Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se informa la Presidencia que existen registrados previamente 264 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:16 horas). Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 24 de septiembre de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De diputados

En relación a retiro de iniciativas con proyecto de decreto y de proposición con punto de acuerdo.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Con el que remite los informes finales de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 de 137 programas federales de desarrollo social, que fueron coordinadas por el consejo.

Del Congreso del Estado de Quintana Roo

Acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se contemple una partida presupuestal para dar cumplimiento en el estado, al acuerdo 384 relativo al mapa curricular para la educación telesecundaria.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en materia de desaparición forzada.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación del programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por los que se exhorta a los Congresos Locales, a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

De la Cámara de Senadores

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar la eliminación de la regla restrictiva contenida en el artículo 16, apartado A, fracción III, y la obtención de los estímulos fiscales respecto al diesel para uso agrícola en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, presentada por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que se consideren, propongan y en su caso se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, los recursos suficientes para ampliar la cobertura en la atención integral de los alumnos con capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes del sistema educativo nacional.

Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se consideren los recursos necesarios para que sean incluidos 23 municipios de la frontera sur en el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados a aumentar el monto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, destinado a fortalecer a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, operados por las organizaciones de la sociedad civil, presentada por las senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastelum Bajo, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se consideren y destinen mayores recursos para la Secretaría de Turismo, presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios a la función salud, como proporción del producto interno bruto; a los servicios de salud dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, cubiertos por el Sistema de Protección Social en Salud, presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a asignar a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10% del monto total de la recaudación esperada para 2014 por impuesto especial sobre producción y servicios en el concepto de tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo, presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, otorgue un mayor monto de recursos económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a programas de infraestructura para el estado de Baja California Sur, presentada por el Senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados que, como parte del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se considere la asignación de recursos para el proyecto de restauración y desarrollo integral del municipio de Maní, Yucatán, presentada por los senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, incremente en términos reales los recursos asignados al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y al Programa Presupuestario de la Mujer en el Sector Agrario, presentado por las senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos al 23 de septiembre, Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y el inciso c) del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Desarrollo Social, con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción IX al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Derechos Humanos, con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Economía, con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XI al artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de Decreto que adiciona las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

De la Comisión de Derechos Humanos, con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafos al artículo 10 y reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Transportes, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, y de la Ley de Aeropuertos.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Gobernación, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas.

De la Comisión de Juventud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8, fracción I, incisos a) y g) de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 1 y adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Economía, con Puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1 y adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica.

De la Comisión de Gobernación, con Puntos de acuerdo por los que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Iniciativas

Que reforma el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo y suscrita por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15, 24 y 25 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 9-A a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores y suscrita por el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación y reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y deroga los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o., 59 Ter y 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 111 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 57 y 58 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Decreto, para que el salón de protocolo del edificio “A” del Palacio Legislativo de San Lázaro reciba el nombre de “Mártires del 2 enero de 1946 por el Municipio Libre”, y para que el 2 de enero de cada año sea declarado “Día Nacional del Municipio”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 53 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 9°, 73 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 221-B a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 554 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 64 de la Ley General de Salud y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y reforma el artículo 73 de la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 134 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 63 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y 16 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 19 de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109, 168 y 191 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo y suscrita por los diputados Alfredo Rivadeneyra Hernández y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 Bis 3 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12, 17, y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 215-A, 215-B y 215-C y se adiciona un artículo 215-A Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° y 7° de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez y suscrita por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Decreto emergente de Austeridad Republicana, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 127 Bis, 127 Ter y 127 Quáter a la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3º y 5º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9°, 15 y 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega y suscrita por el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11 y 14-A de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 8° de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesus Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los artículos 9° y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41, 77 y 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Porras Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55, 82, 91 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 38 y 59 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, para que emita la declaratoria de desastre, y a las dependencias federales, para que adopten medidas tendientes para apoyar a la población de los estados de Guerrero y Michoacán, afectados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que haga públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR, en cada uno de los estados del país y del Distrito Federal; así mismo, se exhorta a la ASF, inicie las auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto de ISR correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores y/o presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEGOB, de la SCT y de la SHCP, para que en la glosa del Primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que fortalezca el comercio y el consumo de los productos citrícolas mexicanos, a cargo de la diputada Rosalba de la Cruz Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se realice una auditoría técnica y administrativa al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, suscrita por los diputados José Guillermo Anaya Llamas y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México para que promueva ante la Concesionaria Mexiquense SA de CV, empresa del Grupo OHL, la instalación de infraestructura sanitaria en los tramos carreteros que forman el Circuito Exterior Mexiquense, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Conapesca, a fin de establecer aranceles competitivos sobre especies de mariscos vivos exportados a China, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, en relación al proceso de licitación, planeación, diseño y construcción, así como a la ASF, para que realice una auditoría a Capufe, derivado de las irregularidades sobre la administración y operación de la “Autopista del Sol”, por las deficiencias de la misma a causa de los recientes fenómenos meteorológicos, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al presunto desvío de recursos federales y el indebido trazo de la obra “Túnel Ferroviario”, en Manzanillo, estado de Colima, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se haga un reconocimiento público a la Universidad Autónoma de Nuevo León, con motivo de la celebración de su 80 aniversario, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía, extiende su reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, a la Armada de México y a la Policía Federal, así como a diversas aerolíneas comerciales, por su participación en el puente aéreo que conectó al puerto de Acapulco con el resto del país, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se intensifiquen las labores de rehabilitación de las instalaciones del Museo Regional de Guerrero, a cargo de la diputada Flor de Maria Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la especificación de los programas relacionados con las y los migrantes para el año 2014, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Órgano de Fiscalización del estado de Tabasco y a la ASF, para que investiguen la compra y distribución de medicamentos caducos por parte de la Secretaría de Salud de Tabasco, durante la administración del C. Andres Granier Melo, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para declarar como zonas de desastre natural y de emergencia a diversos municipios del estado de Oaxaca y les sea aplicado el recurso público del Fonden, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifique las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mismas, suscrito por diputadas integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se emita la declaratoria de desastre natural correspondiente, en diversos municipios del estado de Oaxaca y se realicen acciones a fin de enfrentar la situación provocada por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que les reconozca sus derechos a los ex braceros que laboraron en los Estados Unidos de América, en el periodo de 1940-1964, en los términos de la Ley que creó el Fideicomiso 2106, hoy 10230, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que atiendan la obstrucción de la correcta administración pública en diversos municipios del estado de Guerrero, derivado de las amenazas a las instituciones públicas por parte de grupos del crimen organizado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de septiembre de dos mil trece, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del jueves diecinueve de septiembre de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura del Orden del Día y al Acta de la Sesión anterior, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde su curul la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de mil novecientos ochenta y cinco y de los recientes fenómenos meteorológicos. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes en el Grupo de Amistad México-Italia. De enterado. Comuníquese.

b) De la Secretaría de Gobernación con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Relativo a la cancelación del registro de Endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Para que se evalúen los permisos otorgados para la siembra de maíz transgénico a empresas transnacionales. Se remite al promovente, para su conocimiento.

Desde su curul la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, informa que su grupo parlamentario enviará una propuesta de emergencia nacional educativa en relación a los daños causados a las escuelas por los fenómenos hidrológicos recientes. El Presidente hace aclaraciones.

c) De la diputada Lazara Nelly González Aguilar, del Partido Acción Nacional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades como diputada federal electa en el Segunda Circunscripción Plurinominal, a partir del veintiséis de septiembre del presenta año. En votación económica se aprueba.

Desde su curul la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, realiza observaciones respecto a la alarma sísmica de la Cámara de Diputados. El Presidente hace aclaraciones.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

La Presidencia de la Mesa Directiva solicita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto del diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Puntos Constitucionales, que reforma el inciso e) y adiciona el inciso o) de la fracción cuarta del artículo ciento dieciséis; y se reforma el artículo ciento veintidós, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; y Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con quince minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y siete diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general y en lo particular, e intervienen en pro los diputados Uriel Flores Aguayo, y Fernando Belaunzarán Méndez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. No habiendo más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos trece votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona el inciso o) de la fracción cuarta del artículo ciento dieciséis; y se reforma el artículo ciento veintidós, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. Pasa a las Legislaturas de los Estados para los efectos del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

b) Juventud, que adiciona la fracción décimo sexta, recorriéndose la actual a décimo séptima, del artículo cuatro; y el inciso c) fracción segunda del artículo ocho de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado José Luis Oliveros Usabiaga. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática; Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional; y Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos once votos, se aprueba en lo general y en lo particular el citado proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

c) Radio y Televisión, que reforma la fracción segunda del artículo cinco de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Federico José González Luna Bueno. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; y Blanca María Villaseñor Gudiño, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general, no habiendo oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos diecinueve votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo cinco de la Ley Federal de Radio y Televisión. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

d) Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley General de Educación, en materia de apoyos económicos para jóvenes que cursan formación para el trabajo. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Mónica García de la Fuente. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; y Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Se somete a discusión en lo general y en lo particular, no habiendo oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y un votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley General de Educación, en materia de apoyos económicos para jóvenes que cursan formación para el trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; y Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen.

• Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y noventa y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos diecisiete, dieciocho, y ochenta de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el primer párrafo y se adiciona el segundo párrafo del artículo tercero de la Ley de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ricardo Villarreal García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y uno, setenta y siete, setenta y ocho, y ochenta y tres de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Blas Ramón Rubio Lara y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos séptimo, doce, y cuarenta y siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Irma Elizondo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a los gobernadores de las entidades federativas, y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a fin de reforzar las acciones encaminadas a promover la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a cumplir con las propuestas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación a los agravios en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veinticuatro de septiembre de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con tres minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

CAMBIOS EN COMISIONES ESPECIALES Y GRUPOS DE AMISTAD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-Costa Rica.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De enterado. Comuníquense.

RETIRO DE INICIATIVAS Y PROPOSICION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente y por mi propio derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, segundo párrafo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para hacer efectivo mi derecho del retiro de la iniciativa por la que se adiciona el artículo 141 Bis del Código Penal Federal, presentada por el suscrito.

Atentamente

México, DF, a 18 de septiembre de 2013.— Diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto le solicito, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, suscrita por un servidor el 12 de marzo del presente, se retire definitivamente y sea devuelto el expediente respectivo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 19 de septiembre de 2013.— Diputado Abel Guerra Garza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y, haciendo uso de mi derecho establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que dicte instrucciones a fin de que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el 29 de abril de 2013, propuesta por su servidor, sea retirada de la Comisión de Salud.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 19 de septiembre de 2013.— Diputado Isaías Cortés Berumen (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito, diputado Javier López Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita a usted que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 3o. de la de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el suscrito ante el pleno de la Comisión Permanente el 12 de junio de 2013, la que fue turnada a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.

Sin otro particular por el momento, le hago llegar un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.— Diputado Javier López Zavala (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto le solicito con fundamento en el artículo 79, numeral 2, que la siguiente proposición se retire definitivamente:

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la liquidación de las afectaciones realizadas a terceros en el área contractual Pánuco, provocadas por Pemex y las empresas subcontratadas por Pemex Exploración y Producción, a cargo de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, turnado a la Comisión de Energía el 18 de septiembre de 2013.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2013.— Diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se hace del conocimiento de esta asamblea que esta Presidencia modifica el turno dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, presentada por el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del PRI, para quedar como sigue: túrnese a la Comisión de Marina, para dictamen.

PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.— Secretaría Ejecutiva.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y 78 de la Ley General de Desarrollo Social, así como en cumplimiento del numeral 27 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2012 y el numeral 32 del PAE de 2013, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coordinó la Evaluación Específica de Desempeño (EED) 2012-2013 de 137 programas federales de desarrollo social.

La EED 2012-2013 muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en el ejercicio fiscal 2012 con base en una valoración sintética de la información pública entregada por las unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las dependencias o entidades a través del Módulo de Información para la Evaluación Específica de Desempeño (MEED).

Los temas que se valoran en la EED son los resultados de los programas, el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, cambios en el presupuesto y en la cobertura en 2007-2012, análisis de indicadores de resultados y de gestión, así como la identificación de fortalezas y la formulación de recomendaciones.

En este sentido, me permito enviarle los informes finales de las EED 2012-2013 de 137 programas federales de desarrollo social, que fueron coordinadas por el Coneval, esperando que sean de utilidad para las importantes funciones que usted desempeña.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Distrito Federal, a 18 de septiembre 2013.— Doctor Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión extraordinaria celebrada con fecha 13 de agosto del año en curso, la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, asume el compromiso de legislar en materia de desaparición forzada, tipificando el delito de desaparición forzada como un delito autónomo y para ello se compromete a observar las directrices contenidas en el informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, así como que el tipo penal que se expida, guarde armonía con los estándares internacionales en la materia.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo tanto a la Cámara de Senadores, como a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Lo que comunico a Usted para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, agosto 13 de 2013.— Diputada Marilyn Rodríguez Marrufo (rúbrica), Presidenta; Diputada Alondra Maribel Herrera Pavón (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Honorable pleno legislativo

Los suscritos diputados, integrantes de la Comisión de Justicia de esta XIII Legislatura del Estado, con fundamento en los artículos 33 párrafo primero, 34, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por lo dispuesto por los artículos 3, 46, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente documento legislativo, bajo los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de abril del presente año 2013, fue leído ante el Pleno Legislativo de esta XIII Legislatura el acuerdo remitido por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual en su punto segundo exhorta a las Legislaturas de los Estados de la Federación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que, en uso de sus facultades constitucionales, legislen y tipifiquen el delito de desaparición forzada como un delito autónomo, de conformidad con las directrices contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, en fecha 21 de mayo de 2013, en sesión ordinaria del pleno legislativo de esta XIII Legislatura del estado, se dio lectura al acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana, para que emprendan las medidas legislativas conducentes para tipificar en su legislación, en los casos en los que no lo hayan hecho, el delito de desaparición forzada de personas y para que, en aquellos estados en donde el delito se prevé, realicen, en su caso, adecuaciones con el objeto de que el tipo penal correspondiente guarde armonía con los estándares internacionales en la materia.

En ese tenor y de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, esta Comisión de Justicia es competente para conocer de los asuntos antes citados, y toda vez que ambos acuerdos refieren a la tipificación del delito de desaparición forzada por parte de las entidades federativas, nos permitimos solventarlos en un mismo documento legislativo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Del estudio y análisis de los acuerdos de origen, se advierte que se fundamentan en el hecho de que recientemente fue reformada nuestra Constitución Federal para colocar como tema central de todo engranaje estatal, los Derechos Humanos.

Esta reforma, considerada por muchos como una de las más importantes desde la promulgación de la Constitución de 1917, vino a inaugurar una nueva etapa en el país.

México ha demostrado su compromiso de respetar, proteger, promover y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Así lo reflejan, entre otras acciones, la reforma constitucional en comento, los criterios de nuestro máximo tribunal en lo que hace al control de convencionalidad, la expedición de la Ley General de Víctimas y el cumplimiento progresivo de las observaciones, recomendaciones o sentencias de organismos internacionales.

En este tenor, es importante señalar que dentro de estas recomendaciones internacionales, se encuentra la número 86 establecida en el Informe de Misión a México, del Grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, la cual establece que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en todos los Código Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una Ley General sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.

Ciertamente, la desaparición forzada de personas es una realidad que nos lastima. Familias enteras sufren por desconocer el paradero de sus seres queridos. Madres, padres, hijos e hijas, hermanos, hermanas, amigos y amigas, viven con incertidumbre por la ausencia de hombres y mujeres que un día desaparecieron. Además, a ese sufrimiento hay que sumar que las familias deben enfrentar problemas civiles, laborales, administrativos y penales.

La problemática en comet1to reviste la mayor importancia, porque la persona desaparecida carece de un status jurídico que impide considerarle, para ciertos trámites y acciones legales, como viva o, en su caso, muerta y, por tanto, en lo que hace al ejercicio de sus derechos podrían hacer sus familiares legítimamente habilitados (por ejemplo pensión alimenticia, indemnizaciones o ser beneficiarios de ciertos derechos), los mismos que se encuentran imposibilitados jurídicamente para ejercer acción alguna.

Ante esto, no podemos dejar a un lado el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación del daño.

Es de señalarse, que en fechas recientes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se reunieron con miembros de la sociedad civil organizada, quienes buscan unir esfuerzos para coadyuvar en la búsqueda de sus desaparecidos.

La víctimas de desaparecidos expresaron el calvario que han vivido, no sólo por el dolor que les imprime la desgracia que los aqueja, sino por la tramitología y burocracia de las dependencias públicas, cuya respuesta ha sido invariablemente promesas incumplidas, apatía, desinterés, incredulidad y omisión.

El respeto de los derechos humanos debe ser el centro de toda decisión gubernamental, es decir, un marco jurídico armonizado con normas que respondan a parámetros internacionales, como base fundamental para avanzar en la construcción de un sistema de protección efectivo de los derechos humanos.

Por ello, el compromiso como legisladoras y legisladores, federales y estatales, es dotar a ese sistema de normas que definan con claridad qué conductas violentan derechos y cuáles han de ser las sanciones que les correspondan para que se inhiba su comisión.

En este sentido es que los acuerdos de referencia proponen exhortar a las entidades federativas del país que no han legislado sobre desaparición forzada, para que lo hagan y para que, aquellas que ya lo han hecho, realicen, en su caso, adecuaciones para que dicha tipificación se apegue a los parámetros internacionales en la materia.

Es importante destacar que en este tema México tiene ya una sentencia, la correspondiente al caso Radilla, en la que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró culpable a México, entre otras cosas, por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y al efecto dispuso que:

El estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la propia sentencia.

En suma, es de señalarse que a la redacción de la presente proposición, los gobiernos de los estados de Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no han legislado en materia de desaparición forzada.

Asimismo, existen entidades federativas que ya cuentan con un tipo penal, el cual, en su caso, deben adecuarlo a los parámetros internacionales, toda vez que de un análisis de derecho comparado se desprende que alguna entidades federativas en las que se prevé el delito de desaparición forzada incurren, considerando el derecho internacional de los derechos humanos, en una distorsión de la figura, al incluir en sus tipos penales elementos ajenos al mismo, como es el caso del estado de Oaxaca.

En este orden de ideas, es de señalarse que, por ejemplo, Aguascalientes, a pesar de que prevé la figura, ésta se circunscribe estrictamente a los servidores públicos, cuando en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que puede ser cometido el delito por particulares bajo el auspicio, connivencia u omisión manifiesta de actuar de parte del Estado.

De lo anterior, y en virtud de que nuestra entidad se encuentra dentro de las que no han legislado en materia de desaparición forzada, es importante señalar que Quintana Roo, asume el compromiso de legislar en la materia, y para ello se compromete a observar las directrices contenidas en el informe de Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, así como que el tipo penal que se expida guarde armonía con los estándares internacionales en la materia.

En consecuencia y en atención a todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia, se permite proponer a este honorable Cuerpo Deliberativo, los siguientes puntos de:

Acuerdo

Primero. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, asume el compromiso de legislar en materia de desaparición forzada, tipificando el delito de desaparición forzada como un delito autónomo y para ello se compromete a observar las directrices contenidas en el informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, así como que el tipo penal que se expida, guarde armonía con los estándares internacionales en la materia.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo tanto a la Cámara de Senadores, como a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Sala de comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo.

En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los seis días del mes de agosto del año dos mil trece.— La Comisión de Justicia, diputados: Patricia Sánchez Carrillo, Luis Alfonso Torres Llanes, Demetrio Celaya Cotero, Santiago Alberto Chávez, Ena Miriam Gamboa Vela (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

PROGRAMA DIPUTADA AMIGA, DIPUTADO AMIGO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión extraordinaria celebrada con fecha 13 de agosto del año en curso, la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La honorable XIII Legislatura del estado de Quintana Roo, se adhiere al acuerdo enviado por el honorable Congreso de la Unión Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, Congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado “diputada amiga, diputado amigo” de manera permanente durante la LXII legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

Segundo. Se instruye al director de Control del Proceso Legislativo para que una vez instalada la nueva legislatura, notifique el presente acuerdo a los diputados integrantes de la misma, ello con la finalidad de que quien así lo desee, participe en el Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la honorable legislatura solicitante, para conocimiento y efectos legales correspondientes.

Cuarto. Una vez cumplimentado lo establecido en el segundo punto de acuerdo del presente; téngase como asunto totalmente concluido y archívese.

Lo que comunico a usted para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, agosto 13 de 2013.— Licenciada Marilyn Rodríguez Marrufo (rúbrica), Presidenta; Licenciada Alondra Maribel Herrera Pavón (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Honorable pleno legislativo

Los suscritos diputados integrantes de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la honorable XIII Legislatura Constitucional de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, párrafo primero, 34, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como por lo dispuesto en los artículos 3o., 46, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo de Quintana Roo, nos permitimos emitir el presente documento legislativo el cual sometemos a su consideración; lo anterior conforme a los siguientes:

Antecedentes

En sesión celebrada el martes 19 de febrero de 2013, se turnó a esta Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, el punto de acuerdo remitido por el honorable Congreso de la Unión Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado “diputada amiga, diputado amigo” de manera permanente durante la LXII legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

En términos del artículo 29 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo de Quintana Roo, esta Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, es competente para dictaminar el presente asunto, basada en las siguientes:

Consideraciones

Del análisis del acuerdo emitido por el honorable Congreso de la Unión Cámara de Diputados, se advierte que en síntesis se plasma sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos; siendo el caso que nuestro país, por su situación geográfica, historia, cultura y condiciones económicas y sociales; ha sido un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Asimismo refieren que con la instauración del Programa “Paisano” diseñado por el Ejecutivo Federal, el H. Congreso de la Unión en la legislatura LVIII en noviembre del 2000, aprobó una proposición con punto de acuerdo para implementar el programa denominado “Diputada Amiga, Diputado Amigo”, todo ello con la finalidad de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país. Posteriormente en la Legislatura LX se aprobó que dicho programa fuera permanente y se autorizó el presupuesto correspondiente para cumplir con su finalidad. Tanto en la Legislatura LXI así como la presente LXI\, han emitido puntos de acuerdo reiterando la permanencia del programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo” para combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órganos de gobierno, apoyar la supervisión de la protección de los derechos humanos, velar por el respeto de las garantías individuales, asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, terminales de autobuses y aeropuertos, puertos de revisión carreteros, orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes así como, recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamientos por parte de funcionarios públicos.

Cabe señalar que el programa “Paisano” referido en líneas precedentes, fue creado con el objetivo de garantizar el flujo migratorio seguro, ordenado y digno a los mexicanos que ingresan, transitan o salen de México. Este programa promueve un trato respetuoso y apegado a la ley; informa y difunde el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los mexicanos que ingresan, transitan o salen de su país de origen, y protege la integridad física y patrimonial de los connacionales. Asimismo, fomenta la sensibilización Y capacitación a servidores públicos y sociedad civil, además de atender y dar seguimiento a quejas y denuncias de los nacionales desde México y EUA. De igual manera existe el programa “Grupos Beta” mismo que tiene el objetivo de proteger y defender los Derechos Humanos de los migrantes, sin distinción de su nacionalidad o situación migratorio. Sus objetivos se aplican en el auxilio y salvaguarda de los migrantes ante situaciones de riesgo o intentos de abuso por parte del crimen organizado, de las autoridades y particulares; brinda información Y orientación sobre los riesgos del camino, con la finalidad de persuadir a los migrantes para regresar a sus lugares de origen; ofrece asistencia social y humanitaria, y canaliza los casos que requieren atención de otras dependencias o autoridades. Sus labores se realizan a lo largo de la República Mexicana, de sur a norte, atendiendo migrantes mexicanos y de otras nacionalidades en tránsito por México.

Según reportes del Instituto Nacional de Migración, las quejas recibidas a través del programa “Paisano” son causadas por: hechos de extorsión, robo y abuso de autoridad, maltrato prepotencia, mal procedimiento, decomiso de mercancía o vehículos. Desde el 2005 hasta el 2010 el número de paisanos atendidos se situó entre los 2 y 2.5 millones.

Ahora bien, en Quintana Roa a través del programa “Paisano”, se han implementado diversas acciones que se intensifican durante los periodos vocacionales, ello en razón de que nuestra entidad es considerada como uno de los puntos turísticos con mayor afluencia de visitantes. El pasado 8 de marzo de 2013 se procedió al arranque de dicho programa en razón del periodo vacacional de semana santa; se instalaron puntos de revisión además de la participación de observadores de la sociedad civil. Entre las facilidades que se brindaron a los paisanos durante la vigencia del operativo, se elevó la franquicia terrestre para que puedan ingresar con un mayor volumen de mercancías sin pagar impuestos, permisos de importación temporal de vehículos, atención a connacionales a través de los “ángeles verdes” para aquellos que circulaban por las principales carreteras federales y sufrieron algún desperfecto mecánico, entre otras acciones.

Las acciones implementadas en Quintana Roo con respecto al programa “Paisano” a la fecha han dado resultados positivos sin embargo, la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, considera que es menester reforzar dichas acciones puesto que propiciar un mayor desarrollo de actividades enfocadas al tema que nos ocupa, siempre redundará en mejores beneficios para la población. Por ende, esta comisión estima que es de adherirse al acuerdo emitido por el honorable Congreso de la Unión Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado “diputada amiga, diputado amigo” de manera permanente durante la LXII legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa. Cabe señalar que derivado de que en fecha próxima concluirá el ejercicio de la presente legislatura, se instruye al Director de Control del Proceso Legislativo para que una vez instalada la nueva legislatura, notifique el presente acuerdo a los diputados integrantes de la misma, ello con la finalidad de que quien así lo desee, participe en el Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la Honorable XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos emitir los siguientes puntos de

Acuerdo

Primero. La honorable XIII Legislatura de Quintana Roo, se adhiere al acuerdo enviado por el honorable Congreso de la Unión Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado “diputada amiga, diputado amigo” de manera permanente durante la LXII legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternas que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

Segundo. Se instruye al director de Control del Proceso Legislativo para que una vez instalada la nueva legislatura, notifique el presente acuerdo a los diputados integrantes de la misma, ello con la finalidad de que quien así lo desee, participe en el Programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo”.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la honorable legislatura solicitante, para conocimiento y efectos legales correspondientes.

Cuarto. Una vez cumplimentado lo establecido en el segundo punto de acuerdo del presente: téngase como asunto totalmente concluido y archívese el mismo.

Sala de comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo.— En la Ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo, a los doce días del mes de agosto del año dos mil trece.— La Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, diputados: Mauricio Morales Beiza, José Antonio Meckler Aguilera, Manuel Jesús Aguilar Ortega, Patricia Sánchez Carrillo, María Rinelda Dzul Balam (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

VIOLACIONES Y EL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión extraordinaria celebrada con fecha 13 de agosto del año en curso, la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo deja sin materia el acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal mediante el cual exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se adhiere al acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el sentido de exhortar de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia estatales y a la Procuraduría General de la Republica a establecer mayores acciones y mecanismos jurídicos y coadyuven a eficientar las investigaciones en materia de violaciones y abuso sexual, de esta manera se pretende garantizar una adecuada resolución a las denuncias interpuestas por víctimas de estos delitos.

Tercero. Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos correspondientes.

Cuarto. Comuníquese el presente acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, para conocimiento y efectos legales correspondientes.

Quinto. Archívese el presente asunto y téngase como totalmente concluido.

Lo que comunico a Usted para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, agosto 13 de 2013.— Licenciada Marilyn Rodríguez Marrufo (rúbrica), Presidenta; Licenciada Alondra Maribel Herrera Pavón (rúbrica), Secretaria.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Honorable pleno legislativo:

Los suscritos, diputados integrantes de las Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la honorable XIII Legislatura del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los numerales 30, 46, 50 y 53 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos emitir el presente punto de acuerdo; lo anterior conforme con lo siguiente:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 21 de mayo de 2013, el presidente de la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones de Justicia y Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables el acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal mediante el cual exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas de violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y también, a las Procuradurías de Justicia estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en materia de violaciones y abuso sexual contra menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

En términos de los Artículos 7 y 12 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, estas Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables son competentes para el estudio y resolución del presente asunto, el cual analizamos basado en las siguientes

Consideraciones

De la lectura del primer punto de acuerdo emitido por la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; quien de manera concreta hace un exhorto a los congresos locales para legislar con mayores penas las violaciones y los abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes; las presentes Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, advierten que la intención legislativa es proporcionar mayor garantía para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes respecto a los delitos sexuales, mismos que evidentemente se tratan de hechos ilícitos que más denigran y lastiman al ser humano; las consecuencias y secuelas que este tipo de actos conllevan, son de difícil recuperación psicológica. La mayoría de estas agresiones sexuales, de acuerdo a investigaciones especializadas, se comenten principalmente hacia niñas y son perpetradas mayoritariamente por familiares cercanos, padre, padrastro, tíos, primos o vecinos.

No es de soslayarse que de conformidad a las estadísticas judiciales en materia penal del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), revelan que alrededor del 99 por ciento de los sentenciados por estos delitos son hombres, lo que permite determinar que la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque el dato exacto también es desconocido, de acuerdo al estudio. Asimismo, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, México ocupa el sexto lugar mundial en cuanto al número de violaciones; sin embargo, ninguna institución oficial cuenta con estadísticas solidas acerca del número de estos delitos y la mayoría de los estudios que de ello hacen referencia, fundan las cifras de violaciones con las de abuso sexual o con otros delitos; se menciona que de acuerdo a estadísticas del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación por año.

En el estado de Quintana Roo, respecto a los ilícitos, materia de estudio del presente acuerdo, se advierte que la legislación penal tutela de manera amplia la libertad y seguridad sexual, siendo el caso que las penas previstas para éstas conductas antijurídicas, son elevadas e inclusive, son delitos sancionados con penas más graves que aquellas que son previstas para el ilícito de homicidio. Al respecto, el Código Penal para el estado de Quintana Roo, en el artículo 127 establece: “Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a veinticinco años y de setecientos, cincuenta y mil quinientos días multa. Al que realice cópula con persona menor de catorce años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta años o prisión vitalicia y de dos mil a tres mil días multa. Al que realice cópula por medio la violencia física o moral con personas mayor de catorce años de edad y menor de dieciocho años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años o prisión vitalicia y de mil quinientos a tres mil días multa”. Bajo esta tesitura, resulta evidente y visible que efectivamente, nuestra entidad en aras de proteger a nuestra niñez y procurarle un sano desarrollo mental y sexual, ha emprendido acciones para consolidar el desarrollo humano y sustentable en el Estado y construir una sociedad fundamentada en el estado de derecho, en donde el imperante sea la legalidad. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajan de la mano para reconocer la necesidad de mantener actualizado el marco legal estatal para afianzar y garantizar la seguridad y la impartición de justicia en niñas, niños y adolescentes; contemplando como una de estas acciones, mayores sanciones para los delitos sexuales por ende, las presentes Comisiones de Justicia y, Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables consideran pertinente declarar sin materia el punto acuerdo emitido por la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, respecto al segundo punto del acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la Republica a realizar las investigaciones pertinentes en materia de violaciones y abuso sexual contra menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho; estas Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables consideran de vital importancia referir que en nuestra entidad, con fecha 17 de febrero de 2004, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el acuerdo número AI001/04, mediante el cual se creó la Fiscalización Especializada para la Investigación de los Delitos contra la Libertad Sexual y su Normal Desarrollo y Contra la Moral Pública en el Estado de Quintana Roo, misma instancia que entre sus atribuciones tiene por objeto atender exclusivamente los ilícitos que atentan contra la libertad sexual de las personas por ende, resulta evidente que en nuestra entidad se han establecido las acciones encaminadas para eficientar la investigación de dichas conductas antisociales, así como mejorar la adecuada integración de las averiguaciones previas; sin embargo, estas Comisiones estiman que incrementar y fortalecer mayores estrategias tendentes a mejorar estos aspectos resultan ser necesarias por tanto consideramos prudente adherimos al Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el sentido de exhortar de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la procuraduría General de la República para establecer mayores acciones y mecanismos jurídicos y coadyuven a eficientar las investigaciones en materia de violaciones y abuso sexual, de esta manera se pretende garantizar una adecuada resolución a las denuncia~ interpuestas por víctimas de estos delitos.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Honorable XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos emitir los siguientes puntos de

Acuerdo

Primero. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, deja sin materia, el Acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el cual exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roa, se adhiere al Acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el sentido de exhortar de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la Republica para establecer mayores acciones y mecanismos jurídicos y coadyuven a eficientar las investigaciones en materia de violaciones y abuso sexual, de esta manera se pretende garantizar una adecuada resolución a las denuncias interpuestas por víctimas de estos delitos.

Tercero. Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos correspondientes.

Cuarto. Comuníquese el presente acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roa, para conocimiento y efectos legales correspondientes.

Quinto. Archívese el presente asunto y téngase como totalmente concluido.

Sala de comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo. En la Ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a doce de agosto de dos mil trece.— La Comisión de Justicia, diputados: Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Luis Alfonso Torres Llanes (rúbrica), Demetrio Celaya Cotero, Santiago Alberto Chávez Marfil (rúbrica), Ena Miriam Gamboa Vela (rúbrica). La Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, diputados: Susy del Rosario Castro Álvarez (rúbrica), Leydi de Lourdes Bautista Pech (rúbrica), Demetrio Celaya Coetro, Leysdi Soledad Flota Medina, Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

ESTIMULOS FISCALES RESPECTO AL DIESEL DE USO AGRICOLA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a Cámara de Diputados a considerar la eliminación de la regla restrictiva contenida en el artículo 16, apartado A, fracción III, y la obtención de los estímulos fiscales respecto a diesel para uso agrícola en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, mediante el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a considerar la eliminación de la regla restrictiva contenida en el artículo 16, apartado A, fracción III, y la obtención de los estímulos fiscales respecto a diesel para uso agrícola en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, para el 22 por ciento de la población de mexicanos que vive en zonas rurales, la agricultura es la principal fuente de trabajo y de ingresos; sin embargo la degradación y erosión de la tierra de cu1tivo, así como el agotamiento del agua para riego, afectan gravemente la capacidad de cultivar alimentos y satisfacer las necesidades de la población, este problema si bien es cierto no es nuevo constituye un eslabón más de perjuicios a este sector, agradeciendo de antemano el texto, estudio e interés en el tema del compañero José Ezequiel Meza Martínez sobre este problema de afectación social.

En este sentido, es de suma importancia, citar lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de manera específica, lo relativo a la Meta Nacional consistente en un “México Próspero”, directriz en la que entre otras cosas, se hace mención de lo siguiente:

IV. México próspero

IV.1 Diagnóstico: Existe la oportunidad para que seamos más productivos

...

Fomento económico, política sectorial y regional

El Estado tiene como obligación, de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fungir como el rector del desarrollo nacional, garantizando que éste sea incluyente, equitativo y sostenido. Por tanto, resulta indispensable que el Gobierno de la República impulse, al igual que lo hacen las economías más competitivas a nivel mundial, a los sectores con alto potencial de crecimiento y generación de empleos.

Asimismo, se debe facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de actividades de alto valor agregado al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía. Para ello, es necesario coordinar la política de fomento económico, la infraestructura logística y la política sobre sectores estratégicos como la minería, la agricultura y el turismo.

Sector agroalimentario

El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. De cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse. Se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

...

Anualmente se cultivan alrededor del 85 por ciento de las hectáreas disponibles. El 28 por ciento cuenta con riego y el 72 por ciento se cultiva en temporal, aun cuando el 60 por ciento del valor de la producción se genera en las áreas de riego.

...

Los retos en el sector agroalimentario son considerables. En primer lugar, la capitalización del sector debe ser fortalecida. La falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad. Para incrementar la productividad del campo, se debe mejorar la organización y la escala productiva de los minifundios. Cerca del 80 por ciento de los productores agrícolas poseen predios menores a 5 hectáreas.

En segundo lugar, la oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar. Por un lado, sólo el 6 por ciento de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional. Además, existen fuertes disparidades en la productividad de las unidades de producción. El segmento comercial es altamente competitivo, mientras que más del 70 por ciento de las unidades económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo.

...

El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, y una elevada dependencia externa de insumos estratégicos como los fertilizantes. Esta situación afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos.

Finalmente, se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado.

...

Debe realizarse una evaluación y revisión de los programas existentes para que la política de fomento agroalimentario transite desde los subsidios a los incentivos hasta la productividad, sea incluyente focalizando la población objetivo y cuente con un marco normativo así como reglas de operación claras y sencillas.

...

IV. 2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país

Para hacer frente a los retos antes mencionados y poder detonar un mayor crecimiento económico, México Próspero está orientado a incrementar y democratizar la productividad de nuestra economía. Lo anterior con un enfoque que permita un acceso global a los factores de la producción. Es decir, la presente Administración buscará eliminar trabas que limiten la capacidad de todos los mexicanos para desarrollar sus actividades con mejores resultados.

Llegó la hora de cambiar el curso del desarrollo nacional hacia uno donde el crecimiento económico vaya acompañado de la equidad social y esté guiado por el goce pleno de los derechos fundamentales de toda la población.

...

La presente administración también buscará establecer políticas sectoriales y regionales que definan acciones específicas para elevar la productividad en todos los sectores y regiones del país. Para este fin, se propone establecer una política eficaz de fomento económico, ampliar la infraestructura e instrumentar políticas sectoriales para el campo y el sector turístico.

...

Se propone una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del paísy generar más competencia y dinamismo en la economía. Se buscará Incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada. Para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas empresas, y se fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento.

...

A través de un fomento económico moderno, también se buscará construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.Esto implica impulsar al sector mediante inversión en desarrollo de capital físico y humano. Además, es necesario fomentar modelos de asociación que aprovechen economías de escala y generen valor agregado, así como otorgar certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Asimismo, se deberá incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.

...

En este contexto, vale la pena mencionar que durante el periodo 2005-2008, la tasa de crecimiento anual de los productos básicos fue de 16.2 por ciento en promedio, principalmente estimulado por la fuerte subida de los precios del petróleo y los minerales (18.5 por ciento y 19.4 por ciento de crecimiento anual, respectivamente), mientras que el rubro de productos agrícolas (alimentos y bebidas) creció anualmente a una tasa promedio de 13.3 por ciento.

Es de suma importancia mencionar que uno de los elementos básicos en la inflación de la economía de un país, es el incremento en los precios de los combustibles y, que en forma de escalonada se refleja en todos los productos, no sólo de la canasta básica, sino en todas las cadenas productivas.

Así pues, es innegable que la afectación de la productividad de los cultivos, influye en el comportamiento de los precios, por lo que al incremento constante de los insumos energéticos utilizados para las maquinarias influye en el comportamiento agregado de los precios en el sector agrícola.

Derivado de lo anterior, en contraste con el deterioro de los precios reales de los productos de origen agropecuario, los precios reales de los insumos, han tenido un significante aumento, es decir, los productores agropecuarios enfrentaron precios relativos desfavorables, entre los precios que reciben y los precios que pagan; ante el aumento en los precios reales de los insumos y disminución de los precios reales de los productos, se generan términos de intercambio desfavorables para los productores.

Es atendible señalar en los antecedentes y evolución del Estímulo Fiscal consistente en la devolución del impuesto .especial sobre producción y servicios por adquisición de diesel para uso agropecuario, donde desde hace aproximadamente dos décadas, es que los gobiernos federales en turno, han establecido en ley, estímulos fiscales, como el consistente en la “devolución del impuesto especial sobre producción y servicios por adquisición de diesel para uso agropecuario”; así pues el antecedente más remoto, de dicho estímulo fiscal, se dio en 1993, cuando se otorgó un estímulo fiscal al sector agrícola en el artículo 4-A al 4-C de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, en el que se consideró la devolución trimestral de dicho impuesto, por consumo de diesel en maquinaria agrícola, cuyo monto máximo sujeto a devolución, se actualizaba 2 veces al año, situación que se mantuvo más o menos en los mismos términos hasta 1998. Posteriormente, a partir de 1999 y hasta 2013 dicho estimulo se trasladó la Ley de Ingresos de la Federación (artículo 15 en los ejercicios fiscales de 1999 a 2001; artículo 16 en los ejercicios fiscales de 2006 a 2013).

En esta tesitura, de manera general, se puede decir, que desde hace ya varios años, en la Ley de Ingresos de la Federación se contempla como un estímulo fiscal, el beneficio para el sector agrícola, consistente en la devolución en efectivo del impuesto especial sobre producción y servicios, que los productores hayan erogado en la adquisición del diesel para uso agropecuario, requiriendo para ello, que se cumplieran con algunos requisitos tanto fiscales como contables, y siempre y cuando acreditaran la legal propiedad o posesión tanto de la unidad de producción que exploten, como del bien en el que utilicen el diesel; estímulo fiscal que de manera general, desde su existencia se había venido otorgando en los mismos términos, es decir requiriendo que se. cumplieran más o menos los mismos requisitos, y sin más condicionantes que las que por la naturaleza del estímulo le son afines, como que los contribuyentes que los solicitaran no deben de exceder determinada cantidad de ingresos en el ejercicio inmediato anterior, así como los montos máximos sujetos a devolución; situación que aconteció así hasta el ejercicio fiscal de 2012, pero que tuvo una modificación fundamental en la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, en la que se le adicionó un último párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 16, que textualmente indica:

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

III. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta,’ en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2013 y enero de 2014.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diesel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diesel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 20.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero.”

Por otro lado, también vale la pena citar lo dispuesto por la Regla I.11.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, ordenamiento que regula la manera de solicitar el estímulo fiscal, contenido en el artículo 16, Apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013:

Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

Devolución del IEPS acreditable por enajenación de diesel para actividades agropecuarias y silvícolas

Regla I.11.2:

Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción III, de la LIF, los contribuyentes podrán solicitar ante la ALSC que corresponda a su domicilio fiscal, la devolución del IEPS que les hubiere sido trasladado en la enajenación de diesel y que se determine en los términos del artículo 16, Apartado A, fracción II, del citado ordenamiento, para lo cual la solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, disponible en “Mi portal” en la página de Internet del SAT, debiendo acompañar a la misma, el Anexo 4 de la forma fiscal 32, los comprobantes fiscales en los que conste el precio de adquisición del diesel, los cuales deberán reunir los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF; CURP del contribuyente persona física, tratándose de personas morales CURP del representante legal; declaración anual del ejercicio inmediato anterior; así como el certificado de la FIEL y la tarjeta electrónica subsidios/Sagarpa, vigente, que les expidió el Centro de Apoyo al Distrito de Desarrollo Rural (Cader) o la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la que se demuestre su inscripción al Padrón de Usuarios de Diesel Agropecuario una vez que demostró ante las citadas autoridades agrarias la propiedad o legítima posesión de la unidad de producción que explota y donde utiliza el bien que requiere el diesel.

En aquellos casos en que los contribuyentes no cuenten con la tarjeta electrónica Subsidios/Sagarpa, o ésta no se encuentre vigente, se deberá exhibir ante la autoridad en original y copia la siguiente documentación:

I. Para acreditar el Régimen de propiedad de la unidad de producción: copia del título de propiedad, escritura pública o póliza, certificado de derechos agrarios o parcelarios o acta de asamblea; o

II. Para acreditar el Régimen de posesión legal de la unidad de producción: contratos de arrendamiento, usufructo, aparcería; concesión, entre otros.

III. Si están sujetos a régimen hídrico: copia de las boletas de agua o de los títulos de concesión de derechos de agua.

IV. Respecto del bien en el que utiliza el diesel: original y copia de los comprobantes a nombre del contribuyente con los que acrediten la propiedad, copropiedad o, tratándose de la legítima posesión, las documentales que .acrediten la misma, como pueden ser, de manera enunciativa, escritura pública o póliza, contratos de arrendamiento, de préstamo o de usufructo, entre otros.

Los contribuyentes personas morales, deberán exhibir además, copia del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, que exprese que su objeto social es preponderantemente la actividad agropecuaria.

Los contribuyentes personas físicas podrán solicitar la devolución del IEPS aun y cuando la maquinaria en la cual se utiliza el diesel sea propiedad o se encuentre bajo la posesión de hasta un máximo de cinco contribuyentes.

Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción III, segundo y cuarto párrafos de la LIF, se dan a conocer en el Anexo 5, el importe de veinte y doscientas veces el salario mínimo general elevado al año, correspondiente a las áreas geográficas en las que se encuentra dividido el país (CFF 29 y 29-A, RCFF 57, LIF 16).

Una vez señalado lo anterior, se manifiesta. que no obstante hace más de dos décadas, los términos en los que se había venido otorgando el estímulo fiscal habían sido los mismos, se reitera que esta situación cambio para el ejercicio fiscal de 2013, ya que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, no obstante que se previó la existencia del referido estímulo fiscal, se adicionó un último párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 16 de la Ley en cita, el cual imposibilitó de manera total a los productores agropecuarios, para verse beneficiados con dicho estímulo, al establecer un candado en el acceso a la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios pagado en la adquisición de diesel para uso agro pecuario:

En este sentido, al contener la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, una condicionante para el acceso al referido estímulo fiscal, se insiste, que más que una condicionante, se trata de un candado,que imposibilitó de manera total, la obtención del beneficio que nos ocupa, a los productores agropecuarios, durante todo el año de 2013; lo anterior toda vez que desde enero de 2010 hasta diciembre de 2013, la tasa para la enajenación del diesel, ha sido Negativa, además de que según estudios de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esa es la tendencia para los próximos 4 años; razón por la cual, por el contenido del párrafo anteriormente transcrito, fue imposible,no obstante se cumpliera con los demás requisitos a que se refieren las leyes aplicable, que los productores agropecuarios que solicitaron el estímulo fiscal durante el segundo ytercer trimestre del 2013, pudieran obtenerlo.

Por lo que en términos generales, a través de la presente propuesta, lo que se pretende es que, por un lado, en la Ley de Ingresos de la Federación para 2014, se siga contemplando el estímulo fiscal, consistente en la devolución en efectivo del impuesto especial sobre producción y servicios pagado en la adquisición del diesel para uso agropecuario, y que por otro lado, deje de existir la limitante consistente en que no será aplicable el estímulo fiscal cuando la tasa para la enajenación de diesel de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 20.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción Servicios resulte negativa o igual a cero.

