Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 336 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 11:24 horas): Se abre la sesión.

AMENAZAS A LA DIPUTADA ZULEYMA HUIDOBRO GONZALEZ

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Aurora Aguilar. Dígame, diputada ¿con qué objeto?

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez(desde la curul): Presidente, gracias por el uso de la voz. El artículo 61 de la Constitución y el 22 de la Ley Orgánica de esta soberanía establecen que es obligación del Presidente de la Cámara garantizar la integridad de todos los miembros de la misma. Nosotros como grupo parlamentario pedimos, Presidente, se ejerzan todos los medios que estén a su alcance para dar cumplimiento a este precepto. Lo digo ante lo dicho por la diputada Zuleyma Huidobro en medios de comunicación respecto a haber recibido amenazas. El PAN exige se cumpla este precepto, señor presidente.

No podemos permitir que a miembro alguno de esta Cámara se le amenace. Rechazamos este tipo de conductas delictivas que ponen en riesgo no sólo la integridad de una persona, sino que vulneran a la Cámara de Diputados en su totalidad. Tampoco podemos permitir —y rechazamos categóricamente— acusaciones temerarias y carentes de cualquier elemento de evidencia contra otros compañeros o compañeras como es el caso de la diputada Margarita Saldaña, para quien exigimos respeto.

Es absolutamente inadmisible que se pretenda sin prueba alguna acusar a otra compañera, porque eso no sólo daña el honor de una persona, eso daña las relaciones parlamentarias que siempre deben ser respetuosas, serias, y apegadas a nuestro marco de derecho.

Margarita Saldaña se ha distinguido a lo largo de su vida, de su trayectoria, y hoy como diputada presidenta de la Comisión de Cultura, por su estricto apego a la transparencia, sin tintes partidistas, y sólo buscando el mayor beneficio para aquellas organizaciones que están comprometidas con el desarrollo de la cultura en México.

Para la diputada Zuleyma Huidobro ofrecemos nuestra solidaridad. A nuestra compañera Margarita Saldaña nuestro absoluto respeto y nuestro total y absoluto respaldo. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Esta Presidencia hace suyo su llamado y expresa su solidaridad con la diputada Zuleyma Huidobro y por supuesto el respeto de esta Presidencia a la diputada Margarita Saldaña. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Sonido en la curul de la diputada Zuleyma Huidobro. Dígame, diputada, con qué objeto.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Gracias, presidente. Para agradecer a la diputada Beatriz sus palabras y las muestras de solidaridad de su partido hacia mi persona y mi familia.

Por lo que respecta al tema de corrupción en la Secretaría Técnica de la Comisión de Cultura, presenté desde el día martes una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República y será ella la que tendrá que resolver, analizar e investigar en su momento si las acusaciones y las denuncias presentadas por organizaciones civiles son ciertas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted. Esta Presidencia estará muy atenta al tema y queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

HUELGA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila. Dígame, diputado, con qué objeto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Ciudadano presidente, en el momento procesal oportuno, antes de aprobarse el orden del día de esta sesión de la Cámara de Diputados, quiero proponer a esta asamblea sea incluido en esta sesión un asunto de singular importancia sobre la educación. Me refiero a la situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Zacatecas, misma que tiene varios días en huelga.

Lo que propongo es que esta Cámara pueda enviar un exhorto al gobierno federal, al gobierno estatal para que de manera urgente se instale una mesa de negociación para la búsqueda de una solución integral a la problemática que viene padeciendo la UAZ y puedan los maestros, los alumnos y los trabajadores retornar a clases y sus actividades.

Que el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, el gobernador del estado, el rector, los sindicatos de trabajadores y maestros puedan dialogar y buscar soluciones para levantar la huelga de inmediato.

Espero que el PRI, el PAN, el Verde, el Panal, por supuesto el PT aprueben el que se incluya en el orden del día este tema y que lo consideremos de obvia y urgente resolución para que de inmediato pueda buscarse la solución a la problemática de la UAZ, levantar la huelga, reanudar actividades en esa máxima casa de estudios.

Ustedes deben saber que soy egresado de esa facultad, me siento orgulloso por ello, de la Facultad de Derecho de la UAZ. Después en la UNAM realicé estudios de posgrado, y por eso es mi preocupación, por la situación por la que atraviesa mi universidad en Zacatecas.

Ojalá y podamos debatir y acordar este exhorto para una solución inmediata a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Monreal. Esta Presidencia toma nota de su solicitud, y en términos del artículo 65 del Reglamento estaremos atentos a lo que resuelva la Junta de Coordinación Política.

AMENAZAS A LA DIPUTADA ZULEYMA HUIDOBRO GONZALEZ

La diputada María del Rocío Corona Nakamura(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada María del Rocío Corona Nakamura. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María del Rocío Corona Nakamura (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. En primer término, nos solidarizamos con cualquier legislador que pueda ser susceptible de un agravio. En el Grupo Parlamentario del PRI estaremos muy pendientes del tema y de las pruebas que se aporten para sustentar cualquier acusación.

Pero queremos puntualizar que no avalamos condenas mediáticas. La aspiración que como legisladora quiero expresar es que haya un deslinde de responsabilidades, una plena garantía a cualquier legislador susceptible de un agravio, y que no haya un linchamiento mediático en tanto no se cuente con pruebas para sustentar cualquier acusación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada María del Rocío Corona Nakamura. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

HUELGA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

La diputada Judit Magdalena Guerrero López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Judit Guerrero. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Judit Magdalena Guerrero López(desde la curul): Gracias, señor presidente. También, claro, para sumarme a la propuesta del diputado Ricardo Monreal, pero también dejar constancia de que hay un esfuerzo ya del gobierno federal y del gobierno del estado, tanto a través del ISSSTE como de la Secretaría de Educación Pública.

Estamos ya instalados, tanto en mesas de trabajo para ver los adeudos que tiene nuestra universidad y en la Secretaría de Educación, para ver las pertinencias de las plazas. Y claro que son bienvenidos todos los esfuerzos para que destrabemos un problema tan elemental en nuestra entidad, como es el de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, de la que varios de los diputados que estamos aquí somos egresados.

Dar pues la bienvenida a esa propuesta, sumarnos a ella, pero dejar constancia que hay un esfuerzo ya del gobierno federal y del gobierno del estado en este sentido y que estamos instalados en mesas para plantear alternativas a esta problemática.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada. Esta Presidencia toma nota y estaremos atentos a lo que resuelva la Junta de Coordinación Política.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 27 de febrero de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Mario Alberto Dávila Delgado y Fernando Bribiesca Sahagún

En relación a retiros de iniciativas con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Solicitud de licencia

De la diputada Roxana Luna Porquillo.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley de senadores

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y del Código Fiscal de la Federación, presentada por los Senadores Fernando Torres Graciano y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el Tercer Párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12; 17, primer párrafo; y 18 fracción III de la Ley Agraria.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, y por el que se modifica su denominación para quedar como Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de equidad.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 3o. de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39, 48 y 54 de la Ley General de Turismo.

Agenda política

Comentarios relativos a la detención de Joaquín Guzmán Loera, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 Bis-6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34, 35, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yenesia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Laura Ximena Martel Cantú y Manlio Fabio Beltrones Rivera, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Tomás Torres Mercado, Ana Lilia Garza Cadena y Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 159 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 54 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Abel Octavio Salgado Peña y Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 66 y 67 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 5o. de la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Isaías Cortés Berumen, Rosalba Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamont y Carla Alicia Padilla Ramos, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 22 y 180 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4-B de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 39-A de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 61 y 185 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Sonora, para que difunda el estado que guarda el Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que lleve a cabo las acciones necesarias, a efecto de impulsar en el seno de la ONU, la creación de una Convención para proteger los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrito por los diputados Genaro Carreño Muro y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la SE y de la Sagarpa, se apoye a los productores de hule del país, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la deuda de los estados y municipios en el 2013, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, solucione el colapso del Puente Tamaca y se reinicien los trabajos para la terminación del Paso Superior Tamaca, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEGOB, para que difunda la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2012, para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la revisión de la compra del avión presidencial en la Cuenta Pública 2012, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS, para que a la brevedad cumpla con las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en materia de seguridad en minas subterráneas de carbón, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que se atienda, investigue y resuelva lo correspondiente, a fin de garantizar que las resoluciones y su actuación tengan la misión integral de diversificar la competencia y mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, para que atienda la resolución en torno al caso de Alberta Alcántara y Teresa González, sobre indemnización por el proceso ilegal del que fueron objeto, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, de los Grupos Parlamentarios Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato del C. Jesús Flores Cruz por la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que difunda el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, así como su postura oficial para cada uno de los capítulos, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticinco de febrero de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y un diputadas y diputados, a las once horas con diez minutos del martes veinticinco de febrero de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad, y desde sus respectivas curules, realizan comentarios sobre el Orden del Día y sobre diversos temas legislativos las diputadas y los diputados: Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Néstor Octavio Gordillo Castillo, y Raúl Gómez Ramírez, ambos del Partido Acción Nacional; así como Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace comentarios.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios en Junta Directiva e integrantes de Comisiones Ordinarias y Especiales. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) De los diputados:

• Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que sus iniciativas con proyecto de decreto presentadas los días quince y veinticuatro de octubre de dos mil trece:

– Que reforma los artículos diez y veintiocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

– Que reforma el capítulo quinto y el artículo veintiuno de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sea retirada de la Comisión de Asuntos a Grupos Vulnerables.

• Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo noventa y tres de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentada el diez de diciembre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia, presentada el dieciocho de febrero de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Economía.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que remite acuerdo por el que se integra el Grupo de Trabajo encargado de dar Seguimiento y Evaluar el Ejercicio del Presupuesto comprendido en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil catorce, denominado “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, alusivo al poeta Octavio Paz. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

• Con la que remite diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.

e) De la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores, con la que remite Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma y adiciona los artículos doscientos setenta y tres de la Ley del Seguro Social, doscientos catorce de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y cinco de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Que reforma las fracciones sexta, séptima, y décimo tercera, del artículo siete; la fracción primera del artículo veintiséis, la denominación del Capítulo Séptimo y el segundo párrafo del artículo treinta de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Que reforma el inciso a) de la fracción segunda, la fracción quinta, y se adiciona un inciso m) a la fracción primera y los incisos a), b) y c) a la fracción quinta, del artículo cuatro de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Que reforma los artículos siete, once, y diecinueve de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica y adiciona el diverso, relativo a la propuesta para la inclusión de los procedimientos que regularán el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Se somete a discusión e intervienen en pro los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, ambos de Movimiento Ciudadano; y en contra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. Acto seguido, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, que en votación no se acepta, de la misma manera se aprueba el acuerdo en sus términos. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra en el Salón de Sesiones una delegación de senadores del Grupo de Amistad Francia-México, de la República Francesa, que preside el Senador Gérad Cornú, e integrada por los senadores Jean Marc Pastor y Bernand Saugey, acompañados por la señora Elizabeth Beton, embajadora de Francia en México.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación que declara al dos mil catorce como “Año de Octavio Paz”. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Vivienda, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Tomás López Landeros. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano; y Edilberto Algredo Jaramillo, del Partido de la Revolución Democrática.

A las doce horas con un minuto, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta diputadas y diputados.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos trece votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De Justicia, que reforma los artículos cuatrocientos dieciséis del Código Civil Federal y ochenta del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta propuesta de modificación, que en votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se acepta y se incorpora al dictamen; Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional; y Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veintisiete votos a favor; y seis abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la Asamblea, el proyecto de decreto que reforma los artículos cuatrocientos dieciséis del Código Civil Federal y ochenta del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Educación Pública y Servicios Educativos, que dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal Digitalizado de sus publicaciones. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María Guadalupe Mondragón González. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas; de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

y Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal Digitalizado de sus publicaciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Transparencia y Anticorrupción, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Areli Madrid Tovilla. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica García Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional; y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos quince votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo, en votación económica se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados:

a) De Comunicaciones:

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuente con una sola clave de marcación.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a continuar con el proceso de licitación de decodificadores y antenas digitales para la segunda etapa de la transición a la Televisión Digital Terrestre.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se ponga en marcha una campaña informativa donde se expongan las consecuencias de adquirir un televisor analógico.

b) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por los que se exhorta al Ejecutivo del estado de Baja California, al Ayuntamiento de Ensenada, y dependencias federales, a realizar una revisión a fondo y en su defecto abrogar la modificación hecha al proyecto del Reglamento de Zonificación y uso de suelo en los Valles Vinícolas de la zona norte de Ensenada.

c) Del Distrito Federal:

• Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y diversas autoridades, a instruir la realización de campañas de difusión, respecto del trámite y sanciones penales por delitos de acoso y/o abuso sexual cometidos a bordo del transporte público.

• Por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que implemente un programa de fácil acceso, para el ascenso y descenso en trolebuses, camiones y microbuses.

• Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a garantizar la política de vivienda para combatir el rezago existente en la ciudad.

d) De Recursos Hidráulicos, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y otras autoridades, a considerar el aprovechamiento sustentable de plantas acuáticas como factor de competitividad y conservación de recursos hídricos.

e) De Recursos Hidráulicos, por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que coordine y realice las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en las entidades federativas.

f) De Relaciones Exteriores:

• Relativo a la decisión del Congreso y del gobernador del estado de California, de aprobar legislación a favor de los derechos de los inmigrantes indocumentados.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, inicie negociaciones para la actualización de los lineamientos generales que correspondan a cambio climático y desarrollo sustentable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que incorpore en su agenda binacional con los Estados Unidos de América, la realización de los proyectos de modernización y de la infraestructura fronteriza, incluyendo la construcción de un Segundo Puente Internacional, en Ciudad Acuña, Coahuila, y atender los propósitos del proyecto denominado alianza “Ports to plains” al que dicha entidad se ha adherido.

g) De Transparencia y Anticorrupción:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detenga las actividades y políticas que representan un gasto excesivo al erario público, como los dieciocho Juegos Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente.

• Por los que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que agilice la revisión del ejercicio del presupuesto correspondiente al dos mil doce en el Comisión Nacional para la Cultura y las Artes.

• Para exhortar al Presidente de la República, a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y a los Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de Petróleos Mexicanos para que se transparenten los procesos de las licitaciones públicas para la contratación de los servicios de laboratorios clínicos y bancos de sangre en estas dependencias.

h) De Protección Civil:

• Por los que se exhorta a las autoridades competentes a nivel Federal, Estatal y Municipal del estado de Baja California, a informar respecto al estatus legal de la Compañía de Gas de Tijuana, Sociedad Anónima de Capital Variable, o “Zeta Gas”, y respecto al nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la población asentada en sus alrededores.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que emita el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

• Relativo a la responsabilidad de diversas autoridades por los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel.

i) De Seguridad Pública, por el que se exhorta a diversas autoridades, para que atiendan la obstrucción de la correcta administración pública en diversos municipios del estado de Guerrero, derivado de las amenazas a las instituciones públicas por parte de grupos del crimen organizado.

j) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a los congresos y poderes ejecutivos de las entidades federativas, emprendan las acciones requeridas a fin de incorporar tecnologías tendientes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de vivienda.

k) De Derechos Humanos, por el que se exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que atienda la recomendación número 23/2013 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el caso presentado por la inadecuada atención médica en agravio de V1, en los hospitales de especialidades número setenta y uno en Coahuila y General de Zona número uno, en Zacatecas.

l) De Infraestructura, relativo a la ampliación del tramo carretero comprendido a partir del Puente San Pedro, en los límites de los estados de Tabasco y Campeche, y el municipio de Champotón, de la Carretera Federal ciento ochenta.

m) De Recursos Hidráulicos, relativo a la operación de la Presa Hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, ubicada en Acapulco de Juárez, Guerrero.

n) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Gobierno del estado de Morelos, para que atiendan las necesidades de saneamiento del Río Apatlaco.

o) De Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que atienda las quejas y sugerencias de directivos de escuelas y padres de familia del estado de Nuevo León.

p) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que atiendan las necesidades de saneamiento del Río Lagos, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a expedir la NOM que establezca los límites permisibles de presencia de manganeso en el aire.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la CONANP, se realicen acciones en beneficio del “Parque Nacional Barranca del Cupatitzio”.

q) De Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública haga del conocimiento público los indicadores utilizados por el programa para determinar el monto de la transferencia presupuestaria, evaluación de su ejercicio y acciones implementadas en el programa PROMAJOVEN.

r) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca, estado de Puebla.

s) De Igualdad de Género, por los que se exhorta al Ejecutivo estatal, al Congreso y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, realicen las acciones necesarias para prevenir, detener y atender la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios.

t) De Igualdad de Género, por los que se exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que iluminen sus respectivas sedes de color naranja, en el marco de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas, para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres.

u) De Cambio Climático, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de diversas autoridades, hagan de conocimiento público los resultados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egreso de la Federación dos mil trece, en el rubro del cambio climático y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación considere su revisión en dos mil catorce.

v) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del estado de Guerrero, a respetar y hacer efectivos los decretos presidenciales por los que se declara Zona Forestal Vedada al cerro El Huixteco, en el municipio de Taxco, Guerrero.

w) De Trabajo y Previsión Social:

• Por el que se exhorta a los gobiernos locales y del Distrito Federal a instalar por sus Secretarías de Trabajo o de Asuntos Laborales las comisiones estatales de productividad.

• Por los que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a instalar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Por el que se exhorta al Gobierno Federal y al sector empresarial, a fin de implementar programas que den oportunidad de empleo digno y justo a los egresados de licenciaturas universitarias y tecnológicas.

x) De Transportes:

• Para exhortar al Gobierno del Estado de Yucatán, a revertir y detener los aumentos a las tarifas del transporte público en la entidad servicio seguro, eficiente y sustentable para los ciudadanos.

• Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México para que promueva ante la Concesionaria Mexiquense, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa del Grupo OHL, la instalación de infraestructura sanitaria en los tramos carreteros que forman el Circuito Exterior Mexiquense.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo relativos a iniciativas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Juventud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

b) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ciento cuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados.

c) De Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete, dieciocho, y ochenta de la Ley Agraria.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Purificación Carpinteyro Calderón, Fernando Belaunzarán Méndez, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen y a la Comisión de Competitividad, para opinión.

• Raquel Jiménez Cerrillo y José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Maria del Rocio Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo setenta y siete Bis dieciocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos doscientos treinta y cuatro, y doscientos treinta y seis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo doscientos dos Ter al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo cuatrocientos dos Bis y reforma el artículo tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento veintitres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento uno de la Ley del Seguro Social. Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta y nueve-B del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo octavo de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, que reforma el artículo doscientos setenta y dos Bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo dieciséis de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos trece, catorce, y diecisiete-A de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos segundo, tercero, cuarto, y quinto de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento diecinueve de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veinticinco y veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noveno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General del Seguro Universal de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

• Martha Gutiérrez Manrique, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a incluir en los planes y programas de estudio del nivel básico de educación, la asignatura de autoestima, a fin de contribuir en la formación de ciudadanos con valores democráticos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, por el que esta soberanía se congratula por la realización de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días trece y cartorce de febrero en Nayarit, México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Presidente de la República, para que reconsidere el nombramiento del Director de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a las instancias de seguridad pública de las entidades federativas y del Distrito Federal, a garantizar la seguridad pública en la red carretera nacional. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, a esclarecer de forma pronta y expedita, el asesinato de Arturo Rivera Olivera, quien fungía como Coordinador de Movimiento Ciudadano, en el municipio de Metlatonoc, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, a constituir un Fondo para desarrollar en los municipios del país programas de educación musical. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, a fin de impulsar políticas públicas y programas sociales tendientes a generar espacios laborales adecuados para las personas con discapacidad que fueron desplazadas de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que elabore el reglamento del Título Octavo Bis, “De Los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”, de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los congresos de los estados de Michoacán, Chihuahua y Baja California Sur, a fin de que expidan las disposiciones necesarias para regular y penalizar el delito de Feminicidio. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, Eufrosina Cruz Mendoza y Miriam Cárdenas Cantú, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, para que se comprometan a preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como observar el cumplimiento irrestricto del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados, respectivamente. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Diputados de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California, a dar continuidad a la declaratoria de área natural protegida al humedal “La Lagunita” en Ensenada, en esa entidad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Dulce María Muñiz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que por medio de la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, brinde apoyo, orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleve a cabo la construcción de jagüeyes y de otros mecanismos de captación de agua. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se realice la consolidación de las áreas de servicio local en el país, así como una revisión del Plan Nacional de Numeración, a fin de que cada zona metropolitana cuenten con una sola clave de marcación. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Salud, para que redoble los esfuerzos para la atención de la población afectada por el virus de la influenza estacional. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a garantizar y vigilar el cumplimiento de las leyes, normas y programas que tiendan a mejorar la calidad de los servicios de salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, se instrumenten las acciones de salud pública y de atención médica necesarias para frenar el crecimiento de la tasa de morbilidad y, sobre todo, la de mortalidad provocada por el virus de la influenza A(H1N1) en todo el país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves veintisiete de febrero de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y seis minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.Pasamos al siguiente asunto.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva este medio para saludarle; asimismo, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted de la manera más atenta su amable intervención a efecto de que se retire de la Comisión de Salud, como asunto turnado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por un servidor, la cual presenté el 12 de noviembre de 2013.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención brindada al presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2014.— Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me permito dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta se realicen los trámites requeridos para que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 22 de octubre de 2013 y turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad de Género, sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención, no sin antes aprovechar para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.— Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

PRODUCTO MANZANA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3001, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.-III.-039/2014 suscrito por el licenciado Flavio Varela Pineda, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a disminuir los puntos de entrada de manzana del exterior, en acuerdo con los productores nacionales, para tener mejor control de las importaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de febrero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En relación al oficio número SELAP/UEL/311/172/14, le remito a usted para su conocimiento, el oficio número 800-00-00-00-00-2014-572, que hace llegar al suscrito, el licenciado Marco Flavio Rigada Soto, administrador central de Normatividad Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, dando respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 4 de febrero del actual, mediante el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en base a sus funciones, disminuya los puntos de entrada de manzana del exterior, de acuerdo con los productores nacionales, para tener mejor control de I.as importaciones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 20 de febrero de 2014.— Licenciado Flavio Varela Pineda (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Flavio Varela Pineda, jefe de la Unidad de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Hacinda y Crédito Público.— Presente.

Se hace referencia al oficio número SELAP/UEL/311/172/14, de la Unidad de Enlace Legislativo de la Segob, por el cual se comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el pasado 4 del actual, en el que en su acuerdo tercero exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, para que con base en sus funciones, disminuya los puntos de entrada de manzana del exterior, de acuerdo con los productores nacionales, para tener mejor control de las importaciones.

En atención al punto de acuerdo referido, nos permitimos informar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, fracción I, de la Ley Aduanera, el Servicio de Administración Tributaría (SAT) cuenta con facultad para señalar las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías que al efecto se establezca mediante reglas, y conforme al Anexo 21 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior se establecen las aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías.

Con base en lo anterior, el proceso para la definición de aduanas exclusivas para el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías, el cual tendría como consecuencia la reducción en el número de puntos por donde puede ingresar la mercancía a territorio nacional, requiere que el interesado, ya sea un ente público o privado, formule una propuesta fundamentada y motivada ante el SA T que permita tomar dicha determinación sin generar afectaciones al comercio. En este sentido, contar con una justificación por parte del interesado permite que el SAT evalúe la conveniencia de realizar dicha acción en coordinación con otras autoridades competentes.

En el caso de la manzana, consideramos que dicho procedimiento debe ser consensado previamente con la Secretaría de Economía, que es la autoridad competente en el establecimiento de las restricciones para artículos de importación y exportación, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo anterior se solicita

Único. Tener por atendido el punto de acuerdo de referencia.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2014.— Licenciado Marco Flavio Rigada Soto (rúbrica), administrador Central de Normatividad Aduanera.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

RECURSOS DESTINADOS A COMBATIR EL HAMBRE EN LOS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE GUERRERO AFECTADOS POR LOS FENOMENOS INGRID Y MANUEL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-947, signado por el diputado José González Morfin, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGANC/051/2014, suscrito por la ciudadana María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y comisionada para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a agilizar la aplicación de insumos y recursos destinados a combatir el hambre en los municipios y comunidades indígenas de estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de febrero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al atento oficio número SEL/300/1774/13, de fecha 6 de diciembre de 2013, por el cual se remitió el punto de acuerdo aprobado el 03 de diciembre de 2013, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de su competencia, agilice la aplicación de insumos y recursos destinados a combatir el hambre en los municipios y comunidades indígenas del estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Al respecto, me permito anexar al presente copia simple número SDSH/DGS/214/027/2014 de fecha 7 de enero de 2014, signado por el M en F. Eriko Flores Pérez, director general de Seguimiento de la Subsecretaría de desarrollo Social y Humano, perteneciente a esta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF., a 20 de febrero de 2014.— María Evangélica Villalpando Rodríguez (rúbrica), abogada General y Comisionada para la Transparencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciada María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada General y Comisionada para la Transparencia.— Presente.

En atención a las instrucciones del licenciado Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, y en relación a su oficio número DGANC/252/2013, mediante el cual la Subsecretaria de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación hace del conocimiento, el punto de acuerdo aprobado el 30 de octubre de 2013, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el ámbito de su competencia, agilice la aplicación de insumos y recursos destinados a combatir el hambre en los municipios y comunidades indígenas del estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Al respecto anexo al presente los comentarios, en torno a la presentación de dicho punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 7 de enero de 2014.— M. en F. Eriko Flores Pérez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Comentarios en torno al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relativo a

“ Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de su competencia, agilice la aplicación de insumos y recursos destinados a combatir el hambre en los municipios y comunidades indígenas del estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Sobre el particular se comenta lo siguiente:

• En el mes de septiembre de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con sus Delegaciones en la entidad federativa afectada por los fenómenos meteorológicos, desplegó una estrategia de atención especial, primero para identificar la magnitud de los daños y de su incidencia en la población afectada, a partir de lo cual se implementaron diversas acciones, las cuales se refieren a continuación:

• Se revisó junto con las Delegaciones de la SEDESOL en el estado de Guerrero, qué programas de desarrollo social y humano sumaron acciones y recursos para atender la problemática derivada de los daños causados por las lluvias. Asimismo se giraron instrucciones a las Unidades Administrativas responsables de los programas de desarrollo social y humano, para que en el ámbito de su competencia y con base en la normatividad establecida, brindaran atención inmediata a las solicitudes de acceso de la población guerrerense a los beneficios de los programas.

• La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios implementó el Programa de Empleo Temporal Inmediato en el estado de Guerrero en virtud de la presencia de lluvias severas ocurridas por el paso de la Tormenta Tropical Manuel. Al cierre del Operativo implementado para la atención de la emergencia, se identificaron 65,459 viviendas afectadas en 74 municipios. Se realizó una entrega de apoyos total por un monto de $73,548,030, para un total de 59,073 beneficiarios.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

RIESGOS AMBIENTALES, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE REPRESENTA EL PROYECTO DRAGON MART CANCUN

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 62-II-2-1097, signado por el senador Fernando Herrera Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/ 279 /2014, suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los riesgos ambientales, económicos y sociales que representa el proyecto Dragón Mart Cancún.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 25 de febrero de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención al oficio número SELAP/300/092/14, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y donde solicita se envíe en un plazo de quince días hábiles información relativa a los riesgos ambientales, económicos y sociales que representa el proyecto Dragon Mart Cancún.

Al respecto, se hacen las siguientes precisiones:

1. El predio donde se realizan los trabajos de construcción del mencionado proyecto, de acuerdo con la página web de Dragon Mart Cancún y el documento Estudio de impacto ambiental Profepa,descargado del mismo sitio, se encuentra a la altura del kilómetro 333 de la carretera federal 397, Cancún-Puerto Juárez, municipio de Benito Juárez, Qrintana Roo, a 3,400 m de distancia de la línea de costa, con una elevación aproximada de 15 msnm, determinada mediante Google Earth.

2. De acuerdo con los mapas de índice de peligro y de grado de riesgo por presencia de ciclones tropicales, elaborados por la Subdirección de Riesgos Hidrometeorológicos, el municipio de Benito Juárez tiene un índice de peligro alto y un grado de riesgo muy alto.

3. El mapa de peligro por marea de tormenta, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, debido a un ciclón tropical que impacte perpendicularmente la línea de costa, indica que la costa de frente del predio antes mencionado, puede estar sometida a alturas de marea de tormenta de 2.4 m, con un período de retorno de 155 años, generadas por una tormenta tropical y un huracán categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, respectivamente, a lo que hay que sumar la altura del oleaje.

4. En relación con la amenaza por viento, y de acuerdo con el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, se pueden presentar vientos con velocidades entre 180 y 190 km/h para una altura de terreno de 10 m y un período de retorno de 200 años.

Por lo anterior, el complejo Dragon Mart Cancún estará expuesto, en una zona de peligro alto, principalmente a viento intenso y lluvia, que produciría inundaciones pluviales. Respecto al oleaje y marea de tormenta, que producirían inundaciones costeras, se considera que, por su elevación, el complejo no llegaría a ser afectado.

Asimismo, se sugiere a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hacer las consultas pertinentes a las autoridades municipales para conocer los aspectos técnicos del diseño y construcción de dicha obra, por medio de la licencia de construcción expedida por el ayuntamiento, así como el tipo de uso de suelo existente en el predio de referencia, definido por el Programa de Desarrollo Urbano vigente. El conocimiento de estos dos aspectos contribuirá a integrar la información necesaria para la elaboración del diagnóstico correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2014.— Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

PROGRAMA 65 Y MAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-5-1385, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGANC/ 050/ 2014, suscrito por la ciudadana María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y comisionada para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo al exhorto para que los adultos mayores beneficiarios del programa 65 y Más reciban atención digna y oportuna ante la problemática actual que se presenta en las ventanillas de la dependencia mencionada, así como ampliar el plazo de registro y dar cobertura a 100 por ciento de los solicitantes que cubran los requisitos de ese programa social, de igual manera se agilice la apertura con la mayor brevedad de dichas ventanillas en todo el país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de febrero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, encargado de la Unidad de Enlace Legislativo.— Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al atento oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 120/ 14, de fecha 30 de enero de 2014, por el cual se remitió el punto de acuerdo, aprobado el 29 de enero del año en curso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que los adultos mayores beneficiarios del programa 60 y Más reciban atención digna y oportuna ante la problemática que se está suscitando en las ventanillas de la secretaría, además solicita se amplíe el plazo de registro en ventanillas dicho programa, así como dar cobertura a 100 por ciento por último también se exhorta a dar apertura con la mayor brevedad a las ventanillas que fan atención en todo el país a los adultos mayores beneficiarios en el programa de referencia.

Al respecto, me permito anexar al presente copia simple del oficio número SDSH/ DGS/ 214/ 078/ 2014, de fecha 11 de febrero de 2014, signado por el M. en F. Eriko Flores Pérez, director general de Seguimiento de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, perteneciente a esta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de febrero de 2014.— María Evangélica Villalpando Rodríguez (rúbrica), abogada General y Comisionada para la Transparencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciada María Evangélica Villalpando Rodríguez, abogada general y Comisionada para la Transparencia.— Presente.

En atención de las instrucciones del licenciado Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano, y con relación a su oficio número DGANC/ 028/ 2014, de fecha 7 de febrero de 2014, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo, perteneciente a la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 29 de enero del año en curso, presentado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el cual “exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que los adultos mayores beneficiarios del programa 65 y Más reciban atención digna y oportuna ante la problemática actual que se presenta en las ventanillas de la secretaría mencionada, además solicita que se amplíe el plazo de registro en ventanillas por dicho programa, así como dar cobertura a 100 por ciento, por último también exhorta a dar apertura con la mayor brevedad a las ventanillas que dan atención en todo el país a los adultos mayores beneficiarios en el programa de referencia”.

Al respecto, anexo al presente los comentarios en torno de la presentación de dicho punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 11 de febrero de 2014.— M. en F. Eriko Flores Pérez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Comentarios en torno del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión relativo a

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que en el ámbito de sus facultades los adultos mayores beneficiarios del programa 65 y Más reciban una atención digna y oportuna ante la problemática actual que se presenta en las ventanillas de la secretaría mencionada.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar el plazo de registro en ventanillas para el programa 65 y Más.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cobertura a 100 por ciento de los solicitantes que cubran los requisitos del programa 65 y Más.

Cuarto.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a dar apertura con la mayor brevedad a las ventanillas que dan atención en todo el país a los adultos mayores beneficiarios del programa 65 y Más.

Sobre el particular se comenta lo siguiente:

• En cuanto al numeral primero del citado punto de acuerdo, la planeación del Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM) prevé la instalación de las sedes de atención en una localidad a la que las aledañas puedan acudir sin mayor esfuerzo, facilitando a los beneficiarios el traslado, tomando en cuenta su condición de adultos mayores, y que en muchas ocasiones no cuentan con las facilidades de trasladarse de un lugar a otro; la estrategia referida busca garantizar que ningún beneficiario del programa se quede sin recibir el apoyo correspondiente por razones de tiempo o distancia. Asimismo, el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar a los adultos mayores el derecho a la integridad, dignidad y preferencia a una vida con calidad, por lo que es obligación de las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

• Respecto al numeral segundo del punto de acuerdo en comento, le informo que de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4, “Criterios de selección de las reglas de operación del programa vigentes”, el orden de incorporación de los adultos mayores al padrón activo de beneficiarios del programa se realizará cronológicamente de acuerdo con la fecha de registro y hasta donde lo permita la disponibilidad presupuesta. Asimismo, se establece en el numeral 4.2.1, “Promoción del programa”, de las reglas citadas, que la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios con base en las estimaciones de bajas de los adultos mayores y la disponibilidad presupuestal, determinará el momento en que se cierre el proceso para la identificación de nuevos beneficiarios, así como los periodos de incorporación.

• Con relación al numeral tercero del punto de acuerdo de mérito, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1 de las reglas de operación multicitadas, la cobertura del programa es nacional, por lo que todo adulto mayor que cumpla los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en el numeral 3.3 y llevando a cabo el trámite de incorporación correspondiente referido en el numeral 4.2.3 y en términos de los numerales 3.4 y 4.2.1 todos de las reglas de operación referidas, podrá obtener el carácter de beneficiario del programa.

• En razón del numeral cuarto del mencionado punto de acuerdo, al respecto, los servicios de comprobación de supervivencia dieron inicio el 7 de enero de 2014, en todo el territorio nacional, mediante la captación de los registros en papel y brindando el servicio únicamente en las instalaciones de las delegaciones y oficinas de la Sedesol en cada entidad federativa. La apertura de las sedes de atención para llevar a cabo el trámite de comprobación de Supervivencia se llevó a cabo el 16 de enero de 2014 y la instalación de las mesas de atención el 22 de enero del presente año. En la microplaneación de comprobación de supervivencia, para enero se estimaron 316 ventanillas; sin embargo, con el propósito de fortalecer la atención para febrero se incrementaron 26 más, para llegar a 342 ventanillas a nivel nacional y garantizar que en todas las localidades mayores de 30 mil habitantes se cuente con una sede de atención.

México, DF, a 11 de febrero de 2014.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

DESCUENTO PERMANENTE DE 50 POR CIENTO A LOS LIBROS EDITADOS CON RECURSOS PUBLICOS POR UNIVERSIDADES, EL CONACULTA, EL FCE Y LA SEP

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 62-II-4-1240 signado por el senador Fernando Herrera Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0178/14 suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión, de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a considerar implantar un subsidio a los libros producidos por las instituciones del Estado, cuyos productos editoriales dependan de los recursos públicos, para que las comunidades de estudiantes y profesores los adquieran con un descuento permanente del 50 por ciento. Asimismo, implemente una política pública dirigida a fomentar la lectura.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de febrero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/113/14, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relacionado con el exhorto para considerar implementar un subsidio a los libros producidos por las instituciones del Estado.

En virtud de lo anterior, envío copia del oficio número DGPyRF.-40.2-2254, suscrito por el contador público Rodolfo Demetrio Alor Muñoz, director general de Presupuesto y Recursos Financieros de la Oficialía Mayor de esta secretaría, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de febrero de 2014.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Me refiero a su oficio número UR 120 UCE/CECU/ 0114/ 14, a través del cual menciona que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación mediante oficio número SELAP/UEL/311/113/14, le comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 29 de enero de 2014, que señala lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a considerar implementar un subsidio a los libros producidos por las instituciones del Estado, cuyos productos editoriales dependan de los recursos públicos, para que las comunidades de estudiantes y profesores los adquieran con un descuento permanente del 50 por ciento. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y sus homologas en los estados, implementen una política pública dirigida a fomentar la lectura.

Por lo antes expuesto remite el oficio de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se generen los comentarios correspondientes para hacerlos del conocimiento de la Unidad de Enlace Legislativo de la referida secretaría.

Con fundamento en los artículos 20 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 de su Reglamento, así como 11 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, le comento que es interés de esta dependencia cumplir con la Línea de Acción de la Estrategia 3.3.1. del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 consistente en “Diseñar un Programa Nacional que Promueva la Lectura”; así como, con los objetivos establecidos en el artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, entre otros, los que a continuación se mencionan:

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto:

I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura;

II. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas;

V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector;

...

Asimismo, se desea garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, promover la producción de títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros, de géneros y temas variados, para su lectura y consulta en el Sistema Educativo Nacional; así como promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas, tal y como se prevé en el artículo 10, fracciones II, V y VII de la ley antes citada.

Cabe mencionar que en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el apartado Cultura y Educación, se menciona que: “El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su calidad de eje articulador del sistema de administración cultural del país, encabezará los esfuerzos para dar un nuevo enfoque a los campos de acción permanentes de la tarea cultural: patrimonio, promoción y difusión, educación e investigación artística y cultural, estímulo a la creación, fomento al libro y la lectura, medios audiovisuales, culturas populares e indígenas y cooperación cultural internacional”; por lo que con relación a lo previsto en el objetivo 5., Estrategia 5.1.3. llevará a cabo la siguiente línea de acción:

Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral

Estrategias

5.1. Fomentar la educación artística y cultural y crear mayores oportunidades de acceso a la cultura, especialmente para el sector educativo

Líneas de acción

...

5.1.3. Fomentar la lectura como habilidad básica en la superación de la desigualdad.

Respecto a implementar un subsidio a los libros producidos por las instituciones del Estado, para que las comunidades de estudiantes y profesores los adquieran con un descuento permanente del 50 por ciento, esta secretaría en su caso deberá observar y dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 74, 75 y 76, y 170 de su Reglamento; que establecen lo siguiente:

Artículo 74. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes.

...

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio;

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos;

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros;

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento;

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos.

