Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

ASISTENCIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 254 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado(a las 11:29 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de septiembre de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la diputada Lucila Garfias Gutiérrez

En relación con retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el doctor Pablo Cotler Ávalos, llevará a cabo la Evaluación de Diseño 2014 del Fondo Nacional Emprendedor.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de agosto de 2014, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de agosto de 2014, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2013.

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura relativo a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a la Semarnat y demás dependencias competentes, a fin de revisar y determinar sí, las obras realizadas en el Rancho “Pozo Nuevo”, estado de Sonora, propiedad del Lic. Guillermo Padrés Elías y su familia, se realizaron conforme a lo que establece la ley, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la PGR a emprender las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada y a los congresos locales a legislar en la materia, considerando lo establecido en los estándares internacionales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y Estatales, así como al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que a través de sus secretarías de Finanzas o de Hacienda que correspondan, expongan de manera exacta y detallada el estatus de la deuda pública que tiene cada Estado de la Republica durante las dos últimas administraciones y en particular lo referente a los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Iniciativas

Que reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 33 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Luisa María Alcalde Luján, Claudia Delgadillo González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. y adiciona un artículo 16 Bis de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Alliet Mariana Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Laicidad de la República, a cargo del diputado Víctor Reymundo Nájera Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez y Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, suscrita por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Gutiérrez De la Garza y Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Torio y Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 578 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que deroga el artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de los titulares de la Semarnat, de la Profepa y de Pemex, se difundan todos los permisos y concesiones de los pozos en la Cuenca de Burgos con la tecnología de fracturación hidráulica, así como el estado que guardan, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa, a fin de procurar la justicia ambiental, mediante la aplicación expedita de la legislación en la materia; asimismo, se exhorta al titular de la CNDH, para que difunda los informes y recomendaciones emitidas a raíz de las quejas recibidas por daño ambiental, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, se revisen los protocolos y procedimientos de seguridad a seguir durante los actos públicos a los que asista el Presidente de la República, a fin de respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

4. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Chiapas, para que busque los mecanismos legales y administrativos que resuelvan el problema de los concesionarios de transporte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SE y de la SHCP, a fin de garantizar el apoyo suficiente a productores de la industria azucarera de nuestro país, así como proyectar y determinar el arancel a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, para que implemente estrategias efectivas de seguridad en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a cargo del diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a la SRE y a la Sagarpa, para que tomen medidas emergentes para afrontar la ilegal política de cuotas compensatorias que aplica el Gobierno de Estados Unidos de América, respecto de las exportaciones de azúcar mexicana y se defiendan los intereses de la industria azucarera nacional, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, para que difunda a través de su sitio oficial de Internet, el monto total erogado en la construcción de los Centros de Investigación Federal (CIF 2 y 3), la procedencia y ejercicio de los recursos económicos utilizados y como operan actualmente dichos centros, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecisiete de septiembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del miércoles diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional; José Luis Muños Soria, del Partido de la Revolución Democrática; Carmen Lucía Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional; y Nelly del Carmen Pérez Vargas, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace comentarios.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Juntas Directivas, e integrantes de Comisiones Ordinarias, Especiales y de Grupos de Amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) De la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo, y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el treinta de abril de dos mil catorce. Se tiene por retirada actualícense los registros parlamentarios.

c) Tres de la Secretaría de Gobernación, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura:

• Relativo a imponer multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable en contra de la empresa denominada Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, como consecuencia del derrame de ácido sulfúrico en los Ríos Sonora y Bacanuchi. Se remite a la Comisión Especial para dar Seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora, para su conocimiento.

• Relativo a la responsabilidad de diversas autoridades, por los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Por el que exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, vigilen el pleno respeto de los derechos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transiten por nuestro territorio, durante las fiestas de fin de año. Se remite al promovente, para su conocimiento.

d) De la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática Generada por el Derrame de Diversas Sustancias Contaminantes en el río Sonora, con el que remite su primer informe de trabajo. De enterado, publíquese en el Diario de los Debates.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que remite Declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en los estados de Durango y Puebla. El Presidente informa a la Asamblea que de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria “El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en los estados de Durango y Puebla”. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a un informe relativo a las solicitudes de Consulta Popular. El Presidente informa a la Asamblea que el plazo legal establecido para ser presentadas, acompañadas de la documentación respectiva, concluyó el pasado quince de septiembre. Señaló que de las cuatro solicitudes presentadas ante esta Cámara, dos cumplieron con las formalidades de ley y ambas continúan en su proceso ante el Instituto Nacional Electoral, a saber: la relativa a la reforma constitucional en materia energética, y la referida al ingreso digno, la Presidencia está atenta al informe que dicho instituto remita, para actuar en consecuencia. Por lo que respecta a las relativas al horario estacional en la República Mexicana, y la asignación de candidatos independientes en diputaciones federales y senadurías, los solicitantes no cumplieron con las formalidades de ley y en consecuencia se procede conforme al artículo quince de la Ley Federal de Consulta Popular. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. Notifíquese a los promoventes.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos, los diputados: Mario Miguel Carrillo Huerta, Domitilo Posadas Hernández, María del Socorro Ceseñas Chapa, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, todos del Partido de la Revolución Democrática; y Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, que adiciona la fecha “veintiséis de enero, Aniversario del Natalicio de Justo Sierra Méndez, en mil ochocientos cuarenta y ocho”, al inciso A) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con veintiocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa y seis diputadas y diputados.

y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad trescientos sesenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fecha “veintiséis de enero, Aniversario del Natalicio de Justo Sierra Méndez, en mil ochocientos cuarenta y ocho”, al inciso A) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Recinto el ciudadano Abraham Correa Acevedo, diputado federal electo en la Primera Circunscripción Plurinominal del estado de Nayarit. El Presidente designa una comisión que lo acompaña a su ingreso al salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se suscribe en sus términos el Informe presentado por la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi y hace suyas las recomendaciones plasmadas en dicho informe. En votación económica se autoriza su discusión. Se concede el uso de la palabra para presentar el Informe al diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Presidente de la Comisión Especial. Se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus Grupos Parlamentarios a los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional; y Willy Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad se le concede el uso de la palabra para hablar en contra del Acuerdo al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba el Acuerdo. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que adiciona un inciso m) al artículo setenta de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María de Jesús Huerta Rea. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; y Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un inciso m) al artículo setenta de la Ley General de Educación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma el artículo veintiséis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Leticia López Landero. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Cuéllar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos cincuenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo veintiséis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Juntas Directivas, e integrantes de Comisiones Ordinarias, Especiales y de Grupos de Amistad. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas:

• Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noventa y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación y de Protección Civil, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos segundo, veintisiete, veintiocho, y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quince de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y ocho de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo noventa y dos de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, para dictamen.

• Ricardo Monreal Avila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos 14 y 74 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a fin de editar un libro conmemorativo del centenario de La Toma de Zacatecas, Los Tratados de Teoloyucan y del Ingreso del Ejército Constitucionalista a la ciudad de México. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de dar certeza jurídica para la regulación y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• José Humberto Vega Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de indemnizar a los campesinos ejidatarios y pequeños propietarios, ubicados en los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Sinaloa y Morelos, afectados por la servidumbre de paso de la Comisión Federal de Electricidad, derivada de la instalación de líneas de transmisión de alta tensión. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, para que difunda las investigaciones realizadas desde la recepción de los testimonios de diversos ciudadanos relacionados al incendio de la Guardería ABC, así como el estado actual que guarda el expediente. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a los titulares de las dependencias reguladoras del sistema financiero mexicano, para que implementen las recomendaciones hechas por la Comisión Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Integrantes del Grupo de Amistad México-Cuba, relativo a la liberación de ciudadanos cubanos detenidos en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de implementar las medidas que considere oportunas para erradicar el analfabetismo en los estados que se consideran con menor rezago educativo a nivel nacional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, a fin de atender y resolver los casos de extorsión a productores y comerciantes de limón en la Entidad. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana jueves dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta y ocho minutos.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada el acta.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Raúl Gómez, ¿Con qué objeto?

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Señor presidente, gracias. Con el objeto de agradecerle al secretario de gobierno del estado de México por la llamada que recibió su servidor el día de ayer atendiendo la denuncia, pero a la vez hacer la denuncia en contra de elemento de la Policía Federal que después de que se quitaron las garitas en el caso específico de Nuevo Laredo,  que servía como filtro para la detección de documentos falsos, armas, etcétera, la Policía Federal se la pasa extorsionando a nuestros connacionales en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, por lo cual hago un atento llamado al comisionado para que ponga atención a esta denuncia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Queda registrada su expresión de gratitud al ciudadano secretario general de gobierno del estado de México. Por lo que hace al resto de sus comentarios, se registra también su participación en el Diario de los Debates. Gracias, diputado Raúl Gómez.

Proceda la secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación al turno de una proposición.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica modificación de turno de la siguiente

1. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que incluya el estado de Colima en su programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2014, por lo que se refiere a la revisión del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol que manejó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el gobierno de ese estado, presentada por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de agosto de 2014.

“Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.”

México, DF, a 17 de septiembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Permítame, señor secretario. Diputado Enrique Aubry ¿Con qué objeto?

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino(desde la curul): Gracias, señor presidente, sólo solicitarle por medio suyo, que la Mesa Directiva pueda coordinar que el Congreso pueda poner un centro de acopio los damnificados del huracán Odile que tanto ha lastimado a nuestro estado de Baja California Sur y tomar todas las medidas para poder ayudar a todos los ciudadanos de este gran estado que están pasándola mal. Nos unimos a las pérdidas y a las penas que están viviendo y ojalá podamos unir a todos los diputados para ayudar a todos los damnificados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Hacemos nuestra su propuesta, señor diputado Aubry, y haremos llegar a la Junta de Coordinación Política la misma para que se tomen las medidas necesarias. En tanto, también se instruirá a la Secretaria General para tales efectos. Muchas gracias por su intervención.

Continúe la Secretaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 6 de marzo pasado, y que fue turnada ése mismo día a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2014.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía el 27 de marzo pasado, y que fue turnada ése mismo día a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.

Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2014.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y en alcance al oficio número SELAP/300/870/14, me permito remitir copia del similar número 113.2014.DGVP.438, signado por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual comunica que el doctor Pablo Cotler Ávalos llevará a cabo la evaluación de diseño 2014 del Fondo Nacional Emprendedor.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 11 de septiembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance a mi oficio 113.2014.DGVP.277, de fecha 30 de abril de 2014, y en cumplimiento al artículo 180, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito informarle que el doctor Pablo Cotler Ávalos llevará a cabo la evaluación de diseño 2014 del Fondo Nacional Emprendedor.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de septiembre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de la Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante agosto de 2014, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en agosto de 2014 fue de 1 millón 413 mil 813 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como pieza y kilogramo; se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de septiembre de 2014.— Maestro Juan Carlos Garduño Gamboa (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.Continúe.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2014, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 12 de septiembre de 2014.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El diputado José Alfredo Botello Montes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame secretaria. Diputado Alfredo Botello, ¿Con qué propósito?

El diputado José Alfredo Botello Montes (desde la curul): Sí, muchas gracias. Solicitar a la Presidencia si es tan amable instruir al encargado de la Gaceta Parlamentaria para que se publiquen a la vez los anexos que se dice acompañar, precisamente a estas participaciones del mes de agosto que se han dado a los gobiernos de los estados.

Muchas gracias. Es que no están publicadas, señor presidente, ése anexo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tengo conocimiento, señor diputado, que en medios electrónicos están a su disposición; consultarles sin perjuicio, por supuesto, de atender su petición de la publicación y de personalmente hacerle llegar los anexos.

Adelante, secretaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo.— Puebla.— Secretaría General de Gobierno.

Honorable Congreso de la Unión.— Avenida Congreso de la Unión número 66. Colonia El Parque. Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15969, México, DF.—Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio número D.G.P.L.62-II-3-1323 de fecha 29 de enero pasado dirigido al Gobernador del Estado de Puebla, mediante el cual se remite el punto de acuerdo con el exhorto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, para que en el marco del vigésimo quinto aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se adhieran a la iniciativa 10 por la infancia (UNICEF) para promover y materializar por todos los medios posibles todos los derechos contenidos en dicha convención; al respecto, me permito informar que la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla, mediante oficio número 5013/DAJ/ 1061/ 2014 de fecha 25 de abril del actual, dio a conocer las actividades que de manera coordinada con el Sistema DIF Estatal y otras instancias del gobierno de este Estado, realiza esa Dependencia y Entidad por conducto de la Subsecretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del estado de Puebla, por ser la Unidad Administrativa responsable de integrar la carpeta con indicadores y estrategias a contemplar durante el desarrollo de los trabajos correspondientes.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta Entidad Federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerles llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin más que el particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza.

José Montiel Rodríguez (rúbrica), encargado de despacho de la subsecretaría jurídica.»

«Escudo.— Puebla.— Secretaría de Salud.

Ciudadano José Montiel Rodríguez, consejero jurídico del gobernador y encargado de despacho de la subsecretaría jurídica de la Secretaría General de Gobierno.— Presente.

Hago referencia al oficio número D.G.P.L.62-II-3-1323 de fecha 29 de enero de 2014, dirigido al gobernador del estado, por la vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, remitido a través del similar 0167 B, signado por el jefe de oficina del secretario General de Gobierno, recibido el 14 de febrero de 2014, referentes al siguiente punto de acuerdo aprobado por dicho órgano:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal para que en el marco del 25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se adhieran a la incitativa 10 por la infancia (UNICEF) para promover y materializar por todos los medios posibles todos los derechos contenidos en dicha convención.

”Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal estatales, municipales y del Distrito Federal para que en el ámbito de sus competencias, garanticen la materialización de los derechos de la niñez plasmados en la propia convención.

”Tercero. La Comisión Permanente exhorta al Congreso de la Unión, para que de manera conjunta realicen diversas acciones que tenga como’ fin elevar las condiciones de vida que enfrentan actualmente las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.”

Al respecto, remito dicha documentación y al mismo tiempo informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta Dependencia y Entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por ser ésta la Unidad Administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido, el área médica por conducto del director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, mediante memorándums números DSPyVE/124, emitió el informe respectivo, mismo que en copia simple se acompaña.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta Entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 20, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno se brinde la atención que se estime conducente.

Atentamente

Puebla, Puebla, a 25 de abril de 2014.— Juana Inés Díaz Abdala (rúbrica), directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla.»

«Escudo.— Puebla.— Secretaría de Salud.

Licenciado Luis Ignacio Sánchez Castañeda, asesor jurídico de la subsecretaria de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de la Coordinación de Servicios de Salud.— Presente.

En respuesta a sus similares de número SSS/AJ/150/2014, SSS/AJ/064/2014, SSS/AJ/101/2014, SSS/AJ/119/2014, con respecto a la respuesta al exhorto remitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de los SSEP dirigido a la Coordinación de Servicios de Salud, hago constar que los Servicios de Salud del Estado de Puebla, han colaborado junto con el DIF estatal, y otras instancias del gobierno estatal, para sumarse a la iniciativa 10 por la infancia (UNICEF).

Siendo la Dirección de Evaluación de Programas, con apoyo de la Subdirección de Epidemiología la responsable de integrar la carpeta con indicadores y estrategias a contemplar durante el desarrollo de la estrategia y que enlisto a continuación:

Asimismo, estas acciones, las cuales recaen en competencia al interior de diferentes programas de la Dirección a mi cargo, permiten garantizar los derechos de la niñez plasmados en la Convención sobre los derechos de los niños así como contribuir a la mejora en las condiciones de vida que enfrentan los niños en nuestro estado.

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada al presente quedo de usted.

Atentamente

Puebla de Zaragoza, a 22 de abril de 2014.— Doctor Leandro Hernández Barrios (rúbrica), director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase al promovente, para su conocimiento.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por el diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa con fundamento en los  artículos 39, numeral 2, fracción XLIX, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que esta comisión procedió a elaborar el presente dictamen al tenor de los siguientes.

I. Antecedente

Único.El 26 de septiembre de 2013, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1156.

II. Contenido de la iniciativa

Primero.El diputado proponente manifestó en su exposición de motivos lo siguiente:

“(...) Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que en el mundo más de 3 mil millones de personas están ligadas a empresas cooperativas y que éstas representan un papel importante en el desarrollo económico y social en sus países.

Por ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional agrupa a 226 organizaciones cooperativas en 87 países, los sectores con los que están relacionados son el bancario, industrial, agrícola, pesquero, de salud, vivienda, seguros, turismo y consumo. Representan a aproximadamente 800 millones de personas y generan más de 100 millones de puestos de trabajo, 20 por ciento más que las empresas transnacionales.

Hoy, los miembros de cooperativas en todo el planeta superan los 800 millones. Actualmente, importantes sectores de la población son miembros de cooperativas en todo el mundo.

En 1994 la ONU estimó que el sustento diario de más de 3 mil 000 millones de personas (la mitad de la población mundial) era asegurado o facilitado por empresas cooperativas.

En Bélgica se reportó que en el año 2001 existían 29 mil 933 cooperativas, en donde contribuyen con 19.5 por ciento del mercado nacional de ese país. En Canadá, una de cada 3 personas es miembro de una cooperativa, particularmente de ahorro y crédito. En dicho país, las cooperativas productoras de azúcar de maple, producen 35 por ciento de este tipo de azúcar en el mundo. En Colombia más de 3.3 millones de personas son miembros de una cooperativa. En Costa Rica 10 por ciento de la población es cooperativista. En Alemania hay 20 millones de personas que participan en una cooperativa, es decir una de cada 4 personas. En el Japón, una de cada 3 familias y las cooperativas agrícolas reportan resultados de 90 millones de dólares, e integran 91 por ciento de los agricultores. En la India, más de 239 millones de personas son miembros de una cooperativa. En Singapur, 50 por ciento de la población es cooperativista. En Estados Unidos, 4 de cada 10 personas es un miembro de una cooperativa, es decir 25 por ciento del total de la población. En Noruega, las cooperativas de productos lácteos son responsables de 99 por ciento de la producción de leche, las de consumidores controlan 25 por ciento del mercado pesquero y 8.7 por ciento del total de las exportaciones. En lo forestal, las cooperativas intervienen en 76 por ciento de la producción de madera. En Uruguay, las cooperativas producen 90 por ciento de la leche, 34 por ciento de miel y 30 por ciento de trigo de ese país.

Los estados miembros de la ONU aprobaron en septiembre de 2009, la resolución durante la 64 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que promoverá aún más la causa cooperativa en todo el mundo. Declarando 2012 como el Año del Cooperativismo.

La resolución de la ONU reconoce el modelo cooperativo como un factor importante del desarrollo económico y social, promoviendo la mayor participación posible en el desarrollo económico y social de las personas en los países desarrollados y en desarrollo, y que, en particular, las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza. La resolución también insta a todos los gobiernos a crear un entorno más favorable para el desarrollo cooperativo, especialmente cuando se trata de proteger las finanzas de la creación de capacidad.

Con la implementación del modelo económico a partir de la década de los 80 el escenario nacional se ha caracterizado por la ausencia de crecimiento económico, provocando la sobreexplotación de la mano de obra, la pérdida de los derechos laborales conquistados en los contratos colectivos de trabajo, así como el desmantelamiento de la infraestructura productiva incrementando el grado de dependencia con el exterior y el desempleo.

En el segundo semestre de 2009, la economía mundial inició un proceso de recuperación luego de la peor crisis económica y financiera de los últimos 70 años. Esta crisis fue de tal magnitud que ocasionó la contracción de la producción mundial en 0.6 por ciento, una caída del producto interno bruto (PIB) mundial que no se había observado desde la época de la posguerra.

Debido a la crisis, en el segundo trimestre de 2009, la economía mexicana presentó una contracción de hasta 10 por ciento. En cambio, para el tercer trimestre de 2010, el PIB nacional creció a una tasa anualizada de 5.3 por ciento. Si bien este es un escenario que refleja una recuperación gradual de la economía nacional, el ritmo de crecimiento implica que el país tardaría aproximadamente tres años para regresar a los niveles de producción previos a la crisis.

Las consecuencias que arroja un modelo que más que desgastado, podríamos decir que nunca fue el adecuado, son entre otras, el crecimiento acelerado de la economía informal, despido masivo por el cierre de empresas, aumento en el flujo de emigración indígena y de profesionales, mala distribución de los ingresos y la riqueza, casi inexistente sector social de la economía y una población que subsiste con bajos salarios (80 por ciento obtiene de entre 0 y 5 salarios mínimos).

De acuerdo con los indicadores estratégicos que en materia de empleo publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observa que la crisis económica afectó de forma considerable al mercado laboral nacional y, especialmente, la calidad de las condiciones laborales.

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su más reciente reporte de investigación, explicó que de acuerdo a la metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en situaciones en que los medios convencionales de búsqueda de empleo son insuficientes o en que el mercado laboral está desorganizado o es de alcance limitado la definición estándar de desempleo puede aplicarse suprimiendo el criterio de búsqueda de empleo.

Tomando como base esta metodología, la tasa de desempleo (que no de desocupación) calculada a nivel nacional al cuarto trimestre de 2011 es de 15.4 por ciento (8 millones 710 mil 108 personas.

Aunado a lo anterior, la informalidad se presenta como un fenómeno cada vez más agudo ya que según datos recientes el número de trabajadores en el sector informal en la capital del país ascendió a 1.1 millones, es decir 28 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Es muy importante corregir el déficit estructural de empleos formales, así como mejorar la calidad de los puestos de trabajo.

Es necesario el impulso a las cooperativas como una alternativa que permite crear fuentes de trabajo formales y permanentes, propiciar la creación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas formales e impulsar el desarrollo económico del país estimulando la producción y el mercado interno a través de la promoción de un modelo de organización comunitaria y de corresponsabilidad ciudadana, en el cual se fomenta la cultura de respeto al medio ambiente, la equidad de género y la no discriminación.

Las cooperativas impulsan un modelo de desarrollo regional basado en las potencialidades de la población por colonia, barrio y región con la finalidad de influir en los procesos de generación y distribución equitativa de la riqueza.

La cooperativa y en general las formas de organización social, son asociaciones autónomas de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

El cooperativismo y la economía social y solidaria están basados en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, equidad y solidaridad. Los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social.

Otra razón que obliga llevar a cabo un impulso más serio al sector social de la economía y basado en lo anteriormente expuesto, lo establece el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

“Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que se fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático...

...

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado...

...

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía...”

En la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo en 2002 destaca la mención de que los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas compatibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios cooperativos.

Desde la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, existe una oportunidad de dar apoyo al sector social de la economía, a través de la promoción de la participación de empresas de este sector en las adquisiciones, arrendamientos y servicios que realice el sector público.

El gobierno es el comprador más importante de México, requiere y consume todo tipo de productos o servicios. Para cumplir con todas y cada una de sus actividades, los distintos niveles de gobierno en México requieren desde la adquisición de importantes volúmenes de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios, hasta la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Según datos de Compranet las compras planeadas por tipo de contratación para 2013, los montos totales por adquisiciones rebasan los 42 mil 472 millones de pesos: para arrendamientos 764 millones de pesos; para obra pública 17 mil 218 millones de pesos; para servicios 63 mil 192 millones de pesos; para servicios relacionados con obra mil 202 millones de pesos, como se puede observar en el siguiente gráfico.

Actualmente alrededor de 21 por ciento de los montos de gastos erogados por el gobierno tienen como proveedor relacionado a alguna Mipyme de este porcentaje no se desglosa cuántas de estas son empresas que pertenecen al sector social de la economía, pero se puede deducir que dado que no existe ningún incentivo para crear programas de apoyos a este sector, el porcentaje debe ser muy bajo o prácticamente nulo.

Es por ello que en esta iniciativa se propone incluir a este sector y que sea beneficiado con la finalidad de fortalecer los organismos con enfoque social y de esa manera estos logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables. (...)”.

Segundo. La iniciativa en estudio propone reformar el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para establecer que atendiendo a las disposiciones de la ley antes referida y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente las micro, pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como de sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Economía Social y Solidaria para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

Que para la expedición de las reglas antes referidas, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y del  Instituto Nacional de la Economía Social.

III. Fundamentación

Primera.En principio, resulta importante analizar el cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto en la iniciativa, que se presenta a continuación:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Texto vigente

Artículo 8.Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.

Texto propuesto en la iniciativa

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como de sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría, de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Nacional de la Economía Social.

En ese sentido, esta comisión dictaminadora advierte que la teleología de la propuesta de reforma consiste en lo siguiente:

a) Que la Secretaría de Economía dicte las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las sociedades cooperativas y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Lo anterior de conformidad con la Ley de Economía Social y Solidaria.

b) Que las dependencias y entidades diseñen y ejecuten programas de desarrollo de las sociedades cooperativas y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía para generar cadenas de proveduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

c) Que para la expedición de las reglas antes referidas, la Secretaría de Economía tome en cuenta no sólo la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública; sino también la del Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

Segunda.Debe precisarse que de la lectura de la exposición de motivos de la iniciativa, se advierte que la problemática planteada y a la que se pretende dar solución por la vía legislativa es esencialmente la siguiente:

“Actualmente alrededor del 21 por ciento de los montos erogados por el gobierno tienen como proveedor relacionado a alguna Mipyme (micro, pequeña y mediana empresa) de este porcentaje no se desglosa cuántas de estas son empresas que pertenecen al sector social de la economía, pero se puede deducir que dado que no existe ningún incentivo a crear programas de apoyos a este sector, el porcentaje debe ser muy bajo o prácticamente nulo.

Es por ello que en esta iniciativa se propone incluir a este sector y que sea beneficiado con la finalidad de fortalecer los organismos con enfoque social y de esa manera estos logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables.”

Tercera. Para en análisis que nos ocupa, resulta importante precisar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 25 lo siguiente:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Por su parte, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, establece en diversos artículos lo siguiente:

Artículo 2o. La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía, y

II. Definir las reglas para la promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Artículo 3o. El sector social de la economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, en concordancia con los términos que establece la presente Ley.

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 6o. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.

Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Economía:

I.Promover el desarrollo integral del ser humano;

II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;

III.Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;

IV.Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;

V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, en términos de la legislación aplicable;

VI.Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna;

VII. Participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas;

VIII.Impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad, y

IX. Promover la productividad como mecanismo de equidad social.

Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta ley.

El Instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

La organización y funcionamiento del Instituto, además de lo previsto en la ley, será determinada en términos del acuerdo que al respecto emita el secretario de Economía.

Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes:

I.Instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía;

II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social;

III.Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;

IV.Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del sector;

V.Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los organismos del sector;

VI.Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al sector, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los organismos del sector;

VII.(Se deroga.)

VIII.Llevar a cabo estudios, investigaciones y la sistematización de información que permitan el conocimiento de la realidad de los organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;

IX.Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante el diseño de su propia metodología, la firma de convenios de coordinación y colaboración con las dependencias de la administración pública federal, así como con dependencias de las entidades federativas, municipios y universidades e instituciones de educación superior;

X.Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los organismos del sector, siempre que la legislación específica en la materia de cada organismo del sector se los permita;

XI.Promover la creación de organismos de representación del sector de conformidad por lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de las formas asociativas que los integran;

XII.Promover y apoyar la creación de organismos del sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias específicas, para la prestación de servicios financieros al mismo sector;

XIII.Difundir los valores, principios y fines del sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos, y las demás que se establezcan en el acuerdo que emita el secretario de Economía;

XIV.Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de organismos del sector, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la presente ley;

XV.(Se deroga).

XVI.Establecer un Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del Sector;

XVII.Definir las distintas regiones geoeconómicas necesarias para el cumplimento de las disposiciones contenidas en la presente ley; y

XVIII.Publicar anualmente un compendio de información básica vía digital y/o impresa sobre los Organismos del Sector, que incluya a todos aquellos organismos beneficiados;

XIX.Impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país;

XX.Favorecer cadenas productivas de valor, locales, regionales, nacionales y globales, que sirvan para el escalamiento progresivo de los organismos del sector;

XXI.El Instituto en materia de fomento, determinará las reglas, lineamientos y, en general, todo lo necesario a fin de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, en la prestación de apoyos y estímulos a los organismos del sector; y

XXII.Las demás que señale el acuerdo que emita el secretario de Economía.

Cuarta. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción considera viable la reforma propuesta, con base en lo siguiente:

1. Se establece un mecanismo que facilita la expansión de la actividad económica del sector social, lo que fomenta la participación de ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la distribución y consumo de bienes y servicios; en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público.

Con lo anterior, se cumple con lo dispuesto por la Carta Magna en su artículo 25; toda vez que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable; para que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Asimismo, debe referirse que corresponde al Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional; donde deberán concurrir, con responsabilidad social, el sector público, social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo nacional. Y que bajo criterios de equidad social y productividad, la Carta Magna mandata que se apoye e impulse a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Por lo que con la propuesta el Estado cumple, a través de la vía legislativa, con el deber consistente en apoyar e impulsar a los organismos del sector social de la economía, a la luz de criterios de equidad social y productividad, en pro del beneficio general y el interés público. Como lo señala la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos del artículo 2 de la ley antes referida, al establecer condiciones favorables para las formas de organización social de la economía, se abona para la consecución de la promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

2. Respecto a la propuesta de facultar al Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) para emitir opinión a la Secretaría de Economía en materia de las reglas en pro de la participación de los organismos del sector social de la economía en materia de licitaciones públicas que ésta expida; debe mencionarse que resulta viable; pues dicho instituto posee una amplia visión respecto a las medidas que pueden ser contempladas en las reglas que se emitan, ya que en términos del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaría, es el encargado de instrumentar la política nacional de fomento y desarrollo del sector social de la economía, debiendo propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del sector, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social;formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del sector; entre otras y es el órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al sector, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los organismos del sector.

III. Consideraciones

Primera.Que el 26 de septiembre de 2013, el diputado José Alberto Benavides Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa de mérito; misma que fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.

Segunda.Quela iniciativa de mérito, en síntesis, propone lo siguiente:

a) Que la Secretaría de Economía dicte las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las sociedades cooperativas y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Lo anterior de conformidad con la Ley de Economía Social y Solidaria.

b) Que las dependencias y entidades diseñen y ejecuten programas de desarrollo de las sociedades cooperativas y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía para generar cadenas de proveduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

c) Que para la expedición de las reglas antes referidas, la Secretaría de Economía tome en cuenta no sólo la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública; sino también la del Instituto Nacional de Economía Social.

Tercera.En la exposición de motivos, el diputado esencialmente refiere que la iniciativa propone que el sector social de la economía (ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios) se vea beneficiado con programas de apoyo para que participen en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

También se externó que dicho sector se vería beneficiado y se fortalecería a los organismos con enfoque social, para que logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables.

Cuarta.A juicio de esta dictaminadora, resulta procedente la propuesta de reforma, con base en lo siguiente:

1. Se establece un mecanismo que facilita la expansión de la actividad económica del sector social, lo que fomenta la participación de ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la distribución y consumo de bienes y servicios; en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público.

Con lo anterior, se cumple con lo dispuesto por la Carta Magna en su artículo 25; toda vez que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable; para que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Asimismo, debe referirse que corresponde al Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional; donde deberán concurrir, con responsabilidad social, el sector público, social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo nacional. Y que bajo criterios de equidad social y productividad, la Carta Magna mandata que se apoye e impulse a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Por lo que con la propuesta el Estado cumple, a través de la vía legislativa, con el deber consistente en apoyar e impulsar a los organismos del sector social de la economía, a la luz de criterios de equidad social y productividad, en pro del beneficio general y el interés público, como lo señala la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En términos del artículo 2 de la ley antes referida, al establecer condiciones favorables para las formas de organización social de la economía, se abona para la consecución de la promoción, fomento y fortalecimiento del sector social de la economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Como puede apreciarse, el Estado busca incentivar la existencia de esas sociedades, pues se les reconoce como un motor importante en la activación económica, en tanto puede advertirse su existencia en cualquier actividad u oficio, llámese de construcción, de reparación, de construcción de vivienda, educativo, etcétera.

2. Respecto a la propuesta de facultar al Instituto Nacional de la Economía Social para emitir opinión a la Secretaría de Economía en materia de las reglas en pro de la participación de los organismos del sector social de la economía en materia de licitaciones públicas que ésta expida; debe mencionarse que resulta viable; pues dicho instituto posee una amplia visión respecto a las medidas que pueden ser contempladas en las reglas que se emitan, ya que en términos del artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaría, es el encargado de instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía, debiendo propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector, mediante el establecimiento del Programa de Fomento a la Economía Social;formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del Sector; entre otras y es el órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al sector, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los organismos del sector.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción resolvió dictaminar en sentido positivola iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, así como de sociedades cooperativas y las demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría, de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Nacional de la Economía Social.

Transitorio

Único. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Juan Isidro del Bosque (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), secretarios; Omar Antonio Borboa Becerra, Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica),  Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rodimiro Barrera Estrada, por la comisión, para fundamentar el dictamen. Adelante, por favor.

El diputado Rodimiro Barrera Estrada: Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Rodimiro Barrera Estrada: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para fundamentar a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción el dictamen respecto a la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que presenta la labor realizada por nuestra comisión para impulsar disposiciones que generen condiciones equitativas entre los actores que participen en los procedimientos de contratación pública, a efecto de que estos sean más transparentes, que aseguren un correcto empleo de los recursos públicos y al mismo tiempo impulsen el desarrollo económico nacional en todos los ámbitos.

La propuesta de reforma pretende fomentar la participación del sector social de la economía para que se vea beneficiado con programas de apoyo para que participen en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con la finalidad de fortalecer los organismos con enfoque social y de esta manera estos logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables.

En este contexto se establece un mecanismo que facilita la expansión de la actividad económica del sector social, lo que fomenta la participación de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social, para la distribución y consumo de bienes y servicios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Con lo anterior se da observancia a lo dispuesto en la Carta Magna, en su artículo 25, pues corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable para que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Asimismo, debe referirse que corresponde al Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. Donde deberán concurrir con responsabilidad social los sectores público, social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan a al desarrollo nacional. Y que, bajo criterios de equidad social y productividad, la Carta Magna mandata que se apoye e impulse a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Por lo que con la propuesta se cumple, a través de la vía legislativa, con el deber constitucional, consistente en apoyar e impulsar a los organismos del sector social de la economía, a la luz de criterios de equidad social y productividad, en pro del beneficio general y el interés público, como lo señala la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al establecerse condiciones favorables para las formas económicas de organización social se abona para la consecución de la promoción, fomento y fortalecimiento del sector social, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y a mayor generación de patrimonio social.

Con la aprobación del presente dictamen se generan las condiciones y los mecanismos indispensables para incentivar la existencia de sociedades cooperativas y de todas las formas de organización económica social, pues se les reconoce como un motor importante en la activación económica, en tanto puede advertirse su existencia en cualquier actividad u oficio, llámese de construcción, de reparación, de construcción de vivienda, educativo, entre otros.

Por todo lo anterior, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, solicito su voto a favor del presente dictamen, pues con ello se dará un paso más en beneficio del sector social de la economía y en el robustecimiento del marco normativo que rige la contratación pública. Por su atención, muchas gracias compañeros legisladores.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Barrera Estrada.

Nos acompañan y los saludamos, a invitación de las señoras y los señores diputados:  Soraya Córdova Morán, diputada Aleida Alavez Ruiz, compañera vicepresidenta, el señor diputado Ricardo Monreal Ávila e Irazema González Martínez Olivares, alumnos de la Universidad de Ahuacatlán, Puebla, de la Escuela Nacional Preparatoria número cuatro, Vidal Castañeda Nájera, de la UNAM; de la Facultad de Derecho de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y la escuela Profesor Juan de Dios Rodríguez Heredia, de Naucalpan, del estado de México. Los saludamos y gracias por su acompañamiento.

Para fijar la fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, hasta por cinco minutos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Damos la bienvenida a los alumnos invitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila.

En el mundo económico existe una figura que en los últimos años ha tomado relevancia debido a las personas que hacen uso de ella, y a la variedad de sectores que abarca. Estamos hablando de las cooperativas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas existen más de 3 millones de personas que pertenecen a empresas cooperativas, las cuales se integran en 226 organizaciones a lo largo de 87 países.

Entre los rubros que merecen especial atención debido al peso cooperativo presente en ellos destacan el de la salud, vivienda, bancario, agrícola e industrial demostrando que el carácter de las cooperativas no se limita a un sector específico.

Es así que a través de un sistema que fomenta como ejes rectores la democracia, la equidad, la solidaridad, la autorresponsabilidad, la honestidad y la transparencia, se han realizado esfuerzos internacionales en los que se busca que las naciones otorguen un apoyo sólido a las empresas cooperativas domésticas.

Con base en esto, la ONU declaró en 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas teniendo como principales propósitos crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social; fomentar la constitución y el crecimiento de estas organizaciones, y establecer políticas adecuadas para las mismas.

A pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país, el fortalecimiento y el apoyo que se han brindado a estos esquemas empresariales ha resultado mínimo siendo el principal responsable de lo anterior el gobierno; ya que es él y no la iniciativa privada, el comprador más importante dentro del territorio mexicano.

De acuerdo con la información de Compra Net, las compras gubernamentales del 2013 ascienden a más de 42 mil 472 millones de pesos, de los cuales, sólo el 21 por ciento tiene como proveedora a una empresa perteneciente al esquema de Mypymes y de organizaciones del sector social.