En este contexto, el objetivo de esta iniciativa de leyes que para el ejercicio fiscal de 2014, se dé continuidad tanto a la existencia del estímulo fiscal, como a los lineamientos en los que se había venido otorgando en años anteriores a 2013, a partir de una normativa que otorgue certeza al sector beneficiado con el estímulo fiscal de que se trata, para poder así rescatar la esencia de la implementación del referido estímulo, que es capitalizar al sector primario, y de esa manera puedan tener más recursos para mejorar y hacer eficiente su producción; lo anterior en congruencia con una de las cinco metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, consistente en un “México Próspero”.

Con relación al objetivo del presente punto de acuerdo a efecto de que se convierta en la Ley correspondiente, consistente en acreditar la necesidad y viabilidad de la continuidad de la existencia del estimulo fiscal, consistente en la devolución en efectivo del impuesto especial sobre producción y servicios que los productores agropecuarios eroguen por la adquisición de diesel para uso agropecuario, se menciona que de acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y visibles en su página web.

Podemos advertir en la parte relativa a los indicadores de recaudación, que el monto de los Estímulos Fiscales, otorgados por el Gobierno Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria al Sector Agropecuario (Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), por concepto de crédito diesel, ascendió a un total de 715.7 millones de pesos, es decir, apenas un 2.15 por ciento, del total del monto de los estímulos fiscales entregados por el gobierno federal, a los diversos sectores de la actividad económica en el país, en el año de 2012, cuya cantidad, su totalidad ascendió a 33 mil 363 millones de pesos, tal como se acredita con las siguientes tablas:

Así pues, de darle continuidad en el ejercicio fiscal de 2014, al estímulo fiscal, que en los últimos años se ha contenido en el artículo 16, Apartado A, fracción III de la Ley de Ingresos de la Federación, no redundaría en un menoscabo al erario público, que le impidiera continuar desempeñando sus funciones y prestando los servicios públicos correspondientes a los gobernados, ya que se insiste, en el año de 2012, el estímulo fiscal, por concepto de crédito diesel, otorgado al sector agropecuario, apenas alcanzó el 2.15 por ciento del total de los estímulos otorgados por el gobierno federal a los diversos sectores de la actividad económica del país, razón por la cual no tiene un impacto económico fuerte a nivel macroeconómico, siendo posible que dicho estímulo pueda seguir beneficiando al sector primario.

En esta tesitura, el objetivo señalado en el párrafo anterior, se robustece con el hecho de que efectivamente, la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios por adquisición de diesel para uso agropecuario, contribuye a reducir el impacto en la producción agropecuaria, ante el incesante incremento de los precios de los insumos agrícolas, en el entendido de que el incremento mensual a los precios de los combustibles, provoca un efecto diferenciado en el costo de producción, de la producción agropecuaria.

Bajo este contexto, los productores agropecuarios enfrentan obstáculos para alcanzar una mayor competitividad frente a otros países, de acuerdo con el reporte del Foro Económicos Mundial (FEM) 2012-2013, en el que México, se encontró rezagado en términos de competitividad.

Así entonces, en atención al texto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, las maneras en las que se impactó negativamente al sector agropecuario al nulificar el estímulo fiscal consistente en la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios pagado por la adquisición de diesel para uso agropecuario, son las siguientes:

1. Aún cuando la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, contempló la existencia del estímulo fiscal de que se trata, dicho estímulo fue letra muerta en 2013, al colocar un candado que hizo imposible el acceso al mismo, reduciendo dicho beneficio a letra muerta; y toda vez que en ese año los productores agropecuarios, prácticamente tuvieron vedado el acceso al estímulo fiscal de que se trata, la mayoría de quienes conforman el sector agrícola en el país, estuvieron en la disyuntiva de continuar en las labores del campo o abandonarlo, debido a que el alza mes con mes del combustible, lo ha convertido en un insumo casi imposible de adquirir.

2. Paralelamente a lo anterior, como se advierte de la Regla 1.11.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, contempla como la forma por excelencia para que el contribuyente del sector agropecuario pueda acreditar la legal propiedad o posesión tanto de la unidad de producción que explota, como del bien en el que utiliza el diesel, es mediante la presentación de la tarjeta electrónica subsidios/Sagarpa, vigente, que les expidió el Centro de Apoyo al Distrito de Desarrollo Rural (Cader) o la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la que se demuestre su inscripción al Padrón de Usuarios de Diesel Agropecuario; Sin embargo, desde hace aproximadamente 4 años, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no expide dichatarjeta, tal como se acredita con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II, Lineamiento 11.2.1.1.2 del Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los programasde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2009. Motivo por el cual, no tiene razón de ser que se continué reglamentado el hecho de que con la presentación de la referida tarjeta, se acredita la legal propiedad o posesión de la unidad de producción y del bien en el que se utiliza el diesel.

3. Por otro lado, una problemática que se ha venido dando desde hace aproximadamente 4 años es que, las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal no autorizaban las devoluciones solicitadas por los productores agropecuarios, debido a que éstos últimos adquirían el diesel, mediante pagos en efectivo, argumentando la autoridad fiscal, que aún cuando se tratara de contribuyentes exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta, con fundamento en el artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dicha situación supuestamente no los eximía del cumplimiento de las demás obligaciones a que se encuentran sujetos de acuerdo al régimen en el que tributan, tales como presentar declaraciones, llevar contabilidad, así como llevar un registro de sus ingresos y deducciones; y que con relación a las deducciones autorizadas, los contribuyentes dedicados a la actividad agrícola debían de cumplir con lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece: “Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00”.Apreciación que resulta errónea por parte de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, toda vez que, si un contribuyente está dado de alta ante el RFC, con actividad agrícola, está exento de pago, no causa Impuesto Sobre la Renta, y por ende, no puede aplicar deducción alguna, de lo que se desprende, que no tiene por qué cumplir con los requisitos de las deducciones, para que proceda el trámite de la devolución a que se refiere el artículo en análisis de la Ley de Ingresos de la Federación.

4. Que se adicione en la Ley de Ingresos de 2014, una disposición que permita a los agricultores y silvicultores que se encuentran en la problemática que les fue determinado un crédito fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria, por la entrega en el primero o segundo trimestre de 2013, del estimulo fiscal, y después, les fue requerido su devolución más recargos y multas, por lo cual se propone que esa adición en la Ley de Ingresos sea para que se cancele por única ocasión estos créditos fiscales, lo cual permita que los libere de pago, con ello una diversidad de juicio promovidos en contra del Servicio de Administración Tributaria se finalizaran, y permitirá por ello disminuir las cargas de sus tribunales y órganos jurisdiccionales.

En este contexto, tenemos que el no otorgamiento del estímulo fiscal que nos ocupa, causa los siguientes efectos:

A. El no poder recuperar parte del costo del combustible diesel, que los propios productores consumen, limita la posibilidad de desarrollo en la implementación y mejoramiento de los procesos productivos.

8. Los productores agropecuarios al no contar con el recurso que el estimulo fiscal les otorga, ven disminuida su posibilidad de incursionar en la aplicación de nuevas y mejores técnicas de producción a través de formulas de fertilización más acordes con la preservación del medio ambiente.

C. Limita la aplicación de procesos productivos y de mecanización que abaraten los costos de la producción, cosecha y post cosecha.

D. El continuo aumento en los insumos necesarios para el logro de buenos resultados de la producción, entre ellos el diesel, combustible imprescindible en la mecanización de los procesos de producción, mantenimiento de y conservación de los terrenos de cultivo, cosecha y post cosecha, los coloca en la situación de que sus productos no alcancen precios competitivos al alcance del consumidor final y a que a la vez solo les permite la recuperación de la inversión efectuada, esto sin contar con que siempre está latente la posibilidad de siniestros causados por los fenómenos climatológicos y la presencia de plagas y enfermedades que en los últimos ciclos productivos se han presentado.

E. A la vez hay que considerar que el mencionado estímulo fiscal, se le ha otorgado a los productores agropecuarios que pugnan y se esfuerzan por la superación, a través una mejora sustancial en los procesos de producción de granos y semillas, mejoradas, de productos cárnicos y lácteos, a través del mejoramiento de las razas ganaderas, que representan para su economía un valioso recurso al permitirles complementar su actividad productiva.

F. Otro efecto del no otorgamiento del estímulo fiscal, es la reducción de las superficies dedicadas a la producción agropecuaria, como consecuencia de la falta de recursos para atender en su totalidad dichas superficies.

G. Un efecto tal vez mayor, resulte de que ha menor superficie, menor producción y por consecuencia menores volúmenes de productos agropecuarios para alcanzar la seguridad alimentaria y exponemos a depender de las importaciones de estos productos alimenticios que afectarían la economía nacional.

H. Que la existencia del estímulo fiscal al sector agrícola y silvícola se debe a uno de los derechos constitucionales, denominados derechos sociales, económicos y culturales, por ende, estos se rigen como lo determina el artículo 1o. de la Constitución sobre la base del principio de progresividad, entre otros, por ende, el hecho de que ya no exista este estimulo, estaría contraviniendo el propio ordenamiento Constitucional, y los pactos y tratados de derechos humanos en que México es parte, razón por la cual debe mantenerse este estimulo fiscal.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que una de las estrategias en modernizar el marco normativo e institucional para impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario productivo y competitivo; y además en congruencia con la línea de acción consistente en reorientar los programas para transitar de los subsidios ineficientes a los estímulos eficaces que incentiven la productividad y la inversión, es que se presenta este punto de acuerdo, fundamentada en los siguientes ejes:

1. La supresión de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del Apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la federación para 2013. Vale la pena, mencionar que atendiéndose al contenido y trascendencia de la Reforma Constitucional de junio de 2011, existe para el Estado mexicano la obligación de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.

En este sentido, se debe tener presente que, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que emanen de ella y los Tratados Internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, serán la ley Suprema de nuestro país. Y que por su parte, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra contenida la garantía de seguridad jurídica, la cual se traduce en la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.

Una vez manifestado lo anterior, resulta que el artículo 16, Apartado A, fracción III de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, dispuso lo siguiente:

“Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2013, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

...

III. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

...

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para sif!1plificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

...

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2013 y enero de 2014.

...

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

...

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diesel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 20.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero.”

Ahora bien, de la anterior transcripción se desprende que la referida disposición, aunque por un lado contempla el estímulo fiscal para el Sector Agrícola, consistente en la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios por la adquisición de. Diesel para uso agropecuario, también establece una adición en la última parte de la fracción III, del referido artículo 16, Apartado A de la Ley de Ingresos.de la Federación para 2013, que establece “ Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de Diesel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero”.

Lo anterior significa que si bien, la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, contempló la existencia del estímulo fiscal que nos ocupa, también resulta que en la misma ley, se estableció una condicionante para el acceso al estímulo fiscal, consistente en que dicho benefició no se otorgará cuando la tasa para la enajenación de Diesel, resulte negativa o cero.

En este sentido, vale la pena indicar que desde hace más de dos décadas, en la Ley de Ingresos de la Federación, se ha incluido el aludido estímulo fiscal para el sector agrícola, estableciéndose al efecto, una serie de requisitos para poder acceder a él, requisitos contenidos tanto en la propia Ley de Ingresos de la Federación, como en la Resolución Miscelánea Fiscal; así pues, los términos generales en los que se había venido otorgando el estímulo habían sido los mismos, es decir, el texto del artículo de la Ley Ingresos de la Federación en el que se ha venido incluyendo dicho beneficio fiscal, año con año había sido planteado en los mismos términos y condiciones (casi sin ninguna variación), a excepción del texto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, el que como hemos manifestado, contiene una adición, al último párrafo de la fracción III, del Apartado A, del artículo 16.

Una vez manifestado lo anterior, se indica que desde el punto de vista Constitucional, sobre todo, en relación a las reformas en Materia de Derechos Humanos, de junio de 2011, el último párrafo de la fracción III, del Apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 resulta inconstitucional, violatorio del artículo 133, en relación con los diversos 1°, 14 y 16 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo siguiente:

El mismo protocolo del San Salvador del que México es parte, establece en sus artículos 2 y 4 la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos estos derechos económicos, sociales y culturales, por ende, esa medida estaba regulada a través del estimulo fiscal de la devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios pagado por la compra de diesel para la maquinaria agrícola de los que se dedican a la actividad agrícola y silvícola, por ello es que el establece una limitante que hace imposible la obtención de este estímulo por el ejercicio fiscal de 2013, representa una contravención clara a este protocolo de San Salvador, ya que en su artículo 4 establece la no admisión de restricciones, es decir, que no pueden restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en el Estado en virtud de la legislación interna. Los artículos en comento establecen textualmente:

Artículo 2

Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

Artículo 3

Obligación de no discriminación

Los Estados parte en el presente protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Entonces, en el caso con el artículo 16, fracción III, último párrafo, apartado A, de la Ley de Ingresos de 2013, se trata de una norma regresiva, que está por ende, disminuyendo los derechos de los gobernados, al impedir que por este ejercicio fiscal de 2013, se obtenga este estimulo fiscal para el sector de la economía agrícola y silvícola, y en el caso de los medios de defensa le corresponde acreditar a la autoridad que no es así, es decir que en el caso la carga de la prueba le corresponde a la autoridad, el demostrar que no existe regresividad, pues es claro que en el marco de los derechos sociales, está vigente la teoría de la irreversibilidad, se insiste la carga de la prueba le corresponde a la autoridad demandada, pues así se determina por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, observación general numero 13, al establecer:

“Si deliberadamente adopta una medida regresiva, El Estado parte tiene obligación demostrar que fue implementada tras la consideración más cuidadosa de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación con la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y el contexto del aprovechamiento pleno y máximo de los recursos que se disponga el Estado parte... corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles...”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, observación general numero 14, establece:

“Corresponde al Estado parte demostrar que se han aplicado tras un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles...”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, observación general número 15, establece:

“El Estado parte tiene la carga de probar que fue implementada tras una cuidadosa consideración de todas las alternativas”

El Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, observación general numero 3, establece:

“Los Estados partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto.”

De lo anterior, reiteramos, se desprende que le corresponde la carga de la prueba a la autoridad acreditar que no es una medida regresiva el artículo 16 fracción III último párrafo apartado A de la Ley de Ingresos de 2013, al impedir la procedencia del estimulo fiscal, incluso, no debe perderse de vista que el numeral 1 de la constitución, y el principio pro homine, se desprende el principio in dubio pro justicia sociales, por lo cual ante la duda debe prevalecer la justicia social, y esto es lo que debe considerarse, pues el mantener el estimulo fiscal no debe perderse de vista que es una obligación de hacer, es decir, de adoptar medidas y providencias necesarias para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para el cumplimiento de estos derechos, de lo cual está sucediendo todo lo contrario, pues se está limitando e impidiendo que por este año de 2013, se obtenga este estimulo fiscal, lo cual es una medida regresiva del Estado Mexicano en perjuicio del propio estado constitucional democrático de derecho, es decir al impedir la existencia de este estímulo fiscal está empeorando la situación reglamentaria de ese derecho.

Así las cosas, en el extremo se debió de inaplicar el último párrafo de la fracción III del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos, pues se debió de apartar precisamente, porque contraviene los derechos a la igualdad, derecho a la vida, derecho al desarrollo humano, derecho a la salud, derecho a la alimentación sana, derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho al mínimo de subsistencia vital, derechos económicos, ya que está haciendo nugatorio el estimulo fiscal que se otorga al sector agrícola, el cual se ha otorgado previamente, es decir en ejercicio fiscales previos, por ende, es claro que estamos ante la presencia de una evidente violación a dichos derechos de continuar haciéndose nugatorio este derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, en la observación general numero 3, establece:

“Cualquier medida deliberadamente regresiva al respecto requerirá la más cuidadosa consideración, y deberá ser justificada plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto”

En el mismo sentido, El Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, Observación General, numero 3, que establece:

“Un Estado en el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie, no está cumpliendo sus obligaciones. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser...”

Por último, las directrices de Maastrich considera “violatoria de los derechos económicos, sociales y culturales, la derogación o suspensión de la legislación necesaria para el goce continuo de un derecho económico, social y cultural del que ya se goza,... la adopción de legislación o de políticas manifiestamente incompatibles con obligaciones legales preexistentes, relativas a esos derechos, salvo que su propósito sean el de aumentar la igualdad y mejorar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales para los grupos más vulnerables”.

Además de lo señalado en párrafos anteriores, el último párrafo de la fracción III, del Apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 resulta inconstitucional, violatorio del artículo 133, en relación con los diversos 1°, 14 Y 16 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la referida disposición de la Ley de Ingresos de la Federación, señala que para determinar la procedencia de la obtención del estímulo fiscal que nos ocupa, toma como referencia o indicador, la tasa para la enajenación de diesel, que se publique de manera mensual en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, del análisis a las Tasas publicadas en dicho medio oficial de difusión, se advierte que las mismas no constituyen un indicador uniforme aplicable al territorio nacional; lo anterior es así, ya que las tasas señalan los índices por agencias, en las que se enlistan sólo algunas ciudades de la república, e incluso no se hace mención a alguna ciudad perteneciente a los Estados de Quintana Roo y Tlaxcala. .

Lo anterior, cobra relevancia en el extremo que toda vez que si un contribuyente tiene su domicilio Fiscal en los Estados de Quintana Roo o Tlaxcala, como respecto a esos Estados, ninguna de sus ciudades se encuentra dentro del catálogo de ciudades enlistadas en las referidas tasas, entonces ellos, legalmente sí tendrían acceso al estímulo fiscal, ya que no existe ninguna referencia o indicador, mientras que el grueso de los contribuyentes no pueden verse beneficiados con el estímulo, porque la totalidad de las ciudades ahí en listadas, tienen tasas negativas, y por ello es que resulta inconstitucional, ya que no hay parámetros ni razón alguna para determinar la procedencia de otorgar el estímulo fiscal en unos Estados sí y en otros no, como lo delimita actualmente el último párrafo de la disposición tildada de inconstitucional.

Por otro lado, el hecho de que en el indicador que toma como referencia el último párrafo de la fracción III, del Apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, sólo existen una serie de ciudades, en las que se señala la tasa de enajenación de Diesel por agencia, si un contribuyente no tiene su domicilio fiscal en alguna de esas ciudades, se entiende que también tendría acceso al estímulo fiscal; sin embargo, no obstante lo anterior, lo importante es que la Ley de Ingresos tomó como base un parámetro que no es uniforme e inclusivo, ya que al no contener tasas aplicables para todos los Estados, y al mencionar sólo algunas ciudades de ellos, no representa una referencia general, razón por la cual la disposición que se señala como inconstitucional, en primer lugar viola la Garantía de Igualdad, contenida en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que la igualdad implica que frente a una situación jurídica determinada, todos los individuos tengan los mismos deberes y derechos, y en este entendido, la disposición que nos ocupa, no le da un trato igual, a quienes se encuentran en igualdad de condiciones, es decir, no trata de manera igual a los contribuyentes que se dedican a actividades agropecuarias, susceptibles de verse beneficiados con el estímulo fiscal de que se trata, al contener indicadores para unos, y para otros no, simplemente por relación a su domicilio fiscal, todo lo anterior, bajo la base de que el cumplimiento del deber jurídico correlativo que involucra la garantía de igualdad, se traduce en la ausencia de trato discriminatorio o inequitativo.

Así las cosas, es inconstitucional el numeral 16, apartado A, fracción III, último párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, al no otorgarles certeza jurídica al gobernado en cuanto al estímulo fiscal que se otorga, pues sustentado en que unas Ciudades sí se encuentran en listadas en las tasas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y otras ciudades, no; es evidente que contraviene la Garantía de Seguridad Jurídica, lo cual debe de abundar su incostitucionalidad, si es que no se precisa cuál es el criterio de diferenciación ocupado al respecto.

Lo trascendental de lo señalado en los incisos anteriores es que, resulta inconstitucional el último párrafo de la fracción III, del apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, al ser violatorio de los Derechos Humanos, ya que así como la Ley de Ingresos prevé un estímulo fiscal para los contribuyentes que se dediquen a actividades agropecuarias, también contempla una condicionante que hace imposible el acceso al mismo, ya que se insiste, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectó desde diciembre de 2012, que la Tasa de Enajenación del Diesel para el año de 2013 e incluso 2014, 2015, 2016 y 2017, sería negativa, por lo que entonces, resultaba obvio, que tanto en el ejercicio fiscal de 2013 como en el de 2014, nunca se podrá obtener dicho beneficio, lo que prácticamente constituye una trampa para acceder al estímulo” y por ende una norma de imposible realización.

En este contexto, se manifiesta, que para que los Derechos Humanos de los contribuyentes a quienes va dirigido un estímulo fiscal, como el que nos ocupa, no sean vulnerados, es necesario que dicho estímulo, contemplado en una ley, como la Ley de Ingresos de la Federación, sea eficaz, es decir, que verdaderamente exista, porque ese es el espíritu de la propia Ley que lo prevé -ya que de no ser así, no se hubiera incluido dicho estímulo fiscal-, recalcando que es de vital importancia que si las Leyes contienen determinadas disposiciones, las autoridades, deben facilitar y poner los medios necesarios para hacer dichos preceptos una realidad, y no que impida totalmente el acceso a ellos, como acontece en el presente caso.

Con todo lo manifestado, es que se acredita la pretensión de la presente propuesta de ley, en el sentido de suprimir en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, el último párrafo de la fracción III, del Apartado A, del artículo 16, contenido en la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, toda vez que dicha porción normativa resulta inconstitucional, en el entendido de que dicho numeral contraviene lo dispuesto por el artículo 133, en relación con los diversos 1o., 14 y 16 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; parla que en mérito de todo lo anterior, de conformidad con la reforma al artículo 1o. Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se acredita la procedencia de la supresión del párrafo que se ha tildado inconstitucional.

Proponiéndose a la colegisladora en sus atribuciones constitucionales, respetuosamente solicitamos por lo expuesto y fundado, la supresión del último párrafo de la fracción III del Apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, por los motivos señalados con antelación.

2. Que se establezca en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, la forma de acreditar la legítima propiedad o posesión de la unidad de producción que se explota y del bien en el que se utiliza el diesel.Si bien, la costumbre de la autoridad fiscal ha sido que a través de una regla de la resolución miscelánea fiscal, se establezca la manera en que el contribuyente pueda acreditar la legítima propiedad o posesión tanto de la unidad de producción que explota, como del bien en el que se utiliza el diesel, lo cierto es que la forma por excelencia, de otorgar certeza jurídica al ciudadano de los requisitos que debe cumplir para poder verse beneficiado con un estímulo, como el que nos ocupa, es que todos los requisitos para ello, estén contenidos en ley, para que no haya lugar a interpretación alguna, por parte de las autoridades al aplicarla.

En este sentido, como se ha mencionado, la forma de acreditar la legítima propiedad o posesión del bien en el que se utiliza el diesel, se ha establecido mediante Regla de Resolución Miscelánea Fiscal (Regla 1.11.2 del la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013), señalándose en dicha normativa, entre otras cosas, lo siguiente:

“Para los efectos del artículo 16, Apartado A, fracción III de la LIF, los contribuyentes podrán solicitar ante la ALSC que corresponda a su domicilio fiscal, la devolución del IEPS que les hubiere sido trasladado en la enajenación de diesel... para lo cual la solicitud de devolución se deberá presentar a través del FED, disponible en “Mi portal” en la página de Internet del SAT, debiendo acompañar a la misma... el Anexo 4 de la forma fiscal 32, los comprobantes fiscales en los que conste el precio de adquisición del diesel, los cuales deberán reunir los requisitos de los artículos 29 y 29-A del CFF; CURP del contribuyente persona física, tratándose de personas morales CURP del representante legal; declaración anual del ejercicio inmediato anterior, así como el certificado de la FIEL y la tarjera electrónica subsidios/Sagarpa, vigente, que les expidió el Centro de apoyo al Distrito de desarrollo Rural (Cader) o la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la que se demuestre su inscripción al padrón de usuarios de diesel agropecuario una vez que demostró ante las citadas autoridades agrarias la propiedad o legítima posesión de la unidad de producción que explota y donde utiliza el bien que requiere el diesel.

En aquellos casos en que los contribuyentes no cuenten con la tarjeta electrónica Subsidios/Sagarpa, o ésta no se encuentre vigente, se deberá exhibir ante la autoridad en original y copia la siguiente documentación:

I.Para acreditar el Régimen de propiedad de la unidad de producción: copia del título de propiedad, escritura pública o póliza, certificado de derechos agrarios o parcelarios o acta de asamblea; o

II.Para acreditar el Régimen de posesión legal de la unidad de producción: contratos de arrendamiento, usufructo, aparcería, concesión, entre otros;

III.Si están sujetos a Régimen Hídrico: copia de las boletas de agua o de los títulos de concesión de derechos de agua.

IV.Respecto del bien en el que utiliza el diesel: original y copia de los comprobantes a nombre del contribuyente con los que acrediten la propiedad, copropiedad o, tratándose de la legítima posesión, las documentales que acrediten la misma, como pueden ser, de manera enunciativa, escritura pública o póliza, contratos de arrendamiento, de préstamo o de usufructo, entre otros.

...”

En este contexto, como se podrá advertir, la primera forma de acreditar la legítima propiedad o posesión tanto de la unidad de producción que se explota, como del bien en el que se utiliza el diesel, es mediante la presentación de la tarjeta electrónica Subsidios/Sagarpa; sin embargo, resulta que el Centro de Apoyo al Distrito de Desarrollo Rural (Cader) o la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, desde hace aproximadamente 4 años, no expiden dicha tarjeta, tal como se demuestra con lo dispuesto por el artículo 18, fracción II, Lineamiento 11.2.1.1.2 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2009, que al efecto, señala lo siguiente:

Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

...

Artículo 18. Programa de Atención a Problemas Estructurales

(Apoyos Compensatorios).

Fracción I. Objetivo Específico...

Fracción II. Lineamientos.

...

II.2.1.1.2. Para el caso de diesel agropecuario y marino en los ejercicios fiscales subsecuentes sólo se aceptarán nuevas solicitudes cuando se tengan cancelaciones renuncias o bajas en el Padrón de beneficiarios.

...”.

En mérito de lo anterior, el texto de la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal a que nos hemos referido ha quedado rebasado, por lo que, si en la misma I.11.2 del la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, ya se indican las diversas maneras a través de las cuales el productor agrícola puede demostrar la legítima propiedad o posesión de la unidad de producción que se explota, y del bien en el que se utiliza el diesel, lo procedente sería suprimir a la presentación de la tarjeta electrónica Subsidios/Sagarpa, como una de las formas para acreditar la situación en mención.

Proponiéndole a la colegisladora en sus atribuciones constitucionales, respetuosamente solicitamos por lo expuesto y fundado, la adición a la fracción III del Apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, a efecto de dar certeza jurídica de manera legal, en los siguientes términos:

Para que el contribuyente acredite la legítima propiedad o posesión de la unidad de producción que explota y del bien que requiere el diesel, deberá exhibir ante la autoridad en original y copia la siguiente documentación:

I Para acreditar el Régimen de propiedad de la unidad de producción: copia del título de propiedad, escritura pública o póliza, certificado de derechos agrarios o parcelarios o acta de asamblea; o

II. Para acreditar el Régimen de posesión legal de la unidad de producción: contratos de arrendamiento, usufructo, aparcería, concesión, entre otros.

III. Si están sujetos a Régimen Hídrico: copia de las boletas de agua o de los títulos de concesión de derechos de agua.

IV. Respecto del bien en el que utiliza el diesel: original y copia de los comprobantes a nombre del contribuyente con los que acrediten la propiedad, copropiedad o, tratándose de la legítima posesión, las documentales que acrediten la misma, como pueden ser, de manera enunciativa, escritura pública o póliza, contratos de arrendamiento, de préstamo o de usufructo, entre otros.

3. Establecer en ley que el pago del diesel, se puede hacer en efectivo. Con fundamento en el último párrafo del artículo 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, que establece que no se pagará el Impuesto Sobre la Renta tratándose de ingresos provenientes de actividades agrícolas, exención que se relaciona con lo previsto en el numeral 16, Apartado A, fracción III de la Ley de Ingresos de la Federación 2013, por tanto, si el contribuyente con actividad agrícola, está exento de pago, no causa Impuesto Sobre la Renta, y por ende, no puede aplicar deducción alguna, de lo que se desprende, que no tiene por qué cumplir con los requisitos de las deducciones, para que proceda el trámite de la devolución a que se refiere el artículo en mención de la Ley de Ingresos de la Federación; esto implica que este tipo de contribuyentes no se encuentran obligados a cumplir con los requisitos de las deducciones que señala el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, particularmente el de su fracción III, toda vez que las deducciones son un derecho para disminuir los ingresos y como en su totalidad los ingresos son exentos, se opta por no ejercer el derecho a realizar deducciones de acuerdo al artículo 123 primer párrafo de la ley del Impuesto Sobre la Renta, luego entonces al no ejercer el derecho a aplicar deducciones no se tiene que cumplir requisito alguno relativo a las deducciones.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las condiciones de vida en las zonas rurales, en que un agricultor vive, hacen difícil el acceso para poder llegar a las instituciones bancarias, por otro lado los requisitos a cumplir no les permiten el fácil manejo de una cuenta bancaria ya que deben cubrir cuotas como manejo de cuenta, entre otros, quebrantando su economía, esto sin contar que hay personas que no saben leer y escribir, por tal motivo, esto lo vuelve más complicado, así mismo sus ingresos no son lo suficientemente elevados como para mantenerlos en el banco con el saldo mínimo de la cuenta, ya que viven al día y por costumbre todas sus operaciones las realizan en efectivo, de una manera más fácil.

Proponiéndole a la colegisladora en sus atribuciones constitucionales, respecto al punto tratado, respetuosamente solicitamos por lo expuesto y fundado, la adición a la fracción III del Apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, en los siguientes términos:

Los contribuyentes que utilicen diesel en las actividades agropecuarias y silvícolas, no están obligados a pagar la adquisición del mismo, mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos, pudiendo hacer la erogación correspondiente, en efectivo.

4. Establecer mediante un artículo transitorio en la Ley de Ingresos la condonación de créditos fiscales, como resultado autorizaciones emitidas por las administraciones locales por el ejercicio de 2013. El protocolo del San Salvador del que México es parte, establece en sus artículos 2 y 4 la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos estos derechos económicos, sociales y culturales, por ende, esa medida estaba regulada a través del estímulo fiscal de la devolución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por ello es que al solicitar el reintegro del estímulo por el ejercicio fiscal de 2013, autorizado por la Autoridad, representa una contravención clara a este protocolo de San Salvador, ya que en su artículo 4 establece la no admisión de restricciones, es decir, que no pueden restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en el Estado en virtud de la legislación interna.

Que se adicione en la Ley de Ingresos de 2014, una disposición que permita a los agricultores y silvicultores que se encuentran en la problemática que les fue determinado un crédito fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria, por la entrega en el primero o segundo trimestre de 2013, del estimulo fiscal, y después, les fue requerido su devolución más recargos y multas, por lo cual se propone que esa adición en un artículo transitorio de la Ley de Ingresos del 2014, sea para que se cancele por única ocasión estos créditos fiscales, lo cual permita que los libere de pago, con ello el sobreseimiento de la diversidad de juicios-promovidos en contra del Servicio de Administración Tributaria se finalizaran, y. permitirá por ello disminuir las cargas de los tribunales y órganos jurisdiccionales.

Proponiéndole a la colegisladora en sus atribuciones constitucionales, respetuosamente solicitamos por lo expuesto y fundado, la adición a la fracción III del Apartado A, del artículo 16, y la redacción de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, a las personas a las que se refiere el segundo y cuarto párrafo de esta fracción, que les haya sido determinado un crédito fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria, por la autorización del estímulo fiscal, de los consumos de combustible por el ejercicio correspondiente al 2013, se cancelen por única ocasión estos créditos fiscales, de los que se refiere esta fracción.

Dicho lo anterior, la propuesta de iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, sólo respecto al Estímulo Fiscal contenido regularmente en el artículo 16, Apartado A, fracción III de dicho ordenamiento legal, sería el siguiente texto:

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2014, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

...

III. Las personas que adquieran diesel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 (un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con 39 centésimos) pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2013 y enero de 2014.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diesel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diesel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diesel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diesel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

Para que el contribuyente acredite la legítima propiedad o posesión de la unidad de producción que explota y del bien que requiere el diesel, deberá exhibir ante la autoridad en original y copia la siguiente documentación:

I. Para acreditar el Régimen de propiedad de la unidad de producción: copia del título de propiedad, escritura pública o póliza, certificado de derechos agrarios o parcelarios o acta de asamblea; o

II. Para acreditar el Régimen de posesión legal de la unidad de producción: contratos de arrendamiento, usufructo, aparcería, concesión, entre otros.

III. Si están sujetos a Régimen Hídrico: copia de las boletas de agua o de los títulos de concesión de derechos de agua.

IV. Respecto del bien en el que utiliza el diesel: original y copia de los comprobantes a nombre del contribuyente con los que acrediten la propiedad, copropiedad o, tratándose de la legítima posesión, las documentales que acrediten la misma, como pueden ser, de manera enunciativa, escritura pública o póliza, contratos de arrendamiento, de préstamo o de usufructo, entre otros.

Los contribuyentes que utilicen diesel en las actividades agropecuarias y silvícolas, no están obligados a pagar la adquisición del mismo, mediante cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos, pudiendo hacer la erogación correspondiente, en efectivo.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diesel cumpliendo con los requisitos señalados esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diesel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

Proponiéndole a la Colegisladora respetuosamente un artículo transitorio en los siguientes términos:

Artículo Transitorio: A las personas a las que se refiere el segundo y cuarto párrafo del apartado a, del artículo 16 de esta ley, que les haya sido determinado un crédito fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria, por la autorización del estímulo fiscal, de los consumos de combustible por el ejercicio correspondiente al 2013, se cancelen por única ocasión estos créditos fiscales.

Solicito respetuosamente que este punto de acuerdo por las condiciones que el caso amerita, sea consultado a la asamblea, a efecto de que se apruebe, por lo anterior, me permito someter a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados a considerar las reformas necesarias en el dictamen correspondiente, para la vigencia de los estímulos fiscales en materia de diesel en la Ley de Ingresos para 2014, en los términos del contenido del presente punto de acuerdo.

Notas:

1 Párrafo adicionado, con respecto al texto del artículo 16, Apartado A, fracción III de la Ley de Ingresos de la Federación para 2012.

2 En el Link: http://www.shop.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/2012/cuart o trimestre 2012/Anexos%20de%20Finanzas%20P%C%BAblicas%204t.%20trim%202012.PDF

Dado en el salón de sesiones, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil trece.— Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

ALUMNOS CON CAPACIDADES Y APTITUDES INTELECTUALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“Primero.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se consideren, propongan y, en su caso, se aprueben, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, los recursos suficientes para ampliar la cobertura en la atención integral de los alumnos con capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes del sistema educativo nacional, que permitan en lo posible, identificar/os, evitar su deserción escolar, rezago o discriminación y aprovechar su talento en beneficio del desarrollo y la competitividad de México.

”Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a partir de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, ponga en marcha un Programa Especial para la Educación de las Personas con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, que fortalezca el currículo escolar y actualice los planes de estudio en función de los recursos disponibles y las características de los alumnos y su entorno.

”Tercero.El Senado de la República solicita respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública, envíe a esta Cámara de Senadores, un informe actualizado sobre las metas alcanzadas en la atención de alumnos con capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes del sistema educativo nacional ”.

Atentamente

México, DF, a 18 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, con el siguiente punto de acuerdo:

“Primero. El Senado de la República exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar las Reglas de Operación del Subsemun, a efecto de considerar en el ámbito de sus atribuciones legales, la inclusión de los 23 Municipios de la Frontera Sur: dos en el estado de Campeche (Candelaria y Calakmul); 18 en el estado de Chiapas (Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, Motozintla, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Tapachula, La Trinitaria, Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenéjapa, Metapa y Marqués de Comillas); uno en el estado de Quintana Roo (Othón P. Blanco); y dos en Tabasco (Balancán y Tenosique), en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), para el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes.

”Segundo. El Senado de la República exhorta al Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, para que sean revisadas las Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para incluir a los 23 Municipios de la frontera sur señalados en el punto anterior.

”Tercero.El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, se consideren los recursos necesarios para los efectos conducentes.”

Atentamente

México, DF, a 18 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

REFUGIOS OPERADOS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE ATIENDEN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a aumentar el monto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, destinado a fortalecer a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, operados por las organizaciones de la sociedad civil.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados;

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para aumentar el monto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, destinado a fortalecer a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, operados por las organizaciones de la sociedad civil, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el mundo, por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o abusada de alguna otra forma en algún momento de su vida y es quizá una de las formas más generalizadas y toleradas de violación a los derechos humanos. Las organizaciones internacionales han reconocido que la violencia hacia las mujeres y niñas constituye el mayor obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz, además les impide gozar plenamente de sus derechos humanos, especialmente el derecho a una vida libre de violencia.

A lo largo de la historia, y en todo el mundo, las mujeres han creado y apoyado los esfuerzos para brindar seguridad a otras mujeres y niñas en riesgo de sufrir daño, ya sea a través de instituciones religiosas, apoyo comunitario o familiar. En las últimas décadas en particular, el movimiento de mujeres ha tenido un impacto enorme en la expansión de los refugios y los servicios conexos.

El movimiento de refugios para mujeres, actualmente desempeña un papel fundamental que se suma al esfuerzo global para terminar con la violencia que viven las mujeres, sus hijas e hijos. Los refugios son espacios seguros que generalmente se crean con recursos limitados y nacen bajo la necesidad que tienen las víctimas para encontrar seguridad y asistencia, sin que sientan vergüenza o sean estigmatizadas.

En nuestro país los primeros esfuerzos por la institucionalización de centros especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia datan de la década de los 70. En la década de los 80, son los grupos de mujeres feministas y organizaciones de la sociedad principal, principalmente, quienes construyen organizaciones que brindan atención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia familiar, destacándose organizaciones tales como: Asociación Mexicana contra la Violencia a las Mujeres, AC, Centro de Investigación y Lucha contra la Violencia Doméstica, AC, entre otras.

Es en la década de los 90 que la lucha feminista se centra en visibilizar la violencia contra las mujeres como una problemática del ámbito público; el objetivo era que el Estado mexicano asumiera su responsabilidad reconociendo que los actos de violencia que se ejercían contra las mujeres constituían violaciones de derechos humanos. Se empezaron a generar políticas públicas gubernamentales para brindar atención a la violencia en el ámbito familiar, bajo el lema de que “lo privado también es público”.

A comienzos de este siglo, en el año 2001, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres respecto a los hombres, el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas; así como, su participación paritaria en la vida política, cultural, económica y social del país. Entre sus prioridades está la creación de políticas públicas que potencien el avance hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. De igual forma, en las 32 entidades federativas se consolidan entes de la administración pública similares al instituto, los llamados “mecanismos para el adelanto de las mujeres”, que tienen los mismos objetivos.

Como puede observarse, tanto a nivel internacional como nacional, se ha establecido como prioridad velar por seguridad de las mujeres y niñas víctimas de violencia; es por ello que, a través de los refugios especializados se busca lograr dicho objetivo. A pesar de que, la respuesta que ha dado el Estado mexicano, si bien ha ido consolidándose a lo largo de estas últimas décadas, se debe de reconocer que aún existen deficiencias en el diseño, presupuesto asignado, ejecución y seguimiento de las políticas especializadas en materia de refugios especializados para mujeres víctimas de violencia.

Es por ello que el fortalecimiento de la relación gobierno-sociedad civil para atender la violencia contra las mujeres y niñas es clave y ha generado importantes resultados. Un ejemplo es el convenio de colaboración entre la Red Nacional de Refugios (RNR) y el Inmujeres, en el año 2007, con el cual se logró incrementar el número de refugios de 54 a 66 entre los años 2007 y 2011.

Sin embargo, en el país falta mucho para lograr la erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas. Las más recientes estadísticas, del año 2011, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) brindan una aproximación de la violencia que viven mujeres en su ámbito familiar. La información de la encuesta revela que del total de mujeres de 15 años y más:

• 46.1 por ciento sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugál; el porcentaje fluctúa entre 56.9 por ciento en el estado de México y 29.8 por ciento en Chiapas.

• 42.4 por ciento declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica.

• 24.5 por ciento recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.

• 13.5 por ciento de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el estado de México con 15.5 por ciento, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento; y,

• 7.3 por ciento de ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento por sus propias parejas.

Seguir trabajando en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en la creación de nuevos refugios; así como en el fortalecimiento de los que ya existen sin duda ayudará a brindar mayores y mejores respuestas a las mujeres víctimas de violencia; en especial, aquellas que promuevan un verdadero acceso a la seguridad y la justicia. Entre las oportunidades que se pueden generar desde estos espacios se encuentran, entre otras, las siguientes:

• Empoderar a las mujeres para que accedan y reciban la gama de servicios y respuestas institucionales que les corresponden y suelen necesitar para sobreponerse a sus experiencias de violencia.

• Promover el derecho de las mujeres de tomar decisiones informadas por sí mismas; y

• Aumentar la disponibilidad de recursos gubernamentales adecuados para abordar la temática y fortalecer la prestación de servicios apropiados, focalizados en las sobrevivientes, que respetan la confidencialidad, las decisiones y las necesidades de las mujeres.

Como puede observarse, los refugios son componentes cruciales en una respuesta integral a las mujeres sobrevivientes, según lo establecido en varios acuerdos internacionales, tales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, que instó a los países a

“Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestar/es servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudar/es a encontrar medios de vida suficientes..

Aunque refugio y albergue se emplean como sinónimos no son lo mismo. La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2010 Asistencia Social, señala que un albergue es un establecimiento que otorga servicios y apoyos a personas en condiciones de vulnerabilidad, a fin de promover su integración social y productiva sin llegar a una dependencia institucional permanente. En algunas leyes a los refugios se les llaman albergues, como en los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por ejemplo.

No obstante, la Ley General de Acceso señala las características del refugio como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos), quienes pueden permanecer por tres meses, o menos o más tiempo, según las necesidades del caso. Su estadía tiene el propósito de que se recuperen y equilibren su estado emocional para que tomen decisiones.

Los servicios de un refugio comprenden servicios especializados, protección, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, durante las 24 horas los 365 días del año, con personal profesional que se asegura de que el ingreso, permanencia y egreso de la víctima se provean con absoluto respeto a su voluntad y dignidad.

De igual forma, el Reglamento de la Ley General de Acceso dispone que los refugios deben funcionar con base en el modelo de atención revisado, establecido y acordado de manera conjunta por el Inmujeres en coordinación con las dependencias del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Por último, en la Norma Oficial Mexicana Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención NOM-046-SSA2-2005 se define refugio como “espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la recuperación de su autonomía y definir su plan de vida libre de violencia que ofrece servicios de protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género. El domicilio no es del dominio público”. Según esta norma, los refugios se crean para atender la violencia extrema hacia las mujeres.

Es importante resaltar el trabajo que ha venido realizando la Red Nacional de Refugios, a través del informe Sistematización de indicadores de impacto en la línea para la gestión de la red nacional de refugios en adelante, SIILGE, para contribuir a generar estadísticas confiables sobre la atención que se proporciona a mujeres víctimas de violencia.

De acuerdo con el SIILGE para el año 2012, se contempló la información proporcionada por 42 de los 44 refugios que firmaron Convenio con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, entre los resultados obtenidos se observan los siguientes:

• En el año 2012, en los 42 refugios ingresaron un total de 3 mil 879 personas; de las cuales: mil 565 eran mujeres; mil 127 niñas y mil 187 niños.

• La mayoría de las personas que ingresaron, 56 por ciento, oscilaban en edades de 15 a 29 años; 36 por ciento mujeres de 30 a 44 años; 2 por ciento eran personas menores de 14 años y 1 por ciento mujeres mayores de 60 años.

• De igual forma se informa que de las mujeres víctimas de violencia ingresadas 26 por ciento no tiene ingresos; 24 por ciento recibe un ingreso mensual entre los 361 pesos a los mil 701 pesos; 16 por ciento recibe de mil 702 pesos a 3 mil 402 pesos y 11 por ciento desconoce cuánto es su ingreso mensual.

• Es importante señalar que del total de mujeres ingresadas, únicamente 9 por ciento presenta algún tipo de adicción.

• De la violencia sufrida por la cual ingresaron al refugio, 56 por ciento fue física y psicóloga y 44 por ciento fue por los cinco tipos de violencia que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• La frecuencia con la que vivían las mujeres la violencia reportada indican que 53 por ciento de las mujeres la padecía a diario, 16 por ciento una vez por semana; 15 por ciento cada tercer día y 16 por ciento con una periodicidad de más de 8 días.

• De 80 por ciento de mujeres que sufrieron violencia física 21 por ciento tuvo traumatismo en la cabeza; 24 por ciento en las extremidades superiores; 17 por ciento en las extremidades inferiores.

• De los lugares en donde se reporta que se vivió la violencia por parte de las mujeres, 48 por ciento fue en la recamara, 30 por ciento en la sala, 13 por ciento en la vía pública y 8 por ciento en la cocina.

• De las mujeres atendidas en los refugios, 60 por ciento refleja una mejoría psicológica; sin embargo, tienen dificultades para reinsertarse en la vida cotidiana al egresar de los refugios, principalmente por no contar con vivienda propia ni empleo.

Actualmente, la Secretaria de Salud, a través de Programa de Programa de Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva brinda apoyo económico para la operación y funcionamiento de los refugios que atienden a mujeres que viven violencia extrema y son operados por organizaciones de la sociedad civil.

De igual forma, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) de la Secretaría de Desarrollo Social, también se brinda financiamiento parcial para la operación de refugios destinados para la atención de mujeres víctimas de violencia.

Por lo anterior, y con la finalidad de seguir contribuyendo con el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil que atienden a mujeres víctimas de violencia, a sus hijas e hijos, es importante que el estado coadyuve en el financiamiento, mantenimiento y operación adecuada de los refugios especializados en el país. Por ello, para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, es importante que el monto programado para el financiamiento de los refugios especializados sea duplicado, en relación con el monto autorizado para el ejercicio presupuestal de este año, a fin de seguir contribuyendo con las acciones que coadyuvan con el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas en México.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 se autorice la duplicación del monto -en relación con el monto autorizado en el año 2013- contemplado en el Programa de Violencia del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, que apoya a los refugios para mujeres que viven violencia extrema, operados por la sociedad civil.

