Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 11:22 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 5 de febrero de 2015

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación con cambio de comisiones ordinarias, especiales y grupo de amistad.

De los diputados David Pérez Tejada Padilla, Trinidad Morales Vargas, José Luis Muñoz Soria y Elena Tapia Fonllem

En relación con retiro de iniciativas.

Del Instituto Nacional de las Mujeres

Con el que remite el informe de resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al cuarto trimestre de 2014.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite el informe anual de resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2014.

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con el que remite el cuarto informe trimestral de actividades 2014.

Con el que remite el programa anual de trabajo 2015.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite alcance de la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, proporcionada al cuarto trimestre del ejercicio 2014, de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.

Con el que remite alcance de la información correspondiente a los Organismos descentralizados (Colegios de Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos e Institutos de Capacitación para el Trabajo) para el cuarto trimestre del ejercicio 2014.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el listado de cuestionamientos elaborado por el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, de los cuales algunos se han identificado dentro de la competencia del Poder Legislativo.

Con los que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Con el que comunica la integración de la Mesa Directiva, que conducirá los trabajos del Canal del Congreso a partir del 21 de enero de 2015.

Reincorporación

Del diputado Manuel Añorve Baños.

Solicitudes de licencia

De los diputados José Enrique Reina Lizárraga, Miguel Ángel Aguayo López, Cuauhtémoc Galindo Delgado, Máximo Othón Zayas y Damián Zepeda Vidales.

Protesta de ciudadanos diputados

Celestino Manuel Alonso Álvarez, Gloria María del Carmen Valencia González, Alberto Leónides Escamilla Cerón, Jorge Luis Contreras Rojas y Jorge Alfredo Pérez Covarrubias.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 9o. y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VI denominado “Del Procedimiento al Resultado Vinculante de la Consulta Popular” y un artículo 234 Bis al Título Sexto del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 185 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativas con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, en Materia de Enfermedades Bucodentales.

De la Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 61 y una fracción III Bis al artículo 64 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.

Posicionamiento relativo al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, a cargo de los grupos parlamentarios

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de la Bolsa Agropecuaria Mexicana, suscrita por los diputados José Ángel González Serna y Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 380 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3°, 4° y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Atención, Desarrollo Integral e Inclusión de las Juventudes, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 1° de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 20 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que considere la inclusión de todo el territorio del estado de Baja California en la política de precios homologados y escalonados de las gasolinas para la zona fronteriza norte, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de una mesa de trabajo integrada por legisladores, autoridades de la SHCP, de la SE y del Banco de México, a fin de hacer del conocimiento público, la evolución del precio de la mezcla mexicana del petróleo, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que a través del Renapo y en coordinación con las 32 entidades federativas, lleve a cabo las medidas necesarias a fin de disminuir los índices de personas sin acta de nacimiento, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres Poderes de la Unión, organismos constitucionales autónomos y otras entidades de gobierno, a fin de realizar ajustes al gasto corriente, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados, a emprender las medidas legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación en materia de no discriminación, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de acciones a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en el estado de Tabasco a raíz de las diversas violaciones y ataques sexuales que se han registrado, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEP, implemente las acciones necesarias a fin de impulsar el cumplimiento de la meta 4.1 trazada en la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a sus equivalentes en las entidades federativas y en el Distrito Federal, para que incorporen el estudio del genocidio, los crímenes de odio y lesa humanidad, en los planes y programas de estudio, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que en coordinación con los Gobiernos Estatales, realicen una estricta verificación a todas las empresas transportistas de gas LP, tanto a sus instalaciones, parque vehicular y capacitación de su personal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz, a la PGJ del Estado y a la Subsecretaría de Gobernación, tomen las medidas necesarias para brindar protección a Verónica Huerta Aburto y Patricia Morales, periodistas amenazadas en la entidad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Puebla y a la CNDH, para que investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos de activistas y alcaldes auxiliares de la entidad, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para que difunda la información precisa y detallada de las personas fallecidas y heridas en los sucesos del Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Contraloría del estado de Puebla, a investigar el presunto conflicto de interés entre el Gobierno de dicho Estado y los grupos empresariales Hank e Higa, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SCT, de la SFP y a la comisionada presidenta del IFAI, a fin de transparentar el proceso de pago de reembolso por la cancelación del proyecto del (TAV) México – Querétaro, al consorcio encabezado por China Railway Construction Corp., a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al ecocidio que se causa en el río Tonto, afluente del río Papaloapan, en los límites de los estados de Oaxaca y Veracruz, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría de igual manera consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del acta, considerando que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

¿Con qué objeto, señora diputada?

La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): Quisiera hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Después del acta. Por favor, continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes tres de febrero de dos mil quince, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y un diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del martes tres de enero de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Puestos todos de pie, el Presidente hace la siguiente declaratoria:

“La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo sesenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy, tres de febrero del año dos mil quince, declara formalmente iniciado el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura”. La Mesa Directiva participará por escrito que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Por la que comunica que durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio, se recibieron solicitudes de ciudadanos diputados para retirar iniciativas y proposiciones de los diputados:

—Iniciativas con proyecto de decreto:

– Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el nueve de octubre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

– Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de Defensoría Pública, presentada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, sea retirada de las Comisiones de Justicia y de Derechos de la Niñez.

– Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforma la fracción sexta del artículo octavo, y se adiciona una Sección Cuarta del Título Primero, del Capítulo Tercero, denominada “Impedimentos, Incompatibles y Responsabilidades Parlamentarias de las Diputadas y Diputados”, conteniendo los artículos octavo Bis uno al octavo Bis ocho del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

– Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman los artículos sesenta y dos, sesenta y ocho, setenta y ocho, ochenta y uno, ochenta y cinco, ciento dos, y ciento setenta y cinco, y se adicionan los artículos segundo, tercero, sesenta y nueve, setenta y cuatro, ochenta y nueve, y noventa y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

– Martha Gutiérrez Manrique, del Partido Revolucionario Institucional, por el que reforma el artículo cuatrocientos veintiuno Bis y adiciona un artículo trescientos doce Bis a la Ley General de Salud, presentada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Salud.

– Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano, por el que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Social.

– Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley Federal de Defensoría Pública, presentada el quince de diciembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Justicia.

– Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman los artículos tercero, cuarto, y doscientos nueve de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada el quince de diciembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

– Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Protección Civil, presentada el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, sea retirada de las Comisiones de Gobernación y de Protección Civil.

– Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman los artículos ochenta y nueve, ciento quince, y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el siete de octubre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales.

– Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, presentada el treinta de septiembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

– José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria, presentada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Reforma Agraria.

– Nelly del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudadano, por el que se reforman los artículos catorce, y setenta y cuatro de la Ley General de Educación, presentada el once de noviembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

– Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación, presentada el quince de diciembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

– Martha Lucía Mícher Camarena y Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Partido de la Revolución Democrática, y de Nueva Alianza, respectivamente, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el trece de agosto de dos mil catorce, sea retirada de las Comisiones de Salud, y de Igualdad de Género.

—Proposición con punto de acuerdo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar sus Códigos Penales en materia de abandono de niñas y niños y de la pérdida de la patria potestad, anteponiendo el interés superior de la infancia, presentada el dos de diciembre de dos mil catorce, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

• Por la que comunica que se recibieron diez dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo atendidas, así como en sentido negativo, de las Comisiones de:

– Atención a Grupos Vulnerables, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para que sea expedido y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

– Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se tienen por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos relacionadas con el proceso de examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince.

• Salud:

– Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar políticas que permitan asegurar la posibilidad y accesibilidad de medicamentos esenciales para el alivio del’ dolor y dificultad respiratoria en pacientes terminales de cáncer.

– Por el que se exhorta a los titulares y los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar programas de modernización y especialización, así como proporcionar abasto de medicamento, equipamiento, insumos médicos y laboratorio de análisis clínico en unidades de medicina familiar (clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social) de Baja California.

– Por el que se exhorta al titular de Secretaría de Salud, para que difunda las causas del subejercicio que presentó en dos mil trece el “Programa Prevención Contra la Obesidad”.

– Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se revise y modifique el criterio de acreditación de calidad en los establecimientos de atención médica de la República Mexicana.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, a garantizar el derecho a la protección de la salud del ciudadano Darío Carrasco Santiago.

– Por el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo relativas a las medidas y acciones para prevenir la enfermedad del ébola, en México

– Transportes, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública y a la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a fin de transparentar el proceso de licitación para el proyecto (tren de alta velocidad México-Querétaro) y se difundan cada una de las etapas, los aspectos económicos y técnicos del mismo.

De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, y de la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro, y de la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de Recursos Federales que se Destinen a se Hayan Destinados a la Línea doce del Metro, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. De enterado, comuníquense.

c) De la Comisión Permanente:

• Por las que comunica que se concedieron licencias a las siguientes diputadas y diputados:

– Luis Armando Córdova Díaz, Salvador Arellano Guzmán, Maria del Rocio Corona Nakamura, Jorge Mendoza Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Sergio Armando Chávez Dávalos, Marco Antonio Barba Mariscal, Maricela Velázquez Sánchez, Marco Alonso Vela Reyes, Jorge Terán Juárez, Óscar Bautista Villegas, María Rebeca Terán Guevara, José Everardo Nava Gómez, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Benito Caballero Garza, Manuel Añorve Baños, Adriana Hernández Íñiguez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y Paulina Alejandra del Moral Vela, del Partido Revolucionario Institucional.

– Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Consuelo Argüelles Loya, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Xavier Azuara Zúñiga, Felipe de Jesús Almaguer Torres, y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional.

Llámense a los suplentes.

• Por la que comunica la reincorporación de los siguientes diputados a sus actividades legislativas:

– Jorge Mendoza Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, y Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.

– Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional.

De enterado, comuníquese.

• Por la que informa que se dio cuenta con el oficio del licenciado Gustavo Madero Muñoz, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el cual comunica la designación del diputado Ricardo Anaya Cortés como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. De enterado, comuníquese.

• Con la que remite informes de diversas dependencias y contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio. Se remite a las Comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite la información de las Unidades Responsables, correspondientes al Destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, al cuarto trimestre del ejercicio dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite el Informe Anual dos mil catorce que contiene el listado e información de las concesiones emitidas por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

f) De la Comisión Federal de Competencia Económica con las que remite:

• El Cuarto Informe Trimestral dos mil catorce de resultados alcanzados y acciones desarrolladas. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• El Programa Anual de Trabajo dos mil quince. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores:

• Por la que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción décima segunda al artículo ciento setenta y nueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De enterado, se da por concluido su proceso legislativo.

• Con la que devuelve el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma el numeral tres del artículo doscientos dieciocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

h) Con las que los siguientes diputados solicitan licencia:

• Enrique Alejandro Flores Flores, del Partido Acción Nacional,

• Francisco Alberto Zepeda González, del Partido Revolucionario Institucional,

En votación económica se aprueban Comuníquense.

Desde su curul realiza comentarios el diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre diversos temas legislativos. El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, hace moción de orden. El Presidente hace aclaraciones.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman los artículos cincuenta y cinco bis y sesenta bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Por el que se adiciona una fracción décima bis al artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que se reforma el último párrafo del artículo ciento setenta y seis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna  a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo setenta y seis y se adiciona un artículo setenta y seis bis de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Que reforma el numeral primero, del artículo ciento cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Que reforma el inciso c) del numeral dos, del artículo ochenta y cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Por el que se declara el veintiuno de diciembre de cada año “Día Nacional de la Cultura Maya”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Por el que se reforma el inciso A) de la fracción sexta del artículo séptimo de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos noveno numeral uno, diez, y ciento veintiséis y deroga el artículo ciento veinticinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Que reforma el artículo veintidós del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Que adiciona la fecha veinte de julio “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en mil novecientos veintitrés”, al inciso b) del artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo once de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Por el que se reforma la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

j) De la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la Línea doce del Metro, con la que remite su Informe. De enterado.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre el trámite dado al informe de la Comisión Especial para dar seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o hayan Destinado a la Línea Doce del Metro, el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en cuatro ocasiones. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con acuerdos:

• De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba, comuníquese.

• De la Junta de Coordinación Política, por el que se reconoce la agrupación de diputadas y diputados federales afiliados al Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional (morena) para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se concede el uso de la palabra para hablar en pro a los diputados: Ricardo Mejía Berdeja,

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Ricardo Monreal Ávila, y Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba, comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón las ciudadanas y el ciudadano Martha Guadalupe Villarreal Rangel, Heidy Guadalupe Estrada Martínez, Simón Lomelí Cervantes, María Lucrecia Arzola Godínez, Rocío Baca Bonifaz y María de Lourdes Medina Valdés, diputados federales electos en el primer, segundo y octavo distritos electorales de los estados de Baja California Sur y de Nuevo León; y de la primera, segunda, cuarta circunscripciones plurinominales, respectivamente. El Presidente designa una comisión que los acompaña a su ingreso al salón, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma los artículos veintiséis y veintisiete de la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Ossiel Omar Niaves López. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Regeneración Nacional; Mario Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación nominal por doscientos sesenta y dos votos a favor; ciento veinticuatro en contra, y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos veintiséis y veintisiete de la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con comunicación de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario Institucional, por la que informa su separación definitiva del cargo de Secretaria de la Mesa Directiva que ha desempeñado desde el primero de septiembre de dos mil catorce, para los efectos del artículo diecinueve, numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado.

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la elección de una Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba el Acuerdo, en consecuencia la Presidencia declara vacante la Secretaría de la Mesa Directiva correspondiente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En votación nominal se nombra a la diputada Francisca Elena Corrales Corrales como Secretaria de la Mesa Directiva, a partir del tres de febrero de dos mil quince y hasta la conclusión del Tercer Año de Ejercicio de la presente Legislatura, por trecientos cuarenta votos a favor; uno en contra, y trece abstenciones. Comuníquese.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Acto seguido la diputada Francisca Elena Corrales Corrales ocupa su lugar y rinde protesta como Secretaria de la Mesa Directiva.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Salud. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; Josefina Salinas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional; y Mónica Clara Molina, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal, por unanimidad de trescientos noventa y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Salud. Se devuelve a la Cámara de Senadores para efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos constitucional.

En el capítulo de Agenda Política realizan comentarios relativos al informe que presenta la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea doce del Metro.

Desde su curul realiza comentarios en relación al tema el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para dar cuenta del Informe al diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, Presidente de la Comisión Especial.

Desde su curul realiza comentarios en relación al tema el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Para referirse al tema se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional; Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto Carlos Reyes Gámez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

y Martha Gutiérrez Manrique, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Desde su curul realiza comentarios en relación al tema el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Raudel López López, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo séptimo de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Trinidad Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Raudel López López, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento setenta y nueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos séptimo, y sesenta y tres de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo once de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que reforma el artículo tercero de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el artículo tercero de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos noventa y cinco, y cien del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y cinco, y noventa y siete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las autoridades federales y del Distrito Federal, a fin de garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares de la explosión registrada el veintinueve de enero de dos mil quince, en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa de Morelos, en el Distrito Federal, y se determine el grado de responsabilidad de la empresa Gas Express Nieto. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de tomar las medidas necesarias para detener el avance del virus de Chikungunya y dar el tratamiento necesario a los enfermos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, relativo al rescate de las obras murales y demás elementos que se encuentran en el inmueble que alberga la escuela primaria doctor Belisario Domínguez, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que promueva, implemente y supervise distintas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice modificaciones al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en materia de ordenamiento ecológico. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de conceder indulto al joven José Abraham Pérez Rodríguez. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de promover la creación de comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, a fin de vigilar y sancionar a los servidores públicos federales que adquieran bienes inmuebles generando presuntos conflictos de interés. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Alliet Mariana Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria, a fin de ampliar los plazos para la declaración de impuestos de los pequeños contribuyentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de investigar la detención con uso de fuerza excesiva en contra de estudiantes normalistas del estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de San Luis Potosí, a revisar la situación de las y los jornaleros de la entidad, con la finalidad de garantizar sus derechos humanos laborales. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves cinco de enero de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con ocho minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo:   Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, secretaria. Diputada Sonia Rincón Chanona, ¿Con qué objeto?

La diputada Sonia Rincón Chanona(desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero referirme a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en la ciudad de Oaxaca, en un enfrentamiento de maestros, en la cual agreden a los maestros de la 59, que siempre han estado trabajando en sus aulas.

A nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza condenamos cualquier manifestación de violencia, ya que no existe justificación alguna para agredir a las personas por su manera de pensar o de actuar.

Exigimos a las autoridades correspondientes, locales y federales, actuar con estricto apego a derecho para impedir que siga prevaleciendo este clima de caos y violencia en ese estado de la república.

Y rechazamos, señor presidente, de manera categórica, que quienes exigen el respeto a sus derechos y libertades políticas incidan en los hechos el derecho a la educación de millones de niñas y niños y adolescentes que a la menor justificación los dejan sin clases, o pretenden coartar con agresiones directas la libertad de las y los oaxaqueños a la libre asociación política y sindical. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por hechas las manifestaciones, ciudadana diputada, y en antecedentes del Diario de los Debates.

La diputada Josefina Salinas Pérez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Josefina Salinas. Sonido en la curul de la diputada Salinas, por favor.

La diputada Josefina Salinas Pérez (desde la curul): Sí, muchas gracias. Señor presidente, mi intervención va en el sentido para solicitar su amabilidad y de la asamblea, para que obsequiemos un minuto de silencio en memoria de la enfermera Mónica Orta Ramírez y los demás que lamentablemente fallecieron en el accidente del 29 de enero, del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

El pasado martes 3 de febrero, como resultado de las lesiones que sufrió durante este lamentable accidente, Mónica, una enfermera honorable, que vivía en el municipio de Tlalnepantla, estado de México, y de quien es obligado mencionar que además de excelente profesionista era una amorosa madre a quien le sobreviven tres hijos. Jael Mendoza Orta de 8 años, Alexis Mendoza Orta de 7 años, Iker Mendoza Orta de 1 año y seis meses de edad, a quien cabe mencionar, esperamos que se garanticen cuando menos los medios necesarios para que tengan un futuro lo más apegado a lo que ella hubiese deseado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Salinas. Honorable asamblea, esta Presidencia en funciones obsequiará la petición de la diputada Salinas, en términos de decretar un minuto de silencio en mérito de las personas que usted nos ha señalado en los hechos lamentables ocurridos en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Distrito Federal.

Sin embargo, le ruego su comprensión solamente para escuchar al diputado Eloy Martínez y a don Fernando Belaunzarán e inmediatamente procedemos al minuto de silencio. Gracias. Diputado Eloy Martínez.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas(desde la curul): Gracias, presidente. Pues lamentablemente también, creo que se tendría que guardar un minuto de silencio para el compañero Alejandro Gustavo Salgado, era dirigente del Frente Popular Revolucionario en el estado de Morales y cuyo cuerpo fue encontrado el día de ayer, decapitado allá en Morelos. Lo cual nos resulta a nosotros bastante preocupante, porque el compañero, un joven además de 32 años que se había distinguido en la lucha, en la organización, en la defensa de otra masacre terrible de Ayotzinapa. No es posible que en este país sigan ocurriendo estas muertes en medio de otra tragedia.

Por eso hacemos un llamado al gobernador del estado de Morelos, a Graco Ramírez Garrido Abreu, para que garantice la seguridad de todos aquellos que están inconformes con las investigaciones en el tema de Ayotzinapa. El compañero Alejandro Gustavo también defendía algunos asuntos en Guerrero, de campesinos.

El llamado también lo extendemos al Presidente Enrique Peña Nieto, para que cesen el hostigamiento, que no haya una muerte más relacionada con el tema de Ayotzinapa, que de por sí es un capítulo bastante doloroso para este país. Una cicatriz que con estos hechos lamentables, con la muerte de Alejandro Gustavo Salgado, no vemos cómo vaya a cerrar. Si queremos que este país de verdad salga delante de este tema, pues se tiene que aclarar muy bien el asunto de Ayotzinapa y respetar las posiciones de inconformidad, como lo fue la de Alejandro Gustavo Salgado, para la cual también creo que sería este minuto de silencio del Frente Popular Revolucionario. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por hechas sus manifestaciones, señor diputado, también se incorporan al Diario de los Debates y se hace extensivo el minuto de duelo.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, presidente. Hace un par de días el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo importantes anuncios sobre el combate a la corrupción. Hay una parte polémica, por supuesto lo seguimos en los medios, de quién va a investigar, eso es polémico. Hay quienes pensamos que debiera ser una investigación independiente. Hay otros que piensan que es correcto que lo haga el nuevo titular de la Función Pública.

Pero al margen de eso, que es una polémica que ya en su momento daremos porque por supuesto que nos atañe también como Poder Legislativo, me parece que hay un punto de consenso. El presidente llama a funcionarios de su gobierno a presentar una declaración que él le llama conflicto de intereses. Por supuesto creo que es un llamado que apoyamos y que vemos con buenos ojos, pero me parece que debiéramos avanzar en esta Cámara en legislar en la materia.

Hay una iniciativa ya en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que presentó un servidor precisamente para hacer obligatoria de la declaración de intereses, al igual que la declaración patrimonial. Simplemente exhortar a todos mis compañeros y por supuesto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la que yo formo parte para que podamos dictaminar y que no sea un asunto de voluntad, sino que sea legalmente una obligación presentar esta declaración de intereses. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Queda en antecedentes su exhortativa, su dicho. Cerramos este apartado con el uso de la palabra del diputado Nájera Medina.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina(desde la curul): Gracias, presidente. Igualmente para sumarme a la indignación ocurrida en mi distrito electoral con el asesinato, con la ejecución del compañero Alejandro Gustavo Delgado Salgado, joven activista, defensor de los derechos humanos en esta región del estado de Morelos, que seguramente por la incomodidad que representaba para el gobierno municipal, para el gobierno local y el gobierno federal, recurrieron una vez más al sello que caracteriza a este gobierno represor: la ejecución y el asesinato.

Por lo que pido se esclarezcan las causas y se señalen con precisión los culpables involucrados en este asesinato. Gracias –presidente– por darme la oportunidad.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Nájera Medina, quedan también en antecedentes sus manifestaciones.

Esta Mesa Directiva hace suya la petición –y la obsequia– de la diputada Josefina Salinas, a fin de declarar un minuto de silencio en mérito –y además con nuestra solidaridad– al actuar heroico de la enfermera Mónica Horta Ramírez, en los hechos acaecidos el día 29 de enero retro-próximo en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, y los decesos derivados de los propios hechos.

Con nuestra solidaridad a todos los dolientes. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Alejandro Moreno Cárdenas cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Celestino Manuel Alonso Álvarez cause alta como integrante en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Celestino Manuel Alonso Álvarez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Celestino Manuel Alonso Álvarez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Gloria María del Carmen Valencia González cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Gloria María del Carmen Valencia González cause alta como integrante en la Comisión del Distrito Federal.

• Que la diputada Gloria María del Carmen Valencia González cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Marco Alonso Vela Reyes cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

• Que el diputado Alberto Leónides Escamilla Cerón cause alta como integrante en la Comisión de Juventud.

• Que el diputado Francisco Zepeda González cause baja como secretario de la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Javier Filiberto Guevara cause alta como secretario en la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Javier Filiberto Guevara cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Marco Antonio Alonso Vela Reyes cause baja como secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Patricia Retamoza Vega cause alta como secretaria en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Patricia Retamoza Vega cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de febrero de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Consuelo Argüelles Loya cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Rocío Baca Bonifaz cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Consuelo Argüelles Loya cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Rocío Baca Bonifaz cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Consuelo Argüelles Loya cause baja como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada Rocío Baca Bonifaz cause alta como secretaria en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Arturo de la Rosa Escalante cause baja como secretario de la Comisión de Pesca.

• Que la diputada Heidy Guadalupe Estrada Martínez cause alta como secretaria en la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Arturo de la Rosa Escalante cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Heidy Guadalupe Estrada Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Heidy Guadalupe Estrada Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Alfredo Botello Montes cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Ernesto Alfredo Robledo Leal cause baja como secretario de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Alfredo Botello Montes cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Arturo de la Rosa Escalante cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que la diputada María de Lourdes Medina Valdés cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Enrique Alejandro Flores Flores cause baja como secretario de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada María de Lourdes Medina Valdés cause alta como secretaria en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

• Que la diputada María Lucrecia Arzola Godínez cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.

• Que la diputada María Lucrecia Arzola Godínez cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que el diputado Alfredo Zamora García Flores cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada María Lucrecia Arzola Godínez cause alta como secretaria en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres cause baja como presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país.

• Que la diputada María Celia Urciel Castañeda cause alta como presidenta en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Francisco Pelayo Covarrubias cause baja como integrante de la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Martha Guadalupe Villarreal Rangel cause alta como integrante en la Comisión de Protección Civil.

• Que la diputada Martha Guadalupe Villarreal Rangel cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Que el diputado Enrique Alejandro Flores Flores cause baja como secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Simón Lomelí Cervantes cause alta como secretario en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Enrique Alfonso Robledo Leal cause baja como integrante de la Comisión de Salud.

• Que el diputado Simón Lomelí Cervantes cause alta como integrante en la Comisión de Salud.

• Que el diputado Francisco Pelayo Covarrubias cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Simón Lomelí Cervantes cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete cause baja como integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Ernesto Alfredo Robledo Leal cause baja como secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Raúl Gómez Ramírez cause baja como secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Yatziri Mendoza Jiménez cause alta como secretaria en la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Raúl Gómez Ramírez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que la diputada Yatziri Mendoza Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Raúl Gómez Ramírez cause baja como integrante de la Comisión de Población.

• Que la diputada Yatziri Mendoza Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Población.

• Que el diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias cause alta como integrante en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que la diputada Ana Paola López Birláin cause baja como secretaria de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de febrero de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Comisión de Pesca

Alta: Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (como secretaria)

Comisión de Infraestructura

Alta: Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (como integrante)

Comisión de Recursos Hidráulicos

Alta: Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (como integrante)

Comisión Especial del Café

Alta:Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (como secretaria)

Grupo de Amistad México-Noruega

Alta: Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (como vicepresidenta)

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de enero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Rubén Acosta Montoya cause baja como integrante de la Comisión de Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del tren México-Querétaro.

• Que el diputado Antonio Cuéllar Steffan cause alta como integrante de la Comisión de Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación, para la construcción del tren México-Querétaro.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 4 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Baja: Diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal (como integrante)

Comisión de Protección Civil

Baja: Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (como presidente)

Alta: Diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal (como presidenta)

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 5 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobadas, comuníquense.Continúe.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno que sea retirada la siguiente iniciativa presentada ante el pleno el pasado día 27 de enero de 2015.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud, a efecto de que se realicen las acciones conducentes.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de enero de 2015.— Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).»

«Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito que la iniciativa que expide una nueva Ley Minera y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se retire definitivamente y sea devuelto el expediente respectivo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 30 de enero de 2014.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Le saludo cordialmente, y con fundamento en el artículo 77 párrafo segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente, que por su conducto se realice el trámite legislativo que corresponda, a efecto de retirar la siguiente iniciativa presentada por un servidor:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona la fracción V al artículo 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Lo anterior, en virtud que se realizarán modificaciones a dicha iniciativa.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2015.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente que sea retirada la siguiente iniciativa:

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada al pleno el 2 de octubre de 2014 y turnada a las Comisiones Unidas de Educación pública y Servicios Educativos, y de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2014.— Diputada Elena Tapia Fonllem (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Instituto Nacional de las Mujeres.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y en cumplimiento de los artículos 1 y 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, me permito hacerle llegar, en versión impresa y electrónica, el informe de resultados correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2014 del Instituto Nacional de las Mujeres, así como en electrónico los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al cuarto trimestre de 2014.(1)

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2015.— Licenciada Marcela Eternod Arámburu (rúbrica), secretaria ejecutiva.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Secretaría de Salud.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero al diverso CNPSS-235-20145, de fecha 29 de enero del 2015, suscrito por el doctor Gabriel J. O’Shea Cuevas, comisionado nacional de Protección Social en Salud, mediante el cual presenta el informe anual de resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2014.

Al respecto, y por instrucciones de la doctor Mercedes Juan López, secretaria de Salud, y en cumplimiento al artículo 77 Bis 31 de la Ley General de Salud, así como al artículo 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, remito de forma impresa y electrónica, para su amable consideración, dicho informe, el cual incluye lo referente a la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal.

He de agradecer su valiosa intervención, a fin de remitir un ejemplar a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviar le un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de enero de 2015.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

En cumplimiento al artículo 77 Bis 31 y Bis 18, de la Ley General de Salud, y el diverso 140, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, me permito remitir a usted en impreso y medio magnético, el informe anual de resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2014, el cual incluye el Informe sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal(2), a efecto que por su conducto sea entregado en tiempo y forma al honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, Distrito Federal, a 29 de enero de 2015.— Doctor Gabriel J. O’Shea Cuevas (rúbrica), comisionado nacional de Protección Social en Salud.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Salud y a la Comisión Especial de Programas Sociales, para su conocimiento. Continúe, ciudadana secretaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito entregarle el cuarto informe trimestral de actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, correspondiente a 2014(3), el cual fue aprobado por el pleno en sesión del pasado 28 de enero.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2015.— Gabriel O. Contreras Saldívar (rúbrica), Comisionado Presidente.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento. Adelante.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo ordenado en la fracción VIII del párrafo vigésimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito entregar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el programa anual de trabajo 2015 del Instituto Federal de Telecomunicaciones(4), el cual fue aprobado por el pleno en sesión del pasado 28 de enero.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 30 de enero de 2015.— Gabriel O. Contreras Saldívar (rúbrica), Comisionado Presidente.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento. Adelante.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En alcance al oficio DGPyRF.-10.2/1038 y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior incluyendo subsidios estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoria Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuentas sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento; así como 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se remite en disco compacto e impresión la información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, proporcionada de la (Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar), al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014 recibido mediante oficio número DGECyTM/DG/053 del 29 de enero del presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de enero de 2015.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Rodolfo Demetrio Alor Muñoz, Director General de Presupuesto y Recursos Financieros.— Presente.

Anexo al presente, me permio enviar a usted, los formatos que dan cumplimiento al artículo 43, fracciones I, II, III y V conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercido Fiscal de 2014, PEF, del período octubre-diciembre debidamente requisitados, correspondientes a esta unidad administrativa.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo afectuoso.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2015.— Ingeniero Ramón Zamanillo Pérez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En alcance del oficio número DGPyRF.- 10.2/ 1039, recibido el 28 de enero del presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 43 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización y rendición de cuentas de la federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de ellos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento; así como 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se remite en disco compacto e impresa información correspondiente a los organismos descentralizados (Colegio de Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos e Institutos de Capacitación para el Trabajo) para el cuarto trimestre de 2014 recibida mediante el oficio número 0106 el 28 de enero del presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de enero de 2015.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general de Presupuesto y Recursos Financieros.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio No. DEP0086/15 signado por Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de sus anexos, mediante los cuales envía la lista de cuestionamientos elaborada por el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, de los cuales algunos se han identificado dentro de la competencia del Poder Legislativo.

Lo anterior, a efecto de que si esa soberanía lo estima procedente, se sirvan proporcionar los elementos que estimen oportunos a las preguntas de su competencia, no omito señalar que el Estado mexicano deberá dar respuesta antes del 15 de marzo de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Por este conducto, me permito comunicar que México sustentará su cuarto y quinto Informe consolidado sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en una fecha a considerar entre el 18 de mayo al 5 de junio del año en curso en Ginebra, Suiza. Se anexa ficha informativa.

Al respecto, me permito acompañar una lista de cuestionamientos elaborada por el comité, algunas de las cuales se han identificado que recaen en la competencia del Poder Legislativo, en particular las preguntas 1, 5 y 16 de la primera parte, el inciso a) de la segunda parte y la 12 de la tercera parte. Cabe señalar que el Estado mexicano deberá dar respuesta antes del 15 de marzo de 2015.

En ese sentido, y en acato de las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, mucho se agradecerá, de no mediar inconveniente para ello, ser el conducto para hacer llegar dicha lista a los órganos de gobierno de las Cámaras que conforman el honorable Congreso de la Unión, con el propósito de que se proporcionen los elementos que se estimen oportunos a las preguntas de su competencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2015.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general.»

«Sustentación del cuarto y quinto Informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño

Tarjeta informativa

• La sustentación tendrá lugar en fecha por definir en el marco del 690 periodo de sesiones del Comité sobre los Derechos del Niño (18 de mayo al 5 de junio de 2015), en la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.

• Recientemente, el comité adoptó la lista de cuestiones previa a la sustentación, de la cual el Estado mexicano deberá dar respuesta antes del 15 de marzo de 2015.

• La elaboración del documento de respuesta a dicha lista, deberá contar con la participación de las dependencias responsables de los temas que en ella se abordan.

• La lista de cuestiones incluye 33 preguntas, divididas en tres partes, en las que el comité solicita información sobre la situación actual de nuestro país en diversos temas que atañen a la niñez; actualizaciones sobre el informe presentado en julio de 2012; e información estadística en la materia (de 2011 a 2014). Los temas de principal interés para el comité son:

- Violencia en general y derivada del crimen organizado (asesinatos y desapariciones)

- Acceso a la salud, incluyendo procedimientos de aborto seguros

- Discapacidad

- Migración

- Trabajo infantil

- Justicia juvenil

• La Secretaría de Relaciones Exteriores ha realizado una identificación preliminar de las instituciones que tendrían competencia para dar respuesta a cada pregunta, la cual será puesta a su consideración para afinar dichas competencias. Hasta el momento, se ha identificado la participación de: DIF Nacional; Segob; Ssa; SEP; Sedesol; STPS; SRE; PGR; INM; Cdi; Inmujeres; Conapred; Conadis; y los Poderes Legislativo y Judicial. Del mismo modo, se considera conveniente contemplar la participación de autoridades locales, lo que podría hacerse a través de la Conago.

• A reserva de los comentarios de las instituciones participantes, la DGDH propone trabajar bajo el siguiente calendario tentativo:

Lista de cuestiones relativa a los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México

Se pide al Estado parte que presente por escrito información adicional y actualizada, de ser posible antes del 15 de marzo de 2015 (10.700 palabras como máximo).

En el diálogo con el Estado parte, el comité puede abordar todos los aspectos de los derechos del niño contemplados en la Convención.

Parte I

En esta sección, se pide al Estado parte que presente sus respuestas a las siguientes preguntas.

I. A la luz del proyecto de ley de reforma de la legislación en materia de infancia, sírvanse proporcionar información sobre cómo se plantea implementar el Sistema Nacional de Protección Integral, así como la participación en el mismo de la sociedad civil y de los niños, niñas y adolescentes.

(Favor de describir brevemente el si existe algún avance en la elaboración del Reglamento de la ley que pueda ser compartido con el comité y que dé luces sobre la implementación del sistema.)

2. Sírvanse indicar si existe una evaluación del Programa de Acción 2002-2010 “Un México apropiado para la infancia y la adolescencia” y cuál ha sido el resultado. Sírvanse asimismo informar sobre qué medidas se plantean tomar para diseñar una política integral de alcance nacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, acompañada de una estrategia y de un presupuesto adecuados.

3. Sírvanse informar sobre las medidas tomadas para combatir la discriminación persistente contra las niñas, los estereotipos de género y las actitudes patriarcales que impiden la plena realización de los derechos de las niñas y las adolescentes. Sírvanse en particular indicar aquellas iniciativas adoptadas para promover la igualdad entre niños y niñas en escuelas y centros de cuidado alternativo así como en el ámbito familiar.

4. Sírvanse proporcionar información desglosada sobre el número de niños, niñas y adolescentes, y de madres y padres asesinados o desaparecidos en los últimos tres años, especificando los casos ocurridos en el marco de la violencia criminal organizada, así como sobre el número de enjuiciamientos de presuntos culpables y compensaciones otorgadas a las víctimas.

5. Sírvanse indicar las medidas que se han tomado para poner fin a la impunidad que rige en materia de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, inclusive cuando los presuntos responsables son personas eclesiásticas o religiosas. Sírvanse desarrollar la información proporcionada sobre las medidas tomadas para prevenir y monitorear los casos de tortura y tratos degradantes contra niños, niñas y adolescentes. Sírvanse igualmente informar sobre las medidas tomadas para prohibir explícitamente el castigo corporal en todos los ámbitos y en todos los estados. Sírvanse por último explicar cuáles son los mecanismos de denuncia disponibles para que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia puedan presentar denuncias a las autoridades de manera directa y confidencial.

(Favor de mencionar su la legislación vigente prohíbe el castigo corporal de manera explícita.)

6. A la luz del párrafo 123 del informe del Estado parte, sírvanse proporcionar información adicional sobre las medidas concretas que se han adoptado para prevenir la separación de niños, niñas y adolescentes de sus padres a causa de la pobreza. Sírvanse también proporcionar información sobre la regulación y coordinación de los organismos públicos y privados responsables del cuidado alternativo en todo el territorio así como sobre la supervisión de los centros de cuidado. Sírvanse informar también sobre las acciones tomadas para responder a los casos de abusos contra niños, niñas y adolescentes, incluidas desapariciones y tratos inhumanos que han ocurrido en centros como “Casitas del Sur” en México DF, “Mama Rosa” en Michoacán y “La Gran Familia” en Zamora. Sírvanse por último proporcionar datos sobre la prevalencia de adopciones privadas en la mayoría de estados y las medidas que se plantean para prohibirlas.

7. A la luz de los párrafos 162 a 172 del informe del Estado parte, sírvanse proporcionar información sobre los resultados alcanzados con las medidas tomadas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En concreto, sírvanse proporcionar información sobre los avances realizados en los ámbitos de la educación inclusiva, la salud, la recreación y cultura, la accesibilidad, la preparación  para su inserción laboral en el futuro y la lucha contra la discriminación. Sírvanse resaltar el progreso realizado en zonas indígenas y remotas.

8. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas tomadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos que carecen de documentos de identidad, tengan acceso a servicios de salud adecuados en todo el territorio del Estado parte y en particular en zonas remotas y de población indígena. Sírvanse indicar también las iniciativas llevadas a cabo para reducir la mortalidad infantil, especialmente de los menores de 5 años en regiones remotas e indígenas. Sírvanse igualmente proporcionar información adicional sobre las medidas tomadas para luchar contra la desnutrición crónica, la obesidad infantil, la anorexia, la bulimia, el consumo de drogas y la mortalidad materna. Por último, sírvanse proporcionar datos sobre las medidas tomadas para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un medio ambiente sano.

9. Considerando el creciente número de embarazos de adolescentes, sírvanse proporcionar información sobre el alcance del programa en vigor, Modelo Nacional de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (2013). Sírvanse igualmente proporcionar datos sobre las medidas tomadas para prevenir las muertes de adolescentes y los riesgos para su salud, provocados por la falta de acceso a procedimientos de aborto en condiciones de seguridad en la mayoría de los estados.

10. Sírvanse indicar los medidas adoptadas para proteger a niños, niñas y adolescentes no acompañados en situación de migración de la violencia y abusos perpetrados por organizaciones criminales durante su tránsito a través del Estado parte. Asimismo, sírvanse informar sobre las iniciativas tomadas para proteger a estos niños, niñas y adolescentes de abusos y detenciones por parte de las autoridades del Estado parte, así como para combatir la impunidad que rige en este ámbito.

11. Sírvanse proporcionar información sobre el progreso que ha realizado el Estado parte para establecer formalmente un proceso para determinar el interés superior del niño en situaciones de migración o asilo. Sírvanse también proporcionar información sobre las medidas tomadas para implementar el artículo 112 de la Ley sobre la Migración y cesar en la práctica de detención administrativa de niños, niñas y adolescentes y promover su acogida en centros de cuidado alternativos mientras que se resuelve su estatus.

12. Sírvanse proporcionar información adicional sobre las medidas llevadas a cabo para erradicar el trabajo infantil que afecta a un alto número de niños, niñas y adolescentes y sancionar su explotación laboral. Sírvanse en particular referirse a los resultados conseguidos por la Comisión Intersecretarial establecida en 2013.

13. Sírvanse indicar si se ha realizado una evaluación de la Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle implementada en ocho estados y cuál ha sido el resultado.

14. Sírvanse informar sobre los resultados obtenidos a través de la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Infantil así como de la implementación de los planes de acción para la prevención, atención y erradicación de la explotación sexual. Sírvanse también indicar qué medidas específicas se han tomado para proteger a niños, niñas y adolescentes indígenas e inmigrantes.

15. Considerando que la trata infantil con fines de explotación sexual y trabajo forzoso sigue teniendo una alta incidencia en el Estado parte y que este es un lugar de origen, tránsito y destino de víctimas, sírvanse informar sobre el impacto concreto que han tenido las medidas tomadas para prevenir el fenómeno y para proteger y rehabilitar a las víctimas. Sírvanse incluir información específica sobre el impacto de las acciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas inmigrantes.

16. Sírvanse proporcionar información sobre las iniciativas que se han adoptado para implementar medidas alternativas de detención y el uso de la privación de libertad sólo como medida de último recurso. Sírvanse explicar cómo se supervisan los centros de privación de libertad para niños, niñas y adolescentes y cuáles son los mecanismos efectivos de denuncia disponibles en caso de violación de sus derechos. Sírvanse también proporcionar información sobre las medidas tomadas para armonizar la legislación en materia de justicia penal juvenil en todos los estados del Estado parte.

(Favor de señalar los avances en este sentido.)

17. A la luz de la retirada de la declaración interpretativa del Estado parte sobre el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, sírvanse proporcionar información sobre las medidas tomadas para criminalizar y castigar con sanciones adecuadas, el reclutamiento y el uso en hostilidades de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Sírvanse igualmente informar sobre las medidas tomadas para prevenir dicho reclutamiento y uso en hostilidades de niños, niñas y adolescentes, así como para rehabilitar y compensar a las víctimas.

Parte II

En esta sección se invita al Estado parte a actualizar brevemente (en tres páginas como máximo) la información proporcionada en su informe en relación con:

a) Los nuevos proyectos de ley o leyes promulgadas, y su reglamentación;

(Favor de indicar los avances legislativos en materia de derechos de NNA alcanzados a partir de 2012.)

b) Las nuevas instituciones y sus mandatos, y financiamiento;

c) Las políticas y programas adoptados y aplicados recientemente y su alcance en el territorio;

d) Las nuevas ratificaciones de instrumentos de derechos humanos.

Parte III

Datos y estadísticas, si se dispone de ellos

1. Sírvase proporcionar información sobre el presupuesto consolidado, por partidas diferenciadas, de los últimos cuatro años en cuanto a los recursos asignados a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, sírvanse indicar el porcentaje de cada partida presupuestaria con respecto al presupuesto nacional total y al PIB en el Estado parte. Si se dispone de la información, sírvanse desglosar el presupuesto también por edad, sexo, discapacidad, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica.

2. Sírvanse proporcionar información sobre el número de casos abiertos relativos al manejo inapropiado de fondos destinados a niños, niñas y adolescentes así como sobre el número de sentencias firmes inculpatorias. Indiquen de ser posible la institución de la que era miembro el autor y si, en consecuencia, la institución adoptó medidas para prevenir esos casos en el futuro.

3. Sírvanse proporcionar datos desglosados (por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica) que abarque los cuatro últimos años sobre el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y violencia, con información adicional sobre el tipo de violencia y el tipo de asistencia prestada a los niños víctimas, las compensaciones recibidas y el seguimiento realizado, incluyendo el enjuiciamiento de los responsables y las sentencias dictadas en el Estado parte. Proporcionen de ser posible los datos sobre los autores, especificando si eran miembros de grupos armados, miembros de las fuerzas armadas o policiales, familiares, profesores u otros.

4. Sírvanse proporcionar datos desglosados (por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica) de los últimos cuatro años sobre:

a) Mortalidad infantil;

b) Mortalidad materna;

c) Desnutrición;

d) Niños, niñas y adolescentes infectados o afectados por el VIH/sida (especifiquen los casos de trasmisión de madre a bebé);

e) Peso al nacer;

f) Enfermedades mentales;

g) Cobertura de la vacunación;

h) Embarazos en niñas y adolescentes;

i) Suicidios de niños, niñas y adolescentes;

j) Número de niños, niñas y adolescentes que consumen estupefacientes;

k) Alcance de la cobertura real de agua potable e instalaciones sanitarias.

5. Sírvanse proporcionar datos desglosados (por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica) de los últimos cuatro años sobre el número de niños, niñas y adolescentes:

a) Abandonados;

b) Separados de sus padres;

c) Que viven en instituciones;

d) Que viven en familias de acogida;

e) Adoptados en el país o mediante adopciones internacionales.

6. Sírvanse proporcionar información desglosada (por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica) de los últimos cuatro años, en relación con el número de niños, niñas y adolescentes con discapacidad:

a) Que viven con sus familias;

b) Que viven en instituciones;

c) Que asisten a escuelas primarias ordinarias;

d) Que asisten a escuelas secundarias ordinarias;

e) Que asisten a escuelas especiales;

f) Que no asisten a la escuela;

g) Que son tratados en programas de salud especiales de rehabilitación física o mental.

7. Sírvanse proporcionar datos desglosados (por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica) de los últimos cuatro años en cuanto a:

a) Las tasas de matriculación y finalización de estudios en porcentajes de cada grupo de edad relevante en centros de enseñanza preescolar y en escuelas primarias y secundarias;

b) El número y porcentaje de abandonos y repeticiones;

c) La proporción entre profesorado y alumnado.

8. Sírvanse proporcionar datos desglosados (por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica), de los últimos cuatro años, sobre el número de niños, niñas y adolescentes:

a) Involucrados en trabajo infantil (proporcionen información por tipo de trabajo, incluyendo los trabajos peligrosos);

b) En situación de calle;

c) Víctimas de trata (especificando el propósito de la trata);

d) Víctimas de venta (especificando el propósito de la venta);

e) Víctimas de prostitución;

f) Víctimas de pornografía infantil.

9. Sírvanse proporcionar datos desglosados (por edad, sexo, discapacidad, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica y tipo de delito) de los últimos cuatro años sobre el número de:

a) Niños, niñas y adolescentes que presuntamente han cometido un delito denunciado a la policía;

b) Adolescentes que han sido condenados y tipo de pena o sanción correspondiente al delito, incluida la duración de la privación de libertad;

c) Centros de detención para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y su capacidad;

d) Adolescentes y adultos jóvenes detenidos en los centros mencionados en el apartado c) supra, así como en centros para adultos;

e) Niños en detención preventiva y duración media de dicha detención;

f) Casos de abusos y malos tratos de niños, niñas y adolescentes ocurridos durante la detención y el encarcelamiento.

10. Sírvanse proporcionar datos desglosados (por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica) sobre el número de casos de reunificación familiar en países de destino o de origen en los que el Estado parte ha participado, con respecto al número total de niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados.

11. Sírvanse proporcionar al comité una actualización de los datos del informe que puedan haber quedado desactualizados y sustituirlos por datos más recientes recopilados u otros nuevos desarrollos.

12. Además, el Estado parte podrá proporcionar al comité una lista de temas relativos a la infancia y la adolescencia que considere prioritarios con respecto a la implementación de la Convención.

(Favor de indicar si se tienen consideraciones adicionales que ayuden a dar respuesta a este cuestionamiento).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su atención.Adelante.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-5-2327 signado por el senador Javier Lozano Alarcón, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/SP/076/2015 suscrito por el licenciado Jorge Alberto Arzola Muñoz, secretario particular de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar operativos de orientación y resguardo a peregrinos en su trayecto en el territorio nacional, con motivo del peregrinaje a Esquipulas, Guatemala.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/300/126/15, de fecha 14 de enero de 2015, mediante el cual se hace puntual referencia al oficio número DGPL 62-II-5-2327, signado por el senador Javier Lozano Alarcón, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que comunica a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese cuerpo colegiado y que para su conocimiento se transcribe a continuación:

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45, numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, para que implementen operativos de orientación y resguardo a peregrinos en su trayecto en el territorio nacional, con motivo del peregrinaje a Esquipulas, Guatemala.

Al respecto, le comunico que el Instituto Nacional de Migración, informó a esta subsecretaría que no existen antecedentes sobre la implementación de operativos de orientación y resguardo a peregrinos en su trayecto en el territorio nacional con motivo de su traslado a la celebración en Esquipulas, Guatemala.

No obstante lo anterior, se considera importante por la cantidad de mexicanos que se trasladan cada año al citado lugar, que para el año 2016 se diseñe y ejecute un operativo coordinado de los organismos de seguridad mexicana para brindar orientación y resguardo a los peregrinos tanto en su traslado a Guatemala como a su retorno a Territorio Nacional. Lo anterior en virtud de que la mesa directiva de la LXII Legislatura turnó a la Secretaría de Gobernación el Punto de Acuerdo citado con fecha del 14 de enero de 2015 y el flujo de peregrinos se realiza, como se señala en el documento de dictamen con Punto de Acuerdo, en los días cercanos al 15 de enero, por lo que era prácticamente imposible atender el exhorto referido.

Sin otro particular, reitero a Usted la seguridad de mi distinguida consideración y le envío un cordial saludo.

México, DF, a 29 de enero de 2015.— Licenciado Jorge Alberto Arzola Muñoz (rúbrica), secretario particular.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se remite al Promovente.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-3-2097, signado por el senador Javier Lozano Alarcón, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SPMAR/ SP/ 077/ 2015, suscrito por el licenciado Jorge Alberto Arzola Muñoz, secretario particular de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a investigar y retirar a los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que se encuentran en instalaciones de garitas clausuradas, en especial la de Las Yescas, en el kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, en Matamoros o, en su caso, se informe a esta comisión de las razones de que se habilitaran.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención de su oficio número SELAP/ 300/ 111/ 15, de fecha 6 de diciembre de 2014, mediante el cual se hace puntual referencia al oficio número DGPL 62-II-3-2097, signado por el senador Javier Lozano Alarcón, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que comunica a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo y que para su conocimiento se transcribe a continuación:

Único.La Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a investigar y retirar a los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que se encuentran en instalaciones de garitas clausuradas, en especial la de Las Yescas, en el kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, en Matamoros o, en su caso, se informe a esta comisión de las razones de que se habilitaran.

Al respecto, le comunico que el Instituto Nacional de Migración informó a esta subsecretaría lo siguiente:

• Los agentes federales de migración nunca han ocupado las instalaciones de la garita Yescas que, efectivamente, fue clausurada y actualmente se encuentra resguardada por la Secretaría de Marina-Armada de México.

• Las acciones de verificación y control migratorio de personas son realizadas por los agentes federales de migración en los módulos localizados fuera de las mencionadas instalaciones, conforme a las atribuciones que la Ley de Migración y su reglamento confieren al instituto.

• El Instituto Nacional de Migración no realiza funciones de revisión de mercancías ni de vehículos, pues no tiene facultades para ello.

• La Policía Federal auxilia al instituto en el desarrollo de las acciones de control y verificación migratorios para brindar seguridad a los migrantes nacionales y a los extranjeros, así como a los agentes federales de migración.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración y le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2015.— Licenciado Jorge Alberto Arzola Muñoz (rúbrica), secretario particular de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se remite al Promovente.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-2097 signado por el senador Javier Lozano Alarcón, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número Segob/CNS/006/2015 suscrito por el licenciado Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a investigar y retirar a los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que se encuentran en instalaciones de garitas clausuradas, en especial la de Las Yescas, ubicada en el kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, municipio de Matamoros o que, en su caso, se informe las razones del por qué se habilitaron.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de febrero de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Distinguido subsecretario Solís:

En atención al oficio número SELAP/300/110/15, por medio del cual comunicó el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 7 de enero en curso, mismo que a continuación se transcribe:

Único. La Comisión Permanente, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que investigue y retire a los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que se encuentran en instalaciones de garitas clausuradas, en especial la de Las Yescas, ubicada en el kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, municipio de Matamoros o que, en su caso, se informe a esta comisión las razones del por qué se habilitaron.

Al respecto, me permito informar lo siguiente:

La oficina del Comisionado Nacional de Seguridad a través del órgano administrativo desconcentrado Policía Federal, en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, lleva a cabo acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en las zonas de jurisdicción federal, así como prevenir la comisión de delitos en todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia.

En ese contexto, realiza labores de vigilancia, seguridad e inspección en aeropuertos, puertos marítimos, puntos de revisión aduaneros, recorridos perimetrales de verificación en los cruces internacionales y a lo largo de las fronteras, asimismo mantiene patrullaje permanente en la red carretera federal del país, a fin de prevenir y disuadir la comisión de delitos.

Ahora, con relación al tema del punto de acuerdo, me permito expresarle que derivado de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 su Anexo 25, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 15 de septiembre de 2014, el Sistema de Administración Tributaria informa que se suprimen varios puntos de revisión o garitas ubicadas en el norte del país, entre otras, la de Las Yescas en el municipio de Matamoros, quedando sus instalaciones resguardadas por elementos de la Secretaría de Marina; en este punto resulta importante señalar, que en dicho inmueble no se encuentra laborando personal de Policía Federal.

Cabe hacer mención que en dicho sitio, actualmente se encuentra en operación una oficina del Instituto Nacional de Migración, INM, y que en atención a la solicitud del licenciado Roberto Olivares Mojica, encargado del despacho de la delegación federal del INM en Tamaulipas, realizada mediante oficio número INM/DFTAM/ 7786/2014 de fecha 6 de noviembre de 2014, la Policía Federal brinda apoyo de seguridad perimetral al personal del instituto, durante los operativos de revisiones migratorias, que llevan a cabo en distintos lugares de la entidad, al margen de sus oficinas.

