Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 11:25 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 25 de noviembre de 2014.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones en sentido negativo.

De los diputados Armando Córdova Díaz y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza

En relación con retiro de iniciativas.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Del Gobierno del Estado de México

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Instituto Mexicano de la Juventud

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para implementar mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes.

De la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la implementación de una estrategia de movilidad integral.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de promoción de empleo de las personas adultas mayores, presentada por la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

Agenda política

Comentarios sobre la situación política nacional, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Control al Tabaco, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manriquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Transición Energética, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Pesqueros, Forestales y Minifundistas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Augusto Morales López, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Interculturalidad, Identidad y Movilidad Humana, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados José Everardo Nava Gómez y María de la Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Gestión Escolar y, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamente Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 29, 34 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona una fracción IV al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Raymundo King De la Rosa, Eduardo Roman Quian Alcocer, Lizbeth Loy Gamboa Song y Gabriela Medrano Galindo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 56 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General para la Atención con Dignidad a las Víctimas de Desaparición Forzada; y reforma los artículos 4o. y 10 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley de Migración, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 306 y adiciona un artículo 308 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 8o. y 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Agustín Miguel Alonso Raya y José Ángel Ávila Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que Instituye la Beca para Estudiantes de Educación Media Superior y Superior, en Situación de Desventaja Económica, con Retribución al Servicio Comunitario, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 105, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González y suscrita por el diputado Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 21, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo transitorio décimo octavo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo para que el titular de la SCT, explique las razones por las cuales se revocó la Licitación para la construcción del proyecto del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a fin de crear programas y campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad, a cargo del diputado Roman Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que se difunda y conmemore el 25 aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño, a realizarse el próximo 20 de noviembre, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarias de Salud y de Educación Pública, para que implementen diversas acciones de difusión que garanticen la concientización a la población, sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, a fin de detener la construcción del tramo carretero Toluca-Naucalpan, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Salud y de Turismo, para que refuercen las acciones de promoción de turismo médico, a favor de diversos municipios ubicados en la frontera norte del país, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF y a las autoridades de la UNAM, para que lleven a cabo una investigación sobre los hechos que tuvieron lugar el sábado 15 de noviembre del 2014, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del GDF, a fin de sancionar a los responsables de los heridos de la UNAM, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del GDF, a fin de proporcionar mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Sistema Colectivo Metro, para facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo a los contratos y/o convenios celebrados con Grupo Higa, Eolo Plus, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Ingeniería Inmobiliaria del Centro o cualquier empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, o asociada al mismo, celebrados de 2011 a la fecha, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, para que realice diversas acciones en materia de fiscalización en el municipio de San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, de la SHCP y de la SFP, así como a los gobiernos de los estados y al Conalep, para que den inicio al proceso de revisión de los convenios para la federalización de los servicios de educación profesional técnica, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, a que haga público en CompraNet el acto administrativo por el cual se canceló la licitación pública internacional sobre la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Tren México-Querétaro, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles y suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que garantice el cumplimiento de la NOM-028-STPS-2012, en todas las minas del país, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Inmujeres, a efecto de que se implementen diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, suscrito por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo al proceso de licitación y asignación de la obra Proyecto Hidráulico Monterrey VI, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del GDF, para que publique las medidas de protección civil adoptadas durante el desarrollo y conclusión de la manifestación ciudadana del día 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, para que se capacite sistemáticamente, en materia de derechos humanos de las mujeres, al ejército, fuerza aérea y funcionarios públicos de esas dependencias, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador y al titular de la delegación de Capufe en el estado Baja California, para que atiendan los reclamos de la comunidad y las graves afectaciones a los sectores productivos, ocasionados por las reparaciones de la carretera de cuota Tijuana-Ensenada, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la integración de un Grupo de trabajo plural de diputadas y diputados de todos las fracciones parlamentarias representadas, para que dé seguimiento a las detenciones arbitrarias el 20 de noviembre pasado en las inmediaciones del AICM y en el Zócalo capitalino, durante las manifestaciones de apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la problemática de maltrato animal presentada en el mercado de San Bernabé, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, del Conaculta, del INAH y de la Semar, para que fortalezcan las acciones encaminadas a la exploración rescate, preservación y resguardo de las exploraciones subacuáticas en nuestros mares, así como la creación de museos de carácter marítimo en nuestras costas, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la PGR, de la Sedena y de la CNDH, así como al Jefe del GDF y a la CDHDF a emprender diversas acciones en el ámbito de sus respectivas atribuciones acerca de los hechos de violencia y las detenciones durante la protesta de 20 de noviembre de 2014 y los procesos penales en lo sucesivo, suscrito por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortíz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Con punto de acuerdo relativo a las investigaciones y el deslinde de responsabilidades, respecto de la marcha del pasado 20 de noviembre, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 25 de noviembre “Día internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres”, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, a cargo de las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem y María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del Día de la Armada de México, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, señora secretaria. La diputada –es que no se ve, los colores son muy parecidos– Malú Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Buen día, señor presidente. Hoy no está en nuestra agenda la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero no podemos guardar silencio ante este hecho lamentable, no podemos guardar silencio ante el silencio de la Cámara y tampoco podemos guardar silencio ante el delito que se comete en contra de las mujeres.

Quiero decir desde aquí, desde mi curul, que la Comisión de Igualdad de Género y sé que la Cámara de Diputados también, están comprometidos y comprometidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. La violencia no es un fenómeno ni es un problema, es un delito y debe castigarse y debe eliminarse de la vida de las mujeres y de las niñas. Por ello, hoy 25 de noviembre inician los 16 días de activismo que Naciones Unidas nos invita a realizar de aquí al 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos.

Por ello, la violencia contra las mujeres tiene que ser denunciada, tenemos que alzar la voz para decir que no más violencia contra nosotras y decirle a todo mundo y a esta Cámara, que las diputadas de la Comisión de Igualdad de todos los partidos políticos estamos revisando la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que tiene siete años de vigencia, para presentar una reforma integral a la Ley General, una ley que está revisando la alerta de género, las medidas de protección, la violencia feminicida, la violencia obstétrica, la violencia política y que seguramente en el dictamen contaremos con la aprobación de todas y todos ustedes.

Es por ello que le agradezco el uso de la voz. No más violencia contra las mujeres, ni un golpe más, ni una muerta más en este país. Gracias, diputado.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Malú Mícher. Queda debidamente registrada su intervención en el Diario de los Debates. El diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Gracias, presidente. El día de ayer presentamos una propuesta para crear una comisión especial para revisar la legalidad y ausencia de conflictos de interés en el otorgamiento de contratos por parte del gobierno federal al Grupo HIGA y empresas relacionadas. No se quiso votar ayer en la Junta de Coordinación Política de manera arbitraria e ilegal.

Estamos planteando que se pueda incorporar...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Concluyo, presidente. Incorporar al orden del día para que sea el pleno directamente el que se pronuncie sobre esta comisión. La Cámara no puede ser tapadera de las corruptelas de Enrique Peña Nieto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Añorve, ¿Con qué objeto?

El diputado Manuel Añorve Baños: Con el mismo objeto, señor presidente, que podamos continuar con el orden del día.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la unión, celebrada el jueves veinte de noviembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del jueves veinte de noviembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios en la Presidencia del Grupo de Amistad México-República Dominicana y de integrante en el Parlamento Latinoamericano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) De la diputados:

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el treinta de abril de dos mil catorce.

• Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Salud, la proposición con punto de acuerdo a fin de instalar una mesa de trabajo interinstitucional para postergar las disposiciones que establecen la prohibición del uso de plantas medicinales y suplementos alimenticios, presentada el catorce de octubre de dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) Del Banco de México, con la que remite los informes en los que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-septiembre de dos mil catorce, así como la ejecución de la política monetaria y las actividades del Banco de México, en el contexto de la situación económica nacional e internacional, de conformidad con lo que establece el artículo cincuenta y uno, fracción segunda, de la Ley del Banco de México. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que en el mes de octubre de dos mil catorce, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el artículo séptimo y adiciona los artículos doce y catorce de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María Guadalupe Mondragón González. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Dora Ma. Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo;

El Presidente saluda la presencia en el salón de sesiones del excelentísimo señor Timothy Spencer George, embajador de Australia en México, quien sostuvo una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Australia, que preside la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Partido Revolucionario Institucional.

Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Víctor Reymundo Nájera Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional; y Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con catorce minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos cuarenta y un diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Aída Fabiola Valencia Ramírez, y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano;

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de apego al tema las diputadas: Martha Gutiérrez Manrique, y Angelina Carreño Mijares, ambas del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos treinta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo séptimo y adiciona los artículos doce y catorce de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se da cuenta con oficios por los que solicitan licencia los siguientes diputados:

• Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal a partir de esta fecha, llámese al suplente.

• Alberto Curi Naime, del Partido Revolucionario Institucional, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el trigésimo cuarto distrito electoral del Estado de México a partir de esta fecha, llámese al suplente.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Miguel Ángel Aguayo López, quien no hace uso de la palabra.

El Presidente, con las facultades que le otorgan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, y toda vez que no existen las condiciones para continuar con el desahogo de la Sesión Ordinaria, a las trece horas con dos minutos la levanta y cita para la próxima que tendrá lugar el martes veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a las once horas.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda ahora la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada Bojórquez, usted pidió la palabra, ¿Con qué objeto?

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): En contra del acta.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El acta ha sido sometida a votación y aprobada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Yo se la pedí antes. Yo la palabra la pedí antes, era para el turno que se estaba tocando. Quiero que se me respete mi lugar.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Y le otorgué la palabra, pero usted ya no hizo uso de ella.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): No me otorgó, se la dio a Malú.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Le he concedido... Permítame, diputada. Permítanme, diputadas, diputados. Le di la palabra a la diputada Bojórquez desde su curul, desde su curul. Tiene usted la palabra desde su curul, me la pidió y se la concedí.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Era para hablar en contra del acta.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Le he concedido el uso de la palabra. Le he concedido la palabra a la diputada Bojórquez desde su curul y si los comentarios son sobre el acta quedarán debidamente registrados.

Ruego a las diputadas y a los diputados guardar el orden para continuar la sesión. Diputada Bojórquez, ¿Con qué objeto?

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Primero que nada, para decir nuevamente la inconformidad, la prepotencia, la falta al Reglamento, a la ley de esta Cámara. No es posible que se nos esté negando el uso de la palabra en cada sesión. No es posible que la Mesa se siga conduciendo de esta manera irreverente a la nación.

Hoy mi posicionamiento era sobre el punto que usted mandó a checar, a verificar el voto, para ver si se podía no leer el acta. Sin embargo, cuando usted pone a discusión, yo me había anotado para que... diputado.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Les ruego permitan que concluya la diputada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Cuando usted lo pone a discusión, yo me anoté en contra para poder discutir el acta y someten a votación sin ser considerada y sin darme la voz. Y si voy a subir un posicionamiento en contra del acta, en el procedimiento yo debo estar en tribuna, señor. Bueno, eso dice el Reglamento.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El acta ha sido votada y su preocupación será incluida en el Diario. Compañeras, permítanme que termine la diputada Bojórquez. Sonido en la curul de la diputada para que concluya y vamos a continuar. Concluya, diputada Bojórquez. Compañeras y compañeros.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): De la sesión de la Cámara de Diputados, el acta refiere: el siguiente punto del orden del día, en la presidencia del diputado Tomás Torres Mercado, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, en nombre de la comisión, al diputado Miguel Ángel Aguayo López; quien no hace el uso de la palabra. Primera corrección, el diputado, sí hizo uso de la palabra para decir que no había condiciones.

Y además, el presidente con las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, y toda vez, dice, que no existen condiciones para continuar con el desahogo de la sesión ordinaria, a las 13:02 horas (trece horas con dos minutos) la levanta y cita para la próxima. Al levantar la sesión el presidente en funciones no solamente se excede en el uso de las facultades que le confiere el artículo 23, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del pleno.

En este supuesto tenía la opción de mandar a un receso para hablar con los coordinadores parlamentarios y reanudar la sesión posteriormente; porque sí había condiciones, no agotó el procedimiento previsto para el uso de esa facultad establecido en el artículo 12, se habla del Reglamento de las Cámaras.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada Bojórquez.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Además –permítame, diputado–, que sí había condiciones y recursos que no agotó. Y además fue una decisión unilateral en la que ni siquiera estuvo usted presente para poder consensar una decisión como la que tomaron en la anterior sesión de esta Cámara.

Es una falta de respeto, creo que habría que revisar el Reglamento y sobre todo que habría que respetar muchas cosas que la Mesa Directiva hoy no tiene para nada, no tiene ni conocimiento de cuáles son las discusiones, los derechos y las obligaciones. Gracias, presidente, con la prepotencia de siempre y con el servilismo al PRI.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su participación, señora diputada.

Compañeras, compañeros, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de los coordinadores parlamentarios y coordinadora, para que en este pleno, agotada la discusión del dictamen que estaba en el orden del día de la sesión pasada, iniciemos de inmediato la agenda política.

Les ruego a las diputadas y a los diputados que me permitan continuar con el orden del día y que en el marco de la agenda política puedan discutir y proponer los temas que así consideren.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Distrito Federal

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal a reponer el proceso de la licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014, referente al programa “Iluminamos tu Ciudad”, con la finalidad de garantizar la justa competencia e imparcialidad.

Transportes

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a buscar instrumentos legales y administrativos para resolver el problema de los concesionarios de transporte de Tuxtla Gutiérrez.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno del Distrito Federal a reponer el proceso de la licitación pública nacional EA-909005977-N7-2014, referente al programa Iluminamos tu Ciudad, con la finalidad de garantizar la justa competencia e imparcialidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal a reponer el proceso de la licitación pública nacional EA-909005977-N7-2014 referente al programa Iluminamos tu Ciudad, con la finalidad de garantizar la justa competencia e imparcialidad, presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha de 20 de agosto de 2014, los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo.

2. En esa misma fecha se turnó la citada propuesta a la Comisión del Distrito Federal, de parte de la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento del artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Con fecha del 23 de octubre de 2014, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal se reunieron para analizar y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la proposición

1. En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, los proponentes señalan que en el mes de junio del año en curso el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, anunció el programa “iluminemos tu ciudad” consistente en la iluminación de trescientos treinta mil puntos, de mil quinientas colonias de la ciudad con una inversión superior a los dos mil millones de pesos, precisando que se contaría con una inversión de más de dos mil seiscientos millones de pesos y que se emitiría una convocatoria a la Licitación Pública Nacional y concretar los objetivos del programa en el periodo de un año.

2. Siguen exponiendo los proponentes que en fecha 29 de julio se emitió la convocatoria a la Licitación Pública Nacional EA-909005977-N7-2014, estableciendo que los resultados se darían el 12 de agosto con la finalidad de tener la primera entrega de las luminarias a finales del mes de agosto, recalcando los proponentes que tan solo 13 días fueron necesarios para emitir el fallo. Siguen manifestando que el periódico Reforma publicó que “la compra masiva de luminarias para renovar el alumbrado público se concretará [...] con una licitación donde no hubo competencia...”

Consideraciones

Los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, proponen que la Comisión Permanente del honorable Congreso exhorte a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal a reponer el proceso de licitación pública nacional EA-909005977-N7-2014 referente al programa “Iluminamos Tu Ciudad” con “la finalidad de garantizar la justa competencia e imparcialidad”.

Durante el análisis y estudio de la presente Proposición, los diputados reunidos para tal efecto, concluyeron que no se aportaron argumentos y elementos para suponer que en el proceso de la licitación pública nacional EA-909005977-N7-2014, se haya cometido acciones contrarias a la “justa competencia e imparcialidad” de la misma como lo señalan.

En el punto de acuerdo en dictamen, los diputado proponentes, citan únicamente los comentarios emitidos por 2 personas ligadas al comercio de materiales de alumbrado que cuestionan este proceso de licitación sin acompañar con documento alguno su dicho, además de no ser esta comisión la instancia correspondiente que pueda pronunciarse al respecto, como si lo puede hacer la Contraloría General del Distrito Federal, en determinado caso, tal y como lo establece en las facultades que le otorga el articulo 34 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

No existiendo mayores elementos para que los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal puedan formarse una opinión sobre la proposición en estudio; coinciden en su mayoría en que esta debe dictaminarse en sentido negativo.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal a reponer el proceso de la licitación pública nacional EA-909005977-N7-2014 referente al programa Iluminamos tu Ciudad, con la finalidad de garantizar la justa competencia e imparcialidad

Primero. Se desecha la proposición materia del presente dictamen identificada en el proemio del mismo.

Segundo.Archívese el expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), presidenta; Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, José Antonio Hurtado Gallegos, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Mario Miguel Carillo Huerta (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández.»

«Dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a buscar instrumentos legales y administrativos para resolver el problema de los concesionarios de transporte de Tuxtla Gutiérrez

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a buscar instrumentos legales y administrativos para resolver el problema de los concesionarios de transporte de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2,82, 84, 85, 157, 158 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 18 de septiembre de 2014, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a buscar instrumentos legales y administrativos para resolver el problema de los concesionarios de transporte de Tuxtla Gutiérrez.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó dicha proposición a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El proponente expone que desde 1980, durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, un grupo de más 100 personas recibieron la concesión para prestar servicio colectivo de pasajeros en la Ruta Uno en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con unidades debidamente emplacadas. Desde ese año, 139 juegos de placas en cooperativas y personas físicas venían prestando los servicios a la ciudadanía en la ciudad capital chiapaneca; quienes han venido acatando las disposiciones de la autoridad para la modernización, primero en combis y luego en unidades de transporte Ichi-Van, luego en unidades Nissan tipo Urvan que aún están siendo pagadas; lo que significa que han puesto su esfuerzo y han mantenido su disposición con tal de mejorar la imagen urbana y el servicio público del transporte.

En 2009, a propuesta del gobierno del estado, accedieron a constituirse como socios en un fideicomiso con 49 por ciento de las acciones suscritas, de la ruta ,uno y dos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en tanto que el resto de 51 por ciento de las acciones corresponden al gobierno del estado, mediante acta notariada, se pactaron cláusulas en que los contratantes se encuentran en condiciones de vigilar su patrimonio y de participar en las ganancias que se generen, protegiendo en todo momento su patrimonio y se especifican los mismos derechos, es decir, en igualdad de condiciones para proteger el patrimonio de la sociedad, haciendo constar que las concesiones no formarán parte del patrimonio de ésta, sino que se acreditan como concesionarios de la ruta uno y dos, pero sí entregando las placas con las que venían prestando el servicio público del transporte para que la Secretaría de Transporte las resguarde.

Originalmente se acordó en la misma acta notariada que todos los miembros del consejo de administración de la sociedad designados por el gobierno del estado serán considerados miembros honorarios y no devengarían un salario, mientras que los socios transportistas que funjan como parte integral del consejo de administración, devengarían el salario que señala la asamblea de socios por mayoría calificada.

Asimismo, estableció el compromiso formal que en el supuesto de que la empresa no pudiera prestar de manera definitiva los servicios de transporte público en las rutas uno y dos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ello sería motivo de iniciar el proceso de disolución y liquidación de la sociedad ante lo cual eventualmente, se determinará el procedimiento y los plazos conforme lo determine la asamblea de accionistas de la sociedad.

En dicho caso, una vez liquidada la sociedad, los concesionarios que participaron como socios en el programa de modernización del transporte público, recuperarán su actividad de prestar ellos directamente el servicio de transporte público. Lo anterior, conforme a los derechos que aportaron derivados de sus propias concesiones, por lo que se reitera que las causas por las que se crea la empresa, no es para sustituir o arrebatarles su fuente de trabajo a los concesionarios sino para los fines de modernización’ del transporte que ya se ha indicado; determinado con claridad que la prestación del servicio público del transporte en las rutas uno y dos, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seguirá perteneciendo a los transportistas de las rutas referidas.

Incluso se pactó también que en caso de disolución de la empresa, se les restituirá a los socios transportistas sus derechos para operar el servicio de transportes en dichas rutas.

Algo. muy importante que habría que destacar es que en la cláusula sexta se convino que los contratantes harán los trámites y se diseñarían los mecanismos que sean necesarios para cubrir a los concesionarios la cantidad de 15 mil pesos mensuales libres de impuestos, tratándose de socios, importe que se incrementará en términos del índice nacional de precios del consumidor, incluso se estipula en el acta constitutiva que uno de las causas de disolución es el hecho que la empresa, hoy denominada Situtsa, que opera los autobuses Conejobús no pueda cumplir sus compromisos financieros, específicamente en lo inherente al pago mensual de los socios.

Este nuevo mecanismo de proyecto de modernización del transporte, de la que son socios y accionistas los concesionarios que aportaron al fideicomiso para la modernización del transporte en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, placas y permisos de ruta que en total amparan 139 unidades de las denominadas colectivos, inició con 91 unidades, 71 camiones Volkswagen y 20 Mercedes Benz, adquiridos por el gobierno del estado.

Sin embargo, en la actualidad existen aproximadamente 40 unidades inservibles por fallas mecánicas, en virtud de la deficiencia en la planeación de los servicios mecánicos preventivos y por la deplorable calidad los servicios correctivos, responsabilidad que recae directamente de los funcionarios a cargo de la empresa Situtsa que no abonan en la sana conducción de la empresa.

También cabe hacer notar que diversas unidades operan fuera del marco jurídico que establece la Ley del Transporte del estado, debido a la falta de emplacamiento, falta de seguro de pasajeros, requisitos obligatorios para la adecuada operación de las unidades. Además, la empresa opera con una abultada nómina de personal administrativo de 56 personas con salarios elevados, como el caso del gerente de operaciones, quien devenga un salario mensual de más 43 mil pesos, y el consejo directivo que representa a los transportistas como el caso del presidente del consejo de administración que percibe un salario de 45 mil pesos y los vocales 25 mil pesos mensualmente.

De acuerdo con una auditoría, en 2013 la empresa tenía un déficit de más de 25 millones de pesos derivado de la deficiente administración. .

Además, de forma reiterada no se les cubre los 15 mil pesos mensuales a que tienen derecho los socios, y la mayor de las veces que se les ha cubierto ha sido con atrasos de hasta 5 meses, que como lo refiere en los párrafos anteriores en el acta constitutiva es causa justificada para la disolución de la empresa por no cubrir los compromisos financieros a que tienen derecho los socios.

Los socios han venido reclamando que si la empresa no cumple una de las cláusulas del acta constitutiva de la empresa y ante la evidente inviabilidad técnica, financiera y operativa del Sistema de Transporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se proceda a su disolución y consecuentemente la devolución de sus placas y permisos correspondientes.

Por lo anterior se presentó la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chiapas para que uso de sus facultades conferidas en la Ley del Transporte Público de la entidad, y como parte integrante del fideicomiso, coadyuve a solucionar el problema que exponen los concesionarios del transporte de la ruta uno y dos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en particular dar cumplimiento a la cláusula sexta del contrato de fideicomiso a través de la Secretaría de Transporte del estado, caso contrario .se proceda a su disolución y consecuentemente la devolución de sus placas y permisos correspondientes.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora considera hacer las siguientes observaciones:

La problemática que se plantea en la proposición con punto de acuerdo no es un asunto exclusivamente en materia de transporte si no que es una situación derivada de la creación de una sociedad con un fideicomiso en el cual el 51 por ciento de las acciones le corresponden al estado de Chiapas y el 49 por ciento, de la ruta uno y dos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas como lo expone el proponente, a local, por lo que esta comisión considera que el asunto aquí planteado es exclusivamente local.

El artículo 40 constitucional establece que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

El artículo 124 constitucional establece que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Por otro lado la Ley de Proyectos de Presentación de Servicios del Estado de Chiapas establece:

Artículo 1o. La presente Leyes de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones relativas a la autorización, aprobación, presupuestación, adjudicación y ejecución de proyectos que, bajo la modalidad de proyectos de prestación de servicios, lleven a cabo las siguientes entidades:

I. El Poder Ejecutivo del estado, por conducto de sus dependencias y organismos públicos desconcentrados;

II. Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicosa que se refiere la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas;

De los artículos anteriores se desprende que el asunto que dio origen a la proposición con punto de acuerdo objeto de este dictamen al ser un asunto local, le corresponde al gobierno de Chiapas resolverlo y que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetando la soberanía de los Estados y las normas constitucionales no tendría facultad para exhortar al Gobernador para el asunto aquí planteado.

En ese mismo sentido es importante establecer que Chiapas cuenta con la normatividad para dar solución al tema expuesto.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes emiten el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a buscar instrumentos legales y administrativos para resolver el problema de los concesionarios de transporte de Tuxtla Gutiérrez.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 30 de octubre de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores, J. Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado presidente, le envió un cordial saludo, solicitando de la manera más atenta y con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se retire la iniciativa:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo, “De la Técnica Legislativa”, que contiene tres capítulos y los artículos 145 a 159 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 11 de junio de 2014, y turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Sin otro particular, le reitero mis más atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre 20 de 2014.— Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado federal Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en el numeral segundo del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar respetuosamente el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 25 de marzo de 2014 y presentada el 1 de abril de 2014, turnada a Comisiones Unidas de Justicia, y Hacienda y Crédito Público. Agradeciendo dela actualización correspondiente de los registros parlamentarios.

Le reitero las más sinceras de mis atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.— Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reformaba el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Gobierno del estado de México.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Muy estimado diputado:

Me refiero al acuerdo aprobado por Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, enviado al titular del Poder Ejecutivo y remitido a esta secretaría para su atención, que a la letra establece:

• La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen, además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

La autoridad educativa del estado de México coincide plenamente con los propósitos del acuerdo por tener la certeza que es de vital importancia que los adolescentes y jóvenes cuenten con la formación e información indispensable para proteger su salud sexual y reproductiva, y formen un proyecto de vida prometedor y responsable.

Las autoridades educativas tienen como propósito fundamental formar estudiantes que cuenten con las competencias necesarias para una vida sana, desarrollando conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas para que asuman valores y normas encaminadas a cuidar su integridad, salud y seguridad.

El embarazo adolescente en México es un fenómeno complejo de alta incidencia y de variadas consecuencias, como lo es la deserción escolar; por ello, las autoridades federales y estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben darle atención prioritaria y multidisciplinar, estableciendo políticas concretas y aplicables que respondan a los distintos niveles de vulnerabilidad.

Por todo lo anterior, la autoridad educativa del estado de México estará atenta a los lineamientos y estrategias que implementen las autoridades federales en esta materia, independientemente de continuar con las acciones que el gobierno del estado de México realiza para promover la educación sexual y reproductiva y prevenir el embarazo en los adolescentes mexiquenses.

Aprovecho la ocasión para expresarle mi distinguida consideración.

Atentamente

Toluca, México, a 7 de noviembre de 2014.— Raymundo Edgar Martínez Carbajal (rúbrica), secretario de Educación.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número DGODU/ 3869/ 2014 mediante el cual la ciudadana Mercedes Díaz Ferrería, directora general de Obras y Desarrollo Urbano en la delegación Azcapotzalco, remite respuesta al punto de acuerdo DGPL 62-II-5-1892, donde la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo comunicó la aprobación de aquél en la sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014.

Atentamente

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de enlace delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención del oficio número SG/ CED/1199/ 14, de fecha 9 de octubre del presente año, enviado al jefe delegacional, Sergio Palacios Trejo, en el cual adjunta oficio suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el cual hace llegar el punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los jefes delegacionales de las 16 demarcaciones del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre los cuales tienen jurisdicción y que presentan condiciones de abandono y deterioro.

Al respecto, me permito informarle que en la administración que encabeza el jefe delegacional, Sergio Palacios Trejo, una de las prioridades es el rescate de espacios públicos, y durante esta gestión se han construido seis parques de bolsillo, en las siguientes ubicaciones:

1. Eje 2 Eulalia Guzmán, entre Membrillo y Vid, colonia Nueva Santa María.

2. Manuel Acuña y 22 de Febrero, colonia El Recreo.

3. Calle Antares y Auriga, unidad habitacional El Rosario, sector B.

4. Camino Nextengo, entre Aquiles Serdán y Centenario, barrio Nextengo.

5. Manuel Salazar esquina Zempoaltecas, colonia Ex Hacienda del Rosario.

6. Encarnación Ortiz y Calle 4, colonia Arenal.

Sin otro particular me permito enviarle un cordial saludo, poniéndome a sus órdenes al teléfono 5352 2244.

Atentamente

Azcapotzalco, DF, a 27 de octubre de 2014.— Mercedes Díaz Ferrería (rúbrica), directora general de Obras y Desarrollo Urbano.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número AJD/ 231/ 2014, mediante el cual la ciudadana María de los Ángeles Román Flores, asesora de la jefa delegacional en Tláhuac, remite respuesta al punto de acuerdo DGPL62.II. 6.0670, donde la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo comunicó la aprobación de aquél en la sesión celebrada el 30 de abril de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de noviembre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de enlace delegacional de la Secretaría de Gobierno del DF.— Presente.

Por instrucciones de la jefa delegacional en Tláhuac, ciudadana Angelina Méndez Álvarez, y en atención de su oficio número SG/ CED/ 01009/ 13, recibido en esta delegación el 6 de junio del año próximo pasado en el que turna punto de acuerdo, emitido por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, que a la letra señala:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal a emprender campañas de concienciación de la ciudadanía a escala nacional sobre el grafiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el grafiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

En virtud de lo anterior, se informa que se tienen programados para este año talleres con los alumnos de las escuelas secundarias números 47 y 327, con jóvenes de Prepa Sí (bullying y autoestima) y con los proyectos juveniles (educación y recreación, cultura de belleza, grafiti, ofimática y paquetería de Office, huerto didáctico, cuerpo sano, recuperación de espacios recreativos, temas sobre drogadicción) de esta demarcación, a fin de apoyar su desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

Tláhuac, DF, a 30 de octubre de 2014.— María de los Ángeles Román Flores (rúbrica), asesora de la Jefa Delegacional.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión. con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DMA/ DGODU/1233/14, mediante el cual el ingeniero Eduardo J. González Cueto D., director general de Obras y Desarrollo Urbano en la delegación Milpa Alta, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62.II-4.1718, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de noviembre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional.— Presente.

En atención al oficio número SG/CED/1167/14, donde solicitan que se implemente un programa de desazolve de manera urgente, para la prevención de las inundaciones en la delegación Milpa Alta.

Al respecto anexo envío a usted, el Programa Anual de Limpieza y Desazolve 2014, que se genera en conjunto con Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la delegación; asimismo, se implementó en esta temporada de lluvias de manera preventiva el desazolve del 16 de junio al 31 de octubre del año en curso, en los poblados de San Antonio Tecomitl (calle Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, 20 de Noviembre y Boulevard José López Portillo a la altura del Deportivo), San Pedro Atocpan (calle Hidalgo, Zaragoza y Niños Héroes), San Bartolomé Xicomulco (calle Francisco I. Madero), Villa Milpa Alta (boulevard Nuevo León) y San Francisco Tecoxpa (Avenida del Trabajo y 20 de Noviembre, esquina Miltongo), ya que en estos sitios se presentan inundaciones.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Milpa Alta, DF, a 15 de octubre de 2014.— Ingeniero Eduardo J. González Cueto D. (rúbrica), director general de Obras y Desarrollo Urbano.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-4-1711, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112.2. 994/ 2014, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a brindar apoyo, orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleve a cabo la construcción de jagüeyes y de otros medios de captación de agua.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 19 de noviembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Valentín Martínez Garza, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 1659/ 14, del 24 de septiembre de 2014, por el que nos remite punto de acuerdo, aprobado por en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, a través del cual se exhorta a la Sagarpa para que por medio de la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Duelo y Agua, en el marco del programa de conservación y uso sustentable de suelo y agua, brinde apoyo orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleve a cabo la construcción de jagüeyes y de otros medios de captación agua, me permito hacerle llegar la siguiente documentación.

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y los comentarios que nos hizo llegar la Subsecretaría de Desarrollo Rural, mediante el oficio número 410. 670/ 2014, del 4 de noviembre de 2014, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2014.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general adjunto de Estudios Interinstitucionales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Sagarpa.— Presente.

Hacemos referencia a su oficio número 112.2.937/ 2014, de fecha 14 de octubre de 2014, dirigido al subsecretario de Desarrollo Rural, licenciado Juan Manuel Verdugo Rosas, donde se envía el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que por medio de la Unidad Técnica Especializada en Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua y en el marco del programa de conservación y uso sustentable de suelo y agua, brinde apoyo, orientación y seguimiento a las comunidades agrícolas donde se lleva a cabo la construcción de jagüeyes y otros medios de captación de agua.

Al respecto, se señala que a fin de fortalecer el asesoramiento y las recomendaciones técnicas sobre proyectos establecidos y por establecer, se ha convenido a través de la instancia ejecutora, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza), la participación de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mediante la suscripción del convenio de colaboración “Acompañamiento Técnico de COUDDA 2014”, la capacitación al personal de la Conaza, gobiernos de los estados y Sagarpa, respecto a factores técnicos en el diseño y la ejecución de obras, así como la implantación de un modelo de acompañamiento técnico que incida en la adecuada conservación y aprovechamiento del suelo y agua.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi antena y distinguida consideración.

Atentamente

Ingeniero Jaime Segura Lazcano (rúbrica), director general de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-1443, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVE.300/14, suscrito por la maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar las acciones necesarias a efecto de instrumentar un programa de reducción de tarifas eléctricas para la región de la Huasteca Potosina y la Zona Media.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de noviembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/558/13, que contiene punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mediante el cual:

“ Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación libere los recursos correspondientes al Fonden con la misma oportunidad con que fue realizada la “declaratoria de emergencia”, emitida el 26 de marzo del presente, con motivo de los incendios forestales presentados en el estado de San Luis Potosí.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que se emita la “declaratoria de emergencia” correspondiente, con la finalidad de que las autoridades locales se encuentren en posibilidades de continuar con el combate del incendio en la sierra de San Miguelito.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias a efecto de instrumentar un programa de reducción de tarifas eléctricas para la región de la Huasteca Potosina y la Zona Media, ante las elevadas temperaturas que se han registrado y que han sido la causa de los recientes incendios.

Cuarto. Las y los legisladores de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados nos solidarizamos con la población potosina y le refrendamos nuestro total apoyo y compromiso, a la vez que expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la ciudadana potosina que lamentablemente perdió la vida durante el incendio.”

Sobre el particular, adjunto al presente sírvase encontrar la información que remite la coordinación de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad y la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México. DF, a 13 de noviembre de 2014.— Maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Electricidad.

Maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía.— Presente.

En atención al oficio 300.0.1.081/13 de fecha 17 de abril de 2013, mediante el cual la Secretaría de Energía, a través de la Subsecretaría de Electricidad remite copia simple del oficio SEL/UEL/311/558/13, que contiene el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada el 9 de abril de 2013, que a la letra dice:

“ Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación libere los recursos correspondientes al Fonden con la misma oportunidad con que fue realizada la “declaratoria de emergencia”, emitida el 26 de marzo del presente, con motivo de los incendios forestales presentados en el estado de San Luis Potosí.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que se emita la “declaratoria de emergencia” correspondiente, con la finalidad de que las autoridades locales se encuentren en posibilidades de continuar con el combate del incendio en la sierra de San Miguelito.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias a efecto de instrumentar un programa de reducción de tarifas eléctricas para la región de la Huasteca Potosina y la Zona Media, ante las elevadas temperaturas que se han registrado y que han sido la causa de los recientes incendios.

Cuarto. Las y los legisladores de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados nos solidarizamos con la población potosina y le refrendamos nuestro total apoyo y compromiso, a la vez que expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la ciudadana potosina que lamentablemente perdió la vida durante el incendio.”

Sobre el particular, es importante comentar que los parámetros son establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez qué dispone de los historiales termométricos de zona elaborados por la Comisión Nacional del Agua, dichos análisis son los que permiten confirmar y en su caso modificar con base en la normatividad vigente, la correcta aplicación de la tarifa doméstica en el ámbito geográfico indicado.

Por lo que no es una facultad exclusiva de la CFE el determinar discrecionalmente la aplicación de tarifas en cada región del país, por el contrario, es un proceso en el que intervienen diversas autoridades federales y que se apoyan de estudios y análisis técnicos para elaborar la tarifa que sea la más conveniente.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

México. DF, a 11 de noviembre de 2014.— Licenciada Karina Elizabeth Rangel Juárez (rúbrica), gerente de Relaciones Institucionales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestra Sharon Cuenca Ayala, directora general de Vinculación Interinstitucional.— Presente.

Me refiero a su solicitud de opinión enviada vía correo electrónico el día 6 de noviembre del año en curso, mediante la cual nos remite copia digitalizada del oficio 300.0.1.081/13 dirigido al licenciado Carlos Flores Rico, entonces asesor del director general de la Comisión Federal de Electricidad, donde se le informa sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de abril del 2013.

Dicho acuerdo exhorta, en su numeral tercero, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía a realizar acciones necesarias a efecto de instrumentar un programa de reducción de tarifas eléctricas para la región de la Huasteca Potosina y la Zona Media, ante la elevadas temperaturas que se registraron (en el 2013) y que fueron causa de incendios.