Por ello estamos de acuerdo con el dictamen que se discute el día de hoy, ya que busca que la Secretaría de Economía dicte las reglas que deben de observar las dependencias y entidades derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las sociedades cooperativas, y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía.

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como para establecer que para la expedición de dichas reglas, se tome en cuenta, además de la opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, la del Instituto Nacional de Economía Social.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor. Sin embargo, debemos decir que esta reforma no tendrá el menor impacto si no viene acompañada de políticas que ataquen los dos principales problemas que enfrentan las sociedades cooperativas en México, las restricciones que enfrentan para obtener financiamiento y la ausencia de una política de Estado que promueva su desarrollo.

Mientras en nuestra nación se siguen privilegiando las compran efectuadas a grandes consorcios y a extranjeros, continuaremos siendo el lugar 18 de los 20 países de América Latina en el crecimiento del producto interno bruto real per cápita.

Permaneceremos con exportaciones que han presentado una disminución de su valor agregado de 58 por ciento hasta 39 por ciento y seguiremos con importaciones que han transitado de 80 mil millones de dólares a 370 mil millones de dólares, desde la entrada en vigor en 1974 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la fecha.

Sin la realización de políticas que favorezcan el otorgamiento de créditos y que brinden seguridad jurídica a las cooperativas, en México continuará permeando la concepción de que estas organizaciones representan una economía marginal, cuando en realidad son uno de los pocos instrumentos que pueden ayudar a mitigar la desigualdad, a generar empleos y a combatir el sector informal.

Tengo otra propuesta: que en vez de que haya pronunciamientos para apoyar a los damnificados en Baja California Sur, en Baja California, que los diputados hagan uso de las subvenciones extraordinarias o de todas las subvenciones para poder apoyar a estos damnificados.

Vuelto a repetir: no solo basta con un pronunciamiento o que se haga un centro de acopio aquí en la propia Cámara. Regresen las subvenciones extraordinarias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, tengo el honor de posicionar a mi fracción parlamentaria en torno a este dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que aprueba la reforma al artículo ocho de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para promover a las cooperativas y demás formas de organización social, como proveedores del gobierno.

Cabe recordar que el 29 de mayo de 2013, ante la Comisión Permanente, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, secretaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a nombre de todos los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, presentó un punto de acuerdo en el que se hacía un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y a las dependencias que forman parte de la Comisión Intersecretarial de compras y obras de la administración pública, para que además de reducir barreras a la participación de las micros, pequeñas y medianas empresas se considere a las sociedades cooperativas de producción, y en general a las empresas que forman parte del sector social de la economía, como proveedores que representen importantes ventajas para el país y que se les permita acceder a los beneficios de la demanda del sector público.

Hoy, este dictamen a discusión establece en el artículo ocho de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que la Secretaría de Economía dictará las reglas para que deban observar las dependencias y entidades para promover la participación de las empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización que conforman el sector social de la economía de nuestro país.

Sin duda, este es un paso positivo hacia la incorporación de las cooperativas y las empresas sociales como proveedoras del sector público, no está de más recordar que a raíz de la crisis del año 2008, a escala mundial, sector social de la economía, del cual forman parte las empresas cooperativas, se ha convertido en un objeto fundamental de las políticas públicas, por su resistencia, por su contribución a una estabilidad real, no sujeta a especulaciones y por su integración a su contexto social.

Por esa razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 como el año Internacional de las Cooperativas. Con ello, el máximo organismo mundial exhortó a los estados integrantes a que fomenten el desarrollo de las cooperativas por el importante papel que desempeñan en términos sociales y productivos.

De acuerdo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la economía social y las cooperativas con su énfasis en el desarrollo de los valores demostraron ser un modelo empresarial versátil y viable que puede prosperar incluso en épocas difíciles.

El secretario general también recordó que el éxito de estas empresas impidió que muchas familias y comunidades cayeran en la pobreza como consecuencia de la crisis provocada por la irresponsabilidad de los grandes monopolios.

Hoy, por este paso a favor de la economía social, felicito a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y estoy segura que los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social que tengo el honor de presidir, también estarán satisfechos con este dictamen, ya que también coincide con la opinión que aprobamos durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2014 de constituir a las cooperativas y a las empresas del sector social como proveedores preferentes del sector público.

Este dictamen contribuye a generar una política de desarrollo y crecimiento de estas formas socioeconómicas de producción, que por demás está decirlo, no vemos en un interés por parte de la Secretaría de Economía o del Instituto Nacional de la Economía Social para impulsar una política pública en ese sentido.

También vemos como una oportunidad el hecho de que las grandes obras, las magnas obras que se han anunciado por el Ejecutivo, en este momento se pueda aplicar este dictamen que con el apoyo de cada uno de ustedes saldrá aprobado este día.

Hoy invito a dar su apoyo a este avance votando a favor de este dictamen para que podamos tener en el país esta nueva economía fortalecida y que seamos congruentes para que el sector social de la economía pueda ser también una política pública a nivel de todo el país y que podamos tener así fortalecido a este sector que contribuye a la riqueza del país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Bautista Bravo. En atención, señoras y señores diputados, a que se ha agotado la lista de oradores, se considera suficientemente discutido el dictamen, y por ello pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para proceder precisamente a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprovecho para saludar, para darles la bienvenida, a un grupo de vecinos invitados especiales de la diputada Orta Coronado. Ellos son vecinos, dije, de la ciudad de Aldama y de Altamira, de nuestro hermano y querido estado de Tamaulipas. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Miguel Sámano Peralta (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): A favor

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 340 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 340 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los incisos l y m a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático

La Comisión de Cambio Climático de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido por los artículos 39, fracciones 2 y 3; 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 80, 158, fracción 1, numeral IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea, el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• Que en fecha 11 de diciembre de 2013, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los incisos m), n) y o) a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

• Que en esa misma fecha, la presidencia de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

Contenido de la iniciativa

La diputada proponente, expone que las variaciones en la temperatura de la tierra alteran la naturaleza de los fenómenos climáticos normales, de esta manera, impactan en su espectro diversos ámbitos de la actividad humana, como la ambiental, social y económica.

Refiere que los efectos negativos se hacen sentir con mayor crudeza en las poblaciones más vulnerables.

De esta manera, es que la diputada promovente, manifiesta que se busca conjuntar una serie de propuestas fortalecidas de cooperación de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y el sector académico juegan un gran papel.

Es así que surge la necesidad de incorporar a las atribuciones de la federación así como de las entidades federativas que la conforman, el desarrollo social y la política exterior en materia de concurrencia para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático por considerarlo fundamental en la formulación de planes específicos de acción en el tema ambiental.

Hace referencia a que en el año 2005, fecha en que se instala por primera ocasión la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se le otorgó la atribución de seguir y dar cumplimiento a los compromisos suscritos por nuestro país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sobre todo con lo que refería al Protocolo de Kioto.

Por último, la diputada promovente nos hace referencia a que la finalidad de una participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y de los diversos actores involucrados en el tema, deriva también de la definición que tiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la cual define al cambio climático de la siguiente manera: “es un fenómeno de carácter global y nos presenta enormes desafíos como humanidad en su conjunto. Su gran diversidad de causas y consecuencias generan una multiplicidad de efectos tanto económicos y sociales como en el medio ambiente y en los ecosistemas”.

Consideraciones de la comisión

Los integrantes de esta comisión legislativa, posterior al estudio y análisis correspondiente de la iniciativa que nos ocupa, emitimos las siguientes consideraciones:

Coincidimos en que las variaciones en la temperatura afectan los cambios climáticos normales, y más aún, si estos se ven reflejados en las afectaciones que se ocasionan en los ámbitos sociales, ambientales y económicos, provocando severas afectaciones para el desarrollo de las mismas.

Lo anterior, trae como consecuencia, que no se puedan desarrollar de manera armónica las relaciones entre los tres ámbitos anteriormente mencionados, generando afectaciones al desarrollo social de las personas y al desarrollo del medio ambiente.

Es de esta manera, que los resultados que se obtienen, afectarán en una mayor medida a las poblaciones más vulnerables, deteriorando su nivel de desarrollo en comparación con la demás población.

Somos coincidentes, en que la participación conjunta de los diversos sectores involucrados en el tema, es de gran relevancia para alcanzar los objetivos planteados o trazados, ya sea que hablemos de sector gobierno, privado o académico, entre otros, así como la propia sociedad.

Cabe señalar, que si bien, en la fracción VI del artículo 7 de la ley que nos ocupa, ya se abordan diversas áreas para atender las acciones de mitigación y adaptación, consideramos que no debemos dejar fuera el tema del desarrollo social y de la política exterior, dado que estas deben actuar de manera conjunta a las ya establecidas por el propio artículo.

Sería un error abordar los temas de cambio climático, el desarrollo social y la política exterior como temas totalmente aislados. Ya que estos tres tópicos forman parte de una Agenda de Desarrollo que la Organización de Naciones Unidas a intitulado “Agenda de Desarrollo Past-2015”.

En 2012, en la Conferencia Rio+20, el Secretario de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, propuso la creación del Panel de Alto Nivel para la formulación de una Agenda de Desarrollo Posterior a 2015, y que a la fecha, ya se han realizaron consultas regionales a la población mundial, así como a la iniciativa privada y al sector gubernamental.

Derivado de las consultas antes mencionadas, se elaboró un reporte final que destaca la convergencia de los temas económicos, sociales, culturales, ecológicos políticos y  jurídicos.  Estos elementos de índole transversal, destacan en su espectro de acción, el cual abarca los distintos niveles de gobernanza, tanto internacional, nacional y regional.

Por ello, esta iniciativa propuesta por la diputada, presenta una oportunidad para dar un paso en la generación de leyes que sean transversales, dejando de lado el aislamiento de las políticas públicas y destacando un carácter convergente y global con las leyes que yacen en el espectro Jurídico tanto del Derecho Internacional como del Derecho Constitucional.

Es menester, que la Agenda de Desarrollo avance en el espíritu de los derechos humanos, la responsabilidad ambiental y que la política exterior siempre esté respaldada por una robusta política interior que vele por los intereses del Estado Mexicano, tanto de la población, como del medio ambiente.

El tema de medio ambiente y población, son cuestiones muy sensibles en los que la interacción es tan intrínseca que no se puede descuidar las políticas encaminadas a estos tópicos. Por un lado los efectos del cambio climático han obligado a los gobiernos a modificar los paradigmas en las políticas públicas, por lo que es prioritario integrar el Desarrollo Social como una de las materias fundamentales en las que se deben establecer, regular e instrumentar acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Se debe garantizar, la calidad de vida de todos los seres humanos, por ello debemos actuar con prontitud para detener los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental. Es necesario dar lugar a una mayor inclusión social, por ello se necesitan cambios estructurales en las políticas, estrategias y leyes que el Estado genera, para adaptarse a las necesidades actuales.

Cabe mencionar que los países en vías de desarrollo y los que tienen un Índice de Desarrollo Humano deficiente, son los más afectados. La diputada promovente ya lo mencionaba, que el Informe del Índice de Desarrollo Humano que el PNUD desarrolló en 2008, muestra que el aumento de la temperatura afecta directamente a actividades productivas como la producción agrícola, así como el incremento de la escasez de agua. Por otro lado, la población se enfrenta a cambios sin precedentes, por ejemplo: las inundaciones que en algunos estados de México se han  vuelto un problema que genera pérdidas millonarias a la población año con año, sin menoscabo de los damnificados y muertes.

Es necesario aclarar y hacer la precisión correspondiente en aras de una adecuada técnica legislativa, que la iniciativa presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez pretende adicionar los incisos m), n) y o) a la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, es pertinente corregir que el sentido de la propuesta planteada por la diputada promovente, busca en realidad incorporar un inciso l), un inciso m) pasando el actual inciso l) como inciso n), ya que se agregan dos incisos y uno preexistente se recorre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión dictaminadora, somete a consideración de la Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los incisos l) y m)  a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se adicionan los incisos l), y m), recorriéndose el actual l) para pasar a ser n), de la fracción VI del artículo 7, de la Ley General de Cambio Climático, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7...

I a V...

VI...

a) a k)...

l) Desarrollo social;

m) Política exterior;

n) Las demás que determinen otras leyes;

VII a XXVIII...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.

Diputados:Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Sergio Augusto Chan Lugo, por la comisión, para fundamentar el dictamen correspondiente. Adelante, señor diputado.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a este acto a nombre de la Comisión de Cambio Climático a fundamentar el sentido del dictamen por el que se adicionan los incisos l, m y n de la fracción VI, del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, lo cual lo realizo en los siguientes términos:

Primero, de fecha 11 de diciembre de 2013, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los incisos m, n, y o a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.

Esta iniciativa fue presentada por un integrante de la Comisión de Cambio Climático, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

La diputada promovente manifestó que se busca conjuntar una serie de propuestas fortalecidas de cooperación de los tres órdenes de gobierno, del sector privado, de la sociedad civil y también del sector académico.

Es así que surge la necesidad de incorporar a las atribuciones de la Federación, así como de las entidades federativas que la conforman, el desarrollo social y la política exterior en materia de concurrencia o materias concurrentes para contrarrestar los efectos del cambio climático por considerarlo fundamental en la formulación de planes específicos en el tema ambiental.

Coincidimos con la promovente en que las variaciones de la temperatura afectan los cambios climáticos normales y más aún, si estos se ven reflejados en las afectaciones que se ocasionan en los ámbitos sociales, ambientales y económicos, provocando severas afectaciones por el desarrollo de las mismas.

Lo anterior trae como consecuencia que no se pueden desarrollar de manera armónica las relaciones entre los tres órdenes de gobierno antes mencionados, generando afectaciones al desarrollo social de las personas y el desarrollo del medio ambiente; tiene que haber concurrencia, tiene que haber participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y por supuesto involucrando a la sociedad en su conjunto.

Es de esta manera que los resultados que se obtienen afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, deteriorando su nivel de desarrollo en comparación con los demás nichos de población.

Somos coincidentes en que la participación conjunta de los diversos sectores involucrados en el tema es de gran relevancia para alcanzar los objetivos planteados o trazados, ya sea que hablemos del sector gobierno, del sector privado o académico, entre otros, es decir, de la sociedad en su conjunto.

Sería un error abordar los temas de cambio climático, desarrollo social y política exterior con temas totalmente aislados. Por ello, esta iniciativa propuesta por la diputada Yesenia Nolasco presenta una oportunidad para dar un paso para la generación de leyes que sean transversales, dejando a un lado el aislamiento de las políticas públicas y destacando un carácter convergente y global con las leyes que yacen en el espectro jurídico tanto del derecho internacional como del derecho constitucional.

Se debe garantizar la calidad de vida de todos los seres. Por ello debemos actuar con prontitud para detener los efectos de cambio climático y la degradación medioambiental. Por lo tanto, es necesario dar lugar a una mayor inclusión y para ello se necesitan cambios estructurales en las políticas, estrategias y leyes que el Estado genera para adaptarse a las necesidades actuales.

Es por eso que en representación de la Comisión de Cambio Climático, en donde están representadas las diversas fuerzas que componen esta asamblea y que todas estas fuerzas representadas en la comisión votamos a favor de que validemos la iniciativa de la diputada promovente, hoy vengo hasta esta tribuna a pedir el voto a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Chan Lugo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rodrigo Chávez Contreras para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: el dictamen que hoy se discute busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Cambio Climático.

Especialistas, ambientalistas políticos y la sociedad civil en general debemos coincidir en la importancia de sumar, de coordinar esfuerzos, generar programas gubernamentales, promover acciones de conservación de la biodiversidad y evitar acciones destructivas y contaminantes para México.

El Protocolo de Kioto sentó un precedente como medio para solucionar problemas ambientales a largo plazo y constituyen los primeros pasos hacia la implementación de una estrategia de respuesta para combatir el cambio climático.

Este esfuerzo internacional nos compromete como legisladores a que la transversalidad se plantee como objetivo estratégico del Estado, plasmado en nuestra propia ley.

Con ello atendemos y damos carácter de obligatoriedad a las instituciones y servidores públicos para dar relevancia al deterioro ambiental priorizándolo en sus programas y acciones gubernamentales.

Se debe impulsar políticas públicas y conceptualizar transversalmente los criterios recomendados por los organismos de Naciones Unidas para su aplicación dándole relevancia, eficacia y perfeccionamiento a los ordenamientos legales que protegerán a las nuevas generaciones del deterioro ambiental y el cambio climático, que son los peligrosos escenarios de alteración climática a los que se enfrenta la humanidad a partir del resultado de nuestras propias acciones.

Lo que hoy se propone en el presente dictamen es incorporar a este proceso del cambio climático a las atribuciones de la Federación, el desarrollo social y la política exterior.

Un tema prioritario para el gobierno debería ser el cambio climático; sin embargo no se han puesto en marcha las acciones necesarias para llevar a cabo dichos programas, ya que son necesarios los recursos económicos y los marcos jurídicos, así como la voluntad política que garantice la protección e implementación de las estrategias viables para su consideración.

La transversalidad con política de desarrollo social y política exterior en materia de cambio climático representa al contribuir para evitar sus efectos, adoptar el concepto; es decir, no al aumento de temperatura, no al deshielo de los glaciales, a las sequías, a las lluvias atípicas causantes de inundaciones, contribuir a evitar oleadas de calor y huracanes, pero también significa detener este cambio climático resguardando e interrumpiendo acciones propias del hombre como la desforestación, la quema de bosques, la minería, la emisión de gases a la atmósfera, etcétera.

Por eso es de suma importancia implementar acciones de mitigación a través de la implementación de políticas públicas más adecuadas basadas en la sustitución de energías fósiles por fuentes de energías alternas y limpias.

No obstante, no podemos de dejar de enunciar que aún y con la aprobación de leyes para proteger el medio ambiente y disminuir el cambio climático, este gobierno se ve muy torpe por decir lo menos, edificar en la aplicación de estas leyes.

Ahí está el derrame de los desechos contaminantes de la mina Buenavista del Cobre concesionado al poderoso influyente Grupo México sobre el río Sonora y que a decir de la organización ambientalista Greenpeace, será imposible de revertir los efectos dañinos en los próximos años.

En ese sentido, y en congruencia con nuestra responsabilidad ambiental para las nuevas generaciones, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Cambio Climático.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Chávez Contreras. Hasta por cinco minutos le vamos a otorgar el uso de la palabra a la diputada Nolasco Ramírez.

Les ruego su comprensión, antes de que haga uso de la palabra, para expresar un saludo de esta Presidencia a doña María Rosa Ferrer Obiols, ella es Cónsul Mayor de la Comunidad de Andorra La Vieja, quien asiste al foro Andorra: experiencia de éxito en emisión de políticas públicas y que organiza la Comisión de Desarrollo Municipal que preside y que invita nuestro compañero, el señor diputado Ernesto Núñez Aguilar. Sea usted bienvenida y quien le acompaña a este recinto parlamentario.

Ahora sí, por favor, diputada, adelante.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Con la venia de la Presidencia. Como secretaria de la Comisión de Cambio Climático celebro la aprobación del presente dictamen. Lo aplaudo, pues nace con el conocimiento de que el cambio climático se acepta como un problema ambiental global, quizás uno de los más relevantes en nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y en general sobre los diversos componentes que configuran el proceso del desarrollo.

Se trata de un fenómeno complejo que impacta en su espectro diversos ámbitos de la actividad humana, como la ambiental social y económica, siendo nuestro país vulnerable, particularmente por su situación geográfica conformada por variantes condiciones climáticas, tal situación obliga la adopción de medidas para mitigar sus efectos.

La necesidad y la conveniencia de actuar ahora resulta cada vez más evidente y no debe posponerse una acción que, además de contrarrestar el cambio climático y sus impactos adversos, podría contribuir al logro de múltiples objetivos que concluyen en el desarrollo humano sustentable.

Los efectos negativos se hacen sentir con mayor crudeza en las poblaciones más vulnerables, siendo las comunidades y países en vías de desarrollo las más afectadas, así lo explica también el Índice de Desarrollo Humano. El cambio climático exacerba los peligros ambientales crónicos, mientras que las pérdidas de los ecosistemas limitan las oportunidades de la subsistencia, en especial de los más pobres.

Enfrentarlo implica desarrollar de inmediato actividades de mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejor conocidos como los GEI, así como medidas de adaptación, reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos para la vida en el orden natural y el desarrollo.

Tanta es la importancia del tema y sus impactos en distintas esferas que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe define al cambio climático como un fenómeno de carácter global y nos presenta enormes desafíos como humanidad en su conjunto, su gran diversidad de causas y consecuencias generan una multiplicidad de efectos tanto económicos y sociales como en el medio ambiente y los ecosistemas.

Soy coincidente en lo señalado en el presente dictamen, y que textualmente cito: Sería un error abordar los temas de cambio climático, el desarrollo social y la política exterior como temas totalmente aislados, ya que los tres tópicos forman parte de una agenda de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas ante titulado Agenda del Desarrollo post 2015.

No nos es ajeno que las condiciones actuales del medio ambiente son las resultantes de la relación e intensidad de la interacción naturaleza-sociedad. Por ello considero que la Cooperación Nacional, así como Internacional, en la toma de medidas sobre políticas ambientales abona a fortalecer acciones sólidas. La conformación de alianzas permitiría la uniformidad política en materia ambiental, lo que conllevaría a una compatibilidad internacional.

Por lo cual se propone adicionar a la política exterior, dentro de la Ley General de Cambio Climático, para continuar abonando al cumplimiento de las metas signadas por nuestro país en los distintos escenarios internacionales. Asimismo, considerando que el fenómeno climático nos refiere una responsabilidad social, se ve la necesidad de incorporar el término “desarrollo social” dentro de las atribuciones de la federación para implantar acciones para regularlos.

Compañeras y compañeros, es evidente que nos encontramos en un periodo de cambios en los patrones climáticos que impactan de manera elocuente la composición, estructura y funcionamiento de la gobernabilidad ambiental. En ese sentido, nuestro deber como representantes nos precisa formular y acoplar la legislación actual con un firme compromiso solidario, ético y responsable en la mejora y protección del ambiente.

Por lo anteriormente citado, y en congruencia con las necesidades de la sociedad y los valores y compromiso del Grupo Parlamentario del PRD, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Yesenia Nolasco Ramírez.

En atención a que se ha agotado la lista de oradores, se considera que el dictamen está suficientemente discutido. Por esa virtud, ciudadana secretaria, le pido que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del propio dictamen.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:De viva voz.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema, señora secretaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Ciérrese el sistema de votación electrónico.  Se emitieron 357 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 357 votos el proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Muñoz Soria José Luis, adelante por favor señor diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. El día de mañana, 19 de septiembre, se cumple un aniversario más de una fecha difícil para nuestro país, como fue el 19 de septiembre de 1985, que enlutó principalmente a esta capital. Quisiera pedirle muy respetuosamente, solicitarle que pudiera plantearse un minuto de silencio por esta aciaga fecha. Po su atención muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado José Luis Muñoz Soria. Informo a la asamblea que mañana esta Cámara de Diputados participará de una serie de eventos, justamente en esa conmemoración. Por ahora señoras diputadas y señores diputados, esta Presidencia, la Mesa Directiva, obsequia la petición del diputado Muñoz Soria y decreta un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en esa fecha.

ARMONIZACION DEL NOMBRE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN DIVERSAS LEYES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premio, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, de la Ley de Vivienda, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pequero.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Agraria; de Asociaciones Público Privadas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Desarrollo Rural Sustentable; de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de Sociedades de Solidaridad Social; de Vivienda; del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Federal de Derechos; General de Asentamientos Humanos; General de Bienes Nacionales; General de Cambio Climático; General de Desarrollo Forestal Sustentable; General de Desarrollo Social; General de Población; General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de La Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 72, fracción E y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1.El 18 de abril de dos mil trece, el senador Eviel Pérez Magaña presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de La Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El Senado de la República, en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil trece, aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. La minuta correspondiente fue recibida por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del veintiséis de noviembre de dos mil trece, siendo turnado a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación para su estudio y dictamen y a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para opinión.

5.El doce de diciembre de dos mil trece, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial envío a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación la opinión de la minuta de referencia por lo que se integra al dictamen respectivo

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la minuta al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

1. El dos de enero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre las diversas reformas, se modificaron el nombre y facultades de la Secretaría de la Reforma Agraria para ser Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entre sus atribuciones se asignaron facultades relativas desarrollo urbano, regional y de vivienda realizado, así como el despacho de la planeación y el ordenamiento del territorio nacional.

2. A juicio de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, misma que emite su opinión de la minuta materia del presente documento, las reformas planteadas a las disposiciones del proyecto de decreto, se consideran procedentes al valorar las aportaciones introducidas por la colegisladora y coincidir en la armonización lo más completa posible para que el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sea actualizado en los distintos ordenamientos, a fin de que ese órgano de la Administración Pública Federal tenga la certeza jurídica para desempeñar sus atribuciones, facultades y obligaciones.

3. De igual forma, la Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial hace suyas las consideraciones de la colegisladora al considerar como inviables las reformas propuestas en la iniciativa del senador Eviel Pérez Magaña a fin de incluir a la Secretaría en el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático así como la improcedencia para derogar el artículo 19, fracciones VII y IX, de la Ley General de Desarrollo Social. Efectivamente, no admitir estas reformas obedece a que tales fracciones no confieren facultades a la Secretaría de Desarrollo Social para ser encargada de los programas de vivienda, ni de programas sociales o de infraestructura y más bien, de acuerdo a los propósitos de la Ley, establecen la naturaleza prioritaria y de interés público de los programas enunciados sin contravenir las facultades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

4. Estas comisiones unidas, al examinar las consideraciones de la colegisladora así como la opinión positiva de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, estima viable la minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones legales en virtud de que, al haber sido reformada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil trece, diversos órganos de la administración centralizada fueron reformados y sus facultades distribuidas en nuevas secretarías; asimismo, es de explorado derecho que, a fin de otorgar certeza jurídica, se realice la actualización de diversas disposiciones legales al establecer la congruencia y consistencia del marco jurídico aplicable a la Secretaría a fin de garantizar el desarrollo, fomento a la vivienda, del territorio agrícola y de los programas relativos al orden territorial.

B) Modificaciones a la minuta proyecto de decreto

1. Estas Comisiones Unidas habiendo estado de acuerdo con las consideraciones de la colegisladora, considera oportuno precisar algunas modificaciones al proyecto de decreto, mismas que no alteran el propósito querido por los iniciadores y que se plantean en virtud de reformas que se han presentado y promulgado durante el proceso de dictamen que nos ocupa.

2. Efectivamente, el veinticuatro de enero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó los artículos 2o, 7o,23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos mismo que modificó el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria por el de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

3. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley de Vivienda reformando los artículos 22, fracción VII y 33, fracción XI, a fin de actualizar el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria por el de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

4. En este sentido, y por haberse cumplido el propósito de los artículos séptimo y décimo primero del proyecto de decreto, se eliminan de la minuta recorriéndose en el orden los subsecuentes.

5. Finalmente, el artículo décimo octavo del proyecto de decreto debe actualizar el nombre del ordenamiento en virtud de que la Ley Orgánica de la Financiera Rural fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de noviembre de 2002 para ser la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,modificándose así la nomenclatura señalada.

Por lo antes expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de de Reforma Agraria y de Gobernación de la LXII Legislatura, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para El Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Artículo Primero.Se reforman los artículos 47, segundo párrafo; 94, primer párrafo; 132, 134, 143, 148, 160, párrafos primero y cuarto; y 161 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta ley.

Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

...

...

Artículo 132.Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124.

Artículo 134.La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 143. Los Subprocuradores y el Secretario General de la Procuraduría, también serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

Artículo 160. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que designe. El deslindador formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar donde tenga instaladas sus oficinas, en las que deberá poner los planos relativos a los terrenos que se van a deslindar a disposición de cualquier interesado para su consulta. Dicho aviso será publicado por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de la entidad federativa en que se encuentre el terreno que se va a deslindar y en uno de los diarios de mayor circulación de la propia entidad federativa, fijándolo además en los parajes cercanos al mismo terreno. En este último caso, al aviso se agregará un croquis en el que se indiquen los límites y colindancias del terreno. Los propietarios, poseedores, colindantes y aquellos que se consideren afectados por el deslinde, tendrán un plazo de treinta días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga.

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...

En caso de controversia respecto de las resoluciones que dicte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el interesado podrá someter el asunto al conocimiento de los tribunales agrarios, en un plazo de quince días hábiles siguientes al en que haya surtido efectos la notificación personal al interesado, o de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación en caso de que se desconozca su domicilio.

Artículo 161. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estará facultada para enajenar a titulo oneroso, fuera de subasta, terrenos nacionales a los particulares, dedicados a la actividad agropecuaria, de acuerdo al valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia Secretaría. Los terrenos turísticos, urbanos, industriales o de otra índole no agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano igualmente estará facultada para enajenarlos de acuerdo al valor comercial que determine la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los dos supuestos anteriores procederán, siempre y cuando los terrenos no se requieran para el servicio de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales y su utilización prevista no sea contraria a la vocación de las tierras.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 81, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Asociaciones Público Privadas, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. ...

En el supuesto de bienes sujetos al régimen comunal o ejidal, el expediente de expropiación será tramitado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

II. a VIII ...

...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 15, inciso o) de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

a) a ñ) ...

o) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

p) a s) ...

...

...

...

...

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 21, primer párrafo y 48, fracción I de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 21. La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

...

...

...

Artículo 48....

I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

II. a IX. ...

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 53, 69, 78 y 91-B, primer párrafo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 53. El premio se conferirá anualmente y se tramitará ante la Secretaría de Gobernación, por conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el Titular de la citada Secretaría como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 69. El premio se tramitará en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Consejo de Premiación, que será integrado por el titular de la citada Secretaría como Presidente y por sendos representantes de las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Centro Nacional de la Productividad y representantes de centrales obreras y campesinas nacionales a las que se invite.

Artículo 78. Este premio se tramitará en la Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá el correspondiente Consejo de Premiación. Éste se integrará, además con representantes de las Secretarías de Educación Pública, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Defensa Nacional, de Marina, y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 91-B. Este premio se tramitará en la Comisión Nacional Forestal, por conducto del Consejo de Premiación, que presidirá el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que lo integrará junto con representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Turismo, de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional del Agua, así como un representante por cada una de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.

...

Artículo Sexto.Se reforman los artículos 7o., primer párrafo; 20, tercer párrafo; 34, primer párrafo y 39, fracción IV de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Para el funcionamiento de la sociedad se requerirá autorización previa del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando se trate de las industrias rurales y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los demás casos.

...

Artículo 20. ...

...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su caso, podrá convocar a asamblea general cuando lo considere necesario para regular el funcionamiento de la sociedad o cuando no hubiesen expedido la convocatoria el comité ejecutivo o el financiero y de vigilancia, en los casos previstos en el párrafo anterior.

Artículo 34. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tendrán, además de las facultades que deriven de otros artículos de la presente ley, las siguientes:

I. a IV. ...

Artículo 39. ...

I. a III. ...

IV. Formular el balance final de liquidación, que deberá someterse a la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en sus respectivos casos.

V. a VI. ...

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 12, fracción II, inciso a) de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. ...

II. ...

a) ...

- Gobernación;

- Relaciones Exteriores;

- Hacienda y Crédito Público;

- Desarrollo Social;

- Medio Ambiente y Recursos Naturales;

- Economía;

- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

- Educación Pública;

- Función Pública;

- Salud;

- Trabajo y Previsión Social;

- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

- Procuraduría General de la República;

- Instituto Nacional Indigenista, y el

- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

b) ...

...

III. ...

...

...

...

...

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 6, fracción II, inciso l) de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. ...

II. ...

a) a k) ...

l) Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

m) ...

III. a IV. ...

...

Artículo Noveno. Se reforma la denominación del Capítulo XI del Título Primero de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Capítulo XIDe la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Artículo Décimo.Se reforma el artículo 7o., fracción III de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. y II Bis. ...

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la intervención, en su caso, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

IV. a XVI. ...

Artículo Décimo Primero. Se reforma el artículo 2, fracción II de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. ...

II. Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y las Secretarías de Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismas que, en relación a los inmuebles federales de su competencia, ejercerán las facultades que esta Ley y las demás leyes les confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles federales no se considerarán como dependencias administradoras de inmuebles;

III. a IX. ...

Artículo Décimo Segundo. Se reforman los artículos 17, primer párrafo y 45, segundo párrafo de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 17. La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del organismo, estará presidida por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Gobernación; de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Energía; de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

..

..

...

Artículo 45. ...

Se integrará por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo Décimo Tercero. Se reforma el artículo 20, primer párrafo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 20. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua. La Junta será presidida por el titular de la Secretaría.

...

Artículo Décimo Cuarto. Se reforman los artículos 49, fracción I y 51 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la Secretaría y además estará integrada por:

I. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Además de los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría podrán ser invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

II. a IV. ...

Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social. Estará integrada por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, quien lo presidirá; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; la Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Turismo. Podrán ser invitados a participar, con derecho a voz, los titulares de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Subsecretario que designe el Titular de la Secretaría será el Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará cuando menos una vez por bimestre.

Artículo Décimo Quinto.Se reforma el artículo 6o, primer párrafo de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Consejo Nacional de Población se integra por un representante de la Secretaría de Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres y Nacional de Estadística y Geografía; así como de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o Subdirector General, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas funciones muestren correspondencia e interacción con las políticas públicas en materia de población y desarrollo.

..

..

...

Artículo Décimo Sexto. Se reforma el artículo 64, tercer párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

...

La Secretaría, así como las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, prestará oportunamente a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando éstos no cuenten con suficientes recursos económicos para procurársela.

...

Artículo Décimo Séptimo. Se reforma el artículo 27, fracción III de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. y II.

III. El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

IV. a XIV. ...

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal deberá expedir la reforma a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado correspondientes, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su despacho por los organismos responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a diecinueve de febrero de dos mil catorce.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, Darío Badillo Ramírez, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil, Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, esto con apoyo en el artículo 104 numeral 1, Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, la señora diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, por las Comisiones Unidas, para fundamentar el dictamen respectivo. Adelante, ciudadana diputada.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo:Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la asamblea.

El día de hoy vengo a esta tribuna a fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, de la Ley de Vivienda, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,  de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Ley General de Población; de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Orgánica de la Financiera Rural presentadas por el senador Eviel Pérez Magaña, y turnadas a las Comisiones Unidas de la Reforma Agraria, y Gobernación, con opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de esta Cámara de Diputados.

A manera de síntesis, la minuta que nos ocupa pretende armonizar y actualizar el contenido de diversas leyes, con el único fin de que el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, la Sedatu, sea actualizado en los distintos ordenamientos, a fin de que este órgano de la administración pública federal tenga la certeza jurídica para desempeñar sus atribuciones, facultades y obligaciones.

En este sentido, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Gobernación, con el objeto de generar certidumbre jurídica estima viable la minuta con Proyecto de decreto, toda vez, que con fecha 2 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual, a la antigua Secretaría de Reforma Agraria se le asignan nuevas atribuciones para el ordenamiento territorial y urbano, por lo que se transforma en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

De donde surge la necesidad de a actualizar las leyes que vinculen y mencionen a esta última, puesto que resulta incoherente que haya sido creada una nueva entidad de la administración pública federal, y que la legislación vigente no le conceda certeza en sus funciones, atribuciones y obligaciones.

Así pues, es de explorado derecho, que a fin de otorgar certeza jurídica se realice la actualización de diversas disposiciones legales y establecer congruencia con el marco jurídico aplicable en la dependencia que nos ocupa, a fin de garantizar el desarrollo agrario, territorial y urbano que plantea la creación de la misma, así como de los programas relativos al orden territorial.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Gobernación están a favor de las consideraciones que motivan la minuta que remite la colegisladora, toda vez que la reforma a las diversas disposiciones de las leyes ya citadas permitirán dotar a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de un marco armonizado, lo cual genera mayor certeza jurídica para que este órgano de la administración pública cuente con mejores condiciones para cumplir con diligencia sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto y en nombre de estas comisiones unidas multirreferidas les pido su voto en favor de presente dictamen de minuta. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Mota Ocampo.

Nos damos oportunidad para saludar a integrantes de la Unión de Ejidos del Valle de Tizayuca, del estado de Hidalgo. Ellos han sido invitados por el señor diputado don Francisco González Vargas. Bienvenidos.

Tiene ahora el uso de la palabra por cinco minutos don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que fijará la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Partido del Trabajo. Adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Queda como antecedente que votamos en contra de las reformas en la administración pública federal y hoy la minuta propone realizar modificaciones a las leyes que corresponden, 18 en total, para adecuar a la nueva nomenclatura los ordenamientos de la propuesta que presentan.

Ahí y por el simple cambio de nombre, que era de adecuar, dicen que con oficio parlamentario les obsequiamos el voto a favor de un servidor, en convicción de que no había que obstruir esta parte y sin duda por el Partido del Trabajo.

Pero desde nuestra óptica el punto medular no se centra en este contenido del cambio de nombre en modificar la denominación de la dependencia aludida, sino en la parte interna que esconde la propia propuesta y sin duda en la práctica que en materia de desarrollo agrario, rural y ordenamiento territorial tiene este régimen, de cómo coadyuvan a que las ciudades se sigan comiendo al campo y no se vuelva más que en un acto de retórica.

Y para muestra un botón. El botón es de Enrique Peña Nieto, es un botón tamaño caguama donde anuncia un día después del informe la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y nada mejor que ahí para explicar las contradicciones del régimen.