Derivado de los citados operativos, en el caso de las personas extranjeras que no acrediten su legal estancia en nuestro país, éstas son trasladadas por el INM en vehículos a sus instalaciones, escoltados por unidades de esta institución policial, de igual forma, posteriormente se brinda el servicio de escolta a los autobuses que trasladan a los extranjeros sin documentos a las oficinas del INM en el DF, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción III, inciso a, párrafo segundo, de la Ley de la Policía Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2015.— Licenciado Monte Alejandro Rubido (rúbrica), Comisionado Nacional de Seguridad.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se remite al Promovente.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-2-1791, signado por la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SNM/ 009/ 2015, suscrito por el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las medidas necesarias para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico pueda exhibirse sólo en bolsas negras y con advertencias del contenido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 3 de febrero de 2015.—  Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Me refiero a su similar número SELAP/ 300/ 109/ 15, a través del cual hace de nuestro conocimiento el acuerdo, aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 7 de enero próximo pasado, que es del tenor literal siguiente:

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al secretario de Gobernación (Segob) a disponer las medidas necesarias para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico pueda exhibirse sólo en bolsas negras y con advertencias del contenido.

Sobre el particular, me permito comentarle que con fundamento en los artículos 33 y 101 del Reglamento Interior de la Segob, así como 1, fracción V, inciso a), del acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Segob, he instruido al director general de Medios Impresos y presidente suplente de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas para que en el marco de la revisión del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas que se lleva a cabo y en congruencia con las atribuciones de la Segob previstas en el artículo 27, fracción XL, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se disponga lo conducente a fin de cumplir el punto de acuerdo.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mexico, DF, a enero 29 de 2015.— Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se remite al Promovente.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Como es de su conocimiento, la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso es el órgano responsable de conducir las actividades de este medio de comunicación dependiente del Poder Legislativo.

El Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión Bicamaral tendrá una mesa directiva integrada por una presidencia y dos secretarías que ejercerán estas responsabilidades durante 12 meses, de manera alternada entre ambas Cámaras y serán rotatorias entre los grupos parlamentarios representados en la comisión.

En este orden de ideas y en virtud del acuerdo número CB/LXII/032/2015, hago de su conocimiento que a partir del día 21 de enero de 2015 la mesa directiva de esta comisión bicamaral ha quedado conformada de la siguiente manera:

Diputada Martha Gutiérrez Manrique.- Presidenta.Senador Alejandro Encinas Rodríguez.- Secretario.Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz.- Secretario.

Asimismo, le informo que durante el ejercicio de la presidencia a mi cargo, la licenciada Karina Fernández Mejía será la secretaria técnica de esta comisión bicamaral.

Informo lo anterior a efecto de dar cuenta de estos movimientos en la siguiente reunión del pleno de la Cámara de Diputados, de publicarlo en la Gaceta Parlamentaria y para todos los demás efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2015.— Diputada Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

REINCORPORACION

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado presidente:

Con base en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para informarle que la fecha de mi reincorporación al cargo de diputado federal, por el estado de Guerrero, es a partir del miércoles 4 del presente mes y año.

Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de reiniciar mi actividad legislativa y se realicen los trámites administrativos y legales conducentes.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2015.— Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.Continúe.

SOLICITUDES DE LICENCIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido diputado presidente:

Por este conducto y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción XI, 6, numeral 1, fracción XV, 12, fracción III, y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal por el distrito 1 con cabecera en San Luis Río Colorado, Sonora, a partir del 11 de febrero del año en curso y, en consecuencia, sea llamada mi suplente.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2015.— Diputado José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado presidente:

Con base en el artículo 12 del capítulo IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tengo a bien por este conducto solicitar licencia por tiempo indefinido a partir del 5 de febrero del presente año, al cargo de diputado federal por el primer distrito electoral del estado de Colima.

Lo anterior, debido a mi interés por participar en el proceso de selección de la precandidatura para la postulación de candidato a presidente municipal del municipio de Colima, y que se expide en la convocatoria correspondiente como un requisito de mi partido, el Revolucionario Institucional.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar a la presente le solicito amablemente tenga a bien hacer lo conducente para que sea presentada ante el pleno de esta legislatura.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2015.— Diputado Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y atendiendo a los derechos que tenemos los diputados conforme lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 12 que a la letra dice:

1. Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia, en el ejercicio del cargo por las siguientes causas:

III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes;

Es por ello que atendiendo la convocatoria emitida por el Partido Acción Nacional vengo solicitando a esta soberanía licencia de mi cargo como diputado de mayoría relativa por el distrito II con cabecera en Nogales, Sonora, misma que surtirá efectos a partir del día 11 de febrero, para reincorporarme hasta el 8 de junio del 2015.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 3 de febrero de 2015.— Diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Máximo Othón Zayas, en mi carácter de diputado federal por el séptimo distrito electoral en Sonora e integrante de la LXII Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la presente me permito exponer:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XI; 6, numeral 1, fracción XVI; y 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, asimismo me permito solicitar respetuosamente licencia para separarme del cargo como diputado federal por tiempo indefinido, con efectos a partir del día 10 de febrero del año en curso.

Sin más por el momento, agradezco la atención que se brinda a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2015.— Diputado Máximo Othón Zayas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Estimado presidente:

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido, para separarme de mis funciones legislativas como diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, mismo que he venido desempeñando desde el 1 de septiembre de 2012.

Para lo anterior, le solicito de la manera más atenta que dicha licencia surta efecto a partir del día 10 de febrero de 2014 y sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin otro asunto en particular, agradezco la atención que sirva dar a la presente y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero del 2015.— Diputado Damián Zepeda Vidales (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de lo solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobadas. Comuníquense.

PROTESTA DE CIUDADANOS DIPUTADOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas y los ciudadanos Alberto Leónides Escamilla Cerón, Gloria María del Carmen Valencia González y Celestino Manuel Alonso Álvarez, diputados federales electos en el Quinto y Séptimo distritos electorales de los estados de Yucatán y de México, y de la Tercera Circunscripción Plurinominal, y los diputados Jorge Alfredo Pérez Covarrubias y José Luis Contreras Rojas, diputados federales electos en los distritos quinto y sexto del estado de San Luis Potosí.

Se designan en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a los siguientes diputados y señoras diputadas: Diputada Irazema González Martínez Olivares, diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, diputado Joaquín Navarrete Contreras, diputado Marino Miranda Salgado, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo y diputada Cristina Olvera Barrios.

Les ruego cumplan con su encomienda.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadanos Alberto Leónides Escamilla Cerón, Gloria María del Carmen Valencia González, Celestino Manuel Alonso Álvarez, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias y José Luis Contreras Rojas, ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Alberto Leónides Escamilla Cerón, Gloria María del Carmen Valencia González, Celestino Manuel Alonso Álvarez, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias y José Luis Contreras Rojas: Sí protesto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.Felicidades y bienvenidos.

Continúe la Secretaría con declaratorias de publicidad.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en su carácter de órgano legislativo ordinario de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, expresa que le fue turnada para estudio, reflexión y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 11 y adiciona los artículos 64 Bis y 64 Bis 1 a la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1o., 5o., 9o., 25, párrafos primero y quinto a séptimo, 26, Apartado A, párrafos primero a cuarto, 27, fracciones VII, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XIX y XX, 28, párrafos tercero y noveno, 73, fracciones X, XXIX-E, XXIX-G y XXIX-N, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, numeral 1, fracción I, 68; 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162, 167, numeral 4, 176, numeral 1, fracción I, y 177, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, efectuó el análisis y la discusión de la iniciativa con proyecto de acuerdo habiendo empleado la siguiente

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con el propósito de fijar y delimitar con precisión los objetivos de la iniciativa en estudio, así como de realizar los actos formalmente necesarios para examinar y resolver fundada y motivadamente los planteamientos contenidos en el documento que dio inicio a la actividad de esta comisión dictaminadora, estimaron necesario considerar los siguientes principios de técnica legislativa en la elaboración de este dictamen:

Antecedentes.Se trata del apartado que contempla la presentación ante el pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa que dio origen a la actividad dictaminadora de este órgano legislativo; el turno que con arreglo a lo previsto en los artículos 66, 67, numeral 1, fracción I, y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, determinó la presidencia de la Mesa Directiva a esta comisión ordinaria; y la recepción formal de la iniciativa por parte de esta instancia legislativa, con el propósito de efectuar el análisis y dictamen condignos a ella.

Contenido de la iniciativa.En este apartado se realiza la fijación clara y precisa de las propuestas de modificación de la Iniciante, en relación con el texto vigente de las disposiciones contenidas en el cuerpo legal sujeto a reforma. Asimismo, se elabora un sumario de los argumentos jurídicos, económicos y sociales que motivaron la estructuración de la iniciativa objeto de dictamen.

Considerandos.En este apartado se expresan los argumentos jurídicos de carácter general y especial empleados por los integrantes de esta comisión dictaminadora y a través de los cuales analizaron, deliberaron y dieron resolución a las solicitudes planteadas por el diputado Alfonso Inzunza Montoya en el documento examinado por este órgano legislativo, con estricto arreglo y respeto de los ordenamientos jurídicos, los usos, costumbres y prácticas que regulan la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Habiendo analizado y reflexionado sobre el alcance y objeto de los planteamientos expuestos por el diputado Alfonso Inzunza Montoya en la iniciativa que dio origen a la actividad parlamentaria de este órgano parlamentario, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en ejercicio de las facultades que por ministerio constitucional y legal le competen, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

II. Antecedentes

Como primer punto resulta importante destacar que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en lo referente al sector cooperativo, y que constituye la materia de este trabajo legislativo, fue elaborada por el diputado federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en ella, Alfonso Inzunza Montoya, en ejercicio de las facultades condignas al ejercicio de su cargo, reconocidas en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

1. El 9 de septiembre de 2014, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue inscrito en el Orden del Día de la sesión ordinaria celebrada, el instrumento legislativo elaborado por el diputado Alfonso Inzunza Montoya por conducto del cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones contenidas en la Ley de General de Sociedades Cooperativas, en lo referente al sector de cooperativas.

2. Con fecha 10 de octubre de 2014, con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva informó del turno que correspondía a la iniciativa para efectos de dictamen.

3. En la fecha indicada en el numeral anterior, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-1888 fue remitido a este órgano parlamentario el instrumento material a través del cual el diputado Alfonso Inzunza Montoya, en ejercicio de su derecho consagrado en los artículos 6, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, expresó su pretensión de que se reformaran y modificaran diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, efecto de que esta comisión ordinaria elaborara de manera colegiada, fundada y motivadamente la opinión técnica y calificada correspondiente.

4. En fecha 23 de octubre de los corrientes, mediante comunicación escrita el diputado promovente solicitó formalmente fueses convocado a la reunión ordinaria de esta Comisión Dictaminadora con el objeto de abundar en sus intenciones al momento de emitir su proyecto de ley.

Por instrucciones de la presidencia, la secretaría técnica envió en proyecto de dictamen con los considerandos que hasta ese momento imperaban en la discusión en la comisión del asunto aquí dictaminado.

Con la finalidad de abundar en la mejora del marco jurídico de las sociedades cooperativas pesqueras el promovente envió considerandos que fueron analizados y consensados en la comisión.

III. Contenido de la iniciativa

El acto procesal legislativo que motivó el ejercicio de la facultad dictaminadora de este órgano parlamentario, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

Se pretende adicionar una fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a fin de elevar a 25 el número mínimo de socios para integrar una sociedad cooperativa de producción pesquera, como una medida legal necesaria que venga a promover la constitución de agrupaciones de este tipo con verdadera vocación pesquera y un mejor seguimiento a la operaciones de la misma, a favor de un óptimo ordenamiento de la actividad pesquera.

Respecto a la propuesta mencionada, se estima que es conveniente que las sociedades cooperativas pesquera sean formadas por 25 socios, pues la ley actualmente dispone que se requiere como un mínimo de cinco socios, argumentando que existe un gran número de sociedades cooperativas pesqueras y que esto ha generado inadecuados seguimientos y ordenamientos de las sociedades cooperativas.

Además, se propone adicionar el artículo 64 Bis a la Ley General de Sociedades Cooperativas, con el fin de que se establezcan los requisitos para formar parte de una sociedad cooperativa, entre los que se destaca el ser residente en el domicilio social de la sociedad cooperativa, que no pertenezcan a más de una sociedad de cooperativas en las que se desarrollen actividades similares, aporta trabajo personal, suscribir al menos un certificado de aportación de cuotas a la sociedad cooperativa.

También se solicita adicionar el artículo 64 Bis 1. En él se mencionarían los derechos y las obligaciones de los socios de las sociedades cooperativas, entre los que destacan el entregar a la sociedad la totalidad de producción individual, responder a todas las operaciones y obligaciones contraídas, asistir a las asambleas y ejercer el derecho al voto. Además de cuidar la conservación de los bienes de la sociedad cooperativa, aunado a que sea difundida toda la información de las actividades y operaciones de la sociedad cooperativa, distribuir lo proporcional en anticipos y rendimientos en los términos que se determinen.

Lo anterior se deriva de la argumentación respecto a que en la legislación no se especifican los requisitos que se tienen que cubrir para ser socios, además de mencionarse que tampoco se establece dentro del capítulo los derechos y obligaciones a los que se hacen acreedores los integrantes de las sociedades cooperativas. Por ello se propone que se fortalezcan disposiciones a favor de un mayor compromiso para y con el trabajo de las sociedades cooperativas, que implique el progreso de la propia organización.

Habiendo expuesto lo anterior, y previo estudio, reflexión y estructuración del juicio que de resolutivo a cada uno de los planteamientos expuestos por el diputado Alfonso Inzunza Montoya en la iniciativa sometida a consideración y examen de esta comisión dictaminadora, resulta indispensable elaborar un análisis comparativo entre los textos normativos vigentes y las proposiciones de reforma y adición estructuradas por el promovente, en aras de facilitar la comprensión del sentido adoptado de manera colegiada por las y los diputados integrantes de este órgano parlamentario, a través del siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que por mandato constitucional y ministerio legal nos competen, procedemos a enunciar los argumentos jurídicos de carácter general y especial que servirán de sustento a cada uno de los resolutivos que adoptemos, respecto de cada una de las proposiciones elaboradas e integradas por el diputado Alfonso Inzunza Montoya en su iniciativa en materia de cooperativismo, mediante las siguientes

IV. Consideraciones

Primera.La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, resulta competente para elaborar el análisis y correspondiente dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona una fracción VI al artículo 11 y adiciona los artículos 64 Bis y 64 Bis 1, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con fundamento en los artículos 1o.; 5o.; 9o.; 25, párrafos primero, quinto, sexto y séptimo; 26, Apartado A, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 27, fracciones VII, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XIX y XX; 28, párrafos tercero y noveno; 73, fracciones X, XXIX-E, XXIX-G y XXIX-N; y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, en relación con el diverso 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66; 67, numeral 1, fracción I; 68; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 162; 167 numeral 4, 176, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda.Respecto a la propuesta de añadir el artículo 64 Bis al capítulo V, “De los socios”, en el que se ha dispuesto que existan cinco fracciones en las que se vayan describiendo los requisitos para los socios de la cooperativa se menciona que respecto a la fracción I, esto ya está previsto en el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, en el que se establece que quienes pretendan crear una sociedad cooperativa debe de acreditar su identidad, así como el lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio, es decir se considera que en la iniciativa presentada no puede existir la fracción I del artículo 64 Bis, pues lo establecido ya existe, como se ejemplifica a continuación:

Respecto a la fracción III del artículo 64 Bis que se propone adicionar a la ley, se considera desechado al mostrar que lo establecido ya existe, en el artículo 50 de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, pues en ambos se menciona que para ser socio de una sociedad cooperativa se debe de aportar trabajo y eso ya está establecido, además en el mismo artículo se abordan aspectos de la fracción IV de la iniciativa, es decir esta además de erradicar lo expuesto en esta fracción, también sirve como argumento del porque la fracción IV tampoco es válida para adicionarse dentro de la ley vigente, como se muestra a continuación:

Siguiendo con la fracción IV del artículo 64 Bis de la iniciativa en comento se alude a que lo mencionado en dicha fracción, ya también se encuentra incluido en la ley, en el artículo 51; esto, respecto a las aportaciones de cuotas en la sociedad cooperativa, además de ello en la misma ley se mencionan los métodos por los cuales se pueden llevar a cabo las aportaciones, así mismo en el artículo 63 se especifican los certificados de aportación para capital de riesgo por tiempo determinado, es decir lo establecido ya existe y con mayor detalle pues en la ley se abordan diversos aspectos de los certificados de aportación, como se demuestra a continuación:

Finalmente, en la fracción V del artículo 64 Bis 1 de la iniciativa presentada se menciona que se deben satisfacer los demás requisitos que señalen al efecto esta ley y los estatutos constitutivos de las sociedades cooperativas, pero al desecharse el artículo se considera inválida también esta fracción, pues lo mencionado aquí se encuentra establecidos en la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Tercera. Por lo que respecta a la propuesta del iniciante para añadir el artículo 64 Bis 1 al capítulo V, “De los socios”, se menciona que se quieren añadir 10 fracciones para especificar los derechos y obligaciones de los socios dentro de las sociedades cooperativas, pero pese a la descripción y argumentación a la que se refiere en la iniciativa presentada, se menciona que diversas fracciones de las ahí sugeridas ya existen en la Ley General de Sociedades Cooperativas, ejemplo de ello es lo mencionado en la fracción I del artículo 64 Bis 1, en el que se considera que se debe de entregar a la sociedad cooperativa la totalidad de la producción individual, pues esto ya se encuentra en la fracción X del artículo 36, de hecho en la ley vigente se es más específico y detallado, además de que se menciona que son obligaciones que tienen los socios de las cooperativas; es decir, informar de la totalidad de su producción.

Aunado a lo mencionado en la fracción II de la iniciativa, en la que se alude a que se liquidaran las operaciones y obligaciones contraídas, se entiende que los socios deben de cumplir con sus derechos y obligaciones tanto monetarias como en la labor de cada uno, y esto ya está establecido en la ley, como lo marca el siguiente cuadro comparativo:

Además, en la fracción III, respecto a las asambleas generales se estipula en la ley vigente que deben de asistir, los interesados y por interesados se entienden los integrantes de la sociedad cooperativa, además respecto al voto de que son acreedores éste se menciona en el artículo 11 de la ley:

Por consiguiente, en la fracción IV de la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, en la que se menciona que se deben de cuidar los bienes que pertenezcan a las sociedades cooperativas, en la ley vigente esto ya se encuentra en el artículo 16 al mencionarse caucionar, pues se entenderá como garantizar; es decir, cuidar los bienes de la sociedad cooperativa. Por tanto, en la ley ya se estableció el cuidado de los bienes, como demuestra el siguiente cuadro comparativo:

Respecto a la fracción V del artículo 64 Bis 1 de la presente iniciativa, en el que se promueve que los socios deben de contar con solo un voto, sin importar su aportación, ya también se encuentra establecido en la Ley de la siguiente manera; que cada miembro tendrá un voto sin importar cuando ha ingresado a la cooperativa.

Siguiendo con el fraccionado del artículo 64 Bis 1 y realizando la revisión de lo propuesto se encuentra que lo que se establece en la fracción VI, que establece que los socios debe de formar parte del Consejo de Administración, del de vigilancia y demás, esto está ya está establecido en la ley, de hecho se es muy específico de las atribuciones, derecho y deberes a los que serán acreedores los socios cooperativistas al formar parte de estos consejos. Pues dentro del artículo 41 de la ley se establece que los socios de las cooperativas pueden ser integrantes del Consejo de Administración, es decir en ninguna parte de la ley se les extenúa para poder formar parte de este consejo.

Aunado a ello, en la fracción VII de la presente iniciativa se sigue abordando las atribuciones que puede conferir el Consejo de Administración, pero como ya fue mencionado en la ley se es muy abundante con el tema del consejo. Por ello, lo que propone el diputado Alfonso Inzunza Montoya se reitera que ya está establecido en el artículo 35 de la ley vigente, en el que es claro cuando se menciona que la Asamblea General es la autoridad; por tanto, lo que de ella se encomiende se asume, pues así está establecido:

Por otra parte, en la fracción VIII de la presente iniciativa se propone que se deben entregar informes de las actividades realizadas tanto al Consejos de Administración y de Vigilancia como de las comisiones especiales y de los gerentes, pero respecto al Consejos de Administración y de Vigilancia, en el artículo 46 de la ley vigente se especifica que es al consejo de Vigilancia a uno de los que se les tiene que entregar informes, es decir, ya está establecido en la ley las responsabilidades y atribuciones con las que cuenta cada persona que ocupa un cargo, así como los informes que se tienen que entregar, pues de hecho está determinado que es al consejo al que se le tiene que entregar esta información. Demostrándolo en el siguiente cuadro comparativo:

Por otra parte, la fracción IX de la iniciativa ya existe en la ley vigente, pues aquí se establece la distribución que debe existir de anticipos y rendimientos y esto ya se encuentra establecido en el artículo 36, además de que ahí es aún más específico respecto al reparto que debe haber en las cooperativas.

Finalmente, la fracción X en la que se estipula que se deben de cumplir las obligaciones contenidas en la Ley queda desechada al demostrar la invalidez de cada una de las fracciones del artículo propuesto 64 Bis 1.

Derivado de estos considerandos, la comisión dictaminadora determina que son innecesarias en razón de que ya se encuentran previstas en la ley vigente.

Cuarta.Por lo que corresponde al análisis y resolución del primer planteamiento sobre adicionar y reformar el artículo 11 de la Ley General Sociedades Cooperativistas, se considera que si bien es cierto que la ley maneja como mínimo la integración de cinco socios dentro de una sociedad cooperativa, esto se hace con el fin de sea más fácil la incorporación de los integrantes. Además, en la ley se exponen los fundamentos de por qué se considera que toda cooperativa debe instituirse bajo esta manera, exponiéndose en el artículo 33 Bis, que solamente las sociedades de ahorro y préstamo podrán ser integradas por un mínimo de 25 socios; esto, debido a la complejidad que conlleva formar una sociedad cooperativa de este tipo.

Para establecer que las sociedades cooperativas de producción pesquera se constituirán con un mínimo de 25 socios, esta dictaminadora considera los siguientes argumentos, derivados de la consulta con la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, SC de RL, y el promovente.

De conformidad con los argumentos que sustentan la Iniciativa en referencia, se reitera que son propósitos del cooperativismo el procurar el interés de una colectividad, que a iniciativa de grupo actúa en los procesos de producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios. La propia Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo segundo preceptúa que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

La disposición de la ley por la que se integran sociedades cooperativas con un mínimo de cinco socios, con excepción de lo dispuesto para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, representa para el caso del cooperativismo pesquero una medida que ha derivado en un aumento en el número de organizaciones de este tipo, lo cual genera un inadecuado seguimiento y debido ordenamiento de éstas. Esta laxitud por lo que hace al caso de las cooperativas de producción pesquera, materia de la iniciativa en comento, ha generado que particulares agrupados precisamente en una sociedad cooperativa de este tipo, incurran en la contratación de trabajadores asalariados, lo cual contraviene ampliamente el espíritu que da sustento al cooperativismo y la propia ley.

La esencia doctrinaria del cooperativismo y la economía social, quedan gravemente fragmentadas ante la evidencia de que el esfuerzo de mano de obra contratada sirva únicamente para el beneficio de algunos particulares organizados en sociedades cooperativas y no para el goce del colectivo, que es el cual genera la producción de bienes y servicios; incluso, el sector público dispone de múltiples programas de apoyo, en este caso, para pescadores del sector social, a quienes se reconoce como tal a partir de estar organizados en una sociedad cooperativa, más no como figura de asalariados.

Algunas sociedades cooperativas de producción pesquera integradas con apenas el mínimo de socios que la ley establece, disponen en la práctica de igual número de permisos de operación que aquellas que están conformadas por una cantidad mayor de miembros. Esta asimetría evidentemente inequitativa va en perjuicio del objeto social del propio cooperativismo.

Así, conforme al propósito fundamental que sustenta la Iniciativa en comento de elevar a un mínimo de 25 el número de socios necesarios para integrar una sociedad cooperativa de producción pesquera, estaremos bridando a los pescadores que ahora son contratados como mano de obra, la justa oportunidad de constituirse en organizaciones con verdadera vocación de beneficio colectivo.

Es de estimarse asimismo que la aprobación de la propuesta en referencia, representará además una medida disuasiva de la explotación de mano de obra, favoreciendo en consecuencia el ordenamiento de la actividad pesquera.

Quinta. Modificaciones de la iniciativa. Por considerar de técnica legislativa esta comisión dictaminadora considera que es necesario que la fracción V del artículo 11 quede en sus términos y que la adición de una fracción sexta haga referencia que “para el caso de las sociedades cooperativas de producción pesquera se constituirán con al menos 25 socios”. Lo anterior, para dar viabilidad a la intención del iniciante de la presente reforma.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en el curso del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, con fundamento en las disposiciones jurídicas que al proemio de este dictamen se citan, estiman de aprobarse parcialmente la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta al artículo 11 y adiciona los artículos 64 BIS y 64 Bis 1 a la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, por lo que someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a V. ...

VI. Para el caso de la sociedad cooperativa de producción pesquera, ésta se constituirá con al menos 25 socios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 12 de noviembre de 2014.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social,diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva, María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), José Antonio León Mendívil, José Arturo López Candido, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Jesús Morales Flores, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 3 de diciembre de 2014, el diputado Jorge Rosiñol Abreu, integrante del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa por la que se reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante oficio número D.G.P.L.62-II-4-1913, expediente 5655.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado iniciante menciona que las casetas de cobro a pesar de ser consecuencia de la regulación de libre tránsito en nuestro país afectan de manera directa este derecho consagrado en el artículo 11 de la Carta Magna y en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de libre tránsito se ha entendido como un derecho individual sin ser extensivo a los medios utilizados para ejercerlo; en este tenor, el autor expone que podemos entender al peaje como derecho de tránsito y cantidad que se paga por ello en determinadas autopistas, túneles, carreteras, etcétera.

Derivado de lo anterior se plantea que al no existir vías alternas libres de peaje por las cuales los habitantes de municipios como Ciudad del Carmen, Campeche; Tlaxcala, Tlaxcala; Tuxpan, Tihuatlán y Santiago de la Peña, Veracruz, puedan transitar para llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo vulnera el derecho fundamental del libre tránsito en detrimento no sólo de la economía de sus pobladores, sino de la interconexión de las regiones que impacta de manera directa en el desarrollo social del país.

La iniciativa presentada por el diputado Jorge Rosiñol Abreu, tiene por objeto que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte garantice la existencia de vías alternas libres de peaje a las vías existentes concesionadas, con el objetivo de facilitar el traslado y beneficiar la economía.

La posibilidad de que la población pueda decidir cuándo utilizar una vía de cobro y cuando una vía libre de peaje contribuye a la regulación del derecho de libre tránsito consagrado en la Constitución y en diversos instrumentos de Derechos Humanos, permitiendo que la interconexión por el territorio nacional sea más rápida y efectiva.

Por todo lo anterior propone el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue.

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará ,cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje , o en su caso, creará esquemas tarifarios o exenciones a residentes, tendientes a otorgar beneficios de peaje.