Al respectó, me permito expresarle que esta unidad no cuenta con facultades para ordenar a la Comisión Federal de Electricidad (por sus siglas: CFE) a realizar acciones de ningún tipo, ya que hoy en día la CFE es una empresa productiva del Estado y se rige por lo que instruya su Consejo de Administración (artículos 2 y 12, fracción XXIX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad) y corresponde a dicho órgano fijar y ajustar los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Comisión Federal de Electricidad, los cuales no se encuentran sujetos a otro tipo de regulación tarifaria.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de noviembre de 2014.— Licenciado Fernando Zendejas Reyes (rúbrica), jefe de la unidad.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Instituto Mexicano de la Juventud.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1781, relacionado con el Expediente No. 5093, por medio del cual comunica la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión del acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2014, que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, particularmente al Instituto Mexicano de la Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía, y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que implanten más y mejores políticas públicas que faciliten la transición académica hacia el mercado laboral. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las unidades promotoras de empleo en las entidades federativas del país para que implementen más y mejores políticas públicas que promuevan la creación del empleo para los jóvenes comprendidos entre los 16 y 29 años de edad.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que dentro de los diferentes programas impulsados por el Imjuve se encuentras aquellos cuyos objetivos son introducir a la juventud en las actividades laborales, como el de Joven.es Servicio. El cual tiene como instituciones de educación superior y Técnica Media Superior de todo el país para instrumentar acciones en favor de la juventud mexicana, aplicando sus conocimientos profesionales.

Asimismo, con la finalidad de contribuir a que las y los jóvenes conozcan desde la educación no formal los requerimientos de un empleo forma, adquieran experiencia y fortalezcan sus conocimientos, aptitudes y habilidades, se ha diseñado el programa de Jóvenes becarias y becarios, diseñado para las y  los jóvenes que se encuentran cursando o hayan concluido estudios de nivel medio superior y superior, otorgándoles un apoyo económico mensual sujeto a la disponibilidad presupuestal y durante el ejercicio fiscal correspondiente.

También se ha implementado la creatividad y participación de las organizaciones juveniles, otorgando recursos a aquellos proyectos que por su contenido, inciden en el desarrollo de sus comunidades o responden a las inquietudes y necesidades de las y los jóvenes del  país, fomentando el asociacionismo juvenil y el fortalecimiento del capital social, a través del Programa de Apoyo a Proyectos Juveniles Impulso México.

De igual forma, gracias al programa Emprendedores Juveniles, se han ofrecido a las y los jóvenes mexicanos emprendedores apoyo económico, asesorías y las gestiones necesarias y pertinentes para concretar una empresa propia, que permita fortalecer la autosuficiencia del trabajo para sí mismos o en equipo, basada en las oportunidades que en sus comunidades existan y de esta forma propiciar su bienestar económico y social, el de sus comunidades y disminuir su migración.

Por otra parte se encuentra el programa Red Nacional de Programas de Radio y Televisión, el cual genera espacios de comunicación de y para jóvenes en radio, televisión y por internet, donde ellos participan como protagonistas promoviendo ideas y acciones que benefician a la comunidad, es un espacio ideal donde los jóvenes intervienen activamente como guionistas, locutores, conductores, productores, investigadores y colaboradores filántropos, logrando una red nacional de comunicación y cooperación dirigida a la población general y en particular para las y los jóvenes.

Finalmente, es necesario también mencionar que el Imjuve cuenta con una bolsa de trabajo, donde el instituto funge como vínculo entre el joven y la empresa, esta labor es posible gracias al convenio de intermediación laboral para jóvenes que se tiene con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dirigida a la Juventud con oportunidades de desarrollo profesional en diversos ámbitos.

Por lo anterior, éste instituto reconoce de suma importancia los acuerdos aprobados por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y los tomará en consideración para incluirlos dentro de sus políticas y programas en la medida de sus posibilidades, siempre continuando con el esfuerzo que desde sus orígenes como organismo descentralizado se le encomendó, e implementará políticas públicas en materia de juventud de manera transversal con los demás organismos de la Administración Pública Federal, con el fin de facilitar la transición académica hacia el mercado laboral de las y los jóvenes mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de noviembre de 2014.— Maestro Pablo Gómez Jiménez (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Juventud, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca.

Diputado José González Morfín, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Estimado diputado:

Reciba un cordial saludo del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, licenciado Gabino Cué Monteagudo, quien me ha instruido dar respuesta al exhorto contenido en el oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1013, referente a movilidad urbana y humana, por lo que con fundamento en las facultades y atribuciones, constitucionales y legales, contenidas en los artículos 2o., párrafo tercero, y 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 8o., 12, 20 y 49, párrafo segundo, fracciones XIII y XXIII, y 53 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, informo a esa soberanía lo siguiente:

Adjunto los oficios número SINFRNA/D.J./0055/2013 y SINFRNA/D.J./0266/2014, así como las minutas de trabajo de fecha 14 de agosto de 2014 y 3 de octubre de 2014, y copia simple de la Ley de Transporte del estado de Oaxaca, mediante los que se proporciona la información solicitada en el exhorto en comento, agradeciendo tenga a mi representada, cumpliendo con lo peticionado, enviando a esta dependencia copia del acuse respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, octubre 27 de 2014.— Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica), consejero jurídico del Gobierno del Estado.»

«Escudo.— Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca.

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca.— Ciudad Administrativa Tlalixtac de Cabrera, Centro Oaxaca.

En contestación a su oficio número CJGEO/5532/2013 de 29 de octubre de esta anualidad, mediante el cual requiere al titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, información derivado del oficio STPEE/G3/2013/1504, suscrito por el secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, a través del cual transmite las instrucciones del jefe del Ejecutivo del estado para dar contestación oficial al similar D.G.P.L.62-II-3-1013, expediente 1688,firmado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura federal, por lo que atendiendo a las instrucciones del titular de esta dependencia, y habiéndose realizado una búsqueda en los archivos de las áreas correspondientes, de los diferentes proyectos de leyes, códigos o reglamentos que se estén elaborando para ser presentados al Ejecutivo del estado y sean susceptibles de ser enviados al Congreso del estado de Oaxaca como parte integrante del marco jurídico regulador en el estado, me permito informar:

1. Que a la fecha se cuenta con el proyecto denominado Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, el cual se encuentra en su etapa final en cuanto a su estructura, contenido, y alineamiento con otras leyes generales y segundarias, en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), por lo que, una vez concluido este proceso, se estará en condiciones de enviar un ejemplar a esa Consejería Jurídica a su digno cargo, para su revisión y de esta forma, dar cumplimiento al artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Oaxaca.

2. Por otra parte, referente a la infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano, priorizada en su ejecución por: municipio, de importancia y costo, elaborada por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, las entidades sectorizadas a la misma o en coordinación con otras dependencias y entidades de la materia, se cuenta con tres proyectos ejecutivos:

a. Proyecto Integral del Sistema de Ciclo Vías Arco Sureste, que comprende de la localidad de Santa María el Tule a la avenida Símbolos Patrios, con un costo de 19 millones 856 mil 371.82  pesos (diecinueve millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos setenta y uno con 82/100 MN), del cual a la fecha se han realizado dos etapas, la primera por un monto de 3 millones 533 mil 689.23 pesos (tres millones quinientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y nueve con 23/100 MN) y la segunda por 2 millones 148 mil 679.12 (dos millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve con 12/100 MN), que comprende el tramo de Santa María el Tule al puente elevado de Tlalixtac de Cabrera.

b. Proyecto ecocorredor lineal del río Jalatlaco (Red de Parques Urbanos para la Ciudad de Oaxaca), con un costo de 19 millones 156 mil 659.66 (diecinueve millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve con 66/100 MN).

c. Proyecto ejecutivo de la pasarela peatonal y ciclística sobre el rio Atoyac, Oaxaca de Juárez, con un costo de 6 millones 590 mil 989.85 pesos (seis millones quinientos noventa mil novecientos ochenta y nueve con 85/100 MN).

Lo que hago de su conocimiento de conformidad con la información proporcionada por las áreas de esta Secretaría, para los fines legales consecuentes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 11 de noviembre de 2014.— Licenciado Antonio García Cordero (rúbrica), director jurídico.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Iniciativa de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, que contiene proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de promoción de empleo de las personas adultas mayores

La suscrita, senadora de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, párrafo 1, se establece que:

“Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de su familia, incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales necesarios, y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad”.

Por tanto, las personas adultas mayores tienen derecho a no ser discriminadas por su edad, ni a ser consideradas improductivas en la sociedad ni, mucho menos, en su entorno familiar. Al contrario, se trata de un sector de la población que puede aportar en experiencia y capacidad. En ese sentido deben contar con las mismas oportunidades y derechos que los demás integrantes de la sociedad.

La situación económica ha venido a afectar a este sector de la población ya que muchas personas adultas mayores se ven en la necesidad de buscar un empleo para el apoyo de sus familias o para su propia subsistencia. En muchos casos los apoyos gubernamentales no son suficientes, como tampoco lo son las pensiones para satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, la situación más grave la podemos encontrar en los adultos mayores que no cuentan con algún tipo de apoyo gubernamental o de alguna pensión, lo que viene a situarlos en una situación de mayor de discriminación y vulnerabilidad ante los bajos ingresos y el acelerado deterioro de la salud.

Lo anterior trae aparejadas condiciones adversas en el bienestar económico de sus familias, anula el ejercicio de sus derechos sociales, aumenta la dependencia económica y funcional de terceros, entre otros factores.

En el caso de aquellas personas adultas mayores que consiguen algún empleo, se enfrentan a una situación de bajos salarios debido a las siguientes causas:

Primero. Las personas adultas mayores que permanecen en el mercado laboral son precisamente aquéllas sin pensión ni jubilación contributiva, quienes trabajan por cuenta propia o en el sector informal en actividades que generan bajas remuneraciones. Segundo. La proporción de adultos mayores que no reciben ingresos por concepto de pensión o jubilación es alta debido a la escasa y desigual cobertura de los sistemas de pensiones, situación generada por un esquema de seguridad social vinculado directamente a la condición laboral del individuo, lo cual privilegia a los trabajadores en el sector formal de la economía.

Por otro lado, el deterioro natural de la salud vinculado a las edades avanzadas se acelera debido a factores como el limitado acceso de las personas adultas mayores sin pensión ni jubilación a los servicios de salud de calidad, asimismo el deterioro de la salud podría agravarse por la inapropiada cultura de prevención de enfermedades por parte de los individuos y las limitadas acciones de medicina preventiva por parte de las instituciones de salud. Adicionalmente, el escaso apoyo social y familiar, lo cual se refleja en el elevado número de adultos mayores que viven solos, es un factor que afecta el cuidado de la salud en la vejez.

Es de destacar que en los países desarrollados, el ingreso por concepto de pensión o jubilación es la principal fuente de ingreso durante la vejez. De hecho, entre los factores que influyen en la decisión de los individuos de retirarse del mercado laboral se encuentra el tener acceso a la seguridad social y contar con un seguro de salud una vez que se deja de trabajar.

Por otra parte, en México y, en general, en América Latina las tasas de participación de las personas adultas mayores en los mercados laborales son superiores a las observadas en los países desarrollados. De acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2010, en nuestro país la tasa de participación de las personas adultas mayores se ubica en 39 por ciento. Si sólo se considera la tasa de participación de los varones en el mercado laboral, ésta alcanza 58.3 por ciento, cifra que resulta superior a las tasas de participación de las personas adultas mayores en Estados Unidos de América y Canadá, y muy por encima de las tasas correspondientes a Francia y España.

Las altas tasas de participación de las personas adultas mayores en los mercados laborales de América Latina, en comparación con las tasas de participación en los países desarrollados, se explican porque la edad de jubilación es mayor, los esquemas de pensiones son menos generosos y la cobertura de éstos es menor. Ante esta situación los individuos deciden permanecer más tiempo en el mercado de trabajo.

En nuestro país los ingresos provenientes del trabajo independiente y del trabajo subordinado representaron en 2010 alrededor de 30 por ciento del ingreso de las personas adultas mayores. Si se considera únicamente a las personas adultas mayores sin pensión o jubilación este rubro representa más de 53 por ciento de sus ingresos, lo cual muestra que los ingresos laborales continúan siendo una fuente importante de los ingresos monetarios de la población adulta mayor en México.

Las condiciones laborales de los adultos mayores en México se caracterizan por una tasa de participación relativamente elevada (comparada con la tasa de participación en países desarrollados), tasas de desempleo relativamente bajas y bajos ingresos (comparados con los trabajadores más jóvenes). La información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que la tasa de desocupación de las personas adultas mayores se ubicó por abajo de 2 por ciento en 2012. Por otro lado, la misma fuente muestra que el ingreso laboral se desploma alrededor de 40 por ciento cuando los individuos cruzan el umbral de los 65 años.

Estos resultados sugieren que la productividad de los empleos en los que participan las personas adultas mayores que permanecen en el mercado laboral es baja, por lo que reciben escasas compensaciones salariales.

Los bajos ingresos laborales de las personas adultas mayores que continúan en el mercado de trabajo se explican porque éstos principalmente laboran por cuenta propia o en el sector informal de la economía, es decir, desempeñan actividades que generan bajas remuneraciones. El siguiente cuadro muestra que la proporción de trabajadores asalariados disminuye, mientras que la de los trabajadores por cuenta propia aumenta, conforme avanza la edad del trabajador.

Esta problemática tiende a agravarse, ya que el actual proceso de transición demográfica en México se caracteriza por el crecimiento de la población de personas adultas mayores, en comparación con otros grupos poblacionales. Entre las causas del envejecimiento de la población destacan la paulatina disminución de la tasa de natalidad y el aumento progresivo de la esperanza de vida debido al mejoramiento en el control de enfermedades epidémicas, a los avances médicos y a las mejoras en las condiciones generales de alimentación e infraestructura. El comportamiento de la pirámide poblacional sintetiza adecuadamente el proceso de envejecimiento demográfico: en 2010 la base de la pirámide es más angosta que en 1990, debido a que la proporción de niños y jóvenes de hasta 15 años es más pequeña, por su parte el porcentaje de la población de 30 a 64 años aumentó, mientras que la población de 65 años o más también, incrementó su proporción, lo cual se refleja en un ensanchamiento de la parte superior de la pirámide. Este proceso señalan los estudios que continuará al menos hasta el año 2050.

Por lo anterior, es indispensable conocer y reconocer las características de la inserción de las personas de 60 años o más al mercado de trabajo y algunos de los rasgos de su participación económica. Desde una óptica más general, es necesario revisar la participación de este grupo en la producción de bienes y prestación de servicios para el mercado, al igual que la contribución que realizan en las tareas que demanda el hogar.

Cabe resaltar que la ley de los derechos de las personas adultas mayores tutela los derechos de las personas de 60 años en adelante.

Por otro lado, en México la edad de retiro de la actividad laboral oscila entre los 60 y 65 años. Sin embargo, al llegar a estas edades hay quienes continúan trabajando, como resultado de un deseo personal o bien de la necesidad económica.

Si bien es cierto que existen estímulos fiscales a las empresas que contraten a personas adultas mayores, también lo es que éstos se dan a partir de los 65 años de edad.

Por tanto, la propuesta que ponemos a la consideración de esta soberanía, radica en mantener el estímulo fiscal vigente de 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas adultas mayores, en beneficio de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta o empresas que den prioridad para su contratación a este sector de la población, pero a partir de los 60 años de edad y no de los 65, como actualmente sucede.

Por lo antes expuesto, se pone a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 186. ...

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 60 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del Impuesto sobre la Renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 13 de noviembre de 2014.— Senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En el siguiente punto del orden del día quiero expresar a esta asamblea, con mucha tristeza, que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero el diputado Jorge Herrera Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, quien fuera presidente municipal de Durango en el período 2004-2007, diputado local en su mismo estado y fundador de la emisora XHITD Estéreo Tecnológico, en Durango.

En la LXII Legislatura era presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de comisiones en materia educativa, así como en los grupos de amistad con Corea del Sur y con China. Un apreciado e incansable compañero.

Descanse en paz nuestro amigo y compañero Jorge Herrera Delgado. Esta Presidencia le expresa el más sentido pésame y condolencias a su familia y a sus amigos y nuestra expresión solidaria con el Grupo Parlamentario del PRI.

La Junta de Coordinación Política acordó otorgar la palabra a un representante del Grupo Parlamentario del PRI. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Gracias, señor presidente.

Señoras diputadas y señores diputados. Señoras y señores. Con gran pesadumbre y profunda tristeza acudo a esta alta tribuna para referirme a un hombre, en palabras del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, probo, serio, de gran bonhomía y un alto profesionalismo, acreditado de sobra en su quehacer legislativo.

La incomprensible pérdida de nuestro compañero Jorge Herrera Delgado, porque se ganó el respeto y al afecto de todos los individuos de esta Cámara nos llama a dimensionar cuánto vale un hombre o una mujer con sus cualidades y cuánto le sirven a la sociedad y a la política su participación en ellas.

Para quienes crecimos física y socialmente con Jorge Herrera, su manera de ser siempre fue un referente. Su ejercicio público, personal y familiar siempre estuvo inscrito en los mejores valores de los seres humanos, respeto por lo demás, inclusión, amabilidad y por sobre todo, amistad franca y abierta.

Su conducta fundada en esos valores promovió hasta el cansancio en su tierra natal acuerdo, armonía, buena política, porque sólo así –decía– se puede servir a la sociedad e impulsar para ella una vida mejor, por eso en su estado y en el país era un hombre querido, respetado y escuchado. Qué necesarios son sus ideales en los días que ahora pasan.

Tenía la convicción coincidente acaso con todos nosotros de que en la educación estaban la transformación y la viabilidad de nuestro país, sin cosos más grandes esfuerzos para incidir en cada espacio que pudo para hacer de esa idea la transformación por la preparación fuera eje del quehacer público y social.

Como he dicho, Jorge Herrera Delgado, el diputado federal Jorge Herrera Delgado, es y estará siempre con nosotros, fundamentalmente por dos cosas: hombre de bien y amigo por sobre todo.

Lo conocí de joven, supe y supimos muchos de su templanza y su fe, pero en los últimos meses nos impactó cuando esa templanza y esa fe lo enfrentaron con una serenidad inmensa a la más feroz de sus luchas, la lucha por su vida, de la que salió, compañeras y compañeros, avante porque hoy no sólo es física, sino trascendente.

Nuestro grupo parlamentario, al que pertenece Jorge Herrera Delgado, agradece las muestras de solidaridad que por su pérdida hemos recibido de todos los grupos que integran esta Cámara, así la hemos transmitido a su familia y a los duranguenses, que hoy en diferentes eventos le rinden a nuestro amigo un justo homenaje a su vida plena, como el que ahora le rendimos también nosotros a los integrantes de esta Cámara, vaya nuestra condolencia más sincera para su esposa Blanquita, a sus hijos, a los habitantes de nuestro estado, que han perdido a un hombre de la mejor madera.

Como ha dicho el presidente, descanse en paz el señor diputado don Jorge Herrera Delgado. Queremos pedirle, señor presidente, nos conceda un minuto de silencio por nuestro amigo. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado, y así lo considera esta Presidencia. Se invita a la asamblea a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

TOMA DE PROTESTA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Norma González Vera y César Agustín Serna Escalera, diputados federales electos en el trigésimo cuarto distrito electoral del estado de México y en la segunda circunscripción plurinominal, respectivamente.

Se designa en comisión para que acompañen en el acto de rendir protesta de ley, a las siguientes y los siguientes, diputadas y diputados: la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez; el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal; el diputado Arturo Cruz Ramírez; el diputado David Pérez Tejada Padilla; el diputado Francisco Coronato Rodríguez y la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

Se pide a la comisión cumplir este encargo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciudadanos Norma González Vera y César Agustín Serna Escalera, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Norma González Vera y César Agustín Serna Escalera: Sí protesto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades, bienvenida, bienvenido a la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría, por favor.

LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I y IV, 81 numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente Dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A. En sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2014, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2012.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa sujeta a estudio propone modificar el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

En la exposición de motivos que presenta el iniciante señala, en lo conducente, que “...el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la implantación mexicana del sistema penal acusatorio y adversarial.

La envergadura de la reforma constitucional de 2008 en materia penal representa no sólo un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores conforman un estado democrático de derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso. Mediante la reforma constitucional en cita, el procedimiento penal transita del procedimiento semi-inquisitivo al acusatorio y oral, cuyos principios (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación), recoge el artículo 20 de la Ley Suprema (1).

Los Artículos Transitorios Segundo y Tercero del decreto mencionado establecieron los lineamientos temporales para la entrega en vigor en nuestro país del sistema procesal acusatorio, que ocurriría conforme a la legislación segundaria correspondiente. En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias están llamados a expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios a fin de incorporar el Sistema Penal multicitado.

Por lo anterior que, el 8 de octubre de 2013, se publicó el decreto por el que se reformó la fracción XII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación procedimental única. En este orden de ideas y derivado de la reforma mencionada en fecha 5 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se estableció en su Artículo Primero Transitorio que la entrada en vigor de dicho ordenamiento a nivel federal sería de forma gradual en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016, tal como se muestra a continuación:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Transitorios

Artículo Segundo. Vigencia

Este Código entrará en vigor a nivel Federal gradualmente en los términos revistos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación la Secretaría de Gobernación de la Procuraduría General de la República sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

...

...

Adicionalmente a lo señalado, se estableció en su Artículo Octavo Transitorio del citado ordenamiento señala que la Federación Deberá realizar y publicar las reformas que resulten necesarias para la implementación de dicho ordenamiento en un plazo de doscientos setenta días naturales posteriores a la publicación del referido decreto, mismo que fenece el 30 de noviembre de 2014.

Es por lo anterior expuesto que el Congreso de la Unión está llamado a homologar los plazos contenidos en el régimen transitorio para la entrada en vigor de la legislación de justicia para adolescentes, respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que ambos pertenecen a un sistema esencialmente de corte acusatorio.

III. Consideraciones de la Comisión de Justicia

Esta dictaminadora reconoce la importancia del nuevo sistema penal de corte acusatorio, y la responsabilidad como órgano legislativo de realizar las reformas que resulten necesarias para la implementación del referido sistema en el plazo que mandata el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, el cual establece como plazo de doscientos setenta días naturales posteriores a la publicación del citado decreto, que fenece el 30 de noviembre de 2014, tal como lo señala el promovente.

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, se coincide con lo manifestado por el iniciante, respecto a que siendo el sistema de Justicia para Adolescentes eminentemente de corte acusatorio, debe seguir la suerte de la normatividad aplicable para la implementación del mismo, y por lo tanto homologarse los plazos, para que en su oportunidad se pueda analizar también la armonización de los principios, garantías, procedimientos y demás elementos que forman parte sustancial del ADN del nuevo sistema penal acusatorio y adversarial.

Por las consideraciones señaladas, se reconoce la importancia del espíritu de la iniciativa, no obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo y en un ejercicio de reflexión sistemático y funcional, se considera permitente realizar algunas modificaciones a la iniciativa sujeta a estudio, por las razones que se exponen a continuación:

Se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto actualmente publicado en el Diario Oficial de la Federación –aún sin vigencia– en relación con la propuesta de reforma planteada al artículo transitorio del ya citado decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y reforma, deroga y adiciona diversas legislaciones en materia de Justicia para Adolescentes para mayor ilustración del presente análisis.

Tomando como base la propuesta, fundamentalmente se propone en la iniciativa cambiar-la entrada en vigor del Decreto de fecha 27 de diciembre de 2014, para que el mismo sea “gradualmente en los términos previstos en la declaratoria a que se hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014...”. En esta tesitura, el artículo Segundo Transitorio referido establece a la letra lo que sigue:

Código Nacional de Procedimientos Penales. Régimen Transitorio

Este código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

En el caso de las entidades federativas y el Distrito Federal, el presente código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.

En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.

Del contenido de dicho régimen transitorio se desprenden dos plazos distintos para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales atendiendo al ámbito Federal, por un lado, y al ámbito de las Entidades Federativas y del Distrito Federal por otro; de tal suerte que, la propuesta al no especificar a cuál de los dos supuestos de entrada en vigor se refiere, pudiese dar lugar a incertezas respecto al inicio de vigencia del Sistema de Justicia para Adolescentes.

Consecuentemente, a la luz de la problemática planteada, este órgano dictaminador considera necesario realizar modificaciones al contenido de la iniciativa, para efectos de dar certeza al régimen transitorio multicitado. Por lo anterior que, se propone que la modificación del régimen transitorio del decreto sea en sentido de que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal de Defensoría Pública iniciarán una vez que haya finalizado el proceso de entrada en vigor en la federación, las entidades federativas y el Distrito Federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en los términos que se hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

Por todos los argumentos antes señalados la Comisión de Justicia somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012

Artículo Único: Se reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, para quedar como sigue:

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor una vez que haya entrada en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en la Federación, en todas las entidades federativas y del Distrito Federal, en los términos previstos en la declaratoria que se hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.

Segundo a Noveno. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Carlos Octavio Castellanos Minjares, Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 30 de abril de 2014, el diputado federal Genaro Carreño Muro Olvera de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, y suscrita por el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Reformar la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a efecto de poner el nombre del doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, al Instituto Nacional de Rehabilitación.

IV. Consideraciones

Primera. El 26 de mayo de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Institutos Nacionales de Salud.

El 20 de noviembre de 2000, el presidente Ernesto Zedillo inauguró el Centro Nacional de Rehabilitación, un centro que en la placa dedica como un centro para la atención de las personas con discapacidad, en el cual primeramente se incluye el Instituto Nacional de Ortopedia, Rehabilitación y posteriormente Comunicación Humana.

El 22 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica el artículo 5 fracción VIII Bis, que modifica la denominación del Centro Nacional de Rehabilitación a Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Segunda. El doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, continuando al frente de Instituto Nacional de Rehabilitación en el marco de las competencias de la Ley de Institutos Nacionales de Salud, promueve la enseñanza para que la atención a las personas con discapacidad sea eficiente y profesional en México, logrando reconocimientos internacionales, aunado a esto se alcanza la Escuela Superior de Rehabilitación con las licenciaturas en terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y órtesis y prótesis.

Asimismo el Instituto Nacional de Rehabilitación promueve la enseñanza de especializaciones médicas con duración de cuatro años en audiología, otoneurología, foniatría, medicina de la actividad física y deportiva, medicina de rehabilitación, ortopedia, genética médica, oftalmología, otorrinolaringología, reumatología y cirugía de cabeza y cuello. Diversos cursos de alta especialidad de un año, así como maestrías, posgrados y doctorados, por ejemplo el doctorado en investigación médica.

Actualmente el Instituto Nacional de Rehabilitación atiende a 7 mil 800 ingresos, 850 mil terapias, 260 mil 264 consultas para dar un universo de 1 millón 118 mil 64 mexicanos atendidos anualmente como pacientes, atendidos, la atención medica en: ortopedia pediátrica, deformidades neuromusculares, reconstrucción de cadera y rodilla, reconstrucción de hombro y codo, ortopedia del deporte y artroscopia, cirugía de columna vertebral, cirugía de mano y microcirugía, tumores músculo esqueléticos, infecciones óseas, traumatología y urgencias, sin dejar de -mencionar los diversos servicios de medicina de rehabilitación audiología otorrinolaringología, oftalmología, genética, reumatología, medicina del deporte y atención a quemados.

Tercera. El Instituto Nacional de Rehabilitación promueve la creación del Centro Nacional de Atención e Investigación de Quemados (Ceniaq), que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 la Cámara de Diputados promovió su creación y con las destrezas del doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra crea dos comités, uno de ellos denominado Comité Técnico para la creación del Ceniaq en el cual, especialistas en atención de quemados, así dependencias de gubernamentales y privadas como Pemex, ISSSTE, IMSS, los Servicios Médicos del gobierno del Distrito Federal, entre otros, el segundo un comité social en el cual entre otros la Fundación (Michou y Mau, IAP) participó activamente para su conformación, en estos dos comités.

De igual forma derivado de las habilidades del doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, se alcanzó la construcción en corto tiempo de un centro que sin duda se encuentra a la altura de los mejores del mundo y fue inaugurado por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Cuarta. El doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, nace el 23 de noviembre de 1932, se gradúa como médico cirujano en 1956 de la Facultad de Medicina de Universidad Nacional Autónoma de México, en 1959 termina la especialidad en medicina de rehabilitación en el Hospital Infantil de México, así como diversas certificaciones nacionales e internacionales.

Es importante resaltar que el doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en su carrera laboral, inicio como ayudante de laboratorio, posteriormente fue técnico en medicina física, jefe de servicio de rehabilitación, jefe de departamento, subjefe de división y jefe de división del Hospital Infantil de México, director general de Rehabilitación de la Ssa, coordinador del Programa Cree del DIF, director general de Instituto Nacional de Ortopedia y desde 1997 hasta 2005, Director General del Centro Nacional de Rehabilitación y desde entonces Director General del Instituto Nacional de Rehabilitación, electo para dos periodos.

El doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra en la actividad docente viene desenvolviéndose desde dirigir más de 100 tesis en medicina de rehabilitación, así como impartir cursos de electrodiagnóstico y electromiografía, así mismo ha sido profesor y director de la Escuela de Técnicos en Rehabilitación de la Secretaría de Salud, así como también profesor de posgrado de la facultad de medicina de la UNAM.

El doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra como profesor ha impartido más de 40 cursos en instituciones públicas y privadas, desde el Centro Nacional de Rehabilitación hasta la UNAM, en su gran mayoría la materia de Rehabilitación para las personas con discapacidad.

La participación del doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra desde 1957 en la Sociedad Mexicana de Medicina para el Trabajo no solo se centró en el territorio nacional, sino alcanzó a otras latitudes del mundo como miembro de The American Public Healt Association y The Royal Society of Health resaltado la participación en más de 20 asociaciones médicas en México.

Cabe citarse, que el doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra ha participado en más de 80 conferencias que ha dejado para quienes en su afán de aprender en materia de rehabilitación médica gran aprendizaje, así como de quienes como el gozan de un alto prestigio entre la comunidad médica, así mismo ha participado en 50 congresos nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera profesional el doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra ha dejado un gran legado para el pueblo de México, ya que ha escrito para todos aquellos médicos en rehabilitación, 78 obras.

Se resalta en el presente dictamen que el doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra posee y ha sido galardonado entre premios, reconocimientos, medallas y diplomas más de 80, muchos de ellos honoríficos y al mérito por su gran labor en pro de las personas con discapacidad en el país.

Quinta. La esencia de esta iniciativa, que tiene como objeto poner el nombre de doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra al Instituto Nacional de Rehabilitación; reconocimiento en vida y en funciones como director del mismo y como se ha hecho en otros institutos, por ejemplo:

a) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán;

b) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; y

c) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

A estos grandes y exitosos médicos mexicanos, que por excelencia, dedicación y profesional, promovieron todos sus esfuerzos de trabajo, preparación académica e investigación en beneficio de millones de mexicanos, nuevamente un reconocimiento por su loable labor al frente de estos institutos de salud.

Sexta. Derivado de las facultades del Instituto Nacional de Rehabilitación, se considera que debe modificarse la iniciativa, en virtud de que al incluir “para la atención de las personas con discapacidad”, representaría una limitante para la atención médica brindada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que atienden a pacientes con problemas de ortopedia pediátrica, deformidades neuromusculares, reconstrucción de cadera y rodilla, reconstrucción de hombro y codo, ortopedia del deporte y artroscopia, cirugía de columna vertebral, cirugía de mano y microcirugía, tumores músculo esqueléticos, infecciones óseas, traumatología y urgencias, sin dejar de mencionar los diversos servicios de medicina de rehabilitación audiología otorrinolaringología, oftalmología, genética, reumatología, medicina del deporte, así como atención a quemados.

Por lo expuesto, se estima conveniente aprobarse el presente proyecto de iniciativa con modificaciones.

Se somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII Bis del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. a VIII. ...

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra;

IX. a XI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  PUBLICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1 y 2, fracción XXXV, y 45 numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 80, numeral 1, fracción I; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 1, 2 y 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

Esta comisión, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, efectúa el presente dictamen conforme al procedimiento siguiente:

A. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa.

B. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen.

C. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2014, el diputado Guillermo Anaya Llamas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión celebrada en la Cámara de Diputados, de la misma fecha, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. En la misma fecha, 30 de abril de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa de mérito para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 20 de mayo de 2014, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1500, fue recibida en esta comisión.

4. Con la finalidad del analizar a fondo la propuesta, la Junta Directiva de esta comisión solicitó a la Mesa Directiva prórroga para el análisis, la cual fue otorgada mediante oficio D.G.P.L 62-II-6-1560, suscrito por la Secretaría de la Mesa Directiva.

Contenido de la iniciativa

I. El autor de la iniciativa señala que la saturación que viven las cárceles en el país es un problema de todos ya bien conocido, problemática que viven cada día dentro de los reclusorios, generando con ello una incapacidad de los centros de rehabilitación de albergar a los procesados y sentenciados, lo que ocasiona que se establezca un gobierno al interior de dichos centros, lo que facilita a los delincuentes seguir realizando actos ilícitos dentro de los penales.

Además hace hincapié en que muchos reos continúan delinquiendo, siendo la extorsión telefónica la principal conducta; respecto a lo cual menciona que “Se aprovechan del adelanto tecnológico para utilizarlo a su favor, y esto ha podido efectuarse ante la complicidad de algunos servidores públicos de los centros de reinserción social”.

Los esfuerzos por erradicar dicha conducta se han visto reflejados en las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en noviembre de 2010 y abril de 2012, fecha esta última en que también se reformó la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en esta autorizando el bloqueo de las señales para el uso de teléfono celular, con el fin de contener y evitar la extorsión telefónica o que los delincuentes se comuniquen con sus cómplices que se encuentran afuera.

Con fecha 3 de septiembre de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y bases técnicas para la instalación y operación de sistemas de inhibición, con la cual se buscó ayudar a la implementación de la reformas, pero no han sido suficientes para erradicar el problema

Como principal finalidad el autor señala:

“Por esos motivos la presente iniciativa pretende establecer que los responsables de manejar los equipos, y que son autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios, presenten un informe semestral a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, órgano previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrada por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la federación, los estados y el Distrito Federal, y que entre sus funciones tiene la de: impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social; promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, entre otros”.

Por lo que propone lo siguiente:

Vigente

Artículo 31. ...

I. a VIII...

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

Propuesta

Artículo 31. ...

I. a VIII. ....

IX. Las autoridades que operen, en centros remotos, los equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, a que se refiere la fracción anterior, así como los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, deberán entregar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, un informe semestral sobre los resultados de su trabajo. En caso de incumplir con esta obligación, la Conferencia dará vista al órgano interno de control y al ministerio público, según sea el caso.

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional. 

IV. Consideraciones

I. Desde la integración de esta comisión hemos velado por la integridad y la seguridad de las familias mexicanas, nuestro compromiso siempre será la búsqueda de un México más seguro, por lo que coincidimos con el proponente que debemos buscar la erradicación de la extorsión, tomando en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) relativa al año 2013, en México se cometieron 5´994,034 de extorciones en 2012.

II. Para apoyar el presente dictamen enriquecemos con un análisis profundo de la situación planteada por el proponente, gracias a la investigación exhaustiva realizada, logramos convencernos que la postura idónea debe ser a favor de la iniciativa, creemos que el índice delictivo en materia de extorsión disminuirá considerablemente en los centros de readaptación, ya que la mayoría de los presos siguen buscando formas de incrementar sus ingresos aun dentro de los centros de readaptación y eso provoca que su conducta no sea del todo favorable para la sociedad debido al contagio social que se tiene dentro de éstos, los delincuentes adquieren más conocimientos delictivos que perjudican a la sociedad y la convierten en una sociedad vulnerable, tomando cualquier persona el papel de víctima, rompiendo el tejido social y fomentando bajo una amenaza el miedo en la sociedad.

III. El nexo existente entre la delincuencia organizada y los internos de los penales es una situación que todos bien conocemos, misma situación que se ha convertido actualmente en un ejercicio cotidiano, con ello los internos buscan seguir delinquiendo dentro de los centros de readaptación obedeciendo ordenamientos de la delincuencia organizada, o dando órdenes dentro del dichos centros hacia una célula delictiva. Es fundamental que se lleve un control sobre el bloqueo de las comunicaciones dentro de penales para eliminar este enlace entre los internos y la delincuencia organizada, evitando fracturar a lo más importante de la sociedad que son las familias.

IV. Los integrantes de esta comisión consideramos que por cuestiones de técnica legislativa deben hacerse las siguientes precisiones:

a) No hay necesidad de adicionar una fracción X al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basta con agregar un párrafo tercero y uno cuarto a dicha fracción y recorrer el actual párrafo tercero, para que se agregue la propuesta del diputado José Guillermo Anaya Llamas.

b) Con la finalidad de que la disposición que se reforma se vea fortalecida, se considera necesario vincularla a lo ya dispuesto por el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que se hace alusión a dicha ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Seguridad Pública, resolvió en su sesión realizada el 10 de septiembre de 2014, aprobar la iniciativa de mérito con las modificaciones referidas; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se adicionan un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII, recorriéndose el actual párrafo tercero para ser quinto, al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

...

Las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, deberán entregar a la conferencia, semestralmente, un informe sobre la operación de los equipos, en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En caso de incumplir con esta obligación, la conferencia dará vista a la autoridad competente, según sea el caso.

...

IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El primer informe semestral a que se refiere el presente decreto deberá entregarse a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, ocho meses después de entrada en vigor el mismo decreto y conteniendo todo lo realizado hasta ese momento.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2014.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el capítulo “Contenido de la iniciativa” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 22 de septiembre de 2014, el diputado Antonio Cuéllar Steffan presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En sesión plenaria de la Comisión de Justicia celebrada el 30 de octubre de 2014 se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentesel proyecto de dictamen de la iniciativa de referencia.