Segundo.Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 se autorice la duplicación del monto -en relación con el monto autorizado en el año 2013- operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, que da financiamiento a los refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia familiar y sexual.

Notas:

1. Véase. Guillé, Tamayo Marra Margarita, Informe de la Segunda Conferencia Mundial de Refugios,27 de febreroa 1 marzo del 2012, Washington, DC,Red Interamericana de Refugios para Mujeres, México, 2012, pp. 5.

2. Véase. Historiay origen de los refugios para mujeres,Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres. Disponible en Internet: http://www.endvawnow.org

3. Véase. Guillé, Tamayo Marra Margarita y Rodríguez, Pérez Marra de Lourdes, Modelo de Atención Intearal a las Muieres Vrctimas de Violencia de Género, Instituto de Investigaciones Jurrdicas, UNAM, México, 2012, pp. 69.

4. Véase. Vázquez, Alarcón Juana Araceli; Guillé, Tamayo Marra Margarita; Santaella, Solís Adalberto Javier; Corona, Ramos Araceli; et al., Modelo de atención en refugios para mujeres vlctimas de violenciay sus hijase hijos,Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2011, pp.11.

5. Op. cit.Vázquez, Alarcón Juana Araceli, supra no. 3, pp.13.

6. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, INEGI, 2012.

Disponible en Internet: http://www.inegi.org.mxlesUcontenidos/proyectos/encuestas/hogares/especialeslen direh/default. aspx

7. Op. Cit. Historia y origen de los refugios para mujeres, supra No. 2.

8. Op. cit.. Vázquez, Alarcón Juana Araceli, Supra No 4., pp. 22 Y 23.

9. Artículos 38, fracción XIII; 48, fracción IV, 50, fracción VII; 51, fracción IV; 52, fracciones VI y VIII; 54, 55, 56, 57, 58 Y 59 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

10. NOM-046-SSA2-2005. 4 Definiciones. 4.22

11. Sistema de Indicadores de Impacto en la Línea para la Gestión de la Red Nacional de Refugios, Reporte 2010-2011-2012, Red Nacional de Refugio, México, 2012, pp. 92 a 115.

Senado de la República, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

SECRETARIA DE TURISMO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 mayores recursos para la Secretaría de Turismo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, senador de la república por Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, con base en las facultades que confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 mayores recursos para la Secretaría de Turismo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El turismo en el país representa una gran oportunidad de crecimiento económico, de innovación y de generación de empleos, que aún debemos explotar a cabalidad.

La riqueza turística de México va más allá de destinos de sol y playa. Nuestro cúmulo de recursos naturales permite al viajero apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes nevados y otros paisajes con una increíble variedad de luz y color.

Además, la oferta cultural e histórica que posee el país es reconocida por diversos organismos nacionales e internacionales, y sitúa al sector turístico como una actividad prometedora y fructífera. México es reconocido hoy como uno de los países que recibe más turistas al año, y ocupa el décimo lugar como destino turístico.

El potencial económico y de impulso del bienestar social del sector turístico en el país queda claro si se analizan los datos sobre su desempeño. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 las actividades relacionadas con el turismo alcanzaron 7.5 por ciento del producto interno bruto (PIB); es decir, 1 billón 32 mil 879 millones de pesos, monto similar al PIB sumado de Aguascalientes, Guerrero, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán. En el mismo año, las actividades turísticas crearon 2 millones 474 mil empleos.

Sin duda, durante los últimos años los avances obtenidos en el desarrollo de las actividades turísticas han sido significativos; muestra de ello es que en 2012, último año de la administración del presidente Calderón, el ingreso de divisas por turismo internacional registró un aumento de 7.6 por ciento respecto a 2011.

Además, se ha presentado un incremento relevante de turistas e infraestructura. En 2012, la cifra de llegada de turistas a México fue de poco más de 64 millones 328 mil, frente a los 59 millones 237 mil de 2011, lo cual representó un aumento de 8.6 por ciento. Destacan al respecto los visitantes nacionales, con más de 50 millones 776 mil, lo que representó 78.9 por ciento de los viajeros.

En relación con la actividad hotelera, los cuartos de hotel pasaron de 651 mil 160 en 2011 a 660 mil 546 en 2012 como resultado del aumento de ocupación promedio, que pasó de 50.0 por ciento en 2011 a 53.2 para 2012.

Los datos más recientes hacen predecir que, pese a las crisis mundiales, el turismo puede seguir creciendo hasta convertirse en el motor más relevante de nuestro desarrollo. Hoy, cabe recordarlo, la actividad se sitúa como la tercera fuente de divisas para México (después del petróleo y las remesas).

Pero podemos aspirar a mucho más. Uno de nuestros retos será coadyuvar en la promoción de nuevas opciones turísticas, como el turismo ecológico y cultural en zonas prioritariamente indígenas, y preservar al mismo tiempo los recursos naturales y la integridad de las formas de vida comunitarias.

Finalmente, para fortalecer el sector, serán necesarios mayor inversión y el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento. Si bien en 2013 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 mil 211 millones de pesos para el ramo de turismo –cifra superior en 174 millones de pesos respecto a la aprobada para 2012–, requerimos más inversión para afrontar las necesidades que perduran en el sector. A todos los senadores nos toca promover más recursos para estas actividades.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 mayores recursos para la Secretaría de Turismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de septiembre de 2013.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios a la función salud, como proporción del producto interno bruto; a los servicios de salud dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, cubiertos por el Sistema de Protección Social en Salud.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, Francisco Salvador López Brito, senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación del PEF de 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios: A la Función Salud, como proporción del Producto Interno Bruto; A los servicios de salud dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, cubiertos por el Sistema de Protección Social en Salud., de conformidad con los siguientes;

Considerando

Que el Sistema Nacional de Salud Pública está conformado por dos vertientes que atienden a poblaciones con características muy particulares: en el Sistema de Seguridad Social en Salud, la población que labora en la economía formal (sector público, privado y social), denominada “población derechohabiente”, se conforman con instituciones que se han construido a partir de esquemas contributivos, porque se financian con cuotas aportadas por lo~ trabajadores, los patrones y el Estado;

Que en relación con la composición pública y privada del gasto en salud en México, en tanto en 2000 el gasto público en salud fue de 2.4, en 2011 fue de 2.9; y el gasto privado pasó de 2.7 en 2000 a 3.3 en 2011, es decir la proporción fue de 47 por ciento público y 53 por ciento privado en 2000 contra 46.7 público y 53.3 privado en 2011. Aunque el gasto público en salud en México ha aumentado a más del doble desde 1990, año en que representó el 1.8, aún es bajo respecto al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos donde la proporción del gasto público respecto al gasto total en salud es del 70 por ciento, y el gasto privado representa el 30 por ciento. En países como Argentina las proporciones son: 60 por ciento público contra 40 privado; Brasil 47 publico contra 53 privado y Chile 47 público contra 53 privado.

Que por su parte, el Sistema de Protección Social en Salud comprende un conjunto de instituciones y programas orientados hacia la población desempleada, que labora en la economía informal, que se encuentra en estado de pobreza, vulnerabilidad o marginación, carentes de ingresos o con ingresos tan bajos que están impedidos para contribuir en el sistema de seguridad social, denominada “población no derechohabiente” o “población abierta”; que este sistema es considerado un instrumentos redistributivos por excelencia, porque buscan impedir que las familias de más bajo recursos caigan en gastos catastróficos;

Que en 1983 se aprobó dos reforma al artículo Cuarto Constitucional, y se estableció el derecho universal al acceso a la salud.

Que en el año de 1998, inició el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación como un instrumento para atender a la población abierta de las entidades Federativas del país, entre otros;

Que en el año 2003 se creó el Seguro Popular, con el objeto de prestar los servicios de salud a toda la población no derechohabiente del país;

Que por los importantes efectos redistributivos que implica desarrollar esta política pública, esta estrategia potencializa la actividad económica, porque incrementa las capacidades físicas y mentales de los individuos, lo que repercute en la productividad del factor trabajo, y como efecto final, en el producto social;

Que como en el caso de la educación, la salud constituye la infraestructura social requerida-para el desarrollo.

Que existe una relación viable entre el mejoramiento de la salud y la productividad económica, ya que ambos concurren a la formación y conservación del capital humano. La falta de salud afecta directamente la fuerza de trabajo y tiene profundas repercusiones en la economía, ocasionando la pérdida de trabajadores como unidades económicas, bien por muerte prematura o reducción del tiempo y la capacidad de trabajo. La salud es necesaria para mantener y mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y para permitir que los niños utilicen eficazmente las inversiones en educación, necesarias para el desempeño de sus funciones futuras. Es evidente y lógico, que la salud constituye un elemento esencial del desarrollo económico a largo plazo;

Que sin embargo, esta visión de mantener una política activa en la inversión pública en materia de salud, para potencializar sus efectos multiplicadores en la productividad del trabajo y en el producto social, se mantuvo hasta el año de 1982, cuando se presentó un cambio en el modelo económico en el país. Las políticas intervencionistas fueron fuertemente cuestionadas, se reorientó las funciones gubernamentales, aplicándose tres medidas que tuvieron como resultado reducir la participación del Estado en la economía: se privatizaron las empresas públicas, se desregularon diversas actividades principalmente financieras y, se liberalizó la economía para suprimir las barreras comerciales e insertarla a la nueva dinámica global;

Que en específico, el gasto público presentó fuertes contracciones afectando rubros importantes como la inversión para la infraestructura social, el Estado se retiró de sus funciones trascendentales, bajo la hipótesis que sería el mercado quién iba a realizarlas. Tres décadas después de tomada esta decisión, existen incentivos para que la inversión pública sea nuevamente un instrumento poderoso para reactivar la economía del país;

Que son dos elementos para abrir el espacio para la intervención pública. En primer lugar, la existencia de ineficiencias generadoras de fallas del mercado; en segundo lugar, la existencia de situaciones socialmente indeseables en términos de redistribución. Sobre el primer aspecto, una de las principales aportaciones de la economía del bienestar fue el descubrimiento de las fallas del mercado. Según ella, no siempre los precios de mercado aseguran la consecución de un resultado eficiente o un equilibrio competitivo, esto debido a que aun cuando haya una situación de equilibrio de mercado, los precios no reflejan la valoración marginal de los consumidores o el costo marginal de una unidad adicional de los productos, lo cual da lugar a una utilización errónea de los recursos (sobre o subutilización). Desde esta perspectiva, se abre la posibilidad de introducir la justificación de la intervención del Estado siempre y cuando los resultados de este second best (mejor a la segunda) sean superiores a los alcanzados en el mercado;

Que en efecto, dentro del Sistema Nacional de Salud, existe un conjunto de instituciones privadas, guiadas por las leyes del mercado, que hacen asequibles este servicio a un estrato poblacional de ingresos medios y altos, que tienen capacidad para demandar tales servicios sin caer en gastos catastróficos. Son empresas cuyo objetivo es maximizar sus utilidades, en muchas ocasiones anteponiéndolo a su deber moral de darle atención médica a la población. En este sentido, el Sistema Nacional de Salud Privada presenta una falla de mercado, como su lógica de funcionamiento es la ganancia, renuncian a proporcionarle este servicio a la población de bajos ingresos en condiciones de pobreza, marginalidad o vulnerabilidad. Otra falla de mercado está relacionada con la localización, estos centros de atención privados se ubican en ciudades urbanas, con población de ingresos medios y altos. Las comunidades rurales carecen de este tipo de servicios médicos, el Estado tiene que corregir esta falla, ubicando clínicas en 10caUdades escasamente pobladas, de difícil acceso y donde generalmente habitan poblaciones de situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad;

Que en síntesis, las funciones más importantes que tiene la inversión pública en salud es corregir las fallas que el mercado genera en la provisión de estos servicios, haciéndolo asequible a la población que se encuentra en situación de pobreza, marginalidad o vulnerabilidad; también le permite cumplir al Estado con su tarea irrenunciable de redistribuir la riqueza, haciendo accesible los servicios a estos estratos poblacionales, e impidiendo que las familias de bajos ingresos caigan en gastos catastróficos;

Que en el presente, el Estado mexicano en su función de corregir las fallas de mercado, ha realizado inversiones para constituir y fortalecer las dependencias y los programas que conforman el Sistema Nacional de Salud Pública;

Que los programas y sus características más importantes en el Sistema de Protección Social en Salud son los siguientes:

1. Seguro Popular. En el año 2003, se creó este Seguro, como un instrumento que establece los lineamientos para incorporar gradualmente a todos los mexicanos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición laboral. De esta manera, el Estado garantiza el acceso, sin desembolso en el momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, adscritos en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud. Además, se incluye el concepto de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo.

2. El FASSA. Como un elemento del Ramo 33 del PEF, tiene como objetivo disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega del medicamento. Con el FASSA se atiende a las personas que no tienen un empleo formal con acceso a seguridad social. El fondo busca preservar la capacidad operativa de las entidades federativas y una mayor equidad del gasto público al distribuir los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación, la cual busca otorgar más recursos a aquellas entidades con mayores necesidades y rezagos.

3. Oportunidades y cirugía extramuros. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud participa en la operación de estos programas. Esta comisión incorpora en forma complementaria las acciones del componente de salud de Oportunidades centradas en la provisión de un paquete de servicios sobre todo del primer nivel de atención, en impulsar una mejor nutrición y reforzar los procesos de auto cuidado de la salud. Por su parte, a través de Cirugía Extramuros la Comisión trata de reforzar el acceso universal a los servicios del primer nivel de atención, con el apoyo financiero de la Fundación TELMEX; busca acercar la atención a los lugares de mayor rezago y genera campañas quirúrgicas.

4. Programa IMSS-Oportunidades. Su objetivo es contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de seguridad social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura. La población que carece de seguridad social adscrita a este prógrama, que habitan prioritaria mente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, puede mejorar su estado de salud a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto cuidado. Busca dar atención médica, otorgar servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, a la población del ámbito de responsabilidad, en las unidades de primer y segundo nivel de atención.

5. El Seguro Médico para una Nueva Generación. Incorpora a niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006, garantizándole la cobertura completa y de por vida en servicios de salud, su objetivo es que todos tengan derecho a un seguro que cubra 100 por ciento de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de primer nivel y 95 por ciento de las acciones hospitalarias, así como los medicamentos asociados, consultas y tratamientos.

6. Embarazo saludable. Su objetivo es luchar contra la mortalidad materna en las zonas marginadas del país. Las mujeres embarazadas pueden contar con los mismos beneficios generales del Seguro Popular, lo que implica la prestación de 15 servicios que equivalen al 100 por ciento de la cobertura de las complicaciones que puede tener .una mujer, antes, durante y después del parto. Además, tienen la posibilidad de ser atendidas en los servicios cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (en el caso de las mujeres incluye servicios de alta especialidad como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, tratamiento ambulatorio del VIH/SIDA, entre otros);

Que es necesario continuar canalizando mayores recursos que permitan enfrentar los retos de la transición demográfica y epidemiológica, los rezagas y los pendientes en materia de calidad de los servicios de salud que se brinda a la población “abierta”;

Que durante el periodo 2012-2013, el gasto público federal para la función salud evolucionó de la siguiente manera:

En 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 423 mil 266.31 millones de pesos.

En 2013, el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de la Federación propuso, a la Cámara de Diputados, un gasto de 448 mil 490.50 millones de pesos; y la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 448 mil 975.50 millones de pesos, incrementándolo 25 mil 709.19 millones de pesos respecto al aprobado en el ejercicio fiscal de 2012 y en 485 millones de pesos respecto a la propuesta contenida en el ejercicio fiscal 2013. En términos porcentuales, un incrementó de 6.07 por ciento con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2012; y en 0.11 por ciento con respecto al propuesto por el Ejecutivo federal para el ejercicio fiscal 2013.

Que durante 2012-13, el gasto para esta función tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB:

En el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 2.71 por ciento del PIB;

En el año 2013, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 2.68 por ciento del PIB; y

En el año 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 2.69 por ciento del PIB.

Que para el año 2013, el presupuesto aprobado para esta Función, por destino de gasto y su proporción del PIB, se distribuye de la siguiente manera:

Prestación de Servicios de Salud a la Persona, fue de 324 mil 380.16 millones de pesos, 1.94 por ciento del PIB;

Protección Social de Salud, fue de 76 mil 198.92 millones de pesos, 0.46 del PIB; prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, fue de 22 mil 415.44 millones de pesos, 0.13 por ciento del PIB;

Generación de Recursos para la Salud, fue de 15 mil 300.47 millones de pesos, 0.09 por ciento del PIB.

Rectoría del Sistema de Salud, fue de 10 mil 033.30 millones de pesos, 0.06 por ciento del PIB; y Función Pública fue de 647.21 millones de pesos, 0.004 por ciento del PIB.

Que por destino del gasto, se observa un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En 2013, del gasto total aprobado, 97.11 por ciento corresponde a gasto corriente y 2.89 por ciento a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera:

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, el 4.97 por ciento fue para gasto corriente y el 0.02 por ciento para gasto de capital;

Prestación de Servicios de Salud a la Persona, el 70.59 por ciento fue para gasto corriente y el 1.66 por ciento para gasto de capital;

Generación de Recursos para la Salud, el 2.84 por ciento fue para gasto corriente y el 0.57 por ciento para gasto de capital;

Rectoría del Sistema de Salud, el 2.20 por ciento fue para gasto corriente y el 0.04 por ciento para gasto de capital;

Protección Social de Salud, el 16.38 por ciento fue para gasto corriente y 0.60 por ciento para gasto de capital; y

Para Función Pública, el 0.14 por ciento fue para gasto corriente.

Que uno de los componentes de la función salud es el gasto federalizado, como un elemento del ramo 33 del PEF, que asigna recursos públicos desde la Federación para las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del FASSA.

Que durante el periodo 2012-213 este gasto evolucionó de la siguiente manera:

En el año 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 61 mil. 951.39 millones de pesos;

En el año 2013, el Ejecutivo federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 67 mil 871.10 millones de pesos; y

En el año 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de de 67 mil 871.10 millones de pesos.

Que de los programas de la función salud, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias p.ara el ejercicio fiscal 2013:

Atención Curativa Eficiente, 146 mil 474.13 millones de pesos;

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 67 mil 871.10 millones de pesos;

Seguro Popular, 66 mil 791.94 millones de pesos;

Actividades de apoyo administrativo, 46 mil 902.53 millones de pesos;

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud, 16 mil 709.53 millones de pesos;

Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros, 12 mil 900.05 millones de pesos;

Programa IMSS-Oportunidades, 8 mil 800.00 millones de pesos;

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 5 mil 544.22 millones de pesos;

Atención a la salud reproductiva, 5 mil 197.36 millones de pesos; y

Recaudación eficiente de ingresos obrero-patronales, 5 mil 136. 21 millones de pesos.

Que como antecede, si bien es necesario que se canalicen mayores recursos para la función salud, también es importante que los recursos disponibles se ejerzan eficientemente y, preponderantemente, en acciones sustantivas. Al respecto, es de destacar que en México el componente administrativo alcanza poco más del 9 por ciento del gasto en salud para todo el sistema, llegando al 20 por ciento en el IMSS, mientras que el de Kaiser Permanente, una de las aseguradoras integradas más grandes de Estados Unidos, y el de Fonasa, la aseguradora pública de Chile, son de tan sólo el 4 por ciento;

Que de las unidades responsables que conforman la función salud, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2013:

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, 201 mil 986.78 millones de pesos;

Para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 77 mil 830.03 millones de pesos;

Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 41 mil 572.33 millones de pesos;

Para la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, 9 mil 150.00 millones de pesos;

Para la Dirección General de Sanidad, 5 mil 038.90 millones de pesos;

Pará la Dirección General de Planeación y Desarrollo en salud 4 mil 980.13 millones de pesos;

Para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 3 mil 705.29 millones de pesos;

Para la Dirección General de Calidad y Educación en SaludJ 2 mil 992.14 millones de pesos;

Para el Hospital General de México 2 mil 427.37 millones de pesos; y

Para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 mil 681.76 millones de pesos.

Que en síntesis la inversión pública en materia de salud se justifica porque permite el mejoramiento de la productividad del factor trabajo, es una política fundamental para la formación y conservación del capital humano ya que una población con carencias de estos servicios ve afectada su fuerza laboral, con fuertes repercusiones económicas (falta de crecimiento, mala distribución de la riqueza, retroalimentación de los factores generadores de pobreza). Desde la perspectiva del funcionamiento de los mercados, corrige las fallas de las instituciones privadas, asistiendo socialmente a la población que se encuentra en situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad, o que se localiza en comunidades alejadas, de difícil acceso, y que no cuentan con los recursos económicos para asistir a las instituciones privadas de salud. También es un instrumento de redistribución de la riqueza, haciendo accesible estos servicios a la población que está expuesta a gastos catastróficos cuando se presentan algún tipo de enfermedad, sin importar la gravedad de ésta.

Que para el ejercicio fiscal 2013, el gasto público para la función salud representó el 2.69 por ciento del PIB, y que comparativamente con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (datos para 2011) somos de las economías que destinan menos recursos públicos para esta función, seguida por Chile que asigna el 3.98 por ciento del PIB, Corea (4.02 por ciento del PIB) y Turquía (4.81 por ciento del PIB). Entre los países que gastan más en salud pública se encuentran: Dinamarca (9.78 por ciento del PIB); Francia (9.19 por ciento del PIB); Alemania (8.92 por ciento del PIB); Austria (8.55 por ciento del PIB) y Estados Unidos (8.30 por ciento del PIB).

Que México también se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE en términos de gasto total en salud per cápita, con 916 dólares en 2009, en comparación con el promedio de la OCDE de 3 mil 268 dólares.

Que durante las dos administraciones sexenales 2000-2012} con la reforma a la Ley General de Salud de 2003 que creó del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y la realizada en 2007 a la Ley del ISSSTE, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el gasto público en salud, como porcentaje del PIB, tuvo un incremento del 19.2 por ciento entre 2000 y 2010. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento no se ha sostenido en el último año, principalmente, en razón de que en 2012 se alcanzó la cobertura universal en salud, con la afiliación al 100 por ciento de la meta en el Seguro Popular.

Que en la distribución del gasto público para población derechohabiente y para la población “abierta”, existen diferencias importantes. En 2012 el gasto público per cápita que se destina a la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social es 1.5 veces (4 mil 899 pesos, lo que se canaliza a la población que no es derechohabiente de las instituciones de seguridad social (3 mil 260 pesos). Es importante resaltar que la diferencia actual es mucho menor a la que se presentaba en 2000, de 2.5 a 1, y cuya reducción de la brecha se debió al Seguro Popular, esquema de aseguramiento publico cuya cobertura médica comprende el Catálogo Universal de Servicios de Salud (284 intervenciones) el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos (59 intervenciones) y el Seguro Médico Siglo XXI para los menores de 5 años, (140 intervenciones adicionales a las consideradas en los otros dos catálogos).

Que para diciembre de 2012 la población en términos absolutos y relativos por condición de aseguramiento es la siguiente;

Que las dos fuentes de financia miento más importantes para el gasto en salud pública en nuestro país son los recursos aprobados para el IMSS que concentró el 1.21 por ciento del PIB y para la Secretaría de Salud que obtuvo el 0.71 por ciento del PIB.

Que por destino del gasto, se evidencia que la prestación de los servicios de salud para la persona es el rubro más importante donde se canalizaron estos recursos, concentrando el 1.94 por ciento del PIB del gasto total en salud, seguido por los servicios de salud a la comunidad, rubro donde se aprobó el 0.13 por ciento del PIB. Es decir estamos financiado la medicina curativa y con rezago en la medicina preventiva. Atendemos los problemas de salud y no los factores generadores de esos problemas.

Que el gasto en salud pública todavía presenta altos rasgos de centralización, porque en el ejercicio fiscal 2013, del gasto público total aprobado, el 2.28 por ciento de PIB es ejercido por las dependencias del gobierno federal o sus órganos desconcentrados, en contrapartida, el 0.41 por ciento se ejerce a través de las entidades federativas, los municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Que uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto público en salud en nuestro país es que el 97.11 por ciento se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones); y únicamente el 2.89 por ciento se asigna para el gasto de inversión, necesario para la modernización y ampliación de las actividades que conforman esta función, tales como la construcción de infraestructura en salud.

Que un elemento importante del gasto público en salud es el relacionado con los institutos, hospitales y centros nacionales y regionales de alta especialidad, administrados por la Secretaría de Salud. Para el ejercicio fiscal 2013, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con 3 mil 70S mdp, seguido en orden de importancia por el Hospital General de México con 2 mil 427 millones de pesos y Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 mil 681 millones de pesos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este honorable asamblea la siguiente proposición de

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios a la Función Salud, que permitan incrementar el nivel de gasto en salud como proporción del Producto Interno Bruto y que el financiamiento sea mayoritariamente público, como sucede en los países de la OCDE y algunos de ingreso similar al nuestro como Argentina.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en la presentación del proyecto, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se asignen mayores recursos presupuestarios a los programas y esquemas de atención dirigidos a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social, que permitan incrementar los recursos para medicamentos, médicos y enfermeras, infraestructura y equipamiento a las entidades federativas y organismos prestadores de servicios de salud, así como ampliar las intervenciones y servicios cubiertos por el Sistema de Protección Social en Salud.

Dado en la honorable Cámara de Senadores, el 4 de septiembre de 2013.— Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

CAMPAÑAS DE PREVENCION DE TABAQUISMO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10 por ciento del monto total de la recaudación esperada para 2014 por impuesto especial sobre producción y servicios en el concepto de tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Marcela Torres Peimbert, senadora de la República, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, numeral 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se asignen a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10 por ciento del monto total de la recaudación esperada para 2014 por IEPS en el concepto de tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo, fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del tabaquismo y otras adicciones, así como para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del tabaquismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 4 constitucional, en México toda persona tiene derecho a la protección de la salud, es otras palabras, velar por la salud de las y los mexicanos constituye no solamente una obligación del Estado mexicano, sino también derecho fundamental de los habitantes de nuestro país.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así ha comprendido el derecho a la protección de la salud, al establecer que éste es “una responsabilidad social que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso..

Contexto consumo de tabaco en México

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más alarmantes de la actualidad para la salud pública, tanto por las muertes de las que es responsable, como por la gran cantidad .de recursos que implican los padecimientos relacionados al consumo de tabaco. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha catalogado como una epidemia global.

Las muertes atribuibles al tabaquismo se estiman en alrededor de 6 millones de personas por año, tan solo en México son 66 mil. En la actualidad, se estima que alrededor de 1,000 millones de personas consumen tabaco en todo el mundo, por lo cual, se prevé que el número de muertes excederá los 8 millones de personas para 2030, la mayoría en países en vías de desarrollo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco y la exposición a su humo se mantienen como la primera causa de muerte prevenible ya que es un factor de riesgo para 6 de las 8 principales causas de muertes en el mundo. Investigaciones realizadas revelan que personas que empiezan a fumar tabaco durante la adolescencia y siguen haciéndolo durante 20 años, vivirán entre 20 y 25 años menos de aquellas que nunca probaron el cigarrillo.

En 2004, México ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) comprometiéndose a establecer políticas públicas para disminuir la incidencia de esta epidemia en el país. La Ley General para el Control de Tabaco (LGCT) surge como respuesta este compromiso internacional adquirido por el gobierno de México.

Tanto el CMCT como la LGCT contemplan un diseño integral en la que es necesario impulsar todas las medidas de control para incrementar el éxito de las políticas públicas. Las campañas de prevención, y los programas de tratamiento y control del tabaquismo son parte esencial de las políticas públicas encaminadas a controlar este grave problema. En el artículo 11, el CMCT establece la necesidad de advertir sobre los peligros del tabaco, y en el artículo 14, la obligación de ofrecer ayuda para dejar el consumo. En este sentido, la LGCT plasma estas directrices en los artículos 10, 18, 19, 20, 21 y 22.

Las cifras respaldan la necesidad de evitar que un mayor número de personas, especialmente los jóvenes, ingresen a las filas del tabaquismo. La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA 2011) reporta una prevalencia de consumo activo de tabaco de 21.7 por ciento, lo que representa 17.3 millones de mexicanos fumadores, de los cuales, 5.2 millones son mujeres.

En los jóvenes la situación es más alarmante pues, este sector de la población, junto con la . población femenina, es el principal objetivo de la industria tabacalera. De acuerdo a la ENA 2011, entre 2002 y 2011, la población de menores de edad fumadores aumentó en poco más de tres puntos porcentuales. De acuerdo con la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes 2011 (ETJ 2011) el 14.6 por ciento de los adolescentes entre 13 y 15 años fuman cigarrillos actualmente, y 42.8 por ciento alguna vez lo han probado.

Según información del Instituto Nacional de Salud Pública, un estudio de 2009 determinó que los cigarrillos en México ocupaban el cuarto lugar en asequibilidad (medida según el porcentaje del PIB por individuo necesario para comprar 100 cajetillas en 2006) de 16 países de ingresos medios.51 La cantidad de tiempo que una persona debe trabajar para comprar una cajetilla de cigarrillos es considerablemente menor en México (22 minutos) que en otros países, entre ellos el Reino Unido (35 minutos) y China (42 minutos). Según lo describe el siguiente capítulo en más detalle, los impuestos al cigarrillo en México también son bajos en comparación con países de altos ingresos, donde son comunes las tasas impositivas equivalentes al 75 por ciento del precio al consumidor.

El nivel del IEPS para los cigarrillos con filtro ha cambiado varias veces en los últimos años. Era del 139.3 por ciento entre 1981 y 1985, del 180 por ciento entre 1986.y 1988, del 160 por ciento entre 1989 y 1990,y del 139.3 por ciento entre 1991 y 1994. Entre 1995 y 2000, disminuyó al 85 por ciento. Desde el año 2000, el porcentaje ha aumentado de manera uniforme, hasta alcanzar el nivel actual del 160 por ciento. Los aumentos en 2007, 2008 y 2009 forman parte de un aumento progresivo aprobado a finales de 2006.

La tasa impositiva para los cigarrillos sin filtro aumentó del 20.9 por ciento al 60 por ciento en 2002, y luego al 80 por ciento, 100 por ciento y 110 por ciento en los tres años siguientes. Desde 2005 se ha aplicado la misma tasa a todos los tipos de cigarrillos, con excepción de los fabricados enteramente a mano. El IEPS actual para los productos de tabaco manufacturados es del 160 por ciento del precio al minorista, y para los productos de tabaco hechos enteramente a mano es del 30.4 por ciento.

Hace tan solo algunos años, a partir de la entrada en vigor del la entrada en vigencia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS), México fue uno de los principales países que estableció etiquetado con imágenes fuertes en las cajetillas de cigarrillos, asimismo se incrementó el impuesto a estos productos, sin embargo por falta de actualización el impuesto se quedó rezagado, situación por la cual resulta necesario actualizar el monto del Impuesto Especial que se le aplica al tabaco.

Cabe señalar que en la fracción VI, del artículo 10, de la ley General de Consumo de Tabaco, se contempla, como facultad de la Secretaria de Salud diseñar campañas que ayuden a disminuir y prevenir el consumo de productos de tabaco.

Respecto a la recaudación del IEPS de tabacos labrados:

• Durante el primer semestre de 2013, los ingresos tributarios no petroleros registraron un incremento real de 5.1 por ciento en parte debido a que la recaudación por IEPS aumentó 9.4 por ciento en términos reales debido al incremento de precios de los cigarros a finales de enero.

• En lo que va del año, la recaudación por IEPS a tabacos labrados ha sido superior en 6.6 millones de pesos a lo estimado (tabacos labrados: estimado17 mil 162.2; recaudado 17 mil 168.8).

Ni un solo centavo de los recursos recaudados por este impuesto especial se ha destinado a inhibir el consumo de tabaco en nuestro país, situación por la cual no es de extrañarse que en México se registren aproximadamente 44 mil decesos al año asociados al tabaquismo; es decir, entre 114 y 122 diarios, los cuales podrían incrementarse de manera exponencial y alarmante.

En nuestro país existen 17.7 millones de fumadores, de los cuales 12.30 por ciento son niños y adolescentes, México es el país más rezagado de la región latinoamericana en regulación de la venta y consumo de cigarros, según Matthew Myers, presidente de la campaña Niños Libres de Tabaco.

En el país cada fumador adulto consume 6.6 cigarros al día según la Encuesta Nacional de Adicciones, mientras que los adolescentes fuman 4.1.

Prevalencia en jóvenes

• Aumentó al igual que en la población femenina.

• Son el principal target de la industria tabacalera.

Tabaco como puerta de entrada

• Del tabaco al uso de otras drogas: ¿el uso temprano de tabaco aumenta la probabilidad de usar otras drogas?

• El tabaco constituye una droga de entrada.

• El riesgo de probar drogas como la cocaína y la mariguana se incrementa con la severidad del patrón de consumo de alcohol y tabaco.

• La edad más frecuente de inicio en el consumo de tabaco es entre los 13 y 14 años. Los factores de riesgo entre los adolescentes para el inicio en el consumo de drogas están relacionados con la oportunidad de consumo, la disponibilidad de sustancias y la tolerancia social a esta práctica.

• La edad de mayor probabilidad para experimentar con sustancias ocurre entre los 15 y los 19 años de edad.

• Aquellos que reportaron haber iniciado el consumo de tabaco antes de los 15 años de edad reportan también un mayor porcentaje de experimentación con drogas.

• La probabilidad de consumir drogas como la marihuana o la cocaína aumenta significativa mente ante una disminución en la edad de inicio en el consumo de tabaco.

• Solamente en 5.6 por ciento de los usuarios de drogas y 13 por ciento de los usuarios de alcohol, el consumo de tabaco no ocurrió primero.

Necesidad de destinar recursos del IEPS a tabacos a acciones específicas en materia de salud pública, campañas de prevención de tabaquismo, fortalecimiento de programas de prevención, control y tratamiento del tabaquismo y otras adicciones.

El domingo 8 de septiembre el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, presentó su paquete de reforma hacendaria, cabe mencionar que dentro dichas reformas la tasa aplicada a los tabacos labrados no se modificó, señalando que la recaudación esperada para 2014 por IEPS en este concepto es de 37 mil 208.4 millones de pesos.

Es cierto que el IEPS a tabacos labrados tiene un fin recaudatorio, no obstante se debe considerar que el fin extrafiscal de la misma es el más importante, toda vez que permite adoptar medidas para combatir el consumo de tabaco, así como las enfermedades que produce.

En este contexto, el impuesto especial debe tener como principal fin proveer al Estado de mayores recursos que permitan al sector salud hacer frente a los gastos que provocan el tabaquismo y las enfermedades relacionadas con el, considerando que éste representa una de las principales causas prevenibles de diversas enfermedades, así como para continuar o implementar nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de esta adicción, o bien, para financiar a la sociedad civil organizada que se encarga de proyectos de prevención y educación en materia de adicciones.

El fin de imponer un impuesto especial a un producto para desincentivar su consumo, le impone al Estado la obligación de destinar parte, o la totalidad de los recursos recaudados, para impulsar la realización de más campañas de prevención, así como fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del tabaquismo, resulta también necesario destinar recursos de manera específica para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del tabaquismo. Destinar estos recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, para la realización de las acciones específicas antes descritas, permitirá que el Estado mexicano cumpla con el mandato constitucional contenido en el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se asignen a la Secretaría de Salud recursos adicionales de por lo menos el equivalente al 10 por ciento del monto total de la recaudación esperada para 2014 por IEPS en el concepto de tabacos labrados, a efecto de impulsar campañas de prevención de tabaquismo, fortalecer programas de prevención, de control y tratamiento del tabaquismo y otras adicciones, así como para tratar a quienes sufran afecciones derivadas del tabaquismo.

Nota:

1 Jurisprudencia 136/2008, Novena Época, pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, octubre de 2008, página 61, cuyo rubro establece “Salud. El derecho a su protección conforme con el artículo 42, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una responsabilidad social”.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de diciembre de 2013.— Senadora María Marcela Torres Peimbert (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, otorgue un mayor monto de recursos económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a programas de infraestructura para Baja California Sur.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«El que suscribe Isaías González Cuevas, senador de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, para que, dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, otorgue un mayor porcentaje de recursos económicos de los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, en la partida correspondiente a programas de infraestructura para Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California Sur, es un estado eminentemente turístico, en buena medida los ingresos en la entidad dependen de sus riquezas naturales, que le permiten estar considerado dentro de los mejores destinos a escala mundial, la afluencia turística que tiene así lo demuestra.

Para ejemplificar la belleza con que cuenta mi estado, me permito platicarles que Los Cabos es cabecera municipal de San José del Cabo, siendo la ciudad más importante Cabo San Lucas, este municipio es uno de los destinos turísticos más importantes de México. Por otra parte la ciudad de La Paz se caracteriza por poseer hermosas playas, ideales para el descanso y la recreación, como la práctica de deportes acuáticos. Cerca de tres mil especies de animales marinos habitan en el Mar de Cortés, y justamente por esta riqueza biológica es considerado uno de los escenarios naturales más maravillosos del mundo.

Sin duda, Baja California Sur es un paraíso natural, sin embargo, como en todas las cosas no todo es perfecto, mis paisanos viven una realidad muy diferente, existen en todos y cada uno de los municipios que conforman la entidad, graves problemas derivados de la insuficiente infraestructura, como son el relleno sanitario, drenaje, alcantarillado e infraestructura hidráulica, entre otros más.

Relleno sanitario

Por lo que hace al relleno sanitario, este problema no es exclusivo de un solo municipio, por mencionar un caso, en el pueblo mágico de Todos Santos el actual basurero está al límite de su capacidad, por un lado, y además la irregular quema de basura, ya es algo común en todos los municipios lo que conlleva una importante contaminación ambiental; aunado a esto, se tiene problemas con los ejidatarios de la zona. En este mismo tema, es gravísimo pensar que municipios como Loreto, que es un destino turístico, no cuentan con infraestructura de relleno sanitario, en lugares como La Paz y Los Cabos es inminente la necesidad de ampliar y reubicar los rellenos sanitarios e instalar plantas recicladoras de desechos sólidos.

Drenaje y alcantarillado

Por lo que hace al tema de drenaje y alcantarillado, en Baja California Sur ninguno de los cinco municipios tiene sus redes de alcantarillado funcionando al 100 por ciento, principalmente, porque estas ya son muy antiguas y por tanto obsoletas de más de cuarenta años. En el caso particular de Santa Rosalía su red de alcantarillado se está colapsando, en Guerrero Negro el crecimiento poblacional ha rebasado la capacidad municipal para atenderlo.

En la ciudad de la Paz, la reposición de las redes rebasa los costos presupuestales y del ayuntamiento y, solo atiende la reposición en los casos de siniestros que se generan por fenómenos meteorológicos y con los fondos se destinan derivados del Fondo de Desastres Naturales, Fonden.

En el municipio de Los Cabos, es preocupante el fenómeno que se presenta, por los irregulares asentamientos humanos y el crecimiento desmedido de la población, que al igual que en otros municipios ha rebasado el presupuesto designado, tanto del gobierno estatal como municipal, esta situación incide de manera directa y apremiante en un alto grado de insalubridad que se presenta en los núcleos de la población con mayor desventaja, que carecen de servicios de alcantarillado y drenaje. Por otro lado, en aquellos municipios donde si existen redes de alcantarillado y drenaje, ante los constantes fenómenos hidrometereologicos, el colapso en general y el derrame de aguas negras, pone en serio peligro a su población, afectando zonas comerciales y a la infraestructura del sector hotelero y portuario.

Otros temas que preocupan de manera apremiante a un servidor, a los sudcalifornianos y a las autoridades de mi estado, son los referentes a la infraestructura hidráulica de la entidad, los rellenos sanitarios, las plantas tratadoras de aguas residuales, las plantas recicladoras de basura, y la red de agua potable y su abasto, las cuales siguen siendo incipientes, además de que ni los mantos acuíferos, ni las precipitaciones pluviales son suficientes para dotar de agua potable a la población de toda la Entidad.

Infraestructura hidráulica

La extracción de agua para la producción agrícola, ganadera, habitacional e industrial afecta seriamente los mantos friáticos, por lo que deben fortalecerse los programas hídricos a partir de políticas para la construcción de presas y obras retenedoras que fortalezcan ros acuíferos y si vamos más allá, que en la zonas rurales y ganaderas se continúe con los programas de represas y ollas de agua para abatir las sequias recurrentes que afectan la productividad.

En Los Cabos la planta desalinizadora recientemente ha sido ampliada, sin embargo como ya lo he señalado, por el crecimiento poblacional, sigue siendo insuficiente para brindar la atención necesaria a la población, aun y cuando se cuenta con el suministro del acueducto San José del Cabo, no se ha resuelto la atención mínima a mis paisanos, es necesario se considere como urgente y de inmediata atención una nueva planta desalinizadora para la entidad.

No quiero obviar la situación por la que pasan los 5 municipios sudcalifornianos, los cuales requieren que sea atendida la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, es imperdonable que en municipios como Santa Rosalía y Guerrero Negro su capacidad y operación es rebasada por la demanda poblacional, además de que su funcionamiento sea totalmente obsoleto e insuficiente. En ciudad Constitución las instalaciones además de antiguas e insuficientes, representan un gran costo, que es infructuoso para el erario público debido a su nula operatividad. En el caso concreto de La Paz, actualmente se encuentra operando en un 60 por ciento, y por lo que hace a Los Cabos la planta de tratamiento es también antigua y su capacidad se encuentra peligrosamente rebasada por lo que debe de atenderse con prioridad, ya que los constantes derrames que se generan afectan insalubremente los mantos friáticos que a su vez sufren agotamientos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, otorgue un mayor monto de recursos económicos que los otorgados en el ejercicio fiscal inmediato anterior, debidamente etiquetados en la partida correspondiente a programas de infraestructura para Baja California Sur, a fin de proceder en lo inmediato a la realización de las obras que la población requiere de manera urgente.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el rubro específico de medio ambiente, recursos naturales y pesca, en el en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se destinen mayores recursos para los proyectos de modernización y ampliación de obras de infraestructura de rellenos sanitarios y plantas reciclado ras de basura, para Baja California Sur, en especial para los municipios de La Paz, Loreto y Los Cabos.

Tercero. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a que en materia de agua potable y alcantarillado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, contemple en la planeación y elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se etiqueten más recursos para la realización de obras de infraestructura hidráulica, red de agua potable, drenaje y plantas tratadoras de aguas residuales. Asimismo, aumente el presupuesto destinado al abasto suficiente de agua potable en Baja California Sur.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los diez días de septiembre de 2013.— Senador Isaías González Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

PROYECTO DE RESTAURACION Y DESARROLLO INTEGRAL DE MANI, YUCATAN

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a Ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que, como parte del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se considere la asignación de recursos para el proyecto de restauración y desarrollo integral del municipio de Maní, Yucatán.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos, Angélica del Rosario Araujo Lara, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Eviel Pérez Magaña, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter al pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Importancia del patrimonio cultural

La importancia del patrimonio cultural para la humanidad, radica en el hecho de que vincula a la gente con su historia. La cultura, como característica de una población, es parte de su identidad y está ligada al desarrollo de la misma.

Se puede entender entonces la necesidad de conservación de los monumentos artísticos e históricos así como la difusión de los valores culturales, religiosos y estéticos de los mismos.

La cultura es un derecho humano, y así ha sido reconocida a través de diversos instrumentos internacionales como es el caso del “Protocolo de San Salvador” -en vigor para México desde 1999- establece que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, y que entre las medidas que los estados parte deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

La actual administración federal, ha dado una gran importancia a la conservación y desarrollo de nuestro patrimonio cultural. Lo anterior queda de manifiesto con una revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde dentro de las líneas de acción se encuentran:

Objetivo 3.3.Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

Estrategia 3.3.1. Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. •Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos. • Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades federativas y municipios, para que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación cultural. Estrategia 3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. •Realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional.•Generar nuevas modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social.

Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. •Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país. •Impulsar la participación de los organismos culturales en la elaboración de los programas de desarrollo urbano y medio ambiente. •Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas vivas en todas sus expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura nacionales.

Estrategia 3.3.4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. •Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas. •Armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el empleo y el desarrollo regional.

Estrategia 4.11.4. Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social. • Crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia, consolidando el modelo turístico basado en criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental. •Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país. • Convertir al turismo en fuente de bienestar social. • Crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos.

El municipio de maní

Localizado en el centro del estado, con una superficie de 85.59 Km² el municipio de Maní, Yucatán, como la gran mayoría de los municipios del Estado cuenta con vestigios de una gran herencia cultural. En la época prehispánica fue cacicazgo de Maní de Tutul Xiú y fue centro ceremonial a donde enviaban ofrendas para el festival anual en honor a Kukulcán. Desde entonces, Maní ha sido testigo de acontecimientos importantes para los indígenas mayas, nativos de la zona.

Cuenta con los siguientes monumentos históricos:

Plaza de la Independencia (ex convento); Plaza de la Ceibas (ex convento); Capilla de la Candelaria (ex convento); el ex convento y templo de San Miguel Arcángel del siglo XVI, capilla de San Juan siglo XVIII, capilla de Santa Lucía siglo XVIII y capilla de Santiago siglo XVIII. En Tipikal el templo de la Magdalena siglo XVI.

De acuerdo a información del Conaculta, el conjunto conventual de Maní es el tercero más antiguo de la región. Su edificación data del año de 1549.

También, cuenta con festividades como la fiesta en honor a la Virgen de la Asunción realizada en el mes de agosto y la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria realizada en los meses de diciembre y enero. Adicionalmente, se debe mencionar que Maní cuenta con una variedad de tradiciones y costumbres, siendo también reconocido y visitado por su Gastronomía.

Proyecto de restauración y desarrollo integral de Maní

El objetivo principal de este proyecto es revalorar la riqueza del patrimonio cultural, tangible e intangible de Maní.