Él habla ahí que desde el inicio de la administración ordenó la realización de los estudios necesarios para identificar la mejor alternativa y concluye que el lugar idóneo es la zona contigua al nuevo aeropuerto. Y hasta les garantiza la protección de sus derechos tanto a los colindantes urbanos y a los rurales.

Pero este discurso, dominado con todas estas grafiquitas y cuestiones que presentaron de lemas de sustentabilidad, de ecología y todo lo demás, no hace –en ningún momento– mención a los existentes usos actuales del suelo de la zona, tales como agricultura extensiva, los que también se podrían etiquetar como sustentables.

Al contrario, califican la zona del ex lago como marginal, descuidada, afectada por las tolvaneras, afirmando que ellos sí van a incrementar la calidad de vida, que porque ahí es malísima, ahora con el aeropuerto lo van a hacer.

Ya sabemos que desde febrero comenzaron a realizar compras silenciosas de predios cercanos al lago de Texcoco, imagínense ustedes quienes son los que están comprando los terrenitos. Aquí algunos van a decir, por qué no me avisaron antes, si ahí iba a estar el negocio. Sin duda.

Obviamente todo esto ha hecho que hasta los secretarios tengan que salir ante la movilización popular, sobre todo de los ciudadanos de Atenco y de las propias autoridades municipales de Texcoco, que no están de acuerdo con este proyecto.

Con gravedad informamos también que aquí en esta discusión de que si será privado o público, lo que sí está claro que de 6 de cada 10 pesos que se empleen en la construcción de este aeropuerto, serán aportados por los contribuyentes, mediante transferencias multianuales del presupuesto.

Podría seguir abundando, pero a mí lo que me interesa es que en efecto, este tipo de proyectos, como bien dice Andrés Manuel López Obrador: huelen a corrupción.

Evidentemente que es inconveniente que este aeropuerto se construya sobre esta zona en Texcoco, ya que se encuentra sobrepoblado, no hay suficiente agua ni servicios públicos. Se sigue fomentando el desequilibrio ecológico y el gigantismo urbano.

Tiene razón López Obrador cuando pregunta ¿Acaso sólo se piensa en el negocio, el lucro y no en la sustentabilidad y el interés público? ¿A tanto llega la codicia de los contratistas, traficantes de influencias y políticos corruptos?

Obviamente que estas respuestas ya el pueblo de México sabe que... imagínense un negocio de 160 mil millones de pesos, cuando le han estado invirtiendo... le invirtieron a la terminal número dos... bueno, ahorita les están metiendo mil millones del hangar del avioncito de Peña Nieto, todo eso se lo pasan por “El arco del triunfo”, como dirían los franceses.

Obviamente nosotros estamos con la presidenta municipal de Texcoco que no está informada de estos estudios.

Nosotros aparte de hacer esta denuncia, obviamente en esta tribuna, aprovechando demostrar cómo el discurso es contrario a lo que ocurre en la práctica.

Sin duda estaremos presentando un punto de acuerdo que debería de ser, no tanto para que anden gritando ahí las diputadas que se aceleran, sino más bien, entre todos ponernos a pedirle a los titulares de las distintas secretarías que pudiéramos tener información de manera exacta y detallada sobre las concesiones, permisos, autorizaciones, así como los estudios sobre mecánica de suelos, geotécnica, hidrología, manifestación del impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, estudios técnicos y demás relacionados con el proyecto del nuevo aeropuerto.

Esto –culmino, presidente– es lo que debería hacer esta Cámara, otras autoridades como las de la ciudad deberían de estar exigiendo esto, pero sabemos que algunos ya se doblaron a los intereses del régimen y obviamente algunos, como un servidor, usa la tribuna para denunciar y para proponer de verdad, y aunque votemos a favor.

Para que luego no vayan a decir, obviamente nuestro voto no cambia aquí las cosas, pero no obstaculizamos estas legislaciones que se tienen que dar; pero sí tenemos que decir que no van a buscar la armonía en lo urbano, lo agrario y el desarrollo urbano territorial y que mucho menos van a encaminar por el lado del derecho lo que los mexicanos y mexicanas quieren. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Huerta.

Nos visitan en este recinto, alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Allende, del municipio de Texcoco, estado de México, a invitación del diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos a este recinto, niñas y niños. Muchas gracias.

Continuando con el orden del día, le otorgamos el uso de la palabra, a la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Oiga, presidente, a mí se me hace que este pleno está casi vacío, si no es que, no creo que haya quórum. Ojalá pudiera llamar a los diputados a sesionar.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estimada, diputada, le expreso a usted que el quórum de esta asamblea se verifica con el registro inicial de asistencia y en votación nominal, pero además es constatable la presencia de diputados y de diputadas suficiente para continuar con la misma. Adelante, por favor.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias, presidente. Es solo que hay muchas curules vacías.

Uno de los primeros actos de gobierno de las administraciones que asumen un cargo público en nuestro país es el de reformar el marco jurídico que regula la esfera de competencias del nivel de gobierno de que se trate. Con la finalidad de adecuarlo a las necesidades del grupo en el poder, en muchas ocasiones sin existir la necesidad real de, en su caso, reformar la norma jurídica que existe, ya que en la mayoría de los casos no representan verdaderas transformaciones o ajustes estructurales que signifiquen un verdadero beneficio a la sociedad en conjunto.

Atendiendo a esta costumbre, el Ejecutivo federal envió al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismo que para el caso concreto reformó el artículo 41 del ordenamiento en comento que modifica la denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria, a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; agregando además un conjunto de facultades institucionales tendientes al cumplimiento de sus nuevos objetivos como son: la regulación de los asentamientos humanos, rural y urbano; el desarrollo de proyectos de infraestructura para impulsar el crecimiento económico de México; así como la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo regional del país en los ámbitos de vivienda, abatimiento de la pobreza, la marginación y la desigualdad.

La propuesta contenida en el presente dictamen establece la modificación de diversos ordenamientos jurídicos en congruencia con la enmienda publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 2 de enero de 2013, con objeto de dotar de certeza jurídica a los ciudadanos y a las ciudadanas y a la propia secretaría para el mejor desempeño de las atribuciones, facultades y obligaciones encomendadas.

Si bien los argumentos señalados en atención a la importancia que reviste que todas las actuaciones gubernamentales se realicen con apego a derecho, son adecuados, lo cierto es que la propuesta de reforma que hoy estamos discutiendo, es más de forma que de fondo, es decir, es cosmética.

Sin embargo es menester urgente del constituyente, la armonización de las leyes secundarias a las recientes reformas constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, mi Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez. Esta presidencia informa a la asamblea que se han agotado los posicionamientos de los grupos parlamentarios y que conforme al artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se ha registrado el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en pro; por favor, señor diputado, adelante. Hasta por tres minutos, señor diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Esta reforma es una reforma muy menor en términos de que solamente es adecuar la nomenclatura en diferentes ordenamientos. A raíz de que el año pasado se modificó la Ley Orgánica de la Administración Publica y lo que era la Secretaría de la Reforma Agraria, que para muchos era ya obsoleta, pasó a ser ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu; y esta reforma a diversos ordenamientos tiene como finalidad adecuar normativamente todas estas disposiciones para que se puedan ser compatibles.

Creo que en ese sentido, como lo apuntaba mi compañera diputada Aida Valencia, es un cambio con el cual no podríamos estar en desacuerdo porque simplemente es adecuar las nomenclaturas.

Pero me parece que el tema tendría que ser las atribuciones y las funciones que ya ha desempeñado la Sedatu, que hemos visto que ha sido particularmente lenta en algunos temas, particularmente donde ha intervenido en desastres. En el caso del estado de Guerrero así ha pasado, donde la reconstrucción, a un año de las tormentas Manuel e Ingrid, ha sido lentísima.

El gobierno federal, como en muchos otros temas, ha centralizado el manejo de los recursos y hoy reporta que a un año sólo va un 60 por ciento de avances, cuando la realidad es que sigue el tortuguismo, el burocratismo y la ineficacia para resolver problemas.

Hoy que vemos el tema de Baja California Sur con Odile, no solamente nos solidarizamos y refrendamos la propuesta de la compañeras Zuleyma Huidobro de que se puedan hacer aportaciones del presupuesto de la Cámara para atender la contingencia, no nada más declaraciones y discursos estridentes, sino que de las subvenciones y de los recursos presupuestales de la Cámara se pueda atender esta emergencia en Baja California Sur.

Hago esta reflexión porque vemos que sigue el burocratismo y la lentitud y no queremos que a la gente de Baja California Sur le pase lo que ha ocurrido en Guerrero con la lentitud en la reconstrucción. Ahí ha sido parte fundamental la Sedatu. Va mucho el secretario Ramírez Marín, pero no vemos hechos concretos.

Coincido —y concluyo, presidente— con mi compañero Manuel Huerta en que se debe revisar con lupa todo el tema territorial de la propiedad en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México.

Vemos que éste es el gran negocio transexenal del grupo Atlacomulco. Más de 169 mil millones de pesos donde veremos a las constructoras favoritas del gobierno, como OHL o prestanombres como Roberto Alcántara, que ha sido privilegiado por el presidente Enrique Peña Nieto haciéndose de jugosos negocios.

No dudamos que hay la necesidad de mejorar la infraestructura aeroportuaria en el centro del país, pero creemos que hay otras prioridades en la república y creemos que detrás de esta gran obra hay un apetito insaciable y una voracidad corrupta del gobierno. Por eso el tema territorial será fundamental.

Ahí queremos ver de qué está hecha esta secretaría; si va a ser la secretaria para traficar los recursos territoriales, las expropiaciones, el ordenamiento territorial o va a suplir adecuadamente a la reforma agraria. Hasta ahora, en los hechos, no ha acreditado resultados;  nosotros seremos críticos y vamos a supervisar su gestión. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. En razón de que se ha agotado la lista de oradores para la discusión en lo general y de que no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, pido a la Secretaria abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibirla en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema de votación.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 369 votos a favor y 7 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Se devuelve al Senado para los efectos del Apartado E, del artículo 72 de la Constitución Política de nuestro país.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada la iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 25 de marzo de 2014 por el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para estudio, análisis y elaboración del dictamen respectivo.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, fracción I, 176, 182, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, y una vez analizado el contenido del proyecto en comento, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración de esta asamblea el dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En la sesión del pleno del 25 de marzo de 2014, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa de referencia. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores para el estudio y dictamen correspondientes.

Contenido

La iniciativa propone reformar la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a efecto de establecer como parte de los requisitos que deberán cumplir los candidatos a ingresar en la rama diplomático-consular acreditar conocimientos en derechos humanos.

Metodología

La comisión realiza el análisis de la iniciativa en comento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la evaluación de la pertinencia de la reforma propuesta en el marco jurídico vigente de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y de la información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

La Comisión de Relaciones Exteriores a continuación destaca las siguientes apreciaciones de la exposición de motivos:

El diputado Coronato Rodríguez considera que la cancillería debe garantizar a los mexicanos detenidos en el extranjero que tendrán una debida defensa y protección de sus derechos humanos.

En este sentido, menciona que de acuerdo con un informe del Centro de Información de Pena Capital, hay 57 mexicanos condenados a pena de muerte en las cárceles norteamericanas, de los cuales al menos 47 sufrieron faltas o violaciones al debido proceso afectando gravemente sus derechos fundamentales.

Indica que México presentó una queja ante la Corte Internacional de Justicia y la misma emitió el 31 de mayo de 2004, una resolución conocida como “Fallo Avena”, en la que se sentenciaba a la nación norteamericana a revisar a fondo los casos de los 51 sentenciados.

Señala que 4 de los mexicanos beneficiados por el fallo internacional, han sido ejecutados en cárceles estadounidenses sin que se haya cumplido la sentencia impuesta por la Corte Internacional a Estados Unidos de América.

Por lo anterior propone que se reforme la fracción VI, del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a efecto de establecer como parte de los requisitos que deberán cumplir los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular elacreditar conocimientos en derechos humanos.

Sobre el particular, la Comisión de Relaciones Exteriores aprecia importante mencionar que en la LXII Legislatura el Congreso de la Unión, se han aprobado importantes reformas constitucionales en materias vinculadas a derechos humanos, incluidos los de naturaleza político-electoral, sistema de justicia, educación, transparencia y derecho a la información, entre otros, que continúan la nueva concepción constitucional de los derechos humanos iniciada en México con las trascendentes reformas constitucionales de 2011.

Asimismo, los integrantes de la comisión destacan que los medios de selección y formación de las personas que aspiran a incorporarse al servicio diplomático ya reciben actualmente, de las instancias correspondientes, como es el caso del Instituto Matías Romero, formación en esta materia.

Además, la propia ley impone entre las atribuciones del servicio exterior la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero:

Artículo 2. Corresponde al servicio exterior

I. ...

II. Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones;

En tal virtud, los integrantes de la comisión consideran procedente reforzar estas funciones y la formación del personal diplomático con un ordenamiento legal expreso, en el sentido de que se acrediten los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, privilegiadamente los relativos a la protección de los mexicanos en el exterior.

Por lo anterior estiman aprobar, con la modificación apuntada, la reforma de la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, por lo que someten a consideración del pleno del Cámara de Diputados el siguiente

Decreto que por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Único.Se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 32. Los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. a V. ...

VI. Tener por lo menos el grado académico de licenciatura por una universidad o institución de enseñanza superior mexicana o extranjera, con reconocimiento de validez oficial , así como acreditar los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, privilegiadamente aquellos relativos a la protección de los mexicanos en el exterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de abril de 2014.

La Comisión de Relaciones Exteriores diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, por la Comisión para fundamentar el dictamen respectivo, ello con apoyo con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, señor diputado.

El diputado Leopoldo Sánchez Cruz:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que somete a consideración la Comisión de Relaciones Exteriores de esta soberanía y que tiene que ver con incorporar que los candidatos a la rama diplomática consular deben acreditar conocimientos en materia de derechos humanos, compromete valores muy importantes que han sido plasmados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta Legislatura ha aprobado importantes reformas para el país en materias vinculadas a los derechos humanos, como por ejemplo los de naturaleza político electoral, sistema de justicia, educación, transparencia y derechos a la información.

Esta legislación continúa con la nueva concepción constitucional de los derechos humanos a partir de las citadas reformas que se enmarcan en las reformas transformadoras que el país necesita.

Como sabemos, la formación del personal que se incorpora al servicio exterior mexicano, así como su actualización, recae en el Instituto Matías Romero, que depende de la cancillería mexicana. Entre los programas que imparte dicho instituto se encuentra la diplomacia, el estudio de los orígenes de las relaciones internacionales, la diplomacia mexicana y sus principios.

Las personas que aspiran a incorporarse al servicio diplomático ya reciben actualmente de las instituciones correspondientes, como el Instituto Matías Romero, formación en esta materia. Y la propia ley impone entre las atribuciones del servicio exterior la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero.

Se considera procedente reforzar estas funciones y la formación del personal diplomático con este ordenamiento legal expreso, en el sentido de que se acrediten los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, agregando privilegiadamente aquellos relativos a la protección de los mexicanos en el exterior.

En esta materia básica, en la formación y actualización del personal, que ésa depende de ser adecuada en la defensa de nuestros concesionales en el extranjero, no sólo lo anterior, sino con esto el Estado mexicano ratifica su compromiso con la enseñanza de los derechos humanos entre nuestro personal que labora en la representación de México en el exterior.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, es que presentamos a su consideración el dictamen elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores que nos ocupa. Y les pedimos su voto a favor. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para fijar postura por los diferentes grupos parlamentarios tiene ahora el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hay que reconocer el papel que ha jugado la Secretaría de Relaciones Exteriores, en concreto la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores en la defensa de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero y la capacitación en derechos humanos. Esta capacitación de todos, no solamente del personal diplomático y consular, funcionarios diplomáticos y consulares, a través precisamente de desarrollar una temática, un temario de cursos en el Instituto Matías Romero congruente con la efectiva protección –subrayando “efectiva protección”– de los derechos humanos, sino también del personal que trabaja: funcionarios, trabajadores de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este papel fue muy evidente en la solicitud, en la petición de una opinión consultiva, la OC-16, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al derecho de notificación consular. Derecho a partir del cual se esgrimió, precisamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la notificación consular es un derecho humano fundamental, por cuanto está vinculado a las garantías del debido proceso legal. Y que fue precisamente con relación a las penas de muerte que se había establecido para un sinnúmero de connacionales mexicanos, a quienes no se les respeto su derecho de notificación consular, y con lo cual no se garantizó el debido proceso y, sobre todo, la asistencia legal oportuna por parte del Consulado de México.

Posteriormente también la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó otra opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OC-18, con relación a los indocumentados mexicanos. En este caso en específico para determinar que la norma de no discriminación respecto a los mexicanos... que no recibieran un trato diferenciado y que se respetaran sus derechos humanos... fue declarada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como una norma de ius cogens, es decir norma imperativa de derecho internacional general.

Posteriormente pasa el asunto a la Corte Internacional de Justicia, que lleva precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores el asunto a la Corte, Avena y otros nacionales mexicanos, la defensa de 152 nacionales pendientes de la pena capital, de la pena de muerte, y que en una histórica sentencia se dictó a favor del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. El caso fue México contra Estados Unidos precisamente por violación al derecho de notificación consular.

Todo esto enmarcado en el respeto no solamente en el derecho de notificación consular sino el respeto de todos los derechos humanos de los connacionales que se encuentran no solamente en territorio de Estados Unidos sino en todo el planeta, donde México puede ejercer, y de hecho tiene el deber y la obligación de la protección de sus nacionales en el extranjero. Ése es un deber del Estado mexicano.

Por eso nos sumamos a aprobar en sentido afirmativo este dictamen, que no viene más que a expresar un papel que ha jugado ya la Secretaría de Relaciones Exteriores y los diplomáticos y cónsules del Estado mexicano. Reafirmar que dentro de sus funciones principales está el asegurar la efectiva protección de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de hoy subo a esta tribuna con sentimientos encontrados. Por una parte me siento particularmente gustoso con la aprobación, esperamos, del presente dictamen. Y por el otro, profundamente herido por las violaciones a las garantías y a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos entre otros que sufren en el extranjero.

Esta reforma es sin duda un pequeño paso, pero un gran avance en la defensa de los derechos humanos de aquellos connacionales que por alguna razón sean detenidos fuera de nuestro país.

Quisiera comentar que en el cuerpo de la iniciativa plasmé una anécdota, que es oportuno recordar desde esta alta tribuna. Algunas semanas antes de su ejecución, tuve el honor de platicar con Edgar Tamayo, el mexicano que estuvo preso por más de 20 años en una cárcel Texana, y a quien se le aplicó la pena capital el 22 de enero de este año, con esfuerzos infructuosos, lamentablemente, para que no sucediera.

En  ese encuentro, el me compartió las peripecias y sufrimientos por los que pasó durante su juicio y encierro, resaltando el escaso apoyo que el Consulado mexicano le brindó debido a que miembros del consulado, como él me lo manifestó, no le entendían y muy pocos sabían sobre su caso. Lo que dificultó, sin duda, la defensa de sus derechos fundamentales.

En pocas palabras, asumí el compromiso con Edgar Tamayo, de proponer esta modificación, pues la violación a su derecho a la debida defensa fue la cerrazón de las autoridades estadounidenses fue la impotencia de ver la cifras de aquellos compatriotas condenados a pena de muerte en el vecino país del norte, sin el mínimo respeto de sus derechos fundamentales, lo que me motivó.

Sin embargo, el gusto que siento por esta aprobación, espero, se empaña cuando veo que los derechos de las mexicanas y los mexicanos no solamente se violan en el extranjero, sino también en nuestro país.

Como lo que dieron a conocer usuarios de las redes sociales el pasado 15 de septiembre, antes de la celebración del tradicional grito, donde la Gendarmería Nacional tuvo el atrevimiento de catear a menores de edad que pretendían ingresar al evento.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda que nuestro país vive una de sus peores crisis de inseguridad. En Morelos, mi estado, lo vivimos diariamente con mucha crudeza; sin embargo, eso no debe de ser pretexto para violar los derechos que las instituciones públicas debieran garantizarles a todas y todos los ciudadanos. Mucho menos a quienes su inocencia no les permite ver el abuso cometido contra su persona, las niñas y los niños.

Reitero mi beneplácito por este dictamen, anticipando por supuesto el voto favorable del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, sin dejar de recalcar que debemos de insistir y fortalecer las leyes enfocadas en defender los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. Es cuánto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Ahora, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene la palabra la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel.

La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel:Con su permiso, diputada presidenta.

Diputadas y diputadas, en la actualidad vivimos en un mundo globalizado, el cual no significa solamente libertad, para que a través de las fronteras viajen las mercancías, las divisas y las señales de televisión. Debe suponer, y sobre todo respeto y tutela de los respetos humanos.

Aun cuando es un tema importante existe un desconocimiento, lo que ha ocasionado innumerables violaciones a nuestros derechos. Por ello es necesario conocer, para poder defendernos de cualquier abuso y violación, porque el hombre no deja de ser hombre, por su color claro u obscuro o porque pertenezca a un grupo, cualquiera que sea su color o religión.

Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La universalización de los derechos humanos es un fenómeno que cobra día a día más importancia, porque nadie podría negar que tales derechos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud o a tratos inhumanos todos son iguales ante la ley.

No pueden ser desterrados tienen derecho a la libre expresión, a buscar asilo en cualquier país, a un trabajo, al disfrute de su tiempo libre, a la educación y de igual manera tienen deberes a la comunidad.

En junio de 2011 entró en vigor una de las reformas constitucionales más importantes en materia de derechos humanos que constituye un avance significativo que coloca a la persona y a sus derechos, en el núcleo de la actividad del Estado, así como a la incorporación a los tratados internacionales en los que México sea parte.

Esta reforma señaló que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalización, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Conviene recordar, que el 9 de enero de 2003, el gobierno de México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Estados Unidos, en la que se argumentó el caso de 51 condenados a la pena capital de dicho país, los cuales no gozaron de derechos de ser asistidos por autoridades consulares mexicanas.

El país norteamericano violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares al no informar a las autoridades correspondientes. Éste es uno de los casos contundentes de violaciones de los derechos humanos.

Por lo anterior, resulta necesario reforzar en la Ley del Servicio Exterior Mexicano que los candidatos a ingresar en la rama diplomático-consular acrediten conocimientos necesarios y suficientes en materia de derechos humanos.

Mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, que permitirá fortalecer la protección de los derechos de todos los mexicanos en el extranjero. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general y en lo particular el diputado Ricardo Mejía. Tiene la palabra hasta por 3 minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Quiero, en primer término, felicitar al promovente, a mi compañero diputado Francisco Coronato Rodríguez, quien ha sido un luchador incansable por la defensa de los derechos humanos. Lo fue como procurador de justicia en Morelos, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en aquella entidad y ahora como legislador.

Me constan los esfuerzos humanitarios que hizo cuando la pena capital en contra del finado Edgar Tamayo. Me constan sus gestiones diplomáticas y su solidaridad con la familia y me costa también que a tres horas de la ejecución Francisco Coronato le prometió que iba a dar la batalla porque se modificara el marco consular para que los servidores públicos acreditados en el servicio exterior mexicano tuvieran el mínimo de conocimientos en los derechos humanos.

Porque así como fue el caso de Edgar Tamayo, muchos compatriotas que tienen problemas en el extranjero han señalado la insensibilidad, el burocratismo y la petulancia de la gente que está en las embajadas y en los consultados cuando algún mexicano se enfrenta a problemas.

Por eso es de reconocerse esta reforma, que establece la obligación de que acrediten conocimientos en materia de derechos humanos para que formen parte de la rama diplomático-consular.

Enhorabuena, Francisco, y también para los integrantes de la Comisión de los Derechos humanos. Pero me parece que también hay temas que tienen que ver con la vida interior del país en materia de derechos humanos, los cateos infames que ya han sido denunciados a menores por parte de la Policía Federal Preventiva, el pasado día 15 de septiembre, son prueba de la decadencia política del régimen y de la dictadura en ciernes de Enrique Peña Nieto.

Cuando un gobierno comete estas infamias contra la niñez, es un gobierno que no merece el calificativo de representar al pueblo de México, nosotros lo denunciamos desde el primer momento, junto con la diputada Huidobro, y dijimos que mientras Enrique Peña Nieto ordena que se catee a los niños, se pone el Zócalo de la Ciudad de México de estacionamiento para quienes le ayudaron a perpetrar el robo del siglo, el robo del petróleo.

Por eso en derechos humanos este gobierno está reprobado. Está reprobado también porque el mecanismo de protección a los derechos de los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos no funciona como debiese serlo, porque está perdido en el burocratismo, está dejando de funcionar.

Esta el caso de la compañera Carla, de Guanajuato, y está el caso también de un compañero periodista en el estado de Quintana Roo, que fue apresado por el cargo de sabotaje por ser crítico del gobernador de aquella entidad.

Por otro lado está la recomendación de Puebla, del Ombudsman, Raúl Plasencia, que si bien reconoce lo que siempre se ha dicho, de que el menor victimado fue producto de la fuerza policiaca –concluyo, Presidente– de Moreno Valle y de sus elementos policiacos, las conclusiones son tibias; debió haber pedido la remoción del gobernador, debió haber pedido juicio político para el procurador, para el secretario de Seguridad Pública.

Pero la realidad es que el Ombudsman está más preocupado en su reelección, en tener el visto bueno de los senadores del PRI y del PAN que ser un verdadero defensor de los derechos humanos del pueblo de México.

Por eso nosotros hemos insistido en que comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos que lo acordó desde el mes de abril y también anunciamos que vamos a hacer un segundo coloquio de evaluación del trabajo de la CNDH en esta Cámara, con la presencia de organizaciones de la sociedad civil.

Ya hicimos uno y salió reprobado, el Ombudsman trató de boicotear el foro, pero no pudo. Vamos a hacer un segundo foro, porque creemos que México vive una regresión política autoritaria, que este gobierno está reprobado en derechos humanos y que la peor muestra de su carácter autoritario, que equipara al presidente con Nerón, aquel que perseguía a los niños, claro en un acto extremo, pero para allá va.

Por eso nosotros denunciamos estos excesos y felicitamos que se haya aprobado esta iniciativa, pero falta mucho por hacer en materia de derechos humanos en México. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. No habiendo más oradores enlistados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder al a votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Saludamos a estudiantes del Bachillerato Albert Einstein, que nos visitan de Tlapanala, Puebla. Invitados por el diputado Javier Filiberto Guevara González. Bienvenidas, bienvenidos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz, por favor, diputado.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, le informo que se emitieron 376 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular, por 376 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A propuesta de las comisiones y con acuerdo de los grupos parlamentarios, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, es el punto enlistado en el número seis, pero que por acuerdo de las comisiones y de los grupos parlamentarios procedemos a discutir en estos momentos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, fracciones 2 y 3, y 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80 y 158, fracción 1, numeral IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En fecha 18 de febrero de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio que remite la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

En la misma fecha, la presidencia dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen”.

Contenido de la minuta

La presente reforma de la Ley General de Cambio Climático, que el senador Octavio Pedroza Gaitán ha propuesto, pretende colocar el término de “asentamientos humanos” en la definición de Atlas de Riesgos que se encuentra en el artículo 3o., fracción II, de la presente ley, ya que es una prioridad fundamental en la adaptación a causa de los efectos del cambio climático, en aras de conocer el grado de vulnerabilidad y los riesgos que existen en ciertas partes del territorio nacional.

Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, que emitieron el dictamen respecto de la minuta que nos ocupa, con opinión de la Comisión Especial de cambio climático, referente a la inclusión del término “asentamientos humanos” en el Atlas de Riesgo, expusieron, entre otros, los siguientes motivos:

El senador promovente manifestó que el territorio mexicano, se enfrenta a amenazas peligrosas, fenómenos como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, etcétera, el efecto que estos fenómenos han tenido sobre la población, han hecho que estos desastres sean un tema cotidiano.

Asimismo, que la población mexicana se enfrenta a los efectos de la urbanización y del cambio climático que han sido desencadenados por el desarrollo y la manipulación del medio ambiente en la era industrial, estas convergencias amenazan con impactos negativos sin precedente en la calidad de vida y en la estabilidad económico-social.

En este sentido, las comisiones dictaminadoras realizaron las siguientes precisiones:

Ante el escenario descrito, coincidieron con los objetivos y el espíritu, que animan la iniciativa, sobre todo coinciden en la necesidad planteada de robustecer los instrumentos para la prevención de los desastres y establecer bases de un crecimiento territorial ordenado que permita disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y alcanzar una efectiva adaptación ante los diversos efectos del cambio climático.

Por otra parte, establecieron que no debe perderse de vista que la fracción I del artículo 30 de la propia Ley General de Cambio Climático (LGCC) ya prevé que los atlas de riesgo que elaboren y publique la federación y entidades federativas, deberán atender de manera preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo. Esto incluye a los asentamientos humanos.

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

I.Elaborar y publicar los atlas de riesgoque consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo, así como a las islas, zonas costeras y deltas de ríos;

En resumen, establecieron la conclusión que por sus objetivos y características, los atlas de riesgo que contiene la legislación vigente, permite contar con información sobre las características de los eventos o fenómenos y su interacción con la vulnerabilidad y el grado de exposición de los asentamientos humanos y su entorno.

Finalmente, concluyeron que a partir de lo expuesto en el desarrollo del dictamen, no se considera pertinente la creación de un atlas de riesgo en materia de asentamientos humanos, de forma independiente al que ya contiene la LGCC y que en caso de haber aceptado la propuesta original, se hubieran generado duplicidades al momento de su implantación, con el consiguiente impacto presupuestal.

Las comisiones dictaminadoras consideraron reformar únicamente la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

Consideraciones de la comisión

La comisión dictaminadora, tras el estudio y análisis correspondientes de la minuta, manifiesta las siguientes consideraciones respecto al proyecto de decreto:

Esta comisión coincide con las dictaminadoras del Senado de la República, respecto de reformar la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, con el objetivo de incluir en el mismo, el concepto de asentamientos humanos, para tener en cuenta los posibles efectos de un cambio climático en los principales asentamientos humanos del país.

Lo anterior se relaciona con los datos de población, de incidencia de enfermedades, y de demanda de agua, con las posibles alteraciones de temperatura y precipitación en el próximo siglo, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 3o., fracción II:

Artículo 3o. ...

II. Atlas de Riesgo: Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran los actuales y futuros escenarios climáticos.

En efecto, cifras del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos estiman que para 2030, el número de habitantes de las zonas urbanas habrá aumentado en mil 800 millones con respecto a 2005, constituyendo 60 por ciento de la población, casi la totalidad (95 por ciento) de este incremento de población urbana se espera que se dé en países en vías de desarrollo.

Esta situación plantea desafíos sin precedentes, entre los que se destacan el abastecimiento y el saneamiento del agua, que con el paso del tiempo y los efectos del cambio climático, las consecuencias serán más difíciles, en especial los habitantes con índices de pobreza extrema, que a menudo viven en barrios, los cuales quedan al margen de los planes de desarrollo de abastecimiento urbano, debido a fallos y carencias en la gobernanza a distintos niveles.

Cabe mencionar que además de estas implicaciones, la urbanización descontrolada y desordenada, causan impactos medioambientales, tales como la transformación de las áreas naturales de tierra en superficies impermeables, aumenta la velocidad del flujo del agua, lleva materiales contaminantes a los sistemas hídricos receptores, degrada la calidad de los recursos hídricos y causa problemas de contaminación a escala local.

Asimismo, es necesario que se desarrollen políticas públicas cuyas características destaquen la adaptación y mitigación del cambio climático, pues los efectos negativos de este problema ambiental afectarán a la población más vulnerable. Los asentamientos humanos con mayor vulnerabilidad según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es la población que se encuentra en las zonas bajas de las costas, los asentamientos irregulares en zonas urbanas y quienes se encuentran a las orillas de los ríos.

La importancia que las ciudades y los territorios tienen hoy en el desarrollo económico nacional, y la influencia que a su vez éste tiene sobre la conformación de los asentamientos, hace necesaria una estrecha vinculación entre las políticas de desarrollo económico y la gestión del hábitat. En consecuencia, un objetivo importante de las políticas urbanas y de vivienda, será el aumento de la productividad y la competitividad de los asentamientos humanos. La importancia que hoy tienen las ciudades y territorios en el desarrollo económico nacional, y la influencia que a su vez éste tiene sobre la conformación de los asentamientos, hace necesaria una estrecha vinculación entre las políticas de desarrollo económico y la gestión del hábitat. En consecuencia, un objetivo importante de las políticas urbanas y de vivienda será el aumento de la productividad y la competitividad de los asentamientos humanos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destaca que en las áreas urbanas, la preocupación desde la perspectiva del bienestar humano es si los asentamientos urbanos proporcionan un ambiente saludable y satisfactorio para la vida de los residentes. La Comisión de Cambio Climático, coincide en que se deben establecer las bases de un crecimiento territorial controlado, ya que de seguir con la misma tendencia de crecimiento descontrolado, el desarrollo urbano puede fácilmente amenazar la calidad del aire, del agua, así como su disponibilidad y de los sistemas de procesamiento y reciclado de los desechos.

También es de destacarse que los grupos vulnerables, que en su mayoría son los residentes de bajos ingresos, son los más afectados, pues carecen de servicios básicos, lo cual genera no sólo asentamientos irregulares sino una dramática disminución en la calidad de vida que va acompañada de enfermedades, pobreza, adicciones, vagancia, etcétera.

Por otro lado, desde la perspectiva de un desarrollo sostenible, también se deben considerar las repercusiones en la calidad de vida para el bienestar de las generaciones futuras que vivan en asentamientos urbanos.

Todas estas cuestiones de calidad de vida de los asentamientos humanos, cuyo objetivo es identificar las zonas de riesgo para que exista una planeación integral en su desarrollo, se deben tomar en cuenta los vínculos entre los sistemas urbanos y los servicios de los ecosistemas que existen dentro de las áreas urbanas, entre centros urbanos lindantes con ecosistemas no urbanos, entre centros urbanos y ecosistemas distantes. Por ello es necesario implementar con mayor eficacia los Atlas de Riesgo en el rubro de asentamientos humanos, para evitar que la población sufra los estragos de una deficiente planeación urbana.

Otro de los temas que se deben destacar en la evaluación de riesgo en los asentamientos humanos, es la salud. El proyecto Carga Mundial de Morbilidad de la Organización Mundial de la Salud, identificó los riesgos ambientales como componentes importantes de la carga total de enfermedades en América Latina y el Caribe. Los riesgos ambientales constituyen aproximadamente de 4 a 5 por ciento del riesgo total de carga de enfermedades para un grupo de países de América Latina.

De acuerdo con la Cepal, en América Latina y el Caribe se ha incrementado la cobertura de los servicios básicos como el agua potable a 96 por ciento aproximadamente. Por otro lado, las ciudades de la región enfrentan problemas crecientes de suministro con respecto al recurso. Por ello, esta comisión ordinaria destaca que se necesita una manera de disminuir la vulnerabilidad tanto en el saneamiento y abastecimiento de agua potable de calidad para la población.

El Fondo Metropolitano correspondiente a 2014 tiene como objetivo destinar recursos a la realización de diversas actividades, como estudios, planes, programas, proyectos de infraestructura, entre otros orientados al desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio, así como en programas de ordenamiento de los asentamientos humanos, en las zonas consideradas metropolitanas.

De acuerdo con el análisis anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos pertinente la adición del término “asentamientos humanos” en la definición del atlas de riesgo, ya que esto permitirá tener conocimiento e identificar los diferentes riesgos, el grado de exposición y la vulnerabilidad con la que nos afectan a través de estudios específicos relacionados con los asentamientos humanos.

No omitimos mencionar que la Comisión de Cambio Climático aprobó en diciembre de 2013 un dictamen por el cual se incorpora a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en los diversos niveles de organización y toma de decisiones establecidos en la Ley General de Cambio Climático, por ejemplo, como parte integrante de la comisión intersecretarial, con el objetivo de que las acciones que se emprendan en la materia de la Ley, se tome en cuenta el tema de los asentamientos humanos y el desarrollo regional e las localidades, toda vez que esta secretaría de referencia, tiene a su encargo, la promoción e implantación de políticas, que mejor coadyuven a desarrollo regional tomando en cuenta los factores, sociales y de esparcimiento y de desarrollo sustentable y que mejor que con políticas que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático.

Por lo expuesto y fundado, la comisión dictaminadora, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático

Único.Se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. ...

II. Atlas de Riesgo: Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos,regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran los actuales y futuros escenarios climáticos.

III. a XXXIV. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and- figures/climate-change/

2 http://www.eclac.org/dmaah/publicaciones/xml/3/35893/W-204-es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.

La Comisión de Cambio Climático, diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra, el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, por cinco minutos.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Vengo en este acto a nombre de la Comisión de Cambio Climático a fundamentar el sentido del dictamen por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, la cual realizó bajo los siguientes términos:

Con fecha de 18 de febrero de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio que remite la minuta enviada del Senado, proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

La presente reforma, la Ley General de Cambio Climático, pretende colocar el término de Asentamientos humanos en la definición del Atlas de riesgo que se encuentra en el artículo 3o., de la fracción II de la presente ley, ya que es una prioridad fundamental en la adaptación a causa de los efectos del cambio climático en aras de conocer el grado de vulnerabilidad y los riesgos que existen en ciertas partes del territorio nacional.