II. Contenido de la iniciativa

En la iniciativa presentada por el diputado Cuéllar Steffan se advierte y se busca combatir el riesgo que se presenta en la práctica del juicio de amparo con una regulación como la que subiste en el actual texto del artículo 77, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, en tanto los efectos de las sentencias de amparo que se concedan por la acreditación de la acción del o de los quejosos sustentada en un interés legítimo, puedan trascender más allá de las peticiones específicas de la o las personas que acudieron a la justicia federal, generando con ello el que los procedimientos de ejecución de sentencias se tornen extensos, engorrosos e inoperantes por una posible intervención de sujetos ajenos al procedimiento que lleguen a entorpecer las acciones del juez y de la autoridad responsable para cumplir la sentencia.

El diputado proponente destaca que la existencia del interés legítimo, como otra nueva posibilidad y condición que ahora el sistema jurídico proporciona para acudir al amparo por parte personas que de forma objetiva se ubiquen en una posición desventajosa por una acción de una autoridad, no significa que exista una indeterminación en cuanto a los efectos de las sentencias que se concedan por la acreditación de los extremos de la demanda entablada por el o los quejosos que gozan de un interés legítimo, así como tampoco que se le dé carta abierta a cualquier sujeto que no tuvo intervención en el procedimiento principal para que pueda realizar acciones válidamente en los procedimientos de cumplimiento de la sentencia.

La trascendencia de la acreditación del interés que le asiste al impetrante para acudir a la vía de amparo, según recalca el diputado Cuéllar, radica en que, si bien es una cuestión previa al estudio de fondo, su complejidad e importancia entraña muchas veces un análisis preliminar de cuestiones que involucran aspectos de la litis principal.

Por ello, el diputado iniciante expresa que, dada la novedosa introducción del interés legítimo, como posibilidad para la procedencia del juicio de amparo, se demanda que no sólo que se definan parámetros legales y jurisprudenciales para esclarecer en qué casos se está ante un interés simple, jurídico o legítimo, sino que además es necesario especificar que los efectos de las sentencias deben admitir grados y formas diversas de acuerdo al tipo de afectación reclamada desde la demanda de amparo.

Por dichas razones, la iniciativa propone que sea desde la misma legislación de amparo en donde se especifique que, en las sentencias de amparo, cuando se concedan por la acreditación de una acción fundada en un interés legítimo, se beneficiará a la o las personas que figuraron en el procedimiento de amparo como quejoso o quejosos, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, y sólo el quejoso (o los quejosos), y no ningún otro miembro del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.

Consideraciones

Primera. Esta comisión comparte con el iniciante su preocupación por el hecho de que en la práctica del amparo, especialmente en la etapa de cumplimiento y ejecución de sentencias, puedan generarse situaciones procesales de disparidad entre las obligaciones específicas que tiene la autoridad responsable y los derechos que se ordenan restituir al quejoso derivados de la afectación indirecta que en su esfera jurídica resintió a causa del acto reclamado.

Como se sabe, con motivo de las trascendentes reformas en materia de amparo, tanto a rango constitucional como con la emisión de la nueva ley adjetiva, se puso a tono a éste medio de control constitucional con las nuevas obligaciones y responsabilidades que el Estado mexicano asume tanto en su calidad Estado constitucional de derecho, como al formar parte del sistema interamericano de derechos humanos, legitimándose así en la medida en que protege, garantiza, promueve y respeta los derechos humanos, tal y como ahora expresamente lo mandata el artículo 1o. constitucional.

El Constituyente y el legislador de amparo fueron conscientes de que, para proveerle a los gobernados de verdaderas garantías para reclamar jurisdiccionalmente la protección de sus derechos humanos violados por la acción de una autoridad, era necesario reforzar los mecanismos procesales de acceso al medio de control judicial de constitucionalidad por excelencia en el sistema jurídico mexicano.

Siendo el juicio de amparo dicha herramienta (caracterizada históricamente por su utilidad y eficacia para que las personas tiene para exigir judicialmente la restitución de sus derechos humanos) en la reconfiguración del amparo como verdadero “juicio de derechos humanos”, el Constituyente incorporó una nueva figura procesal: el interés legítimo, el cual, a la par de establecerse como un elemento más del agravio que necesariamente la persona debe acreditar para poder acudir a la justicia federal y obtener la calidad de quejoso, tiene además la función de ofrecer una alternativa más laxa y más benéfica para que el gobernado pueda reclamar afectaciones indirectas a su esfera jurídica, sin que medie un derecho subjetivo que le otorgue la facultad para exigir el cumplimiento o satisfacción de un derecho humano, como es el caso de la exigencia que se presenta en el caso del interés jurídico.

Por su especial naturaleza y por el lugar que ocupa en la extensión de las posibilidades de acceso a la justicia federal y del espectro de tutela que la persona tiene dentro de un sistema legitimado y garantizado por el respeto a los derechos humanos, como es el caso del sistema jurídico mexicano, el interés legítimo demanda una regulación, interpretación y aplicación lo más clara posible, para que, en sus distintas manifestaciones en el devenir del procedimiento no se tope con obstáculos que le impidan su despliegue a favor de las personas que recienten una afectación real –así sea indirectamente– en su esfera jurídica con motivo del acto reclamado emitido por la autoridad señalada como responsable.

Como bien advierte el iniciante, tal obstáculo puede actualizarse no sólo en el momento en que el juzgador de amparo tenga por acreditado o no el interés legítimo (lo cual es una cuestión de procedencia), sino de manera posterior, cuando se acredite dicho tipo de interés y el procedimiento transcurra y culmine con una sentencia favorable para el o los quejosos y se dé por iniciado el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia.

Esta comisión reconoce que la iniciativa tiene una finalidad práctica, consistente en evitar que el interés legítimo sea usado como estratagema para que cualquier persona, aunque no haya acreditado que resiente un “principio de afectación”, esto es, que no demuestre que el acto reclamado le causa un agravio en su esfera jurídica (así éste sea indirecto), pueda intervenir en el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia, extendiendo así los efectos de las sentencia de amparo más allá de la relación establecida entre quejoso (o quejosos) y autoridad responsable, misma que se limita a los efectos del acto reclamado y su incidencia en la esfera jurídica del quejoso, los cuales fueron identificados y acreditados por el juzgador de amparo a lo largo del procedimiento.

Por tanto, se comparten los términos de la propuesta, ya que en aras de un sano equilibrio procesal, la sentencia de amparo no puede ir más allá de las pretensiones del quejoso, esto es, de los alcances de la afectación que el acto reclamado efectivamente le provoca en su esfera jurídica. De manera correlativa, las actuaciones de la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia de amparo no pueden ir más allá de lo que fije la sentencia, misma que, como se dijo, se debe limitar a ordenar restituir a la o las personas que desde un inicio se identificaron con la calidad de “quejoso” o “quejosos”, única y exclusivamente en los derechos que le fueron afectados con motivo del acto reclamado.

Segunda. En abono de la consideración precedente, cabe mencionar que para la funcionalidad práctica del juicio de amparo, se debe establecer necesariamente una relación entre las condiciones para instar el proceso (el principio de parte agraviada), el derecho objetivo y subjetivo a obtener una resolución que resuelva la situación efectivamente planteada, y los efectos y consecuencias para la restauración del derecho.

Dicho de otro modo, para que una persona pueda acudir al juicio de amparo y éste medio de control pueda ser procedente y efectivo, debe quedar establecida perfectamente la relación entre el derecho que tiene la persona en el orden jurídico para reclamar la restitución o satisfacción de un derecho, relación que puede ser tanto directa (por un derecho subjetivo), como indirecta (por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico), es decir, contar con interés jurídico o legítimo, respectivamente, así como también quedar advertida la real posibilidad material y jurídica para que la sentencia pueda ser efectivamente cumplida.

Resulta pertinente que la propuesta del diputado Cuéllar busque que dichos elementos se interrelacionen con el fin de hacer efectivo el espectro de tutela que suministra el juicio de amparo, bajo la premisa básica de que, no obstante las reformas constitucionales y adjetivas en la materia, la naturaleza de éste medio de control de constitucionalidad conserva la plenitud de ciertos principios fundamentales del procedimiento, como es el “principio de parte agraviada”.

En efecto, el principio de parte agraviada, consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General, es un elemento esencial para configurar la acción de amparo, y por ende, para iniciar con el procedimiento, de ahí su importancia como el primer eslabón sin el cual no es posible entender el cauce y la funcionalidad de las demás figuras procesales.

El numeral constitucional de mérito dice a la letra:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Por ello, una vez que el juzgador de amparo ha tenido por acreditado el interés legítimo del quejoso, precisamente porque éste pudo justificar la existencia y la relación que hay entre el acto reclamado, la autoridad que lo emitió, y la incidencia (indirecta) de dicho acto en perjuicio de la esfera jurídica de la o las personas, es menester que la resolución de fondo que pudiera conceder el amparo mantenga la relación causal entre los anteriores elementos, descartando así el que otros sujetos ajenos al procedimiento puedan aducir un interés legítimo para verse beneficiados con los efectos de la sentencia federal.

Así, esta comisión se pronuncia por suministrar elementos normativos con reales aspiraciones de practicidad, como es el caso de la propuesta del diputado Cuéllar, en tanto ella va encaminada a no generar condiciones indeseables en la práctica del juicio de amparo, sobre todo en lo que ve a los efectos materiales para que la autoridad responsable pueda efectivamente restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados, así éstos hayan sido afectados de manera indirecta.

Tercera. Adicionalmente a las consideraciones ofrecidas por el diputado iniciante, estimamos necesario incorporar un estudio más de constitucionalidad y legalidad que permita reforzar la idoneidad de la propuesta de reforma legal que hoy nos ocupa.

Por tanto, la dictaminadora propone comenzar por realizar una conexión entre la teleología de la disposición constitucional que establece el llamado “principio de relatividad de las sentencias de amparo” con la intención y finalidad que subyace a la iniciativa que se dictamina. Todo ello, en el entendimiento de que las argumentaciones que se incorporan en nada modifican la esencia de la propuesta, sino más bien buscan robustecer las razones que subyacen a ella.

El principio de relatividad de las sentencias, conocido en la teoría constitucional mexicana como “fórmula Otero”, se erige como principio fundamental del estudio y la práctica del juicio de amparo, no obstante su flexibilización con motivo de las recientes reformas en materia de amparo de 2011, en las cuales se creó la figura de las declaratorias generales de inconstitucionalidad para los amparos en que se reclame una norma de carácter general y ésta sea sometida a las formas y procedimiento judiciales que la misma ley establece.

Es importante subrayar que el principio de relatividad de las sentencias subsiste como regla general y categórica para definir los efectos personales de la protección de una sentencia de amparo; tan es así que, aunado a su actualización en la ejecución y el cumplimiento de la sentencia, persiste además la obligación del juzgador de amparo de realizar un estudio previo de procedencia de la demanda de amparo para advertir si la protección federal que pudiera otorgar pudiera vulnerar normas o principios rectores del juicio de amparo, caso en el cual la acción de amparo intentada resultaría improcedente.

La Constitución General establece expresamente en el artículo 107, fracción II:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

La nueva Ley de Amparo, reglamentaria de dicho dispositivo constitucional, reitera en el artículo 73 los alcances del espectro de protección que otorga la sentencia de amparo:

Artículo 73.

Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

(...)

Como se aprecia, el Constituyente y el legislador no tuvieron intención alguna de implementar los efectos generales de las sentencias de amparo como una nota distintiva de dicho medio de control sino, más bien, como la excepción, conservándose de esa manera íntegramente la redacción de las normas que establecen el mandato al juzgador de amparo para que las sentencias que pronuncien únicamente se ocupen del o los quejosos, protegiéndolos (en caso de una sentencia favorable) al caso especial sobre el que verse la demanda, esto es, al acto reclamado y a la afectación que éste último causó en la esfera jurídica del quejoso o los quejosos que acudieron a juicio.

Por ello subrayamos que no se advierte en ningún momento la intención del proponente por demeritar ni vaciar de contenido la loable regulación y alternativa que ofrece la figura de las declaratorias generales de constitucionalidad, pues su funcionalidad en nada se ve afectada por la regulación que se propone, en tanto dicha institución goza de autoridad propia para poder proceder en los casos y supuestos que la misma Constitución y la Ley de Amparo señalan.

Esta comisión se pronuncia en sentido positivo por la iniciativa que hoy se dictamina, en tanto es respetuosa de los principios constitucionales que rigen el juicio de amparo, a saber: del “principio de parte agraviada” y del “principio de relatividad de las sentencias de amparo”, reafirmando además un nexo causal que adjetivamente debe prevalecer en toda la secuela procesal del juicio de amparo, independientemente de las posibilidades de acceso y mayor protección que indudablemente provee la novedosa figura del interés legítimo.

Con fundamento en todo lo señalado, esta dictaminadora estima conveniente aprobar la propuesta del diputado Antonio Cuéllar Steffan en los términos propuestos en el presente dictamen.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados lo siguiente:

Texto vigente

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

(...)

Texto propuesto

Artículo 77.Los efectos de la concesión del amparo serán

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso, y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria; y

(...)

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 77.Los efectos de la concesión del amparo serán

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso, y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria; y

II. ...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares, Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino, Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su dictamen, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, fracción XLII, numeral 2 y 3; 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, 162, 176, 177 y 182, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos dicha iniciativa para su dictamen, con número de expediente 5227.

3. Con fecha 27 de septiembre de 2014, la junta directiva de esta comisión se reunió y dentro de los asuntos del orden del día se abordó el análisis de la iniciativa en mención.

4. En tiempo y forma el diputado Alfonso Inzunza Montoya se presentó al pleno de la comisión hoy dictaminadora para ampliar sus argumentos.

Recibido el asunto, quienes integramos esta Comisión, procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la iniciativa

En principio, el diputado Alfonso Inzunza Montoya señala que el objetivo central de la presente iniciativa es homologar el uso del agua en la actividad acuícola, con el uso del agua en las actividades primarias. Para lo cual, en la exposición de motivos de su iniciativa argumenta esencialmente lo siguiente:

1. Que la acuacultura en México es una actividad que se desarrolla en todo el territorio nacional mediante el cultivo de especies como el camarón, tilapia, langostino, bagre, trucha arcoíris, ostión y peces de ornato.

2. Que dados los niveles de pobreza y desnutrición en diversos sectores de la población en nuestro país, la acuacultura representa una alternativa viable para coadyuvar en la seguridad alimentaria al ser una fuente importante de proteínas de origen animal para la población.

3. Que la acuacultura en las comunidades rurales es una actividad que ha contribuido de manera importante a su desarrollo sustentable al promover el cuidado del medio ambiente a través de campañas de reforestación y del cuidado del agua, además de detonar el desarrollo de capacidades y habilidades de sus pobladores. Además, ha contribuido en el combate de la pobreza en el medio rural, al ser generadora de empleos a nivel local e involucrar a las familias en las unidades de producción

4. Que a pesar de lo anterior, no se le han reconocido sus aportaciones a la seguridad alimentaria e incluso al ahorro de agua, ya que su proceso productivo, no consume agua.

5. Que actualmente en la Ley de Aguas Nacionales, la acuacultura está situada en el lugar número ocho en el orden de prelación, lo que significa que está clasificada con menor jerarquía entre los diferentes usuarios del agua.

6. Que las tarifas de pago para este uso son más altas que las demás actividades de producción primaria, generando a los productores acuícolas mayores costos de operación, a pesar que en recientes investigaciones, se ha reconocido a la acuacultura como una actividad preponderantemente primaria.

7. Que en consecuencia y por los argumentos antes expuestos, se requiere modificar el marco legal correspondiente al nivel actual de prelación que la acuacultura tiene frente a otras actividades productivas primarias como la agrícola o pecuaria para con ello, homologar los beneficios de los acuacultores con los otros sectores económicos primarios, entre otros: a) la misma tarifa por el pago del derecho por la extracción o derivación de aguas nacionales; b) dar las mismas oportunidades para regularizar su situación legal en el uso del agua; y c) incorporar a la acuacultura en las relaciones comerciales de carácter formal facilitándole al productor el acceso a los diversos programas de apoyo para el campo ante las diferentes instancias gubernamentales.

Con base en lo expuesto, el proponente somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con el siguiente

Decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis y se modifica la fracción LVII del artículo 3o., así como los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII Bis y se modifica la fracción LVII del artículo 3o, así como los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a VII. ...

VII Bis. “Aprovechamiento de Paso” aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua, y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas.

VIII.a LVI. ...

LVII. “Uso en Acuacultura” el aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.

Transitorios

Primero a Décimo Cuarto. ...

Décimo Quinto. En tanto se cumple con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 22 de esta Ley, se observará el siguiente orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, aplicable en situaciones normales:

1. Doméstico;

2. Público urbano;

3. Agrícola;

4. Pecuario;

5. Acuacultura;

6. Usos para la conservación ecológica o uso ambiental;

7. Generación de energía eléctrica para servicio público;

8. Industrial;

9. Generación de energía eléctrica para servicio privado;

10. Lavado y entarquinamiento de terrenos;

11. Usos para turismo, recreación y fines terapéuticos;

12. Uso múltiple, y

13. Otros.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 Bis y en el Título Quinto, de esta ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Después del análisis del contenido de la iniciativa, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente en los argumentos del proponente sobre la importancia y potencial que tiene la acuacultura en nuestro país como una alternativa alimenticia viable en el marco de la seguridad alimentaria y como actividad productiva generadora de empleos y oportunidades de negocio para amplios sectores de la población, incluidas las comunidades rurales.

La misma Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha precisado que el próximo decenio la producción de la pesca y acuacultura será mayor que la producción de carne de bovinos, porcinos y avícola en su totalidad; por lo que la acuacultura y la pesca serán la principal proveeduría de proteína en el mundo.

Asimismo, dentro de los ejes estratégicos de la política pública que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha propuesto e implantado para el sector, y en programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la acuacultura figura como una actividad importante, destacándose el amplio potencial de desarrollo que tiene en nuestro país para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

El fortalecimiento de esta actividad productiva, favorecerá el desarrollo económico y de producción de alimentos en diversas regiones del país.

Al mismo tiempo, sus productos brindan a la población una fuente alimenticia de alta calidad nutricional y alto contenido proteínico a precios accesibles para todos los mexicanos. Es sabido que el consumo regular de alimentos acuícolas es de gran aporte a la salud, ya que representa uno de los grupos más saludables, completos y disponibles para un sano desarrollo. En el pescado se encuentran todos los nutrientes que están implicados en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y jóvenes, ya que contiene proteínas de alta calidad con aminoácidos esenciales, ácidos grasos Omega-3, minerales como el calcio, hierro, yodo, zinc y fósforo, así como vitaminas A, D y E, y las del grupo B. El patrimonio de aguas nacionales con que contamos los mexicanos, posiciona a nuestro país como un productor de abundantes especies y de elevada calidad.

Por otro lado, en la Ley Federal de Derechos dentro de diversos artículos (artículos 192, 192-A, 192-B, 192-C, 192-D, 222 y 223) se establecen ciertas consideraciones para los usos del agua en los sectores agrícola y pecuario en conceptos como trámites administrativos (Títulos de Concesión, Permisos) así como las cuotas por concepto de pago de derechos por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, consideraciones que no benefician a los usuarios del agua en la acuacultura, a pesar de que como lo ha señalado el proponente, que se ha reconocido a la acuacultura como una actividad preponderantemente primaria, y que además, no consume agua, ya que el recurso sólo es empleado de paso, sin modificar los volúmenes de agua disponible, como el medio natural para la reproducción de sus productos.

Por lo expuesto, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se reforma la fracción LVII del artículo 3 y se adiciona una fracción VII Bis al artículo 3; y se reforman los numerales del Artículo Décimo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004”, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VII. ...

VII Bis. “Aprovechamiento de Paso”: Aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua, y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas;

VIII. a LVI. ...

LVII. “ Uso en Acuacultura”: El aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa;

LVIII. a LXVI. ...

...

Transitorios

Primero. a Décimo Cuarto. ...

Décimo Quinto. ...

1. Doméstico;

2. Público urbano;

3. Pecuario;

4. Agrícola;

5. Acuacultura;

6. Usos para la conservación ecológica o uso ambiental;

7. Generación de energía eléctrica para servicio público;

8. Industrial;

9. Generación de energía eléctrica para servicio privado;

10. Lavado y entarquinamiento de terrenos;

11. Usos para turismo, recreación y fines terapéuticos;

12. Uso múltiple, y

13. Otros.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Boletín de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Abril de 2014. “ Acuacultura, opción para contribuir al desarrollo y la alimentación de los mexicanos”. Página 15.

2 Ídem. Página 17.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil catorce.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo, Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Saraí Larisa León Montero, Cecilia González Gómez (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Luis Olvera Correa, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 13 de marzo de 2014, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el artículo 112 de la Ley de Migración, en materia de derechos humanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva le dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3976-V, del jueves 6 de marzo de 2014.

Fundamento constitucional y legal para emitir el dictamen

• La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión está facultada para legislar en la presente materia conforme a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra indica:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

• La Comisión de Asuntos Migratorios, es instancia competente para el estudio y dictamen de esta iniciativa, con base en lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Metodología

• La Comisión de Asuntos Migratorios elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico del contenido y los diferentes aspectos de la iniciativa, verificando que sean acordes con la Constitución, los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte y demás ordenamientos legales del orden jurídico nacional.

• En la primera parte del presente dictamen, se presentan las razones que motivan la presentación de la iniciativa, así como los términos del proyecto de decreto de que se acompaña.

• En la segunda parte, se exponen los razonamientos de la comisión que dictamina, con el fin de sustentar el sentido del dictamen.

• En la última parte, se expone el proyecto de decreto resultante del análisis.

Contenido de la iniciativa

El objeto de la Iniciativa, es garantizar el trato adecuado a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados a disposición del Instituto Nacional de Migración, Inami.

En este sentido la diputada proponente señala, entre las razones que motivan la iniciativa y el proyecto de decreto:

• Que México presenta un complejo problema migratorio como país de tránsito que lacera a la sociedad nacional e internacional.

• La frontera entre México y Estados Unidos, con su dinamismo, es reflejo de contrastes sociales y económicos entre Estados Unidos y Latinoamérica.

• Que según el Censo de Población y Vivienda 2010, un promedio de 609 mexicanos dejaron el país por día, durante los últimos 5 años; más del 50 por ciento de la migración de Chiapas, Oaxaca y Guerrero es de jóvenes y adolescentes.

• Que las condiciones económicas y sociales del país producen importantes flujos migratorios hacia Estados Unidos, respecto a la cual la oficina de censo de Estados Unidos, señala que existe una población de alrededor de 33.7 millones de mexicanos, 11.4 millones que han emigrado de México y los 22.3 millones que nacieron en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representan el 65 por ciento de los cerca de 52 millones de hispanos en Estados Unidos, y el 11 por ciento de la población nacional.

• Que como país de tránsito, México recibe el flujo migratorio de distintos países en busca de mejorar sus condiciones de vida a través del ingreso a Estados Unidos.

• Que en 2012, se realizaron 369 mil 492 repatriaciones a territorio mexicano provenientes de Estados Unidos. Baja California es el estado de la república que más repatriados recibe: 125 mil 732 durante 2012, seguido por Tamaulipas y Sonora, y en 2013, tan sólo a Baja California, se realizaron 41.24 por ciento de las deportaciones, recibiendo en ese año un total de 74 mil 138 repatriados.

• Que estos asuntos se agudizan cuando afectan a los sectores más débiles dentro de los grupos vulnerables, como  mujeres, niñas, niños o adolescentes, que pone en mayor riesgo el respeto a sus derechos humanos, y en este sentido, el caso de las niñas, niños o adolescentes no acompañados, requiere atención especial, durante 2013, se realizaron 11 mil 710 repatriaciones de menores migrantes mexicanos, y este fenómeno tiende a agudizarse hasta alcanzar una cifra de 60 mil, según proyecciones de organismos internacionales.

• Que la atención de esta población debe darse a partir de disposiciones normativas que regulan los procesos de repatriación o estancia de menores migrantes no acompañados, deben establecer de manera clara y precisa la actuación de las autoridades de migración, a efecto de preservar los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad.

• Que el artículo 112 de la Ley de Migración establece el procedimiento al cual deben sujetarse las autoridades, cuando tengan a su disposición alguna niña, niño, o adolescente no acompañado. El párrafo primero y la fracción I, del artículo 112 señalan:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

En el primer párrafo de este artículo existe un problema de redacción que la hace imprecisa, cuando dice: “Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado sea puesto a disposición del instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar...”. Por lo que se propone sustituir el artículo “la” por el artículo “su”.

Por su parte, la fracción I presenta diversos problemas de fondo, que se propone subsanar de la siguiente manera:

En su parte inicial, la fracción I, señala: “El instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado...” Al respecto, la Constitución federal es precisa y puntual sobre los casos de restricción de garantías, en los cuales se pone en riesgo el reconocimiento y respeto de los derechos humanos por lo que se propone reformar para establecer como obligación del instituto, la canalización inmediata de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado sustituyendo el término “procederá a canalizar” por “deberá canalizar”:

También establece que el menor no acompañado deberá ser canalizado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a los sistemas estatales DIF y del Distrito Federal, usando de manera errónea la conjunción “y”, cuya interpretación implicaría la canalización del menor a los tres niveles del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; por lo que se propone sustituir la conjunción “y” por la disyuntiva “o”, agregando el término “según sea el caso”.

Igualmente dispone que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, privilegiará la estancia del menor no acompañado en “lugares donde se les proporcione la atención adecuada...”; dicha redacción deja abierta la posibilidad de canalizar al menor a cualquier lugar donde se le preste atención adecuada, por lo que, propone especificar la denominación del lugar al que debe ser canalizado.

En función de lo anterior la diputada proponente acompaña la iniciativa con un proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 112 de la Ley de Migración, como sigue:

Texto vigente

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Proyecto

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado sea puesto a disposición del instituto quedará bajo su responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El instituto deberá canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales DIF o del Distrito Federal, según sea el caso, con objeto de privilegiar su estancia en algunos de los albergues de tránsito para la infancia migrante públicos o privados y autorizados para su salvaguarda, donde se les debe proporcionar la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y, en el caso de extranjeros, dará aviso al consulado de su país.

Consideraciones

Primera. El Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia migratoria, y esta comisión para emitir dictamen sobre la iniciativa en estudio.

Segunda. Esta comisión dictaminadora considera, luego de analizar la iniciativa en estudio, que las propuestas de reforma son procedentes, en virtud de que, efectivamente, se aprecian en la redacción del artículo 112 falencias en materia de redacción que es necesario corregir con el fin de dar seguridad jurídica y para garantizar mejor los derechos humanos de los menores migrantes no acompañados.

Tercera. No obstante lo anterior, la propuesta es insuficiente para los objetivos que se propone, en virtud de que es necesario, en ese mismo artículo, armonizar la redacción para adecuarla a los términos que especifica la Constitución, diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte. En este sentido esta comisión dictaminadora considera que:

- Con respecto al primer párrafo, se está de acuerdo con las correcciones de redacción que se proponen, pero debe reformarse el resto del texto, en virtud de que bajo los principio de que la migración en sí misma no constituye delito y de que los menores no pueden ser imputados ni detenidos, no pueden ser entonces “puestos a disposición”, con la carga punitiva que en el derecho penal tiene este concepto.

Es el DIF en los diferentes órdenes de gobierno, la instancia responsable de dar atención a estos menores, así como de su guarda y custodia, no el Inami, que no cuenta ni con el personal, ni las instalaciones ni las capacidades suficientes para darles la atención que requieren por sus condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, no pueden los menores migrantes ser “puestos a disposición” del INAMI por autoridad alguna para que este asuma responsabilidad sobre él, en los términos que establece el texto del artículo que se comenta.

- Con respecto a la fracción I, se está de acuerdo con el sentido de la propuesta. Sin embargo, es necesario hacer algunas correcciones de redacción para que sea más claro y se ajuste de mejor manera a los principios de su tratamiento.

No puede existir en la ley posibilidades de que los menores migrantes se encuentren en estado de detención en ninguna instancia, sino que deben estar siempre bajo la guarda y custodia de las autoridades del DIF con el fin de salvaguardar en todo momento su interés superior. En virtud de ello, en conveniente reformar el presente párrafo para armonizar con la legislación nacional e internacional vigente en la materia.

- Con respecto a las fracciones II y III que no se consideran para reformar en el proyecto de decreto que acompaña a la iniciativa, esta comisión dictaminadora sostiene la necesidad de adecuar su redacción a una visión de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no acompañados bajo la protección del Estado mexicano, que se adecue a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte y a las mejores prácticas en la materia, desterrando en primer lugar el lenguaje punitivo y por otro sujetando todos los procedimientos y medidas a la valoración y determinación del Interés Superior del Niño, entendido como dar prioridad al bienestar de niñas, niños y adolescentes ante cualquier interés que vaya en su perjuicio, e implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados en los criterios para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera necesarias las siguientes reformas al texto vigente y al proyecto de decreto en estudio:

Texto vigente

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

III.Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o estación migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre, salvo que a juicio del instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

Iniciativa

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo su responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El instituto deberá canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales DIF o del Distrito Federal, según sea el caso, con objeto de privilegiar su estancia en algunos de los albergues de tránsito para la infancia migrante públicos o privados y autorizados para su salvaguarda, donde se les debe proporcionar la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y, en el caso de extranjeros, dará aviso al consulado de su país.

Sin correlativo en la iniciativa.

Sin correlativo en la iniciativa.

Texto propuesto

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado se encuentre a resguardo del instituto, éste deberá garantizar en todo momento el respeto a sus derechos humanos, sujetándose a lo siguiente:

I. Deberá canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales DIF o del Distrito Federal, que corresponda, donde se les proporcionarála protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia públicos o privados y autorizados por el DIF para su salvaguarda mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan.

Dará aviso de inmediato al consulado de su país.

Durante los lapsos que las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados se encuentren en una estación migratoria en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema DIF nacional, estatal, municipal o del Distrito Federal que corresponda, deberá asignárseles un espacio distinto al del alojamiento de los adultos.

En estos casos la autoridad migratoria deberá observar en todo momento el interés superior del niño, los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados previstos en el presente ordenamiento y la demás legislación aplicable; dar aviso inmediato al Sistema DIF nacional, estatal o del Distrito Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al organismo estatal de defensa de los derechos humanos y al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. Se informará a la niña, niño y adolescente de sus derechos dentro del procedimiento migratorio; de los servicios a que tiene acceso; y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a solicitud del niño, niña o adolescente, y protegiendo en todo caso su interés superior, pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

III. Una vez en las instalaciones del DIF Nacional, Estatal o del Distrito Federal que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente la ubicación de la misma a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre, salvo la evaluación de lo que convenga al interés superior del infante o que a solicitud del niño, niña o adolescente, pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

Por las consideraciones expuestas, esta comisión dictaminadora somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración.

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 112 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado se encuentre a resguardo del Instituto, éste deberá garantizar en todo momento el respeto a sus derechos humanos, sujetándose a lo siguiente:

I. Deberá canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF o del Distrito Federal, que corresponda, donde se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia públicos o privados y autorizados por el DIF para su salvaguarda mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan.

Se dará aviso de inmediato al consulado de su país.

Durante los lapsos que las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados se encuentren en una estación migratoria en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema DIF Nacional, Estatal, municipal o del Distrito Federal que corresponda, deberá asignárseles un espacio distinto al del alojamiento de los adultos.

En estos casos la autoridad migratoria deberá observar en todo momento el interés superior del niño, los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados previstos en el presente ordenamiento y la demás legislación aplicable; dar aviso inmediato al Sistema DIF Nacional, Estatal o del Distrito Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al organismo estatal de defensa de los derechos humanos y al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos;

II. Se informará a la niña, niño y adolescente de sus derechos dentro del procedimiento migratorio; de los servicios a que tiene acceso; y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a solicitud del niño, niña o adolescente, y protegiendo en todo caso su interés superior, pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

III. Una vez en las instalaciones del DIF nacional, estatal o del Distrito Federal que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente la ubicación de la misma a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre, salvo la evaluación de lo que convenga al interés superior del infante o que a solicitud del niño, niña o adolescente, pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

IV. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 20 de mayo de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Cultura y Cinematografía, le fue turnada la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, enviada por la Cámara de Senadores de conformidad con lo establecido en la fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de abril de 2014.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a la Comisión de Cultura y Cinematografía, elaborar el Dictamen a la Minuta turnada, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes apartados: antecedentes, contenido de la minuta, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

Antecedentes

1. En la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 27 de enero de 2010, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXI Legislatura, presenta iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Con misma fecha, la Presidencia de la referida Comisión Permanente, dicta como trámite, su turno a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su correspondiente estudio y dictamen.

2. Al inicio de la Legislatura LXII, la iniciativa del entonces senador Tamborrel fue integrada al Acuerdo de la Mesa Directiva conforme al artículo 219 del Reglamento de la Cámara de Senadores, a fin de dar conclusión a los asuntos que no fueron objeto de dictamen en la LXI Legislatura. El 30 de noviembre de 2012, el senador José Rosas Aispuro Torres comunicó a la Presidencia de la Comisión de Cultura la vigencia de dicha iniciativa.

3. En oficio No. DGPL-2P1A, la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 26 de febrero de 2013 remite expediente que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al Artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con la siguiente redacción:

Proyecto de Decreto

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único. Se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148.Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos:

I. a la V. ...

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos, y

VIII. Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de febrero de 2013.

4. En sesión celebrada el 28 de febrero del 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta del oficio de referencia y turna el proyecto a la Comisión de Cultura y Cinematografía para dictamen.

5. Mediante oficio No. CCC/LXII/450 de fecha 4 de marzo de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

6. Con fecha 12 de abril de 2013, la Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, Secretaria de la Comisión dictaminadora, remitió una propuesta de modificación del Decreto contenido en la Minuta en estudio, que consiste en lo siguiente:

Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos:

I. a la VII.

VIII. Reproducción, adaptación y, en su caso, transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.

7. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión se reunieron el 24 de abril de 2013, para dictaminar la Minuta correspondiente, con el fin de someterla a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, en los siguientes términos:

Contenido de la minuta

La iniciativa propuesta por el entonces senador Guillermo Tamborrel Suárez, se centra principalmente en exentar de la solicitud de autorización de uso y del pago de los derechos patrimoniales o regalías a los autores por la publicación, sin fines de lucro de obras artísticas y literarias en soportes materiales dirigidos al adelanto de las personas con discapacidad, con la finalidad de acercarlas al mundo de las artes y la cultura.

De lo anterior, las comisiones dictaminadoras de la colegisladora señalan que:

En México no se ha constituido un mercado o un número relevante de empresas que se dediquen a publicar materiales especiales para personas con discapacidad, al contrario, en la actualidad es muy limitado el número de obras artísticas y literarias en soportes accesibles que atiendan el universo de discapacidades. Por ello, resaltan que esta circunstancia resulta del todo excluyente y discriminatoria, ya que aleja a las personas con discapacidad de los diferentes lenguajes de las artes, la cultura o la historia.

Incorporan al dictamen, información estadística derivada del Censo de Población y Vivienda de 2010 a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), donde se establece que en México existen 5.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 48 por ciento son adultos mayores de 59 años y 2 de cada 10 son menores de 30 años. Asimismo, de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar, solo 378 mil 838 asisten a la escuela; de entre las personas con más de 15 años, 2.8 por ciento no tienen instrucción escolar,  28 por ciento no terminó la primaria y 4 por ciento no concluyó la secundaria, el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, los más bajos, tienen 3 grados.

Conforme a dicha información, razonan que el universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no solo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en lo posible y de manera armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida. Por lo que concluyen que esta iniciativa adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posibilite acercar obras artísticas y literarias en distintos formatos y soportes a un número estimado de un millón de personas que potencialmente demandarían de estos productos.

Por otra parte, sugieren modificar la propuesta normativa conforme a lo siguiente:

a) Respecto a la propuesta contenida en la iniciativa, de adicionar a la fracción II del artículo 16 las palabras “y/o tecnologías de acceso a la información”, las Comisiones dictaminadoras estiman innecesaria la redacción que incorpora los medios aumentativos o alternativos de comunicación, toda vez que la ley no establece limitaciones, sino que deja abierta la posibilidad a cualquier formato que la inventiva del autor o de la tecnología genere.

Asimismo, señalan que dicha propuesta no resulta apropiada, toda vez que ese conjunto de dispositivos normativos de ese capítulo, se refieren a las reglas generales del Derecho de Autor, en cuyo caso no caben las excepciones; las reglas generales tienen la virtud de establecer el marco normativo que, desde una perspectiva sistemática, con5tribuyen a entender el ámbito de aplicación de la materia de que se trata. De hecho en la ley existe un apartado especial en el que se establecen los dispositivos normativos que actúan como excepciones y limitaciones del derecho de autor.

b) Sobre la adición de un segundo párrafo al artículo 24, en opinión de los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, dicho artículo es una norma que confiere un tratamiento especial o de exclusividad a los autores en relación con los derechos patrimoniales que derivan de uso y explotación de sus creaciones. De hecho, es el precepto que introduce el apartado de los derechos patrimoniales del autor en distinción con los derechos morales del mismo. Uno y otro tienen distintos tratamientos, pero forman parte de un mismo conjunto que los hace individuales, toda obra tiene un doble aspecto, un derecho moral y un derecho patrimonial. Es por esta razón que las Comisiones dictaminadoras consideran inconsistente jurídicamente la adición, pues se hace referencia a un derecho que, de inmediato es limitado y no por una causa de utilidad pública sino por un uso especial que deriva de otro universo de derechos, es por ello que razonan que esta adición es improcedente, sin embargo, su contenido y consecuencia jurídica es posible incorporarla en otro apartado de la ley.

c) Valoran llevar la regulación al Título VI de la ley, denominado De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos,concretamente al Capítulo II  que establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y de los derechos conexos. Sin embargo no proponen tal y como lo hace la iniciativa en análisis, puesto que incorporar la referencia como parte de la fracción III tendría como consecuencia la publicación de un único ejemplar, pues se trata de un apartado sobre las obras para fines de la crítica o la ciencia, además de que el concepto utilizado es reproducción y no publicación. En este sentido, proponen adicionar una nueva fracción al artículo 148 específico para que el derecho patrimonial de autor sea limitado cundo se trata de la publicación de obras artísticas y literarias para personas con discapacidad de tipo sensorial, lo que limita el universo de obras y siempre que se cumpla con la disposición general del artículo, que es la no afectación de la explotación normal de la obra de que se trate.