Con la participación de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, se concluyó en una primera etapa bajo supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia la restauración del convento y se ha comenzado a invertir en la recuperación de la comunidad mediante la remodelación de 180 fachadas, la restauración de la ermita, la inclusión de un programa de señalización y creación de senderos para bicicletas y observación de aves, así como la recuperación y regeneración de un cenote.

En una etapa posterior, se pretende la consolidación de talleres de arte popular, para motivar la comercialización de la producción artesanal de la región, lo que se considera que contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Dentro de este proyecto, se contempla también la construcción del Museo del Bordado Yucateco, donde se podrá mostrar y conservar la riqueza y variedad de bordado perteneciente a las raíces yucatecas.

De lograrse todos estos objetivos, se espera fomentar la creación artesanal de la zona, desarrollar las fortalezas culturales y turísticas de Maní, así como contribuir al crecimiento económico de la región.

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita de manera respetuosa a la honorable Cámara de Diputados que como parte del análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se considere la asignación de recursos para el proyecto de restauración y desarrollo integral del municipio de Maní, Yucatán.

Nota:

1 Enciclopedia de los municipios y las delegaciones de México. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Salón de sesiones del Senado de la República, México, DF, a 18 de septiembre de 2013.— Senadores: Angélica Araujo Lara (rúbrica), Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), Eviel Pérez Magaña.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

FONDO DE MICROFINANCIAMIENTO A MUJERES RURALES - PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, incremente en términos reales los recursos asignados al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y al Programa Presupuestario de la Mujer en el Sector Agrario.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presentes.

Las que suscriben, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, todas senadoras de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1 , fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este pleno senatorial, la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos e la Federación 2014, incremente en términos reales los recursos asignados al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), y al Programa Presupuestario de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Derivado del Censo de Población y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó en marzo de 2011, que en el país habita un total de 112 millones 336 mil 538 personas, de las cuales 51.2 por ciento son mujeres y el restante 48.8 por ciento son hombres, es decir, se tiene contabilizado que de la población total 57 millones 481 mil 307 personas son del sexo femeninoy 54 millones 855 mil 231 son personas del sexo masculino; esto trae consigo que el índice de femineidad sea de 105 mujeres por cada 100 hombres a nivel nacional.

2. Asimismo, el Inegi, define como población rural aquella que tiene menos de 2 mil 500 habitantes, si esta cifra es mayor, es considerada como población urbana. Al respecto, el Censo de Población y Vivienda 2010, alude que la población rural asciende a 2 6 millones 49 mil 128 habitantes, esta cifra representa 23.2 por ciento de la población total del país; es de suma importancia resaltar que tal porcentaje es inferior por 2.2 puntos porcentuales a lo registrado en el censo del año 2000, es decir, paso de 25.4 a 23.2 por ciento respecto de la población total.

Específicamente, en 2010, se tiene registrado que la población femenina rural es de 13 millones 140 mil 437mujeres, significando 22.9 por ciento de la población femenina a nivel nacional y 11.7 por ciento de la población total del país. Cabe mencionar que dicha población es mayor por 691 mil 508 mujeres, pues lo registrado en el Censo de Población y Vivienda 2000, arrojó un total de mujeres por12 millones 448 mil 929.10cual implica un incremento de 5.6 por cientoen tan sólo una década.

En el párrafo previo se aludió a que el promedio nacional de la población femenina rural es de 22.9 por ciento, existen entidades federativas en las que dicho porcentaje es el doble de lo registrado a nivel nacional; en cambio, hay estados que observan porcentaje menores al porcentaje promedio nacional (ver cuadro 1).

3. La estructura y participación del empleo en el sector rural sigue observando diferencias notables entre mujeres y hombres, en razón de que las primeras participan con 19 por ciento de empleo rural en cambio los segundos su ocupación es de 61 por ciento; las mujeres que habitan en zonas rurales se emplean con mayor frecuencia en el sector terciario en este, su participación es de 61 por ciento, mientras que los hombres lo hacen en 19 por ciento.

4. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicaron en 2009 un estudio titulado El empleo de las mujeres rurales, donde señalaron que en América Latina y el Caribe existe una población rural de aproximadamente 121 millones de personas, de esta población alrededor de 58 millones 80 mil habitantes son mujeres y representan 48 por ciento de la población rural. En 2007, se tenía contabilizado la existencia de 37 millones de mujeres rurales, de éstas 17 millones formaban parte de la población económicamente activa, 4.5millones eran mujeres productoras y los restantes 15.5 millones de mujeres formaban parte de familias de agricultores y contribuían a la producción de la misma.

El estudio resalta la contribución que hace esta población para la producción de alimentos y su impacto en el desarrollo económico de su región, asimismo, manifiesta que las mujeres rurales son las principales productoras de sus familias debido a que ellas desarrollan múltiples estratégicas e instrumentos de subsistencia bajo condiciones de pobreza y pobreza extrema.

5. En 2003, la Cámara de Diputados asignó por primera vez al Ramo Administrativo 15. Reforma Agraria, egresos públicos presupuestales por 100 millones de pesos al Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag). También en ese mismo año, aprobó por primera vez una partida presupuestaria por 60 millones de pesos al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, Ramo Administrativo 10. Economía,

Durante la LX y LXI Legislaturas del Congreso de la Unión, 2006 a 2012, la Cámara de Diputados aprobó y asignó recursos públicos federales acumulados por mil 251 millones 596 mil 559 pesos al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, Fommur, y por 5 mil 243 millones 46 mil 322 pesos al Programa de la Mujer en el Sector Agrario, Promusag, estos programas presupuestarios tienen como misión coadyuvar en el fortalecimiento del derecho humano constitucional y tratados internacionales en la materia, relativo a la discriminación de género e igualdad entre la mujer y hombre.

Para el caso del Fommur, se observa una tasa de crecimiento nominal promedio de 13.9 por ciento para el periodo de 2006 a 2012.

En lo que respecta al Promusag, se registra un incremento nominal promedio de 16.6 por ciento en el periodo de 2006 a 2012 (ver cuadro 2).

Se logra apreciar que durante el periodo de 2006 a 2012, ambos programas presupuestarios registran en términos generales una tendencia hacia la alza (ver gráfico1)

6. De acuerdo con el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción 1, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo federal tiene previsto asignar egresos públicos federales por 204 millones 400 mil pesos al Fommur y por 1 mil 138 millones 500 mil pesos al Promusag, en ambos casos se registra la misma tasa de crecimiento nominal del 3.5 por ciento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 respecto a los pre-criterios 2014.

Si tan sólo esas tasas de crecimiento se cumplieran, entonces el Fommur ampliaría su gasto presupuestal a 6 millones 867 mil 818 pesos y el Promusag a 38 millones 475 mil pesos, de 2013 a 2014, tal incremento es mínimo debido a que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016 se planteó como estrategia transversal la perspectiva de género como una acción pública que garantiza la igualdad de oportunidades de mujeres con hombres.

Objetivo de la proposición con punto de acuerdo

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo central exhortar de manera puntual pero respetuosa a la Cámara de Diputados para que en el ejercicio de su facultad exclusiva conferida en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política, analice, discuta y apruebe un incremento significativo en términos reales a los Programas Presupuestales del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) y de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) para el ejercicio presupuestal de 2014, respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, en razón de que estos programas promueven y propician el empoderamiento de la mujer agraria en sus respectivos núcleos productivos y a través de éstos se contrarreste su situación vulnerable y se llegue a abatir su desigualdad con los hombres del medio rural.

Consideraciones

1. Que en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en todo el territorio nacional queda prohibida cualquier discriminación con motivo del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, entre otras, que tienda a mermar y menoscabar los derechos humanos y sus garantías protegidas por la ley suprema y tratados internacionales en la materia.

2. Que en el artículo 4 de de la Constitución Política, se señala que tanto el hombre como la mujer son iguales ante el estado de derecho mexicano.

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, son acciones y políticas públicas presupuestarias diseñadas y ejecutas por el Poder Ejecutivo federal para garantizar y tutelar el derecho humano a la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

Por lo todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que en el ejercicio de su facultad exclusiva señalada en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprueben egresos adicionales en términos reales en comparación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, el cual se encuentra presupuestado en el Ramo Administrativo 10 Economía, del Presupuesto de Egresos de la Federación, éste tiene como objetivo apoyar a las mujeres rurales de ingresos bajos en zonas rurales a través de servicios financieros y no financieros para desarrollar actividades productivas y en función de ello se mejore su condición de vida.

Segundo. La Cámara de Senadores exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que en el ejercicio de su facultad exclusiva señalada en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, apruebe egresos adicionales en términos reales, respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, al Programa Presupuestario de la Mujer en el Sector Agrario, el cual se encuentra presupuestado en el Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Presupuesto de Egresos de la Federación, éste tiene como objetivo contribuir en la generación de empleo e ingreso a las mujeres mayores de 18 años o más que habitan en núcleos agrarios con el fin de implementar proyectos productivos en materia agroalimentaria.

Notas:

1. SRA y FAO. Informe Final del Programa de la Mujer del Sector Agrario. México, junio de 2012, pp. 25, http://coin. fao.org/coin-static/cms/media/13/13434009306580/promusag -pdf

2. Inegi. Mujeres y Hombres en México 2011. México, 2012, pp. 9-14, http://www.eauidad.scin.aob.mxlIMG/pdf/MvH2011.pdf

3. SRA y FAO. Informe Final del Programa de la Mujer del Sector Agrario... pp. 27 y 28.

4 Ibíd., pp 30.

5 FAO y CEPAL. El empleo de las mujeres rurales. Lo que dicen las cifras. 2009, pp 10,

http://wwweclac.org.ddpe/publicaciones/sinsigla/xml/9/35889/empl eo_mujeres_rurales.pdf

6. htt://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERNFINANZASPUBLICAS/info_ relativa 2/precriterios_ 2013 b.p.df

Cámara de Senadores, a 19 de septiembre de 2013.— Senadoras: Mely Romero Celis (rúbrica), Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica), María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

MAPA CURRICULAR PARA LA EDUCACION TELESECUNDARIA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión extraordinaria celebrada con fecha 20 de agosto del año en curso, la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que realice las acciones correspondientes, para que a los docentes de las telesecundarias del estado de Quintana Roo, como de los demás estados que estén en este mismo supuesto, les paguen las 35 horas a sus sueldo base que establece el mapa curricular para la educación telesecundaria, y con ello se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 2o. del acuerdo número 384, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de mayo de 2006.

Segundo. La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el estudio, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal de 2014, se contemple la partida presupuestal, para dar cumplimiento en Quintana Roo, como en cualquier otro estado del país que esté en nuestro caso, del acuerdo 384 mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de mayo de 2006.

Tercero. Remítase el presente acuerdo legislativo a las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de así considerarlo, se adhieran al contenido del mismo.

Lo que comunico a usted para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, agosto 20 de 2013.— Diputada Leysdi Soledad Flota Medina (rúbrica), Presidenta; Diputada Alondra Maribel L. Herrera Pavón (rúbrica). Secretaria.»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.

Honorable pleno legislativo

Los Diputados integrantes de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta Honorable XIII Legislatura del estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 8, 21, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente documento, conforme a los siguientes apartados.

Antecedentes

En sesión de la Diputación Permanente de la honorable XIII Legislatura del estado de Quintana Roo, celebrada en fecha 31 de julio del 2013, se dio a conocer el acuerdo presentado por el diputado Armando Miguel Palomo Gómez, en su carácter de coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de esta XIII Legislatura del estado, mediante el cual exhorta a la Secretaría de Educación Pública que realice las acciones correspondientes, para que a los docentes de las telesecundarias del estado de Quintana Roo, como de los demás estados que estén en este mismo supuesto, les paguen las 35 horas a sus sueldo base que establece el mapa curricular para la educación telesecundaria, y con ello se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 2o. del acuerdo número 384, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de mayo de 2006. Asimismo, exhorta de la misma manera a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el estudio, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2014, se contemple la partida presupuestal para dar cumplimiento en Quintana Roo, como en cualquier otro estado del país que esté en nuestro caso, del acuerdo 384 y también solicita que se remita el presente acuerdo legislativo a las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea del Distrito Federal, para que, de así considerarlo, se adhieran al contenido del mismo, siendo turnada a las comisiones de Educación Ciencia y Tecnología, Puntos Legislativos yTécnica Parlamentaria y de Hacienda, Presupuesto yCuenta de esta honorable XIII Legislatura del estado.

En consecuencia, estas comisiones unidas son competentes para el estudio y análisis del asunto mencionado, mismo que se basa en las siguientes:

Consideraciones

La educación es un derecho que se encuentra garantizado en el artículo tercero de nuestra Carta Magna, siendo de carácter obligatorio la educación básica consistente en: preescolar, primaria y secundaria y la media superior y responsabilidad del estado y la federación proporcionarlas para desarrollar todas las facultades del ser humano.

La Ley General de Educación establece por su parte en su artículo 3o. que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior, concatenándose de esta manera con lo dispuesto por nuestra Constitución Federal en su artículo 3o., y señalando también que dichos servicios se prestarán conforme a la distribución de la función social educativa establecida en dicha norma jurídica. Asimismo, también dispone en su artículo 4, que en virtud de la obligatoriedad de que todos los habitantes del país deben de cursar la educación básica, se convierte también en una obligación de los padres mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad la cursen.

En este contexto, es importante destacar a la educación secundaria como parte de la básica y obligatoria en el estado. Por ello, es necesario señalar sus particularidades para efecto de puntualizar el sentido y pretensión del presente acuerdo. Siendo necesario entonces, considerar primeramente que:

• Se cursa en tres años.

• Es básica y obligatoria desde 1993, y en 2006 se aplicaron estrategias para transformar sus elementos con el fin de hacerlos más eficientes y apegados a las necesidades actuales.

• El servicio se ofrece tanto en escuelas públicas como privadas. La Secretaria de Educación Pública lo clasifica bajo las modalidades de: secundarias generales, técnicas, telesecundarias, y para trabajadores.

De las cuatro modalidades, se concluye que las telesecundarias atienden la demanda educativa de la población que no tiene acceso a escuelas secundarias generales o técnicas, apoyando el servicio en el uso de medios electrónicos y de comunicación (televisión, señala satelital, videos), contando con un profesor por grupo que facilita el aprendizaje y brinda apoyo didáctico.

Con respecto a este tipo de educación secundaria, tenemos que los docentes que prestan sus servicios en las telesecundarias del estado de Quintana Roo se encuentran en desventaja con respecto a sus similares de las escuelas secundarias técnicas y generales. Toda vez que no son remunerados de igual manera a pesar de tener las mismas obligaciones de cumplir con una jornada de 35 horas semanales, y tomando en consideración que los docentes de telesecundaria brindan el servicio educativo principalmente en zona rurales, contando con un solo docente por grupo, que es el encargado de coordinar las propuestas de trabajo para cada asignatura del plan de estudios, las cuales están consignadas en los materiales didácticos elaborados especifica mente para este servicio educativo y que realizan un gran esfuerzo al trasladarse a las escuelas con tal de dar el servicio, resulta injusto entonces que no sean remunerados del mismo modo que sus similares aun cuando cumplen con la misma jornada laboral, pero con condiciones más complejas para la prestación del servicio.

En nuestra entidad, hay 163 escuelas telesecundarias y ninguna de ellas ha recibido el respaldo económico justo por parte de la autoridad educativa federal, a pesar de contar con la normatividad legal que avala dicho respaldo. Lo anterior, en virtud de que con fecha 26 de mayo de 2006, mediante Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo Número 384, por medio del cual en su artículo 1, se establece el nuevo plan y programas de estudios para la educación secundaria, y en razón de la nueva estructura educacional que se debería llevar a cabo en ras secundarias del país, es que se redujo el número de asignaturas por grado con el fin de favorecer la comunicación entre docentes y estudiantes, así como de propiciar la integración de las asignaturas e. incidir positivamente en los aprendizajes de los alumnos, planteándose bajo tal perspectiva un mapa curricular con menos asignaturas por grado aunque la carga horaria continúa siendo de 35 horas a la semana.

Asimismo, para mejor precisión de lo mencionado en el párrafo que antecede, en el mismo acuerdo, en su artículo 2 dispone que la jomada semanal será de 35 horas, con sesiones de clase con una duración efectiva de al menos 50 minutos. No obstante, en el artículo sexto transitorio del referido acuerdo, se estableció que para la modalidad de telesecundaria, la Secretaría de Educación Pública presentaría un modelo pedagógico acorde al nuevo plan y programas de estudios. Lo que aconteció mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos 604 y 683, respectivamente, en fechas 29 de diciembre de 2011 y 27 de febrero de 2013, emitiéndose a partir de éstos, las Reglas de Operación del Programa para el fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria, sin hacerse referencia alguna en ambos documentos, con respecto a la jomada laboral de los docentes de nivel secundaria, de manera que se tiene por refrendado lo establecido en el acuerdo 384 al respecto.

Sin embargo, mediante acuerdo número 593, publicado en el Diario Oficial con fecha 22 de agosto de 2011, se establecen los programas de estudio de la asignatura de tecnología para la educación secundaria en las modalidades general, técnica y telesecundaria, mismo que viene a confirmar las horas que tienen que cumplir los docentes de las telesecundarias en el país.

Bajo ese contexto, el diputado Armando Miguel Palomo Gómez, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de esta XIII Legislatura del estado a través del presente acuerdo que se somete a estudio, expone la situación actual que aqueja a los docentes de telesecundarias en la entidad, respecto a la inconformidad que les genera, el hecho de que a pesar de estar cumpliendo con el mapa curricular en las aulas al desahogar las 35 horas semanales que corresponden, tal y como lo establece el acuerdo 384, la autoridad educativa federal únicamente les paga 30 horas y no las 35 que trabajan realmente, inobservando de esta manera lo señalado en el acuerdo 384. Por lo que se propone mediante el presente documento el exhorto de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública para que realice las acciones necesarias y los docentes de telesecundarias sean remunerados debidamente conforme a la normatividad vigente y aplicable, así como se exhorta también a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que previo estudio y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2014, se sirva contemplar la partida presupuesta que pueda dar cumplimiento tanto en Quintana Roo como en cualquier otro estado que se encuentre en el mismo supuesto, del acuerdo 384, remitiéndose a las demás legislaturas y Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el caso de considerarlo oportuno se adhieran al contenido del mismo.

De manera que dada la relevancia del asunto expuesto, los que integramos la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la honorable XIII Legislatura del estado de Quintana Roo, consideramos oportuna la aprobación al acuerdo en estudio, a fin de que los docentes de las telesecundarias del estado de Quintana Roo, como de los demás estados que estén en el mismo supuesto, reciban la remuneración económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. del acuerdo número 384, que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 26 de mayo de 2006, por lo que sometemos a la consideración de este alto pleno deliberativo, la aprobación de los siguientes puntos de

Acuerdo

Primero.La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que realice las acciones correspondientes, para que a los docentes de las telesecundarias del estado de Quintana Roo, como de los demás estados que estén en este mismo supuesto, les paguen las 35 horas a sus sueldo base que establece el mapa curricular para la educación telesecundaria, y con ello se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 2o. del acuerdo número 384, mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de mayo de 2006.

Segundo.La honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el estudio, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2014, se contemple la partida presupuestal, para dar cumplimiento en Quintana Roo, como en cualquier otro estado del país que esté en nuestro caso, del acuerdo 384 mismo que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de mayo de 2006.

Tercero.Remítase el presente acuerdo legislativo a las Legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que de así considerarlo se adhiera al contenido del mismo.

Sala de comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado, Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a diecinueve de agosto de dos mil trece.— La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, diputados: Telma Yolanda Cervera Villanueva (rúbrica), Armando Miguel Palomo Gómez (rúbrica), Jacqueline Estrada Peña (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo, Leslie Berenice Baeza Soto, Marilyn Rodríguez Marrufo (rúbrica), Leydi de Lourdes Bautista Pech (rúbrica), José Antonio Meckler Aguilera (rúbrica), Jorge Enrique Elías Nahím Aguilar Cheluja (rúbrica), Ena Miriam Gamboa Vela (rúbrica), Leysdi Soledad Flota Medina (rúbrica), Manuel Jesús Aguilar Ortega, María Rinelda Dzul Balam (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Sergio Chávez, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Sergio Chávez.

POLICIAS FEDERALES QUE MURIERON EN ACCIDENTE AEREO EN GUERRERO DURANTE EL RESCATE DE VICTIMAS

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos(desde la curul): Para pedirle de manera respetuosa, diputado presidente, otorgar un minuto de silencio para los cinco elementos de la Policía Federal que perdieron la vida en el accidente aéreo en el estado de Guerrero, en el rescate de las víctimas del huracán.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia concede el minuto de silencio. Solicitamos a todas y a todos los presentes ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al... diputado Fernando Zárate, ¿con qué objeto?

VICTIMAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES INGRID Y MANUEL

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Gracias, presidente. Igualmente presidente, para solicitar a esta Mesa pueda declarar un minuto de silencio por todos los ciudadanos y ciudadanas que han fallecido en el país, pero particularmente en mi estado de Guerrero, a consecuencia de estos dos fenómenos. Y solicito a usted pueda también declararse un minuto de silencio.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia concede el minuto de silencio que solicita el diputado de la Rosa. Solicitamos nuevamente a las y a los presentes ponerse de pie.

(Minuto de silencio)

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios al 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, la diputada Dora María Talamante Lemas.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Señor presidente, solicito el uso de la palabra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ya le concedí la palabra a la diputada. En cuanto ella concluya su intervención preguntaré con qué objeto, diputado.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la explotación sexual es una forma de violencia que nos daña como sociedad, ya que vulnera el principio de la dignidad humana, degrada a las personas a la condición de mercancía y viola sistemáticamente sus derechos humanos.

La violencia sexual es todo acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una barrera al desarrollo social, emocional y económico de las víctimas.

Es por ello que en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, celebrado ayer lunes 23 de septiembre, en el Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza consideramos y denunciamos esta realidad cada vez más dolorosa para el país.

Todas las personas pueden ser víctimas de este delito. Sin embargo, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas y con discapacidad, los jóvenes homosexuales y transgénero, así como los migrantes e indocumentados son los grupos más vulnerables.

La trata de personas se ha convertido en uno de los grandes negocios del mundo. Representa para el crimen organizado la tercera fuente de ingresos, solo por debajo del tráfico de armas y drogas. De manera por demás desafortunada estos grupos ven en nuestro país un terreno fértil para desarrollar dicha actividad.

De acuerdo al informe del Departamento de Estados Unidos de América sobre la Trata de Personas, presentado el 19 de julio pasado, México está catalogado como fuente, tránsito y destino de la trata de personas, colocándose por cuarto año consecutivo en un país que no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata.

En el caso de la explotación sexual infantil, ésta afecta el desarrollo del niño a nivel físico, social y emocional. Las consecuencias pueden durar de por vida o ser incluso mortales debido al sida y a otras enfermedades también asociadas con el consumo de drogas, ya que en ocasiones, obligados estos niños, comienzan a consumirlas para tolerar el terrible flagelo al que son sometidos.

El informe detalla que el turismo sexual con menores de edad en México se encuentra principalmente en las zonas de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, así como en las ciudades fronterizas del norte como Tijuana y Ciudad Juárez. Y los turistas involucrados provienen de Estados Unidos de América, Canadá y Europa Occidental.

A pesar de este desalentador panorama y aunque las autoridades reconocen la gravedad de la situación, no contamos con una política adecuada de detención, prevención y sanción de quienes se dedican a promover y negociar el turismo sexual. Y aceptamos un sistema que utiliza como cosas y mercancía a las mujeres, niñas y niños para su explotación sexual o laboral. En este rubro las sentencias se dirigen tan solo a los proxenetas o padrotes y no a toda la industria del comercio sexual, donde confluyen hoteles, bares y acompañantes, entre otros.

Es lamentable que hasta el día de hoy no se haya emitido por parte del Ejecutivo federal el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012.

Tema por demás alarmante, y debe ser prioritario en las agendas legislativas de los estados.

Actualmente destacan las reformas al Código Penal aprobadas en 31 entidades y el Distrito Federal contra la trata, aun cuando el contenido y la eficacia de estas reformas varían. Y no todas declaran ilícitas las diferentes modalidades de trata de personas.

Sin embargo, subsiste el reto de armonizar la legislación civil, penal y de procedimientos y responsabilidades de las y los servidores públicos, así como los municipios, entre otras.

Solo 21 estados cuentan con leyes específicas contra la trata y tres de ellos han logrado ejercer acciones en contra de esta nueva esclavitud que —en pleno siglo XXI— resulta insultante para cualquier país.

Es deshumanizador observar esta comercialización de la vida humana, y nos deshonra y nos degrada, pues no hemos sido capaces de proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables.

Hasta el día en que podamos garantizar la seguridad integral de quienes no pueden defenderse, no pueden denunciar, no pueden oír tendremos una deuda pendiente con la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Dora María Talamante Lemas.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Jorrín. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para comentarle que, regresando a Acapulco, en los recorridos que se han estado haciendo hay una gran descoordinación entre las diferentes dependencias. Se están repartiendo volantes, recibos que dicen empleo temporal por parte de Sedesol. Y a la gente se le dice que eso es para pagar los enseres de sus viviendas por parte del Fonden.

El día de hoy se los están recogiendo, les pagan mil 200 pesos por parte de Sedesol. Pero ya les dicen que no va a haber recurso por parte del Fonden, que ésa va a ser toda la cantidad.

Hay una desinformación tan grande. También están solamente atendiendo las partes inmediatas del desastre. Las personas que están a las orillas de los ríos no son atendidas. Por eso es muy importante que hagamos un exhorto a todos los funcionarios para que ayuden y pongan la mejor atención. Para que lleguen a todas las colonias que fueron afectadas en el municipio de Acapulco, Coyuca y Chilpancingo.

Por otro lado, le quiero también comentar que se debe fincar la responsabilidad al director de Conagua, porque no dio los avisos correspondientes en forma correcta, solamente dijo que eran lluvias ligeras a fuertes. Eso está en Internet dado por Conagua, para que se le finque la responsabilidad correspondiente. Gracias, señor presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sus palabras quedan registradas. Señoras legisladoras y señores legisladores esta Presidencia atentamente solicita que nos aboquemos al tema de la máxima trascendencia para el país que en este momento nos ocupa, que es el relativo a la explotación sexual y la trata de personas.

En un momento distinto del orden del día, cuando recibamos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a este otro asunto —que ciertamente también es de la máxima importancia— lo estaremos abordando.

Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, se define a la trata de personas en el Protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, el cual se adoptó en Nueva York el 15 de noviembre del 2000. Este instrumento internacional viene a subsanar una laguna de derecho internacional, ya que es el primer instrumento que aborda todos los aspectos de la trata de personas.

El protocolo entró en vigor en el 2003 y define a la trata de personas como la captación, transporte, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción: el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

Esta explotación abarca la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos.

Es decir que al hablar o referirnos a la trata de personas no solamente hablamos del tema de la explotación sexual, hablamos también de la trata de personas en materia laboral. Son de los crímenes más graves y podríamos calificarlos de lesa humanidad en la comunidad internacional.

A raíz de este instrumento internacional, precisamente, se adaptó nuestra legislación, porque México ratificó el instrumento internacional y en la pasada Legislatura las Cámaras del Congreso aprobaron la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de trata de personas.

Esta ley tiene por propósito establecer en los tres niveles de gobierno su participación en el combate a la explotación sexual y trata de personas. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. El Reglamento entrará en vigor a partir del día de hoy, 24 de septiembre.

Desgraciadamente existen lugares en el país que son destinos de turismo sexual o ciudades en donde se practica, se ejerce de manera abierta y sin que se combata por las autoridades.

Sin ir más lejos, a unas cuantas cuadras de esta Cámara, en la zona de La Merced, se encuentra una gran zona de explotación sexual. Incluso vemos en estas zonas a menores de edad. También ocurre en las inmediaciones del edificio de la delegación Cuauhtémoc. En la calzada de Tlalpan, tan solo por mencionar el DF.

Las redes de trata de personas están perfectamente bien organizadas y utilizan métodos que van desde la seducción hasta el secuestro para tener siempre personas, mujeres o niños que sean explotadas prácticamente en calidad de esclavos. Este crimen de lesa humanidad es uno de los crímenes transnacionales. Muchas de ellos permanecen en territorio nacional, pero otras son precisamente forzadas y llevadas al extranjero para ser utilizadas, o como prostitutas o como esclavas en materia de trabajo.

Para combatir este crimen se deben establecer los compromisos, tanto de orden federal como de orden a nivel entidades federativas o a nivel incluso municipal, en los tres órdenes de gobierno, para poder abolir de manera eficaz la trata de personas.

Falta mucho por hacer en nuestro país y dentro del instrumento internacional se dan las pautas de lo que debe de cubrir precisamente —el Protocolo de New York—nuestro gobierno en los tres niveles para lograr un efectivo combate a la trata de personas.

Hacemos votos para que nuestro gobierno, de una manera efectiva, y no solamente publicando la ley o los reglamentos a nivel federal y a nivel local, sienta que haya cumplido con todas sus obligaciones internacionales.

Falta por tomar en cuenta –y se establece en el Protocolo de New York— la prevención y las campañas. No he visto al momento una sola campaña para prevenir eficazmente la trata de personas. De la trata de personas pueden ser víctimas —sin distinción alguna— mujeres, niños y niñas y hasta hombres de cualquier clase social. No existe ninguna campaña.

También debería de tomarse en consideración el que exista una base de datos donde además de contener los nombres y todos los datos referentes a las personas desaparecidas. Muchas de ellas son desaparecidas porque precisamente son forzadas, sacadas de territorio nacional para destinarlas a la trata, a la prostitución, o a trabajos forzados.

Tener una base de datos a nivel federal y que abarque a las demás entidades –estoy por terminar, presidente— para que precisamente se pueda en su momento hacer un combate efectivo de este crimen.

La repatriación de todas las personas que han salido del país a través de las redes de trata de personas, la capacitación –ése sería el punto también crucial— de Ministerios Públicos y de las policías, tanto la federal, las locales y las municipales.

En nuestro grupo parlamentario refrendamos el compromiso de impulsar políticas públicas que se traduzcan en el combate eficaz a la explotación sexual y a la trata de personas, que es en el siglo XXI la forma contemporánea de esclavitud. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. Desde esta tribuna quiero hacer un llamado y quiero que quede registrado en el Diario de los Debates, presidente de la Mesa.

El día de ayer hice un recorrido por la ranchería González, segunda y cuarta sección, del municipio de Centro, en Tabasco. Quiero hacer un llamado firme al director de Pemex para que, de manera urgente e inmediata, resuelva la contaminación y los dos derrames que ha habido en esa zona y que están afectando a la población y a las plantaciones de ese lugar.

No es con el ejército ni con la policía armada como se deben resolver los asuntos en este país. Pedimos su urgente intervención y que resuelva de manera inmediata la situación de esas dos comunidades, que están en grave peligro.

El día internacional que celebramos el 23 de septiembre fue instaurado en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

En dicho evento se tomó la decisión de conmemorar, precisamente en esa fecha, el día internacional al que hoy hacemos referencia, con motivo de la promulgación de la primera ley en contra de la prostitución infantil en el mundo. Es decir, el 23 de septiembre de 1913.

Sin embargo hoy, a 100 años de esa fecha, no podemos decir que hemos superado el problema, ya que actualmente el delito de trata de personas representa el segundo más rentable a nivel mundial, alcanzando ganancias estimadas en 32 mil millones de dólares anuales.

Según la Organización de Estados Americanos, el problema de trata de personas genera una movilidad promedio de 6 mil 600 millones de dólares anualmente, tan solo en América Latina.

Lo anterior resulta ser causa-efecto de la carencia de una correcta aplicación de estrategias de prevención, protección y procuración de justicia hacia los afectados por la trata de personas en la región de América Latina y el Caribe, propiciando que países como México, Brasil, Colombia y Argentina, entre otros, se conviertan en un centro de captación y reclutamiento muy atractivo y peleado por los tratantes de personas.

De conformidad con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas en México, resolvió que en nuestro país este delito se ha posicionado en el segundo peldaño respecto a los ilícitos más redituables para la delincuencia organizada, aun por encima del tráfico de armas y solo por debajo del tráfico de drogas.

Las cifras son alarmantes. En el territorio mexicano se generan aproximadamente ganancias que van de los 20 mil a los 60 mil millones de dólares anuales. Es decir, más de 768 millones de pesos mexicanos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajo forzado en condiciones de trata. De las cuales un 31 por ciento son menores de edad entre 5 y 17 años, y un 70 por ciento son personas indígenas y migrantes, los cuales realizan trabajos que atentan contra su seguridad y salud.

Las víctimas de trata sufren severas secuelas por los traumas que heredan posterior a lo vivido, aunado a los hechos de acoso y malos tratos por parte de los órganos administrativos y judiciales, enfrentándose con una gran insensibilidad y pésimo trato por parte del personal de las dependencias encargadas de su cuidado y protección.

No podemos engañarnos, las principales causas de esta crisis humanitaria en el territorio mexicano se deben al incremento de la delincuencia organizada y a la violencia relacionada con las bandas en distintas zonas del país propiciadas por un ambiente de absoluta impunidad y desdén, que ha permitido que esta modalidad de tráfico humano haya sido consentida, incluso por las autoridades encargadas de combatirlo. Lo que se nos revela hoy como un sin sentido, ya que el Estado mexicano se ha obligado internacionalmente, a través de la ratificación de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, el gobierno mexicano no ha actuado oportunamente para proteger a la población que se encuentra dentro de sus fronteras, y no investiga a los responsables de estos abusos, incluyendo a sus propios agentes migratorios y policíacos, pues la presencia de estos hechos se vuelve aún más cruel cuando el que ejerce la violencia es quien tiene el deber de erradicarla.

Dicha crisis pone en evidencia los grandes desafíos que representa para el país. Un Estado que cada vez pierde mayor terreno frente al crimen organizado. Niveles crecientes de impunidad. Corrupción que limita la garantía de los derechos humanos.

Por todo ello, en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano convocamos a todos y a cada uno de los legisladores de este Congreso a replantear las políticas en materia del delito de trata de personas y desarrollar las estrategias necesarias a fin de erradicar las conductas que vulneran la dignidad humana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con la venia de la asamblea. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México cada año miles de personas son víctimas de la llamada esclavitud del siglo XXI: la trata de personas. Este fenómeno es un ataque frontal a la libertad y dignidad de los seres humanos.

La trata de personas es una de las ofensas más grandes del mundo, se alimenta de factores diversos, como la migración y la cada vez más peligrosa actuación de las organizaciones criminales en todo el mundo.

La trata de personas en México se encuentra tipificada en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y la Reglamentaria del Artículo 73, fracción XXI, párrafo primero.

El delito de trata nos advierte de un amplio margen de los afectados por temas hirientes a la dignidad, como la esclavitud, el sometimiento a ser siervo de otra persona, la coerción para prostituirse, la explotación laboral, la realización forzada de trabajos, así como la mendicidad, la utilización de menores en actividades delictivas, la consecución de adopciones ilegales de personas menores de 18 años, los matrimonios forzosos, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

En la actualidad se citan muchas cifras de los afectados por las conductas relacionadas con la trata de personas. Una de ellas es la ofrecida por la activista Rosi Orozco, la cual determina unas afectaciones sobre 20 mil niños, niñas y adolescentes.

Lamentablemente se estima que en 21 entidades federativas del país se practica el perverso turismo sexual, refiriéndonos principalmente a playas y ciudades fronterizas.

La Ciudad de México también es azotada por esta lamentable situación, siendo la delegación Cuauhtémoc una vergüenza, pues en ésta se han concentrado más del 50 por ciento de las averiguaciones previas por este delito.

A nivel internacional la Organización Mundial del Trabajo estimó en el año 2005 un aproximado de 2.5 millones de personas víctimas de alguna modalidad del lastre que representa la trata de personas. Nuestra región, América Latina y El Caribe no está exenta de este problema, en donde por las condiciones de la pobreza, disparidades económicas y la falta de oportunidades se vuelve una zona propicia para la comisión de este tipo de conductas. Pero en el mundo desarrollado las cosas no son diferentes, pues en virtud de las migraciones de personas provenientes de lugares como América Latina, Asia, África, entre otras latitudes, se han consolidado redes propiciadoras de este fenómeno.

De hecho, desde el estallido de la crisis en Europa —según la propia Unión Europea— el número de víctimas de este delito aumentó 18 por ciento. De las más de 23 mil víctimas que componen a ese universo 68 por ciento son mujeres y 15 por ciento niños y niñas, que provienen de Rumania, Bulgaria, África y Sudamérica. Lo cual demuestra por parte de los Estados europeos un descuido imperdonable, y de los tratantes una vileza a grados inimaginables. En este sentido es prudente poner manos a la obra, hay mucho por hacer. Y asumir el fracaso que en los diferentes frentes hemos tenido en este contexto durante los últimos años. Es deber de los legisladores emitir disposiciones reguladoras de las conductas que al momento de ofender a una persona trasgreden la dignidad del género humano.

Por ejemplo, se debe de poner especial atención para especificar —sin dejar lugar a dudas— la distinción entre los conceptos trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, los cuales se utilizan muchas veces como sinónimos por su estrecha relación. Pero debemos reconocer que la adecuada aplicación de las figuras permitirá atender de mejor manera esos inconvenientes.

El gobierno en su conjunto debe poner énfasis en esta lamentable realidad, instruir a sus ministerios públicos y proveer todas las facilidades para la adecuada integración de las averiguaciones previas respectivas. Asimismo debe destacarse por su activa participación y en la suscripción de documentos internacionales para sancionar, prevenir y erradicar la trata de personas.

No hay tiempo que perder, debemos trabajar en nuestras respectivas franjas de responsabilidad. En este contexto es conveniente destacar que la publicación en el año 2012 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos fue una señal de avance, lo cual se reafirma con la reciente publicación del Reglamento de la mencionada disposición en el Diario Oficial de la Federación apenas el día de ayer, 23 de septiembre, en donde se aprecia la intervención de la Secretaría de Gobernación en diversas áreas para prevenir el delito, asistir y apoyar a las víctimas, tanto nacionales como extranjeras, y repararles el daño, siempre tendiendo a un enfoque diferenciado por las características de los afectados.

La trata de personas ha vulnerado el entramado jurídico de los derechos humanos, pisoteado la dignidad, libertad y autodeterminación al tiempo que hace ver como comunes prácticas indebidas, como la esclavitud y el encarcelamiento, siendo en estos casos las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes los primeros afectados.

Por ello, incansablemente laboraremos con fuerza para erradicar estos delitos. La niñez y la juventud no están solas, debemos hacer sentir nuestra labor. No más trata de personas, no más humillaciones al género humano. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Gabriela Medrano Galindo. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas elevamos nuevamente nuestra voz para remarcar este grave problema que enfrenta cotidianamente nuestra nación y que a pesar de su seriedad, riesgo y evidencia la inoperancia, la negligencia y complicidad hacen previsible su incontenible incremento.

Esto debe alarmarnos y alertarnos, ya que afecta a lo más valioso que cualquier país tiene: sus habitantes. Este problema que tenemos de la trata de personas no distingue sexo. La trata de personas no es un fenómeno novedoso de recientes repercusiones, ya que desde los albores de la civilización la historia nos indica cómo hombres, mujeres y niños eran desarraigados de su lugar de origen para ser comercializados en tierras lejanas que requerían ser colonizadas.

La trata de personas hoy es un negocio trasnacional que, como ya se ha dicho aquí, genera más de 40 mil millones anuales, situándose ya en segundo lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, solo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas. Pero esto nos resulta alarmante ante el pronóstico de que muy pronto podría ser el primero, en parte porque los grupos delictivos optan por la trata de personas pues con ellos obtienen un alto rendimiento económico con bajos riesgos, a diferencia de otros negocios como drogas y armas.

Las personas son utilizadas repetidamente, y cuando ya no les son útiles son fácilmente desechadas, y para ello no se requiere de una gran inversión económica.

La trata de personas vulnera en forma directa la dignidad y la libertad de las víctimas y constituye la forma moderna de esclavitud. Es un delito que se comete al amparo de la invisibilidad y la impunidad.

Generalmente las víctimas son personas vulnerables y provienen de espacios en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos y exigir su cumplimiento ya que la pobreza, la marginación o actos discriminatorios han impactado su autoestima, su seguridad minando notoriamente su dignidad como personas.

La trata y el tráfico de personas, particularmente de niñas, niños y mujeres, son delitos que han aumentado alarmantemente, sobre todo por el incremento de la pobreza, las redes de la delincuencia organizada, las difíciles condiciones de vida en los países poco desarrollados así como el endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados. También, porque a lo largo del tiempo este fenómeno no fue considerado como un problema de seguridad para la sociedad y, finalmente, porque en nuestro país no ha sido prioridad de Estado. Lamentablemente el problema está aquí, en las calles, en diversos lugares, a la vista de todos y todas.

México es un país de origen, transito y destino de víctimas de trata. Básicamente de niñas, niños y mujeres que son trasladados a otros países para fines de explotación sexual y laboral.

Pese a la relevancia del fenómeno, todavía no contamos con un sistema de información que permita conocer las dimensiones reales del crimen de trata de personas y con la información oficial disponible. Solo se cuenta con datos imprecisos y cifras negras que no aportan la claridad requerida para dimensionar la objetividad del problema.

Muestra de ello es que —según datos del Inegi— nos dicen que en un año han sido explotados sexualmente entre de 16 y 20 mil niños y niñas. Que somos en México —desgraciadamente— el primer lugar en producción de pornografía. Que de los delitos en Internet, el 50 por ciento están relacionados con la pornografía y la prostitución infantil. Que la edad en que los niños y las niñas son explotados sexualmente ha sido reducida aceleradamente y contamos ahora con casos identificados donde la edad de los niños y niñas oscila entre los 0 y 4 años de edad.

Muchas y muy diversas son las tareas que debemos realizar para lograr la prevención, la erradicación y la atención y sanción de la trata de personas. Y aquí se ha mencionado, efectivamente, que contamos ya con una ley general, efectivamente, el día de ayer también se dio a conocer el reglamento, que hoy entra en vigor, en donde hará operativa esta ley.

Pero necesitamos acciones más concretas, necesitamos campañas de sensibilización para el conocimiento y riesgo que implica la trata de personas. Necesitamos implementar sanciones más rígidas en las legislaciones, con el propósito de desalentar y de castigar con la misma celeridad y oportunidad la explotación laboral y la explotación sexual infantil.

Necesitamos construir políticas públicas que busquen reducir la pobreza y la desigualdad social, también establecer la cultura de revalorización de las personas como seres humanos, con derechos plenos y no como objetos sexuales de placer o mercancías desechables, así como generar entre la sociedad el compromiso de crear entornos amigables y seguros para niñas, niños, adolescentes y para todos aquellos que son víctimas de este flagelo.

En México y en muchos otros países este delito crece cotidianamente. Baste recordar casos de trata cometidos con total impunidad por ministros de culto, por empresarios y por políticos, todo esto gracias a jueces, funcionarios y políticos corruptos. Debemos evitar que estos delincuentes sigan burlando la justicia ineficaz para que nuestros niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres ya no sean acosados más por este flagelo que hoy se ha vuelto una amenaza real pues cuenta ya con sólidas redes mundiales.

Hacemos un llamado, desde esta tribuna, para que en la medida de nuestras funciones y atribuciones tomemos también nosotros, como diputadas y diputados, las medidas necesarias para tener leyes más fuertes que nos permitan combatir la trata de personas. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Leticia López Landero.

La diputada Leticia López Landero:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, sí, quisiera pedirles un minuto de su atención, porque este tema en realidad es un tema delicado, se trata de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Por eso, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas, les pido por favor un minuto para que atiendan.

Es motivo de alegría que en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños contemos ya con el Reglamento que regula la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Sin embargo, en torno a este día también resulta obligado hacer una enérgica condena a estas conductas criminales, y refrendar el compromiso de todos y todas con la lucha y erradicación de este flagelo, y de salvaguardar la dignidad de los más vulnerables. De igual forma debemos preguntarnos cuánto hemos avanzado a un año de la promulgación de la ley general.

Es un hecho que el día de hoy podemos ver un mayor número de sentencias, un mayor número de operativos, e incluso un mayor número de invaluables vidas humanas rescatadas. Sin embargo, nuestra lucha no termina aquí, nuestro compromiso va más allá, y es por eso que hoy me encuentro frente a ustedes, no solo como diputada, sino como madre de familia. Es en este sentido que en este día les pido que dejemos a un lado nuestra investidura de diputados. Les pido que seamos los padres de familia que fuera de este recinto somos día a día.

¿Cómo sería para ustedes la vida al saber que su hija se encuentra cautiva en manos de personas que no la ven más que como un objeto sexual, que lo único que buscan es obtener una ganancia de su explotación? ¿Cómo cambiaría tu vida al saber que tu hija o tu hijo están siendo vendidos hasta 30 veces al día?

No permitamos que nuestro país se convierta en un paraíso para el turismo sexual. No permitamos que entren a nuestro país personas cuyo único objetivo es abusar de nuestros niños y de nuestras niñas. No permitamos que por falta de acciones, extranjeros entren a nuestro país a hacer aquello por lo que en su país sí son castigados.

No permitamos que aquello que no deseamos para nuestros hijos e hijas les ocurra a los hijos de quienes con su voto nos pusieron en este lugar para luchar por ellos, para defender a quienes lamentablemente no pueden levantar su voz. Seamos sensibles ante este grave delito.

Recordemos que la víctima de trata de personas había permanecido invisible, sufriendo por la indiferencia que como sociedad habíamos mantenido. Es lamentable que debido a la tolerancia social —que por desgracia aún existe en algunos lugares— no se estén armonizando las leyes correspondientes en algunos estados. Felicito a los estados que, preocupados por salvaguardar a sus ciudadanos, han enfocado sus esfuerzos en armonizar su ley con la ley general. Asimismo felicito a las procuradurías de Justicia, cuyo compromiso es erradicar este delito, que ha dado como resultados sentencias en materia de trata de personas.

Es por todo lo anterior que hoy hago tres llamados. El primer llamado lo hago a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al secretario de Hacienda a fin de que se asignen los recursos necesarios para el tema de trata de personas, pues sin recursos poco se puede hacer, no solo para erradicar la trata de personas, sino en la prevención de este aberrante delito.