El senador promovente manifestó, que el territorio mexicano se enfrenta a amenazas peligrosas, fenómenos como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, etcétera. El efecto que estos fenómenos han tenido sobre la población, han hecho que estos desastres sean un tema cotidiano.

Asimismo que la población mexicana se enfrenta a los efectos de la urbanización y del cambio climático que ha sido desencadenado por el desarrollo y la manipulación del medio ambiente en la era industrial.

Estas convergencias amenazan con impactos negativos sin precedentes en la calidad de vida y la estabilidad económica social.

Esta comisión coincide con los dictaminadores del Senado de la República respecto a reformar la fracción II del artículo 3o., de la Ley General de Cambio Climático con el objetivo de incluir en el mismo el concepto de asentamientos humanos para tener en cuenta los posibles efectos de un cambio climático en los principales asentamientos humanos de nuestro país.

En efecto, cifras del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos estiman que para el 2030 el número de habitantes en zonas urbanas habrá aumentado en mil 800 millones con respecto al 2005, constituyendo el 70 por ciento de la población, casi la totalidad de este incremento de la población urbana, se espera que se dé en países en vías de desarrollo.

Esta situación plantea desafíos sin precedentes entre los que se destacan: el abastecimiento y saneamiento del agua que con el paso del tiempo y los efectos del cambio climático, las consecuencias serán más difíciles en especial a los habitantes en extrema pobreza.

Asimismo es necesario que se desarrollen políticas públicas cuyas características destaquen la adaptación y la mitigación del cambio climático, pues los efectos negativos de este problema ambiental afectarán a la población más vulnerable.

Los asentamientos humanos con mayor vulnerabilidad, según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es la población que se encuentra en zonas bajas, en las costas, los asentamientos irregulares son urbanos y quienes se encuentran en las orillas de los ríos.

De acuerdo con el análisis anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos pertinente la adición del términos “asentamientos humanos” en la definición del Atlas de Riesgo, ya que esto permitirá tener conocimiento e identificar los diferentes riesgos, el grado de disposición y la vulnerabilidad con lo que nos afectan a través de estudios específicos relacionados a los asentamientos humanos.

En función de lo expuesto es que les solicito atentamente se sirvan apoyar el presente dictamen con su voto a favor. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputado Sampayo. Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados: el diputado Ricardo Mejía Berdeja, por Movimiento Ciudadano, y la diputada Claudia Elena Águila Torres, por el Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo Mejía Berdeja, por Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias Presidenta. Para Movimiento Ciudadano el tema ambiental es un tema fundamental, es un tema que se tiene que reivindicar con toda decisión porque lo que hemos visto hasta ahora son reformas medioambientales que son mejorales frente a una problemática que amerita cirugía mayor.

Hoy se ajusta la Ley General del Cambio Climático para introducir  los asentamientos humanos en los atlas de riesgo, una reforma al artículo 3, fracción II que, al igual que las que se han venido aprobando en cascada este día, nos parecen reformas para cubrir el expediente de que se está haciendo algo en este Congreso.

Es, como decía el diputado Monreal, pura hipocresía parlamentaria para cubrir el expediente porque en realidad hay un tema que no se toca y que es quizá el mayor desafío medioambiental en la historia del país, que es el tema de la fractura hidráulica, el tema del fracking, que ese sí constituye un verdadero riesgo para entidades completas: para los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, partes de Puebla, de Oaxaca, donde los tiburones de la industria energética mundial van a hacer auténticas devastaciones con esta explotación. No solamente van a alterar el equilibrio ecológico, sino que van a utilizar cantidades de agua al por mayor, agua que es para el consumo humano.

En esta devastación evidentemente hay complicidades porque no se ha querido aprobar la ley general que prohíbe la fractura hidráulica y que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Medio Ambiente.

Esa es una verdadera reforma de fondo y no se ha querido tocar porque la decisión del régimen es que vengan todos los negocios y todo el saqueo utilizando la técnica del fracking o fractura hidráulica.

El caso que aquí se comentó ayer de Larrea, del Grupo México, de Cananea, nosotros lo celebramos y hemos estado puntuales de la gestión del diputado Alfonso Durazo que ha estado muy atento de este tema, junto con la comisión.

Desde luego que Germán Larrea es un depredador ambiental y se le tiene que sancionar; no sólo que pague por los daños, sino que también que se le retire la concesión, pero nos parece también, cuando vemos al PRI muy motivado en sancionarlo, que en la cúpula del poder hay ajustes de cuentas, nunca es por una decisión de aplicar la ley, siempre es porque algún interés del régimen está afectando, no es por el daño ecológico.

Y nosotros quisiéramos que con esa misma determinación se revisara lo que hacen las mineras, peñoles o altos hornos que han depredado regiones completas. La región carbonífera en Coahuila o las huelgas que siguen en lugares como Taxco, en Guerrero.

La minería se ha convertido en el gran saqueo de la riqueza del país, es el prólogo de lo que vendrá con la reforma energética, y ahí queremos ver que haya decisión del régimen, decisión por frenar la devastación y el saqueo, porque estos cambios de mover fracciones no son cambios sustantivos, son cambios gatopardistas, hacer como que se cambia para que todo siga igual.

Mientras no se atienda el tema de la fractura hidráulica en México, todos los cambios a la legislación medioambiental serán incompletos, mientras no se sancione a todas las compañías que mal utilizan los recursos medioambientales del país, la decisión que hoy se toma en Sonora será buena porque implica una sanción, pero será incompleta y tendrá el manto del ajuste de cuentas.

Nosotros por eso no estaremos en contra de esta reforma, porque sí hay que regular los asentamientos humanos, porque hay corrupción en las licencias, en los usos de suelo, en la tolerancia de los asentamientos en zonas vulnerables, pero creemos que el tema es de fondo.

Si sigue el fracking en el país, aquellos que se llamen ecologistas, o aquellos que reivindiquen un discurso de defensa del medio ambiente, simplemente estarán usándolo de manera demagógica. El tema es: no al fracking. Y queremos que la Comisión de Medio Ambiente dictamine de una vez la ley general que prohíbe la fractura hidráulica que presentamos diferentes legisladores ante esta soberanía, es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias, diputado. Y ahora tiene la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos.

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores, aún no han sido atendidos en su totalidad los efectos negativos que ocasionaron las tormentas tropicales conocidas como Ingrid y Manuel en el mes de septiembre de 2013; el estado más afectado, como nos acordemos, fue Guerrero.

Las fuertes lluvias causaron inundaciones en gran parte del territorio mexicano, teniendo como consecuencia un saldo negativo de 123 muertes, 33 heridos, 68 desaparecidos, 59 mil evacuados y al menos 218 mil 594 personas afectadas, y 35 mil viviendas dañadas. Las pérdidas fueron millonarias.

Este fenómeno meteorológico nos hizo recordar el huracán Paulina, que azotó a la misma región en 1997. La población sin duda es la más afectada; los pobres, los más vulnerables. Por ello resulta de gran importancia incluir dentro de la Ley General de Cambio Climático, en el artículo 3o., fracción II, dentro de la definición atlas de riesgo el término asentamientos humanos.

En las últimas décadas nuestro territorio ha sido opresa de grandes desarrollos inmobiliarios, la urbanización descontrolada causa impactos medio ambientales negativos, se transforman las áreas naturales, la mancha urbana no permite la filtración natural del agua, lo que provoca que la precipitación fluvial cause inundaciones.

Esto pone de manifiesto la necesidad de que para el establecimiento de los asentamientos humanos, que la mayoría de los casos no han contado con estudios que midan los impactos ambientales, sea necesario el considerar los efectos del cambio climático para no ser presa de los fenómenos cíclicos que en ellos se han presentado años atrás.

Por ello es fundamental proteger la integridad y seguridad de las personas, fomentar la prevención de los desastres y garantizar un ordenamiento que permita un sano crecimiento de la población, que permita disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y lograr paulatinamente la adaptación a los efectos negativos del cambio climático.

No podemos permitir que año con año tengamos que lamentar más pérdidas humanas y materiales. En estos días tenemos el huracán Odile, que está causando daños en Baja California Sur, nuestros hermanos están padeciendo. Y provecho para hacer un exhorto al Ejecutivo para la aplicación de los recursos del Fondo de Cambio Climático. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputada. Y, no habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación).

De viva voz.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti: (Desde la curul) A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 360 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobado en lo general y en lo particular, por 360 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático. Pase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD, LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 21 de noviembre de 2013, la diputada federal Flor de María Pedraza Aguilera, de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Otorgar atención en forma expedita, a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, y de forma gratuita para las mujeres en condiciones de pobreza. Establecer como obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, brindar dicho servicio de salud.

Para quedar como sigue:

Primero. Se adiciona un artículo 64 Bis a la Ley General de Salud.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 64 Bis. La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno- Infantil, tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos.

Iniciativa

Artículo 64 Bis. Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente Ley, prestarán atención expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en la unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Cuando se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, conforme a los criterios que al efecto establezca la Secretaria de Salud, dicha atención deberá ser gratuita.

Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social,  para quedar como sigue:

Ley del Seguro Social

Texto vigente

Artículo 89. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas:

I. Directamente, a través de su propio personal e instalaciones;

II. Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes;

III. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa, y

IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera. En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los reglamentos que con respecto a los servicios médicos se expidan.

(No existe)

Iniciativa

Artículo 89. ...

I. a IV. ...

V. Para el Instituto será obligada la atención a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la atención de emergencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Cuando se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, conforme a los criterios que al efecto establezca el Consejo Técnico, dicha atención deberá ser gratuita.

Tercero. Se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Texto vigente

(No existe)

Iniciativa

Artículo 31 Bis. Para el instituto será obligatoria la atención a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Cuando se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación, conforme a los criterios que al efecto establezca la junta directiva, dicha atención deberá ser gratuita.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud define a la mortalidad materna como la causa de defunción de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo el mundo 1000 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones son bien conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto.

Tercera. En septiembre de 2000, la mayor reunión de Jefes de Estado de toda la historia marcó el comienzo del nuevo milenio con la adopción de la Declaración del Milenio, que fue aprobada por 189 países y se tradujo en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, que deberían alcanzarse en 2015. Dichos objetivos consisten en reducir la pobreza y el hambre, mejorar la educación, hacer frente a las inequidades de género, a los problemas sanitarios y a la degradación del medio ambiente, y crear una alianza mundial en pro del desarrollo. El más importante para la labor del Departamento Reducir los Riesgos del Embarazo es el ODM 5, cuya meta consiste en reducir la razón de la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.

Cuarta. En México, la muerte materna es menos común en las localidades más desarrolladas. Sin embargo, en las poblaciones más pobres y con un alta proporción de población indígena, sigue siendo un fenómeno frecuente.

El trabajo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas realiza para contribuir a la reducción de la mortalidad materna en México se basa en tres pilares básicos:

a) El acceso a anticoncepción y planificación familiar

b) Atención calificada de todos los partos

c) Acceso a cuidados obstétricos de emergencia

Quinta. El gobierno mexicano, durante la administración federal pasada, desplegó varias acciones para atender el grave problema de mortalidad materna. En el Plan Nacional de Salud 2007-2012 se ubicó a la mortalidad materna como un problema de salud prioritario, y se estableció como la Meta 2.1: Disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano. Para dar cumplimiento al plan, se determinaron nueve estrategias agrupadas en tres áreas; en el área de Rectoría efectiva en el sector, se incorporó la línea estratégica 2.12 Fortalecer las políticas de salud materna y perinatal, y con el fin de cumplir el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se fijó, ente otras, la meta de reducir a 2012 en 24 por ciento la razón de mortalidad materna, esto significa registrar a ese año una razón de 44.5.

Se contó con la estrategia de política social 100 X 100, que para el caso de la mortalidad materna, se traduce en líneas de acción específicas dirigidas a los 125 municipios con el menor índice de desarrollo humano, IDH, del país. Asimismo, el programa de operación Arranque Parejo en la Vida incluyó otra “Estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México” la cual incluye indicadores de impacto como, por ejemplo, disminuir la razón de mortalidad materna en 50 por ciento en los 100 municipios de menor IDH, e indicadores de proceso, como por ejemplo: Porcentaje de embarazadas de municipios con IDH atendidas desde el primer trimestre gestacional.

Sexta. En los años 2008 y 2009 se promovieron, desde la Federación, dos iniciativas encaminadas a disminuir las barreras económicas: la iniciativa Embarazo Saludable, que ha consistido en afiliar prioritariamente a todas las mujeres embarazadas y sus familias al Sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y el CAEO, firmado el 28 de mayo de 2009, en el que se establece que todas las mujeres que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, ISSSTE o SSA, sin importar su afiliación.

Derivado de lo anterior el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) al dar seguimiento al Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, informó que de agosto de 2011 a diciembre de 2012, menos de mil 600 mujeres fueron atendidas por alguna urgencia obstétrica a través del acuerdo interinstitucional.

El observatorio referido indicó que la incipiente implantación se debe a que no hay difusión del acuerdo, y por lo tanto las usuarias no pueden exigirlo, y a que el mismo personal sanitario lo desconoce.

Séptima. Actualmente, en México se presentan 2.1 millones de embarazos cada año, alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas. El efecto que estas complicaciones obstétricas siguen teniendo en el país es enorme ya que 30 mil mujeres quedan con secuelas obstétricas que las convierten en discapacitadas, falleciendo anualmente, mil 100 mujeres lo que provoca una secuela social de 3 mil huérfanos cada año. Vale recordar que 80 por ciento de estas defunciones maternas son prevenibles.

De acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna, de las 971 muertes maternas ocurridas en 2011, 48 por ciento estaban afiliadas al Seguro Popular; 21 por ciento al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, y 20 por ciento no tenía ningún tipo de seguro médico.

Octava. Actualmente la Ley General de Salud establece que la atención materno-infantil es materia de salubridad general y debe ser incluida en los servicios básicos de salud. Asimismo, contiene el Capítulo V, denominado “Atención materno-infantil”, cuyo artículo 61 establece que dicha materia será de carácter prioritario.

Novena. El pasado 8 de marzo del presente año, al inaugurar el Centro de Justicia para las Mujeres, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Salud, aplicar una política de  “cero rechazo” a las mujeres embarazadas que soliciten atención en cualquier hospital, aunque ellas no tengan seguridad social.

Décima. Se estima necesario cambiar la redacción del presente proyecto de decreto, sustituyendo la palabra “emergencia” por la de “urgencia” a fin de ser consistentes con lo previsto en otras disposiciones de la Ley General de Salud y del Reglamento de dicho ordenamiento en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, particularmente con la definición que el Reglamento citado prevé para urgencia en el Artículo 72, que a la letra señala: “Se entiende por urgencia todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata”.

Asimismo, se pretende omitir la parte final relativa a la gratuidad de la prestación del servicio, toda vez que el Artículo 36 de la Ley General de Salud, ya establece que para la determinación de las cuotas de recuperación se tomarán en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario y se fundarán en principios de solidaridad social, debiéndose eximir el cobro cuando el usuario carece de recursos para cubrirlas o en las zonas de menor desarrollo económico y social. En el mismo sentido se pronuncia el Sistema de Protección Social en Salud, el cual prevé un esquema de prepago que consiste en cuotas familiares, las cuales se calculan atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, salvo cuando existe la incapacidad de la familia para cubrir la cuota (art. 77 Bis 21, de la Ley General de Salud). Por otra parte el Artículo 44, de la Ley General de Salud menciona que los establecimientos particulares para el internamiento de enfermos,  prestaran sus servicios en forma gratuita a personas de escasos recursos, en la proporción y términos que señalen los reglamentos. Por su parte el Artículo 17, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica dispone que, los establecimientos de carácter privado, conforme a lo previsto en el Artículo 44, de la Ley, proporcionaran servicios de urgencias en los términos de la Ley y este Reglamento

Finalmente es pertinente corregir el término “mujeres en edad gestacional por “mujeres embarazadas”, derivado de la definición que anteriormente se expone emitida por la Organización Mundial de la Salud.

Referente a la adición de un artículo 64 Bis a la Ley General de Salud, es pertinente señalar que actualmente ya hay un artículo 64 Bis, por lo que se considera pertinente adicionar un artículo 64 Bis 1.

Bajo esta premisa, la iniciativa en estudio se considera viable con modificaciones, ya que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito, mediante la aplicación de procedimientos normados para la atención, entre los que destacan el uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades eminentemente preventivas.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Primero. Se adiciona el artículo 64 Bis 1 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64 Bis 1. Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente Ley, prestarán atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Segundo. Se adiciona la fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 89. ...

I. y II. ...

III. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa;

IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera, y

V. Para el instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

...

Tercero. Se adiciona el artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 31 Bis. Para el instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Para ello contarán con un plazo no mayor de 120 días.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud.

2 Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Mario Alberto Dávila Delgado para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, diputado.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Muchas gracias, diputada, con su venia.

Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, el dictamen que presento a nombre de la Comisión de Salud es para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley del IMSS, en su artículo 89; y de la Ley del ISSSTE, en su artículo 31 Bis. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional. Y fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Salud. La propuesta hecha por la diputada es que las mujeres embarazadas que presenten una emergencia obstétrica sean atendidas de manera expedita por las instituciones de salud.

En México la mortalidad materna es alta, asociada también con la mortalidad infantil. En México al año hay 2 millones de embarazos, de los cuales 30 mil se complican, y de las complicaciones fallecen mil mujeres mexicanas por año, además de las complicaciones que tienen sus productos, sus bebés. En los últimos meses en México se han presentado problemas en diversos estados, y cito algunos, como Oaxaca y Chiapas, donde se han presentado estas emergencias obstétricas y no han sido resueltas de la mejor manera.

Esta reforma será muy importante porque podremos atender en las instituciones de salud a las personas que se presenten con estas emergencias, evitando muchísimas muertes como las que hemos citado, y evitando también secuelas de manera física, de manera médica y también secuelas de manera social, ya que al fallecer las madres, los productos quedan en la orfandad. Es por eso que yo solito a las diputadas y a los diputados que votan a favor de esta iniciativa que será a favor de las mujeres mexicanas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Mario Alberto Dávila, a nombre de la comisión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas por el presidente de la Comisión de Salud. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados: la diputada Zuleyma Huidobro González, por Movimiento Ciudadano; la diputada Eva Diego Cruz, por el Partido de la Revolución Democrática; la diputada Flor Pedraza Aguilera, por el Partido Acción Nacional. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.

Adelante, diputada Huidobro.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidenta. La verdad es que es una vergüenza que la realidad de nuestro país nos haga aprobar modificaciones en las leyes secundarias, cuando no se pueda obedecer lo señalado en la Constitución.

Es decir, lo que hoy estamos o está por aprobarse, será el derecho a la salud de mujeres embarazadas y que no sean discriminadas por no estar contempladas en un esquema de seguridad social, el cual es obligación del Estado proporcionar. Y claro que es una vergüenza tener que llegar a decir que las políticas públicas en este país, para las mujeres embarazadas, será de cero rechazo en tales instituciones.

En México son ya muchos los casos en que hay cierta confusión y discriminación hacia las mujeres por parte de los servicios de salud por el hecho de que no corresponden a la unidad médica que acudieron, y al solicitar atención no se les otorga consulta médica y únicamente se les brinda orientación provocando casos mortales.

En nuestro país, según datos oficiales proporcionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen 57 millones de mujeres y niñas que tienen acceso a servicios de salud. Sin embargo, la realidad es distinta. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en tan solo un estado del país, seis de cada 10 mujeres embarazadas no recibe atención médica; del total de defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica en mujeres de 15 a 49 años, 56 de cada 100 muertes fueron por hemorragias postparto; 12 por eclampsia, nueve por placenta previa y seis por otro trauma obstétrico.

Y ahí están los casos que todos conocemos. Por ejemplo, en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, y uno muy en particular, de Susana, quien falleció el domingo 6 de octubre de 2013 después de dar a luz a una niña, en una clínica del Seguro Popular, en Chiapas a la que había ingresado el viernes con dolores de parto, y un embarazo de 39 semanas.

Pero pasó más de 24 horas sin que los médicos la atendieran. Otro de los casos fue en el estado de Tabasco, donde hasta después de nacer el niño a las afueras del Hospital Rovirosa, la paciente fue trasladada al interior de la unidad médica.

Con esto nos damos cuenta de que en México sigue sin dimensionarse como una problemática social la salud de mujeres embarazadas. Los diputados de Movimiento Ciudadano, claro que estamos a favor del presente dictamen, ya que las mujeres embarazadas requieren de la mejor atención en los centros médicos de todo el país, que es además una cuestión de profesionalismo, de valores, el dar la mejor atención cuando es una urgencia para ellas y puede tener consecuencia mortal.

Con lo que no estamos de acuerdo –vuelvo a repetirlo– es con las políticas públicas que se siguen para esas mujeres embarazadas, y que estemos aprobando hoy, en pleno siglo XXI cosas que ya están contempladas en nuestra Constitución. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Huidobro. Por cinco minutos tiene el uso de la palabra la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

La diputada Eva Diego Cruz:Gracias, señor presidente. Con el permiso de la asamblea.

Las reformas y adiciones que se presentan en esta tribuna tienen como objetivo otorgar atención de forma expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento y de forma gratuita, para las mujeres en condiciones de pobreza.

¿Por qué la importancia de esta reforma? Porque de acuerdo a las estadísticas, a escala mundial aproximadamente el 15 por ciento de las mujeres embarazadas padecen durante el parto complicaciones que pueden amenazar sus vidas, cuando no se ofrece el tratamiento adecuado.

Para qué irnos muy lejos. En México la muerte materna es menos común en las comunidades más desarrolladas, pero en los estados del sureste mexicano, en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas todavía lo estamos padeciendo de manera muy frecuente.

En diversas ocasiones muchas diputadas y diputados hemos hecho uso de esta tribuna para promover o tratar de fortalecer acciones que, precisamente, vayan en contra de la muerte materna.

La ausencia de la atención obstétrica de urgencia es la razón fundamental por la cual muchas mujeres y muchos recién nacidos siguen muriendo en cantidades alarmantes. Cada día aproximadamente 800 mujeres, casi todas residentes en países en desarrollo, pierden la vida durante el embarazo y el parto. Sabemos que la mayoría de casos se pueden detectar con anticipación, ya sea en las visitas prenatales o durante el trabajo de parto, especialmente cuando se otorgue atención obstétrica de urgencia; por ello la importancia de esta reforma.

Tenemos la urgente necesidad de contar con sistemas alternativos viables para resolver la problemática de la atención materno-infantil y la obligación de buscar, hacer eficientes los recursos con los que ya se cuenta.

Debemos ver a la obstetricia como la parte de la medicina que se ocupa de la mujer durante el embarazo y empezar a considerarla como la disciplina que se relaciona con la reproducción de nuestra nación. Tomar en cuenta que se ocupa de todos los factores fisiológicos, patológicos, psicológicos y sociales que influyen no solo en cantidad sino también en la calidad de nuestras nuevas generaciones.

En el PRD estamos conscientes, vamos a votar a favor de esta reforma. Queremos que se brinde a las mujeres mexicanas de manera expedita, inmediata, la atención a cualquier mujer que se presente con una urgencia obstétrica, sin importar la filiación médica. Que no nos pare si son derechohabientes o no, que se les brinde de forma expedita e inmediata la atención médica y también que sea gratuita para las mujeres en condiciones de pobreza.

Estamos conscientes de que para hacer efectiva la atención de las urgencias obstétricas se requiere contar con personal capacitado y una adecuada infraestructura de salud, incluyendo que haya disponibilidad de medicamentos y suministros.

El objetivo de esta reforma es reducir a tasa cero la mortalidad derivada de la maternidad. El acceso universal a la atención obstétrica de urgencia significa un gran paso para que todas las mujeres y recién nacidos que presenten complicaciones puedan tener acceso a la atención médica.

Quiero decir, compañeras y compañeros, que el PRD va a votar a favor de esa reforma; pero yo espero que hagamos conciencia las diputadas y los diputados de que ahora viene lo último. Vamos a aprobar el último presupuesto, ya lo vamos a votar en unos días y que no nada más se aprueben estas iniciativas de reforma. Que realmente aprobemos un presupuesto que defienda y que les dé atención a las mujeres. Porque si no, va a quedar como un catálogo de buenas intenciones.

En el sureste de México necesitamos recursos, la salud no se cura ni con saliva ni con reformas. Espero que hagamos conciencia, que se apruebe un presupuesto adecuado que pueda permitir dar capacidad a los profesionales de la salud y que realmente éste sea un hecho y que no sea una mentira más al pueblo mexicano y a las mujeres mexicanas. Que realmente velemos por la salud de las niñas, de los niños y de las mujeres.

Espero, de verdad, que en el sureste de México se refleje esta reforma con buenos presupuestos y que esta atención sea una realidad para las mexicanas. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Eva Diego Cruz. Hasta por cinco minutos, la diputada Flor Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante diputada para que fije la postura de su grupo parlamentario.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Compañeras y compañeros diputados, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad.

En México, desde hace casi tres décadas, el derecho a su protección se encuentra constitucionalmente reconocido a favor de toda persona. La reducción de la mortalidad materno infantil, sigue siendo un reto para nuestro país, en ese contexto se inscribe la iniciativa —que la de la voz promovió— dando continuidad a los trabajos que el Partido Acción Nacional ha establecido como su prioridad en la materia de salud y para ratificar nuestro compromiso con las mujeres y las familias de México.

Esta iniciativa se construyó tomando en cuenta que nuestro sistema nacional de salud se encuentra conformado básicamente por dos sectores: el público y el privado, que en el sector público incluye las instituciones de seguridad social, así como las instituciones y programas que protegen o prestan servicio a las mujeres embarazadas que forman parte de la población sin seguridad social.

Dichas instituciones atienden a poco más del 50 por ciento de la población nacional, reconocemos que se han convertido en íconos de la protección en la salud, brindando servicio a los trabajadores y a las familias de quienes cuentan con una relación laboral formal.

El otro 40 por ciento de la población recibe cobertura en salud a través del Seguro Popular, el resto recurre a los servicios sociales y privados.

Es por ello que la presente iniciativa considera al ISSSTE, al IMSS y al Seguro Popular como las principales opciones para garantizar una atención inmediata a las mujeres embarazadas que pudieran cursar por una emergencia obstétrica que ponga en peligro su vida y el nacimiento de sus hijos.

Acción Nacional siempre ha tenido como principio doctrinario la acción social subsidiaria. Por ello, considero necesario que mediante la ruptura de las barreras administrativas, aspiremos como sociedad a la consolidación de la cobertura universal en salud a favor de todas las mujeres.

Resulta indispensable que toda mujer que decida procrear un hijo, tenga la certeza de que contará con medicamentos, así como la atención médica y hospitalaria que sean necesarias para llevar a buen término su embarazo.

No debemos permitir que se vuelva a presentar ni un solo caso más de mujeres que den a luz en el estacionamiento, en un jardín, en una recepción o en el baño de un hospital. Hechos por demás atentatorios contra la dignidad de la mujer y del ser humano.

Para ello es necesario conjuntar los recursos de las instituciones de salud pública, con el objetivo de hacer frente a la atención de los embarazos en el país. Cada embarazo que se atienda oportunamente protege por lo menos dos vidas.

Con esta iniciativa se pretende generar un esquema de portabilidad de caridad del usuario a favor de las mujeres embarazadas que transiten por una urgencia de carácter obstétrico, a fin de que se atienda el suceso que pone en peligro la vida de la mujer y de su hijo, de la manera más inmediata posible.

Su eventual aprobación contribuirá indudablemente a la reducción de la mortalidad materna infantil garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud para toda mujer embazada en casos de emergencia.

Las mujeres en ese caso podrán ser atendidas en cualquier servicio de urgencias del IMSS o del ISSSTE aunque se encuentren afiliadas al Seguro Popular o viceversa, y además podrán ser atendidas en cualquiera de estas instituciones sin necesidad de tener filiación.

Por ello, el dictamen establece para todos los prestadores de servicios de salud, la obligación de prestar atención expedita a las mujeres embarazadas que se encuentran en el caso mencionado. Dicha atención podrá ser solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica.

Los diputados de Acción Nacional estamos ciertos de que con esta acción legislativa se puede salvar la vida de miles de mujeres y de sus hijos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Flor Pedraza. Concluida la lista de oradores para posicionar en nombre de los grupos parlamentarios. Para hablar en pro en lo general, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Aida Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Adelante.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, presidente. Muchas gracias. Por supuesto que desde esta tribuna tengo que reconocer la labor que está haciendo la Comisión de Salud por aprobar esta iniciativa que presenta la diputada Flor Pedraza.

Pero ahora viene la tarea más importante de este Congreso, que es el tema del presupuesto. Bien lo decía hace rato mi compañera, la diputada Eva, la salud no se atiende con buenas iniciativas, con buenas reformas, es con dinero, y eso es lo que hace falta.

Ahora le toca a la Comisión de Presupuesto, de verdad, ayudar a que el tema de las mujeres en embarazos de alto riesgo o las mujeres que no tienen ningún seguro social, ni el Seguro Popular, a veces por carecer incluso de la documentación que se requiere, puedan ser atendidas de a de veras.

En las zonas de la región sur sureste de nuestro país todavía nuestras mujeres indígenas cuando van al hospital por sus condiciones de mujer indígena pues son discriminadas. Cuando yo entré a este Congreso describía el caso de una mujer que ya llevaba como 18 horas parada y aunque estaba sangrando y aunque estaba vomitando ya de dolor, la atención no se le daba porque simplemente no podía explicarse; pero no hacía falta hablar, solamente era cuestión de sensibilidad y ver que esa mujer estaba muy grave.

Por eso hago un exhorto y una especial invitación a todas ustedes, a todos ustedes, para que de a de veras hagamos nuestro trabajo en el presupuesto. Nada más por ponerles el ejemplo, mi estado Oaxaca tiene hoy plazas precarias, 5 mil 800 plazas precarias que están haciendo también que el presupuesto se esté utilizando para atender las plazas de los médicos y no para atender el tema de los medicamentos.

Yo hago un reconocimiento a esas mujeres y hombres valientes médicos que están en las comunidades rurales y que con un esfuerzo extraordinario atienden los partos, a veces no tienen ni siquiera pastillas de paracetamol para atender a la gente. Sin embargo están dando una gran labor, haciendo una gran labor con todas estas carencias.

Por eso también desde Movimiento Ciudadano nosotros nos sumamos a votar a favor de este dictamen, pero ya lo vuelvo a recalcar, es dinero lo que se requiere y es también sensibilidad de parte nuestra.

Se ocupa presupuesto para rescatar a los deudores, a los de Pemex; se ocupa presupuesto para rescatar a los banqueros; se ocupa presupuesto para comprar el avión presidencial; pero también, señoras y señores legisladores, las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad, las mujeres que todos los días están luchando por dar vida a la vida, también necesitan de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad y de este Presupuesto que estamos tratando ahora en este periodo, de sacar.

Ojalá, compañeras y compañeros, que esta buena acción de la Comisión de Salud, se traduzca en dinero de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Aida Valencia. Concluida la lista de oradores en lo general y además de que no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, con apoyo en el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara pido a la secretaría que abra el sistema electrónico para recibir la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, señor secretario, con la modificación aceptada por la asamblea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aprobada por la asamblea.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 362 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 362 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.

Dé lectura la secretaría a encabezado de diversas iniciativas.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en el ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los subsecuentes, atento al siguiente

Planteamiento del problema

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue el resultado de la necesidad de establecer un correcto equilibrio entre el espíritu renovador y nuestra propia evolución constitucional y parlamentaria. Tomando en cuenta los desarrollos recientes del derecho legislativo nacional y comparado, cuya terminología es adecuada a la creciente modernización del Estado mexicano y, toda innovación y reforma que se proponga no se da en un vacío histórico sino que recoge formas y sistemas que han de resultar eficaces para regular las funciones del Congreso y de sus Cámaras en el devenir de nuestra vida constitucional, plasmados en los ordenamientos internos vigentes del Congreso de la Unión y en sus diversos usos y costumbres parlamentarias.

En esta tesitura y tomando en cuenta la evolución democrática que vive nuestro país, es indispensable actualizar las prácticas parlamentarias, a través de las facultades que para tal fin implica la función del presidente de la Mesa Directiva, por ello, se propone una adición al artículo 23 de la ley orgánica, respecto de las atribuciones en materia de consulta popular, que tendrá el presidente de la Mesa Directiva, cuyo mandato constitucional y legal, está plasmado en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución federal; y en el artículo tercero transitorio de la Ley Federal de Consulta Popular.

Por ello, es imperante que para dar certeza y coherencia a las adiciones que se harán al reglamento de esta Cámara, en relación con el procedimiento o tratamiento parlamentario que se le dará al resultado de la consulta popular, se adecue también a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades del presidente de la Mesa Directiva, en esta materia.

Argumentación

El pasado 9 agosto de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política.

En este decreto se adicionó la fracción VIII, del artículo 35 constitucional, previéndose la figura de la consulta popular, asimismo, en su artículo segundo transitorio, se estableció el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión expidiera la legislación reglamentaria de esta figura jurídica de democracia participativa.

Con fecha 14 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Consulta Popular, Reglamentaria de la Fracción VIII, del Artículo 35 Constitucional, para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio de la reforma constitucional.

Asimismo, la Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo tercero transitorio, ordenó que las Cámaras de Diputados y Senadores hicieran las adecuaciones respetivas a sus reglamentos, en un plazo no mayor a 180 días, sin embargo, no se previó modificación alguna a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En observancia a lo anterior, el 2 de septiembre de 2014 presenté iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo VI denominado Del procedimiento al resultado vinculante de la Consulta Popular y un artículo 234 Bis al título sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En efecto, el reglamento en sus adecuaciones debe prever ineludiblemente un procedimiento en materia de consulta popular, al considerarse que el Congreso de la Unión es el actor que desde un inicio tiene conocimiento de la pretensión de someter al veredicto ciudadano algún tema de trascendencia nacional, que exprese aspiraciones y necesidades que deberán ser satisfechas por el órgano legislativo y, otros órganos y autoridades del estado. Sin embargo, aún y cuando el artículo transitorio antes invocado, no prevé modificación a la ley orgánica, es necesaria su adecuación para darle certidumbre a las modificaciones que en materia de procedimiento se harán al reglamento, por ello, en esta iniciativa se propone la adición de un numeral 3, al artículo 23, del capítulo segundo denominado De la Mesa Directiva, sección tercera De su presidente, recorriéndose los subsecuentes en su orden.

Por supuesto, la actualización de este ordenamiento, dará certeza parlamentaria a las atribuciones del presidente de la Mesa Directiva y eficacia a los mecanismos de control y cumplimento del resultado de la consulta popular, previsto en el reglamento interior.

En este sentido, podemos concluir que un pueblo sin justicia, sin equidad, sin orden jurídico, es pueblo que da la espalda a sus mejores instituciones, que por consiguiente nada significarán los avances y logros en otros campos, si la sociedad se refugia en desaliento por encontrar obstáculos para dar cumplimiento a la voluntad que deviene del voto popular, a través de una consulta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un numeral 3 al artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un numeral 3 al artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 23.

1. ...

a) a r)...

2. ...

a) a e)...

3. En el caso del resultado de la consulta popular, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Publicar el resultado en la Gaceta Parlamentaria.

b) Dar cuenta al pleno y turnar inmediatamente dicho resultado a la Comisión Especial, para su análisis y dictamen.

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada la Comisión Especial redactora de la iniciativa que dé cumplimiento al resultado vinculante de la consulta popular.

d) Cuando se trate de una consulta no vinculante, dará cuenta al pleno y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

4.Asimismo, conforme a la declaración de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del bando solemne; darlo a conocer al pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los periódicos oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios.

5.Si al comenzar el periodo constitucional no se presentase el presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1 de diciembre, procederá a tomar las medidas necesarias para que el Congreso se erija en colegio electoral a efecto de designar presidente interino, en los términos del artículo 84 constitucional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2014.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para el dictamen correspondiente.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma los artículos 33 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Luisa María Alcalde Luján, Claudia Delgadillo González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRI

Luisa María Alcalde Luján, Claudia Delgadillo González y Ricardo Pacheco Rodríguez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional respectivamente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo en materia de renuncias en blanco, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La precarización del empleo en México, la flexibilización de las garantías laborales fundamentales y la ineficacia de las autoridades del trabajo han dado pie a toda clase de prácticas vejatorias que condicionan al trabajador el acceso a un empleo a la renuncia de sus derechos más elementales.

Tales condicionamientos pueden manifestarse a través de la renuncia anticipada del trabajador (renuncia en blanco), la firma de pagarés y otros títulos de crédito, de falsos reconocimientos de que el trabajador no ha padecido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, o que se desiste de ejercer cualquier acción legal en contra del patrón en el supuesto de que existiera alguna controversia derivada de su relación laboral.

La problemática no es menor pues aunque resulte imposible determinar qué tan generalizada y sistemática es esta práctica, los tribunales laborales desahogan casos idénticos diariamente. Esto resulta aún más preocupante al considerar que las empresas que más acuden a esta práctica son precisamente las menos reguladas y que menores responsabilidades guardan frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo el esquema de subcontratación ( outsourcing), mismas que hoy florecen al amparo de la ley. En razón de ello, consideramos urgente prohibir de forma expresa en nuestra legislación laboral estas prácticas ultrajantes, establecer garantías para que los trabajadores puedan denunciar abusos de este tipo sin poner en riesgo su contratación, y sancionar a los patrones que, abusando de la necesidad y la vulnerabilidad de los trabajadores, incurren en este injurioso delito.