Ahora bien, respecto a las consideraciones y razonamientos de las y los Diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en su función de Dictaminadora de la Revisora, manifiestan que concuerdan con el proyecto de decreto de reforma contenido en la Minuta sujeta a dictamen, por las razones siguientes:

a) La inclusión de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida social supone una exigencia del pleno respeto a los derechos humanos y que esto conlleva asumir que se han de disponer los medios para que todos los individuos, independientemente de los obstáculos y condiciones limitativas que les afecten, vean cubiertas sus necesidades en condiciones de igualdad.

b) Lograr el acceso a un bienestar generalizado, sustentable y equitativo, que fomente el desarrollo humano integral e incluyente de los individuos que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y más vulnerables socialmente, constituye un compromiso social que debe materializarse en el diseño e implementación de programas y acciones corresponsables de los sectores público, social y privado.

c) Una prioridad en el campo del desarrollo humano integral, es brindar los mecanismos necesarios para que las personas con discapacidad, puedan ejercer plenamente sus derechos reconocidos ampliamente en la legislación nacional e internacional.

En derecho internacional, como ya lo ha señalado el proponente de la iniciativa, el 3 de mayo de 2008, entró en vigor para México, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se basa en ocho principios generales: 1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 2. La no discriminación; 3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 5. La igualdad de oportunidades; 6. La accesibilidad; 7. La igualdad entre el hombre y la mujer; 8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Mediante estos principios de la Convención -argumenta la Dictaminadora-, es observable la búsqueda de igualdad de derechos para personas con discapacidad. También articula postulados relacionados con la identidad, diversidad y participación, conceptos muy discutidos e investigados por su pertinencia dentro de los estudios culturales, puesto que están relacionados al individuo como ser humano y colectivo, creador y consumidor de cultura. De esta manera, se busca la participación y accesibilidad de oportunidades y espacios en sus ámbitos de acción inmediatos.

d) Respecto a la legislación nacional, entre los derechos que el Estado garantiza, se encuentra el de la cultura, el cual está regulado por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que es reglamentaria del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Para ello, en el artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que “el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a:

I. Generar y difundir entre l sociedad el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura:

II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales;

III. Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural;

IV. Difundir las actividades culturales;

V. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la cultura de los sordos;

VI. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la finalidad de lograr su integración en las actividades culturales;

VII. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema Braille u otros formatos accesibles”...

Señala también la dictaminadora, que es de resaltar, que si bien el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuenta con las atribuciones para integrar en las actividades culturales a las personas con discapacidad, fomentando la elaboración de materiales para el ejercicio de su derecho, se considera que no es suficiente debido a que las instituciones educativas apenas empiezan a ser inclusivas y no cuentan con libros, cursos y evaluaciones pensados para este tipo de población, pero también la oferta de libros de entretenimiento no es tan amplia, ya que existen muy pocas editoriales que editan en braille, por lo que el recurso de más alcance para éstos, es la consulta en bibliotecas como la Sala Braille de la Vasconcelos, la sala para ciegos de la Ciudadela y la sección de tiflología en la Ciudad Universitaria, entre otras.

e) Por lo anterior, la comisión dictaminadora coincide con la preocupación del Senado de la República en la Minuta que se analiza, referente a que el universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no solo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en lo posible y de manera armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida y que la iniciativa adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos  de las Personas con Discapacidad.

f) Otra consideración de la dictaminadora, es que la participación en actividades culturales propicia un espacio enriquecedor para el ser humano. Esto lo demuestran diversos escritos que resaltan la capacidad participativa que representan las innumerables manifestaciones de la cultura en el individuo. Considerando que las personas con discapacidad componen la minoría más numerosas, y partiendo de que la población con impedimentos va en aumento, el desarrollo de las alternativas de inclusión para esta población no solo contribuyen a una mejor calidad de vida social, sino que constituyen un mercado que aporta al desarrollo económico de los países.

Que existen estudios que prueban la importancia de una cultura accesible para los componentes de una sociedad. A modo de ejemplo se presenta “El efecto social de la cultura”, una investigación realizada por Matarasso, quien demuestra que la participación en actividades culturales fomenta en las personas el desarrollo de un fuerte sentido de compromiso social. Asimismo, el impacto de una cultura beneficia a la sociedad potenciando el desarrollo personal, la cohesión social, la autodeterminación, la imagen e identidad. Todos son factores importantes para una sociedad que anhela y está consciente de la igualdad de oportunidades entre todos sus habitantes.

El acceso a la cultura se contempla en diversos documentos internacionales que promueven la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Muchos países adoptan sus postulados y buscan compartir políticas que no descuidan las necesidades particulares de cada uno de ellos. Una de estas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se expone que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”

De manera similar, la Declaración en la Diversidad Cultural de la UNESCO de 2001, en su artículo 5, expone el acceso a la cultura como parte de su contenido:

“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales (...) Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y un formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Esta declaración presenta abiertamente que la expresión cultural es derecho de todos.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 15 que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por México el 24 de marzo de 1981, señala en su artículo 26 que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en el artículo 47 que los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.

De igual forma, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, aprobado por el Senado de la República el 12 de diciembre de 1995, prevé en el artículo 14 lo siguiente:

“Derecho a los beneficios de la cultura

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;

b. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán ciencia, la cultura y el arte.

3. Los Estados parte en el presente protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia”.

Que de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI, en la siguiente tabla se presenta el número de habitantes de la República Mexicana que requieren de servicio optométrico:

En términos mundiales los errores de refracción no corregidos (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) constituyen la causa más importante de la discapacidad visual. En los países de ingresos medios y bajos las Cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera.

De acuerdo a lo anterior, el INEGI reporta que la segunda discapacidad en el país es la visual, la primera es la motriz. En el 2010 había 112.3 millones de habitantes en la República Mexicana de los cuales 4.5 millones son discapacitados (4 por ciento) y 1.3 millones son de tipo visual (1.16 por ciento).

Para el año de 2011, la cifra de personas con discapacidad visual subió a millón y medio, donde el 3 por ciento de ellos cuenta con educación superior y únicamente el 6 por ciento consigue algún tipo de empleo, lo que impide concretar su inclusión socio-laboral y lograr su autosuficiencia, autonomía e independencia económica.

Que el número de personas con discapacidad van en aumento, por lo que se requiere que se articulen políticas que fomenten la inclusión de todos, me3diante actividades que promuevan la cultura, conducentes a leyes y normas que garanticen su implementación y cumplimiento.

Que la propuesta normativa contenida en la Minuta, beneficia a las personas con discapacidad visual, debido a que para éstas es difícil tener acceso a material impreso o auditivo de obras literarias, ya que existen muy pocas editoras que producen este tipo de materiales. Con base en esto, se considera que es procedente esta propuesta, en razón de que al establecer una excepción para divulgar obras artísticas y literarias sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, genera una disminución al costo de producción, de libros en braille y otros formatos, creando mayor apertura.

Que esta comisión dictaminadora estima procedente la propuesta contenida en la Minuta sobre la adición de una fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en razón de que el Capítulo II del Título VI, establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y lo que se busca con dicha reforma es establecer una excepción para divulgar una obra literaria y artística, sin la autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra.

Que la propuesta que hace la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, se estima procedente, ya que va de acuerdo con los razonamientos que esta Comisión expone en el presente dictamen.

De igual forma, se considera que esta propuesta es concordante con lo aprobado en el Senado, en el sentido de que la colegisladora establece entre los casos de excepción a que se refiere el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor a las personas con discapacidad, así como el que la actividad sea sin fines de lucro. La modificación al dictamen del Senado que plantea la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, mantiene esos contenidos, además los enriquece, al tratarse de un sector de la población con discapacidad visual, que es precisamente al que debe ir dirigida la excepción que se busca integrar a este numeral.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se aprueba con modificaciones la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada por el Senado de la Republica el 26 de febrero de 2013.

Segundo. Se dictamina y se somete a la consideración del pleno de esta asamblea de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su aprobación el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único.Se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos:

I. a la V.

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles de3sde lugares públicos; y

VIII. Reproducción, adaptación y, en su caso, transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 24 de abril de 2013.

8. El dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es sometido a discusión del pleno de la Cámara de Diputados el martes 30 de abril de 2013; y aprobado con 460 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

9. En sesión celebrada el 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dio cuenta del oficio de la Cámara de Diputados, por el que se devuelve el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con modificaciones, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

10.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dictó como trámite a la Minuta de referencia regresada de la Cámara de Diputados, el turno a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente.

11.Mediante oficio de 22 de abril de 2014, la Cámara de Senadores devuelve a la Cámara de Diputados el expediente que contiene Proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal, para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 Constitucional

12.En sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores, con el que se devuelven para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, el expediente con la Minuta Proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

13. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó como trámite a la minuta de referencia regresada de la Cámara de Senadores, el turno a la Comisión de Cultura y Cinematografía para dictamen.

Contenido de la minuta

El dictamen correspondiente de la colegisladora, contiene dos partes en sus argumentaciones: una con las consideraciones y otra con las modificaciones propuestas.

Respecto a la primera de ellas:

Que la Cámara de Senadores considera que en uso de sus atribuciones constitucionales de Cámara Revisora, el pleno de la Cámara de Diputados devolvió con fundamento en la fracción E del Artículo 72 constitucional, el proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII del artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor. La modificación al enunciado jurídico propuesto por el Senado, amplía las hipótesis jurídicas contempladas originalmente en el texto y un mayor número de consecuencias jurídicas para las obras primigenias.

Que la Ley Federal del Derecho de Autor es una norma reglamentaria del artículo 28 Constitucional que tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como los derechos de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas. Asimismo, establece los principios y bases de los derechos morales y patrimoniales de los autores, y establece como uno de los objetos clave de la legislación en la materia, la protección a las obras editadas a través de cualquier medio de reproducción.

Que, asimismo, la ley regula que, salvo los casos contemplados como limitación específica a los derechos patrimoniales; los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos, podrán exigir remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia de las obras literarias o artísticas que se realicen sin su consentimiento, circunstancia que podrán hacer efectiva de manera directa o, bien, a través de sus representantes, causahabientes, apoderados o de las sociedades de gestión colectiva que los represente. Que de hecho, constituye una infracción a la ley la reproducción y comercialización de las obras literarias y artísticas protegidas sin la autorización del titular de los derechos de autor. Dicha falta es sancionada de cinco mil hasta diez mil días multa, además de que la propia ley considera otras sanciones por reincidencia, además de la aplicación de medidas precautorias.

Que no obstante lo anterior, la ley también cuenta con mecanismos que establecen límites al derecho de autor reconocido por el Estado, principio que también se fundamenta en el artículo 28 Constitucional, conforme a los cuales, bajo determinadas circunstancias y condiciones, es posible hacer uso sin fines de lucro de las obras artísticas y literarias, sin necesidad de tramitar la autorización o el pago de alguna regalía.

Que esta situación se da bajo diferentes hipótesis: para efectos de utilidad pública bajo un uso que se justifica en el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales; para efectos de limitar el derecho patrimonial, asociado a usos del derecho a la información y prácticas académicas, entre otras, y cuando se trata de reproducciones en aparatos similares a los domésticos, sin fines de lucro y en el contexto de microindustrias o de causantes menores, entre los más relevantes.

Que el enunciado jurídico aprobado en el Senado de la República, pretende poner al alcance de las personas con discapacidad, obras literarias y artísticas que usualmente no se publican en ediciones o formatos accesibles para ellos, sin más consecuencia jurídica que no alterar la explotación normal de la obra, sin fines de lucro, pero bajo uno de los supuestos fundamentales del derecho de autor, que es el respeto de los derechos morales de los autores. Para tal efecto, la propuesta se fundamenta en el artículo 16 de la propia Ley Federal del derecho de Autor, cuyo texto señala:

Artículo 16.La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos  que se describen a continuación:

I. Divulgación: El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita:

II. Publicación: La reproducción de la obra en forma tangible  y su puesta a disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente;

III. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares;

IV. Ejecución o representación pública: Presentación de una obra, por cualquier medio, a oyentes y espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o representación que se hace de la obra dentro del círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro;

V. Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier otra forma, y

VI. Reproducción: La realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.

Que la elección del concepto publicación en vez del concepto reproducción se debe a que el primero implica la puesta a disposición del público y, el segundo, únicamente considera supuestos de fijación de la obra en algún tipo de soporte material en uno o varios ejemplares.

Que, asimismo, una lectura sistemática del artículo 148, lleva a la conclusión de que todos los enunciados se refieren a la reproducción de un único ejemplar o por una única ocasión, de ahí que se haya optado por la idea de publicar que supone, por una parte, varios ejemplares y, por la otra, su puesta a disposición del público, concepto este último que cada día cobra mayor relevancia en el ámbito internacional del derecho de autor conforme lo disponen los documentos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

Que las comisiones dictaminadoras del Senado de la República son de la opinión de que la utilización de los conceptos adaptación y transformación aplica específicamente a potestades de los titulares de los derechos patrimoniales respecto de la divulgación de sus obras, según lo establece el artículo 27 de la ley en su fracción VI., cuya consecuencia jurídica es que la divulgación de una obra adaptada o transformada requiere de la autorización expresa del titular de derechos. El texto es el siguiente:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

I. a la V. ...

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. ...

Que en opinión de las dictaminadoras, la propuesta normativa en análisis incorpora más enunciados jurídicos de los que, eventualmente podrían considerarse suficientes para derivar la consecuencia jurídica esperada y, por otra parte, limita los alcances del enunciado originalmente aprobado por el Senado.

Que respecto de la primera observación, es de señalarse que cualquier persona física o moral que interprete la norma como una posibilidad de transformar la obra, podrá alterar su contenido y significado original, dañando los derechos morales del autor, toda vez que no existe una definición en la ley que limite la interpretación señalada.

Que respecto de la segunda afirmación, es de considerarse que la propuesta normativa aprobada por el Senado hace referencia a las personas con discapacidad y no únicamente a las personas que tienen discapacidad auditiva, visual o ambas, como lo propone el texto que proviene de la colegisladora.

Que en este sentido, la Ley General de las Personas con Discapacidad define a quienes se encuentran en esta circunstancia como la persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social (fracción XI del artículo 2º). Las comisiones dictaminadoras que concurren al presente análisis, son de la opinión de que el carácter general del postulado original debe prevalecer sobre el particular, porque existen personas con discapacidad de naturaleza sensorial o motriz (no solo visual o auditiva) que presentan necesidades de conocimiento y accesibilidad a obras literarias o artísticas (formatos digitales para personas sin movilidad, por ejemplo).

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora estima que lejos de ser incompatibles los contenidos de la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Origen, con los de la propuesta de la Revisora, son coincidentes, ya que el objetivo es el mismo: poner al alcance de las personas con discapacidad, obras literarias y artísticas que usualmente no son publicadas en ediciones o formatos accesibles para ellos, sin alterar la explotación normal de la obra, sin fines de lucro, pero bajo uno de los supuestos fundamentales del derecho de autor, consistente en respetar los derechos morales de los autores. 

Segunda. Precisamente, enmarcada en la preocupación de que el número de personas con discapacidad van en aumento, por lo que se requiere que se articulen políticas que fomenten la inclusión de todos, mediante actividades que promuevan la cultura, conducentes a leyes y normas que garanticen su implementación y cumplimiento, es que  la Cámara de Diputados en su función de Revisora planteó la modificación al dictamen del Senado como Cámara de Origen, consistente en la especificación de las personas con discapacidad visual o ambas.

Tercera.Al reiterar su propuesta el Senado de la República, para que el carácter general del postulado original prevalezca sobre el particular, porque existen personas con discapacidad de naturaleza sensorial o motriz (no solo visual o auditiva) que presentan necesidades de conocimiento y accesibilidad a obras literarias o artísticas (formatos digitales para personas sin movilidad, por ejemplo), continúa siendo  acorde con los propósitos planteados también por la Cámara de Diputados en su propuesta.

Cuarto.Es corresponsabilidad de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, impulsar de una vez por todas, el acceso a la cultura para las personas con discapacidad, con reformas que prevean beneficios que contribuyan a la igualdad de derechos en su reconocimiento y en su ejercicio, que deben alcanzar todos los seres humanos. Por ello, con el propósito de no seguir postergando dicho acceso y además reconocer que la propuesta de la colegisladora mantiene los contenidos esenciales y objetivos de la que planteó esta Cámara de Diputados en su función de Cámara Revisora, es que se propone recoger aquélla en sus términos.

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, las Comisión de Cultura y Cinematografía, aprueba el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único.Se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148. ...

I.a V. ...

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos, y

VIII. Publicación de obra artística y literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Matarasso, F. Social Effects on culture: exploratory statistical evidence. Statistical Insights on the Artículos, 6, 4. Hill Strategies Research Inc, Ontario, Canadá, marzo 2008.

2 Artículo 27  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de julio de dos mil catorce.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), secretarios; Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura, María Angélica Magaña Zepeda, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche, Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birlain.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente número 4018,  fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, enviada por el Senado de la República.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 23 de abril de 2013, el senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo.En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, para dictamen.

Tercero.En sesión ordinaria de las comisiones unidas dictaminadoras, celebrada el 11 de febrero de 2014, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Cuarto.En sesión ordinaria del Senado de la República, verificada el 4 de marzo de 2014, se dio cuenta al pleno con el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, quedando de primera lectura.

Quinto.En su reunión ordinaria de 11 de marzo de 2014, el pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la Mesa Directiva remitió a la Cámara de Diputados el expediente con la minuta proyecto de decreto correspondiente.

Sexto. En reunión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de marzo de 2014, se dio cuenta con la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Séptimo.En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargados del dictamen sobre la minuta que nos ocupa, una vez analizado el asunto, procedemos a exponer el siguiente:

II. Contenido de la minuta

La colegisladora coincide con el autor de la iniciativa, en cuanto a que lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, relativo a establecer como sede de la Comisión Nacional Forestal, la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, limita la capacidad de operatividad y agilidad en la toma de decisiones de la junta de gobierno de la Conafor, considerando que los integrantes de dicho órgano de gobierno son principalmente los titulares de diversas dependencias del Ejecutivo federal, quienes se reúnen para deliberar en la sede de la Conafor.

No obstante, consideraron necesario hacer algunas modificaciones a la propuesta de la iniciativa, para puntualizar el nivel jerárquico mínimo que deberán tener los servidores públicos que suplirán a los titulares en la integración de la junta de gobierno.

Asimismo, señalan que tanto titulares como suplentes, podrán desempeñar sus encargos en la junta, considerando la disponibilidad del funcionario designado para cumplir tal cometido, además de considerar que el perfil técnico personal y del área a su cargo, tengan mayor cercanía con la materia que regula la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, particularmente las funciones a cargo de Conafor.

Por otro lado, están de acuerdo en actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sustituyendo la antes Secretaría de la Reforma Agraria, de conformidad con la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el dos de enero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

La minuta proyecto de decreto enviada por el Senado de la República, y objeto del presente dictamen, propone reformar el Artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

“Articulo 20. La comisión tendrá como órgano de gobierno a una junta de gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Los titulares a los que se refiere el párrafo anterior deberán nombrar un suplente quien deberá tener por lo menos el cargo de director general o su equivalente. La junta será presidida por el titular de la secretaría o el suplente.”

Los nombramientos de suplentes podrán ser actualizados en el momento que el titular correspondiente lo estime necesario.

Los miembros de la junta de gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a su suplencia.

Una vez analizado el contenido de la minuta objeto del presente dictamen, los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Reconocemos, con la colegisladora, que la ubicación de la Comisión Nacional Forestal en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, sede establecida primero en el artículo 2o. del decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal y después en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; puede dificultar la plena operatividad y prontitud en la toma de decisiones de la junta de gobierno, en la consideración de que la mayoría de sus integrantes tienen su actividad principal en dependencias del Ejecutivo federal, en la Ciudad de México, y deben trasladarse a la sede de la Conafor, para deliberar en su órgano de gobierno; sin embargo, debemos reconocer que la LGDFS, sólo retoma lo dispuesto en ese sentido por el decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal.

Estimamos válida la preocupación del Senado, en cuanto a que la integración de la junta de gobierno no debiera imponerse exclusivamente a los secretarios y subsecretarios de la administración pública federal centralizada, cuyas sedes se ubican, generalmente, en el Distrito Federal; lo que aunado a  las diversas responsabilidades inherentes a sus respectivos cargos, dificultan el cumplimiento de sus atribuciones en la junta de gobierno.

Sin embargo, estimamos prudente observar que desde el origen de la Conafor, el decreto por el que se crea la Comisión, en su artículo 6, establece:

“Artículo 6o. La comisión tendrá como órgano de gobierno a una junta de gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de la Reforma Agraria, y de Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Los miembros de la junta de gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada integrante de este órgano colegiado deberá nombrarse un suplente con nivel jerárquico de Subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de Subdirector General.”

Por otro lado, en virtud de lo previsto en los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, estimamos improcedentes las modificaciones propuestas por el Senado, para puntualizar sobre el nivel jerárquico mínimo que deberían tener los servidores públicos que suplan a los titulares en la integración de la junta de gobierno, así como el señalamiento de que tanto titulares como suplentes, podrán desempeñar sus encargos en la junta, considerando la disponibilidad del funcionario designado para cumplir tal cometido, además de considerar que el perfil técnico personal y del área a su cargo, tengan mayor cercanía con la materia que regula la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, particularmente las funciones a cargo de Conafor.

Los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, establecen:

“Con el propósito de asegurar la adecuada toma de decisiones en las reuniones del órgano de gobierno, los representantes de las dependencias o entidades deberán tener reconocida capacidad o experiencia vinculada con la naturaleza y tipo de operaciones o servicios que realiza la entidad.

Quienes tengan la responsabilidad de designar a los miembros de los órganos de gobierno deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a su representación.

El nivel jerárquico de los servidores públicos que integren el órgano de gobierno deberá corresponder, cuando menos, al de director general de la Administración Pública Centralizada o su equivalente en el caso de los miembros propietarios y al de Director de Área en tratándose de los suplentes.”

De ahí, consideramos pertinente recordar que el artículo 3o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, prevé que la junta de gobierno de la Conafor, estará sujeta a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones aplicables.

Por último, coincidimos con la colegisladora en la necesidad de actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sustituyendo la anterior de Secretaría de la Reforma Agraria, de conformidad con la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el dos de enero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único.Se reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 20. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una junta de gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua. La junta será presidida por el titular de la Secretaría.

Los miembros de la junta de gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada integrante de este órgano colegiado se deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de subdirector general.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de junio de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85,157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2013, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. El presidente de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud mediante número de expediente 2624.

3. A partir del día 24 de septiembre de 2013, con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término para que la iniciativa fuera dictaminada en la Comisión de Juventud, misma que se encuentra vigente a la fecha.

II. Contenido de la iniciativa

En este dictamen se aborda la iniciativa con número de expediente 2624 tal como ha sido mencionado en los antecedentes.

La iniciativa presentada por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga con número de expediente 2624, busca la modificación al artículo 8o., párrafo segundo, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en el cual se establece como invitado permanente, con voz, pero sin derecho al voto, al titular de la Presidencia de la Comisión de Juventud en la Cámara de Diputados en las reuniones de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, que en lo subsecuente se denominará Imjuve, lo anterior, con fundamento en la reforma al artículo 8o. de la misma ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto del año 2011

Lo anterior pretende lograr una relación interinstitucional entre el Poder Legislativo y el Instituto Mexicano de la Juventud sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Social para que los resultados que esperan los 37.4 millones de jóvenes en el país, se vuelvan una realidad en un menor tiempo.

III. Consideraciones

México, hoy en día, tiene el mayor número de jóvenes en su historia. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece que la población joven es toda aquella persona que esté comprendida entre los 12 y 29 años de edad, de acuerdo con este rango, el número de jóvenes en México equivale a 37.4 millones lo que representa a más de un tercio de la población total del país. A este gran número de jóvenes es a lo que hoy se le conoce como “bono demográfico”.

La cifra que precede este análisis, es tan sólo un ejemplo que nos permite visualizar la compleja realidad de la juventud mexicana, así como la diversidad de problemáticas y necesidades que presentan y ante las cuales se requiere especial atención. En este orden de ideas es necesario que las instituciones ofrezcan los instrumentos, herramientas y oportunidades para atender las carencias de este sector y con ello no sólo mejorar la calidad de vida del joven, sino también mejorar al entorno social que les rodea.

De ahí que la intención de la Cámara de Diputados, a través del Presidente de la Comisión de Juventud, pretenda ser parte de esta realidad, no como un participante activo, pero si como un testigo solidario que está a favor del diálogo entre partidos políticos, sociedad civil, organismos de cooperación y medios de comunicación sobre el desarrollo integral de la juventud en México, ya que trabajar para incorporar el tema de la juventud y políticas en las estrategias nacionales y estatales para el desarrollo y la reducción de la pobreza en este tan importante sector de la población, es de vital importancia para trabajar unidos en la transformación del país.

Así pues, la integración del Presidente de la Comisión de Juventud como invitado permanente a la Junta Directiva del Imjuve, busca ser parte y convertirse en un contrapeso desde el Poder Legislativo, formando una alianza que a través de las diversas organizaciones, universidades, académicos y especialistas en los distintos temas que atañen a los jóvenes, genere en todos los ámbitos posibles una agenda de co-responsabilidad a favor de los jóvenes mexicanos.

Proceso de análisis

Con base en lo anterior esta Comisión reconoce que la juventud es un tema trasversal y ante la necesidad de dar respuesta de manera coordinada ante las demandas de esta generación de jóvenes, resulta imprescindible que la Comisión de Juventud trabaje de manera conjunta con el Imjuve. Es por ello que la presente iniciativa busca que el Poder Legislativo y Ejecutivo trabajen de manera interinstitucional, con la finalidad de generar una mayor cooperación y sinergia entre el Instituto Mexicano de la Juventud y la Comisión de Juventud desde el Congreso de la Unión. Además se busca que el Poder Legislativo, desde el marco de sus atribuciones, adecúe la norma adaptándose a la realidad del Instituto Mexicano de la Juventud, y por otro lado, que el Imjuve se mantenga actualizado sobre las nuevas atribuciones que se otorgan a través de la legislación para la planeación de políticas públicas innovadoras y apegadas a la ley.

México es una región con tantos jóvenes que es un campo fértil para trabajar en políticas públicas adecuadas a este sector pero además representa una oportunidad, en la que se puede trabajar a favor de mejores condiciones de equidad e igualdad juvenil y además reafirma la necesidad de redoblar esfuerzos para atender las demandas y necesidades de los jóvenes, así como la obligación de reconocer las capacidades y roles jugados por ellos en la promoción del cambio democrático y del desarrollo nacional.

Por lo anterior, ante el desafío que enfrenta el Instituto Mexicano de la Juventud, al ser el principal garante de los derechos de los jóvenes, la presente iniciativa busca modificar las disposiciones legales relativas a la integración del órgano de gobierno del Instituto, con el fin de incorporar al Poder Legislativo como invitado permanente, con el fin de propiciar una mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional para los jóvenes, así como también en programas a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud, lo que podrá generar un trabajo conjunto y con un mismo objetivo: los jóvenes.

Cabe destacar que recientemente se aprobó la reforma al artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2013:

IX. Remitir a la Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción V del artículo 4;

Con dicha reforma el Imjuve remitirá al Poder Legislativo los estudios e investigaciones que se generen dentro del Instituto, con el objetivo de que los legisladores cuenten con información actual de las realidades de la juventud, ello les permitirá prever acciones legislativas y presupuestarias en los periodos y momentos oportunos, así mismo coadyuvarán a la difusión de los proyectos de desarrollo de la juventud.

Por otra parte, el artículo 24, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, (PEF2013) que señala:

VI. El Ejecutivo federal, por conducto del Instituto Mexicano de la Juventud y con el apoyo de la Secretaría, dará seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, así como de las acciones que garanticen las condiciones necesarias para su desarrollo integral, con base en los mecanismos específicos correspondientes.

Las dependencias y entidades responsables de los programas incluidos en el Anexo 16 de este decreto, procurarán que en el diseño y ejecución de sus programas y en sus reglas de operación se considere específicamente la atención a los jóvenes, tomando en consideración sus características y necesidades, así como generar la información estadística desagregada para el grupo de edad referido en el párrafo anterior.

Asimismo, dichas dependencias y entidades deberán informar trimestralmente al Instituto Mexicano de la Juventud, a la Secretaría y a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, sobre los recursos ejercidos y las acciones, servicios y/o apoyos realizados, en beneficio de personas jóvenes, de conformidad con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y demás disposiciones aplicables.

Dicho artículo enuncia que las dependencias y entidades expresas en el Anexo 16 PEF2013, deberán informar de manera trimestral a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, sobre los recursos ejercidos y las acciones, servicios y/o apoyos en beneficio de personas jóvenes, con la finalidad de dar seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes, así como las acciones que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la juventud mexicana.

Las reformas recientemente aprobadas son ejemplo de un esfuerzo conjunto para que ambas instancias trabajen de manera coordinada, evitando la negociación estéril que finalmente deriva en una legislación y el desarrollo de políticas públicas disfuncionales.

Es preciso señalar que el que suscribe es consciente de que el Instituto Mexicano de la Juventud es una entidad de la administración pública paraestatal, y que, con base en lo expreso en el artículo 17 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se establece que “La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un órgano de gobierno que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y un director general”, así mismo y de acuerdo con el artículo 19, fracción V, del mismo ordenamiento, se señala que en ningún caso podrá el Poder Legislativo ser miembro del órgano de gobierno en los términos del artículo 62 constitucional. De igual modo se ha considerado la división de poderes, específicamente en lo expreso en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando todo lo anterior, ha de señalarse que la presente iniciativa no pretende que el Poder Legislativo ocupe un lugar como propietario dentro de la junta directiva del Imjuve, sino que únicamente busca su inclusión como invitado, tomando en cuenta que la misma ley ya considera a la figura de “invitados” con la reforma del 2011. También se propone incorporar a la Cámara de Diputados como invitado permanente, sin derecho a voto, en las reuniones de la junta directiva del Imjuve, con el objetivo de fortalecer a la institución y al ya existente método de rendición de cuentas interinstitucional. Es necesario que el Poder Legislativo, representado en la Comisión de Juventud, sea considerado como un aliado para trabajar de manera coordinada en la promoción de un ambiente de inclusión para los jóvenes, un ambiente de seguridad integral y de pleno goce de derechos en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación, y también para darle seguimiento a los recursos destinados a la atención de los jóvenes, que desde la Cámara de Diputados se otorga a esta institución.

Finalmente, como líderes políticos, el Congreso de la Unión y a través de la Comisión de Juventud está comprometido a coordinar acciones para establecer una agenda común para promover los temas de juventud en sus partidos y entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo de las personas jóvenes.

Fuentes Bibliográficas

• Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

• Encuesta Nacional de Juventud 2010, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve)

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, del Instituto Mexicano de la Juventud

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

• Reglamento de la Cámara de Diputados

• Burgoa Ignacio, Las Garantías individuales, México, Porrúa edición 39ª

• Letras Jurídicas número 10, primavera 2010, ISSN 1870-2155, “Los derechos humanos en el ámbito carcelario mexicano”.

IV. Acuerdo

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:

I. Diez Miembros Propietarios:

a) a j)...

Por cada Miembro Propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, y

II. Siete miembros más que serán:

a) a c). ...

...

La Junta Directiva podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto.

Las presidencias de las Comisiones de Juventud de la Cámara de Diputados, así como de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, serán invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de marzo del año 2014.

La Comisión de Juventud, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica en contra), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica en contra), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica en contra), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica en contra), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica en contra), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica en contra), Zuleyma Huidrobo González, María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica en contra), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Heriberto Neblina Vega, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica en contra), Gisela Raquel Mota Ocampo, Jéssica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas dispociones de la Ley General de Bibliotecas

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2014 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura.

En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó tramitar la recepción de dicha Iniciativa y, por instrucciones de la Presidencia, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 4583.

El 20 de mayo del año en curso se recibió por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.

II. Descripción de la iniciativa

El diputado Herrera Delgado argumentó en la iniciativa lo siguiente:

a. Las bibliotecas, como recintos para la promoción de la cultura y las artes y la formación de ciudadanía, así como pilares para el ejercicio de un amplio conjunto de derechos sociales, son un vehículo de primera importancia para hacer frente a los fenómenos del analfabetismo y los deficientes hábitos de lectura de la población. A decir de la UNESCO, constituyen requisitos básicos para “la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales”.

b. La Ley General de Bibliotecas vigente ha dado sustento jurídico a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la cual ha sido un importante medio para la promoción del desarrollo de las comunidades, así como para la difusión de la cultura y el fortalecimiento de la educación.

c. Existen en México 7,363 bibliotecas públicas, y se pretende que para 2013 se dé un 0.3% de incremento (hasta llegar a 7,388 recintos bibliotecarios), 30 años antes, el número de bibliotecas públicas en todo el país ascendía a escasas 351.

d. De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Lectura, en México cada habitante lee en promedio 2.9 libros al año. Según un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), la cantidad de libros leídos en México lo ubica en el penúltimo lugar sólo superado por Colombia, con 2.2 libros. En las posiciones más altas se encuentran Chile con 5.4 libros y Argentina con 4.6 libros.

e. Las bibliotecas demandan un marco jurídico moderno, que determine instrumentos de política pública y fortalezca los órganos con que se cuenta para la planeación del desarrollo bibliotecario.

f. La iniciativa presentada cuenta con elementos extraídos de la Mesa Redonda “Reformas al marco jurídico de las Bibliotecas en México”, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados el 19 de junio de 2013, así como del “Foro Nacional de Armonización Legislativa Bibliotecaria” que se realizó en el Senado de la República el 17 de julio de 2013. También incorpora las observaciones de las tres asociaciones de bibliotecarios que cuentan con representatividad nacional: la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, el Colegio Nacional de Bibliotecarios y el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior.

g. La iniciativa pretende fortalecer el papel de las bibliotecas públicas, como motores del desarrollo educativo y cultural de las comunidades. Por ello, se proponen adicionar como objetivos de la ley vigente, fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, establecer criterios generales para orientar las políticas públicas y consolidar a la biblioteca como instrumento para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.

h. Para dar claridad a la Ley, se fortalecen las definiciones de la biblioteca pública y se da lugar a la especificación de asociaciones de bibliotecarios, colecciones, bibliotecarios y servicios bibliotecarios.

i. Se propone la elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario, el cual se armonizaría con las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Además se prevé que el presupuesto asignado para la realización de los objetivos de la ley no se pueda reducir durante el ejercicio fiscal, con la salvedad de las previsiones que se establezcan en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

j. Se actualiza la denominación de las autoridades del Distrito Federal en función de la reforma política de 1996, además se prevé un enfoque subsidiario en lo que respecta a la selección y desarrollo de las colecciones para las bibliotecas de la Red. Esto complementado con la profesionalización del personal bibliotecario.

k. En lo relativo a las atribuciones de los gobiernos estatales, se adiciona la necesidad de diversificar las colecciones y previsiones especiales sobre protección civil y actividades para la integración de personas con discapacidad, así como para minorías lingüísticas y grupos vulnerables

l. Se propone un nuevo artículo 8o Bis a fin de dotar de atribuciones a los Gobiernos de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (difusión de la cultura, la preservación de la memoria de las comunidades, la profesionalización del personal, el desarrollo de bibliotecas móviles para llegar a las comunidades distantes y la constitución de patronatos de apoyo a las bibliotecas).

m. Respecto al Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, en cuanto órgano consultivo, se propone fortalecer sus actividades al agregar la posibilidad de recomendar políticas públicas, colaborar en la integración del Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario, sugerir mejoras al marco jurídico vigente y apoyar en el desarrollo de colecciones, mejora de infraestructura y tecnologías de la información y la comunicación; así como labores operativas concretas, tales como la promoción de consultas entre los tres órdenes de gobierno en materia de colecciones, servicios y tecnologías; colaborar en la integración del Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario; promover la coordinación en los procesos de planeación, financiamiento y evaluación; la realización de diagnósticos y evaluaciones; la formulación de recomendaciones y la celebración de convenios y acuerdos entre organismos nacionales e internacionales. Asimismo, se prevé un plazo perentorio para la instalación del Consejo.