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la secretaría su beneficio económico y social.

Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de este artículo.

Artículo 76. Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la realización de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. Cuando dichas modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una modificación en los alcances de los programas, se requerirá autorización de la Secretaría conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de esta Ley.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Artículo 170. Las dependencias o las coordinadoras de sector deberán incluir en sus presupuestos los subsidios y transferencias que otorguen directamente a las entidades apoyadas y a los órganos administrativos desconcentrados, según corresponda.

Las previsiones para inversión financiera, pago de intereses, comisiones y gastos, y amortización de pasivos, se autorizarán excepcionalmente, siempre y cuando se presente la solicitud a la Secretaría, quien determinará la procedencia, de este tipo de erogaciones.

Derivado de lo anterior, se observa que para que esta Secretaría pueda otorgar el subsidio mencionado, deberá realizar las acciones correspondientes y cumplir con lo dispuesto en los citados artículos, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine la procedencia para la imp1ementación de este tipo de subsidio.

Con relación al exhorto a esta dependencia y sus homologas en los Estados, a que implementen una política pública dirigida a fomentar la lectura; le comento que esta Secretaría en cumplimiento con el artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de manera concurrente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y considerando la opinión del Consejo Nacional para el Libro y la Lectura, lleva a cabo la práctica de las políticas y estrategias que se determinan en el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, estableciendo la coordinación interinstitucional con las instancias de los diferentes órdenes.de gobierno, así como con los distintos sectores de la sociedad civil.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2014.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

ENFERMEDAD DE CHAGAS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1213, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/16/2014, suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a realizar una campaña informativa y de concientización respecto a la prevención y atención de la enfermedad de Chagas, así como a participar y colaborar en la integración del Programa de control de la enfermedad mencionada en México y de la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, encabezado por autoridades de Salud Personal de la Organización Mundial de la Salud, así mismo a que fortalezcan la salud preventiva en el país, como una política transversal, especialmente tratándose de las enfermedades llamadas de la pobreza.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de febrero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/046/14, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en sesión de fecha 15 de enero, la Comisión Permanente del honorable. Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de que realice una campaña informativa y de concientización respecto a la prevención y atención de la enfermedad de Chagas.

”Segundo. La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud, a participar y colaborar en la integración del Programa de control de la enfermedad de Chagas en México y de la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, encabezado por autoridades de Salud Personal de la organización Mundial de la Salud.

”Tercero.- La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud y, a las Secretarías de Salud locales, a que fortalezcan la salud preventiva en el país, como una política transversal, especialmente tratándose de las enfermedades llamadas de la pobreza.”

Al respecto, me permito acompañar oficio número SPPS-CAS-0769-2014 suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2014.— Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud

Licenciada Pilar Torres Canales, directora general adjunta de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

En respuesta a su oficio 170/UCVPS/DGAVS/51/2014, el cual hace referencia al oficio SEL/UEL/311/046/14, suscrito por el maestro. Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa, que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de que realice una campaña informativa y de concientización respecto a la prevención y atención de la enfermedad de Chagas.

”Segundo. La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud, a participar y colaborar en la integración del Programa de control de la enfermedad de Chagas en México y de la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, encabezado por autoridades de Salud Personal de la organización Mundial de la Salud.

”Tercero.- La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud y, a las Secretarías de Salud locales, a que fortalezcan la salud preventiva en el país, como una política transversal, especialmente tratándose de las enfermedades llamadas de la pobreza.”

Me permito enviarle en documento anexo la postura de la subsecretaría de Previsión y Promoción de la Salud realizada en conjunto con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Por lo anterior, me permito enviarle en documento anexo los comentarios por parte de esta Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de febrero de 2014.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En seguimiento al oficio número 0280 del 27 de enero del año en curso en la cual nos notifica sobre el punto de acuerdo que aprobó la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hacemos llegar los comentarios correspondientes.

Primero: La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a fin que realice una campaña informativa y de concientización respecto de la prevención y atención de la enfermedad de Chagas.

En el programa Sectorial de Salud 2013-2018, se destaca como una de las prioridades del área de Enfermedades Transmitidas por Vectores la prevención y el control de la enfermedad de Chagas. A partir de 2014, se contará con recursos en las 15 entidades federativas prioritarias, para acciones promocionales, preventivas y de control de los riesgos de transmisión tanto vectorial. Como transfusional y congénita.

Los 15 estados en los que se fortalecerán las acciones en el componente de Chagas son: Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Segundo: La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a participar y colaborar en la integración del Programa de control de la Enfermedad de Chagas en México y la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, encabezando por autoridades de Salud Personal de la Organización Mundial de la Salud.

Tal como se citó en el punto “primero”, son 15 entidades federativas en las que se fortalecerán las acciones para la prevención y el control de la transmisión tanto vectorial, como transfusional y congénita de Chagas y de esas 15 entidades federativas, diez forman parte de la Región sur Sureste. La Junta de Secretarios de Salud del Sur Sureste dará seguimiento periódico al cumplimiento de dicho programa de fortalecimiento en: Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quinta Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Por lo anterior, se ha estrechado coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la salud quien proporciona anualmente el medicamento antichagásico, y con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para que haga cumplir la obligatoriedad de temizaje para T. cruzi en todos los servicios de transfusión del país.

Tercero: La Comisión Permanente respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud locales a que fortalezcan la salud preventiva en el país como una política transversal, especialmente tratándose de las enfermedades llamadas de la pobreza.

El programa contra la enfermedad de Chagas se ubica actualmente dentro de las prioridades del sexenio, en el eje del gobierno federal “México Incluyente: combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad social”.

Con el objetivo de fortalecer los programas contra las enfermedades de la pobreza se han llevado a cabo distintas actividades no solo en favor de la prevención y control de Chagas, las acciones se han ampliado para reforzar la lucha contra otras de las llamadas “enfermedades del rezago” como las leishmaniasis, la oncocercosis y el tracoma, estas dos últimas en fase de eliminación de la transmisión.

Ese plan de atención para las enfermedades de la pobreza, se aborda con un enfoque integral en los municipios donde se aplica la estrategia de “Lucha contra el hambre”.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Doctor Jesús Felipe González Roldán (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

ACCIONES PARA PREVENIR LA ESPECULACION EN EL ALZA DE BIENES Y SERVICIOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En referencia del oficio número DGPL 62-II-5-1388, expediente número 410, donde se comunica a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la sesión de fecha 22 de enero de 2014, se manifiesta lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef “tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los usuarios”.

Con esta base, y en los términos del artículo 59 Bis 1, que indica que esta comisión puede “realizar las acciones necesarias para tratar de resolver las controversias que se plantean, antes de iniciar con los procedimientos previstos en el título quinto de la ley que rige, para lo cual gestionará ante las instituciones financieras los usuarios, usando para ello cualquier medio de comunicación y proponiendo soluciones concretas a fin de lograr un arreglo pronto entre las partes”. Se implantó un esquema de atención que permitiera agilizar la atención de los asuntos de los trabajadores beneficiarios del sistema de ahorro para el retiro, denominado sistema de gestión electrónica (Sige).

El sistema se desarrolló como una alternativa de solución, para nuestros usuarios; ya que con este mecanismo, el tiempo de espera para obtener una resolución disminuyó considerablemente de 45 a 17 días hábiles y con proporción de 57 por ciento con resolución favorable.

Este esquema fue desarrollado desde 2007; sin embargo, el sector de Afore se integró a partir de junio de 2010, que trabaja con la totalidad de las Afore, que se encuentran en el mercado financiero mexicano.

A través de este esquema de atención, se atienden las principales problemáticas de los trabajadores de una forma directa con la unidad especializada de la institución financiera, realizando procesos electrónicos que agilizan considerablemente la operación, y el obteniendo beneficios concretos en el proceso de solución de las reclamaciones de los trabajadores, al brindar

• Fortalecimiento de la relación con las instituciones financieras, al tener un enlace directo con las áreas operativas para la solución de los asuntos.

• Eliminación de cargas administrativas a las partes involucradas; lo que agiliza el trámite y resolución de los asuntos, al evitar el uso de papeles y demás pasos burocráticos que, en consecuencia, minimiza los tiempos del proceso.

• Disminución de tiempos de atención; al reducir el tiempo de resolución de 45 días en promedio, a 17 días en promedio de todos los sectores, al cierre de 2013.

• Mayor compromiso de las instituciones financieras con sus clientes (nuestros usuarios), al crear competencia entre las instituciones del sector respecto de su servicio.

• Homologación del proceso de atención; se ha logrado homologar nuestra atención a los usuarios de modo que sin importar dónde se encuentren, la atención y resolución del asunto se brindan dentro del mismo marco normativo.

• Mejorara en la comunicación; a través del Sige se mantiene una interacción electrónica que garantiza el adecuado intercambio de datos, entre las partes involucradas (usuario-Condusef-institución financiera).

• Abatimiento de costos y trámites adicionales al usuario; al ahorrarse en fotocopiado de los documentos requeridos, así como evitarse más de una visita a la delegación de la Condusef para conocer de su asunto, ya que su resolución se puede enviar vía correo electrónico.

• Estándares de calidad; al implementar elementos de medición que nos permiten realizar una evaluación constante buscando la mejora continua en conjunto con las instituciones financieras.

A través del Sige se envían electrónicamente las reclamaciones de los usuarios ante cualquier asunto relacionado con:

• Cualquier solicitud no atendida por la Afore.

• Inconformidad con el cálculo o la entrega de sus recursos.

• Inconformidad con el proceso de retiro.

• Inconformidad con el resultado o monto del retiro o el saldo reportado por la institución.

• Retraso en la transferencia o pago del retiro.

• Solicitud de trámite no atendida o no concluida.

• Entre otras cosas.

Asimismo, a partir de marzo de 2012 se estableció un esquema de atención especial con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que permite enviar de forma electrónica los asuntos para su atención, únicamente por las causas siguientes:

• Inconformidad con el resultado o monto del retiro.

• Inconformidad con el traspaso Afore-Afore.

• Información para realizar el trámite no otorgado.

• Negativa por escrito de la Afore para efectuar el reverso de recursos, aun cuando el trabajador acreditó la titularidad.

• Negativa por escrito de la Afore para entregar recursos, aun cuando el trabajador acreditó la titularidad de los recursos.

• Negativa por escrito de la Afore, indicando causas, para realizar la separación de cuentas, aun cuando el trabajador acreditó la titularidad de los recursos.

• Negativa por escrito de la Afore, indicando causas, para realizar la unificación de cuentas, aun cuando el trabajador acreditó la titularidad de los recursos.

• Rechazo de Afore por escrito de no poder hacer dispersión, detallando los motivos, aun cuando el trabajador cuenta con comprobante SUA o haber comprobado aportaciones del patrón.

• Rechazo de Afore por escrito para dar de alta NSS o actualizar datos, detallando causas, aun cuando el trabajador cuenta con certificación de NSS.

• Relacionado con otro sector.

• Separación de cuentas no atendida o no concluida.

• Solicitud de registro no atendida o no concluida.

• Solicitud de trámite no atendida o no concluida.

• Unificación de cuentas no atendida o no concluida.

En el convenio de colaboración se estableció como objetivo brindar atención a través del Sige de las reclamaciones que presenten ante la Condusef los trabajadores, ya sea por trámites y solicitudes atendidas a través de una institución financiera o bien directamente por la Consar.

Cabe señalar que de marzo de 2012 a la fecha se han turnado más de 265 asuntos de la Condusef a la Consar para atender estos asuntos.

Los trámites de disposición de recursos de la cuenta individual de los trabajadores, para su entrega de recursos (total o parcial) se encuentra restringida y regulada con base en las leyes de seguridad social: la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit cuando se trata de recursos de vivienda, y la Ley del ISSSTE en el caso de los trabajadores del Estado, por lo que dichos procesos dependen de las resoluciones que al respecto emitan los propios institutos de seguridad social.

La disposición de estos recursos se asocia a un trámite de pensión que cada trabajador realiza inicialmente ante el instituto de seguridad social que haya cotizado (IMSS o ISSSTE) y este proceso se activa conforme a la resolución que emita dicho instituto, siendo pagadas las pensiones por éstos, por la aseguradora elegida por el trabajador o beneficiario en caso de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia o en su defecto, por la Afore respectiva si el trabajador eligió la opción de retiros programados.

Hasta donde la Condusef tiene conocimiento sobre este trámite, las Afore atienden directamente a los trabajadores en sus solicitudes de disposición de recursos, primordialmente respecto de recursos que en términos de las leyes de seguridad social tienen derecho a recibir en una sola exhibición, conforme a la normatividad que emite la Consar.

Finalmente, respecto a la consideración de “les permitan hacerse acompañar de una persona de su confianza en los trámites ante las Afore” consideramos importante señalar que ni en esta comisión ni en las Afore hay impedimento para que los trabajadores o sus beneficiarios se hagan acompañar de una persona de su confianza, guardando las previsiones de seguridad y privacidad implicada en la situación.

Por todo lo anterior consideramos importante hacer notar el objetivo social de la Condusef, proteger los intereses y derechos de los usuarios de servicios financieros, mediante los diversos esquemas de atención.

En espera de que esta información les sea de utilidad quedo a sus órdenes en caso de cualquier duda al respecto.

México, Distrito Federal, a 20 de febrero de 2014.— Licenciado Luis Fabre Pruneda (rúbrica), vicepresidente técnico.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y con fundamento en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar que me sea concedida licencia temporal por motivos personales, al cargo de diputada federal de la LXII Legislatura, a partir del día 4 de marzo del presente año. Asimismo solicito que sea llamado mi suplente.

Sin otro particular reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 2014.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Solicito a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, a la diputada Roxana Luna Porquillo, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por la cuarta circunscripción plurinominal, a partir del 4 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobados. Comuníquense. Pasamos al siguiente asunto.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 156 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTICULO 156. ...

...

La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma, derivada de esa información la Secretaría en coordinación con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los Municipios formulará y aplicará campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 25 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014 - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Fernando Torres Graciano y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Ingresos de la Federación; y del Código Fiscal de la Federación.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2014. — Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta.»

«Quienes suscriben, Fernando Torres Graciano y Martín Orozco Sandoval, senadores de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por este conducto le remitimos la siguiente iniciativa que suscribimos conjuntamente, misma que se anexa al presente en medio impreso y en archivo electrónico para que, a través de usted, se incluya en el orden del día de la siguiente sesión del pleno de esta soberanía y para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado, de conformidad con el artículo 169, numeral 4, del Reglamento del Senado de la República:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la sección 11 del capítulo 11 del título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-C y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 29 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; se deroga el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación y; se adiciona un artículo 29-C al Código Fiscal de la Federación.

Fernando Torres Graciano y Martín Orozco Sandoval, senadores de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la sección 11 del capítulo 11 del título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-C y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 29 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; se deroga el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación y; se adiciona un artículo 29-C al Código Fiscal de la Federación conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 8 de septiembre del 2013, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de 2014 o la reforma social y hacendaria. Incluía, entre otras iniciativas, la que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, la que expedía la Ley del Impuesto sobre la Renta; así como la que reformaba adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las iniciativas fueron sometidas a consideración de las Cámaras de Diputados y Senadores. En ambas Cámaras, los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional se pronunciaron en contra de las reformas hacendarias por múltiples razones, principalmente porque lesionan la economía de los mexicanos.

Respecto a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se dieron, entre otras, las siguientes modificaciones con respecto a la ley anterior:

1. Desaparecen los Regímenes de Pequeños Contribuyentes o Repecos e intermedio.

2. En su lugar, se crea el Régimen de Incorporación Fiscal. Dicho Régimen se describe en el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la siguiente manera:

“Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.”

Por consecuencia, los Repecos, al entrar en vigor el 1 de enero de 2014 la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta pasaron automáticamente a este nuevo régimen.

3. Las obligaciones que tienen los contribuyentes sujetos al nuevo régimen de incorporación fiscal, de conformidad con el artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta son:

a) Entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios. Para estos efectos, los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, SAT.

b) Registrar sus ingresos, gastos, inversiones y deducciones.

c) Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2,000 pesos.

d) Si se cuenta con trabajadores, retener el Impuesto sobre la Renta y enterarlo cada dos meses al SAT.

e) Cada dos meses se deberá declarar al SAT los ingresos obtenidos y los gastos realizados en su negocio.

Por otro lado, en el Código Fiscal de la Federación, se estableció la obligación del uso del comprobante fiscal digital por Internet. El artículo 29 primer párrafo señala:

“Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo.”

El artículo cuadragésimo sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y su anexo 19 establece una disposición vigente para este año:

“Cuadragésimo Sexto

Los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2014 tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la sección II del capítulo II del título IV de la Ley del ISR, no estarán obligados hasta el 31 de marzo de 2014 a expedir CFDI por las remuneraciones que efectúen por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, ni por las retenciones de contribuciones que efectúen, en términos de las reglas I.2.7.5.1 y I.2.7.5.3 de la presente Resolución, respectivamente.”

Por lo tanto, varias de las obligaciones de los ahora exrepecos se realizarán por internet, como la de entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por internet o CFDI, es decir, entregar facturas electrónicas.

Con la entrada en vigor del nuevo marco normativo para el Régimen de Incorporación Fiscal, se han presentado las siguientes situaciones:

1. Existe desconocimiento respecto del nuevo Régimen de Incorporación Fiscal y la factura electrónica. Incluso, falta difusión y procesos más claros sobre el tema.

2. Se ha presentado saturación en las oficinas del SAT para recibir orientación directa y en lugares donde proporcionan pláticas sobre el CFDI y el Régimen de Incorporación Fiscal.

3. Existen contribuyentes que no cuentan con computadora o teléfono con internet, ni con recursos para adquirirlos. Por lo tanto, tendrán que adquirir un equipo de cómputo y contar con internet, pagar a terceros o acudir al SAT.

Como dato adicional, la Encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información 2013, arrojó que sólo el 35.8 por ciento de los hogares del país contaban con computadora y el 30.7 por ciento con internet.

Asimismo, existen disparidades: Mientras que en el Distrito Federal, Baja California y Baja California Sur, cinco de cada diez hogares contaban con computadora, en Chiapas y Oaxaca menos de dos de cada diez hogares tienen acceso a este equipo.

4. Existen exrepecos que no están familiarizados con el uso de una computadora y el sistema de servicios del SAT.

5.  El SAT cuenta con un listado de 732 páginas en dos columnas de localidades del país sin acceso a internet, con lo que se dificulta el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

A pesar de que el artículo 112 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite que a los exrepecos que tienen su domicilio fiscal en poblaciones o zonas rurales sin servicios de internet, se les pueda liberar de las obligaciones de presentar declaraciones o registrar sus operaciones a través de internet o medios electrónicos, sí están obligados a expedir facturas electrónicas usando el internet.

6. Ante el número de usuarios a nivel nacional del portal del SAT, se han presentado fallas en el mismo, que han sido reconocidas hasta por el mismo SAT.

7. Está afectando a algunos exrepecos que para este ejercicio fiscal pasaron al Régimen General, debido a que aún y cuando tuvieron ingresos inferiores a los dos millones de pesos anuales, de acuerdo a la Regla I.2.5.8, los contribuyentes que al 31 de diciembre hayan estado inscritos en Repecos y tuvieran otro Régimen fiscal vigente, no podrán ingresar al RIF. Por ejemplo, si una persona es asalariado y dueño de una pequeña tienda debe estar en el Régimen General.

Lo anterior ha generado temor en algunos exrepecos, otros han pensado en cerrar sus pequeños negocios o irse a la informalidad, en ampararse contra estas medidas o realizar protestas contra la reforma hacendaria en algunas entidades federativas, como Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Guanajuato.

Con base en lo anteriormente expuesto, proponemos que se restituya el Régimen de Pequeños Contribuyentes a la legislación fiscal, en beneficio de la competitividad de este sector. Por lo que nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica la denominación de la sección 11 del capítulo 11 del título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-C y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 29 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; se deroga el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación y; se adiciona un artículo 29-C al Código Fiscal de la Federación

Artículo Primero. Se modifica la denominación de la sección II del capítulo II del título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Sección II Del Régimen de Pequeños Contribuyentes

Artículo 111.Las personas físicas que realicen actividades empresariales, que únicamente enajenen bienes o presten servicios, al público en general, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año de calendario anterior, no hubieran excedido de la cantidad de $2’000,000.00.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta sección, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere este artículo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección.

Los copropietarios que realicen las actividades empresariales en los términos del primer párrafo de este artículo podrán tributar conforme a esta sección, cuando no lleven a cabo otras actividades empresariales y siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realizan en copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y siempre que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los intereses obtenidos por el mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere este artículo. Los copropietarios a que se refiere este párrafo estarán a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 113 de esta ley.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo, podrán pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección, siempre que, además de cumplir con los requisitos establecidos en la misma, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año, una declaración informativa de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Los contribuyentes que utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal quedarán liberados de presentar la información a que se refiere este párrafo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección quienes obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos, ni quienes obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de procedencia extranjera.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos para tributar en esta sección y obtengan más del treinta por ciento de sus ingresos por la enajenación de mercancías de procedencia extranjera, podrán optar por pagar el impuesto en los términos de la misma, siempre que apliquen una tasa del 20 por ciento al monto que resulte de disminuir al ingreso obtenido por la enajenación de dichas mercancías, el valor de adquisición de las mismas, en lugar de la tasa establecida en el artículo 112 de esta ley. El valor de adquisición a que se refiere este párrafo será el consignado en la documentación comprobatoria. Por los ingresos que se obtengan por la enajenación de mercancías de procedencia nacional, el impuesto se pagará en los términos del artículo 112 de esta Ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán conservar la documentación comprobatoria de la adquisición de la mercancía de procedencia extranjera, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, podrán estimar que menos del treinta por ciento de los ingresos del contribuyente provienen de la enajenación de mercancías de procedencia extranjera, cuando observen que la mercancía que se encuentra en el inventario de dicho contribuyente valuado al valor de precio de venta, es de procedencia nacional en el setenta por ciento o más.

Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de esta sección y en tanto no se liquide la misma, el representante legal de ésta continuará cumpliendo con lo dispuesto en esta sección.

Artículo 112.Las personas físicas que paguen el impuesto en los términos de esta sección, calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa del 2 por ciento a la diferencia que resulte de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto equivalente a cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes.

Cuando los contribuyentes realicen pagos con una periodicidad distinta a la mensual conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción VI del artículo 113 de esta Ley, los ingresos y la disminución que les corresponda en los términos del párrafo anterior, se multiplicarán por el número de meses al que corresponda el pago.

Los ingresos por operaciones en crédito se considerarán para el pago del impuesto hasta que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el impuesto sobre la renta que resulte a cargo del contribuyente.

Artículo 113.Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección, tendrán las obligaciones siguientes:

I.Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

II.Presentar ante las autoridades fiscales a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en el que comiencen a pagar el impuesto conforme a esta sección o dentro del primer mes siguiente al de inicio de operaciones el aviso correspondiente. Asimismo, cuando dejen de pagar el impuesto conforme a esta sección, deberán presentar el aviso correspondiente ante las autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a la fecha en que se dé dicho supuesto.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial adicionados de los intereses, obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta ley o cuando no presente la declaración informativa a que se refiere el cuarto párrafo del citado artículo estando obligado a ello, el contribuyente dejará de tributar en los términos de esta sección y deberá tributar en los términos de la sección I de este capítulo, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración informativa, según sea el caso.

Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto conforme a esta sección, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta sección, los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de la sección I de este capítulo, salvo que hubieran tributado en la mencionada sección hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el primero y segundo párrafos del artículo 111 de esta ley.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán llevando la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, durante el primer ejercicio en que se ejerza la opción a que se refiere el párrafo anterior. Cuando los ingresos en el primer semestre del ejercicio en el que ejerzan la opción sean superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley dividida entre dos, dejarán de tributar en términos de esta sección y pagarán el impuesto conforme a la sección I de este capítulo, debiendo efectuar el entero de los pagos provisionales que le hubieran correspondido conforme a la sección mencionada, con la actualización y recargos correspondientes al impuesto determinado en cada uno de los pagos.

Los contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción que en el primer semestre no rebasen el límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior y obtengan en el ejercicio ingresos superiores a la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 111 de esta Ley, pagarán el impuesto del ejercicio de acuerdo a lo establecido en las sección I de este capítulo, pudiendo acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, los pagos que por el mismo ejercicio, hubieran realizado en los términos de esta sección. Adicionalmente, deberán pagar la actualización y recargos correspondientes a la diferencia entre los pagos provisionales que les hubieran correspondido en términos de las sección I de este capítulo y los pagos que se hayan efectuado conforme a esta sección; en este caso no podrán volver a tributar en esta sección.

III.Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su negocio cuando el precio sea superior a $2,000.00.

IV.Llevar un registro de sus ingresos diarios.

Se considera que los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de esta sección, cambian su opción para pagar el impuesto en los términos de las sección I de este capítulo, cuando expidan uno o más comprobantes que reúnan los requisitos fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, a partir del mes en que se expidió el comprobante de que se trate.

También se considera que cambian de opción en los términos del párrafo anterior, los contribuyentes que reciban el pago de los ingresos derivados de su actividad empresarial, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, cuando en este caso se cumpla alguno de los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación, a partir del mes en que se reciba el traspaso de que se trate.

V.Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar originales de las mismas. Estas notas deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y el importe total de la operación en número o letra.

En los casos en que los contribuyentes utilicen máquinas registradoras de comprobación fiscal, podrán expedir como comprobantes simplificados, la copia de la parte de los registros de auditoría de dichas máquinas en la que aparezca el importe de la operación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00.

VI.Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, declaraciones mensuales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de esta ley. Los pagos mensuales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.

Los pagos a que se refiere esta fracción, se enterarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual el contribuyente obtenga sus ingresos, siempre que dicha entidad federativa tenga celebrado convenio de coordinación para administrar el impuesto a que se refiere esta sección. En el caso de que la entidad federativa en donde obtenga sus ingresos el contribuyente no celebre el citado convenio o éste se dé por terminado, los pagos se enterarán ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales federales.

Para los efectos de esta fracción, cuando los contribuyentes a que se refiere esta sección tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades Federativas, enterarán los pagos mensuales en cada entidad considerando el impuesto que resulte por los ingresos obtenidos en la misma.

El Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, las entidades federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta sección, podrán ampliar los periodos de pago, a bimestral, trimestral o semestral, tomando en consideración la rama de actividad o la circunscripción territorial, de los contribuyentes.

Las Entidades Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en esta sección, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo.

VII.Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar la retención y el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, conforme a las disposiciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Esta obligación podrá no ser aplicada hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

VIII.No realizar actividades a través de fideicomisos.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta sección, cambien de sección, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 110de esta Ley.

Artículo 113 A.Los contribuyentes que ya no reúnan los requisitos para tributar en los términos de esta sección u opten por hacerlo en los términos de la sección I, pagarán el impuesto conforme a esta sección, y considerarán como fecha de inicio del ejercicio para efectos del pago del impuesto conforme a dicha sección, aquélla en que se dé dicho supuesto.

Los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio conforme a la sección I de este capítulo, cuando hubieran optado por pagar el impuesto en los términos de la misma, los podrán efectuar aplicando al total de sus ingresos del periodo sin deducción alguna el 1 por ciento o bien, considerando como coeficiente de utilidad el que corresponda a su actividad preponderante en los términos del artículo 58 del Código Fiscal de la Federación.

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, a partir de la fecha en que comiencen a tributar en la sección I, podrán deducir las inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en la presente sección, siempre y cuando no se hubieran deducido con anterioridad y se cuente con la documentación comprobatoria de dichas inversiones que reúna los requisitos fiscales.

Tratándose de bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior, la inversión pendiente de deducir se determinará restando al monto original de la inversión, la cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la suma de los por cientos máximos autorizados por esta Ley para deducir la inversión de que se trate, que correspondan a los ejercicios en los que el contribuyente haya tenido dichos activos.

En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la sección I de este capítulo, al monto original de la inversión de los bienes, se le aplicará el por ciento que señale esta Ley para el bien de que se trate, en la proporción que representen, respecto de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague el impuesto conforme a la sección I de este capítulo.

Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos por operaciones en crédito por los que no se hubiese pagado el impuesto en los términos del penúltimo párrafo del artículo 112 de esta Ley, y que dejen de tributar conforme a esta sección para hacerlo en los términos de la sección I de este capítulo, acumularán dichos ingresos en el mes en que se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.

Artículo Segundo.Se adicionan un artículo 2-C y un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-C.Las personas físicas que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto al valor agregado en los términos generales que esta Ley establece, salvo que opten por hacerlo mediante estimativa del impuesto al valor agregado mensual que practiquen las autoridades fiscales. Para ello, dichas autoridades obtendrán el valor estimado mensual de las actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago de este impuesto, pudiendo considerar el valor estimado de dichas actividades durante un año de calendario, en cuyo caso dicho valor se dividirá entre doce para obtener el valor de las actividades mensuales estimadas. Para los efectos del cálculo mencionado anteriormente, no se deberá considerar el valor de las actividades a las que se les aplique la tasa del 0 por ciento. Al valor estimado mensual de las actividades se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado. El resultado así obtenido será el impuesto a cargo estimado mensual.

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto estimado a su cargo determinado en los términos del párrafo anterior y el impuesto acreditable estimado mensual. Para ello se estimará el impuesto acreditable mensual a que se refiere el artículo 4o. de la presente ley, pudiendo estimar el que corresponda a un año de calendario, en cuyo caso dicha estimación se dividirá entre doce para obtener el impuesto acreditable estimado mensual.

Para estimar el valor de las actividades, así como el impuesto acreditable de los contribuyentes, las autoridades fiscales tomarán en consideración los elementos que permitan conocer su situación económica, como son, entre otros: El inventario de las mercancías, maquinaria y equipo; el monto de la renta del establecimiento; las cantidades cubiertas por concepto de energía eléctrica, teléfonos y demás servicios; otras erogaciones destinadas a la adquisición de bienes, de servicios o al uso o goce temporal de bienes, utilizados para la realización de actividades por las que se deba pagar el impuesto al valor agregado; así como la información que proporcionen terceros que tengan relación de negocios con el contribuyente.

El impuesto al valor agregado mensual que deban pagar los contribuyentes se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales determinen otra cantidad a pagar por dicha contribución, en cualquiera de los supuestos a que se refieren los apartados siguientes:

A.Cuando los contribuyentes manifiesten a las autoridades fiscales en forma espontánea que el valor mensual de sus actividades se ha incrementado en el 10 por ciento o más respecto del valor mensual estimado por las autoridades fiscales por dichas actividades.

B.Cuando las autoridades fiscales, a través del ejercicio de sus facultades, comprueben una variación superior al 10 por ciento del valor mensual de las actividades estimadas.

C.Cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor exceda el 10 por ciento del propio índice correspondiente al mes en el cual se haya realizado la última estimación del impuesto al valor agregado.

Tratándose de los contribuyentes que inicien actividades y que reúnan los requisitos a que se alude en el primer párrafo de este artículo, dichos contribuyentes podrán ejercer la opción prevista en el mismo, en cuyo caso estimarán el valor mensual de las actividades por las que estén obligados a efectuar el pago del impuesto, sin incluir aquellas afectas a la tasa de 0 por ciento. Al valor mensual estimado se aplicará la tasa del impuesto al valor agregado y el resultado será el impuesto a cargo estimado mensual. Dicho impuesto se deberá disminuir con la estimación que se haga del impuesto acreditable a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley que corresponda al mes de que se trate y el resultado será el monto del impuesto a pagar. Dicho monto se mantendrá hasta el mes en el que las autoridades fiscales estimen otra cantidad a pagar, o bien, los contribuyentes soliciten una rectificación.

Para los efectos del impuesto establecido en esta ley, los contribuyentes que opten por pagar el mismo en los términos de este artículo, deberán cumplir la obligación prevista en la fracción IV del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 32 de esta ley. Asimismo, deberán contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales, por las compras de bienes a que se refiere la fracción III del citado artículo 113.

Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo trasladarán el impuesto al valor agregado incluido en el precio a las personas que adquieran los bienes o reciban los servicios. Cuando los citados contribuyentes expidan uno o más comprobantes trasladando el impuesto en forma expresa y por separado, se considera que cambian la opción de pagar el impuesto al valor agregado mediante la estimativa a que se refiere este artículo, para pagar dicho impuesto en los términos generales establecidos en esta Ley, a partir del mes en el que se expida el primer comprobante, trasladando el impuesto en forma expresa y por separado.

El pago del impuesto determinado conforme a lo dispuesto en el presente artículo deberá realizarse por los mismos periodos y en las mismas fechas en los que se efectúe el pago del impuesto sobre la renta.

Las Entidades Federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el título IV, capítulo II, sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio a efecto de administrar también el impuesto al valor agregado a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo y deberán practicar la estimativa prevista en el mismo. Las entidades federativas recibirán como incentivo el 100 por ciento de la recaudación que obtengan por el citado concepto.

Las entidades federativas que hayan celebrado el convenio a que se refiere el párrafo anterior deberán, en una sola cuota, recaudar el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta a cargo de los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo y que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el título IV, capítulo II, sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las contribuciones y derechos locales que dichas entidades determinen. Cuando los contribuyentes tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más Entidades Federativas, se establecerá una cuota en cada una de ellas, considerando el impuesto al valor agregado correspondiente a las actividades realizadas en la entidad de que se trate y el impuesto sobre la renta que resulte por los ingresos obtenidos en la misma.

Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, que realicen únicamente actividades afectas a la tasa de 0 por ciento, podrán optar por tributar conforme a lo dispuesto en este artículo, en cuyo caso quedarán liberados de las obligaciones de presentar declaraciones y de llevar los registros de sus ingresos diarios.

Los contribuyentes a que se refiere este artículo que no ejerzan la opción prevista en el mismo, deberán pagar el impuesto al valor agregado en los términos generales que establece esta Ley al menos durante 60 meses, transcurridos los cuales se tendrá derecho nuevamente a ejercer la opción de referencia.

Cuando los contribuyentes opten por pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este artículo, podrán cambiar su opción en cualquier momento para pagar en los términos generales que establece esta Ley, en cuyo caso estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 43....

I....

...

...

...

II....

...

III....

IV....

...

...

En el caso de las personas físicas que tributen en los términos de la sección II del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las entidades federativas podrán estimar la utilidad fiscal de dichos contribuyentes y determinar el impuesto mediante el establecimiento de cuotas fijas.

...
...
...
...
...

Artículo Tercero.Se adiciona un artículo 29 a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 29.Las entidades federativas que tengan celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de coordinación para la administración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el título IV, capítulo II, sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, administrarán el impuesto especial sobre producción y servicios de las actividades a que se refiere el artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta ley, correspondiente a los contribuyentes que hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta mediante estimativa practicada por las autoridades fiscales. Las entidades federativas recibirán como incentivo el 100 por ciento de la recaudación que obtengan por el citado concepto.

Artículo Cuarto.Se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal, quedando como sigue:

Artículo 3-C.Los municipios de los estados y el Distrito Federal participarán con el 80 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la sección II, del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1o. de enero de 2014 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales. La federación establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la aceptación del municipio para la aplicación de la presente disposición, los términos y formas para realizar los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la federación en la detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en este régimen.

Los municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los contribuyentes que las generen permanezcan en dicho régimen, domiciliados en su localidad. Asimismo, podrán convenir con los gobiernos de los estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los municipios participarán del 75 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes  que tributen en la sección II, del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1o. de enero de 2014 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales, los Estados con el 10 por ciento y la Federación con el 15 por ciento, de dicha recaudación.

Esta participación se distribuirá directamente con base en el impuesto pagado por el contribuyente domiciliado en su localidad y se liquidará en el mes siguiente al del pago de las contribuciones.

Artículo Quinto.Se deroga el artículo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para quedar como sigue:

Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014

Quinto.Se deroga.

Artículo sexto.Se adiciona un artículo 29-C al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 29-C.Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, deberán expedir comprobantes fiscales simplificados en los términos siguientes:

I.Cuando utilicen o estén obligados a utilizar máquinas registradoras de comprobación fiscal o equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal, los comprobantes fiscales que emitan dichas máquinas, equipos o sistemas, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

a)Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código.

b)El número de folio.

c)El valor total de los actos o actividades realizados.

d)La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

e)El número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.

II.Comprobantes fiscales impresos por medios propios, por medios electrónicos o a través de terceros, los cuales deberán contener los requisitos siguientes:

a)Los establecidos en el artículo 29-A, fracciones I y III de este Código.

b)El número de folio.

c)El valor total de los actos o actividades realizados, sin que se haga la separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen. Cuando el comprobante fiscal simplificado sea expedido por algún contribuyente obligado al pago de impuestos que se trasladen, dicho impuesto se incluirá en el precio de los bienes, mercancías o servicios que ampare el comprobante.

d)La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general quedarán liberados de la obligación de expedir comprobantes fiscales simplificados cuando las operaciones se realicen con transferencias electrónicas mediante teléfonos móviles o con tarjetas de crédito, de débito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, dicho órgano desconcentrado podrá establecer mediante reglas de carácter general facilidades para la emisión de los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este artículo o liberar de su emisión cuando se trate de operaciones menores a la contraprestación que se determine en las citadas reglas.

Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales simplificados no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Quienes hayan optado por contribuir bajo el Régimen de Incorporación Fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta o que hayan tributado conforme a la sección III del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, podrán optar por continuar bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Quienes opten por continuar bajo el Régimen de Pequeños Contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el presente decreto a partir del 1 de enero de 2014.

También les serán aplicables, en lo conducente, las normas reglamentarias y administrativas que estuvieron vigentes al 31 de diciembre de 2013 para el Régimen de Pequeños Contribuyentes establecido en la sección III del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que estuvo vigente al 31 de diciembre de 2013.

Artículo Tercero.El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán celebrar los convenios que sean necesarios para cumplir con las disposiciones del presente decreto en un plazo de 90 días.

Artículo Cuarto.Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de dos mil catorce.— Senadores: Fernando Torres Graciano, Martín Orozco Sandoval, Fernando Torres Graciano, Martín Orozco Sandoval, Fernando Herrera Ávila, Silvia Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Octavio Pedroza Gaitán, Francisco Búrquez (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, 84, 85, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 12 de junio de 2013, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 123, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Pleno de esta Cámara, envió a esta Comisión la iniciativa para su análisis, estudio y elaboración del respectivo dictamen.

2. El 12 de junio de 2013, los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Aleida Alavez Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Roberto Carlos Reyes Gámiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Pleno de esta Cámara, envió a esta Comisión la iniciativa para su análisis, estudio y elaboración del respectivo dictamen.