Mi segundo llamado lo hago a los estados de la República que aún no han armonizado su ley con la Ley General de Trata. Pero más aún, a aquellos que no cuentan con dicho marco jurídico. ¿Es acaso que no les interesa el bienestar de sus ciudadanos? ¿O es que acaso creen que en sus estados no existe esta problemática?

Mi tercer llamado este día es para quienes integramos la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas; recordemos que este tema es un problema de humanidad en el que no debemos dar lugar a los protagonismos. Es un tema en el que debemos trabajar unidos para lograr grandes cambios en beneficio de las víctimas y de la sociedad.

Estoy convencida de que juntos, sociedad y gobierno, debemos hacer un frente común para vencer la trata de personas. Dejemos de ser cómplices silenciosos. Unamos esfuerzos para evitar que más mujeres, niños y niñas sigan siendo esclavos en pleno siglo XXI. No daremos un paso atrás en los derechos logrados para quienes han sido víctimas de trata de personas. No más explotación. No más esclavitud. No más trata de personas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Leticia López Landero. Tiene ahora el uso de la palabra, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a los alumnos de las escuelas: primaria Ignacio Allende; de la Universidad de Chapingo, del municipio de Texcoco; y del Centro Universitario Tlacaelel, del municipio de Ixtapaluca, estado de México. Invitados por el señor diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean todas y todos muy bienvenidos.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song:Muy buenas tardes. Ayer, 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, implementado solo hace 14 años en reconocimiento a la lucha de quienes nos antecedieron en foros públicos, organizaciones no gubernamentales, diputados, senadores, madres y padres, quienes valientemente se atrevieron a decir: Alto. Alto a la esclavitud. Alto a la denigración de los seres humanos.

Las oradoras que me han antecedido han hablado ampliamente sobre la definición de trata. Digámoslo fuerte y claro desde ésta que es la máxima tribuna de la nación. Trata es explotar a otro ser humano, trata es vender a una persona, es degradarlo a la calidad de cosa y ponerle precio y ponerle medida.

Es incorrecto cuando se le llama a la trata de personas con nombres diferentes, para suavizarlo, para que lo tengamos ahí guardadito. Trata de personas no es trata de blancas, trata no es explotación sexual. Trata es: esclavizar a una persona, es obligar a alguien a servirte a ti, es prostituir a otro, es turismo sexual.

Trata, es explotar a los hombres en los campos. Trata, son los niños que piden dinero en las calles y que incluso contribuimos dándoselos. Trata, son los niños usados en el narcotráfico. Son aquellos que son adoptados ilícitamente. Aquellos matrimonios de menores a cambio de ganancias, como tierras o ganado, por ejemplo.

Trata, son aquellos que venden órganos de otras personas. Trata, son aquellos que experimentan con seres humanos. Trata es un delito, un delito que desafortunadamente no distingue y que no solamente es contra las mujeres, trata, es un delito contra cualquiera. Y, señores y señoras diputados, es un delito en donde están incluidos ustedes, donde están incluidos sus hijos, sus nietos, sus hijas o sus nietas.

Hoy celebramos, ciertamente, la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General contra la Trata de Personas, por llamarlo con su nombre corto. Y, por otra parte, celebramos también el inicio de la Cruzada Nacional contra la Trata de Personas que ha dado el gobierno federal. Esto, sin embargo, no es suficiente. Falta mucho por hacer.

Reconozco que estar en esta tribuna pidiéndoles unos minutos de su atención, pidiéndoles que por favor no cierren los ojos, desafortunadamente sigue siendo retórica, y bajo ninguna circunstancia son acciones concretas. Las víctimas de trata son trasladadas donde existe demanda por sus servicios, donde es posible beneficiarse económicamente de su explotación.

No nos sentemos a esperar las denuncias. Es nuestra obligación ir un paso adelante y trabajar coordinadamente con el gobierno, con la sociedad civil y con la ciudadanía para construir el México libre de este flagelo que todos queremos.

No es posible que, por ejemplo, en estados como Baja California Sur, con un destino turístico de clase mundial como lo es Los Cabos —con información fidedigna de la Procuraduría de Justicia de ese estado— no existan en sus registros ni una sola denuncia en materia de trata. La denuncia es el paso más importante y solamente tendremos resultados efectivos cuando los culpables de este delito sean castigados y los veamos detrás de las rejas.

El combate a la trata de personas requiere de recursos y no solamente de buena voluntad. En 2013, a través del rubro Promover la Prevención, Protección y Atención en materia de Trata de Personas del Presupuesto de Egresos de la Federación, asignamos ocho millones de pesos. Es evidente que con ocho millones de pesos difícilmente tendremos éxito para combatir el segundo o tercer –porque se dan en rango– el segundo o tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Reforcemos las acciones, fortalezcamos la vinculación con los Poderes judiciales, alcemos la voz. Pero sobre todo, seamos gente de hechos y no de palabras.

Ciudadanos, los invito a denunciar, los invito —como dijera Martin Luther King y que ayer alguien nos lo recordara—: Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena y que para colmo hasta los creemos buenos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, devuelta con modificaciones para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, 215, 216 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 22 de agosto de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones .de los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

2.El 22 de agosto de 2013, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de lo dispuesto por el inciso E del artículo 72 constitucional.

3.El lo. de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la minuta antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

II. Materia de la minuta

Con la finalidad de advertir las propuestas de la Colegisladora, contenidas en la minuta proyecto de decreto sujeto a análisis, esta comisión dictaminadora transcribe en sus términos la tercera consideración contenida en el dictamen correspondiente, únicamente por lo que respecta a las propuestas de modificación:

A efecto de que los senadores conozcan las diferencias del texto propuesto por la Colegisladora con relación a la propuesta que en su momento aprobó el Senado, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Del examen hecho al cuadro anterior, se desprende que la minuta aprobada por la Colegisladora contiene un proyecto de decreto que es coincidente y convergente con el que aprobó el Senado de la República, motivo por el cual, las comisiones unidas resuelven hacerlo suyo, y solo hacer unos pocos ajustes:

Artículo 73

La minuta de la Colegisladora ubicó la facultad que se pretende otorgar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria como fracción XXIX-R. El Senado de la República había considerado utilizar la fracción VI del mismo artículo, actualmente derogada. Sin embargo, en los últimos años las facultades que se le han dado al Congreso de la Unión para legislar facultades de coordinación homologación o concurrentes, que tienen como destinatarios a los tres órdenes de Gobierno, se han ubicado de manera consecutiva a partir de la fracción XXIX.

Habiendo señalado lo anterior, estas comisiones unidas consideran que por técnica legislativa es mejor la propuesta de la Colegisladora.No obstante, es preciso señalar que con motivo de la reforma constitucional que aprobará el Senado de la República en materia de catastros y registros públicos simultáneamente con esta reforma, la fracción XXIX-R ha sido reservada a aquella, y puesto que se ubica en una etapa más avanzada dentro del proceso legislativo, por prelación le correspondería la fracción XXIX-S.

Asimismo, estas comisiones unidas desean advertir que esta fracción podría ajustarse a la hora de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de llegar a concluir el proceso legislativo, en virtud de que están en trámite otras reformas constitucionales que también añadirán atribuciones a dicha fracción XXIX como son las de transparencia y combate a la corrupción.

Artículo 74

La Colegisladora propone establecer una facultad exclusiva para la Cámara de Diputados de conocer, y en su caso, opinar, a través de la comisión legislativa competente en los términos que señale la ley, respecto a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

El Senado había propuesto una atribución parecida para sí, pero con dos diferencias: la primera, que los convenios serían sometidos a dicha instancia para su sanción en un plazo perentorio, y segunda, se contempló la figura de afirmativa ficta en caso de que la comisión legislativa no se pronunciara en un determinado plazo.

Habiendo examinado con detenimiento ambas posturas, la de la Colegisladora que es la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de discutir las contribuciones y los empréstitos que sean necesarios para cubrir el presupuesto público, y la del Senado de la República, que tiene la representación de las entidades federativas, que son las destinatarias de esta reforma constitucional, las comisiones unidas resuelven que lo que más conviene al país es que dicha atribución sea compartida y ejercida mediante una comisión bicameral, integrada por ocho diputados ocho senadores conforme a lo que disponga la ley respectiva. La ley reglamentaria establecerá la obligación de la comisión bicameral para rendir informes a sus respectivos plenos, sobre las sanciones o, en su caso, objeciones a los convenios que les sean sometidos. Asimismo, resuelven que dicha atribución sea ubicada en la misma fracción VIII del artículo 73, como cuarto numeral, motivo por el cual el artículo 74 no sufre ninguna modificación, quedándose en los términos actualmente vigentes:

Artículos transitorios

Los artículos transitorios propuestos por el Senado de la República fueron retomados por la Colegisladora en la minuta que hoy se dictamina. Solo sufrieron cambios menores y de redacción por lo cual, estas comisiones dictaminadoras resuelven aceptarlos en sus términos salvo en tres casos:

1)el artículo segundo transitorio que hace referencia a la fracción XXIX-R del artículo 73, que como ya se expuso, será la fracción XXIX-S.

2) el artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, que hace referencia a la “Cámara de Diputados”, se sustituye por “Congreso de la Unión”.

3)el artículo quinto transitorio habla de “financiamiento”, pero por armonía con el texto del artículo 117, se sustituye por “obligaciones” que es un concepto más general y como ya se expuso muchas veces se heredan pasivos que no bancarios a las siguientes administraciones, situación que también se pretende normar mediante esta reforma constitucional.

Asimismo, la Colegisladora propone dos artículos transitorios nuevos respecto a los que en su momento aprobó el Senado de la República: uno para establecer que la contratación de empréstitos sea mediante licitación y otro para que el Ejecutivo proponga un Programa Anual de Garantías que sea aprobado por el Congreso de la Unión.

Al respecto, comisiones dictaminadoras quieren señalar que el primer artículo adicionado (el octavo) relativo a las licitaciones, están de acuerdo aunque éste está de más porque el artículo 134 constitucional ya lo prevé. Con relación al segundo artículo transitorio adicionado (el noveno transitorio), consideran que dicho artículo no resulta necesario en virtud de que el programa de garantías estará sujeto al siguiente mecanismo de control legislativo: i) la ley reglamentaria que aprobará el Congreso de la Unión; ii) la aprobación anual del techo de endeudamiento en la Ley de Ingresos, donde se incluirán las garantías que llegase a otorgar el gobierno federal; iii) la comisión bicameral que conocerá de las estrategias de ajuste; iv) la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y v) las obligaciones de información al Congreso, incluyendo el registro único y el “sistema de alertas”.”

(Énfasis añadido)

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de cada una de las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, al estimar que todas y cada una de ellas son pertinentes, en razón de lo siguiente:

Por cuestión de método, se procede al análisis de cada una de las propuestas contenidas en la minuta sujeta a estudio:

1. En la parte final del numeral 2o., fracción VIII, del artículo 73 constitucional, aún y cuando la Colegisladora no lo menciona en su dictamen, se advierte que modificaron la denominación del “Jefe de Gobierno del Distrito Federal” por “Jefe de Gobierno”, lo cual, a nuestro juicio, por no ser un cambio de fondo, se acepta en sus términos.

2. La adición de un numeral 4o. a la fracción VIII, del artículo 73 de la Carta Magna, en el cual se faculta al Congreso de la Unión para sancionar, o en su caso, objetar, mediante una comisión legislativa bicameral, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, los integrantes de esta comisión aceptan el cambio propuesto.

Lo anterior es viable, debido a que la intervención del Congreso de la Unión debe ser considerada como un esquema de coparticipación legislativo-ejecutivo (estatal y municipal) en materia de endeudamiento, así como un procedimiento de necesaria colaboración y corresponsabilidad, lo cual debe entenderse como manifestación de los pesos y contrapesos que exige el principio de división de poderes.

En este sentido, el principio de división de poderes, que exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, razón por la cual se justifica la conformación de una comisión bicameral.

Otros aspectos a destacar en las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, son: a) el plazo máximo de quince días y b) que la comisión bicameral competente sancionará u objetará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados. Ambas se aceptan en sus términos, pues es dable la existencia de un término perentorio para llevar a cabo la sanción u objeción de la referida estrategia.

Precisando que el alcance de la facultad sancionadora de la comisión bicameral prevista en este dictamen, resulta ser exclusivamente para el efecto de autorizar o aprobar el acto sometido a su consideración, en este caso respecto de la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías; sirviendo de contexto la acepción o interpretación de esta palabra según la definición del Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española):

“Sancionar.

1. tr. Dar fuerza de ley a una disposición.2. tr. Autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre.

sanción.

(Del lat. sanctio, -onis). Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o costumbre.”

De igual forma, y a manera de antecedente histórico, resulta un dato relevante en la utilización y alcance de este vocablo, que el Congreso General Constituyente sancionara la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, precisamente en un contexto de aprobación o autorización.

Con la finalidad de otorgar certeza jurídica a la reforma, es necesario precisar que la facultad para objetar, asignada a la comisión bicameral en la minuta remitida por el Senado de la República, deberá ser interpretada única y exclusivamente como una recomendación u opinión en la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, sin carácter vinculatorio, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías; además de que esta facultad para objetar solo aplicará en caso de que los estados tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Ello es así, en razón de que la propia Colegisladora estableció en las consideraciones de sus modificaciones que los convenios deberían ser sometidos a la comisión bicameral por un plazo perentorio para su sanción, y en segundo término se estableció la figura de la afirmativa ficta para el caso de que esta comisión legislativa no se pronunciara en un determinado plazo; para mayor ilustración, se transcribe textualmente las diferencias o materia que exclusivamente la Colegisladora estimó necesario modificar:

“El Senado había propuesto una atribución parecida para sí pero con dos diferencias: la primera, que los convenios serían sometidos a dicha instancia para su sanción en un plazo perentorio, y segunda, se contempló la figura de afirmativa ficta en caso de que la comisión legislativa no se pronunciara en un determinado plazo. “

De lo anterior, se advierte la necesidad de precisar el alcance de la medida que habrá de ejercer la comisión bicameral, con pleno respeto a las autonomías de los municipios, estados y el Distrito Federal previstas en los artículos 115, 116 y 122 de la Constitución Federal.

3.Respecto del cambio de la fracción XXIX-R por la fracción XXIX-S, del artículo 73 de la Carta Magna, ésta es aceptada en sus términos. Es preciso mencionar que debido a que existe una reforma constitucional mediante la cual se pretende adicionar la aludida fracción en materia de Registro Público Inmobiliario y Catastros, y dado que la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados será la que determine el texto que deberá ocupar la fracción XXIX-R, en su momento, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente realizará las adecuaciones pertinentes que permitan que exista un orden consecutivo entre las respectivas fracciones del artículo 73 constitucional.

4.Se elimina la fracción VIII, del artículo 74 de la Ley Fundamental, la cual establecía la facultad de la Cámara de Diputados para conocer y opinar, mediante la comisión legislativa competente la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas. Esta comisión dictaminadora acepta en sus términos la modificación, debido a que esta facultad se traslada al Congreso de la Unión al numeral 4o., fracción VIII, del artículo 73, como ya se indicó.

5.Por lo que hace a los artículos transitorios, la modificación al artículo segundo transitorio se acepta en sus términos, debido a que únicamente precisa que se trata de la fracción XXIX-S del artículo 73 de la norma fundamental.

El cambio propuesto al artículo quinto transitorio, también se acepta en sus términos, ya que sustituye el término “financiamiento” por “obligaciones”, lo cual le otorga mayores alcances a la contratación a corto plazo de la deuda.

La modificación realizada a los párrafos segundo y cuarto del artículo séptimo transitorio, igualmente es aceptada, puesto que sustituye el término “Cámara de Diputados” por “Congreso de la Unión” para hacerla congruente con la facultad asignada a la comisión legislativa bicameral.

Finalmente, se acepta en sus términos la supresión del artículo noveno transitorio, ya que, tal y como lo sostiene la Cámara de Senadores, el programa de garantías estará sujeto a diversos controles parlamentarios a saber: a) la ley reglamentaria; b) la aprobación del endeudamiento en la Ley de Ingresos, la cual contenderá las garantías que pueda otorgar el Gobierno Federal; c) la Comisión Legislativa Bicameral; d) la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación; y e) el Registro Único y el Sistema de Alertas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales que suscriben, someten a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios

Artículo Único. Se reforman la fracción VIII del artículo 73; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 79; el párrafo cuarto del artículo 108; el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116; y el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 117; y se adicionan un segundo párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 25; una fracción XXIX-S al artículo 73; y los párrafos tercero y cuarto a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

. ..

...

...

...

...

...

...

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a VII. ...

VIII. En materia de deuda pública, para:

1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.

2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por el inciso H del artículo 72 de esta Constitución.

4o. El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la comisión legislativa bicameral competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

IX. a XXIX-R. ...

XXIX-S. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;

XXX. ...

Artículo 79. ..

..

...

I.Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios;el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

..

..

...

II. a IV. ...

...

...

...

...

Artículo 108. ...

...

...

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

...

...

...

...

Las legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

...

...

III. a VII. ...

Artículo 117. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior,conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben.Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

IX. ...

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-S del artículo 73 del presente Decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada.

Cuarto. Las Entidades Federativas y los Municipios se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las de las leyes a que se refiere el Artículo Transitorio Segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las disposiciones aplicables.

Quinto.La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este Decreto.

Sexto. Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita.

Séptimo. La ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el inciso 3o. de la fracción VIII, del artículo 73 de este Decreto, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.

En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de La Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación, verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.

Las legislaturas de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores, una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que tengan acceso a la información referente al presente artículo transitorio, serán responsables del manejo de la misma y responderán por los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación.

Octavo. La ley reglamentaria a que se refiere el artículo 73, fracción VIII, inciso 3º. de este Decreto, establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2013.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales me es grato que culminemos el proceso legislativo en esta Cámara de Diputados de un tema relevante y de gran trascendencia, como lo es la deuda de los estados y municipios.

Como es sabido, compañeras y compañeros legisladores, fue un asunto ampliamente discutido y debatido en ambas Cámaras, teniendo como resultado las modificaciones que ahora propone el Senado de la República. Lo anterior nos demuestra que más allá de las diferencias que tengamos entre ambas soberanías, sabemos que el interés nacional es superior a cualquier otro.

La contratación de deuda es con la finalidad de cubrir el déficit presupuestal que actualmente tiene la mayoría de los estados. Sin embargo, no existe una homologación para los criterios de adquisición, menos aún su ejercicio y aplicación y, por lo tanto, se desconocían los resultados de la misma.

De igual forma, la deuda pública no era sujeta a evaluación ni mucho menos a una rendición de cuentas ni a la participación de la opinión pública. Se observó que los malos manejos contribuyeron a que algunas de las entidades federativas se endeudaran en forma irresponsable.

Por ello resulta indispensable establecer límites en nuestra ley fundamental, que establezca las bases para revisar y vigilar el correcto desempeño y la capacidad de pago del endeudamiento en los diferentes niveles de gobierno. Por esta razón, se incluye en la Constitución un mecanismo para que las entidades federativas y los municipios contraten deuda de una manera disciplinada y ordenada.

No se trata de poner impedimentos o limitar la adquisición de deuda, sino que ahora cada estado o municipio deberá ceñirse a las leyes secundarias que establecerán las bases generales para incurrir en el endeudamiento, así como la forma en que podrán afectar sus participaciones, que servirán para cumplir con sus obligaciones de pago.

Además con esta reforma se avanza en materia de transparencia, ya que las órdenes de gobierno estarán obligadas a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único. Ahora la ciudadanía podrá conocer los montos de deuda que se contratan, el acreedor, la tasa de interés, el plazo para el pago y la garantía o fuente de pago.

El dictamen de la minuta a discusión es fruto del trabajo de ambas Cámaras legislativas, que nos da como resultado una serie de modificaciones que enriquecen esta reforma constitucional, entre las que destaca la conformación de una comisión legislativa bicamaral, cuya facultad —entre otras— será sancionar y, en su caso, objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados que estén contenidas en los convenios que sean suscritos con el gobierno federal para obtener garantías. El diseño propuesto de la creación de la comisión legislativa bicamaral servirá como medio de control de la deuda contratada por los estados y los municipios.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a votar a favor del dictamen de reforma constitucional que atiende un tema de coincidencia entre los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias a usted, señor diputado Julio César Moreno Rivera. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, en su oportunidad, a nombre de mi grupo parlamentario, en esta tribuna compartí la reflexión de que el proyecto de decreto en materia de deuda de los estados y municipios es y ha sido el producto de una amplia discusión y análisis del encuentro de coincidencias y también, ¿por qué no decirlo?, de divergencias que generaron consensos sin mezquindades ideológicas o partidistas.

En esta ocasión, con las adiciones que la colegisladora le ha impuesto al proyecto de decreto que enviamos para su discusión, no puedo menos que reconocer que las aportaciones que provienen de la Cámara de Senadores conllevan a reflexiones.

Hoy la reflexión —desde mi punto de vista— más importante es que si al aprobarse la reforma constitucional a los artículos 73, 79 y 117 y tres transitorios, regulamos la deuda de estados y municipios, los transparentamos ya o remitimos al próximo periodo la iniciativa.

La obligación conlleva a refrendar los principios, disposiciones, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal que pretenden en su conjunto promover el uso ordenado y sostenible del financiamiento de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos, para la contratación de deuda y otras obligaciones de pago a cargo de estos dos órdenes de gobierno, y esto nos conlleva a que sea en inmediatez.

Debo puntualizar que en mi opinión el contenido del artículo noveno transitorio es de una trascendencia importante. Plantea que en la ley reglamentaria de esta reforma se establezca un programa anual de garantías por el Ejecutivo federal, a fin de que el Congreso apruebe los recursos que se requieran para las obras que se podrán financiar al siguiente año de la solicitud y antes de que se apliquen los recursos.

Hoy la duda es la creación de la comisión bicamaral que vigilará y sancionará las deudas de estados y municipios. Las competencias de las Cámaras para legislar en esas materias.

En este momento resulta indispensable aprobar este importante instrumento legislativo; sin embargo, con posterioridad se deberá analizar la participación de la colegisladora en el proceso de contratación de deuda, ya que éste adquiere facultades que no tienen algún precedente en términos de sancionar y, en su caso, objetar los convenios y ajustes financieros que realicen los estados y municipios.

El debate en comisiones ha sido congruente jurídicamente. Mi inquietud es una: la vigencia en la aplicación de la norma. El tema es el mecanismo de control económico del Legislativo sobre el Ejecutivo y la concurrencia de ambas Cámaras. Sin embargo, no podemos dejar pasar desapercibido las reformas y adiciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, por el que se estableció que el propio Congreso de la Unión debía aprobar anualmente los montos de endeudamientos requeridos por el gobierno del Distrito Federal e incluirlos en la Ley de Ingresos. Lo anterior se complementa con lo dispuesto por el artículo 112, letra B, fracción III, de nuestra propia Constitución Política.

En Nueva Alianza refrendamos el compromiso con nuestros principios. Estamos convencidos de que un buen gobierno debe ser sinónimo de una administración honesta, responsable y transparente de los recursos públicos nacionales. Esto incluye, por supuesto, las obligaciones financieras a las que los estados y municipios tienen que recurrir.

Por eso, una vez más hacemos un llamado para que sumemos voluntades políticas y aprobemos esta reforma constitucional, en aras de lograr la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y el fortalecimiento del federalismo en su ámbito financiero, y buscar de una vez y para siempre su implementación inmediata. Con ello estaremos coadyuvando a que se logre el fortalecimiento de las finanzas públicas federales, estatales y municipales. Garantizaremos la capacidad económica en los tres órdenes de gobierno para impulsar políticas sociales que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad existentes entre los sectores de la sociedad mexicana.

En los estados y municipios es menester impulsar la creación de condiciones de equidad entre zonas rurales y urbanas, la dotación de servicios públicos de calidad hacia sus gobernados y, hoy más que nunca, ante el desalentador escenario que nos dejó Ingrid y Manuel, es un imperativo reconocer la importancia de la concurrencia de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para la pronta recuperación de miles de familias, comunidades, pueblos y ciudades que padecen sus lamentables consecuencias.

Compañeros legisladores, alejemos cualquier mezquindad política o argucias jurídicas y contribuyamos efectivamente a sentar las bases constitucionales y legislativas para un manejo adecuado de las finanzas públicas de los estados y municipios, garantizando con ello mejores condiciones de vida para los actuales y futuros mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, se da la bienvenida al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que hoy se nos presenta en materia de deuda pública de los estados y municipios.

Indudablemente esta propuesta tiene como antecedente los excesos que ha habido en numerosas entidades del país en relación a la contratación de deuda pública, que verdaderamente llama mucho la atención. Pero, sobre todo, prácticamente ha puesto en una situación de quiebra técnica a muchas entidades del país.

Nos referimos específicamente a estados como Coahuila, el estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Jalisco, que han hecho crecer su deuda de manera descomunal, hipotecando el futuro de los ingresos de sus entidades federativas y, sobre todo, limitando su futura capacidad de crecimiento. Es una situación harto preocupante.

En específico, el estado de Coahuila en 2005 tenía una deuda solamente de 323 millones y para 2011 ya se registraba una deuda superior a 36 mil millones de pesos. Es decir, un crecimiento 100 veces mayor en unos cuantos años. Esto es nada más como un botón de muestra para que tengamos claro que es una situación preocupante.

Podemos argumentar que se trata de medidas centralistas, podemos argumentar que se está limitando la soberanía de los estados; o los derechos que el 115 constitucional proporciona a los municipios de nuestro país. Sin embargo, no podemos permitir que este tipo de excesos siga dándose, toda vez que anteriormente, en 2008, tomando en cuenta las participaciones de cada estado, estas participaciones se ponían como garantía a efecto de que pudieran proporcionarse los créditos.

En 2008, 5 de cada 10 pesos de sus participaciones estaban comprometidas para el pago de la deuda. Hoy esto ha subido a 8 de cada 10 pesos. Situación que hace que estos estados estén hipotecando su futuro desarrollo económico y social, ante la gran magnitud de la deuda que los agobia.

En ese sentido, también estamos de acuerdo en las modificaciones que nos hace la colegisladora, a efecto de que la comisión que se encargue de vigilar y, en su caso, aprobar el monto de los empréstitos de los estados y municipios, no nada más sea una facultad de la Cámara de Diputados, sino que también sea una facultad de la Cámara de Senadores en el establecimiento de una comisión bicamaral. Esta situación está establecida en el numeral 4 de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución de la República.

En ese sentido, queremos señalar que esta modificación que se hace para poder controlar el excesivo endeudamiento de estados y municipios, el Partido del Trabajo considera que es necesaria, que es urgente y, por ese motivo, el Partido del Trabajo votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alberto Anaya. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la presidenta del Consejo de Mujeres Indígenas del estado de Querétaro, Elia Santiago Antonio, invitada por el señor diputado Ricardo Astudillo Suárez.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Desde el pasado 17 de julio, en un periodo extraordinario se tomó la determinación de aprobar una reforma constitucional para regular los excesivos endeudamientos que se han presentado en la República: la conocida deuda subnacional, que entraña la deuda de los estados y los municipios del país.

Han pasado dos meses y hoy tenemos la noticia de que durante el primer semestre de este año ya hubo un nuevo aumento. Ya se suman 8 mil 277 millones de pesos al monto de la deuda subnacional. De tal suerte, compañeras y compañeros diputados, que el monto de la deuda de los estados y municipios en el país asciende a más de 443 mil millones de pesos.

Ha habido —como lo hemos señalado— un endeudamiento irresponsable, un endeudamiento criminal, un endeudamiento que no se justifica en obra pública, en programas de infraestructura, en programas de desarrollo social. Este endeudamiento ha venido a incrementar fortunas personales, ha venido a generar mayor gasto en nómina y en burocracias y ha venido también a solapar proyectos y agendas político-electorales de candidatos. Por eso esta deuda monstruosa, que equivale a 3.5 veces el monto destinado a la educación del país y 4.7 veces el monto destinado a desarrollo social.

Actualmente existen casi 100 ayuntamientos que presentan niveles de endeudamiento que rebasan todo su presupuesto anual, de los cuales solamente 25 concentran más del 50 por ciento de la deuda. Casos como los municipios de Guadalajara, de Acapulco y de otros municipios del país, que presentan estos endeudamientos monstruosos.

Resulta claro que estos endeudamientos son productos de la carencia de leyes efectivas y de la subordinación de los poderes locales a cacicazgos gubernamentales y a la voluntad de los señores gobernadores. Por eso, en Movimiento Ciudadano, avalamos desde que se presentó este proyecto y suscribimos la iniciativa junto con otros diputados.

Nos parece que éste es quizás uno de los temas más relevantes que ha aprobado esta Legislatura. Continuar con estos endeudamientos criminales es seguir solapando la impunidad. Pero nos parece oportuno también decir que junto con mejores leyes que pongan freno a estos abusos, tiene que haber un freno a la impunidad, porque la impunidad y la corrupción engendran más impunidad y más corrupción.

Por eso los casos de Humberto Moreira y su tesorero Javier Villarreal –todavía prófugo– o de Andrés Granier, o de muchos gobernadores y alcaldes, que se han enriquecido, son temas que no pueden quedar únicamente en el anecdotario político, en discursos de campaña o en un borrón y cuenta nueva.

Queremos ver si de lado del Congreso, pero sobre todo de lado de los Ejecutivos federal y local se pone tras las rejas a estos criminales que han hipotecado el futuro de generaciones enteras. Porque en este Congreso se autorizó cárcel a deudores, pero quienes endeudaron por más de 400 mil millones de pesos las haciendas estatales y municipales se pavonean y se vanaglorian de sus desfalcos y de sus riquezas indebidas. Por eso es la exhortación que hacemos.

Nosotros vamos a votar a favor de este dictamen, refrendando el voto que tuvimos el 16 de julio. Y vamos a presentar una reserva en el tema de la comisión bicamaral, porque nos parece un exceso que ahora el Senado quiera meterse en facultades de la Cámara de Diputados. Pero eso lo diremos al momento de presentar la reserva. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputado presidente. A lo largo de mi vida y a lo largo de este último año, en el que he estado compartiendo con ustedes la labor de discutir, analizar, debatir y aprobar algunas leyes he conocido muchos servidores públicos, los he tratado ahora y he hecho muchos amigos a lo largo de esta Legislatura y de algo me he dado cuenta: la inmensa mayoría de ustedes, como la inmensa mayoría de los servidores públicos son gente honesta, son gente patriota, que además viene a empeñar su tiempo con convicciones para formar aquello que necesita México y perseguir un futuro que vemos en común.

La utilización de esta tribuna para hablar exclusivamente de desfalcos, de corrupción, muchas veces puede enviar un mensaje terriblemente equivocado de que México es eso. Y México no es nada más corrupción, hay casos, sí, y no podemos menospreciarlos, tenemos que combatirlos. Pero México lo formamos también muchos más que somos gente honesta.

Evidentemente que todos conocemos la gravedad en la que se encuentra la economía nacional, el decrecimiento, el incumplimiento de metas de crecimiento y de desarrollo que se habían planteado para este año y tenemos que hacer muchas cosas para poder mejorar la situación del país.

Cada una de las entidades de la federación tiene una responsabilidad singular en el cumplimiento de este objetivo. Desde luego que tenemos que ver que los estados, que son quienes tienen la relación más directa con quienes trabajan, con quienes emprenden negocios, tengan los instrumentos para poder llevar a cabo las actividades que a todos nos interesan.

Pero tanto la federación, como los estados, como los municipios, como el Distrito Federal se convierten a su vez en motores de crecimiento cuando destinan sus propios recursos al cumplimiento de metas de carácter económico, ya sea de manera directa a través de la producción de bienes y servicios, o a través de medios indirectos, como la construcción de infraestructura de la que se sirven todos los demás para cumplir esta meta.

Es importante —por consiguiente— que tanto en el sector privado como en el sector público se tengan reglas claras, a través de las cuales todos podamos saber cuáles son los límites de endeudamiento que nuestra economía permite, a fin de que crezcamos con solidez y con miras de largo plazo.

Esta modificación constitucional que estamos aprobando es precisamente la que se encarga de buscar los caminos a través de los cuales exista una solidaridad y una armonía en la realización de actividades económicas, tanto por parte de la federación, como por parte de estados, municipios y Distrito Federal.

Estamos dando a través de esta reforma constitucional facultades al Congreso de la Unión para establecer los cauces y los límites, a través de los cuales las entidades de la federación podrán contratar deuda pública para el cumplimiento de este fin primordial, que no solamente nos interesa en lo particular a las entidades federativas, sino que es propio de todos los mexicanos, por la situación en la que estamos ahora colocados.

Desde luego que el Partido Verde acompaña con responsabilidad y con esa mira que tiende a ver los aspectos positivos del México que todos estamos transformando y al que tenemos que invitar a las entidades federativas, con la reforma constitucional que estamos discutiendo y con la minuta que también envió a esta Cámara la Cámara de Senadores, nuestra colegisladora.

¿Qué es lo que se está proponiendo? La inclusión de un procedimiento a través del cual una comisión bicamaral —constituida por ocho senadores y ocho diputados— podrá en su momento objetar o sancionar los límites de la deuda que contraigan las entidades de la federación, los municipios y el Distrito Federal.

Es fundamental que participe la Cámara de Diputados por ser —desde luego— la que tiene la representación de la nación, que son los ciudadanos que contribuyen al mantenimiento del gasto público. Sin embargo, si estamos hablando de un concepto de solidaridad, en donde lo que pasa en una entidad de la federación afecta fatalmente el funcionamiento, la actividad económica en el resto de la República, desde luego que resulta perfectamente legítimo darle cabida a los senadores, como integrantes de esta comisión bicamaral, con el objeto de dar su opinión, objetar y sancionar. Sancionar no a manera de castigar, sancionar a manera de aprobar cuáles son los límites de endeudamiento de las entidades de la federación.

De ahí que estamos de acuerdo en esta reforma por lo que conlleva a la participación que tiene la colegisladora, la Cámara de Senadores, en la conformación de las leyes como actos que emanan del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión como órgano mixto o compuesto, desde luego que estamos de acuerdo en que participe la Cámara de Senadores.

Más aún, cuando en la reforma constitucional advertimos que existen procedimientos y plazos, a través de los cuales —después reglamentados en la ley correspondiente— esta comisión bicamaral tendrá que responder a las demandas y requerimientos de las entidades federativas.

Estamos de acuerdo también en acompañar esta reforma a la Constitución y votarla a favor, en la medida en la que también se prevén consecuencias para el caso de que después de transcurrido el plazo de los 15 días que se le otorga a la comisión bicamaral para aprobar, sancionar u objetar los límites de endeudamiento, no exista una respuesta. Es decir, una afirmativa ficta como un mecanismo que pudiera resolver cualquier pasividad o cualquier silencio en el que pudiera incurrir esta comisión bicamaral.

No lo vemos como un problema de corrupción. No lo vemos como un problema de endeudamiento excesivo. Lo vemos como el establecimiento de cauces, directrices y armonización de reglas para que el país completo, para que las entidades de la federación y los municipios puedan actuar correctamente en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento económico del Estado. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Cuéllar. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRD celebra que finalmente se concluya la discusión constitucional sobre deuda de estados y municipios, que es un tema de gran relevancia para el país.

En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al trabajo de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, así como a los compañeros de la Comisión de Hacienda que participaron en el proceso de discusión junto con nuestros coordinadores parlamentarios, así como a la Mesa Directiva que encabezó el diputado Agustín Arroyo Vieyra. Igualmente debe reconocerse al pleno de esta Legislatura, que con dignidad ejerció sus potestades constitucionales como Cámara de origen en materia de deuda pública.

Con el trabajo de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, del Panal, del Movimiento Ciudadano y del PT se mantuvo el respeto al procedimiento legislativo y esta Cámara de Diputados ejerció sus facultades, de acuerdo al artículo 72, inciso h) de nuestra Constitución.

En segundo lugar, debo decir que con esta reforma —que ahora pasa al Constituyente Permanente— se logra un buen acuerdo en beneficio del país, que sin duda alguna contribuirá a poner freno a los abusos y excesos de algunos gobiernos, que de manera irresponsable hipotecaron el futuro de varias generaciones de mexicanos.

Recordemos algunos beneficios y bondades de esta reforma:

1. Se estableció un mecanismo racional para acotar el crecimiento desproporcionado de la deuda de estados y municipios, que se había acelerado en más de cinco estados y en aproximadamente 22 municipios.

2. La deuda local ahora tendrá un esquema más justo. Se alienta su uso para impulsar el desarrollo de los municipios y de las entidades, y se prohíbe categóricamente su uso para financiar el gasto corriente.

3. Se acotó el manejo de la deuda de corto plazo para que no se contrate en los últimos tres meses de cada administración y se evite la práctica de trasladar esas deudas de una administración a la siguiente.

4. Se superaron las discusiones que nos llevaban a un control absoluto de la federación al manejo de las finanzas estatales. De esta manera se estableció un planteamiento potestativo para que, cuando las entidades requieran apoyo federal, firmen convenios que obliguen a condiciones de transparencia, control y registro, que a su vez sean el respaldo para el pago de la deuda garantizada por la federación.

Gracias a la inteligencia y la prudencia de los legisladores se superaron tentaciones centralistas y verticales, que proponían concentrar de manera absoluta el manejo de las deudas locales. En vez de ello se aprobó un esquema respetuoso de la soberanía de las entidades, que al mismo tiempo permite, en los casos de altos niveles de endeudamiento, que los estados puedan solicitar ser apoyados por la federación como un aval al garantizar sus adeudos.

Esperamos que con la entrada en vigor de esta reforma y de la legislación secundaria, nunca más tengamos casos como los de Moreira y Granier, que abusaron de sus encargos y pusieron en crisis las finanzas de sus entidades.

Compañeras y compañeros legisladores, reiteramos nuestro reconocimiento a todos los que participaron en la construcción de un acuerdo en materia de deuda en beneficio del país.

Se ha demostrado que un proceso legislativo plural puede dar resultados adecuados y pertinentes al abordar el problema del endeudamiento, pero respetando el carácter federal del Estado mexicano. Por eso, a nombre de mi grupo parlamentario manifiesto el respaldo del Grupo Parlamentario del PRD a esta reforma constitucional.

Así como el Congreso tuvo la sensibilidad de escuchar y eliminar efectos centralistas, ahora hago un llamado para que cuidemos que en las nuevas leyes que habrán de discutirse prevalezca un enfoque federalista y equilibrado.

Compañeras y compañeros, tenemos el reto para que en la legislación que estamos por discutir en materia hacendaria, no caigamos en la discrecionalidad, no caigamos en las tentaciones centralistas del Ejecutivo federal, no permitamos que se retroceda en el federalismo fiscal.

En la discusión hacendaria que viene, así como lo hicimos en esta discusión en esta reforma constitucional, todos vamos a defender —en la reforma hacendaria— los principios del federalismo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado Carol Antonio Altamirano. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra el diputado Damián Zepeda Vidales.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Con su permiso, señor presidente. Recomendaba el filósofo chino Confucio: Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro.

En México existen muchas historias de aprendizaje, pero pocas tan duras y aleccionantes como aquellas que nos hablan de los grandes gobernantes que por construir su grandeza destruyeron el potencial futuro de sus gobernados. Nada más ruin, nada más bajo, que pensar que los aplausos de hoy suplirán las necesidades del mañana.

Tenemos un grave problema en México, tan solo en ocho años las deudas de los estados y los municipios se han triplicado en este país. Hemos pasado de 147 mil millones de pesos a 436 mil millones.

Por citar ejemplos, tan solo Coahuila aumentó en 11 mil por ciento su deuda en estos años; Veracruz en más de mil por ciento y, por supuesto, Tabasco en casi 700 por ciento.

¿Por qué lo hicieron? ¿Qué llevó a sus gobernantes a buscar más dinero, aunque fuera deuda? Hoy hay que decirlo fuerte y claro: no fue por falta de recursos, recursos tuvieron. En los últimos años estados y municipios han recibido más recursos federales que nunca. La respuesta es evidente, compañeros legisladores, fueron los aplausos, el ego en algunos casos —no en todos, por supuesto— que ante la falta de capacidad prefirieron comprar halagos, aunque fuera con dinero a costa de nuestros hijos, a costa de su futuro.

Si nos vamos a esos casos podemos ver en sus informes de gobierno frases comunes como: nunca antes, más inversión que en los últimos tres sexenios juntos. Frases construidas para edificar héroes a los cuales sus gobernados deberían admirar y venerar. Lamentablemente en la mayoría de los casos lo que se omite decir es que ese dinero no salió con el fruto del esfuerzo y la capacidad financiera de esos propios gobiernos, sino de endeudar el futuro e hipotecar el futuro de nuestros hijos y de sus gobernados.

No más, señores. El alto a esta práctica está en la aprobación de esta minuta el día de hoy. Por ello los diputados de PAN venimos apoyando y respaldando esta reforma de una manera clara desde que empezamos su debate y su discusión. Celebramos porque finalmente este dictamen y esta minuta aprobada el día de hoy va a establecer reglas claras con la facultad que nos dan a este Congreso de la Unión para generar una ley en materia de deuda pública que de una vez por todas homologue los criterios y siente las bases para poder contratarla a nivel nacional.

La apoyamos porque históricamente hemos promovido finanzas responsables y sanas, la apoyamos porque junto a compañeros de los distintos grupos parlamentarios fuimos capaces en este Congreso de la Unión de generar una herramienta que nos permita, tanto establecer reglas claras a través de la ley, como ponerle un alto al uso irresponsable de las participaciones federales usadas como garantías para contratar créditos por gobernantes irresponsables.

A través de esta ley aquí en el Congreso de la Unión estableceremos el límite del uso de estas participaciones, que vale la pena decir que garantizan el 90 por ciento de las deudas y de los créditos que tenemos en los estados.

A través de esta ley se fortalece la fiscalización, porque se le da a la Auditoría Superior de la Federación facultad para fiscalizar incluso aquellas deudas contratadas por los gobiernos locales, siempre y cuando usen recursos federales en garantía.

La aprobamos porque establece facultad para poder otorgar garantía de parte de recursos federales, para que los estados puedan contratar deuda de una manera más accesible, con mejores tasas, costándole menos al recurso público de sus ciudadanos.

Sin embargo, creemos que bien vale la pena apoyar el dictamen para fortalecer las medidas con las cuales los Congresos locales requieren de autorización específica de dos terceras parte de sus Congresos locales, ya no mayoría simple, como se hace hasta el día de hoy, para lograr la aprobación de sus deudas.

Creemos que esto va a generar los contrapesos que se requieren para que las deudas autorizadas sean solo aquellas verdaderamente justificadas y que sean utilizadas exclusivamente para inversión en infraestructura productiva, no así en gasto corriente, quedando expresamente prohibido que pueda ser utilizada deuda para ello.

Finalmente, queremos decir de manera clara —y lo haremos en una reserva que estaremos presentando— que no estamos de acuerdo con que este Congreso de la Unión, a través de una comisión bicamaral venga y autorice, sancione u objete de manera individual las estrategias de ajuste de cada uno de los créditos que se autoricen para los gobiernos locales, con el uso de la garantía por parte del gobierno federal.

Creemos que la ley general que vamos a aprobar, a raíz de esta reforma constitucional, ya va a establecer de manera muy clara los casos en que procede dar esta garantía o no, y que no debemos convertir en un asunto político un asunto que debe ser eminentemente técnico.

¿Cómo para qué, señores —les pregunto— requerimos un desfile de gobernadores y de alcaldes que vengan a demostrar que ya cumplen con algo que por supuesto que tienen que cumplir por ley? ¿Para qué este Congreso de manera política va a autorizar cada uno de esos créditos? No, señores, creemos que es una práctica que no va a generar una aprobación de manera responsable y sana por parte de este Congreso de la Unión.

Finalmente, queremos destacar la propuesta de Acción Nacional –y termino, señor presidente– en el sentido de que estamos incluyendo una facultad sumamente importante a esta reforma: la obligación de licitar las deudas públicas.

Hoy increíblemente en este país es obligación de un gobierno licitar cuando compra cuestiones menores y no es obligación licitar cuando contrata miles de millones de pesos de deuda pública. ¿Para qué creen ustedes que se prestan esa falta de obligación y esa falta de transparencia? Imagínenselo nada más.

Hoy con esta minuta, con esta reforma, se acaba ese paraíso en el que estaban desgraciadamente nuestros gobernantes. Hoy con esta propuesta de Acción Nacional se va a establecer en la ley secundaria la obligación de licitar. Y que todos los mexicanos sepan que los créditos que se contratan son con las mejores tasas y con las mejores condiciones.

Por último, decirles que los diputados de Acción Nacional les decimos a los mexicanos con convicción y con toda claridad: su futuro estará protegido. Vamos a amarrarles las manos a los gobernantes irresponsables y en muchos casos, no en todos, ególatras. Vamos a cuidar que el crédito sea usado como herramienta de finanzas públicas, no como suplencia de capacidad y visión de Estado.

A los gobernantes les decimos fuerte y claro: hasta aquí llegó su maquinita de dinero, señores. Nunca más deuda irresponsable en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Damián Zepeda Vidales. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:Con su venia, diputado presidente. En primera instancia, agradezco al Grupo Parlamentario del PRI la oportunidad que me brindan de fijar el posicionamiento en un asunto de transcendencia nacional.

En primera instancia, mi felicitación a la Comisión de Puntos Constitucionales, a todos sus integrantes, por el trabajo realizado para la presentación hoy de este dictamen. Requirió de un esfuerzo en el cual prevalece la inteligencia, prevalece el sentido común antes que alguna diferencia.

Para llegar aquí fue un trabajo sinuoso, no fue producto de la casualidad. Fue un trabajo en el cual hubo a su vez comunicación con la colegisladora, buscando que efectivamente existiese una regulación de la deuda de estados y municipios.

Tenemos que reconocer que hay una inercia que nos lleva a la reforma del día de hoy. Una inercia en la cual, en un respeto al federalismo, en varias ocasiones se convirtió en libertinaje y abuso de ese federalismo. Entidades federativas o municipios que excedieron su capacidad de endeudamiento y provocan, en consecuencia, un perjuicio directo al ciudadano en la atención del servicio público que debemos brindar.