Como su nombre lo indica, la firma en blanco es aquella puesta de antemano por el trabajador sobre una hoja de papel en blanco o un documento sin fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el patrón con declaraciones o renuncias de derechos. Varias legislaciones penales en el mundo contemplan específicamente el delito de abuso de firma en blanco, o lo equiparan con el delito de falsificación de documentos, entendiéndose tal acto como la inserción fraudulenta, sobre la firma, de una obligación, de un descargo o de cualquier otro acto perjudicial al firmante.

Nuestro Código Penal Federal, en el capítulo IV del título decimotercero (relativo a la falsificación de documentos), señala sanciones corporales de seis meses a cinco años de prisión, y de 180 a 370 días de multa, a quien aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena para extender una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al estado o a un tercero (artículo 244).

A su vez, el artículo 245 establece los requisitos que deben cumplirse para la configuración del delito de falsificación de documentos, a saber: a) que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al estado o a un tercero; b) que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o ya en su persona, en su honra o en su reputación, y; c) que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento.

A la luz de nuestro ordenamiento penal, queda claro que la renuncia en blanco puede reputarse como falsificación de documentos privados, toda vez que una liquidación no ratificada es una documental privada que está sujeta de comprobarse con la ratificación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El artículo 33 de la LFT contiene el principio de irrenunciabilidad de derechos en los convenios o liquidaciones en materia laboral, señalando que será “nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé”. Asimismo establece la regla de que “todo convenio o liquidación, para ser válido, debe hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él”. Dicho convenio “deberá ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores”. De una interpretación conforme y de buena fe, es posible concluir que una renuncia en blanco implica necesariamente la renuncia de derechos, entre ellos el derecho a no ser despedido injustificadamente, contenido en la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, así como otras obligaciones atribuibles al patrón, como el pago del finiquito y la indemnización correspondiente.

Lamentablemente, la LFT es omisa en cuanto a las renuncias en blanco debido a que presupone su ilegalidad por tratarse de un acto de simulación. Esta omisión ha sido sumamente perjudicial para los trabajadores que, careciendo de todo medio probatorio para acreditar la simulación de una renuncia que contiene firmas auténticas, desisten de hacer valer sus derechos fundamentales por vía jurisdiccional en vista de las dificultades técnicas y legales que ello implicaría.

Ante esta laguna legal es preciso acudir a otras fuentes interpretativas. Sin embargo, nuestras autoridades jurisdiccionales se han enfrascado en razonamientos sumamente formalistas al momento de abordar el problema de la renuncia al empleo por medio de coacción, engaño o fraude, inclinando totalmente la carga de la prueba al trabajador, argumento por demás absurdo si se considera que la propia ley no ofrece medios probatorios efectivos para que el trabajador acredite la simulación y el fraude que, incluso conscientemente, fue obligado a asumir por patrones deshonestos que lucran con la necesidad ajena.

La jurisprudencia apunta a que un trabajador tiene la carga de la prueba cuando “manifiesta que firmó la renuncia al trabajo o un convenio finiquito mediante coacción o engaño”, y señala que “si el trabajador aduce que el patrón, al inicio de la relación de trabajo, lo obligó a estampar su firma en una hoja en blanco... y dicho patrón, haciendo uso indebido de ese documento, le confeccionó la renuncia voluntaria a su empleo, razón por la que reclamó la nulidad de cualquier elemento que implicara la pérdida o disminución de sus derechos, ese extremo le corresponde demostrarlo, por lo que si no lo hace es indudable que aquella renuncia tiene plena eficacia probatoria”.

Por otro lado, existen elementos dentro de la propia jurisprudencia que obligan a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a impedir estas prácticas ilegales. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en tesis aislada, a cargo del magistrado Héctor Arturo Mercado López, señaló que “cuando el trabajador demanda la nulidad de la renuncia... y la reinstalación en su puesto bajo la premisa de que su voluntad no es válida por haber sido dada por error, arrancada por violencia o sorprendida por dolo o mala fe, la junta debe privilegiar el estudio de la nulidad de la renuncia... Esto significa que si el trabajador acredita algún vicio en su voluntad, pondrá en evidencia que ésta no se produjo libre y consciente para dar por concluida la relación del trabajo, sino que se trató de una imposición del patrón, lo que se traduce en un despido injustiftcado”.

Asimismo, en relación con el reclamo inverosímil de tiempo extra, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia apuntó que las Juntas “pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón... sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil”. Este criterio resulta en extremo valioso en el caso concreto de las renuncias en blanco, pues también es inverosímil que un trabajador renuncie voluntariamente y luego demande su reinstalación, o que firme un pagaré excesivo cuando su salario jamás sería suficiente para cubrir tal obligación.

Consideramos necesario adecuar nuestra legislación laboral a fin de hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente, así como garantizar medios probatorios adecuados en caso de que sean víctimas de un despido simulado a modo de renuncia voluntaria. Asimismo, creemos indispensable incluir responsabilidades y sanciones contundentes para los patrones o sus representantes cuando incurran en tan deplorable práctica a fin de desincentivar su uso.

Esta iniciativa propone incluir en el artículo 33 de la LFT la prohibición expresa de obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o que por cualquier otro medio implique renuncia de derechos o imponga obligaciones al trabajador. Asimismo consideramos necesaria la creación de una herramienta para que el trabajador que sea obligado a la firma de documentos en blanco pueda defenderse del patrón ante los tribunales laborales en caso de ser necesario, sin poner con ello en riesgo su contratación. Para ello se propone establecer en dicho artículo 33 la posibilidad de que el trabajador acuda ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo o la Inspección del Trabajo local o federal deberán conservar dicha denuncia en secreto, y en el caso de que el documento que se presuma falso sea utilizado en perjuicio del trabajador para separarlo de su empleo, el trabajador podrá iniciar un juicio laboral para demandar al patrón y, en dado caso, exigir su reinstalación; consecuentemente, el documento de renuncia que haya denunciado no tendrá valor probatorio.

De igual manera proponemos adicionar un párrafo segundo al artículo 1006 de la LFT relativo a las sanciones y las penas por presentar documentos falsos, a fin de reputar como documentos falsos aquellos que a petición del patrón o sus representantes hayan sido firmados en blanco por el trabajador.

Es momento de combatir el cáncer de la firma de hojas en blanco pues lesiona integralmente nuestro sistema de protección y justicia laboral, atenta contra la dignidad de las personas y exhibe la degradación que crece en nuestro mundo del trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo segundo y se recorre el contenido del actual párrafo segundo del artículo 33; se adiciona un párrafo segundo al artículo 1006, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

Queda prohibido obligar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro medio que implique renuncia de derechos o imponga obligaciones al trabajador. En caso de que el trabajador sea obligado a la firma de documentos en blanco o de cualquier otro medio, podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo o la Inspección del Trabajo local o federal conservará en secreto dicha denuncia para el caso de que fuere necesario aportarla como elemento probatorio preconstituido. En caso de que el trabajador sea despedido, el documento de renuncia que haya sido denunciado en los términos de este párrafo no tendrá valor probatorio.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores,

Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años y multa de 125 a mil 900 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador en una semana.

Se considerarán documentos falsos aquellos que, a petición del patrón o de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador. Las sanciones previstas en el párrafo anterior se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda derivar de estos hechos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias acordes con el presente decreto en los 30 días posteriores a su publicación.

Notas:

1. Jurisprudencia. Renuncia o convenio finiquito firmado bajo coacción o engaño. corresponde al trabajador acreditar los hechos en que lo sustenta: l0a. Época; T.CC; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3; Página 1786.

2. Tesis aislada. Renuncia. Tiene eficacia probatoria plena si el trabajador afirma que estampó su firma en una hoja de papel en blanco al inicio de la relación laboral, y no lo prueba. 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Diciembre de 2001; Página 1800.

3. Tesis aislada. Nulidad de renuncia al empleo y reinstalación en el puesto. aquélla constituye la acción principal cuando se demanda su invalidez por vicios en la voluntad del trabajador. 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Página 2101.

4. Jurisprudencia. Horas extras. Es legal que tanto la junta como el tribunal de amparo procedan al estudio de la razonabilidad del tiempo extraordinario de trabajo cuando se advierta que la duración de la jornada es inverosímil.]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Página 708.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2014.— Diputados: Luisa María Alcalde Luján, Claudia Delgadillo González, Ricardo Pacheco Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en el ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo segundo de la ley del impuesto al valor agregado, para que La tasa del impuesto al valor agregado en zona fronteriza sea del 11 por ciento en lugar del actual 16 por ciento, atento a lo siguiente

Planteamiento del problema

De acuerdo al doctor Noé Arón Fuentes, investigador del Colegio de la Frontera Norte, la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) del 11 por ciento al 16 por ciento en la zona fronteriza, implico un incremento real de la carga fiscal del 45 por ciento a los consumidores y generó 5 graves consecuencias: un aumento de la inflación; un efecto recesivo; recaudación menor; daño a la competitividad fronteriza y peor distribución de recursos, al no cumplir en términos de justicia social, pues las regiones fronterizas tienen condiciones de mercado diferentes, ya que la demanda de bienes es más alta en la frontera que en el resto del país, así como la propensión histórica de importar bienes, provocando una fuga de consumidores, es decir, aumenta la preferencia por el mercado del otro lado de la frontera Adicionalmente, quienes no pueden tramitar sus visas, son los ciudadanos con menor poder adquisitivo y son quienes han resentido el efecto del aumento en el IVA con mayor intensidad, dado que no pueden acceder al mercado estadounidense.

Argumentos

El impuesto al valor agregado constituye el representativo impuesto al consumo, siendo éste su objeto, cuya carga fiscal es pagada en última instancia por el consumidor final, teniendo en cuenta que los empresarios que participan en la fabricación, distribución y enajenación de los productos, en el otorgamiento del uso o goce temporal de los mismos, y en la prestación de los servicios gravados, trasladan su importe al adquirente o usuario en el precio o contraprestación pactada.

Como contribución indirecta, es “una importante fuente de recaudación y sobre las que más control ejercen las autoridades fiscales de todos los países. Desde el punto de vista de los consumidores finales, estas contribuciones tienen un efecto financiero directo ya que, si bien los sujetos no son jurídicamente obligados al pago, si lo son desde el punto de vista económico”.

Desde una perspectiva histórica en el impuesto al valor agregado, se puede observar lo siguiente:

El IVA nació en Francia y en México se inició su estudio en 1967, sin embargo, no fructificó por las bajas tasas de inflación (no más de 5 por ciento al año). Antes de usarse en nuestro país fue aplicado en el Mercado Común Europeo y en algunos países de América, como Argentina, Chile, Perú, Brasil y Bolivia, favoreciendo las exportaciones y nivelando, desde al punto de vista fiscal, las importaciones.

En la década de los setenta existían diversas leyes que obligaban a los contribuyentes al pago de diversos impuestos, lo cual hacia que la operación y registro fuera complicado, además de que contenían errores, los cuales se corrigieron con la implantación de nuevos impuestos que substituyeron a los anteriores.

La redacción “original” de la Ley del IVA de 1978, señalaba como exención la prestación de servicios de carácter profesional: “cuando su prestación requiera título conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, organizaciones profesionales, asociaciones o sociedades civiles”. Ello significó que durante los años de 1980 a 1982, las entidades federativas contaran con impuestos que gravaban localmente el ejercicio de todas las profesiones que requirieran un título conforme a las leyes, pero a partir del año de 1982 se limitó su esfera tributaria exclusivamente a los servicios profesionales de medicina.

En 1980 inicia su vigencia (fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1978) al presentarse tasas de inflación del 20 por ciento al 60 por ciento. Inicialmente, la tasa del IVA era del 10 por ciento, argumentando que era inferior al impuesto sobre ingresos mercantiles que, en cascada ascendía a 12 por ciento.

El impuesto al valor agregado, IVA, sustituyó entre otros, al impuesto federal sobre ingresos mercantiles, el cual se consideró que tenía como principal deficiencia el pago de la contribución en cada una de las etapas de producción y comercialización, logrando con ello un aumento de los costos y los precios, y cuyos efectos acumulativos en definitiva afectaban a los consumidores finales.

En el caso del IVA, a pesar de que también se paga en cada una de las etapas de producción y comercialización, no produce efectos acumulativos, ya que cada industrial y comerciante, al recibir el pago del impuesto que traslada a sus clientes, recupera el que a él le hubieran repercutido sus proveedores, y sólo entrega al Estado la diferencia.

El 10 de noviembre de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reducía en una tercera parte el gravamen sobre los actos o actividades a los que era aplicable (del 15 por ciento a 10 por ciento); el gravamen sobre los actos o actividades a los que era aplicable la tasa del 20 por ciento quedaba en un 10 por ciento.

A finales de 1994, el peso mexicano sufrió una devaluación con respecto al dólar, que originó una de las crisis económicas, políticas y sociales más graves en la historia contemporánea de México, esto obligó al gobierno a que a partir del 1 de abril de 1995, la tasa general del IVA se elevara del 10 por ciento al 15 por ciento. Para la región fronteriza se estableció la tasa del 10 por ciento, con el fin de no perjudicar las relaciones comerciales con el vecino país del norte.

Debe señalarse que el impuesto al valor agregado fue considerado como un impuesto federal asignable desde 1980 hasta 1989, razón por la que se obligaba a todos los contribuyentes a presentar en su declaración anual (HIVA-4) el detalle de cada una de las distintas actividades realizadas en cada entidad federativa en que se habían realizado las actividades gravadas con el impuesto.

Durante este periodo, las entidades federativas realizaron la mayor parte de las funciones propias de la administración de este impuesto federal (incluyendo su recaudación, el registro de contribuyentes, la fiscalización, el cobro coactivo y la devolución de los saldos a favor, particularmente referidos a los contribuyentes de los sectores primario y exportador). Este sistema de colaboración administrativa se abandonó a partir del año de 1990, cuando el Gobierno Federal retomó prácticamente todas las funciones de la administración tributaria del IVA, con excepción de la función de fiscalización, que en la actualidad se realiza en forma conjunta con las autoridades federales.

Así como en 1995 se elevó el IVA del 10 al 15 por ciento, junto con una caída del 6.2 por ciento del producto interno bruto, PIB. Para 2009, se presenta una caída de similar magnitud del 6.5 por ciento del PIB por la crisis financiera económica de 2008-2009, generada por la crítica situación crediticia e hipotecaria de Estados Unidos, la denominada crisis subprime o “hipotecas basura” y obliga un aumento del IVA al 16 por ciento en la tasa general y de 11 por ciento en la frontera.

Recapitulando la parte histórica en palabras del contador público Javier Nava Castillo:

1. 1980. Entra en vigor la ley con tres tasas 10 por ciento tasa general, 6 por ciento tasa especial para actos realizados en la región fronteriza y 0 por ciento únicamente a los actos considerados como exportaciones.

2. 1983. Se modifica a la alza las tasas, derivado de la primer gran crisis financiera de México y con la esperanza de recaudar más con mayores tasas se establece la tasa del 15 por ciento como general, tasa especial del 10 por ciento para región fronteriza, se gravan por vez primera los alimentos y medicinas con una tasa del 6 por ciento y aparece una tasa especial para los bienes considerados de lujo con una tasa del 20 por ciento.

3. En noviembre de 1991, con la noticia de que ya éramos un país de primer mundo y una economía fuerte, se reducen las tasas al 10 por ciento como general, eliminando la tasa especial para la región fronteriza y la de bienes suntuarios del 20 por ciento, así también se crea el artículo 2o.-A de tasa 0 por ciento donde se incluyen, entre otros actos, la enajenación de alimentos y medicinas.

4. En abril de 1995, después del famoso error de diciembre de 1994 que da origen a la segunda crisis económica de México y a la primer gran crisis económica del mundo globalizado, la cual nuevamente lleva al a pensar que mediante el incremento de las tasas se podría recaudar más dinero de los contribuyentes, siendo que históricamente es un error y no funciona, la recaudación se cae como se ha demostrado al comparar las recaudaciones de ejercicios con tasas altas versus los ejercicios de tasas medianamente bajas, así en dicho mes revive el artículo 2o. con la tasa especial del 10 por ciento para región fronteriza, la tasa general aumenta al 15 por ciento, y se sigue manteniendo la tasa del 0 por ciento para alimentos y medicinas.

5. En 2010 nuevamente con una supuesta crisis financiera, la cual pretende solucionar el problema cargándole a los consumidores un incremento en los impuestos, aumentando las tasas al 16 por ciento la general y al 11 por ciento la especial para región fronteriza.

6. A partir de enero de 2014, hay una sola tasa, la del 16 por ciento junto con la de 0 por ciento para alimentos, medicinas y exportaciones.

Las tasas del IVA han cambiado por circunstancias económicas en diferentes momentos, como se muestra a continuación:

La tasa reducida en las zonas fronterizas pretende, afectar lo menos posible la competitividad con el exterior, de las actividades comerciales, de tal manera que la Suprema Corte emitió la Jurisprudencia siguiente:

Tesis: P. CXXXVIII/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197681 234 de 246  Pleno Tomo VI, Septiembre de 1997 Pag. 208 Tesis Aislada(Constitucional, Administrativa)

Valor agregado. El artículo 2o . de la Ley relativa al impuesto correspondiente, que establece la aplicación de una tasa menor cuando los actos o actividades gravados se realicen por residentes en la región fronteriza, no viola el principio de equidad tributaria (Legislación vigente a partir del 1o. de abril de 1995).

El artículo citado respeta el principio de equidad tributaria al establecer la aplicación de una tasa del diez por ciento sobre los actos o actividades gravados, cuando ellos se realicen por residentes en la región fronteriza, ya que siendo el consumo el objeto de este impuesto indirecto, el cual atiende tanto a la capacidad de compra como a la disposición de bienes y servicios, resulta un hecho notorio que el referido consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza y en el resto del país, pues la cercanía de aquélla con otras naciones altera los patrones de consumo, por lo que al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo del tributo que deban enterar los residentes de la región en comento se infiere, inclusive, el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la competitividad de la industria nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas consecuencias jurídicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende, el principio de equidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional.

Amparo en revisión 1772/95. Isaías García Calvillo y otros. 21 de noviembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Amparo en revisión 1989/96. Maximino Rubén Cerón López. 3 de julio de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

Amparo en revisión 1981/95. Enlaces Radiofónicos, S.A. 3 de julio de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Ángel Mattar Oliva.

Amparo en revisión 3047/96. Juan Ricardo Juárez Castillo. 3 de julio de 1997. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Ángel Mattar Oliva.

El tribunal pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXXVIII/ 1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Para 2014, el IVA en la región fronteriza, cambio del 11 por ciento al 16 por ciento bajo los siguientes argumentos en la exposición de motivos, de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación:

Este tratamiento resulta inequitativo frente a las operaciones similares que se realizan en el resto del territorio nacional. La aplicación de una tasa reducida en dicha región, además de implicar una menor recaudación, dificulta la administración y el control del impuesto, por lo que se abren espacios para la evasión y elusión fiscales.

En su momento, el otorgamiento de dicho beneficio obedeció a la necesidad de mantener la competitividad entre los contribuyentes que residen en la citada región.

Asimismo, la eliminación de la tasa para la región fronteriza, resulta constitucional, ya que su establecimiento fue una decisión de política tributaria que atendía al fin extrafiscal de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros en tal región, por lo que su otorgamiento no es exigible constitucionalmente, además de que la libertad de configuración del legislador en materia fiscal, reconocida por el texto constitucional, debe entenderse bajo la idea de que en ella se da espacio para diversas políticas tributarias, en virtud de que no se encuentran previamente establecidas las opciones de los modelos impositivos, ni las tasas aplicables a los impuestos.

De lo cual se puede observar un razonamiento jurídico fiscal, pero sin ofrecer datos de las consecuencias que generaría de carácter económico, un debate e información que no han querido atender.

El 17 de diciembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, admite a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores para impugnar la tasa del IVA en frontera del 11 por ciento al 16 por ciento y los diputados, la presentan el 10 de enero de 2014, básicamente por atentar al principio constitucional de competitividad, conforme al artículo 25 constitucional, a lo cual el 21 de agosto, de 2014, la Corte resolvió rechazar el recurso y validar la tasa del 16 por ciento en la región fronteriza, ya que no viola el principio de equidad tributaria, ni algún derecho humano, porque tuvo como justificación fines extrafiscales, a decir de la SCJN. Pero dado que la Corte ha aceptado que es una situación de política económica y que para efectos de determinar un problema de justicia tributaria, son dos cosas diferentes y derivado de que podemos observar que desde sus inicios, la Ley del Impuesto al Valor Agregado ha reconocido los efectos que ha expuesto el Dr. Noé Aron Fuentes y ha tenido cuidado en no afectar a los ciudadanos de las partes fronterizas de nuestro país, y que esta vez fueron ignoradas para imponer un aumento en la tasa del 11% al 16% y la cual no puede ser aceptada por las mismas razones que se impidió aumentara la tasa general en todo el país, es decir, su efecto regresivo por los que menos tienen en la región fronteriza de México, y dado que la política económica impuesta en su parte fiscal ha afectado a los ciudadanos de la frontera, sin aceptar un debate económico de altura, volvamos al estado anterior y cuantifiquemos sus efectos antes y después y veamos si aumenta o reduce la recaudación, por efecto de impulsar la economía de la región fronteriza y dejemos de afectar a la población que no puede tramitar su visa de no inmigrante, ya que su posición socioeconómica, no les permite acceder a esa documentación legal para cruzar la frontera, y son a quienes el costo por el aumento del IVA les ha afectado más.

Fundamento legal

Con fundamento en  el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentamos Iniciativa con proyecto de decreto para expedir reformas y adiciones a diversas disposiciones al tenor del siguiente:

Proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 2. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 11% a los valores que señala esta Ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa de 16 por ciento.

Para los efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja california, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y Cananea, Sonora, así como la región parcial de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros, al este de puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

Notas:

1 http://www.colef.mx/?estemes=estudio-del-dr-noe-fuentes- sobre-las-posibles-consecuencias-de-la-homologacion-del-iva& lang=es&e=correo-fronterizo

2 http://fcaenlinea.unam.mx/apuntes/interiores/plan05_6.php en Contribuciones Indirectas y al Comercio.

3 Exterior www.indetec.gob.mx/cnh/propuestas/408.pdf

4 Nava Castillo Javier. Ley del IVA comentada y correlacionada.México, Competitive Press, S.A. de C.V., primera edición, 2014, página XXIII.

5 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/ DetalleGeneralV2.aspx? Epoca=1e3e18080808080&Apendice=1000000000000& Expresion=Valor%2520agregado.%2520el%2520art%25c3%25adculo%25202& Dominio=Rubro,Texto,Precedentes, Localizacion&TA_TJ=2& Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=246& Epp =20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=11&ID=197681 &Hit=234&IDs=191605,191902,191785, 192062,192595, 192594,193653,193875, 193874, 194579, 195848, 197404, 197462, 197681, 198589, 198750, 198922, 199478, 199481, 201743&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2014.— Diputadas: Aleida Alavez Ruiz, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en el ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía ,iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación, para que los pequeños contribuyentes se mantengan en un régimen especial permanente y la obligación de llevar la contabilidad electrónica entre en vigor en el año 2015, para los grandes contribuyentes y después de que el servicio de administración tributaria ponga en marcha el servicio en línea para contabilidad, sea obligatorio para los demás contribuyentes (Pymes), atento a lo siguiente:

Planteamiento del problema

Las facilidades administrativas se han otorgado con la finalidad de evitar el comercio informal y facilitar el cumplimiento de obligaciones y no obstante de contar con un régimen estable y probado durante 15 o 16 años, se propuso modificarlo con la finalidad de obtener información que permita fiscalizar a través de terceros a los contribuyentes, mediante un régimen denominado “Régimen de Incorporación Fiscal” (RIF), el cual si bien busca estimular a la economía formal para incorporarse a la misma, anulo los beneficios administrativos de los pequeños contribuyentes y les dio el mismo tratamiento que si fueran informales, situación que inutiliza las experiencias de una década y media y pone en incertidumbre a los contribuyentes cumplidos. Además de penalizar de una manera severa el incumplimiento de sus obligaciones con la salida del régimen de manera inmediata.

La obligación de llevar contabilidad electrónica para personas físicas y morales, mediante el envío del catálogo de cuentas, balanzas de comprobación y pólizas contables de manera apresurada y sin que se cuente con la capacidad tecnológica de los desarrolladores de programas contables y la de la misma autoridad para recibir y operar un gran número de envíos, ha propiciado que se pospongan dichas medidas, ya que no están listas 95% de las empresas y las multas serán de montos de 1,200 a 11,960 pesos y la autoridad podrá proceder al cierre de la empresa con los respectivos daños a la economía real de este país.

Argumentos

La única manera en que los contribuyentes con menores ingresos, casi en estado de sobrevivencia, dejen de estar en la economía informal, es buscando las formas de tributar más fáciles, situación que el Régimen de Pequeños Contribuyentes, vigente de 1998 al 2013, cumplió como un régimen opcional, aunque pudiese tener críticas, no se puede dejar de observar su simplicidad y facilidad para cumplir con la obligación de contribuir.

Asimismo se debe de abordar el tema de la contabilidad electrónica que se suma a la serie de obligaciones fiscales innovadas para el ejercicio fiscal, pero que por ser precipitadas, no han permitido un periodo de ensayo y error y si ponen en riesgo la viabilidad de las empresas por la imposibilidad de cumplir con todas las obligaciones administrativas y absorber los costos administrativos y tecnológicos que implican los nuevos cambios.

Régimen de pequeños contribuyentes

En el año de 1997, existía dentro de las actividades empresariales, la sección “De las personas físicas que realicen actividades empresariales exclusivamente con el público en general” y que para el año de 1998, se denominó Régimen de Pequeños Contribuyentes, que al pasar de los años tuvo modificaciones que se pueden observar en el siguiente cuadro:

Cabe resaltar que de 2000 a 2007, estuvieron exentos del Impuesto al Activo por estímulo fiscal publicado en la Ley de Ingresos de la Federación o Decreto de exención

No obstante la evolución de dicho régimen y las facilidades otorgadas, un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, del Centro de Estudios Estratégicos, elaborado en octubre de 2011y realizado para el Servicio de Administración Tributaria con fundamento en el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria que a la letra dice:

“Con el propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal en el país, el Servicio de Administración Tributaria deberá publicar anualmente estudios sobre la evasión fiscal. En dichos estudios deberán participar al menos dos instituciones académicas de prestigio en el país. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio”.

Algunos resultados del mencionado estudio fueron los siguientes:

“El Régimen de Pequeños Contribuyentes tuvo en sus orígenes el objetivo de incorporar a la mayoría de los vendedores que operaban en menor escala, y de los cuales muchos estaban en el sector informal de la economía.

Como se sabe, este régimen brinda beneficios en el aspecto administrativo y fiscal, dado que realmente no llevan un registro de sus operaciones de acuerdo a lo establecido en el CFF, ni tienen que realizar cálculos sofisticados para determinar el pago de sus impuestos”.

Sin embargo, se han observado por parte del contribuyente estrategias para evadir el pago de los impuestos correspondientes a su actividad.

I.B.4.1 Subdeclaración de ingresos

La subdeclaración de ingresos es una práctica factible ya que en este régimen existe la facilidad de que el contribuyente acuda a las oficinas de las autoridades fiscales correspondientes y manifieste bajo protesta de decir verdad, el importe de los ingresos que estima obtener durante el ejercicio fiscal en que inicia operaciones.

En este caso, el contribuyente aunque no rebase el monto límite establecido para permanecer en el Repeco, manifiesta un ingreso menor al que realmente obtendría, por lo que es una forma de evasión parcial del pago de sus impuestos.

No hay una forma fidedigna de corroborar si la información que proporciona es totalmente cierta, por lo que bien puede informar una cantidad menor a la que realmente está obteniendo y con esto lograr que se le fije una cuota integrada más baja a la que le correspondería pagar basándose en la información real.

I.B.4.2 Atomización de ingresos

Otra forma de evadir es la “atomización” de los ingresos que percibe el contribuyente. Partiendo del significado de atomizar que quiere decir “dividir algo en partes muy pequeñas”, el sujeto del impuesto “divide” entre otros sujetos la percepción de sus ingresos y así lo declara ante las autoridades fiscales, por consiguiente al ser menor el ingreso declarado, disminuye o diluye el pago de sus impuestos correspondientes al ingreso global.

I.B.4.3 No declaración

La forma más directa de evadir el pago de sus impuestos, es el no pago de los mismos, siendo una forma total de evasión.

Existen contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes que simplemente no hacen declaraciones ni pago alguno de sus impuestos.

I.B.4.4 No registro

Una forma más de evasión está constituida por las personas que desarrollan actividades que están contempladas para el Repeco, y cuyos ingresos estimados estarían dentro del monto límite establecido para tomar dicha opción; sin embargo, no forman parte del Registro Federal de Contribuyentes.”

Para estimar los Repecos potenciales, el estudio considero al 80% de los trabajadores potenciales como se muestra a continuación:

“Una vez obtenido el impuesto potencial el siguiente paso consistió en determinar la evasión fiscal. Esta evasión, se calculó al restar del impuesto potencial el impuesto realmente recaudado”.......

Ahora bien el estudio realizo un comparativo internacional donde concluyo:

“Teniendo como referencia el año 2010 un hecho a resaltar es, considerando para el caso mexicano un límite de ventas de 2 millones de pesos, 148,624 USD, dicho límite se encuentra entre uno de los más elevados de la región solo superado por Brasil y República Dominicana. Cerca del límite de México se encuentra Perú, con 131,256 USD con el Nuevo Régimen Único Simplificado.

En este rubro, la mayoría de los regímenes tienen dos obligaciones en común: realizar procesos de facturación y llevar libros de registro. Adicionalmente, algunos tienen regulaciones específicas dependiendo de las limitaciones de impuesto.

Por último un hecho a resaltar es que México a diferencia de muchos de los países analizados no considera como requisitos de entrada elementos como el consumo de insumos, el tamaño del local, el número de trabajadores o el valor del activo fijo.

Las conclusiones fueron las siguientes:

1) La normatividad relacionada con el Régimen de Pequeños Contribuyentes ha sufrido muchos cambios a lo largo del periodo analizado en cuanto al límite de ingresos, tasas, exenciones y deducciones.

2) Entre los cambios más destacables se encuentra la posibilidad de administración del régimen por parte de las entidades federativas a través de un convenio desde 2003 y la eliminación de la exención del Impuesto al Valor Agregado a partir de 2004.

3) La administración del régimen por parte de las entidades federativas implicó la posibilidad de cambio de los períodos de pago, fijar cuotas y el cobro ante las oficinas autorizadas.

Derivado de lo anterior, la recaudación potencial mostró fuertes variaciones a lo largo del periodo analizado.

4) Se encontró un alto nivel de evasión en el régimen, superior al noventa por ciento en casi todos los años. En estudios anteriores para Personas Físicas con Actividad Empresarial se reportó un nivel de evasión alrededor del 80%, por lo que no sorprenden estos niveles entre los contribuyentes con menores ingresos.

5) El potencial recaudatorio de este régimen es relativamente bajo, alrededor de 0.6 puntos del PIB en 2010, al comparar con el número de contribuyentes que conforman el régimen. Sin embargo, un incremento en su recaudación significaría importantes recursos a las entidades.

6) Existen fuertes diferencias entre las entidades en el cobro de los impuestos en este régimen.

7) En muchos países del mundo existen regímenes especiales para los contribuyentes de bajos ingresos. En comparaciones internacionales se observó que es alto el límite de ventas máximo en México.

8) Al comparar la evasión fiscal de los Repecos con la evasión global en ISR, IVA y IEPS para el periodo 2000-2008 resaltan dos hechos. i) Para los Repecos la evasión fiscal se encuentra arriba del 90%, en tanto que en el total de los impuestos la evasión fiscal es menor a 40%, ii) la evasión fiscal de los Repecos permanece prácticamente constante, mientras que la evasión del total de los impuestos presenta un decremento en el período 2000-2008.

El estudio mostró una evasión superior a 96% en el Régimen de Pequeños Contribuyentes entre 2000 y 2010, pero con un alto potencial de crecimiento, lo cual se trata de obtener mediante el Régimen de Incorporación Fiscal, por lo que sería conveniente que dentro del mismo nuevo régimen creado, se pueda introducir el “Régimen de Pequeños Contribuyentes de Incorporación Fiscal” para potencializar su recaudación, dar estabilidad, permanencia seguridad y certidumbre jurídica al sector de pequeños contribuyentes, sin que el mismo permita espacios de evasión y elusión fiscal.

El régimen de incorporación fiscal, como una nueva forma de tributar consistió en lo siguiente:

La desaparición del Régimen de Pequeños Contribuyentes, debido a la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta para el año 2014 y las nuevas obligaciones generadas por el ejercicio fiscal de 2014, eliminan un régimen con una carga administrativa y tributaria menor, ya que era un régimen sencillo en comparación con el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal.

Antecedentes

Los argumentos del nuevo Régimen de Incorporación Fiscal se desarrollaron en los Criterios Generales de Política Económica y la exposición de motivos de la Reforma Fiscal para 2014.

Criterios Generales de Política Económica

El Régimen de Incorporación tiene como objetivo inducir la formalidad, ya que es factor clave para que se dé un incremento generalizado de la productividad en el que participen todos los sectores, lo que se ha denominado “democratizar la productividad”, con este régimen se sustituyen a los regímenes intermedios y de Repecos, para que las empresas accedan a la formalidad.

El régimen de incorporación va dirigido a personas físicas con ingresos hasta 2 millones de pesos, (el régimen intermedio consideraba 4 millones de pesos y Repecos hasta 2 millones de pesos), quienes podrán aplicar una reducción en el pago de impuesto sobre la renta y en las contribuciones de seguridad social durante los primeros años de su operación, a cambio de la presentación de información de ingresos, erogaciones y proveedores, a fin de completar la cadena de información fiscal, cerrando una avenida para la evasión fiscal.

En el caso del ISR, la reducción que se aplicará durante diez, como se muestra a continuación:

El cumplimiento de las obligaciones tributarias será facilitado por herramientas electrónicas, que adicionalmente le facilitaran la contabilidad.

El SAT diseñó  una página de internet y una aplicación móvil para que se pueda cumplir con las  obligaciones fácilmente, emitas facturas, registres tus ingresos, tus gastos y se use esa información en las declaraciones bimestrales.

Se llama Mis Cuentas. Sólo necesitarás tener tu RFC y tu contraseña. Si eras Repeco, te habrá llegado por correo a tu domicilio.

      Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2014, página 115

Por lo tanto con la finalidad de facilitar el pago de impuestos, pero a la vez cerrar una avenida a la evasión fiscal a través de la información contable y atender la recomendación del estudio sobre evasión fiscal, de disminuir el límite de ingresos y adicionar un límite al valor de los activos fijos, número de trabajadores y tamaño del establecimiento, junto con la facilidad de cuotas fijas, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que permita alcanzar dichos objetivos.

Se propone limitar a $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) el límite de ingresos y valor de los activos fijos, además de no exceder de 4 trabajadores y tener un solo establecimiento, a fin de que se pague un 5% sobre los ingresos que obtengan en el bimestre en efectivo, sin disminución alguna y sin salir del régimen en 10 años, ni por incumplimiento de presentación de declaraciones, ya que sólo procederá la multa y sólo se abandonara el régimen por exceder el límite de ingresos, sin poder volver a tributar el régimen de incorporación fiscal de pequeños contribuyente.

Contabilidad a través de medios electrónicos

En las reformas para el ejercicio 2014, se reformo el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación con la finalidad de señalar que la contabilidad se llevará a través de medios electrónicos, bajo la siguiente exposición de motivos:

“Asimismo, la presente propuesta aclara la forma en que los contribuyentes integrarán la contabilidad a través de medios electrónicos, y establece la obligación de sustentar en comprobantes fiscales digitales por Internet las erogaciones que se pretendan deducir, precisando también la forma en que pondrán a disposición de sus clientes los comprobantes que emitan.”

Cabe resaltar que la contabilidad a través de medios electrónicos deberá cumplir los requisitos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y las reglas de carácter general que se publiquen a través de la Resolución Fiscal Miscelánea 2014

Las persona morales del Régimen General de Ley del Título II y con fines no lucrativos del Título III, así como las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, sección I y sección II (Régimen de Incorporación Fiscal) y las personas físicas con ingresos por arrendamiento, sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) o al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), se encuentran obligados a llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Las personas físicas que tributan en arrendamiento y optan por la deducción ciega del 35%, no estarán obligados a llevar contabilidad; sin embargo, hay que precisar que si dichos contribuyentes causan IVA por rentar bienes inmuebles que no son destinados a casa habitación, sí están obligados a llevar contabilidad. Asimismo las personas físicas del Título IV, Capitulo II, ya sea sección I o sección II (RIF), que no excedan de dos millones de pesos sus ingresos en el ejercicio que se trate, sólo llevarán un registro de sus ingresos y egresos e inversiones en los sistemas electrónicos, que para el caso es la aplicación electrónica “Mis Cuentas” “Sistema de  Registro Fiscal” que se encuentra en la página de internet del SAT.

El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción I menciona que para efectos fiscales, la contabilidad se integra:

• Libros, sistemas y registros contables.

• Papeles de trabajo.