II. Contenido de las iniciativas

Las iniciativas antes mencionadas concurren en la modificación del artículo 123 constitucional respecto a elevar la edad para trabajar a los menores de edad, ambos proyectos en esencia comparten el mismo sentido, por ello, los integrantes de esta Comisión consideran analizarlas en conjunto para elaborar el respectivo Dictamen. Con base en ello, y por razones metodológicas para la elaboración del presente dictamen, se analizará en primer término la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal y en segundo lugar la iniciativa presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

a) Iniciativa del Ejecutivo Federal:

En este rubro, se transcriben algunos argumentos que sirvieron de base al proponente para sustentar su proyecto de modificación.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera al trabajo infantil como toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 de edad, sin importar el estatus ocupacional (trabajo, asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etcétera), que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. En ese sentido, se alude al trabajo que es peligroso para el bienestar físico, mental o moral del niño o bien, aquél que interfiere con su escolarización, o les exige combinar el estudio con un trabajo pasado que se presume mucho tiempo. (...)

Se debe tomar en cuenta que la problemática del trabajo infantil e México es multifactorial y requiere del concurso de los sectores productivos, de la sociedad civil organizada y de los distintos órdenes y ámbitos de gobierno, para combatirlo en sus diversas manifestaciones, causas y efectos. (...)

En nuestro país el trabajo infantil es un fenómeno recurrente que se realiza en el seno familiar con un apoyo para su sustento, que carece de continuamente y que en muchos casos representa un factor que expulsa a los niños y adolescentes de sus hogares para que contribuyan al gasto familiar a costa de su educación, salud y sano desarrollo, lo cual produce efectos negativos en el desarrollo social cultural económico y humano de la sociedad mexicana.

(...)

Adicionalmente, los niños y adolecentes que laboran en nuestro país, están expuestos a sufrir accidentes o enfermedades de trabajo, puesto que se emplean en lugares no apropiados o no permitido, tales como minas, lugares sin ventilación o luz, alturas, calles o avenidas, bares y cantinas.”

b) Iniciativa de diputados:

En este mismo sentido se transcriben algunos elementos de la iniciativa presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

“Millones de niñas y niños en el país, algunos cuando apenas comienzan a caminar, son sometidos a la explotación laboral; en un momento en que deben recibir todo el apoyo para vivir, crecer, estudiar, jugar, desarrollarse. Si esto no es un crimen no sabríamos qué otra palabra emplear, pues equivale a que se infrinjan lesiones graves o, en ocasiones, se priva de la vida a un ser humano.

Con mayor razón cuando la incorporación al mundo del trabajo de las y los niños, no depende tanto de una edad, sino de su condición social, motivo por la cual, mientras los menores de edad pertenecientes a familias de escasos recursos se ven obligados a despedirse de su infancia a muy temprana edad, por el contrario los que pertenecen a la clase alta, retardan cada vez más la sujeción a una relación de trabajo. Esto provoca, la reproducción desigual de sus condiciones de vida, en uno y otro caso. (...)

El trabajo, cuando se da a la edad y en las condiciones adecuadas, sabemos que es un derecho humano, uno de los mayores bienes de los que el ser humano puede disfrutar como factor de todo bienestar. Pero cuando se impone a deshora, es una aberración.

Pero hay un grado mayor de infamia, cuando las y los niños son encadenados a las peores formas de trabajo infantil. Terreno en el cual México, rinde las peores cuentas, en un verdadero acto de afrenta nacional, pese a haber firmado el Convenio 182 de la OIT, que busca erradicar estas terribles formas de explotación y sometimiento. No se profundiza, en la presente iniciativa sobre si este tipo de oprobios, merecen el calificativo de trabajo, más bien, deberían alejarse de este término, que tiene otra historia y otra esencia.”

Como se puede constatar, ambos proyectos coinciden en reformar lo relativo a la edad de los menores para trabajar, la noción primordial de hacer valer en la Carta Magna los acuerdos suscritos por México en este rubro, además de plasmar lo referente a los Derechos Humanos de los menores respecto del trabajo.

III. Cuadro comparativo

Para dar claridad a los cambios propuestos, esta Comisión considera pertinente anexar el presente cuadro comparativo:

IV. Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de las iniciativas en estudio, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, en materia de trabajo infantil, en razón de los siguientes argumentos:

Como se ha mencionado desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en nuestro texto constitucional se acentúo la importancia de los Derechos Humanos, así como de los instrumentos internacionales en la materia, de los que México es parte.

En este sentido, el presente dictamen tiene el propósito de salvaguardar los Derechos de los niños con relación al trabajo, teniendo presente que la explotación infantil es un grave problema social, que atañe a todos las naciones, en algunos casos es severo y con índole de esclavitud contemporánea, o como lo estableció el Maestro Carlos de Buen Unna, “el principal problema con respecto al trabajo de los menores no está en la ley sino en las condiciones económicas de un país que tiene que regular la prestación de servicios de los niños, fuera de su ámbito familiar, lo que constituye un fenómeno social indeseable” continúa mencionando que “el legislador laboral se ve en la necesidad de regular el trabajo de los menores, a partir de un hecho, tan doloroso como inevitable, de que los mexicanos no hemos sido capaces de garantizar a nuestra niñez una vida agradable con el pleno disfrute de los derechos fundamentales del hombre y particularmente de aquellos íntimamente relacionados precisamente a la condición de ser niño”.

El trabajo infantil, en su forma de explotación daña nociva mente a la sociedad y, en específico a la población infantil, si consideramos que la niñez es el futuro de cualquier país, el agredirlos con esta forma de esclavitud, es sin duda, desastroso para la sociedad en sí misma.

Es por ello que las naciones y los organismos internacionales han luchado para dar las condiciones de protección a la niñez y, para el caso de que se tenga que trabajar a temprana edad, que esta actividad sea realizada con dignidad, respetando los derechos esenciales de las niñas, los niños y de los adolescentes. Al respecto la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido que el “trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. Al respecto para no dañar al sector infantil y juvenil es que se han creado instrumentos internacionales por los cuales los Estados se someten a estos.

Dentro de la explotación laboral a la niñez, concurren diversos elementos, sociales, económicos, culturales, etc. Sin embargo se destaca el aspecto económico; la pobreza juega un papel primordial, en donde se presenta la necesidad de ingresar al mercado laboral, es decir, el menor se ve en apuro de contribuir con los gastos del hogar, lo que trae como consecuencia en primer término la deserción escolar, al respecto el siguiente gráfico de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía corrobora lo antes mencionado:

De lo anterior se desprende que la pobreza es razón de peso para que niños, niñas y adolescentes busquen los ingresos necesarios para solventar los gastos familiares. En este contexto cabe mencionar que existe el trabajo que no es remunerado, el cual se presenta cuando el menor o el adolescente labora en apoyo al negocio familiar, en el cual el ingreso se verá reflejado en la contribución para el bienestar del hogar y de la estabilidad familiar.

Por lo trascendental que es el trabajo del infante y del adolescente y los efectos que tiene para la sociedad, es que muchos organismos e instituciones han realizado investigaciones y análisis para tratar de tomar acciones que lleven a dar soluciones a este fenómeno. Con base en esto es que el trabajo infantil o adolescente se ha clasificado en dos grandes rubros a destacar, los de naturaleza no nociva o inocua y los nocivos, siendo los primeros aquellos en donde las actividades que se desempeñan no tienen o no derivan en riesgo, como puede ser venta de productos, artesanía, mozo, etcétera, en segundo término están los de naturaleza nociva, respecto a la seguridad o a la salud física o mental, en este punto se encuentran las labores de carpintería, en obras, en fabricas, en el manejo de maquinaria o carga pesada o en el campo, lo que deriva en los siguientes puntos:

Condiciones inadecuadas de trabajo infantil

Jornadas laborales extensas, por encima del límite legal permitido en cada país, (usualmente no mayor de 4 o 6 horas diarias).

El trabajo en horario nocturno o de madrugada.

La actividad a destajo.

La actividad laboral realizada en ausencia de medidas de higiene y condiciones de seguridad laboral.

El trabajo que por su horario o exigencias impida asistir a la escuela.

Actividades laborales que atenten contra el normal desarrollo físico y mental de las personas (trabajos que impliquen riesgo moral en la niñez adolescencia).

Lo que llevó a clasificar, el trabajo del menor en:

Por esa complejidad y por lo dañino del trabajo infantil es que la comunidad internacional ha creado diversas entidades ex profesas para ello, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo, que es primera agencia de las Naciones Unidas creada en 1946, y que ha puesto su empeño para tratar de mitigarlo a través de medios normativos, en este rubro, tenemos instrumentos internacionales vitales para el tema que se está analizando.

En 1973, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su Consejo de Administración convocó en la Ciudad de Ginebra, Suiza, a su cuadragésima octava reunión; en dicha sesión se adoptó el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, documento conocido como Convenio 138 (C-138), su entrada en vigor fue el 19 de junio de 1973; este convenio integra diversos pronunciamientos contenidos en otras disposiciones.

El objeto del Convenio 138, es el de regular el trabajo infantil estableciendo la edad mínima requerida para acceder a la actividad laboral, obligando a los signatarios a respetarlo, de este instrumento se destaca lo siguiente:

“Artículo 1. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.”

Artículo 2.

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna.

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años”.

Los artículos citados puntualizan lo relativo a la edad mínima para trabajar, que son el reflejo del sentir de las naciones respecto al trabajo infantil, en este rubro es preciso hacer mención que México es el único país de América Latina que falta por ratificar el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, razón por la que la OIT y UNICEF, hicieron un llamado urgente contra el trabajo infantil a nuestra nación.

Otro instrumento internacional de suma importancia para este tema es el Tratado Internacional sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, (Convenio Internacional del Trabajo No., 182) que fue Adoptado por la OIT, el 17 de junio de 1999, ratificado por el Estado mexicano el 30 de junio de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2001, lo trascendente de este Tratado para las iniciativas en estudio radica en lo siguiente:

• La adopción de medidas inmediatas y eficaces para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, con carácter de urgente.

• En materia de trabajo se designa “niño” a toda persona menor de 18 años.

• La clasificación de las peores formas de trabajo infantil.

• La obligación de los Estados miembros para legislar en la materia.

El siguiente cuadro esquematiza cómo la comunidad internacional ha ido adhiriéndose a esto, por ende, realizaron las adecuaciones a su normatividad para cumplir los compromisos de estos instrumentos:

Los datos que arroja esta tabla, corroboran dos aspectos, en primer término que la mayoría de los países establecieron la edad mínima para trabajar de 15 años, conjuntamente los países que han Ratificado el Convenio 138, son 30 y, respecto del Convenio 182 son 34 incluyendo a México.

Los diputados que integramos la Comisión de Puntos Constitucionales estamos conscientes que el Estado Mexicano no ha Ratificado el Convenio 138, pero no por ello somos ajenos a esta problemática, razón por la cual, expresamos la total viabilidad del proyecto, en virtud de que es nuestra obligación velar por nuestros niños y adolescentes para que vivan en un ambiente estable, que propicie su pleno desarrollo físico y mental, por el beneficio de nuestra sociedad y para el crecimiento de nuestra nación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados integramos esta Comisión de Puntos Constitucionales, sometemos consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a II. ...

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

IV. a XXXI. ...

B. ...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Becerra Millán, Abigail, Coloquio Multidisciplinario sobre Menores, Memoria, edit., Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición, México 1996, págs. 137 y 138.

2 Ídem.

3 Cita consultada en el sitio http:// http://www.ilo.org/ipec/facts/lang—es/index.htm el 15 de octubre de 2013.

4 Cita consultada en el sitio http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/ Provectos/Encuestas/Hogares/modulos/mti/mti2011/default.aspx el 15 de octubre de 2013.

5 Trabajo Infantil en México, reporte temático núm. 4., Centro de Estudios Sociales y de Opinión Públicas (CESOP). Honorable Cámara de Diputados, LIX legislatura., pág. 4.

6 Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, consultado en el sitio http://www.oas.org/dil/esp/Convenio_138_de_la_OIT_ Argentina.pdf el 15 de octubre de 2013.

7 Datos obtenidos en el sitio http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php? pagina=158 el 15 de octubre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos.

1. El día 26 de febrero de 2013, el senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El día 24 de abril de 2013, las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis, Lizbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y el senador Ricardo Barroso Agramont, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 30 de abril de 2013, el pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

4. El 30 de abril de 2013, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 2 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Minuta antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

II. Contenido de la minuta

Para efecto de emitir el presente dictamen, esta comisión estima conveniente transcribir las consideraciones del dictamen aprobado por el Senado de la República, bajo lo siguiente:

“Se coincide con los proponentes de las iniciativas respecto al reconocimiento y protección al derecho a la identidad de las personas. La forma idónea para cumplir ese derecho es mediante la inscripción en el registro civil, lo cual es una base primordial para la facilitación del ejercicio de una serie de derechos. El derecho de identidad permite el goce de diversos derechos que lo componen desde el momento en que se inscribe a la persona viva, lo cual puede ser desde su nacimiento o incluso de manera posterior. 

Al respecto, la iniciativa presentada por el senador Francisco Salvador López Brito menciona lo siguiente: 

“Es el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital, es un instrumento legal de identidad para ejercer el disfrute de todos sus derechos”. 

Por su parte, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, comenta en su iniciativa lo siguiente: 

“Un derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el reconocimiento de su identidad, ya que es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, y sólo se adquieren por medio de la inscripción en el registro civil”. 

Ahora bien, el reconocimiento de derechos que se derivan del derecho a la identidad se pueden observar en instrumentos internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevén el reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad personal, etcétera. De igual manera, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y

Políticos, en su artículo 24, numeral 2, establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 8, tanto el reconocimiento como la protección del derecho a la identidad de los niños, así como de los derechos que se derivan del mismo, tal y como se puede apreciar a continuación: 

“Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.” 

Como se ha mencionado, el derecho a la identidad está compuesto por una serie de derechos, mismos que se especifican de manera más clara en la previsión del artículo 22 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, que para mayor claridad se reproduce a continuación: 

“Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil. 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. 

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban. 

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento.” 

(Énfasis añadido) 

Como se puede apreciar del texto antes transcrito, se hace referencia a la necesidad de ser registrados para poder ejercer plenamente el derecho a la identidad. El que dicho derecho esté reconocido en el ámbito internacional como lo son las convenciones e instrumentos internacionales anteriormente citados da a entender que el Estado mexicano al suscribirlas y ratificarlas, está obligado a acatar las prevenciones realizadas en ellas. 

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al derecho a la identidad, tal y como se puede observar en los siguientes criterios: 

“[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Pág. 273

DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO.

La identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; así, la imagen propia de la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico. Por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con el propio origen y con la identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la personalidad y, por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio origen está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede generar. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 2750/2010. 26 de octubre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 1034 

DERECHO DE IDENTIDAD DE LOS NIÑOS. 

Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el derecho de identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es innegable su rango constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho de identidad está compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si bien la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de derechos, la imagen propia de la persona está determinada en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de dicha filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los derechos alimentarios y sucesorios. 

PRIMERA SALA 

Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Pág. 260 

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO.

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral. 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.” 

De los criterios arriba transcritos, se desprende que el derecho de identidad es un derecho fundamental que se encuentra protegido no solo en las diversas Convenciones internacionales ya citadas, sino que también se encuentra a nivel constitucional. El registro de los recién nacidos es un derecho que permite constatar la personalidad e identidad de quien fue registrado, es por ello que la relevancia del documento que lo acredita dicho registro, es decir, en el acta de nacimiento. 

Tal y como se establece en el capítulo II (De las actas de nacimiento) del Código Civil Federal, que comprende los artículos 54 al 76, las actas de nacimiento sirven entre otras cosas, para que se reconozca la ascendencia u origen sanguíneo, sin embargo en las actas no solo constan los nombres de los padres, sino que también se hace constar la nacionalidad de la persona y su domicilio, incluso es el documento idóneo para probar la edad de la persona. Lo anterior se puede corroborar con el siguiente criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito:

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 1703 

EDAD DE UNA PERSONA FÍSICA. EL ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL REGISTRO CIVIL CONFORME A LA LEY ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA DEMOSTRARLA. 

De acuerdo con el artículo 50 del Código Civil Federal las actas del Registro Civil extendidas conforme a las disposiciones que preceden al citado precepto, hacen prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia; de ahí que la prueba idónea y suficiente para demostrar la edad de una persona física, sea el acta de nacimiento expedida por el Registro Civil conforme a la ley, por tratarse de un documento público a través del cual quedan plenamente acreditados tanto el hecho del nacimiento como el acto jurídico del registro respectivo, sin perjuicio de que a través de algún otro medio probatorio pueda acreditarse tal circunstancia. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo directo 9396/2006. Nilda Andreina Zárate T. 26 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Edgar Hernández Sánchez.” 

De la tesis aislada arriba plasmada, se desprende que si bien el derecho de identidad da lugar al pleno ejercicio de diversos derechos, como lo es el derecho al nombre, domicilio, edad y demás mencionados, es necesario un documento público con el cual se pueda probar plenamente el registro de la persona y esto es mediante la expedición del Acta de Nacimiento.

Se coincide con las iniciativas en estudio en la parte correspondiente a la necesidad de expedir la primera acta de nacimiento de manera gratuita. Con el ejercicio del derecho al registro de la persona, también se le permite al Estado, mediante los órganos correspondientes, el llevar las estadísticas de población necesarias para adaptar tanto el presupuesto, como la correcta administración de los servicios públicos.

De igual forma, se coincide con ambas iniciativas en cuanto a que el establecer en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la gratuidad de la expedición de la primera acta de nacimiento, fomentará una mayor inscripción por parte de la población. Aunado a lo anterior, la necesidad aprobar el presente proyecto, servirá para dar cumplimiento a lo previsto en las Convenciones de las que es parte nuestro país, así como el compromiso que hizo el Estado mexicano en Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción Paraguay, y en la II Conferencia Regional Sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 2011, en las cuales se comprometió a cumplir la meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región para el año 2015”.

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

A la Comisión de Puntos Constitucionales, fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Diputados integrantes de este cuerpo Legislativo, después de hacer un análisis de la Minuta del Senado de la República, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo del referido proyecto de decreto, en materia del derecho a la identidad y gratuidad del acta de nacimiento.

Previo a los argumentos que sustentan lo anterior, esta Comisión no pasa por inadvertida la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente el día 8 de mayo del 2013 por las Diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Carmen Lucia Pérez Camarena, Lucila Garfias Gutiérrez, integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a esta Comisión legislativa para dictamen. En esta dicha, se propone una reforma al artículo 4o. constitucional para garantizar el derecho al goce del ejercicio de la identidad universal, oportuna y gratuita eliminando de esta forma todo obstáculo que limite el ejercicio pleno de este derecho. En la propuesta, se  establece que los niños y las niñas tienen derecho una identidad, a través de un nombre, origen familiar, lugar y la fecha de nacimiento, que se hará constar en el acta de nacimiento correspondiente, la cual deberá ser universal, gratuita y oportuna. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. De forma complementaria, establece que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, así como estarán obligados a registrar de forma inmediata el nacimiento de la niña o el niño.

Ahora bien, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Derecho a la Identidad consiste en el “reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas”.

De lo anterior, se advierte que otorgar el reconocimiento del Derecho a la Identidad permitirá a la niñez adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Ello implica su incorporación como sujeto de derechos dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.

Otro aspecto que se debe considerar, es que en el momento de registrar a una persona, se capturan características demográficas básicas, como el sexo, edad, estado civil, entre otros, lo cual son elementales para el conocimiento de la dinámica demográfica, lo que permite la planeación y aplicación de políticas públicas importantes para el desarrollo del país.

Así, la información sobre nacimientos, es básica en el estudio de algunos fenómenos de interés social como la fecundidad y la mortalidad infantil, fetal y materna. Por ello, las estadísticas de nacimientos que lleva el INEGI a partir de las actas de nacimiento que emite el registro civil, permiten identificar aspectos como la frecuencia con que ocurren los nacimientos, la edad y lugar de residencia de la madre o el padre, entre otros.

En este sentido, desde que un recién nacido es inscrito en el Registro Civil, adquiere diversos derechos. Entre ellos, el de identidad, que además de lo ya expuesto, implica conocer la identidad de sus progenitores. En estas mismas condiciones, tiene derecho a tener un nombre y apellido; por ende, debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres están obligados a informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. Ello supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia y la formalización de su nacimiento conforme a la ley.

Aunado a lo anterior, obtiene capacidad jurídica, lo cual significa el reconocimiento como parte integrante de la sociedad.

Por otra parte, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), creado en 2007 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), apoya a los Estados Miembros en la erradicación del sub registro para asegurar el reconocimiento del derecho a la identidad civil de todas las personas en la Región. Como parte de los objetivo de dicho programa, se elaboró el “Proyecto de Modelo de Legislación para registros civiles en América Latina”, en cuyo artículo 145 se propone que las inscripciones relacionadas al nacimiento deberán ser gratuitas, siempre y cuando se inscriban dentro de los plazos establecidos en la ley. De ahí, que elevar a rango constitucional la gratuidad al realizar la inscripción del nacimiento, implica ir más allá del compromiso internacional adoptado por nuestro país como parte integrante de la Organización de los Estados Americanos.

Además, el informe intitulado “Derecho a la identidad. La cobertura del registro al nacimiento en México en 1999 y 209” elaborado por la UNICEF y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), proporcionó una medición del comportamiento del registro de los nacimientos en nuestro país para conocer el grado de cobertura a nivel nacional, estatal y municipal.

En el aludido documento, se establece que cuando no existen registros de nacimiento se afecta a la niñez que pertenecen a la población más pobre y marginada: indígenas, migrantes, o bien que habitan en zonas rurales, remotas o fronterizas.

Además, señala que las razones para no efectuar el registro de un nacimiento son complejas y multifactoriales ya que existen barreras de índole legal, geográfico, económico, administrativo y/o cultural que obstaculizan el registro universal, gratuito y oportuno de nacimientos.

Dentro de las barreras económicas, se encuentran los costos relacionados al registro y emisión del acta de nacimiento, lo cual constituyen una limitante para las poblaciones más pobres y marginadas.

En razón de lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora considera procedente reconocer en la Ley Fundamental que los órdenes de gobierno estatal, municipal y del Distrito Federal expidan en forma gratuita la copia certificada del acta de nacimiento cuando se lleve a cabo el registro correspondiente.

No obstante lo anterior, tal y como se desprende de la Minuta enviada por la colegisladora, siendo el espíritu de las iniciativas que todo individuo tiene derecho a ser registrado de manera gratuita e inmediata después de nacer, compartiendo ese mismo espíritu, esta dictaminadora considera pertinente realizar algunas modificaciones con la finalidad de ampliarlo y tenga un mayor alcance. Es por ello, que tomando en consideración la pretensión de garantizar el derecho a ser registrado elevándolo a rango constitucional, consideramos importante además, que toda persona sea registrada bajo los mismos parámetros, dando certeza a toda persona indistintamente de la Entidad Federativa en el cual se lleve a cabo dicho registro.

Lo anterior tiene su antecedente en los “Acuerdos de Coordinación para la Modernización Integral del Registro Civil”, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 16 y 21 de diciembre de 1998, en los cuales, todas las Entidades Federativas convinieron entre otras cosas en adoptar los formatos únicos para las inscripciones que lleva a cabo el Registro Civil, diseñados por la Secretaría de Gobernación, y aprobados por el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, que se desprende de la cláusula octava de cada acuerdo. Aquí se comprueba la intención de los Estados para unificar los formatos de toda inscripción ante el Registro Civil.

Este acuerdo toma como base que, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Población, la institución del Registro Civil desempeña un papel fundamental en la conformación del Sistema del Registro Nacional de Población, a cargo de la Secretaría de Gobernación, ya que a través de los actos que inscribe se podrá certificar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas que se incorporan en dicho Registro.

Además, dicho programa de modernización integral del Registro Civil, tuvo como finalidad optimizar el funcionamiento de esta institución y hacer más accesibles los servicios que presta a la población de las entidades, en especial la indígena, la migrante y marginada.

Es por lo expuesto que atendiendo al espíritu de la Minuta, se retoma la voluntad de las entidades federativas para fortalecer a la institución que en última instancia será quien garantice el derecho humano a ser registrado.

Esta medida abonará no sólo a garantizar la identidad de las personas, sino que permitirá obtener estadísticas uniformes que se plasmarán en una mejor aplicación de políticas públicas en beneficio de la sociedad.

La creación de estos parámetros, tiene su fundamento constitucional en el artículo 121 de la Carta Magna, el cual otorga la aludida atribución al Congreso de la Unión para prescribir, mediante leyes generales, la manera de probar dichos registros. Por lo tanto, cada Estado y el Distrito Federal a través de sus Registros Civiles emitirán sus formas de manera homologada y estandarizada, con base en los parámetros que emita la Secretaría de Gobernación. Esta última es la encargada de llevar a cabo el registro y acreditación de las personas residentes en el país y nacionales en el extranjero; además tiene la facultad de celebrar convenios con las autoridades locales mediante los cuales se recabe la información de nacimientos y defunciones; por lo tanto, es viable y pertinente dar certeza, no solo a la información del registro del nacimiento de las personas, sino también los registros que asienten la defunción de las mismas.

Por otra parte, es trascendente mantener actualizados los padrones electorales, toda vez que de ellos depende en gran medida el quehacer del Instituto Nacional Electoral, basta señalar que el número total de ciudadanos inscritos en ellos es factor determinante del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos. Por lo expuesto, para dar certeza a la función de la autoridad electoral, es necesaria la coordinación con la Secretaría de Gobernación para remitir la información recabada de las defunciones, para efectos de tener mayor certeza en el quehacer electoral.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la identidad siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

(...)

(...)

(...)

(...)

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros las exenciones de los cobros de derechos por concepto de registro civil, para extender gratuitamente la primera acta de nacimiento.

Tercero. La Secretaría de Gobernación, previa opinión de las entidades federativas, establecerá de manera homologada, un formato único en materia de registro de población para la emisión de actas de nacimiento y defunción mediante mecanismos electrónicos, en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Una vez emitido el formato único referido, en un plazo no mayor a sesenta días, las entidades federativas y el Distrito Federal, celebrarán Convenios de Coordinación con la Secretaría de Gobernación para que realicen las adecuaciones necesarias a su normatividad local para efectos de su obligatoria implementación.

Cuarto. La Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la información recabada por las autoridades locales registrales relativa a los certificados de defunción.

Nota:

1 http://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/MexicoMundo. Consultada el 21 de mayo de 2013, 14:50 hrs.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica en abstención), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. En sesión celebrada el 28 de noviembre de 2006, el senador Ulises Ramírez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado, turnó el proyecto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Primera, para emitir dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal para su opinión.

2. El 19 de noviembre de 2009, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 6studios Legislativos Primera y la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, después de hacer un análisis a la iniciativa antes citada, aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

4. En sesión de 26 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el expediente de la minuta con proyecto de decreto antes mencionada, turnándola para los efectos de ley a la Comisión de Puntos Constitucionales.

II. Contenido de la minuta

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, antes de entrar al estudio del presente dictamen, considera prudente transcribir el contenido de la minuta, que es del término siguiente:

“Estas comisiones unidas coinciden con la propuesta en estudio en cuanto a la inclusión de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos como responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales, ya que como bien se señala en la exposición de motivos, la función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado son situaciones que se encuentran debidamente contempladas en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna y es precisamente en los párrafos primero y tercero del artículo 108 que se regula:

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en genera~ a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.”

Como se observa, el texto constitucional no considera expresamente sujetos de responsabilidades por manejo indebido de fondos federales a los presidentes municipales, ni a las demás autoridades de los ayuntamientos.

Pese a que no los incluya, dentro del régimen de responsabilidad previsto en el citado artículo 108, el legislador los sujeta mediante una ley secundaria que incluye a quienes manejen recursos públicos federales, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público:

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.

Por lo que, se considera que la inclusión expresa en la Constitución sobre la responsabilidad que los servidores públicos municipales señalados, por el indebido manejo de los fondos y recursos federales es consecuente con el marco legal vigente, no sólo con la ley federal referida, sino también con la Ley de Coordinación Fiscal, que en el último párrafo del artículo 49 prevé que “las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda, de conformidad con sus propias legislaciones.

Cabe señalar, que estas comisiones dictaminadoras recibieron la opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, en la cual se consideró a la iniciativa en estudio como pertinente por cuanto a que se pretende incluir a los Municipios (y consecuentemente a sus ayuntamientos, como responsables de su gobierno), como unidades administrativas autónomas cuyo ejercicio gubernamental, siendo distinto y diverso de los entes federales y estatales, es susceptible de responsabilidad independientemente de la entidad federativa en que se encuentre.

En términos generales los integrantes la comisión referida, emitieron opinión favorable de la iniciativa en estudio para que sea aprobada en sus términos. Cabe señalar que dicha opinión ha sido considerada en la elaboración del presente dictamen.

En este sentido, también debe señalarse que en materia de responsabilidades el Distrito Federal tiene un régimen y un tratamiento distinto al de los Estados de la Federación, ya que como se advierte de la lectura del Título Cuarto constitucional (arts. 108 y 109), a estos últimos se les faculta para crear regímenes de responsabilidades internos, situación que no acontece en el Distrito Federal, ya que por ser la sede de los Poderes de la Unión su regulación está sujeta a lo dispuesto en la legislación federal, es decir, a los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal se les aplican las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002.

IV. Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora, después de haber efectuado un análisis exhaustivo de la minuta señalada en el apartado anterior, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, en atención a las siguientes consideraciones:

De la lectura a la minuta, se advierte como propuesta principal la incorporación de los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

En México, a nivel constitucional se contienen las disposiciones relativas a los tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, mismas que pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal.

• La responsabilidad civil del servidor público, se manifiesta en la reparación pecuniaria.

• La responsabilidad administrativa se presenta para sancionar actos y omisiones de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en la administración pública.

• La responsabilidad política, objeto del juicio político, se refiere a actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

• La responsabilidad penal, será aplicable sólo después de una declaración de procedencia.

Al respecto, Gabino Fraga señala que la falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad del autor, mismo que puede ser de orden civil, de orden penal o de orden administrativo. Dicho de otra forma, cualquier falta cometida por el empleado en el desempeño de sus funciones lo hace responsable administrativa mente, sin perjuicio de que pueda originarse además una responsabilidad civil o penal, pudiendo ser sancionables todas de manera independiente por la autoridad competente.

Por su parte, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, señala que cuando los servidores públicos provocan daño o lesionan valores protegidos por las leyes penales, la responsabilidad en que incurren es penal y les serán aplicables las disposiciones y los procedimientos de esa naturaleza; cuando realizan funciones de gobierno y de dirección y afectan intereses públicos fundamentales o el buen despacho de los asuntos, dan lugar a la responsabilidad política; y cuando en el desempeño de su empleo, cargo o comisión incumplen con las obligaciones que su estatuto les impone para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el ejercicio de la función pública, la naturaleza de la responsabilidad es de carácter administrativo.

El artículo 108 de nuestra Carta Magna, señala que los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

De lo anterior, se observa que este precepto constitucional no considera sujetos de responsabilidad administrativa a los miembros de los ayuntamientos, aún cuando el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala como sujetos de la misma a “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos federales”.

Para esta Comisión, es importante señalar que la naturaleza jurídica del municipio corresponde a la de un poder estatal junto con los tradicionales órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Asimismo, es importante señalar que técnicamente el Estado debe contar con suficientes recursos económicos para financiarse a sí mismo y financiar las necesidades del pueblo, además de contar con suficiente poder. No obstante, desafortunadamente esos elementos han generado en nuestro país una tendencia negativa de diversos servidores públicos de diferentes épocas con propósito de beneficiarse de dichos recursos y poder, provocando actos de corrupción que laceran a los gobernados. Pero lo más lacerante es que ante estos actos subsiste todavía en México la impunidad.

Ante esta situación se requiere analizar más a fondo la eficacia de nuestras variadas disposiciones legales respecto a los supuestos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos para poder aplicarlas correctamente y no caer en . errores como hasta ahora parece que ha ocurrido.

El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido una preocupación constante en todo sistema democrático constitucional y una de las características esenciales de todo Estado de Derecho para evitar el abuso de poder.

Así, se ha buscado que los trabajadores del Estado estén sujetos a una regulación especial en razón de su participación en el ejercicio de la función pública debido a la particular situación que presentan. En este sentido, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen con las obligaciones que la ley les impone, provocan responsabilidades a favor de los sujetos lesionados o del Estado, que van de acuerdo a los órganos que intervienen, al régimen legal aplicable, a los procedimientos para su aplicación y a la jurisdicción cuya competencia corresponde.

Por ello, los miembros de esta comisión dictaminadora consideran necesaria la reforma al artículo 108 constitucional, que tiene como finalidad establecer como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos otorgados por el gobierno federal.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión coincide con lo expresado por el Senado de la República, en el sentido de que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero Estado de Derecho. En ese tenor es menester que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales, los utilicen –tal y como lo establece el artículo 134 constitucional– con eficiencia, economía, transparencia, honradez y exclusivamente para los fines que les son propios.

Asimismo, esta colegisladora coincide con la propuesta en estudio en cuanto a la inclusión de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos como responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales, ya que como se señala en la exposición de motivos que dio origen a la minuta que se analiza, la función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

Finalmente, este órgano dictaminador no pasa por inadvertido el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 7 de febrero de 2014, mediante la cual se reformó el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Fundamental, razón por la cual se procedió a realizar adecuaciones de estilo, con la finalidad de integrar al precepto constitucional vigente la propuesta contenida en la minuta con proyecto de decreto materia del presente dictamen, sin que ello implique una modificación o adición que implique una nueva discusión de la Cámara de origen.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO: Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. (...)

(...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

(...)

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones que contravengan el presente decreto quedarán sin efecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CANAL ONCE DE TELEVISION

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El 2 de marzo de 1959 se fundó el Canal Once, primera televisión pública educativa y cultural de México y América Latina. Este domingo cumple 55 años de labor, ofreciendo contenidos de calidad para México.

Se encuentra presente entre nosotros, le saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Enriqueta Cabrera Cuarón, directora del canal, con algunos funcionarios de la emisora. Sean bienvenidos y felicidades por este aniversario.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura fue turnada por la Mesa Directiva para estudio y nuevo dictamen la minuta que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el titular del Ejecutivo federal.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de conformidad con lo que establecen los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción I, 157, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó a elaborar el dictamen de la minuta referida, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 3 de marzo de 2010, el titular del Ejecutivo federal presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sesión del pleno del Senado de la República.

Segundo. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen el martes 12 de abril de 2011, con 90 votos a favor.

Tercero. El jueves 14 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de la Función Pública para dictamen.

Cuarto. La Comisión de la Función Pública aprobó el dictamen de la minuta de mérito el 11 de abril de 2012 y lo remitió a la Mesa Directiva para la continuación del proceso legislativo ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sin que se pronunciara resolución alguna.

Quinto. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura celebrada el 20 de noviembre de 2012 se aprobó el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura.

En cumplimiento del primer punto del referido acuerdo, la Mesa Directiva remitió el oficio número DGPL 62-II-5-215, por el que turnó copia del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, fracción IV, 8, fracción XXI, 10, 13, 14, fracciones V y VI, 21, 33, 41, 42 y 46; y adiciona el artículo 10 Bis, una fracción VII al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para estudio y correspondiente dictamen.

Sexto. El 10 de septiembre de 2013 se recibió del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados mediante el oficio número CEFP/ DG/ 0516/ 13valoración del impacto presupuestario de la minuta de mérito.

II. Contenido de la minuta

Único. La minuta de mérito contiene esencialmente las siguientes propuestas:

a) Establecer como objeto de la ley reglamentar las disposiciones tendentes a la protección de denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

b) Precisar como obligación de los servidores públicos abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que pudiere aportar información en los procedimientos establecidos en la ley de la materia, a fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar con motivo de ello cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de las personas mencionadas.

Que el incumplimiento de dicha obligación por los servidores públicos sea considerado por las autoridades competentes como grave.

c) Autorizar la presentación en forma anónima de las quejas o denuncias, las que deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público.

d) Ordenar a la Secretaría de la Función Pública establecer normas que regulen la forma de atención y resolución de las quejas y denuncias que se presenten, previendo aspectos como los procedimientos y plazos aplicables, las instancias de recepción, la forma en que se deberán comunicar a los denunciantes o informantes las disposiciones relativas a la protección y los estímulos conforme a los principios señalados en la ley que se analiza, el funcionamiento y la operación del sistema de recepción y seguimiento de quejas y denuncias y los mecanismos para que las dependencias y las entidades procedan a su difusión.

e) Establecer los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes.

f) Indicar que en el caso de infracciones graves se impondrán de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la sanción de destitución.

g) Prever entre los elementos que las autoridades considerarán para individualizar la sanción la colaboración del servidor público en la identificación de los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos.

h) Señalar que para el caso del incumplimiento de la obligación a cargo de los servidores públicos prevista en el artículo 8o., fracción XXI, del proyecto de decreto (véase el inciso b), las autoridades sancionadoras podrán determinar la suspensión temporal dentro de un plazo de cinco días hábiles posteriores a aquel en que tengan conocimiento de los actos u omisiones de los servidores públicos que pudieran obstaculizar o dilatar las investigaciones o procedimientos.

i) Considerar que para el caso de que el servidor público haga del conocimiento de las autoridades competentes en forma voluntaria su responsabilidad o proporcione información que permita acreditar la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos antes del inicio del procedimiento disciplinario, las autoridades sancionadoras podrán disminuir entre 50 y 70 por ciento la sanción correspondiente, siempre que no se hayan producido beneficios o lucros o no se hubieren causado daños o perjuicios.

j) Prever que la Secretaría de la Función Pública podrá otorgar con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria beneficios económicos a favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación de conductas que rigen en el servicio público.

Que en el caso de que la información sea otorgada por un servidor público, éste se hará acreedor a un reconocimiento de carácter no económico.

k) Precisar la atribución de la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo investigaciones para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, así como para que solamente en el caso de que lo estime conveniente realice las aclaraciones pertinentes en relación con las incongruencias detectadas, en los plazos expresamente previstos para ello.

l) Modificar el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estableciendo que en caso de que la secretaría no cuente con elementos suficientes para emitir el acuerdo de conclusión de la investigación, podrá disponer la práctica de otras diligencias, o bien, solicitar otras aclaraciones al servidor público.