Con base en lo anterior, el diputado Herrera Delgado propone la iniciativa en los términos siguientes:

Artículo único: se REFORMAN los artículos 2o; 3o; 5o, 7o fracciones II a V, y VIII a XI; 8o fracciones II y III, V y VII a IX; 9o en su primer párrafo; 10 en su fracción III, inciso a); 11; y 14 en su primer párrafo y en su fracción I, 15 en su primer párrafo; se ADICIONAN las fracciones V a VII al artículo 1o; un segundo párrafo al artículo 4o; las fracciones X y XI al artículo 8o; un artículo 8o Bis; las fracciones III a VI al artículo 9o; una fracción VII al artículo 14 recorriendo la fracción siguiente; y las fracciones I a IX al artículo 15, de la Ley General de Bibliotecas para quedar como sigue:

ARTICULO 1o. ...

I. y II. ...

III.El establecimiento de las bases y directrices para la integración y el desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas ;

IV.La determinación de lineamientos para llevar a cabo la concertación con los sectores social y privado en esta materia ;

V. Fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental de las diversas comunidades que conforman la Nación;

VI. El establecimiento de los criterios generales para orientar las políticas públicas en materia de desarrollo bibliotecario, y difusión del conocimiento y la cultura a través de las bibliotecas; y

VII. Propiciar, fomentar y contribuir al establecimiento de servicios bibliotecarios que consoliden a la biblioteca pública como un instrumento para la difusión cultural, la conformación de la memoria de las comunidades y el progreso educativo constante.

ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Asociaciones de bibliotecarios: organismos que cuentan con la representatividad del gremio bibliotecario a nivel nacional;

II. Colecciones: conjunto de recursos de información documental actualizados y organizados en cualquier formato y medio que representa la base para la transmisión del conocimiento en todas sus formas;

III. Biblioteca pública: todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita y a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas el saber.

Sus colecciones podrá n contener recursos bibliográfic os, hemerográfic os, audiovisuales, digitales y, cualquier otro medio que contenga información documental;

IV. Bibliotecarios: personas con la capacidad técnica y operativa para prestar los servicios bibliotecarios, con eficacia y eficiencia;

V. Ley: la Ley General de Bibliotecas;

VI. Red: la red nacional de bibliotecas públicas;

VII. Secretaría: la Secretaría de Educación Pública;

VIII. Servicios bibliotecarios: conjunto de actividades orientadas a satisfacer necesidades de información de la comunidad mediante estudios de usuarios, los cuales determinarán las colecciones y servicios, y la disposición de instalaciones para fines diversos relacionados con el pleno desarrollo educativo, cultural y social de las comunidades; y

IX. Sistema: el Sistema Nacional de Bibliotecas.

ARTICULO 3o.Corresponde a la Secretaría proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario el cual tomará en consideración el valor estratégico de la información documental en los ámbitos nacional e internacional y deberá alinearse con los objetivos, estrategias y metas del Plan Nacional de Desarrollo y programas correspondientes.

ARTICULO 4o....

El presupuesto asignado para el logro de los objetivos de la presente Ley, no podrá ser disminuido durante el ejercicio fiscal, salvo lo previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ARTÍCULO 5o. La Red se conforma por todas aquéllas que dependen de la Secretaría, así como por las de los gobiernos estatales y municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Para la expansión de la red, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, celebrará con los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, los ayuntamientos, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y los sectores social y privado, los acuerdos de coordinación necesarios.

ARTÍCULO 7o. ...

I. ...

II. Establecer los mecanismos participativos para integrar el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario, el cual deberáprever la expansión y modernización de la información documental y de la infraestructura física y tecnológica de la Red;

III. Emitir normas técnicas y lineamientos para el desarrollo de las colecciones, la integración y el mantenimiento de los catálogos y la oferta de servicios de calidad en lasbibliotecas de laRed,y supervisar su cumplimiento;

IV. Contribuir a la selección, conformación y desarrollo de las colecciones de las bibliotecas de la Red, de acuerdo con los programas correspondientes, así como apoyar a las bibliotecas con dotaciones de colecciones en todos los formatos;

V. Dotar a las bibliotecas públicas, en formato impreso, digital y óptico, de colecciones de publicaciones informativas, recreativas y formativas catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas vigentes; así como de obras de consulta y publicaciones periódicas en todos los formatos, a efecto de que sus colecciones respondan a las necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada comunidad;

VI. a VII. ...

VIII. Apoyar a las bibliotecas de la Red para que sus materiales bibliográficos sean catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas de organización de información documentalautorizadas, a efecto de que los servicios bibliotecarios puedan ofrecerse con mayor eficiencia;

IX. Proporcionar el servicio de catalogación de acervos complementarios y apoyo técnico para el mantenimiento de los servicios informáticos y de redes tecnológicas de las bibliotecas integrantes de la Red;

X. Proporcionar entrenamiento, capacitación y actualización al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red, en materia de procesos, servicios y administración de los recursos y servicios documentales, físicos y tecnológicos que brindan a la población;

XI. Proporcionar asesoría técnica en materia bibliotecaria , informática y de redes tecnológicas a las bibliotecas incluidas en la Red, considerando la integración de bibliotecas electrónicas, digitales, virtuales y multimedia;

XII. a XVI. ...

ARTICULO 8 o. ...

I. ...

II. Participar en el diseño, instrumentación e implementación de la Política Nacional de Desarrollo Bibliotecario, así como en la planeación, programación del desarrollo,actualización tecnológica y expansión de las bibliotecas públicas a su cargo;

III. Coordinar, administrar y operar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas , asegurando que cuenten con materiales bibliográficos catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas establecidas, y supervisar su funcionamiento;

IV. ...

V. Asegurar de modo integral y conservar en buen estado las instalaciones , el mobiliario y equipo, y las colecciones, para que estén disponibles y accesibles para la población en todo momento;

VI. ...

VII. Nombrar, adscribir y remunerar a los bibliotecarios y al personal destinado a la operación de sus bibliotecas públicas , y promover su entrenamiento, capacitación y actualización en los contenidos y las prácticas bibliotecarias;

VIII. Difundir a nivel estatal los servicios bibliotecarios y las actividades afines a sus bibliotecas públicas, así como las colecciones multimedia y las bibliotecas digitales y virtuales;

IX. Dotar a sus bibliotecas de los locales, así como del equipo necesario para la prestación de los servicios así como para su desarrollo y mejora, diversificando sus colecciones con contenidos regionales para comprender colecciones multimedia y bibliotecas virtuales;

X. Establecer un programa de protección civil obligatorio para las bibliotecas públicas; y

XI. Establecer, desde las bibliotecas públicas, actividades para la integración de las personas con alguna discapacidad, así como minorías lingüísticas y grupos vulnerables.

ARTICULO 8o Bis. Corresponderá a los Gobiernos de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I. Conformar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio la Delegación;

II. Participar en el diseño, la instrumentación y la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Bibliotecario en materia de bibliotecas públicas, así como en la planeación, programación del desarrollo, actualización tecnológica y expansión de las bibliotecas públicas a su cargo;

III. Velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas;

IV. Mantener en operación los servicios generales de las bibliotecas públicas;

V. Promover actividades educativas, cívicas, artísticas sociales y culturales en las bibliotecas públicas;

VI. Rescatar las tradiciones culturales, tanto orales como escritas, en todas sus formas, así como la memoria documental de su comunidad expresada en fotografías, videos, mapas, imágenes, folletos, hojas sueltas, dípticos, trípticos y cualquier otro tipo de soporte, para que sean integradas en repositorios digitales, bajo el resguardo de las bibliotecas públicas;

VI. Supervisar que las bibliotecas estén a cargo de bibliotecarios y que se cumplan las normas técnicas, requisitos de construcción, seguridad y protección civil;

VI. Supervisar que en las bibliotecas públicas haya salas infantiles;

VI. Desarrollar un sistema de bibliotecas móviles multilingües de acuerdo a las necesidades de las comunidades, para proporcionar servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso;

IX. Constituir patronatos de apoyo a las bibliotecas públicas y establecer convenios con los sectores privado y social para el desarrollo y expansión de los servicios bibliotecarios; y

X. Realizar funciones análogas a las anteriores, que les permitan alcanzar sus propósitos.

ARTICULO 9o. El Consejo de la Red es el órgano consultivo, que llevará a cabo las siguientes acciones:

I. ...

II.Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de los sectores social y privado, comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red ;

III. Recomendar políticas públicas para el desarrollo de la Red;

IV. Colaborar con el sistema de planeación democrática del desarrollo a efecto de integrar el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario;

V. Sugerir mejoras al marco legal en materia de bibliotecas, fomento a la lectura y depósito legal; y

VI. Ser órgano permanente de consulta en materia de desarrollo de colecciones, mejora de infraestructura y tecnologías de la información y la comunicación.

ARTICULO 10. ...

I. a II.

III. Hasta siete vocales invitados a participar por su Presidente, conforme a los siguientes criterios de representación:

a) Hasta dos representantes de las asociaciones de bibliotecarios;

b) a d) ...

ARTICULO 11.Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y privado que presten servicios con características de biblioteca pública en los términos de la presente ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la Red, celebrarán con la Secretaría, con los Gobiernos de los Estados o con los Gobiernos de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, el correspondiente compromiso de adhesión, por el que se obligarán a aplicar las normas técnicas y los lineamientos correspondientes.

ARTICULO 14. Para el cumplimiento de sus propósitos, el Sistema promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:

I. Elaborar y mantener actualizado y disponible en medios electrónicos un directorio de las bibliotecas que se integren al Sistema, dicho directorio deberá contener los datos de ubicación, servicios proporcionados, horarios de servicio, tamaño y características de las colecciones, y bibliotecario encargado;

II. a VIII. ...

Artículo 15.El Sistema Nacional de Bibliotecas tendrá un Consejo Consultivo Nacional que se integrará y funcionará de manera participativa conforme a las normas que emita la Secretaría de Educación Pública y que desarrollará las siguientes acciones:

Promover la disponibilidad y accesibilidad de los recursos de información documental en las bibliotecas integradas al Sistema y su aprovechamiento en beneficio de la población;

Promover consultas entre los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, sobre colecciones, servicios bibliotecarios, tecnologías de información y comunicación, así como sobre otros temas que requieran atención;

Promover normas técnicas y lineamientos para el funcionamiento de las bibliotecas, así como estándares nacionales para el diseño, uso y aprovechamiento de la información en formato digital, que sean generados o adquiridos por las bibliotecas integradas al Sistema;

IV. Colaborar en la integración del Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario;

V. Promover la coordinación efectiva de los procesos de planeación, financiamiento y evaluación de las bibliotecas integradas al Sistema;

VI. Promover la realización de diagnósticos y evaluaciones de las bibliotecas del Sistema;

VII. Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de los sectores social y privado, en el desarrollo del Sistema; y

VIII. Promover la celebración de convenios y acuerdos, entre organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo del Sistema.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Consejo a que hacen referencia los artículos 9 y 10 de esta Ley deberá instalarse a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor del presente Decreto; en caso de no ser así, se estará a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

TERCERO. La Secretaría de Educación Pública tendrá un plazo de 180 días naturales para publicar, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa a que hace referencia el artículo 3 de esta Ley.

De acuerdo a los argumentos de la iniciativa hechas por el diputado Herrera, esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, hace las siguientes

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide de manera general con la iniciativa del diputado Herrera Delgado, pues permitiría reforzar el marco normativo actual, sobre todo en lo que se refiere a las facultades que se otorgan a cada una de las autoridades.

Sin embargo, como medida complementaria es preciso señalar que, para alcanzar una plena armonía del marco jurídico vigente, se deben considerar los siguientes argumentos:

1. Propuesta de nuevas definiciones e integración del Consejo de la Red

La iniciativa prevé modificar el artículo 2o., de la Ley a efecto de que además de la definición de biblioteca, ya prevista en el ordenamiento vigente, se adicionen las de Asociaciones de bibliotecarios, Colecciones, Bibliotecarios, Ley, Red, Secretaría, Servicios bibliotecarios y Sistema.

La inclusión de la definición de asociaciones de bibliotecarios se hace en función de la reforma propuesta al artículo 10 de la Ley, sin embargo esta Comisión estima que la regulación actual del Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas atiende efectivamente a la organización democrática y plural, sin que se considere que se restringe la participación de otras organizaciones, por lo que estima que no es necesario incluir la definición de Asociaciones de bibliotecarios, en el artículo 2o. Adicionalmente, es importante mantener como primer inciso la definición de biblioteca pública, para seguir la lógica de presentar los conceptos y sus definiciones en orden alfabético.

En consecuencia, esta Comisión modifica la propuesta de definiciones del artículo 2o., y desecha la modificación al artículo 10 de la ley vigente, no obstante, considera importante que dicho Consejo se instale ya que al día de hoy no se ha hecho, a pesar de que así estaba establecido en la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988; así, en el espíritu de la iniciativa del diputado Jorge Herrera Delgado, se considera necesario incluir el segundo artículo transitorio en sus términos.

2. Creación del Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario.

Una propuesta transversal de la iniciativa es la creación de un Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario. Este Programa se establece en el artículo 3o., e impacta en los artículos 7o., fracción II, 8o., fracción II, 8o Bis, fracción II, 9o., fracción IV, y 15, fracción IV, de la iniciativa.

Esta Comisión valora el espíritu que anima la propuesta, no obstante, cabe hacer las siguientes consideraciones:

Primera: el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un sistema de planeación democrática, para lo cual, faculta al Poder Ejecutivo Federal para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas que de él derivan, los cuales constituyen la base para toda actividad de la Administración Pública Federal.

Segunda: nuestra Constitución, en el artículo citado en el párrafo anterior, señala que es facultad del Ejecutivo Federal establecer los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del PND y los programas que deriven del mismo.

Tercera: la Ley de Planeación prevé expresamente, en su artículo 22 que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados.

Cuarta: establecer en la Ley General de Bibliotecas que la Secretaría de Educación Pública deberá expedir un Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario, implicaría una invasión en la esfera de competencia del Poder Ejecutivo Federal, y vulnera el principio de división funcional de poderes, el cual señala que si a un poder, ente u órgano se le atribuye una función en forma privativa, debe entenderse que las restantes autoridades tienen negado intervenir en ella.

En conclusión, la Comisión desecha la propuesta de reforma al artículo 3o., así como las referencias al programa que se prevén en los artículos 7o., fracción II, 8o., fracción II, 8o Bis, fracción II, 9o., fracción IV, y 15, fracción IV.

3. Posible disminución del presupuesto

El diputado Jorge Herrera propone la adición de un segundo párrafo al artículo 4o., en el sentido de que el presupuesto asignado para el logro de los objetivos de la ley no podrá ser disminuido durante el ejercicio fiscal.

Esta propuesta reitera lo previsto en el artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: “Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los artículos 19, 20 y 21 de esta Ley”.

En consecuencia, se considera que esta inclusión no es necesaria, ya que reitera lo previsto en nuestro orden jurídico, por lo que se desecha. No obstante, la Comisión considera importante adicionar un artículo Tercero transitorio para efecto de que las acciones que deban realizar las autoridades para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto, se cubran con los recursos presupuestales, humanos, financieros y materiales con los que cuente la Secretaría de Educación Pública.

4. Modificaciones de forma

Para efecto de dar claridad a lo preceptuado en el proyecto de decreto, y atendiendo a aquellos aspectos que en la iniciativa presentada son poco claros, esta Comisión propone modificaciones de forma en los siguientes artículos:

1o., fracción V, se considera que con que se prevea que el objeto de la ley es fomentar la participación del patrimonio documental es suficiente, ya que las Leyes Generales no prevén garantías.

7o., fracción V, la frase correcta es “catalogadas y clasificadas” ya que se refiere a las colecciones y no a los materiales.

8o. bis, fracción I, debe decir: conformar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio y Delegación. En este mismo artículo, la secuencia de las fracciones en la iniciativa es incorrecta, ya que la fracción VI se repite cuatro veces, por lo que se corrige esta errata.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

Artículo único: se REFORMANlos artículos 2o.; 5o., 7o., fracciones III a V, y VIII a XI; 8o., fracciones III, V y VII a IX; 9o.; 11; y 14, primer párrafo y fracción I, 15; se ADICIONAN las fracciones V a VII al artículo 1o; las fracciones X y XI al artículo 8o., y un artículo 8o. Bis a la Ley General de Bibliotecas para quedar como sigue:

ARTICULO 1o. ...

I. y II. ...

III.El establecimiento de las bases y directrices para la integración y el desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas ;

IV.La determinación de lineamientos para llevar a cabo la concertación con los sectores social y privado en esta materia ;

V. Fomentar la conservación del patrimonio documental de las diversas comunidades que conforman la Nación;

VI. El establecimiento de los criterios generales para orientar las políticas públicas en materia de desarrollo bibliotecario, y difusión del conocimiento y la cultura a través de las bibliotecas; y

VII. Propiciar, fomentar y contribuir al establecimiento de servicios bibliotecarios que consoliden a la biblioteca pública como un instrumento para la difusión cultural, la conformación de la memoria de las comunidades y el progreso educativo constante.

ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I.Biblioteca Pública: Todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita y a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Sus colecciones podrá n contener recursos bibliográfic os, hemerográfic os, audiovisuales, digitales y, cualquier otro medio que contenga información documental;

II. Bibliotecarios: Personas con la capacidad técnica y operativa para prestar los servicios bibliotecarios, con eficacia y eficiencia;

III. Colecciones: Conjunto de recursos de información documental actualizados y organizados en cualquier formato y medio que representa la base para la transmisión del conocimiento en todas sus formas;

IV. Ley: La Ley General de Bibliotecas;

V. Red: La red nacional de bibliotecas públicas;

VI. Secretaría: La Secretaría de Educación Pública;

VII. Servicios Bibliotecarios: Conjunto de actividades orientadas a satisfacer necesidades de información de la comunidad mediante estudios de usuarios, los cuales determinarán las colecciones y servicios, y la disposición de instalaciones para fines diversos relacionados con el pleno desarrollo educativo, cultural y social de las comunidades; y

VIII. Sistema: El Sistema Nacional de Bibliotecas.

ARTÍCULO 5o. La Red se conforma por todas aquéllas que dependen de la Secretaría, así como por las de los gobiernos estatales y municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Para la expansión de la Red, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, celebrará con los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, los ayuntamientos, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y los sectores social y privado, los acuerdos de coordinación necesarios.

ARTÍCULO 7o. ...

I. y II. ...

III.Emitir normas técnicas y lineamientos para el desarrollo de las colecciones, la integración y el mantenimiento de los catálogos y la oferta de servicios de calidad en lasbibliotecas de laRed,y supervisar su cumplimiento;

IV. Contribuir a la selección, conformación y desarrollo de las colecciones de las bibliotecas de la Red, de acuerdo con los programas correspondientes, así como apoyar a las bibliotecas con dotaciones de colecciones en todos los formatos;

V.Dotar a las bibliotecas públicas, en formato impreso, digital y óptico, de colecciones de publicaciones informativas, recreativas y formativas catalogadas y clasificadas de acuerdo con las normas técnicas vigentes; así como de obras de consulta y publicaciones periódicas en todos los formatos, a efecto de que sus colecciones respondan a las necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada comunidad;

VI. a VII. ...

VIII. Apoyar a las bibliotecas de la Red para que sus materiales bibliográficos sean catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas de organización de información documentalautorizadas, a efecto de que los servicios bibliotecarios puedan ofrecerse con mayor eficiencia;

IX.Proporcionar el servicio de catalogación de acervos complementarios y apoyo técnico para el mantenimiento de los servicios informáticos y de redes tecnológicas de las bibliotecas integrantes de la Red;

X.Proporcionar entrenamiento, capacitación y actualización al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red, en materia de procesos, servicios y administración de los recursos y servicios documentales, físicos y tecnológicos que brindan a la población;

XI.Proporcionar asesoría técnica en materia bibliotecaria , informática y de redes tecnológicas a las bibliotecas incluidas en la Red, considerando la integración de bibliotecas electrónicas, digitales, virtuales y multimedia;

XII. a XVI. ...

ARTICULO 8 o. ...

I. y II. ...

III.Coordinar, administrar y operar la Red Estatal de Bibliotecas Públicas , asegurando que cuenten con materiales bibliográficos catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas establecidas, y supervisar su funcionamiento;

IV. ...

V.Asegurar de modo integral y conservar en buen estado las instalaciones , el mobiliario y equipo, y las colecciones, para que estén disponibles y accesibles para la población en todo momento;

VI. ...

VII.Nombrar, adscribir y remunerar a los bibliotecarios y al personal destinado a la operación de sus bibliotecas públicas , y promover su entrenamiento, capacitación y actualización en los contenidos y las prácticas bibliotecarias;

VIII.Difundir a nivel estatal los servicios bibliotecarios y las actividades afines a sus bibliotecas públicas, así como las colecciones multimedia y las bibliotecas digitales y virtuales;

IX.Dotar a sus bibliotecas de los locales, así como del equipo necesario para la prestación de los servicios, así como para su desarrollo y mejora, diversificando sus colecciones con contenidos regionales para comprender colecciones multimedia y bibliotecas virtuales;

X. Establecer un programa de protección civil obligatorio para las bibliotecas públicas; y

XI. Establecer, desde las bibliotecas públicas, actividades para la integración de las personas con alguna discapacidad, así como minorías lingüísticas y grupos vulnerables.

ARTICULO 8o Bis. Corresponderá a los Gobiernos de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren:

I. Conformar la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio y Delegación;

II. Velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas;

III. Mantener en operación los servicios generales de las bibliotecas públicas;

IV. Promover actividades educativas, cívicas, artísticas, sociales y culturales en las bibliotecas públicas;

V. Rescatar las tradiciones culturales, tanto orales como escritas, en todas sus formas, así como la memoria documental de su comunidad expresada en fotografías, videos, mapas, imágenes, folletos, hojas sueltas, dípticos, trípticos y cualquier otro tipo de soporte, para que sean integradas en repositorios digitales, bajo el resguardo de las bibliotecas públicas;

VI. Supervisar que las bibliotecas estén a cargo de bibliotecarios y que se cumplan las normas técnicas, requisitos de construcción, seguridad y protección civil;

VII. Supervisar que en las bibliotecas públicas haya salas infantiles;

VIII. Desarrollar un sistema de bibliotecas móviles multilingües de acuerdo a las necesidades de las comunidades, para proporcionar servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso;

IX. Constituir patronatos de apoyo a las bibliotecas públicas y establecer convenios con los sectores social y privado para el desarrollo y expansión de los servicios bibliotecarios; y

X. Realizar funciones análogas a las anteriores, que les permitan alcanzar sus propósitos.

ARTICULO 9o. El Consejo de la Red es el órgano consultivo, que llevará a cabo las siguientes acciones:

I. Presentar propuestas para mejorar los servicios que prestan las bibliotecas integrantes de la Red;

II.Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de los sectores social y privado, comunidades y personas interesadas en el desarrollo de la Red ;

III. Recomendar y opinar sobre las políticas públicas para el desarrollo de la Red;

IV. Sugerir mejoras al marco legal en materia de bibliotecas, fomento a la lectura y depósito legal;

V. Proponer mejoras a la organización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; y

VI. Ser órgano permanente de consulta en materia de desarrollo de colecciones, mejora de infraestructura y tecnologías de la información y la comunicación.

ARTICULO 11.Las bibliotecas pertenecientes a los sectores social y privado que presten servicios con características de biblioteca pública en los términos de la presente ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la Red, celebrarán con la Secretaría, con los Gobiernos de los Estados o con los Gobiernos de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, el correspondiente compromiso de adhesión, por el que se obligarán a aplicar las normas técnicas y los lineamientos correspondientes.

ARTICULO 14. Para el cumplimiento de sus propósitos, el Sistema promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:

I.Elaborar y mantener actualizado y disponible en medios electrónicos un directorio de las bibliotecas que se integren al Sistema, dicho directorio deberá contener los datos de ubicación, servicios proporcionados, horarios de servicio, tamaño y características de las colecciones, y bibliotecario encargado;

II. a VII. ...

Artículo 15.El Sistema Nacional de Bibliotecas tendrá un Consejo Consultivo Nacional que se integrará y funcionará de manera participativa conforme a las normas que emita la Secretaría de Educación Pública y desarrollará las siguientes acciones:

I. Promover la disponibilidad y accesibilidad de los recursos de información documental en las bibliotecas integradas al Sistema y su aprovechamiento en beneficio de la población;

II. Promover consultas entre los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, sobre colecciones, servicios bibliotecarios, tecnologías de información y comunicación, así como sobre otros temas que requieran atención;

III. Promover normas técnicas y lineamientos para el funcionamiento de las bibliotecas, así como estándares nacionales para el diseño, uso y aprovechamiento de la información en formato digital, que sean generados o adquiridos por las bibliotecas integradas al Sistema;

IV. Promover la coordinación efectiva de los procesos de planeación, financiamiento y evaluación de las bibliotecas integradas al Sistema;

V. Promover la realización de diagnósticos y evaluaciones de las bibliotecas del Sistema;

VI. Formular recomendaciones para lograr una mayor participación de los sectores social y privado, en el desarrollo del Sistema; y

VII. Promover la celebración de convenios y acuerdos, entre organismos nacionales e internacionales, para el desarrollo del Sistema.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las acciones que, en su caso, deba realizar la Secretaría de Educación Pública, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto se cubrirán con los recursos presupuestales, humanos, financieros y materiales con los que cuente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de septiembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para ello, se han registrado diversos oradores para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios. La diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; el diputado Hugo Roblero Gordillo, del PT; el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; el diputado Francisco Guillén, del Partido Verde; el diputado Mario Miguel Carrillo, del PRD; la diputada María Guadalupe Mondragón González; del PAN; y la diputada Adriana Fuentes Téllez, del PRI.

Y para fundamentar el dictamen tiene, a nombre de la comisión, la palabra el diputado Miguel Ángel Aguayo López.

El diputado Miguel Ángel Aguayo López:Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia, a la memoria de Jorge Herrera Delgado.

Honorable asamblea, a nombre de los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de este órgano parlamentario presento a su consideración el presente dictamen por el que se aprueba, en sentido positivo, con modificaciones, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.

La iniciativa fue presentada de manera coincidente por el diputado Jorge Herrera Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su recepción, la comisión se avocó al análisis y discusión de la misma, dado que se trata de una propuesta que impacta en varios artículos a la Ley General de Bibliotecas.

Los integrantes de la comisión coincidimos con el diputado proponente en que las bibliotecas son un vehículo de primera importancia para hacer frente a los fenómenos del analfabetismo y los deficientes hábitos de lectura de la población.

Hoy día existen en el país 7 mil 396 bibliotecas públicas, de las cuales 25 fueron instaladas entre los años 2013 y 2014. Sin embargo, el número de bibliotecas sigue siendo bajo para impulsar el fomento a la lectura, principalmente entre la población en situación de mayor rezago educativo.

El dictamen que hoy presentamos reforma 8 artículos y adiciona 5 artículos a la Ley General de Bibliotecas.

Se trata, sin duda alguna, de la reforma en materia de bibliotecas públicas más importante de esta Legislatura.

Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento al presidente de la comisión, diputado Jorge de la Vega Membrillo, por la confianza en hacer eco al deseo de Jorge Herrera Delgado, de que el suscrito fuera el que presentara este dictamen.

También a los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, quienes aprobaron por unanimidad este dictamen.

Jorge Herrera Delgado decía que las bibliotecas son recintos para la promoción de la cultura y las artes y la formación de ciudadanía. Así como pilares para el ejercicio de un amplio conjunto de derechos sociales, son un vehículo de primaria importancia para hacer frente a los fenómenos del analfabetismo y los deficientes hábitos de lectura de la población.

Los aspectos más importantes del dictamen son, en primer lugar: se adicionan como objetivos de la ley fomentar la conservación del patrimonio documental de las comunidades; establecer los criterios para orientar las políticas públicas de desarrollo bibliotecario y contribuir al establecimiento de servicios que consoliden a la biblioteca como un instrumento para la difusión cultural, la conformación de la memoria de las comunidades y el progreso educativo constante.

Se reforma en su totalidad el artículo 2o. para contemplar aquellas definiciones que son necesarias para la ley, como son los bibliotecarios, colecciones y servicios bibliotecarios, se transforma la política de desarrollo de colecciones para que la autoridad federal contribuya a la selección y conformación de acervos en función de las necesidades de las comunidades.

Se precisan con claridad las áreas de entrenamiento, capacitación y actualización del personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas. También se contemplan nuevas atribuciones de las autoridades estatales en materia de protección civil, así como de actividades para la integración de las personas con alguna discapacidad, minorías lingüísticas y grupos vulnerables.

Con la adición de un nuevo artículo 8o. Bis se prevé que las autoridades municipales realizarán funciones como la promoción de actividades educativas, cívicas y culturales en las bibliotecas públicas, el rescate de tradiciones culturales tanto orales como escritas, el establecimiento de salas infantiles y el desarrollo de un sistema de bibliotecas móviles multilingües, de acuerdo a las necesidades de las propias comunidades para proporcionar servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso.

Se adicionan acciones que deberá realizar el consejo de la red, entre las que están: recomendar y opinar sobre las políticas públicas y proponer mejoras a la organización de la red; también se establece que el Sistema Nacional de Bibliotecas deberá mantener actualizado y disponible en medios electrónicos un directorio completo de las bibliotecas.

Por último, se prevé que el sistema desarrollará acciones en materia de normas técnicas y lineamientos para el funcionamiento de las bibliotecas, coordinación de los procesos de planeación, así como la celebración de convenios y acuerdos entre organismos nacionales e internacionales.

Señoras y señores diputados. Con esta reforma la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone una reforma trascendente que actualiza y moderniza el marco jurídico que regula las bibliotecas públicas de este país.

Estamos ciertos de que su aprobación le dará al Estado mexicano instrumentos más eficaces para modernizar nuestras bibliotecas y por ello les pedimos su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Aguayo.

Hago notar a la asamblea que el dictamen que hoy se discute es una iniciativa que fue presentada por el diputado Jorge Herrera Delgado. En consecuencia este dictamen considerará el voto póstumo del diputado Herrera Delgado.

Antes de continuar con los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios sobre este dictamen, esta Presidencia y este pleno queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de una delegación del Comité de Presupuesto del Parlamento de la República Checa, encabezados por el señor Jan Bartoshev, vicepresidente de la Cámara de Diputados y del excelentísimo señor Lubomír Hladík, embajador de la República Checa en México.

Estos ilustres visitantes asisten a la instalación del Grupo de Amistad México-República Checa, y también a una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambas naciones y les desea una visita fructífera durante su estancia en nuestro país. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias.

Para continuar con el orden del día, tiene la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona, de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza y del mío, expresamos nuestro muy sentido pésame por el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo el diputado Jorge Herrera Delgado, quien fue el promovente de la iniciativa que votaremos en este momento. Acompañamos en su sentimiento a tan irreparable pérdida a su familia, amigos y al grupo parlamentario del PRI. Que descanse en paz.

Con la venia de la presidencia. Uno de los ejes rectores de Nueva Alianza es la educación, por ello nuestro voto es a favor del presente dictamen que busca fortalecer el papel de las bibliotecas públicas como motores del desarrollo educativo y cultural de las comunidades.

Es primordial impulsar entre la sociedad mexicana un acceso igualitario a la educación y la cultura, y en ese contexto acceder a la lectura formativa, informativa y recreativa.

Las bibliotecas son herramientas fundamentales para consolidar dicho objetivo, ya que a lo largo de los años en México se han emprendido importantes esfuerzos desde distintos ámbitos para impulsar el hábito de la lectura en todo el país.

Precisamente uno de estos esfuerzos es la iniciativa en comento, pues propone fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, establecer criterios generales para orientar las políticas públicas y consolidar a la biblioteca como instrumento para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos conveniente la creación de un programa nacional de desarrollo bibliotecario que vaya armonizado y en congruencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y vinculado al ejercicio presupuestal correspondiente, además de permitir la participación de particulares y los convenios con organismos nacionales e internacionales.

Sabemos que el mundo está en constante cambio y las nuevas tecnologías son imperantes para estar a la vanguardia. Por ello consideramos que la modernización de las bibliotecas públicas del país es una labor que no admite demora alguna.

Coincidimos plenamente en la importancia de que se establezcan los patronatos que faciliten la difusión de una cultura lectora multilingüe en las comunidades más alejadas. Resaltamos los beneficios de establecer, desde estos espacios públicos, la integración de las personas con alguna discapacidad, lo que es un paso firme para lograr una sociedad incluyente que no deje espacios para cualquier discriminación.

Compañeras y compañeros: está comprobado que los países con mayor crecimiento económico son aquéllos que han podido incrementar su desarrollo en áreas de educación, y en ese sentido la modernización de las bibliotecas es fundamental.

Tenemos la responsabilidad de construir sociedades más equitativas y capaces de proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Rincón Chanona. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro distinguido compañero Jorge Herrera Delgado, quien fuera el promovente de esta iniciativa e integrante de la Comisión de Educación y Servicios Educativos. Nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y con su grupo parlamentario.

En nuestro grupo parlamentario, saludamos este esfuerzo tanto del extinto diputado promovente como de nuestra Comisión de Educación por presentar un documento que viene a actualizar y fortalecer la función de las bibliotecas públicas en el país como impulsoras del desarrollo educativo y cultural del pueblo mexicano.

Es conocido que la falta de recursos en los hogares impide en no pocas ocasiones que los padres de familia adquieran un diccionario, un libro de consulta de texto para acrecentar su patrimonio cultural, personal y con ello den respuestas a las preguntas que a diario se formulan, ya sea como una demanda de conocimiento o por requerirlo así los estudios que realizan.

Es aquí cuando entran en operación las bibliotecas públicas que vienen a resolver la falta de libros, en general de texto, revistas, periódicos y demás insumos, que permite a esos mexicanos incrementar su acervo cultural y educativo del que el país requiere con mayor urgencia para dejar de lado la falta de educación, que hace que los mexicanos permanezcan en un marasmo indeseable y que hacen un caldo de cultivo de la ignorancia en que viven miles de ciudadanos.

No debe olvidarse en este aspecto que México tiene un rezago educativo de más de 33 millones de habitantes, que demandan urgentemente políticas en el ramo educativo y donde destaca un número intolerable en pleno siglo XXI de más de 100 millones de personas analfabetas.

Es por ello que la iniciativa en comento, al proponer adicionar como objetivo de la ley vigente fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental de los mexicanos, al establecer criterios generales para orientar políticas públicas y consolidar en suma a la biblioteca como instrumento para la difusión cultural, el fortalecimiento de la memoria comunitaria y el progreso educativo, se está legislando en aras del mejoramiento de la vida de los mexicanos.

Como se advirtió anteriormente, el contenido del documento en referencia viene a reforzar el marco normativo actual, sobre todo en lo que se refiere a las facultades que se otorgan a las autoridades individualmente y en su conjunto.

En ese sentido la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos llevó a cabo un trabajo de análisis y conceptualización que da el espacio a adicionar, modificar, suprimir conceptos que se consideraron necesarios y viables como un acuerdo con el diputado promovente.

En la iniciativa se prevé modificar el articulado en el que aparece la definición de biblioteca para adicionar las correspondientes Asociaciones de bibliotecarios, Colecciones, Bibliotecarios, Ley, Red, Secretaría, Servicios Bibliotecarios y Sistema, que hacían falta para redondear la idea central del artículo 2o. del ordenamiento referido.

Se introdujo la creación del Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario, que habida cuenta que en la Carta Magna se establece un sistema de planeación democrática, facultando el Ejecutivo federal para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y que en el propio texto central se menciona que el propio Ejecutivo tiene facultad para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo.

Nos lleva que en el artículo 22 de la Ley de Planeación indique los programas institucionales que deban ser elaborados, por lo que la propuesta no tiene materia para ser legislada en la iniciativa en comento.

Presupuestalmente el promovente hizo una precisión, que dadas las previsiones legales previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la posibilidad de una disminución de la partida asignada al tema resulta innecesario, por lo que fue eliminada de la propuesta.

La Comisión hizo modificaciones que resultan ser de forma para puntualizar conceptos en la iniciativa. En mérito de lo anterior, una vez efectuadas las modificaciones aludidas en el dictamen en referencia, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la propuesta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señor diputado Roblero Gordillo, y tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. El Estado mexicano está comprometido constitucionalmente a dotar de educación a toda la población, pero la educación no solamente son las aulas o los programas educativos en sus diferentes niveles, sino que es proveer cultura, conocimiento y también contar con la infraestructura de bibliotecas suficientes para que cualquier mexicano, cualquier persona hombre o mujer puedan abrevar el conocimiento.

Los libros y las bibliotecas como el lugar donde se cuida este acervo, no solamente implican juntar o coleccionar papeles, no son archivos, son instancias que tienen la memoria viva de los pueblos a través de las letras, de la literatura, de la historia, de las biografías y de los diferentes géneros que constituyen el saber humano.

Nosotros apoyamos desde luego esta propuesta, pero creemos que no solamente es bibliotecas, es la esencia del conocimiento y tenemos un gobierno que menosprecia el conocimiento, menosprecia la lectura, menosprecia los libros y sobre todo menosprecia la historia, y cuando se escriba la historia de estos años se podrá entender que fueron tiempos aciagos, tiempos de entrega del patrimonio nacional, tiempos de corrupción, tiempos de represión y tiempos de intensa movilización social para un cambio de fondo en la vida pública del país.

Movimiento Ciudadano no acepta el regateo de minutos en el debate parlamentario, el trueque para amordazar la máxima tribuna de la nación ni estamos de acuerdo en que se pretenda enmudecer esta Cámara u otorgar como migajas algunos minutos para el desahogo de posicionamientos políticos.

