sociales que la caracterizan, que en el caso de México reside en la actividad económica en los ejidos y comunidades y aquél que promueven las grandes trasnacionales.

En el primer caso, políticas adecuadas permiten el desarrollo sostenible y sustentable de la producción, con un impacto positivo extendido en las comunidades, propiciando una distribución progresiva de las responsabilidades, los productos y los costos.

En cambio, las plantaciones comerciales tienen un grave impacto deteriorando la calidad de la tierra y del agua y en la reproducción de los bancos pesqueros, es decir, en su sustentabilidad, con un mínimo impacto, o de plano un impacto negativo en las condiciones de vida de las comunidades.

De acuerdo con la evolución registrada por las diferentes economías, nos encontramos que esas pequeñas unidades de producción agropecuaria y pesquera adoptan múltiples figuras y nombres.

En México, los ejidos, comunidades y cooperativas pesqueras han demostrado tener una profunda raíz en las comunidades, en el campo y en el mar, reteniendo a una parte importante de las familias en su lugar de origen.

Sin pretender abundar en ello, es innegable el sacrificio económico que a lo largo de décadas se impuso a los ejidos y comunidades, y en general a los pequeños productores agropecuarios y pesqueros del país, que con su trabajo aportaron alimentos a precios bajos para soportar la acumulación de capital en la primera fase del desarrollo industrial del país en el siglo XX.

Después, en la globalización, los integrantes de ejidos y comunidades sufrieron el impacto de una política económica que promovió una agresiva competencia  desleal de importaciones financiadas por la riqueza petrolera e incluso por las remesas de divisas aportadas, en un alto porcentaje, por los propios descendientes de ejidatarios y comuneros. En los últimos 15 años el sector social de la economía recibió el impacto de esas importaciones subsidiadas de alimentos, con el propósito de mantener una ficción de estabilidad económica, con un altísimo costo financiero y social para el país.

Lo anterior se agravó por la falta de recursos para realizar inversiones públicas de la magnitud requerida para mejorar la infraestructura de riego y almacenamiento de alimentos. En buen medida, se aplicaron políticas que limitaron el compromiso del Estado al asistencialismo, dejando fuera de las condiciones del desarrollo sostenible a más de 25 millones de mexicanos y a amplias extensiones de tierra cultivable, así como a las comunidades cercanas al mar, dejando a este importante segmento de la economía social en la marginalidad.

Sólo algunos grupos organizados, como las cooperativas de pesca, han sobrevivido en mejores condiciones.

No obstante, hay que reiterarlo, esos segmentos de la economía social que laboran en la tierra y el mar, a pesar de su abandono, han contribuido a impedir una mayor migración a las ciudades, lo que habría agravado las dificultades para atender las demandas sociales de las políticas económicas, que aún así mantienen en la informalidad a 60% de la población económicamente activa y han estado imposibilitadas para crear riqueza y empleo para todos los mexicanos.

Así, aun en sus limitaciones producto de años de invisibilidad, el sector social de la economía, contribuye reduciendo los costos que tendría para la actual política económica, la carga social de amplios sectores de la población en condiciones de empleo informal, sin los más elementales medios para subsistir.

III. De los regímenes simplificado y de las sociedades cooperativas de producción en la Ley del Impuesto sobre la Renta

Es importante mencionar el motivo  por el cual se diseñaron regímenes fiscales diversos al general para facilitar a los actores del sector primario de la economía,  entre ellos las sociedades cooperativas de producción, el debido y oportuno cumplimiento de los deberes jurídicos en materia fiscal prescritos en diversas leyes de la materia, tal y como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo que toca al régimen simplicado regulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se reconoce que las actividades desarrolladas por el sector primario de la economía constituyen un elemento indispensable para el logro de la autosuficiencia alimentaria y el mejor instrumento para frenar de manera sostenible las alza de precios de los alimentos en México.

Por lo vertido en el párrafo anterior, resulta importante y urgente instrumentar políticas públicas en materia fiscal en nuestro sistema jurídico, así como realizar las modificaciones pertinentes en los instrumentos que el Estado mexicano posee para efectos recaudatorios, tales como el establecimiento de nuevas contribuciones fiscales a cargo de las personas físicas y morales que generan mayor riqueza, incluyendo la aplicación de exenciones, reducciones de impuestos o las facilidades otorgadas para el cumplimiento en tiempo y forma de los deberes jurídicos determinados, que permitan la inversión constante de utilidades por parte de las organizaciones del sector social de la economía, para garantizar y aumentar la producción de estos bienes.

En la actualidad, el régimen simplificado ha permitido a los organismos que integran al sector social de la economía en México, realizar algunas inversiones para incrementar la planta productiva, gracias a las hipótesis jurídicas contenidas en su regulación. De otra manera, esos recursos serían impuestos.

Es menester recordar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Aimentación y la Agricultura –FAO por sus siglas en inglés- , los organismos del sector social de la economía, representan un esquema económico de vital importancia para la producción de alimentos. En este sentido, es que surge la necesidad por mejorar las políticas de fomento al sector social de la economía, reconociendo el carácter no especulativo y estratégico de su operación.

Cabe señalar que las sociedades cooperativas de producción en comunidades dedicadas básicamente a la explotación de bienes primarios, resultan ser la única alternativa de trabajo para los integrantes de dichas comunidades, toda vez que no cuentan con infraestructura urbana, comercial o industrial. Por esa razón, el régimen simplificado de tributación que aplica a la mayor parte del sector social de la economía, permite a las propias organizaciones existentes, establecer procesos de valor agregado a sus productos, mediante la transformación de materia prima a productos con mayor valor comercial, generando en consecuencia oportunidades de empleo.

Los recursos resultantes de contar con un esquema de tributación simplificado, con las bondades que éste da a las organizaciones del sector social de la economía, de manera significativa las cooperativas, les permite destinar recursos a cubrir necesidades primarias de las comunidades, como el suministro de energía eléctrica, agua, educación, salud, caminos y servicios de recreación, que en principio son obligación del propio Estado. Sin embargo, por lo pequeño de las comunidades y los difíciles accesos a las mismas, han sido olvidadas materialmente y el propio Estado las considera como de alta marginación y pobreza. Ante eso, la acción y el compromiso de las organizaciones del sector social se vuelven fundamentales y por ello están plenamente justificados el régimen cooperativista y el régimen simplificado, porque permiten utilizar esos recursos para aliviar rezagos, aunque sea parcialmente.

Además, hay que reconocer que actividades económicas como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son altamente dependientes de la existencia de fenómenos meteorológicos que dañan grave y considerabelmente la producción y que pueden traer como consecuencia la descapitalización total de quienes participan en dichas actividades. A eso se agrega que, por ejemplo, a la fecha ninguna aseguradora participa en la pesca por lo incierto de la actividad. Como resultado de esa realidad innegable, en años de abundancia o buena producción la tributación del sector primario fortalece la recaudación del Estado. Sin embargo, en años de mayor siniestralidad o baja producción, serán los productores quienes recibirán el impacto de un ciclo negativo. Por esa razón, las actividades del sector primario reciben un trato diferenciado, como una medida paliativa para minimizar las pérdidas.

A lo anterior se agrega que, por lo general, los ingresos resultantes de llevar a cabo actividades primarias son muy bajos. En consecuencia, antes que estar en posibilidad de establecer obligaciones laborales, la cooperativa permite que la participación de los socios se establezca en función de su propia producción; es decir, el socio solo recibirá lo que él mismo sea capaz de generar. Por esa razón, los integrantes de sociedades cooperativas deben ser tratados fiscalmente en forma distinta a otros trabajadores,  que sí cuentan con  un salario fijo y cuando menos con las prestaciones de Ley que el mismo Legislativo se ha encargado de fijar.

Eso no significa que el sector social de la economía no cumpla sus obligaciones laborales o que no contribuya a la Hacienda Pública.

Al respecto, por lo que se refiere al comportamiento fiscal sólo de las cooperativas, tenemos que, de acuerdo con la información del Sistema de Administración Tributaria –SAT-, de los 2.45 billones de pesos que recaudó el gobierno federal en 2012, las sociedades  cooperativas aportaron 3 mil 546.9 millones de pesos, que representaron 0.14 por ciento del total.

No obstante, hay que señalar que la participación en los ingresos totales varía en las diferentes actividades. Uno de los sectores del cooperativismo que más contribuyó fue el de las sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo, que pagó impuestos por un mil 429 millones de pesos. Su aportación significó 0.54% de la recaudación total en el sector financiero. Mientras que en el caso del ISR contribuyó con 0.50 por ciento de la recaudación, en lo que concierne a su aporte fiscal en el Impuesto al Valor Agregado –IVA-  contribuyó con un 1.8 por ciento.

Al respecto, cabe recordar que hasta marzo el conjunto de las sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo sumaron activos por 90,199 millones de pesos, equivalentes a 1.5 por ciento de los 6.1 billones de pesos que tenía en activos la banca múltiple. En el caso del Impuesto Sobre la Renta –ISR-, la proporción de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo es menor, porque la banca múltiple busca la utilidad mediante el cobro de altas tasas de interés, a diferencia de las cooperativas que buscan apoyar a sus socios. En cambio, llama la atención que en el IVA las Cooperativas aportan 1.8 por ciento de la recaudación, una proporción superior a la de sus activos, demostrando más compromiso que la banca múltiple.

Le siguió en importancia la actividad manufacturera de las cooperativas, donde operan firmas como la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S.C.L, por mencionar algunas. Las cooperativas manufactureras contribuyeron con 1.12 por ciento de la recaudación total, al entregar al erario un mil 31 millones de pesos. De esta cifra, 26 por ciento correspondió al Impuesto Sobre la Renta; 59 por ciento al Valor Agregado y 12.5 por ciento al Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Es importante destacar la aportación del sector cooperativista en materia de IVA. De acuerdo con los reportes de las finanzas públicas que presenta la Secretaría de Hacienda, desde 2009 la aportación total que hace al IVA el sector manufacturero, donde se encuentran los grandes corporativos privados, ha sido crecientemente negativa y en 2012 le significó al erario una disminución o pérdida de recursos por 57 mil 470 millones de pesos. Evidentemente, eso no es equitativo. En cambio, las cooperativas del sector tuvieron una contribución positiva.

Por lo que respecta a las Sociedades cooperativas que operan en el sector de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, aportaron 127.5 millones de pesos. Podría parecer un monto muy bajo, pero es mucho mayor que el costo que significó para el erario el trato que se dio a los grandes contribuyentes del sector, una pérdida de 10 mil 497 millones de pesos. En ese renglón el SAT no recaudó, sino que pagó un monto tres veces superior a la aportación total de todas las cooperativas que, por cierto, sí pagaron.

Habrá quien argumente que la pérdida fiscal es consecuencia del trato que, los cooperativistas señalan que se debe mantener para el sector primario. Sin embargo, no es comprensible que con las mismas reglas del régimen simplificado, mientras las cooperativas hacen una aportación positiva al erario, el resto del sector, fundamentalmente los grandes corporativos, le pasan la cuenta a la Hacienda Pública. Eso no es equitativo.

Como se observa, las cooperativas y el sector social de la economía del campo no son el problema de la recaudación; al contrario, contribuyen con soluciones. Como ya se mencionó, muchas cooperativas de producción son el único soporte de comunidades que se encuentran alejadas de las redes de prestación de servicios públicos. Su contribución a la generación de riqueza, de impuestos y de reconstrucción de redes sociales es innegable.

No se puede ignorar que grandes consorcios se benefician de las posibilidades que brinda el régimen simplificado en el caso de las actividades primarias, llegando en caso extremo, por ejemplo, en lo referente a las facilidades de comprobación de nómina, a establecer plantaciones en condiciones de semiesclavitud o franca esclavitud, violando no sólo el marco tributario y de seguridad social, sino también las leyes laborales y las más elementales disposiciones referentes a derechos humanos. Está claro que eso no se debe a la aplicación de los regímenes simplificado y cooperativista, sino a la corrupción, colusión e impunidad.