En ese sentido, también prevé que una vez que la secretaría agote las diligencias de investigación, que no podrán exceder del plazo de tres años contados a partir de la notificación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá realizar las acciones correspondientes o, en su caso, emitir el acuerdo de conclusión dentro de los 15 días hábiles siguientes. Asimismo, elimina el procedimiento de impugnación contra la notificación.

m) Prever que la Secretaría de la Función Pública formulará denuncia correspondiente ante el Ministerio Público si de los elementos o datos recabados durante la investigación se desprende el incremento sustancial del patrimonio del servidor público sin justificación de su procedencia lícita. También elimina la facultad de la Secretaría de la Función Pública para ser coadyuvante del Ministerio Público en el procedimiento penal respectivo.

III. Valoración de impacto presupuestario del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados remitió a esta dictaminadora el siguiente estudio de impacto presupuestario de la minuta que se analiza:

La presente iniciativa no genera un impacto presupuestario en las modificaciones planteadas en los artículos 1, fracción IV, 8, fracción XXI, 10, 13, 14, fracciones V y VI, 21, 41, 42 y 46; y adiciona el artículo 10 Bis, la fracción VII al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que en todos los casos se trata de disposiciones reglamentarias.

Sin embargo, la adición del artículo 33 sí implica un impacto presupuestario, pues se habla de una gratificación a los ciudadanos que promuevan pruebas sobre funcionarios que se encuentran cometiendo actos de corrupción o ilícitos.

Debido a que no se establece en la propia minuta ningún planteamiento sobre montos, factores o indicadores que permitan calcular la mencionada gratificación, la cual se sujetará a la suficiencia presupuestaria de cada instancia federal, es imposible determinar el monto que erogarían las instituciones para cubrir dicha gratificación.

IV. Consideraciones

Primera. En el dictamen aprobado por la colegisladora se esgrimieron esencialmente las siguientes consideraciones:

Primera. Estas comisiones unidas comparten en términos generales el espíritu que anima la iniciativa objeto del presente dictamen. Ello, debido a que es necesario fortalecer el marco jurídico en materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos para fomentar en la sociedad mexicana tanto la cultura de la legalidad como la de la denuncia, a fin de generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar los actos de corrupción.

En la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se apuntó que dicho ordenamiento respondía a una exigencia permanente de la ciudadanía: contar con servidores públicos que actuaran de manera honesta y transparente. En ese sentido, la LFRASP ha sido un primer marco de referencia a partir del cual se ha logrado mejorar el desempeño de los funcionarios públicos.

Sin embargo, pese a los avances obtenidos a partir de la vigencia de la LFRASP debe indicarse que diversos estudios y análisis proporcionan datos e información que evidencian que las prácticas corruptas están arraigadas en el país. Debido a ello resulta lógico estudiar y explorar propuestas y planteamientos ayuden a combatir la corrupción.

Segunda. La lucha contra el fenómeno de la corrupción, por la complejidad de éste, debe darse desde dos frentes bien definidos. El primero de ellos involucra la creación de un esquema de administración pública en el que la regla sea la transparencia de las decisiones tomadas y las acciones llevadas a cabo. Dicho esquema, sin duda, debe acompañarse de un sistema de rendición de cuentas eficaz que posibilite la evaluación de las funciones que tienen los servidores públicos. El segundo frente que completa el combate de la corrupción es el fortalecimiento del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Para ello se necesita que el ordenamiento de la materia cumpla los siguientes propósitos: a) sancionar a los funcionarios a quienes se compruebe una práctica corrupta; b) genere incentivos para la denuncia; y c) disuada en lo sucesivo que se cometan actos de corrupción.

En ese sentido, estas dictaminadoras estiman conveniente recordar que el Congreso de la Unión y, de forma especial, esta soberanía han trabajado y legislado con los objetivos de reducir los espacios de discrecionalidad de la administración pública, transparentar la gestión que desarrollan los servidores públicos y mejorar los sistemas de rendición de cuentas en el sector gubernamental.

Así, no puede pasar inadvertido que el 20 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante esta reforma constitucional se avanzó en la transparencia de la gestión púbica y en el diseño de los instrumentos que posibilitan su evaluación. En particular destacan los siguientes avances que contiene el texto de la reforma: a) el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de información; b) Se protege el derecho a la información mediante mecanismos jurisdiccionales de control de constitucionalidad; y c) se establece el principio de máxima publicidad de la información pública.

Con el objetivo de desarrollar el contenido de la reforma constitucional, el Senado de la República aprobó el 28 de abril de 2010 el dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realizado por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Estudios Legislativos; y de Estudios. Legislativos, Primera.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar que el Poder Legislativo federal ha estado atento a cumplir las demandas y exigencias de contar con una administración pública honesta, eficaz y eficiente.

No obstante que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son herramientas que obstaculizan la realización de actos de corrupción, el camino trazado para combatir la corrupción no está culminado si no se prevén mecanismos de sanción efectivos y se carece de las condiciones que propicien la denuncia.

Tercera. Estas comisiones unidas sostienen que la permanencia y viabilidad de un régimen democrático quedan en entredicho cuando vicios como la corrupción dañan la confianza en las instituciones. Los riesgos de un régimen democrático que se encuentra penetrado por el fenómeno de la corrupción son de tal magnitud que bien pueden terminar por quebrar el sistema.

En virtud de lo anterior, el combate de la corrupción no es un asunto trivial. Por ello deben realizarse todos los esfuerzos con el propósito de revertir y disminuir drásticamente las prácticas corruptas que se realizan día con día.

No hay otra vía si se quiere conservar un arreglo institucional democrático.

Cuarta. Estas comisiones dictaminadoras han concluido que resulta importante fortalecer la responsabilidad de los servidoras públicos por los actos que realizan. En la actualidad se han instaurado diversas medidas para fomentar la denuncia y proteger a quienes las presentan a través de la Secretaría de la Función Pública, como la presentación de denuncias por medio de líneas telefónicas directas, la recepción de denuncias anónimas, la participación directa de denunciantes para sorprender en flagrancia a servidores públicos deshonestos y la protección de los datos personales de los denunciantes.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dispone en su eje de estado de derecho y seguridad el objetivo de combatir de forma frontal la corrupción. Se considera pertinente citar la estrategia 10.6, que se muestra a continuación:

Estrategia 10.6. Crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios que incurran en prácticas ilícitas.

(...)

Se facilitará a la ciudadanía la formulación de quejas, denuncias e inconformidades por medios directos y electrónicos, e incluso de forma anónima, otorgando seguridad y, en su caso, protección personal a los testigos que permitan la sanción de servidores públicos corruptos.

(...)

Del punto transcrito se desprende que el Estado mexicano tiene el deber de trabajar para crear y mejorar los mecanismos que faciliten la denuncia ciudadana, para sancionar efectivamente a los servidores públicos corruptos y proporcionar protección a los denunciantes y los testigos.

Asimismo, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 señala en el objetivo 1 lo siguiente:

Objetivo 1. Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de cuentas.

Estrategia 1.4. Fortalecer el marco normativo y el proceso para fomentar la denuncia y generar un instrumento jurídico adecuado para la protección de denunciantes.

En el mismo sentido que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el objetivo citado establece que el Estado debe generar una política en materia de información, transparencia y rendición de cuentas a fin de fortalecer el marco normativo, fomentar la denuncia y crear un instrumento jurídico para la protección de los denunciantes.

El Estado mexicano se ha propuesto estos objetivos en materia de responsabilidad de los servidores públicos, fortaleciendo las responsabilidades, fomentando la denuncia y protegiendo a los testigos. Esta soberanía ha trabajado con objeto de combatir los vicios existentes en la administración pública, por lo que se fomentan la denuncia y la protección de testigos.

En ese orden de ideas, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales y recibido diversas recomendaciones con el objetivo de mejorar en materia de responsabilidad de los servidoras públicos, como los que se describen a continuación:

a) La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Convención Anticohecho de la OCDE), ratificada en mayo de 1997.

Este instrumento jurídico establece obligaciones para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil de los Estados parte. Las obligaciones consisten en la implantación de mecanismos para prevenir, detectar y sancionar a los servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que en materia de transacciones comerciales internacionales den o prometan dádivas a un funcionario público extranjero para que actúe o se abstenga de actuar en relación con el ejercicio de sus atribuciones en función de un fin particular.

b) La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, a través del Mecanismo de Seguridad de la Implantación de la Convención contra la Corrupción, recomendó a México fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

c) La Convención Anticohecho de la OCDE recomendó al país facilitar la denuncia de casos de cohecho transnacional y proporcionar canales para la denuncia equivalentes a los que se tienen para el cohecho nacional.

Éstos son algunos de los instrumentos internacionales ratificados por el país en la materia, con algunas recomendaciones. Lo anterior ha indicado la necesidad de establecer un procedimiento para la denuncia de las faltas de los servidores públicos, así como de la protección de los denunciantes y testigos.

Con el objetivo de estimular la denuncia, estas comisiones unidas han convenido en atender lo señalado en los instrumentos internacionales y lo establecido en el Plan Nacional Desarrollo, al tiempo que buscan promover espacios para participar en la denuncia y contar con protección de los denunciantes. Indican que resulta necesario crear mecanismos que favorezcan la intervención y concienciación de la sociedad y los servidores públicos, ya que la participación mediante la denuncia vincula al gobierno y a la ciudadanía, pero aumenta la responsabilidad de los funcionarios públicos para alcanzar instituciones públicas eficientes y eficaces que sirvan a las necesidades de los ciudadanos.

Quinta. Sin duda, con la incorporación del principio de eficiencia en el servicio público se orienta el trabajo de la administración pública a la generación de resultados y beneficios al menor costo posible. La finalidad del sector público es la asignación de recursos y la provisión de servicios que produzcan el más alto nivel de bienestar social.

Esta idea debe arraigarse en el orden jurídico, pero también debe permear en la sociedad, a fin de generar una cultura social que destierre los actos de corrupción tanto de la sociedad como de los servidores públicos. En este sentido, es necesario transformar el paradigma que impera en la actualidad y establecer las conductas corruptas como inaceptables.

La denuncia de actos de corrupción es considerada una de las estrategias más exitosas en su combate. En este sentido, el papel de los denunciantes ha cobrado la mayor relevancia al aportar información a los procedimientos de investigación, auditoría o disciplinarios, pues complementan las actividades de control y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus atribuciones.

En esa tesitura, el análisis económico del derecho refiere que la Secretaría de la Función Pública baja sus costos de transacción al obtener información mediante las denuncias que ante ella se presentan, pues esa acción ayuda en el cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia. A través de la cooperación de denunciantes y testigos se logra disminuir los costos de llevar a cabo una investigación que sea efectiva.

Asimismo, la posibilidad de que los servidores públicos queden expuestos ante sus compañeros por la realización de conductas ilegales, así como la posibilidad real de ser sancionados por la autoridad competente, genera incentivos positivos en la conducta de los servidores públicos. Ello se debe a que en caso de que se encuentren frente a un hecho de corrupción tendrán ante sí la disyuntiva de aceptarla y ser denunciados y castigados, o bien, tener un comportamiento ejemplar, recto, honesto y ajustado al estado de derecho.

Sexta. Las instituciones de carácter público deben contar con personal formado con ética que desarrolle una conciencia del servicio público, abonando así a la cultura de denuncia en el país, pues los mismos servidores promoverán una denuncia ante actividades ilícitas o irregulares. El reto es lograr que las personas que ocupen un encargo público lo hagan con diligencia y honestidad, como resultado de la razón, la conciencia, la responsabilidad y el sentido del deber; en consecuencia, la adopción de la ética exige un cambio profundo de mentalidad que logre impedir pensamientos corruptos y combata las acciones que rompan el orden jurídico a través de la denuncia.

En este sentido, los servidoras públicos son responsables de sus actos, por lo que deben actuar con fundamento y ser capaces de mostrar el porqué de sus actos. Por ello se requiere que el sistema público tenga un cambio mediante el establecimiento de procedimientos en las leyes. Así, el servidor público debe actuar conforme a los criterios de eficacia, eficiencia, empeño y ética. El servicio púbico debe actuar con el fin de obtener resultados y cumplir los objetivos planteados, asimismo, debe utilizar su mejor esfuerzo y con ello evitar los actos de corrupción y otras ilicitudes. Contar con una formación del personal genera un alineamiento con los códigos de ética y entabla una relación de confianza. Por último, actuar con eficiencia implica una filosofía de trabajo orientada a la obtención de resultados y beneficios al menor costo, o el más alto nivel de cumplimiento de objetivos con los mismos recursos.

Es importante tomar en cuenta que no puede haber dos códigos de ética distintos; esto es, uno para el ámbito privado y otro para el público. No puede haber un sector público libre de corrupción si en realidad el sector privado tolera, e incluso premia, las prácticas corruptas; tampoco puede existir un sector empresarial honrado si el sector público, el gobierno y el sistema político perdonan y no castigan la corrupción. En esa tesitura, Jorge Etkin señala que la falta de ética en el servicio público se debe al individualismo y la lucha por la supervivencia en el plano económico. El código de ética debe guiarse entonces por el interés público (interés de la sociedad en su conjunto) y evitar los intereses individuales que benefician al particular pero dañan a la sociedad. La problemática surge cuando no se internalizan los intereses públicos por los servidores en las instituciones y sobreponen los intereses individuales, dando lugar a la corrupción, ya que mediante el individualismo se prefiere un beneficio económico y personal.

Séptima. Con base en los argumentos planteados, estas comisiones unidas consideran procedente la aprobación de la iniciativa que en este acto se dictamina. Estiman de vital importancia prever mecanismos y herramientas que generen condiciones que fomenten la denuncia de prácticas de corrupción. Con ello existirá un incentivo fuerte para que los servidores públicos guíen sus labores por el principio de legalidad.

A continuación se enuncian brevemente el sentido y el alcance de los preceptos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que se propone reformar o adicionar:

En el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se propone englobar en los procedimientos que se instauran por las autoridades competentes para investigar y realizar auditorías tendentes a sancionar a los servidores públicos que se apartan de los principios rectores del servicio público los tendientes a proteger a los denunciantes y personas que aporten información para erradicar el fenómeno de la corrupción.

Así, la figura de la denuncia se reorientará y difundirá en la sociedad mexicana con objeto de consolidarla como un instrumento útil y confiable del que puedan valerse las autoridades competentes para que se sancione a los servidores públicos que no observen las obligaciones que la Constitución y la ley de la materia les imponen y así se logrará dignificar el servicio público y fortalecer la credibilidad de las instituciones del Estado.

Ahora bien, en la fracción XXI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se plantea incorporar, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona a los posibles denunciantes, así como a cualquier persona que aporte información valiosa a los procedimientos previstos en el ordenamiento disciplinario.

Conforme a este precepto, se entendería que tanto las personas que pudieran coadyuvar con las autoridades competentes así las que participen directamente en las denuncias y en los procedimientos de investigación serían objeto de la protección planteada. Asimismo, con esta medida se asegura la protección de los servidores públicos denunciantes y de los particulares que denuncien actos de corrupción, por lo que se deberá cuidar el entorno laboral de los primeros a fin de evitar que sean presionados u hostigados en sus centros de trabajo con motivo de las denuncias presentadas y, en el caso de los particulares, asegurar que éstos reciban la atención adecuada en los procedimientos o trámites en que participen.

En el artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se propone establecer también la posibilidad de otorgar el beneficio de disminuir la sanción correspondiente siempre que no se hubieren producido beneficios o lucro o no se hubieren causado daños o perjuicios o, en su caso, el servidor púbico entere a las autoridades competentes el monto del beneficio o lucro obtenido; o bien, realice las acciones necesarias tendentes a resarcir los daños o perjuicios causados, siempre que el servidor público declare su responsabilidad al momento de presentar la denuncia. Lo anterior propiciará las denuncias de actos de corrupción cuando en los hechos u omisiones cometidos estén involucrados servidores públicos.

Por otra parte, las medidas enunciadas en párrafos precedentes se fortalecen con la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública otorgue con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria beneficios económicos en favor de los particulares que presenten denuncias o proporcionen información que permitan identificar o acreditar conductas contrarias a la ley en materia de responsabilidades administrativas. En el caso de servidores públicos, se plantea el otorgamiento de algún reconocimiento de carácter no económico.

Estas medidas serán definidas en acuerdos de carácter general emitidos por la propia Secretaría de la Función Pública, en los cuales se precisarán los montos, requisitos y procedimientos aplicables.

Asimismo, se plantea reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en lo relativo a la evolución patrimonial de los servidores públicos, con objeto de agilizar las investigaciones correspondientes y mejorar el seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos, propiciando así el cumplimiento de las recomendaciones que a ese respecto se han formulado con motivo de la implantación de la CICC de la OEA.

En ese tenor, se propone adecuar el contenido del artículo 41 de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para establecer que la Secretaría de la Función Pública, en las investigaciones tendentes a verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos, podrá solicitar a los servidores públicos, si así lo considera conveniente, que realicen las aclaraciones que al efecto estimen pertinentes. Estas aclaraciones versarán exclusivamente respecto a las inconsistencias detectadas en relación con los bienes que inicialmente fueron señalados, como parte del patrimonio de los servidores públicos y lo manifestado posteriormente en las declaraciones patrimoniales presentadas.

Modificaciones de la iniciativa

Primera. Las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos consideran conveniente modificar la iniciativa del presente dictamen en cuanto a incorporar el artículo 10 Bis donde se establezcan los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes. De esa manera se podrá contar con indicios que permitan presumir la comisión de conductas irregulares para dar inicio a las investigaciones correspondientes, considerando que estas reformas tienen como fin fomentar mayor participación de la ciudadanía, mediante la presentación de denuncias anónimas. Con base en lo anterior, resulta de vital importancia establecer en este numeral la obligación de la autoridad competente de clasificar la información proporcionada por los quejosos o denunciantes, así como las actuaciones que deriven de las quejas o denuncias que éstos presenten, de conformidad con lo que establecen las disposiciones aplicables en la materia.

Este nuevo artículo quedaría como sigue:

Artículo 10 Bis. Las quejas y denuncias que se presenten por cualquier medio ante las unidades correspondientes, en su caso, contendrán los requisitos siguientes:

a) Ser presentada por escrito o a través del sistema de recepción de quejas y denuncias.

b) Contener la narración de los hechos que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público.

c) Señalar los elementos de identificación del servidor público involucrado y, en su caso, los medios de prueba con que se cuente.

d) Señalar la dependencia o entidad en que ocurrieron los hechos que motivaron la queja o denuncia.

e) Expresar el nombre y domicilio del quejoso o denunciante, salvo que se trate de una queja o denuncia anónima.

La información proporcionada por el quejoso o denunciante y las actuaciones que se deriven con motivo de ella serán clasificadas en los términos de las disposiciones aplicables.

Segunda. Por último, estas comisiones unidas precisan que se ha considerado oportuno hacer algunos ajustes de redacción a fin de clarificar el texto del articulado y favorecer su exacta aplicación e interpretación.

Segunda.En los Estados Unidos Mexicanos, como en el resto del mundo, el abuso del poder de los gobernantes mediante la función pública en aras de beneficios personales daña a los ciudadanos y a las instituciones, pues el desvío de recursos públicos provoca pobreza y hambre entre los más vulnerables, disminuyendo la confianza de sus gobernados, lo que debilita el régimen democrático y hace propicio el ambiente para protestas violentas.

Según estudios de organismos especializados, en la nación los índices de corrupción van en aumento día tras día.

Transparencia Internacional

Año          Lugar    Calificación    Países                                                                          calificados

2010                        98           3.1                178

2011                        100         3                   182

2012                        105         34                 176

Este cáncer mundial que aqueja al país se puede enfrentar mediante la creación de marcos normativos que inhiban las conductas ilícitas de los gobernantes y funcionarios públicos.

México ha suscrito diversos tratados internacionales para sumarse a la lucha contra la corrupción. Destaca la Convención Interamericana contra la Corrupción, organizada por la Organización de los Estados Americanos, en la cual nuestro país se comprometió a promover y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Se ha comprobado que una de las acciones más exitosas contra la corrupción es la denuncia, ya que mediante ésta se pone al tanto a la autoridad sobre un ilícito y la obliga a movilizarse, primero para constatar que la presunta responsabilidad o el delito existe y luego para determinar responsabilidades y posibles sanciones; por lo mismo, resulta de vital importancia proteger a los quejosos, denunciantes o informantes de posibles actos de corrupción, que al saber protegidos sus intereses sienten confianza y acceden a denunciar cada vez con mayor frecuencia, lo que provocará la disminución de los costos de las investigaciones de los órganos facultados para realizar dichas investigaciones.

Los integrantes de este cuerpo legislativo estamos de acuerdo con los propósitos de la minuta en estudio de fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir actos corrupción futuros por los servidores públicos.

A continuación se efectúa un análisis de las propuestas más trascendentes contenidas en la minuta de mérito:

a) La propuesta de reforma del artículo 1 propone adicionar como objeto de la norma incluir la protección de los denunciantes y de las personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Con esta propuesta, la denuncia se fortalece y se convierte en una acción útil y confiable de la que pueden hacer uso los órganos facultados para sancionar a los servidores públicos que lleven a cabo conductas contrarias a sus obligaciones. Eso necesariamente mejorará el servicio público y cambiará la mala percepción que tiene la ciudadanía de éstos.

b) La modificación que se propone para el artículo 8 establece la obligación de los servidores públicos de abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos, denunciantes o a cualquier persona que aporte información relacionada con el posible incumplimiento a fin de evitar la presentación de denuncias, así como la realización de actos que redunden en perjuicio de los quejosos o denunciantes.

Con esta medida se asegura la protección de los servidores públicos denunciantes y de los particulares que denuncien actos de corrupción, por lo que se deberá cuidar el entorno labor de los primeros a fin de evitar que sean presionados u hostigados en sus centros de trabajo con motivo de las denuncias presentadas y, en el caso de los particulares, asegurar que éstos reciban la atención adecuada en los procedimientos o trámites en que participen.

c) La propuesta de reforma del artículo 10 propone las denuncias anónimas y faculta a la Secretaría de la Función Pública para establecer normas y procedimientos para que las quejas o denuncias sean atendidas y resueltas con eficiencia, entre otros aspectos los referidos a procedimientos y plazos aplicables, instancias de captación, la forma en que se deberán comunicar a los denunciantes o informantes las disposiciones de protección y estímulos; el funcionamiento y operación del sistema de recepción y seguimiento de quejas y denuncias y mecanismos para su difusión.

Con ello se pretende aumentar la participación de la ciudadanía y hacer eficiente la atención que los órganos facultados brindan a las denuncias y quejas de las personas.

d) La adición del artículo 10 Bis establece los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes.

El fortalecimiento de la figura de la denuncia permite contar con elementos que ayudan a detectar conductas irregulares para iniciar las investigaciones y establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes.

e) En el artículo 13 se propone agravar las sanciones derivadas de faltas administrativas imponiendo en el caso de inhabilitación, por actos que impliquen beneficio o lucro, de 1 a 10 años si el monto no excede de 200 veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de 10 a 20 años si excede de dicho límite. Lo anterior tiene como fin inhibir las conductas irregulares de los servidores públicos.

f) El artículo 31 propone otorgar el beneficio de disminuir la sanción correspondiente siempre que no se hubieran producido beneficios o lucro o no se hubieren causado daños o perjuicios o, en su caso, el servidor público entere a las autoridades competentes el monto del beneficio o lucro obtenido, o bien, realice las acciones tendentes a resarcir los daños o perjuicios causados, siempre y cuando el servidor público declare su responsabilidad al momento de presentar la denuncia.

Lo anterior propiciará las denuncias de los posibles incumplimientos de las obligaciones de los servidores públicos.

g) En el artículo 33 se propone que la Secretaría de la Función Pública otorgue, con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos en favor de los particulares que presenten denuncias o proporcionen información que permitan identificar o acreditar conductas contrarias a la ley en materia de responsabilidades administrativas. En el caso de servidores públicos, se plantea el otorgamiento de algún reconocimiento de carácter no económico.

La propuesta va encaminada a fortalecer la denuncia como una estrategia de combate de la corrupción porque no sólo espera las denuncias de los ciudadanos como un acto de cumplir el deber civil al realizar buenas acciones en favor de la comunidad, sino que pretende estimular la presentación de las denuncias con recompensas económicas para volverlas atractivas; esperando que aumente la frecuencia con que los particulares y servidores públicos realizan estas acciones.

h) Por último, en el artículo 41 se faculta a la Secretaría de la Función Pública para iniciar investigaciones tendentes a verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos para lo cual, podrá solicitarles de así considerarlo conveniente que realicen las aclaraciones pertinentes. Estas aclaraciones versarán exclusivamente respecto a las inconsistencias detectadas en relación con los bienes que integran su patrimonio y las manifestaciones contenidas en las declaraciones patrimoniales.

En ese contexto, es importante señalar la necesidad de adoptar las propuestas de reforma planteadas; ello, en pro de fortalecer el marco normativo en materia de combate de la corrupción por la vía de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Por todo lo expuesto y fundado, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados resolvió en su sesión realizada el ___ de_______ de 2013 acordó aprobar en sus términos la minuta de mérito enviada por el Senado de la República. Por ello se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, el cual deberá remitirse al Ejecutivo federal para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, fracción IV, 8, fracción XXI, 10, 13, párrafos tercero, cuarto y quinto, 14, fracciones V y VI, 21, 33, 41, 42 y 46; y se adicionan el artículo 10 Bis, la fracción VII al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. a III. ...

IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones, así como las disposiciones para proteger a los denunciantes y a las personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; y

V. ...

Artículo 8. ...

I. a XX. ...

XXI. Abstenerse de inhibir, por sí o por interpósita persona, a los posibles quejosos, denunciantes, o a cualquier persona que pudiere aportar información en los procedimientos establecidos en la presente ley, utilizando cualquier medio, con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias, así como realizar con motivo de ello cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de las personas antes mencionadas;

XXII. a XXIV. ...

...

Artículo 10.En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público, que podrán presentarse en forma anónima.

La secretaría expedirá las normas que regulen la forma de atención y resolución de las quejas y denuncias que se presenten, debiendo prever, entre otros aspectos

a) Los procedimientos y plazos aplicables;

b) Las instancias de recepción;

c) La forma en que se deberán comunicar a los denunciantes o informantes las disposiciones relativas a la protección y estímulos conforme a los principios señalados en esta ley;

d) El funcionamiento y operación del sistema de recepción y seguimiento de quejas y denuncias; y

e) Los mecanismos para que las dependencias y entidades procedan a su difusión.

La secretaría, los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, según corresponda, podrán solicitar en cualquier momento información relacionada con la atención de los trámites, servicios, resoluciones o determinaciones que deriven de las denuncias presentadas por los denunciantes y personas que aporten información relacionada con la conducta de los servidores públicos.

En el caso de que los denunciantes sean servidores públicos, los requerimientos que se formulen tendrán por objeto conocer las condiciones y características de su empleo, cargo o comisión y asegurar el cumplimiento de la obligación prevista en la fracción XXI del artículo 8 de esta ley.

Los servidores públicos de las dependencias o entidades deberán proporcionar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la información y documentación que les sea requerida en los términos del párrafo anterior en un lapso no mayor de cinco días hábiles. Cuando por la complejidad de los requerimientos formulados resulte necesario un plazo mayor para su atención, la secretaría, los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades podrán ampliar, conforme a la solicitud que al efecto se les formule, el plazo para la entrega de la información, el cual no podrá exceder de veinte días hábiles.

En el caso de incumplimiento injustificado de los requerimientos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en la fracción I del artículo 32 de esta ley. Si persistiere la falta de atención de los requerimientos mencionados, podrá iniciarse, a juicio de la autoridad, el procedimiento previsto en el artículo 21 de este ordenamiento, por incumplimiento de la fracción XVI del artículo 8 del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de que se cumpla el requerimiento de información respectivo.

Artículo 10 Bis. Las quejas y denuncias que se presenten por cualquier medio ante las unidades correspondientes, en su caso, contendrán los requisitos siguientes:

a) Ser presentada por escrito o a través del sistema de recepción de quejas y denuncias;

b) Contener la narración de los hechos que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público;

c) Señalar los elementos de identificación del servidor público involucrado y, en su caso, los medios de prueba con que se cuente;

d) Señalar la dependencia o entidad en que ocurrieron los hechos que motivaron la queja o denuncia; y

e) Expresar el nombre y domicilio del quejoso o denunciante, salvo que se trate de una queja o denuncia anónima.

La información proporcionada por el quejoso o denunciante y las actuaciones que se deriven con motivo de la misma serán clasificadas en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 13. ...

I. a V. ...

...

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de uno a diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.

En el caso de infracciones graves se impondrán de diez a veinte años de inhabilitación, así como la sanción de destitución. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable en los casos en que se actualice lo previsto en el párrafo segundo del artículo 31 de esta ley.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXI, XXII y XXIII del artículo 8 de la presente ley.

...

...

Artículo 14. ...

I. a IV. ...

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones; y

VII. La colaboración del servidor público en la identificación de los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos.

...

Artículo 21. ...

I. a IV. ...

V. ...

En aquellas investigaciones y procedimientos relacionados con el incumplimiento de la fracción XXI del artículo 8 de esta ley, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior dentro de un plazo de cinco días hábiles posteriores a aquel en que tengan conocimiento de los actos u omisiones de los servidores públicos que pudieran obstaculizar o dilatar las investigaciones y procedimientos.

La suspensión temporal a que se refiere esta fracción suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelva la secretaria, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

Se requerirá autorización del presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En caso de que la secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia secretaría.

Artículo 31. ...

En el caso de que el servidor público haga del conocimiento de las autoridades competentes, en forma voluntaria, su responsabilidad o proporcione información que permita acreditar la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos, antes del inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 21 de esta ley, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán disminuir entre un cincuenta y un setenta por ciento la sanción que le corresponda, siempre que no se hubieren producido beneficios o lucro o no se hubieren causado daños o perjuicios.

En el caso de que se hubieren producido beneficios, lucro o se hubieren causado daños o perjuicios, se aplicará lo previsto en el párrafo anterior, siempre que el servidor público entere a las autoridades competentes el monto del beneficio o lucro obtenido, o bien, realice las acciones tendentes a resarcir los daños o perjuicios causados.

Lo establecido en los dos párrafos anteriores no será aplicable en los casos en que el servidor público no hubiere manifestado su participación en las acciones u omisiones en que intervino al momento de hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos o abstenciones contrarios a la presente ley.

Artículo 33. La secretaría podrá otorgar, con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos en favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación o acreditación de conductas contrarias a las obligaciones establecidas en esta ley. Los servidores públicos no serán sujetos de este beneficio.

Cuando la información a que se refiere el párrafo anterior sea proporcionada por un servidor público, su colaboración en la identificación o acreditación de las conductas contrarias a las obligaciones previstas en esta ley será objeto de un reconocimiento de carácter no económico.

Los beneficios económicos y reconocimientos a que se refiere este artículo serán definidos por la secretaria mediante acuerdos en los que se establecerán el monto, los requisitos y el procedimiento aplicable. Su otorgamiento procederá una vez dictada la resolución en el procedimiento administrativo previsto en el artículo 21 de esta ley.

No se otorgarán beneficios económicos al denunciante cuando éste resulte favorecido de alguna manera con el acto u omisión denunciados.

Artículo 41. La secretaría podrá llevar a cabo investigaciones para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, la secretaría podrá solicitarle, si así lo considera, que realice las aclaraciones pertinentes respecto de las incongruencias detectadas en relación con los bienes que integran su patrimonio y las manifestaciones contenidas en las declaraciones patrimoniales presentadas ante ésta.

La facultad de la secretaría para iniciar las investigaciones a que se refiere este artículo podrá ser ejercida durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta tres años después de haberlo concluido.

Artículo 42. La secretaría notificará personalmente al servidor público la solicitud de aclaración, haciendo de su conocimiento las incongruencias detectadas, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, formule las aclaraciones pertinentes.

En caso de que la secretaría no cuente con elementos suficientes para emitir el acuerdo de conclusión de la investigación, podrá disponer la práctica de otras diligencias, o bien, solicitar otras aclaraciones al servidor público.

Una vez que la secretaría agote las diligencias de investigación, que no podrán exceder del plazo de tres años, contados a partir de la notificación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá realizar las acciones que correspondan o, en su caso, emitir el acuerdo de conclusión dentro de los quince días hábiles siguientes.

Cuando no fuere posible entregar el oficio de aclaración, o cuando el servidor público o la persona con quien se entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte su valor probatorio.

Artículo 46. La secretaría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público si de los elementos o datos recabados durante la investigación a que se refiere el artículo 41 de esta ley se desprende el incremento sustancial del patrimonio del servidor público sin justificación de su procedencia lícita. Dicho patrimonio estará representado por sus bienes, los de las personas a que se refiere el primer párrafo del artículo 43 de esta ley y aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Tercero. La Secretaría de la Función Pública deberá expedir, en un plazo no mayor de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, las normas previstas en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Cuarto. Los procedimientos relacionados con la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren en trámite o pendientes de resolución deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su radicación.

Quinto. Las erogaciones que, en su caso, se deriven de la implantación del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto de las autoridades facultadas para aplicar la ley, conforme a sus respectivos techos de gasto autorizados.

Notas:

1 Véase Gaceta del Senado número 247, del martes 12 de abril de 2011, correspondiente al segundo periodo ordinario, a través de http:www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&id=29329

2 Fuente: http//.www.transparency,org

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica a favor, rúbrica en abstención), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes, secretarios; Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, para hablar a nombre de la Comisión.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. El dictamen que se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, corresponde a una iniciativa presentada en la LXI Legislatura, en la Cámara de Senadores, el 3 de marzo de 2010. Fue aprobada por mayoría el 12 de abril de 2011 y se envió a la Cámara de Diputados, en donde la entonces Comisión de la Función Pública aprobó el dictamen el 11 de abril de 2012 y lo remitió a la Mesa Directiva para continuar el proceso legislativo ante el pleno de la Cámara.

Con motivo del cierre del último periodo de sesiones de la LXI Legislatura, dicha iniciativa quedó pendiente de resolución, por lo que al iniciar la LXII Legislatura, la Mesa Directiva acordó turnar a las comisiones correspondientes los dictámenes pendientes que no se discutieron en el pleno, de la legislatura anterior, para realizar un nuevo dictamen.

Es así que el 3 de diciembre de 2013, dictaminamos por unanimidad en sentido positivo y sin modificaciones la minuta proveniente del Senado, y es en nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que presentamos el presente dictamen.

La corrupción es un fenómeno que hemos padecido en México a lo largo de muchos años. Es una práctica que humilla a los mexicanos al forzarlos a pagar sobornos a funcionarios para que hagan el trabajo que les corresponde. Se arruina al comerciante honesto.

La corrupción propicia la asociación de empresas o empresarios sin escrúpulos y servidores públicos deshonestos —que se burlan del esfuerzo de la población por pagar sus impuestos— y se propaga como un cáncer para infestar todo lo que es decente en la sociedad.

Es tan grave el daño, que les puedo asegurar que la corrupción mata. Mata cuando una empresa soborna para obtener el permiso de comercialización de carne no apta para el consumo humano. Mata cuando el funcionario solicita dinero para prestar un servicio al que el ciudadano tiene derecho gratuito. Mata cuando el médico utiliza vacunas que no cumplen con los niveles de calidad escogidos por la autoridad sanitaria.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de crear las leyes que coadyuven a construir un gobierno honesto y democrático, que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación de la sociedad, y que cuente con principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, transparencia, y sobre todo, que rinda cuentas.

Este dictamen que hoy se somete a consideración de esta honorable asamblea, sin duda reforzará el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.

A continuación me permito exponerles su contenido. Instituye como objeto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos reglamentar las disposiciones tendentes a la protección de los denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

En México, la ciudadanía no denuncia, y a pesar de eso, un gran porcentaje de los procedimientos administrativos se originan con una denuncia. Precisamente esta disposición fortalece este mecanismo y se convierte en una acción útil y confiable de la que pueden hacer uso los órganos facultados para sancionar a los servidores públicos que realicen acciones de corrupción.

Esto mejorará el servicio público y fomentará la denuncia ciudadana, que es la mejor herramienta para identificar actos de corrupción. Plantea como obligación de los servidores públicos abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona a los posibles quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que pudiera aportar información en los procedimientos administrativos.

Asimismo, establece que el incumplimiento de dicha obligación será considerado por la autoridad competente como grave. Con estas medidas se asegura la protección de los servidores públicos o particulares que denuncien actos de corrupción, evitando posibles represalias en su contra. Por primera vez se trae al cuerpo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos la posibilidad de presentar quejas o denuncias de manera anónima.

Esta medida tiene como objetivo hacer que la autoridad con facultades de investigación no pueda desechar una denuncia por el solo hecho de que ésta sea anónima, en este sentido tendrá la obligación de verificar si la misma contiene los elementos que permitan iniciar el procedimiento correspondiente, sin importar si tiene o no el nombre del denunciante.

Instruye a la Secretaría de la Función Pública que establezca normas que regulen la forma de atención y resolución de las quejas y denuncias que se presenten, previendo aspectos como los procedimientos y plazos aplicables, las instancias de recepción, la forma en que se deberán de comunicar con los denunciantes o informantes, las disposiciones relativas a la protección y los estímulos conforme a los principios señalados en la ley que se analiza.

Con esto se facilitará a la ciudadanía la formulación de quejas, denuncias e inconformidades, otorgando seguridad jurídica a los denunciantes. Establece los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes, con el objetivo de poder contar con mayores elementos que permitan presumir la comisión de conductas irregulares para dar inicio a las investigaciones correspondientes y lograr así incrementar el buen resultado de las mismas.

Estipula que en el caso de infracciones graves se impondrán de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la sanción o destitución, con esto se endurecen las sanciones. Hoy en día el límite de años de inhabilitación es de 10, con esta reforma se aumentará a 20 años lo cual sirve para inhibir las conductas irregulares de los servidores públicos.

Prevé que entre los elementos que las autoridades considerarán para individualizar la sanción estará la colaboración del servidor público en la identificación de los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos.

Vinculado con el punto anterior, considera que en el caso de que un servidor público, de manera voluntaria, haga del conocimiento de las autoridades competentes sobre su responsabilidad, o proporcione información que permita acreditar la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos antes del inicio del procedimiento disciplinario. Las autoridades sancionatorias podrán disminuir entre un 50 y 70 por ciento la sanción correspondiente, siempre que no se haya producido beneficio o lucro o que no se hubiere causado daños o perjuicio. Estas medidas tienen por objetivo incentivar la denuncia de los servidores públicos que han actuado en coordinación con otros funcionarios en la comisión de diferentes irregularidades.