Como bien se ha dicho por varios de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, respetamos el federalismo, pero a su vez fijamos bases muy concretas para la posibilidad de endeudamiento de estados y municipios.

Y quisiera precisar, en primera instancia, la reforma al propio 117 de la Constitución que refiere a la regulación y normatividad de los estados, donde se precisa, de manera muy clara, que será decisión autónoma del estado, fijando las bases previstas y cumpliendo con las bases previstas en la ley secundaria que emita este Congreso de la Unión, para que las Legislaturas locales, por la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes —es decir, mayoría calificada— exista la posibilidad de endeudamiento.

A su vez, se limita a aquellas situaciones que se generan al concluir los mandatos. Deuda a corto plazo, impagable para la administración que llega. Se obliga a que tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

La aprobación de la minuta enviada por el Senado, concatenada con las reformas que aprobamos el año pasado a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que no hay que dejarla a un lado, homologa la presentación de información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Esto es un compromiso del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados con la transparencia, con la rendición de cuentas y para evitar actos de corrupción.

Para nosotros es una prioridad que la adquisición de empréstitos no se traduzca en endeudamientos que traigan desequilibrios para los estados y los municipios, sino que debe constituir una forma de financiamiento extraordinaria dirigida a ejecutar aquellos proyectos que requieran de recursos que no podrían conseguirse a través de la recaudación.

Es con esta reforma, que cobra vigencia lo aseverado por el presidente Benito Juárez: Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Para ilustrar a la asamblea, proceda la Secretaría a dar lectura al inciso e) del artículo 72 constitucional, solo en la parte conducente.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo 72 constitucional.

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a la minuta remitida por esta Cámara de Diputados. Dé cuenta la Secretaría de los artículos modificados por la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Artículos modificados por el Senado de la República a la minuta enviada:

Artículo 73, fracción II. Eliminaron las palabras del Distrito Federal.

Artículo 73, fracción IV. Inciso adicionado por el Senado.

Artículo 73, fracción XXIX. Eliminaron del texto final las palabras de esta Constitución.

Artículo 74, fracción VIII. Fracción eliminada por el Senado.

Artículo Quinto transitorio. Cambiaron la palabra financiamiento por obligaciones.

Artículo Séptimo transitorio. Cambiaron las palabras Cámara de Diputados por Congreso de la Unión.

Artículo Noveno transitorio. Artículo eliminado por el Senado.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias. Está a discusión en lo general. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que se han reservado para discusión en lo particular, los siguientes artículos: artículo 73, fracción VIII, inciso 4, lo ha reservado el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. El mismo artículo 73, fracción VIII, inciso 4, ha sido reservado por el reservado por el señor diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Les damos la más cordial bienvenida a los invitados procedentes del estado de Veracruz, de la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 455 votos a favor, por lo tanto, hay unanimidad.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por unanimidad de votos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 73, fracción VIII, numeral 4.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, estamos presentando esta reserva que nos parece que es de la mayor relevancia. No es un asunto menor, es un asunto de competencia y facultades entre las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión en este país.

Este dictamen ha salido por unanimidad en lo general. Pero nosotros queremos plantear que se reconsidere el numeral 4 de la fracción VIII del artículo 73, que establece que el Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará a través de la comisión legislativa bicamaral competente, en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.

Nosotros estamos planteando que no sea una comisión legislativa bicamaral, sino que sea una comisión legislativa de esta Cámara de Diputados, que era el proyecto original que remitimos a nuestra colegisladora. Y hoy nuevamente vuelve a meter la mano para plantear su intervención en una facultad que nos parece en una interpretación extensiva de nuestra Constitución que debe ser únicamente de la Cámara de Diputados.

El Senado de la República tiene ya un conjunto de atribuciones. Es la que define la política exterior. Es la que nombra y ratifica al procurador de la República, a los embajadores, a los ministros de la Corte, a los magistrados electorales, a los comisionados de los órganos autónomos. Pero le parece poco a nuestra colegisladora y ahora quiere intervenir en un tema que le corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados.

Ya en este proceso legislativo habíamos visto la intervención del Senado, cuando pretende erigirse en Cámara de origen para revisar un tema que, en virtud del artículo 72 constitucional, en su inciso h), le compete exclusivamente a la Cámara de Diputados fungir como Cámara de origen tratándose de empréstitos, contribuciones e impuestos.

Finalmente privó la razón y fuimos un conjunto de legisladores los que planteamos esta iniciativa de reforma en materia de responsabilidad financiera de estados y municipios. Pero hoy nuevamente vuelve el Senado a querer intervenir en el tema de la regulación de las deudas de los estados.

Es como si nosotros quisiéramos también intervenir en el nombramiento de los ministros de la Corte, o de los magistrados electorales, o haber pedido que los comisionados del IFAI fueran nombrados por la Cámara de Diputados.

Me parece que hay un afán de seguir acumulando atribuciones de parte del Senado y esto tiene también una razón política. Lo hemos dicho una y 10 veces: nos hemos convertido en un apéndice o en una oficialía de partes. Y el Senado, donde ha habido de alguna manera mayor debate, quiere meterse también en este tema de las deudas.

Nosotros creemos por eso que —en una sana lógica republicana— tiene que ser exclusivamente la Cámara de Diputados la que sancione y objete esta estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas estatales. Ése es el planteamiento en concreto que estamos sometiendo como reserva. Que se vuelva al sentido original en el artículo 73, en la fracción VIII, en el numeral 4, que sea solamente una comisión legislativa de la Cámara de Diputados.

Al rato tendremos que también querrá el Senado de la República revisar el Presupuesto de Egresos y revisar temas que son de incumbencia exclusiva de esta Cámara de Diputados.

Por eso, compañeros legisladores, al margen de filiaciones partidistas, la convocatoria de Movimiento Ciudadano es echar marcha atrás en esta enmienda que viene de la minuta del Senado y dejar establecido que es únicamente una comisión de la Cámara de Diputados. Es cuanto.

«Reserva al cuarto numeral de la fracción VIII del artículo 73 del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Alfonso Durazo Montaño, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente reserva al cuarto numeral de la fracción VIII del artículo 73 del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, al tenor de siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública, la evaluación de la entidad de fiscalización superior y la discusión de aquellos proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos.

Derivado de lo anterior, resulta indiscutible que la revisión y evaluación de “la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías”, debe ser función única de la Cámara Baja.

Es por esto que nos parece absurdo e ilógico que el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, pretenda incluir en dicha tarea al Senado, argumentando que lo preliminar es necesario, debido a que la Cámara de Senadores tiene como función principal la representación de las entidades federativas.

Si bien es cierto que la naturaleza de su representatividad se debe al Pacto Federal, en el cual el gobierno surge como consecuencia de la unión de los estados mexicanos, también lo es que en la práctica el Senado ha perdido su propósito original, desvirtuándose en intereses particulares.

La sobrerrepresentación de entidades federativas que ha permitido la inclusión de la representación proporcional en los métodos de elección de este organismo y la alineación de los legisladores al partido al que pertenecen, han derivado en el rompimiento del equilibrio entre estados que supone la concepción de la Cámara de Senadores.

¿Acaso alguien se atrevería a decir que los representantes de Zacatecas votan como bloque, respondiendo a las necesidades de su entidad, cuando uno de ellos es del PRI, otro del Verde y uno más del PT, o podemos argumentar que éstos responden a las demandas de sus grupos parlamentarios?

El pretender que el Senado se involucre en la revisión de las estrategias de los estados en cuanto a sus finanzas públicas denota incongruencia y cinismo; hace mucho tiempo que la Cámara Alta dejó de responder a los intereses del Pacto Federal, por lo que no podemos comprar esa bandera y respaldar esta decisión.

Por lo previamente argumentado, someto a consideración de la Asamblea, la siguiente reserva al cuarto numeral de la fracción VIII del artículo 73 del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I.a VII. ...

VIII.En materia de deuda pública, para:

1o. a 3o.....

4o.El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

...

Texto del dictamen

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I.a VII. ...

VIII.En materia de deuda pública, para:

1o. a 3o.....

4o.El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la comisión legislativa bicameral competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

...

Texto propuesto

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I.a VII. ...

VIII.En materia de deuda pública, para:

1o. a 3o.....

4o.El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la comisión legislativa de la Cámara de Diputadoscompetente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

...

Nota:

1 Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.— Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al mismo artículo 73, fracción VIII, numeral 4.

El diputado Ricardo Villarreal García:Con su permiso, señor presidente. Antes que nada celebro, como diputado de Acción Nacional y como mexicano, que estemos aprobando esta gran reforma constitucional, que sin duda alguna por fin pondrá límites al endeudamiento de los estados y municipios, que tanto han sufrido en los últimos años con el crecimiento totalmente irresponsable e irracional de las deudas de sus estados y de sus municipios.

En los últimos años, las deudas en los estados y en los municipios de nuestro país han crecido en más de un 300 por ciento y los mexicanos y, sobre todo, los habitantes de esos estados y de esos municipios no han visto reflejado ningún beneficio real por esas deudas, porque normalmente ni siquiera sabemos hacia dónde se fueron esos recursos.

Por eso era tan importante ponerle un alto ya a esta irracionalidad, porque a final de cuentas son todos y cada uno de los ciudadanos de esas entidades y de esos municipios los que el día de mañana tendrán que pagar las consecuencias de malos gobiernos, que irresponsablemente se gastan el dinero que no tienen.

Es precisamente por eso que presentamos esta reserva al artículo 73, fracción VIII, y lo hacemos para que quede de la siguiente manera: En materia de deuda pública, la Cámara de Diputados conocerá y en su caso opinará, a través de la comisión legislativa competente, en los términos que señale la ley, respecto a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados planteada en los convenios que en su caso pretendan celebrar con el convenio federal para obtener garantía. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo la suscripción del convenio correspondiente, y ser informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que en su caso celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

Es decir, lo que estamos planteando en Acción Nacional es que sea solamente la Cámara de Diputados la que conozca y opine sobre esta materia. Ya lo decía el diputado Ricardo Mejía, es precisamente esta soberanía la que constitucionalmente representa directamente a los mexicanos.

Es por ello que, tomando en cuenta que todos los temas que tienen que ver con empréstitos son facultad exclusiva de esta Cámara, consideramos que solamente debe ser conocido por la Cámara de Diputados y no por el Senado de la República, porque serán directamente los ciudadanos, a los que directamente nosotros representamos, los que el día de mañana tendrán que pagar con sus impuestos y con su contribución al gasto público estos créditos que sean autorizados por su Legislaturas, y de los cuales nosotros formemos una opinión.

Pero también es importante decir que cambiamos la redacción de la parte de que el Congreso sancionará y, en su caso, objetará. A solamente: conocerá y, en su caso, opinará. Porque consideramos que esta materia debe de quedar en una materia totalmente técnica y no política, y nosotros debemos de opinar en caso de que técnicamente se haya autorizado un crédito en contra de lo dispuesto con esta nueva gran reforma en materia de endeudamiento. Pero no debemos de sancionar porque si alguien cumple con la ley, pues precisamente nosotros debemos de permitirlo sin que haya temas de carácter político, sino técnico sobre la mesa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado federal Ricardo Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la reserva mediante la cual se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 73 del dictamen en sentido positivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios; para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

Dice:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a VII. ...

VIII. En materia de deuda pública, para:

1o. ...

2o. ...

3o. ...

4o. El Congreso de la Unión sancionará o, en su caso, objetará, a través de la comisión legislativa bicameral competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda.

IX. a XXIX-R. ...

XXIX-S. ...

XXX. ...

Debe decir:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a VII. ...

VIII. En materia de deuda pública, para:

1o. ...

2o. ...

3o. ...

4o. La Cámara de Diputados conocerá, y en su caso, opinará, a través de la Comisión legislativa competente en los términos que señale la ley, respecto a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda, y

IX. a XXIX-R. ...

XXIX-S. ...

XXX. ...

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.— Diputado federal Ricardo Villarreal García (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por tres minutos.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2. Ábrase el sistema de votación, por tres minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: A favor es para que se admita a discusión. En contra para que no se admita a discusión.

El equipo técnico ya trabaja en la corrección. Se instruye que se cancele esta votación y se restablezca una vez que los tableros estén a la vista de todos. La votación ha sido cancelada. En cuanto los tableros estén a disposición reiniciaremos la votación para claridad de todos.

Esta Presidencia da también la bienvenida a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el señor diputado Javier Filiberto Guevara González. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos.

Diputado Huerta, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente, con el objeto de pedirle que haga la votación nominal. Al parecer hay una maniobra de quien manipula —como otras veces— la pantalla, para hacer que lleguen los del PRI, y eso es parte de las artimañas del PRI de siempre, de quien manda en esta Cámara, porque ellos son la mayoría.

Entonces, votación nominal para que sepamos la voluntad del pleno de la Cámara. Ya les dimos tiempo para que se completen los que no estaban aquí.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Tenga usted la garantía de que la votación será nominal. Vamos a dar cinco minutos más para que restablezcan el tablero y de no ser así la tomaremos de viva voz, pero vamos primero a esperar esos cinco minutos, porque tardaría más de media hora tomar la votación de viva voz. Haremos lo que sea más conveniente para la asamblea. Muchas gracias.

Vamos a proceder a la votación nominal de viva voz, empezando por el lado derecho del salón, solicitando a las legisladoras y a los legisladores que digan su nombre y el sentido de su voto. Pido a la Secretaría atención para ir recabando la votación.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, no iniciemos aún. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente, dada la situación que en este momento acontece me gustaría, si tiene a bien, volver a someter a votación económica la propuesta. El PRI vamos a votarla a favor con la finalidad de iniciar el debate.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Villareal, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Villarreal.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Gracias, presidente. Secundo la propuesta de quien me antecede en la palabra. Nos parece que se puede hacer una votación a mano alzada y, de no tener la claridad, entonces proceder al trámite. Me parece que incluso sería ocioso, lo que se está discutiendo es si se admite o no a discusión, no la votación de fondo. La votación de fondo será diferente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Es de concederse lo solicitado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se admite a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se admite a discusión.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Gracias, presidente. Quisiera solicitarle a nombre de mi grupo parlamentario, toda vez que se aceptó a discusión, que una vez que quedó discutido el tema se vote de inmediato el fondo de este asunto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Así será, señor diputado. No habiendo oradores registrados...

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Diputado Ricardo Monreal, ¿a favor o en contra?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En contra. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, éste es un tema trascendente, no debe pasar desapercibido el debate sobre este artículo y sobre las disposiciones que se están modificando, particularmente el artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública.

En principio, pudiera comentarles que se trata de una ley centralista. Esta modificación es centralista, ataca al federalismo porque invade esferas de las entidades federativas y de los municipios.

Claro está, se ha dicho que la emergencia política en el país se deriva de la corrupción y de las cuentas, deudas y empréstitos, que gobernadores y presidentes municipales sin escrúpulos, sátrapas, corruptos han logrado generar en los estados y municipios. Pero nadie le puede quitar el carácter de centralista. Es una afrenta al federalismo mexicano.

Sin embargo, voy a plantear lo siguiente. Estoy seguro que muchos de los que aquí están coinciden conmigo, porque han sostenido durante muchos años la bandera del federalismo. So pretexto de gobernadores corruptos, no podemos retroceder en las tesis fundamentales de nuestro país, que es el federalismo. Pero miren ustedes, frente a lo que tenemos, me quedaría con la redacción actual que contiene el dictamen, no con la propuesta que ha hecho el Partido Acción Nacional, porque la propuesta que ha hecho el diputado Martín, como representante del Grupo del PAN, adolece de firmeza y adolece de contundencia.

Miren ustedes, habiendo hecho la primera advertencia de que es una ley centralista, es una modificación centralista. Pero miren ustedes lo que dice el contenido de la fracción VIII en materia de deuda pública, el artículo 73 de la Constitución. Actualmente el dictamen dice: el Congreso de la Unión sancionará y, en su caso, objetará a través de la comisión legislativa bicamaral competente y en un plazo máximo de 15 días, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados.

Me quedo con esta redacción, porque la que propone el Partido Acción Nacional dice lo siguiente: la Cámara de Diputados conocerá y, en su caso, opinará. Conocerá y, en su caso, opinará. Es decir, no tiene ninguna vinculación jurídica constitucional. Los gobernadores y los presidentes municipales dirán: es otra llamada a misa de la comisión legislativa.

¿Cuál es el prurito que en el fondo existe, que es menor frente a la grave afectación del principio federalista mexicano? Ellos dicen, en el Partido Acción Nacional —y lo dijo Ricardo Mejía en una mejor redacción— que se eliminara el Congreso de la Unión para que quedara solo la Cámara de Diputados. Y en efecto, tienen razón los que así opinan, porque por naturaleza jurídica le corresponde a la Cámara de Diputados revisar, aprobar y sancionar todo lo que se refiera al Presupuesto y a la hacienda pública. Ahí no hay ninguna duda. Es más, debería ser en estricto derecho una comisión de la Cámara de Diputados. Eso sería lo correcto.

Sin embargo, los senadores se defienden de la siguiente manera, dicen los senadores: los diputados representan a la población y los senadores representamos el pacto federal, que ya no lo es tanto porque se desnaturalizó desde la primera minoría y de la lista nacional del senado. Ya no es tanto la representación estatal por parte del Senado como observación fiel del pacto federal.

Luego entonces, de verdad se los digo, si quieren frenar los excesos de los gobernadores y de los presidentes municipales con esta acción legislativa, es todavía mejor la primera redacción que contiene el dictamen. No la segunda, porque la segunda que está proponiendo el PAN dice: La Cámara de Diputados conocerá y, en su caso, opinará a través de la comisión legislativa competente en los términos que señala la ley. Es decir, incluso deja un plazo amplísimo que podrá durar meses para opinar sobre la deuda que adquiera el estado o el municipio.

En cambio, la redacción actual que viene del Senado y que está en el dictamen dice: El Congreso de la Unión sancionará y, en su caso, objetará a través de la comisión legislativa bicamaral competente y en un plazo máximo de 15 días. Es decir, para frenar todo lo que se está diciendo en la exposición de motivos es mucho mejor la redacción original en el dictamen.

Por esa razón, a pesar de que acepto que es una agresión al federalismo, pues resuélvanlo de manera correcta.

Me voy a abstener, porque he sido un federalista fiel. Y a pesar de que estoy de acuerdo con los excesos de los gobernadores y los presidentes municipales, esta ley es regresiva. Esta modificación a la Constitución es regresiva y no representa ninguna solución de largo plazo.

Ahora bien, por último, les podría decir que si ustedes leen este libro que nos regalan cada año —es una colección de libros: Los derechos del pueblo mexicano— están todos los antecedentes históricos del artículo 73 constitucional. Termino, presidente, perdón, prometo ya con esto concluir.

Si ustedes leen todos los antecedentes, refieren que la hacienda pública le corresponde desde la Constitución de Cádiz a la Cámara de Representantes, Cámara de Diputados. Esto era lo que les quería expresar.

Por eso me quedo con la redacción original y votaré en contra de la propuesta de Martín, a quien estimo. Pero que es una propuesta que no abona a darle mayor transparencia, mayor seguridad y mayor contundencia al control de las finanzas estatales y municipales del país, que esto no evita ni quita que es una modificación centralista y que atenta contra el federalismo mexicano. Muchas gracias, presidente.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, señor diputado. Diputado Arroyo, ¿con qué objeto? En este momento le doy la palabra. Sonido en la curul del diputado Arroyo.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): Dado que estamos viendo la enorme deficiencia —desgraciadamente no es una novedad— del sistema electrónico de votación, le hacemos la atenta sugerencia de que vayamos a una sola votación de fondo.

Esto es, la propuesta del señor diputado Mejía Berdeja ya fue votada por el pleno y ya fue desechada. En este momento estaríamos discutiendo la propuesta del Partido Acción Nacional, y es una propuesta de supresión. Luego entonces, si vamos al fondo, si votamos a favor es en los términos del dictamen, si votamos en contra es por la supresión de este numeral 4, del 73.

Mi sugerencia respetuosa es que empecemos a votar nominalmente la supresión, o bien el artículo en sus términos, y quienes votamos a favor votamos por su permanencia; quienes voten en contra votarán por la supresión. Siempre en el entendido de que serán necesarias dos terceras partes.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Registramos su propuesta. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, también para hablar en contra, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañeros legisladores, la diferencia nuestra con el tema del dictamen no era estar en contra de que el Congreso sancione, objete y en un plazo de 15 días hábiles establezca lo relativo a la estrategia para fortalecer las finanzas públicas de los estados. En eso estuvimos de acuerdo, en que se sancione, se objete y en el plazo de 15 días.

Estuvimos en contra de que intervenga también el Senado. Pero nos parece que la propuesta que hace nuestro compañero legislador Ricardo Villarreal, si bien le quita lo del Senado, nos parece que ir a que la Cámara de Diputados conocerá y opinará, nos parece que le quita toda la fuerza que tiene el Congreso para el tema de las deudas.

Para un sátrapa como Humberto Moreira, que le digas que ésta es la opinión de la Cámara, eso y nada es lo mismo. Seguiría endeudando al estado indiscriminadamente. O algunos otros alcaldes o gobernadores. Por eso nos parece que tiene que ser sancionar y objetar de parte del Poder Legislativo.

En lo que no estamos de acuerdo es que interviniera también el Senado, porque nos parece que ésta es una facultad que debe ser únicamente de la Cámara de Diputados. Pero frente a la situación de ir a una redacción donde solamente se opine y se conozca frente a otra que diga se sancione y se objeta, me quedo con la de sancionar y objetar, aunque intervenga el Senado, que es un tema en todo caso de competencia entre las Cámaras. Pero me parece que hay que poner una solución de fondo al tema de los endeudamientos.

Incluso en una iniciativa que presenté, decía que debía de ser la Cámara quien ratificara la decisión de los Congresos. Ya ahí hay una diferencia. Se podrá acusar de centralista, pero hay 440 mil millones de deuda. Esta deuda se ha triplicado —como aquí se dijo por parte del diputado Damián— se ha triplicado en dos años y no vamos a salir ahora con un mejoral frente a un problema gravísimo de endeudamiento de los estados.

Ahí están los bancos esperando para seguir dando créditos, porque ha sido un negocio redondo de la banca dar crédito a los gobiernos, porque está amarrado el retorno de su inversión con las participaciones.

Por eso en este sentido, frente a una y otra propuesta, nosotros nos quedamos con la redacción original del dictamen no obstante que siga interviniendo el Senado. Por esa razón, estaríamos en contra de la reserva que aquí se ha presentado. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, señor diputado.

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Villarreal García. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): Señor presidente, nada más con el objeto de aclarar que la reserva que he presentado a nombre del Grupo Parlamentario del PAN no es una supresión, es una modificación al dictamen y, por lo tanto, tenemos que votar si se modifica el dictamen en sus términos. Y, en caso de no modificarse, tendríamos que votar si esta soberanía aprueba la fracción del artículo 73 que estamos reservando. De otra manera tendría que eliminarse de la reforma.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Así será, señor diputado. Sabemos que su reserva implica modificación.

Agotada la lista de oradores, realizaremos dos votaciones. La primera económica, para consultar a la asamblea si la propuesta del diputado Villarreal se admite en términos de modificación. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: No se admite.

Vamos a votar el asunto de cualquier forma en el fondo. De conformidad con el artículo 231, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 73, fracción VIII, inciso 4, en los términos del dictamen.

El si es por los términos del dictamen. El no es por eliminar el inciso 4 de la fracción VIII del artículo 73 constitucional.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 73, fracción VIII, inciso 4.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 262 votos, 3 abstenciones y 190 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Habiéndose emitido 455 votos, se habrían requerido 303 votos para alcanzar la mayoría calificada. En virtud de que no se alcanzó la mayoría calificada, se desecha el inciso 4 de la fracción VIII del artículo 73, por lo que queda excluido del proyecto de decreto.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pregunte la Secretaría a la asamblea —si en caso de ser necesario— se autoriza que el Senado de la República remita a las Legislaturas de los estados el proyecto de decreto únicamente con los artículos aprobados por ambas Cámaras.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se autoriza que el Senado de la República envíe lo aprobado por ambas Cámaras a las Legislaturas de los estados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sí se autoriza.

VOLUMEN II

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y el inciso c) del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y el inciso c) del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 29 de abril de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

El diputado proponente expone que la pobreza y falta de oportunidades en distintas regiones del país, unida a la ola de sangre que ha dejado a su paso la fallida estrategia del Estado en materia de seguridad, han invisibilizado a miles de niñas, niños y adolescentes que viven día a día esquivando las constantes amenazas y extorsiones de organizaciones del crimen organizado, que acuden a todo tipo y grado de actos de violencia para forzar y así ingresar a sus actividades delictivas a éste sector de la población tan vulnerable.

Afirma que, se estima que actualmente en México, la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad. Asimismo los cárteles están integrando equipos operativos, armados con esquemas militares y paramilitares, para el control del territorio que se disputan entre los grupos rivales, se estima, que sólo en Morelos, Puebla, el DF, y Guerrero existen 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las narcotienditas, que son custodiadas por jóvenes y adolescentes en equipos de diez integrantes, de los cuales seis están armados, lo que nos da un total de 4 mil 500 menores involucrados en labores de “seguridad”, de los que 2 mil 700, aproximadamente, manejan armamento, y esto ocurre sólo en cuatro de las 32 entidades del país.

Añade que, la organización Save the Children argumenta que los niños, adolescentes y jóvenes que son absorbidos por la delincuencia organizada entran en el rango de víctimas por el solo hecho de ser niños y adolescentes; y las bandas criminales han encontrado el medio para obligar a menores de edad a realizar trabajos forzados, ser esclavos del narco, ya sea vía rapto, engaño o coerción; acompañados en gran parte con violencia física y emocional.

Manifiesta que, los menores de edad implicados en delitos graves, como homicidio, secuestro, violación, entre otros, reciben penas como un efecto ejemplificador; sin embargo lo que realmente se necesita es la prevención y erradicación del fenómeno “reclutamiento forzoso” de las niñas, niños y adolescentes.

Afirma también, la protección integral es un derecho que corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, y reitera que debe recibir del Estado las condiciones necesarias para la procuración de sus derechos.

Considera que, la elaboración e implementación de políticas eficaces en materia de protección integral de la infancia en el contexto de la delincuencia organizada, requiere no sólo medidas normativas y prácticas por parte de cada estado involucrado, sea de norte, centro y sur. También demanda la articulación de esas respuestas y la adopción de mecanismos internacionales adecuados.

Por otro lado, manifiesta que, ello incluye la modificación urgente del artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar la protección de los infantes y adolescentes en reclutamientos forzados en la delincuencia organizada.

Contenido de la propuesta

Decreto por el que se reforma el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 2l. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, emocional y sexual, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá que se vean afectados por

A...

B....

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En este mismo sentido, hoy contamos con la reforma constitucional, relativa a los derechos humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011. Dicha reforma dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De manera que en su artículo 1o., se determina el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.

Segunda. Las suscritas y los suscritos integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez coinciden en que es necesario adecuar el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de adecuarlo a los instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales se establecen un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Entre los instrumentos internacionales encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

De ahí que la Convención de los Derechos del Niño establece en los artículos 3, 4, 19, 32, 33, 38 y 39 lo siguiente:

Artículo 3

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 4

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 19

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Artículo 32

Los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Los Estados parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados parte, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Artículo 33

Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

Artículo 38

Los Estados parte se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

Los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.

Los Estados parte se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados parte procurarán dar prioridad a los de más edad.

De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39

Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Tercera. La Comisión de Derechos de la Niñez, considera de suma importancia llevar a cabo la reforma propuesta, ya que datos públicos indican que las organizaciones de protección a la infancia estiman que de 30 mil a 50 mil menores están involucrados con el crimen organizado, y que niñas y niños de entre 9 y 17 años, son explotados por los grupos criminales de diversas formas, y están involucrados en unos 22 tipos de delitos, que van desde el tráfico de droga, hasta secuestro y trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.

A partir de los 9-10 años, los niños y las niñas se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas. Más adelante, a partir de los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de secuestros y de levantones. Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, asesinatos, y todos portan armas.

Otras cifras de la organización Cauce Ciudadano son más alarmantes, pues indican que habría unos 24 mil menores incorporados a diferentes grupos de delincuencia organizada, teniendo la siguiente distribución; Cártel de Sinaloa, más de 17 mil, Los Zetas unos 7 mil 500, La Familia Michoacana, casi 50 mil niños y adolescentes.

Así también, y según las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, el empleo de menores de edad en labores de vigilancia, monitoreo, custodia y sicariato ha sido una práctica sistemática y progresiva durante los últimos años, ya que mientras en 2006 sólo se tomó conocimiento de un caso, esta cifra pasó a 20 en 2007; luego a 21, en 2008; a 25 para 2009; a 29 en 2010 y, entre enero y octubre de 2011, la PGR contabilizó 46 menores más laborando para cárteles, lo mismo en Aguascalientes que en Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz o Zacatecas.

Para 2012, el conteo no se detiene: en abril pasado, una célula de 13 sicarios responsable de al menos 21 ejecuciones fue desmembrada en Nuevo León; siete de los detenidos son menores de edad. Al ser capturados, portaban seis rifles de asalto, cinco AR-15 y un AK-47, un millar de cartuchos y dos “tablas de tortura”, empleadas para castigar a víctimas de extorsión que no cumplen con sus pagos.

Lo cierto y otro problema que se señala, es el que es probable que en la actualidad existan muchos jóvenes dentro de los grupos criminales, aun sicarios, que desean salir, pero que no pueden hacerlo porque lo primero que hacen estas organizaciones es recabar información sobre la persona y sobre su familia, contra quienes pesa una amenaza real hacia su vida en caso de deserción.

Lo anterior es muestra más que palpable del terrible daño al que se enfrentan y las fuertes repercusiones del mismo en los aspectos físicos, morales y psicológicos para estas niñas, niños y adolescentes víctimas de la delincuencia organizada.

Cuarta. Es de suma importancia esta propuesta, ya que en el año 2011, una década después de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de la ONU, el Estado mexicano presentó su primer informe sobre la situación de los niños soldados, con la conclusión de que “México no se encuentra involucrado en conflictos armados (internos o internacionales) y por tanto no se presenta el reclutamiento o utilización de niños por parte de grupos armados”.

Ante esta optimista afirmación, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas externo su “preocupación” ante lo que consideró falta de información “sobre el uso de niños por grupos armados no estatales y que, por consiguiente, el Estado mexicano no tome ninguna medida para prevenirlo”.

Por lo cual, el organismo de la ONU recomendó al Estado mexicano “tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los niños no sean reclutados por grupos armados no estatales, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluso los grupos paramilitares y los grupos de la delincuencia organizada”.

Quinta. Con la aprobación de la iniciativa en comento, se da cumplimiento a lo señalado en la consideración cuarta, ya que en el 7 de febrero el Senado de la República retiró la objeción que México mantenía desde el año 2000 contra el artículo 4° del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, de la ONU, en el cual se establece la obligación de las autoridades nacionales de poner en marcha “todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización (de infantes)” por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”.

Este protocolo internacional, prohíbe el reclutamiento de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas “no estatales”, entre las que deben considerarse, en el caso mexicano, “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad”, tal como recomendó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su 56 periodo de sesiones, de 2011.

Por todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez someten a consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo y el inciso C del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 2l. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, emocional y sexual, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá que se vean afectados por

A...

B....

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas:

1 Entre 30 y 50 mil niños atrapados por la delincuencia organizada, El Universal, abril 30, 2012.

2 Martínez Alcaraz, Paris, Los Niños del hampa, 15,04 2013. Animal Político.

3 Ídem.

4 Después de 12 años, México acata norma sobre niños sicarios, Contacto Latino.com, 25 de febrero del 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen que presento a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez está relacionado con adicionar el artículo 21, en su inciso c), de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este dictamen permite —con las adiciones que se presentan— proteger y prevenir que niños, niñas y adolescentes sean reclutados, no solo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas no estatales, entre las que deben de considerarse, en el caso mexicano, los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad tal como lo recomendó el Comité de los Derechos de las Naciones Unidas en su LVI periodo de sesiones en el año 2011.

Cabe señalar que las y los integrantes de esta comisión impulsamos esta reforma, porque se estima que actualmente en México la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad.

Los cárteles están integrando equipos operativos armados con esquemas militares y paramilitares para el control del territorio que se disputan entre grupos rivales.

Existen datos públicos que indican que las organizaciones de protección a la infancia estiman que de 30 mil a 50 mil niños, niñas y adolescentes están involucrados con el crimen organizado y que los niños que tienen entre 9 y 17 años son explotados por los criminales de diversas formas, y que se les vincula en 22 tipos de delitos, que van desde el tráfico de droga, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, entre otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Asimismo se sabe que a las niñas y a los niños de 12 años se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no escapen las víctimas de secuestros y de levantones. Los más grandes, a partir de 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, asesinatos y todos ellos desgraciadamente portan armas.

Por ello, a la Comisión de los Derechos de la Niñez le resulta muy satisfactorio sumarse a este esfuerzo de aprobar el presente dictamen y ponerlo el día de hoy a su consideración, porque estamos seguros que la seguridad de los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere —sin duda, necesariamente— que adecuemos el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de que sea en coordinación a los instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado mediante los cuales se establece un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, con la aprobación del presente dictamen se da cumplimiento a lo señalado en la consideración cuarta de la recomendación que hiciera la ONU al Estado mexicano, en donde dice: tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los niños no sean reclutados por grupos armados no estatales, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país. Incluso los grupos paramilitares y los grupos de la delincuencia organizada.

Es así por lo que solicitamos a esta soberanía que pueda contar con la aprobación a favor del presente dictamen —que como decía— ya que con las adiciones que se le estarían haciendo se estaría protegiendo y previniendo que los niños y las niñas puedan estar en reclutamiento de ejércitos no regulares. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el asunto. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Anaya Gutiérrez.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez: El presente dictamen presenta una propuesta para modificar el primer párrafo del inciso c) del artículo 21 de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Una situación de vulnerabilidad que ocupa que el Estado mexicano, en sus tres niveles efectivamente —no nada más con este marco legal— implemente programas que permitan que los niños, las niñas y los adolescentes tengan el derecho de ser protegidos contra el riesgo de ser reclutados en conflictos armados, el riesgo de que ellos puedan quedar desprotegidos en materia de desastres naturales, de desplazamientos, en materia de refugios y, sobre todo, el gran riesgo de ser reclutados por el crimen organizado en un conjunto de actividades ilícitas, en donde la niñez y nuestros jóvenes están cada día en mayor número involucrados en una situación de apremio por sus condiciones de vida, de miseria, de pobreza, de desprotección. Pero también, sobre todo, en reclutamientos forzados que hace el crimen organizado sobre nuestra niñez y nuestros adolescentes.

Esa situación es preocupante, pero más preocupante es que demuestra la situación de Estado fallido que hoy vivimos en México, un Estado que no es capaz en muchas ocasiones de garantizarse protección a sí mismo, no es capaz de proteger a su personal más destacado y tiempo con tiempo vemos que están siendo asesinados jueces, ministerios públicos, jefes policiacos, incluyendo también elementos del Ejército, de la Marina. También, ¿por qué no decirlo? Algunos alcaldes e incluso legisladores, que en ese sentido han sido víctimas de ajusticiamientos orquestados por el crimen organizado.

Esa situación nos debe llevar a la reflexión de que estamos teniendo en muchos casos la infiltración de la delincuencia organizada a todos los niveles de gobierno: a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal y, desde luego, a todas sus corporaciones policiacas, incluyendo también el Ejército y la Marina. Esto nos lleva a una gran preocupación, porque en muchos lugares del país, en muchas presidencias están mejor sin policía que con policía. Porque en muchos lugares, cuando existen policías, están a disposición y son empleados del crimen organizado.

En muchos lugares empezó a haber complicidad con el crimen organizado y empezaron a usufructuar algunos funcionarios —en distintos niveles de gobierno— alguna forma de beneficio por su complacencia con el crimen organizado. Hoy vemos con tristeza que en muchas partes se han convertido en empleados del crimen organizado. Esa situación tendríamos que sacudirla con acciones de gobierno que demuestren voluntad política para combatir de fondo la infiltración del crimen organizado en los tres niveles de gobierno.

En ese sentido, eso hace posible que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes se encuentren totalmente desprotegidos. Por esa razón, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen.

Manifestarnos también que aparte de este dictamen se ocupen programas sociales de gran relevancia, entre ellos las escuelas de tiempo completo en todo el país, como una manera más de proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes de este gran lastre en que se ha convertido el crimen organizado en México. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Con esta iniciativa me da mucho gusto venir a posicionar a mi grupo parlamentario, más me da gusto que la haya propuesto el diputado Ricardo Mejía, la respalde el diputado Ricardo Monreal y en la comisión que se dio la discusión en general el acuerdo fue prácticamente obvio.

Se está discutiendo ya en la Comisión. Esto lo digo quizá para complementar lo que ya ha expuesto aquí la diputada presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la diputada Verónica Juárez Piña, porque estos ajustes que estamos haciendo a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes se tendrán que ver reflejadas en la iniciativa de ley que está por dictaminarse que se llamaría Ley General para la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que busca incorporar todos los elementos del derecho internacional de los derechos humanos en materia de niñas, niños y adolescentes.

Que como aquí se ha repetido de manera reiterada, respetar el interés superior de la niñez, el tema de la no discriminación en toda la actuación del Estado mexicano, evidentemente se refleje en las normas el principio de la supervivencia y el desarrollo del niño, que evidentemente también tiene que tener un respaldo presupuestal de verdad y el tema de la participación. No nada más lo que piense la burocracia, que toma las decisiones en la administración pública o en los Parlamentos o la actuación de los jueces, sino lo que piensan, lo que dicen las niñas y los niños, y buscar los mecanismos para la expresión de sus planteamientos.

Lo tienen en la Gaceta del 19 de septiembre, quedaría este artículo 21 de la siguiente forma: niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, emocional y sexual, su normal desarrollo a su derecho a la educación, en los términos establecidos del artículo 3o. constitucional.

Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas enunciativamente. Se les protegerá que se vean afectados por —y me voy al inciso c), que es materia del dictamen— conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada.

Los elementos que obtiene la secretaría técnica de la comisión son verdaderamente espeluznantes. Les recomiendo mucho, página 16 de la Gaceta del 19 de septiembre. Me queda tiempo para compartir con la gente que nos pueda estar viendo desde el Canal del Congreso.

Fíjense en los datos que recuperan la secretaría técnica y la comisión, en su conjunto. A partir de los 9 y 10 años, los niños y las niñas se involucran en delitos, sobre todo, la trata de personas, tema que fue materia el día de hoy.

Más adelante. A partir de los 12 años se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de secuestros y levantones. Los más grandes, es decir, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, asesinatos, y portan armas.

Luego viene la cifra que da Cauce Ciudadano, que se ha especializado en estos temas, que habla de 24 mil menores, niñas, niños, adolescentes, incorporados a diferentes grupos de la delincuencia organizada. Y además manejan números: el Cártel de Sinaloa, más de 17 mil; Los Zetas, 7 mil 500; La Familia Michoacana casi 50 mil niñas, niños y adolescentes.

Concluiría únicamente felicitando a mis compañeras de la Comisión de Derechos de la Niñez, porque además de estar dictaminando esta ley que se abrogaría con la nueva que estamos ya discutiendo, finalmente aborda uno de los temas más trágicos y dolorosos, y que afecta a nuestra población en general, y a las niñas y a los niños en particular. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con la venia de la Presidencia. Compañeros, la Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como del aseguramiento del bienestar de los mismos.

En 1989 los líderes mundiales decidieron que los niños deberían tener una convención que velara específicamente por sus derechos, en virtud que a los menores de 18 años se les debe proveer de cuidados y protecciones especiales que los adultos no necesitan, ya que los infantes son más sensibles a los cambios que se generan en su ambiente y estas externalidades positivas o negativas pueden cambiar su desarrollo de manera drástica.

La convención establece el reconocimiento y protección de estos derechos en 54 artículos y dos protocolos. Además enumera los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y las niñas en cualquier parte del mundo, y entre estos están: el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación.

Los Estados que se adhirieron a esta convención, entre los cuales se encuentra México, se han comprometido a proteger y a asegurar los derechos de la infancia. A nuestro parecer los derechos a la protección de la Convención de los Derechos del Niño son los que atañen al presente dictamen. Estos derechos incluyen la protección contra cualquier tipo de malos tratos, abandono, explotación, y crueldad, incluso el derecho a una protección especial en tiempos de guerra.

En mi partido, el Partido Verde, consideramos que los Convenios de Ginebra de 1949, son aplicables a lo establecido por el dictamen puesto a discusión. Estos convenios son tratados internacionales los cuales protegen a las personas que no participan en las hostilidades del conflicto.

Por otra parte, en el Protocolo II de 1977, relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados que no son considerados de carácter internacional, y adicional a los Convenios de Ginebra, se señala que se proporcionará a los niños víctimas de un conflicto de este tipo los cuidados y la ayuda que necesiten en particular.

Debe destacarse que el documento referido mandata que los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en hostilidades. Asimismo se tomarán medidas si procede y siempre que sea posible, con el consentimiento de los padres o de las personas que en virtud de la ley o la costumbre tengan en primer lugar la guarda de ellos para trasladarlos temporalmente –a los niños– de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

A pesar de todos estos instrumentos jurídicos internacionales que protegen a nuestra niñez, miles de niños, niñas y adolescentes en el país siguen viviendo situaciones de violencia, explotación y discriminación, y en sus entornos más próximos, derivados de la guerra en contra del narcotráfico.

Por ello conminamos a las familias, a la sociedad y al Estado mexicano, a que fortalezcan entornos que garanticen la protección infantil. A nuestro parecer, la modificación del artículo 21, inciso c) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, propuesta por el dictamen que hoy discutimos, incrementa los supuestos en los cuales el Estado se obliga a proteger los derechos de la niñez, con lo cual se pretende ampliar el ámbito de actuación de las instituciones públicas, de modo que éstas intervengan para salvaguardar la integridad de aquellos menores mexicanos que lamentablemente se han visto afectados por la violencia generada por el crimen organizado.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, convencido de que en la niñez y juventudes mexicanas descansa el futuro del país, votará a favor de la reforma propuesta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, muchos y muy diversos son los problemas que enfrentan como grupo social nuestras niñas, niños y adolescentes, y es que en México el 60 por ciento de los niños de entre 1 y 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad.

Hoy, tras el incremento de la violencia, el avance de la delincuencia organizada, particularmente de los carteles del narcotráfico, es de todas y todos conocido la cooptación y la utilización de menores de edad para sus diversas actividades ilícitas. Así, cada vez es más frecuente y menos impactante el conocer que los menores de edad —sin importar su género— son sicarios, halcones o pequeños narcomenudistas, además de transportar drogas en pequeñas escalas.

Muestra de ello es que entre diciembre de 2006 y octubre de 2011 —por ejemplo— la Procuraduría General de la República procesó 142 menores de edad por delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Cabe señalar que la mayoría de estos niños, niñas y jóvenes son víctimas del reclutamiento forzado o fácilmente cooptados, ya que generalmente se encuentran alejados de sus núcleos familiares y comunitarios, víctimas de violencia, engañados con la promesa de salir de la pobreza opresora, que es la única forma de vida que conocen y sin que en el futuro visualice la posibilidad de mayores y mejores oportunidades. Ésta es una situación que constantemente hemos denunciado. Sin embargo, hasta ahora no tenemos resultados ni información de acciones que coadyuven en la erradicación de estos aberrantes actos.

Según las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, el empleo de menores de edad en labores de vigilancia, monitoreo, custodia y sicariato, ha sido una práctica sistemática y progresiva durante los últimos años. Tan solo en abril de 2012 una célula de 13 sicarios responsables de al menos 21 ejecuciones fue desmembrada en Nuevo León y siete de los detenidos son menores de edad.

Ante esta problemática el Estado mexicano, más que implementar la persecución penal, debería abocarse a la construcción de políticas públicas que incluyan programas de desmovilización, de desarme, de reintegración a la familia, al estudio y al trabajo productivo, entre otras tareas, reconstruyendo no solo a la persona en lo individual, también logrando su integración y la reconstrucción del tejido social en su entorno.

En el año 2011, una década después de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de la ONU, el Estado mexicano presentó su primer informe sobre la situación de los niños soldados, con la conclusión de que –cito textual— México no se encuentra involucrado en conflictos armados internos o internacionales y, por tanto, no se presenta el reclutamiento o utilización de niños por parte de grupos armados.

Ante esta afirmación, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas opuso su preocupación ante lo que consideró falta de información sobre el uso de niños en grupos armados no estatales y que, por consiguiente, la autoridad no tome ninguna medida para prevenirlo.

Por ello, el organismo de la ONU recomendó al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para asegurarse de que los niños no sean reclutados por grupos armados, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluso los grupos paramilitares y los grupos de la delincuencia organizada. En el Partido de la Revolución Democrática consideramos que este dictamen abona en la solución de este conflicto y en cumplimiento de la recomendación del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Por lo anterior, llamamos a las diputadas y a los diputados para que nos pronunciemos y que hagamos nuestro, en este quehacer legislativo, el deseo con el que se despidió Miguel Ángel Granados Chapa, el 14 de octubre de 2011. Cito: Es deseable que el espíritu impulse a la música y a otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida; que permitan a nuestro país escapar a la pudrición que no es destino inexorable. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y las disposiciones previstas en el marco jurídico nacional, todas las niñas y los niños y adolescentes tienen derecho por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, a las medidas de protección que exige su condición de menores.

El artículo 4o. constitucional es claro al establecer que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Es decir, se les debe garantizar un desarrollo integral, una vida digna y las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

No obstante la legislación nacional y los ordenamientos internacionales en la materia, se siguen presentando conductas de violencia en contra de las niñas y niños en el hogar, la escuela y en su comunidad. Es decir, en espacios que debieran ser de protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral.

La información disponible sugiere que los niños más pequeños sufren mayor riesgo de violencia física, mientras la violencia sexual y la delincuencia afectan predominantemente a los adolescentes.