III. Consideraciones

Estacomisión dictaminadora coincide con el autor de la iniciativa a la importancia del derecho al libre tránsito dentro de nuestro país, consagrado en el artículo 11 de la Carta Magna y en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo esta comisión realizo diversos estudios y considera pertinente hacer las siguientes observaciones:

Si bien es un derecho fundamental el libre tránsito también es importante destacar que el uso de autopistas conlleva al pago de los derechos por su uso, y que esto no viola el artículo 11 constitucional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporciona mayor seguridad y economía en tiempo y dinero a los transeúntes, concesionando la construcción, mantenimiento explotación y conservación de las autopistas, sin coartar la libertad de tránsito y protegiendo este derecho, ya que el uso de éstas se presta como una o varias opciones por las que la población se puede trasladar, púes en la mayoría de los casos existen otros caminos y puentes a cargo del gobierno local y municipal por el que pueden llegar a su destino.

Sin embargo es importante buscar alternativas de apoyo a residentes que solo cuenten con un camino o puente de cuota para poder trasladarse, en este tenor es necesario crear esquemas tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de la zona.

Los poderes de la unión tienen la obligación de apoyar a las personas de bajos recursos, por eso consideramos que la intención del iniciante es viable y para armonizarla con otras normas aplicables consideramos modificar la redacción original para evitar un perjuicio a los concesionarios de las autopistas y puentes.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30.La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje, en caso contrario, creará esquemas tarifarios o exenciones a residentes, tendientes a otorgar beneficios de peaje.

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero, José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 152, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo, de conformidad con la siguiente

I. Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la iniciativa para su dictaminación.

2. En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza la propuesta de reforma.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta Comisión y enseguida, la emisión del dictamen en sentido positivo a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 18 de septiembre de 2014 por el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma al artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por el Diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Partido Nueva alianza.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del Dictamen correspondiente.

3. Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4103 de la Cámara de Diputados con fecha 2 de septiembre de 2014.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa que es materia del presente dictamen tiene el propósito de complementar la redacción del artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada el 25 de junio de 2002.

2. La iniciativa en comento propone reformar el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

3. La propuesta de reforma tiene por objeto proteger los derechos de las personas adultas mayores en lo relativo a sus condiciones y circunstancias personales relativas a su edad, su origen étnico, su preferencia sexual o su condición de salud, que se utilizan para dirigirles un trato discriminatorio por parte de quienes forman parte de su entorno social.

Expresa el diputado iniciante que la composición de la población mundial ha cambiado, registrándose incremento de la esperanza de la vida de la población y con ello el aumento de población de adultos mayores.

Afirma que actualmente existen casi 700 millones de personas adultas mayores de 60 años y más y que se estima que para el 2050 la población de adultos mayores será de 2, 000 millones de personas, lo que representará un aumento de 20 por ciento de la población mundial. Que en México existían 10.1 millones de adultos mayores en el año 2010, cifra que representó el 9.66 por ciento del total de la población.

Manifiesta además, que los adultos mayores son discriminados por su edad, por su origen étnico, su preferencia sexual o condición de salud, lo que considera, atenta contra su dignidad.

Señala por otra parte, datos en materia de discriminación obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, como los siguientes:

Que 27.9 por ciento ha sentido que la edad ha sido motivo para que no se les respeten sus derechos, considerando esto como parte de la discriminación actual.

Que suelen sentirse menos protegidas y vulnerables contra el abuso de autoridad por origen étnico, preferencia sexual o por condición de salud y que enfrentan dificultades por discriminación en lo laboral, en materia de salud e incluso, por condición de incapacidad, por lo que considera importante el iniciante, garantizar y proteger a este sector de población contra discriminación que atenta contra su dignidad.

Que por lo antes señalado, se debe consolidar un México incluyente sin ningún tipo de discriminación.

Que nuestra Carta Magna en su artículo 1º prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Finalmente, señala que el artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, precisa que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

IV. Consideraciones

Primero: Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa sujeta a Dictamen y determinó que lo procedente es proponer al Pleno de la Cámara de Diputados la aprobación de este Dictamen en sentido positivo.

Segundo: En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración que si bien es cierto que el tema de la discriminación se encuentra regulado desde el nivel constitucional y con una Ley Reglamentaria específica en materia de discriminación, también lo es que la propuesta de reforma constituye una modificación conceptual del texto existente en el artículo 8º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para darle mayor alcance y precisión.

Tercero: Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, analizaron comparativamente el texto vigente con el propuesto en la forma siguiente:

Texto vigente

Artículo 8o. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social.

Texto propuesto

Artículo 8. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

Es decir, la propuesta incorpora la protección establecida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se armonice y sea congruente con dicha disposición fundamental, lo que se ha considerado procedente y conveniente para perfeccionar el marco legal de los derechos de las personas adultas mayores.

Cuarto: Para la aprobación del Dictamen, los integrantes de esta Comisión tomaron en cuenta la opinión en materia de impacto presupuestal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que confirma que no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos vulnerables de la LXII Legislatura someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único.Se reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 8o.Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez, secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la Minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 3 de marzo de 2009, el diputado Éctor Jaime Ramírez barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Salud la iniciativa de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

2. El 18 de marzo de 2009, se presenta Dictamen de Primera lectura LX Legislatura de la Cámara de Diputados.

3. El 14 de abril de 2009, se presenta dictamen a discusión ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, aprobado por 338 votos y 1 en contra. Pasó a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El 15 de abril de 2009, se recibe en Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter y adiciona el artículo 225 Bis, 225 Ter de la Ley General de Salud.

5. El dictamen de primera lectura fue presentado el 7 de marzo de 2013 en Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

6. El 12 de marzo del 2013, se presenta dictamen con modificaciones a discusión en el pleno de la Cámara de Senadores, aprobado por 71 votos. Pasa a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El sesión celebrada con fecha 14 de marzo de 2013 por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve de conformidad con lo que establece el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La presente minuta tiene como objeto establecer pena de 5 a 10 años de prisión y multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte, para fines comerciales las muestras médicas.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El Reglamento de Insumos para la Salud, tiene por objeto reglamentar el control sanitario de los Insumos y de los remedios herbolarios, así como el de los establecimientos, actividades y servicios relacionados con los mismos, por medio del cual en su sección cuarta, referente a la venta o suministro de medicamentos se establece en el artículo 34, que no podrán venderse al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social.

Tercera. La norma oficial mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, establece los requisitos que deberá contener el etiquetado de los medicamentos y los remedios herbolarios que se comercializan o suministran en el territorio nacional, sus instructivos y el etiquetado de las muestras médicas de los mismos y su campo de aplicación de esta norma será de observancia obligatoria para todos los establecimientos relacionados con el proceso de medicamentos o remedios herbolarios para uso humano que se comercializan o suministran en el territorio nacional.

En este sentido, en su numeral 4.1.31. establece que se entenderá por “Muestra médica”, a la presentación de un medicamento con los requisitos y especificaciones para los originales de venta al público que contenga un número menor de unidades, ajustada a lo dispuesto en la ley y el reglamento correspondientes y clasificado como fracción IV del artículo 226 de la Ley General de Salud; la que será proporcionada directamente a los profesionales de la salud, con el fin de que el médico apoye el tratamiento, no debiendo comercializarse de ninguna forma.

Cuarta. Referente al proyecto de Dictamen que emite la Colegisladora, por medio del cual se desechan  las propuestas de adición y reforma a los artículos 225 Bis, 225 Ter, esta Comisión estima que la propuesta es viable toda vez que la regulación de actividades de producción y distribución de muestras médicas son materia de normatividad secundaria.

En la doctrina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, editado por Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México en 2001, página 3264, encontramos:

“ Las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste, tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico será clara y efectiva.”

De lo anterior se desprende que es la norma secundaria la que deberá contemplar los lineamientos de producción y/o publicidad así como las características, criterios, controles de distribución de estas muestras.

Quinta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, reconoció que la comercialización de muestras médicas representa un verdadero problema.

“El 31 por ciento de los medicamentos irregulares son muestra médicas, 30 por ciento son caducos, 30 por ciento fraccionados y 1.8 por ciento son falsificados”, indicó el licenciado Julio Sánchez y Tepoz, ex comisionado de Autorización Sanitaria.

En este sentido, esta comisión considera preocupante que la ley no prevea sanción penal alguna para las personas que se dediquen al tráfico de muestras médicas, ya que esto ha ocasionado una importante filtración al mercado negro, por lo que esta dictaminadora coincide con las observaciones hechas por la colegisladora y aprueba en sus términos las modificaciones a fin de sancionar esta conducta, desechándose las reformas propuestas al mismo artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, en sus fracciones I, II y III, por estimarse innecesarias, ya que actualmente el marco jurídico vigente ya se contemplan.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. ...

II. A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.am.com.mx/leon/mexico/busca-secretaria-de-salud—regular-consultas-me dicas-37816.html.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 30 de abril de 2014, el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Proponer que para realizar tratamientos de ozonoterapia, se requerirá que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 79.Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Iniciativa

Artículo 79....

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, ozonoterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El artículo 103 de la Ley General de Salud establece que en el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta ley y otras disposiciones aplicables.

Tercera. La ozonoterapia, es una rama de la medicina bioxidativa, que utiliza los principios de la oxidación y súper oxigenación, para restaurar las células de personas sanas o enfermas, es decir puede preservar la juventud, vitalidad y buena calidad de vida.

La ozonoterapia consiste en aplicar una mezcla de oxígeno medicinal y unos microgramos de ozono, producidos por un equipo especial. Terapia que se puede aplicar, por diferentes vías; intramuscular, para-vertebral, auto hemoterapia mayor, local, tópico, entre otras, de ahí que se describa en la literatura internacional y científica los grandes beneficios terapéuticos de la ozonoterapia.

La medicina bioxidativa y en especial la ozonoterapia, revierte estos procesos patológicos aportando mayor cantidad de oxígeno a los tejidos, modulando la producción de radicales libres y estimulando el sistema inmunológico ya que el ozono (O3) inicia una ruta metabólica al entrar en contacto con los compuestos orgánicos insaturados y son estos compuestos los que activan a nuestras células a generar una cascada de reacciones bioquímicas con prácticamente todo el potencial regenerativo y reparador del que nuestras células son capaces de producir, en realidad la ozonoterapia es un optimizador celular.

Su alto poder germicida fue descubierto en Alemania durante la Primera Guerra Mundial, cuando se utilizó para limpiar y desinfectar heridas, eliminar gérmenes, bacterias, virus, hongos y algunos helmintos. En la ortopedia y la reumatología, por ejemplo, tiene gran auge, sobre todo en países como Cuba, España e Italia, donde es usado para aliviar los efectos de la artrosis, la artritis reumatoidea, la inflamación de las articulaciones del hombro y la fibriomialgia o enfermedad en la vaina de los tendones.

Cuarta. En entrevista con La Jornada, los especialistas cubanos Irina Wilkins Pérez y José Luis Colunga Fernández aseguraron que el campo de las aplicaciones médicas del ozono es tan amplio como las oportunidades de elevar la calidad de vida del individuo. Si bien no sustituye ningún tratamiento, mejora y acelera su efectividad, en 90 por ciento de las enfermedades por sus efectos sistémicos.

El doctor Colunga Fernández, quien trabaja en el Centro de Investigación del Ozono (CIO) en Cuba, explicó que este gas que se absorbe y distribuye rápidamente en el torrente sanguíneo se utiliza desde hace varios años en países como Alemania, España, Italia, Japón, Estados Unidos, Rusia y Cuba, que hoy goza de prestigio mundial por sus aportes al desarrollo de tratamientos con enfoques clínico-investigativos que demuestran la eficacia y la ausencia de daños de este gas.

Quinta. En un análisis realizado en derecho comparado se desprende que la ozonoterapia ha sido regulada en Rusia en el 2007 por el Servicio Federal de Control en Área de Salud Pública y Desarrollo Social, primer país del mundo en hacerlo; en Cuba en el 2009 por el Ministerio de Salud Pública; en España por las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias (2007), Madrid (2009) y Galicia, Castilla-La Mancha, y Castilla y León (2010); avances significativos han sido dados en Italia a favor de la ozonoterapia por las Regiones de Lombardía (2003), Emilia-Romagna (2007) y Marche (2009) y favorables decisiones judiciales han sido adoptadas por el Tribunal Administrativo del Lazio (1996 y 2003).

Sexta. Es importe señalar que actualmente las universidades de nuestro país, que imparten diplomados acreditan y avalan cursos de capacitación en ozonoterapia, solo están dirigidos a médicos generales y especialistas exclusivamente, por lo que se determina que la práctica de la ozonoterapia es una responsabilidad exclusiva de un médico con conocimientos en la materia.

Por lo que se considera viable la regularización de la práctica de esta rama de la medicina, para que en el ejercicio de esta actividad técnica se requieran conocimientos específicos y que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LXII Legislatura, someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. ...

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, ozonoterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://medicabiozone.com/ozonoterapia.html.

2 Declaración de Madrid sobre la ozonoterapia 2010.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada el pasado 23 de octubre de 2014, los diputados Isaías Cortés Berumen, Rosalba Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamont y Carla Alicia Padilla Álvarez, de diversos grupos parlamentarios, presentaron iniciativa que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud; y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer la auto-medicación, definiéndola como el uso racional de los medicamentos autorizados, establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 de esta ley, y por autoprescripción al uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 226 de esta ley.

Para esto pretenden modificar la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud como se expone en la siguiente tabla:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Iniciativa

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población sobre el autocuidado de la salud, incluyendo temas de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, automedicación y riesgos de autoprescripción,prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de invalidez y detección oportuna de enfermedades.

Para efectos del párrafo anterior se entenderá como automedicación al uso racional de los medicamentos autorizados, establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 de esta ley, y por autoprescripción al uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 226 de esta ley.

IV. Consideraciones

Primera. Un sinnúmero de problemas de salud son tratados con uno o más fármacos de libre acceso como tratamiento primario o como adyuvante a terapias mayores.

La automedicación se define como la selección y uso de medicamentos por parte de los individuos para el tratamiento de trastornos o síntomas auto-diagnosticados o auto-reconocidos.

Esta actividad se está convirtiendo en un área cada vez más importante dentro de los servicios de asistencia sanitaria. Facilita a los pacientes a una mayor independencia a la toma de decisiones sobre el manejo de enfermedades menores, promoviendo así su empoderamiento. Se le han adjudicado varios beneficios a la auto-medicación responsable, entre ellos: el aumento del acceso a los medicamentos y el alivio para el paciente, el papel activo del paciente en su propio cuidado de la salud, un mejor uso de las habilidades de los médicos y farmacéuticos y la reducción (o al menos optimización) de la carga de los gobiernos debido a los gastos de salud relacionado con el tratamiento de afecciones de salud leves.

Es un aspecto de salud muy importante en los países en desarrollo, donde el acceso universal a los servicios de salud aún no se logra. En países como el nuestro, la automedicación es una de los más comunes y preferidas modalidades socorrida por los pacientes.

La automedicación también tiene ventajas para los sistemas sanitarios, ya que facilita un mejor uso de las habilidades clínicas, aumenta el acceso a los tratamientos y puede contribuir a la reducción de los costos de medicamentos prescritos asociados a los programas de salud financiados con fondos públicos. Sin embargo, la automedicación está asociada a riesgos tales como un mal diagnóstico, el uso de una dosis excesiva de fármacos, la duración prolongada de uso, interacciones con otros medicamentos y el fenómeno de polifarmacia.

En sí, la automedicación no se considera dañina. Los medicamentos de libre acceso pueden comprarse sin prescripción y en muchas ocasiones puede ahorrar tiempo y dinero a los usuarios. En muchas zonas rurales, donde hay alta informalidad y desempleo, los usuarios dependen en gran medida de la automedicación para síntomas menores.

Segunda. Los fármacos de libre acceso seguros y efectivos se usan para manejar o asistir en el manejo de más de 450 condiciones médicas, muchas de las cuales ocurren decenas de millones por año. Por ejemplo, estos productos son los principales en el tratamiento de cefaleas (dolor de cabeza) no migrañosas y pirosis (agruras). Otras condiciones que se pueden tratar con estos medicamentos como terapia primaria son gripa común, rinitis alérgica (estacional o perenne), dismenorrea, fiebre, constipación o estreñimiento, diarrea, dermatitis por contacto, entre otras. De igual manera, pueden ser usadas para disminuir síntomas menores y con ello evitar visitas triviales o innecesarias a consulta, con el consecuente ahorro económico.

Tercera. Sin embargo, la automedicación está lejos de ser una práctica totalmente segura, en particular en el caso de la automedicación no responsable. Los riesgos potenciales de las prácticas de automedicación son: auto-diagnóstico incorrecto, los retrasos en la búsqueda de consulta médica cuando sea necesario, las reacciones adversas poco frecuentes pero graves, las interacciones con medicamentos que puedan ser peligrosas, la manera incorrecta de administración, dosis incorrecta, la elección inadecuada de la terapia, el enmascarar una enfermedad grave y el riesgo de la dependencia, así como el abuso.

Se ha reportado que la automedicación puede dar lugar a retraso en la búsqueda de atención la cual resulta en una paradójica pérdida económica debido al retraso en el diagnóstico de condiciones subyacentes y la adecuada administración de tratamiento. La automedicación de antibióticos puede también dar lugar a resistencia bacteriana.

Los fármacos de libre acceso son agentes farmacológicos potentes, muchos de ellos previamente reconocidos como sólo de prescripción, y deben ser elegidos, usados y monitoreados con el mismo grado de cuidado como los fármacos de prescripción.

La complejidad de la atención, la comorbilidad y la polifarmacia reclama por una visión integral, la aplicación de la lógica de la terapéutica, y el juicio clínico que va más allá del etiquetado en el empaque. Todos los medicamentos son entidades químicas poderosas con farmacología y toxicología bien definidas. Cuando se considera el estado de salud de los pacientes de manera individual; las contraindicaciones, precauciones, efectos adversos, interacciones farmacológicas, la administración, las consideraciones de dosis de cada fármaco; las consideraciones en poblaciones especiales (embarazo, lactancia, edad, funciones renal y hepática) y cómo las enfermedades coexistentes o algún suplemento adicional pueda influir en los resultados terapéuticos, entonces resulta crítica la intervención del profesional en torno al manejo farmacológico y la visión general.

Las consecuencias de las terapias farmacológicas inadecuadas o pobremente manejadas son enormes. El uso y la selección no asistida de fármacos a menudo dan lugar a experiencias no óptimas y consecuencias clínicas adversas para los pacientes.

Cuarta. Los consumidores responsables se encuentran en la búsqueda de un mayor grado de sentido de posesión en su propio cuidado de salud, así como una mejor relación de colaboración en sociedad con los proveedores de servicios médicos.

Los comportamientos de los consumidores, sus creencias y actitudes proporcionan una perspectiva en relación con las oportunidades y retos en torno a la selección, uso y monitoreo de los fármacos de acceso libre. Los consumidores confían en los fármacos de acceso libre. Según una encuesta hecha por The National Council for Patient Information and Education se informa que el 92 por ciento de los consumidores consideran este grupo de medicamentos como efectivos y el 83 por ciento los consideran seguros. En la misma encuesta, el 73 por ciento de los consumidores reportó preferir tratar sus síntomas sólo con medicamentos de libre acceso. Desafortunadamente, sólo el 37 por ciento de los pacientes que consumen fármacos de libre acceso busca asistencia de algún profesional de la salud, en relación con el uso adecuado de estos fármacos. Otra encuesta hecha por National Consumer League, solo el 16 por ciento de los consumidores dice leer la información en la etiqueta y el 10 por ciento indicó que no leyó la etiqueta antes de haber consumido estos productos. Además, el 44 por ciento de los 4 mil 300 adultos encuestados excedieron las dosis recomendadas de analgésicos de libre acceso.

La aceptación del consumidor a medicamentos de libre acceso es alta, pero cuando los consumidores se automedican sin haber consultado, surgen aspectos de seguridad o uso inadecuado y o ineficiente para una buena proporción de la población.

Quinta. Los farmacéuticos gradualmente se han comprometido en asegurar el uso seguro, adecuado y efectivo de medicamentos de acceso libre y suplementos alimenticios como parte de la responsabilidad profesional. Estratégicamente se posicionan como “porteros de entrada” de los usuarios de medicamentos de libre acceso al sistema de sanidad. Son enormes las oportunidades que se ofrecen a los farmacéuticos en relación con la atención primaria y el manejo de enfermedades.

Los consumidores necesitan información objetiva, clara y precisa en relación con los fármacos de libre acceso y suplementos. El empaquetado de estos productos, aunque se ha mejorado su contenido y accesibilidad, no puede establecer adecuadamente los aspectos terapéuticos asociados con comorbilidad y polifarmacia que involucran a los fármacos de prescripción, los de acceso libre y los suplementos.

Muchos usuarios no están al tanto de los potenciales riesgos a la salud asociados con los medicamentos de libre acceso. Con el uso indiscriminado de estos fármacos, los efectos adversos pueden ser significantes.

Sexta. Se ha notado recientemente la tendencia a cambiar los fármacos de prescripción con un perfil positivo de seguridad al estatus de libre acceso. Los productos de libre acceso que previamente se consideraban como exclusivos de prescripción comprenden ahora más del 30% del mercado de los medicamentos de libre acceso.

Séptima. Al tomar en cuenta las consideraciones previas, se puede suponer a la automedicación con productos de libre acceso como una forma de autocuidado de la salud, y no debe catalogarse como una práctica aberrante o peligrosa per se. Incluso, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha promovido la automedicación responsable con medicamentos de libre acceso subrayando la importancia de la información dirigida a los usuarios para lograr su uso adecuado.

Lo que distingue a México de muchos otros países es la carencia de información que apoye la automedicación segura y responsable. En otros países, los medicamentos de libre acceso (e incluso los medicamentos que requieren receta) están acompañados de amplios insertos informativos dirigidos a los consumidores del producto que explican aspectos importantes tales como la interacción con otros medicamentos, qué reacciones adversas pueden ocurrir, o cuándo es necesario consultar al médico. La finalidad de proveer esta información es darle al usuario de medicamentos herramientas para que tome decisiones informadas sobre su salud, y protegerlo de riesgos potenciales derivados de consumir medicamentos. Diversos estudios han mostrado que los consumidores quieren información sobre sus medicamentos, y que la información adecuada disminuye la ocurrencia de reacciones adversas.

Octava. A diferencia de lo que ocurre en los países más desarrollados, en nuestro país los medicamentos que requieren receta médica frecuentemente son vendidos en las farmacias sin exigirse la receta. Entre 43 y 59 por ciento de los medicamentos que requieren receta médica son vendidos sin este requisito.

El 27 de Mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que está sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, que reglamenta la fracción VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, como respuesta a la creciente preocupación del uso y abuso de este grupo de medicamentos, los cuales se vieron rebasados en la época de la pandemia por el Virus de la Influenza a mediados de 2010. Con esta medida, se limitó considerablemente el abuso de estos fármacos, con la disminución de los efectos adversos y sobre todo, de las resistencias bacterianas a fármacos.

Por lo tanto, se debe hacer la diferenciación entre automedicación (uso de medicamentos de libre acceso) y autoprescripción (uso de medicamentos de prescripción sin receta médica). La autoprescripción es desalentada por la OMS debido a que el margen riesgo/beneficio propio de estos medicamentos (por ejemplo los antibióticos) requiere que su uso ocurra bajo supervisión médica.

La autoprescripción es el resultado de un sistema regulatorio débil que permite la venta de medicamentos éticos sin receta. La misma Organización Panamericana de la Salud, OPS, señala que “...no parece razonable trasladar la responsabilidad de la obtención ilegal de medicamentos al consumidor o paciente” La OPS también ha enfatizado que el enfoque de que los pacientes compran medicamentos por iniciativa propia es erróneo; en lugar debería decirse que los medicamentos se venden sin receta médica, lo cual “mostraría la falta de profesionalidad del sistema de comercio y la abierta infracción de las disposiciones legales por parte de las personas responsables de cumplirlas”.

Novena. En relación con la consideración anterior, la iniciativa propuesta coincide con lo que marca la OMS en relación con el auto cuidado de la salud.

Por otro lado, la legislación vigente indica que los medicamentos se clasifican en tres categorías:

Artículo 226. Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial...

II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven... Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.

III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven...

IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;

V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y

VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.

Con lo anterior, se entiende entonces que aquellos que se encuentran en las fracciones V y VI sean considerados de libre acceso y todos los demás sean considerados como medicamentos de prescripción.

Al tomar en cuenta las consideraciones anteriores, esta iniciativa es una oportunidad de empoderar a los usuarios/consumidores, pero con la debida información, para que tomen las decisiones con la mejor y mayor información y conciencia.

En este orden de ideas, se considera apropiado aprobar la iniciativa propuesta, con la condicionante que se actualicen los medicamentos en el catálogo de insumos, a fin de que los productos que efectivamente sean de acceso libre formen parte de las fracciones V y VI del artículo en mención, y aquellos medicamentos que no cumplan con las atribuciones para ser considerados como medicamentos de libre acceso tengan lugar en las categorías mencionadas en las fracciones I a IV, tal como lo estipula el artículo 227 de la Ley General de Salud.

Con la finalidad de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos se sugieren estrategias que pueden funcionar: sistemas de vigilancia, asociación de pacientes, médicos y farmacéuticos, y prestación de la educación e información a todos los interesados sobre la automedicación segura.

Esta iniciativa contribuiría a detener la práctica de que los individuos ingieran medicamentos sin prescripción médica, basándose únicamente en sus experiencias de padecimientos, lo cual implica un riesgo a la salud.

Sin embargo, es necesario hacer adecuaciones a la propuesta, las cuales atienden a que en términos de lo dispuesto por el artículo 28 Bis de esta ley, únicamente los prestadores de servicios de salud y técnicos señalados puedan prescribir.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112. ...

I. y II. ...

III. Orientar y capacitar a la población sobre el autocuidado de la salud, incluyendo temas de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, automedicación y riesgos de autoprescripción, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Para efectos del párrafo anterior se entenderá como automedicación al uso racional de los medicamentos autorizados, establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 de esta Ley, y por autoprescripción al uso sin indicación ni supervisión de medicamentos establecidos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 226 de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá actualizar la lista de medicamentos a que se refiere artículo 226 de la presente ley, con la finalidad de que los medicamentos de libre acceso sean integrados en las categorías correspondientes fracciones V y VI del artículo 226, y aquellos medicamentos de prescripción se enlisten en las fracciones I a IV del artículo 226; en un plazo no mayor a 180 días.

Notas:

1 Ruiz MA. Risks of Self-Medication Practices. Current Drug Safety. 2013;5(4):315-323

2 Hughes CM, et al. Benefits and risks of self medication. Drug Saf. 2001;24(14):1027-37.

3 Selvaraj K, et al. Prevalence of self-medication practices and its associated factors in Urban Puducherry, India. Perspectives in Clinical Research. 2014;5(1):32-36

4 Corvington TR. Nonprescription Drug Therapy: Issues and Opportunities. Am J Pharm Educ.2006;70(6):137.

5 Gordon Robinson R. Pain Relief for Headaches. Is self-medication a problem? Canadian Farnily Physician. 1993;39:867-872

6 Altagracia MM, et al. Self-medication in rural and urban communities in the state of Guerrero Mexico. Rev Mex Cienc Farma 2003; 34:27-35.