La experiencia nos ha demostrado que en muchos casos los actos de corrupción se realizan por redes de funcionarios públicos que han venido cometiendo actos ilícitos con gran impunidad a través de los años dentro de las propias instituciones.

Instaura que la Secretaría de la Función Pública podrá otorgar, con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos a favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación de conductas que rigen en el servicio público.

En el caso de que la información sea otorgada por un servidor público, éste se hará acreedor a un reconocimiento de carácter no económico. De esta forma se apuntala la denuncia de los ciudadanos como una estrategia eficaz en el combate a la corrupción.

Estamos convencidos que el papel de los denunciantes es fundamental. Por esta razón se incentiva la presentación de denuncias con recompensas económicas para volverlas atractivas, esperando que aumente la frecuencia con que los particulares y servidores públicos las presentan.

Modifica el procedimiento que realiza la Secretaría de la Función Pública de llevar a cabo investigaciones que verifiquen la evolución del patrimonio de los servidores públicos, así como para realizar aclaraciones pertinentes con relación a las incongruencias detectadas. Las modificaciones que esta reforma realiza al procedimiento de evolución patrimonial son con el afán de hacerlo más rápido y efectivo, lo que permitirá que la Secretaría de la Función Pública y la PGR puedan actuar con mejores resultados y en un menor tiempo.

Como pueden ver, este dictamen constituye un paso importante para cerrar los espacios a las acciones irregulares cometidas por funcionarios públicos, fomenta la participación ciudadana y fortalece el marco jurídico en el combate a la corrupción.

Es compromiso de todos nosotros el proteger y asegurar el Presupuesto que tiene el gobierno federal, el cual es dinero que el pueblo de México le confía al gobierno para que lo traduzca en bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, es importante mencionar que esta reforma constituye un complemento fundamental de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012. Con ese marco legal integral tendremos mayores elementos para combatir los actos de corrupción, por un lado a través de la prevención y sanción de conductas irregulares en materia de contrataciones públicas y por otro a través del constante escrutinio de la población mexicana por medio de la denuncia.

Además, con su aprobación estaremos dando cumplimiento a diversas convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano en materia de combate a la corrupción y de protección al denunciante.

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en su Grupo de Trabajo sobre Cohecho, recomendaron a México contar con una legislación de protección a denunciantes de actos de corrupción.

La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, a través del mecanismo de seguridad de la implementación de la Convención de la Corrupción, recomendó a México fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

Por estas razones y a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, solicito a ustedes su voto aprobatorio a este dictamen, para así reforzar el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.

Que no quepa duda que con esta reforma ganan los ciudadanos al contar con la denuncia como elemento útil y confiable que les brinda la seguridad de que cualquier servidor público que realiza conductas para perjudicarlos con motivo de la denuncia será sancionado.

Ganan las familias porque al inhibir la corrupción el Estado se vuelve más eficiente y brinda mejores servicios, lo que se traduce en bienestar social y una mayor calidad de vida. Ganan los servidores públicos porque se salvaguarda su integridad y su empleo al protegerlos de posibles represalias por denunciar conductas ilícitas de otros funcionarios públicos. Con esta reforma gana México y ganamos todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles. Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnas y a alumnos de la Universidad ICEL, invitados por el diputado Fernando Rodríguez Doval. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el manejo adecuado de los recursos públicos es una responsabilidad ineludible de quienes hemos optado por el servicio público. Nada indigna más a la sociedad que los servidores públicos hagan un uso inadecuado de los recursos de todas y de todos los mexicanos.

En los últimos años se ha trabajado a favor de fortalecer el marco institucional para una mayor rendición de cuentas, estableciendo mecanismos preventivos y sancionadores a través de organismos como la Auditoría Superior de la Federación.

No obstante los avances en la materia, resulta necesario continuar reforzando estos mecanismos. La sociedad mexicana exige controles eficaces para evitar la conducta de funcionarios que sin ética pública continúan utilizando los recursos de todos con una visión patrimonialista, lo que afecta a la hacienda pública y genera un clima de desconfianza hacia las instituciones.

Consideramos un acierto el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que se somete a la consideración de este pleno, ya que elimina una laguna jurídica en cuanto a la responsabilidad resarcitoria de los funcionarios públicos.

Con la reforma a los tres ordenamientos jurídicos establecidos en el dictamen no sólo se dota de una mayor certeza jurídica a la sanción resarcitoria, sino además fortalece el estado de derecho para que el daño o perjuicio a la hacienda pública no quede impune.

Es importante señalar que el espíritu de estas reformas es el de armonizar y clarificar los señalado sobre la responsabilidad resarcitoria en distintos ordenamientos jurídicos. En primer lugar, se establece de manera expresa la complementariedad y la no exclusión entre las diversas responsabilidades, ya sea administrativas, penales o políticas, según la gravedad del caso.

De igual forma queda asentado en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que éstos deberán abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien haya sido sancionado por la Auditoría Superior de la Federación con un proceso resarcitorio y omita cubrir el pago respectivo a la tesorería de la federación.

Con esta adecuación se evitará, como ha sucedido hasta ahora, que el servidor público se mantenga en funciones sin haber cumplido la sanción resarcitoria.

En este mismo sentido es la adición de las fracciones V, VI y VII del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que la Secretaría de la Función Pública inhabilite los procesos de contratación a los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias a los que están obligados.

Las reformas y adiciones propuestas en el dictamen son una muestra fehaciente de nuestro compromiso con la rendición de cuentas. Es necesario que frente a la sociedad las y los legisladores asumamos nuestra obligación de legislar para cuidar el patrimonio y el erario público.

Reconocemos que la rendición de cuentas es un pilar fundamental en la construcción de un gobierno democrático, pues es a partir de estos mecanismos como se fundamenta la confianza en las instituciones y en los servidores públicos que están para servir a la sociedad y no para servirse de ella.

Compañeras y compañeros diputados: la sociedad nos demanda que cumplamos con nuestra responsabilidad de velar por el interés de la nación con mecanismos legales que fortalezcan la rendición de cuentas y que aquellos que no cumplieron con su deber de mirar por el bien colectivo sean sancionados y no queden impunes.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza asumimos esta demanda como una exigencia social. No podemos permitir que por la conducta de algunos servidores sin ética política se comprometa la legitimidad de la gestión gubernamental.

Por ello votaremos a favor del presente dictamen, conscientes de que las medidas legislativas en materia de rendición de cuentas deben tener la finalidad de evitar los actos de corrupción creando los incentivos necesarios para inhibir este tipo de conductas. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lucila Garfias Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición en relación al dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En nuestra opinión, las obligaciones de los servidores públicos están perfectamente definidas en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y la propia ley establece un sistema para la presentación de queja o denuncias, sanciones administrativas y procedimiento para aplicarlas.

Además, de las sanciones que se pueden imponer por parte de los Órganos de Control Interno a los servidores públicos, que por acción u omisión en el desempeño de sus tareas, pueden ser sujetos a responsabilidad.

Estamos convencidos de que es necesario dotar al ciudadano de los instrumentos legales que le permitan hacer más fácil la presentación de denuncias y que éstas puedan correr el procedimiento que corresponde a fin de determinar la responsabilidad o no de los servidores públicos materia de la queja presentada.

Sin embargo, en razón del respeto que nos debemos todos los mexicanos al artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al respeto a los derechos humanos, no compartimos dos elementos relevantes que se contienen en el dictamen: el primero, en el artículo 10 Bis, inciso c), en el que se permite la presentación de denuncias anónimas.

Tenemos la convicción de que esta propuesta poco ayuda a eficientar el régimen de responsabilidades, porque desde el anonimato se puede imputar a cualquier servidor público la realización de conductas contrarias a la ley y esconder detrás de esta figura una intencionalidad de descrédito político hacia un servidor público, violando con ello, además, un derecho fundamental que es el de la presunción de inocencia, que en materia de responsabilidad de servidores públicos también debe amparar a quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los Poderes Legislativo y Judicial.

El segundo elemento que no estamos de acuerdo es el que se contiene en el artículo 13, en el que se establece que la Secretaría podrá otorgar con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria beneficios económicos —subrayo beneficios económicos— en favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación o acreditación de conductas contrarias a las obligaciones establecidas en esta ley.

No compartimos este criterio de pago de recompensas, porque estimamos que la labor de investigación de delitos por parte del Ministerio Público o de imposición de responsabilidades administrativas por parte de los Órganos de Control Interno perdería toda eficacia en sus tareas respectivas, porque a fin de cuentas dejarían de investigar para esperar cómodamente a que los ciudadanos hicieran denuncias y entregarles una gratificación, debida proporción guardada, se está estableciendo un procedimiento casi similar a los testigos protegidos en materia penal o testigos fabricados.

Además, del cuerpo del dictamen no se desprenden datos, como por ejemplo el número de denuncias presentadas por los ciudadanos ante los Órganos de Control Interno de éstas en cuanto se ha determinado la responsabilidad, qué sanciones se han impuesto y cuántas han quedado firmes. Ante esta ausencia de información no debemos dar palos de ciego en un tema tan relevante. Y por las dos razones antes citadas el Partido del Trabajo votará en contra del presente dictamen. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Presidente, lo felicito porque a la compañera diputada que intervino en la argumentación para fundamentar el dictamen usted le otorgó siete minutos de tolerancia.

Fue una intervención correcta y lo felicito por ser tolerante. Fue una intervención muy estudiada, documentada, aunque no comparto con ella en toda su extensión, pero creo que deja un buen sabor su Presidencia al ser tolerante. Nada se pierde con unas horas más. Y en la práctica ha demostrado que esa característica lo puede acompañar en su vida pública.

La corrupción a la fecha es uno de los mayores flagelos que atenta contra la vida institucional del país. De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, el año pasado México se situó en el lugar 106 de 177 países, observándose un índice comparable con el de Nigeria y Gabón.

Igual de alarmante resulta que de conformidad a la 12a. Encuesta Global de Fraude, elaborada por la firma Ernst & Young, seis de cada 10 empresarios de las 50 mayores corporaciones del país han reconocido el uso recurrente de sobornos a servidores públicos para el desarrollo de sus actividades, así como que el 38 por ciento de los encuestados reconoce que los sobornos son un medio constante para obtener la asignación de contratos estatales, constituyendo el mayor porcentaje de América Latina.

Adicionalmente en la encuesta antes mencionada se estima que los gastos en corrupción equivalen entre el 5 y el 8 por ciento del total de las ventas anuales de esas corporaciones, siendo los sectores de energía, petróleo, farmacéutica y construcción los más afectados.

Se ha estimado por parte del Consejo Coordinador Empresarial que el costo de la corrupción en el país aproximadamente equivale al 10 por ciento del valor total anual de la economía. La incorporación a la vida diaria de este fenómeno se ha visto impulsado por la ausencia de controles efectivos de rendición de cuentas por parte de funcionarios involucrados en casos de corrupción.

La impunidad que impera en los procedimientos para la investigación y sanción de acciones indebidas de funcionarios púbicos ha sido un elemento total del deterioro institucional en el tema. Los mecanismos hasta hoy vigentes han probado su falta de efectividad para el combate de este problema de opacidad y de corrupción.

No hemos advertido que los esfuerzos para propiciar una mayor transparencia gubernamental hayan ido de la mano de mecanismos de investigación que sancionen las actuales corruptelas. El dictamen que hoy se discute pretende incluir elementos que supuestamente fortalecerán los mecanismos de control de los servidores públicos, destaca la regulación en materia de denuncias efectuadas por particulares, estableciendo los requisitos mínimos de las mismas, abriendo la posibilidad a que sean anónimas e imponiendo la posibilidad también de protección a los denunciantes.

Estos mecanismos, sin embargo, debo de decirlo con toda claridad, son violatorios de la garantía de debida defensa de los inculpados, pues restringe su derecho a conocer quién lo denuncia. Igualmente se ha reconocido por la misma jurisprudencia emitida por la Corte, por la Suprema Corte de la Nación, que las denuncias anónimas no pueden ser reconocidas como pruebas dentro de los procedimientos, siendo únicamente útiles para la investigación.

En este sentido estas modificaciones de ninguna forma elevan el techo existente en la materia, pues de nueva cuenta la administración pública federal queda como lo faculta la ley para investigarse a sí misma. El incremento de sanciones en cualquiera de sus modalidades no constituye un verdadero disuasivo de la pena, ya que mientras no exista una persecución efectiva a las conductas penadas los infractores no dejarán de actuar impunemente en ese sentido.

No es correcto... ciudadano presidente, estamos tocando un tema muy delicado, le pediría llamar la atención a los diputados y diputadas, porque esta honorable y soberana Cámara por ratos se convierte en un soberano desmadre. Nadie hace caso y es una ley clave para la vida del país.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputado. Diputadas y diputadas, les ruego escuchemos con respeto y atención al orador.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Miren, ciudadanos diputados y diputadas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no han leído lo que se está discutiendo, es un dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que modifica 11 artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en uno de esos artículos, señores diputados, se establece la denuncia anónima. La denuncia anónima tiene su origen en la Santa Inquisición. Se aplicó por la teocracia del medioevo europeo en la Edad Media.

Y para su conocimiento, los reyes de Nápoles, de Aragón y de otros lugares, en 1745 declararon prohibida la denuncia anónima, porque la denuncia anónima ha sido un acto ominoso. Es una figura perversa que no puede dársele crédito.

Por eso es muy importante que sepan lo que votan. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la denuncia anónima, que quedó prohibida en 1745 y que ahora se reinstala o se pretende reinstalar.

Imagínense ustedes que los servidores públicos —de cualquier nivel— estén sujetos a denuncias anónimas al interior de su trabajo. Cuántas disputas, cuántas perversidades y cuántos problemas se van a generar. Es una figura jurídica que usó la Santa Inquisición para acusar de herejía a miles de inocentes, y que fueron quemados en la hoguera de manera pública.

No pueden ustedes aprobar ese tipo de figuras ominosas. Por eso me da tanto coraje que no atiendan este tipo de argumentos y que sólo voten mecánicamente figuras ominosas que en el pasado han demostrado no ser justas para la ciudadanía. Y ahora les pido, diputados, que tengan cuidado en aprobar las denuncias anónimas. Son una gran perversión y desvío del fin último de la justicia.

Me opongo a este tipo de prácticas que lamentablemente están regresando a la legislación nacional. Ojalá y lean con cuidado y ojalá sepan lo que están aprobando. A todos los que ponen atención no los incluyo, a todos los respeto, porque hay un sector de diputados y diputadas que siempre es atenta y respetuosa. A ellos no los incluyo en la consideración general. Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Monreal. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Ximena Martel Cantú, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, el combate a la corrupción sigue siendo uno de los mayores desa-fíos a nivel mundial.

En el 2003, como ya lo mencionó el diputado Monreal, de conformidad con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar número 106, realidad que nos obliga a realizar diversas acciones desde nuestro respectivo ámbito de competencia, a fin de reorientar el rumbo de nuestro país por la ruta de legalidad, haciendo prevalecer el imperio de la ley en todos y cada uno de los rincones del país, otorgando certeza y seguridad jurídica a los gobernantes.

El dictamen que hoy se presenta reforma diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de introducir en el cuerpo normativo nuevas disposiciones que den pie al cabal cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, al tiempo que posibilite nuevos caminos para el control, vigilancia y exigencia de responsabilidades hacia quienes ejercemos la función pública.

Las reformas que son hoy materia de discusión dan respuesta a la necesidad de modificar nuestro cuerpo normativo para continuar con la imperiosa tarea de abatir la corrupción, y posibilitar que el desempeño de los servidores públicos esté apegado a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que de acuerdo a la ley fundamental deben observar en el desempeño de sus funciones, cargos y comisiones. En este sentido, fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos es una tarea aún inacabada y un compromiso impostergable al cual no podemos sustraernos.

Con la propuesta que hoy discutimos se fortalece el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos al incluir como estrategia federal el pago de recompensas, la denuncia anónima y el otorgamiento de beneficios a los delatores.

Lo anterior, con la finalidad de que los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones, actúen de forma distinta a la función que les fue encomendada o hagan mal uso de los bienes y recursos públicos no escapen a la fuerza de la ley.

En suma, las propuestas planteadas pretenden imponer castigos ejemplares a los actos de corrupción. Generar incentivos para la denuncia previendo, incluso, que ésta pueda presentarse de manera anónima, y desde luego, como fin último disuadir los posibles actos de corrupción por parte de los servidores públicos.

La transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, son elementos esenciales de la democracia y permiten, entre otras cosas, el control del poder, evitando el abuso de quien lo detenta.

Los actos de ilegalidad e impunidad, corrompen la esencia del servidor público y fracturan el ánimo del pueblo. Cuando se fractura la confianza ciudadana hacia sus funcionarios y hacia las instituciones del Estado la insensibilidad social y la indiferencia se apoderan de las comunidades, perdiendo el sentido de pertenencia que unifica y que reanima los más altos valores nacionales.

México y los mexicanos merecemos un servicio público eficaz, eficiente, ético, honesto, transparente y responsable. Es por eso que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen. Un voto en sentido positivo, porque estamos convencidos que ni a los legisladores ni a los ciudadanos, absolutamente nada de lo que es público nos debe de ser ajeno. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Laura Ximena Martel Cantú. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Bautista López, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Bautista López:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, diputadas, es un hecho que la lucha contra la corrupción —la cual ha escalado niveles alarmantes en nuestro país, hasta convertirse casi en un asunto normal— cuando se habla de la administración pública debe estar orientada a la creación de un esquema en el que la regla sea la transparencia sobre las decisiones que se toman y las acciones que se realizan, y al mismo tiempo, instaurar un método eficaz de rendición de cuentas que posibilite la evaluación de las funciones que tienen los servidores públicos.

Pero para lograr lo anterior es necesario, precisamente, fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos a través de ordenamientos que sancionen a los funcionarios a quienes se compruebe alguna práctica corrupta, que genere incentivos para la denuncia y que disuada la comisión de nuevos actos de corrupción.

Es por estas razones que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expreso el apoyo de mis compañeros al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara de Diputados.

Hacemos también patente nuestro reconocimiento a sus integrantes por el trabajo realizado.

Para el Partido de la Revolución Democrática, reducir los espacios de discrecionalidad de la administración pública, transparentar la gestión que desarrollan los servidores públicos y mejorar los sistemas de rendición de cuentas en el sector gubernamental es una premisa inquebrantable.

A pesar de que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son herramientas que obstaculizan la realización de actos de corrupción, el verdadero combate a la corrupción apenas empieza, pues hasta hoy la viabilidad de un régimen verdaderamente democrático se pone en tela de duda, principalmente cuando este tipo de vicios dañan la confianza en las instituciones.

Bajo esta lógica, debemos considerar a la denuncia como un vehículo de combate efectivo. El dictamen que hoy se somete a consideración de este honorable pleno pone especial énfasis en este tema, para establecer los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes, y de esa manera contar con indicios que permitan presumir la comisión de conductas irregulares para iniciar investigaciones.

Estas reformas tienen como objetivo primordial fomentar una mayor participación de la ciudadanía mediante la presentación de denuncias anónimas, y definir la obligación de la autoridad competente de clasificar la información proporcionada así como las actuaciones que deriven de ella.

En México el abuso del poder de los gobernantes ha dañado severamente a nuestra sociedad y a las instituciones, pues el desvío de recursos públicos provoca pobreza, hambre, entre los más vulnerables, pero también merma la confianza en sus gobernados, lo que debilita, en consecuencia, el régimen democrático.

Es por ello que los legisladores que apoyamos este dictamen nos manifestamos a favor de fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir actos futuros de corrupción, incluyendo aspectos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como la protección de los denunciantes y de quienes aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios.

Las reformas que hoy se proponen permiten precisar como obligación de los servidores públicos abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que aporte información en los procedimientos establecidos en la ley de la materia, a fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de las personas mencionadas.

Además, permitirán ordenar a la Secretaría de la Función Pública el establecimiento de normas que regulen la forma de atención y resolución de las quejas y denuncias, previendo aspectos como los procedimientos y plazos aplicables, las instancias de recepción, la forma en que se deberán comunicar a los denunciantes o informantes las disposiciones relativas a la protección y los estímulos, conforme a los principios señalados en la ley que se analiza.

El funcionamiento y la operación del sistema de recepción y seguimiento de quejas y denuncias y los mecanismos para que las dependencias y las entidades procedan a su difusión.

En el dictamen se establece que la Secretaría de la Función Pública podrá otorgar, con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos a favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación de conductas que rigen en el servicio público.

Se precisa también la atribución de dicha secretaría para llevar a cabo investigaciones para verificar la evolución del patrimonio de los servidores, así como para que solamente en el caso de lo que estime conveniente, realice las aclaraciones pertinentes en relación con las incongruencias detectadas en los plazos expresamente previstos para ello.

Una vez que la Secretaría agote las diligencias de investigación, que no podrán exceder del plazo de tres años contados a partir de la notificación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá realizar las acciones correspondientes o en su caso emitir el acuerdo de conclusión dentro de los 15 días hábiles siguientes, asimismo, elimina el procedimiento de impugnación contra la notificación.

La dependencia formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, si de los elementos o datos recabados durante la investigación se desprende el incremento sustancial del patrimonio del servidor público sin justificación de su procedencia, en el caso de infracciones graves se podrá imponer de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la destitución del servidor público, pero las autoridades podrán también determinar la suspensión temporal dentro de un plazo de cinco días hábiles posteriores a aquel en que tengan conocimiento de los actos u omisiones de los servidores públicos que pudieran obstaculizar o dilatar las investigaciones o procedimientos.

Compañeras, compañeros, éstos son solo algunos de los aspectos que contiene el dictamen, cuyo espíritu compartimos, dado que estamos en el momento preciso para fortalecer el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con la obligación que emana de nuestra encomienda como legisladores para fomentar en la sociedad mexicana una verdadera cultura de legalidad y de la denuncia para generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar los actos de corrupción.

Con esta norma estamos respondiendo a la exigencia ciudadana, de contar con servidores públicos honestos; es por ello que los convocamos a apoyar y a aprobar este dictamen, el cual sin duda será un parteaguas en la lucha contra la corrupción. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Víctor Manuel Bautista López. Tiene el uso de la palabra, el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores:Gracias, diputado presidente. El Partido Acción Nacional celebra que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción haya dictaminado en sentido positivo esta minuta proveniente del Senado, que sin duda vendrá a reforzar el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.

Quiero decirles que esta reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas constituye un complemento fundamental a la Ley Federal Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011.

Con este marco legal integral tendremos mayores elementos para erradicar los actos de corrupción. Por un lado, a través de la prevención y sanción de conductas irregulares en materia de contrataciones públicas y, por otro, a través del constante escrutinio de la población mexicana por medio de la denuncia.

El proyecto de decreto que hoy se discute tiene por objeto fortalecer el marco jurídico en materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos mediante la incorporación de disposiciones específicas que propician que las autoridades competentes faciliten la denuncia de aquellos actos que contravengan los principios que rigen el ejercicio de la función pública, la adopción de medidas tendientes a proteger a los denunciantes y cualquier persona que aporte información valiosa para los procedimientos de investigación, así como precisa el catálogo de obligaciones de los servidores públicos, entre otras cosas.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la autoridad en el combate a la corrupción es la falta de la denuncia, que es la mejor fuente de información para la sanción de anomalías, por lo que es indispensable fomentar en la sociedad mexicana la cultura de la legalidad y, por ende, la cultura de la denuncia tendiente a evidenciar los actos concretos de corrupción. Precisamente esto es lo que busca la reforma.

De las grandes bondades que presenta esta reforma podemos anunciar la protección a los denunciantes. Esta reforma plantea adicionar a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos los supuestos que permiten contar con principios generales de protección a favor de los denunciantes, encaminados a evitar represalias en el ámbito laboral cuando los denunciantes sean funcionarios públicos o bien para sancionar a aquellos que incurran en conductas en perjuicio de los denunciantes.

Asimismo, se propone establecer el otorgamiento de beneficios económicos, estímulos y recompensas a favor de los denunciantes. En el caso de ser servidores públicos, éstos podrán recibir reconocimientos de carácter no económico si aportan información.

Otro incentivo es la colaboración a través de la disminución de sanciones, y recompensas, disminuyendo la sanción por colaborar o aportar información por parte de los servidores públicos. Por autodenuncia o aceptación de los hechos la disminución podrá ser desde un 50 hasta un 70 por ciento, siempre y cuando no se genere daño patrimonial o éste haya sido restituido, beneficios económicos con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria de la Secretaría de la función Pública. Sin duda esta reforma incentivará la denuncia de actos de corrupción cuando en los hechos u omisiones estén involucrados servidores públicos.

También podemos revisar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos. Se plantea reformar lo relativo a la evolución patrimonial de los servidores públicos con el objeto de agilizar las investigaciones correspondientes y mejorar el seguimiento a la situación patrimonial de los servidores públicos.

Cabe resaltar que la protección a la denuncia anónima es un gran avance en esta reforma y es contrario a aquélla aseveración que hace el diputado Monreal, que con respeto le digo que no estamos en la época de la Inquisición. Ya las instituciones tienen la forma de dar seguimiento y desechar las denuncias que no tengan fundamento, por lo cual yo creo que esta reforma debe darse ya, que se dio una gran discusión al seno de la comisión y llegamos a la aprobación unánime de estas reformas.

En Acción Nacional no podemos hablar de anticorrupción sin mencionar al maestro Alonso Lujambio Irazábal, quien fue un gran promotor en esta materia. Para nosotros es de gran orgullo y será un honor poder avalar estas reformas en materia de transparencia y anticorrupción. Gracias, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Leticia Calderón Ramírez, para fijar postura por el Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Leticia Calderón Ramírez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Según los datos publicados en el Índice de Percepción de Corrupción 2013, elaborado por la Organización Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en el lugar 106 de 177 naciones evaluadas, cayendo un lugar en relación al 2012, ya que obtuvo una calificación de tan sólo 34 puntos de 100 posibles. Lo que significa que nuestra nación es considerada como una de las más corruptas.

Los costos sociales que se generan a causa de este fenómeno son dañinos, ya que afectan la confianza de la sociedad en su sistema político y en sus servidores públicos. Asimismo, los costos económicos que se generan son la disminución de la eficiencia y la competitividad. Además, un país corrupto produce distorsiones de mercado, riesgos financieros e incertidumbre que se traducen en un descenso en la inversión y actividad empresarial que motiva baje el desarrollo y el crecimiento económico.

Por tal motivo, y con la finalidad de combatir este fenómeno, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales y recibido diversas recomendaciones con el objetivo de mejorar en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

De igual manera, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se aborda este tema, el objetivo 1.4, que a la letra dice: “garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”.

Establece como una de las estrategias a seguir por parte del gobierno federal, el combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.

Por tal motivo se llevará a cabo como línea de acción promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos. Bajo este orden de ideas consideramos que es importante el fortalecimiento del marco jurídico en materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo cual se fomentará en la sociedad mexicana una cultura tanto de la legalidad como la de la denuncia, a fin de generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar los actos de corrupción.

Para tal fin se necesita que el ordenamiento de la materia cumpla con los siguientes propósitos: sancionar a los funcionarios públicos a quienes se les compruebe una práctica corrupta y generar incentivos para la denuncia, con la que se disuadirá a los servidores públicos de cometer ilícitos en el cumplimiento de sus funciones.

De igual manera, para poder disminuir este terrible mal se tienen que eliminar los conflictos de interés que lo generan, además de aplicar los debidos castigos.

Se necesita también un monitoreo constante y una verdadera transparencia, así como fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir actos de corrupción futuros por los servidores públicos.

Compañeras y compañeros legisladores, es necesario fortalecer el marco jurídico en materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, para fomentar en la sociedad mexicana tanto la cultura de la legalidad como la de la denuncia.

Es de vital importancia emprender acciones, prever mecanismos y crear herramientas que permitan revertir y disminuir drásticamente las prácticas corruptas que se realizan todos los días en el país.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronunciará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para finalizar esta ronda de posicionamientos, tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, por alusiones personales.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, ciudadana presidenta. Ciudadanos legisladores, me gustaría que abriéramos el debate sobre este tema. De verdad se los digo con toda honestidad.

Este es uno de los temas en los que no debieran sólo fijarse posicionamientos, porque finalmente constituyen monólogos. No. Tenemos que debatir, y por eso me alegra que me hayan aludido porque me da oportunidad de seguir argumentando.

Les puedo decir a todos los legisladores y legisladoras que por razones y principios de carácter intelectual en mi formación de abogado, de doctor en derecho, no puedo aceptar que en un cuerpo normativo... Presidenta, me gustaría que volviera a llamar la atención. La verdad es que da pena ajena.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputado. Invitamos a los presentes a poner atención al orador, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Da tristeza. Decía, Presidenta y legisladores, que por una necesidad intelectual, por congruencia jurídica, debemos asentar que no soy de la opinión de que se pueda admitir en un estado de derecho la imposición de una sanción que es resultado y consecuencia de una denuncia anónima, pues ello equivaldría a justificar, a instituir en el sistema jurídico mexicano un sistema de delatores, un sistema de delaciones, reñido con los más básicos principios constitucionales de cualquier Estado nacional de cualquier país.

Recuerden el origen de las denuncias anónimas. Hablo de las denuncias anónimas no de las denuncias secretas, porque hay otro propósito en el de las secretas, que pueden proteger al denunciante, pero en el caso de las denuncias anónimas no conoces al denunciante.

Me parece que esto es propio de estados totalitarios. La denuncia anónima es una figura ominosa, perversa, que no tiene control jurisdiccional ni control alguno para poder evitar injusticias en contra de los ciudadanos.

Les decía, miren, en 1745, hace ya casi 280 años, la denuncia anónima que se había usado fundamentalmente en el derecho canónico, y sobre todo en la Santa Inquisición, se prohibió la denuncia anónima.

Y fíjense la redacción de 1745, decía el artículo 7o. de unas disposiciones que promulgó o que envió el rey Fernando, decía, está expresamente prohibido a todas las autoridades judiciales y administrativas recibir y dar curso a las denuncias anónimas, excepto, únicamente, los casos de flagrancia y de hecho permanente en los términos del artículo 28 de nuestras leyes de procedimientos de los juicios penales.

Es decir, no sólo no instituía la denuncia anónima, prohibía expresamente que algún órgano judicial pudiera aceptar denuncia anónima; estoy hablando de 1745. Hay más argumentos, que por eso presidente, decía que a mí me parece importante que entráramos al debate jurídico, constitucional, doctrinario, histórico, sobre la figura de la denuncia anónima de la cual yo estimo, como formado en la escuela de derecho de la UNAM, no puedo admitir este exceso de legislador al permitir denuncia anónima en el sistema normativo mexicano. Muchas gracias, Presidenta, por su tolerancia.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para hablar en contra de este dictamen, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por tres minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señora presidenta. El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy debiese de ser un dictamen completamente virtuoso. Cuando en el PT se analiza si las votaciones serán a favor o en contra, siempre valoramos si estas iniciativas tienen elementos suficientes para no solamente ser una buena idea, sino que sea un buen elemento jurídico.

En efecto, el tema de la corrupción es un gran problema en México. Sin embargo esta iniciativa que hoy estamos a punto de votar no soluciona en sí el tema de la corrupción, pues genera incentivos perversos, no solamente para el tema de la denuncia, sino para la construcción de una cultura de ética y de denuncia.

Respeto, y sobre todo aprecio, a la diputada que ha presentado este dictamen, que haya intercambiado conmigo sus puntos de vista sobre específicamente la denuncia anónima y el tema de los incentivos económicos, aun sin embargo consideramos en el Partido del Trabajo que el tema de la corrupción debe acabarse de raíz.

México no solamente es considerado uno de los países más corruptos, como ya se ha dicho en esta tribuna tenemos el muy deshonroso lugar 106 de 177 de todas las naciones en el Índice de Percepción de Corrupción.

Según el Barómetro de Corrupción los mexicanos calificamos como muy grave el problema de la corrupción y cerca del 55 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción se ha agravado en los últimos años.

¿Quiénes son el objeto de no los afectos de los mexicanos, pero sí de los señalamientos de corrupción? La policía, los partidos políticos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

El 72 por ciento de los mexicanos considera que las medidas tomadas en el tema de corrupción no son suficientes. Hablaré específicamente de dos que son las que nosotros consideramos que son los incentivos perversos de esta iniciativa, pero que también son el eje de la misma.

La primera es la denuncia anónima, de la que ya ha hablado el diputado Monreal ampliamente en este tema. Nosotros consideramos que la denuncia anónima, siempre y cuando sea verificada y no dé como resultado una cacería de brujas, es decir, una denuncia secreta —como él ya lo ha dicho en esta tribuna— que pueda tener una verificación de datos y una verificación del denunciante es mucho más virtuosa, porque si no lo que tendremos es una cacería de brujas.

Y, por otro lado, la remuneración económica que se considera para los denunciantes. Ahora resulta que el Estado debe remunerar económicamente a aquellos que denuncien actos de corrupción, que no sean funcionarios públicos, pero sí ciudadanos, y que como quien dice le peguen al gordo, es decir que hagan una denuncia que probablemente sea parte de esta línea de los actos de corrupción y que efectivamente la comisión determine que han tenido razón en su denuncia, entonces el Estado debe premiar.

Los incentivos que se deben dar para la denuncia, para acabar con la corrupción y para acabar con la corrupción sobre todo interna del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de las instituciones del Estado deben ser virtuosas, no deben de ser presionadas y mucho menos crear una cacería de brujas, porque entonces estamos creando métodos que no tienen que ver con la anticorrupción, sino con otra cosa que tiene que ver con la venganza y con la naturaleza humana y los odios humanos de aquellos que no están de acuerdo con nosotros y a los que nos encantaría señalar, y a veces hasta poner en la cárcel.

Es por eso que creemos que éstas —y he presentado una reserva al respecto— son cuestiones que deben de revisarse en esta iniciativa, pero que no ha sido así y por eso nos estamos posicionando en contra. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Quiero saludar la presencia de alumnos de la Universidad del Valle de México, de la licenciatura de derecho, de Cuautitlán Izcalli, que nos acompañan hoy invitados por la diputada María Guadalupe Mondragón González. Bienvenidos, bienvenidas. También así a los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 97, del municipio de Tlalnepantla, estado de México, invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidos y bienvenidas todos.

Vamos a darle la palabra ahora a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputada presidenta. Este tema realmente es delicado, es importante, y como tal debemos atenderlo, máxime que la corrupción a la fecha es uno de los mayores flagelos que existen en nuestro país. Igual de alarmante resulta que de conformidad a la doceava encuesta global de fraude, elaborada por la firma Ernst & Young, seis de cada 10 empresarios de las 50 mayores corporaciones del país han reconocido el uso recurrente de sobornos a servidores públicos para el desarrollo de sus actividades, así como el 38 por ciento de los encuestados reconoce que los sobornos son un medio constante para obtener la asignación de contratos estatales, constituyéndose como el más alto porcentaje de corrupción en América Latina.

Adicionalmente, en la encuesta también se menciona y se estima que los gastos en corrupción equivalen al 5 por ciento del total de las ventas anuales de estas corporaciones, siendo las industrias y los sectores más afectados el de energía, el farmacéutico y el de la construcción.

Según lo estimado por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el costo de la corrupción en México es el equivalente al 10 por ciento del valor total anual de la economía de este país. La impunidad que impera en los procedimientos para la investigación y sanción de las acciones indebidas de funcionarios públicos ha sido un elemento fundamental del deterioro institucional en lo que respecta a corrupción.

Los mecanismos legales hasta hoy vigentes han probado su falta de efectividad para el combate a la corrupción, hemos advertido que los esfuerzos para propiciar una mayor transparencia gubernamental no han ido de la mano con un mecanismo de investigación que sancione a las acciones corruptoras.

El dictamen que hoy se discute pretende incluir elementos que supuestamente fortalecerán los mecanismos de control a los servidores públicos. Sin embargo, estos mecanismos son violatorios de las garantías de la debida defensa de los inculpados pues restringen su derecho a conocer quién los denuncia.

Igualmente se ha reconocido por la misma jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las denuncias anónimas no pueden ser reconocidas como una prueba dentro de los procedimientos, siendo únicamente útiles para las investigaciones.

Por lo tanto, si la denuncia anónima no es un hecho cierto ni confiable no tiene valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En este sentido, estas modificaciones de ninguna manera elevan el techo existente en la materia, pues de nueva cuenta la administración pública federal queda como la facultada para investigarse a sí misma.

No podemos admitir una sanción a quien sea víctima de una denuncia anónima. Lo que urge en este país es la creación de una contraloría ciudadana desprovista de vínculos a la administración pública federal. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para hablar también en contra del dictamen.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Gracias, presidenta. En este dictamen que hoy se está discutiendo, que me permito leer una parte, el segundo párrafo del artículo 10: Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público, que podrán presentarse en forma anónima.

Es cierto que en este país existe el miedo, el temor a denunciar a cualquier funcionario público por las probables responsabilidades que puedan verterse en su contra. Pero no quieran engañar a los ciudadanos.

Solamente voy a poner el ejemplo más reciente que se ha vivido en esta Cámara de Diputados. Desde el mes de noviembre se denunciaron hechos que contenían datos o indicios que permitían advertir la corrupción en la Comisión de Cultura de esta Cámara, y no era anónima, aparecía claramente quién era el denunciante de estos hechos y actos de corrupción en la propia Cámara, en la Comisión de Cultura, ¿y saben algo? Nadie hizo nada, aún cuando venía claramente quien era la persona que denunciaba.

Hoy se hace una denuncia penal y dicen que no existen pruebas. Existen amenazas por denunciar y se sigue protegiendo a la corrupción, no quieran engañar a los ciudadanos.

Este dictamen no va a proteger de las represalias que puedan tener las personas que denuncien de manera anónima, y recuerden muy bien el tiempo en el que lo estoy diciendo. Datos e indicios no sirvieron para que se hiciera algo, para que se evitara la corrupción en la Comisión de Cultura, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

Quiero dar un saludo y bienvenida a un grupo de personas del municipio de Tultitlán, estado de México, que han venido a este honorable recinto invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidas a todas y a todos.

Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión los siguientes artículos: el artículo 10, segundo párrafo, por el diputado Ricardo Monreal Ávila, el artículo 10, adición de un párrafo tercero, por la diputada Luisa María Alcalde Luján, y el artículo 33, por la diputada Lilia Aguilar Gil.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados.