Algunas formas extremas de violencia contra los niños y las niñas, incluyendo la explotación sexual, la trata, la mutilación genital femenina, las peores forma de trabajo infantil, el impacto de los conflictos armados y la delincuencia organizada han provocado un clamor internacional y han logrado una condena unánime, aunque no una solución rápida.

Es un hecho que la explotación sexual de los niños, en particular la pornografía y la prostitución infantil, así como todas las formas de abuso sexual infantil, ponen en grave peligro la salud y el desarrollo psicosocial de nuestra niñez.

Por otro lado, según la información disponible, la captura de menores de edad por delitos contra la delincuencia organizada creció 100 por ciento, de 806 a mil 604 en todo el país.

Los menores de edad son integrados a la operatividad criminal, porque no son los primeros sospechosos para la policía, no son punibles cuando tienen menos de 12 años y para los adolescentes las sanciones son considerablemente menores. Sacarlos de los centros de atención es más fácil y más barato.

Compañeras y compañeros legisladores, no podemos permitir que continúe esta situación que condena a nuestra niñez y a nuestra adolescencia a sufrir enormes repercusiones en su salud, bienestar y desarrollo. Por todo ello votaremos a favor del dictamen que hoy discutimos, porque prevé que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud emocional y sexual.

Además, la reforma a la ley también busca que las normas establezcan las formas de prevención y consideran la protección de este sector vulnerable cuando se vean afectados por la delincuencia organizada.

En Acción Nacional estamos convencidos de que debemos seguir trabajando desde todos los ámbitos hasta lograr un mejor país para nuestras hijas, para nuestros hijos. Es nuestro compromiso crear leyes que protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que prevengan la violencia y explotación en su contra para lograr una convivencia pacífica en la sociedad y un mejor desarrollo. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, tiene la palabra la diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad está integrado por las niñas y los niños, quienes en muchos casos han sido victimizados por los diversos grupos delincuenciales que operan en el país, quienes los integran con frecuencia a sus actividades ilícitas.

Esta vulnerabilidad ha hecho de los menores blancos perfectos para la delincuencia organizada, que al reclutarlos en sus filas los obliga a cometer actos delictivos diversos y de suma gravedad, como el secuestro, la extorsión, o incluso el homicidio.

Día a día se vuelve más común el escuchar de la participación de menores de edad en labores de vigilancia para la delincuencia organizada, así como también de infantes que al momento de ser aprehendidos en los diversos operativos implementados por las autoridades federales se encuentran en posesión de armas de alto calibre, las cuales le fueron proporcionadas por los grupos armados que anteriormente los reclutaron.

Esta grave situación constituye un reto al que los legisladores le debemos prestar atención, no solo porque estamos hablando de la comisión de delitos, sino porque la comisión de estos trae aparejada la dolorosa perdición de un segmento importante de la población, que lejos de constituir una esperanza para el futuro del país, nos demuestra el estado de descomposición que ha alcanzado el crimen de nuestro país.

El dictamen que hoy tenemos en nuestra discusión acertadamente ha señalado que el Estado mexicano —en un intento por proyectar el texto constitucional— ha suscrito acuerdos internacionales, los cuales se encuentran encaminados a la protección de los derechos de las niñas y los niños, instrumentos los cuales siguen pendientes de aplicarse a cabalidad.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestro deber como representantes de la sociedad es el velar por la seguridad y protección de los derechos de todos los sectores de la sociedad. Pero aún más, por los sectores más vulnerables, como el de las niñas y los niños.

Las reformas que hoy tenemos a nuestra discusión favorecen a este sector de la sociedad respecto del cual el Grupo Parlamentario del PRI ha dejado en claro su interés en protegerlos, razón por la cual otorgaremos nuestro voto favorable.

Nuestro llamado al resto de las fuerzas políticas es en sentido de llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para proteger a nuestros niños y niñas, ya que ellos son la esperanza de un futuro mejor para nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Para mayor seguridad del procedimiento y aunque evidentemente todos estaremos a favor de este dictamen, creo que lo correcto es suspender la votación y en cuanto se restablezca nuevamente pudiéramos seguir con el desarrollo de la votación.

Voy a pedir que se cancele esta votación y que inmediatamente que podamos resolver el problema volvamos a poner a votación el dictamen, el decreto.

Compañeras y compañeros, el proyecto de decreto está discutido en sus términos, no podemos llevar a cabo así la votación, por un principio elemental de seguridad jurídica. Si no tienen inconveniente, pediría a la Secretaría que si autoriza que pospongamos un momento la votación, a ver si se arregla el problema, y que pudiéramos conocer algunos acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que se modifique el orden del día para dar paso a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza la modificación del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Continúe la Secretaría con algunos cambios en comisiones.

CAMBIOS EN COMISIONES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que la diputada Maricela Velázquez Sánchez cause baja como integrante de la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.

• Que la diputada Adriana Hernández Íñiguez cause alta como integrante de la Comisión Especial para la conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación.

• Que la diputada Maricela Velázquez Sánchez cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente

• Que la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño cause baja como integrante de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Mónica García de la Fuente cause baja como integrante de la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Licenciado Luis Eduardo Espinosa Pérez, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle llevar a cabo los trámites relativos al cambio de comisiones de los siguientes legisladores:

• Que el diputado Rafael Acosta Croda cause alta como secretario en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Rafael Acosta Croda cause alta como integrante en la Comisión de infraestructura.

• Que el diputado Rafael Acosta Croda cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Consuelo Argüelles Loya cause baja de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Consuelo Argüelles Loya cause alta en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Alicia Ricalde Magaña cause alta como secretaria en la Comisión Especial de lucha contra la trata de personas.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

Pido a la Secretaría dé lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al reconocimiento público a la Universidad Autónoma de Nuevo León, con motivo de la celebración de su ochenta aniversario.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política autoriza que se haga entrega, durante una sesión del mes de octubre, de un reconocimiento público a la Universidad Autónoma de Nuevo León con motivo de la celebración de su ochenta aniversario

Considerandos

Primero.El 25 de febrero del presente año, formalmente dieron inicio los festejos para conmemorar el 80 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Segundo. La Universidad Autónoma de Nuevo León es la tercera universidad más grande del México y la institución pública de educación superior más importante y con la mayor oferta académica del noreste del país.

Tercero. Actualmente cuenta con alrededor de 153 mil estudiantes, que son atendidos por 6 mil 394 docentes. Tiene presencia en todo el estado de Nuevo León y entre sus sedes se destacan siete campus universitarios. También cuenta con 27 centros de investigación, 84 bibliotecas, donde se resguardan 2 millones 238 mil volúmenes de consulta.

Cuarto.La UANL es una institución de carácter público, comprometida con la sociedad y tiene como misión la formación de bachilleres, técnicos, profesionales, maestros universitarios e investigadores capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad del conocimiento; poseedores de un amplio sentido de vida y con plena conciencia de la situación regional, nacional, y mundial; que aplican principios y valores universitarios, se comprometen con el desarrollo de sustentable, económico, científico, tecnológico y cultural de la humanidad; son innovadores y competitivos, logran su desarrollo personal y contribuyen a la preservación del patrimonio y del acervo cultural nacional.

Quinto. Que es motivo de orgullo, el celebrar junto con la comunidad universitaria estos ochenta años de labor a favor de la sociedad y de miles de estudiantes, no sólo del Estado de Nuevo León, sino del resto del país y del extranjero, quienes han visto en el seno de la Universidad Autónoma de Nuevo León un espacio en donde estudiar, desarrollarse y realizarse tanto personal como profesionalmente.

Sexto. Que la Comisión de Ciencia y Tecnología solicitó a la Junta de Coordinación Política hacer un reconocimiento público a la Universidad Autónoma de Nuevo León en sesión ordinaria en el mes de octubre.

En virtud de lo anterior, resulta oportuno que en el marco de su aniversario, la Junta de Coordinación Política, salude y felicite a la Universidad Autónoma de Nuevo León por ochenta años al servicio de la educación y la formación de profesionistas y seres humanos de bien al servicio de los mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración de esta honorable Asamblea

Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política autoriza la realización de un reconocimiento público a la Universidad Autónoma de Nuevo León en el mes de octubre con motivo de la celebración de su ochenta aniversario de actividades académicas, de investigación y de formación científica y tecnológica.

Segundo.Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a fin de que notifique y realice la invitación correspondiente al doctor Jesús Ancer Rodríguez, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que nos honre con su presencia en dicha sesión.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica por ausencia), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los resolutivos son de aprobarse.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquese.

Ahora ruego a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las acciones de reconstrucción de los daños causados por los huracanes Ingrid y Manuel en 24 estados de la República.

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 5 mil millones de pesos considerados para pavimentación en el programa de Aceleración del crecimiento, a las acciones de reconstrucción de los daños causados por los huracanes Ingrid y Manuel en 24 estados de la República

Considerandos

I. Que en los días recientes, dos meteoros que alcanzaron el grado de huracanes azotaron simultáneamente los litorales Atlántico y Pacífico de nuestro país.

II. Que el Gobierno de la República ha dispuesto aplicar un Programa de Aceleración de Crecimiento, en el que se prevé destinar fondos emergentes a distintos programas de infraestructura física;

III. Que entre los programas, se dispuso un fondo de 5 mil millones de pesos para pavimentación en zonas urbanas del país, que deberán ser aplicados en los últimos cuatro meses de 2013;

IV. Que es urgente destinar fondos adicionales a la reconstrucción o rehabilitación de 72 carreteras en 24 estados del país afectados por las intensas lluvias desatadas por los huracanes Ingrid y Manuel;

V. Que es prioritario destinar los recursos adicionales a los disponibles en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que resultaría insuficientes para atender oportunamente las necesidades inmediatas de reconstrucción y rehabilitación de las vías de comunicación e instalaciones afectadas por los temporales;

VI. Que es posible reasignar los 5 mil millones de pesos del programa de pavimentación, con mayor urgencia a las actividades de reconstrucción o rehabilitación de infraestructura física y de comunicaciones dañadas por los huracanes Ingrid y Manuel.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben diversos diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a reasignar 5 mil millones de pesos del Fondo de Pavimentación considerado en el Programa de Aceleración del Crecimiento, anunciado por el Presidente de la República el pasado 13 de septiembre de 2013, para ser destinado a las prioridades de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura física y de comunicaciones dañadas por el impacto de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, en 24 entidades del país, conforme lo ha informado la Secretaría de Gobernación.

Segundo. Los recursos a reasignar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán integrarse al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para su pronto y oportuno ejercicio, conforme a las necesidades y prioridades de las actividades de reconstrucción y rehabilitación comprometidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica, se retira la firma), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Me han solicitado la palabra el diputado Ricardo Monreal, para razonar su voto, y el diputado Manuel Huerta. ¿En qué sentido, diputado? También.

En ese orden, y también el diputado Ricardo Mejía. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Monreal, para razonar su voto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se discutió en diciembre pasado en esta Cámara este documento que ahora está en ejercicio.

En Movimiento Ciudadano manifestamos nuestra inconformidad por las visiones parciales y las acciones que fomentaron desigualdad. Como consecuencia de lo anterior, durante todo el año el gobierno se ha visto forzado a realizar cambios que permitan satisfacer las necesidades de la población.

Hoy, ante la desgracia ocasionada por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, se plantea continuar con esta lógica al... Presidente, no se escucha.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que revisen el sonido para que todos podamos escuchar lo que está diciendo el orador.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Hoy el tablero que costó 90 millones no funciona. Pura tranza.

Presidente, comentaba que se plantea un punto de acuerdo para pedirle a la Secretaría de Hacienda y al gobierno, la reasignación de 5 mil millones de pesos para que sean destinados al fondo de desastre e iniciar la atención y reconstrucción de áreas que fueron destruidas con la presencia de estos fenómenos meteorológicos.

Nosotros venimos a razonar el voto, porque cabe mencionar que en el anexo XIX del programa del Ramo 23, establece en efecto este fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales. Se constituyó con 5 mil millones de pesos.

Nosotros no estamos en contra de apoyar al fondo de desastre. Sin embargo, ciudadanos legisladores, les pido su atención, porque lo que ustedes están planteando —que van a votar enseguida— es afectar a 967 municipios, que esos 967 municipios ustedes los etiquetaron para pavimentación, alumbrado público, espacios deportivos y otros.

Lo que ustedes están planteando es que les quiten a esos 967 municipios estos 5 mil millones de pesos. Y digo que es una injusticia, les voy a decir porqué. Nosotros aprobamos las reglas de operación, ¿y saben ustedes que la primera ministración de estos 5 mil millones de pesos debió haber sido entregada en marzo? ¿Y la segunda ministración debió haber sido entregada en abril?

Es decir, desde abril se hubieran entregado estos 5 mil millones de pesos en beneficio de los municipios que ustedes representan y que ustedes solicitaron que se asignarán recursos etiquetados para pavimentación de caminos rurales, calles en mal estado, espacios deportivos, alumbrado público en las comunidades. Y ahora de un plumazo están solicitando que ese fondo se vaya a este fondo de desastre para beneficiar a 22 estados.

Por eso mi razonamiento. No es correcto, ¿por qué mejor no solicitamos que se cancele la compra del avión presidencial? Ese costó 7 mil millones de pesos y no le quitamos a los 967 municipios 5 mil millones de pesos.

No solo eso, ciudadanos legisladores, el día de ayer —que aparece ahora en la Gaceta— planteo de manera personal, en representación del grupo, un proyecto de decreto de emergencia. Intervengamos. El Poder Legislativo puede hacerlo. Reasignemos recursos. Suprimamos partidas excesivas y de lucro. Disminuyamos salarios. Hagamos a un lado gastos superfluos y mandémoslos a un fondo para atender al fondo de desastres.

No es correcto. Esta medida que hoy se está planteando afectará a 967 municipios, sobre lo que ustedes solicitaron para esos presidentes municipales, que –por cierto– no tiene la culpa de que no se les haya proporcionado esa partida que nosotros aprobamos aquí, y que las reglas de operación era que se entregarán en marzo y abril de este año. No es responsabilidad de los presidentes, sino de la Secretaría de Hacienda.

Y ahora olímpicamente les decimos que dispongan de ese recurso, de casi mil presidentes municipales. Me resisto a aceptar, a pesar de que estoy a favor de buscar recursos para el fondo de desastres y atender las necesidades y desgracias por las que están atravesando nuestros compañeros en 22 estados del país. Por su atención, su tolerancia, presidente, y la atención de todos, muchas gracias. Reflexionen en lo que están haciendo y lo que van a votar.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias. De la información que se dio ayer sobre la fase de recuperación, quiero destacar dos puntos de la información del gabinete del Ejecutivo.

Informa la Secretaría de Desarrollo Social que hasta el día de ayer, 23 de septiembre, lograron llegar directamente a la parte alta de La Montaña, municipios de Metlatónoc y Cochoapa, por cauce de caminos devastados o con deslaves.

Esto es, se logra llegar a comunidades después de ocho días en que se declararon las lluvias más fuertes. Ello es muestra de la gravedad en la que se encuentran las comunidades rurales. No solo del estado de Guerrero, sino del resto del país.

Las zonas rurales indígenas son las más vulnerables, por lo que es necesario contar con información de las comunidades que se encuentran incomunicadas para la seguridad y atención de las personas. Necesitamos más información. Y por eso insistimos en la comparecencia ante el pleno del secretario de Gobernación, y que el PRI ayer lo bloqueó en la Junta de Coordinación Política con la ausencia del PAN en esa votación.

En el mismo sentido, sabemos de la devastación en el campo. Y lo que nosotros destacamos es que –lo que informan ayer– el gobierno federal informa que tiene contratos con aseguradoras para 12 millones de hectáreas para cultivos y 10.1 millones de unidades animal para los casos de ganadería. Se especifica que en Guerrero se colapsaron 152 mil 803 hectáreas, de las cuales 103 mil son de maíz y están cubiertas por una aseguradora.

Esto es importante subrayar, estos contratos con las aseguradoras por riesgos agrícolas, por tratarse de información que generalmente se omite en la etapa de recuperación después de los desastres naturales o civiles. También subrayo que se omitió información relativa a daños en autopistas y carreteras, no obstante lo que ya es evidente públicamente.

De lo que resulta necesario que en la propuesta que presenta la Junta de Coordinación Política se considere la recuperación de la infraestructura pública y del sector agropecuario que se encuentra cubierta por contratos con aseguradoras. Esto es autopistas, carreteras, edificios y vehículos oficiales, en particular los edificios de escuelas y así como zonas de cultivo y ganado.

Ya no queremos aquí abundar sobre cómo han proyectado el gasto, inclusive los 14 mil millones que ayer Peña Nieto reconoce tienen programado para gasto, y serían insuficientes para el propio Fonden o de las ineficacias en la aplicación de los recursos que al día de hoy el mismo gobierno reconoce que son inaplicables en el caso del Fonden.

Nosotros lo que venimos a plantear en el fondo de la propuesta, un poco en el fondo de lo que plantea mi antecesor en la palabra, pero bajo otro matiz es, miren ustedes, necesitamos en la atención a la emergencia y las acciones de recuperación considerar soluciones viables que contribuyan a prevenir y mitigar futuros riesgos e impulsar la cultura de la prevención.

Fíjense, esta asesoría no se las cobramos, pero tienen que entender el PRI, tiene que entender Peña Nieto lo que está planteando y no hacer demagogia con lo que se plantea aquí.

Considerando que el 10 de diciembre del 2012, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración –termino, presidente– pública federal, que el 30 de enero de 2013 se publicaron en el mismo Diario Oficial de la Federación lineamientos para la aplicación y seguimiento de dichas medidas.

Resulta necesario e indispensable, ante la contingencia y emergencia que se presenta en estados y municipios afectados por fenómenos meteorológicos en los días pasados, que la administración pública federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos autónomos y el Congreso de la Unión implementen políticas de austeridad y racionalidad emergentes, con el objeto de lograr economías importantes en los meses subsecuentes en los términos siguientes, y proponemos que se vote este punto y lo vamos a dejar en la mesa.

Se exhorta –culmino, lo leo– al titular del Poder Ejecutivo federal, al Consejo de la Judicatura federal, a los órganos constitucionales autónomos y a las Cámaras del Congreso de la Unión, para que presenten en un plazo de 15 días un programa de austeridad y racionalidad en el ejercicio de las funciones que les corresponden, con el objeto de reestructurar el gasto público en el ejercicio de 2013.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que pueda concluir, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:No es posible —y lo dejo en la mesa para que se vote— que la Junta de Coordinación Política ayer diga que no puede dar donativos, que no ha proyectado gastos. No estamos debatiendo eso. Sí puede el Congreso de la Unión dictaminar medidas de austeridad al igual que el Ejecutivo. No es posible que compren un avión de 7 mil millones y le destinen al Presupuesto 14 mil millones de pesos para el próximo año.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que concluya con su intervención, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Es el punto que proponemos para que se vote.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al Consejo de la Judicatura, a los órganos constitucionales autónomos y a las Cámaras del Congreso de la Unión a presentar en un plazo de 15 días un programa de austeridad y racionalidad en el ejercicio de las funciones que les competen, presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión del martes 24 de septiembre de 2013

Considerando que el diez de diciembre de dos mil doce, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal; que el treinta de enero del dos mil trece, se publicaron en el mismo Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la aplicación y seguimiento de dichas medidas, resulta necesario e indispensable ante la contingencia y emergencia que se presenta en los estados y municipios afectados por los fenómenos meteorológicos en los días pasados, que la administración pública federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos autónomos .y el Congreso de la Unión, implemente políticas de austeridad y racionalidad emergentes con el objeto de lograr economías importantes en los meses subsecuentes, en los términos siguientes:

Punto: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al Consejo de la Judicatura Federal, a los órganos constitucionales autónomos y a las Cámaras del Congreso de la Unión para que presenten, en un plazo de quince días un programa de austeridad y racionalidad en el ejercicio de las funciones que les corresponden, con el objeto de reestructurar el gasto público en el ejercicio del 2013.

Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero informar a la asamblea que han solicitado hacer uso de la voz el diputado Ricardo Mejía, el diputado Sebastián de la Rosa y el diputado Víctor Jorrín. Después de eso preguntaré a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Compañeras y compañeros, nos parece verdaderamente irresponsable y grave que la ineficacia de la Secretaría de Hacienda para ejercer el Presupuesto de Egresos con los subejercicios se quieran ahora trasladar a casi mil ayuntamientos del país.

Prácticamente todos los diputados —como gestores— promovieron que se incluyera en el Presupuesto de Egresos de la Federación diferentes obras de pavimentación en sus distritos o en sus regiones, y fueron recursos que se aplicaron en aproximadamente 10 millones de pesos.

Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, lo que se está planteando aquí es prácticamente hacer un borrón de esta gestión y el fondo para pavimentación simple y sencillamente pasarlo al Fonden. Nos parece que el Ejecutivo a través de su mayoría en la Cámara quiere hacer caravana con sombrero ajeno.

Aquí le preguntamos a Luis Videgaray si el país estaba o no en recesión económica y salió con que estábamos en debilidad del crecimiento económico. Ya el Inegi está reconociendo que el país está en recesión.

Ustedes saben el impacto de la pavimentación en la mitigación de la pobreza y en la gestión de recursos para ayuntamientos. Quitar esto nos parece, no solamente que no resuelve el problema, sino que lo trasladamos a diferentes ayuntamientos y municipios del país que ya tenían comprometida obra y que por la ineficacia de Hacienda ahora no van a poder ejercerla.

Por eso nosotros estamos planteando –y está publicado en la Gaceta el día de hoy– una propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de un decreto de emergencia y de austeridad republicana. Planteamos entonces que se devuelva esta propuesta de la Junta de Coordinación Política y que se vote dispensándole todos los trámites a la propuesta que estamos planteando.

Estamos planteando una reducción durante los meses que restan del año de la mitad del salario para todos funcionarios del gobierno federal, empezando por el presidente de la República hasta a los directores generales; a los senadores y diputados federales; al personal del Poder Judicial y también a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral.

Estamos planteando también que se acabe con el gasto oneroso del avión presidencial, que costó 370 millones de dólares y que solo esa cantidad equivale a lo que hoy se está planteando.

Estamos también planteando que en el Presupuesto de Egresos de esta Cámara se destine lo no ejercido, el 50 por ciento, a este fondo. Creemos que esto nos va a dar una bolsa de arriba de 10 mil millones de pesos y no tendríamos que estar afectando a casi mil municipios del país.

Esta es la propuesta, compañeros. Lo demás —insisto— es caravana con sombrero ajeno y seguir apostando a la pobreza y al subdesarrollo en diferentes municipios del país. Esta es la propuesta, valórenla. Todos somos representantes de la nación y no tenemos por qué estar golpeando a otros municipios para golpear a quienes han creído en nosotros y tampoco podemos, con esta justificación, estar dejando un fondo de pavimentación simple y sencillamente sin ejercer.

Por eso la propuesta concreta es que se regrese esta propuesta de la Junta de Coordinación Política, que se le dispensen los trámites al decreto de austeridad, que ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy y que se pueda votar en estos términos, en la misma sesión que estamos celebrando. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián de la Rosa.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, qué bueno que nos preocupemos, desde esta soberanía, por lo que pasa en nuestro país. Qué bueno que nos preocupemos, porque somos nosotros los que representamos a esos hombres y mujeres que están en los municipios de las entidades federativas afectadas por estos fenómenos naturales. Qué bueno que así sea.

Pero no le busquemos salidas fáciles, compañeros, no intentemos tapar un hoyo abriendo otro, como se dice en mi pueblo, no. Esa no es la salida, señores diputados, la salida es que el gobierno federal pueda empeñarse para que las acciones que emprendan sean acciones efectivas.

No podemos apoyar, desde el Grupo Parlamentario del PRD, que se le quite el recurso a los municipios para que se vaya ahora a una situación de esta naturaleza. Los municipios –ya lo dije el martes pasado– los municipios solo reciben el 4 por ciento del Presupuesto federal. De todo el Presupuesto federal, solo reciben el 4 por ciento. El 80 por ciento del recurso de este país lo maneja el gobierno federal. Mucho de ese recurso a fin de año por ineficiencia administrativa queda como subejercicio.

No tendríamos por qué pensar, en primer momento, quitarle desde ya a los municipios, para que pueda ir a resolver este problema. En eso no estamos de acuerdo.

Sí nos pronunciamos urgentemente porque haya un apoyo decidido a todos los municipios de las entidades afectadas, es urgente que así sea. Apoyo, óigase bien, no solamente a donde llegan los medios nacionales de comunicación.

Aprovecho, también, para hacerle un exhorto a los medios nacionales de comunicación: váyanse a los pueblos donde no quiere entrar nadie. Ahí no está llegando el apoyo aún. A pesar de los esfuerzos que se están haciendo ahí no está llegando el apoyo aún. El apoyo sí para todos, pero no solamente a donde se ve, no solamente a donde van a estar los medios para decir que se está apoyando, sino también a donde no llegan los medios, porque hay los medios en el gobierno, la infraestructura para que se pueda llegar a esos lugares.

Por tanto, desde el Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos porque haya apoyos urgentes. Pero no de ese recurso, no señores, vamos recortándoles a los gastos suntuosos que existen, vamos recortando a los gastos que por todas partes se nota a simple vista en dónde se están invirtiendo recursos que no son recursos importantes.

Vamos recortándole a las partidas de los funcionarios, vamos recortándole a los viáticos de los funcionarios. Ya que se acaben los viajes al extranjero, ya que se acaben los viajes en aviones de lujo. Ya que se acabe todo eso. Y tómese de ahí recortes en el gasto corriente. De ahí que se recorte, que se busquen esos medios, pero no del gasto que va a los municipios. En eso no estamos de acuerdo y en eso estamos en contra en el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Gracias, señor presidente, con su permiso. Quiero presentar una iniciativa que contiene el decreto emergente de austeridad republicana. Aquí vienen explicadas las diferentes razones por lo que está pasando el país y que requiere amarrarse el cinturón.

En pocas palabras, lo que queremos hacer es que a través de este decreto se pueda solicitar la disminución de los salarios de todos los funcionarios públicos y utilizar todos los recursos del subejercicio presupuestario acumulados durante el primer semestre de 2013 para los ramos de la Presidencia, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional; Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Marina, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario y Territorial, Urbano; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría General de la República, Energía, Desarrollo Social, Turismo, Función Pública, Tribunales Agrarios, Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que este dinero del subejercicio sea incorporado al Fondo de Desastres Naturales.

Que el 50 por ciento del Presupuesto destinado al Poder Legislativo en 2013, el cual se distribuye en 6 mil 510 millones para la Cámara de Diputados; 3 mil 706 millones para el Senado de la República y mil 661 millones para la Auditoría Superior de la Federación sea redirigido al Fondo de Desastres Naturales.

Que la entrega de los recursos por parte de los organismos mencionados será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la cual vigilaría la incorporación de los ingresos al Fondo de Desastres Naturales, así como el correcto uso y destino de los mismos.

Le estoy solicitando, señor presidente, la dispensa del trámite para que esto sea votado y podamos hacer que esta iniciativa que contiene el decreto emergente de austeridad republicana pueda tener efecto para que podamos contar con los fondos suficientes para atender el desastre que estamos viviendo en este momento.

Les pido, compañeros, que si tienen la oportunidad de ir a Acapulco, de ir a la Costa Chica, de ir a Tierra Caliente, a La Montaña, les aseguro que van a cambiar el sentido de su sonrisa burlona —que algunos presentaron en este momento— porque no saben lo qué es el dolor de la gente que está allá en Acapulco y en la Tierra Caliente y en la Costa Grande. Necesitan ir a ver qué es lo que está pasando.

Se va a revertir, porque si la gente ahorita no es atendida vamos a tener un movimiento social de gente que ya perdió su casa, que no tiene nada, que está viviendo en el lodo. Están viviendo las enfermedades los niños llenos de hongos y ya empezaron los brotes diarreicos.

No se rían y no se queden sentados, compañeros diputados. Es muy serio lo que está pasando en Guerrero.

Además solicito, señor presidente, que se ponga como punto de acuerdo la investigación de la responsabilidad que le corresponde al director de Conagua, ya que su informe solamente dijo que iba a haber lluvias de moderadas a fuertes, nunca dijo o nunca entendió o no conoció de la magnitud del problema que se venía.

La responsabilidad debe ser investigada y además solicito que a este responsable se le quite del cargo mientras se realiza la investigación correspondiente. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El proyecto de decreto está enlistado y se turnará a las Comisiones que corresponda. Estamos discutiendo un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Como ya lo había anunciado, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido. Así lo anuncié cuando di a conocer la lista de oradores.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Le pediría primero que diera lectura a la propuesta que fue entregada por escrito por el diputado Huerta, de adicionar un punto, y que inmediatamente después consulte a la asamblea si se admite a discusión. Hay una propuesta de adición del diputado Manuel Huerta, le pediría que leyera solamente el resolutivo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Consejo de la Judicatura Federal, a los órganos constitucionales autónomos y a las Cámaras del Congreso de la Unión para que presenten en un plazo de 15 días un programa de austeridad y racionalidad en el ejercicio de las funciones que les corresponden, con objeto de reestructurar el gasto público en el ejercicio de 2013.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha.

Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

Finalmente, voy a pedir a la Secretaría dar lectura al último punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a que se realice una cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipamientos de las escuelas en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Solamente los resolutivos.

CUANTIFICACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A LAS ESCUELAS AFECTADAS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS INGRID Y MANUEL

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías; de Educación Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y demás dependencias federales involucradas, promoviendo la participación de los gobiernos de los estados, se realice a la brevedad una cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipamiento de las escuelas, en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben diversos diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías; de Educación Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y demás dependencias federales involucradas, promoviendo la participación de los gobiernos de los estados, se realice a la brevedad una cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipamiento de las escuelas, en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el marco de la dictaminación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 considere la inclusión de recursos suficientes para restablecer el pleno funcionamiento de los planteles educativos afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. ¿Con qué objeto, diputado Monreal y diputado Huerta? Primero el diputado Huerta, debo reconocer que él me había pedido primero la palabra. Adelante, dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Para manifestarme.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿En qué sentido?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Aclaraciones.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Aclaraciones? Bueno, se la daré para razonar su voto. ¿Y el diputado Monreal?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Para hablar a favor. Adelante, diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:La recuperación de infraestructura a través de la exigibilidad de los seguros y de responsabilidad civil por vicios ocultos en las construcciones deberá ser información pública, puesto que de ella nunca se hace referencia en la fase de recuperación después de los siniestros.

Nunca falta la letra chiquita que no se leyó por parte de la autoridad correspondiente. Y hace un rato hablábamos sobre ello.

Por citar un caso que tiene qué ver con lo que voy a plantear —de una vez les digo— Miren, el gobernador del estado de Guerrero ha declarado a diversos medios que se requieren 5 mil millones de pesos para atender el problema de vivienda en la entidad. En este caso no se considera la responsabilidad civil de las inmobiliarias que construyeron, alterando o violando los procedimientos para obtener los permisos o licencias municipales, estatales y federales. Aunado a ello, los vicios ocultos de las construcciones.

La propuesta de recuperación no solo debe atender a la innegable necesidad de recursos para atender los efectos del desastre, sino además determinar su aplicación en forma transparente y con publicidad máxima, bajo la evaluación de la ejecución de obras y programas sociales.

Recordemos que ante la opacidad y control discrecional de 863 millones 416 mil pesos, por Carmen Segura Rangel, coordinadora de Protección Civil en 2005, la Auditoría Superior de Hacienda de la Cámara de Diputados dictaminó sanciones por quebranto al erario.

Un ejemplo más de la auditoría lo vemos en que detectó que en el gobierno del estado de Veracruz se comprobó la no aplicación de 244 millones. Un poco más que la Secretaría de Hacienda entregó a cuenta del Fonden para la rehabilitación de infraestructura dañada en fenómenos naturales.

Seguramente esto tiene qué ver con un anuncio de que se habían llevado más de 6 mil millones de pesos del Fonden para infraestructura educativa y a la fecha, el gobierno de Veracruz no puso ningún recurso y, obviamente, no hay ejercicio de recursos.

Se insiste en acceder a información objetiva de los resultados de los fenómenos meteorológicos. En medios de comunicación —aquí es donde subrayo— se señala la afectación de 43 mil escuelas. El boletín de la SEP del 23 de septiembre de 2013 refiere que se encuentran dañadas en su estructura 887 escuelas, con daños leves a graves, de 43 mil que se han visto afectados en su funcionamiento académico y operación regular. De lo que resulta una dimensión más objetiva del problema.

¿Por qué nos preocupa esto? Y con esto concluyo, porque en efecto, necesitamos información objetiva. Porque de 1999 al 2012 se han ejercido a través del Fonden 150 mil millones de pesos. De los cuales solo el 1 por ciento se ha utilizado para vivienda de damnificados. Un poco alrededor del 1.5 para empleo temporal y otras cosas. El 70 por ciento se ha utilizado para reconstrucción de carreteras y el resto, infraestructura educativa y demás.

¿Y qué hay de eso? Pues obviamente es una caja grande de la corrupción que han manejado los gobiernos anteriores y no dudamos que los actuales, porque muchos –como los casos que señalé– gobernaba el PAN, gobernaba el PRI, y amplia corrupción, y hasta el caso de Guerrero habría que evaluarlo.

Ayer alguien decía que al gobernador de Guerrero ya le tocó el Paulina –culmino– ya le tocó ahora el Manuel, y evidentemente a Peña Nieto ya le tocaron sus Valle Dorado, ya le tocaron su Canal de la Compañía, y ahora estas emergencias que no han sido capaces de atender y mucho menos en esta fase de recuperación.

Por eso es necesario información objetiva para que también Chuayffet no vaya a decir que quiere todo el dinero del mundo para clavárselo, como luego acostumbran. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar a favor, el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Lo dije el día de ayer, me parece correcta la propuesta sobre la atención para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pueda tomar en cuenta el daño que se ha causado a los planteles educativos en el país, uno de cada cinco planteles, y creo que es pertinente expresar nuestra opinión positiva a este punto de acuerdo.

También deberíamos reflexionar en torno a la vivienda. Imagínense ustedes, si los planteles educativos están dañados, la vivienda tiene todavía mayor significado, porque hay miles de viviendas que han quedado destruidas, semi-destruidas o sin ninguna utilidad.

En efecto, hace unos días, el 13 de septiembre para ser exactos, en una reunión con gobernadores y el Ejecutivo con el secretario de Hacienda, se diseñaron tres ejes, que por cierto no han sido consultados con el Congreso. El Ejecutivo federal solo puede hacer lo que esta Cámara de Diputados proyecte, reasigne, proponga o resuelva.

Pero el 13 de septiembre, en una reunión de la Conago el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, planteó a los estados tres ejes fundamentales, y dijo: a partir de ahora vamos a acelerar el crecimiento y vamos a otorgar a los estados para que ejerzan recursos extraordinarios 2 mil 500 millones para obras hospitalarias, 2 mil 500 millones para vivienda, 5 mil millones de pesos para pavimentos, espacios deportivos u otro. Sumaban la cantidad de 13 mil millones de pesos, antes de conocer la tragedia que desencadenó el huracán Manuel e Ingrid.

Estos 13 mil millones de pesos no están autorizados por esta Cámara de Diputados. En consonancia con la Constitución, debieron haber solicitado la aprobación de esta Cámara para la reasignación de estos 13 mil millones de pesos y luego, que ya se dispuso que desde ese momento, tanto SCT, como la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales ejercerían esos 13 mil millones de pesos, a partir de ese momento incurrieron en responsabilidad, porque no se solicitó la aprobación de la reasignación de esos recursos por esta Cámara de Diputados.

Por esa razón afirmo que se requiere un proyecto de emergencia y se requiere la aprobación de esta Cámara para cualquier movimiento, un peso que sea en el Presupuesto. Por eso me opongo.

Discúlpenme que sea muy excesivamente pulcro, porque defiendo la función de la Cámara de Diputados, porque cada vez perdemos más facultades, porque cada vez nos ven con menos interés, o incluso hay secretarios de Estado que nos desprecian, no atienden a los diputados, no atienden la gestión y entonces ahora el Ejecutivo de manera autoritaria e impositiva dispone que 13 mil millones de pesos del Presupuesto sean asignados de manera distinta. Es distinto –valga la redundancia– lo que aquí se plantea como punto de acuerdo, porque es la Cámara la que lo solicita.

Lo más conveniente hubiese sido que a través de un proyecto de decreto se reasignaran recursos.

Este punto de atender las escuelas es correcto, porque dice: para el Presupuesto 2014 se prevea la atención a los planteles afectados con los fenómenos meteorológicos. Esto es correcto, lo otro no es correcto, aunque lo hayan votado a favor.

Por esa razón insisto, aunque se quiera confundir, fue un grave error y allá ustedes y los que aprobaron estas medidas absurdas que caminan en contra de la autonomía y en detrimento de la fortaleza del Poder Legislativo. Si no lo quieren ver así, algún día se van a dar cuenta que tenía razón.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, el diputado Vicario Portillo, para hablar a favor del acuerdo.

El diputado Vicario Portillo Martínez:Compañeras y compañeros diputados y diputadas aquí presentes. Es muy lamentable lo que ocurrió en diferentes estados de la República Mexicana. Realmente nos encontramos con una situación muy difícil, porque tenemos a muchos paisanos de diferentes regiones del estado de Guerrero y de más entidades federativas de nuestro país, que realmente no se ha resuelto todo el problema.

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y demás dependencias federales involucradas, promoviendo la participación de los gobiernos de los estados, se realice a la brevedad una cuantificación de los daños ocasionados a las instalaciones y equipamiento de las escuelas en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el marco de la dictaminación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, considere la inclusión de recursos suficientes para restablecer el pleno funcionamiento de los planteles educativos afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No habiendo más oradores, voy a pedir —en primer término— a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Vicario Portillo. Y que inmediatamente después consulte a la asamblea, también en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

No las dejó por escrito. Entonces, vamos directamente a la aprobación. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el acuerdo de la Junta de la Coordinación Política es de aprobarse.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José González Morfín: Nos informan los técnicos que no hay ninguna garantía de que no se vuelva a apagar parte del tablero. Para no dejar un proyecto de decreto inconcluso, vamos a proceder a recoger la votación nominal de viva voz. Le pido a la Secretaría comience a tomarla del lado derecho.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señores diputados, vamos a tener que tomar el sentido del voto de mi lado derecho –lado izquierdo de ustedes– de uno por uno de viva voz, dando su nombre y el sentido de su voto.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): A favor.

El diputado Germán Pacheco Díaz(desde la curul): A favor.

La diputada Leonor Romero Sevilla(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (desde la curul): A favor.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Me permiten un momento? Estamos votando el dictamen que modifica el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el que se estaba votando cuando falló el sistema electrónico de votación. Se está votando en un solo acto en lo general y en lo particular. Así se había abierto ya la votación.

El diputado José Angelino Caamal Mena (desde la curul): A favor.

El diputado J. Pilar Moreno Montoya(desde la curul): A favor.

El diputado Faustino Félix Chávez(desde la curul): A favor.

La diputada Flor Ayala Robles Linares(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (desde la curul): A favor.

La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (desde la curul): A favor.

El diputado Marcelo Garza Ruvalcaba (desde la curul): A favor.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Manríquez González(desde la curul): A favor.

El diputado Ángel Cedillo Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Silvano Blanco Deaquino(desde la curul): A favor.

El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Bonilla Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez(desde la curul): A favor.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza(desde la curul): A favor.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Acosta Croda(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Jesús Aquino Calvo (desde la curul): A favor.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola (desde la curul): A favor.

El diputado José Enrique Reina Lizárraga(desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra López Noriega (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Paz Alonzo(desde la curul): A favor.

El diputado José Arturo Salinas Garza (desde al curul): A favor.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Díaz Trujillo(desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Alonso Morelli(desde la curul): A favor.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera (desde la curul): A favor.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (desde la curul): A favor.

La diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro(desde la curul): A favor.

El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres(desde la curul): A favor.

La diputada María Celia Urciel Castañeda(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Rodríguez Doval(desde la curul): A favor.

La diputada Consuelo Argüelles Loya(desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Mondragón González (desde la curul): A favor.

La diputada Cristina Olvera Barrios(desde la curul): De Nueva Alianza, a favor.

La diputada Sonia Rincón Chanona(desde la curul): A favor.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura(desde la curul): A favor.

El diputado Eloy Cantú Segovia(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Mendoza Garza (desde la curul): A favor.

El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): A favor.

La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): A favor.

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): A favor.

La diputada Josefina Salinas Pérez(desde la curul): A favor.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (desde la curul): A favor.

El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Bautista López(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares(desde la curul): A favor.

La diputada Karen Quiroga Anguiano (desde la curul): A favor.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Cantú Garza(desde la curul): A favor.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo(desde la curul): A favor.

El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla(desde la curul): A favor.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo(desde la curul): A favor.

El diputado José Alejandro Llanas Alba(desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Coronado Quintanilla(desde la curul): A favor

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): A favor

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero (desde la curul): A favor

El diputado José Ángel González Serna (desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays (desde la curul): A favor.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Antonio González Roldán (desde la curul): A favor.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Herrera Delgado (desde la curul): A favor.

La diputada Mayra Karina Robles Aguirre (desde la curul): A favor.

La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo(desde la curul): A favor.

La diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Medina Fierro(desde la curul): A favor.

La diputada María Carmen López Segura(desde la curul): A favor.

El diputado José Isidro Moreno Árcega (desde la curul): A favor.

La diputada Laura Barrera Fortoul(desde la curul): A favor.

La diputada Cristina Ruiz Sandoval(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel Fócil Pérez(desde la curul): Del PRD, a favor.

El diputado Benito Caballero Garza(desde la curul): A favor.

El diputado Armando Contreras Ceballos (desde la curul): A favor

La diputada Juana Bonilla Jaime(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): A favor.

El diputado Vicario Portillo Martínez(desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Elena Águila Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Patricio Flores Sandoval(desde la curul): A favor.

La diputada María de las Nieves García Fernández(desde la curul): A favor.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos(desde la curul): A favor.

La diputada Verónica García Reyes(desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (desde la curul): A favor.

La diputada Araceli Torres Flores(desde la curul): A favor.

El diputado José Arturo López Candido(desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán(desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): A favor.

La diputada Leticia López Landero (desde la curul): A favor.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo de la Rosa Escalante (desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): A favor.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Pelayo Covarrubias(desde la curul): A favor.

El diputado Heberto Neblina Vega(desde la curul): A favor.

La diputada Karina Labastida Sotelo(desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros(desde la curul): En pro.

El diputado Verónica Sada Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Elena Retamoza Vega (desde la curul): A favor.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Isaías Cortés Berumen (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Rosiñol Abreu (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera (desde la curul): A favor.

El diputado Raudel López López (desde la curul): A favor.

El diputado Blas Ramón Rubio Lara (desde la curul): A favor.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): A favor.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Ricardo Aldana Prieto (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal(desde la curul): A favor.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik(desde la curul): A favor.

El diputado José Enrique Doger Guerrero(desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Chris López Alvarado(desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Cruz Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada Jessica Salazar Trejo (desde la curul): A favor.

La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel(desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Montalvo Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): A favor.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): A favor.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Valle Magaña (desde la curul): A favor.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez(desde la curul): A favor.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas(desde la curul): A favor.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos(desde la curul): A favor.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): A favor.

El diputado José Alfredo Botello Montes (desde la curul): A favor.

El diputado José Guadalupe García Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): A favor.

La diputada Liliana Castillo Terreros (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga (desde la curul): A favor.

El diputado Antonio De Jesús Díaz Athié(desde la curul): A favor.

El diputado Adolfo Bonilla Gómez(desde la curul): A favor.

El diputado Ossiel Omar Niaves López(desde la curul): A favor.

La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez(desde la curul): A favor.

La diputada María Concepción Navarrete Vital(desde la curul): A favor.

La diputada María Elena Cano Ayala(desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Rangel Segovia(desde la curul): A favor.

La diputada Petra Barrera Barrera(desde la curul): A favor.

La diputada María Esther Garza Moreno(desde la curul): A favor.

La diputada Cristina González Cruz(desde la curul): A favor.

La diputada Rosalba Gualito Castañeda (desde la curul): A favor.

El diputado Edilberto Algredo Jaramillo (desde la curul): A favor.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Carbajal González(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): A favor.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): A favor.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero(desde la curul): A favor.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado Hugo Sandoval Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): A favor.

La diputada Leslie Pantoja Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Damián Zepeda Vidales(desde la curul): A favor.

La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Marcos Issa Salomón(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Saldaña Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto García González(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio González Valdez(desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva(desde la curul): A favor.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones (desde la curul): A favor.

La diputada Cecilia González Gómez(desde la curul): A favor.

El diputado Kamel Athie Flores(desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Fuentes Téllez(desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Duarte Murillo (desde la curul): A favor.

El diputado Abraham Montes Alvarado(desde la curul): A favor.

El diputado Arnoldo Ochoa González (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Flores Méndez (desde la curul): A favor.

La diputada Dulce María Muñiz Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Arellano Guzmán(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco(desde la curul): A favor.

El diputado Raymundo King de la Rosa(desde la curul): A favor.

La diputada María de Jesús Huerta Rea(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino(desde la curul): A favor.

El diputado Benjamín Castillo Valdez(desde la curul): A favor.

La diputada Amira Gricelda Gómez Tueme(desde la curul): A favor.

La diputada Maricruz Cruz Morales(desde la curul): A favor.

La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría(desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti(desde la curul): A favor.

El diputado Javier López Zavala(desde la curul): A favor.

El diputado Eligio Cuitláhuac González Farías(desde la curul): A favor.

La diputada Regina Vázquez Saut(desde la curul): A favor.

La diputada Marina Garay Cabada(desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Sámano Peralta(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Treviño Cantú(desde la curul): A favor.

El diputado Abel Guerra Garza(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo(desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo González Barrios(desde la curul): A favor.

El diputado Roberto López González(desde la curul): A favor.

La diputada Eva Diego Cruz(desde la curul): A favor.

El diputado José Humberto Vega Vázquez(desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas(desde la curul): A favor.