Asimismo, hay grandes empresas trasnacionales del sector alimentario, cuya operación se realiza básicamente en la fase de transformación, en las que una elemental revisión demostraría que no se encuentran en el sector primario y no requieren operar con las facilidades fiscales del régimen simplificado. Nuevamente, se puede decir que el problema es la permisividad de las autoridades que permiten las elusiones que se deriven de la decisión de las trasnacionales de tributar en el régimen simplificado.

La necesidad de desarrollar una política social no asistencialista, apremia a dar atribuciones legales a la población socialmente organizada para que pueda constituirse en agente transformador de cambios, en funciones como la producción y el consumo, y la promoción del ahorro y el crédito cooperativo a nivel nacional.

En ese sentido, se reconoce la importancia de fortalecer al sector social de la economía establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que comprende diversas formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Como consecuencia de lo anterior, es necesario también fortalecer el régimen simplificado y de las cooperativas, con el fin de  darle congruencia a su propia naturaleza jurídica y garantizar cabalmente el derecho constitucional establecido en el artículo 25 de nuestra Carta Magna para el sector social de la economía de la economía.

El esquema fiscal contenido en el Régimen Simplificado, permite una menor causación de impuesto y con ello el socio puede contar con mayores recursos disponibles para aplicarlos en mejorar sus condiciones sociales y económicas.

En cambio, la eventual eliminación de los regímenes simplificado y cooperativista no significaría un aumento significativo de la recaudación, porque lejos de disponer de la posibilidad de administrar la contribución de sociedades  organizadas y comprometidas, se propiciaría la disolución de éstas, dando lugar a un aumento de la informalidad y una mayor erosión del tejido social y productivo, lo cual obligaría a la administración hacendaria a destinar más recursos de supervisión, además de otras repercusiones, daños colaterales, no deseados al propiciar la ilegalidad.

La iniciativa que se pone a su consideración, tiene el propósito de fortalecer al sector social de la economía de la economía, como un sector fundamental para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del país y para lograr la urgente recuperación del tejido productivo y social.

IV. Explicación de la iniciativa

a) Ley del Impuesto sobre la Renta

En esta iniciativa se enfatiza la importancia que poseen las disposiciones contenidas en diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y, en específico, en lo concerniente a los capítulos VII y VII-A del Título II de la Ley de la materia vigente, denominados Del Régimen Simplificado y De las Sociedades  Cooperativas de Producción, respectivamente, para asegurar su aplicación y el cumplimiento de sus objetivos. Estos dos títulos que definen el tratamiento fiscal a los ingresos del sector social de la economía comprenden los artículos del 79 al 89-B.

También se proponen reforma al artículo 95 para incorporar a los organismos de integración y a las cooperativas de ahorro y préstamo como personas morales con fines no lucrativos. En el caso del Artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se reforma para especificar entre los ingresos exentos los pagados por intereses por las sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo, sin límite en el saldo promedio de inversión.

Asimismo, se reforma el párrafo tercero del artículo 8º, para precisar que las cooperativas de ahorro y préstamo forman parte del sistema financiero, sin ánimo especultivo y sin fines de lucro, como lo establece la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo. También se adiciona un párrafo en el artículo 58, para exentar de la retención de impuestos a los intereses que paguen las cooperativas de ahorro y préstamo. También se reforma el párrafo primero del artículo 85-A, así como el párrafo primero de la fracción I de este mismo artículo y se le adiciona un párrafosexto, para definir con mayor precisión el impuesto a declarar para cada uno de los socios. Finalmente, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta se deroga la fracción III del párrafo primero del artículo 79, con el propósito de integrar en la fracción II las actividades empresariales que podrán realizar entre otros sujetos de Derecho, las sociedades cooperativas.

Las propuestas de modificación  a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que integran este inciso, se expresan en el siguiente cuadro comparativo:

b) Ley de Impuesto al Valor Agregado

Se propone reformar el artículo 15, fracción X, inciso e) a la fracción X, y adicionar un inciso f) a la fracción XII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con base a lo siguiente:

Con el propósito de que el estado cumpla con sus deber contenido en el artículo 25, párrafo séptimo de nuestra Constitución General de la República de fomentar y consolidar la actividad económica de las las Sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo en las comunidades en donde operan y tengan su domicilio social, se pretende volver más clara y precisa la redacción del ordenamiento jurídico en comento, a través de la  exención del pago del IVA a los intereses que resulten de los préstamos concedidos a las personas que integren dichas personas morales,  a efecto de incentivar el crecimiento de las actividades que realizan, ya sean primarias o comerciales.

El Impuesto al Valor Agregado constituye un gravamen que opera bajo el mecanismo de traslado y acreditamiento, por lo que siempre se ha reconocido que a quien debe repercutir en última instancia es a quien satisfaga sus necesidades básicas y elementales, es decir, se impone la necesidad de cumplir con lo prescrito en dicha contribución a todas aquellas personas que utlicen los bienes adquiridos y los servicios aprovechados en su propio beneficio.

Sin embargo, con base en el tipo de personas que se constituyen en consumidores finales en determinados actos y actividades, la Ley del Impuesto al Valor Agregado ha reconocido ciertos casos de exención, para evitar que en esos actos y actividades determinados grupos de personas resulten ser quienes finalmente tributen.

Es decir, las exenciones que contempla el ordenamiento jurídico en comento no resultan aplicables para quienes intervienen en la cadena productiva de bienes o servicios, sino para ciertos sectores o grupos especialmente sensibles que se colocan como los consumidores finales de determinados bienes y servicios.

En el caso que nos ocupa los consumidores finales de los servicios de préstamos que proporcionan las sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo, serán sus propios socios, es decir, personas de un sector social de la economía vulnerable que encuentran en estas sociedades la única forma de acceder a algún mecanismo de ahorro y préstamo para solventar proyectos principalmente de auto empleo y de construcción y ampliación de vivienda.

Por tal razón, resulta inequitativo continuar gravando los intereses que derivan de los  préstamos que otorgan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con el Impuesto al Valor Agregado, pues en tal caso serían los propios socios de estas sociedades  quienes terminarían absorbiendo finalmente el citado impuesto.

En consecuencia, se propone realizar la adición que corresponda en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para declarar exentos los intereses que cobren las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a sus socios por el otorgamiento de préstamos.

Por otra parte la Ley del Impuesto al Valor Agregado ha sido congruente en considerar exentas de dicho Impuesto las cuotas que los miembros de diversas Instituciones pagan a cambio de recibir los servicios que le sean propios a la Institución de que se trate.

En este caso, estamos ante el común denominador de que se trata de Instituciones organizadas para el beneficio exclusivo de sus socios, principalmente en cuanto a proteger sus derechos y apoyar sus propósitos orientados a elevar el nivel de vida de diversos sectores.

Bajo esa tesitura de servicios exclusivos a sus socios para fomentar el desarrollo de servicios en beneficios de sectores vulnerables se encuadran los servicios que prestarán los organismos que agrupan a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, lo cual es congruente con los fundamentos que han inspirado las exenciones previstas en la fracción XII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

c) Ley Federal de Derechos

Ahora bien, del contenido de los artículos 2o.; 3o., fracción IV, inciso a) y V; 4o., fracción I y 5o.  de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de la Valores, se desprende la facultad del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Créito Público regulado en la ley antes referida, de supervisar y regular la figura de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, al ser considerada como entidad integrante del Sistema Financiero Mexicano, toda vez que la realización de diversas operaciones crediticias, de ahorro e inversión constituyen su objeto social, aunque resulta importante manifestar que en su dinámica financiera solamente opera con las personas físicas que la integran, en función del principio de exclusividad, lo que inexorablemente constituye su principal diferenciación con otras instituciones del sector financiero, tales como son las instituciones de banca múltiple o las sociedades financieras populares, entre otras, las cuales también constituyen claros ejemplos de intermediarios financieros.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las referidas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo también son integrantes del sector social de la economía, y por tanto, se encuentran desprovistas de todo ánimo de lucro y especulación comercial, según se ha manifestado con antelación, es por lo que se propone modificar el contenido del texto legal contenido en el artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos, en la forma y términos señalados en el siguiente cuadro comparativo:

d) Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), 2.8% de los menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran baja talla y 1.6% desnutrición aguda (emaciación). La encuesta encontró que en los niños en edad preescolar la prevalencia de anemia fue del 23.3%. La mayor prevalencia de anemia (38%) se observó en los niños de 12 a 23 meses de edad, mientras que los niños de cuatro años presentaron un 13.7%.

Paradójicamente, en paralelo con la población en condiciones de desnutrición, hay un importante problema de obesidad y sobrepeso. En relación con el sobrepeso y la obesidad en menores de cinco años se observó un ligero ascenso entre 1988 y 2012, pasando de 7.8% a 9.7%, respectivamente.

En los niños en edad escolar, la población entre las edades de 5 a 11 años, la encuesta encontró que 19.8% reportó sobrepeso y 14.6% obesidad. Con respecto a 2012, la obesidad se mantuvo alta, en los niveles de 2006, pero el sobrepeso bajó ligeramente respeto al 20.2% que alcanzó en 2006.

La Secretaría de Salud encontró que al analizar las tendencias se observa que las cifras de sobrepeso y obesidad en escolares no han aumentado en los últimos seis años (2006 a 2012). No obstante, 34.4% de población en edad escolar tiene ese problema. Incluso se observa que en algunos segmentos el problema es más grave: 42.5% para la población afiliada al ISSSTE; 38.1% para la afiliada al IMSS; 37.0% para los que no tenían afiliación y 30.8% para los afiliados al Seguro Popular.

En el área rural los hombres tuvieron una prevalencia de anemia del 27%, y en el área urbana 23.4%. Comparando los datos de 2012 con la encuesta de 2006, se observa una disminución de la anemia en preescolares de 3.2 puntos porcentuales en el área urbana y 3.6 en el área rural.

A partir de esa información, las empresas del sector Social han realizado importantes desarrollos para incorporar cada vez más y mejores contenidos nutricionales en sus productos. El sector social de la economía, comprometido con la sostenibilidad de los productores nacionales y la sustentabilidad del medio ambiente y, sobre todo la salud de los mexicanos, se preocupa por utilizar las mejores materias primas del país, frutas y verduras frescas de temporada, para ofrecer las mejores condiciones naturales a sus consumidores.

Considerando la necesidad de terminar con la anemia y a una mejor alimentación, problemas que todavía afectan la salud de los mexicanos, las sociedades cooperativas de producción que operan en el ámbito de las bebidas elaboradas con frutas, verduras y legumbres, han emprendido un esfuerzo para contribuir a mejorar las condiciones nutricionales  de la población, con productos enriquecidos con vitaminas y minerales dirigidos a resolver ese problema. Es por ello que se estima necesario incluir entre los productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a las bebidas que demuestren en su elaboración el uso de productos naturales y en su integración el contenido de vitaminas y minerales, como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

e) Código Fiscal de la Federación

Se propone reformarlos artículos 84-A, párrafo primero y 84-B, párrafo primero , así como derogarel párrafo segundo del artículo 15-C del Código Fiscal de la Federación, con el propósito de erradicar las imprecisiones contenidas en las disposiciones jurídicas anteriormente referidas, toda vez que del artículo 2o., fracción X, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009 – con fe de erratas el 21 de agosto de dicho año-, en relación con el artículo 2o., fracción IV, inciso b),  se establece que las Sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo, independientemente de la denominación social que utilicen o emplen como atributo de la personalidad necesario e indispensable para su constitución, son integrantes del Sistema Financiero Mexicano.