(Votación)

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 345 votos a favor, 14 abstenciones y 37 votos en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, por 3 minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar su reserva al artículo 10, segundo párrafo, hasta por 5 minutos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores. Estoy reservando el artículo 10, que es el que se refiere a la denuncia anónima. Mis argumentos, algunos de ellos los he expresado, pero si no fuera suficiente les podría decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en donde señala que la denuncia anónima no tiene valor probatorio y que la denuncia anónima, en consecuencia, debe ser proscrita al no cumplir la denuncia anónima con los requisitos legales, propios de la denuncia formal, como son la identidad y firma del denunciante.

Solo se traduce, dice la Corte, en una noticia de un evento presumiblemente delictuoso, cuya única finalidad es impulsar al Ministerio Público para que investigue ese hecho, y en consecuencia, la denuncia anónima no es, dice la Corte, subrayo, un hecho cierto ni confiable.

Por esa razón, considera la Corte, el más alto tribunal de justicia —que nosotros no creemos en él, está podrida la justicia en México—. Pero la jurisprudencia de la Corte señala que, por tanto, no tiene valor probatorio de indicio ninguna denuncia anónima.

¿Qué sucede? Y leíamos, revisábamos y discutíamos la historia. Les comentaba de las disposiciones del Reino de Nápoles, que proscribió la denuncia anónima del rey Fernando, que más tarde, en 1822 también lo hizo. Y también que el uso desmesurado que históricamente llegó a tener la delación o denuncia anónima aconsejó a los legisladores de 1800 a establecer en un juicio, en una ley de enjuiciamiento criminal de 1872, llegó a establecer la proscripción tajante de la denuncia anónima como forma de comunicación de hechos delictivos.

Pero si no les gusta la historia o creen que lo que sucedió en la Santa Inquisición y en la historia reciente del siglo pasado ya no es aplicable en México, les puedo decir lo que actualmente sucede. La delación, ciudadanos legisladores, la denuncia anónima ahora se usa —ustedes quizás no han visto o a la mejor sí en sus estados— como el Ejército, el Ministerio Público y otras autoridades reciben denuncias anónimas; ya lo están haciendo y han sido motivo de muchas injusticias. ¿Y saben qué están haciendo ahora? Perfeccionando este tipo penal. Perfeccionando este grave deterioro y grave figura ominosa.

Miren, la denuncia anónima en los últimos años en la lucha contra el crimen organizado ha sido usada de manera perversa y de manera absurda, pero ha sido usada; incluso el Código Penal Único, nosotros votamos en contra por esta figura de denuncia anónima.

Pero miren ustedes, la denuncia anónima se usa normalmente, les decía en la intervención pasada, en Estados totalitarios, y durante el siglo XX y siglo XXI se han usado las denuncias anónimas. Actualmente se usan las denuncias anónimas para perseguir delitos como delincuencia organizada y terrorismo.

Saben ustedes ciudadanos, legisladores y legisladoras, ¿cuándo se quitó la denuncia anónima del derecho canónico y de las leyes, más tarde civiles? Se quitó conforme iba avanzando el periodo ilustrado, cuando surgieron corrientes de pensamiento liberal y entonces esos defensores de los derechos humanos primarios se opusieron a la denuncia anónima y triunfó la sociedad ilustrada, después del medioevo, después de la Edad Media, y desde 1745 quedó proscrita en Europa, y en muchas cortes participables de la monarquía absoluta o constitucional quedó proscrita y nosotras la reinstalamos en pleno siglo XXI.

Yo les decía, ¿por qué no buscar un mecanismo intermedio, no de denuncia anónima, quizá de denuncia secreta, en donde se proteja al denunciante de cualquier represalia del denunciado pero que tenga la obligación de probar lo que está denunciando?

Si atiendes la naturaleza de la denuncia como acto procesal estamos cometiendo una barbaridad jurídica. Estamos cometiendo errores graves en materia constitucional, y por eso lo que planteo, ciudadana presidenta —concluyo—, es que del dictamen en su artículo 10 se suprima la última parte del párrafo segundo que dice: Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público, que podrán presentarse en forma anónima.

Lo que propongo es muy sencillo. Que se elimine el que podrán presentarse en forma anónima. Ésta es mi propuesta, presidenta; ojalá y sea atendida, presidenta.

«Reserva al artículo 10 del dictamen con proyecto de decreto por el que modifican y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta honorable Asamblea, la siguiente reserva al artículo 10 del dictamen con proyecto de decreto por el que modifican y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

Exposición de Motivos

El derecho a una debida defensa por parte de los inculpados está consagrado de forma clara en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Parte determinante de ese derecho lo constituye el conocimiento de los cargos que se imputan y quien acusa a los inculpados.

Este principio si bien refiere al derecho penal, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, ya que ambas ramas del derecho pertenecen al ius puniendi del Estado.

En ese entendido, es determinante que en los procedimientos derivados del ejercicio de la facultad punitiva del Estado se garantice a los inculpados la posibilidad de conocer de forma cierta las circunstancias propias de la denuncia y el denunciante que puedan ser determinantes para su defensa.

La denuncia anónima, es una figura que ha sido controvertida en su aplicación, en la medida que este dispositivo legal impide el conocimiento pleno de quien es quien señala al inculpado y le impide el aportar pruebas que se encaminen a desacreditar el dicho de quien lo señala por el ilícito.

En ese entendido la misma Suprema Corte de la Nación, ha emitido criterios jurisprudenciales tendientes a desvirtuar este mecanismo de denuncia como una prueba útil en el proceso, restándole únicamente valor para efecto del inicio de una investigación formal, de parte de las autoridades correspondientes.

Denuncia anónima. No tiene valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena.

La denuncia anónima, al no cumplir con los requisitos legales propios de la denuncia formal, como lo son la identidad y firma del denunciante, sólo se traduce en la “noticia” de un evento presumiblemente delictuoso, cuya única finalidad es impulsar al Ministerio Público para que investigue ese hecho. En consecuencia, si la denuncia anónima no es un hecho cierto ni confiable, es decir, no es un elemento procesal perfeccionado y útil para valorar y llegar a otros hechos desconocidos, resulta inconcuso que no tiene valor probatorio de indicio para integrar la prueba circunstancial plena a que alude el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Conforme a lo anterior, y aunado a la baja tasa de aplicación de sanciones a servidores públicos derivadas de investigaciones administrativas, el mecanismo señalado no tendrá ningún efecto positivo en la regulación de la materia, por el contrario impulsará el uso de esta figura con fines diversos a la investigación de ilícito s administrativos, facilitando la creación de denuncias para efectos de persecuciones políticas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva al artículo 10 del dictamen con proyecto de decreto por el que modifican y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

Único. Se modifica el artículo 10 del dictamen con proyecto de decreto por el que modifican y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 10. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público, que podrán presentarse en forma anónima.

. . .

Texto del dictamen

Artículo 10. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público, que podrán presentarse en forma anónima.

Texto propuesto

Artículo 10. En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 27 de febrero de 2014.— Rúbrica.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte a la asamblea la secretaría si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ricardo Monreal.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Desechada. Se reserva para su votación nominal en conjunto. Tiene ahora la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, para presentar su reserva al artículo 10, adición de un párrafo tercero, por cinco minutos.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchísimas gracias. No obstante creer que es necesario incentivar que se denuncien actos ilegales de funcionarios públicos, debemos asegurar que las denuncias anónimas no se conviertan en persecuciones sin sustento que violen el derecho de presunción de inocencia.

Por esto, se requiere dejar muy claro que una denuncia anónima debe estar respaldada por una investigación posterior y otros datos de prueba que comprueben la veracidad de la información anónima antes de que se inicie un procedimiento administrativo.

¿Cuál es la propuesta de reserva que les planteo? En el artículo 10 adherir un párrafo que diga lo siguiente: Tratándose de denuncias anónimas la autoridad deberá confirmar la veracidad de los datos aportados y de confirmarse esta información iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Es decir, no puede abrir el procedimiento administrativo únicamente por el hecho de haber presentado una denuncia anónima. Previo a ello debe confirmar esa información. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos al Pleno de esta Asamblea, la siguiente reserva que adiciona un párrafo tercero al artículo 10 del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Se adiciona un párrafo tercero al artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas recorriéndose los subsiguientes, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público que podrán presentarse en forma anónima.

Tratándose de denuncias anónimas, la autoridad deberá confirmar la veracidad de  los datos aportados y de confirmarse esta información iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

...

...

...

...

...

Texto del dictamen

Artículo 10. ...

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público, que podrán presentarse en forma anónima.

...

...

...

...

...

Texto propuesto

Artículo 10. ...

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la probable responsabilidad del servidor público que podrán presentarse en forma anónima.

Tratándose de denuncias anónimas, la autoridad deberá confirmar la veracidad de los datos aportados y de confirmarse esta información iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

...

...

...

...

...

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 27 días del mes de febrero de 2014.— Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión la propuesta. Diputado Monreal ¿en qué sentido intervendría?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Para razonar el voto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para razonar el voto, adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, miren, de verdad legisladoras y legisladores, deténganse un poquito a reflexionar. Este punto, esta propuesta que presenta Luisa, no resuelve el fondo del problema, no lo resuelve.

Es grave lo que se está cometiendo con la instalación de una figura tan ominosa como es la denuncia anónima.

Los que saben derecho, abogados, juristas, o aquellos que han tenido una responsabilidad pública en órganos jurisdiccionales saben que tengo razón, saben que tengo razón.

En el PAN había abogados brillantes en el pasado. Hoy hay uno que otro; pero ¿por qué autorizan todo este tipo de tropelías jurídicas? Es verdaderamente absurdo.

Respeto a muchos abogados litigantes que ahora son legisladores. No es un asunto partidista, no es un asunto contra el gobierno, es un asunto de incongruencia constitucional y jurídica.

Incluso les pediría que este artículo 10 saliera y se regresara a comisiones para recomponerlo. Sé que ya estamos en otro proceso formal, pero saben diputadas y diputados que tengo razón.

Varios diputados me han dicho “tienes razón, Ricardo, pero ya no nos da tiempo, lo modificamos en el Senado”. No, hagámoslo en la Cámara de Diputados, hagámoslo ahora, es el momento procesal oportuno y por esa razón yo sé que hay gente de otros partidos políticos que coincide conmigo.

La propuesta de Luisa Alcalde atenúa pero no resuelve el problema, porque el daño causado al sistema normativo nacional es enorme, aun cuando en el Código Penal Único se establezca también la denuncia, aun así. Que se establezca la denuncia anónima que votamos en contra por congruencia.

Lo saben muy bien, y por esa razón insisto y llamo a la reflexión responsable de todos ustedes, les pido a los coordinadores que saquemos el artículo 10, demos paso a los demás artículos y modifiquemos el contenido del artículo 10, que es grave si queda en los términos en que está. Por la atención de todos muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Al no haber más registro de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la adición al artículo 10 presentada por la diputada Luis María Alcalde.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la adición al artículo 10 presentada por la diputada Luisa María Alcalde Luján. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se acepta y se incorpora al dictamen. Por último, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lilia Aguilar Gil para presentar su reserva al artículo 33.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidenta, por qué se va a votar la aceptación si no se ha aprobado la discusión.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No, diputado, ya se aceptó primero la discusión y ahorita se aceptó la incorporación de la adición al dictamen. Proceda la diputada Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, Presidenta. Imaginen ustedes que es el día martes 26 de febrero, hace apenas dos días, son las ocho de la noche y una madre de familia joven llega a su casa, suena el teléfono de manera inmediata, ella contesta y lo único que escucha es una amenaza: deja de hablar de cultura o tu familia va a sufrir las consecuencias. Esto es lo que le sucedió a nuestra compañera de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro.

Compañeros, estoy hablando sobre ésto porque tiene que ver con actos de corrupción que se cometieron en esta Cámara de Diputados, que fueron denunciados debidamente, inclusive denunciados en la PGR para que se investigaran.

Pero también creo que es necesario que el PT y otros grupos parlamentarios expresen su solidaridad no solamente a la valentía de la diputada Zuleyma Huidobro, que no está acusando a nadie, para que nadie se sienta aludido. No está acusando a ningún diputado. Está haciendo una denuncia sobre probables desvíos y sobre probables actos de corrupción, no de manera anónima, sino de frente.

Solicitaría a esta Presidencia que como es su responsabilidad, no solamente que estamos diciendo que nos solidarizamos con la situación de la diputada Zuleyma Huidobro y en contra de las amenazas que se le están haciendo, sino que pedimos a esta Presidencia que vele por su seguridad.

Y es por eso, que la propuesta de reserva que yo vengo a hacer, tiene que ver con el tema de las denuncias. Más allá de la molestia y el enojo de aquellos que se sientan atacados. Compañeros, no tengan la piel tan sensible.

La reserva al artículo 33 que tiene que ver con el tema de denuncias, se refiere a los incentivos económicos que el Estado debe de dar a quienes denuncien actos de corrupción y cuya denuncia llegue a buen fin.

Es decir, si un ciudadano, digamos proveedor de una dependencia del gobierno federal, denuncia actos de corrupción y que le están pidiendo el diezmo —como es el caso que se ha denunciado en la Comisión de Cultura— y que le están pidiendo el diezmo para que le pueda ser asignado esta licitación. Este ciudadano puede perfectamente ir e interponer una denuncia. Sin embargo, esta iniciativa prevé que los ciudadanos que presenten una denuncia y que tengan la razón deberán de ser recompensados económicamente.

Nosotros hemos señalado que no solamente la denuncia anónima que debiese ser denuncia secreta, sino también este asunto de dar dinero a quien denuncie y tenga la razón crearán incentivos perversos, porque en el combate a la corrupción la participación social es una herramienta clave, ésta es la verdadera contraloría social. Si condicionamos a los ciudadanos a que se les pague para que denuncien, entonces no estamos creando una contraloría social, sino incentivos perversos alrededor de algo que debe de ser la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

Lo que estamos solicitando es muy sencillo. Es que se elimine el segundo párrafo del artículo 33, el tercero y el cuarto que se refiere a que no se otorgarán beneficios económicos al denunciante cuando éste resulte favorecido de alguna manera con el acto u omisión de los denunciados. Creemos que el combate a la corrupción debe de darse con contraloría social y con una participación ciudadana abierta, no con actos perversos y círculos viciosos. Eso es lo que yo les vengo a proponer, a que ustedes lo consideren para que ésta pueda ser una reforma posible. Muchas gracias.

«Reserva al artículo 33 del dictamen con proyecto de decreto por el que modifican y reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La que suscribe, diputada federal, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la reserva al artículo 33, del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente reserva tiene por objeto evitar que se otorguen beneficios económicos a favor de los particulares que presenten denuncias o proporcionen información que permitan identificar o acreditar conductas contrarias a la ley en materia de responsabilidades administrativas.

Es preocupante establecer un beneficio económico ya que no precisa el monto que se otorgará a denunciantes de irregularidades de los funcionarios públicos, Asimismo, cuando las autoridades ofrecen reconocimientos económicos a la sociedad por denunciar algún tipo de delitos, hay personas que realmente se basan de ese beneficio para hacer denuncias falsas o así mismo denunciar a personas por equivocación o por cuestiones personales.

Texto del dictamen

Artículo 33. La  secretaria podrá otorgar, con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos en favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación o acreditación de conductas contrarias a las obligaciones establecidas en esta ley. Los servidores públicos no serán sujetos de este beneficio.

Cuando la información a que se refiere el párrafo anterior sea proporcionada por un servidor público, su colaboración en la identificación o acreditación de las conductas contrarias a las obligaciones previstas en esta ley será objeto de un reconocimiento de carácter no económico.

Los beneficios económicos y reconocimientos a que se refiere este artículo serán definidos por la secretaria mediante acuerdos en los que se establecerán el monto, los requisitos y el procedimiento aplicable. Su otorgamiento procederá una vez dictada la resolución en el procedimiento administrativo previsto en el artículo 21 de esta ley.

No se otorgarán beneficios económicos al denunciante cuando éste resulte favorecido de alguna manera con el acto u omisión denunciados.

Texto propuesto

Artículo 33. La secretaria podrá otorgar un reconocimiento de carácter no económico a servidores públicos que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación o acreditación de conductas contrarias a las obligaciones establecidas en esta ley.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.— Diputada Federal Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Lilia Aguilar.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de la diputada Lilia Aguilar. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Desechada. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 33, en sus términos, y el artículo 10 con la modificación aceptada.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 33, en sus términos, y el artículo 10 con la modificación aceptada.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada, estamos en votación. ¿Con qué objeto? Quiere aclarar la votación.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): ¿Puede ser separada la votación? ¿Qué hacen las personas que están a favor de una y en contra de otra?

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Estamos diciendo que esta votación nominal es para aprobar en sus términos el artículo 33, porque la propuesta de modificación fue desechada, y con la modificación al artículo 10 de la adición propuesta por la diputada Luisa Alcalde. Ya abrimos la votación.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): ¿Puede reconsiderar esta votación?, porque es evidente que no podemos votar simultáneamente dos cosas distintas.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Es que si nos lo hubieran solicitado con tiempo, la verdad. Es que así lo fue sancionando el pleno y por eso lo pusimos a consideración en paquete, como fueron las reservas presentadas.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): ¿Pero cómo vamos a votar así las dos?

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ya se abrió el tablero para la votación, diputada. Si nos lo hubieran pedido con anticipación. Está abierto el sistema. Los que voten en pro es aceptando la modificación al 10, ratificando esa adición, y el 33, en sus términos. Eso es lo que estamos votando en esta votación en particular.

Con todo respeto, pero si nos hubieran hecho la petición antes de abrir la votación, que ya está abierta la votación nominal.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación. Diputado Germán Pacheco.

El diputado Germán Pacheco Díaz (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 328 votos a favor, 27 abstenciones y 18 votos en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en sus términos el dictamen, incluido el artículo 33, con la modificación aceptada al artículo 10. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Presidencia del diputado José González Morfín

DECRETO QUE DECLARA AL 2014 COMO AÑO DE OCTAVIO PAZ

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que declara al 2014 como Año de Octavio Paz.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. El once de diciembre de dos mil trece la diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 2014 como “Año de Octavio Paz”.

2. En esa misma fecha, once de diciembre de dos mil trece, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó turnarla a la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen, y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

3. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Comisión de Cultura y Cinematografía aprobó su opinión en sentido positivo, remitiendo el mismo a la Comisión de Gobernación.

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La diputada proponente reconoce que el Congreso de la Unión siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos que han contribuido de manera significativa a nuestra nación; por esta razón, es necesario conocer la obra del intelectual Octavio Paz, “un hombre con una conciencia lúcida de su tiempo y en particular del tiempo mexicano. Uno de los intelectuales mexicanos de proyección universal con mayor reconocimiento en el mundo”.

La proponente señala que Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, fue merecedor de numerosos premios y distinciones como el Premio Cervantes (España), el Premio Ollin Yoliztli (México) y el Premio T. S. Eliot (EUA). Su obra abarca la filosofía, la poesía, el ensayo, la historia, el arte, las relaciones internacionales y la música. Como poeta reflejó siempre una comprensión luminosa de nuestro país, desde sus raíces, para, a partir de ella, hacer una aportación apreciable a la cultura y como escritor, fue un crítico tenaz del dogmatismo que nunca rehuyó la polémica. La iniciadora concluye que Octavio Paz es un referente importante para la poesía mexicana y mundial, sus obras deben estar presentes en el colectivo nacional hoy y siempre.

En este sentido, y al cumplirse el centenario del nacimiento del poeta, el 31 de marzo de 2014, el proyecto de decreto quiere rendir un homenaje y tributo a este mexicano distinguido por lo que se propone declarar el 2014 como “Año de Octavio Paz”.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes

III. Consideraciones

1. Octavio Paz nació en la ciudad de México, el 31 de marzo de 1914. A edades muy tempranas manifestó interés por las letras publicando diversos trabajos en revistas. Se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México y tuvo formación sólida en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos y Europa.

2. Formó parte del Servicio Exterior Mexicano al cual renunció en 1968 ante los hechos de represión del movimiento estudiantil. También fue docente; en Inglaterra fue profesor invitado de la Universidad de Cambridge. Hacia 1970, publicó el ensayo Posdata donde revisó los hechos del movimiento de 1968. En México, funda con otros intelectuales Plural (1971-1976) y después Vuelta (1976-1998), revistas literarias y artísticas abiertas a la problemática, a la vida y a la cultura de México incluyendo los asuntos públicos.

3. La obra de Octavio Paz es extensa lo que valió ser merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1990. Sus trabajos poéticos están conformados por los siguientes títulos: Luna Silvestre(1993); Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España (1937); Entre la piedra y la flor(1941); Libertad bajo palabra (1949); Águila o sol (1951); Semillas para un himno (1954); La estación violenta (1958); Salamandra (1962); Ladera Este (1969); Topoemas (1971); Renga (1972); Pasado en claro (1975); Vuelta (1976); Poemas (1979) y Árbol de adentro (1987).

La prosa de Octavio Paz tiene obras como El laberinto de la soledad (1950); El arco y la lira(1959); Cuadrivio (1965); Claude Levi-Strauss o el nuevo festín de Esopo (1967); Conjunciones y disyunciones (1969); El mono gramático (1974); Los hijos del limo (1974); El ogro filantrópico(1979); Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1982); Tiempo nublado (1983) y Hombres de su siglo (1984).

Aun cuando fue honrado con el Nobel de Literatura en 1990, su producción literaria siguió cosechando importantes reconocimientos nacionales e internacionales. En 1993 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias por la revista Vuelta, y al año siguiente la Gran Cruz de la Legión de Honor, máximo reconocimiento que otorga el gobierno de la República Francesa. También fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Este hombre de todos los tiempos, mexicano excepcional, y agudo crítico de nuestra época y de las culturas murió en la Ciudad de México, el 19 de abril de 1998.

Esta comisión considera importante el reconocimiento que el honorable Congreso de la Unión realiza a un hombre cuyas aportaciones permiten una mejor comprensión de la vida cultura hispanoamericana. Reconocer el 2014 como “Año de Octavio Paz” tendrá un impacto en la vida cultural de México haciendo posible el derecho a la cultura al conocer la obra y pensamiento de Octavio Paz. El proyecto de decreto, por lo tanto, es congruente con los propósitos del Poder Legislativo, particularmentede.la Cámara de Diputados al promover la instalación de una Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz.

Efectivamente, la instalación de esta Comisión Especial obedeció a que la Cámara de Diputados no puede quedarse al margen de la celebración de los cien años del nacimiento del Nobel de Literatura mexicano. “La creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz es indispensable para estar a la altura de las circunstancias”.

En este sentido, dicha Comisión Especial tiene por objeto definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de poetas, coloquios de intelectuales, difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas, y demás similares, en torno a la vida y obra de Octavio Paz. De la misma forma, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realizará, en el segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, un homenaje a Octavio Paz para conmemorar el centenario de su natalicio.

De la misma manera, la Comisión de Cultura y Cinematografía emitió su opinión que, en su parte medular, determina:

Esta Comisión opina que es conveniente dictaminar favorablemente la iniciativa con proyecto de decreto para declarar “2014, Año de Octavio paz”, propuesta el 11 de diciembre de dos mil trece por la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”

Primero. El honorable Congreso de la Unión declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2014, Año de Octavio Paz”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a diecinueve de febrero de dos mil catorce.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

« Opinión que emite la Comisión de Cultura y Cinematografía a la iniciativa con proyecto de decreto para declarar “2014, Año de Octavio Paz”

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y numeral 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 67, numeral 1, fracción II; 69, numerales 1, 2, y 4; 157, numeral 1, fracción IV, y 158, numeral 1, fracción X, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite opinión al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de diciembre de 2013, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto para declarar “2014, Año de Octavio Paz”.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio No. D .G.P 1. 62-II-6-1114, turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Cultura y Cinematografía para opinión.

A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 69, numerales 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión se reunieron el diecinueve de febrero de dos mil catorce, para emitir opinión respecto de la Iniciativa señalada con anterioridad, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta Comisión es competente para emitir su opinión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto para declarar “2014, Año de Octavio Paz”, cuyo objeto es el rendir un tributo a este distinguido mexicano, conforme al fundamento jurídico invocado en el proemio del presente.

Segundo. Como antecedentes, la diputada refiere que la Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos que han contribuido de manera significativa a (sic) nuestra nación.

Que el referido personaje de nuestra historia, es el poeta, ensayista, diplomático e intelectual mexicano más plural del siglo XX. Que fue hombre de conciencia lúcida de su tiempo y, en particular, del tiempo mexicano. Uno de los intelectuales mexicanos de proyección universal, con mayor reconocimiento en el mundo.

Que fue el primer poeta e intelectual mexicano en ser reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1990. A lo largo de su trayectoria fue merecedor de numerosos premios y distinciones, entre ellos el Premio Cervantes (España), el Premio Ollin Yoliztli (México) y el Premio T. S. Eliot (EUA).

Que sin su obra y sus aportaciones teóricas no comprenderíamos la vida cultural de Hispanoamérica. Al igual que Juan Ramón Jiménez, Vicente Huidobro, César Vallejo o Pablo Neruda, Paz abrió caminos para las nuevas generaciones del siglo XXI.

Señala la diputada que la obra de Paz abarca la filosofía, la poesía, el ensayo, la historia, el arte, las relaciones internacionales, la música, etcétera. Que a semejanza de los sabios griegos, trató de llegar a la totalidad del conocimiento, y que al igual que aquellos maestros, se enfrentó a la ignorancia, la envidia y la difamación.

Que su poesía reflejó siempre una comprensión luminosa de nuestro país, desde sus raíces, para, a partir de ella, hacer una aportación apreciable a la cultura.

Asimismo, dice que como escritor fue un crítico tenaz del dogmatismo que nunca rehuyó la polémica.

Que Octavio Paz es un referente para la poesía mexicana y mundial, sus obras deben estar presentes en el colectivo nacional hoy siempre (sic).

La diputada Rincón Chanona dice al argumentar esta iniciativa, que es importante que con el pueblo de México y el Congreso de la Unión, se rinda el máximo tributo a este distinguido mexicano que nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, y que es de notar, que Octavio Paz será reconocido internacionalmente, ya que la UNESCO está considerando declarar el 2014 como “Año de Octavio Paz”.

Tercero. Los efectos jurídicos de una declaratoria como la que propone la diputada Rincón Chanona, y que es materia de esta opinión, residen, principalmente, en que en los documentos y eventos oficiales se haga referencia al personaje o hecho histórico al que se rinde homenaje ese año.

La implementación del mismo no trae, entonces, aparejado un impacto presupuestal para los planes y programas de los Poderes de la Unión ni de los demás órdenes de gobierno y sí, en cambio, tienen un impacto significativo en el impulso a la cultura cívica, la convivencia y el reforzamiento de los valores y tejido de la sociedad mexicana a través de conocer, difundir y reconocer hechos y personas con importante significado en nuestra historia y en nuestra cultura.

Lo anterior permitirá dar cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el derecho humano a la cultura y educación fomentando los valores intrínsecos del ser humano. Los mismos derechos están consagrados en los artículos 16 (1) y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículos 1 (1), 3, 6 (2) así como 15 (1 inciso a) y (2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cuarto. El Poder Judicial de la Federación también se ha pronunciado respecto al deber del Estado consistente en promover, de forma individual y colectiva, el derecho a la cultura que es, finalmente, el objetivo primordial que se persigue con la iniciativa que se opina.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis que ilustra lo aseverado:

Época: Décima Época

Registro: 2001622

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Libro XII, Septiembre de 2012 Tomo 1

Materia (s): Constitucional

Tesis: 1a. CCVI/2012 (10a.)

Pag:500

Derecho a la cultura. El Estado mexicano debe garantizar y promover su libre emisión, recepción y circulación en sus aspectos individual y colectivo. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o., 7o., 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con diversos preceptos sobre derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el Estado mexicano, y conforme al artículo 4o. constitucional, deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas, otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo de la identidad individual y social o nacional.

Amparo directo 11/2011. Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. 2 de mayo de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, emite la siguiente:

Opinión

Esta comisión opina que es conveniente dictaminar favorablemente iniciativa con proyecto de decreto para declarar “2014, Año de Octavio Paz”, propuesta el 11 de diciembre de dos mil trece, por la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Lo anterior, en virtud de que los diputados que integramos esta comisión consideramos que es loable conmemorar la vida y obra de Octavio Paz, en el centenario de su natalicio.

Un mexicano auténtico, gran escritor, poeta, uno de nuestros intelectuales de proyección universal, con mayor reconocimiento en el mundo y desde luego distinguido con el Premio Nobel de Literatura, que incursionó con gran éxito en la diplomacia y específica mente en la promoción cultural dentro y fuera de nuestro territorio.

Que supo dimensionar en sus obras y testimonio, que la cultura es fuente de identidad, cohesión social, expresión y diálogo, que dada la variedad y modalidad de manifestaciones, las instituciones sociales y los seres humanos, deben mantener, pero al mismo tiempo desarrollar, armonizándolas con la modernidad. En un intercambio e influencia recíproca con culturas externas, tanto en lo local como en lo nacional e internacional, siempre consciente de que al hacerlo se logra reafirmar la identidad cultural propia y se logra la adaptación de las personas a sí mismas y a su medio físico y social, dentro de la dimensión de un mundo globalizado.

Que dentro de las propuestas de los Estados miembros sobre la celebración de aniversarios a los que la UNESCO se asociará en 2014-2015, aprobadas en su Conferencia General 37, en París, en el 2013, se encuentra, con e1 numeral 63 el “Centenario del nacimiento de Octavio Paz, escritor (1914-1998) (México)”,  por lo que esta Comisión considera conveniente que a la par de la celebración por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se declare en nuestro país “2014, Año de Octavio Paz”, como reconocimiento a la grandeza y trascendencia universal de su obra.

Notas:

1 Adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 12 de mayo de 1981.

3 http://unesdoc.unesco.org/imageslO022/002240/224003s.pdf

Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2014.

Signan la presente opinión los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica) (rúbrica), José Martín López Cisneros, María del Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la Comisión tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Moreno Cárdenas.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro que nos acompañan hoy aquí, invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, hoy honramos la memoria de un sabio mexicano de vocación universal: Octavio Paz, en el centenario de su nacimiento.

El dictamen que se somete a su consideración quiere ser testimonio del Poder Legislativo hacia uno de los mexicanos más preclaros en las letras, diplomático y acucioso observador de la realidad nacional. Su impronta ha calado profundo y generaciones de mexicanos están agradecidas por el trabajo de Octavio Paz quien, al celebrar el centenario de su nacimiento, está presente a través de su legado en la literatura y la reflexión que nos invita a pensar quiénes somos como nación.

Es también oportunidad para reflexionar sobre una de las actividades más humanas. La literatura como instrumento de la palabra. Desde que la humanidad ha impreso su pensamiento, la literatura se convirtió en una de las bellas artes para ser vehículo de los sentimientos y pensamientos, expresión de lo inmanente para ser diálogo en páginas impresas que hablan de los sueños, aspiraciones y sentimientos de quien manifiesta el pensamiento en la palabra. En la obra de Paz, la literatura es expresión que permite explorar las diversas influencias filosóficas y literarias. Una obra en prosa y poética que hace imposible ubicarla en una sola corriente. Paz realiza una crítica de su tiempo, examina y expone la realidad a través del ensayo conjuntando en él las características de ensayista y poeta como el umbral que enseña el camino para que los hombres y mujeres de su tiempo iluminen su camino y su participación en la sociedad y, en consecuencia, en la historia.

Octavio Paz sólo puede moverse en la verdad por la literatura y la poesía. Desenmascara el engaño partiendo de la experiencia plasmada en la letra, pero imprime la pasión de su espíritu a través de la poesía para denunciar las alienaciones que socavan el respeto por la persona y fincan sistemas en contra de la libertad y de la sociedad justa. De igual forma, la riquísima prosa del maestro Paz demuestra el valor de la pluralidad, de las sociedades construidas en la diversidad. Un libro es la puerta que abre esa riqueza yendo por el camino angosto, prescindiendo de la comodidad del escritor que escribe sólo por hacer negocio. Octavio Paz no es un escritor sometido porque su crítica es acción que penetra en todas las conciencias, en cualquier ideología.

Quienes hayan profundizado en la obra de este premio nobel, se darán cuenta de su pasión y oficio, palabra que trasciende y transfigura.  Se puede aseverar sin temor que, desde el siglo XVII, desde Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz y de Alfonso Reyes en el siglo pasado, México no había visto surgir en su horizonte a un sabio, poeta y humanista de la estatura de Octavio Paz.

Es por eso que en el centenario de su nacimiento, esta Cámara de Diputados quiere ser transfigurada por la luz del pensamiento y la palabra en acción de Octavio Paz. Declarar este año 2014 como "De Octavio Paz" no quiere ser un solo gesto vacío o un trámite legislativo para ocupar nombres y decorar papelerías oficiales; quiere ser un reconocimiento y también un llamado a todos los mexicanos porque Octavio Paz es mencionado pero, desafortunadamente, mayormente desconocido.

El dictamen de la Comisión de Gobernación, aprobado por unanimidad en  ese órgano legislativo, demuestra las grandes coincidencias de todos los grupos parlamentarios al reconocer la figura de Octavio Paz es actual y trascedente, que su legado merece ser escrutado y su obra conocida desde las más tiernas edades porque sólo la palabra libre libera a todos de los prejuicios y dogmatismos para fundar una sociedad fincada en las virtudes y encaminada hacia un futuro esperanzador bajo el signo del pensamiento, manifestación del espíritu que caracterizó al literato, poeta, académico, diplomático, académico, estudioso de la lengua española, premio Nobel de literatura, hombre libre, un mexicano de todos los tiempos.

Por ello, anticipo el voto favorable de la bancada del PRI al proyecto de decreto que declara al 2014 como "Año de Octavio Paz"

Termino mi intervención con una gran frase del maestro Paz y que interpela en estos momentos de grandes transformaciones:

Tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad. Inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso. Pensar es el primer deber de la inteligencia. Y en ciertos casos, el único". Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Maricela Velázquez Sánchez

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Moreno. Está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la palabra para fijar postura por el Partido Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona:El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene su cita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. Octavio Paz.

Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el 2014 es el año de Octavio Paz. No sólo en México, sino en muchos países del mundo están celebrando el centenario del natalicio del mexicano más universal del siglo XX, el próximo 31 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento del maestro Octavio Paz.

La Cámara de Diputados ha decidido, en forma por demás generosa y digna, ofrecer un homenaje a nuestro Nobel de Literatura. Nueva Alianza reconoce la sensibilidad de la Comisión de Gobernación al aprobar la iniciativa de decreto para que el Congreso de la Unión declare 2014 año de Octavio Paz, así como la Comisión de Cultura y Cinematografía que emitió la opinión favorable.

El presente dictamen es la primera pieza del homenaje de esta Cámara de Diputados a Octavio Paz.

Muchas personas podrían preguntarse por qué el Poder Legislativo rinde homenaje a Octavio Paz. La historia reciente nos responde, la transición democrática mexicana, aun inacabada, se debe en buena medida a las ideas de Octavio Paz.

Sus críticas sin concesiones a los rasgos autoritarios del régimen durante las últimas décadas del siglo XX, tales como el patrimonialismo, la escasa representatividad de las instituciones, el corporativismo y la estrechez de libertades, fundamentaron el reclamo democrático de la sociedad mexicana.

La pluralidad y representatividad del Congreso de la Unión, en términos de la cuenta larga de la historia que fascinaba a Paz apenas está empezando. De igual manera, el ideal republicano de la división de poderes, que era otro de sus postulados principales, se inició, en términos efectivos, a partir de 1997.

Octavio Paz pensaba que la ideología convierte a las ideas en máscaras que ocultan al sujeto y, al mismo tiempo, no lo dejan ver la realidad. Máscaras que engañan a los otros y nos engañan a nosotros mismos.

Su pensamiento siempre estuvo dispuesto al debate y a la discusión de ideas y posturas políticas. Hasta el último momento Octavio Paz mantuvo una postura crítica contra los fanatismos ideológicos. Quizá a ello se deba que los intelectuales y los políticos de México, su México, hayan tenido en su momento diferentes rencillas con él, debido a su aguda pluma que desestabilizaba sus certezas y denunciaba sus privilegios.

Paz decía que nada hay sagrado e intocable para el pensamiento, excepto la libertad de pensar. La libertad del saber es, ante todo, crítica. Desde la izquierda, y desde la oposición, desde la institucionalidad cultural y desde los márgenes artísticos abundaron las descalificaciones hacia Octavio Paz, motivadas por sus señalamientos.

La Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz surgió de la doble necesidad de reconocer su gran aporte a la reflexión crítica sobre México, y a la vez, reivindicar la vida y la obra del personaje cultural más emblemático del siglo XX mexicano.

Las grandes transformaciones históricas de los últimos 30 años en México y el mundo coincidieron con la visión de Octavio Paz. Su pensamiento fue visionario y su inteligencia indomable, lo que le permitió vislumbrar los elementos del cambio escondidos en contradicciones del momento.

Octavio Paz, ante todo fue un poeta. Su pasión central fue la poesía. Fue un combatiente, criticó los dogmas, objetó los fanatismos, fustigó todo tipo de autoritarismo. No obstante decía: El combate transformador, la batalla revolucionaria que revela al otro y propicia el encuentro fundacional tiene como arma a la poesía.

Compañeras y compañeros diputados, Octavio Paz decía que los principios dejan de ser ideas y se convierten en fuerzas históricas cuando se encarnan en realidades sociales concretas. Para entender y comprender esas realidades, la poesía y el pensamiento son los instrumentos más apropiados, como nos enseñó el maestro Paz.

2014 es el año de Octavio Paz. Todo el año y todos los días deben ser el tiempo de la poesía, el pensamiento y el diálogo, porque estos atributos construyen nuestra libertad. Conocer, reconocer, difundir y, sobre todo, leer a Octavio Paz es la mejor forma de conmemorar a nuestro máximo poeta. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada Rincón. Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para fijar postura del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Los miembros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo saludamos y respaldamos favorablemente la iniciativa con proyecto de decreto para declarar 2014 como año de Octavio Paz.

Respaldamos desde esta tribuna que se preparen merecidos homenajes al escritor Octavio Paz, premio Nobel de Literatura y orgullo de las letras mexicanas. Es de vital importancia para nosotros que en este año se lleven a cabo ediciones especiales de su obra, coloquios de intelectuales, difusión masiva de sus libros, y que en las instalaciones parlamentarias se realicen lecturas públicas de sus creaciones más destacadas. Una sesión solemne de esta soberanía destinada a rendirle merecido homenaje debe ser parte del programa de actividades.

Octavio Paz, nacido en 1914, conoció desde sus primeros años la Revolución Mexicana y sus luchas sociales, ya que su padre, Octavio Paz Solórzano, fue escribano y abogado de Emiliano Zapata y estuvo involucrado en la reforma agraria iniciada por la Revolución.