Ni en la reforma energética ni en la reforma educativa ni en la reforma laboral hubo esta pretensión de callar las voces opositoras en la Cámara de Diputados. En la reforma educativa incluso se sesionó en un banco. En la reforma energética se amuralló con policías y soldados este recinto y se sesionó toda la noche del día 12 de diciembre. Pero hoy el pecado es decir las verdades de la corrupción presidencial y es ahí donde no les gusta lo que decimos, porque estamos hablando por el pueblo de México.

A nosotros no nos interesan los acuerdos parlamentarios por encima de lo que quiere el pueblo de México. Y hoy, según una encuesta del periódico Reforma, el 13 por ciento solamente creyó la versión de la esposa del presidente de la República sobre la casa blanca de Las Lomas de Chapultepec, que está ubicada ahí, este monumento a la impunidad y a la corrupción.

Por eso nosotros planteamos el día de ayer que se creara una comisión especial para revisar la legalidad y la ausencia de conflictos de interés en el otorgamiento de contratos por parte del gobierno federal al Grupo HIGA y empresas relacionadas. Y se prohibió que se votara en la Junta diciendo que ya hay muchas comisiones, pero no se dijo lo mismo cuando la Comisión de Sonora, no se dijo lo mismo cuando la Línea 12, o Iguala y nosotros las apoyamos porque son temas de interés público. Pero no se traten las corruptelas de Enrique Peña Nieto, porque vienen a pedirnos y a prohibir que hagamos uso de la palabra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Es paradójico que se quiera crear...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado Mejía, permítame.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Permítame, voy a concluir, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputados, el diputado va a concluir su intervención sobre el dictamen e inmediatamente después del dictamen viene agenda política. Señor diputado Mejía, para que pueda expresar lo que usted considere pertinente.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Artículo 61 constitucional. Los diputados no pueden ser reconvenidos en sus expresiones. Cuando se habla de esta corrupción vienen los intentos porriles de amordazar y silenciar la voz en la tribuna.

Y yo quiero comentar, señores diputados del PRI que traen la piel muy sensible, cómo pueden pretender crear una comisión de Estado para la legalidad y el Estado de Derecho, cuando no quieren que se cree una comisión para revisar la legalidad de los contratos del prestanombre de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa. Eso es contradictorio, es pura demagogia, es pura propaganda y no nos van a callar ni van a reprimir al pueblo de México y a sus representantes. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Yo no reconvení al diputado, le pedí que se ajustara al tema. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, para fijar la postura del Partido Verde Ecologista.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su venia, diputado presidente. A la memoria de nuestro amigo Jorge Herrera Delgado. La libertad, la prosperidad y el desarrollo de una nación, son valores que sólo pueden alcanzarse con ciudadanos bien informados, capaces de ejercer de forma plena sus derechos civiles y desempeñar adecuadamente su rol dentro de la sociedad.

La consolidación de los estados democráticos depende, en buena medida, de la educación y de la posibilidad que tengan los ciudadanos de acceder de forma libre e ilimitada al conocimiento, a la información y a la cultura.

La adquisición de las habilidades necesarias para leer y escribir representa un paso obligado del conocimiento y constituye un requisito básico para la educación permanente. Además, estas destrezas resultan fundamentales para que las personas y los grupos sociales puedan tomar decisiones con total autonomía.

No obstante, la importancia de la alfabetización en el mundo de hoy, las naciones no pueden conformarse con enseñar a su población a leer y escribir, pues la sociedad del conocimiento exige la formación de lectores capaces de comprender a cabalidad lo que leen, además de poder adoptar una posición crítica frente a ello.

Se trata pues de formar lectores de calidad, lo cual depende, en buena parte, de la eficacia y las dimensiones del aparato y la infraestructura que sostiene la lectura.

Es decir, del personal capacitado para promover la misma y para facilitar el acceso de la población a los libros. Así como de la cantidad de bibliotecas, salas de lectura y otros espacios adecuados para leer que existen en un país.

Los principales objetivos de las bibliotecas públicas son facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios, con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal, comprendidas igualmente actividades intelectuales de entretenimiento y ocio.

Tal es la importancia de la biblioteca pública que la propia Unesco elaboró un manifiesto en el cual proclama su convicción de que dichos espacios son una fuerza viva de la educación, la cultura y la información. Motivo por el cual exhorta a las autoridades nacionales y locales a apoyar el establecimiento de bibliotecas públicas y salas de lectura por todo su territorio.

Pero el reto de formar lectores habituales y autónomos no solo requiere de la multiplicación de los espacios de lectura, muy necesario en un país tan extenso y diverso como el nuestro, sino que plantea la necesidad de fortalecer la función de la biblioteca pública para que atienda mejor a sus usuarios más frecuentes, que son los jóvenes estudiantes y académicos, pero también para que incremente su capacidad de atraer a otros sectores de la población y logre interesarlos en la lectura.

Es necesario convertir a las bibliotecas públicas en espacios de encuentro vivencial con los libros en condiciones adecuadas de comunidad y calidad para todos sus usuarios, para lo cual es indispensable revisar la Ley General de Bibliotecas, documento que data del año de 1988, y que solo ha sido reformado una vez desde su creación.

Diversos especialistas en el tema venían señalando que el marco jurídico de las bibliotecas en nuestro país requería reformas urgentes para adecuarlo a las nuevas necesidades de los usuarios, derivado fundamentalmente de los cambios que las nuevas tecnologías han impulsado en todo el mundo.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebramos que el decreto del dictamen puesto a consideración del pleno incluya modificaciones encaminadas a establecer los criterios generales para orientar las políticas públicas en materia de desarrollo bibliotecario y difusión del conocimiento y la cultura a través de las bibliotecas, así como la adopción de medidas para contribuir a la constitución de servicios bibliotecarios que consoliden a la biblioteca pública como un instrumento para la difusión cultural y el progreso educativo constante de las y los mexicanos.

Debe destacarse también la obligación que se le impone a la SEP de proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario lo cual permitirá apuntar con objetivos, estrategias y metas claras en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias por su atención.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Guillén Guillén. Tiene el uso de la palabra, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta: Compañeras diputadas, compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por mi conducto ofrece sus respetos al diputado Jorge Herrera Delgado, recientemente fallecido, y sus más profundas condolencias a sus familiares y amigos; que descanse en paz el diputado.

El presente dictamen contiene un buen número de reformas a la Ley General de Bibliotecas que en el fondo intentan reconocerles la importancia que tienen como instrumento de difusión del conocimiento y de la cultura previendo mejores condiciones para su operación.

Quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya mencionaron el cúmulo de nuevas disposiciones, todas en la dirección de ofrecer a la población bibliotecas modernas y eficientes a través principalmente de las gestiones de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo federal; sin embargo mencionaré algunas que me parece destacables.

Por ejemplo, la fracción X del artículo 8o. que propone establecer un programa de protección civil obligatorio para las videotecas públicas; o la fracción XI de ese mismo artículo, que mandata establecer actividades para la integración de personas con alguna discapacidad así como minorías lingüísticas y grupos vulnerables; o el nuevo artículo 8o. Bis en cuya fracción IV se ordena promover actividades educativas, cívicas, artísticas, sociales y culturales en las bibliotecas públicas o, bien, su fracción V que indica rescatar las tradiciones culturales tanto orales como escritas, así como la memoria documental de su comunidad expresada en fotografías, vídeos, mapas, imágenes, folletos, hojas sueltas, etcétera, cualquier otro tipo de soporte, para que sean –el etcétera no está en el dictamen, ése es mío–, integrados en repositorios digitales bajo el resguardo de las bibliotecas públicas.

Pero quizá la disposición más destacable del dictamen está en la fracción VIII de este nuevo artículo 8o. Bis, que ya mencionó la diputada Rincón Chanona, que obliga a desa-rrollar un sistema de bibliotecas móviles de acuerdo a las necesidades de las comunidades para proporcionar servicios bibliotecarios a las localidades de difícil acceso. Es muy destacable esta previsión.

En suma, es de destacar el trabajo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta honorable Cámara que revisó y complementó la iniciativa del diputado promovente. Sin embargo me deja, a mí en lo particular, por lo menos con dos preocupaciones.

La primera preocupación es que las reformas consideran solamente a una de las dos partes que intervienen en la difusión del conocimiento y la cultura a través de las bibliotecas. Es decir, atiende a la provisión de los servicios bibliotecarios pero no considera a los usuarios de estos servicios.

Por ejemplo, contempla el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito administrativo, pero no contempla para que los usuarios accedan a los conocimientos de los repositorios a través de estas nuevas tecnologías.

Si de por sí las bibliotecas no son muy atractivas y de por sí los libros impresos tampoco ya son muy atractivos, entonces tenemos que hacerlas atractivas a través de la posibilidad de que los usuarios utilicen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para acceder a ese conocimiento y a esa cultura que se quiere promover.

La segunda preocupación es que en su artículo segundo transitorio el dictamen instruye a la Secretaría de Educación Pública a realizar todas las actividades derivadas de las reformas con el presupuesto que ya disponga.

Es decir, no se propone a esta soberanía ningún mecanismo que asegure su cumplimiento, sobre todo por esa dependencia. Es más, el proviso propuesto por el promovente de que no se les disminuyeran las asignaciones de recursos a las bibliotecas del país, no sobrevivió en el dictamen que estamos discutiendo. Todas las prioridades las continuará decidiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este país.

No obstante, en el Grupo Parlamentario del PRD, consideramos que el presente dictamen reúne las previsiones necesarias para ofrecer a la población un sistema moderno y eficiente de servicios bibliotecarios, por lo que vamos a votar a favor, y les convocamos a ustedes a hacer lo propio. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Carrillo Huerta. La diputada María Guadalupe Mondragón González fijará la postura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Guadalupe Mondragón González:Con su venia, señor presidente. Amigo y compañero Jorge Herrera, tu legado es trascendente y trascenderá en esta Legislatura. Gracias por tu trabajo en la Comisión de Educación, como compañero y amigo, y amigos se cuentan a muy pocos. Tu legado y tu memoria quedarán por siempre en los mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores, la infraestructura cultural comprende el conjunto de instalaciones y espacios físicos, así como su equipamiento y recursos materiales en el que se ofrecen a la población los servicios y el acceso a los bienes culturales, es decir, la conforman los bienes muebles que dan cabida a las múltiples y diversas expresiones y servicios artísticos y culturales del país que requieren por sus propias características, de espacios que de manera natural originen procesos de crecimiento e impacto social.

Las bibliotecas públicas forman parte de estos importantes espacios culturales. Actualmente el país cuenta con 22 mil 630 bibliotecas, de las cuales 7 mil 388 integran la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Desde el punto de vista de la infraestructura, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas está constituida por espacios de una gran heterogeneidad en términos de dimensiones, diseño, servicios y estado de conservación.

Cabe hacer mención que la gran mayoría de las instalaciones correspondes a los estados y municipios responsables de su conservación y sustento. Ésta es una muestra de que en las acciones en materia de mantenimiento, remodelación, ampliación, renovación y enriquecimiento de los espacios y acervos pertinentes o pertenecientes a las bibliotecas públicas, deben existir trabajos coordinados entre los gobiernos: federal, estatales, del Distrito Federal y municipales.

Ciertamente no debemos omitir que la mejor de las bibliotecas implica también su renovación conceptual a la luz de los cambios tecnológicos, el diagnóstico de necesidades de la población a la que sirven y las posibilidades que ofrecen como recintos culturales para otros tipos de manifestaciones creativas.

Cabe resaltar que entre las obligaciones de los gobiernos de los estados se incorpora que deben establecer un programa de protección civil obligatorio para las bibliotecas públicas y actividades para la integración de las personas con alguna discapacidad, así como minorías lingüísticas y de grupos vulnerables.

Es así que los gobiernos municipales y del Distrito Federal, con sus correspondientes demarcaciones, deberán conformar la red de bibliotecas públicas municipales y las delegaciones tendrán que velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas, supervisar que las bibliotecas están a cargo de bibliotecarios y que se cumplan las normas técnicas, requisitos de construcción, seguridad y protección civil, entre otras acciones.

Compañeras y compañeros: en este orden de ideas, los diputados y las diputadas de Acción Nacional daremos nuestro voto a favor del dictamen que nos ocupa. Estamos convencidos de que estas reformas representan un esfuerzo especial en el fortalecimiento y la consolidación de la red nacional de bibliotecas públicas, lo que sin duda es una medida sustantiva para el fomento a la lectura. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Mondragón González.

Saludamos la presencia de estudiantes del CETI número 12, Delegación Civac, de Jiutepec, Morelos, invitados por el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del PRI, para fijar la postura correspondiente.

La diputada Adriana Fuentes Téllez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en primer término permítanme expresar a nombre mío y de todos mis compañeros diputados del Grupo Parlamentario del PRI nuestro profundo pesar por el fallecimiento de un hombre que supo siempre anteponer el interés superior a la nación por encima de cualquier otro interés individual o de grupo. Me refiero a nuestro compañero diputado Jorge Herrera Delgado, quien lamentablemente perdió su última batalla contra un fantasma que no distingue género, clase o religión, me refiero al cáncer.

Jorge Herrera Delgado fue un compañero solidario parlamentario experimentado, político comprometido y funcionario identificado que enarboló siempre las banderas de una mejor y mayor educación.

A lo largo de su amplia trayectoria pudo exponer e impulsar cambios en beneficio siempre de este sector; como diputado local en dos ocasiones, como presidente municipal de la ciudad de Durango, como secretario de Educación de su estado y como diputado federal en esta legislatura. Su disposición, su trabajo y disciplina fueron características que siempre lo distinguieron en su ámbito profesional.

Siempre es lamentable la pérdida de un ser humano, porque con él se detienen sueños, proyectos y anhelos que buscan, en este caso, un beneficio para la sociedad y, por tanto, un beneficio para México.

A nombre de todos los que integramos el Grupo Parlamentario del PRI, rindo este pequeño homenaje pero muy sentido, al compañero y amigo Jorge Herrera Delgado, a su esposa, hijos, familia en general nuestro más sentido pésame.

Jacques Bénigne Bossuet, afirmaba –y con razón– que las bibliotecas son el tesoro de los remedios del alma, toda vez que ahí se cura ésta, me refiero a la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás.

Una herramienta que permite tener un acervo de consulta es la biblioteca, ya que es el espacio físico que induce a la población adquirir, transmitir y elevar el conocimiento en todas las ramas del saber, haciendo hincapié en que además contiene colecciones hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, así como digitales.

En nuestro país la Red Nacional de Bibliotecas señala que existen 7 mil 388 bibliotecas públicas, que se encuentran establecidas en 2 mil 281 municipios y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

No es ocioso señalar que el establecimiento y crecimiento de esta red tuvo dos momentos importantes, el primero, durante la estancia de José Vasconcelos en el despacho de la Secretaría de Educación Pública y, el segundo, durante el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid.

Los diputados priistas apoyamos que se amplíe el objeto de la ley para que se fomente la conservación del patrimonio documental de las diversas comunidades que conforman la nación, así como el establecimiento de los criterios destinados a orientar las políticas públicas en materia de desarrollo bibliotecario.

Es pertinente que la ley incluya conceptos, como son: bibliotecario, colecciones, servicios bibliotecarios, con el objeto de evitar posibles lagunas jurídicas en la interpretación de la ley.

En lo relativo a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas consideramos oportuno que se delimite cuáles son las funciones que le corresponden a la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de los estados, los municipales, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, además de que se deben, amplíen y especifiquen las acciones que lleva a cabo el Consejo de la Red y Sistema Nacional de las Bibliotecas para fortalecer la organización, supervisión, conservación, disponibilidad y accesibilidad de las bibliotecas públicas del país en beneficio de la población.

Por todo esto es que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, para fortalecer y actualizar el marco jurídico que regula el establecimiento, sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas, con el objeto de aportar elementos que eleven el desarrollo de su importante función educativa y cultural.

No quiero cerrar mi intervención sin dejar recordar a Jorge Luis Borges cuando señalaba lo siguiente: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Fuentes Téllez.

Previo a pasar a la discusión en lo general del dictamen que justamente se está discutiendo deseo darle la bienvenida a jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Bienvenidos, bienvenidas. Han sido invitados por el señor diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de esta Cámara de Diputados, con el reconocimiento a su interés en la participación de los trabajos de este pleno. Muchas gracias por su visita.

Para la discusión en lo general y con apoyo en el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Fernando Belaunzarán Méndez. Hasta por tres minutos, señor diputado.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sí, diputada, dígame con qué objeto.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Es algo que creo que no puedo omitir, y es el hecho de reconocer la enorme persona que es Jorge Herrera, que fue Jorge Herrera, nuestro compañero, nuestro colega diputado y un amigo muy querido.

Ciertamente, a pesar de ser de un partido distinto al que yo pertenezco como parte del grupo parlamentario, él siempre se mostró abierto, cordial, fue una persona que trató de cohesionar, de buscar acuerdos. Ojalá todos aprendamos de estas acciones que nuestro compañero Jorge Herrera Delgado dejó como un legado.

Para mí Jorge está siempre vivo y seguirá conmigo en mi corazón. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Carpinteyro, en esta reflexión compartida, y que además queda en antecedentes. Tiene el uso de la palabra, diputado Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Es cuanto. Perdón, con su venia... es cuanto lo que dijo la diputada. Nada más me falta ahora desarrollar la idea.

Por supuesto que suscribo plenamente lo que dijo la diputada Purificación Carpinteyro de nuestro compañero Jorge Herrera. Lo pudimos tratar en varias ocasiones, era un caballero, una persona de gran trato, muy respetuoso, muy accesible y por supuesto que lo vamos a extrañar, y mis condolencias para su familia.

La iniciativa que presentó el diputado Jorge Herrera es importante, fortalece por supuesto la cultura. El fortalecer el sistema de bibliotecas es algo que tenemos que respaldar, necesitamos mejorar nuestro nivel educativo, nuestro nivel cultural y es básico.

A veces se piensa sólo en las soluciones macro y descuidamos las pequeñas cosas que pueden ser fundamentales, importantes para distintas comunidades, como tener acceso a nuevas tecnologías en esta sociedad de la información, eso es fundamental y, por lo tanto, iremos a favor de esta buena iniciativa.

Pero así como tenemos que ver estas pequeñas cosas fundamentales para distintas comunidades, como fortalecer el sistema de bibliotecas, tenemos también que pensar cómo le damos salida a la gran crisis en la que está el país. Esa es –creo– nuestra gran tarea constitucional, encontrar soluciones a los problemas. Y para encontrar las soluciones a los problemas primero tenemos que diagnosticarlos bien, adecuadamente. Por eso digo y creo que el primer paso es aceptarla en su dimensión, la crisis en la que estamos, una crisis de las instituciones.

Creo –me parece y saludo– que ya muy pocos hablan de que la crisis sea Iguala, sea Cocula, sea Ayotzinapa. Ese fue el detonante, la crisis es general, hay un tremenda desconfianza de la sociedad en sus instituciones, en la clase política, ¿cómo vamos a entrar así?

Por supuesto, se anuncia que el jueves se presentarán importantes iniciativas sobre el sistema de justicia, el Estado de derecho en México tan lastimado. Perfecto, veamos eso. Pero si no arreglamos o no entramos al problema de legitimidad y de credibilidad del sistema político mexicano, me parece que haremos quizá un esfuerzo de no dado, pero con magros resultados.

¿Cómo podemos darle de nuevo credibilidad y legitimidad a las instituciones? Ya ha salido la propuesta, la hemos dicho desde hace tiempo, que podamos hacer una nueva Constitución y quizás ahí pueda ser un momento para renovar el pacto social, para fortalecer a las instituciones, para darles credibilidad a estas instituciones.

Entonces, llamo a que pensemos, ¿cómo le damos una salida institucional al descontento? Porque si no somos capaces de darle una salida institucional al descontento, perdón, estaremos entonces abonando a ahondar la crisis y a que lo que pueda surgir quizá sea el caos. Esa es nuestra obligación, son tiempos inéditos, busquemos soluciones en la profundidad, a la medida de esto.

Simplemente –para concluir mi participación en esta ocasión– decir que me parece que hablando de valores cívicos, hablando de cultura, hablando de educación, la marcha del 20 de noviembre fue ejemplar, fue maravillosa, fue espontánea y fue en muchos lados del mundo.

Por supuesto que hubo una acción global por Ayotzinapa y se movilizó la gente en su inmensa mayoría de manera pacífica y cívica reclamando cambios y ejerciendo sus derechos.

Es cierto y es reprobable que una minoría, un puñado de gente que hay que averiguar quién puede estar detrás de ellos, si son acelerados, si son infiltrados, si son financiados, habrá que investigar, generaron una violencia.

Y también hay que decirlo, la policía cometió algunos abusos y esos abusos tienen que ser sancionados, tiene que haber un deslinde de responsabilidades, porque el ejercicio de los derechos fue ejemplar y no puede ser violentado o borrado por un puñado de violentos ni tampoco por los abusos policiacos que, insisto, tienen que ser reconocidos, deslindados y las injusticias tienen que echarse para atrás.

Si hay presos injustamente detenidos tienen que ser puestos en libertad y quienes hayan participado en estos hechos tienen que ser juzgados sin que violen sus derechos procesales. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Belaunzarán.

Damos la bienvenida a alumnos y a alumnas de la preparatoria Unidad Educativa Blandina Torres de Marín, de San Andrés Cholula, Puebla, a invitación del señor diputado Julio César Lorenzini Rangel. Gracias por su visita y su interés de los trabajos de esta Cámara.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Abel Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen. Adelante, diputado, hasta por tres minutos.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda alguna que nuestro compañero y amigo Jorge Herrera Delgado, compañero de batallas, de luchas, se ha ido de manera prematura e injusta, pero resulta injusto que una persona no pueda ver el resultado de sus obras, de sus creaciones, de sus propuestas.

Jorge nos ha abandonado en medio de la plenitud que otorgan el trabajo, el conocimiento y la experiencia de vida y es por ello una partida que nos duele, que nos duele doblemente.

Para él la política no era un trabajo, sino una pasión que llevaba en la sangre. La pasión de servir y de contribuir con su esfuerzo, con su talento, con su creatividad, a construir un México mejor, a construir para los mexicanos mejores condiciones y mayores oportunidades, y la prueba de ello es el resultado de esta iniciativa que hoy vemos en el planteamiento de un dictamen, al cual votaremos los diputados del PRI a favor, porque es sin duda alguna un dictamen que propone y que plantea el enriquecimiento del acervo cultural, histórico y bibliográfico que debe precisamente llegar ahí, a las comunidades y a los pueblos más marginados, a los niños y a los jóvenes que deben tener el acceso, precisamente, a todos estos instrumentos que indudablemente habrán de abrirles las puertas del conocimiento y las oportunidades para su desarrollo.

Pero debo también, amigas y amigos legisladores, decirles que en el PRI hemos permanentemente impulsado el debate, el debate en un marco de la legalidad, en donde prevalezca por encima de cualquier cosa, justamente el respeto a nuestras leyes y el respeto a los reglamentos que le dan orden, le dan sentido y le dan causa al espíritu fundamental de esta Cámara de Diputados, que es confrontar ideas, hacer planteamientos que vengan a nutrir y a enriquecer la posibilidad de que nuestro país crezca, se desarrolle y se fortalezca en un marco de igualdad, en un marco de respeto, pero fundamentalmente, en un marco en el que en todo momento se privilegie el atender y el resolver los grandes problemas y las grandes necesidades que tiene nuestra población. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Salgado Peña. También para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario de PRI y hasta por tres minutos.

Hablará en su lugar el señor diputado Salvador Romero, ¿es así? Adelante.

El diputado Salvador Romero Valencia:Diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy rendimos un emocionado homenaje a uno de los grandes legisladores de este país, a un político cuyos valores y códigos de ética intachables le permitieron constituirse como un referente legislativo para todos los ciudadanos.

Hoy venimos a votar en favor y a apoyar este noble dictamen impulsado por nuestro extinto compañero Jorge Herrera, que reviste una especial importancia para incrementar el nivel educativo y cultural de los mexicanos. Cuánta falta nos hace que nuestros niños, adolescentes y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su acervo cultural.

Y además rendimos homenaje al extraordinario sentido democrático de Jorge Herrera, él nos enseñó que esta tribuna y este pódium está abierto para todos los que creemos en la libertad, que esta tribuna y este pódium está abierto para todos los que creemos en la pluralidad y en el sentido más profundo de la democracia.

Él nos enseñó con su actuar a respetar las diferencias que siempre serán legítimas y siempre deberán ser escuchadas y ser atendidas en un marco de respeto. En homenaje a Jorge Herrera y en el marco del debate de agenda política que se llevará a efecto en unos instantes más, exhortamos e invitamos a todas y todos los legisladores a conducirnos en apego al Reglamento y a honrar el privilegio de hacer uso de ésta, la máxima tribuna de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Salvador Romero. Con apoyo en el artículo 104, fracción VIII del Reglamento y en atención a que los registros que tiene esta Presidencia en funciones, ha sido todos de oradores en favor, instruyo a la Secretaría para que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputada Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Presidente, para subir a hablar en contra, por favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada, he citado el artículo 104, fracción VIII y su grupo parlamentario tiene conocimiento que se había registrado a favor, por eso estoy instruyendo a la Secretaría. Si la asamblea acepta, es decir, establece que no está suficientemente discutido, con todo gusto le daré el uso de la palabra, diputada. Permítame que la Secretaría continúe. Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido.

En atención a que no tiene esta Presidencia reserva alguna para la discusión en lo particular del dictamen en cuestión, proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recibirla en lo general y en lo particular. Adelante por favor, secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Señor presidente, se emitieron 374 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría se incorpore íntegro en el Diario de los Debates el documento presentado. ¿Quiere usted decirlo, diputada? La diputada Huidobro; sonido ahí, por favor.

La diputada Zuleyma Huidobro González(desde la curul): Gracias, presidente. Sí, es para que pueda ser incluido en el Diario de los Debates mi participación, porque por supuesto que estábamos de acuerdo en la iniciativa que presentó el diputado Jorge Herrera Delgado, quien descanse en paz.

Sin embargo, tampoco puedo dejar de decir que en esta Cámara de Diputados existe una excelente biblioteca y que está claro que con o sin dictamen la misma necesita presupuesto adicional, por lo que se solicita también al Comité de Administración de la misma Cámara que tome en cuenta esta solicitud para que no solamente esta iniciativa del diputado Jorge Herrera Delgado, empezando por la Cámara de Diputados, quede en letra muerta.

Y por otra parte, nosotros queremos saber por qué el gobierno federal rechazó el Archivo Histórico de Gabriel García Márquez, por qué se tuvo que mandar a Texas y con qué van a justificar eso. Espacios para el Archivo Histórico de la Biblioteca de Gabriel García Márquez, claro que existen en nuestro país y claro ejemplo está, ahí está la Ciudadela

Es increíble que nosotros o que el gobierno federal no le apueste a la cultura en nuestro país, que no le apueste a sus jóvenes ni a sus estudiantes. A lo único a lo que le apuesta es a la corrupción. Muchas gracias.

«Intervención de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de MC.

Gracias, Presidente. Sí, es para que pueda ser incluido en el Diario de los Debates mi participación, porque por supuesto que estábamos de acuerdo en la iniciativa que presentó el diputado Jorge Herrera Delgado, quien descanse en paz.

Sin embargo, tampoco puedo dejar de decir que en esta Cámara de Diputados existe una excelente biblioteca y que está claro que con o sin dictamen la misma necesita presupuesto adicional, por lo que se exhorta al Comité de Administración de la misma Cámara que tome en cuenta esta solicitud para que esta iniciativa, empezando por la Cámara de Diputados no quede en letra muerta.

Y por otra parte si los diputados del PRI quieren debate, a nosotros sí nos interesa saber ¿por qué el Gobierno federal rechazó el archivo histórico de Gabriel García Márquez? Ahora, ¿con qué van a justificar esto? y sí, una vez más el Gobierno federal demuestra que no le apuesta a la cultura en nuestro país, como tampoco le apuesta a sus estudiantes y a sus jóvenes.

El Gobierno federal a lo único a lo que le apuesta es a la corrupción y a la represión. Muchas gracias.

México, DF, a 25 de noviembre de 2014.— Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrado el documento, como usted lo ha solicitado y su intervención en el Diario de los Debates.

Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Agustín Miguel Alonso Raya, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVI, 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 3 al artículo 47 y se adiciona el artículo 56 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al siguiente

I. Planteamiento del problema

El interés de crear la Unidad de Igualdad de Género radica también en la necesidad de establecer acciones y mecanismos que permitan transformar las resistencias internas que prevalecen en torno a la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer cotidiano de este órgano legislativo, creemos que es una oportunidad para erradicar las prácticas laborales y la cultura organizacional que perpetúan la discriminación, el trato desigual así como el hostigamiento laboral y sexual que ha permeado ya en diversas áreas de trabajo.

A través de la Unidad de Igualdad de Género, se pretende encontrar un equilibrio en el trato y en el acceso a oportunidades entre mujeres y hombres, basado en sus capacidades y no en razón del género.

Significa contar con una instancia capaz de realizar acciones orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y de resultados facultada para incidir en la normatividad administrativa desde una visión de género que propicie en todo momento un clima laboral igualitario en el marco del respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres.

II. Argumentos

La importancia de contar con unidades de género en las instituciones de la administración pública federal ha sido acreditada por el Instituto Nacional de las Mujeres, quien ha referido que “La existencia de Unidades de Género en la Administración Pública Federal (APF), centradas en promover e implantar una cultura organizacional con enfoque de género y sin discriminación, y en lograr que la transversalidad de género se incorpore de manera permanente al diseño, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas institucionales, posibilita la articulación y da mayor coherencia a la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer del estado, con miras a la construcción de igualdad sustantiva”.

La presente iniciativa responde también a la necesidad de crear una instancia que atienda a lo que el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado, cuando dice que “La instauración y consolidación de Unidades de Género en la APF, bajo criterios homogéneos en relación con su estructura, atribuciones, funciones, capacidad de decisión, líneas de acción y vínculos de coordinación a establecer, da lugar a la conjunción de esfuerzos en torno a objetivos comunes y, permite avances  significativos en la incorporación e institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género.”

La presente iniciativa obedece asimismo a los criterios internacionales expuestos desde 1995 en la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), que desde entonces reforzaba ya las nociones de institucionalización y de promoción de la perspectiva de género. En su plataforma de acción se reconoció que los gobiernos y otros agentes sociales, deben promover una política activa y visible de integración de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, de modo que antes de tomar las decisiones se analicen los efectos que éstas puedan tener sobre mujeres  y hombres.

La Declaración de Beijing y su plataforma de acción, contemplaba ya entre su objetivos la necesidad de crear o fortalecer mecanismos para el adelanto de la mujer así como la necesidad de integrar la perspectiva de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales, para lo cual sugiere que los gobiernos han de adoptar entre otras las siguientes medidas:

• Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales.

• Integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales.

• Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación desglosados.

Cabe destacar también que en 1979, con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw), se señalaba que los estados parte debían tomar las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres en todas las esferas, particularmente en la política.

La relevancia de la Cedaw señala la doctora Incháustegui, estriba en que “ha sido la base para la elaboración de reformas constitucionales y jurídicas, así como para la creación de instituciones encargadas de incorporar la perspectiva de género en las políticas del estado”.

Como refuerzo de la Convención, la Recomendación General número 6 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhorta a los estados parte a instituir o fortalecer mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos a nivel gubernamental, para asesorar sobre de las repercusiones que tendrán sobre las mujeres las políticas gubernamentales; supervisar la situación general de la mujer y ayudar en la formulación de nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación.

De igual manera, durante la novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, junio de 2004, Consenso de México, los gobiernos de los países participantes firmaron un compromiso por asegurar la plena incorporación de la perspectiva de género en todos los planes y programas de gobierno, con especial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres.

Asimismo, durante la décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, Consenso de Quito 2007, las representantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres ratificaron su reconocimiento a la labor de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres “consistente en la formulación, el diseño y la gestión de políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel de los estados de la región y, a la vez, conscientes de que los estados son quienes deben asumir los retos que demanda la garantía de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes de la región”

Por otro lado el diagnóstico sobre los derechos humanos en México, presentado en 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomienda fortalecer los mecanismos públicos (Institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trato, y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país.

En el ámbito nacional, la institucionalización de la perspectiva de género tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo 4 reconoce la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley y prohíbe expresamente en el artículo 1, toda discriminación motivada por razones de género. Esta igualdad jurídico-formal debe traducirse en la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano y en la búsqueda de la igualdad sustantiva.

Adicionalmente, deben tenerse presente la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contiene la noción de transversalidad, que describe como:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

Y también prevé mecanismos para su institucionalización:

Artículo 9. La federación, a través de la secretaría que corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de:

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional;

La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) establece que entre las atribuciones del Inmujeres se encuentra la de establecer vínculos de colaboración con ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para impulsar acciones legislativas que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos humanos.

Respecto a los programas que se refieren concretamente a la obligación de implementar unidades de género en la administración pública, destacan:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incorpora como una de sus estrategias transversales para el desarrollo nacional la iii) Perspectiva de género y señala que:

“La presente administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el primer plan nacional de desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la administración pública federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta manera, el Estado mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.”

En este mismo orden de ideas, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) tiene entre sus objetivos el de incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, teniendo como una línea de acción, la creación y fortalecimiento de las unidades de género para el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad.

De tal suerte que resulta ilustrativo que hoy en día, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad en la cultura organizacional de las instituciones, actualmente se han creado 22 unidades de igualdad de género en diversas instancias del Poder Ejecutivo federal:

En 36 por ciento de las secretarías la unidad de género tiene nivel de dirección general adjunta:

• Secretaría de Educación Pública.

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

• Secretaría de Gobernación.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Secretaría de Turismo.

• Secretaría de Salud.

• Instituto Nacional de Desarrollo Social.

En 35 por ciento de dirección de área:

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

• Secretaría de Desarrollo Social.

• Secretaría de la Defensa Nacional.

• Secretaría de Economía.

• Secretaría de Marina.

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

• Procuraduría General de la República.

En 18 por ciento de subdirección:

• Secretaría Energía.

• Secretaria Función Pública.

• Secretaría Relaciones Exteriores.

• Petróleos Mexicanos.

En 5 por ciento de jefatura de unidad:

• Instituto del Seguro Social.

En 5 por ciento de dirección general:

• Secretaría del Trabajo Previsión Social

A fin de continuar promoviendo esta importante medida expresada en instrumentos internacionales y el marco normativo nacional referente a los derechos humanos de las mujeres, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de noviembre de 2013, se incluyó una asignación presupuestal de 30 millones de pesos para la acción 972 denominada: Creación de la Unidad de Igualdad de Géneroen los siguientes 10 Ramos (tres millones de pesos para cada uno):

01. Poder Legislativo (Cámara de Diputados)

01. Poder Legislativo (Senado de la República)

06. Hacienda y Crédito Público

07. Comunicaciones y Transportes

10. Economía

13. Marina

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

18. Energía

20. Desarrollo Social

21. Turismo

Para el caso de la Cámara de Diputados, dichos recursos están clasificados en el Ramo 01 Poder Legislativo, en el programa presupuestario R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo, la Cámara de Diputados como unidad responsable.

En el caso de 2015, la opinión de la Comisión de Igualdad de Género contempla el otorgamiento de recursos para la creación de nuevas unidades de igualdad (en los Ramos: Relaciones Exteriores, Salud, Procuraduría General de la República, Desarrollo Social, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Inegi, IMSS e ISSSTE) , así como la operación de las creadas en 2014, es por ello que para 2015 se está proponiendo la asignación de 4 millones de pesos para la operación de la Unidad de Igualdad en la Cámara de Diputados.

De conformidad con lo expuesto es claro que la iniciativa atiende al imperativo ético de asumir la igualdad de género como una política institucional de la Cámara de Diputados para que este órgano legislativo asuma los criterios y principios de actuación de un parlamento sensible al género, que es “aquel que responde a las necesidades e intereses tanto de hombres como de mujeres en lo que se refiere a sus estructuras, funcionamiento, métodos y tareas. El término género designa los atributos vinculados socialmente al hecho de ser hombre y mujer y a las relaciones entre mujeres, hombres, niñas y niños. Estos atributos y relaciones han sido determinados socialmente y se adquieren mediante socialización. El concepto de género incluye también las expectativas sobre las características, aptitudes y probables conductas tanto de hombres como de mujeres, y cuando se aplica al análisis social, revela funciones determinadas socialmente. Sexo y género no son términos equivalentes. Mientras que sexo se refiere a las diferencias biológicas, género guarda relación con las diferencias sociales, que pueden modificarse, ya que la identidad, las funciones y las relaciones de género vienen determinadas por la sociedad. Una conclusión clara de ese estudio fue que las mujeres son, en su abrumadora mayoría, los motores del cambio en términos de igualdad de género en los parlamentos, y que quizás ha llegado el momento de depositar parte de la responsabilidad de ese cambio en los parlamentos en su conjunto.”

La Unión Interparlamentaria ha precisado, que un parlamento sensible al género es aquel que:

1. Promueve y logra la igualdad en el número de mujeres y hombres en todos sus órganos y estructuras internas;

2. Se dota de un marco normativo en materia de igualdad de género adaptado al contexto nacional;

3. Integra la igualdad de género en las labores que realiza;

4. Fomenta una cultura interna respetuosa de los derechos de las mujeres, promueve la igualdad de género y responde a las necesidades y realidades de los parlamentarios, hombres y mujeres, para permitirles conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares;

5. Reconoce la contribución de los parlamentarios hombres que defienden la igualdad de género y se basa en ella;

6. Alienta a los partidos políticos a que tomen la iniciativa para promover y alcanzar la igualdad de género;

7. Imparte capacitación al personal parlamentario y le proporciona los recursos necesarios para promover la igualdad de género, fomenta activamente el nombramiento de mujeres para ocupar puestos de responsabilidad y permanecer en esos puestos, y asegura la integración de la igualdad de género en la labor de la administración parlamentaria.