7 Wirtz VJ, et al. Pharmacy customers’ knowledge of side effects of purchased medicines in Mexico. Trop Med Int Health 2009;14(1):93-100.

8 Ley General de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 9o. y adiciona la fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4; 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

Con fecha 9 de octubre se presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9o. y 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En esa misma fecha fue turnado para su análisis y dictamen a la comisión de Igualdad de Género.

El 10 de octubre la Comisión de Igualdad de Género recibió la iniciativa en comento bajo el ex expediente 5182.

Contenido

Refieren los proponentes que la participación de la mujer en diversos ámbitos de la vida pública ha trascendido a espacios anteriormente acotados a la participación masculina. Precisan que en el ámbito del deporte, persisten todavía disciplinas en las que persiste una visión androcéntrica y que por lo tanto se ha mantenido cerradas para las mujeres, fomentando los estereotipos sexistas y agudizando la discriminación en contra de las mujeres.

Abundan en referencias históricas relativas a los orígenes los Juegos Olímpicos que tuvieron como base fomentar la habilidad guerrera y atlética del hombre, con deportes concebidos por ellos y para ellos, en los cuales era necesaria una elevada masa muscular como boxeo, lucha, lanzamiento de jabalina, bala y disco, así como las carreras pedestres.

La definición del rol femenino entendido como las acciones y prácticas que le ha conferido el modelo de la sociedad occidental, ha hecho que exista una identificación entre deporte y virilidad, donde se contempla al deporte como espectáculo cargado de fuerza y agresividad; y por otro lado se encuentra la excesiva instrumentación del deporte como medio de cuidado estético femenino. Así el deporte para los varones parece estuviera asociado a una actividad grata, relacionada con el entretenimiento competitivo, reconocimiento y el ocio grupal. En cambio para las mujeres estaría ligado a una actividad estética que la mayoría de las veces consiste en acudir a los clubs deportivos y/o gimnasios a esforzarse para adelgazar. La definición de los roles femeninos refuerzan una feminidad en la que la práctica de alguna disciplina tiene un lugar secundario y a veces negativo.

Señalan como muestra de ello, que en el año de 1888, el padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna, dejó claro que la mujer no participaría en ellos por considerarlo “aberrante y contrario a la salud pública”, pues se creía que las mujeres podrían adquirir terribles enfermedades, incluida la esterilidad, si salían de sus sillones de tejer. Las mujeres se negaron a aceptar la determinación de Pierre de Coubertin y, en su propio país (Francia), Alice Millat fundó en 1922 los Juegos Olímpicos Femeninos, realizados en París y basados en el atletismo, con subsecuentes ediciones en Gotemburgo 1926 y en Praga 1930, luego de lo cual su organismo se integró a la Federación Internacional de Atletismo para dar cabida a las mujeres de manera oficial.

Hoy en día son evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad.

Nuestra La ley General de Cultura Física y Deporte define en su artículo 5° fracción V al deporte de la siguiente manera: Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones.

A nivel internacional la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, los elementos clave de la Carta de la UNESCO manifiestan que la educación física y el deporte:

• Son un derecho fundamental para todas las personas;

• Son esenciales para la educación a lo largo de la vida;

• Deberá adaptarse a las necesidades individuales y sociales;

• Deberá ser realizada por personal cualificado;

• Se precisará del equipamiento y las necesidades apropiadas;

• Se promoverán los valores morales y éticos;

• Se promoverán los medios de comunicación positivos.

Los Principios Fundamentales del Movimiento Olímpico también promueven el deporte como un derecho humano (Principio 8), por su contribución a la educación y a los valores morales (Principio 2, Principio 6) y como un mecanismo potencial para contribuir a la paz y a la dignidad humana (Principio 3).

La lucha para obtener la participación igualitaria de las mujeres en el deporte ha sido fomentada por el movimiento de los derechos de las mujeres, así como por las cartas específicas de deportes que lo promueven universalmente. El primer principio de la Declaración de Brighton sobre las mujeres y el deporte define los criterios mediante los cuales se pueden medir y conseguir la ecuanimidad e igualdad para las mujeres en el deporte:

(a) El gobierno y el estado deberían realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar que las instituciones y organizaciones responsables del deporte cumplieran con las disposiciones de igualdad de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

(b) Todas las mujeres, independientemente de su raza, color, idioma, religión, credo, orientación sexual, edad, estado civil, discapacidad, creencias políticas o afiliaciones u orígenes sociales o nacionales tienen derecho a una igualdad de oportunidades para participar o formar parte del mundo del deporte, ya sea para el ocio o diversión, para la promoción de la salud o para el alto rendimiento.

(c) Se deberán asignar y conceder los recursos, el poder y la responsabilidad de manera justa y sin discriminación en función del sexo; pero a la par, esta asignación deberá compensar cualquier desequilibrio existente en las ventajas disponibles para hombres y mujeres. (International Working Group on Women, 1998).

Asimismo el 20 de marzo de 2009, México suscribió en la XV Asamblea General del Consejo Iberoamericano del Deporte, el acta de Constitución de la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, con los siguientes Considerandos:

• Que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal.

• Que el deporte, la actividad física y la recreación son derechos de la ciudadanía.

• Que el deporte es un vehículo para el cambio social.

• Que existe una diferencia en la participación de las mujeres en todos los niveles y ámbitos del deporte, en relación con los hombres.

• Que hacer realidad la igualdad de oportunidades supone dar un trato equitativo a las mujeres para equilibrar las diferencias que existen con los hombres y garantizar estrategias dirigidas a corregir la representación insuficiente.

Por todo ello proponen incorporar en el cuerpo de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el deporte como un ámbito en el que debe también prevalecer la igualdad y a través del se puede contribuir al empoderamiento de las mujeres y al avance de la igualdad sustantiva.

Consideraciones

La Comisión de Igualdad de Género ha analizado a detalle la iniciativa materia del presente dictamen, en principio el proyecto reúne los elementos de fondo y forma de acuerdo con la técnica legislativa.

Se observa también que la pretensión de los diputados proponentes se desarrolla de acuerdo a nuestro constitucional y que además es congruente con el espíritu progresivo del derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres establecido en el artículo 4 constitucional.

Estimamos que la propuesta de reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es también afín a los objetivos de esta dictaminadora, que busca erradicar los estereotipos de género que discriminan y subestiman las capacidades de las mujeres y que les impiden su pleno desarrollo en ámbito de la vida pública, como lo es el deportivo, en los que aún prevalecen criterios de exclusión.

Coincidimos con los proponentes en que es fundamentalmente el principio de igualdad y no discriminación el que sustenta su pretensión, el cual reconoce que hombres y mujeres no son biológicamente iguales, pero reivindica que no existe  diferencia alguna entre ambos sexos en el tema de las capacidades, y habilidades intelectuales, y que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las declaratorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, tampoco existen diferencias entre unas y otros al momento de ejercer sus derechos como seres humanos y ciudadanos libres.

No obstante lo anterior, esta Comisión también observa, al igual que los proponentes que en México prevalece un considerable índice de discriminación en contra de las mujeres dentro del ámbito deportivo y que es necesario diseñar acciones para erradicar esa desigualdad.

Cabe precisar que al igual que en otras esferas sociales, en el ámbito del deporte pareciera que las necesidades de las mujeres no son importantes, y por ello no se prevén  medidas para  darles las mismas oportunidades de participación y desarrollo de tal suerte que las mujeres deben desenvolverse en ámbitos deportivos muchas veces creados por y para los hombres, masculinizando de alguna forma su propia actividad, motivo por el cual la desventaja para las mujeres sigue presentándose de una u otra manera.

De igual manera para esta Comisión no pasa inadvertido que la discriminación en contra de las mujeres no sólo se observa en la práctica de algunas disciplinas deportivas sino que también es significativa en las estructuras de las instituciones deportivas, lo que permite que en la política en materia deportiva siga predominado una visión androcéntrica.

Consideramos que lo resultados de la encuesta realizada por la CONADE en 2004 es ilustrativa de la situación que han vivido las mujeres en el ámbito deportivo lo cual justifica y explica la pertinencia de la iniciativa materia de este dictamen.

La encuesta señala que sólo 2.8% de las federaciones cuentan con un área de atención a las mujeres, mientras que sólo 10.5% de las federaciones ofrecen capacitación sobre la perspectiva de género. Un tema de particular atención es el que se refiere al acoso sexual, pues este tipo de violencia, que se manifiesta de una forma velada y casi silenciosa, tiene consecuencias graves para la víctima al interferir en su desarrollo y desempeño.

Añade que aunque hombres y mujeres están expuestos a sufrir acoso sexual, son las mujeres quienes lo enfrentan en mayor medida Sólo 13.2 por ciento de las federaciones cuentan con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual; asimismo, en dos terceras partes de las federaciones no existen iniciativas especiales para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En cambio, precisa que en los organismos estatales estos temas han permeado un poco más, en parte por las políticas públicas actuales donde el gobierno mexicano promueve que las diferentes entidades de la República trabajen en los temas de equidad y género en todos los niveles. De tal forma que tenemos que el 20 por ciento de los organismos estatales cuentan con un área de atención a las mujeres y el 16% ofrece capacitación sobre la perspectiva de género.

Precisa que se muestran mayor preocupación por los mecanismos legales y en estrecha relación con las instituciones de justicia de cada entidad, el 28% de los organismos estatales cuentan con mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual.

También las iniciativas especiales para promover la igualdad de oportunidades en el empleo son mayores, con un 28% de los organismos estatales que trabajan en este rubro.

En cuanto a la toma de decisiones se encontró que en los organismos cúpula del deporte nacional la participación de la mujer es escaza; el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) tiene actualmente dos mujeres entre los 30 representantes de organismos estatales y miembros afines: , lo cual representa el 6.6%.

Por su parte el pleno del Sinade tiene 157 organismos, de los cuales 27 están presididos por mujeres, es decir, el 17.2%. Entre éstos, de los 36 Institutos, Consejos Estatales y Entidades Deportivas, sólo cinco son dirigidos por mujeres lo que significa una representación femenina del 13.9%.

Asimismo, entre 75 Federaciones Deportivas Nacionales y organismos afines, cinco tienen presidenta una representación del 6.6%.

En la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte no hay mujeres dentro del pleno de este órgano colegiado, encargado de dirimir las controversias que se susciten como última instancia en el ámbito deportivo. En la Confederación Deportiva Mexicana A. C. (CODEME), hay sólo dos mujeres en el Consejo Directivo con el rango de vocales. El Comité Olímpico Mexicano, en su Comité Ejecutivo, contaba con dos mujeres desde 1996, con lo cual cumple con la cuota mínima señalada por el Comité Olímpico Internacional para cada país afiliado, de acuerdo a las conclusiones del Congreso Olímpico del Centenario en 1994.

De acuerdo con lo anterior y en el marco de las obligaciones constitucionales del estado mexicano en materia de igualdad previstas en los artículo 1 y 4 constitucional, así como las contraídas en el plano convencional internacional como lo son:

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en su artículo tercero mandata a los Estados Parte a realizar acciones para garantizar la igualdad en el acceso a oportunidades entre mujeres y hombres en todas las esferas.

Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre

La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, que específicamente prevé:

“Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad”.

La Carta Olímpica, que conforma los estatutos que rigen al Comité Olímpico Internacional, en su octavo principio fundamental señala:

“La práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte según sus necesidades”.

Así como la Declaración de Brighton sobre Mujer y Deporte (Inglaterra) que da cuenta de la necesidad de acelerar el proceso de cambio para rectificar los desequilibrios que enfrentan las mujeres que compiten y participan en el ámbito deportivo.

Tal como lo han expuesto los proponentes, todos estos documentos fomentan el acceso a las prácticas deportivas, a las instalaciones y a la conformación de las estructuras deportivas sin discriminación, e instan a las autoridades a garantizar que las mujeres ejerzan este derecho sin obstáculos.

La Comisión de Igualdad, considera que las reformas propuestas contribuyen al avance progresivo del derecho a la igualdad y particularmente al empoderamiento de las mujeres al interior de la vida deportiva, con lo cual también se incluye al deporte como elemento necesario para cerrar el círculo de la igualdad sustantiva y consolidar un Estado democrático, socialmente responsable, justo y equitativo.

Coincidimos con los proponentes en su apreciación de que el deporte puede vislumbrarse como elemento para la eliminación de estereotipos, como un motor de cambio social que contribuye desde hace tiempo, a promover la igualdad entre mujeres y hombres.

Esta comisión dictaminadora considera oportunas las modificaciones planteadas porque contribuyen a fomentar una imagen equilibrada, respetuosa de las diferencias y sin estereotipos en los ámbitos culturales y deportivos. Además de ser una herramienta más para el desarrollo de políticas públicas y programas específicos que impulsen la equidad de género y la igualdad de oportunidades.

Por tal motivo esta dictaminadora, considera que la iniciativa cuenta con todos los elementos de fondo y forma para ser aprobada por lo cual emite su dictamen en sentido positivo.

Por todo lo anterior la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona la fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único.Se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I.a IV. ...

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil.

Artículo 17. ...

...

I. a IX. ...

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres;

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud, y

XII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 27 de noviembre de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el miércoles 28 de mayo de 2014, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,presentada por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, y suscrita por las diputadas del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 4034, el martes 03 de junio de 2014.

3. Con fecha 11 de septiembre del presente año, la diputada iniciante fue invitada a la decimoquinta reunión de esta comisión, con oficio CRRPP/253-LXII/14, a fin de que ampliara el contenido y argumentos respecto de su iniciativa. La diputada iniciante Flor de María Pedraza Aguilera acudió a la reunión en la cual pudo exponer las razones y el contenido de sus propuestas.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por la Flor de María Pedraza Aguilera, y suscrita por las diputadas del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, pretende reformar el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar y armonizar el nombre del Comité y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), por el de Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.

Lo anterior, señala la propuesta con base en los siguientes argumentos:

“Armonizar la legislación que norma el comportamiento del Congreso de la Unión con los criterios que establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y demás instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, así como por lo establecido en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En el mismo tenor, menciona la diputada iniciante se considera necesaria la modificación, “a fin de homologar los objetivos del Centro, desde una visión integral, de acuerdo con el principio de igualdad, como uno de los derechos humanos fundamentales para el desarrollo pleno de las personas”.

Además, la iniciativa reconoce que “aun cuando se han logrado avances sustanciales en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres y se han modificado los paradigmas sexuales, la igualdad sustantiva no es una realidad que puedan disfrutar todas las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres no son reconocidos de igual manera para una mujer que ha tenido acceso a la educación y está informada, que para otra, quien puede habitar en lugares de extrema pobreza, en donde lo primordial, es conseguir el alimento diario”.

Por lo anterior, debe tomarse en cuenta que la igualdad sustantiva no sólo es un objetivo en sí mismo, sino también un medio para el desarrollo y una condición irreducible para que sea inclusivo, democrático, libre de violencia y sostenible.

Consideraciones

Primera. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo a lo que señala el artículo 71, párrafo dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias conocer, analizar y dictaminar la iniciativa enunciada, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral dos, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.Como bien señala la iniciativa, el año pasado fue aprobada la iniciativa para modificar el nombre de la Comisión de Equidad y Género, por el de Igualdad de Género, en la Cámara de Diputados. Dicha modificación fue avalada por esta comisión y después por el pleno de ambas Cámaras del Congreso. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2013.

Cuarta. En congruencia con los cambios aprobados referidos en el párrafo anterior, los integrantes de la Comisión dictaminadora consideramos pertinente llevar a cabo este nuevo cambio en la nomenclatura de una de las áreas dedicadas al estudio y fomento del trato igualitario entre hombres y mujeres en la Cámara de Diputados, como lo es el CEAMEG.

Quinta. De acuerdo al Manual de Organización de la Cámara de Diputados el CEAMEG tiene entre sus funciones la procuración de la igualdad de género, a través de las siguientes actividades:

“Coordinar y supervisar el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de los presupuestos y el gasto etiquetado para mujeres, ofrecer información que permita a los y las legisladoras cumplir con sus atribuciones de aprobación del presupuesto y vigilancia del ejercicio del gasto, buscando mayor equidad de género en su distribución...

Coordinar y supervisar la integración de las bases de datos y estructurar sistemas de información, que permitan diagnosticar la realidad en materia de adelanto de las mujeres y la igualdad de género, así como hacer posible la generación de indicadores sensibles al género para apoyar la información analítica y los servicios de apoyo técnico del Centro y sustentar el trabajo de las comisiones legislativas en los temas relacionados con la igualdad de género.

Coordinar la integración y mantenimiento de la página web del Centro y coordinar la implementación de un programa de divulgación sobre los resultados del trabajo del Centro y sobre los estudios de igualdad de género que resulten importantes para el trabajo legislativo.

Promover con instituciones afines, reuniones académicas multidisciplinarias vinculadas al adelanto de las mujeres y la igualdad de género, a fin de intercambiar información, conocimientos y experiencias, así como impulsar acciones comunes a favor del desarrollo de las mujeres.

Presentar al Comité propuestas de convenios de colaboración con centros de estudios e instituciones académicas nacionales e internacionales, para impulsar eventos, programas, proyectos, intercambio de experiencias y especialistas y en general acciones que redunden en el adelanto de las mujeres y la igualdad de género.

Diseñar e instrumentar un programa editorial y de divulgación sobre los productos del trabajo del Centro, así como de estudios especializados en el adelanto de las mujeres y la igualdad de género”.

Sexta. Es una realidad que no obstante su labor durante los años recientes desde su creación y funciones, la denominación actual del CEAMEG no atiende los conceptos y criterios teóricos que promueven las instancias y los organismos internacionales especializados en los derechos humanos de las mujeres, así como en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, instrumentos que han sido suscritos por el Estado mexicano.

Séptima. Si bien el Centro de estudios referido coordina sus trabajos con el Comité del mismo nombre, al que hace alusión la iniciativa en su exposición de motivos, es preciso tomar en cuenta que la Ley Orgánica del Congreso General vigente, no contiene una regulación específica para el Comité que la iniciativa menciona y busca reformar. Cabe decir que este tipo de órganos se crean por virtud de los artículos 206 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyas disposiciones dan lugar al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el que se integran los Comités de los Centros de Estudios y el de Información, Gestoría y Quejas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (acuerdo por el que se crean e integran los Comités de los Centros de Estudios y el de Información, Gestoría y Quejas de la LXII Legislatura. Gaceta Parlamentaria, número 3742, viernes 5 de abril de 2013.). Por ello, esta dictaminadora observa la necesidad de modificar, además de la Ley Orgánica del Congreso General, las normas relacionadas con el funcionamiento y coordinación de los centros de estudios, como son el Manual de Organización de la Cámara de Diputados y el acuerdo referido propuesto por la Junta de Coordinación Política al pleno de esta representación, a fin de armonizar su contenido con el de la reforma expuesta en el presente dictamen.

En razón de su contenido y por ser jurídicamente procedente, de acuerdo a lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 49.

1...

2...

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y de estudios para el logro de la igualdad de género.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente número 4018, fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, enviada por el Senado de la República.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados. Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 23 de abril de 2013, el senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, para dictamen.

Tercero. En sesión ordinaria de las comisiones unidas dictaminadoras, celebrada el 11 de febrero de 2014, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Cuarto. En sesión ordinaria del Senado de la República, verificada el 4 de marzo de 2014, se dio cuenta al pleno ton el dictamen con proyecto de decreto que reforma el Artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, quedando de primera lectura.

Quinto. En su reunión ordinaria de 11 de marzo de 2014, el pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la Mesa Directiva remitió a la Cámara de Diputados el expediente con la minuta proyecto de decreto correspondiente.

Sexto. En reunión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 13 de marzo de 2014, se dio cuenta con la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Séptimo. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Octavo. Con fecha 24 de junio de 2014, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Noveno.El 3 de septiembre de 2014, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Décimo. En fecha 27 de noviembre de 2014, mediante oficio COMARNAT/LXII/567/2014, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva la devolución del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de hacerle las modificaciones tendentes a enriquecerlo técnica y jurídicamente, y mejorar su estructura y contenido, en base a diversas observaciones planteadas por diputados integrantes de esta comisión dictaminadora.

Décimo Primero. En la fecha de la solicitud referida en el párrafo anterior, la. Dirección General de Proceso Legislativo, con oficio DGPL/LXIII/356/2014, devolvió a esta Comisión Dictaminadora, el Dictamen Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para los efectos conducentes.

Los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargados del dictamen sobre la minuta que nos ocupa, una vez analizado el asunto, procedemos a exponer el siguiente

II. Contenido de la Minuta

La colegisladora coincide con el autor de la iniciativa, en cuanto a que lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, relativo a establecer como sede de la Comisión Nacional Forestal, la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; limita la capacidad de operatividad y agilidad en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno de la Conafor, considerando que los integrantes de dicho órgano de gobierno son principalmente los titulares de diversas dependencias del Ejecutivo federal, quienes se reúnen para deliberar en la sede de la Conafor.

No obstante, consideraron necesario hacer algunas modificaciones a la propuesta de la iniciativa, para puntualizar el nivel jerárquico mínimo que deberán tener los servidores públicos que suplirán a los titulares en la integración de la Junta de Gobierno.

Asimismo, señalan que tanto titulares como suplentes, podrán desempeñar sus encargos en la Junta, considerando la disponibilidad del funcionario designado para cumplir tal cometido, además de considerar que el perfil técnico personal y del área a su cargo, tengan mayor cercanía con la materia que regula la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, particularmente las funciones a cargo de Conafor.

Por otro lado, están de acuerdo en actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sustituyendo la antes Secretaría de la Reforma Agraria, de conformidad con la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el dos de enero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

La minuta proyecto de decreto enviada por el Senado de la República, y objeto del presente dictamen, propone reformar el Artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 20. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Los titulares a los que se refiere el párrafo anterior deberán nombrar un suplente quien deberá tener por lo menos el cargo de director general o su equivalente. La Junta será presidida por el titular de la Secretaría o el suplente.

Los nombramientos de suplentes podrán ser actualizados en el momento que el titular correspondiente lo estime necesario.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a su suplencia.

Una vez analizado el contenido de la minuta objeto del presente dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Reconocemos, con la colegisladora, que la ubicación de la Comisión Nacional Forestal en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, sede establecida primero en el artículo 2o. del decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal y después en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; permite la plena operatividad y prontitud en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno, a pesar de que la mayoría de sus integrantes tienen su actividad principal en Dependencias del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, y deben trasladarse a la sede de la Conafor, para deliberar en su órgano de gobierno; sin embargo, la propia LGDFS, retoma lo dispuesto en ese sentido por el decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal.

Estimamos válida la preocupación del Senado, en cuanto a que la integración de la Junta de Gobierno no debiera imponerse exclusivamente a los secretarios y subsecretarios de la administración pública federal centralizada, cuyas sedes se ubican, generalmente, en el Distrito Federal; lo que aunado a las diversas responsabilidades inherentes a sus respectivos cargos, dificultan el cumplimiento de sus atribuciones en dicha Junta de Gobierno.

Sin embargo, estimamos prudente observar que el decreto que crea la Comisión Nacional Forestal, desde el origen, en su artículo 6, establece:

Artículo 6o. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a- una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo. Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de la Reforma Agraria, y de Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Por cada integrante de este órgano colegiado deberá nombrarse un suplente con nivel jerárquico de Subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de subdirector general.

Por otro lado, y no obstante lo previsto en los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, estimamos que ningún reglamento puede contravenir lo dispuesto en una ley emanada del Congreso General en ejercicio de sus atribuciones constitucionales; razón por la cual, estimamos procedentes las modificaciones propuestas por el Senado, para puntualizar sobre el nivel jerárquico mínimo que deberían tener los servidores públicos que suplan a los titulares en la integración de la Junta de Gobierno, así como el señalamiento de que tanto titulares como suplentes, podrán desempeñar sus encargos en la Junta, considerando la disponibilidad del funcionario designado para cumplir tal cometido, además ‘“de considerar que el perfil técnico personal y del área a su cargo, tengan mayor cercanía con la materia que regula la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, particularmente las funciones a cargo de Conafor.

Los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Para estatales, establecen:

“Con el propósito de asegurar la adecuada toma de decisiones en las reuniones del órgano de gobierno, los representantes de las dependencias o entidades deberán tener reconocida capacidad o experiencia vinculada con la naturaleza y tipo de operaciones o servicios que realiza la entidad.

Quienes tengan la responsabilidad de designar a los miembros de los órganos de gobierno deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a su representación.

El nivel jerárquico de los servidores públicos que integren el órgano de gobierno deberá corresponder, cuando menos al de director general de la Administración pública Centralizada o su equivalente en el caso de los miembros propietarios y al de director de área en tratándose de los suplentes.”

De ahí, consideramos pertinente recordar que el artículo 3o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, prevé que la Junta de Gobierno de la Conafor, estará sujeta a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones aplicables.

Por último, coincidimos con la colegisladora en la necesidad de actualizar la denominación de las dependencias del Ejecutivo federal, sustituyendo la Secretaría de la Reforma Agraria, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el dos de enero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Único. Se reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículos 1 a 19. ...

Artículo 20. La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Los titulares a los que se refiere el párrafo anterior deberán nombrar un suplente quien deberá tener por lo menos el cargo de Director General o su equivalente. La Junta será presidida por el Titular de la Secretaría o el suplente.

Los nombramientos de suplentes podrán ser actualizados en el momento que el titular correspondiente lo estime necesario.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban cumplir en función de su cargo, -a efecto de que cuenten-con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a su suplencia.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE POBLACION

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Población, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población

Honorable Asamblea:

La Comisión de Población de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracciones I y IV, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A. En sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2014, el diputado Javier López Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 112, de la Ley General de Población.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Población para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa refiere que la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013 y por la mayoría de las Legislaturas de los Estados en enero de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, contempla una importante interacción entre las instituciones en materia electoral.

Que se crea un sistema nacional para la organización de todas las elecciones en México, tanto federales, como estatales y municipales, a través de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral, que viene a sustituir al Instituto Federal Electoral. Y los Organismos Públicos Locales, que es como ahora se les denominan genéricamente  a los institutos y Comisiones Electorales de las Entidades Federativas, compartiendo la función de organizar elecciones.

Refiere entrevistas al Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, respecto a la extinción del IFE y la transición al INE. De entre lo que destaca un transitorio de la Reforma a la Ley General de Población de la reforma de 1992.

Hace mención que actualmente la Ley General de Población en su artículo 112, establece:

“Artículo 112. La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.”

III. Consideraciones de la Comisión de Población

Esta dictaminadora reconoce la importancia de la reforma electoral que recientemente se aprobó y la responsabilidad que el Congreso de la Unión tiene para armonizar los diversos ordenamientos jurídicos en materia federal. Por lo que se considera pertinente la reforma planteada por el promovente.

Como es de conocimiento público, el IFE dejó de existir y basados en el “principio de legalidad”, vemos que existe un vacío legal, respecto a la atribución que tiene el Registro Nacional de Ciudadanos.

Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos.

Los autores definen el “principio de legalidad” de diversas formas, sin embargo todos coinciden en que los actos de autoridad, deben estar facultados expresamente por un ordenamiento jurídico o carecerán de validez. En este supuesto jurídico nos encontramos y ello da cause a la reflexión respecto a la propuesta de reforma que se analiza.

Es decir, como lo expresó el promovente, el Estado solo puede hacer lo que la Ley le permite y en este sentido, la dictaminadora coincide en que el artículo 112 vigente de la Ley General de Población, faculta a la Secretaría de Gobernación a dotar de información del Registro Nacional de Ciudadanos al Instituto Federal Electoral, organismo autónomo que ya no existe en nuestro sistema político.

Se necesita dotar expresamente a la Secretaría de Gobernación de facultades para que brinde información al Instituto Nacional Electoral, sobre el Registro Nacional de Ciudadanos, de manera expresa en la Ley General de Población.

Este órgano colegiado reconoce la importancia de que el INE sea provisto de la información necesaria y actualizada respecto al Registro Nacional de Ciudadanos, por lo que consideramos de la mayor relevancia y urgencia llevar a cabo esta reforma de Ley, sin menoscabo de la necesidad de un ordenamiento más amplio y una reforma más profunda a la Ley General de Población.

Por las consideraciones señaladas, se reconoce la importancia del espíritu de la iniciativa, sumado a que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenamientos secundarios, a fin de armonizar la reforma electoral y dar paso del IFE al INE.

Por todos los argumentos antes señalados la Comisión de Población somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población

Único. Se reforma el artículo 112 de la Ley General de Población, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 112. La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Nacional Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Población, diputados:Javier López Zavala (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Leticia López Landero, Marcelina Orta Coronado, Abraham Correa Acevedo (rúbrica), Juana Bonilla Jaime, María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Carlos Alberto García González, Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Raúl Gómez Ramírez, Julisa Mejía Guardado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Araceli Torres Flores.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático

La Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido por los artículos 39, fracciones 2 y 3, 45, fracciones 1 y 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 158, fracción 1, numeral IV, y el artículo 8, fracción 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea, el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• Que en fecha 4 de noviembre de 2014, el diputado Ossiel Omar Niaves López, integrante del Grupo Parlamentario PRI, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático.

• Que en esa misma fecha, la presidencia dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

Contenido de la iniciativa

El diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la iniciativa con el objetivo central de incluir la protección de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México, a los que el Cambio Climático impacta directa e indirectamente, toda vez que la Ley General del Cambio Climático no hace referencia a la protección de dichos derechos.

En la parte expositiva se resalta el derecho a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución federal, además de que nuestro marco jurídico ambiental conformado por las leyes y demás disposiciones reglamentarias, han recogido las exigencias que marca la dinámica económica global y al mismo tiempo la sustentabilidad, los cuales han sido formulados en su mayoría al tenor de los principios establecidos en los instrumentos internacionales de la materia.

El diputado menciona que en nuestro Derecho interno, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, hace alusión a los derechos humanos en su artículo primero, párrafo segundo, puesto q los preceptos del mismo son reglamentarios del artículo 4º constitucional, sin olvidar la contemplación de los derechos humanos por parte del Gobierno Federal en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, haciendo alusión a que de esta manera se revela la disposición del Poder Ejecutivo de contribuir al equilibrio ecológico, concertando acciones que conlleven a una mayor sustentabilidad; considerando los derechos humanos, ya que el cambio climático es una preocupación común de toda la humanidad, y que los efectos del mismo repercuten en el desarrollo sostenible.

Por otro lado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha llevado a cabo diversas acciones en la protección del medio ambiente y la promoción para difundir una cultura de respeto hacia el medio ambiente, añadiendo la ampliación de las facultades de dicha comisión posterior a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, para conocer casos de diversa índole donde existiera presunción de violación de los derechos humanos.

Reitera que la iniciativa propone establecer en la Ley General de Cambio Climático que las acciones para la adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático que afecten a los derechos humanos deben garantizar, desde las primeras etapas de planificación, así como en las de ejecución se pondere los derechos humanos.

El diputado justifica lo expuesto argumentando que la población de nuestro país ha resentido los efectos del cambio climático, y sin lugar a duda la población más pobre, o con más índice de marginación ha sido la más afectada.

De igual forma, menciona que los efectos relacionados con el cambio climático proyectados amenazan el disfrute efectivo de una serie de derechos humanos, como el derecho al agua segura y suficiente, la alimentación, el derecho a la salud y a una vivienda adecuada, y advierte que en cierta medida se potencializa más la amenaza si consideramos que el impedimento al goce de los derechos humanos se actualiza cuando una acción u omisión que afecta a la persona es realizada por un servidor público.

Además de que debe ser imperativo por ministerio de ley, que todas las acciones tendientes a revertir el cambio climático, contengan un enfoque de protección a los derechos humanos en la planificación e implementación de medidas, por lo que considera pertinente incluir la protección a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México a los que el cambio climático impacta directa e indirectamente, toda vez que la Ley General de Cambio Climático no hace referencia la protección de estos derechos.

Y finalmente, argumenta que la Ley General de Cambio Climático ha sido un gran avance en la tarea por preservar un medio ambiente y de contribuir a la sustentabilidad a nivel global, pero debe hacerse énfasis en que los efectos de este fenómeno, impactan en el goce de derechos humanos, por lo que sólo tomando conciencia de tales afectaciones se podrá impulsar la armonía con la naturaleza y esta premiará con una mejor calidad de vida para todos, gozando de todos los derechos.

Consideraciones de la comisión

Esta Comisión de Cambio Climático, posterior al estudio y análisis de la iniciativa que nos ocupa, manifiesta las siguientes consideraciones:

Los legisladores integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos que una de las principales preocupaciones es garantizar la protección y ejercicio de los derechos fundamentales por parte del Estado, ya que tal y como se refiere en la iniciativa que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la generalidad en cuanto al goce de los derechos fundamentales como son la igualdad, la libertad de decisión, una buena alimentación, salud, acceso, disposición y saneamiento del agua, identidad, vivienda digna, a vivir en un ambiente sano, entre otros; así como el hecho de que el Estado se compromete a garantizarlos.

De la misma manera puntualizamos que en esta época global, en la cual es cada vez más evidente la afectación por el Cambio Climático, corresponde intervenir de manera inmediata previendo medidas y acciones para beneficio de la humanidad, puesto que somos conscientes que las consecuencias de dichos efectos nos afectan directa e indirectamente.

El cambio climático a nivel global es una realidad que causa serios impactos para las poblaciones humanas del continente americano y del mundo. Impulsada por la preocupación internacional sobre este tema en 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, cuyo objetivo consistía en explicar esta relación, mediante la descripción de los impactos-observados y previstos del cambio climático en América Latina—y las maneras en que éstos afectan el ejercicio de los derechos humanos. Su conclusión principal es que la CIDH debe reconocer las implicaciones negativas del cambio climático sobre los derechos humanos y realizar recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para hacerlos cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger y garantizar los derechos humanos frente el cambio climático.

Dicho informe muestra cómo el cambio climático global ya está afectando negativamente el disfrute de los derechos humanos en América Latina y la alta probabilidad de que estos impactos se agraven en el futuro.

Uno de los impactos identificados como más problemáticos en este informe, es la dramática reducción en la disponibilidad de agua dulce para millones de personas, a medida que se derriten los glaciares, se degradan los ecosistemas de alta montaña que capturan agua (como los páramos) y se vuelven más erráticos los patrones del clima. Los extremos climáticos también están incrementando la severidad de las tormentas e inundaciones, causando la destrucción de cientos de hogares, la pérdida de cultivos y daños a la infraestructura. El informe también resalta la amenaza que el cambio climático global representa para los océanos, especialmente los impactos relacionados con el aumento del nivel del mar y la desaparición de poblaciones de peces que alimentan miles de comunidades en América Latina. Adicionalmente, los efectos para el suelo se observan con el incremento de sequías e incendios forestales, los cuales tendrán impactos desastrosos en el acceso a la alimentación y a la vivienda. Finalmente, este informe describe cómo los impactos señalados pueden provocar el incremento de calor y de enfermedades transmitidas por vectores.

Todos estos impactos del cambio climático tienen graves consecuencias para el disfrute de los derechos humanos en el hemisferio. Entre los principales, está el derecho a un medio ambiente sano en la medida que la alteración del clima deteriore los ecosistemas de los que dependen las poblaciones humanas a lo largo del continente Americano. Dado que este derecho está íntimamente vinculado con otros derechos humanos fundamentales, los efectos del cambio climático pueden perturbar severamente los derechos a una vida digna, a la salud, a la alimentación, al agua y a una vivienda adecuada, para millones de habitantes en América Latina.

A la luz del derecho internacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación positiva de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. Adicionalmente, los Estados tienen la obligación legal de utilizar todos los medios disponibles para evitar que actividades perjudiciales, como la contaminación, causen daños significativos al ambiente en otras naciones. Respecto al cambio climático, estas obligaciones son particularmente relevantes para los países desarrollados, responsables de contribuir histórica y actualmente en mayor proporción al cambio climático generado por el hombre. Por ejemplo, Estados Unidos ha contribuido con el 28,75% de las emisiones históricas y acumuladas de los gases de efecto invernadero, mientras las naciones centro y sudamericanas lo han hecho en un 1,38% y 2,30% respectivamente. Por lo tanto, países como Estados Unidos y Canadá tienen una mayor obligación de prevenir, mitigar y facilitar la adaptación al cambio climático en el hemisferio.

Ahora bien, los impactos en los derechos humanos derivados del cambio climático se sentirán más fuertemente en las sociedades en situación de marginalidad y en las comunidades tradicionales, que son las menos responsables de la contribución humana al cambio climático. Las comunidades en situación de vulnerabilidad, incluidos los pobres, las mujeres, los niños y niñas, los grupos étnicos estructuralmente discriminados y las personas mayores, a menudo son mayormente afectadas por desastres naturales y climáticos. Los pueblos indígenas, tradicionales y campesinos son especialmente vulnerables, porque ellos dependen en mayor medida de los sistemas naturales afectados por el cambio climático, principalmente para su supervivencia y subsistencia. Por otra parte, la capacidad de éstas comunidades de disfrutar su cultura se verá negativamente afectada por los impactos del cambio climático en las tierras y en los ecosistemas de importancia histórica, cultural y espiritual.

Por lo que corresponde a nuestro marco jurídico, nuestra Carta Magna lo establece en su artículo 1, todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como los que se establecen en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que es necesario que cada una de las acciones, medidas e instrumentos adoptados por las autoridades se ajusten y favorezcan en todo tiempo la protección más amplia de esos derechos.

También resulta relevante el hecho de que el Estado mexicano suscribió el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como el Protocolo de San Salvador, en el cual reconoce en su artículo 11 numeral 1 que “Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano...”, por lo que estimamos que la vinculación entre protección medioambiental y derechos humanos se ha consolidado en el debate jurídico internacional, y que la idea de que los Estados deben adoptar medidas para garantizar el respeto y loa protección del medio ambiente como requisito indispensable para el cumplimiento de los derechos humanos, está bien cimentada en el ordenamiento jurídico internacional.

Los terribles impactos estimados en las predicciones del cambio climático a nivel global están inherentemente vinculados a alteraciones en el medio ambiente y por lo tanto, tendrán sus efectos más fuertes en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano. Este derecho fundamental consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, dispone en lo conducente lo siguiente:

“Artículo 4...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley...”

Los patrones climáticos altamente erráticos y los consecuentes incrementos en las inundaciones, fuertes tormentas, escasez de agua, sequías, incendios forestales y la elevación del nivel del mar, mismos que han sido predichos o demostrados por los estudios científicos mencionados en este informe, tendrán un impacto negativo sobre el ambiente natural de todos los Estados en el hemisferio. Estos impactos negativos inhibirán el disfrute del derecho al ambiente sano debido a la grave e irreversible perturbación de los ecosistemas naturales de los que todas las personas dependen. En muchos casos, como los de escasez del agua, sequías, inundaciones de áreas costeras e incendios forestales, estos impactos pueden dañar de forma permanente y hasta destruir los ecosistemas naturales que proveen de alimento, agua y sustento a millones de personas.

Después del derecho a un ambiente sano, el derecho humano al que el cambio climático afecta más gravemente es el derecho a una vida digna, dado que las comunidades pierden acceso a los servicios básicos que sustentan la vida, tales como el agua y el alimento.

Entre los elementos más importantes para el disfrute del derecho a una vida digna está el acceso al agua. Como se explicó antes, el cambio climático claramente exacerba los fracasos actuales para priorizar el acceso al agua para las necesidades humanas básicas en ciertas regiones. La reducción de la disponibilidad del agua proveniente de glaciares, del derretimiento de la nieve, del agua lluvia y de fuentes subterráneas va a despojar a miles de comunidades de sus fuentes tradicionales de agua para beber, bañarse, cultivar y otras necesidades.

Por otra parte, muchos impactos del cambio climático van a socavar también el acceso a la alimentación, esencial para el derecho a una vida digna y un derecho en sí mismo, lo anterior especialmente para las comunidades con bajos ingresos que dependen de la agricultura de subsistencia, la pesca o la caza.

A pesar de todo lo expuesto, algunas disposiciones jurídicas dentro del orden jurídico nacional ya han intentado atender lo relativo a la materia, ya que como bien se refiere en la iniciativa objeto del presente dictamen, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ya prevé la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, aunado al hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha sido beneficiada con una ampliación en cuanto a sus facultades para atender la problemática en torno a los derechos humanos en las recientes reformas aprobadas a la Constitución General de la República en el año 2011.

De la misma forma, ponemos énfasis en los esfuerzos del Poder Ejecutivo en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, puesto que dentro de los objetivos señalados en el numeral 6, se contempla desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental, lo que se traduce en la cooperación de todos los actores gubernamentales y sociales que inciden en la protección y conservación del medio ambiente, y que es fundamental para consolidar la gobernanza requerida para cumplir con el objetivo de crecimiento verde con inclusión social, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo dentro del Eje denominado México Próspero, para lo que es importante contar con una sociedad corresponsable y participativa, educada, informada y capacitada, así como un abanico de políticas públicas definidas, instrumentadas y evaluadas con participación de la ciudadanía así como la disponibilidad de conocimientos científico tecnológicos que apoyen una mejor toma de decisiones y permitan la instrumentación de programas y proyectos para el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos naturales con el mínimo impacto ambiental.

Lo anterior se traduce en que las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se enfocarán en la promoción de la participación ciudadana, la educación, capacitación y generación de conocimientos e información en materia de medio ambiente y recursos naturales, así como en el desarrollo de instrumentos de política y la adopción de compromisos en los foros internacionales que aporten certidumbre y reglas claras a los tomadores de decisiones en la materia.

Por otro lado, como ya se refirió, es importante señalar que el Cambio Climático es la principal causa de pérdida de los recursos de agua dulce, así como de las sequías, lo cual impacta sin lugar a duda el sector ganadero y agropecuario, derivando la problemática de alimentación y de salud, además tiene efecto en los desastres naturales, como tormentas extremas e inundaciones, lo que impacta el derecho a una vivienda digna, por plantear algunos efectos directos, de esta manera se estaría reforzando la garantía que el Estado brinda del cumplimiento de los derechos humanos, específicamente como consecuencia del cambio climático, como se manifiesta en la iniciativa en cuestión, diversos sectores de la población son afectados debido al impacto de los mismos, lo cual necesita una inmediata atención, como vertiente de protección a los sectores vulnerables, así como a la población en general.

En esta tesitura, observamos que al puntualizar la Ley General de Cambio Climático como reglamentaria de los Tratados Internacionales además de nuestra Constitución Federal, estamos siendo congruentes al establecer una armonía jurídica con la actual tendencia global de protección internacional de los derechos humanos, sin omitir mencionar que el artículo 7 de dicha Ley, establece como atribuciones de la Federación, el establecer, regular e instrumentar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, conforme a los Tratados Internacionales aprobados.

En este orden de ideas, es que los legisladores integrantes de este órgano legislativo consideramos oportuno modificar los artículos 2, 7, 26 y 27 de la Ley General de Cambio Climático con el objeto de integrar la figura de la preservación y protección de los derechos humanos en el marco de vulneración de la que puedan ser objeto derivado de los efectos adversos del cambio climático, así como advertir de los impactos que dichos efectos pueden causar a los derechos humanos.

No obstante lo anterior, los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora hemos determinado hacer modificaciones a la propuesta original del promovente con el objeto de dar cabida a una mejor técnica legislativa, sin variar la esencia del espíritu de las reformas propuestas. En este sentido, se varió la redacción de las propuestas contenidas en la fracción I del artículo 2; la fracción XIII del artículo 26 y la fracción VII del artículo 27, así como la colocación de las reformas propuestas en los artículos 7, 26 y 27 de la Ley General de Cambio Climático.

En conclusión, esta Comisión está convencida que cada Estado tiene la obligación positiva de proteger y garantizar los derechos humanos. Esta responsabilidad se acentúa cuando un Estado es consciente del riesgo que corre el derecho de las personas a una vida digna al interior de su jurisdicción. Bajo este precepto del derecho internacional, nuestro país no solo debe asegurar que los agentes gubernamentales no violen las leyes, sino que debe también adoptar medidas razonables para proteger los derechos humanos en peligro debido a las acciones de actores privados, sin importar si el Estado Mexicano realmente contribuyó o causó tales riesgos; a partir de este concepto es que los integrantes de la Comisión Dictaminadora estimamos pertinentes y adecuadas las reformas propuestas dentro de la iniciativa que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora, somete a consideración de la asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único:Se reforman los artículos 1o.; 2o., fracción I; y se adicionan una fracción XIII al artículo 26 y una fracción VII al artículo 27 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parteen materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico y derecho a un medio ambiente sano.

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano permitiendo su goce y ejercicio,y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

II. a VII. ...

Artículo 26. ...

I. a X. ...

XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad;

XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales, y

XIII. Preservación y protección a los derechos humanos que sean vulnerados por los efectos adversos del cambio climático.

Artículo 27. ...

I. a IV. ...

V. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil;

VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y

VII. Informar sobre el impacto que los efectos adversos del cambio climático podrían causar al derecho a un medio ambiente sano.

Transitorio

Único.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Informe de Asociación Interamericana para la defensa del ambiente (AIDA), Cambio Climático y derechos humanos en América Latina: una crisis humana, diciembre 2011, disponible en: http://www.aida-americas.org/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los- derechos-humanos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 9 del mes de diciembre del año 2014.

La Comisión de Cambio Climático, diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático

La Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, fracciones 2 y 3, 45, fracciones 1 y 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 158, fracción 1, numeral IV, y 80, fracción 2, del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• Que en fecha 22 de octubre de 2014, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores por el que remite minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático.

• Que en esa misma fecha, la Presidencia dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

Contenido de la Minuta

La minuta dictaminada por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos tiene por objetivo modificar la Ley General de Cambio Climático, para darle a los municipios la atribución correspondiente y  puedan establecer convenios de coordinación o asociarse para el mejor ejercicio de las atribuciones que prevén las doce fracciones que conforman el artículo 9o.

Las comisiones unidas afirman que el cambio climático ha sido reconocido como una de las principales amenazas a la seguridad internacional, dado que se prevé que sus impactos tengan efectos considerables en diversas actividades productivas e incluso en la salud de la población, la comunidad internacional está trabajando para reformar el régimen internacional a efecto de que responda a las necesidades y retos que plantean las proyecciones científicas y así evitar que la temperatura media global se eleve.

Por otro lado en la minuta en cuestión, se puntualiza que consientes del panorama actual en nuestro país, convencidos de la contribución que tendría a nivel nacional avanzar en la construcción de las bases legales en materia de cambio climático, los legisladores se dieron a la tarea de redactar, nutrir y aprobar la Ley General de Cambio Climático.

Las comisiones unidas coinciden en que  diversos cuerpos legales no sólo incorporan disposiciones que contemplan el establecimiento de mecanismos de mecanismos de coordinación entre los tres ordenes de gobierno, e incluso entre municipios, sino que además, establecen formas de organización y asociación que facilitan la formulación y aplicación de políticas y programas a nivel municipal, aspecto que se fundamenta en el artículo 115 constitucional.

Además se considera que el cambio climático siendo un tema complejo y transversal, requiere la participación de una multiplicidad de actores en los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad, y si bien es innegable la realización de importantes avances en el ámbito federal, aún hay mucho por hacer en el ámbito local, particularmente a nivel municipal.

De igual manera señalan que la acción municipal resulta de particular importancia para la atención de los retos que supone el cambio climático pues se trata de un orden de gobierno cuyo poder de acción y gestión tiene un impacto inmediato en la población.

Se pone especial énfasis en la relevancia de la reforma propuesta ya que actualmente la Ley General de Cambio Climático contempla diversos mecanismos de participación en los que convergen los tres órdenes de gobierno pero no incluye una disposición expresa que faculte a los municipios a asociarse o celebrar acuerdos de coordinación entre ellos para cumplir a cabalidad con las competencias que la Ley les atribuye.

Consideraciones de la Comisión

Esta Comisión de Cambio Climático, posterior al estudio y análisis de la minuta que nos ocupa, manifiesta las siguientes consideraciones:

Coincidimos con la Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos en que el Cambio Climático ha sido reconocido como una de las principales amenazas de la seguridad internacional, y que específicamente en nuestro país algunos efectos que se prevén en un escenario de incremento de temperatura son los cambios en los patrones de lluvia, el incremento en el número y la intensidad de ciclones tropicales y huracanes, sin olvidar la reducción en la precipitación de las regiones hidrológicas, alteración en las actividades agrícolas y silvícolas, así como el incremento en la vulnerabilidad de especies y de ecosistemas, y por obviedad el aumento de enfermedades; por lo que es necesario el implemento de acciones inmediatas para prevenir dicho panorama.

Es digno de reconocer el gran avance de la aprobación de la Ley General de Cambio Climático la cual entró en vigor en octubre del 2012, y  como toda ley perfectible se han identificado aspectos que se pueden modificar para su mejor implementación.

Igualmente reforzamos el aspecto de que en la ley en cuestión, se contempla expresamente el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, inicialmente en la formulación de la política nacional de cambio climático, dispuesta en el artículo 26 fracción VI  y fracción X de dicha Ley, el cual a la letra dice:

“Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

I. a V...

VI. Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado para asegurar la instrumentación de la política nacional de cambio climático;

VII a IX...

X. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la población, poniendo a su disposición la información relativa al cambio climático y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables;”

Con relación en lo anterior, observamos con claridad que dentro de la Ley a modificar se expresa lo concerniente a la participación de los tres órdenes de gobierno en la formulación de la política nacional de cambio climático, sin embargo, como mencionan las Comisiones Unidas exponentes, en cuanto a las atribuciones de los municipios no se manifiesta de manera expresa la posibilidad de asociarse o unir esfuerzos para combatir sus problemáticas en común. Aspecto que sería muy viable en cuanto a la efectiva y pronta resolución de los problemas que en materia de cambio climático se pretenden combatir, específicamente en cuanto acciones de mitigación y adaptación, además de considerar un ahorro en uso de recursos económicos en dichas acciones.

Ahora bien, efectivamente en el artículo 115 constitucional, citado en la minuta en discusión, se establece en el párrafo tercero de la fracción III lo siguiente:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I a II...

 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio–económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

Derivado de lo anterior afirmamos que nuestra Carta Magna ya contempla de manera expresa dicha asociación entre ayuntamientos, en cuanto a las funciones que les correspondan de manera general.

Puntualizamos que en la Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, entonces al ser el instrumento rector, éste describe los ejes estratégicos y líneas de acción a seguir con base en la información disponible del entorno presente y futuro, para así orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo que fomentar la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. Esto con el objetivo de atender las prioridades nacionales y alcanzar el horizonte deseable para el país en el largo plazo. Es importante mencionar que la Estrategia no es exhaustiva y no pretende definir acciones concretas de corto plazo ni con entidades responsables de su cumplimiento. A nivel federal, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) definirá los objetivos sexenales y acciones específicas de mitigación y adaptación cada seis años, mientras señala entidades responsables y metas. A nivel local de acuerdo a lo dispuesto en la LGCC y en sus respectivos ámbitos de competencia, serán los programas de las entidades federativas en materia de cambio climático y los programas municipales de cambio climático. El conjunto de dichos instrumentos de planeación, la operación efectiva del marco institucional previsto en la LGCC, el desarrollo de los instrumentos económicos y el diseño de herramientas técnicas apropiadas en concordancia con esta Estrategia permitirán concretar las metas de mediano y largo plazo.

Y es precisamente derivado de lo anterior, que trasciende la necesidad de que los municipios cuenten con mecanismos jurídicos que permitan su coordinación para llevar a cabo los programas, acciones e instrumentos que les permitan potenciar los efectos y objetivos planteados dentro de sus programas municipales de cambio climático, con el objeto de dar cumplimiento a los fines establecidos en el ordenamiento jurídico específico.

Así mismo concluimos resaltando que en nuestro marco jurídico está por demás marcado el hecho de que es sumamente necesaria la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sin embargo en la materia de Cambio climático efectivamente no se encuentra de manera expresa la asociación  o coordinación de los órganos en el ámbito local, para unión de esfuerzos en cuando a implementación de medidas o acciones para combatir el impacto de los efectos de cambio climático, motivo por el cual consideramos que la reforma contenida en la Minuta que nos ocupa es pertinente y congruente con las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático, como en los instrumentos rectores de las políticas establecidas por el Ejecutivo Federal para su ejecución.

No resulta omiso para los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reconocer el esfuerzo que se hace a nivel Federal y Estatal, en cuanto a medidas de acción para la mitigación de efectos del cambio climático, sin embargo es necesario reforzar de manera inmediata en el ámbito local, a nivel municipal, las atribuciones necesarias para hacer posible esa asociación o coordinación de ayuntamientos, y poder así unir esfuerzos para que de una manera más pronta se de atención a dicha problemática, añadiendo también el aspecto de un uso menor de recursos,  puesto que es una realidad que hay una escasez de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único.Se adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 9o.Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:

I. a XII. ...

Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o asociarse para una eficiente implementación de las disposiciones previstas en este artículo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de diciembre de 2014.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI a XV del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 03 de abril de 2013, la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (LFLL).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y. Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 26 de septiembre de 2013, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 374 votos.

La iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 01 de octubre de 2013.

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta en comento a las Comisiones Unidas de Educación, de Biblioteca y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. El dictamen de primera lectura fue presentado el 10 de abril de 2014 por las Comisiones Unidas de Educación, de Biblioteca y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

6. El 21 de abril de 2014, el dictamen positivo con modificaciones, se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 85 votos.

7. La minuta con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 22 de abril de 2014, por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La minuta tiene como principal objetivo el de fortalecer y consolidar al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura como “un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura” (artículo 12 de la LFLL).