• Estados de cuenta.

• Cuentas especiales.

• Libros y registros sociales.

• Control de inventarios y métodos de valuación.

• Discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos.

• Los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros.

• Documentación e información relacionada que acredite el cumplimiento de obligaciones fiscales, que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes (artículo 33, apartado A del Reglamento del Código Fiscal de la Federación):

• Registros o asientos contables auxiliares.

• Catálogo de cuentas utilizado para tal efecto.

• Las pólizas de dichos registros o asientos contables auxiliares.

• Los avisos o solicitudes de inscripción al RFC, así como su documentación soporte.

• Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos.

• Los estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias

• Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el contribuyente.

• La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones.

• La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera o comercio exterior.

• La documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios.

• Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales.

De acuerdo a las fracciones II y III del artículo 28 del CFF, los registros y asientos contables deberán cumplir con los requisitos del Reglamento y las disposiciones de carácter general que emita el SAT, así como llevarse en medios electrónicos adquiriendo o generando un sistema contable que cumpla con el RCFF y demás disposiciones.

El apartado B del artículo 33 del RCFF establece los siguientes requisitos para los registros o asientos contables:

• Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad;

• Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o abono a cada cuenta en el periodo y su saldo final.

– Podrán llevarse libros diario y mayor por establecimientos o dependencias, por tipos de actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán existir los libros diario y mayor general en los que se concentren todas las operaciones del contribuyente;

• Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se trate;

• Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de su deducción;

• Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas;

• Formular los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el capital contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados;

• Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación;

• Identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, en virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales;

• Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fiscales y de subsidios;

• Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a materias primas y productos terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a donación o, en su caso, destrucción;

• Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional.

– Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación que integran la contabilidad estén en idioma distinto al español, o los valores se consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación;

• Establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquéllos que se localicen en el extranjero;

• Señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción o concepto, la cantidad o unidad de medida en su caso, la forma de pago de la operación, acto o actividad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según corresponda.

– Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, por cada pago o abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda. Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago, precisando si se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta de débito, crédito o de servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio. Cuando el pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor;

• Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras;

• Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución en dichos inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos.

– Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el método de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se trate del método de primeras entradas primeras salidas, últimas entradas primeras salidas, costo identificado, costo promedio o detallista según corresponda;

• Los registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales, en el caso que se celebren contratos de arrendamiento financiero. Dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden;

• El control de los donativos de los bienes recibidos por las donatarias autorizadas en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual deberá permitir identificar a los donantes, los bienes recibidos, los bienes entregados a sus beneficiarios, las cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en donación y el registro de la destrucción o donación de las mercancías o bienes en el ejercicio en el que se efectúen, y

• Contener el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente y el que haya pagado en la importación, correspondiente a la parte de sus gastos e inversiones, conforme a los supuestos siguientes:

• La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que deban pagar el impuesto;

• La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que no deban pagar el impuesto, y

• La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar el impuesto, como aquéllas por las que no se está obligado al pago del mismo.

– Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba efectuar el ajuste del acreditamiento previsto en el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se deberá registrar su efecto en la contabilidad.

Además el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las Autoridades Fiscales el equipo y sus operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación y, en su caso, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y conservación de documentos electrónicos.

El contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá conservar su contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el registro federal de contribuyentes y, si con posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el referido registro, deberá presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, en el cual deberá conservar su contabilidad durante el plazo que establece el artículo 30 del Código.

Los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su información contable en discos ópticos o en cualquier otro medio electrónico que mediante reglas de carácter general autorice el Servicio de Administración Tributaria.

No obstante todo lo anterior, también se emitieron disposiciones mediantes las reglas I.2.8.2 y I.2.8.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014 con mayores especificaciones técnicas sobre el sistema contable y la forma de generar la información de archivos, catálogo de cuentas y la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos a partir de julio de 2014, no obstante el 6 de agosto de 2014, el SAT emitió su comunicado de prensa 108/2014, informando que será hasta enero del 2015 cuando las personas morales comiencen a enviar su balanza de comprobación vía electrónica, además aclara que todas las personas físicas que utilicen “Mis Cuentas” quedarán sin la obligación de enviar la información de la contabilidad electrónica cada mes, además de que alrededor de 11 mil 629 amparos se promovieron contra el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, según datos del Consejo de la Judicatura Federal, que indico que el 15 de agosto venció el plazo para la presentación de demandas, Las empresas fundamentan el recurso en que la Constitución señala que el Estado no puede interferir en la operación ni en los bienes de una persona o empresa sin que haya de por medio previamente una orden de un juez o un requerimiento.

Fundamento legal

Con fundamento en  el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentamos Iniciativa con proyecto de decreto para expedir reformas y adiciones a diversas disposiciones al tenor del siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se reforma el 2o. párrafo de la fracción III del artículo 2o. transitorio 2014 del Código Fiscal de la Federación

Artículo Primero.Se adiciona un segundo párrafo, del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto sobre la Renta

Título IV

De Las Personas Físicas

Capítulo II

De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales

Sección II

Régimen de Incorporación Fiscal

Artículo 111.Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos.

Asimismo, si los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, y sus activos fijos no hubieran excedido de la cantidad de un millón de pesos, además de tener hasta cuatro trabajadores y un solo establecimiento, podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección, aplicando la tasa del 5% a los ingresos que obtengan en el bimestre en efectivo, en bienes o servicios, considerando los ingresos de las operaciones en crédito hasta que se cobren. No procederá disminución alguna a quien opte pagar el impuesto en los términos de este párrafo, y sólo abandonará el régimen de incorporación fiscal de pequeño contribuyente por exceder el límite de ingresos y en ningún caso podrá volver a tributar en los términos del presente párrafo, debiendo cumplir con las demás obligaciones de la presente Sección.

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta Sección.

...

...

Artículo Segundo.Se reformael 2º párrafo de la fracción III del artículo 2º transitorio 2014 del Código Fiscal de la Federación adiciona, para quedar como sigue:

Código Fiscal de la Federación

TRANSITORIOS

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014, con las salvedades previstas en el artículo transitorio siguiente.

Segundo.En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Único de este Decreto, se estará a lo siguiente:

I. ...

...

II. ...

III.El Ejecutivo Federal dentro de los 90 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, expedirá las reformas y adiciones correspondientes a los Reglamentos relativos a las disposiciones materia de este Decreto.

Por lo que respecta a lo dispuesto por el artículo 28, fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación, el Reglamento del Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria deberán prever la entrada en vigor escalonada de las obligaciones ahí previstas, debiendo diferenciar entre las distintas clases de contribuyentes y considerar la cobertura tecnológica según las regiones del país, dando inicio con los contribuyentes que lleven contabilidad simplificada , mediante servicio en línea para las micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas o morales, las cuales sólo tendrán la obligación de conservar y almacenar su contabilidad, hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria, libere el servicio en línea para cada contribuyente y sólo procederán los envíos de catálogo de cuentas, balanzas de comprobación y pólizas contables de los grandes contribuyentes.

IV.Cualquier referencia a comprobantes fiscales digitales por Internet, que se señalen en el Código Fiscal de la Federación se entenderán comprendidos a cualquier comprobante fiscal emitido conforme a la legislación vigente, respecto del ejercicio correspondiente a 2013 y anteriores. Asimismo, cualquier referencia a comprobantes fiscales en leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, se entenderán hechos a los comprobantes fiscales digitales por Internet.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

Nota:

1 En los Criterios Generales de Política Económica 2014 en el capítulo 4 de Lineamientos de Política Fiscal y Perspectivas Económicas para 2014, en el apartado de 4.3 de Reforma Social y Hacendaria, en el punto 4.3.6, Inducir la formalidad, pág. 113.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2014.— Diputadas: Aleida Alavez Ruiz, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en el ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la de la ley del Impuesto al Valor Agregado, para que la prestación de servicios  por la construcción de casas habitación estén exentos, atento a lo siguiente:

Planteamiento del problema

El actual artículo 29 de Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, permite que la prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, sean considerados, dentro de la fracción II del artículo 9 de la misma Ley, es decir las enajenaciones que no son objeto del IVA, lo que implica que la prestación de servicios para la construcción de casa habitación está también exenta, no obstante existe incertidumbre jurídica en dicha interpretación, cuando se realiza por un tercero ajeno al vendedor de la casa habitación, esta prestación de servicios, lo cual encarece los costos y pone en riesgo la viabilidad de las empresas que prestan servicios para dicho sector de la construcción.

Argumentos

De conformidad con la tesis 2ª./J.115/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, Agosto de 2010, página 445, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casa prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideren comprendidas exentas, es necesario que se desarrollen integralmente, es decir de forma vinculada con la construcción de la casa habitación y no como actividades por separado, si no en forma integral, lo cual va contra las economías de escala, generando más costos que beneficios por la imposibilidad de integraciones verticales u horizontales entre diferentes agentes económicos que permitan impulsar la economía y eviten los riesgos de malas interpretaciones entre las autoridades y los contribuyentes, que no sean dolosas, ni de mala fe.

“Valor agregado. La exención prevista en los artículos 9o. de la ley del impuesto relativo y 21-a de su reglamento (vigente hasta el 4 de diciembre de 2006), opera respecto de quienes enajenen construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, cuando proveen en ella mano de obra e insumos.

De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del proceso legislativo correspondiente, se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago de ese impuesto únicamente la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, quedando incluidas en ese concepto las instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente, de manera que no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, aire acondicionado y otras; sin embargo, para que opere tal exención es necesario que esa actividad se desarrolle integralmente, es decir, que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se realicen en forma conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos necesarios, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de la obra.

Contradicción de tesis 205/2010.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Sexto y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 14 de julio de 2010.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de agosto del dos mil diez.” (Énfasis añadido)

La iniciativa tiene la intención de dar certidumbre jurídica a las alianzas de prestadores de servicios de la construcción en el sector de casa habitación cuando sean otorgados por terceros a los constructores de los mismos, con la finalidad de que el ejercicio del gasto en dicho ramo permita que los beneficios económicos logrados, como el impulso al crecimiento económico,  la generación de empleos, la inversión y venta de casa habitación, no generen contingencias a sus actores ante la insensibilidad de la Corte y las autoridades hacendarias con el sector empresarial y la clase trabajadora.

La Rama de la Construcción es de las más golpeadas y abandonadas en la actual crisis económica y ante las pocas expectativas de crecimiento, se hace necesario dar certidumbre fiscal a las actuales y futuras empresas del ramo que permitan una mejor asociación inter-empresarial.

La iniciativa permitirá dar certidumbre jurídica a las relaciones entre terceros por la prestación de servicios en el sector de la construcción de casas habitación, evitando que se encarezcan las actividades comerciales por una incorrecta interpretación de nuestro máximo órgano constitucional.

Fundamento legal

Con fundamento en  el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentamos Iniciativa con proyecto de decreto para expedir reformas y adiciones a diversas disposiciones al tenor del siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción VII del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único.Se reformala fracción VII, del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Capítulo III

De la Prestación de Servicios

Artículo 15. ...

I. A la VI. ...

...

...

...

...

...

...

VII. La prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto por dicha fracción, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.

Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier otra obra distinta a las señaladas.

...

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2014.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma el artículo 2o. y adiciona el 16 Bis de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa al tenor de los siguientes

Planteamiento del problema y argumentos

Abordar el tema de la protección civil es remontarnos a diversos eventos trágicos como lo han sido los sismos de 1985, diversos huracanes que han arrasado con poblaciones, causando cuantiosos daños y, lo más lamentable, pérdida de vidas y recientemente los tornados en el interior de la república.

Se ha avanzado en esta materia, sin embargo, aún existe la carencia de un sistema nacional de alertas integral, que permita transitar a una interconectividad de los protocolos y mensajes de alerta proveniente de las distintas autoridades e instituciones encargadas de monitoreo, abarcando todos los riesgos latentes como lo son: sismos, erupción volcánica, tornado, eventos hidrometeorológicos, altos niveles de radiación solar, etcétera.

Con esta iniciativa se promueve la participación conjunta de los tres ámbitos de gobierno, transitando a una correcta orientación de los esfuerzos y estrategias de protección civil.

Consideramos que el establecimiento en ley de un sistema nacional de alertas integral, permitirá fortalecer los instrumentos actuales en materia de riesgos, debido a que se incorpora efectos transversales es la instrumentación de la misma, por ejemplo, los tres ámbitos de gobierno quedarían vinculados en la creación y operación del sistema, eliminándose factores discrecionales en su implementación, además de que se encausarían recursos económicos de manera ordenada y planeada.

La importancia de crear por ley este sistema nacional de alerta surge ante la pasividad o indiferencia de las autoridades federales para crear mecanismos de protección nacional. Otro objetivo fundamental consiste en contar con un instrumento que proporcione información en tiempo real para prevenir siniestros, emergencias y desastres.

Con la alerta integral, obligadamente se actualizará el Atlas Nacional de Riesgos, para transformarlo en un instrumento útil para la planeación, prevención y ordenamiento territorial.

No podemos dejar de mencionar que desde hace años en México operan los siguientes sistemas de alerta temprana:

• Sistema de Alerta Sísmica (CIRES, AC).

• Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (Comisión Nacional del Agua).

• Sistema de Alerta Temprana de Incendios (Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad).

• Sistema de Vigilancia de los Volcanes Popocatépetl y Colima (Centro Nacional de Prevención de Desastres).

México es el pionero de la difusión pública de señales de alerta sísmica que buscan mitigar la vulnerabilidad de la población ante riesgos latentes; en la actualidad instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que cuentan con sistemas de monitoreo remoto y sistemas de telemetría que generan información de algunos fenómenos perturbadores trabajan de forma individualizada y no existe un centro de operaciones que concentre la información y la difunda de forma eficaz.

En lo que concierne al Distrito Federal, se ha avanzado en el desarrollo de diversos instrumentos de protección civil.

Es así que el gobierno del Distrito Federal se coordina con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC (Cires), creada como asociación civil no lucrativa en 1986 bajo el auspicio de la fundación Javier Barros Sierra AC. Esta organización promueve la investigación y desarrollo de tecnología aplicada a la instrumentación sísmica, como medio útil para mitigar posibles desastres sísmicos.

El Cires ha contado, desde su origen, con el patrocinio del gobierno del Distrito Federal para promover el diseño y desarrollo de la actual Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM). Este recurso tecnológico a cargo del Cires ha permitido obtener información para comprender y adecuar eventualmente los factores de diseño sísmico del Reglamento de Construcción del Distrito Federal.

Entre los avances logrados por este centro debemos mencionar el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) de la Ciudad de México, en operación desde 1991, pero como servicio público funciona a partir de 1993. Este sistema advierte de los efectos que causan los sismos de gran magnitud que ocurren eventualmente en la costa de Guerrero.

En el interior de la República se trabaja en el tema de alertas tempranas, tenemos como ejemplo a Oaxaca, después de los sismos de 1999, el Cires desarrolló el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO), en operación desde 2003, con el patrocinio del gobierno de ese estado.

Este trabajo ha permitido constituir la primera etapa del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), gracias a la iniciativa de las autoridades de Oaxaca, del Distrito Federal y la participación de la Secretaría de Gobernación.

Adicionalmente, se inició el proyecto de ampliación de la cobertura del peligro sísmico que abarca las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y Puebla. Su fin es hacer más eficaces los avisos de alerta sísmica en la Ciudad de México ante la eventual ocurrencia de sismos que pudieran generar daño.

Para difundir los avisos del Sasmex, el Cires desarrolló dos receptores: uno es el Sistema de Alerta Sísmica Personalizada (Sasper) que se transmite en radiodifusoras, televisión, sedes de gobierno, algunas escuelas de educación básica tanto públicas como privadas, universidades y adicionalmente en el Metro de la Ciudad de México.

Desde el año 2012, la señal de aviso del Sasmex es también recibida automáticamente por receptores de radio Sarmex, instrumento electrónico desarrollado por el Cires, el cual, monitorea en silencio y genera una alerta audible cuando el peligro se acerca, este aparto se ha distribuido en edificios públicos.

El Cires investiga y desarrolla sistemas digitales de medición y registro accesibles para conocer y analizar el comportamiento dinámico de suelos y estructuras sujetos a la acción de sismos, pero lamentablemente proporciona información limitada, porque carece de los medios directos de comunicación que les permita mantener alertada a la población.

Como vemos debemos conjuntar los esfuerzos para que la información no sólo se cierre al riesgo sísmico, sino ampliarlo a otros riesgos, dependiendo de las zonas geográficas.

Los principios que debe contener el Sistema Nacional de Alerta Integral, consisten en el conocimiento previo de los riesgos; sistema de medición y monitoreo para la alerta temprana; mecanismos de difusión y capacitación; capacidad de respuesta de los actores involucrados.

El Sistema Nacional de Alertas Integral, reunirá a todos los sistemas que operan de manera independiente, esto permitirá contar con un instrumento eficaz que permita advertir a la población sobre inminentes casos de riesgo.

La reforma a la Ley General de Protección Civil que proponemos señala lo siguiente:

• Adicionar una fracción al artículo 2 en la que se exprese que una alerta integral o nacional es un aviso que se emite sobre riesgo sísmico, hidrometeorológico, de tornado, ambiental o solar.

• Agregar el artículo 16 Bis que establezca que es obligación del Sistema Nacional de Protección Civil crear y operar un Sistema Nacional de Alerta que estará integrado por la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, los titulares de los sistemas de protección civil de las entidades federativas, municipios, Distrito Federal y órganos administrativos del mismo. La implementación y operación será responsabilidad de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil.

Como vemos, en México el tema de alerta temprana es un campo que se ha sido desarrollado, pero debemos avanzar hacia la consolidación de un sistema integral eficiente.

Con el Sistema Nacional de Alerta Integral, se transitaría a una interconectividad de los protocolos y mensajes de alerta de las distintas autoridades e instituciones encargadas de monitoreo, y se salvarían muchas vidas.

Es por ello que sometemos al pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción IV, recorriéndose las sucesivas al artículo 2 y se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley General de Protección Civil

Único. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose las sucesivas al artículo 2 y se adiciona el artículo 16 Bis a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a III. ...

IV. Alerta Nacional. Aviso que se emita sobre riego sísmico, de tornado, hidrometeorológico, tsunami, radiológico, químico, epidemias, volcánico, ambiental o solar.

Artículo 16 Bis. El Sistema Nacional de Protección Civil contará con el Sistema Nacional de Alerta Integral, que se integrará por la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, los titulares de los sistemas de protección civil de las entidades federativas, municipios, Distrito Federal y órganos administrativos del mismo, así como instituciones o asociaciones del sector social y privado.

La implementación y operación será responsabilidad de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, la cual tendrá la obligación de celebrar los mecanismos necesarios de coordinación con diversas autoridades en el tema de padrón de frecuencias de alertas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2014.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Michoacán ha sido pródigo en el aporte de personalidades que, con esfuerzo constante, han contribuido a crear y fortalecer la nación mexicana. Baste mencionar los nombres de Elvira Vargas Ribera, Josefina Cano de Silva, Gertrudis Bocanegra, Rafaela López Aguado de Rayón, José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón, Francisco J. Múgica, Lázaro Cárdenas del Río y el insigne jurista Antonio Martínez Báez, entre otros.

Por supuesto, no podemos olvidar a uno de los michoacanos más ilustres: don Melchor Ocampo, ideólogo de la Reforma y firme creyente de la independencia y el progreso de México en la segunda mitad del siglo XIX.

Don Melchor Ocampo sintetizó en su persona un amplio bagaje de conocimientos en todas las disciplinas de su época. Pudo bien dedicarse a sus negocios y a la vida privada; sin embargo, las grandes desigualdades sociales de su época lo hicieron incursionar en la política, en la política en la más noble de sus acepciones como mecanismo para ayudar a los que menos tenían para salir de la pobreza material y erradicar creencias religiosas que esclavizaban aún más la mente de los ciudadanos.

Para lograr este propósito expidió disposiciones de vital importancia, como la Ley de Obvenciones Parroquiales, que tuvo el propósito de reducir, y en algunos casos suprimir, las cuotas por los servicios eclesiásticos, igual que la supresión de diezmos a la Iglesia.

En dos ocasiones fue gobernador de Michoacán, secretario de despacho con Juan Álvarez y en el gabinete del presidente Juárez. De igual forma, se distinguió como diputado a los Congresos Constituyentes de 1842 y de 1856-57, donde formó parte de la Comisión de Constitución.

Don Melchor Ocampo fue víctima de las embestidas del clero y de Antonio López de Santa Anna, lo cual lo obligó a exiliarse en Nueva Orleans, donde trabó amistad con otros ilustres mexicanos, como Ponciano Arriaga y Benito Juárez.

Al regresar a México, se sumó a la revolución de Ayutla y ocupó los encargos públicos en el gabinete de Juan Álvarez que ya se comentaron. En congruencia con sus ideas políticas, renunció al de secretario de despacho que ocupó.

Durante la Guerra de Reforma permaneció al lado del presidente Juárez y al triunfar la República, en diciembre de 1860, regresó a sus actividades privadas.

Fue tanta la influencia del político michoacano que colaboró en la redacción de las llamadas “Leyes de Reforma”, en las cuales se incluyó la epístola atribuida a él, “Epístola de Melchor Ocampo”, la cual establecía:

Que éste es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que éste no existe en la persona sola sino en la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. Que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando éste débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Que el uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados, deshonran al que las vierte, y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el estudio y amistosa y mútua corrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. Que la doctrina que inspiren a estos tiernos y amados lazos de su afecto, hará su suerte próspera o adversa; y la felicidad ó desventura de los hijos será la recompensa ó el castigo, la ventura ó la desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres, por el gran bien que le hacen dándoles buenos y cumplidos ciudadanos; y la misma, censura y desprecia debidamente a los que, por abandono, por mal entendido cariño, ó por su mal ejemplo, corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos. Y por último, que cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser elevadas a la dignidad de padres, sino que sólo debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y una mujer que no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos hacia el bien (artículo 15 de la Ley de Matrimonio Civil de 1859.)

Hasta hace un par de años, la epístola de Ocampo seguía siendo parte de la ceremonia de matrimonio civil, expresada por los oficiales o jueces del Registro Civil.

El 31 de mayo de 1861 fue aprehendido por una partida de conservadores, y murió asesinado el 3 de junio de 1861.

Pocos días después de su asesinato, el 17 de junio de 1861, el Congreso de Michoacán determinó que el nombre del estado fuera “Michoacán de Ocampo”.

Para efectos de la Constitución local, el nombre oficial de la entidad es “Michoacán de Ocampo”. Sin embargo, en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la redacción original del artículo 43, el nombre es “Michoacán”.

La presente iniciativa con proyecto de decreto propone la reforma del artículo 43 constitucional, a efecto de que en la lista de los estados de la federación el nombre oficial de éste sea “Michoacán de Ocampo”.

Para efectos de Coahuila, en la LXI Legislatura, se reformó el artículo 43 constitucional, a fin de retomar la denominación que en la Constitución local se tiene, “Coahuila de Zaragoza”. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2011 y entró en vigor al día siguiente al de su publicación.

En consecuencia, a partir de 14 de abril de 2011, el nombre oficial es “Coahuila de Zaragoza”, como justo homenaje al general Ignacio Zaragoza, quien nació en Texas cuando ese territorio pertenecía a Coahuila.

Si hay un hombre en el que se sintetizan los ideales de la Reforma y de la transformación que la sociedad debe observar en beneficio de los que menos tienen, no con actitudes paternalistas sino de verdadera transformación social, ese hombre es don Melchor Ocampo.

Por tal razón no habría obstáculo jurídico ni de otra índole para que esta iniciativa sea dictaminada favorablemente. Al contrario, es una medida que rinde honor a uno de los más ilustres michoacanos y mexicanos de todas las épocas, don Melchor Ocampo.

El nombre de don Melchor Ocampo, igual que el de los mejores exponentes de la generación de la Reforma, como Benito Juárez, Ponciano Arriaga, Santos Degollado, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías y Juan Álvarez, engalana los muros de honor de este recinto legislativo, como justo homenaje a lo que ofreció a la patria.

Compañeras y compañeros legisladores: por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En México, Distrito Federal, a 9 de septiembre de 2014.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales,  para dictamen.

LEY DE PLANEACION Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Planeación, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura y diputado federal Rafael González Reséndiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 1o., el artículo 20 y 27 de la Ley de Planeación y el artículo 16 y 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad, a nivel mundial la delgada línea casi invisible de las fronteras que motiva la globalización; ha permitido el afianzamiento de factores que representan para las naciones, oportunidades y a la vez desafíos en la búsqueda del bienestar común con igualdad y equidad para todos.

Si bien, las oportunidades al alcance de los Estados implican condiciones básicas para su pleno disfrute y aprovechamiento, como las que ofrece la estabilidad macroeconómica; la verdadera atención de los gobiernos y sus gobernados se centra en los desafíos internos, que se derivan del sistema de producción social y de continuidad, que se da en las sociedades basadas en el conocimiento.

Para México, lo anterior no representa una excepción. Por el contrario, después de poco más de una década somos una nación con más de 112 millones de mexicanos que heredo al final de esos 12 años, 13 millones de personas que viven en extrema pobreza, con 1 de cada 4 habitantes que crece bajo condiciones de marginación, con 2.5 millones de desempleados, una economía con altos índices de dependencia externa y bajos niveles de autosuficiencia.

Nuestra sociedad y gobierno se enfrentó a problemas de inseguridad, de incertidumbre, de limitadas opciones de desarrollo, educativas y culturales, de baja representatividad por parte de sus políticos e instituciones, de una descomposición social que trastoca a la familia desintegrándola y de las consecuencias de un progresivo desmantelamiento de la competitividad y la nula inserción internacional de nuestra economía.

Nos tuvimos que enfrentar a una nula capacidad científica, investigativa y de innovación tecnológica; porque nos ocupamos del contenido de la instrucción educativa que radica únicamente en la relación docentes-planes de estudio; pero nos olvidamos del perfil de nuestros egresados, incluso desde el nivel de educación básica. Afortunadamente, la reciente reforma educativa emprendida por el gobierno actual, atiende este problema.

En poco más de una año hemos logrado que las esperanzas de un futuro mejor se vuelvan realidad como resultado de la consolidación de las instituciones, tanto de gobierno como políticas y educativas, y de asumir a la vez los retos transversales en áreas estratégicas en el ámbito económico, político, social y educativo.

Vemos con expectativas, que gobierno y sociedad están coincidiendo para trabajar conjuntamente en aprovechar nuestras oportunidades internas y las ventajas comparativas que se derivan de la posición geográfica del país, eliminando la subsistencia de intereses ajenos a los nacionales y de sustituirlos por el interés de mejorar las condiciones de vida de los individuos, su bolsillo y la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, requerimos de la garantía de ciertas condicionantes que sumadas al compromiso de todos de asumir nuestra responsabilidad social, política y económica; permitan que nuestro crecimiento como nación de cara a los desafíos del futuro, se consolide.

En lo educativo y cultural, México cuenta ya con una reforma estructural que nos permite construir estrategias de generación de pensamiento culto, científico, investigativo y de innovación tecnológica. De educar no sólo para instruir, sino también para desprendernos del atraso histórico; con una revisión sistemática y replanteamiento periódico de nuestros planes de estudio y el compromiso de mantener un elevado perfil en el educando y el egresado de nuestras instituciones de educación pública.

Sobre lo económico, nuestro país logrará gracias al paquete de reformas recientemente aprobadas, eliminar la dependencia externa y multiplicar nuestras fuentes de ingresos sanos y autosuficientes mediante una visión y proyección de largo plazo; es decir con proyectos de Nación y no con de planes sexenales de gobierno. Todo ello mediante una adición de los intereses públicos y privados en el apuntalamiento del crecimiento sostenido.

En el contexto político, también el panorama mejora como resultado de las reformas en la materia que consolidan la fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos; como parte del ejercicio de vigilar y garantizar el adecuado desempeño de nuestros representantes. Garantiza una democracia incluyente, efectiva y participativa; que cuente con la profesionalización de los actores políticos y el uso de la política como un medio constructivo en el quehacer nacional.

Ligado a lo anterior, en el ámbito social necesitamos asumir un enfoque que nos permita la revalorización desde la familia, sustentado por una vigorosa voluntad y educación cívica que nos recuerde que tenemos el derecho de ser respetados pero también la obligación de respetar. Pero sobre todo, como lo menciono en el párrafo que antecede; de ejercer una verdadera cultura de corresponsabilidad y actitud participativa.

Para ello, el pasado 19 febrero del año 2013, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a los Congresos Locales, la inclusión del enfoque participativo de la sociedad en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal.

Desafortunadamente, los tiempos legislativos motivaron que se rechazara la propuesta, la cual  tiene aún una mayor vigencia en este momento.

En la argumentación se establecía que “la plena participación ciudadana en todos los ámbitos que implica a la sociedad en su conjunto, es el resultado de contar con una sociedad integrada por mujeres y hombres conocedores de sus derechos y obligaciones; que se involucran y contribuyen determinadamente y solicitan espacios con mayor incidenciaen todos los puntos donde se da la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas de su interés, con la intención privilegiada de mejorar su calidad y condiciones de vida.”

Se afirmaba por igual que “actualmente, la participación ciudadana puede presentarse en cualquier contexto de la vida tanto en el ámbito social, jurídico, político y económico de nuestro país; lo que la ha convertido en una proveedora de vigencia y permanencia para la democracia incluyente y participativa; ya que al alejarla de caer en el reducido papel del discurso, hemos transformado al ciudadano no únicamente en un vigilante activo de las autoridades y su desempeño, sino también en parte dinámica y corresponsable de la toma de decisiones.”

A pesar de haber transcurrido un año ya; la vigencia de la argumentación está más consolidada que nunca, debido a dos factores:

1. Contamos con un gobierno que privilegia la amplia participación de la sociedad, y

2. La participación ciudadana dejó de ser resultado de la iniciativa de la autoridad en turno y pasó a ser reflejo del interés en la sociedad del actuar y desempeño de sus gobernantes, así como también en la conquista de espacios en los lugares de toma de decisiones.

Por ello logramos en el nivel federal la construcción de alianzas entre gobierno, sociedad y actores políticos; que buscan el consenso y no la unanimidad, redituándonos reformas transversales en temas que anteriormente ni siquiera se hubieran contemplado.

La experiencia de este ejercicio nos demuestra que el desarrollar una efectiva cultura participativa, nos garantiza lo que afirme desde la vez anterior: “los gobiernos al promover y garantizar una efectiva participación ciudadana, se ven en la posibilidad de conocer más detalladamente los problemas de sus ciudadanos, de compartir espacios de acercamiento, encuentro, reflexión y trabajo; que motive una mayor confianza hacia las instituciones y sus representantes, sustentando así la gobernabilidad requerida para todo gobierno incluyente.”

No hay ninguna duda, la ciudadanía organizada y propositiva no sólo fortalece su civilidad sino también lo hace con su perspectiva de desarrollo sostenido tanto a corto, mediano y largo plazo.

Por ello, requerimos que este enfoque de una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones que el actual gobierno federal utilizó con total éxito, se garantice en la ley, en un tema medular que es de sumo interés para la sociedad; en la construcción de sus prepuestos económicos para cada ejercicio fiscal, que año con año se da.

La sociedad en su conjunto debe participar por igual en responder año con año en qué y cómo gastar los recursos con los que se dispone para la operación de políticas públicas que nos beneficien a todos.

La integración de presupuestos participativos no puede ser responsabilidad única del Poder Ejecutivo, se requiere que los gobernadores, los presidentes municipales los representantes populares tanto federales como locales, los actores políticos y la sociedad, participen de manera ordenada y organizada.

Gracias a lo anterior, lo dicho en el sentido de que “el ámbito de interacción instalado en las buenas prácticas entre autoridades y ciudadanos, adquirirá variadas y fecundas formas de expresión con iniciativas conjuntas y propias, con amplios rangos de profundidad y alcance, y sobre todo con la posibilidad en el corto plazo de alcanzar los objetivos que se pretenden; al transformar la administración, captación y gasto de los recursos públicos en servicios y bienes para la comunidad en su conjunto; convirtiendo a este tipo de presupuestos en una forma de amplia expresión de civilidad.”, se dé a cabalidad y para el bien común.

Los presupuestos participativos resultado de una actitud propositiva y no descalificadora de la sociedad, son el camino a seguir como parte central de la consolidación de la democracia efectiva que el actual gobierno emprendió.

La prueba de la efectividad de la búsqueda de consensos, ésta dada y nos benefició con reformas estructúrales que antes se pensaban imposibles. Pasamos de lo deseable a lo posible y no podemos detenernos nuevamente. La sociedad en su conjunto debe de asumir junto con sus gobiernos la responsabilidad conjunta en la construcción del futuro que será para todos.

Requerimos de una sociedad que participe, pero para ello necesitamos el establecimiento claro en la ley de esta obligación para todos por igual.

Nuestro país y todos, lo merecemos.

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1, 20 y 27 de la Ley de Planeación y el artículo 16 y 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero.Se reforma la fracción IV del artículo 1, el artículo 20  y el artículo 27 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 1o.-Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

I.Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;

II.Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;

III.Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;

IV.Las bases para promover y garantizar la participación democrática de la población en su conjunto y de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

V.Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas.

Artículo 20.En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población de manera informada, transparente y organizada,exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en el Sistema deberán preverse la organización y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta para la planeación nacional del desarrollo.

Artículo 27.-Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anualesque incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, de carácter público e incluyentes del enfoque participativo de la sociedad y sus grupos socialesy regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Articulo Segundo. Se reforma el artículo 16 y el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 16.La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo e, incluyentes del enfoque participativo de la sociedad en su conjunto,incluirán cuando menos lo siguiente:

I.Las líneas generales de política económica;

II.Los objetivos anuales, estrategias y metas;

III.Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y

IV.Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos.

En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por los ejecutores de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario.

Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos:

I.El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario;

II.Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y

III.El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario.

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado en la fracción III de este artículo.

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales el avance de las acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario.

En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a los demás requisitos previstos en este artículo.

El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que los requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Gaceta Parlamentaria febrero 13 del 2013.

2 Gaceta Parlamentaria febrero 13 del 2013.

3 Gaceta Parlamentaria febrero 13 del 2013.

4 Gaceta Parlamentaria febrero 13 del 2013.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre de 2014.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura, Rafael González Reséndiz,Elvia María Pérez Escalante, Dulce María Muñiz Martínez, Angelina Carreño Mijares (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública, para el dictamen correspondiente

CODIGO PENAL FEDERAL, CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DE EXTINSION DE DOMINIO Y LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Héctor García García para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que suscribe, además del diputado García García, el señor diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, señor diputado.

El diputado Héctor García García:Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras y compañeros diputados: en fecha reciente en esta honorable soberanía tuvimos el alto compromiso de aprobar las reformas secundarias en materia energética, las cuales fueron diseñadas e impulsadas de forma valerosa por el presidente de la república Enrique Peña Nieto.

En este sector que ha consistido en modernizarlo para otorgarle nuevamente el valor predominante que durante muchos años jugó como factor fundamental del desarrollo y la equidad en nuestro país.

En este sentido, la realización de las distintas actividades que forman parte de las áreas estratégicas en el ámbito de petróleo y demás hidrocarburos, ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética del país.

En atención a su alta especialización y a las condiciones mínimas de seguridad con que dichas actividades deben desarrollarse, se estima indispensable fortalecer el marco jurídico penal para que se tipifiquen determinadas conductas que no sólo implican un enorme daño económico para la industria petrolera nacional, sino además significan un elevado riesgo para la integridad física de las personas, y además del medio ambiente.

Al inicio de las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos de los ductos de la industria petrolera, tenían como finalidad la obtención de gasolinas y diésel; sin embargo, al paso del tiempo, la delincuencia ha expandido sus actividades a los productos refinados del petróleo, incluso al propio crudo y al gas licuado del petróleo, obteniendo ingresos millonarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional.

Por esta razón, la iniciativa atiende esta diversificación de conductas que ahora comprenden actividades ilícitas de almacenamiento, transporte, suministro, distribución y enajenación de hidrocarburos.

Y por otro lado, generando los mecanismos que inhiben a la realización de dichas actividades al calificar a estos delitos como graves.

El actuar de la delincuencia organizada en el robo de diversos combustibles, principalmente de la red de ductos de Pemex, ha generado las llamadas tomas clandestinas, las cuales ante el desconocimiento del producto que se transporta, en los ductos generan un peligro inminente, al igual sucede con su transportación sin las condiciones de seguridad mínimas adecuadas.

Basta con recordar el lamentable incidente ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre de 2010, que causó el fallecimiento de 30 personas, decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales, siendo la causa de esta tragedia una toma clandestina en grado de tentativa en un oleoducto de Petróleos Mexicanos.

Por tal razón, con el fin de que esto no se vuelva a repetir, se les impondrá una pena de prisión de 5 a 10 años, y de 200 a 1000 días de multa a quienes sustraigan o alteren los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera.

La cadena de conductas ilícitas, entre ellas, la comercialización de los hidrocarburos, tiene como uno de sus mercados principales, algunos establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustible, en donde el producto adquirido ilícitamente, y supuestamente bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor. Sin embargo, estas conductas no son sancionadas por inexistencia de algún tipo penal que así lo establece, ocasionando con ello impunidad y afectación a la seguridad energética del Estado y a la imagen comercial de Petróleos Mexicanos.