Sin embargo, es importante destacar que las Sociedades  cooperativas de ahorro y préstamo también son integrantes del Tercer Sector de la Economía, según se desprende del  contenido del artículo 25, párrafo séptimo, de nuestra Ley Suprema,  y en consecuencia, su objeto social se encuentra desprovisto de especulación comercial y ánimo de lucro,  circunstancia que se manifiesta en el mecanismo de financiamiento de dicho tipo societario, el cual es distinto al del resto de las entidades que integran el sector financiero en México, ya que su actividad financiera consiste en la realización de operaciones crediticias, de inversión y de ahorro en forma exclusiva con sus socios, en oposición a la dinámica financiera desarrollada por otras figuras jurídicas afines, tales como son las Sociedades  Financieras Populares y las Instituciones de Banca Múltiple, y con estricto apego a lo dispuesto por el Principio de Exclusividad del renglón cooperativista del sector social de la economía de la Economía. El siguiente cuadro comparativo ilustra las modificaiones propuestas en los artículos 15-C, 84-A y 84-B del Código Fiscal de la Federación:

Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72, apartado H y 73, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los legisladores federales que integramos la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de Derechos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación

Artículo primero. Se reformanel artículo 8o., párrafo tercero;las fracciones I, II y IV, del párrafo primero, así como los párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto del artículo 79; 80, párrafo primero, fracciones I, II y III; los párrafos segundo y tercero de la fracción II del párrafo primero, así como los párrafos segundo, tercero, sexto, octavo y noveno del artículo 81; 82, párrafo primero y fracción III; 83, párrafos primero, tercero y quinto; 84, párrafos primero y cuarto; 85, párrafos segundo y tercero; 85-A, párrafo primero,  fracciones I, párrafos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo, II, párrafos primero y cuarto, III y IV; 85- B; 95, fracciones VIII y XIII; y 109, fracción XVI, inciso b); se adicionauna fracción VII al artículo 58; y se deroga la fracción III del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

...

El sistema financiero, para los efectos de esta ley, se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o en el extranjero. Asimismo, se considerarán integrantes del sistema financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan cuentas y documentos por cobrar derivados de las actividades que deben constituir su objeto social principal, conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen al menos el setenta por ciento de sus activos totales, o bien, que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por ellas, que representen al menos el setenta por ciento de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del porcentaje del setenta por ciento, no se considerarán los activos o ingresos que deriven de la enajenación a crédito de bienes o servicios de las propias sociedades, de las enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas de crédito o financiamientos otorgados por terceros. Asimismo, también forman parte del Sistema Financiero Mexicano las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en su carácter de integrantes del sector social de la economía, sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.

...

...

...

Artículo 58. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán calcular el Impuesto sobre la Renta el último día del mes de calendario de que se trate aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley sobre el monto de los intereses reales positivos devengados a favor del contribuyente durante dicho mes. La retención del impuesto sobre la renta se deberá efectuar el día siguiente a aquél en el que dicho impuesto se haya calculado. Esta retención se considerará como pago definitivo del impuesto sobre la renta y se enterará ante las oficinas autorizadas dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en el que se hubiese efectuado la misma. Las personas morales residentes en México deberán considerar la citada retención como pago provisional del Impuesto sobre la Renta, en tanto que los residentes en el extranjero estarán a lo dispuesto en el artículo 195 de la presente ley por los ingresos por intereses que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

...

...

...

...

...

...

No se efectuará la retención a que se refiere el primer párrafo de este artículo, tratándose de:

I. a VI. ...

VII. Los intereses que se paguen a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como a los organismos de integración y representación a que hace referencia la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

......

Artículo 79. Deberán acogerse al régimen simplificado para el pago del Impuesto sobre la Renta, las personas morales con o sin ánimo de lucro que realicen cualesquiera de las siguientes actividades empresariales:

I. Actividades deautotransporte terrestre de carga o de pasajeros, salvo aquéllas que se realicencon cualquier persona física o moral con domicilio social en territorio nacional o en el extranjero, así como aquéllas que se constituyan con apego a las leyes mexicanas y extranjeras de la materia, según sea el caso.

II. Actividades agrícolas, ganaderas , silvícolas o pesqueras.

III. (Se deroga)

IV. Las personas morales constituidas en los términos del decreto que promueve la organización de empresas integradoras, también podrán acogerse al régimen especial regulado por este capítulo.

V. ...

Lo regulado eneste capítulo no será aplicable a las personas morales que consoliden sus resultados fiscales en los términos de las disposiciones que integran el capítulo VI del título II de esta ley. No serán sujetos del régimen simplificado aquellas personas morales que presten servicios de naturaleza previa o auxiliar para el desarrollo de las actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, excepto cuando se trate de coordinados.

...

En el supuesto en que dos o más personas físicas realicen actividades en copropiedad y elijan pagar el impuesto regulado por esta ley a través de personas morales o de coordinados, el cumplimiento de los deberes jurídicos en materia fiscal a cargo de la copropiedad, serán cumplidos por dichas personas morales o coordinados, quienes fungirán como representantes comunes de las mismas.

Para los efectos de esta ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes con las disposiciones contenidas en este capítulo, se considerará responsable del cumplimiento de los deberes jurídicos en materia fiscal a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través de la persona moral, siendo los integrantes responsables solidarios respecto del cumplimiento de dichos deberes jurídicos en la parte que les corresponda.

Las personas morales a que se refiere este capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, cuando se encuentrenen liquidación.

Artículo 80.Para los efectos del r égimen simplificado regulado en este capítulo , se entenderá por:

I. Contribuyentes : a quellas personas morales dedicadas únicamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, así como a la realización exclusiva o de manera preponderante de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas,  cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin considerarlos ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

II. Empresas integradoras : La persona moral constituida conforme al decreto que promueve la organización de empresas integradoras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993, así como en el decreto que modifica al diverso que promueve su organización, publicado en el citado órgano oficial el 30 de mayo de 1995.

III. Coordinado : Agrupación voluntaria de dos o más personas físicas y de duración indeterminada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por finalidad administrar y operar activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, sin perjuicio que susintegrantes realicen actividades de naturaleza análogao complementarias a las de la agrupación de la que formen parte, siempre y cuando tengan activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con dichas actividades.

Artículo 81.Las personas morales reguladas en este Capítulo cumplirán con los deberes jurídicos en materia fiscal determinados en este ordenamiento jurídico, resultando aplicable al efecto lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de esta Ley, de acuerdo a lo siguiente:

I. ...

II. ...

Contra el impuesto que resulte a cargo de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de esta ley en los términos del párrafo anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto cuando se trate de personas morales que supla en el cumplimiento de los deberes jurídicos en materia fiscal a las personas físicas que las integran, en cuyo caso la declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente.

III. En el caso de las sociedades  cooperativas reguladas eneste capítulo, seconsiderarán los rendimientos y los anticipos que otorguen a sus miembros como ingresos asimilados a salarios por la prestación de un servicio personal subordinado en los términos del artículo 8o. de la Ley Federal del Trabajo, resultando aplicablelo dispuesto en los artículos 110 y 113, tercer párrafo, de esta ley.

IV. ...

V. Cumplirán con los demás deberes jurídicos formales de retención y de entero que establecen las disposiciones fiscales.

Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propios deberes jurídicos cuando se actualice la hipótesis fiscal respectiva, y deberán hacerloen forma conjunta con sus integrantes cuando se cumplan con las formalidades previstas en la legislación aplicable. Igualmente, el impuesto que las personas moralesdeterminen por cada uno de sus integrantes, se enterará de manera conjunta en una sola declaración.

Las personas morales que no realicen las actividades empresariales previstas en este capítulo a nombre y por cuenta de sus integrantes, deberán cumplir con los deberes jurídicos consignados en las disposiciones generales del título II de esta ley, así como con los artículos 122 y 125 de esta ley.

...

...

Cuando los integrantes de las personas morales reguladas en este capítulo se agrupen con el objeto de realizar en forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las actividades a que se refiere el mismo, podrán hacer deducible la parte proporcional del gasto en forma individual, aun cuando los comprobantes correspondientes estén a nombre de alguno de los otros integrantes, siempre que dichos comprobantes reúnan los demás requisitos que señalen las disposiciones fiscales.

...

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, reducirán el impuesto determinado conforme a la fracción II de este artículo en un 25.00 por ciento.

Las agrupaciones de personas físicas cuya finalidad coincida con la expresada en el párrafo anterior, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal, elevado al año. Tratándose de ejidos y comunidades, no será aplicable el límite de 200 veces el salario mínimo. En el caso de las personas físicas quedarán a lo dispuesto en el artículo 109 fracción XXVII de la presente ley. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley.

Artículo 82. La persona moral que cumpla los deberes jurídicos en materia fiscal consignados en esta ley, a nombre y por cuenta de sus integrantes en los términos del régimen simplificado establecido en este capítulo, además de los imperativos jurídicos contenidos en el artículo anterior, debe cumplir lossiguientes:

I. a II. ...

III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones, respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones fiscales que resulten aplicables.

...

Artículo 83. Tratándose de personas físicas o morales que cumplan con sus deberes jurídicos en materia fiscal por conducto de varios coordinados de los cuales son integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusivamente del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, deberán solicitar a los coordinados de los que formen parte, la información necesaria para calcular y enterar el impuesto sobre la renta que les corresponda.

...

Las personas físicas o morales, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán optar porque cada coordinado de los que sean integrantes efectúe por su cuenta el pago del impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos que obtengan del coordinado de que se trate, aplicando a la utilidad gravable a que se refiere el párrafo anterior la tasa establecida en el artículo 10 de esta Ley, tratándose de personas morales o la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 177 de la misma en el caso de personas físicas. Dicho pago se considerará como definitivo. Una vez ejercida la opción a que se refiere este párrafo, ésta no podrá variarse durante el periodo de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se empezó a ejercitarla elección citada. La opción a que se refiere este párrafo también la podrán aplicar las personas físicas o morales que sean integrantes de un solo coordinado.

...

Las personas físicas integrantes de personas morales que realicen actividades de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, podrán cumplir con los deberes jurídicos establecidos en esta ley en forma individual, siempre que administren directamente los vehículos que les correspondan o los hubieran aportado a la persona moral de que se trate.

...

...

...

...

Artículo 84.Las empresas integradoras únicamente podrán realizar operaciones a nombrey por cuenta de sus integradas, sin que se considere que las primeras perciben el ingreso o realizan la erogación de que se trate, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

I. a III. ...

...

Para los efectos del deber jurídico establecido enel párrafo anterior y la fracción II de este artículo, la relación que elabore la empresa integradora en la que se considere en su conjunto tanto las operaciones realizadas en nombre y por cuenta de las empresas integradas, así como el ingreso que por concepto de cuotas, comisiones y prestación de servicios que por dichas operaciones perciba la integradora, deberá cumplir con los requisitos que para efectos de los comprobantes se establecen en el Código Fiscal de la Federación y estar impresa en los establecimientos autorizados por la secretaría. La relación a que se refiere este párrafo deberá proporcionarse a las empresas integradas dentro de los 10 días siguientes al mes al que correspondan dichas operaciones.

...

Artículo 85. ...

El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberá otorgar facilidades administrativas para el cumplimiento de los deberes jurídicos en materia fiscal consignados en este capítulo para cada uno de los sectores de contribuyentes a que se refiere el mismo.

Cuando las personas morales a que se refiere este capítulo cumplan por cuenta de sus integrantes con los deberes jurídicos señalados en el mismo, y dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales en los términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, sus integrantes podrán optar por dictaminar  o nosus estados financieros para efectos fiscales.

Artículo 85 A. Las sociedades cooperativas de producción, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el título II de esta ley, deberán aplicar lo dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV de la misma, considerando lo siguiente:

I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio en función del trabajo personal, físico o intelectual, desempeñado para la sociedad, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 130 de esta ley.

...

...

...

El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada una de las persona físicas que integran la sociedad cooperativa de producción de que se trate, se pagará mediante declaración que se deberá presentarse ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del mes siguiente a aquél en el que la sociedad cooperativa de producción distribuya las utilidades gravables a sus integrantes.

Para los efectos de esta fracción, se considerará que la sociedad cooperativa de producción distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operación normal de la sociedad de que se trate.