Para ello, el Consejo debe contar con actores clave que tengan injerencia y participación en la publicación y difusión del libro. El Consejo Nacional lo integran los titulares de la Secretaría de Educación Pública, como parte de la presidencia del órgano; el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Asociación de Libreros de México, la Asociación Nacional de Bibliotecarios, la Sociedad General de Escritores de México, la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

No obstante, la presente minuta busca reconocer la importancia de la participación de los titulares del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, formalizando su colaboración como integrantes con carácter permanente.

Lo anterior, es con el fin de agrupar los principales actores públicos, sociales y privados que orienten las políticas públicas con respecto al fomento de la Lectura y el Libro y que al mismo tiempo, se logre un espacio de discusión y análisis de las necesidades que este tema engloba.

En este contexto y con base en los anteriores argumentos, en la minuta se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se adiciona las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. al X. ...

XI. El Director General del Fondo de Cultura Económica;

XII. El Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor;

XIII. El Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

...

...

III. Consideraciones generales

En opinión de la comisión dictaminadora, es de reconocerse la importancia de promover y difundir la lectura y el libro, ya que el déficit de compresión lectora en los alumnos de los diferentes niveles educativos, específica mente en educación básica y normal es un problema que está latente en nuestra sociedad. Esto afecta de sobremanera su aprendizaje tanto en el conocer y ser, como en el de participar en sociedad.

Por tanto, una de las competencias fundamentales para el estudiante es la comprensión lectora. De acuerdo con Pérez Zorrilla (2005), la comprensión lectora es considerada como la “aplicación específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general”.

Con lo anterior, es de gran importancia que el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura lo integren organismos públicos, sociales o privados que estén a cargo de propiciar la generación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones a favor de la promoción de la lectura; además de fomentar la edición, difusión y distribución del libro.

De ahí que es necesario integrar a tres organismos que contribuyan de manera permanente con la promoción y difusión del libro. Ellos son: el Fondo de Cultura Económica es una editorial con una trayectoria importante, la cual fue concebida como un proyecto para dotar de material de análisis a los alumnos de economía en México; no obstante, en la actualidad es una institución editorial reconocida en México y en Iberoamérica; el Instituto Nacional del Derecho de Autor, es la autoridad administrativa que salvaguarda los derechos de autor, fomenta la creatividad y el desarrollo cultural e impulsa “la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos”; y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) es una de las políticas educativa más sostenidas, es un organismo que produce libros de manera vasta y especializada, en temas de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, indígena y braille.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro sea remitido al Ejecutivo para efecto de que, si no tuviere observaciones que hacer, lo publique inmediatamente.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en materia de integración del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue:

Artículo 14. El Consejo estará conformado por:

I. a VIII. ...

IX. El Director General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

X. El Director General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

XI. El Director General del Fondo de Cultura Económica;

XII. El Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor;

XIII. El Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos;

XIV. El Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores, y

XV. El Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistemas de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pérez Zorrilla, María de Jesús (2005) “Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones”. Revista de Educación, número extraordinario 2005, pp. 121-138. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1332462

2 Fondo de Cultura Económica (2014) Los orígenes y los precursores. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial/Trimestre/Historia.aspx

3 Instituto Nacional del Derecho de Autor (2014) Misión y Visión. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://www.indautor. gob.mx/mision.html

4 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (2014) Historia. Recuperado el 20 de octubre de 2014, desde: http://www.indautor.gob. mx/mision.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 14 de febrero de 2013, la senadora María Elena Barrera Tapia (PVEM) y los senadores Miguel Romo Medina, Braulio Manuel Fernández Aguirre, María Cristina Días Salazar, Armando Neyra Chávez e Hilda estela Flores Escalera (PRI), presentaron al Senado de la República de la LXI Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y VIII y se adiciona la fracción V al artículo 73 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Habiendo pasado a primera lectura en sesión de fecha 21 de abril de 2014, el dictamen pasó a una segunda lectura para la sesión de fecha 22 de abril de 2014, en la cual fue aprobado en votación nominal y ordenándose turnar a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

En sesión de fecha 28 de abril de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó se turnara la Minuta en comento a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

La presente minuta propone que se incorpore en la Ley General de Salud, que en la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que realizan (de conformidad al artículo 73 de la Ley General de Salud) la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán que:

Estás actividades sean de carácter nacional y permanente, así como a la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 73. ...

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. a VI. ...

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud,y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Iniciativa

Artículo 73. ...

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. a VI. ...

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que son atendidas en los establecimientos de la red del sistema nacional de salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes; y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Los trastornos mentales y conductuales se consideran padecimientos que se caracterizan por alteraciones de los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas con angustia personal y o con alteraciones del funcionamiento, es decir, no son sólo variaciones dentro de la “normalidad”.

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores de índole social, ambiental, biológica y psicológica. La salud mental incluye: los síndromes depresivos y ansiosos, la epilepsia, la demencia, la esquizofrenia, las adicciones y los trastornos del desarrollo infantil, los cuales se han incrementado en México durante los últimos años.

Para homogeneizar este gran espectro de trastornos y padecimientos, se creó el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) por la Asociación Americana de Psiquiatría; y contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales.

Este manual clasifica los trastornos mentales en diecisiete categorías. Los trastornos depresivos se encuentran dentro de la categoría de los trastornos del estado de ánimo,  los cuales se dividen en trastornos depresivos («depresión unipolar »), trastornos bipolares y dos trastornos basados en la etiología: trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica y trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias.

Tercera. Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica los trastornos psiquiátricos se presentan en las primeras décadas de la vida; el 50 por ciento de los adultos que informaron haber sufrido un trastorno mental, lo padecieron antes de los 21 años de edad. Del mismo modo se estima que un 7 por ciento de la población infantil entre los 3 y los 12 años se encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental y los más frecuentes son los problemas de aprendizaje, retraso mental, la angustia y los intentos de suicidio.

Cuarta. La prevalencia de trastornos mentales es de 5-18 por ciento de la población general. La depresión es el trastorno más frecuente en uno y otro sexo (4.9 por ciento hombres y 9.7 por ciento, mujeres), por lo que se espera que 1 de cada 6 personas desarrolle eventualmente un trastorno mental que podría requerir atención especializada. Es decir, que en México padecen trastornos mentales casi 15 millones de personas. Cabe destacar que tales prevalencias son más bajas que las observadas en Estados Unidos, donde existen cifras de hasta 19.5 y 25 por ciento para cualquier trastorno afectivo y por ansiedad, respectivamente.

Quinta. Es necesario referir que actualmente, conforme al marco jurídico sanitario vigente, la salud mental, concepto dentro del cual se encuentra la prevención y atención a los trastornos mentales y del comportamiento, se encuentra considerada como materia de salubridad general y como un servicio básico de salud (Artículos 3, fracción VI; y 27, fracción VI de la Ley General de Salud).

Sexta. En este mismo sentido, la presente reforma pretende incluir a la fracción I del artículo 73 de la Ley General de salud, que en el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad, deberán ser “con carácter nacional y permanente”, sin embargo, cabe hacer mención que el artículo 1° señala que la presente Ley es “... de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social”, es decir, las disposiciones plasmadas en la Ley son de aplicación general y en toda la República.

Por lo anterior consideramos que la propuesta de adición al artículo en comento, será viable siempre y cuando se elimine la palabra con carácter “nacional”.

Séptima. La prevención, promoción y atención de la salud mental han sido ejes sobre los cuales se han edificado las políticas públicas que buscan solucionar los trastornos mentales y del comportamiento. La salud mental a diferencia de la salud física carece de síntomas patentes o fáciles de manifestar, por lo que estos problemas sólo se atienden cuando tienen una expresión manifiesta de alteración en el proceso cognitivo.

Para la adecuada atención de la salud mental de las personas, es necesario el oportuno descubrimiento de las afecciones padecidas, por lo que, para asistir efectivamente a las personas en los problemas de salud mental, primero se requiere detectar que la persona sufre algún padecimiento de este tipo, para así diagnosticarla y canalizarla en orden a su recuperación.

La detección de los problemas de salud mental, es un paso anterior a la atención y distinto de la prevención, donde se busca descubrir la existencia de algún problema de salud mental que no es patente o no se ha manifestado; de lograrse la oportuna detección de los trastornos psiquiátricos, los tratamientos que buscan solucionar tales afecciones podrán tener, en comparación de una detección tardía, un costo y duración menor, así como proporcionar, durante más tiempo, una mejor calidad de vida a las personas.

En concordancia con los proponentes, aunque no hay una edad determinada en la que inicie algún tipo de enfermedad mental, la mitad de los adultos que han sufrido algún trastorno psiquiátrico, afirman haberlo padecido en edades tempranas, cuestión que manifiesta el enorme valor que tienen los primeros años de vida en la formación integral del desarrollo cognitivo y psiquiátrico de mujeres y hombres.

La necesidad de detectar y atender problemas mentales en niñas, niños y adolescentes, es un tema que debe priorizarse ya que estos grupos son más propensos y vulnerables a padecer afecciones mentales, con motivo de un correcto y temprano tratamiento es importante poner especial atención en la detección de enfermedades psiquiátricas en nuestros futuros ciudadanos.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser fracción IX, del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. a VI. ...

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del sistema nacional de salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En el apartado “Contenido de las iniciativas”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de las iniciativas en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 11 de noviembre de 2014, el diputado federal José Alberto Benavides Castañeda del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de ésta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir en los criterios para otorgar el derecho a la asistencia social, la condición económica. Para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma el primero párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

...

De I a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Así también, la Ley General de Salud señala lo siguiente con respecto a la protección de la salud:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

...

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

...

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

...

XVIII. La asistencia social;

...

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

...

Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Tal y como se expresa en la Ley General de Salud, las condiciones socioeconómicas generadas por la falta de ingreso deben ser consideradas dentro de la prestación de los servicios de salud.

Por consiguiente la misma ley contempla la definición de asistencia social a la cual serán beneficiados todos aquellos que contemple la misma:

Artículo 167. Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Artículo 168. Son actividades básicas de Asistencia Social:

I. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

...

Existe entonces certeza jurídica para garantizar la protección social en salud referente a la asistencia social, considerando fundamentalmente los factores personales y sociales, en el cual la condición económica está contemplada por esta fracción señalada.

Tercera.De tal consideración correspondiente a la implementación de la asistencia social como materia de salubridad general y protección social en salud para a aquellos con alguna necesidad, se desprende la Ley de Asistencia Social para determinar los mecanismos y las acciones para la promoción de un Sistema Nacional de Asistencia Social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia.

Asimismo se expresan aquellas personas que son sujetas de asistencia social:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Cuarta. Se considera entonces que el factor económico de las personas de acuerdo con la Ley General de Salud debe ser contemplado para brindar atención en salud y ser sujetos de asistencia social, esto ante la situación de pobreza que perjudica al 53.3 por ciento de la población en el país según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que no se expresa como tal en la Ley de Asistencia Social artículo 4.

Por lo expuesto, se estima conveniente aprobarse el presente proyecto de iniciativa.

Se somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Artículo Único. Se reforma el primero párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

...

I. a XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Estas comisiones, con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción 1; 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 5 de octubre de 2014 la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del diputado Alfonzo Inzunza Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó la iniciativa mencionada a las Comisiones Unidas de Marina y Transportes, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. El 11 de diciembre de 2014, en reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Marina y Transportes, los diputados integrantes aprobaron dictamen en sentido positivo; por tanto, se formula el presente documento que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores.

Consideraciones

Primera. El desarrollo de un ordenamiento pesquero y acuícola integral, es uno de los ejes fundamentales de la política en la materia a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, orientado a la seguridad alimentaria y la sustentabilidad.

De acuerdo con las políticas para el desarrollo de la acuacultura y pesca que impulsa la presente administración pública federal, el ordenamiento pesquero y acuícola integral, así como el cumplimiento y observancia de la normatividad, el impulso a la capitalización pesquera y acuícola, además del desarrollo estratégico de la acuacultura y el fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas, integran los ejes de trabajo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Segundo. Para garantizar fundamentalmente la sustentabilidad de los recursos pesqueros, el sector público toma como referente el potencial de capturas que proyectan cada una de las diversas pesquerías de los litorales del país, contenidas en lo que revela la Carta Nacional Pesquera, conforme a los estudios a cargo del Instituto Nacional de Pesca.

Al disponer de esta información, las autoridades correspondientes llevan a cabo la planeación necesaria para el otorgamiento de los permisos de pesca, bajo criterios de sustentabilidad y recuperación de las pesquerías.

Tercera. Se cumplen así objetivos de lógica común, contenidos tanto en los preceptos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, como en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en lo que corresponde a la autorización y entrega de permisos para pesca, tanto a embarcaciones menores como de altura en las diversas pesquerías del país.

Sin embargo y a pesar de lo ha avanzado en materia administrativa en cuanto a la simplificación de trámites, ocurren todavía dilaciones burocráticas que afectan al proceso de entrega de permisos de pesca requeridos, sobre todo para la expedición de los despachos vía la pesca, entendidos estos como la autorización a una embarcación para que se haga a la mar con el objeto de realizar actividades pesqueras.

Cuarta.Voces diversas son coincidentes en señalar que trámites excesivos y dilaciones burocráticas, constituyen un freno al sano desarrollo de las actividades productivas y consecuentemente se convierten en grave obstáculo para la competitividad y el crecimiento económico, significan una situación que genera incertidumbre en el sector pesquero, toda vez que de manera directa afectan a todo el proceso productivo, desde el periodo de capturas, pasando por el de industrialización, hasta llegar a la comercialización de los productos.

Quinta. Además de los permisos de captura que debe expedir la autoridad en materia pesquera, está también la disposición a cargo de la autoridad portuaria, la cual autoriza la salida de embarcaciones a través de despachos vía la pesca, según lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

En la misma ley, se establece de manera genérica en el artículo 48 que para hacerse a la mar, toda embarcación requerirá de un despacho de salida del puerto, de conformidad con diversas normas, una de las cuales dicta que para este efecto, el reglamento respectivo establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores.

Advertimos entonces que los beneficios del régimen simplificado favorecen únicamente a un segmento de embarcaciones, no así a las de altura que deben contar con despachos de salida vía la pesca.

La propuesta en referencia tiene entre otros objetivos, poner un alto precisamente a trámites excesivos en la entrega de permisos, como una medida que venga a favorecer el proceso productivo de las pesquerías.

Sexta. Por las razones expuestas y fundamentadas los integrantes de estas comisiones someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo Único. Se reforman los artículos 46, primer párrafo y 48, fracción I, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 46. Salvo en el caso de las arribadas forzosas, en la autorización o rechazo de arribo a puerto de embarcaciones, la autoridad marítima requerirá la documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en él señalados sean superiores a los que dispongan los tratados internacionales. El reglamento correspondiente establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente.

...

...

Artículo 48. ...

I. Será expedido por la autoridad marítima, previo requerimiento de la documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en él sean superiores a los que dispongan los tratados internacionales. El reglamento establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores y para los despachos vía la pesca para embarcaciones dedicadas a esta actividad comercial, cuya eslora y desplazamiento sean iguales o menores a 24 metros y 50 toneladas de registro bruto, respectivamente;

II. y III. ...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Marina, diputados:José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), secretarios; Luis Ricardo Aldana Prieto, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Leonor Romero Sevilla, Jorge Rosiñol Abreu, Víctor Serralde Martínez, Uriel Flores Aguayo (rúbrica).

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Francisco Alberto Zepeda González, Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero, José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señoras, señores diputados, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra el señor diputado Julio César Moreno Rivera, hasta por 10 minutos, en virtud de tratarse de reforma constitucional para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de esta Cámara que se ha invocado. Adelante, señor diputado Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, distinguido presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 17 de julio de 2013 esta soberanía aprobó por primera vez ese tema.

En aquella fecha las cifras reportaban el registro de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas. En municipios ascendía a 390 mil millones de pesos. Y actualmente, este déficit asciende a 490 mil millones de pesos.

Es decir, aumentó casi 100 mil millones de pesos en tan solo un año y medio, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ello, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, nuestra Legislatura presenta nuevamente ante esta asamblea el dictamen con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros legisladores, este trascendente tema fue ampliamente discutido y debatido en ambas cámaras, por lo que agotamos el procedimiento legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, razón por la cual las modificaciones contenidas en la minuta enviada por el Senado de la República el 15 de diciembre del año 2014, se retomaron para presentarlas en una iniciativa que fue suscrita por diputados, incluso senadores de diferentes grupos parlamentarios que es objeto del dictamen que hoy se pone a consideración.

Cabe señalar que si la Cámara de Senadores hubiese considerado de una mejor manera lo estipulado en el artículo 72, fracción H, relativo a que el tema de deuda pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no hubiese insistido en modificaciones estériles que solo retrasaron y postergaron la aprobación de esta trascendental reforma, cuando pudo haberse aprobado desde diciembre de 2013 y en consecuencia estos 100 mil millones de pesos adquiridos hubieran podido ser regulados bajo los principios de la presente reforma.

Es por lo que, compañeras y compañeros diputados, en la actualidad resulta insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más del cien por ciento de las participaciones federales de algunas entidades federativas. Estamos hablando solamente de la deuda que registra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero hay otro tipo de deuda en los estados y municipios que no se registra, la cual es muy significativa como lo son las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de los gobiernos, de las universidades, los pasivos a corto plazo que son adquiridos por los proveedores de bienes y servicios o con bancos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo u otras deudas derivadas por proyectos multianuales.

Sumando este tipo de deudas encontramos que hay siete entidades federativas que rebasan el cien por ciento de las participaciones federales. Compañeras y compañeros legisladores, las cifras hablan por sí solas, el incremento sustancial en la deuda pública de los municipios y estados es evidente, por lo que ante esta situación tan alarmante resulta imperativo que nosotros como Poder Legislativo llevemos a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los diferentes órdenes de gobierno.

En ese sentido, resulta indispensable establecer límites en nuestra ley fundamental, que establezcan las bases para revisar, vigilar el correcto desempeño y la capacidad de pago de endeudamiento en los diferentes niveles de gobierno.

Por esta razón se incluye en la Constitución, un mecanismo para que las entidades federativas y los municipios contraten una deuda de una manera disciplinada y ordenada.

No se trata de poner impedimentos o limitar la adquisición de deuda, sino que ahora cada entidad federativa o municipio deberá ceñirse a las leyes secundarias que establecerán las bases generales para incurrir en endeudamiento, así como la forma en que podrán afectar sus participaciones que servirán para cumplir con sus obligaciones de pago.

Además con esta reforma se avanza en materia de transparencia, ya que los órdenes de gobierno estarán obligados a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único. Asimismo, se establece la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública. Ahora la ciudadanía podrá conocer el monto de la deuda que se contrata, el acreedor, la tasa de interés, el plazo para el pago y la garantía o fuente del pago.

Se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda fiscalizar la deuda pública y las garantías que otorgue el gobierno federal respecto a la deuda de los estados y los municipios, responsabilizando a los servidores públicos por el manejo de los recursos.

Además se contemplan elementos de responsabilidad financiera como prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente, por lo que ahora la deuda tiene que ser destinada para inversiones públicas productivas.

Otro elemento es que la autorización de los montos máximos de los créditos deberá de ser aprobada por la mayoría calificada. Es decir, por las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas locales.

Otro de sus elementos es la prohibición expresa de contratar deuda en el último trimestre de un periodo de gobierno y obliga a los estados y municipios a liquidar las obligaciones a corto plazo en ese mismo lapso.

De igual manera la reforma prevé la creación de una comisión legislativa bicamaral, algo fundamental para el sistema que plantea con estas reformas, lo cual fortalecerá al Congreso de la Unión en un tema de vital importancia como es el uso del crédito público. Esta comisión tendrá entre otras facultades la de sancionar y, en su caso, objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados que estén contenidas en los convenios que sean suscritos con el gobierno federal para obtener garantías.

Finalmente se establece que en las operaciones de refinanciamiento o de reestructura de una deuda éstas deberán regirse bajo las mejores condiciones del mercado.

No me queda más, compañeras y compañeros legisladores, que reconocer que este dictamen a discusión es fruto del trabajo de ambas Cámaras legislativas en donde ha quedado evidenciado el claro interés por sacar adelante una reforma que traerá ¿grandes bebeficios a todos los mexicanos.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen que atiende un tema de coincidencia entre todos los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto, que además tiene como propósito velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Finalizo mi intervención citando al político estadounidense John Adams: “hay dos formas de conquista y esclavizar a una nación, una es a través de la espada y la otra es a través de la deuda”. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a la asamblea.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminadora en el caso.

Para fijar la postura del colectivo de la agrupación de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, hasta por 10 minutos. Maestra Loretta Ortiz.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en relación con el tema que hoy nos aboca, conviene recordar situaciones que ha vivido nuestro país en relación con el tema de la deuda: 1976, gobierno de López Portillo. Entró en una grave crisis, de las más graves que ha tenido nuestro país, en materia de, gracias a la deuda externa contratada por el presidente.

En 1976 se estableció un control de cambios, fue, no solamente un control de cambios sino se declaró en moratoria al país. No pudimos pagar nuestros empréstitos internacionales; se tuvieron que celebrar diversos convenios, tratados, contratos con la banca extranjera, con más de 110 bancos extranjeros que fueron representados por Eximbank.

Se estableció una austeridad obligada en cuanto al gasto público, intervino el Fondo Monetario Internacional. Y a raíz de esa experiencia las conclusiones que se sacaron, fueron –entre otras– que no se pueden generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, a través de lo que se ha denominado inversión indirecta –es decir– la contratación de deuda.

Pasamos a otra gran crisis que tuvo nuestro país, 1994 Carlos Salinas de Gortari. Recordamos que no dos años anteriores se había dicho, incluso ingresamos a la OCDE y a pesar de eso, de estar dentro de los países, bueno firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya teníamos resuelto nuestro futuro económico y se viene la gran crisis económica de 94 en que resultó que México había emitido los famosos Tesobonos que eran títulos en dólares y que cualquier particular podía hacer valer y que hicieron valer, y que nuevamente ocasionaron la gran crisis del país de no poder pagar estos empréstitos.

¿Por qué se generó en vísperas determinar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Nuevamente por una irresponsabilidad de endeudar al país, siendo que además, en el sexenio de López Portillo se confió además en el petróleo como única divisa en virtud de la cual podían ingresar recursos al país.

Ahorita estamos discutiendo, y en este gobierno, nuevamente de Enrique Peña Nieto, se ha aumentado tres veces el techo de endeudamiento, y no suficiente con esta situación se permite a las entidades federativas, y dice en la exposición de motivos que puedan adquirir, claro limitado, el aumentar, contratar empréstitos con la sola limitante de que ahora sí se van a tomar en consideración todas las circunstancias para poderles leer la cartilla y en su momento sancionarlos si sobrepasan estos límites, si lo adquieren, la prohibición del último trimestre, y sin embargo no se ve en todo el proyecto ninguna sanción para estos servidores públicos, díganse de las entidades federativas o de los municipios.

En el caso de las entidades federativas, salta a la mente de cualquier persona el caso de Humberto Moreira. Millones, millones de dólares y que finalmente va a tener que hacer hacerse cargo no la ciudadanía nada más del Estado, sino todos nosotros.

Ayer que se hablaba o el martes de la línea 12 del metro, pues esa sí es una deuda que vamos a tener que cargar todos los ciudadanos. Si hubiera la intención real de disminuir esta contratación de deuda y que fuera en beneficio de toda la población se hubiera tomado como primera acción la primera iniciativa que presenté en esta legislatura, el prohibir la celebración de los acuerdos interinstitucionales.

Estos acuerdos interinstitucionales fueron aprobados mediante ley el 2 de enero de 1994 y han servido de instrumento para las entidades federativas, e incluso para los municipios, para contratar deuda externa. Deuda que es totalmente subcontratación, contraria a lo establecido por nuestra Constitución.

Y nos preguntamos: Por qué ahora sí van a cumplir a pesar de estas reformas si no han venido cumpliendo ni los mandatarios que mencioné, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, ni Enrique Peña Nieto, con las disposiciones que establece hoy en día nuestra Constitución, de que la contratación de la deuda externa sea con finalidad de aumentar la inversión productiva.

Y, sin embargo, sí nos restriegan en esta exposición de motivos que se va a contratar deuda externa, se va a autorizar por parte de las entidades federativas, porque con eso se van a generar empleos y se va a generar crecimiento económico. Nuevamente vamos a caer en el error que no deberíamos haber caído, que era recurrir a la deuda en lugar de generar inversión y proyectos productivos para generar empleos y el crecimiento económico tan deseado.

El proyecto además nos puntualiza en pocas palabras que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos meses. ¿Tres meses? ¿Tres meses? Pues para entonces ya se contrató toda la deuda que va a dejar endeudado al estado o al municipio.

Se establece asimismo que en las Constituciones de los estados de la república se precisarán que los servidores públicos responderán por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda, y se propone que en las entidades estatales de fiscalización revisarán las acciones de estados y municipios, revisar un registro, dónde están las sanciones; porque si no, nos va a ocurrir lo mismo que con Humberto Moreira, se van a ir tan tranquilos a su casita después de haber robado cantidad de millones de dólares al erario público que nosotros los ciudadanos vamos a pagar.

Por todas estas consideraciones Morena votará en contra de este proyecto de reforma constitucional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para fijar la postura de su propio grupo. Hasta por 10 minutos, diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el proyecto de decreto que hoy nos ocupa es producto de un proceso legislativo de varios meses, de amplias discusiones y análisis que deriva hoy, si aquí se vota a favor y en el Senado si cumple su palabra, en coincidencias a partir de proposiciones y propuestas de los diferentes grupos parlamentarios que integran la actual legislatura.

Se trata pues de un proyecto que resume inquietudes para atender, orientar y regular el endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios, que en su conjunto conforman el Pacto Federal.

El desequilibrio cada vez más pronunciado que muestran las haciendas públicas locales en relación ingreso-gasto, es la preocupación que compartimos los diputados de esta legislatura. Estos desequilibrios han llevado a los diferentes órdenes de gobierno a obtener recursos mediante el endeudamiento.

Se debe señalar que en este dictamen se han condensado distintos puntos de vista sobre los alcances de la deuda que enfrentan las entidades federativas y que según las estadísticas disponibles, pasaron de 90 mil 731 millones de pesos en el año 2000, a 489 mil 875 millones al tercer trimestre del año pasado, lo que equivale a un incremento del 440 por ciento.

Según la distribución por acreedor, la banca comercial otorgó el 58 por ciento de dicho endeudamiento, mientras que la banca de desarrollo y otras fuentes de endeudamiento, como las emisiones bursátiles, los fideicomisos y otros, financiaron a los estados y municipios con el 42 por ciento restante de dicha deuda.

No obstante que el resultado significativamente voluminoso de este endeudamiento en el pasado reciente, las autoridades financieras del país, Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coinciden en afirmar que este débito todavía no representa un peligro para el sistema financiero nacional, ya que en su conjunto equivale respecto al producto interno bruto a menos del 3 por ciento.

En este contexto, en este entorno, como legisladores estamos actuando a tiempo y de manera preventiva ante una circunstancia que podría transformarse en un problema de dimensiones y alcance nacional.