La presente iniciativa responde directamente a la legitima aspiración de ofrecerle a la ciudadanía en particular a las mujeres, un parlamento sensible al género, en ese sentido, consideramos que el mecanismo idóneo para lograr concretar las acciones y características que nos darán ese calificativo es sin duda, la unidad de género.

Países como Costa Rica han fomentado esta experiencia sensible al género, conformando una unidad técnica de género con una estructura organizacional, moderna y funcional para la incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos de la asamblea legislativa.

Por otro lado es importante destacar que si bien la Cámara de Diputados cuenta con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y con la Comisión de Igualdad de Género, ninguna de estas dos instancias constituye un órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional y el quehacer legislativo.

El Manual General de Organización de la Cámara de Diputados establece que el objetivo del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg) es: Apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se crea como una acción afirmativa para impulsar los derechos de las mujeres y erradicar las desigualdades que existen entre los géneros en el marco jurídico nacional.

Es decir, ni el Ceameg, ni la Comisión de Igualdad de Género centran sus actividades en la transformación de la cultura organizacional del órgano legislativo, ni en la búsqueda de un parlamento que responda a las necesidades internas las mujeres y los hombres que conforman sus estructuras operativas, responsables de su funcionamiento, sus métodos y sus acciones. Actividades que son las que pretendemos lleve a cabo en la Unidad de Igualdad de Género, materia de la presente iniciativa.

De lo anteriormente expuesto, se desprende la necesidad y pertinencia de crear una Unidad para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, la cual deberá contar con estructura y presupuesto propios, así como con infraestructura y recursos específicos para su operación, y tener funciones de autoridad en el círculo de la más alta dirección. Es necesario que éste figure en la estructura administrativa; en el Reglamento de la Cámara de Diputados, y en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados.

La Unidad para la Igualdad de Género, deberá coordinarse con áreas estratégicas como son: recursos humanos, planeación, programación y presupuesto, así como áreas sustantivas y operativas de la Cámara de Diputados.

Entre las principales funciones de la Unidad para la Igualdad de Género, se encuentra la de asegurar, planificar, verificar y dar seguimiento a la introducción de la perspectiva y transversalidad de género en la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, acciones y políticas públicas; coordinar la elaboración de contenidos y productos que consoliden el proceso de institucionalización e implantación de la perspectiva y transversalidad de género; desarrollar e implementar herramientas metodológicas, procesos y procedimientos para monitorear y evaluar las acciones institucionales realizadas en materia de género e igualdad; organizar y coordinar la capacitación, formación y certificación del personal en materia de género, transversalidad e igualdad sustantiva; asegurar que la prestación de atención y servicios a la población se lleve a cabo con perspectiva de género y sin discriminación; proponer cambios a la normatividad interna y a las estructuras organizacionales que aseguren la incorporación de la perspectiva y transversalidad de género; desarrollar procesos y mecanismos para promover la igualdad de género en la institución; difundir información referente al proceso y resultados de la incorporación de la perspectiva y transversalidad de género en la cultura organizacional y en las políticas públicas de la entidad o dependencia, así como elaborar e instrumentar el Plan de Acción Institucional para la Igualdad.

En ese sentido nos interesa precisar que la unidad de género en ningún momento podrá fungir como representante legal de las mujeres trabajadoras, pues si bien es cierto que tenemos conocimiento de la existencia de casos de acoso laboral y sexual en la Cámara de Diputados, así como de las dificultades que las mujeres enfrentan para denunciar este tipo de situaciones -que por su propia naturaleza de realización oculta son de difícil comprobación-, no es nuestra intención suplantar a las instancias competentes para atender, investigar y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables por este tipo de conductas. Lo cual no es óbice para que la unidad de género pueda constituir en todo caso, un espacio de información, orientación y referencia en casos particulares, ya que su función en materia de violencia de género es primordialmente preventiva.

Cabe reiterar que la unidad de género se plantea como una instancia responsable de la estrategia orientada a modificar la cultura institucional que nos permita cerrar progresivamente la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres que prevalece al interior de este órgano legislativo y que perpetúa la discriminación en todos los ámbitos de su vida interna.

Quien asuma la titularidad de la unidad debe contar con cédula profesional de licenciatura; y acreditar experiencia y formación sólida en materia de derechos humanos y perspectiva de género. El perfil del personal que conforme la unidad también deberá contar con título profesional en materias afines y demostrar experiencia en materia de derechos humanos de las mujeres.

Como ya lo ha advertido el propio Instituto de las Mujeres en su documento Propuesta para la instauración de unidades de género en la administración pública federal (2013), para la consecución del objetivo, que le da razón de ser y que consiste en la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en las dependencias o entidades de la APF, las unidades de género trabajarán en dos vertientes:

a) Cultura organizacional: implica la implementación del Programa de Cultura Institucional para la Igualdad (PCI), con el propósito de incorporar la perspectiva de género y la no discriminación al interior de la dependencia o entidad.

b) Transversalidad: supone la inserción de la perspectiva de género y el enfoque de igualdad en el diseño, planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de los planes, programas y políticas públicas que lleva a cabo la dependencia o entidad.

De ahí el perfil técnico de la unidad de género y su ubicación dentro del capítulo séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General por ser éste el que aborda la organización técnica y administrativa del órgano legislativo.

Asimismo, adicionamos un artículo 56 Bis dentro de ese mismo capítulo séptimo con el que se crea y definen las atribuciones de la unidad la igualdad de género, como el nuevo mecanismo técnico y operativo para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género al interior de la Cámara de Diputados.

En virtud de lo antes expuesto, se eleva a consideración de esta asamblea el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona el numeral 3 del artículo 47, y el artículo 56 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 47.

1. ...

2. ...

3. La Cámara de Diputados tendrá una Unidad para la Igualdad del Género.

Artículo 56 Bis. La Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional y el quehacer legislativo, a través de las siguientes atribuciones:

I. Proponer e instrumentar acciones orientadas a la igualdad sustantiva en la Cámara de Diputados;

II. Planificar, verificar y dar seguimiento a la incorporación transversal de la perspectiva de género en el trabajo parlamentario;

III. Diseñar un código de ética institucional que facilite y promueva ambientes libres de acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual, asimismo, deberá apoyarse a quienes sufran cualquier otra forma de violencia;

IV. Diseñar e implementar una política laboral que favorezca la compatibilidad entre la vida familiar y profesional y familia, así como de corresponsabilidad familiar;

V. Coadyuvar en el seguimiento de la aplicación de los recursos etiquetados en el anexo 13 de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

VI. Coordinar la elaboración de publicaciones y contenidos editoriales que consoliden el proceso de institucionalización e implementación de la perspectiva de género;

VII. Desarrollar e implementar herramientas metodológicas, procesos y procedimientos para monitorear y evaluar las acciones realizadas en materia de igualdad;

VIII. Organizar y coordinar la formación y especialización del personal de todos los niveles en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.

IX. Proponer modificaciones a la normatividad interna y a las estructuras organizacionales que aseguren la incorporación de la perspectiva de género;

X. Desarrollar estrategias para promover el avance progresivo de la igualdad de género en la Cámara de Diputados.

XI. Impulsar y consolidar la producción y sistematización de información con perspectiva de género.

XII. Atender, orientar y canalizar las quejas por violación internas a los derechos humanos de las mujeres. En ningún caso la Unidad de Género podrá fungir como representante legal de las trabajadoras.

La Unidad estará  a cargo de una directora general nombrada en los términos que establezca el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera y contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

Transitorios

Primero. La Cámara de Diputados, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente decreto, hará las modificaciones correspondientes al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Segundo. Este decreto de reformas y adiciones entrará en vigor a 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Gabriela Madero Jiménez. Institucionalización y promoción de la perspectiva de género. Ceameg.

2. Incháustegui, Teresa y Yamileth Ugalde; “La transversalidad del género en el aparato público

mexicano: Reflexiones desde la experiencia”; en Avances de la Perspectiva de Género en las acciones legislativas. Compendio. Cámara de Diputados, Congreso de la Unión LIX Legislatura, 2006.

3. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm

4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del 2006.

5. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del 2001.

6. http://www.dof.gob.mx/ nota_detalle.php? codigo=5299465&fecha=20/05/2013

7. Definiciones tomadas de la Oficina Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas , el PNUD y la Unesco, según figuran citadas en la publicación del PNUD Quick Entry Points to Women’s Empowerment and Gender Equality in Democratic Governance Clusters, Nueva York, 2007, y de la UIP, Igualdad en la Política. Un Estudio sobre Mujeres y Hombres en los Parlamentos, Ginebra 2008

8. http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-sp.pdf

9.file:///Users/sorayavazquez/Downloads/Extracto%20MGOCD_01feb11.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.— Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena, Agustín Miguel Alonso Raya, Aleida Alavez Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para el dictamen correspondiente.

AGENDA POLITICA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día, como aquí se anunció y como lo acordaron los distintos grupos parlamentarios, es comentarios sobre la situación política nacional, a cargo de los grupos parlamentarios.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados y diputadas: de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Partido del Trabajo el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Ciudadano el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Partido Verde Ecologista de México el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD el diputado Miguel Agustín Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PAN el diputado Juan Carlos Adame Alemán y el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Las intervenciones serán hasta por siete minutos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: México transita por una etapa de definiciones que nos marcarán como nación. En la forma que asumamos esa responsabilidad política estaremos orientando la institucionalización de nuestra joven democracia.

Existe un clamor social legítimo que nos exige como sus representantes populares tomar decisiones que encaucen ese descontento para convertirlo en una oportunidad que nos lleve a consolidar la democracia en nuestro país.

Hoy debemos reconocerlo, tenemos frente a nosotros un reto mayúsculo, derivado de la crisis de la representatividad política, crisis que se manifiesta en las calles, pero que de ninguna forma justifica la violencia que atenta contra la paz y el orden social.

Hoy México no requiere ni víctimas ni héroes, México necesita responsabilidad y altura de miras para resolver esta situación de emergencia nacional. La sociedad mexicana ha expresado por diferentes vías su inconformidad por la situación del país. Es nuestra obligación tomar nota de ello y plantear soluciones. Debemos reconocer que el actual modelo de representatividad política está ya agotado, un modelo que se ha edificado sobre la base de la corrupción política y la impunidad que ofende y agrede a toda la sociedad. Estamos en un momento crítico en el país, la sociedad no siente representados sus intereses por la clase política.

La brecha entre quienes tomamos las decisiones en el país y quienes nos han confiado su voto, es cada día mayor. Esta situación es un lastre que puede descarrilar el proceso democratizador que tanto trabajo nos ha costado construir. Estamos conscientes que la democracia no se construye desde la unanimidad, el pensamiento único y la homogeneidad.

Por el contrario, es natural que en democracia se expresen las voces más diversas y divergentes y que el conflicto surja en la primera oportunidad. Sin embargo, es nuestra obligación rechazar cualquier intento de romper con la institucionalidad democrática, poner en riesgo la seguridad de las familias que han manifestado su inconformidad en plena libertad.

Por ello, hoy más que nunca debemos de hacer un llamado urgente a construir un nuevo pacto social que oriente el rol del Estado mexicano para brindar seguridad y bienestar a las y los mexicanos.

En este nuevo pacto social, la participación activa de la sociedad civil y los movimientos sociales es fundamental para evitar que reeditemos acuerdos partidistas, parciales y excluyentes.

El reto que enfrentamos como país sólo podremos resolverlo con una visión colectiva. La paz se logrará si actuamos con corresponsabilidad, no es con liderazgos mesiánicos como se construirá el nuevo pacto social.

Tenemos que ser consecuentes con lo que sociedad está demandando, no podemos permitir que la desesperanza y la frustración de la población contribuya en la gestación de la violencia.

Si bien es cierto que hemos construido instituciones y conseguido reformas trascendentales para el desarrollo económico de nuestro país, también lo es el hecho de que no hemos escuchado las voces que demandan más y mejores acciones contra la delincuencia, un alto a la impunidad, más oportunidades de desarrollo, más transparencia y mejor comunicación de los planes y programas de gobierno.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la violencia nunca será la respuesta, es necesario demostrar que trabajamos por el interés de la sociedad, razón por la cual es imprescindible involucrar a los ciudadanos en la toma de las decisiones, pero también debemos ser autocríticos y reconocer la crisis de credibilidad hacia los representantes populares y la evidente desconfianza hacia las instituciones.

Sin credibilidad ni confianza el régimen democrático puede sucumbir ante soluciones autoritarias y populistas que generen falsos dilemas entre seguridad y libertad. Eso es lo que debemos evitar.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy más que nunca el Congreso de la Unión debe asumir su responsabilidad política e histórica de cara a la nación, en un marco de pluralismo político debemos construir un nuevo pacto social que devuelva la credibilidad a los representantes populares y recupere la confianza ciudadana las instituciones.

Este pacto debe ir más allá de la retórica discursiva, es necesario construir una agenda legislativa que responda a este momento crucial que nuestra historia política como nación nos reclama, una agenda legislativa incluyente que tenga como objetivo lograr un marco institucional en el que la justicia, la seguridad y la paz deje de ser un anhelo y se conviertan en realidad, para ello es urgente eliminar cualquier resabio de corrupción e impunidad que mina la confianza ciudadana.

Como legisladores y legisladoras nuestra responsabilidad es no repetir las lecciones de la historia, no podemos exigir justicia llamando a la violencia, quienes así actúan no han entendido o no quieren entender que su discurso incendiario no abona a la construcción de soluciones, sólo le hacen el juego a aquellos que buscan dañar a la sociedad.

En mi grupo parlamentario asumimos la responsabilidad de respetar y hacer respetar esta institución legislativa. Hoy la sociedad espera de nosotros madurez política para deliberar los asuntos de la república y compromiso ético que guíe nuestras decisiones en aras de transformar este régimen político.

No más violencia en las calles, no más violencia en los medios de comunicación, no más violencia en esta máxima tribuna de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señora diputada.

Antes de continuar quiero dar la bienvenida y agradecer a los alumnos y maestros de la escuela primaria Héroes de Nacozari, de la zona centro de Tultitlán, que hoy nos acompañan, invitados por el diputado Marco Antonio Calzada. Bienvenidas y bienvenidos.

También agradezco la presencia de los alumnos de la Universidad Latina, campus Roma, invitados e invitadas por el diputado Arturo López Cándido. Bienvenidas, bienvenidos.

También al presidente de Cuetzalan, Puebla, y presidentes de la zona de este estado así como su cabildo, invitados por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios. Sean ustedes bienvenidos al pleno de la Cámara.

También al grupo de estudiantes de ciencias políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, invitados e invitadas por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias a los ciudadanos, la política en México ha dado un giro trascendental a partir del 26 de septiembre de este año. Se han levantado voces contra el silencio acumulado a impuesto por estructuras de gobierno federal, estatales y municipales corruptas que no sólo se han asociado con la delincuencia organizada, sino que han asumido sus prácticas como la de eliminar al oponente.

Cuántas lágrimas, cuántas familias destruidas, cuántos niños y niñas que ya no ven a sus padres, cuántos desaparecidos más, cuántas vidas más sesgadas, cuántas fosas más hay que denunciar. ¿Qué necesita el gobierno federal, qué necesita el Poder Legislativo, qué necesita el Poder Judicial; qué se necesita para atender a las mujeres y hombres en este país que claman justicia?

La indignación nacional e internacional se ha manifestado con una participación diversa en todos los foros posibles, con acciones que recuperan la dignidad humana y el valor por la vida y la libertad en foros políticos, culturales y artísticos. Protestas que indignan al poder político. Qué descaro.

La crisis del sistema político mexicano, puesta la opinión pública por la protesta contra la desaparición de 43 estudiantes tiene repercusión internacional, que preocupa al todavía presidente Enrique Peña Nieto, quien a través de la construcción de un discurso en contra de la violencia justifica la ineficiencia e ineficacia de sus políticas públicas en materia económica y de seguridad pública.

La violencia que se denuncia viene del mismo poder, por lo que es razonablemente exigible se investigue y se aclare a la opinión pública la tolerancia y actuación de agresores que en medios de comunicación se vinculan con elementos del Ejército Mexicano.

El jueves 20 de noviembre, a las 20:35, se publicó en Tuitter del Gobierno del DF el mensaje siguiente: El jefe de Gobierno acudió al C4 para supervisar las manifestaciones y girar instrucciones a su gabinete.

El C4 es el centro de control, comando, comunicación y cómputo, inteligencia, investigación, información e integración de la Ciudad de México. Opera como centro de mando del gobierno de la Ciudad. De acuerdo a su sistema de operación en máximo 15 minutos el C4 cuenta con un diagnóstico detallado de la Ciudad de México.

Le guste a quien le guste –dicen hoy los periódicos– es necesario determinar la responsabilidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal y de su secretario de Seguridad Pública por la violación de los derechos fundamentales de expresión, manifestación y reunión pacífica de miles de mexicanos que fueron objeto de un violento desalojo del Zócalo de la Ciudad de México.

Obviamente también del presidente de la República y de los responsables de la seguridad, incluido el Ejército Mexicano. Elementos de seguridad que no actuaron contra las personas que realizaron actos de provocación y agresión frente al Palacio Nacional y que fueron la excusa y pretexto para terminar con una manifestación que se caracterizó por la protesta pacífica contra la desaparición de 43 estudiantes.

Los miles de mexicanos que se manifestaron el 20 de noviembre, no sólo en México, sino en todo el planeta, es la voz en contra de la impunidad, el abuso de autoridad y la corrupción.

El régimen se escandaliza frente a declaraciones de un político latinoamericano que se ha distinguido por su honestidad y transparencia. Las opiniones del presidente de Uruguay, quien afirmó que la situación de nuestro país se debe a una gigantesca corrupción que se ha establecido como una tácita costumbre social.

Indigna a la clase política el destapar la cloaca de la corrupción. Indigna a la clase política ventilar públicamente el conflicto de intereses, como casos del tren rápido México-Querétaro, la casa blanca del moche, los moches en la asignación presupuestal, el diezmo o más en la asignación de obra pública, recepción de obras inconclusas, la omisión en la diligencia al servicio público, la negación de impartición de justicia justificada en cargas de trabajo y trámites burocráticos, todo en el marco de una tácita costumbre social.

La expresión de inconformidad de la población ha sido pacífica, tolerante ante la indiferencia de los supuestos servidores públicos en la investigación y persecución de delitos que los agravian. Sin embargo, cuando los ciudadanos rompen esa tácita costumbre social de guardar silencio y agachar la cabeza, se acude a la apología de la violencia.

El todavía presidente Enrique Peña Nieto ha señalado que hay interesados en atentar, mediante actos vandálicos, contra la libertad fundamental de manifestación. Sin embargo, con todo el aparato de seguridad del Estado mexicano es incapaz de señalar quiénes son los autores intelectuales y materiales de estos hechos.

No obstante, líderes de partidos políticos, empresarios y otros, a través de medios de comunicación, tendenciosos y mentirosos, se pronuncian contra la violencia en el sentido expresado por el Ejecutivo federal. No se pronuncian con esa fuerza en contra del crimen organizado, de la extorsión, el secuestro y el homicidio quizá por su complicidad a la asociación delictuosa.

Transcurrida la tercera parte del gobierno de Peña Nieto, despierta y se da cuenta que la sociedad está harta de sentirse vulnerable, que está cansada de la impunidad y la delincuencia.

No bastaron los más de 100 mil muertos en los gobiernos panistas, dónde quedan las más de 25 mil personas desaparecidas, dónde quedan las miles de víctimas sin acceso a la justicia.

Estamos en un ambiente político crispado por la desconfianza, por la traición, ambiente en el que han iniciado un proceso electoral federal y 18 procesos electorales estatales, en los cuales las autoridades administrativas son cuestionadas por su falta de imparcialidad, debido a que atienden a la designación de sus titulares, con base a cuotas partidistas.

Dónde está la exigencia de la aplicación de la ley, que señala Peña Nieto. Se ha presentado solicitud de juicio político contra Aguirre, Murillo Karam, Osorio Chong, por qué no dar cauce institucional a esta solicitud en esta Cámara de Diputados.

Es del conocimiento de la opinión pública las denuncias de moches o conflictos de intereses que involucran al propio Peña Nieto, como el caso de la casa blanca, por qué no investigar y determinar las responsabilidades.

Ante esta situación económica y política que vivimos no existe otra solución que conducirnos con transparencia y eficacia en torno a las demandas sociales.

No se vislumbra ni a corto o mediano plazo una propuesta de racionalidad económica que atienda la creciente deuda de los estados y del Distrito Federal. Aún más, se ven acciones para que el gasto se lo auto asignen los diputados.

Esto, inclusive hay un dato que no se conoce mucho, pero Enrique Peña Nieto está endeudando un billón y medio más en estos dos últimos años al gobierno.

El Pacto contra México y las reformas estructurales no han dado certeza y viabilidad a una política económica depredadora de bienes nacionales ni se proyecta ser la panacea contra la pobreza en nuestro país.

Los representantes del sistema fiscal y económico del país reconocen la imposibilidad de crecimientos en las tasas estimadas por el Ejecutivo federal. Esperamos que no culpen de ello a la protesta social.

Estamos, pues, en un contexto político y económico que castigue a los que menos tienen, dos terceras partes de nuestra población se encuentran en pobreza y extrema pobreza y una minoría concentra la riqueza de este país.

Abismo social que no puede ser tratado con políticas asistencialistas. Los que no tienen otro fin que el de convertir la voluntad ciudadana en mercancía barata, así como llegaron a la Presidencia de la República.

Las estrategias saltan a la vista. El voto ciudadano por una despensa, una beca, el acceso a un programa social. Promoción de precandidatos y candidatos con mentiras y engaños de las televisoras y los medios de comunicación. Precampañas y campañas en las que el dinero de la delincuencia jugará un papel importante en la conformación de la representación política, como se hicieron de la Presidencia de la República.

La fuerza y la integridad ética de los jóvenes estudiantes de las normales rurales, del Politécnico, de la UNAM, de las universidades estatales y de otras escuelas se han convertido en motor de la inconformidad social. Son la vanguardia de la existencia de justicia. No rompamos contra nuestra indiferencia y complacencia a la viabilidad de cambios políticos y económicos que permitan una sociedad más justa y racional.

No se debe incurrir en la estupidez de criminalizar la protesta social. El poder político debe amarrar a sus provocadores, empezando por esta Cámara de Diputados, pero más arriba, desde Los Pinos, que paren a los provocadores.

En este contexto se exige y exigimos transparencia y rendición de cuentas. No más cuentachiles. No más verdades a medias. No hace falta esperar dos años más para darnos cuenta que en la sociedad mexicana estamos hasta la madre de la corrupción y la impunidad. Es cuanto, presidente.

Nada más decirles, que no hace falta una manta más grande, lo que es más grande cada día es la exigencia de que Peña Nieto renuncie a la Presidencia, le quedan cinco días y es lo que está esperando el pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Le damos la bienvenida y saludamos al doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Sea usted bienvenido, señor presidente. Invitado por el diputado Antonio García Conejo y otros diputados. Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. México está lastimado, vive una profunda y severa crisis sistémica. México está de duelo, es un duelo causado por el dolor de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lo que a su vez detonó un ya basta. Es un malestar social acumulado durante más de una década de desapariciones forzadas, de ejecuciones masivas, de fosas clandestinas, de desplazamientos colectivos, de descomposición nacional.

Hoy escuchamos simulación acerca de la verdadera tragedia que vive México. No se puede ocultar el surgimiento de movimientos sociales, tampoco la insurgencia civil o la inconformidad ciudadana que se encuentra en todas partes.

Hay tres épocas emblemáticas en el México independiente, 1810, 1910 y ahora; en aquellas épocas como ahora los gobiernos dominados por un puñado de inconscientes e insensibles despreciaban las manifestaciones populares de inconformidad y lejos de atender los reclamos de justicia que las originaban, actuaban y justificaban como ahora.

Son, coincidían los gobiernos de esas dos épocas con el de ahora, movimientos desestabilizadores y con tintes de manipulación perversa que quieren destruir al país. En aquéllas dos primeras épocas los gobiernos actuaron con ceguera y con torpeza, reprimiendo y criminalizando esas expresiones de protesta social.

Hoy las calles lucen llenas de inconformidad. Reclaman justicia, rectitud de sus gobernantes y dirigentes, un cambio del quehacer político y un cambio del modelo económico, entre otras demandas justas que sería insensato desoír y, peor aún, reprimir. No ignoremos la historia. No minimicemos el reclamo popular.

Sostengo que sí hay un proceso desestabilizador contra México. Tiene por lo menos tres décadas y tres frentes abiertos. En lo económico, en lo social y en lo político y no está a cargo precisamente de grupos inconformes, sino de grupos oligárquicos enquistados en el poder público.

Esta campaña ha desestabilizado la distribución de la riqueza nacional creando un puñado de súper ricos y una masa inmensa de súper pobres. Esta campaña ha incluido la expulsión del país durante 20 años de 20 millones de connacionales hacia Estados Unidos, porque aquí simplemente no hay lugar ni oportunidad para ellos.

La desestabilización incluyó también cambiar el capitalismo monopolista de Estado por un capitalismo monopolista de cuates, de compadres y de cómplices, tan corruptos uno como el otro y ambos igual de injustos.

El capitalismo de cuates todos lo conocen, por eso la de-sestabilización tiene estancada la economía en un mediocre crecimiento del PIB de 2.2 por ciento anual promedio desde hace 25 años. Si le restamos el crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento económico se reduce al 0.2 por ciento. Es decir, nada; sin desapercibir la inflación desbordada y la carestía que hace estragos en la población.

Este persistente modelo económico desestabilizador ha generado al menos ocho millones de jóvenes que al verse desplazados o marginados de cualquier oportunidad laboral y educativa, tienen las conductas antisociales y en las bandas criminales su salida más próxima. Hay jóvenes que se gradúan con esfuerzo de sus padres. Salen y no encuentran trabajo.

Esta política económica es el origen de la mayor desestabilización social padecida por el país en la última década. Una ola criminal expansiva que ha causado más de 100 mil ejecuciones, más de 22 mil desapariciones forzadas e involuntarias, más de 300 mil desplazados.

Este mal criminal se convirtió en cáncer por una estrategia de seguridad equívoca y fallida. Vivimos una auténtica guerra civil irregular donde unos mexicanos se dedican a asesinar, secuestrar, extorsionar y a asaltar a otros mexicanos en la calle, en sus centros de trabajo, en sus casas.

Esta incertidumbre e inseguridad colectiva son la verdadera desestabilización que padece en este momento el país. El caos y el desorden no lo están causando un grupo de mexicanos inconformes, sino una estructura y un sistema de poder que está rebasado por un par de monstruos que ellos mismos crearon, alimentaron y toleraron: la corrupción y la impunidad.

Hoy se pide todo el poder del Estado contra grupos que protestan, los cuales son efecto, no causa, de ese orden desestabilizador. Hay desestabilización cuando se busca imponer reformas estructurales para el pueblo y para el pueblo, pero sin la participación del pueblo; el despotismo ilustrado. Las reformas estructurales son mecanismos que legalizan el saqueo, el despojo y el pillaje.

Como postulados principales nosotros nos hemos propuesto su reversión. La principal amenaza de desestabilización de México es el mal gobierno, no un grupo de jóvenes inconformes.

Atentan más contra la democracia 10 mexicanos vestidos con toga y birrete, rechazando la consulta popular contra la reforma energética, que 11 jóvenes estudiantes lanzando cohetones, petardos y bombas de humo frente al Palacio Nacional.

La diferencia estriba en el trato que el Estado mexicano brinda a unos y a otros. A los primeros les paga 600 mil pesos mensuales; a los segundos, en cambio, los acusa de terrorismo y asociación delictuosa.

Ésta es la justicia que practica la democracia simulada; castiga el motín de los de abajo, pero legitima el botín de los de arriba.

Exigimos la libertad de los 11 mexicanos enviados a cárceles de alta seguridad por haberse manifestado el pasado 20 de noviembre; su delito es ser ciudadanos indignados.

No olvidemos que el anarquismo es el hijo natural del despotismo. ¿Qué planteamos frente a este proceso de degradación? Elegir un nuevo constituyente para elaborar una nueva Constitución.

También proponemos la revocación de mandato para dar por terminada de manera anticipada un mandato popular por causas de manifiesta incapacidad o incumplimiento grave de la responsabilidad; planteamos un sistema nacional de anticorrupción ciudadanizado y autónomo. Planteamos la apertura obligatoria y sin restricción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Planteamos la extinción de dominio que si bien ya existe para los casos de la delincuencia organizada, se extendería y aplicaría a los casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; los bienes extinguidos serían incorporados al patrimonio público. Planteamos el juicio de residencia. Planteamos además otros elementos que hagan transparente la vida pública y la supresión del fuero de todos los funcionarios públicos que lo tienen.

Qué debemos hacer. La posición más temeraria e irresponsable es cruzarse de brazos, pensar que aquí no ha pasado nada y dejar que el tiempo inercial se encargue de olvidar la tragedia. Si el gobierno apuesta a ello, habrá de perder de manera estrepitosa su último reducto de credibilidad.

Lo de ahora no es una simple demanda por más seguridad que se pueda administrar con la firma de otro pacto de seguridad en palacio nacional, tomados todos de las manos para una fotografía del recuerdo. Lo de ahora es un clamor muy concreto y específico por hacer justicia, reclamando la inacción de un Estado omiso que mantiene corrupción e impunidad como premisas de complicidad y supervivencia.

Si el gobierno no entiende la profundidad de la crisis que está viviendo, entonces sí que se preparen para una entrega anticipada del poder. Pero también –y éste es el gran riesgo del escenario inercial que deberíamos comentar– los ciudadanos deberíamos prepararnos para un coletazo autoritario y golpista de un final anticipado de régimen.

La otra crisis, esta crisis que se adopta en muchas democracias como las parlamentarias, ya se hubiera traducido en dos opciones: o es un voto de censura del Congreso al presidente, lo que implicaría una renuncia colectiva del gabinete de Estado, o una convocatoria anticipada de elecciones para integrar un nuevo gobierno.

Así es como funcionan las democracias. Todos los políticos que no están a la altura de las circunstancias se van a sus casas.

Yo sé que no somos una democracia parlamentaria, pero tampoco somos ya una presidencia imperial a ultranza, donde todo marcha y se acomoda al tiempo de un solo hombre.

Ahí están dos salidas para un jefe de Estado en crisis: o la renuncia de todo su gabinete o elecciones anticipadas para adelantar su relevo e integrar un nuevo gobierno. Mientras se define el curso de esta crisis, nosotros vamos a seguir insistiendo.

Estamos a tiempo de rescatar a la nación de la corrupción y la impunidad. No se desesperen. Sólo les puedo decir: vivimos tiempos de canallas, con una democracia simulada, con una república de hipócritas, no se exalten, el pueblo nos califica perfectamente.

Es eso sólo lo que resta para que se vayan, tiempo; tiempo, les queda poco tiempo, poco tiempo para que el pueblo los siga repudiando porque ustedes no tienen ni siquiera la mínima tolerancia de uno o dos minutos, y el pueblo ha aguantado décadas de sus malos gobiernos, de su despotismo, de su corrupción y de su impunidad.

Presidente, a usted por su tolerancia, muchas gracias. Siga al frente en la coordinación del debate. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Damos la bienvenida a los estudiantes de la Escuela Secundaria No. 34, profesor Lauro Aguirre, Escuela primaria Agustín Melgar, invitados por la diputada Irazema González Martínez. Bienvenidas, bienvenidos.

También alumnos invitados por la diputada Irazema González Martínez, de la Escuela para Adultos Benito Juárez y la escuela primaria Filiberto Gómez. Bienvenidas y bienvenidos.

El siguiente orador, en los posicionamientos de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Se ha hablado aquí de una crisis política que algunos aprecian insostenible e interminable, sin darse cuenta que sin la intervención firme de nuestro ejecutivo federal hoy en un asunto que ha conmovido a la nación, no se hubiera garantizado justicia y gobernabilidad en una entidad de nuestro país.

Existe una falta de confianza en las instituciones del Estado por parte de los ciudadanos, y quiero referirme a ello porque me parece que quienes cargan la responsabilidad de la situación por la cual está atravesando hoy nuestro país, exclusivamente al gobierno federal, no se dan cuenta que, quieran o no, forman parte también de las instituciones del Estado y de sus niveles y órdenes de gobierno, porque tanto la representación a través de este Congreso, el sistema de partidos y la sociedad en su conjunto son igualmente elementos que forman parte del Estado.

El problema al que hoy nos enfrentamos no va superarse con esfuerzos aislados con voluntades individuales o privilegiando intereses particulares porque la magnitud del mismo exige la coordinación de todos quienes formamos parte del Estado, exige la suma de todas las fuerzas políticas y sociales en el país, sólo un Estado fuerte y unido será capaz de vencer los males que como sociedad nos aquejan. Para lograr una solución genuina y duradera resultan herramientas fundamentales la apertura, la civilidad, el diálogo y el consenso.

Apoyamos desde el Partido Verde Ecologista de México las demandas y manifestaciones pacíficas de la sociedad, vinculadas a los 43 estudiantes desaparecidos, y compartimos muchas de ellas por ser legítimas, sobre todo las que tienen que ver con generar las condiciones y tomar las medidas necesarias para que un caso como éste, que lastima a nuestra sociedad y a nuestro país, no vuelva a suceder.

En este sentido quisiera aprovechar mi intervención para hacer un llamado a la civilidad, tanto a los miembros de esta Cámara como a los grupos que escudándose en la exigencia genuina de justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa han aprovechado las circunstancias para intentar polarizar nuestra vida y generar intranquilidad.

Estamos firmemente convencidos de que los problemas nacionales tienen que dirimirse por vías democráticas y pacíficas. En este sentido consideramos que ni las descalificaciones ni la violencia, de la cual algunos lamentablemente han echado mano, son la ruta que debe seguirse para mejorar la vida institucional y social de nuestro país.

La violencia, la irracionalidad que han ejercido grupos minoritarios no representan para nosotros libertad de expresión, mucho menos abonan a una unidad y a una solución a los problemas que enfrentamos como sociedad. Es claro que su único propósito es tender a agudizarlos para generar consecuencias adversas para el país en todos sus ámbitos, en el ámbito político, económico y social.

Una sociedad dividida resulta altamente vulnerable ante los riesgos que amenazan la vigencia de nuestro pacto social y del Estado de derecho. Esto no quiere decir que la sociedad no pueda exigir a sus gobernantes mejores conductas, siempre y cuando ello se dé en un marco de legalidad que nosotros mismos como sociedad hemos construido.

Si queremos que nuestro país sea un auténtico Estado de derecho, en el que la sociedad disponga de mayores oportunidades para el desarrollo y el progreso, hacer cumplir la ley resulta nada menos que indispensable, pero ello implica también que todos los mexicanos estemos dispuestos a conducirnos con apego a la legalidad.

La consolidación de nuestro país como un régimen de leyes pasa por todas sus instituciones y funcionarios, no sólo las encargadas de la seguridad y la justicia, por ello todos –quienes ocupamos un cargo público debemos de desempeñar nuestras obligaciones con la excelencia que los mexicanos lo merecen, lo requieren y lo necesitan.

Solucionar el problema de la violencia que aqueja al país y que lamentablemente ha cobrado tantas víctimas es responsabilidad del Estado mexicano, y dentro de este Estado mexicano está este Congreso de la Unión, sus poderes y sus órdenes de gobierno. Situación como la del jueves pasado, en el que la Mesa Directiva de esta asamblea se vio obligada a suspender la sesión por la ausencia de condiciones para la continuación de los trabajos legislativos son inaceptables y no debemos permitir que se repitan, principalmente en momentos tan complicados en los que la sociedad exige legítimamente resultados a sus gobernantes, representantes y líderes políticos.

Lo anterior no abona en nada para solucionar el problema principal, que es mejorar nuestras condiciones de seguridad, bienestar y oportunidades y por supuesto llegar a la verdad total y castigar a los responsables de los hechos que envuelven la desaparición de los 43 estudiantes.

En este sentido, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que el Poder Legislativo federal tiene una buena oportunidad para impulsar los cambios que el país necesita en términos del rediseño institucional, al cual se debe someter al Estado y a sus distintos órdenes de gobierno, para que éste tenga mejores condiciones y recursos para garantizar a los ciudadanos la seguridad que demandamos.

Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe ser el objetivo de todos, la confianza en que éstas tienen la capacidad para hacer prevalecer la justicia de manera expedita, eficaz y transparente, así como de evitar que quienes violan la ley se mantengan impunes.

Nos sumamos a lo que manifestó la compañera de Nueva Alianza, en el sentido de que no queremos víctimas, pero tampoco queremos héroes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Rubén Acosta. Tiene ahora la palabra el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, de la Fracción Parlamentaria del PRD.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:Compañeras, compañeros, en 1968 había 29 normales rurales, en 1969 cerraron 15 de ellas para aniquilar los reductos que había del movimiento estudiantil después de la matanza del 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culturas.