Para los efectos de esta fracción, las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan rendimientos a sus socios, sólo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan más empleos o socios cooperativistas;

II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad gravable. Esta cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de la utilidad gravable que sea pagada a los socios.

...

...

La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la sociedad cooperativa de producciónde que se trate, en los términos del artículo 130 de esta ley, correspondiente a la totalidad de los socios que integran dicha sociedad;

III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa de producción no se efectuarán pagos provisionales del impuesto sobre la renta, y

IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas de producción a sus integrantes, se considerarán como ingresos asimilados a los percibidos por la prestación de un servicio personal subordinado en los términos del artículo 8o. de la Ley Federal del Trabajo, resultando aplicable lo dispuesto en los artículos 110 y 113 de esta ley.

Artículo 85 B. Las sociedades  cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el presente capítulo, no podrán modificar su elección paraejercicios posteriores, salvo cuando se cumplan con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en los términos de este capítulo, bajo ninguna circunstancia deberán volver a tributar en los términos del mismo.

Artículo 95. Para los efectos de esta ley, se consideran personas morales con fines no lucrativos, además de las señaladas en el artículo 102 de la misma, las siguientes:

I a VII. ...

VIII. Organismos de integración y representación que constituyan las Ssciedades cooperativas de consumo, producción y de ahorro y préstamo.

IX. a XII. ...

XIII.Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo reguladas por la Ley General de Sociedades Cooperativas y por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

XIV a XX. ...

...

...

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XV. ...

XVI. Los intereses:

a)...

b)Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades  financieras populares.

XVII a XXVIII. ...

...

...

...

...

...

...

Artículo segundo. Se adicionaun inciso j) a la fracción X del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

I. a IX. ...

X. Por los que deriven intereses que:

a) a i)

j) Reciban o paguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

XI a XVI. ...

Artículo tercero. Se derogala fracción X del artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 29-D. Las entidades o sujetos a que se refiere este artículo incluyendo las filiales de entidades financieras del exterior de cualquier tipo, pagarán por los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las siguientes cuotas:

I. a IX. ...

X. (Se deroga)

XI. a XXI. ...

...

Artículo cuarto. Se adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

I. Por las enajenaciones siguientes:

a) a g) ...

h) Bebidas saborizadas adicionadas de jugo o pulpa de frutas o de verduras o de legumbres y fortificadas con nutrimentos, tales como vitaminas, hierro y calcio.

II. a IV. ...

Artículo quinto. Se reformanlos artículos 84-A, párrafo primero y 84-B, párrafo primero y fracción VII; y se derogael párrafo segundo del artículo 15-C del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 15-C. ...

(Se deroga)

Artículo 84 A. Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras, en relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E y 156-Bis de este código, las siguientes:

I. a X. ...

Artículo 84-B.A quien cometa las infracciones relacionadas con las entidades financieras a que se refiere el artículo 84 A de este código, se le impondrán las siguientes multas:

I. a VI. ...

VII. De $70.00 a $140.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este código, y de $10,000.00 a $15,000.00 por no proporcionar la información, a las señaladas en la fracción VII.

VIII. a X. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.A partir de la fecha de publicación de este decreto, serán nulas de pleno derecho las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.

Notas:

1. Número de Cooperativas a Nivel Nacional, informe preparado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con cifras del Censo Económico 2009.

2. R193 - Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) Cooperativas: fuertes en tiempos de crisis. También, mensaje de Guy Ryder, Director General de la OIT, con ocasión del Día Internacional de las Cooperativas de 2013

3. Los datos de las cooperativas a escala mundial se consultaron en: http://www.aciamericas.coop/

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas y resaltó la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, especialmente su impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración social. El 6 de julio de 2013 el Secretario General, Ban Ki-moon, con motivo del Día Internacional de las Cooperativas señaló “Vivimos tiempos de incertidumbre mundial. En el transcurso de las actuales crisis económicas y financieras mundiales, las cooperativas financieras han demostrado su fortaleza y resiliencia, en beneficio de sus miembros, empleados y clientes.» Mensaje 6 de julio de 2013.

5. Smallholder integration in changing food markets, escrito por Pedro Arias, David Hallam, Ekaterina

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.— Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jesús Morales Flores, Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Ruego me disculpen, pero evidentemente los que pusieron atención se dieron cuenta, no presentó la iniciativa que anuncié ni estaba inscrita a nombre del diputado Silvano Aureoles.

La iniciativa es un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Saludo con mucho gusto a un grupo de presidentes municipales, algunos en funciones y otros presidentes electos del estado de Oaxaca, de la región de La Cañada, la Sierra Mazateca y de la Sierra Norte o Sierra Juárez, que están aquí invitados por la diputada María de las Nieves García Fernández. Bienvenidos a la sesión. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 1882, que contiene la minuta con proyecto de decreto  que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

Con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 12 de febrero de 2013, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (LGEEPA) en materia de trato digno y respetuoso de los ejemplares de fauna silvestre.

Segundo.En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado dictó trámite a la iniciativa, turnándola  a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

Tercero. Con fechas 4 de marzo y 22 de marzo de 2013, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en el artículo 212, numerales 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Senadores, presentó a la Presidencia de la  Mesa Directiva, sendas solicitudes de prórroga hasta por 30 y 60 días, respectivamente, para la elaboración del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la LGEEPA.

Cuarto. Mediante oficios de fechas 5 de marzo y 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó las prórrogas solicitadas, hasta por la mitad del plazo que marca el numeral 1 y lo permite el numeral 3, ambos del Artículo 212 del Reglamento del Senado, para la elaboración del dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 87 Bis 2 de la LGEEPA.

Quinto.En reunión de las Comisiones Unidas de medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, celebrada el 19 de marzo de 2013, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII, al artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre.

Sexto.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 23 de abril de 2013, el pleno aprobó el  proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona las fracciones X, XXVI y XLVII, al artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre, en votación nominal, y lo remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Séptimo.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, efectuada el 25 de abril de 2013, se dio cuenta con la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII, al Artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre.

Octavo.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.”.

Una vez analizado el expediente de la minuta objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto que nos ocupa, tiene por objeto regular en nuestro país , dentro de la mega diversidad de especies que lo caracteriza, el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales , sean éstos de compañía o se destinen al sacrificio para el consumo humano.

Se trata de entender y atender en el plano legislativo, la dignidad de los animales frente a la crueldad frecuente y tendente a la generalización, en el maltrato que les infieren quienes se responsabilizan formal o informalmente de su cuidado y atención.

El Senado señala que en México, por sus riquezas naturales, todas y todos tenemos la gran responsabilidad de cuidar nuestros recursos, incluida la fauna silvestre; además, nos indica que el Estado Mexicano está comprometido en el concierto internacional  a asumir las medidas de control necesarias para la conservación de la fauna silvestre.

Afirman que no es ético lastimar a los animales silvestres por diversión, negligencia o ignorancia de quienes con sus acciones u omisiones  provocan en muchas ocasiones un sufrimiento severo a los mismos. Atentar de esta manera contra la vida silvestre, es inaceptable y, en consecuencia, dicha conducta debe evitarse fomentando el trato digno y respetuoso hacia los animales y, así, no dar cabida al dolor ni al maltrato que se les inflige a los animales.

Aseguran que para promover una sociedad más responsable con la fauna silvestre, se debe impulsar un trato libre de violencia hacia los animales, con respeto y valoración por toda especie animal.

La colegisladora considera que la legislación que regula el trato digno y respetuoso hacia los animales ha resultado deficiente, condición aprovechada por traficantes o poseedores de fauna silvestre; por ello, estiman necesario contar con un instrumento jurídico moderno y acorde a los estándares internacionales. Una ley que precise las herramientas indispensables para su adecuada aplicación y que el trato hacia la fauna silvestre  sea digno.

Refieren que en México se han suscitado hechos de crueldad y de trato indigno e irrespetuoso hacia los animales de  cualquier clase, para cuya verificación nos remiten a un concentrado de la estadística sobre denuncias e inspecciones en materia de fauna, correspondientes a los años de 2009, 2010 y 2011, basado en los informes anuales de la Profepa relativos a dichos períodos.

Las Comisiones Unidas encargadas del dictamen sobre la iniciativa de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, en el Senado de la República, coinciden en que se debe garantizar un marco regulatorio que defina el trato digno y respetuoso a los animales; al respecto, señalan que la disposición contenida en el Artículo 87 Bis 2 de la LGEEPA, vigente, “deja claro que los ciudadanos mexicanos tienen una obligación de proveer respeto y trato digno para con los animales.”.

Asimismo, expresan que la Ley General de Vida Silvestre, también prevé el trato digno y respetuoso a los animales, en sus Artículos 29 al 37, los cuales transcriben en el texto del dictamen, señalando que son claros en el mandato a los tres órdenes de gobierno, para que adopten medidas para contrarrestar los efectos nocivos que el trato indigno e irrespetuoso produce en la fauna silvestre.

Finalmente, la colegisladora advierte la inexistencia de disposición jurídica alguna que defina los términos: crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso, referidos a hechos y actitudes del ser humano en su relación con los animales. Ante la falta de los conceptos jurídicos referidos, la impartición de justicia se ve afectada en su ejercicio por las autoridades formal y/o materialmente competentes; por ello, el Senado ha considerado pertinente adicionar tres fracciones al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para establecer lo que para efectos de la propia Ley, debe entenderse por: crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso.

De tal manera, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con el siguiente

Proyecto de decreto por el  que se adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3  de la Ley General de Vida Silvestre

Primero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación , explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Segundo. Se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al Artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Ley General de Vida Silvestre

Artículo 3o.Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.     

XI.Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así como a incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la población bajo manejo.

XII. Derivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación.

XIII.Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una misma colecta científica.

XIV.Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.

XV.Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre.

XVI.Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.

XVII.Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o control.

XVIII.Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.

XIX.Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación.

XX.Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta Ley.

XXI.Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico.

XXII.Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de cualquier otra información relevante.

XXIII.Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.

XXIV.Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio nacional.

XXV.Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal.

XXVI. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.

XXVII.Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

XXVIII.Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.

XXIX.Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento.

XXX.Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración.

XXXI.Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat.

XXXII.Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados.

XXXIII.Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.

XXXIV.Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

XXXV.Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.

XXXVI.Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.

XXXVII.Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de ellos.

XXXVIII.Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.

XXXIX.Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles.

XL.Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida.

XLI.Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.

XLII.Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida.

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos.

XLIII.Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XLIV.Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos.

XLV.Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo en el largo plazo.

XLVI.Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados.

XLVII. Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su Reglamento, así como tratados internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

XLVIII.Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

XLIX.Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de dieciocho meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Una vez analizado el contenido del expediente relativo a la minuta, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, formulamos las siguientes:

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que México es un país megadiverso, cuya riqueza natural exige de las y los mexicanos, asumir la responsabilidad de proteger nuestros recursos, incluidos los animales cualquiera que sea su especie, adoptando las medidas necesarias de control, incluso las legislativas, para asegurar la conservación de los recursos naturales en general y, particularmente, la fauna silvestre, sea doméstica o de consumo.

No obstante la existencia de legislación local y federal cuyas disposiciones pretenden regular el trato que debe darse a los animales, el trato inadecuado a la fauna en general, refleja que dicha normatividad carece de eficacia debido a su inobservancia por quienes en aras de la ignorancia, maldad o enfermedad, entre otras causales, cometen abusos recurrentes contra toda especie de animales; por otro lado, la falta de aplicación de las normas inherentes, por la autoridad competente, hace nugatorio el objetivo de la ley, alejándola de su reconocimiento como derecho positivo.

Coincidimos con el Senado, en el reconocimiento de que el daño que bajo cualquier pretexto se causa a los animales, provocándoles sufrimiento, es contrario a todo principio moral y a las obligaciones del ser humano; por ello, estimamos que el sufrimiento infligido a cualquier especie de la fauna silvestre debe evitarse mediante una regulación jurídica que fomente el trato digno y respetuoso hacia los animales, normativa que requerirá de eficiencia en su aplicación por la autoridad, y de observancia plena por los gobernados.