Lo que en concreto proponemos los promoventes, diputado Marco Antonio Bernal y el de la voz, es endurecer las penas, castigar la sustracción y la alteración de ductos de petróleo o de cualquiera de sus derivados, incluir los tipos de posesión, resguardo, almacenamiento, enajenación, suministro, distribución de manera ilícita de petróleo, crudo o hidrocarburos.

Además considerarlos como delitos graves, castigar a los responsables que sean franquiciatarios de Pemex que enajenen hidrocarburos ilícitos, incluir el delito de robo de hidrocarburos tanto en la Ley de Delincuencia Organizada como en la Ley de Extinción de Dominio.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa es de vital importancia, no sólo para la seguridad y desarrollo económico del Estado mexicano, de Petróleos Mexicanos y de aquellas nuevas inversiones, sino de las familias mexicanas que se ven perjudicadas por estas conductas antijurídicas, a soslayar el bienestar de sus integrantes y poniendo en riesgo su integridad física, así como la afectación constante del medio ambiente.

Resulta fundamental el fortalecimiento legal e institucional en materia de procuración e impartición de justicia, haciendo énfasis en la prevención del delito y en la transformación institucional de las fuerzas de seguridad, pero comprendiendo también la promoción de reformas legales para dotar al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia y contra el robo de hidrocarburos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Fiscal de la Federación, así como de las Leyes Federales de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y contra la Delincuencia Organizada, suscrita por los diputados Marco Antonio Bernal Gutiérrez y Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI

Marco Antonio Bernal Gutiérrez y Héctor García García, diputados federales de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Exposición de Motivos

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Ahora bien, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos (que constituyen áreas estratégicas) mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria respectiva.

En este sentido, la realización de las distintas actividades que forman parte de las áreas estratégicas en el ámbito del petróleo y demás hidrocarburos, ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética del país.

En atención a su alta especialización y a las condiciones mínimas de seguridad con que dichas actividades deben desarrollarse, se estima indispensable que el marco jurídico penal tipifique determinadas conductas que no sólo implican un enorme daño económico para la industria petrolera nacional, sino además, significan un elevado riesgo para la salud de las personas y del medio ambiente. Nos referimos a las distintas modalidades de lo que comúnmente se conoce como “robo de combustibles”.

En efecto, resulta fundamental el fortalecimiento legal e institucional en materia de procuración e impartición de justicia, haciendo énfasis en la prevención del delito y en la transformación institucional de las fuerzas de seguridad, pero comprendiendo también la promoción de reformas legales para regular de una mejor manera lo concerniente a las conductas que han generado condiciones de inseguridad en el país y propiciado prácticas de corrupción. Como parte de estas conductas se han desarrollado actividades que trastocan gravemente los activos energéticos propiedad de nuestra Nación.

Ante el incremento en el número de delitos relacionados con la posesión, transporte y comercialización ilícitas de hidrocarburos en sus distintas modalidades, el Estado se ha visto limitado para sancionar a los responsables, al no contar con instrumentos legales que tipifiquen y sancionen de forma precisa y eficaz a conductas que se han diversificado con rapidez.

Al inicio, las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos de los ductos de la industria petrolera tenían como finalidad la obtención de gasolinas y diesel, sin embargo, al paso del tiempo, la delincuencia ha expandido sus actividades a los productos refinados del petróleo, incluso al propio crudo y al gas licuado de petróleo, obteniendo ingresos millonarios en perjuicio de Petróleos Mexicanos y de la economía nacional. Por esta razón, debe atenderse esta diversificación de conductas que ahora comprenden actividades ilícitas de almacenamiento, transporte, suministro, distribución y enajenación.

Con la presente reforma se pretende, por un lado, establecer tipos penales respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, y, por otro, inhibir la realización de dichas actividades al calificar a estos delitos como graves. Así, se busca dotar al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar, respectivamente, con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia.

Como resultado de la presión que el Estado ha ejercido sobre los diferentes grupos delictivos en el territorio nacional, éstos han desarrollado nuevas estrategias para captar recursos que puedan destinar a sus actividades ilícitas; es por ello que el crimen organizado ha incursionado en los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, situación que vulnera la economía nacional y pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas, poblaciones y el medio ambiente, así como la operación de la industria petrolera.

El actuar de la delincuencia organizada en el robo de diversos combustibles, principalmente de la red de ductos de Petróleos Mexicanos, ha generado las llamadas tomas clandestinas, las cuales, ante el desconocimiento del producto que se transporta en los ductos, generan un peligro inminente, al igual sucede con su transportación sin las condiciones de seguridad mínimas adecuadas, basta con recordar el lamentable incidente ocurrido en San Martin Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre de 2010, que causó el fallecimiento de 30 personas, decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales, siendo la causa de esta tragedia una toma clandestina en grado de tentativa, en un oleoducto de Petróleos Mexicanos.

En 2010 Petróleos Mexicanos detectó y clausuró 710 tomas clandestinas; en 2011 se incrementaron a 1,419, en 2012 a 1,744 y en 2013 el número de tomas clandestinas detectadas fue de 3,046. El impacto económico estimado para la entidad paraestatal por el mercado ilícito de combustibles en el 2011 asciende a 23,900 millones de pesos, en el 2012 a 33,200 millones de pesos.

Durante el primer semestre de 2012 la extracción ilícita de hidrocarburos en el Sistema Nacional de Ductos aumentó considerablemente en comparación con los años 2010 y 2011. El mercado ilícito de combustibles durante el 2013 presentó cifras alarmantes, pues se recuperaron 8’391,982 litros de hidrocarburo entre los que se encuentran combustóleo, crudo, diesel y gasolinas entre otros.

En los últimos años el mercado ilícito de combustibles se ha incrementado significativamente, toda vez que en 2010 se presentaron 845 denuncias, en 2011 1,570, en 2012 1,949 y durante 2013 se presentaron 3,267 denuncias.

La cadena de conductas ilícitas, entre ellas, la comercialización de los hidrocarburos, tiene como uno de sus mercados principales, algunos establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustible, en donde el producto adquirido ilícitamente, y supuestamente bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor. Sin embargo, estas conductas no son sancionadas por inexistencia de algún tipo penal que así lo establezca, ocasionando con ello impunidad y afectación a la seguridad energética del Estado y a la imagen comercial de Petróleos Mexicanos.

En atención a esta problemática, producto de algunas limitaciones u omisiones en el marco legal para un adecuado combate de las conductas ilícitas descritas, se propone adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Código Penal Federal

Se propone derogar la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal, y que la conducta que se regula actualmente en esa fracción se incorpore como una fracción V del artículo 368 Quáter del propio Código. Actualmente dicho precepto dispone que se sancionará al que sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, distintos a los previstos en la fracción IV del artículo 368 Quáter, cualquiera que sea su estado físico, o realice cualquier sustracción o alteración ilícita de dichos equipos o instalaciones. La fracción IV del artículo 368 Quáter prevé al petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales, por lo que no habría hidrocarburos o derivados distintos.

Cabe señalar que se hace un ajuste de forma general respecto a los párrafos que forman la fracción I que prevé el artículo 368 Quáter, considerando adecuado diferenciarlos por incisos, lo cual estimamos otorga mayor certeza a los tipos penales que ahí están consignados respecto a sus referencias o remisiones, dotando de mayor seguridad y certeza jurídica a esta disposición.

Por lo que se refiere a la fracción I del artículo 368 Quáter, se considera necesario reformar y ampliar el tipo penal para contemplar las conductas de almacenamiento, transportación y ocultamiento, así como actividades por las cuales se haya enajenado, suministrado o distribuido de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.

Se sugiere reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal vigente, el cual se le denomina ahora como el inciso a), y que por una inadecuada redacción se dispuso en el párrafo vigente que este supuesto será sancionado cuando la cantidad “sea menor a 300 litros y hasta 300 litros”, lo que resulta a todas luces tautológico por lo que simplemente se sugiere disponer que la cantidad sea de 300 litros o menor, disponiéndolo con la siguiente redacción:

“a) La cantidad sea de 300 litros o menor, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa;”

Por su parte, y en armonía con los ajustes anteriormente planteados, el tercer párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter vigente del Código Penal Federal, pasa a formar el inciso b).

En cuanto al cuarto párrafo vigente de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal que pasa a formar el inciso c), se propone reformarlo y disponer un supuesto en el cual la cantidad de posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, que sea enajenada, suministrada o distribuida ilícitamente sea igual o mayor a 1,000 litros pero menor de 2,000 litros, permitiendo de esta manera adicionar un inciso d) a esta fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, en la cual se contemple una pena de prisión entre cuatro y once años y una multa de mil doscientos a trece mil días cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, haciendo con ello atendible la remisión que se haga de esta disposición al referirse a ella en el catálogo de delitos graves así como en el supuesto de delincuencia organizada, como más adelante se indica en la presente propuesta.

Por último, y por lo que refiere a las reformas planteadas a la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, con la finalidad de hacerlo congruente y armónico con las modificaciones anteriormente descritas, se hace el ajuste en el sexto párrafo de esta fracción, mismo que refiere cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad, en cuyo caso no se aplicará la pena prevista en el inciso a), quedando en los siguientes términos:

“No se aplicará la pena prevista en el inciso a) de esta fracción, siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.”

Como se ha señalado, la propuesta de derogar la fracción VII del artículo 254 está en armonía con la adición de una fracción V al artículo 368 Quáter, mediante la cual se prevé sancionar con una pena de cinco a diez años de prisión y de doscientos a mil días multa a quien sustraiga o altere los equipos, instalaciones o duelos de la industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, y de esta manera abarcar los supuestos faltantes en la norma vigente, apoyando con ello la labor del Ministerio Público de la Federación y su facultad de persecución de los delitos.

También se propone adicionar una fracción VI al artículo en comento, para sancionar con una pena de seis a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa, al comercializador o transportista de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones establecidas de acuerdo con lo señalado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que utilicen para la identificación de los productos mencionados. Esta propuesta es congruente con la de derogar el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, lo cual se explica más adelante.

Asimismo, se propone adicionar un segundo párrafo en el que se establezca que tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, se impondrán las mismas penas que las aplicables conforme a dicha fracción VI al comercializador o transportista que tenga en su poder dichos combustibles y se encuentren fuera de las zonas geográficas limitadas.

Por último, la propuesta considera de importancia adicionar un último párrafo al artículo 368 Quáter en el que se disponga que además de las sanciones contempladas en dicho artículo, cuando se trate de un franquiciatario, permisionario o distribuidor se le impondrán además la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad.

Código Federal de Procedimientos Penales

En congruencia con las modificaciones propuestas, se plantea reformar el primer párrafo del artículo 177 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de precisar que para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y el servicio público de energía eléctrica, la propiedad federal se presumirá salvo prueba en contrario, entre otros supuestos, tanto en el caso de la fracción VIII del artículo 254 del Código Penal Federal, como en el de la fracción V del artículo 368 Quáter, la cual, como se ha mencionado, se propone adicionar para reubicar el supuesto actualmente previsto en la fracción VII del artículo 254, por lo que quedaría en los términos siguientes:

“ Artículo 177. Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracción VIII; 254 Ter; 368, fracción II, y 368 Quáter, fracciones I, IV y V, del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario.”

Por otra parte, se propone adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 182-M del Código Federal de Procedimientos Penales, para señalar que cuando se cometan los delitos establecidos en el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, el Ministerio Público asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio, notificando de manera inmediata al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de que dicho establecimiento o empresa pase a su administración y se continué prestando el servicio que resulte estratégico para el país y evitar con ello el desabasto y con ello la afectación de los consumidores. Asimismo, se propone adicionar un tercer párrafo que contemple que únicamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar con las actividades, señalando que el suministro se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración del establecimiento o empresa.

Por lo que respecta al artículo 194, fracción I, numeral 25, se propone tipificar como delito grave la conducta señalada en el inciso d) de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.

Por otra parte, se propone adicionar, también como delito grave, el supuesto previsto en la fracción V del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, que se encuentra relacionado con la sustracción o alteración de equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.

Por último, también se considera procedente adicionar como un delito grave la conducta a que se refiere la fracción VI del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, relativa a que el comercializador o transportista tenga en su poder gasolina o diesel, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones establecidas de acuerdo con lo señalado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que utilicen para la identificación de los productos mencionados, en razón del peligro que para la población y la economía nacional representan tales circunstancias.

Código Fiscal de la Federación

Con la finalidad de actualizar la legislación a la realidad que enfrenta nuestro país, se estima necesario además, realizar dos modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la primera de ellas consiste en derogar la última parte de la fracción VII del artículo 111, relativa a “combustibles que no fueron adquiridos legalmente”, ya que esta última referencia no tiene razón de ser en este dispositivo legal.

La segunda modificación que se propone consiste en derogar el artículo 115 Bis, ya que como anteriormente se señaló, el contenido de este artículo no corresponde a la normativa fiscal, máxime cuando se trata de una sanción de carácter penal. Por lo anterior, se propone que sea en la adición de la fracción VI al artículo 368 Quáter del Código Penal Federal donde se prevea su contenido.

Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 13 para señalar que cuando el Ministerio Público o el juez aseguren un establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble vinculado con las conductas de delincuencia organizada a que refiere el inciso d) de la fracción I, o para el supuesto descrito en la fracción IV, ambas del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, inmediatamente se notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y, en su caso, continúe prestando el servicio.

En este sentido, y con la finalidad de darle congruencia a la norma se adiciona un párrafo tercero también a este artículo 13, en el cual se disponga que tratándose del supuesto antes señalado, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración del establecimiento o empresa.

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

En una fórmula novedosa, se considera necesario adicionar al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, conductas desplegadas por la delincuencia organizada como la posesión, el resguardo, el almacenamiento, el transporte, el ocultamiento, el enajenamiento, el suministro y la distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados previstas en el d) de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.

Por lo que refiere al artículo 29 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se propone adicionar un segundo párrafo para señalar que tratándose de franquiciatarios, permisionarios o distribuidores que con motivo de sus funciones comerciales posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados, o sus destinados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión de hechos delictivo, y con ello evitar que sean doblemente victimizadas aquellas personas que son objeto de extorsión y amenazas y demás se les sancione severamente bajo el régimen de delincuencia organizada.

Por lo antes expuesto y con fundamento y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Primero. Se reformanla fracción I del artículo 368 Quáter, pasando los párrafos segundo, tercero y cuarto a ser incisos a), b) y c), respectivamente, y el último párrafo de la fracción I del propio artículo 368 Quáter; se adiciona el inciso d) a la fracción I de las fracciones V, VI, y último párrafo al artículo 368 Quáter, pasando los dos últimos vigentes a formar los párrafos penúltimo y antepenúltimo del artículo 368 Quáter; y se deroga la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 254. ...

I. a VI....

VII. Se deroga

VII.a IX...

...

Artículo 368 Quáter. ...

I. Posea, resguarde , almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuya de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados cuando:

a) La cantidad sea de 300 litros o menor, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa;

b)La cantidad sea mayor de 300 litros pero menor de 1,000 litros, con pena de prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa;

c)La cantidad sea igual o mayor a 1,000 litros pero menor de 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa; o

d) La cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a once años y de mil doscientos a trece mil días multa.

No se aplicará la pena prevista en el inciso a) de esta fracción, siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.

II. a IV. ...

V. Sustraiga o altere los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo con pena de prisión de cinco a diez años y de doscientos a mil días multa.

VI. Se impondrán de seis a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa al comercializador o transportista de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones establecidas de acuerdo con lo señalado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, se impondrá la misma pena del párrafo anterior al comercializador o transportista que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas.

......

Si el responsable es franquiciatario, permisionario o distribuidor, además de las penas señaladas en el presente artículo, se le impondrá como sanción la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad.

Artículo Segundo.Se reforman el primer párrafo del artículo 177 y el numeral 25) de la fracción I del artículo 194; y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 182-M, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 177.Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracción VIII; 254 Ter; 368, fracción II, y 368 Quáter, fracciones I, IV y V, del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal salvo prueba en contrario.

...

Artículo 182-M. ...

Tratándose de los delitos que refiere el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, el Ministerio Público asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio e inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y continúe prestando el servicio.

En el caso anterior, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración mencionada.

Artículo 194. ...

I. ...

1) a 24) ...

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII , los previstos en las fracciones I inciso d), IV, V y VI del artículo 368 Quáter;

26) a 36)...

II. a XVIII. ..

Artículo Tercero.Se reforma la fracción VII del artículo 111; y se deroga el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 111. ...

I.a VI....

VII. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción V del artículo 28 de este Código, los altere o los destruya.

Artículo 115 Bis. Se deroga.

Artículo Cuarto.Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 13 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Cuando el Ministerio Público o el juez asegure un establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble, vinculado con las conductas de delincuencia organizada a que se refieren la fracción I, inciso d) y la fracción IV ambas del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y en su caso, continúe prestando el servicio.

Tratándose del supuesto anterior, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración mencionada.

Artículo Quinto.Se reforma la fracción I del artículo 2o; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; la posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro o distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados prevista en el inciso d) de la fracción I yel previsto en la fracción IV ambas del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. a VII. ...

Artículo 29. ...

Tratándose de franquiciatarios, permisionarios o distribuidores que con motivo de sus funciones comerciales posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo.

Transitorios

Primero.Para el conocimiento, investigación, atención y persecución de delitos en materia del robo de hidrocarburos y sus derivados, la Procuraduría General de la República, deberá crear en un plazo no mayor de 180 días, una agencia especializada, así como la estructura necesaria para ello, conforme al presupuesto que le apruebe la Cámara de Diputados para tal efecto.

Segundo.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2014.— Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Héctor García García, María del Rocío Corona Nakamura, Elvia María Pérez Escalante, Dulce María Muñiz Martínez, Miriam Cárdenas Cantú, María de Lourdes Flores Treviño, Angelina Carreño Mijares, Gabriel Gómez Michel (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado García García. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

Nos visitan, y nos da mucho gusto que lo hagan, integrantes de la organización nacional de Indígenas Campesinos, Asociación Civil, de Querétaro; y estudiantes de la Universidad de Durango, también campus del querido estado de Querétaro, a invitación del diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos. Muchas gracias por su visita.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora le otorgamos el uso de la palabra a nuestra estimada amiga, la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

La diputada Adriana González Carrillo:Muchas gracias, presidente. Hace alrededor de 15 años que uno de los temas torales de la relación México y Cuba es la deuda externa que este país caribeño contrajo con el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, con el objetivo de financiar distintos proyectos.

A pesar de múltiples iniciativas de renegociación todo esfuerzo en esa dirección resultó infructuosa. Recientemente, sin embargo, se dio a conocer que la administración actual tuvo una solución al respecto.

Durante la visita del canciller cubano, Bruno Rodríguez, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que el gobierno de México había tomado la decisión de eximir a Cuba del pago del 70 por ciento del adeudo que asciende a 487 millones de dólares. De esta manera Cuba se obliga a pagar el 30 por ciento del adeudo restante, aproximadamente 146 millones de dólares, en un plazo de 10 años.

Desafortunadamente el gobierno mexicano no profundizó en las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y, más aún, en la lógica que lo condujo a condonar la mayor parte de la deuda en el contexto actual.

Bajo un espíritu de cooperación auténtica y genuina hay modelos de sobra en la política internacional de condonación total de la deuda externa. Uno de ellos promovido en su momento por el ex presidente Óscar Arias, bajo el Consenso de Costa Rica, que pretendía el perdón de las deudas de países en desarrollo que tienen un elevado gasto social.

No obstante, y a pesar de que la solidaridad y el humanismo tienen que ser siempre principios guía de cooperación, este anuncio cayó como un balde de agua fría en el contexto de la aprobación de la funesta reforma fiscal en México, justo cuando se argumenta la caída de los ingresos públicos y se le pide a la sociedad hacer un esfuerzo tributario importante para garantizar el funcionamiento de distintos programas sociales.

Se impone una consideración política para obsequiar a Cuba 340 millones de dólares, de los contribuyentes mexicanos. Nada de raro ni de inquietante tendría tomar esta decisión en tiempos de bonanza económica y bajo el interés legítimo de estrechar relaciones diplomáticas con ese país caribeño. Pero en tiempos de franca recesión y específicamente ante una reforma fiscal que buscará elevar irresponsablemente la deuda pública nacional hasta 700 mil millones de pesos, parece un contrasentido.

Por si no fuera suficiente, entre los acuerdos firmados por las autoridades de ambos países destaca uno intitulado precisamente como “Ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión”. Lo anterior puede ocurrir, pues no existe en nuestra legislación algún contrapeso legislativo al respecto. Quizás nadie en el pasado quiso legislar sobre algo muy obvio. Resulta lógico pensar que nuestro país era más bien una nación receptora de ayuda y de préstamos y cooperación. Sin embargo, los tiempos han cambiado y nuestro país puede darse el lujo de prestar dinero de los mexicanos, para después condonar la deuda y abrir una nueva línea de crédito a tu deudor y mal pagador.

Adicionalmente resulta sorprendente el que México se haya dado una agencia de cooperación para analizar y canalizar la ayuda a los países amigos de manera transparente y clara respecto al uso de los recursos, y que no haya sido por esta vía la que el gobierno de México haya decidido atender esa relación, y prefirieron la discrecionalidad de Bancomext para atender este tema.

De esta manera, nuestro país se ha dado una plataforma para apoyar a países hermanos de Centroamérica y el Caribe a través de esta agencia de cooperación, incluso como tercer país cooperante, como ocurre en proyectos de la Unión Europea. Desde la Mexit se busca contabilizar toda la ayuda y la cooperación que México, desde el gobierno federal y las entidades estatales y municipales, aporta a dichos países. Y ordenan las relaciones con otras naciones teniendo clara la participación que tenemos en el concierto internacional y en especial en nuestra región como país oferente de cooperación.

Dado que la Constitución Mexicana mandata con claridad las facultades para atender la política exterior de México por parte del Ejecutivo federal, y de analizarla en el Senado de la República, se propone modificar nuestra Carta Magna para evitar la discrecionalidad de los empréstitos y condonaciones de deuda a Estados extranjeros. Y que esto sea aprobado por la Cámara de Diputados, según las facultades que nos tiene dadas la Constitución.

Por lo antes expuesto, propongo que se modifique el artículo 89, en su fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para adicionar el siguiente texto:

“Emitir deuda o cancelación de empréstitos a Estados extranjeros con la aprobación de la Cámara de Diputados, como una facultad del presidente, pero también como una facultad del presidente, pero también como una facultad revisora por parte de esta Cámara de Diputados, a quienes nos corresponde velar por las buenas finanzas del país y por supuesto, también atender todos los temas que tengan ver con la hacienda pública y la deuda nacional e internacional.”

Muchas gracias, señor presidente y les pido a todos los legisladores que prestemos atención a este tema. Creo que hay un instrumento que es la Agencia de Cooperación, para poder brindar las becas, para poder brindar los proyectos y los apoyos necesarios; pero lo que no es correcto es ir a la discrecionalidad de Bancomext y evitar que haya transparencia en una relación tan importante y tan entrañable como lo es con el país hermano de Cuba.

Pero no se vale tampoco estar regalando el dinero de los mexicanos, sin siquiera conocer de fondo en qué se ocuparon esos recursos y en qué invirtieron en Cuba esos dineros y esos pesos de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Hace alrededor de 15 años que uno de los temas torales de la relación entre México y Cuba es la deuda que ese país caribeño contrajo con el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) con el objetivo de financiar distintos proyectos. Pese a múltiples iniciativas de renegociación, todo esfuerzo en esta dirección resultó infructuoso.

Recientemente, sin embargo, se dio a conocer información sobre la solución que a este respecto ofreció la administración actual.

Durante la reciente visita del canciller cubano, Bruno Rodríguez, el secretario de Hacienda Luis Videgaray informó que el gobierno de México había tomado la decisión de eximir a Cuba del pago de 70 por ciento del adeudo que asciende a 487 millones de dólares.

De esa manera, Cuba se obliga a pagar 30 por ciento del adeudo restante –aproximadamente 146 millones de dólares– en un plazo de 10 años.

Desafortunadamente, el gobierno mexicano no profundizó en las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y, más aún, en la lógica que lo condujo a condonar tan sólo la mayor parte de la deuda en el contexto actual.

Con un espíritu de cooperación auténtica y genuina, hay modelos de sobra en la política internacional de condonación total de la deuda externa. Uno de ellos por ejemplo es el Consenso de Costa Rica promovido por el expresidente Oscar Arias que pretende el perdón de deudas a países en desarrollo que tienen un elevado gasto social. No obstante, y a pesar de que la solidaridad y el humanismo tienen que ser siempre principios guía de cualquier política de cooperación, este anuncio cayó como un balde de agua fría en el contexto de la aprobación de una funesta reforma fiscal en México.

Justo cuando se argumenta la caída de los ingresos públicos y se le pide a la sociedad hacer un esfuerzo tributario importante para garantizar el funcionamiento de distintos programas sociales, se impone una consideración política para obsequiar a Cuba 340 millones de dólares de los contribuyentes mexicanos.

Nada de raro ni de inquietante tendría tomar esta decisión en tiempos de bonanza económica y bajo el interés legítimo de estrechar relaciones diplomáticas con ese país caribeño. Pero en tiempos de franca recesión y específicamente ante una reforma fiscal que buscará elevar irresponsablemente la deuda pública hasta por 700 mil millones de pesos parece un contrasentido.

Por si no fuera suficiente, entre los acuerdos firmados por las autoridades de ambos países destaca uno intitulado precisamente como Ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión.

Para algunos analistas, estas decisiones se dan previo a una visita del Presidente mexicano a La Habana que cuando se concrete intentará, con grandes anuncios y propaganda, demostrar “una nueva era” de las relaciones bilaterales. Para otros es una más de las jugadas de un grupo cercano al presidente que busca obtener concesiones para invertir en las áreas del turismo principalmente sin que represente en ningún momento el interés nacional sino solamente el de los amigos del Presidente.

Lo anterior puede ocurrir pues no existe en nuestra legislación algún contrapeso legislativo al respecto. Quizás nadie en el pasado quiso legislar sobre algo obvio. Resulta lógico pensar que nuestro país era más bien una Nación receptora de ayuda, de préstamos y cooperación.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y nuestro país puede darse el lujo de prestar dinero de los mexicanos para después condonar la deuda y abrir una nueva línea de crédito a tu deudor y mal pagador.

Adicionalmente resulta sorprendente que México se haya dado una agencia de cooperación (Amexcid) para justamente canalizar la ayuda a los países amigos de manera transparente y clara con respecto al uso de los recursos y que no haya sido por esta vía que pudiera atenderse dicha relación y prefirieron seguir en la discrecionalidad de Bancomext.

De esa manera, el país se ha dado una plataforma para apoyar a los países hermanos de Centroamérica y el Caribe incluso como tercer país cooperante como ocurre con proyectos de la Unión Europea.

Desde la Amexcid se busca contabilizar toda la ayuda y cooperación que México desde el gobierno federal y las entidades estatales y municipales aportan a dichos países y ordenar las relaciones con otras naciones teniendo clara la participación que tenemos en el concierto internacional y en especial en nuestra región como país oferente de cooperación.

Dado que la Constitución mexicana mandata con claridad las facultades para atender la política exterior de México por el Ejecutivo federal y de analizarla en el Senado de la República es que se propone modificar nuestra Carta Magna para evitar la discrecionalidad de los empréstitos y condonaciones de deuda a Estados extranjeros.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

II. a VIII. ....

IX. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Emitir deuda o cancelación de empréstitos a Estados extranjeros, con la aprobación de la Cámara de Diputados. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. y XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2014.— Diputada Adriana González Carrillo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada González Carrillo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria. Adelante.

El diputado José Antonio León Mendívil:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, si la Sagarpa no miente en sus estadísticas, México produce casi 200 millones de toneladas de productos agrícolas anuales, 6 millones de toneladas de carne, 11 mil millones de litros de leche, 2 mil 500 millones de toneladas de huevo y un millón de toneladas de producción pesquera y acuícola.

Ésta es la alimentación de los mexicanos que se garantiza gracias a poco más de 100 millones de hectáreas de propiedad social de la tierra en manos de ejidos y comunidades indígenas, así como 75 millones de hectáreas más en manos de pequeños, medianos y grandes propietarios del país.

Quiero subrayar, compañeras diputadas y compañeros diputados, que la tierra debemos concebirla como la sienten y la viven nuestros campesinos, esto es, no solo como productores de alimentos, sino también como origen de vida, como cultura, como entorno vital de la familia, de la comunidad y de la sociedad.

El artículo 27 constitucional, así como la Ley Agraria que lo reglamenta en la materia, protege los principios y preceptos jurídicos que garantizan y tutelan los derechos agrarios de los particulares, como del sector social agrario.

Sin embargo, ha quedado rezagada tanto en relación a las nuevas realidades económicas que afectan al campo, como en relación a los avances de los derechos humanos y sociales que ha alcanzado nuestra Constitución.

Con la reforma constitucional de 2011 los derechos humanos se convirtieron en el eje fundamental de todo nuestro marco jurídico, por ello es necesario que todas las leyes de nuestro país se adecuen al nuevo esquema constitucional.

La economía, la sociedad, el derecho y la cultura han cambiado en México desde que fue promulgada nuestra actual Ley Agraria. Para los grandes empresarios nacionales y extranjeros, hoy las actividades y valor de la tierra no solamente agrícola, ganadera o forestal, también son petróleo y gas, complejos turísticos, carreteras y nuevas vías ferias, trazado de ductos, redes eléctricas, megaproyectos de urbanización y minería en gran escala, parques eólicos, grandes intereses por el agua, medio ambiente, recursos del subsuelo, etcétera.

A medida que se extienden y amplían estas actividades productivas a la riqueza del subsuelo, o a la explotación de nuevos recursos naturales, se ve cada vez más amenazado el modo de vida de las familias campesinas.

Los territorios de los pueblos indígenas y las tierras de los núcleos ejidales, así como de los particulares, sin que se encuentren establecido en las leyes, las suficientes garantías procesales para proteger sus derechos de propiedad.

Con ello conduce a las grandes empresas aprovechándose de las lagunas o partes obscuras de la ley, para que abusen de la ignorancia de los campesinos atropellando muchas veces sus derechos, y generando conflictos sociales diversos, como es del pleno conocimiento de todos los integrantes de esta honorable Cámara.

Por ello, en las nuevas circunstancias económicas y sociales del país, y ante las nuevas amenazas y retos por el uso y usufructo del suelo para la agricultura, la ganadería y el medio ambiente implicarán que las leyes aprobadas en la Reforma Energético es imprescindible que el Estado fortalezca los mecanismos jurídicos y legales que protejan los derechos sociales agrarios de los hombres y mujeres del campo.

Por las anteriores consideraciones he creído conveniente presentar a esta soberanía la presente iniciativa de reforma a la Ley Agraria en los términos que siguen: Se propone agregar un segundo párrafo al artículo 1o. de la ley, con el objeto de vincular jurídicamente los derechos de los sujetos agrarios a las garantías establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorporan los derechos humanos y sus garantías para todas las personas y al mismo tiempo obligan jurídicamente a todas las autoridades de la nación en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Con este añadido se busca modernizar el derecho agrario armonizándolo con las tendencias contemporáneas del derecho integral de los derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales. Ello permitirá no sólo proteger los derechos que gozan los núcleos ejidales y comunales, como sujetos con propiedad jurídica, sino también para crear condiciones para promover la explotación de esos recursos y dirimir en los conflictos, tanto en su interior como con terceros, en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la iniciativa se propone reformar los artículos 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, y 147 agregándose un artículo 147 Bis, para hacer actualizar la función de la Procuraduría Agraria con su nuevo carácter de ombudsman de los sujetos agrarios.

La parte medular de la reforma planteada en esta parte establece el carácter de la Procuraduría Agraria como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica  funcional y de gestión.

Ya no es posible que un órgano tan importante en la defensoría de los derechos agrarios continúe siendo un simple ente desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo federal. Se necesita que la Procuraduría Agraria goce de autonomía plena, para estar en condiciones de convertirse plenamente en un ombudsman que defienda activamente los derechos humanos de todos los actores agrarios.

Establecer en la ley estas características esenciales de la Procuraduría resulta fundamental para ejercer en libertad y con plena independencia las atribuciones de órgano tutelar de los derechos particulares y colectivos de los sujetos agrarios, en armonía con las prescripciones sobre derechos humanos que establece el artículo 1o. constitucional y con los demás preceptos establecidos en la ley.

Señor presidente, solicito se integre o se publique íntegramente en la Gaceta oficial la iniciativa que he presentado. Es cuanto. Agradezco por ello su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numerales 1 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

El reconocimiento y la protección plena de los derechos humanos, en su más amplia expresión, se ha convertido en las naciones modernas en la definición y consideración de un verdadero Estado democrático. La garantía de estos derechos por mandato constitucional y su implantación real para todos los seres humanos, en lo individual y lo colectivo, hacen la diferencia en el mundo de hoy entre un Estado autoritario y represivo y un Estado democrático de derecho.

Por ello en México fue trascendental la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, al incorporar en el artículo 1o. de la Carta Magna los derechos humanos y sus garantías para todas las personas; y al mismo tiempo, obliga jurídicamente a todas las autoridades de la nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, “ a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.En su interpretación más rigurosa, ello significa que por encima de otros intereses y otros derechos, estarán siempre los derechos humanos, los cuales deberán ser protegidos por el Estado.

Comentando esta reforma constitucional, Miguel Carbonell ha señalado: “La Constitución se abre de forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos, demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable”.

Sin embargo, para que estas disposiciones no se queden en conceptos vacíos y buenas intenciones, resulta imperativo proceder a actualizar todas las leyes del país y ajustar las instituciones de gobierno, a fin de hacerlos jurídicamente vinculantes. De igual forma es necesario establecer las garantías procesales efectivas para concretarlos en derechos exigibles para todos los mexicanos, tanto en lo individual como en lo social; pues no hay duda de que la legislación secundaria ha quedado rezagada con respecto a los preceptos constitucionales actuales, especialmente en lo que al derecho agrario se refiere.

Al respecto, la presente iniciativa se inscribe en la importancia de actualizar la Ley Agraria para ponerla en armonía con el artículo primero constitucional; establecer de manera más clara las garantías procesales de los sujetos agrarios y precisar las atribuciones de los órganos encargados de la procuración de justicia, haciendo efectivo el derecho social agrario para los núcleos de población ejidales y comunales, garantizando plenamente los derechos a los justiciables tanto en lo individual como en lo colectivo.

Motivación y argumentos

I. Los derechos sociales en México

En México, los derechos sociales tienen rango constitucional, pues aparecen reconocidos en diferentes preceptos jurídicos de la ley fundamental.

Aun cuando ni la doctrina ni la jurisprudencia han profundizado en el sentido, el contenido y el lugar de los derechos sociales en el sistema jurídico, inclusive hay quienes desde las instituciones judiciales los nieguen, estos derechos están firmemente establecidos en la Constitución y en las leyes secundarias, así como en la larga historia del pueblo mexicano por formar una nación independiente con justicia para las mayorías.

En la Carta Magna se establece todo un catálogo de derechos sociales, entre los cuales destacan: el derecho a una vida digna: a un nivel de vida adecuado que le asegure, a la persona y a su familia, la salud, alimentación, vivienda, asistencia médica, medio ambiente sano (artículo 4o.); derecho a la educación (artículo 3o..); derechos laborales (artículo 123); los derechos de los indígenas (artículo 2o.); y por supuesto, los derechos agrarios (artículo 27), así como una amplia gama de derechos de la familia, de los discapacitados, de las mujeres, de los niños, etcétera.

¿Cómo se definen estos derechos? ¿Cuáles son sus características más importantes?

Una de las pocas definiciones que encontramos en la doctrina, es la de Lucio Mendieta y Núñez, según la cual los derechos sociales son:

El conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo.

Otra definición es la que da el maestro Alberto Trueba Urbina:

(...) el derecho social es el conjunto de normas tutelares de la sociedad y de sus grupos débiles, establecidas en las Constituciones modernas y en sus leyes orgánicas... que no encajan en el derecho público ni en el privado (...) en la nivelación de las desigualdades que entre ellas existe

... El nuevo derecho social tiene un contenido humano que le impone al Estado el deber de intervenir en la vida económica y proteger a los débiles.

Así pues, tenemos que el objetivo básico del derecho social es la protección o tutela por parte del Estado de buscar la equidad y la justicia, de los sectores de la población económica, social y culturalmente más débiles; es decir, la idea de que ciertos sectores están en desventaja frente a otros y que, para atender sus necesidades primordiales y ejercer sus derechos, requieren de la protección directa del Estado en el marco de la ley.

Aunque para muchos esta postura del derecho social significa reivindicar el paternalismo, al menos para el caso de México estas prerrogativas consideradas en la Constitución, son el resultado de una larga historia de luchas sociales y revolucionarias, pasando por el movimiento armado del 1910-17. Es un derecho social ganado con muchas batallas y muchas vidas.

Como resultado de esas luchas, México fue pionero, a nivel internacional, al consagrar en la Constitución el reconocimiento de estos derechos. Se puede afirmar que su aplicación general a través de políticas públicas y programas de gobierno, al margen de sus fallas y limitaciones prácticas, configuran en mucho el rostro de nuestra nación ante el mundo. Nos referimos a los programas de seguridad social (70 millones según los datos del IMSS y el ISSSTE), a la educación universal obligatoria y gratuita, a los derechos laborales, y por supuesto a la Reforma Agraria que reconoció o repartió 100 millones de hectáreas al campesinado nacional.