El diputado José Valentín Maldonado Salgado(desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera(desde la curul): A favor.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): A favor.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): A favor.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado(desde la curul): A favor.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena(desde la curul) A favor.

La diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo(desde la curul): A favor.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea(desde la curul): A favor.

La diputada Blanca Jiménez Castillo(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Olvera Correa(desde la curul): A favor.

La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño(desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez(desde la curul): A favor.

La diputada Mirna Velázquez López(desde la curul): A favor.

El diputado Rodimiro Barrera Estrada(desde la curul): A favor.

El diputado Gabriel Gómez Michel(desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Ortiz García(desde la curul): A favor.

La diputada Areli Madrid Tovilla (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alfredo Murguía Lardizabal(desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda(desde la curul): A favor.

La diputada Diana Karina Velázquez Ramírez(desde la curul): A favor.

La diputada Minerva Castillo Rodríguez(desde la curul): A favor.

La diputada María Leticia Mendoza Curiel(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Armando Córdova Díaz(desde la curul): A favor.

La diputada Emilse Miranda Munive(desde la curul): A favor.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique(desde la curul): A favor.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito(desde la curul): A favor.

La diputada Zita Beatriz Pazzi Maza (desde la curul): A favor.

La diputada Irazema González Martínez Olivares(desde la curul): A favor.

La diputada Blanca Estela Gómez Carmona (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Márquez Velasco(desde la curul): A favor.

El diputado César Reynaldo Navarro De Alba(desde la curul): A favor.

La diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano(desde la curul): Orgullosamente priísta, a favor.

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Fernández Clamont(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo(desde la curul): A favor.

La diputada Norma Ponce Orozco (desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Ruiz Arriaga(desde la curul): A favor.

El diputado Noé Hernández González(desde la curul): A favor.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge del Ángel Acosta(desde la curul): A favor.

El diputado Ángel Abel Mavil Soto(desde la curul): A favor.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): A favor.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul). A favor.

El diputado Mario Rafael Méndez Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Porras Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras(desde la curul): A favor.

El diputado Uriel Flores Aguayo(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos(desde la curul): A favor.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas(desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Barrios Gómez Segués(desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez(desde la curul): A favor.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña(desde la curul): A favor.

La diputada Margarita Licea González (desde la curul): A favor

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): A favor.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (desde la curul): A favor.

El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva(desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Gurrión Matías (desde la curul): Desde mi curul y respetando el orden a favor.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (desde la curul): En los mismos términos, a favor.

La diputada Gabriela Medrano Galindo (desde la curul): A favor.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba(desde la curul): A favor.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú(desde la curul): A favor.

El diputado Rubén Acosta Montoya(desde la curul): A favor.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (desde la curul): A favor.

La diputada Mónica García de la Fuente(desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado William Renan Sosa Altamira(desde la curul): A favor.

El diputado José Rangel Espinosa(desde la curul): A favor.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Zamora Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Noé Barrueta Barón(desde la curul): A favor.

La diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Salgado Delgado(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Salgado Parra (desde la curul): A favor.

El diputado Israel Moreno Rivera (desde la curul): A favor, y siéntense por favor.

El diputado Marino Miranda Salgado(desde la curul): A favor.

El diputado Tomás Brito Lara(desde la curul): De Tabasco, a favor.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes(desde la curul): A favor.

El diputado Hugo Jarquín(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán (desde la curul): A favor.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León (desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Desde mi curul, presente y a favor.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares(desde la curul): A favor.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena(desde la curul): A favor.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Curi Naime(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia(desde la curul): A favor.

La diputada Tanya Rellstab Carreto(desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Calderón Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): A favor.

La diputada Crystal Tovar Aragón (desde la curul): A favor.

La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa(desde la curul): A favor.

El diputado Antonio Sansores Sastré(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón(desde la curul): A favor.

La diputada Esther Quintana Salinas(desde la curul): A favor.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar(desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Gómez Gómez(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Gómez Gómez(desde la curul): A favor.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno(desde la curul): A favor.

La diputada Martha Edith Vital Vera(desde la curul): A favor.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López(desde la curul): A favor.

El diputado Nabor Ochoa López(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): A favor.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): A favor.

El diputado Mauricio Sahui Rivero(desde la curul): A favor.

La diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (desde la curul): A favor.

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): A favor

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales(desde la curul): A favor

El diputado Alfredo Anaya Gudiño(desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Macías Sandoval(desde la curul): A favor.

La diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz(desde la curul): A favor.

El diputado Roberto López Rosado (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Rafael González Manríquez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Ángel Aguayo López(desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Flemate Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Grajales Palacios(desde la curul): A favor.

El diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto(desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Delgadillo González(desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (desde la curul): A favor.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.

La diputada Rosalba de la Cruz Requena(desde la curul): A favor.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla(desde la curul): A favor.

La diputada Verónica Carreón Cervantes(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez (desde la curul): A favor.

El diputado Brasil Alberto Acosta Peña(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): A favor.

La diputada Julisa Mejía Guardado(desde la curul): A favor.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar(desde la curul): A favor.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla(desde la curul): A favor.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano(desde la curul): A favor.

La diputada Elvia María Pérez Escalante(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo(desde la curul): A favor.

El diputado José Everardo Nava Gómez (desde la curul): A favor.

La diputada Landy Margarita Berzunza Novelo (desde la curul): A favor.

La diputada Irma Elizondo Ramírez (desde la curul): A favor.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú(desde la curul): A favor.

El diputado Cesario Padilla Navarro(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Narcia Álvarez (desde la curul): A favor.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán(desde la curul): A favor.

La diputada María del Rocío García Olmedo(desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen García de la Cadena Romero(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Isabel Allende Cano (desde la curul): A favor.

El diputado Javier Filiberto Guevara González(desde la curul): A favor.

La diputada Josefina García Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Lisandro Arístides Campos Córdova(desde la curul): A favor.

La diputada Frine Soraya Córdova Morán(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Márquez Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Morales Flores (desde la curul): A favor.

El diputado José Soto Martínez (desde la curul): A favor.

La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves(desde la curul): A favor.

El diputado Darío Zacarías Capuchino (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina(desde la curul): A favor.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot(desde la curul): A favor.

El diputado Domitilo Posadas Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Roy Argel Gómez Olguín(desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel Rocha Piedra (desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Bautista Villegas(desde la curul): A favor.

La diputada María Rebeca Terán Guevara(desde la curul): A favor.

La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Terán Juárez(desde la curul): A favor.

El diputado Eduardo Román Quian Alcocer(desde la curul): A favor.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song(desde la curul): A favor.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León(desde la curul): A favor.

El diputado José Noel Pérez de Alba(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún(desde la curul): A favor.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga(desde la curul): A favor.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares(desde la curul): A favor.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez(desde la curul): A favor.

El diputado Valentín González Bautista(desde la curul): A favor.

La diputada Angelina Carreño Mijares:A favor.

La diputada Maricela Velázquez Sánchez: A favor.

El diputado José González Morfín: A favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés:A favor.

El diputado Marco Alonso Vela Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde a curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: ¿Podría repetir su nombre, diputada otra vez y el sentido de su voto?

La diputada María del Carmen Ordaz Martínez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, son 433 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y el inciso c) del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por el diputado Federico González Luna Bueno.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen negativo, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha veintinueve de abril de dos mil trece, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó en sesión ordinaria la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha doce de septiembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La exposición de motivos de la iniciativa de referencia da cuenta de la importancia que tiene el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en nuestra historia, como muestra de libertad, unión, solidaridad, honor e independencia de todas las mexicanas y mexicanos, siendo estos los símbolos más representativos de identidad como nación.

Por su parte, dada la importancia y representatividad, también se menciona el significado del Himno Nacional, reconocido oficialmente en 1943 en Diario Oficial de la Federación por el Presidente Manuel Ávila Camacho, así como la expedición de la ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, incluyendo un capitulo exclusivo para el himno Nacional, su letra y música.

El proponente en su exposición exalta los símbolos patrios, ya que son estos los que nos identifican ante otros países, caracterizándonos como mexicanos, representado nuestra historia, aportando lazos de pertenencia y elementos de reconocimiento entre iguales. Asimismo, cuando se rinden honores a la Bandera y es entonando el Himno Nacional, es inevitable no sentir ese fervor por nuestra nación.

En este sentido propone reformar el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a fin de que en los encuentros deportivos de cualquier índole celebrados en territorio nacional, se ejecute el Himno Nacional y se rindan los honores a la bandera señalando que, para su realización, se estará a lo dispuesto en el reglamento respectivo.

Consideraciones

1. El artículo 42 de Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece:

El Himno Nacional sólo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores tanto a la Bandera Nacional como al presidente de la República. En estos dos últimos casos, se ejecutará la música del coro, de la primera estrofa y se terminará con la repetición de la del coro.

De lo anterior se desprende de manera muy específica cuando debe interpretarse el Himno Nacional en actos exclusivamente solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo.

2. Asimismo, el artículo 59 del mismo ordenamiento prevé:

En encuentros deportivos de cualquier índole, que se celebren dentro del territorio nacional, el abanderamiento y la ejecución del Himno Nacional, así como el uso de la propia Bandera, se ajustarán a las determinaciones del reglamento respectivo.

3. En este caso se define claramente cómo ejecutar el Himno Nacional y honores a la Bandera en encuentros deportivos de cualquier índole, precisando que esto debe ajustarse a lo que establezca el reglamento respectivo.

4. Es importante mencionar la ausencia de dicho reglamento en la actualidad, por lo que no es posible definir los diferentes encuentros deportivos y la calidad solemne a que se refieren, a su vez no existe autoridad alguna encargada de catalogar dichos encuentros deportivos, diferenciando cualquier actividad deportiva con un evento deportivo solemne o de competencia a nivel nacional o internacional, por lo que, de acuerdo al artículo 38, la interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad, por lo que es necesario en primera instancia establecer el reglamento respectivo.

5. Para esta comisión es clara la obligación de llevar a cabo honores a nuestros símbolos patrios de manera leal, patriótica y armoniosa realizándolos como lo mandata el ordenamiento; coincidimos con el proponente que es muy emotivo ver a la Bandera ondear en la Plaza de la Constitución, en las escuelas, en las dependencias, en actos deportivos internacionales, sin embargo el culto a los símbolos patrios no debería implicar fanatismos o patrioterismos.

6. En cuanto a la importancia que representa el hecho de que el respeto por el país y por los símbolos patrios se fomenten también entre los deportistas, es necesario definir el acto deportivo como tal, ya sea como representantes dignos de nuestro país ante el extranjero o como competencia a nivel nacional dando a su vez su debida solemnidad que requieren los símbolos patrios, los deportistas y los mismos asistentes.

7. En lo que concierne a los niveles educativos es importante recordar que el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales señala:

Las autoridades educativas federales, estatales y municipales dispondrán que en las instituciones de enseñanza elemental, media superior, se rindan honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio de labores escolares a una hora determinada en ese día durante la mañana, así como al inicio y fin de cursos.

Así la solemnidad adecuada es normada en los días y horas específicos como lo manda la ley, por lo que no es necesario realizarlos en actividades deportivas que día a día podrían realizarse en las comunidades estudiantiles estudiantil recordando que una de las actividades primordiales dirigidas a los alumnos es Educación Física, sin que éstas tengan una solemnidad cívica.

8. En este sentido, esta comisión no considera viable lo que busca la presente iniciativa en cuanto a ejecutar el Himno Nacional y rendir honores a la Bandera Nacional en los encuentros deportivos de cualquier índole que se celebren dentro del territorio nacional mientras no se cree el ordenamiento respectivo para regular dichos actos deportivos brindado la solemnidad especifica que exige cada acto deportivo a nivel nacional e internacional.

9. Es importante señalar que el rendir honores a la Bandera y entonar el Himno Nacional Mexicano es un acto cívico de pertenencia nacional, de identidad y de orgullo sin que esto se vuelva un exceso innecesario restándole la solemnidad y respeto que dichos símbolos requieren, por lo que es necesario sujetarse a lo que la ley respectiva señala y, por supuesto, en cuanto a los actos deportivos que así lo requieren, entonar con gran entusiasmo y lealtad nuestro Himno Nacional Mexicano.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentada por diputado Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el veinticuatro de abril de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a doce de septiembre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando González de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORIAS CIUDADANAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas.

Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II; 157, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo procedió a elaborar el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.El 4 de diciembre de 2012, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas.

Segundo. En la fecha referida, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero. El 3 de julio del año en curso, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública remitió a este órgano legislativo opinión de impacto presupuestario de la iniciativa en estudio, la cual fue aprobada en su séptima reunión ordinaria, celebrada el 25 de junio de 2013.

II. Contenido de la iniciativa

Primero.La diputada proponente manifestó en la exposición de motivos esencialmente lo siguiente:

(...) México necesita y requiere trasparencia, pero una trasparencia que sea avalada por los mismos ciudadanos, ya que la población está cansada de que sea organismos gubernamentales quienes velen por la trasparencia y por el adecuado manejo de los recursos públicos y la administración pública.

México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual desde el primer artículo señala tres intrínsecas finalidades que son la promoción y fortalecimiento de las medidas para prevenir y combatir la corrupción, el fomento de la cooperación internacional en la materia con un serio precepto de integridad, así como un enfoque de que los Estados deben y necesitan rendir cuentas y llevar una debida gestión de los asuntos y bienes públicos.

Por esto y en cumplimiento de la convención citada es preciso dar cabida a la ciudadanía de una forma directa en la trasparencia, opinión y revisión del ejercicio del gasto presupuestal y la cuenta pública.

Es ya muy probado que un Estado, no es conformado sólo por los poderes de la Unión, sino que requiere una firme y directa intervención de la ciudadanía para poder lograr una correcta soberanía y gobernabilidad que permita a sus gobernados tener, pero sobre todo sentir, la tranquilidad que sus impuestos están siendo utilizados correctamente para la atención y satisfacción de sus necesidades inmediatas.

La lucha contra la corrupción evidentemente se encuentra vinculada al debido ejercicio de la función pública y por ello es preciso comprometernos con la creación de las figuras necesarias para brindarle a la ciudadanía la certeza de que sus funcionarios públicos son los administradores de los recursos gubernamentales que deben velar por el beneficio social y en pro del beneficio para la nación.

Guillermo R. Aureano y Graciela Ducatenzeile han denominado la corrupción como “el abuso de autoridad con fines privados”, definición que se ha utilizado en diversos foros internacionales, y para lograr su erradicación se requieren además los esfuerzos institucionales que el Estado mexicano pueda lograr, una participación ciudadana de diversos sectores sociales que coadyuven con los entes públicos que detentan el poder administrativo del recurso económico nacional.

Las instituciones gubernamentales a lo largo de la historia no han podido erradicar este mal social denominado corrupción, continúa siendo un grave problema latente en nuestro país en los diferentes niveles de gobierno, local, estatal y municipal y por ello crear las figuras de contralores ciudadanos permite que la ciudadanía pueda intervenir e ingerir con los funcionarios públicos que administran los recursos de los ciudadanos mexicanos.

La corrupción es un problema que no sólo consiste en enriquecer a algunos ejerciendo este abuso de autoridad”, sino que demerita la calidad de los servicios públicos suministrados por los gobiernos, lo que conlleva a una deficiente calidad de vida para el pueblo de México.

La corrupción alienta la mala calidad en obras públicas, programas sociales, merma la eficiencia de la misma administración pública, promueve conductas ilícitas, lo cual conlleva a que México sea víctima de las deficiencias ocasionadas por este cáncer social que a la fecha no se ha logrado erradicar.

En efecto, la corrupción se centra principalmente en el uso de recursos públicos y la conducta de los funcionarios públicos, pero también es necesario mencionar que la responsabilidad expresamente es atribuible a la sociedad civil, incitan a actuar indebidamente a los servidores públicos, por lo que es de subrayar que este fenómeno social, no puede verse desde una limitada visión en el sentido de que los servidores públicos son los únicos responsables y es por ello de vital importancia involucrar a la ciudadanía en la erradicación de la corrupción.

En diversos países de Sudamérica se han creado veedurías ciudadanas conformadas de asociaciones y sectores de la población que inciden directamente como observadores y hasta como consejeros de las entidades que ejercen los presupuestos gubernamentales, estas figuras han logrado una reducción significativa de la corrupción y han obtenido como resultado la trasparencia en el ejercicio de la administración pública.

Corrupción significa desde su origen, en latín corrompere, “alterar, trastocar la forma de algo”, lo que implica la ruptura del orden público, en un sentido extenso la no conformidad con las normas jurídicas que rigen la convivencia social, lo cual este tema por supuesto es de orden social y no sólo institucional, de ahí que la Ley General de Intervención de Contralores Ciudadanos proponga una participación dinámica clara y contundente para responsabilizar a todos y cada uno de los actores de este fenómeno que merma el crecimiento y desarrollo nacional, lo cual se ve traducido en una deficiente calidad de vida para con nuestros ciudadanos.

La presente iniciativa tiene como principal objetivo dar intervención de forma directa clara y contundente a la ciudadanía, y que ésta pueda participar en la erradicación de la corrupción que ha venido caracterizando el desarrollo de la vida pública del país y con ello que este fenómeno multifactorial se vea drásticamente disminuido y en consecuencia la administración pública brinde mejores servicios y calidad de vida para los mexicanos (...)

Segundo.En síntesis, la iniciativa en estudio prevé en el proyecto de decreto lo siguiente:

• Crear una ley general que tenga por objeto establecer los lineamientos, normas y principios elementales de la selección, participación, funciones y atribuciones, obligaciones, delimitación de la actuación de los contralores ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como en el Distrito Federal y las delegaciones políticas que forman éste.

• Se establece que los contralores ciudadanos tendrán como función preponderante constituir una forma efectiva y eficiente para que la sociedad tenga un control de la gestión de bienes y servicios públicos, combatir la corrupción en la administración pública y trasparentar los manejos de los recursos públicos, así como dar celeridad a la atención de las necesidades primarias de la sociedad.

• Se especifica que el ámbito de aplicación de la ley corresponde a las 32 entidades federativas, así como a los actos legislativos, administrativos, reglamentarios o normativos del Congreso de la Unión y de los congresos locales.

III. Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 18, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados, remitió a esta dictaminadora la siguiente opinión:

Primero.La iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas no tendría impacto presupuestario, debido a que las actividades de las contralorías ciudadanas no implican gasto alguno, ya que su participación será voluntaria y honorífica.

Segundo.La presente opinión se formula, solamente en materia de la competencia de esta comisión.

Tercero.Remítase la presente opinión a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para los efectos a que haya lugar.

Cuarto.Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

IV. Consideraciones

Primera.Atento a la exposición de motivos y al proyecto de decreto de la iniciativa de mérito, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo legislativo realizado por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, en pro de la transparencia y el combate de la corrupción a través de la participación ciudadana mediante la opinión y revisión del ejercicio del gasto público presupuestal y la cuenta pública; no obstante, la propuesta planteada en sus términos deviene inviable, debido a que requiere que previamente se cuente con un fundamento constitucional que sirva de marco para la aplicación de ley; lo anterior para respetar así el pacto federal y soberanía de las entidades federativas, así como la competencia del orden de gobierno municipal, como se explicará enseguida.

Por otra parte, este órgano dictaminador considera para el estudio de la iniciativa de mérito la opinión remitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Segunda.La iniciativa de mérito propone expedir la “Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas”, por lo que es oportuno realizar las siguientes precisiones:

a) Actualmente, la Carta Magna prevé en el artículo 41, primer párrafo, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y, por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución federal y las particulares de los estados, las que no podrán contravenir las disposiciones del Pacto Federal; y, más adelante, en su artículo 124, establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.

El artículo 115, fracción II, primer párrafo, de la ley suprema establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Por su parte, el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h) de la Constitución federal establece como facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos , participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio.

Se advierte también que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación; que los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática; así, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. También indica que habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal; y que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participacióny consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo.

Con base en lo anterior, se colige que existe una concurrencia entre la federación, las entidades federativas, así como de los municipios, respecto a la materia de participación ciudadana.

Si bien puede considerarse que la participación ciudadana es el género y génesis de las “contralorías ciudadanas”, propuesto en la iniciativa objeto de análisis; y que por en consecuencia cada nivel de gobierno pueda ejercer sus facultades legislativas, jurisdiccionales y ejecutivas en su respectivo ámbito de competencia, también, no es menos cierto que la Constitución no prevé expresamente la figura de las contralorías ciudadanas.

Resulta interesante para efectos de lo antes descrito y el siguiente ejemplo: en la capital de la república existe la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; se establece en los artículos 1o. y 2o. lo siguiente:

Artículo 1o.Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general en materia de participación ciudadana.

El presente ordenamiento tiene por objeto instituir y regular los instrumentos de participación y los órganos de representación ciudadana; a través de los cuales los habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal, con el fin primordial de fortalecer el desarrollo de una cultura ciudadana.

Artículo 2o. Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana, así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la ciudad capital.

b) Una ley general, es una norma expedida por el Congreso de la Unión que distribuye competencias entre los distintos niveles de gobierno (federal, local y municipal) en las materias concurrentes y sienta las bases para su regulación; argumento que tiene sustento en la tesis jurisprudencial cuyo rubro se intitula: “Leyes locales en materias concurrentes. En ellas se pueden aumentar las prohibiciones o los deberes impuestos en las leyes generales”.

La pretensión de la iniciativa estriba en que se expida una norma cuya naturaleza jurídica sea la de una ley general; no obstante, para que se emita una ley general, deben cumplirse los siguientes requisitos:

I. El poder revisor de la Constitución debe renunciar expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, para delegarla en el Congreso de la Unión.

II. La federación tendrá un poder de dirección en la materia, de forma primaria en la capacidad de expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres niveles de gobierno y definan, en su caso, las relaciones de coordinación y de colaboración.

III. Deberá emitirse por el Congreso de la Unión con base en las cláusulas constitucionales.

IV. La norma general podrá incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos del Estado mexicano.

V. No deberá agotar la regulación de la materia respectiva, sino que son plataforma mínima desde la que las entidades federativas pueden basarse para emitir sus propias normas, atendiendo a su realidad social.

VI. Su objeto será distribuir las competencias sobre un mismo tema entre los distintos órdenes de gobierno y sus respectivos poderes, de forma que se repartan las obligaciones y deberes de la federación, entidades federativas y los municipios, para atender de forma íntegra la materia.

Tercera.Por tanto, para que el poder revisor de la norma suprema renuncie de manera expresa a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas del Estado mexicano y sea delegada al Congreso de la Unión para que este emita la ley general con arreglo a las cláusulas constitucionales, es menester que previamente se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se otorguen de manera expresa facultades al Congreso de la Unión para expedir dicha ley general.

Ello es así pues, en términos del artículo 124 de la Carta Magna, las facultades que no están expresamente concedidas en esta Constitución a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados.

En ese orden de ideas, debe tomarse en consideración la tesis aislada que el pleno del más alto tribunal ha emitido y cuyo rubro se intitula “Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional”, pues de ésta se desprende que las leyes generales son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

En ese orden de ideas, conforme a la redacción constitucional actual, el Congreso de la Unión no posee facultades para crear una ley general en materia de un sistema nacional de contralorías ciudadanas que rija en los tres niveles de gobierno. Por ello, de aprobarse la propuesta de reforma implicaría una violación al pacto federal previsto por el artículo 124 de la norma suprema de toda la Unión.

Cuarta.Aunado a lo anterior, por cuanto hace al proyecto de decreto, se realizan las siguientes observaciones:

• La participación de los contralores ciudadanos en los términos en que se plantea en la iniciativa, en materia de contrataciones públicas ya se encuentra regulada en el ámbito federal con mayor precisión y alcances en la figura de testigos sociales, prevista tanto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículos 2o., 26 Ter y 56) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (artículos 2o., 27 Bis y 74) y sus correspondientes reglamentos.

• En los artículos 38 y 39 del proyecto se señala que las licitaciones, los concursos y las invitaciones que no cumplan las disposiciones de la ley que se pretende emitir serán nulos y tendrán que volver a publicarse siguiendo las disposiciones y los ordenamientos que dicha ley señale. Lo que resulta contradictorio a las disposiciones federales contenidas en tanto en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pues en éstas se establecen puntualmente los requisitos que deben cumplirse para que se lleven a cabo los procedimientos de contratación.

Finalmente y en virtud de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción no consideramos viable la iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas, motivo por el cual se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas.

Segundo .Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Jurisprudencia P./J. 5/2010, de la novena época, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, febrero de 2010, página 2322, cuyo rubro refiere: “Leyes locales en materias concurrentes. En ellas se pueden aumentar las prohibiciones o los deberes impuestos por las leyes generales”.

2 Tesis aislada P. VII/2007, de la novena época, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, página 5, cuyo rubro refiere: “Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes, secretarios; Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada, Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica).»

«Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas, presentada por la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII; 45, numeral 6, inciso e) y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 18 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 149, numeral 2, fracción II; 157, numeral 1, fracción IV; 158, numeral 1, fracción IV y IX; Y 175, numeral 1, fracción III, inciso e) del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa anteriormente descrita al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El 12 de diciembre de 2012, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante de la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas.

II. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa –materia de la presente opinión– tiene como objetivo, propiciar la intervención directa de la ciudadanía en la aplicación de los recursos públicos, y la forma como estos se ejercen, a través de las figuras de contralores ciudadanos, cuyas funciones principales serán vigilar, supervisar y garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público y de esta forma crear las condiciones para que la sociedad tenga control sobre la gestión de bienes y servicios públicos; ésta vigilancia será practicada sobre entidades de cualquier nivelo sector de la administración y sobre organizaciones no gubernamentales que cumplan funciones públicas buscando con esto combatir la corrupción en la administración pública de los diferentes niveles de gobierno.

Se contempla en el Titulo Primero, las Disposiciones Generales en donde se plantea el establecimiento de los lineamientos, normas y principios de la selección, participación, funciones, atribuciones, obligaciones y delimitaciones de la actuación de los Contralores Ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como en el Distrito Federal y las delegaciones políticas que conforman a éste, haciendo referencia en su artículo 19, que la participación de los contralores ciudadanos será de manera voluntaria y su colaboración de manera honorifica.

En el Titulo Segundo se hace mención de los lineamientos para poder participar como contralor ciudadano, así como de sus funciones y designación, dentro de los procesos de licitación, concursos e invitaciones de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de la administración pública, el Capítulo II de este mismo título, hace referencia de la participación de los contralores ciudadanos como coadyuvantes de la sociedad en la toma de decisiones del ejercicio del presupuesto gubernamental, así como de los lineamientos para su posible elección, ya que estos serán los que ejercerán la vigilancia en el ámbito nacional, estatal y municipal, aportando opiniones o visto bueno en la realización de algún proyecto que requiera el ejercicio del presupuesto público.

El Título Tercero Capítulo I, refiere las causas de los impedimentos, renuncias y factores que pudieran interferir en la participación o cese de las funciones de los contralores ciudadanos.

El Título IV, Capítulo 1 señala las funciones de los entes públicos, ante la elaboración, licitación de alguna obra pública, adquisición o contratación de servicio, a fin de que la participación de los contralores ciudadanos se realice conforme lo determina el reglamento y la normatividad de la iniciativa. En el Capítulo II se determinan las funciones de los legislativos federales y locales.

Consideraciones

Para la elaboración de la presente opinión, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante oficio con fecha 14 de diciembre de 2012, la valoración del impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas.

Esta comisión recibió la valoración por dicho centro el 25 de enero de 2013, que sirve de base para este documento.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en la valoración de impacto presupuestario emitida por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, y derivado del análisis realizado a la Iniciativa, observa que ésta no tendría un impacto presupuestario ya que la iniciativa únicamente establece la participación ciudadana.

Lo anterior, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

• La participación de los contralores ciudadanos es voluntaria y su colaboración será de manera honorifica con la administración pública en sus diferentes órganos de gobierno.

• En la iniciativa únicamente se establece la normatividad y lineamientos para la participación de la ciudadanía en la gestión de bienes y servicios públicos, con la única finalidad de vigilar el adecuado manejo de los recursos y la administración pública.

Opinión

Primero. La iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Contralorías Ciudadanas, no tendría impacto presupuestario debido a que las actividades de las Contralorías Ciudadanas no implica gasto alguno, ya que su participación será voluntaria y honorífica.

Segundo. La presente opinión se formula, solamente en materia de la competencia de esta comisión.

Tercero. Remítase la presente opinión a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para los efectos a que haya lugar.

Cuarto. Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de junio de 2013.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), presidente; Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Maime (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Carol Antonio Altamirano, María del Socorro Ceseñas Chapa, Jorge Salgado Parra, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), secretarios; Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Kamel Athie Flores (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Salvador Romero Valencia, Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, José Martín López Cisneros, Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Tomás Torres Mercado.»

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8, fracción I, incisos a) y g), de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 29 de abril de 2013, el diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, para dictamen mediante número de expediente 1973.

3. A partir del martes 14 de mayo de 2013, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

4. A partir del sábado 13 de julio de 2013, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la iniciativa fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

5. El viernes 12 de julio de 2013 mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0740, y con fundamento en el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva autorizó la prórroga solicitada por esta comisión para dictaminar la iniciativa con expediente 1973 hasta por noventa días más, contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Fernando Charleston Hernández, con número de expediente 1973, busca que se reforme el artículo 8, fracción I, incisos a) y g), de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Con dicha iniciativa se pretende que “el titular de la Secretaría de Desarrollo Social quien debe presidir la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud”.

Lo anterior, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, atiende a la necesidad de dar respuesta y sentido a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación.

El citado decreto señala dentro su artículo Único, lo que a la letra se inserta:

Artículo Único. Se reforman los artículo 1o., segundo párrafo; 7o; 8o; 10; 13, primer párrafo; 16, primer párrafo; 25; 26; 27; 31, fracciones XII, XIX, XXI, XXIV, y XXV; 32 fracciones I, II, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 41 y 51; se adicionan los artículos 31, con las fracciones XXII, XXVI, XXVII,, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV; 32, con las fracciones VII y VIII y el 44 y se derogan los artículos 30 Bis; 32, fracciones XIV, XV y XVIIXIV, XV y XVII; y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue...

El diputado promovente señala que, de acuerdo al artículo en mención, se restablece la estructura de la administración pública, categoriza adecuadamente a los organismos vigentes en los ámbitos centralizado, desconcentrado y paraestatal, y redefine los múltiples procesos y mecanismos de decisión de gobierno, constituyendo el primer paso relevante que permitiría al nuevo gobierno llevar adelante su gestión sustentada en la configuración de un gobierno debidamente coordinado, eficaz y orientado a resultados.

Por ello, el diputado sustenta que dentro de los cambios efectuados a las dependencias de la administración pública federal, se encuentra la reorganización de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social cuyo objetivo es coordinar las políticas enfocadas a la atención y desarrollo pleno, entre otras, de la niñez, adolescencia y jóvenes, con el objeto de que todos los órganos que al respecto fueron creados para la atención de dichas políticas, quedaran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social.

III. Proceso de análisis

De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas, en el mundo actualmente hay más de mil millones de jóvenes entre 15 y 29 años, lo cual representa alrededor del 14 por ciento de la población mundial total. En México según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los jóvenes de México de entre 12 y 29 años de edad, son 36.2 millones de individuos, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 millones son mujeres. De esta manera, los jóvenes conforman una tercera parte de la población total en México.

La importancia de la juventud como actores principales en la sociedad se ha visto incrementada durante los últimos años en los diferentes sectores económicos, sociales y políticos, por ello el gobierno mexicano tiene la obligación de responder ante las necesidades de los jóvenes quienes representan una considerable proporción de la población total mexicana, así como de la población económicamente activa. Es palpable la necesidad de una pronta respuesta de las instituciones gubernamentales a las demandas urgidas por los jóvenes mexicanos.

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social tiene como tarea el dar impulso integral al sentido de las políticas sociales mediante el planteamiento de una estrategia que, además de continuar combatiendo la pobreza, se ocupe de generar mejores mecanismos de integración entre mexicanas y mexicanos, a fin de consolidar una sociedad plenamente incluyente y sin discriminación. De este modo en el caso de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la Secretaría de Desarrollo Social debe observar y demandar la debida protección de sus derechos así como el reconocimiento de sus necesidades específicas a fin de que el Estado y la sociedad en su conjunto les garanticen la igualdad de oportunidades que requieren para su pleno desarrollo como individuos.

Es por lo anterior que por decreto de ley corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social coordinar las políticas enfocadas a la atención y desarrollo pleno, entre otras, de la niñez, adolescencia y jóvenes. Con dicho objetivo, todos los órganos que al respecto fueron creados para la atención de dichas políticas, quedaron sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social.

Fuentes Bibliográficas

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Código Civil de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

• Encuesta Nacional de Juventud 2010, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

• Censo de Población Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.

IV. Consideraciones

Con base en el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:

Cabe señalar que desde su creación, el Instituto Mexicano de la Juventud dependió de la Secretaria de Educación Pública. No fue sino hasta el pasado 29 de marzo cuando, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, el Instituto Mexicano de la Juventud pasó a ser un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social y con ello deja de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública. Con las recientes reformas, se considera oportuno que el presidente de la junta directiva del instituto sea el secretario de la cabeza de sector, en este caso el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

No obstante a lo anterior, cabe mencionar que en el mes de mayo, durante la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Juventud, derivado de la Iniciativa presentada por el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, se aprobó un dictamen por el que se reformó el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, aprobada en el mismo sentido de la iniciativa que en este dictamen se analiza. Que a la letra dice lo siguiente:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 1 y 8, fracciones I y II, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 1....

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez miembros propietarios:

a) El secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá;

b) a f)...

g) El secretario de Educación Pública;

h) a j)...

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, quien deberá tener el nivel de director general adjunto o equivalente, y

II. Siete miembros más que serán:

a) a c) ...

Estos siete miembros formarán parte de la Junta Directiva a invitación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, durarán en su encargo un año y serán designados de acuerdo al procedimiento que se señale en el Estatuto Orgánico.

...

En virtud de lo anterior, la comisión ha tenido a bien desechar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en virtud de que el tema fue abordado por otra iniciativa previa que ya ha sido dictaminada en sentido favorable.

V. Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, fracción I. inciso a, e inciso g de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre de 2013.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura, Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico, Zuleyma Huidobro González, María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica) Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Heberto Neblina Vega (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 1 y adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

“Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adicionan un tercer párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”,recibida por esta Cámara colegisladora, en fecha 29 de abril de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el lunes 29 de abril de 2013, los secretarios de la LXII Legislatura, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia en es el siguiente:

1. En fecha 3 de noviembre de 2011, el entonces senador Carlos Navarrete Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal del Protección al Consumidor en materia de publicidad denigrante para la mujer.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. Seguido su trámite legislativo, en fecha 27 de noviembre de 2012, el dictamen correspondiente fue aprobado por ambas comisiones.

3. Con fecha 2 de abril de 2013, el dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores en dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo del artículo 32 de la Ley Federal del Protección al Consumidor.

4. En fecha 29 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, resolvió enviar la minuta de referencia a esta Comisión de Economía para su estudio y dictamen.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía, es competente para conocer sobre la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo del artículo 32 de la Ley Federal del Protección al Consumidor.

Segunda. La minuta de referencia tiene por objeto:

• Establecer como principio básico en las relaciones de consumo, además de la actuales, la protección contra la publicidad engañosa, abusiva o que muestre estereotipos degradantes para la mujer.

• Establecer que para los efectos de la ley, se entienda por información o publicidad que muestre estereotipos degradantes para la mujer aquella que presente hechos, acciones, símbolos o expresiones que atribuyan o asocien características denigrantes, exclusión, sumisas, racistas, de burla hacia lo femenino.

Tercera. Que el dictamen favorable a la Iniciativa referida realizado por las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, establece que:

Consideraciones:

La exclusión en los espacios sociales importantes favorece la idea de un modelo dominante que debe controlar y evitar el desarrollo del otro género. Al mismo tiempo se fomenta una violencia sistemática que coloca a más de la mitad de la población en situación de vulnerabilidad.

En los tiempos donde prevalecen los medios de comunicación electrónicos, de manera destacada la televisión y la radio, la publicidad que se difunde en los medios de comunicación, cada niño o niña, mujer u hombre reciben mensajes que abundan en una posición subordinada de las mujeres, sumisas y por lo mismo queridas por figuras masculinas.

En la publicidad, la mujer que presenta intelecto figura muchas veces como una persona inestable emocionalmente, frívola o nada tierna, pero sobre todo con un propósito de venganza o con antecedentes de haber sido beneficiada por dejarse someter sexualmente.

Los medios de comunicación son susceptibles de transmitir estereotipos de género y contribuir a los mismos mecanismos que distintas leyes e institutos tratan de frenar.”

Cuarta. Los diputados que integran la Comisión de Economía de la LXII Legislatura, coinciden con el senador proponente en la necesidad de fortalecer la dignidad y el respeto hacia las mujeres, sin embargo consideran que el objeto de la iniciativa se encuentra regulado en diversas disposiciones y su aplicación se encontraría restringida a la necesaria existencia de una relación de consumo.

Quinta. La Ley Federal de Radio y Televisión, prevé en su artículo 10 que es facultad de la Secretaría de Gobernación vigilar las transmisiones de radio y televisión para que estas se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral.

Artículo 10. Compete a la Secretaría de Gobernación:

I. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos;

...

De ellos se desprende que es facultad de la Secretaría de Gobernación, vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres.

Sexta. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, el cual debe contener las acciones con perspectiva de género para vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia para favorecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.

Séptima. El artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, faculta a la Procuraduría para la aplicación de medidas precautorias por conductas discriminatorias pudiendo ordenar la suspensión de información o publicidad.

Artículo 25 Bis. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;

II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el artículo 98 Ter de esta ley;

III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios;

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya determinado fehacientemente por la autoridad competente que ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores;

V. Colocación de sellos e información de advertencia, y

Fracción reformada DOF 19-08-2010

VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta Ley.

Las medidas precautorias se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la Procuraduría y dentro del procedimiento correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; así como cuando se advierta que se afecta o se puede afectar la economía de una colectividad de consumidores en los casos a que se refiere el artículo 128 Ter o cuando se violen disposiciones de esta ley por diversas conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como: el incumplimiento de precios o tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y por publicidad o información engañosa. En el caso de la medida precautoria a que se refiere la fracción IV de este precepto, previo a la colocación del sello e información respectiva, la Procuraduría aplicará la medida a que se refiere el artículo 25, fracción I, de esta ley, salvo el caso de que se encuentre en riesgo el principio señalado en la fracción X del artículo 1 de la presente ley. Tales medidas se levantarán una vez que se acredite el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En su caso, la Procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto.

Párrafo reformado DOF 19-08-2010

Los proveedores están obligados a informar de inmediato a las autoridades si determinan que alguno de sus productos puede implicar riesgos para la vida o la salud de los consumidores.

Octava. Los integrantes de la Comisión de Economía consideran que el objeto de la iniciativa se encuentra regulado en diversas disposiciones como las previamente señaladas, considerando resaltar que su aplicación se encontraría restringida a la existencia de una relación de consumo.

Por lo expuesto, la Comisión de Economía, y para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, remitida por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre de 2013.

La Comisión de Economía, diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Salvador Romero Valencia, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Eloy Cantú Segovia, osé Ignacio Duarte Murillo, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica en abstención), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

LEY SOBRE LA APROBACION DE TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA ECONOMICA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 y adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Economía de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada la iniciativa que reforma artículo 1 y adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, presentada por el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 80 fracción II, 81, numeral 1, 85, 157, fracción II, 176, 182, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, una vez analizado el contenido del proyecto en comento, la Comisión de Relaciones Exteriores, somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. El 2 de abril de 2013, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha fue turnada a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Economía para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido

Propone reformar el artículo 1 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, para clarificar el objeto de la misma y adicionar una fracción VII al artículo 3 para disponer que para la aprobación de un tratado se deba buscar el beneficio del sector productivo nacional.

Metodología

Las comisiones realizaron el análisis de la iniciativa en comento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos, asimismo, tuvo en cuenta el proceso legislativo actual por el que se expide una nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados y que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, aprobada por el pleno del Senado de la República el 13 de abril de 2010 y por el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 26 de abril de 2012 y que fue devuelto en la misma fecha a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Primera. Estas Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía son competentes para emitir el presente dictamen de conformidad con la normatividad citada en el proemio de este dictamen.

Segunda.Se destacan a continuación algunas de las consideraciones planteadas en la exposición de motivos:

El iniciante considera que es necesario realizar una modificación para esclarecer el objeto de esta ley.

Además, plantea adicionar una fracción VII al artículo 3, para establecer dentro de los objetivos generales que se deben observar para llevar a cabo la aprobación de un tratado, el beneficio del sector productivo nacional.

En opinión de estas comisiones, este propósito ya se encuentra reflejado en las fracciones II a V del referido artículo y resultaría innecesaria la inclusión correspondiente.

Por otra parte, se destaca que actualmente se encuentra en proceso legislativo, una nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados’ y la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, aprobada por el pleno del Senado de la República el 13 de abril de 2010 y por el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 26 de abril de 2012 y devuelto en la misma fecha a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (aprobación de las modificaciones).

Por lo anterior, resultaría innecesario y nugatorio dictaminar favorablemente esta iniciativa al estar por concluirse el proceso legislativo de la nueva Ley que abroga la que ahora se pretende modificar.

Conclusiones

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía, con base en las argumentaciones y reflexiones anteriormente expuestas, someten a consideración del pleno del honorable Cámara de Diputados los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 1 y adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley Sobre Aprobación de de Tratados Internacionales en Materia Económica.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Angelina Carreño Mijares, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Noé Hernández González (rúbrica), Salvador Romero Valencia, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica en contra), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo, Eloy Cantú Segovia, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano, Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica)»

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157 numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 23 de enero de 2013, los senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa referida fuera turnada a las Comisiones de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

3. El Senado de la República, en sesión del 24 de abril de 2013, aprobó el dictamen correspondiente; se instruyó la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta correspondiente fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 29 de abril de 2013; fue turnada a la Comisión de Gobernación para estudio y dictamen.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponen el contenido de la minuta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

1. La credencial de elector está prevista como el instrumento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, de conformidad con lo previsto en los artículos 6o. y 176 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reglamentarios de lo dispuesto en el artículo 36 constitucional, fracciones I y III.

2. Es facultad y obligación del Instituto Federal Electoral, como autoridad en la materia, expedir la credencial para votar a los ciudadanos que cumplan los requisitos que establezca la ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 176, numeral 1, y 180 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. Como se menciona en la minuta que se dictamina, la credencial para votar ha tenido diversas evoluciones en cuanto a su formato, elementos de seguridad y datos de identificación. Lo anterior, con el propósito de perfeccionar los principios de certeza y objetividad que rigen la materia electoral.

4. La credencial de elector ha tenido un uso generalizado como medio de identificación por la población, aun cuando no es ésta su naturaleza, toda vez que está previsto un documento de identidad para la población mexicana en la cédula de identidad ciudadana. Al respecto, es de considerarse que la implantación de la cédula de identidad ciudadana, el Registro Nacional de Población y el Sistema Nacional de Identificación Personal obedece a los mandatos legales contenidos en diversos instrumentos nacionales, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Población, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Reglamento de la Ley General de Población y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

5. Dicho régimen jurídico materializa el derecho humano a la identidad, pues otorga a los mexicanos un medio de identificación oficial que sirva para acreditar fehacientemente su identidad, en congruencia con los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño.

B) Valoración de la minuta

1. El objeto de la iniciativa contenida en la minuta pretende la inclusión de los datos relacionados con la calidad de donador de órganos y del grupo sanguíneo. La colegisladora coincide con la proponente en señalar que la credencial para votar es actualmente un documento de identificación de amplio reconocimiento y uso por la población mexicana. Asimismo, señala que no implicará el planteamiento de mayor erogación de recursos públicos, pues su modificación e intercambio se llevarán a cabo de manera paulatina.

2. Los integrantes de la Comisión de Gobernación hacen suyas las valoraciones de la colegisladora en cuanto al amplio uso de la credencial para votar como instrumento de identificación de los ciudadanos. Sin embargo, es cierto también que dicha credencial, como ha quedado de manifiesto en las consideraciones generales, tiene como naturaleza legal servir para ejercer el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos y no como un documento de identidad donde se consigne la voluntad manifiesta para ser donador o bien algún dato biométrico como es el tipo sanguíneo del titular.

3. Por lo anterior se desvirtúa el sentido de la credencial de elector con la iniciativa propuesta y atribuye cargas a la autoridad electoral de naturaleza distinta de las que le han sido encomendadas en la Constitución y la legislación secundaria. En efecto, de obsequiarse el contenido de la minuta en sus términos se transformarían los fines del Registro Federal de Electores en uno de identificación similar al Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

4. Esta comisión también considera que la implantación de dicha modificación del Registro Federal de Electores y la modificación del formato de la credencial para votar implican un impacto presupuestal que debe determinarse a fin de valorar la idoneidad de aquélla en el instrumento que se propone modificar o, si más bien, es recomendable su utilización en la cédula de identidad personal.

5. Por lo anterior, los miembros de la comisión no consideran viable la reforma que propone la minuta que se dictamina, pero reafirman su compromiso con la cultura de la donación de órganos y de sangre a favor de la salud de los mexicanos y su promoción y materialización a través de los instrumentos idóneos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. Devuélvase al Senado de la República para los efectos precisados en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:

1 Artículos 97, 98 y 111 de la Ley General de Población, así como 53 a 55 del Reglamento de Ley General de Población.

2 Artículos 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley General de Población.

3 Artículo 27, fracción XXXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4 Artículo 36, fracción I, de la CPEUM.

5 Artículos 1, 2, fracción I, 26 y 27, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

6 Artículos 85, 86, 87, 97, 104 y demás aplicables de la Ley General de Población.

7 Artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

8 Capítulo IV del Reglamento de la Ley General de Población.

9 Artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

10 Artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre.

11 Artículo 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

12 Artículo 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

13 Artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Niño.

14 Artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 12 de septiembre de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último de los asuntos, remítase a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 16:19 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 26 de septiembre de 2013, a las 11 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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