Consideramos que los hechos  de crueldad y de trato indigno e irrespetuoso hacia los animales, si bien es cierto se presentan con frecuencia en el país, es difícil verificar el número de incidencias de esta naturaleza, a partir de los datos proporcionados por la Senadora Iniciadora, y retomados en la elaboración del dictamen por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos del Senado, pues aún cuando la información referida corresponde a los informes de la Profepa relativos a los años de 2009, 2010 y 2011, en cuanto al número de denuncias presentadas, correspondientes a fauna silvestre, sólo se identifican 1,386 casos en 2009; 955 casos en 2010, y 707 casos en 2011.

Asimismo, estimamos que de dicha información se infiere que en el periodo comprendido entre 2009 y 2011, el total de denuncias ciudadanas recibidas por la Profepa, pasó de 8,154 a 6,734; el porcentaje de denuncias correspondientes a fauna silvestre disminuyó de 17% a 10.5% del total anual de denuncias ciudadanas presentadas; la cantidad de inspecciones en materia de fauna bajó de 2,680 a 2,230, y el número de inspecciones por denuncia en materia de fauna se redujo de 2,023 a 1,600.

A pesar de la información anterior, coincidimos con el Senado en cuanto a la gravedad del problema que representa la carencia de legislación que promueva y regule una cultura en la que se considere el deber de toda persona a dar con profusión un trato digno y respetuoso a toda clase de animales; una cultura de reconocimiento a la relación del ser humano con los animales, por cierto también seres vivos, en la que no haya cabida para el maltrato ni la crueldad hacia la fauna silvestre, doméstica o de consumo.

Reconocemos pertinente el planteamiento del Senado, en el sentido  de establecer las disposiciones jurídicas que determinen los conceptos legales de los términos: crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso, los cuales son referidos a hechos y actitudes del ser humano en su relación con la fauna silvestre.

Por ello, quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estimamos procedente la propuesta de la Cámara de Origen, para adicionar un párrafo segundo al Artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer la atribución del  Gobierno Federal para expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos del trato digno y respetuoso, y que además incluyan las condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Asimismo, consideramos adecuada la propuesta senatorial de adicionar tres fracciones al Artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para prever lo que para efectos de la propia Ley debe entenderse por crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso, términos referidos a los hechos y las actitudes de las personas en su relación con los animales.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Primero.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación , explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Artículo Segundo.Se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3o.Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a IX. ...  

X. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.     

XI.Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así como a incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la población bajo manejo.

XII.Derivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación.

XIII.Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una misma colecta científica.

XIV.Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.

XV.Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre.

XVI.Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.

XVII.Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o control.

XVIII.Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.

XIX.Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación.

XX.Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta Ley.

XXI.Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico.

XXII.Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de cualquier otra información relevante.

XXIII.Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.

XXIV.Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio nacional.

XXV.Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal.

XXVI. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.

XXVII.Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

XXVIII.Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.

XXIX.Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento.

XXX.Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración.

XXXI.Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat.

XXXII.Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados.

XXXIII.Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.

XXXIV.Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

XXXV.Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.

XXXVI.Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.

XXXVII.Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de ellos.

XXXVIII.Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.

XXXIX.Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles.

XL.Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida.

XLI.Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.

XLII.Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida.

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos.

XLIII.Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XLIV.Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos.

XLV.Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo en el largo plazo.

XLVI.Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados.

XLVII. Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su Reglamento, así como tratados internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

XLVIII.Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

XLIX.Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de dieciocho meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de mayo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen la diputada Lourdes Adriana López Moreno.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señor presidente. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente 1862 que contiene la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXIV y XLVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre. Esta iniciativa fue turnada de la Cámara de Senadores a propuesta de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Aunque pudiera sonar esta introducción muy técnica, quiero comentarles que es una de las iniciativas más nobles que nos ha tocado evaluar en la Comisión de Medio Ambiente. Ésta tiene por objeto regular en nuestro país dentro de la megadiversidad de especies que lo caracteriza, el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales, sean éstos de compañía o se destinen al sacrificio para el consumo humano.

Se trata de entender y atender en el plano legislativo la dignidad de los animales frente a la crueldad frecuente, y tendente a la generalización, en el maltrato que les infieren quienes se responsabilizan formal o informalmente de su cuidado y atención.

No es ético lastimar a los animales por diversión, negligencia o ignorancia, sobre todo de aquellas personas que con sus acciones u omisiones provocan en muchas ocasiones un sufrimiento severo a los mismos.

Atentar de esta manera contra la vida silvestre es inaceptable y, en consecuencia, en dicha conducta debe de estarse fomentando el trato digno y respetuoso hacia los animales y así no dar cabida al dolor ni al maltrato que se les infringe a los mismos.

Para promover una sociedad más responsable con la fauna silvestre se debe impulsar un trato libre de violencia hacia los animales, con respeto y valoración por toda especie animal.

La legislación que regula el trato digno y respetuoso hacia los animales ha resultado deficiente, condición aprovechada por traficantes o poseedores de fauna silvestre. Por ello se estima necesario contar con un instrumento jurídico moderno y acorde a los estándares internacionales, una ley que precise las herramientas indispensables para su adecuada aplicación y que el trato hacia la fauna silvestre sea digno.

Consideramos un grave problema la carencia de legislación que promueva y regule una cultura en la que se considere el deber de toda persona a dar con profusión un trato digno y respetuoso a toda clase de animales, una cultura de reconocimiento a la relación del ser humano con los animales —por cierto, que también son seres vivos— en la que no haya cabida para el maltrato ni la crueldad hacia la fauna silvestre, doméstica o de consumo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados la adición a segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que a la letra dice: Corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Además se adicionan las fracciones al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre para quedar de esta manera: fracción X, el concepto de crueldad, acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.

Fracción XXIV. Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin. Finalmente. Trato digno y respetuoso.

Las medidas que esta ley y su reglamento, así como los tratados internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas se establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

Les decía que éste es un tema muy noble, porque estamos evitando actos de violencia hacia seres vivos que, como nosotros, sienten. Quiero finalizar pidiéndoles a todos ustedes su voto a favor para contrarrestar la violencia hacia los animales, recordándoles que salvaje no es quien vive en la naturaleza; salvaje es quien se dedica a destruirla. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Para hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, México tiene la fortuna de reconocerse como un país megadiverso en cuanto a su riqueza de flora y fauna, contando con gran variedad de climas y de topografía y con un sinnúmero de áreas silvestres.

La Conabio señala que más del 70 por ciento se encuentra en su hábitat original. Esta riqueza natural permanece como consecuencia del trabajo que se deriva de la responsabilidad de conservar todos los recursos naturales y la biodiversidad, compromiso que México cumple, que se traduce en asumir medidas de control para la conservación de la flora y fauna silvestre.

Consideramos insuficientes los mecanismos que se implementan para normar el comercio internacional de la vida silvestre, los cuales están amparados bajo diversas figuras, como los circos, zoológicos, unidades de manejo, comercios colectivos privados, mascotas, etcétera, toda vez que resulta indispensable procurar de manera imperante el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre, ya que lastimar a los animales silvestres con el afán de diversión, negligencia, ignorancia, o con acciones directas u omisiones que causen sufrimiento de los mismos no es ético. Por lo que pugnamos por erradicar esta práctica lasciva, a través de brindar un trato digno y respetuoso para la fauna silvestre en donde el dolor el maltrato se evite.

El cumplimiento de la disposición normativa que aboca el trato digno y respetuoso ha tenido graves deficiencias, que han sido aprovechadas por los traficantes o poseedores de la fauna silvestre, y no podemos incentivar una práctica así para la fauna silvestre.

Debemos lograr la educación irrestricta del instrumento jurídico que responde a nuevas necesidades que atiendan esta problemática y que vaya de acuerdo a los estándares internacionales, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, mismo que en 1977 fue aprobada por la Unesco, que apunta en su artículo 2, y que dicta que todo animal tiene derecho al respeto, y que ningún animal será sometido a malos tratados ni actos crueles.

La ley debe de ser precisa, debe de contener las herramientas indispensables y operativas para su adecuación, aplicación, para que el trato hacia la fauna silvestre se traduzca en un trato digno.

La falta de una legislación completa en México con respecto al tema de trato digno de la fauna silvestre viciará con pocas o escasas referencias expresas y precisas sobre las acciones humanas particulares que favorezcan la preservación de la vida silvestre, y afectará el ejercicio de una buena impartición de justicia en el tema de trato digno y respetuoso.

Con la presente adición se logrará garantizar el trato digno y respetuoso por el ser humano hacia la fauna silvestre erradicando el maltrato, la crueldad, para construir un aspecto esencial promoviendo entre la sociedad una cultura de respeto y no maltrato a la población de la fauna silvestre.

Estimados compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de la urgencia de establecer acciones encaminadas a lograr un trato digno y respetuoso de la fauna silvestre, a través de generar un marco regulatorio que determine los principios básicos de trato digno y respetuoso previstos por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, los exhortamos a dar su voto a favor de este presente posicionamiento del grupo parlamentario. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Antes de continuar con la lista de oradores quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad de León, campus Salamanca y de la preparatoria La Salle, Juan Alonso de Torres. También a un grupo de jóvenes ecologistas de Guanajuato, que están hoy aquí todos invitados por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Bienvenidos a la sesión y a la Cámara de Diputados, por supuesto.

Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, como bien se decía aquí, esta minuta es una minuta que representa un espíritu humanitario. Se discute en esta minuta y se adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XVI y XLVII al artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre. Dicha reforma tiene el espíritu de llevar a cabo acciones necesarias para que haya un trato digno a las especies animales, ya sea para compañía o para ser sacrificadas para consumo humano.

Con la reforma propuesta el gobierno federal sería el encargado de expedir las normas oficiales mexicanas respectivas, para que se garantice el trato digno y respetuoso para dichas especies. Dicha norma deberá establecer condiciones adecuadas para el cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Otro aspecto relevante que se aborda en la minuta que analizamos es el relativo a la crueldad animal, práctica que se ha vuelto más frecuente en los años recientes. Ejercer la violencia es un acto que se aleja de la moral, más cuando se realiza contra especies indefensas.

Se resalta en los considerandos que aunque existen leyes locales que regulan el trato hacia los animales, éstas no han logrado plenamente su objetivo, que debe ser generar una cultura de respeto y trato humanitario hacia los animales.

Por ello se está proponiendo incluir definiciones precisas en la ley de los términos crueldad, maltrato y trato digno y respetuoso, los cuales son referidos a hechos y actitudes del ser humano en su relación con la fauna silvestre. Éste es un avance ya que con toda certeza se establecen las conductas positivas y negativas que imperan en el trato hacia los animales.

Los diputados federales del Partido del Trabajo estamos seguros de la bondad de la reforma que se pone a consideración de esta soberanía. Es adecuado avanzar en el trato respetuoso hacia los animales.

Por las consideraciones aquí señaladas votaremos a favor del dictamen en comento. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Roblero. Tiene la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Merilyn Gómez Pozos:Gracias, presidente. Gandhi alguna vez dijo que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados. Si nuestra grandeza de nación y progreso moral serán medidos bajo este parámetro, el resultado será vergonzoso.

En fechas recientes hemos sido testigos de distintos niveles de abuso hacia los animales, desde imágenes de maltrato difundido a través de las redes sociales, hasta la controversia relacionada con las cadenas comerciales que venden mascotas y que atentan contra la dignidad de los animales que ahí venden.

Imposible dejar de mencionar las terribles condiciones en que viven los animales de los circos, sometidos al constante maltrato de su entrenamiento, con la única finalidad de divertir realizando actos antinaturales e indignos.