Paz destaca desde muy joven como escritor e inicia sus publicaciones en diversas revistas literarias, destacando su producción cuando estudiaba leyes, filosofía y letras en la Universidad Nacional.

Queremos enfatizar su trayectoria en 1936, cuando el mundo se debatía entre ideologías, luchas políticas y militares que habrían de enseñar el nuevo rostro del planeta, Octavio Paz se trasladó a España, fiel a su ideología, en ese entonces respaldó al bando Republicano en la guerra civil y participó en la alianza de intelectuales antifascistas donde conoce, entre otros, a Louis Aragon, Paul Éluard y Pablo Neruda.

Después de una fecunda producción y avanzados estudios, fue incorporado al servicio exterior mexicano de la época. Durante sus años de servicio Octavio Paz residió en París, donde conoció a André Breton y recorrió Europa y Asia. En 1962 fue nombrado embajador de México en la India.

En algunas de sus biografías se dice: Cerró sus actividades diplomáticas en 1968, para luego pasar a enumerar sus obras literarias y cerrar diciendo: En 1990 se le concedió el premio Nobel.

En nuestra opinión, para hacer justicia a Octavio Paz, el polemista, habría que recuperar su histórica decisión de otra manera. Señalar que el 2 de octubre de 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó al ejército y a la policía reprimir una manifestación de estudiantes y trabajadores en la Plaza de las Tres Culturas. La provocación montada disparó sobre la manifestación desarmada dejando como resultado de 300 a 500 muertos, nunca podremos saber la cifra exacta.

A contracorriente de muchos otros políticos, de los intelectuales que callaron ante el genocidio, en señal de la repugnancia que le causaba el crimen de Estado, Octavio Paz renunció ese día a su cargo de embajador en la India.

En el Partido del Trabajo pensamos que es justo y constructivo designar este año2014 con el nombre del poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y gran impulsor de las letras mexicanas, pero a la vez queremos destacar que Octavio Paz se mantuvo siempre en el centro de la discusión política de México y el mundo.

Si bien en su poesía abordó la reflexión sobre el destino del hombre, cabe recalcar que consagró muchos de sus ensayos a la polémica política y participó activamente en el debate sobre la democracia y la sociedad mexicana.

En El laberinto de la soledad, Octavio Paz estudia críticamente el pasado y la forma de ser de los mexicanos. Apuntó con certero juicio a las contradicciones del ser mexicano y contribuyó en ello a analizar el tiempo histórico, social, cultural de nuestra identidad.

También evalúa a la República Mexicana, en especial a Emiliano Zapata. Por ejemplo, reivindica en El arco y la lira, la idea de una comunidad universal en que cae la denominación de los unos sobre los otros y en donde la libertad y la responsabilidad personal reemplace a la moral del autoritarismo y el castigo.

Octavio Paz fue una figura controversial. Muchas de sus opiniones generaron reacciones fuertes desde el movimiento social que decía respaldar. Paz era un liberal en busca de la libertad, y se caracterizó por ser muy crítico. De sus contradicciones en el ámbito ideológico, político, dan cuenta sus propias correlaciones que eran recurrentes.

Pero sea que discrepemos o coincidamos con sus tesis, sea que las compartamos o tengamos otro enfoque de ciertos personajes de la historia y de la lucha popular de México no podemos negar sus aportaciones a la democracia en sus obras.

Respaldamos que se rinda homenaje a su inteligencia, a su legado literario y a sus contribuciones a la discusión y el análisis que generaba, tan necesarios en la vida política nacional, sobre todo ahora que la tolerancia y la flexibilidad son cada vez más ajenas al quehacer político. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada Martínez Santillán. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, para fijar la postura del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Dice el dicho que honrar honra, más aún cuando honramos al mayor representante de las letras mexicanas ante el mundo.

Pocos mexicanos han tenido el eco y los foros a los que accedió Paz en su momento. Menos son aún aquellos que lograron construir un discurso intelectual tan vigoroso y controvertido como el del propio Paz.

Dejando de lado las siempre controvertidas ideas políticas de Paz, y para el caso creo que vale la pena reiterarlo, las de cualquier intelectual que dedica su pluma al apasionado campo de la política.

Las obras de autores mexicanos que alcanzan estatura universal deben de ser siempre reconocidas sin regateos.

Ciertamente, y afortunadamente también, Octavio Paz no ha sido el único mexicano grande en el terreno de las letras. Por lo tanto así como es indispensable que el país, y en este caso el Congreso, reconozca la obra de Paz y lo que representa para la cultura mexicana, es necesario que tengamos también en cuenta a otros gigantes de las letras como José Revueltas, como Alfonso Reyes, como Luis Villoro y como Carlos Fuentes, entre muchos otros, con los talentos literarios con los que afortunadamente cuenta nuestro país.

México es un país necesitado de ejemplos que inspiren a los jóvenes. Es necesario engrandecer con generosidad la memoria y poner al alcance de un mayor número de mexicanos la vida y la obra de quienes como Octavio Paz han dejado un legado de excelencia capaz de trascender fronteras y nutrir generaciones.

Muchos de ustedes recuerdan, seguramente, al igual que un servidor, yo personalmente con toda precisión, la clara, la prosa precisa y los argumentos irrefutables de una de las obras más destacadas del maestro Octavio Paz, El laberinto de la soledad, obra que destaca entre toda su destacada obra, valga la redundancia.

En todo caso, para aquellos que tienen alguna reserva a favor de este dictamen, les digo que no hay que confundir la excelencia con la perfección.

Caemos con frecuencia en el error de buscar engrandecer a nuestros próceres retocando u omitiendo las áreas de sus biografías que los alejan de la perfección.

No cometamos el mismo error con Octavio Paz. Que nadie descalifique la excelencia de su obra por el simple hecho de sentirse capaz de señalarle alguna muy entendible y humana imperfección.

Habrá sin duda quien tenga diferencias ideológicas con el Nobel, habrá también quien mire con desdén su orientación política, y habrá finalmente quien lo descalifique bien por sus filias, bien por sus fobias. Es su humanidad. Sin embargo, con los defectos que eventualmente pudieran encontrarse en su biografía, lo engrandece la innegable excelencia de su obra.

Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano celebramos la elección del año 2014 como el año de Octavio Paz, así como la creación de la Comisión Especial que tendrá por objeto definir y organizar actividades en torno a la vida y obra de este gran distinguido mexicano que dio a nuestro país el Nobel de Literatura en 1990. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez:  Gracias a usted, diputado Durazo. Tiene ahora el uso de la palabra, para fijar la postura del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Ruth Zavaleta Salgado.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, Presidenta. En la India, una sabia anciana resuelve una pregunta esencial que el poeta le formuló: ¿debe recibir un reconocimiento público por un trabajo íntimo como la poesía?

La presencia de Octavio Paz colorea las palabras de este día. No se trata solamente de aprobar que el año 2014 sea un homenaje a él por los 100 años de su nacimiento. También es un reconocimiento a la disidencia intelectual y a la responsabilidad de decir un no o un sí en los momentos importantes. Es un homenaje al ejercicio pleno de la libertad con mayúsculas, esa libertad que no pocas veces ocasiona una profunda soledad a quienes la optan.

El número de la revista Letras Libres, publicado en agosto-septiembre 1998, inicia con un poema significativo, dice el último verso: “Allá adentro, en mi frente el árbol habla.”

Octavio Paz escribió poesía, pero también reflexionó sobre la política mexicana. El camino del Nocturno de San Ildefonso es una charla con los muros y es una conversación con el porqué, como en su Piedra de Sol, el río avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre.

El poeta pensó y dialogó con México, con sus ideas y sus contradicciones. Le hablaba a quienes buscaban la revolución para observarles que la democracia era una semilla que germina en frutos más provechosos.

El sistema político lo respetaba, pero también lo eludía, y la izquierda radical lo despreciaba y juzgaba porque prefería la acción y la revolución. Prefería quemar unos libros antes que escuchar al árbol de las ideas. Prefirió olvidar la valentía de Paz cuando renunció a su cargo luego de 1968. Fue de los primeros en hablar de democracia.

Al hablar en 1989 de la revista Vuelta, fundada por él, señaló: cuando empezamos, hace 15 años, la izquierda y la derecha se escandalizaron. Fuimos los primeros en hablar de pluralismo, un término que ahora repiten; poco a poco hemos ido ganando terreno.

Ahora la palabra democracia resuena en las salas de redacción de los diarios y en las aulas universitarias, en los labios de los líderes del PRI y en los del Partido Socialista, pero pocos recuerdan que nosotros empezamos a martillar con ese tema.

Hoy las ideas de aquellos que buscaron la revolución se han concretado. Aquellos que en los años sesenta y setenta iniciaron una transformación social, política y económica tienen un reconocimiento en las instituciones democráticas y la vida pública del país.

Las ideas de Octavio Paz son vigentes y profundas, vislumbran lo que fuimos y somos, pero también vislumbran lo que seremos.

En el diálogo y el ruido, Paz recuerda el poema del alemán Hölderlin para definir que la historia es un diálogo. Escribe éste: excluye al ultimátum y así es una renuncia a los absolutos y a sus despóticas pretensiones de totalidad. Somos relativos y es relativo lo que decimos y lo que oímos.

La generación que hoy rinde homenaje a Octavio Paz, se alimenta de la savia del árbol de sus ideas y de su valentía demostrada en 1968, al hablar sobre los temas axiales de la vida política nacional y señalar que, acostumbrados al monólogo e intoxicados por una retórica altisonante que los envuelve como una nube, nuestros presidentes y dirigentes difícilmente pueden aceptar que existan voluntades y opiniones distintas a las suyas.

A Octavio Paz se le debía este reconocimiento. Octavio Paz fue un hombre visionario que el día de hoy se le está cubriendo y cumpliendo con lo que se le adeudaba haciéndole este pequeño reconocimiento.

Sin embargo, compañeras y compañeros, lo más profundo y rescatable del pensamiento de Octavio Paz es, precisamente, estar hablando de sus ideas y de él en esta alta tribuna, estar pensando que tenemos que escucharnos y que esta tribuna es el símbolo del diálogo que él proyectó para el futuro, y que hoy estamos disfrutando con los acuerdos que hemos logrado construir en estos últimos meses.

Gracias por este homenaje a Octavio Paz. Por supuesto, a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, vengo a manifestar que con mucho gusto y orgullo vamos a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para fijar postura del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputada presidenta. “El mundo nace cuando dos se besan”. Hay citas cuya referencia sale sobrando, y ésta es una de ellas y una de tantas de un escritor de talla y alcances universales, ligado íntima e intensamente a México.

Nuestro querido Premio Nobel Octavio Paz, y cuando digo nuestro no es una cortesía o un formalismo, es el reconocimiento a la identidad esencial que compartimos con quien buscó, hurgó, pensó, imaginó y, como buen poeta, creó como nadie para responder a la necesidad vital de encontrar, o mejor dicho, develar las raíces comunes y también diversas de los pueblos que habitan estas tierras y que formaron un Estado-nación, cuyo Poder Legislativo se presta hoy a hacer un acto de justicia histórica, celebrando su vida y obra estableciendo el año del centenario de su natalicio con su nombre.

Ahí, donde el discurso lógico llega a su límite la poesía traspasa las fronteras para asomarse a las verdades perdidas, a los espacios obscuros, a los misterios escondidos. Por eso es que los ensayos de Octavio Paz no sólo son lúcidos e incisivos, producto de una inteligencia y sensibilidad notables, sino también profundos y recónditos, sugerentes y en ocasiones extraordinarios por la forma de abordarlos. Y es que su lenguaje no se queda en la descripción o incluso en la disección de sus preocupaciones, va más allá. El poeta descubre, y al descubrir crea y recrea.

El laberinto de la soledad, obra emblemática de Paz, es un ensayo poético sobre lo mexicano, insertado en la tradición abierta por el filósofo Samuel Ramos con su legendario texto, El perfil del hombre y la cultura en México. Más allá de las máscaras, las simulaciones y los simulacros Paz observa nuestra histórica y fatal soledad como sino en una búsqueda infructuosa por la comunión perdida, recobrando de pronto en momentos límite y apoteósicos, como la fiesta o la Revolución, que tanto lo marcó intelectual y vitalmente, recuperando por supuesto esa comunión perdida que tanto lo obsesionaba y la que buscaba con ahínco.

No podía ser de otra manera siendo nieto de un intelectual liberal que peleó en la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa, don Irineo, muy cercano a él en su infancia e hijo de una abogado zapatista llamado también Octavio.

Cito a su compañero editorial, amigo y biógrafo, Enrique Krauze: Imagínate un filósofo griego, un tribuno romano, un humanista del Renacimiento, un poeta metafísico, un sabio de la Ilustración, un revolucionario girondino, un rebelde romántico, un poeta del amor, un anarquista natural, un héroe de la razón, un politeísta secular, un fervoroso socialista, un socialista desencantado, un incómodo liberal, un crítico apasionado. Todas esas corrientes de civilización, y muchas más, asumidas, encarnadas, recreadas por una sola persona. Eso es aproximadamente Octavio Paz.

Quiero centrarme en una de sus identidades esenciales, inseparable por cierto de todas las demás, su compromiso político, ése que lo llevó muy joven al Congreso de Escritores Antifascistas, en Valencia, durante la Guerra Civil Española.

Octavio Paz es, para usar el nombre de una de las revistas que dirigió, el hijo pródigo de la izquierda que nunca se fue a pesar de que algunos malquerientes insistieron en decretar su expulsión de ese paraíso por haber mordido la manzana prohibida de la heterodoxia.

Octavio Paz buscando la autenticidad no podía dejar de ser auténtico, por eso sus ideas no eran fijas y por lo mismo no pontificaba. Al contrario, como buen polemista las ponía a prueba y las revisaba. Y en lugar de eludir el debate lo propiciaba.

Hombre de una crítica filosa, su honestidad intelectual lo llevaba constantemente a la autocrítica y por supuesto que eso incluyó también sus posiciones políticas. Una en especial lo atormentaba en virtud de su formación marxista: el silencio ante los crímenes de Stalin, los tristemente célebres procesos de Moscú, llevados a cabo en los 30, silencio que lo atormentó en carne propia en aquel congreso ya citado cuando se presentó el resolutivo para anatemizar a André Gide por haber denunciado las atrocidades de quien en su megalomanía se hacía llamar padrecito de los pueblos.

Pero no se esperó, como muchos otros, a que muriera Stalin para cuestionarlo. Distinguiendo que los errores y desviaciones eran de la burocracia y no del socialismo. “Suyos, muy suyos”, decía Paz. De ese socialismo traicionado por aquella, por la burocracia —algo por cierto muy similar a lo que el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez diría décadas más tarde de manera provocadora y refrescantemente anticlimática, como tantas veces lo hizo— dio cuenta Octavio Paz en el encuentro de su revista Vuelta, tras la caída del muro de Berlín.

Su largo periodo en el servicio exterior no lo alejó de México, frente a la represión en 68 tomó una decisión memorable al renunciar como protesta de esa acción criminal e injustificable de un Estado al que luego caracterizaría como ogro filantrópico.

En los 70, cuando América Latina se debatía entre las dictaduras y la guerrilla revolucionaria, tomó partido por la democracia y cuestionó tanto el autoritarismo de los golpistas de derecha como también la que existía en los países del llamado socialismo real, incluida en esto Cuba. Eso sirvió para que fuera víctima de ataques feroces, injustos y desproporcionados por parte de sectores de la misma izquierda que, imbuidos en la tradición estalinista, tendían a prender hogueras morales contra cualquier crítica.

Frente a ello, Octavio Paz hizo una analogía, en mi opinión certera, con la intolerancia religiosa que silenció a Sor Juana. También hay iglesias laicas que hacen con su militancia actos de fe, con dogmas indubitables y mesías y sumos sacerdotes y acólitos y corifeos y no podían faltar inquisidores que guardan la ortodoxia y pureza ideológica.

Le doy la razón a Octavio Paz, el socialismo es democrático o no es, y su batalla a favor de la tolerancia, del derecho a discrepar es muy actual. El derrumbe del socialismo real por desgracia no fue el antídoto que pudiera haberse esperado, la intolerancia, el fanatismo y el sectarismo han resurgido con fuerza. Disentir es para estos nostálgicos del estalinismo, un acto de traición y los discursos mesiánicos en donde los demagogos se vuelven profetas de sí mismos, y presentándose como depositarios únicos de la verdad y la virtud anuncian que salvarán a la patria depurándola de todos sus adversarios.

Una pregunta ética deja Octavio, y que hoy nos interpela de cara a lo que hoy sucede en Venezuela: ¿la lucha contra el imperialismo justifica el autoritarismo, la represión y las violaciones a los derechos humanos? Mi respuesta sería no, pero entiendo que alguien pudiera pensar distinto, lo que es inadmisible es que no se tolere disentir y a los demócratas se les tilde de fascistas por demandar lo que aquí pedían los estudiantes en 1968; respeto a las libertades públicas.

Por cierto, también Octavio Paz es muy actual en el debate sobre política de drogas. Nuestro querido poeta fue un crítico conceptual del prohibicionismo y entendió la dimensión antropológica de una práctica que ha acompañado a la humanidad desde su nacimiento y seguirá con ella hasta que ésta desaparezca.

Octavio Paz es un gigante de las letras y personaje indispensable para entender el siglo XX en México. Es una parte luminosa de nuestra historia, pero no la historia de bronce que vuelve a los héroes santones e incólumes; no, Octavio es de nuestra historia encarnada, entrañable, contradictoria como nosotros mismos, con pulso y pasión, con dudas y errores, con esperanzas frustradas y resurrectas, con fantasmas y vacíos, con logros y decepciones. Con un camino que no termina, porque lo valioso no es la meta inalcanzable, sino el andar pleno intenso que nos puede o no acercar a ella. Termino, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Al final de sus días Octavio Paz dijo que el reto que se abría tras el final de la Guerra Fría era el de conjuntar la libertad del liberalismo con la justicia del socialismo. Lo suscribo plenamente y pienso que eso debe guiar a la izquierda liberal y democrática, por la que empuñó con tanta pasión la pluma.

Decía Paz que en su casa de Mixcoac su mantel olía a pólvora, en virtud de su abuelo y su padre, que acudieron al llamado de la guerra. Nuestro recinto también huele a pólvora. Veo en nuestras paredes el nombre de muchos grandes héroes que empuñaron las armas en gestas gloriosas al servicio de la patria. Muy justo que estén ahí. Pero le quedaría bien a nuestro recinto que también oliera un poco más a tinta.

Espero que este justo reconocimiento sea el preámbulo de que por fin veamos en letras de oro, en este salón de plenos el nombre de Octavio Paz. Empujaré con otros diputados para que eso —que Octavio Paz esté en letras de oro— suceda antes de que acabe esta Legislatura. Gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado. Les damos la más cordial bienvenida a las niñas alumnas y madres de familia de la Galería de Arte y Cultura Infantil de Monclova, Coahuila, invitados por el diputado Mario Dávila.

Le concedemos el uso de la palabra al diputado Sergio Augusto Chan Lugo, que fija postura del Partido Acción Nacional. Adelante.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Con su permiso, presidenta. En sus últimas palabras al público, el 17 de diciembre de 1997, en el evento de anuncio de la creación de la fundación que lleva su nombre, Octavio Paz expresó: Estoy seguro que se preparan nuevos días para México y que esos días serán de luz, con sol y de amor. Creo que en estos años no termina un periodo de México, como se piensa comúnmente, sino que se da vuelta en una esquina para continuar, y vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes. No yo, mi vida es transitoria, pero sí ustedes y, sobre todo, los jóvenes.

Octavio Paz emprendió su viaje hacia otras dimensiones el 19 de abril de 1998. Su obra ha sido objeto de múltiples estudios y debates. Es innegable la aportación que nuestro poeta mexicano hizo a la cultura, el arte y la ciencia en sus diversos escritos y ensayos.

Paz abordó diversos temas de nuestro país, del mundo y del desarrollo de la humanidad y de la vida toda. Esencialmente nuestro Premio Nobel fue un poeta de grandes, enormes e inigualables dimensiones.

Sobre la poesía él expresó alguna vez: la poesía es peligrosa porque expresa la parte irracional del hombre, sus pasiones, sus deseos, sus sueños. El poeta inventa imágenes, figuras más o menos reales, con sentimientos y pasiones humanas que rompen el orden social. De pronto un mito poético, don Juan, se vuelve más real que un tratado de sociología.

En sus 82 años de vida vio transformarse a México, vivió, estudió y observó a su país de manera atenta, responsable, amorosa, disciplinada, honesta y rigurosa. Y así lo hizo con todo el mundo y con la vida misma.

Paz escribió poesía y desde su perspectiva poética escribió sobre la historia de México, sobre el arte, la literatura, la identidad nacional, sobre los hombres y las mujeres de nuestro país, siempre desde la perspectiva de la poesía.

Una vez le preguntaron al poeta: ¿desde dónde escribe usted? ¿Desde el centro, desde la izquierda, desde dónde? Y él respondió con sencillez y humildad: desde mi cuarto, desde mi soledad, desde mí mismo, nunca desde los otros.

Octavio Paz escribió sobre el grandioso pasado prehispánico, sobre la cultura olmeca, los toltecas, los mayas y los aztecas. El peregrino en su patria es un texto que no debe faltar en cada uno de los hogares mexicanos, porque ahí la letra de Paz nos muestra una visión inigualable de la realidad de nuestro país.

Paz reconoció el erotismo, la sensualidad y el amor, y en 1993 le regala a la humanidad ese extraordinario trabajo La llama doble. Paz opinó de Sor Juana y aportó con ello no sólo el conocimiento de la poetisa mexicana, sino que puso al descubierto el tejido social, político y religioso en el que ella vivió y al cual se enfrentó.

El poeta es un amante de las artes plásticas y abordó sus temas con conocimiento, limpieza, sapiencia, en su trabajo Los privilegios de la vista.

Octavio Paz transitó por los diversos caminos de la política mexicana, nos brindó su obra transcendental El laberinto de la soledad. Criticó las formaciones políticas mexicanas desde su obra El ogro filantrópico. Y en Tiempo nublado nos da sus opiniones sobre los régimen totalitarios en el mundo.

Braulio Peralta lo ha definido como un hombre con mirada de niño, con los ojos abiertos, rebelde, siempre rebelde. Y Artur Lundkvist ha afirmado que su política se fundamenta en la poesía. Y el propio Paz nos señalaba: No tengo un sistema hecho de conceptos, mis ideas son opiniones, las defiendo y las he defendido por fidelidad a mi verdad relativa. No postulo ningún absoluto, yo soy apenas, si algo soy, un poeta.

El poeta afirmó en una ocasión: nací con la izquierda. Sin embargo, un amplio sector de ella siempre lo denostó por ignorancia y lo calumnio por revanchismo. Paz, es un poeta y desde su ser poeta advierte sobre los nacionalismos, el fanatismo y la xenofobia. Apuesta siempre por la tolerancia. Paz pide acabar con el mercado del arte en el capitalismo, y siempre critica desde la izquierda más radical hasta la derecha más conservadora. Paz, siempre opina de todo, y siempre estuvo en la tormenta de las discusiones más importantes de su siglo. Es cuanto.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputado Chan Lugo. Para fijar postura del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra la diputada Martha Gutiérrez Manrique.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio.

Declarar al 2014 como Año de Octavio Paz es una propuesta en la que estoy segura, tenemos coincidencia, pues Octavio Paz es uno de los intelectuales mexicanos del siglo XX más reconocidos universalmente.

Se trata del mexicano cuyas aportaciones al pensamiento universal han sido piedra angular para el desarrollo del pensamiento filosófico contemporáneo. Para los mexicanos Paz es el espejo que nos muestra nuestra realidad emocional y cultural.

El laberinto de la soledad es la explicación del ser mexicano que da paso a la reflexión sobre lo que nos distingue de otros pueblos.

Paz disertó sobre el sistema político. El ogro filantrópico es un ensayo que en su momento ahondó el debate, el debate ya iniciado sobre las necesarias transformaciones del sistema. El papel del Estado mexicano, y sobre todo, habla de la modernización y la democracia como elementos para el desarrollo.

Paz hablaba lo mismo de la muerte, del amor, de la estética y de la política desde una individualidad definida de su ser en el mundo.

Cito al escritor Guillermo Sheridan, que conoció muy de cerca al poeta y cuyo juicio nos brinda una imagen entrañable que pinta al hombre de carne y hueso. Paz encarna como nadie al siglo XX mexicano. Es su voz más abarcadora y su protagonista más anómalo. Su crítica histórica, política, artística, moral es el reactivo mexicano por excelencia en el debate de la modernidad. No desdeño a otros. Paz nunca estuvo solo pero reivindicó la naturaleza solitaria del quehacer intelectual.

Como poeta es el eslabón central de nuestra actualidad, patriarca e hijo pródigo al mismo tiempo, a fuerza de hablar consigo mismo. Habló con los demás, con antiguos y modernos, con los centros y las periferias, es el mexicano inverosímil.

Paz el ensayista nos dio lugar en el mundo del pensamiento de la filosofía. Nuestro primer Premio Nobel de Literatura ante todo fue un poeta.

Paz tuvo diversas influencias y siempre estuvo atento a las nuevas formas de hacer poesía, a experimentar con las palabras. Sus temas predilectos fueron el amor, el tiempo, la soledad de los que hizo imágenes líricas de una belleza extraordinaria. Piedra de sol es quizá uno de los poemas más excelsos de la lírica castellana moderna.

Poeta y ensayista, dialogó con todos los grandes literatos e intelectuales contemporáneos suyos, de Borges a Castoriadis. de Sartre a Buñuel, pero tuvo un diálogo especial con los muertos. Muy particularmente con Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz.

A la vera de Paz crecieron los intelectuales mexicanos contemporáneos Enrique Krauze, Gabriel Zaid, Guillermo Sheridan, Christopher Domínguez Michael. Al lado de Paz una pléyade de artistas y escritores, José Revueltas, Efraín Huerta. Adelante de Paz Carlos Pellicer, Samuel Ramos y José Gorostiza.

Paz, fue testigo de los grandes momentos mexicanos. En su infancia bebió a sorbos la Revolución y la nostalgia del liberalismo. En su adolescencia y juventud llegó a San Ildefonso y su involucramiento político lo llevó a luchar contra el fascismo español. Diplomático y viajero fue testigo de la reconstrucción europea posterior a la Segunda Guerra Mundial. Como académico y escritor palpó las transformaciones del mundo. Vivió el 68 desde una postura crítica que le llevó a reflexionar sobre los modos de vivir la esfera estatal. Cerca del ocaso, vio como a la caída del Muro de Berlín, el orden bipolar transitaba hacia un mundo globalizado.

Anticipando el voto favorable de mi bancada para el presente decreto, me parece imprescindible que esta Cámara reconozca a personalidades del mundo literario cercanas a Paz, y que nacieron en 1914, hace justamente un siglo, como Efraín Huerta y José Revueltas.

Concluyo con una frase de Paz que resume su visión: La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada Martha Gutiérrez. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto?

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se han emitido 383 votos a favor, cero en contra y una abstención, presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 votos el proyecto de decreto que declara al año 2014 como Año de Octavio Paz. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

DETENCION DE JOAQUIN GUZMAN LOERA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos a la detención de Joaquín Guzmán Loera. Para hablar del tema, en primer lugar tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por siete minutos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores. Congruente con el acuerdo asumido en la Junta de Coordinación Política, me permito presentar el siguiente posicionamiento.

En los últimos años, la delincuencia organizada ha planteado un abierto desafío al Estado y a la sociedad en México. Las instituciones políticas, judiciales, policíacas, económicas y financieras, han sido afectadas en mayor o menor medida por la presencia de los grupos criminales, principalmente los dedicados al narcotráfico.

Los grandes volúmenes de recursos que maneja la delincuencia organizada, sus conexiones internacionales y la interminable demanda de estupefacientes en los países consumidores, son factores que hacen sumamente complejo el desafío institucional que estas actividades representan.

Sin embargo, es fundamental que el Estado en su conjunto se organice para enfrentar y superar esta situación. En el corto plazo es indispensable disminuir la violencia asociada al crimen organizado. La sociedad demanda de la manera más enérgica seguridad y tranquilidad para sus familias y comunidades. En el mediano y largo plazo tenemos que plantearnos el reto de desmontar las estructuras que permiten la proliferación y la fuerza de la delincuencia organizada.

Este reto solamente se puede cumplir a partir de un enfoque integral que vaya más allá del combate entre policías y criminales. Un enfoque que ataque las causas sociales, culturales, políticas y económicas del fenómeno del narcotráfico.

En este orden de ideas, la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más buscado del mundo, confirma que cuando se trabaja de forma coordinada y eficiente el Estado mexicano puede someter a la justicia a toda persona o grupo criminal que atente contra la convivencia social.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace un reconocimiento público a las instituciones de seguridad del Estado mexicano por esta acción contra la delincuencia organizada.

De manera especial destacamos la labor de inteligencia realizada por las agencias correspondientes y el operativo eficaz realizado por nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo debemos subrayar que esa detención es sólo un paso para combatir de forma directa y contundente las operaciones de los grupos criminales y del narcotráfico. Los siguientes pasos serán desmantelar las estructuras financieras, económicas y políticas que permite a esos capos delincuenciales seguir operando con total impunidad.

Independientemente de las especulaciones, numerosas por cierto, que han surgido por esa detención, es necesario que se inicie una investigación profunda e imparcial para determinar quién o quiénes ayudaron a Guzmán Loera a escapar de un penal de máxima seguridad y lo protegieron durante esos años que estuvo prófugo de la justicia mexicana.

Si de esta indagatoria se derivan responsabilidades de servidores y ex servidores públicos o de particulares, exigimos desde ahora la aplicación irrestricta de la ley. Sólo de esta forma las instituciones de justicia recobrarán la credibilidad y confianza de la ciudadanía.

El mensaje tiene que ser claro y contundente. El Estado puede y debe someter a la justicia a todo aquel que atenta contra las instituciones y la convivencia social, así como a quienes los protegen y se benefician de las actividades criminales.

El reconocimiento de propios y extraños a la detención de Guzmán Loera debe aportar un impulso para lograr avances significativos en otras entidades federativas que han sido, y siguen siendo, azotadas por la violencia ejercida por los cárteles de la droga.

Enfrentar a esas organizaciones de la delincuencia organizada requiere un esfuerzo global y regional. Por ello reconocemos la importancia de la colaboración que en materia de inteligencia tienen los países de esta región.

Pero de la misma forma exigimos que entre esos países se redoblen los esfuerzos para erradicar el tráfico ilegal e indiscriminado de armas, con las que esos grupos criminales atacan a las fuerzas policiales y amedrantan a la población civil.

Compañeras y compañeros diputados, en los últimos años la violencia que ha ejercido la delincuencia organizada ha aumentado de manera alarmante sembrando miedo y temor entre la población.

Sin embargo la captura de este criminal confeso puede y debe ser un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del Estado mexicano.

Es necesario cerrar filas con las instituciones del Estado, más allá de filias o fobias políticas. Debemos de anteponer el interés general sobre las mezquindades, las especulaciones y los cálculos políticos para allanar el camino a una convivencia social y en paz.

En Nueva Alianza damos nuestro voto de confianza a todas y cada una de las instancias gubernamentales en la implementación de una estrategia integral de seguridad pública, una estrategia donde la prevención del delito sea el eje articulador de los programas y acciones, donde la educación, el empleo y las oportunidades para el desarrollo de la juventud mexicana ocupen un lugar central para recuperar la eficacia y la autoridad moral de las instituciones frente a cualquier desafío criminal.

La sociedad exige acabar con la violencia. Nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras es asumir esta exigencia para redoblar los esfuerzos que contribuyan a que cada mexicana y mexicano vivan en paz, que los jóvenes no sean victimarios o víctimas de los grupos criminales y que la seguridad pública sea el detonante del desarrollo nacional. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores. México es el único país del mundo donde se pide que se aplauda y reconozca al gobierno cada vez que atrapa a un capo o a una banda de la delincuencia organizada. Se exige a los ciudadanos una especie de tributo en aplausos para lo que es simplemente el cumplimiento de una obligación elemental del gobierno.

Quiero ser claro. No escatimamos ni desconocemos el mérito de los elementos de la Marina y de las fuerzas policiales que intervinieron en la operación de la captura del narcotraficante más buscado de México. Pero tampoco vamos a sumarnos al coro fácil de quienes buscan explotar políticamente lo que es su deber.

Por otra parte, la captura del narcotraficante más largamente buscado de México es un deber cumplido a medias y un logro policial compartido con los Estados Unidos. La parte dominante o estratégica de la operación que se implementó corrió a cargo del gobierno norteamericano. Desde el rastreo de la información telefónica hasta la captura de El Chapo, en todo momento la operación estuvo monitoreada y supervisada por el gobierno norteamericano, lo mismo con agentes in situ que con drones de última tecnología.

Desde la difusión de la noticia hasta la decisión de intervenir, en todo momento el gobierno norteamericano hizo sentir su intervención. Por ello ahora exigen el pago correspondiente: la extradición del capo.

Los órganos de seguridad mexicana se concretaron a operar la captura. Así que solicitamos moderación a las autoridades mexicanas. No presumir ni intentar deslumbrarnos con sombrero ajeno.

Qué bueno que El Chapo ya está de regreso en la cárcel. Qué malo que se piense que con ello la delincuencia organizada se acabará en el país. Ni siquiera el Cártel de Sinaloa habrá de acabarse o debilitarse con esta captura relevante.

En México la delincuencia organizada tiene una característica distintiva. Es ante todo delincuencia protegida. Por encima de un capo, siempre habrá un juez, un ministerial, un militar, un político, un financiero, un empresario, y una subcultura ciudadana que le permitirá proteger, desarrollar, expandir y hasta adquirir influencia social con base en su actividad criminal.

El Chapo resultó ser en realidad el prototipo de la delincuencia protegida, el aceite espeso y pegajoso que permitió engrasar y lubricar una de las cadenas de corrupción más enraizadas y representativas del carcomido sistema de seguridad y justicia del gobierno en México.

Por ello su detención será una mera situación anecdótica, mediática y testimonial si sólo se reduce a la extracción de un eslabón de ese sistema de protección, de corrupción y de lavado de dinero.

Si queda intacta la red de canales, túneles y socavones institucionales que permitieron al Chapo levantar desde la clandestinidad un emporio trasnacional de las drogas, preparémonos entonces para ver surgir al Chapo II, al Chapo III, al Chapo IV. Por lo pronto hay que emplazar a la autoridad para que informe a la sociedad una serie de cuestionamientos que la mayor parte de la ciudadanía trae a flor de boca.

¿Quién, ciudadanos legisladoras y legisladoras? ¿Quién permitió la fuga del Chapo? ¿Quién, ciudadanos legisladores y legisladoras, protegió al Chapo durante estos 13 años? ¿Cuántos ex funcionarios, cuántos militares, procuradores, ministeriales, jefes policíacos, magistrados y jueces, están en la nómina del Chapo?

¿Cuántas campañas a presidentes municipales, a legisladores, a gobernadores, a presidente de la República financió el sinaloense por sí sólo o a través de interpósita persona? ¿Qué empresas y empresarios, casas de bolsa y de cambio, bancos y corredurías financieras, constructoras y empresas de servicio lavaron y lavan el dinero del Cártel de Sinaloa en México y en el mundo?

¿Quiénes son sus protectores? ¿Quiénes permitieron que se constituyera este emporio de las drogas en el mundo?

Por ello no es de extrañar, aunque sí de reprobar, las manifestaciones inducidas de apoyo al capo en su entidad natal. La atracción y empatía social que ejerce este tipo de personajes no se circunscribe a sus comunidades de origen, llegan a despertar admiración hasta en los propios funcionarios de gobierno.

Ocurrió en 2009, Jeffrey Max Jones, subsecretario federal de Agronegocios, recomendó públicamente a los campesinos mexicanos seguir las estrategias de mercado y emular la iniciativa empresarial de los narcotraficantes.

En diciembre de 2013 el director del Cisen externó también su reconocimiento al genio empresarial del Chapo Guzmán. La fuga del Chapo en 2001 tiene responsables. A 50 días de la primera alternancia presidencial fue el signo ominoso de que la transición democrática mexicana sería de mala calidad.

Hoy nos encontramos en el extremo contrario. ¿La reaprehensión del narcotraficante más buscado del país significa que ahora sí tenemos gobierno y una democracia eficaz? Por supuesto que no. Un capo en la cárcel no garantiza la llegada de una primavera democrática. Para que esto suceda tendrá que limpiarse de corrupción el sistema de seguridad y de justicia, tendrá que limpiarse de corrupción al gobierno que hizo del Chapo su producto más acabado.

Por último, está en el ambiente el tema de la extradición de los Estados Unidos, nuestro vecino lo exige como pago a la colaboración estratégica proporcionada, pero también como consecuencia de la duda fundada sobre la capacidad del sistema penitenciario mexicano para mantener dentro de sus muros a un capo que ya se fugó por la puerta grande, o para garantizar jurídicamente el pago completo de una condena.

Nosotros sostenemos sin ningún recato que debe ser procesado en nuestro país, que deberán evitar la extradición fast track del delincuente, es decir, deberá hacer pagar primero sus cuentas pendientes con la justicia mexicana y después agotada esta instancia entregarlo a la justicia del vecino país del norte.

Terminamos preguntándonos: ¿Quién permitió la fuga del Chapo? ¿Quién protegió? ¿Quién está detrás de todo este sistema de complicidad y protección? Es un asunto inacabado, ya veremos. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

Antes de continuar con agenda política quiero darle la bienvenida a los integrantes del Noveno Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se encuentran con nosotros en este recinto.

Está aquí abajo en el pleno con nosotros la mesa directiva de este Parlamento, Alejandra Reyes Rodríguez, la presidenta. Bienvenida junto con toda la mesa directiva que la acompaña. Ellos están haciendo un trabajo de revisión de diferentes temáticas, son representantes de los 300 distritos de este país y les auguramos que sus conclusiones sean para que todos nosotros, que integramos esta LXII Legislatura, podamos recoger de sus impresiones, de sus comentarios, temas que abordar en la agenda en pro de la infancia que encabeza la compañera Verónica Juárez.

Muchas gracias por su participación y presencia, y vamos a continuar con el orden del día de agenda política.