Estigmatizaron a las normales rurales, porque de ahí habían salido, entre otros, profesores como Arturo Gámiz, que ciertamente en su utopía y en sus convicciones encabezaron el movimiento armado al cuartel Madera, en Chihuahua. Porque de ahí egresó Lucio Cabañas y otros muchos más que participaron o en el Partido de los Pobres, o en el MAR o en el CARA, o en el FRAP o en la Liga 23 de septiembre.

Todos ellos pueden estar equivocados, pero todos contribuyeron a aportar –algunos derramando sangre– lo que hoy tenemos como democracia en este país, compañeras y compañeros.

La estigmatización que se hizo de las normales rurales desde aquel entonces tiene hoy sus consecuencias en Ayotzinapa.

México vive una profunda crisis social, política y de los derechos humanos, que expresa el malestar ciudadano acumulado por décadas y que es el resultado del hartazgo por la presencia del crimen organizado, por su involucramiento en la política y su penetración en las instituciones, hasta corromperlas.

Vivimos una crisis de Estado. Esa inconformidad social es resultado también del modelo privatizador que ha incrementado la pobreza en el campo y la ciudad, profundizado las desigualdades, deteriorado el bienestar de la gente y cancelada la esperanza de una vida mejor, sobre todo para los más jóvenes.

La corrupción y la impunidad –decimos nosotros– son el signo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ante esta crisis de Estado la solución no es la regresión autoritaria, como lo piden voces interesadas que desde el poder la impulsan, por el contrario, la solución es la construcción de un Estado democrático, social y de derecho, capaz de combatir la corrupción y la impunidad, con más y mayores cauces democráticos, una verdadera justicia social, bienestar y paz, como base de la gobernabilidad democrática.

Se tiene hoy a la esposa de Abarca en arraigo para poder verificar los delitos, y se tomó la decisión inmediatamente de trasladar a penales federales a los 11 muchachos que detuvieron en el Zócalo. No tiene punto de comparación una cosa con la otra.

No podemos estar de acuerdo y no lo vamos a estar, no somos partidarios y no permitiremos que haya más impunidad, y que se tengan en las cárceles a chivos expiatorios y libres a los delincuentes cómplices de militares y de funcionarios. No podemos permitir eso.

El Congreso de la Unión –pensamos– debe asumir la responsabilidad que le corresponde, para encausar ese malestar y dar respuesta puntual y rápida a las demandas legítimas de los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario del PRD exige que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión asumamos ese compromiso, particularmente se requiere voluntad política del titular del Ejecutivo para encarar un conjunto de decisiones de Estado, como las que enseguida proponemos.

Que el gobierno federal y de manera particular la PGR den respuesta pronta, rigurosamente veraz y creíble a las demandas de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala y Cocula, para esclarecer planamente los hechos sucedidos, encontrarlos con vida, castigar a los responsables de su desaparición y de los homicidios, quienes sean, y garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia.

Que garantice también la integridad personal de las familias de los normalistas y de los defensores civiles de los derechos humanos, así como el debido proceso de los imputados, y se garantice el derecho a la libre manifestación de las ideas y de reunión pacífica.

Que en Iguala y Cocula y en toda la región que comprende las entidades federativas de Guerrero, estado de México y Michoacán, el gobierno federal realice una acción inmediata y extraordinaria contra las bandas de la delincuencia organizada, respetando los derechos humanos de la ciudadanía, aunque no son éstas las únicas entidades en donde la delincuencia organizada actúa con impunidad, sí es en ellas en donde es urgente la intervención de las fuerzas públicas en el marco de la legalidad constitucional.

La actuación de la fuerza pública debe ejercer bajo los principios de legalidad y proporcionalidad, garantizando en todo tiempo el libre ejercicio de los derechos humanos, privilegiando, ante todo, el derecho fundamental a la vida de todas y todos los habitantes del territorio nacional.

Exigimos que quien haya incurrido en responsabilidad, en los dolorosos sucesos de Iguala sea sancionado y actuará en consecuencia con los que se encuentren involucrados.

Por ello, exigimos también al gobierno de la República asumir su propia responsabilidad en estos delitos del orden federal. Más aun, cuando está plenamente demostrado que los titulares de la PGR y Segob tenían conocimiento de los mismos y siendo su obligación constitucional no actuaron, lo cual hubiera evitado quizás la tragedia.

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proceda a realizar las investigaciones necesarias para sancionar a los servidores públicos que por acción u omisión hayan cometido violaciones a los derechos humanos en este lamentable caso.

Proponemos la creación de una comisión para la verdad y la justicia, nombrada por el Congreso de la Unión que dilucide y esclarezca la situación de miles de personas víctimas de desaparición forzada durante este gobierno y los anteriores. Que investigue y esclarezca a quiénes corresponden los cuerpos que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes del país.

Igualmente, no debe haber impunidad ante las miles de ejecuciones extra judiciales ni ante la violencia por secuestros, cobros de derecho de piso y robos que afectan a la población.

Esta comisión debe integrarse con ciudadanos, hombres y mujeres investidos de honorabilidad y prestigio social, cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno.

Además, deberá rendir un informe de la situación de las personas sujetas a proceso por su participación en la defensa de los derechos sociales.

Todo lo anterior para sentar las bases de un proceso de reconciliación social que coadyuve al restablecimiento de la paz y la justicia.

La corrupción es el cáncer de México y la impunidad es la otra cara de esta moneda. Destroza a las instituciones y lastima a la sociedad. Para combatirla proponemos crear el Tribunal Superior de Cuentas como un cuarto poder constitucional, con facultades para prevenir, auditar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos, a los particulares, a los partidos políticos o a sus integrantes que incurran en actos de corrupción.

La cuestionada licitación del ferrocarril México-Querétaro y las presuntas implicaciones que involucran al Presidente Enrique Peña Nieto, a sus familiares y a particulares debe ser plenamente esclarecida en este caso y en otros donde existan conflictos de interés y tráfico de influencias, así como otros presuntos delitos no debe haber impunidad alguna.

En consecuencia, la Cámara de Diputados debe integrar una comisión especial que conozca de los hechos y a la que comparezcan entre otros, los secretarios de Economía y de Comunicaciones y Transportes, así como las empresas que participaron en el concurso de la obra referida, particularmente la vinculación del Grupo HIGA, socio de la empresa china con la construcción de la casa de Las Lomas de Chapultepec, adquirida por la esposa del presidente.

Es necesario dejar atrás la utilización de las fuerzas militares en tareas que corresponden al mando civil y por ello planteamos, entre otras, que se cite a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, pues ello, este ejercicio y esta utilización de las Fuerzas Armadas ha deteriorado al ejército, al grado que algunos de sus miembros están sujetos a proceso penal por graves violaciones a derechos humanos, como es el caso de Tlatlaya.

Reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la criminalidad y por respeto a sus integrantes demandamos que el mando civil asuma esta tarea. Los soldados y marinos de México deben regresar en el tiempo necesario y prudente a sus cuarteles, al mismo tiempo que se debe iniciar la construcción de la policía nacional y avanzar en la consolidación del mando único en las entidades federativas.

La seguridad pública es un derecho público que corresponde garantizar a federación y a estados; en consecuencia resulta indispensable que cada ámbito de gobierno asuma sus responsabilidades en este problema y tome las acciones necesarias para reestablecer un clima de sana convivencia. Es tiempo de dar respuesta al reclamo social, a los menos favorecidos. Es tiempo de dar respuesta satisfactoria a todos los familiares de las víctimas, especialmente a aquellas desparecidas de manera forzada. Pero sobre todo, es tiempo de dar respuesta a México. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Agradecemos la presencia en este pleno de un grupo de ciudadanas, ciudadanos del municipio de Tecámac, estado de México, invitadas, invitados por la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik. Bienvenidas y bienvenidos.

De igual manera les damos la bienvenida a los alumnos de la carrera de Ingeniería en gestión empresarial del quinto semestre del Instituto Técnico de Estudios Superiores de Ciudad Hidalgo, invitados por el diputado Luis Olvera Correa. Sean ustedes bienvenidos.

También a la Universidad Cuauhtémoc, a la Universidad Isima, así como a ciudadanos de la capital de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

Tiene ahora la palabra el diputado Juan Pablo Adame Alemán, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán:Compañeros legisladores. Nuestro país atraviesa un momento delicado en su vida institucional y política. Sin duda la crisis política más profunda de las últimas décadas.

Es un momento en donde se han conjugado problemas sociales arraigados como la inequidad y la injusticia agravados por la falta de credibilidad en el gobierno y en las instituciones derivada de la evidente corrupción.

Lo que hace unos meses era el México reformista y transformador que construimos desde la Cámara de Diputados, hoy es un país en donde la inseguridad, el miedo y la indignación social han salido a protestar a las calles en diversos tonos, pidiendo respuestas y acciones a tres grandes demandas. Economía, seguridad y corrupción. Hay descontento y un cuestionamiento profundo a la forma de ejercer el poder en México y a la consecuente falta de garantías y condiciones para la paz y el desarrollo.

En Los Sentimientos de la Nación, Morelos hablaba de la moderación de la opulencia y la indigencia como requisito indispensable para la libertad. Esta misma cita de Morelos la usó el Presidente Peña Nieto y la ponderó como la primera obligación de su gobierno en su gira por Guerrero en diciembre de 2012. Hoy, a dos años del gobierno del Presidente Peña, podemos ver que ni se ha moderado la opulencia en el gobierno ni se ha moderado la indigencia en la sociedad y ésa es la raíz de la tormenta perfecta que estamos viviendo.

Para empezar, tenemos un país en donde la reforma hacendaria, aprobada aquí por el PRI y el PRD, ha generado más desigualdad y ha provocado más hambre. Cada vez pagamos más impuestos, cada vez es mayor la inflación y menor el crecimiento económico. El transporte es más caro; la vida en las fronteras es mucho más cara, y no se generan empleos porque no hay facilidades para ello. Sin crecimiento económico y sin generación de empleo, no se va a poder superar esta crisis.

En segundo lugar la corrupción y la inseguridad han sido evidenciadas con los hechos de Guerrero. Un alcalde y la policía corrompidos, un Estado de derecho ineficiente y las instituciones infiltradas.

Todo esto construyó, generó una de las peores tragedias en nuestro país, tragedias que hoy se representa en 43 desaparecidos. Sin embargo sabemos que no es un mal exclusivo de Guerrero, que en Iguala no está el único alcalde corrompido y que no son sólo 43 los desaparecidos en nuestro país.

La corrupción en México se ha agravado, a diferencia del pasado caracterizado por prácticas de colusión y obtención de beneficios económicos reprobables; hoy la corrupción está cobrando vidas.

En tercer lugar tenemos un gobierno que se ha visto debilitado en su credibilidad y capacidad para generar confianza, un valor indispensable en cualquier gobierno y en cualquier democracia. Y todo esto a partir de hechos difundidos ampliamente ante la opinión pública en redes sociales y en medios de comunicación.

El PAN tiene dudas del posible conflicto de intereses entre el Grupo HIGA del señor Hinojosa y el Poder Ejecutivo. Tenemos dudas sobre la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, y sobre los costos de indemnización generados que pagaremos todos los mexicanos.

Y estas dudas no son únicas del PAN, son millones de mexicanos que exigen transparencia y rendición de cuentas.

Compañeras y compañeros diputados, hoy una vez más el PAN está de lado de las soluciones y no del lado de los problemas.

Decía Castillo Peraza que la primera corrupción que afecta a la democracia es la corrupción de las conciencias. Esta corrupción la consigue el poder por medio del terror, por medio del privilegio económico, a quienes se sometan voluntariamente a él, como sus cómplices y puede descender a subsistemas de complicidades hasta constituir una pirámide ligada por una cascada de ventajas.

Necesitamos darle a ésta y a las futuras generaciones, una esperanza de que México puede ser mejor, donde sus derechos humanos y políticos serán siempre respetados. No hay otra oportunidad, no hay otra oportunidad.

La clase política de nuestro país necesita afrontar esta crisis con sensibilidad y con responsabilidad. Por eso en el PAN creemos que una alternativa de solución al grave problema de la corrupción es aprobar, antes de que termine este año, el sistema nacional anticorrupción.

El PAN convoca a Movimiento Ciudadano, al Partido del Trabajo, a Morena, al verde, al Panal, al PRI, al PRD a que de inmediato pasemos a la discusión y a la aprobación del sistema nacional anticorrupción.

México está cambiado en lo electoral, en lo educativo, en lo energético, en muchos temas de trascendencia, pero seguimos enredados en un Estado en donde predomina la ineficiencia y la corrupción.

El PAN no va en busca de venganza ni de renuncias. No nos mueve el oportunismo ni la coyuntura. El PAN va por el fortalecimiento institucional para que no se vuelvan a repetir desgracias de este tipo en nuestro país y para que sea vigente el estado de derecho y la legalidad.

Que quede claro. El PAN y en el PAN no estamos cansados y no descansaremos hasta consolidar un México con justicia y sin corrupción. Sólo así alcanzaremos la paz y el desarrollo verdadero que anhelamos y exigimos los mexicanos de bien. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, muchas gracias por ajustarse al tiempo. Tiene ahora la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, de la fracción parlamentaria del PRI.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Con su permiso, señor presidente. Hoy, como ya hemos venido escuchando, tenemos que privilegiar la política y respetar los acuerdos desde la pluralidad de las ideas.

Hemos escuchado con respeto y debemos de contribuir a los acuerdos, pero siempre dentro del ordenamiento de las reglas que imperan en este recinto legislativo. Y sí, como ha sucedido, pensamos diferente, pero los hemos tolerado y los hemos respetado.  Generemos consensos y avancemos para tener un Congreso de permanente generación de propuestas, pero sobre todo tener un México en paz.

Hoy tenemos dos años con rumbo gracias a un liderazgo audaz que es el de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que está impulsando y está desarrollando nuestra nación.

No vengan a esta tribuna con discursos incendiarios, provocadores e inadmisibles. No confundan a la población, pero sobre todo no se confundan a ustedes mismos, no lucren con el dolor de 43 familias.

Necesitamos debates responsables, no dilapidarios. Ya lo decía Fernando Arrabal: a los fanáticos que más debemos de temer, son aquellos que se confunden con la tolerancia. No sean cínicos. Un cínico cuando huele flores, lo primero que busca es el ataúd. No sean fanáticos, lo decía Churchill: un fanático no cambia de opinión y nunca cambia de tema.

Queremos justicia todos sí. Todos queremos justicia, pero la justicia se defiende con la razón y no incitando a las masas a delinquir. Ustedes, hasta cuando estamos de acuerdo con ustedes, piensan que se equivocaron, no seamos como los zorros que cambian de pellejo, pero no cambian de mañas.

Pareciera que el ansia les gana por mejorar sus circunstancias. Las ansias les ganan por mejorar sus circunstancias, pero son incapaces de mejorar ustedes mismos. Lo que es imperdonable, compañeras y compañeros, es que inviten a la gente a la agresión, imperdonable mentir cuando saben quiénes son los culpables, imperdonable que protejan a delincuentes y asesinos, imperdonable la falta de memoria de algunos de ustedes y de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora resulta que tienen amnesia y no se acuerdan que ustedes postularon a los delincuentes, a Abarca y a Aguirre. Les refresco, con mucho gusto les refresco la memoria. Al alcalde Luis Abarca ordenó a la policía municipal detener a toda costa a los normalistas de Ayotzinapa y solicitar para ello apoyo a la policía del municipio de Cocula. La operación fue cumplimentada a cargo del jefe de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien de acuerdo con la PGR recibía 600 mil pesos mensuales de salario por parte del narcotráfico.

Como han dado cuenta clara las imágenes en medios de comunicación, los estudiantes fueron brutalmente, brutalmente atacados con armas de fuego por policías de Iguala, dando por resultado 25 heridos, 6 muertos, 43 desaparecidos quienes fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

No sé si se acuerden de quién es Luis Abarca y María de los Ángeles, o la familia de José Luis Abarca antes de incursionar en la política vendía sombreros y huaraches, y en un tianguis. Ahora, sin embargo en 2008 anunció la construcción de Galerías Tamarindos, un complejo comercial de cuatro hectáreas, que tiene una tienda autoservicio, siete salas de cine, una tiendita chiquitita departamental con 50 localitos y un estacionamiento con 720 vehículos.

Es dueño de otras 17 propiedades en Iguala, en las que hay inmuebles y locales comerciales en el centro joyero de esta ciudad. Aparte el señor pagaba 2 a 3 millones de pesos mensuales a la organización criminal Guerreros Unidos. Y su esposa tiene antecedentes familiares que los vinculan con el crimen organizado. Sí, José Luis Abarca, les recuerdo y les refresco la memoria, su carrera política de la mano de Lázaro Mazón, quien fue presidente municipal de Iguala y durante el gobierno de Ángel Aguirre, secretario de Salud.

En 2011 Abarca se postula como candidato del PRD al municipio de Iguala con el apoyo de la diligencia nacional perredista y de cuadros locales del propio Lázaro Mazón, y con la venia del candidato a gobernador Ángel Aguirre y Andrés Manuel López Obrador.

No sé si todavía estén refrescados o no, pero se los digo: ¿Cómo llega Ángel Aguirre? Pues fácil, con el apoyo y la complicidad del PRD, de Andrés Manuel López Obrador, de Lázaro Mazón y de José Luis Abarca.

En síntesis, como acertadamente lo señaló Pablo Gómez, el gran levantón de Iguala se hizo por parte de un cuerpo policiaco, de funcionarios bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, donde otro perredista, Aguirre, era gobernador.

¿Y, les pregunto, qué hizo el gobernador? Nada. No hizo nada para evitar la brutalidad. Hoy Morena, López Obrador, Abarca, Lázaro Mazón y Ángel Aguirre son los responsables, el gobierno es de ustedes, el gobierno es de ustedes y bajo su tutela estaba la seguridad y la justicia.

Ahora resulta que estamos en un mundo al revés, donde nosotros estamos buscando encontrar a los 43 muchachos. Y por qué ustedes no les preguntan a sus amigos para que les digan en dónde están los muchachos, hombre. Hoy sus propios líderes morales se han estado acusando de corruptos y de solapadores. Hoy...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado. Ruego a la asamblea orden y permitan que continúe el orador. Y le riego que concluya, señor diputado.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Hoy con todo respeto subieron con una mantita y les digo: sí, revocación de mandato, pero a quienes apoyan a los asesinos, a esos habría que revocarles el mandato, son unos cínicos, son bandidos y son asesinos. Ustedes se los llevaron vivos, ahora ustedes tienen que regresárnoslos también vivos.

Y, en otro orden de ideas...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado. Señoras diputadas y señores diputados, ruego permitan al orador continuar en el uso de la palabra.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Querían debatir, debatamos. Hago hoy una reflexión en otro orden de ideas y pregunto, ¿dónde están todas y todos los que defienden a las mujeres? Esto se ve como un asunto de género, no permitamos la violencia sexista. Ahora resulta que en todo hogar se le debe de exigir al marido que dé explicaciones de tener una esposa exitosa.

¿Por qué no, y pregunto, por qué somos intolerantes ante el éxito personal y mucho menos intolerantes ante el éxito de una mujer? Hoy la primera dama de la nación no sólo es autosuficiente económicamente, es independiente de su marido.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, señoras diputadas, señores diputados, permitan que continúe el orador y concluya. Su tiempo ha concluido, señor diputado.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Terminaré, presidente, agradeciéndoles la gran ovación y la emoción que tienen. También hay chiveros de su lado, también hay gente irresponsable y se los digo; no seamos peores de lo que ya son, no nos incendien, no injurien y no provoquen.

Hoy les decimos, basta. Quieren debatir, debatamos, pero ajústense a los temas y no a sus ocurrencias. Hoy les pido, no nos secuestren creyéndose dueños de la verdad. Hoy somos más priistas que ayer, somos más solidarios...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señoras diputadas, señores diputados, permitan que el orador concluya.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Debo decir que hay porros que ejercen su libertad delinquiendo en las calles, pero los peores porros son ustedes que incendian, injurian y provocan. Hoy somos más priistas que ayer, hoy somos más solidarios con el presidente Peña Nieto que hace dos años y somos orgullosamente mexicanos. Muchas gracias.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos del artículo 100 y 102 del Reglamento de la Cámara, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las Comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. (*)

EFEMERIDE CON MOTIVO DEL “DIA DE LA ARMADA DE MEXICO”

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Asimismo, se invita a las diputadas Blanca Jiménez Castillo, del PAN; Margarita Tapia, del PRD; María del Socorro Ceseñas, del PRD; y diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Partido Verde, remitan a la Secretaría los textos íntegros de las efemérides con motivo del “Día de la Armada de México” y del Día en contra de la Violencia contra las Mujeres.

«Efeméride con motivo del “Día de la Armada de México”, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El país cuenta en términos marítimos con una posición geográfica envidiable, ya que está rodeado por dos de los océanos más importantes de nuestro planeta, el Pacífico y el Atlántico, además de contar con una superficie marítima de aproximadamente 3 millones de kilómetro cuadrados en su zona económica exclusiva.

México, por ser un país ribereño, necesita tener presencia real en el mar con el objeto de mantener abiertas sus líneas de comunicación marítima; garantizar la libre circulación de mercaderías y personas; proteger y explotar las riquezas del mar, su lecho y subsuelo; así como emplear el mar en el orden político internacional.

La Armada de México es la institución que tiene la difícil y compleja tarea de la vigilancia, protección y salvaguarda de las costas, mar territorial, zona económica exclusiva y el espacio aéreo marítimo del país.

Cada 23 de noviembre se celebra el Día de la Armada de México, como la fecha memorable en el que la recién creada Marina de Guerra mexicana logró la expulsión del último reducto español que resistían en el fuerte San Juan de Ulúa, con esta gesta se culmina la Independencia del país.

Pero ésta no es la única ocasión en la que la Armada de México participó en la defensa del territorio: el 21 y 22 de abril de 1914, el puerto sufrió una nueva invasión estadounidense, donde cadetes y voluntarios hicieron frente a los invasores.

En la actualidad, la Armada de México tiene la misma misión pero se enfrenta a diferentes amenazas, entre estas amenazas están: el narcotráfico y la piratería.

Los narcotraficantes, quienes en los últimos se han dedicado a trasladar por nuestras aguas territoriales grandes cantidades de droga, con la finalidad de hacerles frente de la mejor manera la Armada de México cuenta con experimentado personal naval, los cuales cuentan con aparatos de última tecnología, como patrullas oceánicas, interceptoras y de vigilancia costera.

Los piratas modernos constituyen otra amenaza importante. Estas bandas delictivas utilizan embarcaciones rápidas y armas de grueso calibre, que imitando la práctica de los legendarios piratas, buscan obtener ganancias atracando las embarcaciones, cometiendo violaciones o incluso homicidios.

La Armada de México también tiene la tarea de perseguir a las personas que realizan pesca indiscriminada en época de veda o por razones de extinción de especies.

De igual manera, la Armada de México, a fin de brindar apoyo a la población civil ante alguna contingencia a consecuencia del impacto de fenómenos meteorológicos o desastres naturales, establece el Plan Marina, siempre en coordinación con otras autoridades.

Otra tarea encomendada por el pueblo de México es la protección y salvaguarda de las instalaciones vitales, como son las plataformas petroleras y demás complejos energéticos costeros.

Dada la complejidad e importancia de las tareas encomendadas a la Armada de México, esta institución merece contar con todos los medios militares disponibles, ya sean estos: Barcos, armamento, aeronaves, vehículos anfibios y demás pertrechos, que le permitan convertirse en una de las mejores armadas del continente.

Por todo lo anterior, en el Partido Verde brindamos todo nuestro respeto y reconocimiento a una de las instituciones de mayor prestigio y mejor ponderadas por la población.

Hacemos votos para que la Armada de México siga defendiendo con valor, honor y lealtad la patria.

Dado en la Cámara de Diputados, a 25 de noviembre de 2014.— Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)»

EFEMERIDE DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

«Efeméride con  motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Hoy que conmemoramos, como cada 25 de noviembre, el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, no es menor señalar que, durante los últimos años, se ha desarrollado un robusto marco normativo para la protección de las mujeres, del cual hemos participado las y los legisladores de esta Cámara.

Así, hoy contamos con contenidos normativos como el del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Y el del artículo 4o. constitucional, que señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Asimismo, tenemos dos leyes generales de gran vocación transformadora en la tutela de los derechos de las mujeres: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual sienta las bases para garantizar la igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres, y desarrolla mecanismos institucionales para el cumplimiento de dicho objetivo y, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que busca erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres.

Además, nuestro país se ha adherido a instrumentos internacionales que se han convertido en una guía para el Estado mexicano en materia de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres y obligan a plantear políticas públicas en los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, en todo ello, sin duda el avance más importante ha sido sacar del ámbito privado la violencia contra las mujeres, donde era visto como un asunto privado y ajeno a la intervención del estado. Gracias al impulso del movimiento amplio de mujeres, se ha llevado a la esfera pública y se empieza a situar como un problema social, reconociéndose que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos.

No obstante lo anterior, hoy, iniciado el siglo XXI, lamentablemente el fenómeno de la violencia contra las mujeres en nuestro país, pareciera cada vez más vigente.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, en México, seis de cada diez mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia.

Según la misma encuesta, la violencia contra las mujeres más extendida es aquella que ocurre en el ámbito de las relaciones más cercanas, como la pareja. Así, por cada 100 mujeres casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas, 49 ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación marital o de cohabitación.

Por otra parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha indicado que en el país cada día son asesinadas 6 mujeres, y que de esos casos, al menos la mitad son feminicidios. Es decir, son asesinatos motivados por el sexismo o la misoginia.

Por su parte, el Informe sobre Feminicidio en México, elaborado y publicado en 2011 por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México, indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007.

Esta lacerante realidad, nos hace ver que a las mujeres de poco nos sirve que se proclaman nuestras libertades civiles y políticas, nuestro derecho a la educación o a la salud, si no nos garantiza con anterioridad, nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia.

Y lo digo así porque pareciera que en esta administración, a pesar de la evidente realidad violenta que viven millones de mujeres, es poco el compromiso que se tiene con su derecho a una vida libre de violencia. Pues si bien es cierto que tiene el tema de mujeres en su agenda, no observamos acciones concretas para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia.

Por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en febrero de 2007, se establece la creación de un banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, que hasta la fecha no existe. Por tanto, sigue siendo un enorme desafío tener registros sobre violencia contra las mujeres, y conocer cuántas mujeres violadas hay en el país o cuántos feminicidios hay en México.

Asimismo, aun cuando en la ley se instituyen mecanismos para la protección de las mujeres, las autoridades hasta hoy no aceptan que haya una alerta de género en ningún sitio, lo que parece dar lugar a que en México sigan aumentando los feminicidios.

Compañeras y compañeros: ya es hora de hacer conciencia para acabar de una vez por todas con este lacerante problema.

No soslayemos que las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de las mujeres por el solo hecho de serio, en las normas sociales, y en los estereotipos de lo que socialmente es ser hombre o ser mujer, que la perpetúan.

Recordemos que, como lo menciona el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “No hay mejor instrumento que la educación para afirmar la dignidad humana, promover una cultura de no violencia y construir una paz duradera. A través de la educación podemos desarrollar nuevas formas de vivir unos con otros y con el planeta. La educación también puede sentar las bases para desarrollar nuevas formas de ciudadanía mundial y solidaridad humana, que tan esenciales son en el mundo de hoy.”

Por ello, en nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que la mejor manera de contrarrestar la violencia contra las mujeres, es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales.

En Acción Nacional creemos que la prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género.

Asimismo, hemos sostenido que el trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. Pues la juventud es una época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género.

Hoy más que nunca los hechos nos obligan a trabajar por conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y las niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política.

En nuestros tiempos, hombres y mujeres debemos hacer frente, sin miedos y sin reservas, a todo el conglomerado de factores que puedan generar esta violencia tan lacerante. Es tiempo de reconocer que necesitamos concientizarnos sobre este doloroso problema para acabar con la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

Es cuánto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.— Diputada Blanca Jiménez Castillo (rúbrica).»

«Efeméride con  motivo del 25 de noviembre, “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.

Buenos días compañeras y compañeros, con su permiso, señor Presidente.

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 25 de noviembre como día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer e invita a los gobiernos así como a las organizaciones internacionales a eliminar la violencia en contra de las mujeres.

Es importante enunciar que fue el despiadado asesinato de las hermanas Mirabal, activistas ecuatorianas, ocurrido en un día como hoy de 1960, que dio la fecha a esta conmemoración. Es un día para recordar que tenemos un pacto en contra de la violencia y renovar el trabajo que día a día tenemos que realizar para eliminar este grave flagelo.

La violencia es un problema de orden mundial, nuestro país no escapa de él; a pesar del avance hacia la igualdad en los marcos normativos, en la cotidianidad las mujeres continúan siendo violentadas, sin importar edad, clase social u origen étnico. La violencia hacia nosotras, como mujeres, se manifiesta en varias formas, en distintos espacios de la vida pública y privada, así como de manera constante ejercida por los compañeros íntimos o por personas del círculo familiar.

La violencia a las mujeres es un problema que no tenemos resuelto dado que la efectividad de las políticas públicas han sido insuficientes para eliminar las costumbres y las percepciones que colocan a las mujeres en una posición inferior a la de los hombres.

Las mujeres son discriminadas al otorgarles menores salarios por el desempeño de un trabajo igual realizado por los varones, con menos oportunidades laborales, al desempeñar trabajos provisionales y precarizados. Considerando que las actividades de reproducción continúan siendo su responsabilidad, éstas les generan dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Además, tienen menores tasas de representación política, menor acceso y permanencia en el sistema educativo, sufren de muerte materna y la negación del ejercicio de los derechos sexuales reproductivos. Son asesinadas por razones de género, sujetas de desapariciones forzadas y a la trata de personas con diferentes fines, particularmente de tipo sexual.

Las estadísticas emanadas del INEGI en 2013 señalan en términos de desigualdades que:

• En el 72 por ciento de los hogares en México el propietario de la vivienda es el o la jefe del hogar.

• La población con estudios superiores concluídos, cuyo campo de actividad se enfoca a la ciencia y la tecnología, muestra ligeras variaciones en los últimos años. En 2008 los hombres representaban 53.8 por ciento de dicha población, por 46.2 por ciento de mujeres.

• En el 2012 el promedio de horas de trabajo total semanal que realizaban las mujeres empleadas era alrededor de 10 y 12 horas en relación con los hombres.

• Entre quienes perciben menos de dos salarios mínimos prevalecen las mujeres con 29.7 por ciento, mientras que quienes ganan más de dos salarios mínimos son los hombres en un 23.3 por ciento.

• De 2006 a 2011, la cifra de mujeres de 15 años y más que han enfrentado episodios de violencia a lo largo de la relación con su actual o última pareja aumentó 3.8 puntos porcentuales al pasar de 43.2 a 47 por ciento.

• En cuanto a representación política, no hay paridad, presidentas municipales: 6 por ciento, diputadas federales: 37 por ciento, diputadas locales: 27 por ciento y senadoras 33 por ciento.

• Hubo 920 muertes maternas evitables durante el 2013.

• En el año 2012, en el país, la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 muertes por cada 100 mil, de los cuales, el 49.1 por ciento de los homicidios de mujeres ocurrieron en la vía pública Es de importancia resaltar que 25.8 por ciento de los homicidios de mujeres sucedieron en el hogar.

Las cifras no son alentadoras por lo cual las y los invito a renovar este compromiso desde el ámbito de nuestras respectivas competencias. Gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.— Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem.»

«Efeméride con  motivo del 25 de noviembre, “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con su venia, diputado Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Hoy, 25 de noviembre, reconocido como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer”, es una fecha que tiene como objetivo lograr un compromiso sustantivo de los Estados, de la comunidad internacional y de las sociedades para lograr la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Ser mujer significa estar expuesta a toda la violencia que el simple hecho de serlo desata. Nuestros cuerpos son cosificados, generan odio y miedo; nuestras capacidades son subestimadas; somos aún invisibilizadas y discriminadas en el espacio público –tan sólo levantemos la cara en esta sala y podremos comprobarlo sin distinción de colores–. En el espacio privado seguimos siendo sometidas, dotadas con hasta tres jornadas laborales al día sin remuneración, estigmatizadas, segregadas, pues aunque los avances en la conquista de derechos y reconocimiento de las mujeres son innegables, aún hay una enorme inequidad en nuestras sociedades, producto de un sistema patriarcal que permea la vida de todas las mujeres y niñas.

Yo quiero conmemorar y agradecer todas las formas de lucha que emprendieron compañeras nuestras para la conquista de nuestros derechos y que me permiten ahora estar frente a ustedes con este mensaje. También celebro las luchas actuales: las de mis compañeras políticas que con base en sus capacidades y grandes esfuerzos se encuentran en posibilidad de representar a muchas otras más; las de las activistas, quienes no dejan de alzar la voz, ni tomar las calles ante cualquier injusticia, las que nos recuerdan que no sólo hay 43 normalistas desaparecidos sino también 2200 mujeres que nos faltan en México; conmemoro las luchas que mis hermanas libran día con día, y las de todas las mujeres que soñamos y construimos otros mundos más justos desde la posición en la que estamos.

No puedo olvidar a su vez a las mujeres que han dado la vida por el sueño de sociedades más dignas. Y, por supuesto, conmemoro a las que han perdido la vida en manos de la violencia feminicida, la lesbofobia y la transfobia, a quienes han sido privadas de su libertad por la violencia machista institucionalizada, por la represión y criminalización de las protestas, y a todas aquellas víctimas de la violencia obstétrica que se enmarca en un sistema institucional que desdeña la salud de las mujeres, sobretodo de las indígenas, las afromexicanas y las más jóvenes.

Las recuerdo y las conmemoro porque también lucho, con muchas de ustedes, para que esto no se reproduzca más, no sólo a través del impulso y la creación de un trabajo legislativo con perspectiva de género, sino también a través de una lucha personal diaria para deconstruir la violencia que nos atraviesa a todas y todos, producto de la educación machista que recibimos en cualquier institución, ya sea escuela, casa, iglesia, o partido, sin dejar de lado a los medios de comunicación que en su mayor parte, promueven y perpetúan la violencia de género injustificablemente.

Es por ello, compañeras y compañeros, que debemos trabajar para lograr que nuestras instituciones garanticen efectivamente el ejercicio y acceso a nuestros derechos humanos, para construir un marco legislativo garantista que pueda ser traducido en cambios sustanciales en la vida no sólo de las mujeres, sino de todas las personas. Debemos luchar para modificar las condiciones desfavorables que existen en nuestro país que afectan con mayor fuerza a las poblaciones de mujeres, niñas, jóvenes y disidentes sexuales.

Organicemos la indignación, el dolor y levantamos la voz por nosotras y por las que ya no pueden hacerlo.

Por ello hoy nos posicionamos no como víctimas, sino como agentes de cambio en la búsqueda por impulsar la transformación de esta realidad injusta. Nosotras aprendemos no sólo de la historia, sino de nuestras propias experiencias y de las de nuestras compañeras, y conocemos mejor que nadie nuestros contextos. Por ello, formulamos nuestras propias demandas, siempre enmarcadas en el reconocimiento de nuestra autonomía y agentividad social.

Hoy rechazo la misoginia y el machismo en nuestras instituciones y conductas cotidianas. Las problemáticas de las mujeres deben ser temas centrales en nuestras agendas, pero no sólo de palabra sino de hechos. Para eso, debemos rechazar todo tipo de jerarquías y desigualdades basadas en el sexo, expresión de género, orientación sexual, edad, raza, etnia, condición socioeconómica y de cualquier otro tipo, en cualquier nivel del gobierno.

Enfaticemos la necesidad de incluir de manera transversal en los marcos legislativo, jurídico e institucional la perspectiva de género con una visión de derechos humanos. Sólo así se logrará la inclusión real sin discriminación en todos los programas, políticas públicas, leyes e instituciones, de todas las mujeres.

Para alcanzar esto, compañeras y compañeros, debemos impulsar el acceso a derechos reproductivos y sexuales a través de la legalización de la interrupción legal del embarazo en todas las instituciones de salud pública, en condiciones adecuadas que no pongan en riesgo la salud de las mujeres, y con un trato libre de discriminación.

Garanticemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Impulsemos políticas públicas eficaces para prevenir y dar atención a la violencia de género. Generemos programas integrales para sensibilizar y capacitar al personal de cualquier institución pública en temas de género y feminismos. Visibilicemos y sancionemos la discriminación por sexo y/o género. Armonicemos, implementemos y difundamos a nivel nacional la tipificación del femicidio. Colaboremos con las organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos de las mujeres.

La participación de las mujeres en los diversos espacios públicos y políticos del país es fundamental, ya que no se puede hablar de una democracia real si no existe una igualdad sustantiva en estos espacios.

Es por ello necesario que las mujeres exijamos, defendamos y ejerzamos plenamente nuestros derechos, que construyamos un proyecto de emancipación para transformar las relaciones de poder, de dominación, desigualdad, discriminación y subordinación que han existido, que naturalizan la violencia contra las mujeres, y que perpetúan y fomentan las prácticas machistas.

Son todas esas actitudes y prácticas las que debemos de construir para avanzar hacia sociedades más justas y equitativas. Es fundamental seguir fomentando, promoviendo y construyendo resistencias, debemos adueñarnos de los espacios de participación política, construir procesos de autonomía y emancipación, para así contribuir a la consolidación de una verdadera democracia.

No debemos olvidar que “los derechos de las mujeres son también derechos humanos.” Muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.— Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa.»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 14:34 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo jueves 27 de noviembre, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:30 horas de la mañana.

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