Ahora bien, con la reforma propuesta en este dictamen se establece en el marco normativo la facultad del gobierno federal para precisar las condiciones del trato básico a los animales, a través de normas oficiales pertinentes, como las definiciones de crueldad o maltrato, así como trato digno y respetuoso a las especies animales. Se pretende así darle sustento legal a las actuaciones del Estado, determinando de forma clara lo que ha de entenderse por esos conceptos. Sin embargo, la propuesta será únicamente letra muerta en la medida en la que no exista una política adecuada por parte del gobierno federal para hacer efectivo lo dispuesto en esta reforma.

La mera inclusión de la obligación del trato digno a los animales y la definición de crueldad —por sí solas— no constituirán un cambio en el trato de los seres vivos. Es necesario establecer y ejecutar una política pública que concientice a la población sobre la obligación del trato digno a los animales y a la vez sancione de forma eficaz la omisión de este tratamiento. De no existir una política en este tema, las reformas en la materia que hagamos será un mero enunciado sin sustento ni contenido.

Es necesario dejar muy claro que precisamente el trato digno a los animales es lo que sustenta el rechazo de mi fracción a la iniciativa presidencial de gravar el IVA a los alimentos de las mascotas. El Estado pretende incrementar sus ingresos a costa de los dueños de los animales, cuando a cambio no ofrece ningún tipo de servicio u atención para ellos.

Actualmente se carece de espacios públicos especializados, tampoco se ofrece atención veterinaria gratuita de caridad ni asesoría pública de adiestramiento o socialización. Sin el compromiso de atender estas necesidades, no hay justificación para este impuesto.

Nuestro voto para este dictamen será a favor. Pero dejando claro que en el tema de respeto a otras especies nos falta mucho, pero mucho por hacer. Seamos un Estado civilizado y desarrollado. Crezcamos en la protección y el trato digno a los animales. Solo en esa medida podremos hablar de nuestra civilidad como nación. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, primero que nada quiero felicitar y coincido totalmente con mi compañera del Movimiento Ciudadano, Merilyn Gómez Pozos, por haber citado esa gran frase de Mahatma Gandhi.

En el Partido Verde buscamos recuperar y afianzar los auténticos valores culturales de México, en especial de la tradición y conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de todos los seres vivos.

Asimismo y con base en los principios que rige nuestro partido, difundimos el amor del ser humano hacia los animales. Por ello, siempre estaremos a favor de las reformas que protejan y garanticen su bienestar, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y que eviten el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación en sus características físicas, asegurando en todo momento su bienestar.

En nuestro país, de acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en 2011 se recibieron más de 6 mil denuncias correspondientes a fauna silvestre. Un dato relevante del Centro de Adopción y Rescate Animal, Asociación Civil, señala que siete de cada diez perros son víctimas de maltrato y abandono. Cuando hablan de maltrato y abandono, no se refiere nada más a perros en situación de calle, también se consideran a aquellos con hogar.

Hago un paréntesis para comentarles que en la ciudad de Tijuana, hace un par de semanas, el Grupo Milenio en una noticia sacó a relucir el dato de que tuvieron que procesar a una vecina por daño en propiedad ajena, ya que no estaba estipulado dentro del Código Penal de nuestro estado de Baja California el tema del maltrato animal. Por ello, es importante que empecemos con este tipo de acciones, en este caso, de normas oficiales mexicanas.

De tal manera, es pertinente resaltar la presente reforma, que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, facultando al gobierno federal a que expida las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso, previsto por dicha ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

De igual forma, resaltamos la propuesta de reforma al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, encaminada a establecer las disposiciones jurídicas que determinan los conceptos legales de los términos crueldad, maltrato, trato digno y respetuoso, los cuales son referidos a hechos y actitudes del ser humano en su relación con la fauna silvestre.

Creemos firmemente que es necesario continuar desarrollando el respeto, no nada más por las personas, sino también por los animales, que a diario conviven con nosotros y que son parte importante de nuestras vidas.

Por lo anteriormente señalado, los integrantes de nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD tiene la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. Compañeras y compañeros diputados, acudimos con mucho gusto a esta tribuna para expresar el apoyo y el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a este dictamen que reforma y adiciona la Ley General de Vida Silvestre.

Me congratulo —de manera personal— que hay coincidencias en todos los grupos parlamentarios y así se avanza mejor. Estas reformas simbolizan una necesaria sensibilidad para aquellos seres con quienes compartimos el planeta y quienes merecen de nosotros un trato equitativo, digno y respetuoso.

Los seres humanos a lo largo del tiempo han manifestado conductas antropocéntricas que les impiden concebir respeto hacia las especies animales. De hecho, el ser humano es el mayor depredador del planeta y una de sus principales víctimas es la fauna silvestre.

En países como el nuestro, donde más se observan estas conductas del maltrato animal, en muchas ocasiones es parte de un hábito. Por ello resulta de suma relevancia que podamos a través de esta reforma tipificar en la ley conceptos como crueldad y maltrato, y a su vez definir lo que debe observarse como trato digno y respetuoso.

Como parte de esta reforma es también relevante el hecho de poder mandatar el establecimiento de una norma oficial mexicana orientada a la observancia de un trato digno y respetuoso de la fauna silvestre en cualquier condición, incluso sacrificio, como ya se comentó también.

Lamentablemente el dictamen de reforma que estamos discutiendo no considera o induce a la penalización del maltrato animal. Se tipifica conducta, cierto, pero no se establece como delito y esto no se establece en la ley. No podrá ser considerado dentro de la norma oficial mexicana.

Tampoco se hace obligatoria a las entidades federativas la expedición de leyes de bienestar animal, que sancione las conductas de maltrato y crueldad. Recordemos que solo la legislación del Distrito Federal y los estados de Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Yucatán han establecido que la crueldad y el maltrato es considerado un delito sujeto a causa penal.

De sancionarse y penalizarse el maltrato animal podríamos obtener otro tipo de beneficios sociales, ya que con las denuncias podríamos identificar a potenciales asesinos. Por ejemplo, hay casos perfectamente documentados en los que el perfil de un asesino y de un psicópata social comienza a manifestarse con acciones de maltrato animal.

Afortunadamente, y aquí hago un reconocimiento especial a todas las redes sociales que nos han podido alertar con mayor frecuencia de casos de maltrato animal, tanto de individuos aislados como de consorcios y tiendas de mascotas, que incurren en este inaceptable maltrato.

La exposición pública permite en cierta medida inhibir estas conductas. Sin embargo no contamos con la definición de penas y sanciones que debieran establecerse en este marco general que estamos reformando. Ésa será una de nuestras próximas tareas. No obstante estamos dando un primer paso al mandatar una creación de una norma oficial mexicana.

Porque el maltrato y la crueldad animal no puede ser parte de nuestra cultura, como tal debemos de erradicarlo. Lo que debemos fomentar y hacer parte de nuestra conducta y cultura es el respeto y el trato digno hacia los animales, en todas circunstancias. Sin duda hemos dado un primer paso en esta reforma.

Amigas diputadas y amigos diputados, muy probablemente en ese momento toda persona que esté maltratando a un animal seguramente lo estará haciendo con un ser humano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el respeto a la vida ha sido parte fundamental de los principios de Acción Nacional, ésta no es exclusiva del ser humano, es inherente a todo ser viviente y esto implica también un compromiso para generar condiciones de bienestar.

Nuestro entorno natural comprende también la flora y la fauna, con su gran diversidad. Éste país, nuestro querido México, está catalogado a nivel internacional como megadiverso, como esos países que hay que reconocer por el valor que tiene su flora y su fauna. Nosotros como mexicanos tenemos que iniciar dándole ese valor a esa biodiversidad con la que contamos.

En la evolución de la especie humana hemos cohabitado con los animales y hemos establecido una relación compleja que nos ha permitido sobrevivir a ambas especies, ya que ellos nos han proporcionado alimento, transporte y compañía, sobre todo eso. Varios de nosotros seguramente tendremos y contaremos con alguna mascota que nos puede brindar momentos agradables. Pero también en nuestras ciudades varios de los ayuntamientos tienen que convivir y atender el control y protección animal. Por eso es nuestra responsabilidad lograr que la sociedad mexicana respete a los animales.

Ya hemos empezado con la normatividad al respecto, y coincido con la diputada Merilyn en que efectivamente hay mucho todavía por hacer, pero se han empezado a dar algunos pasos: la Ley General del Equilibrio Ecológico, así como la Ley General de Vida Silvestre reconocen que debemos proteger la biodiversidad, que comprende la fauna silvestre, y también hablan de que debemos fomentar un trato digno y respetuoso hacia las especies animales evitando la crueldad.

Sin embargo, se mencionaban estos conceptos, pero no se habían definido. Hasta este momento se está definiendo el concepto de crueldad y maltrato, y sabemos que esa ausencia se prestaba a que varios de los dueños o propietarios de esos animales, varios explotadores usaran, tanto comercialmente como de manera recreativa a los animales y aprovecharan esas ausencias de definición para que no existiera ninguna sanción al respecto.

Nos parece fundamental el que se puedan contar con definiciones, porque a partir de ello la Profepa podrá tomar cartas en el asunto. Definir lo que no se debe hacer con los animales fue el primer paso. Ahora, con esta propuesta para establecer un trato digno, así como respetuoso hacia ellos damos un segundo paso. Este paso nos indica qué debemos y podemos hacer para generarles mejores condiciones de vida.

Además iniciativas como ésta, que presentó la senadora Silvia Garza, estoy convencida que impulsan no solamente el trato digno a los animales, sino impulsa una mayor civilidad en la sociedad. Quien trata mal a un animal seguramente después no le va a ser difícil tratar mal también a un ser humano.

Hechos de crueldad y de trato indigno hacia los animales se presentan con frecuencia en este país. Basta checar las redes sociales, las páginas de Internet o algunos vídeos de Youtube, donde algunos seres —que se dicen seres humanos— se ufanan de cómo han maltratado a los animales.

Profepa informó, en el periodo comprendido entre 2009 y 2011, que el total de denuncias de maltrato animal llegó hasta las 8,154 denuncias. Pero también esta dependencia argumentó que es muy difícil verificar las incidencias de esta naturaleza por la falta de definiciones, de conceptos, de normas que regulen la cultura de respeto a los animales.

Es un problema grave la carencia de legislación que promueva y regule una cultura en la que se considere el deber de toda persona a un trato digno y respetuoso a toda clase de fauna. Una cultura de reconocimiento a la relación del ser humano con los animales, también seres vivos, que sienten y sufren igual que nosotros.

Con esta iniciativa, que define claramente lo que es crueldad y maltrato, así como con la generación de las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso, consideramos que se establecen los principios éticos y morales de lo que es un trato adecuado que busca evitar el dolor, el deterioro físico o el sufrimiento.

Aprobándola, compañeros, damos un paso hacia una mejor humanidad, porque el humano no solo se define por nuestros vínculos sociales, lo verdaderamente humano es el respeto a la dignidad del otro, en este caso los animales.

Concluyo, presidente. Es por ello que en Acción Nacional apoyamos esta noble iniciativa que enriquece y mejora los lazos con nuestro entorno natural, del cual somos codependientes. Es todo, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente el uso de la voz el diputado César Reynaldo Navarro de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado César Reynaldo Navarro de Alba:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el maltrato animal es un tema que se tiene que tratar con especial atención. La explotación animal, la tortura e incluso la muerte del animal es algo que no debemos permitir, pues la existencia de este fenómeno habla muy mal acerca del desarrollo de nuestra sociedad.

El sufrimiento al que son sometidos los animales a causa de las acciones u omisiones de personas, que por diversión, negligencia o ignorancia, constituye un acto que se puede considerar como inhumano, aberrante y contrario a cualquier principio civilizado.

Si bien es cierto el número de denuncias que se han presentado en los últimos años ha tenido una reducción significativa, el problema se encuentra lejos de desaparecer. Esto a pesar de que tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como la Ley General de Vida Silvestre prevén dentro de su cuerpo normativo que se tiene que brindar un trato digno y respetuoso a los animales, lo que obliga a la revisión de ambas normatividades, a fin de que no sean rebasadas.

El dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración señala acertadamente la necesidad de establecer en la legislación los conceptos legales de los términos de crueldad, maltrato y trato digno y respetuoso, con los cuales se establecerá con certeza cuáles hechos y omisiones del ser humano pueden llegar a ser considerados como atentatorias de la dignidad de la fauna silvestre, permitiendo así que estas sean castigadas con severidad.

Bajo este esquema, expresamos nuestra conformidad con la reforma tendiente a establecer como atribución del gobierno federal la expedición de normas oficiales mexicanas en la materia, a través de las cuales se determinarán los principios básicos del trato digno y respetuoso que se tiene que brindar a todas las clases de animales, lo que nos reglamentará las condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y el propio sacrificio de los animales, dando así un paso hacia adelante en la protección de la fauna silvestre.

Las y los mexicanos debemos asumir la responsabilidad de proteger la gran diversidad de especies de animales que se encuentran en el territorio nacional, para lo cual es pertinente la adopción de medidas de control legislativas como las que aquí se han propuesto.

Compañeras y compañeros legisladores, es de vital importancia llevar a cabo acciones que protejan la gran diversidad de la fauna silvestre que se encuentra en México, impulsando un ambiente libre de violencia hacia los animales en el cual se brinde un trato digno y de respeto para todas las especies, porque por esto es que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronunciará a favor del presente dictamen.

Parafraseando al filósofo Peter Singer, podemos afirmar que mientras la crueldad hacia otros seres vivos continúe, se reforzará la idea según la cual los animales no son más que cosas que podemos utilizar a nuestro gusto e incluso sacar provecho de su sufrimiento y a veces hasta para el entretenimiento de las personas. Lo cual nos parece inadmisible. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, informo a la asamblea que ha sido reservado por el diputado Ricardo Monreal el artículo segundo transitorio.

En consecuencia, le ruego a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero saludar la presencia de un grupo de jóvenes ecologistas de Guanajuato, invitados por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Bienvenidos a la sesión.

Asimismo damos la bienvenida a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Monterrey, invitados por el diputado Fernando Larrazábal.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Señor presidente, se emitieron 402 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos no reservados por 402 votos.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal, para presentar su reserva al artículo segundo transitorio del proyecto de decreto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, me he inscrito para proponer una modificación a un artículo, el segundo transitorio, para reducir el plazo a que está obligada la Secretaría para expedir la norma oficial mexicana, reducirlo de 18 a 6 meses.

Todos los que han participado y las que han participado han subrayado el aspecto humanitario de esta reforma para obligar al Estado, a los particulares, a procurar un trato digno a las especies animales.

Me abstuve, no voté en favor. No estoy en contra de esta reforma, por eso mi abstención. Es que no puedo sustraerme a reflexionar e invitar a hacerlo, que hagamos un parangón, un símil de dos instrumentos legislativos que vimos ahora y que contrastan, que ponen en evidencia el odio y la criminalización que se está haciendo de la inconformidad social y el trato digno a los animales.

Se procura eliminar el maltrato; se obliga al trato digno. La ley señala un trato respetuoso a los animales. Y me parece bien. Pero es obviamente distante del trato que pretenden darles a los ciudadanos que expresan inconformidad o reclamo social. Para ellos, para los ciudadanos: arresto, golpes, toletes, maltratos, restricciones de sus derechos y libertades. Para los animales trato digno, trato respetuoso, no maltrato.

La iniciativa que aquí se presentó hace unos minutos —por eso hago el parangón— es paradójica y absurda, porque evidencia los tratos diferenciados que recibirán los animales y que de prosperar intenciones como ésta, recibirán luchadores sociales o inconformes.

Es una actitud provocadora o ignorante presentar este tipo de documentos legislativos. Todos tienen derecho a presentarlos, pero los legisladores tienen la obligación de investigar y de estudiar porque representamos formalmente a la nación.

Para todos aquellos que jubilosos y apresurados suscribieron la iniciativa, les debo decir que quienes lo hacen y lo hicieron presumen de absoluta y profunda ignorancia. Ignorancia jurídica, porque la iniciativa es sobre una Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Es decir, le corresponde a la Asamblea del Distrito Federal legislar en el ámbito local. Esta Cámara legisla para el país, no invade esferas de competencia de los estados y del Distrito Federal...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Monreal, le ruego que estamos discutiendo una reserva de un dictamen...

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Estoy en la reserva, presidente. Por cierto, para todos aquellos adoradores del fascismo encubierto les digo: el fascismo surge con Mussolini, el partido de Mussolini lo abraza porque restringe libertades, restringe derechos, restringe...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le ruego que se apegue al tema que estamos discutiendo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí le acepto la pregunta, con mucho gusto.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado Sotomayor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): Presidente, con la intención de rectificar hechos. La iniciativa que presenté es competente a la Cámara de Diputados, porque como sabemos el Distrito Federal tiene una naturaleza distinta a los estados, y es materia de esta Cámara.

El Presidente diputado José González Morfín: No estamos discutiendo ese tema, con todo respeto, diputado. Pido también al diputado Monreal concluya su intervención, su tiempo se ha agotado, para poder darle trámite a la reserva que presentó.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Presidente, hago un parangón y estoy en tema, porque en esta Cámara se prefiere tratar bien a los animales, procurarles vida digna y criminalizar a los luchadores sociales.

Estoy en tema. Ése es el problema, que aquí en esta Cámara se ignoran derechos, libertades, que además por cierto padece de una gran ignorancia también el que me grita, por una sola razón, porque son instrumentos internacionales.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Monreal, le ruego, el tiempo de su intervención se agotó hace rato, le pido que concluya con su intervención.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Concluyo, presidente. Concluyo porque usted ha sido, a pesar de su partido, un hombre decente. Muchas gracias. Pero no se saldrán con la suya, simplemente es una mera pose demagógica electorera. No pasará, se los aseguro.

«Reserva al artículo segundo transitorio del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre.

Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno, la siguiente reserva al artículo segundo transitorio del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es de llamar la atención que en el segundo artículo transitorio del decreto se establezca que la Secretaría deberá emitir las normas oficiales mexicanas correspondientes en el plazo de 18 meses siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Consideramos que se trata de un plazo considerable que debería ser reducido. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, la siguiente reserva:

Único.Se reforma el artículo segundo transitorio del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Segundo. La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de dieciocho meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Texto del dictamen

Segundo. La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo dedieciocho meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Texto Propuesto

Segundo. La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

México, DF, a 3 de octubre de 2013.— Rúbrica.»

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación planteada por el diputado Monreal.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ricardo Monreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. Se desecha. En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del artículo segundo transitorio en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para que proceda la votación del artículo segundo transitorio.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Se emitieron 378 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el artículo segundo transitorio por 378 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87-Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI, XLVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa el Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

CONMEMORACION DEL NATALICIO DE DON JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 30 de septiembre, conmemoración del natalicio de don José María Morelos y Pavón. Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Antonio García Conejo:Con su permiso, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hace 248 años que germinó una semilla en esta tierra bendita. Si hay un hombre que por derecho propio en la historia merezca estar siempre en este recinto legislativo, sin duda es don José María Morelos.

El 30 de septiembre es un día significativo para las y los mexicanos. Celebramos con honor el natalicio del hombre que escribió nuestra historia con letras de oro. Morelos nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el 30 de septiembre de 1765. De ascendencia criolla mestiza, carpintero, arriero en su infancia, Morelos fue un político, estratega militar y hombre de Estado, legislador y guía de los primeros pueblos de esta nación multicultural y sacerdote que predicó el evangelio con los pobres.

Once años cura de Carácuaro, recorrió los caminos de tierra caliente en múltiples ocasiones. Sin duda, lugares que le sirvieron de inspiración para la lucha independentista. Ahora la nación mexicana no puede comprenderse sin la decisión de un hombre comprometido con las clases sociales marginadas y explotadas por la política colonista de un régimen peninsular en proceso de descomposición.

Fue un hombre que atendió a la desesperación de un pueblo hambriento de justicia ante las desigualdades provocadas por una política depredadora que trasladaba las riquezas generadas por la nación a la metrópoli ciega y ambiciosa.

Renuente a renunciar a la lucha contra una dominación salvaje sobre las culturas del Anáhuac, maya, purépecha, mixteca, zapoteca, y tantas otras civilizaciones originarias, que resistieron al proceso de exterminio basado en la espada y la cruz.

Con Morelos se sientan las bases de un Estado aún inexistente, con su gran programa nacional escrito en Los Sentimientos de la Nación. El texto más importante de nuestra historia, que inspira los más importantes artículos de nuestra Constitución. Dio a luz los principios republicanos y liberales que tantas luchas nos habrían de costar. Y estableció la soberanía del pueblo, como fundamento del gobierno y de la independencia ante otras naciones. Creó las bases principales del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Debemos reconocer que los principios de Morelos aún están lejos de concretarse. Él dijo: Moderar la opulencia y la indigencia. Sin embargo, los gobiernos de la era neoliberal han profundizado la pobreza, el hambre y la violencia, el saqueo y el desempleo.

Un México independiente, con más de 53 millones de pobres y una minoría de multimillonarios entre los más ricos del mundo. México se ubica en el número 14 de mayor desigualdad. Qué vergüenza.

Los exhorto, compañeras diputadas y diputados, a asumir el compromiso de rescatar a nuestra sociedad empobrecida por un modelo político que promueve la opulencia, un modelo que sueña con explotar las riquezas naturales de la nación y aumentando la pobreza ancestral de los pueblos y comunidades originarias.

Tenemos grandes pendientes —termino, presidente—: una reforma política que nos deje satisfechos a todas y a todos, donde estén representadas todas las voces y los rostros de la diversidad, donde los votos y la legitimidad se ganen a buena ley; un marco constitucional que reconozca plenamente la entidad de todas las clases sociales; leyes para fortalecer y ampliar los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas. En sí para proteger y ampliar los derechos humanos de todos los habitantes de esta nación.

Con urgencia requerimos un marco jurídico que nos aleje de la corrupción y se protejan nuestros bienes nacionales, pilares de la soberanía nacional, como el petróleo, la electricidad, los minerales y el agua. Los bienes tangibles e intangibles, que no es otra cosa que proteger la vida de todas y todos los mexicanos de hoy y del futuro.

Cuánta deuda tenemos aún con Morelos, tan sabio y tan relumbrante,  al rechazar el título de Alteza Serenísima por el sencillo apelativo de Siervo de la Nación. Cuánta desnaturalización de su lucha.

Nosotros seamos los artesanos honrados de la construcción de un verdadero Estado social de derechos, derechos que se toquen con las manos y un Estado que provea bienestar a cada persona, salud, vivienda, educación y alimentación para sus hijos.

No hay potencialidades productivas en el futuro sin cubrir estas necesidades torales. No esperemos el destino, construyamos el destino. No perdamos la esperanza por lograr en el futuro un México de igualdades, y respetuoso de las diversidades, porque aún están vivos Los Sentimientos de la Nación. Cuánta falta nos haces Morelos. Cuánto nos hemos alejado de ti. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Isidro Moreno Árcega:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de las señoras diputadas y de los señores diputados de esta honorable Cámara. Hoy, ante esta tribuna, recordamos a don José María Morelos y Pavón, prócer de la patria y visionario de México.

A 248 años de su nacimiento, que fue el 30 de septiembre de 1765, nace en Valladolid, hoy Morelia, estado de Michoacán, José María Morelos y Pavón, hijo de José Manuel Morelos y de Juana María Pérez Pavón.

En su infancia trabajó como arriero y peón de campo. En 1790 ingresó al Colegio de San Nicolás, en Valladolid. Cinco años después en la Ciudad de México recibió el grado de bachiller en artes y, posteriormente, continuó su educación religiosa hasta 1797.

En el año de 1810 fue designado cura de Carácuaro y permaneció hasta ocurrir la insurrección iniciada por Miguel Hidalgo. Y fue comisionado por él mismo, el 20 de octubre de 1810, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar el puerto de Acapulco, considerado estratégico para las comunicaciones de la Nueva España.