II. Los derechos sociales y los derechos humanos

La primera pregunta que salta a la vista es ¿los derechos sociales son parte de los derechos humanos?

Si bien inicialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU no hizo una separación entre derechos civiles y políticos por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales por otro; en el transcurso del establecimiento de los estados de derecho en el mundo, principalmente después de la segunda guerra mundial, se reconocieron por separado (en tratados diferentes) ambos tipos de derechos. Incluso se desarrolla la teoría de las generaciones de los derechos humanos, ubicando a unos como de primera generación (los derechos civiles y políticos) y a otros como de segunda generación (los derechos económicos, sociales y culturales) y últimamente los de tercera generación.

Hoy es de reconocimiento internacional que tal división, en sentido jurídico, es arbitraria e innecesaria, y cada vez se reconoce mas la visión integral de los derechos humanos, tal y como lo estableció la reforma de junio de 2011 en el tercer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM, “de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, comprendiéndolos en un todo como civiles, políticos, económicos, ambientales, sociales y culturales.

El mismo artículo 1o. de la constitución claramente establece: “(...) todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)”.

El gobierno mexicano, al firmar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 02 de marzo de 1981, así lo reconoció:

Al adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el gobierno de México lo hace en el entendimiento de que el Artículo 8 del aludido pacto se aplicará en la República Mexicana dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias.

Dicho pacto, que entró en vigor el 3 de enero de 1976, señala en el preámbulo:

Los Estados parte en el presente pacto,

(...)

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

(...)

Convienen en los artículos siguientes:

Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) reconocidos por el Estado mexicano al firmar el Pacto Internacional que los contiene, son derechos humanos orientados a proteger y atender necesidades vitales de las personas en condiciones de precariedad, como educación, trabajo, alimentación, agua, salud, vivienda, tierra y medio ambiente, entre otros.

De igual forma, México ratificó el 16 de abril de 1996, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como “Protocolo de San Salvador”.

En el artículo 1 del citado protocolo expresamente se establece:

Los Estados parte en el presente protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Adicionalmente, el 20 de septiembre de 2012, México se adhirió a la Carta Social de las Américas, bajo los auspicios de la OEA, en voz de la entonces Canciller Patricia Espinoza.

El artículo 7 de la Carta Social establece:

Los Estados miembros harán esfuerzos en el plano nacional e internacional, según sea apropiado, basados en el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho, dentro del marco de las instituciones democráticas, para eliminar los obstáculos al desarrollo con miras a lograr la plena vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Finalmente, y no por ello es menos importante, México se adhirió, en el seno de la Asamblea General de la ONU, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,adoptada 13 de septiembre de 2007 por una mayoría 143 Estados a favor, 4 votos en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América) y 11 abstenciones(Azerbaiján, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, La Federación Rusa, Samoa y Ucrania).

En el artículo 20 de la Declaración se establece:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.”

El artículo 21 de la misma declaración establece:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

III. El derecho agrario mexicano como parte de los derechos sociales y humanos

¿El derecho agrario mexicano forma parte de estos derechos sociales humanos?

El derecho agrario, que en términos generales incluye los derechos colectivos de los pueblos indios y de los ejidos, así como de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y sus sucesores, pequeños propietarios, avecindados, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general, se encuentra consignado en los artículos 27 y 2o. constitucionales, así como en la Ley Agraria vigente.

Aunque es verdad que en México no tenemos hasta ahora jurisprudencia explícita ni una literatura amplia que vincule el derecho social agrario con los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el catálogo de derechos que elabora y publica, sí considera “el derecho de los pueblos indígenas” y “el derecho a la propiedad comunal y ejidal de tierras” en el marco de los derechos humanos.

Con relación al derecho de los pueblos indígenas, dice lo siguiente:

México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, al contar con varias decenas de etnias autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el mundo del derecho sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se habían desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Desde esa misma perspectiva los pueblos y comunidades indígenas han sido marginados del desarrollo económico, político, social y cultural, desconociéndose las manifestaciones propias de sus culturas.

El artículo 2o. constitucional establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas, reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales.

Sobre el derecho a la propiedad comunal y ejidal de tierras, la citada comisión señala:

En México, el derecho social a la propiedad colectiva agraria está incluido en el artículo 27 de la Constitución, en donde se reconocen claramente dos tipos de modalidades sobre esta propiedad: la propiedad comunal y la ejidal. La fracción VII de este precepto comienza con el reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población comunales y ejidales, y señala que las leyes se encargarán de proteger la tierra destinada a ambos tipos de colectividades, y de regular su aprovechamiento, así como de los bosques y aguas de uso común.

En el mismo sentido citamos también la opinión autorizada de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero:

Hablar sobre el derecho agrario en México requiere, desde nuestro punto de vista, exponer primeramente algunas consideraciones teóricas que nos permitan comprender a los llamados “derechos sociales”, dado que el derecho agrario, como conjunto de garantías jurídicas, se encuentra inmerso en el contenido fundamental de este tipo de derechos”.

IV. El derecho agrario en México. Antecedentes

El derecho agrario mexicano actual, en cuanto producto histórico-social, no tuvo su cuna en las aulas universitarias ni en las investigaciones científicas de brillantes teóricos del derecho; más bien, encuentra sus raíces en la cultura ancestral mexicana, cuyo origen se remonta a la propiedad comunal (calpulli) de los pueblos originarios precolombinos, pues 300 años de vida colonial no destruyeron del todo la tradición ni la propiedad comunal indígena.

En la lucha por construir una nación soberana, por la libertad y por la igualdad, el pueblo indígena y campesino peleó siempre, junto a las demandas sociales y políticos, por defender y recuperar las tierras usurpadas por los españoles, como base para la sobrevivencia de la comunidad y la multiplicación y desarrollo de su cultura. Sin embargo, la Guerra de Independencia no resolvió esas demandas.

Para los principales caudillos independentistas, como José Ma. Morelos, el reparto de tierras fue una preocupación fundamental, aunque sus intentos por resolver este problema quedaron inconclusos.

Convertidos en esclavos y parias mediante la violencia y el despojo de sus territorios, por los españoles primero y por la iglesia y los hacendados terratenientes después, las masas campesinas e indígenas siguieron reclamando sus derechos a la tierra y a la libertad, hasta levantarse en armas liderados por los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa, durante la Revolución Mexicana de 1910-17.

Así, puede afirmarse que los derechos colectivos, en su sentido material e histórico, se conquistaron con las armas en la mano gracias a la primera revolución social del siglo XX, quedando consagrados por el Constituyente en el derecho positivo de nuestra Ley Suprema y convirtiéndose así en parte esencial del sistema político y jurídico nacional. El México moderno no se concibe sin el reparto agrario, las leyes laborales, la educación gratuita, la seguridad social y otros derechos del bienestar social.

V. Los derechos fundamentales agrarios por proteger

El reconocimiento constitucional de la restitución de tierras comunales, los derechos de los pueblos indígenas, así como el reparto agrario para la constitución de ejidos y comunidades, prohibiendo los latifundios y acotando a ciertos límites a la pequeña propiedad, fueron sin duda fundamentales en la configuraron del campo mexicano tal y como hoy lo conocemos.

Esta estructura de la propiedad rural, acompañada de las políticas agropecuarias correspondientes, permitió durante décadas producir los alimentos y las materias primas que requería el país para su bienestar y desarrollo.

Pero el modelo se agotó o se distorsionó. Los ejidos y las comunidades fueron relegados y el derecho social agrario se reformó en sentido regresivo. El campo dejó de producir, la pobreza y el hambre se apoderaron de la población rural, millones de campesinos e indígenas migraron a las ciudades y a Estados Unidos, y México se convirtió en importador neto de alimentos.

Estamos ante el reto de realizar una profunda reforma productiva y jurídica en el campo mexicano y ello viene acompañado de nuevas oportunidades, pero también de nuevas amenazas.

Hoy, las actividades y el valor de la tierra no es solamente agrícola, ganadera o forestal; sino también son complejos turísticos, carreteras, trazado de ductos y redes eléctricas, urbanización, minería, parques eólicos, agua, medio ambiente, recursos del subsuelo, etc.; todas riquezas que pueden apoyar en el combate a la pobreza y a sacar al campo del atraso y la improductividad. Es el “plus” que debe valorarse en el potencial del campo mexicano para elevar el nivel de bienestar de la población.

Pero también esas riquezas son ambicionadas por grandes corporaciones nacionales e internacionales, quienes, sin los contrapesos políticos y jurídicos convenientes, velando solo por sus intereses como es natural, se limitarán a explotar y saquear dichos recursos, aprovechándose de la pobreza y la debilidad de la población local.

De tal suerte que si bien, por una parte, se demanda de políticas y programas para hacer al campo más productivo y competitivo; por otra se requiere de enriquecer y ampliar los derechos y las garantías jurídicas, a fin de que el Estado se obligue a proteger la propiedad social y comunal y los recursos básicos para mejorar las condiciones de sobrevivencia de los pueblos rurales. En este sentido apunta la propuesta de reforma a la Ley Agraria que aquí formulamos.

VI. Las propuestas jurídicas de la reforma

Se propone agregar un segundo párrafo al artículo 1o. de la ley, con objeto de vincular jurídicamente los derechos de los sujetos agrarios a las garantías establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la reforma del 10 de junio de 2011.

Con este añadido se busca modernizar el derecho agrario, armonizándolo con las tendencias contemporáneas del derecho integral de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales. Ello permitirá no solo proteger los derechos que gozan los núcleos ejidales y comunales, como sujetos con personalidad jurídica, sino también crear condiciones para promover la explotación de sus recursos y dirimir los conflictos, tanto a su interior como con terceros, en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos.

Se adiciona el capítulo IV, “De la expropiación de bienes ejidales y comunales”, denominándolo “De la expropiación de bienes ejidales y comunales y el otorgamiento de concesiones”, a fin de hacerlo congruente con el nuevo articulado que se agrega y los artículos que se reforman.

A medida que se extienden las actividades productivas a las riquezas del subsuelo o a la explotación de nuevos recursos naturales, los territorios de los pueblos indios y las tierras de los núcleos ejidales, así como las de los particulares, se ven cada vez más afectados por el régimen de expropiaciones y concesiones al estar dichas riquezas en predios o en el subsuelo de las tierras de su propiedad, sin que se encuentre establecido en las leyes las garantías procesales suficientes para que los sujetos agrarios sean previamente informados y consultados antes de ser afectados en sus bienes y derechos. Ello conduce a que los concesionarios, aprovechándose de las lagunas o partes oscuras de la ley, abusen de la ignorancia de los campesinos, atropellando muchas veces los derechos y generen conflictos sociales diversos.

A fin de colmar estas deficiencias de la ley, se propone añadir los artículos 93 Bis y 93 Ter, y adicionar un párrafo segundo al artículo 94, con objeto de garantizar el derecho de los sujetos agrarios a que, cuando se trate de una expropiación por causas de utilidad pública, o de una concesión, asignación u ocupación temporal de sus tierras por terceros, se respete el derecho de que gozan a ser informados y consultados previamente, así como hacer efectivo el derecho de audiencia, para el efecto de que manifiesten lo que a su derecho corresponda.

El segundo párrafo del artículo 93 Ter que se adiciona dispone que la realización de actividades de exploración y explotación en predios de comunidades o ejidales, deberán contar con el permiso previo de las autoridades correspondientes del ejido o la comunidad.

La propuesta no interfiere con la facultad que tiene el Estado para llevar a cabo expropiaciones por causa de utilidad público u otorgar concesiones y asignaciones a terceros, a fin de explotar los recursos naturales o prestar servicios a la sociedad; pero se hace hincapié en que se les brinde la información suficiente y oportuna a los sujetos agrarios y que se garantice la tutela de sus derechos.

En consideración del tercer párrafo del artículo 27o. constitucional que dice: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”, la reforma propone agregar un artículo 97 bis, para considerar que cuando se trate de concesiones y asignaciones en terrenos de propiedad comunal o ejidal, estos núcleos de población tendrán derecho de preferencia, siempre que manifiesten el interés pordicha concesión o asignación y reúnan los requisitos de ley para explotarlas, pudiendo asociarse entre sí o con terceros para el efecto.

Finalmente, para hacer congruente la función de la Procuraduría Agraria con su carácter de ombudsman de los sujetos agrarios, se reforman los artículos 134-136 y 139-147, agregándose el 147 Bis, donde se especifica la integración del cuerpo de servicios periciales y sus funciones.

La parte medular de la reforma en este articulado, establece el carácter de la Procuraduría Agraria como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía técnica, funcional y de gestión.

Establecer en la ley estas características esenciales de la procuraduría, es fundamental para ejercer en libertad y con plena independencia,las atribuciones de órgano tutelar de los derechos particulares y colectivos de los sujetos agrarios, en armonía con las prescripciones sobre derechos humanos que establece el artículo 1o. constitucional.

Con tales características del nuevo órgano, el procurador agrario ya no será designado por el Ejecutivo federal.

El papel de ombudsman para los sujetos agrarios de la Procuraduría deriva de las funciones establecidas por la Ley Agraria. Así lo reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enviando para la atención de aquella las quejas que recibe en materia agraria.

Al respecto, el doctor Isaías Rivera Rodríguez comenta:

Para abordar el tema, nos remitimos al pronunciamiento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó el 6 de mayo de 1992, al aprobar el acuerdo número 3/92, en cuya parte conducente señala:

[...] Considerando que la Procuraduría Agraria, de acuerdo con la ley que la rige, es caracterizada como un ombudsman especializado para atender asuntos agrarios, las quejas de esta naturaleza radicadas hasta ahora y las que pudieran presentarse en el futuro en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que corresponden a la competencia legalmente establecida de dicha procuraduría, le serán turnadas para la continuación o iniciación de su trámite y determinación jurídica. En estos casos, los quejosos deberán ser debidamente notificados de la referida remisión, así como de la radicación de la queja en esa Procuraduría Agraria.

Y agrega: “Es el mismo criterio plasmado en el artículo 22 del Reglamento de la citada comisión nacional, que señala: Cuando la Comisión Nacional reciba una queja por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en materia agraria, que sea de la competencia de la Procuraduría Agraria, la turnará de inmediato a dicha Procuraduría notificando de esta remisión al quejoso”.

Fundamento legal

En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numerales 1 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 1o., el artículo 93 Bis, el artículo 93 Ter, un segundo párrafo al artículo 94, el artículo 97 Bis y el 147 Bis de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 1. (...)

Los derechos y garantías sociales agrarias que establece la presente ley se aplicarán, en todo momento, de conformidad con los principios consagrados en el artículo 1o. constitucional, por lo que todas las autoridades deberán observarlos en el ámbito de sus respectivas competencias.

(...)

(...)

(...)

Capítulo IV De la Expropiación de Bienes Ejidales y Comunales y el Otorgamiento de Concesiones

Artículo 93. (...)

Artículo 93 Bis. En toda acción de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio por causa de utilidad pública y el otorgamiento de concesiones, los ejidos y comunidades así como sus miembros que pudieran ser directamente afectados, tienen el derecho a ser informados y consultados previamente a la declaratoria de utilidad pública o al otorgamiento de la concesión, para el efecto de que manifiesten lo que a su derecho corresponda.

En el expediente técnico elaborado para el efecto, se incluirán las constancias pertinentes e idóneas para comprobar el cumplimiento de este derecho y las manifestaciones que los posibles afectados hubiesen realizado.

Artículo 93 Ter. Para fines de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio por causa de utilidad pública y el otorgamientos de concesiones, no se realizarán estudios técnicos ni delimitación de polígonos en los terrenos ejidales o en terrenos comunales, sin que la autoridad haya valorado plenamente las argumentaciones de los posibles afectados.

En todo caso, las obras y trabajos de exploración y de explotación que se lleven a cabo dentro de los predios ejidales o de los territorios de los pueblos indígenas, únicamente podrán realizarse con autorización o permiso de las autoridades del ejido o comunidad correspondiente.

Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria.

Al recibir la solicitud de expropiación por parte de la dependencia o entidad promovente, la secretaría la hará del conocimiento del núcleo ejidal o comunal y a sus miembros de posible afectación.

La expropiación deberáhacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.

En los casos en que la administración pública federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas en la ley.

Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente.

(...)

(...)

(...)

Artículo 97 Bis. Tratándose de concesiones o asignaciones en terrenos de propiedad comunal o ejidal, tendrán derecho de preferencia los ejidos y comunidades, siempre y cuando manifiesten formalmente el interés por dicha concesión o asignación. Para la explotación de éstas, podrán asociarse entre sí o con terceros, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

(...)

(...)

(...)

Artículo 134. La protección y defensa de los derechos sociales agrarios y derechos humanos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y sus sucesores, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general; estará a cargo de la Procuraduría Agraria, conforme a los principios consagrados en el artículo 1o. de la Constitución y en esta ley.

Artículo 135. La Procuraduría Agraria se establece como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autonomía técnica, funcional y de gestión. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcances y organización se establecen en esta ley y en su estatuto orgánico que al efecto expida como base de su reglamentación interna.

Artículo 136. Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:

I. Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el artículo 134, en asuntos y ante autoridades agrarias o judiciales;

II. Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se refiere el artículo 134 en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley;

III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas a que se refiere el artículo 134, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria;

IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes a las autoridades agrarias y proponer las medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de sus derechos a los afectados.

V. Estudiar y proponer lasmedidas necesariasencaminadas a fortalecer los derechos sociales agrarios, los derechos humanos yla seguridad jurídica en el campo;

VI. Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria;

VII. Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos sociales agrarios y derechos humanosde sus asistidos;

VIII. Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas legalmente;

IX. Asesorar y representar, en su caso, a las personas a que se refiere el artículo 134en sus trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda;

X. Denunciar ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o faltas administrativas en la materia, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que, en su caso, incurra el comisariado ejidal y que le deberá presentar el comité de vigilancia ;y

XI. Proponer a las autoridades agrarias las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica en materia agraria;

XII. Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a las personas a que se refiere el artículo 134, a efecto de proponer a las autoridades agrarias las recomendaciones correspondientes;

XIII. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades agrarias, quienes estarán obligadas a participar cuando así se lo solicite la Procuraduría, para formularles sugerencias respecto de sus actividades, así como advertir o prevenir la comisión de cualquier acto ilegal en perjuicio de una o grupo de personas a que se refiere el artículo 134;

XIV. De conformidad con el Estatuto Orgánico, imponer multas a los servidores públicos agrarios que se hagan acreedores a ellas;

XV. Las demás que esta ley, su Estatuto Orgánico y otras leyes le señalen.

Artículo 137.La Procuraduría tendrá su domicilio en México, Distrito Federal, y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas, así como oficinas en todos aquellos lugares que estime necesario.

Artículo 138 .Las controversias en que la Procuraduría sea directamente parte, serán competencia de los tribunales federales.

Las autoridades federales, estatales, municipales y las organizaciones sociales agrarias, serán coadyuvantes de la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 139. La Procuraduría Agraria estará presidida por un Procurador. La designación del procurador o procuradora agraria será realizada por la Cámara de Diputados o, en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre una terna que someta a su consideración el presidente de la República. El titular de la Procuraduría Agraria durará en su encargo cinco años y podrá ser ratificado por la misma Cámara por un periodo más.

Artículo 140. La Procuraduría contará con un órgano de gobierno colegiado, que se integrará de la siguiente manera:

I. El procurador agrario, quien tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones del órgano de gobierno; y

II. Seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el titular del Ejecutivo Federal. Tales nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia experiencia en la materia agraria y quienes por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procuraduría.

Artículo 141. El órgano de gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Analizar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el procurador;

II. Fijar lineamientos y aprobar los programas anuales de actividades y las políticas de la Procuraduría, así como los lineamientos generales de actuación de ésta y de su procurador y, velar por el cumplimiento de las reglas del servicio profesional de carrera;

III. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Procuraduría, en el que se determinará la estructura y funciones de cada unidad u órgano que lo integren, así como el ámbito competencial de cada uno de ellos;

IV. Evaluar y, en su caso, aprobar el proyecto de informe anual del procurador agrario;

V. Determinar las bases y lineamientos para la promoción y defensa de los derechos sociales agrarios y los derechos humanos;

VI. Aprobar el nombramiento de los delegados estatales o regionales de la Procuraduría hechos por el procurador; y

VII. Las demás que se establezcan en esta ley, en el estatuto orgánico o en cualquier otra disposición.

La Procuraduría se integrará, además, por los Subprocuradores, sustitutos del procurador en el orden que lo señale su estatuto orgánico, por un secretario general y por un cuerpo de servicios periciales, así como por las demás unidades técnicas, administrativas y dependencias internas que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

Artículo 142. Para ser procurador o procuradora se requiere

I. Ser ciudadano/a mexicano/a;

II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación;

IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con cuestiones agrarias y la defensa de los derechos humanos;

V. No haber sido procurador o procuradora general de la República, secretario/a de Estado o haber pertenecido al Ejército, la Armada o corporación de seguridad pública federal, estatal o municipal durante los últimos 10 años previos al de su nombramiento;

VI. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión o por de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público; y

VII. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.

Artículo 143. Los subprocuradores deberán reunir los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de dos años, cédula profesional de licenciado en derecho y una práctica profesional también de dos años; y

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal.

El secretario general deberá reunir los requisitos previstos en las fracciones I y III anteriores.

Artículo 144. Los subprocuradores, el secretario general y los demás funcionarios y empleados de la Procuraduría serán nombrados y removidos libremente por el procurador/a.

Artículo 145. El procurador/a agrario tendrá las siguientes atribuciones:

I. Actuar como representante legal de la Procuraduría;

II. Dirigir y coordinar las funciones de la Procuraduría;

III. Nombrar y remover al personal al servicio de la institución, así como señalar sus funciones, áreas de responsabilidad y remuneración de acuerdo con el presupuesto programado;

IV. Crear las unidades técnicas y administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Procuraduría;

V. Expedir los manuales de organización y procedimientos, y dictar normas para la adecuada desconcentración territorial, administrativa y funcional de la institución;

VI. Hacer la propuesta del presupuesto de la Procuraduría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos que el Estatuto Orgánico señale; y

VIII. Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen.

Artículo 146. Al secretario general corresponderá realizar las tareas administrativas de la Procuraduría, coordinando las oficinas de la dependencia de conformidad con las instrucciones y disposiciones del procurador.

Artículo 147. A los subprocuradores corresponderá dirigir las funciones de sus respectivas áreas de responsabilidad, de conformidad con el Estatuto Orgánico de la Procuraduría, atendiendo las tareas relativas a la asistencia y defensa de los derechos e intereses de ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros, la asistencia en la regularización de la tenencia de la tierra de los mismos y la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las leyes agrarias.

Artículo 147 Bis. El cuerpo de servicios periciales se integrará por los expertos de las distintas disciplinas profesionales y técnicas que requiera la Procuraduría. Tendrán a su cargo la realización de los estudios, peritajes, consultas y dictámenes que le sean requeridos por la propia dependencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades. (http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml). Miguel Carbonell es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2 Mendieta y Núñez, Lucio. Derecho social, Porrúa, México, 1967, páginas 66, 67; citado en http://cursos.aiu.edu/Derecho%20de%20la%20 Seguridad%20Social/PDF/Tema%202.pdf

3 La primera constitución social en el mundo, teoría y proyección, páginas 20-23, Porrúa, 1971; citado en Antología de derecho agrario; http://derechoagrariomexicano.blogspot.mx/2012/06/normal-0-21-false-false-false -es-mx-x.html

4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/ D50.pdf

5 Ibídem.

6 Participación de la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en el foro Evolución y trascendencia de la justicia agraria en México, organizado por el Tribunal Superior Agrario, a través del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, el 23 de agosto de 2007, en Durango, Durango.

7 Nuestra Constitución: historia de la libertad y soberanía del pueblo mexicano, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

8 “Los derechos humanos en materia agraria”, Isaías Rivera Rodríguez. http://www.pa.gob.mx/publica/rev_23/Isa%C3%ADas%20Rivera.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre 2014.— Diputados: José Antonio León Mendívil, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Así se hará, se integrará al Diario de los Debates íntegramente su iniciativa, como usted ha solicitado, y será turnada a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

Señoras diputadas y señores diputados, esta Presidencia saluda a don Mike Spano. Él es alcalde de Yonkers, Nueva York, de Estados Unidos de América. Ha sido invitado por los señores diputados Gerardo Javier Hernández Tapia, María Fernanda Schroeder Verdugo y Javier Filiberto Guevara González. Sea usted bienvenido a este recinto parlamentario.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, señor diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente, con su venia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: El acceso tanto a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad como a la protección y los servicios de salud son derechos de todas las mexicanas y todos los mexicanos garantizados por nuestra Constitución, al menos así lo considera el artículo 1o. de la misma.

Esto ha sido resultado de un proceso histórico de la conformación del Estado mexicano y también de las reivindicaciones del pueblo, que ha orientado decisiones de carácter legislativo en ese sentido. El reconocimiento de los derechos humanos y sociales, así como de todos los instrumentos de carácter internacional en materia de derechos humanos que han sido suscritos por el Estado mexicano.

Estos derechos se vuelven obligaciones del Estado, por lo que gran parte de los esfuerzos institucionales económicos y materiales se deben volcar para cumplirlas, lo cual considera también programas y actividades en beneficio de la población que estimulen su pleno disfrute, así como velar por realizar cambios para evitar potenciales escollos a su libre acceso, incluyendo todo tipo de impuestos.

Desde esta perspectiva, es inviable cualquier impuesto al consumo de alimentos y medicinas, pues inhiben su accesibilidad y coadyuvan a su mercantilización por sobre el reconocimiento de los mismos como derechos constitucionales y derechos humanos.

Impuestos como el IVA que ya de 1983 a 1990 fue aplicado a alimentos procesados y medicinas de patente, y retirado posteriormente por su poca recaudación y su alto impacto negativo en las clases sociales menos desfavorecidas, sólo son lastres para el cumplimiento de los preceptos pro-derechos sociales.

La doctrina neoliberal tan impopular como dominante en la clase política mexicana, desde 1982 establece que a mayor cantidad de impuestos, se generan mayores posibilidades de corrupción y menores condiciones de competencia en el mercado con lo que los ciudadanos tendrían, todavía menores condiciones de consumo de mercancías con la consecuente desaceleración económica.

Por cuanto a la materia tributaria, tampoco hay gran beneficio para el erario con la aplicación del IVA, al multicitado paquete de bienes básicos, toda vez que lo que se podría obtener no es una gran cifra comparada con el Presupuesto de Egresos de la Federación, que este año, de acuerdo con el paquete económico, sería de 4.6 billones de pesos, ni con el producto interno bruto que está calculado en 16 billones de pesos.

La propia Secretaría de Hacienda reconoce la futilidad hacendaria si se aplicara dicho impuesto, la tasa general a alimentos a medicinas generaría un incremento significativo en la recaudación equivalente a menos del uno por ciento del producto interno bruto. Sin embargo, un costo particularmente elevado para los hogares de menores ingresos.

De acuerdo con la encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la población económicamente más vulnerable gasta entre el 70 y el 80 por ciento para el consumo de alimentos, y el 15 por ciento para el consumo de medicinas, por lo que sugerir un incremento del 16 por ciento de impuesto impactaría directamente en la capacidad de compra de estos bienes que son de primerísima necesidad.

Se habló mucho el año pasado de que no habría IVA en alimentos particularmente los impuestos que se agregaron en la canasta básica, impactó a más de 100 productos de la canasta o de consumo generalizado, como son los alimentos procesados.

Se dijo que solamente aumentaría la comida chatarra, los refrescos, el alimento para mascotas y sin embargo aquí ya alguna vez mencionamos que subieron el tocino, el chorizo, el jamón de pavo, el jamón de cerdo, la salchicha, los lácteos y todos... bueno, la leche y todos los lácteos, el chocolate, los alimentos procesados como el atún, la sardina, los chiles curados, en fin.

Cosas que la gente consume y que es cierto, no hubo un IVA en alimentos y medicinas, pero el golpe que se dio en el presupuesto y el paquete de impuestos del año pasado, impactó en estos productos de consumo generalizado.

Por eso estamos proponiendo que en lo que corresponde al derecho de alimentación del artículo 4o. constitucional, en el párrafo también correspondiente al derecho a la salud, se agregue una frase que señale que para fomentarlos queda prohibido cualquier gravamen en el consumo de alimentos.

En el mismo sentido, en la fracción que mencionaba dice así: Para fomentarlo queda prohibido cualquier gravamen en el consumo de medicamentos. En el artículo 27 también propongo que se haga esa modificación con la adición que acabo de mencionar; y rápidamente decir que en el artículo 73 que sea una facultad que se agregue a la fracción VII-B en la que quede prohibido que los diputados apliquen gravamen sobre el consumo de alimentos y medicinas.

Diputado, nada más quisiera concluir anunciando a la gente que nos pueda ver en el Canal del Congreso, que mañana el Movimiento Urbano Popular realizará una marcha conmemorativa de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo, a partir de las 5 de la tarde, ojalá nos puedan acompañar; de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, y es cuanto, diputado presidente. Gracias por su tolerancia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Villanueva Albarrán. Se ratifica el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, dictado el 17 de septiembre, a la iniciativa en cuestión.(*)

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS  MAYORES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el señor diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Adelante, diputado Caamal.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. La protección de los derechos de las personas adultas mayores contra cualquier tipo de discriminación es una obligación de todos.

Según la Organización Mundial de la Salud una revolución demográfica está ocurriendo en el mundo, actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de 60 años y más, esta cifra se duplicará para el año 2025 y llegará casi a 2 mil millones hacia el 2050; la mayoría de estas personas en países en vías de desarrollo.

Ahora en nuestro país tenemos más de 10 millones de adultos mayores y el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía proyecta que para el año 2050 habrá en México 40.4 millones de personas mayores, por lo cual es importante que continuemos en la lucha por erradicar todo tipo de discriminación hacia ellas mediante la creación y promoción de leyes que otorguen un trato igualitario.

Es importante recordar que en ocasiones la edad es un factor de discriminación agravada, ya que a ésta se suman factores como: hablar alguna lengua indígena, el origen étnico, las preferencias sexuales o condiciones de salud, lo que atenta contra la dignidad de las personas mayores de 60 años de edad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 2010 sobre la discriminación en México, el 28 por ciento de la población expresa haber sentido que sus derechos no han sido garantizados debido a su edad.

Asimismo la población encuestada a la pregunta si está suficientemente protegida o no al abuso de la autoridad, el 79 por ciento respondió que se siente insuficientemente protegida, lo que refleja un panorama general de lo que viven las personas adultas mayores.

Aun cuando falta mucho por hacer, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconocemos que en México se han emprendido importantes acciones en materia de protección de los derechos de este sector de nuestra población.

Cito como ejemplo que desde 2002 contamos con una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; pero hoy proponemos dar un paso más hacia adelante, por lo que ante esta soberanía el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 8o., de la citada ley.

Con ello pretendemos garantizar que los adultos mayores no sean socialmente discriminados en ningún espacio público o privado por motivo de su origen étnico, preferencia sexual, condición de salud, condición social o cualquier otra.

Además de lo anterior quiero enfatizar que esta iniciativa es una acción que reconoce y armoniza la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el contenido del artículo 1o., de nuestra Constitución, el cual establece que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o nacional, la salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y atente con el objeto de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La presente iniciativa también es una acción para armonizar la legislación con los convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Señoras y señores legisladores, para Nueva Alianza el respeto a la integridad y dignidad humana de quienes con su trabajo han sacado adelante a nuestra nación, es una obligación irrenunciable.

La construcción de una cultura de inclusión demanda del Estado mexicano emprender acciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las edades sin discriminación de ningún tipo.

Actuemos con responsabilidad por las generaciones presentes y futuras, para que podamos lograr juntos un México más incluyente y más justo. Es cuanto, diputado presidente y gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, la composición de la población mundial ha cambiado, lo que se refleja en el incremento de la esperanza de la vida de la población y con ello el aumento de población de adultos mayores en el mundo.

Se estima que en el mundo actualmente existen casi 700 millones de personas adultas mayores de 60 años y más. Así mismo se estima que para el 2050 la población de adultos mayores será de 2 000 millones de personas, lo que representará un aumento de 20 por ciento de la población mundial.

En el país, para 2010 existían 10.1 millones de adultos mayores, cifra que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía representó 9.66 por ciento del total de la población, por lo que nuestro país no es la excepción en experimentar un proceso acelerado de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población, debido a la reducción de la tasa de natalidad y de mortalidad, y al aumento de la esperanza de vida.

Aun cuando México ha tenido grandes avances en la lucha por erradicar la discriminación con la creación y promoción de leyes que nos otorguen un trato igualitario, también es cierto que los adultos mayores en ocasiones son discriminados por su edad y en ocasiones doblemente discriminados por su origen étnico, preferencia sexual o condición de salud, lo que atenta contra su dignidad humana.

De acuerdo con los resultados generales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), se obtienen resultados como los siguientes:

En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por su edad?

*La gráfica no presenta los porcentajes de no sabe y no contestó.

De ello se deriva que de la población en México, 27.9 por ciento ha sentido que la edad ha sido motivo para que no se les respeten sus derechos. La población adulta mayor ha percibido esa situación en 27.9 por ciento. Sin embargo los resultados no responden al total de esta población, que en varias ocasiones ha manifestado que la edad es parte de la discriminación actual que se da en nuestra sociedad.

Cuando se preguntó “Usted ha visto, ¿la gente está suficientemente protegida o no está suficientemente protegida contra el abuso de autoridad?”

Este resultado dejó visualizar que de las personas adultas mayores, 79 por ciento considera que la población mexicana está insuficientemente protegida contra el abuso de autoridad.

A escala nacional, la Enadis de 2010 reportó que 79 por ciento de la población cuenta con la misma percepción, por lo que es importante reconocer que las personas adultas mayores adicionalmente pueden sentirse menos protegidas contra el abuso de autoridad si tienen algún origen étnico, manifiestan alguna preferencia sexual o tienen alguna condición de salud que los convierta en personas con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, respecto a la pregunta ¿Cuál cree usted qué es el principal problema para la gente de su edad en México hoy día?

Como grupo, las personas adultas mayores señalaron las dificultades relacionadas con la cuestión laboral como uno de los principales problemas para las personas de su edad en el país. Le sigue lo relacionado con su salud y la condición de discapacidad.

La discriminación agravada o múltiple, es la suma de diversos tipos de discriminación que una persona o un grupo de la población puede sufrir en relación con su género, edad, discapacidad, condición genética, idioma, religión, preferencia sexual, situación económica u origen social. Esta característica denota la acumulación de diversos tipos de discriminación y afecta de manera más severa a ciertas personas por encima de otras (curso taller Prohibido discriminar, segunda edición 2008, Conapred).

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la cual México ha firmado y ratificado, establece la eliminación de cualquier tipo de discriminación, al tiempo que señala que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ser garantizadas por los Estados que se adhieren a la convención por lo que, en armonía con ella es importante garantizar la no discriminación de los adultos mayores por su origen étnico, preferencia sexual o condición de salud, ya que de no ser así estaríamos atentando en contra su dignidad.

En 2007, la Cepal organizó la segunda Conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento en América Latina y el Caribe. En esa coyuntura los países adoptaron la Declaración de Brasilia, que reafirma el compromiso de los Estados Miembros de “no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas de edad”, así como trabajar por la erradicación de todas las formas de discriminación.

El 22 de enero de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el sexagésimo periodo de sesiones, aprobó la resolución 68/134 sobre el seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en donde se exhorta a los Estados a evitar estereotipos o cualquier tipo de discriminación y a su vez garantice los derechos humanos de los adultos mayores, sobre todo el tema de un envejecimiento con dignidad.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que debemos consolidar un México incluyente sin ningún tipo de discriminación en el cual los derechos humanos fundamentales de los adultos mayores, reconocidos en las leyes del país, sean respetados, ya que por generaciones aunaron al crecimiento de esta país y a nuestra sociedad, por ello debe ser erradicado todo tipo de discriminación tanto en el ámbito privado como en el público.

La reforma de la Constitución Política en 2011 establece en el último párrafo del artículo primero: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación dice en el artículo 1o.:

Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Por ello consideramos de suma importancia incluir en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores la no discriminación por origen étnico, preferencia sexual, condición de salud, o cualquier otra que atente con su dignidad, en armonía con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 8. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa, origen étnico, preferencia sexual, condición de salud, condición social o cualquier otra que atente con su dignidad humana.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2014.— Diputados: José Angelino Caamal Mena, Elvia María Pérez Escalante, Dulce María Muñiz Martínez, María Elia Cabañas Aparicio, José Pilar Moreno Montoya, Angelina Carreño Mijares,  (rúbricas).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Caamal Mena. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Le pido a la secretaría que dé cuenta con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Isabel Trejo Reyes cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Isaías Cortés Berumen cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Juan Bueno Torio cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Adriana González Carrillo cause baja como integrante Parlamentarios por las Américas.

• Que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña cause alta como integrante de Parlamentarios por las Américas.

• Que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández cause baja como integrante de la Unión Interparlamentaria.

• Que la diputada Adriana González Carrillo cause alta como integrante de la Unión Interparlamentaria.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández cause alta como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de septiembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan y se publicarán los turnos relativos en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado(a las 15:06): Se levanta la sesión y se cita para que tendrá lugar el martes 23 de septiembre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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