NOVENO PARLAMENTO INFANTIL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ahora tiene la palabra... Diputada Verónica Juárez, ¿con qué objeto?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias. En principio para saludar por supuesto a quienes representan a las inquietudes, los sueños y las aspiraciones de todos los niños y las niñas de México, que son las diputadas diputados infantiles, 300 niñas y niños de cada uno de los distritos electorales de nuestro país. Sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Saludamos también a su mesa directiva que se encuentra aquí con nosotros, y decirles que estaremos muy atentos a todo el trabajo que han venido desempeñando durante esta semana, desde el lunes, y que nosotros tomaremos sus propuestas para cristalizarlas en leyes, y particularmente una Ley General de Garantía de Derechos para las Niñas, Niños y Adolescentes.

Decirles, invitar a todas las diputadas y diputados el día de mañana que será la clausura, cuando ellas y ellos estarán entregando y dando a conocer todas sus conclusiones del trabajo de esta semana.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada. Muchas gracias. Me está pidiendo también la palabra la diputada Lucila Garfias. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez(desde la curul): De la misma manera, presidenta. Para dar la bienvenida a los 300 legisladores y legisladoras infantiles que están visitando la Cámara de Diputados. Ellos son la voz de todos los niños y jóvenes de México. Sus propuestas, sus reflexiones, tendrán que formar parte de las agendas legislativas de todos los grupos parlamentarios.

Bienvenidos y reiterando la invitación para que mañana les acompañemos en la clausura de este Noveno Parlamento Infantil. Bienvenidos niñas y niños legisladores.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. También la diputada Adriana Hernández me está pidiendo la palabra. Diputada Adriana.

La diputada Adriana Hernández Iñiguez(desde la curul): Gracias. Solamente para felicitar y reconocer el trabajo de nuestras legisladoras y legisladores infantiles que representan a todo el país. Ellos están aquí en la ciudad desde el domingo, han tenido jornadas de trabajo muy duras, muy fuertes y todos han estado trabajando respondiendo a la responsabilidad por la que están aquí, e invitar a mis compañeros y compañeras diputados, diputadas que no han pasado a saludar a sus representantes infantiles que lo hagan.

Es una experiencia muy bonita, y yo creo que nos enriquecemos mucho más nosotros con toda la experiencia y toda la sabiduría de los niños. Felicidades a todos y bienvenidos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: La diputada Aída Valencia. Sonido en su curul. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez(desde la curul): Gracias, presidenta. Para también felicitar a todas las niñas y niños que hoy están con nosotros en este pleno. Y en especial a las niñas y niños del estado de Oaxaca. Pero también un reconocimiento muy especial a nuestros niños que vienen de las escuelas Conafe, porque es doble el esfuerzo que estas criaturas están haciendo en cada rincón de este país.

Sin duda este tema de las niñas y niños debe ser más importante —desde mi punto de vista— que estar hablando del Chapo Guzmán. Creo que ya le dimos bastante importancia y la televisión no deja de hablar de este personaje.

Creo que tenemos que construir de manera sana con nuestros niños y niñas un mejor futuro para ellos, y no es hablando de personajes que han denigrado la imagen de este país. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul de la diputada Zuleyma Huidobro, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Con el mismo objeto, presidenta. Damos la bienvenida a las legisladoras y legisladores infantiles en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Decirles a todos estos niños y niñas que para Movimiento Ciudadano son nuestra esperanza, que en ellos está depositada nuestra confianza para que en este país se puedan resolver muchas cosas. Que sigan luchando, que sigan defendiendo lo que piensan y que sigan, por supuesto, defendiendo actos de corrupción. Muchas gracias.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): Muchas gracias. Aquí en el Partido Verde también queremos reconocer —niños, bienvenidos— queremos reconocer el trabajo que han realizado desde el Parlamento Infantil, porque no sólo son los mexicanos del mañana, niños, son también los mexicanos de hoy y por ustedes estamos trabajando hoy. Gracias, niños, bienvenidos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, por favor.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sumarnos a esta felicitación por la realización del Noveno Parlamento de los Niños y Niñas.

El que estén aquí 300 niños de nuestro país representa no solamente el interés y la cercanía que tanto el IFE como la Secretaría de Educación Pública y esta Cámara de Diputados quieren tener con los infantes de México, sino que representa además la buena disposición de las autoridades educativas para, a través de los concursos, elegir a las y los mejores niños y niñas para que hoy estén aquí.

En lo particular, a Colima lo felicito porque vienen dos niñas representando al estado, del municipio de Tecomán y del municipio de Cuauhtémoc. Un municipio rural y uno urbano. Felicidades.

Y los invitamos para que mañana aquí diputados y diputadas los acompañemos en la clausura y, sobre todo, en escuchar las conclusiones de sus trabajos en comisiones. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La diputada Esther Quintana Salinas(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul de la diputada Esther Quintana, por favor.

La diputada Esther Quintana Salinas (desde la curul): Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Pido la palabra exactamente para lo mismo que la han pedido quienes me han antecedido.

De verdad que me siendo muy congratulada por esta visita de estos 300 niños de todo el país, que están en la sede precisamente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Muchas felicidades.

Espero que muchos de ustedes que me están escuchando lleguen también a este recinto y trabajen a favor de su país.

En lo particular, quiero darles un abrazo entrañable a todos los niños, pero de manera particular a los de Coahuila, un abrazo entrañable. Arriba Coahuila. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Diputados, me siguen pidiendo la palabra, entiendo es para el tema, nada más pedirles brevedad porque estamos en el punto de agenda política, para poder retomar el orden del día.

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul del diputado Javier Orihuela, por favor.

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Igualmente, presidenta. Para felicitar a mi diputada infantil por el segundo distrito del estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Monserrat Guadarrama Carranza, para felicitarla, esperando que ellos, cuando verdaderamente estando aquí en esta Cámara de Diputados, puedan ayudarnos a revertir todas estas reformas estructurales que nos han metido, que han perjudicado mucho al país. Felicidades Monserrat Guadarrama Carranza.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul de la diputada Joaquina Navarrete, por favor.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): De la misma manera, felicito a todos y a todas las niñas, pequeños y pequeñas, legisladores y legisladoras, que es un honor tenerles aquí, pequeños de todo el país, que yo diría no son el futuro de nuestro país, son el presente, porque son los que mueven a toda la ciudadanía y son los que nos mueven a nosotros para realizar cosas positivas para ellos.

Y como integrante del Grupo Parlamentario del PRD les doy la más cordial bienvenida. Y les felicito a todos y a todas quienes generaron para que ellos estuvieran aquí. Enhorabuena. Bienvenidos a todos y a todas, y en particular a todas y a todos los del estado de México. Arriba el estado de México, mi estado de México. Felicidades a todas y a todos.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul de la diputada Francisca Elena Corrales, por favor.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A nombre de la coordinación de la bancada priista sinaloense, felicitar a los legisladores infantiles que hoy representan a nuestro bello estado, que representan a la gente de bien de Sinaloa, que se esfuerza, que trabaja, que lucha. Que representan el futuro de nuestro estado, el presente y que representan también el gran futuro de México. Muchas felicidades. Bienvenidos. Les abrazamos con mucho cariño.

La diputada Elvia María Pérez Escalante(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido en la curul de la diputada Elvia María Pérez Escalante, por favor.

La diputada Elvia María Pérez Escalante(desde la curul): Buenas tardes. Quisiera unirme a esta felicitación colectiva de todos los diputados de la honorable Cámara de Diputados, pero también decirle a los niños que los diputados priistas hemos estado trabajando por la educación de ellos y de todos nuestros niños de México. Que la reforma educativa está en marcha y que esa educación es la que ellos van a recibir y serán el producto de estas reformas importantes que hemos hecho en la Cámara de Diputados, precisamente, para todos ellos. Muchas gracias. Felicidades a Campeche.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Sonido en la curul del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, por favor. Y, por último, a la diputada Socorro de la Luz Quintana, para poder darle continuidad al orden del día en agenda política. A la última que tengo aquí anotada es la diputada Socorro de la Luz Quintana, y antes, el diputado Miguel Ángel Ramírez Romero.

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero(desde la curul): Luis Miguel. Muchas gracias, diputada presidenta. Agradecerte, agradecer y felicitar a nombre de todos los diputados del estado de Morelos, de todos los partidos políticos, a nuestros legisladores infantiles por el estado de Morelos, que están hoy representándonos; felicitarlos por sus trabajos.

Creemos que es un trabajo muy importante el incentivar que los niños se interesen en las leyes, en las reglas. Es una forma de inspirar el respeto a las autoridades y entre nosotros. Muchísimas gracias y felicidades a los niños, a todo el Parlamento infantil. Y arriba Morelos. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul de la diputada Socorro de la Luz Quintana.

La diputada Socorro de la Luz Quintana León(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Quiero, en primer lugar, también agradecer a la Junta de Coordinación Política todas las facilidades que han dado para este evento.

Felicitar a los coordinadores y a los niños, que hoy nos dan la gran oportunidad de recibir a este Parlamento infantil. Y a nombre de todos los diputados del PRI que no han podido felicitar a sus pequeños, quiero decirles que este recinto será realmente el futuro de muchos de estos niños.

Es nuestra responsabilidad ahora que estamos nosotros como diputados dar un ejemplo de lo que es un diputado, y sobre todo, ir formando una carrera diferente para que en nuestra posición que estamos ocupando en nuestras curules sea como tiene que ser: reconocida en nuestro México y que tengamos cada vez mejores diputados. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Están pidiendo también la palabra la diputada Nelly Vargas y la diputada Concepción Navarrete. Por favor, creo que los niños tienen que ir a otra actividad, para poder continuar con la agenda política. Entonces, por último, les damos la palabra a Nelly Vargas y a Concepción Navarrete. ¿Martha Beatriz? Sonido a la curul de la diputada, por favor.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal(desde la curul): Muchas gracias y una felicitación enorme a todas las niñas y los niños que participan en este Parlamento. Sé que tenemos por aquí también a nueve chihuahuenses, vienen a este Parlamento seis niños y tres niñas de Chihuahua. Quiero felicitarlos, decirles que sigan estudiando, que sigan soñando para que lleguen muy alto y que un día puedan representarnos con la verdad en el Congreso.

Yo, como diputada y como maestra, les digo a los niños que no se dejen engañar. Al PRI le digo que no traten de sacar raja política de este evento tan noble en donde estamos haciendo esta felicitación.

Y que los niños sepan quiénes son, quiénes han votado la reforma educativa que tanto nos ha afectado a los maestros; la reforma laboral, que nos tiene sin empleo en el país; y la reforma hacendaria, que también nos está dando más impuestos en todo el país. Sobre todo en la frontera de Chihuahua, donde se está viviendo una gran crisis económica. Y ni qué hablar de la reforma energética que han aprobado también los del PRI.

Así que esto se los digo para que, niños, no se dejen engañar. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputada. Felicidades.

La vicepresidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Sonido a la curul de la diputada Concepción Navarrete.

La diputada María Concepción Navarrete Vital(desde la curul): Gracias, presidenta, simplemente, mi intervención es para felicitar el esfuerzo que están haciendo los niños, porque éste es un reconocimiento que se les está haciendo a ellos a nivel nacional. Estoy muy orgullosa de saber que lucharon por llegar aquí.

Las discusiones que se dan en el pleno corresponden a los diputados, porque es nuestro encargo y es nuestra obligación hacerlo. Tienen no solamente el derecho de soñar, ellos tienen el derecho y la obligación de hacer de México un lugar mejor. Felicidades a los niños de Guanajuato, a nombre de todos mis compañeros diputados de Guanajuato. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Les damos un cordial saludo a todas y a todos los integrantes de este Parlamento. Les deseamos éxito en sus trabajos. Como pudieron observar hay mucho interés de todos los grupos parlamentarios por su participación.

DETENCION DE JOAQUIN GUZMAN LOERA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Continuamos con el punto de agenda política y le damos la palabra ahora al diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar del tema de la detención de Joaquín Guzmán Loera.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados; con su permiso, señora Presidenta. Hace casi ocho días, el sábado pasado, en los primeros minutos de la mañana empezó a correr la noticia, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, de la posible captura del criminal más buscado de nuestro país y de los más buscados en el mundo entero. El Chapo Guzmán. Cuando fue confirmada esa detención por parte de las autoridades mexicanas, me parece que no hay un solo mexicano que no deba de festejar esta detención.

He escuchado puntualmente las intervenciones de los compañeros diputados, me parece que coincidimos en la mayoría de los temas. Nadie está diciendo que se terminará la cadena de narcotráfico de un solo tajo con la única detención del Chapo Guzmán.

Sin embargo, hoy el Estado mexicano demuestra que es un Estado que ha evolucionado, un Estado que ha mostrado una madurez en esta detención. No solamente con chalecos y armamentos se combate al crimen organizado, se combate —como se demostró— con inteligencia, cumpliendo la ley. Y lo más importante, regresar la tranquilidad a muchos de los estados, a muchas de las colonias, comunidades, municipios y familias enteras de nuestro país.

Qué bueno que estén aquí hoy los niños del Parlamento Infantil, porque precisamente este tipo de acciones de la autoridad federal son las que garantizan el hecho de que los que ocupamos algún cargo podamos ser útiles y eficientes para el desarrollo de los mismos.

Hay que reconocer desde esta tribuna a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por haber llevado las riendas de nuestro país en este periodo y en el que ha encomendado y delegado las responsabilidades adecuadas a todos aquéllos que participaron en este éxito de la detención del Chapo Guzmán; al procurador de la República, Jesús Murillo Karam; al general Salvador Cienfuegos Zepeda; al almirante Vidal Francisco Soberón; y al licenciado Eugenio Ímaz, quien es el director del Cisen.

Este gran triunfo nos coloca como país a nivel internacional, en el que estamos actuando, en el que tenemos un gobierno de la República que está comprometido con lo más importante para las y los mexicanos. Me refiero a su seguridad, a su tranquilidad y a tener acciones concretas que vayan de la mano para ir combatiendo esta red de narcotráfico.

A estos delincuentes desde años atrás —podemos mencionar desde Rafael Caro Quintero, Don Neto y ahora El Chapo Guzmán— falsamente los han posicionado como si fueran unos héroes nacionales. Son delincuentes, son los enemigos número uno de los niños, de los jóvenes, de nosotros mismos.

Me parece que con esta detención se van a abrir diferentes y distintos caminos en lo que tiene que ver con la investigación puntual...

El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado, sólo le recuerdo que el formato de la agenda política no permite interpelaciones al orador. ¿Con qué objeto su petición? Sonido a la curul del diputado Montano por favor.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul). Lo entiendo, presidenta, pero por la relevancia del evento y del tema, solicito consulte si me admite una pregunta el señor orador.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Claro que sí, adelante, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Pero insisto, diputado, perdón, pero el Reglamento no permite interpelaciones en la agenda política. Yo quisiera pedirles respeto al Reglamento en ese sentido y permitir al orador concluir su intervención.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán(desde la curul): Le solicito una excepción. La pregunta concreta sería al orador en el sentido de que el día de hoy en medios nacionales se publicó una denuncia pública por parte del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC, en donde señala puntualmente que se pudiera abrir una averiguación previa en donde los funcionarios que estuvieron a cargo de los penales en la época de 2001, pudieran ser llamados a declarar y se les fincaran responsabilidades por la escapatoria que tuvo Guzmán Loera, El Chapo Guzmán.

Yo preguntaría al orador si estaría de acuerdo en que se hiciera esa averiguación previa, se abriera para que se diera con todos aquellos funcionarios que se vean inmiscuidos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado, si quiere hacer uso para darle respuesta, va a ser bajo el tiempo que tiene considerado para el posicionamiento, porque no le podemos dar el uso de la palabra para la respuesta, de acuerdo al procedimiento que hay en agenda política, por favor.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Gracias, presidenta. En este orden de ideas, y para concluir mi intervención, me parece que vamos a ser muy puntuales también en la contestación.

Hay algo que lastima a todos los mexicanos, hay algo que nos duele, hay algo que sentimos impotencia, y me refiero a la impunidad, la impunidad en la que El Chapo Guzmán estuvo libre estos años.

Estamos enterados del desplegado que salió el día de hoy, publicado en un medio de comunicación y sobre eso debemos de investigar a profundidad.

Como Partido Verde estamos ciertos y damos todo el respaldo para que cualquier indicio que se tenga que dar, se busque a los culpables y responsables que dejaron libre al Chapo Guzmán. Ellos son también enemigos de México, ellos son también en lado oscuro de lo que representan los servidores públicos, y que se hayan escondido en los cargos que en ese entonces tenían, tiene que ser investigado y tiene que ser resuelto cuanto antes.

Estamos seguros de que el procurador llegará hasta las últimas consecuencias para poder aprehender a estos delincuentes, a estos enemigos de México, a estos enemigos de los niños y de los jóvenes que el día de hoy nos visitan.

Todo nuestro respaldo para el señor presidente de la República. Y cómo no vamos a festejar esta detención de uno de los capos más importantes de todo el mundo.

Sin duda tenemos una larga ruta. Ya mencionaron aquí el tema del lavado de dinero, el tema de los negocios involucrados no solamente en nuestro país, sino en el ámbito internacional.

Sin embargo el gran paso que se dio en días pasados, pone a México y estamos salvaguardando la integridad de las familias, de todos nuestros estados aplicando la ley, repito, con inteligencia.

México ha evolucionado y estamos en el camino adecuado, mostrando una madurez de las autoridades para poder resolver cualquiera de los problemas que se susciten en nuestra sociedad. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.  Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sí, gracias. Nada más oportuno para observar cómo el régimen, el PRIAN actúa. El país se está desbaratando. Hay noticias desde el día de ayer de cómo el endeudamiento en el que el sexenio anterior, el presidente, ha dejado al país. Pudiéramos estar hablando de un estado de quebranto de las finanzas públicas. Nada más hay que leer los datos de la Auditoría Superior de Hacienda para observar este hecho y obviamente la inoperancia del gobierno actual.

Sin embargo, Peña Nieto evidentemente no mueve absolutamente ni una mano para hacer el ejercicio de la justicia. Ahí está el caso del avión presidencial que le deja Calderón para que se mueva y hoy ya también es noticia la manera fraudulenta como este bien fue obtenido por parte del régimen.

Un poco esa es la tónica en materia de inseguridad, y en particular en materia de narcotráfico. Hoy montan todo un show, montan todo un espectáculo para tratar de hacer que la opinión pública, nacional e internacional, vea la eficacia del gobierno.

Pero evidentemente no hay tal. Los temas de inseguridad pública que en la calle a los ciudadanos preocupan tienen que ver con otras modalidades de la delincuencia organizada que están solapadas por el mismo régimen: extorsiones, levantones y todas las anomias sociales que la delincuencia sigue utilizando para perjudicar a los ciudadanos.

Es evidente que si quisieran realmente actuar a profundidad no estarían ni siquiera anunciando lo que deberían ya estar haciendo. A estas horas del día deberían de estar muchas gentes ya detenidas por las redes de complicidad que este tipo de personajes mantiene para poder encumbrarse a los sitios de operación delincuencial.

El PRI y el PAN son lo mismo, los dos son copartícipes de estas situaciones de delincuencia organizada que mantiene el régimen y hacen todo un show mediático.

Yo decía: sólo los rufianes dan explicaciones. En la calle la opinión pública no le cree al procurador de Justicia. Tiene que salir a explicar que ya le hicieron todo tipo de análisis antropométricos y que ya la ciencia intervino. No hay credibilidad en este gobierno.

Todos sabemos que lo que está ocurriendo no va a resolver los problemas nacionales, son distractores sociales, son querer levantar la muy caída imagen del presidente de la República, y obviamente en consonancia con toda una estrategia que desde los niveles internacionales se están ejecutando para poder provocar una salida a la profunda crisis de credibilidad que en el país enfrenta el régimen.

Si fuese cierto esto no estarían aquí fingiendo ahora los veracruzanos, como el diputado Montano, para saber si el otro veracruzano del PAN, Miguel Ángel Yunes, que por cierto toda su vida fue del PRI, no estarían fingiendo aquí que si los grandes desplegados para hacer un juego político, un juego político donde la única diferencia entre unos y otros, en el caso particular de Veracruz, y yo diría a nivel nacional entre el PAN y el PRI, es que mientras unos son rateros, los otros son ladrones, pero en el fondo es más de lo mismo, unos y otros.

Así se expresan en Veracruz de estos dos representantes que traen un litigio de años por encontrar supuestamente una diferencia. Eso es lo que, desde nuestro punto de vista, se esconde en este debate y hoy de mala forma llevar este debate ya a estos días, a estas horas y luego con este artilugio de los niños querer bajar la profundidad de este debate, pues a nosotros nos parece que es parte de lo que expresa esta crisis de la justicia, esta crisis credibilidad del régimen y obviamente es una pena para el país que esto esté ocurriendo el día de hoy.

Sin embargo, más tarde que temprano llegará un gobierno democrático, justo y honesto que cambie las cosas. Tiempo deberían de tener para hacer bien su trabajo, diputados. Tiempo deberían de tener para servirle realmente al pueblo y no pasársela aquí vegetando, no pasársela aquí nada más siguiendo las consignas de su pastor, y evidentemente tratando de ser tapaderas del régimen de corrupción, de privilegios que ustedes pretenden prohijar. Es cuanto, diputado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra para hablar por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Domitilo Posadas Hernández.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias y buenas tardes para todos ustedes. Lamento, en verdad que un tema, quizá el de mayor importancia en las últimas décadas en nuestro país, despierte tan poco entusiasmo entre quienes tenemos la obligación de legislar para el presente y para el futuro. Lamento mucho en verdad el poco interés de mis compañeros diputados, pero ellos se lo pierden.

Quiero aprovechar esta intervención para hacer tres reconocimientos. El primero de ellos para, como ya se ha hecho por compañeras diputadas y por compañeros diputados anteriormente, el Parlamento Infantil. Y les deseo el mayor de los éxitos en sus trabajos. Y espero que lo que hoy han estado observando en este pleno les genere un buen sabor de boca y una buena experiencia porque, como ya una diputada lo señaló, seguramente entre ellos en el futuro habrá legisladores federales.

El segundo reconocimiento es para nuestro compañero diputado Ricardo Anaya, que en días próximos estará concluyendo su encargo de presidente de la Mesa Directiva. En lo personal me he sentido dignamente representado por él y lo felicito por el trabajo realizado.

Y finalmente el tercer reconocimiento es al gobierno federal por la detención del Chapo Guzmán, sin embargo no me voy a convertir —y mal haríamos en hacerlo como integrantes y como legisladores de la república— en matraqueros del sistema y del gobierno, pero tampoco deseo asumir la posición de integrante de un tribunal de la Santa Inquisición.

Creo que nuestra responsabilidad es ubicar en su justa dimensión hechos relevantes, como el que hoy nos ocupa. Y al respecto quiero señalar algunas ideas que seguramente pueden ayudar, para el presente y para el futuro, en diseñar una política institucional para el combate a las actividades ilícitas de todo tipo en nuestro país.

Nosotros podemos tener opiniones en lo particular, y son muy respetables y atendibles, pero aquí la responsabilidad que nosotros tenemos como legisladores es la construcción de políticas integrales e institucionales. Y en esa perspectiva la primera lección o lo primero que nos debiera llamar la atención a nosotros es que está pasando con el término de soberanía nacional.

Se entiende que con el desarrollo tecnológico y todas esas cosas que están sucediendo en el mundo actual este concepto tiene que ser redefinido, pero si en materia de seguridad nacional y si en las fronteras nacionales nos encontramos con que hay gobiernos extranjeros que intervienen nuestro espacio aéreo, por ejemplo a través de drones, para supervisar actividades de mexicanos, debiera llamarnos la atención.

O, en su defecto, si desde Estados Unidos están operando aparatos de intercepción telefónica también para monitorear lo que nosotros estamos haciendo, los mexicanos, que no solamente fue el caso del Chapo, sino del propio presidente de la República, que ha sido intervenido telefónicamente, es un tema de preocupación.

O que incluso se diga, sin que se haya desmentido oficialmente, que agentes encubiertos de civiles participaron en la detención del Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa, es un acto también que debe llevarnos a la reflexión.

En suma, en nuestra opinión lo que deberíamos hacer como parte del Congreso de la Unión, es pedir una explicación exhaustiva al gobierno federal sobre las acusaciones públicas que se han hecho al respecto, particularmente en materia de soberanía nacional. Y esto nos lleva de la mano a un segundo tema.

La otra responsabilidad que tenemos los diputados es acabar con la impunidad y la discrecionalidad en la impartición y ejecución de la justicia. Aquí se ha dicho y se ha felicitado por una captura, yo digo que el gobierno federal simple y sencillamente está haciendo su chamba. No está haciendo nada que le sea ajeno o que la ley no lo obligue, que es dar seguridad a los mexicanos, pero no decimos absolutamente nada de la impunidad.

Yo creeré en las palabras del gobierno federal y lo tomaré en serio cuando vea que efectivamente se cite por parte de la Procuraduría General de la República al ex presidente Vicente Fox, para que explique por qué El Chapo Guzmán se escapó del penal en donde estaba recluido, y como él muchos otros funcionarios que a los mexicanos nos deben una explicación. Entonces sí veré que el asunto va en serio.

La otra parte que nosotros tenemos que atender es para que esta experiencia nos debe servir a nosotros para legislar y crear controles institucionales para que le quitemos la discrecionalidad al gobierno federal en el manejo de la parte exhaustiva de la seguridad nacional. Concretamente hemos propuesto en esta tribuna una iniciativa de ley desde hace meses, que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de esta Legislatura tenga conocimiento e incluso autorice acciones o actividades delicadas, como la que hoy estamos comentando, porque en caso contrario no creemos muchas veces lo que se nos dice o simplemente lo rechazamos porque unilateralmente se nos impone.

Si nosotros le diéramos la facultad a la Cámara de Diputados y a la de Senadores para que el presidente de la República, a través de las áreas correspondientes de seguridad nacional del gobierno federal, pudieran conocer y aprobar el Plan Nacional de Seguridad, quizá nosotros daríamos mayor credibilidad a las acciones del gobierno federal.

Concluyo con lo siguiente. Nosotros debemos de comportarnos como nación y como gobernantes lejos de una conducta de sumisión ante gobiernos extranjeros, y particularmente los Estados Unidos. México no es una estrellita más de los Estados Unidos de Norteamérica, somos una nación soberana e independiente y como tal, todas las acciones legales y jurídicas que nosotros hagamos como servidores públicos, como gobernantes y como nación, tiene que ser en el marco legal y de nuestras instituciones, y bajo esa perspectiva no solamente El Chapo Guzmán, sino todos los delincuentes que hayan cometido actividades ilícitas en territorio nacional, primero tienen que ser enjuiciados y castigados bajo las leyes de nuestro país y no al contentillo de otras naciones. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Humberto Alonso Morelli, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Humberto Alonso Morelli:Con su permiso, presidenta. Muy buenas tardes, compañeros. La detención de un personaje de la delincuencia organizada, como Joaquín Guzmán Loera, es un verdadero logro para el Estado mexicano, para todas las instituciones, para todos los órdenes de gobierno.

No es una tarea que se hizo en un día, no es una tarea que se hizo en un mes o en un año, es una tarea que ha sido durante muchísimos años, con el esfuerzo de muchas instituciones.

Mi reconocimiento para la Secretaría de Marina, para las Fuerzas Armadas, para la Procuraduría, para el Cisen, para el gobierno federal, para la administración anterior, que enfrentó una lucha encarnizada contra la delincuencia organizada, y los resultados de la administración anterior y la nueva se están viendo cristalizados con la detención de este gran capo.

Cuando nosotros hemos sido gobierno federal, y me refiero al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, obviamente un presidente panista como lo fue Felipe Calderón enfrentó el fortalecimiento institucional, enfrentó una lucha con la delincuencia organizada, se metió inclusive a apoyar tareas de seguridad pública en diferentes estados, como lo hizo en el estado de Veracruz, donde tuvimos la primera policía naval y se pudo enfrentar de manera directa a estas bandas organizadas.

Creo que vamos por buen camino. Desde el año 2006 en adelante no ha habido ninguna fuga en ningún penal federal. Sí ha habido muchas fuga en los penales estatales, más de mil. Se han capturado muchos delincuentes, se han perseguido con una política de Estado y creo que estamos viendo los resultados.

Quiero hacer una mención también sobre la publicación de un periódico de circulación nacional, que puso el Colegio Nacional de Abogados Penalistas y la firma el licenciado Jorge Reyes Peralta, su presidente. Quiero decir que todo lo que dice este comunicado de esta carta, pagado obviamente por este Colegio de Abogados y seguramente, bueno, no sabemos si lo pagaron ellos, porque una publicación de estas características vale más de 600 mil pesos, y creo que la información contenida dentro de este desplegado lo único que dice es que están dando juego a una guerra sucia, a un compañero de nuestro partido político, un compañero que inclusive fue nombrado cuatro años después como director de Prevención y Readaptación Social. Esta información que está aquí plasmada en la plana es totalmente falsa.

Les pido a los compañeros diputados que no entren a hacer segunda a guerras sucias, estas son guerras locales de Veracruz, son guerras orquestadas por grupos políticos ajenos al interés nacional.

Creo que aquí están las pruebas, aquí las tengo, aquí tengo el nombramiento donde obviamente demuestra que lo que está publicado en este periódico, este desplegado es totalmente falso.

Muchísimas gracias, presidenta. Y compañeros, yo exhorto para que esta Cámara de Diputados no se convierta en un lugar de ventilar guerras negras para compañeros de grupos políticos. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón:Con su venia, ciudadana presidenta. Compañeras, compañeros, la reaprehensión del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera constituye sin lugar a dudas la prueba más palpable y objetiva de que la estrategia del gobierno de la República para enfrentar al crimen organizado está funcionando y está dando resultados.

Esta acción es una muestra de que el estilo personal del presidente Enrique Peña Nieto, de trabajar en equipo y de manera coordinada se está aplicando en forma real y efectiva en materia de seguridad pública.

Se ha privilegiado el trabajo de inteligencia por sobre el uso indiscriminado de la fuerza y esta forma de enfrentar al crimen organizado ha permitido que en la gran mayoría de los casos en que se ha aprehendido a un delincuente de importancia, se haya hecho sin necesidad de hacer un solo disparo, lo que disminuye la violencia y la afectación a personas inocentes.

Destaca, asimismo, la decisión de actuar siempre con respeto a los derechos humanos, tanto de los detenidos como de sus familiares, lo que además de ser una obligación del Estado, tiene el efecto de evitar las venganzas y reacciones violentas de las organizaciones criminales.

Este proceder por parte de las fuerzas del orden público, es ejemplo de que cuando se actúa con apego al marco jurídico y con respeto a la ley se contribuye a evitar espirales de violencia que alteran la paz pública.

El gobierno federal ha actuado con determinación y eficacia en contra de todas las organizaciones criminales a lo largo y ancho del país. No nos confundamos y no se confundan, no hay excepciones y de eso habla el que los más de 122 personajes relevantes del crimen organizado, en poco más de un año de este gobierno, se ha detenido a 75, más del 50 por ciento, que pertenecen a cárteles de los más peligrosos que pueden operar en el territorio nacional.

También ha sido relevante la actuación transparente y cuidadosa en la forma de presentar y difundir los logros que se han tenido en la captura de delincuentes. Se ha hecho sin estridencias ni acciones espectaculares sino basado en un estricto protocolo legal, en el que participan quienes por funciones de ley tienen que ver con estas tareas y deben informar y rendirle cuentas a la sociedad.

Es de destacarse también que otra de las líneas estratégicas con que ha funcionado el gobierno federal es acudir en apoyo a los gobiernos estatales cuando éstos lo han solicitado.

Se ha puesto a disposición de ellos la participación del Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Cisen. Todos ellos unidos en un solo objetivo: que las acciones en materia de seguridad pública rindan frutos y bienestar social a los mexicanos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha privilegiado la coordinación de las instancias federales, estatales y municipales, sin que exista recriminación ni rivalidades, mucho menos demérito de los gobiernos locales.

Compañeras y compañeros, a poco más de un año del gobierno federal, la estrategia que ha puesto en práctica el presidente Peña Nieto ha demostrado su eficiencia y su eficacia.

Las líneas de su contenido son precisas y claras, sin declaraciones de guerra, sin protagonismos estériles; en coordinación con mando, con dirección. Trabajando en equipo y privilegiando la inteligencia por encima de la fuerza se ha logrado la captura de importantes cabecillas del crimen organizado. Con ello también se ha logrado reducir los homicidios a nivel nacional en poco más de 15 por ciento.

Por lo anterior, sería altamente mezquino de quien lo diga el que se regatee el reconocimiento a estos grandes e importantes logros. Estamos seguros, porque los resultados así lo dicen, de que en poco tiempo México recuperará la paz y tranquilidad indispensable para hacer que nuestro país vuelva a crecer, a generar riqueza y crear empleos. Es la única forma en que podemos superar la desigualdad y la pobreza que aún, lamentablemente, nos afecta.

Ése, compañeras y compañeros, es el objetivo principal del gobierno que encabeza nuestro presidente, el presidente de todos los mexicanos: Enrique Peña Nieto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones correspondientes.

HUELGA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado Monreal? Sonido a su curul, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, ante el reclamo de la insuficiencia del quórum, le quiero decir que al principio de la sesión había solicitado que se tratara un asunto de obvia o urgente resolución.

La directiva de la Cámara iba a procesarlo, era relativo a tratar el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la única universidad que se encuentra en huelga en el país y que estaba planteando un exhorto a los secretarios de Educación, Emilio Chuayffet, al gobernador del estado, al rector de la universidad, para iniciar de inmediato diálogo, pláticas, llegar a un acuerdo y levantar la huelga que tiene ya nueve días y que está afectando a la educación pública y a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Quisiera saber ¿si se procesó? ¿Si no se procesó? ¿Si estuvieron de acuerdo los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Panal? Porque es un tema urgente. Si nosotros dejamos pasar estas horas será hasta el próximo martes, seguirá la huelga y se está afectando gravemente al desarrollo de Zacatecas.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: La Mesa Directiva, diputado, no tiene registrado ningún punto de acuerdo que haya hecho llegar la Junta de Coordinación Política, y como usted bien sabe, este orden del día solamente, si hay una propuesta en ese sentido registrada se podría procesar; pero no existe la propuesta en la Mesa.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, es que no era un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Yo solicité se modificará el orden del día y el Presidente de la Mesa Directiva ofreció que lo consultaría con los integrantese de los grupos parlamentarios.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Pero no hay registro de eso, diputado. En el momento que me encomendaron la conducción del pleno, no me notificaron de ningún acuerdo que se estuviera procesando.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Pues es una pena, porque es un engaño y por eso los problemas que se soslayan estallan. La Universidad de Zacatecas exige con urgencia este exhorto para resolver el problema. Lamentablemente creo que los grupos parlamentarios no aceptan o no quieren resolver el problema de la Universidad de Zacatecas.

El diputado José Isabel Trejo Reyes(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Al diputado José Isabel Trejo, del PAN. Sonido a su curul, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta. Solamente para reforzar la petición de mi paisano, el diputado Ricardo Monreal, porque consideramos que sí es grave el tema de la Universidad de Zacatecas, no solamente para la universidad, sino para el estado mismo.

Tenemos ocho días en huelga, e independientemente del trámite legislativo o no, la realidad está ahí y queremos dejarlo asentado en esta Cámara de Diputados. Tenemos 40 mil muchachos sin clases con la posibilidad de que no se les pague a los profesores.

Buscaríamos que la Cámara fuera con un coadyuvante para que las autoridades del ISSSTE y del Fovissste atendieran el tema de fondo con nosotros, que no lo han querido hacer por el momento. Es un tema que está ahí. Es la única universidad pública en huelga en el país, con una crisis gravísima de falta de pago de cuotas al ISSSTE y al Fovissste que casi alcanzan los mil millones de pesos, y queremos que esto quede asentado en la Cámara de Diputados.

Yo me uno a la postura del diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, —paisano— porque queremos que los apoye esta Cámara, diputada. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Reitero que de la Junta no nos hicieron llegar ninguna propuesta para modificar el orden del día y que, si ustedes nos lo permiten —además han quedado registradas sus intervenciones en el Diario de los Debates—, también procesarlo como Mesa Directiva; o sea, una solicitud que le hagamos obviamente a la Junta.

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado Torres Mercado, ¿con qué objeto?

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Con el mismo, ciudadana presidenta, además de agradecerle la oportunidad del uso de la voz.

Es importante no sólo registrarlo en el Diario de los Debates, sino registrar la postura de diversos legisladores de los diversos grupos parlamentarios y que tenemos origen en nuestro amado estado de Zacatecas, respetada Universidad Autónoma de Zacatecas, para hacer nuestra —creo que coincidimos— la propuesta suya, ciudadana presidenta, de que a través de la Mesa Directiva y de los conductos que se vean debidos, tengamos la comunicación con la representación de las autoridades de la Secretaría de Hacienda, del ISSSTE o del Fovissste, para abordar la problemática que ha generado el estallamiento de la huelga en Zacatecas.

En ese sentido anteponemos el propósito común justamente de atender la problemática de nuestra universidad, con independencia de la posición de los grupos, de los partidos, como lo he señalado.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Gracias a usted.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul de la diputada Amalia García. Diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Amalia Dolores García Medina(desde la curul): Solamente sabiendo que el trámite ahora no podrá tener curso, pero sí dejar sentado nuestro planteamiento en el que nos unimos —como aquí ya se ha dicho— legisladores, legisladoras de distintos partidos políticos en aras de que se encuentre una solución de fondo, consistente, que pueda garantizar viabilidad a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Ha sido un problema recurrente el de la deuda de esta institución educativa de educación superior tan importante, que tiene raíces en su fundación desde el siglo XIX, que ha formado a miles de zacatecanos y zacatecanas y personas también de otros estados de la región, pero que hoy nuevamente se encuentra en una situación grave, en una crisis por la deuda que tiene con distintas instituciones.

En aras de sumar mi voz, y para que quede registrada esta solicitud, que pueda encontrarse una salida sólida, consistente y de fondo para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto, diputada, diputados, esta Mesa Directiva hará un exhorto a la Junta de Coordinación Política para atender la problemática que vive el día de hoy la Universidad Autónoma de Zacatecas. Le daremos también copia de esta versión estenográfica —del final de la sesión— en donde se hicieron los planteamientos por todos los grupos parlamentarios sobre la necesidad de abordar este tema.

Sonido a la curul del diputado Ricardo Monreal. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidenta, solamente un minuto. Le solicitaría que estas versiones, con la de la mañana, se estuvieran preparando para orientarse aunque sea de manera formal al secretario de Educación Pública, porque es un tema muy delicado que no puede esperarse hasta el martes para resolver el tema de la Universidad de Zacatecas.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tomamos nota con mucho gusto, diputado Monreal.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz(a las 16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 4 de marzo de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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