Desde 1811 y hasta el inicio de su declive militar en 1814, Morelos, ayudado por sus lugartenientes, logró conquistar la mayor parte del sur del país y parte del centro. En la región del estado actual de Morelos, donde se desarrolló entre el 9 de febrero y 2 de mayo de 1812, su acción militar más famosa: el sitio de Cuautla.

Para reafirmar la presencia de las fuerzas insurgentes Morelos fraccionó su ejército en tres cuerpos estratégicos: el de Hermenegildo Galeana, el de Miguel Bravo y el suyo propio, con la ayuda del cura Mariano Matamoros. A convocatoria de Morelos, el 13 de septiembre de 1813, el Congreso se reunió en Chilpancingo y al día siguiente Morelos expuso el documento denominado Sentimientos de la Nación.

A 200 años de este documento en el que expresó sus ideas sobre los principios de libertad y de igualdad, que deberían regir al Estado, el Congreso nombró a Morelos capitán general de los ejércitos patriotas y le confirió el tratamiento de alteza serenísima, al cual el caudillo declinó y contestó: Yo solo soy siervo de la nación. Y el 5 de noviembre de 1815, el siervo de la nación fue apresado por el teniente coronel Manuel de la Concha. Fue trasladado a la cárcel secreta de la Santa Inquisición en la Ciudad de México, donde enfrentó los tribunales civiles y militares, así como a las autoridades religiosas.

El 21 de diciembre de 1815 fue notificada su sentencia de muerte. Y al día siguiente, 22 de diciembre de ese mismo año, José María Morelos y Pavón fue fusilado a las afueras de San Cristóbal, a las afueras de la ciudad, hoy el gran municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México. Decía Morelos que morir es nada, cuando por la patria se muere.

Es por ello que en este Congreso rasguemos el pensamiento del prócer Morelos. Retomemos los ideales plasmados en las reformas que hemos hecho a la Constitución y que han sido en lo laboral, en telecomunicaciones y, particularmente, en la educativa. Y por ello cito, como escribió Morelos en Los Sentimientos de la Nación: Que se eduque al hijo del labrador y del barrendero, como al más rico hacendado. Sea por ello, que ronde hoy en este Congreso el espíritu y pensamiento de Morelos. Que sea la guía de una mejor educación, la calidad para el pueblo México.

Es por eso que en resumen y es por eso que digo: que retumbe en cada uno de los rincones de este Palacio Legislativo, como en las Legislaturas de los estados, la frase que a las puertas de este recinto se encuentran plasmadas, y cito: Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y a patriotismo, modere la opulencia y la indigencia y de tal suerte, se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, alejen la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y sea éste el pensamiento que influyó en las Leyes de Reforma, en la Revolución Mexicana. Sea hoy nuestro ideal el pensamiento de Morelos en cada uno de los individuos de la República.

Es por eso que nosotros legisladores hacemos la buena ley a favor siempre de la República y del pueblo de México. Y como José María Morelos y Pavón decía que era siervo de la nación, hoy decimos: siervo de la patria, siervo de México. Y que sea en esa corresponsabilidad de pensamiento liberal y progresista. Vayamos cada uno de nosotros legisladores a nuestros distritos, a nuestros municipios y a nuestros estados, a ser –como dijo Morelos– siervos de la nación. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada María Celia Urciel Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

La diputada María Celia Urciel Castañeda:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, hoy estamos aquí para celebrar y honrar el nacimiento y la memoria de uno de los grandes héroes de la Independencia nacional. Un prócer, que junto con otros héroes de la Independencia le dieron a México su libertad y su identidad, así como su dignidad como nación soberana en América. Su nombre, José María Morelos y Pavón.

José María Morelos y Pavón nace en Valladolid, Morelia, el 30 de septiembre de 1765 y muere en San Cristóbal Ecatepec en 1815.

Religioso, político y militar mexicano, precursor de la Independencia de México, asumió el liderazgo del Movimiento de Independencia tras la muerte en 1811 del cura Hidalgo, a cuya causa se había unido en 1810.

Logró importantes victorias en el sur. Trató además de dar forma política a sus ideales de justicia e igualdad a través del Congreso de Chilpancingo en 1813. Que formuló la Declaración de Independencia, otorgó a Morelos un amplio poder ejecutivo y puso las bases para una Constitución liberal y democrática, que sería aprobada en 1814.

José María Morelos era hijo de Manuel Morelos, de oficio carpintero, de ascendencia india, y de Juana Pérez Pavón, criolla, cuyo padre había sido maestro de escuela en la ciudad durante 14 años. Además de las primeras letras que le enseñó su madre, solo se sabe que ayudó en lo que pudo a su familia.

La muerte del padre en 1795 significó un importante cambio a la custodia de su tío Felipe Morelos. Se trasladó a una hacienda cerca de Apatzingán, Michoacán, y se dedicó primero a la labranza y poco después a conducir como arriero a una recua de mulas que su tío empleaba para transportar los ricos cargamentos de mercancías entre el puerto de Acapulco, terminal de los galeones de Manila y la Ciudad de México. Esta actividad le proporcionó unos ingresos regulares, que el joven Morelos invertía en comprar mulas y sostener a su madre y hermana.

Así vivió hasta cumplir 25 años y en 1790, ante la insistencia de su madre que deseaba su ingreso en la carrera eclesiástica, con la ilusión de que cediese a una capellanía que le había dejado su abuelo materno, se separó de su tío Felipe y regresó a Valladolid para ingresar en el Colegio de San Nicolás.

Ahí tuvo ocasión de conocer al rector Miguel Hidalgo y Costilla, con el que coincidió durante dos años. Estudió gramática y latín y dos años más tarde amplió estos estudios en el seminario tridentino de la misma ciudad, recibiendo instrucción en retórica y filosofía.

El 28 de abril de 1795 recibió el título de bachiller de Artes de la Ciudad de México. Poco después solicitó de la jerarquía eclesiástica de Valladolid que se le confiriese la tonsura clerical y los cuatro órdenes menores y el subdiaconato, lo que consiguió a finales de ese mismo año, en abril de 1796.

Aceptó una oferta del cura de Uruapan para enseñar gramática y retórica a los niños del lugar. Tras de recibir la licencia correspondiente, en algunos años de ejercicio, el 20 de diciembre de 1797, cumplidos los 32 años de edad, fue promovido al sacerdocio, otorgándosele licencia para celebrar misas, oír confesiones y predicar en Uruapan y curatos vecinos.

Así inició una larga carrera sacerdotal que le llevó a ejercer de cura, párroco primero, a un marginado distrito de Churumuco, etapa durante la cual falleció su madre, en Patzcuaro. Morelos permaneció en Churumuco durante poco más de un año, hasta marzo de 1799. Se le transfirió a la parroquia de Carácuaro, a unos 50 kilómetros de distancia, tan pobre como la anterior pero mucho más poblada.

En Carácuaro vivió Morelos toda una década administrando la parroquia y viviendo de las aportaciones de sus feligreses, que se resistían por todos los medios al pago de los impuestos eclesiales.

Al estallar la guerra de Independencia, en el campo insurgente resultaba indispensable establecer un cuerpo dirigente que tomara medidas urgentes de gobierno, asegurara la coordinación de las acciones y garantizara la unidad y la permanencia del movimiento.

Por iniciativa de Morelos, el 15 de septiembre de 1813 se reunió en la ciudad de Chilpancingo el Congreso de los representantes de las regiones liberadas. Como era inevitable, sus delegados eran todos letrados, eclesiásticos o abogados del grupo que acompañaba a Morelos o la Junta de Zitácuaro. Desde sus inicios el Congreso quedo así dominado por la clase media.

El 6 de noviembre el Congreso de Chilpancingo proclamó formalmente la Independencia de México, rechazó la monarquía y estableció la República. De inmediato se dedicó a discutir la Constitución apropiada para la nueva nación.

El 22 de octubre del siguiente año, en la pequeña ciudad de Apatzingán, era proclamada la primera Constitución de la nación mexicana en el Congreso de Chilpancingo. Se perfila claramente el sello de la concepción liberal.

Al igual que las Cortes de Cádiz, tomó como modelo la Asamblea francesa. Quizá Morelos deseaba restringirse a tomar medidas urgentes de gobierno, y providencias para la marcha futura del movimiento. Efectivamente, el Congreso se apresuró a tomar y a ordenar las medidas para constituir un gobierno que reemplazara a la Junta de Zitácuaro.

Nombrando a Morelos encargado del Poder Ejecutivo, sancionó algunas medidas tomadas que correspondían a una demanda popular: abolición de la esclavitud y de las distinciones de castas, abrogación del impuesto per cápita sobre los indios. Pero no se detuvo ahí, se aprestó también a construir desde sus orígenes a la nación.

Este significado de la reunión deliberante no concordaba con las ideas antes imperantes. No se trataba ya de una junta de ayuntamientos u otras corporaciones destinadas a guardar la soberanía y a gobernar el reino basado en leyes antiguas fundamentales, sino de un cónclave de ciudadanos representantes del pueblo, facultados para construir un nuevo Estado.

Compañeras diputadas y diputados, el legado de Morelos hoy sigue más vivo y vigente que nunca. Nosotros como representantes de la nación debemos honrar su memoria al legislar y representar a los mexicanos y mexicanas con patriotismo, honestidad, sensibilidad social y política y velando siempre por el interés supremo de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra el diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañeras y compañeros diputados, las efemérides, las fechas conmemorativas no deben ser solamente ocasión para hacer un repaso biográfico a la vida de ciertos héroes o a la conmemoración o celebración de ciertos acontecimientos, deben ser sobre todo la ocasión para cotejar el ideal y la vida del prócer con la realidad presente.

Solamente se honra a los héroes cuando se acredita con hechos su legado. Lo demás es simplemente remembranza, como una mera alocución, pero no es honrar en los hechos su legado.

Por eso se ha dicho que la historia del mundo no es sino la biografía de los grandes hombres. Y no se puede entender la Independencia nacional sin la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero y de todos los liberales que lucharon por darnos patria e identidad. Pero mal se honra a los héroes cuando no se logran sus propósitos.

Y precisamente el Congreso de Anáhuac hace 200 años, a iniciativa del Siervo de la Nación, pronunció un documento memorable para honrar los trabajos de este cuerpo legislativo: Los Sentimientos de la Nación.

Sin embargo y desafortunadamente, estos Sentimientos de la Nación, que llevaban el impulso de José María Morelos y Pavón se han convertido, a 200 años, en los sentimientos de la traición. La traición, porque en solo dos postulados podemos contrastar lo que decía Morelos con lo que hoy pasa en nuestro país.

Decía como postulado en Los Sentimientos de la Nación, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, que moderen la opulencia y la indigencia. De tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Decía también este documento: La patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme al gobierno abatiendo al tirano.

Por eso, compañeras y compañeros, decimos que no se puede honrar a Morelos con 53 millones de pobres. No se puede honrar la buena ley, cuando el cuerpo parlamentario emite normas para agredir a grupos sociales. Cuando lejos de buscar reformar su educación, se limita la enseñanza. Cuando se limita la libertad de pensamiento y la libertad de manifestación.

Para quienes hoy endurecen el discurso, seguramente Hidalgo, seguramente Morelos, seguramente Guerrero debían ser juzgados como revoltosos, como incendiarios, como rebeldes, que había que meter en orden y regular su comportamiento. Por eso se ha dicho que la historia se repite con diferentes personajes, pero con los mismos libretos y las mismas circunstancias.

Morelos fue un reformador y fue un rebelde y no cabría en el actual modelo autoritario y represivo, que criminaliza las causas sociales como las que él defendía en Los Sentimientos de la Nación.

En Movimiento Ciudadano honramos a Morelos, el hombre. Pero honramos sobre todo su legado y sus postulados.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 15:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 8 de octubre de 2013, a las 11 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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