Las cifras de deuda que he mencionado son un poco más del 60 por ciento de los ingresos garantizables de los estados, sin incluir los ingresos propios municipales, donde se ubican las participaciones en ingreso federal en el Ramo 28, el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, además de sus ingresos propios.

Por ello estamos actuando a tiempo, aún a pesar de la dilación a cargo del Senado de la República para regular el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales y promover el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos.

Con esta reforma se incorpora a rango constitucional el principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación democrática del desarrollo, así como en la elaboración de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

También se crea una comisión bicamaral, la cual conocerá las situaciones relacionadas a la contratación de empréstitos con la garantía federal y se establece el concepto de mejores condiciones de mercado para llevar a cabo operaciones de financiamiento público. Se amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar deuda pública contratada con garantía de recursos de origen federal.

Tiene cabida igualmente la creación de un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda de estados y municipios. Y se prevén sanciones a los servidores públicos que incumplan con estas nuevas normas.

Lo anterior, entre otros, perfectamente armoniza obligaciones para cubrir necesidades, atributos que contiene el proyecto de reforma que hoy ante esta soberanía se discute.

Entre las medidas de responsabilidad hacendaria se pretende incorporar en este dictamen la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios puedan contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, pero que este se haga sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión y, sobre todo, que dicha obligación deberá ser liquidada a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos últimos meses.

Con esta medida se pretende que los gobiernos sean más responsables al contraer dichas obligaciones. Es importante referir, que la reforma no busca debilitar el pacto federal ni restar autonomía a las entidades federativas y a los municipios. Por el contrario, lo que pretende es crear una responsabilidad para conducir adecuadamente las finanzas locales.

En nueva Alianza estamos convencidos que con esta reforma se define la participación de las fuerzas políticas del país, representadas en los Congresos locales, con una tarea muy precisa, ser las verdaderas instancias que conozcan, autoricen y determinen hacia dónde debe ir el endeudamiento de los gobiernos, de los cuales se forma parte.

No tenemos duda, que ejercicios de concertación, confluencia y acuerdos con todas las fuerzas políticas, como el que antecede a esta reforma, es lo que nuestro México necesita para construir una nación más justa, más moderna y con gobiernos estatales y municipales plenamente responsables, transparentes y comprometidos con sus gobernados.

Por todo ello, y lo digo con plena convicción, nuestra voto, el voto del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza será a favor de este proyecto de decreto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado González Roldán. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, don Ricardo, diputado Ricardo Cantú Garza, hasta por 10 minutos. Adelante, estimado diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía ha hecho llegar al pleno de la misma la declaratoria de publicidad, del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En el tema en comento, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta ante esta soberanía su posición respecto al mismo. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia por la regulación integral de un tema que, sin normas claras para el manejo de los financiamientos a la federación, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, ha redundado en el uso discrecional e irrestricto de la función de pasivos y para la aplicación de los recursos obtenidos por esa vía.

Para la federación y para las entidades, municipios y Distrito Federal, la normatividad debe ser igual para el efecto de contratar pasivos con condiciones iguales para una y para las otras.

Dicho en otras palabras, debe haber un rasero igual para todas las entidades que forman parte del pacto federal. No hay ningún argumento por el que deban existir tratamientos diferenciados para la federación por un lado, y otro para las entidades, municipios y Distrito Federal.

El principio, si aplicáramos las mismas normas para uno y otros casos, no habría necesidad de modificar la Carta Magna.

Al margen de esas consideraciones debe mencionarse que una deuda con crecimiento exponencial como la que tenemos, deja en condiciones muy vulnerables a México y a los mexicanos.

Dimensionaremos los problemas desde la perspectiva cuantitativa. La deuda pública federal a septiembre de 2014 ascendió a 7 billones 10 mil 40 millones de pesos, equivalente al 40.8 por ciento del producto interno bruto. Frente a 6 billones 504 mil 319 millones de pesos del 2013, iguales a 38.9 por ciento del producto interno bruto respectivo, y a 5 billones 790 mil 846 millones de pesos, que significaban el 36.8 por ciento del PIB de diciembre de 2012.

Es decir, en el sexenio de Peña Nieto los pasivos se incrementaron en 505 mil 721 millones de pesos en 2013. Y en 613 mil 473 millones de pesos en el 2014.

Esas cifras equivalen a un aumento en las deudas por un billón 119 mil 194 millones de pesos, equivalentes al 4 por ciento del PIB.

Adicionalmente, debe mencionarse que no se incluyen los pasivos contingentes laborales de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad.

El incremento de la deuda ha sido descomunal. En cuanto a la deuda subnacional, durante el sexenio de Calderón se incrementó en un 148 por ciento, lo que habla de poco aseo con el que se operaron esos pasivos de forma discrecional, sin restricción alguna. Donde se advierte la comisión u omisión de los servidores públicos de Hacienda que permitieron la asunción de pasivos sin control de ninguna especie y peor aún, convalidando que se garantizaran con participaciones que en impuestos federales les corresponden, sin que se observaran mínimos de seguridad para el pago respectivo.

Peor aún, ante la perspectiva y casi certidumbre de un manejo fraudulento de los recursos obtenidos, en que cuando menos se desvío la intención de la asunción de esas deudas, no se han efectuado las reclamaciones respectivas, ni instaurado las acusaciones que correspondan, exigiendo el resarcimiento de los fondos y aplicando las penas corporales que resulten.

Quienes han dilapidado esos recursos, gobernadores, secretarios de finanzas, se pasean a lo largo y ancho del país y del mundo en algunos casos, sin que haya quien exija nada en aras de la transparencia y la consecuente rendición de cuentas.

En el documento que se comenta no se prevé ningún dispositivo legal que precautoriamente observe esta situación. En este caso, siete entidades del país adeudan el 62 por ciento de un universo de deuda de casi 490 mil millones de pesos equivalentes al 2.67 por ciento del PIB nominal previsto para este año de 18 millones 318 mil millones de pesos.

Obviamente la dimensión de un pasivo y otro es totalmente abismal respecto a la óptica cualitativa hay que mencionar que si bien es cierto que la deuda subnacional sin un control adecuado puede llegar a ser inmanejable y por tanto sujeta a transferirse a la federación, también lo es que la soberanía y facultades de las entidades referidas, no deben ser vulneradas, ni conculcadas.

El precepto relativo al manejo de las finanzas de las entidades debe ser acorde a las mutuas responsabilidades que les corresponden y a la vigilancia que Hacienda debe llevar a cabo sin entrometerse en las determinaciones que las facultades de sus respectivas Constituciones locales les permiten.

El proyecto en comento permite que Hacienda trastoque el federalismo al inmiscuirse en actos soberanos de las entidades, convirtiéndose en un vigilante de las virtudes de ellas, pero sin atender los mismos principios cuando se habla de la asunción de pasivos federales. Se ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no es aceptable que en la Carta Magna, numeral 8 del artículo 73, respecto a la federación, ahora se incluyan las operaciones de refinanciamiento y no se haga mención expresa de que los pasivos contratados no deben servir para sufragar el gasto corriente, ello va en sentido contrario a lo que correspondería a una política de finanzas sanas que no comprometa a la soberanía del país.

En la experiencia reciente, los pasivos que anualmente se asumen han servido principalmente para refinanciar los pasivos existentes y no para inversiones en proyectos productivos que generen ingresos al país como actualmente lo mandata la Carta Magna.

De la misma manera, al no sujetar los pasivos a proyectos productivos, deja la puerta abierta a que se malgasten los recursos recibidos por esta vía y se destinen a cubrir el dispendioso gasto corriente que en todas las entidades del país, incluida la federación, se realiza sin control de ninguna especie desatendiendo principios elementales de austeridad que en un país como México no sólo se necesitaría, sino es indispensable.

En esa tesitura, en el entorno federal coloquialmente se trata de pelotear los adeudos pagando más intereses y creando un entorno cada vez más sin margen de maniobra para la ejecución de obra pública de infraestructura que es la que genera empleos, incluso el mercado doméstico, y detona la expansión del crecimiento económico de México. En el mismo sentido, las deudas subnacionales deben ser consideradas con respecto al contexto de las finanzas que a cada entidad interesan.

Debe recordarse que existen casos de entidades que tienen hipotecadas sus participaciones en porcentajes muy elevados a plazos muy largos, tanto que no tienen la posibilidad de llevar a cabo obra pública que es la que crea plazas de trabajo, mantiene ocupada a la población en un clima de paz y concordia y permite el desarrollo cuantitativo y cualitativo de ellas.

También de indicarse que las entidades asumen deudas en cuenta abierta que se documentan con simples facturas contra las que se entregan contra recibos a los proveedores que les sirven para después cobrar su importes. Ésta es una práctica usual en esta actividad, lo que es un problema es que sobre estos pasivos no existe ningún control, ya que no debe existir diferencia en cuanto a que sean de corto, mediano o largo plazos para registrarse debidamente estos adeudos.

En este planteamiento el proyecto en comento distorsiona los objetivos para los que se crearon los dispositivos legales para la contratación de deuda pública, tanto la federal como la subnacional, y se convierte en un elemento perverso de sometimiento en las entidades.

A la luz de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cantú Garza. Hasta por diez minutos, diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Esta reforma constitucional que hoy se presenta, a los artículos 25, 63, 79, 108, 116 y 117, ha sido motivo de un peloteo parlamentario entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que agotó el dispositivo constitucional de reenvíos entre ambas cámaras, y la solución que se adoptó fue presentar –en diciembre pasado– una nueva iniciativa, producto –se dice– del consenso entre ambas cámaras.

Quiero señalar que el de la voz desde octubre del 2012 –prácticamente al inicio de esta Legislatura– presentamos una propuesta de reforma constitucional en materia de deuda publica de los estados y municipios del país.

Lo hicimos porque esto se ha convertido en un grave problema para las finanzas de los estados y los municipios, y un problema de corrupción galopante en los estados, donde los gobernadores y los caciques han encontrado en el endeudamiento, una manera de hacer fortuna, de financiar proyectos políticos o de crecer indiscriminadamente la nómina gubernamental.

Según las cifras de Hacienda, hasta diciembre del año pasado, la llamada deuda subnacional casi llega al medio billón de pesos –490 mil millones– lo que representa casi tres puntos del producto interno bruto.

Esta situación se ve agravada por la difícil situación económica que enfrenta el país, con un barril del petróleo que ha bajado la barrera de los 40 dólares; con un recorte presupuestal de más de 124 mil millones de pesos; con una deuda pública nacional que ha crecido escandalosamente en este gobierno, y con un crecimiento económico raquítico.

Es decir, hay una problemática económica nacional manifiesta y hay un problema de finanzas públicas estatales y municipales.

Este crecimiento descomunal de la deuda de estados y municipios se debe fundamentalmente a la falta de monitoreo y de leyes efectivas para parar esta sangría y estos endeudamientos criminales. Pero también a que la división de poderes en los estados es prácticamente inexistente y las legislaturas locales se han convertido en legitimadoras acríticas de los endeudamientos de los ejecutivos locales.

Aquí incluso subrayaría que no es necesariamente un asunto de partidos, prácticamente de todos los colores han recurrido a endeudar a sus estados con la complicidad –hay que decirlo– la complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de las instituciones bancarias, instituciones bancarias que han hecho de la deuda de los estados un negocio, que han hecho de la deuda de los estados un mecanismo para lucrar comprometiendo el futuro de generaciones enteras de estas entidades.

Hay varios casos de escándalo en las deudas de estados y municipios, quizá el caso más emblemático de corrupción en las deudas de los estados es el caso del llamado moreirazo que sufrió y siguen padeciendo los habitantes del estado de Coahuila.

Y decía que no es un asunto de partidos, porque el hoy secretario de Agricultura, Enrique Martínez, cuando fue gobernador de Coahuila dejó a esa entidad con prácticamente cero deuda, cero deuda pública gubernamental, pero para tragedia de los coahuilenses llega Humberto Moreira y de un endeudamiento de casi cero, pasó a 37 mil millones de pesos.

Y hoy, este personaje, junto con quien lo sustituyó, Jorge Torres López, que está prófugo, junto con el extesorero, Javier Villarreal, se mofan, se pitorrean de los coahuilenses y de todo el país porque están en la impunidad.

Gran parte de esos 37 mil millones de pesos que hoy llegan casi a 40 mil, se fueron no solamente a sus bolsillos, sino a financiar campañas electorales en otros estados. Era evidente que Humberto Moreira financió varias campañas como en Zacatecas, como en Durango, como en Baja California Sur, como en Guerrero, como en Nayarit, por decir algunos estados, y prácticamente a un telefonazo del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, Moreira mandaba dinero a los estados. ¿Y cuál fue el pago? Hacerlo presidente nacional del PRI.

Fue tal el escándalo, fue tal el descrédito que tuvo que renunciar y cayó –entre comillas– de la gracia del candidato presidencial y hoy Ejecutivo federal. Sin embargo, como pago a sus servicios de haber endeudado a Coahuila hoy está en la impunidad. Hoy señalan que se la pasa en Cuernavaca, se la pasa en España, se la pasa en Cuba, y está muy orondo después de haber endeudado brutalmente esa entidad.

Pero no es el único: está el caso de César Duarte en Chihuahua, que ahora es banquero también, y que ése es todo un tema y nada más lo señalo también, pero están los casos de Quintana Roo, de Veracruz, de Nuevo León, y varios más. Es decir, hay un concurso casi de ver quién endeuda más con la docilidad y la complacencia de las Legislaturas locales.

Y aquí entraría al dictamen que nos ocupa en su parte medular –no puedo regatear que haya avances–, el tema de fijar un plazo para generar créditos o endeudamientos antes de que culmine el periodo o la gestión del mandatario en turno, el hecho de haber un registro de deudas, y que por primera vez se da un tratamiento constitucional de mayor envergadura al tema de la deuda de estados y municipios.

Pero tengo de entrada dos objeciones que profundizaré en dos reservas. La primera, el tema de la comisión bicameral, que fue el forcejeo con el Senado. El Senado ha venido creciendo en atribuciones, facultades y nombramientos. Hay ya una desproporción entre la Cámara de Diputados, que es la que representa al pueblo, y la Cámara de Senadores, que en teoría es la que representa a los estados.

Se están engolosinando, nombran magistrados, ministros, consejeros, y ahora le metieron mano a una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que tiene que ver precisamente con este tema.

Incluso hay que señalar que presentaron una iniciativa que violaba el artículo 72, inciso h), que claramente señala que la Cámara de origen, tratándose de impuestos, contribuciones y empréstitos, tiene que ser la Cámara de Diputados. Pues bien, se salieron con la suya y están planteando una Comisión bicameral para revisar el tema de las deudas de estados y municipios seguramente para proteger a los gobernadores ladrones, a los gobernadores que endeudan a sus estados y que tendrán a sus cabilderos en esta Comisión bicameral.

El otro tema –y con ello concluyo– es el tema de las dos terceras partes de las legislaturas locales. En mi iniciativa de octubre de 2012 plantee que la Cámara de Diputados tiene que refrendar este endeudamiento, es decir no basta que los legisladores locales lo aprueben, sino que también lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados.

Voy a profundizar en mi reserva, y lo digo porque no me parece suficiente esa mayoría calificada cuando se habla de miles y millones de pesos de endeudamiento. Los endeudamientos más monstruosos incluso salieron por unanimidad en las legislaturas locales. Es la danza de los millones y de las complicidades y por eso tiene que haber intervención del Congreso federal. Es cuanto, y profundizaré sobre ello.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por 10 minutos, como se ha concedido tiempo a las señoras y señores legisladores, diputada Ruth Zavaleta Salgado. Tiene la palabra.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, como han escuchado, los oradores que me han antecedido en la palabra han argumentado las ventajas y desventajas del endeudamiento, tanto federal como estatal, pero también han remarcado una circunstancia que estamos aprobando en esta minuta sobre las funciones del Senado y de la Cámara de Diputados.

Quiero concentrar mi reflexión. Antes quiero decir que la fracción del Verde Ecologista va a apoyar esta minuta porque tiene más de un año y medio que se está discutiendo el tema y no habíamos logrado concretar, aprobarla en las dos Cámaras, precisamente por ese problema de la Comisión Bicamaral, pero ahorita vamos a revisar eso.

Quiero hacer la siguiente observación, en primer lugar, que no todos los estados de la República –así como lo han dicho los que me han antecedido en la palabra– hacen un mal uso de los recursos, que si bien es cierto que algunos malos gobernantes han utilizado mal los recursos, eso no es justificación –desde mi punto de vista– para hacer los cambios que estamos haciendo concentrando funciones.

Así como nos quejamos de que el Senado está disminuyendo nuestras funciones, nosotros le estamos disminuyendo las funciones a los Congresos locales. Quiero hacer esa observación a propósito de que muchos de los que estamos sentados aquí, o hemos sido gobernantes locales o queremos ser gobernantes locales en el futuro.

¿Esto por qué? Porque si bien es cierto tenemos que controlar el gasto, tanto federal como estatal, también tenemos que cuidar el desarrollo de la democracia estatal. Y este tipo de minutas, a pesar de que están resolviendo una coyuntura ante la población, que exige inconforme sobre la corrupción y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, también tendríamos que estar cuidando que los Congresos locales y su relación con los gobernadores en los estados se fundamentara en un equilibrio de Poder y se fundamentara en nuestro principal objetivo de fortalecer la democracia estatal y nacional.

Estoy haciendo énfasis en esto, porque todas las minutas, la gran mayoría que hemos discutido en esta Cámara, si bien es cierto resuelven en términos genéricos problemáticas particulares, también es cierto que estamos nosotros combatiendo la posibilidad de que haya un más rápido de desarrollo de la democracia en los estados de la República.

No tenemos argumentos para poder decir que en este momento no se haga lo que estamos haciendo, dada las condiciones de endeudamiento de los estados y que tenemos que poner límites a ese endeudamiento. Pero también, compañeras y compañeros legisladores, tenemos que buscar acuerdos que profundicen en un debate que construya y que permita la posibilidad de desarrollar otras condiciones de relaciones de gobernantes y gobernados en los estados de la República.

La transparencia y la opacidad requieren un tratado especial de discusión y construcción de acuerdos para que se combata la impunidad, porque el origen de que se gasten los recursos algunos gobernantes en proyectar su imagen o en hacer desvío de recursos, no es que se les aporten más recursos, porque incluso, si revisamos el gasto de la federación, tiene más del 80 por ciento concentrado al gasto de los recursos, que deberían de estarse distribuyendo en mejor igualdad de circunstancia para el desarrollo de los ciudadanos en los estados de la república.

El origen de esta problemática que estamos discutiendo aquí, tiene que ver con la impunidad y con que hay gobernantes que aun cuando se les comprueba que hacen un mal uso de los recursos no se les han fincado responsabilidades, o peor aún, si se les fincan responsabilidades son tan menores que al segundo día o al primer día pagan una fianza y se van riéndose de la poca justicia y procuración de justicia que se da en muchos de estos casos.

Compañeras y compañeros, la minuta que hoy vamos a votar, y que espero que la podamos votar a favor todos, todavía va a tener un filtro y ese filtro es el Constituyente Permanente, y yo espero que verdaderamente en los estados de la república logremos convencer a los Congresos locales de que esta minuta sea aprobada por la mayoría de ellos, porque necesitamos que más del 50 por ciento de los Congresos locales también acepten este cambio.

Y no es solamente imponiendo los cambios, argumentando que todos son corruptos, como vamos a resolver la problemática de la transparencia en el país. Vuelvo a insistir, que tenemos que construir otro tipo de relación con los compañeros que están en los Congresos locales, y por qué no, con los propios gobernantes de los estados de la república.

No todos son corruptos, no todos hacen un mal uso de los recursos, y en lo que sí estoy de acuerdo, es en los cambios que se realizan para obligar a que los recursos que son de deuda tengan que ser de inversión, pero también pediría que esta soberanía ponga atención en la discusión del presupuesto que se hace anualmente, para que cambien las condiciones de distribución de los recursos federales para fortalecer las finanzas públicas de los estados de la república.

Compañeras y compañeros, pido el voto a favor de esta minuta, porque tenemos que dar la cara hacia los ciudadanos de que estamos también de acuerdo en combatir la corrupción. Pero vuelvo a insistir, la fracción del Verde Ecologista, aun cuando vota a favor hace la observación de que tenemos que fortalecer la democracia de los estados de la república.

Por último, compañeras y compañeros, quisiera señalar muy puntualmente, y lo hemos escuchado, que no es ésta la única acción que se está realizando, afortunadamente, para combatir la corrupción y la falta de transparencia.

Quiero aprovechar mis últimos minutos para hacer un reconocimiento al presidente de la República por los anuncios que se hicieron ayer, precisamente de acciones que tienen qué ver con combatir la corrupción. Creo que ha sido una muestra ejemplar que el presidente de la República haya pedido ayer que se le investigue a él mismo y a su esposa por todo lo que ha sucedido.

Tenemos que generar confianza y ésa no solamente es responsabilidad del Ejecutivo federal, es responsabilidad también de los legisladores, porque no me digan que los legisladores tenemos muy buena presencia pública respeto a la transparencia. Todos tenemos que poner de nuestra parte para lograr combatir la corrupción en todos los rincones de este país y volver a rescatar la confianza de todos los ciudadanos en las instituciones públicas. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señor diputado don Carol Antonio Altamirano tiene usted el uso de la palabra. Adelante, señor diputado Carol.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD vengo a respaldar el dictamen sobre deuda pública, no sin antes destacar la defensa que se hizo de las facultades de la Cámara de Diputados desde que inició esta discusión.

En especial reconozco al diputado Silvano Aureoles, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política y al diputado Francisco Arroyo Vieyra, que presidía la Mesa Directiva y con quien, pese a tener diferencias políticas coincidimos y le reconocemos por hacer respetar el artículo 72, inciso h) de la Constitución que especifica la deuda pública como materia de esta Cámara, como cámara de origen.

Los beneficios de la reforma se pueden resumir en seis puntos: primero. Es una reforma que no cancela las facultades de las entidades pero las regula.

A diferencia de los primeros proyectos que simplemente cancelaban y centralizaban las facultades de los estados, la reforma que está por aprobarse deja a las entidades la opción de firmar o no convenios en el caso de que requieran el respaldo de la federación como garantía.

Así, en contra de los criterios centralistas, que pedían que el gobierno federal manejara la deuda local, el Congreso de la Unión definirá criterios y lineamientos permanentes. Y cuando una entidad enfrente condiciones de crisis y niveles altos de deuda podrá acceder a la garantía federal en acuerdos transparentes con el gobierno federal. Pasamos del endeudamiento controlado por los gobernadores, a deudas bajo nuevas leyes, y en el caso de que existan crisis se actuará con convenios que reforzarán el orden y la disciplina.

2. Es una reforma que respeta las facultades de la Cámara de Diputados. Quedó claro que el Senado no actuará como Cámara de origen en materia de empréstito y se reconoce que las leyes secundarias iniciarán en la Cámara de Diputados.

Así se respeta la asignación de competencias que establece el artículo 72, inciso H de nuestra Constitución, tal y como lo debatimos en esta tribuna desde el primer periodo de sesiones.

3. El marco legal se mejora y fortalece. El Congreso establecerá las bases generales para que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Además, se establecerá una ley en materia de responsabilidad hacendaria para los tres órdenes de gobierno, esto significa que habrá leyes concurrentes para evitar leyes a modo y que en ese marco de referencia las Legislaturas estatales regularán el endeudamiento de entidades y municipios.

4. Se establecen límites para el manejo de la deuda local. Se establecerán límites para usar las participaciones federales como garantías para evitar abuso. Además, la totalidad de las obligaciones de pago deben inscribirse en un innovador registro público y se creará un sistema de alerta y sanciones.

Estos cambios significan que los gobiernos estatales no podrán comprometer sin límite las participaciones federales y tendrán un registro público de todas las obligaciones de pago para tener transparencia. También se establece el requisito de una mayoría calificada en los Congresos estatales para aprobar la deuda y acotar el poder de los gobernadores a través de mayoría simple.

5. Se eliminan los abusos de los gobiernos salientes. Se establece que las obligaciones de deuda de corto plazo, obligadamente deberán pagarse tres meses antes de que termine el periodo de gobierno correspondiente y que no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos tres últimos meses. Ya se acabaron las deudas heredadas de una administración a otra.

6. Se mejora la fiscalización y se especifica cuando interviene la federación. Se fija la responsabilidad de los servidores públicos de las entidades y municipios por el manejo indebido de los recursos y la deuda pública.

Se establece la fiscalización federal para empréstitos que tengan como respaldo garantías federales. Esto significa que los servidores públicos estatales y municipales serán sujetos del régimen de responsabilidades y que en caso de que existan recursos federales como garantía, la Auditoría Superior de la Federación será quien fiscalice el gasto.

En síntesis, con respecto al federalismo se avanzó en tener una deuda ordenada, bien registrada, acotada en su destino y sujeta a garantías mediante convenios. Y por lo que hace a la intervención del Congreso por medio de la comisión bicamaral, el beneficio de fondo es la transparencia zanjándose las diferencias que teníamos con la Colegisladora.

La reforma señala que para dar cobertura federal a deuda local, las entidades y la federación deberán presentar la información al Congreso y éste tendrá la facultad para hacer las observaciones necesarias.

Compañeras y compañeros, esta reforma es un avance. Sin lugar a dudas representa un cambio positivo respecto de la situación actual y es mejor que los proyectos presentados. El PRD le dice sí a la transparencia, sí al registro público de todos los compromisos de pago, sí a la fiscalización, sí a la defensa de las entidades y al mismo tiempo exigimos acabar con los abusos, estableciendo alertas y criterios en las leyes.

También rechazamos la práctica de comprometer sin límites y a lo loco las participaciones de las entidades; o que una administración pueda comprometer a varias generaciones con el peso de una deuda desproporcionada. Nunca más un Granier, nunca más un Moreira. Nunca más la discrecionalidad de los gobiernos estatales al abusar de la deuda.

Pero nos queda la tarea de mejorar el registro de los pasivos federales. Queda pendiente que todo el pasivo del gobierno federal sea reconocido como deuda pública y eliminar viejas definiciones del déficit para no engañarnos. Esperamos que así como se limita el déficit de las entidades, también se controle de manera más estricta el endeudamiento federal, que ha pasado en menos de dos años de cinco billones 890 mil millones de pesos a siete billones 125 mil millones de pesos. Es decir, un crecimiento de 20 por ciento.

También falta recuperar las facultades del Congreso que fueron invadidas al establecer que los pasivos laborales de Pemex y CFE se convertirán –sin decisión del Congreso– en deuda pública.

Nos queda el reto de enfrentar la corrupción y la impunidad –que es en realidad– lo que frena las inversiones y el principal reto que debemos enfrentar.

Pero hoy damos un paso en la dirección correcta. Y por esa razón el PRD respalda el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Altamirano. Para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el señor diputado Damián Zepeda Vidales; hasta por 10 minutos, señor diputado. Aún presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Adelante, señor diputado.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Decía el famoso político británico Winston Churchill, que: “el precio de la grandeza es la responsabilidad”. Nosotros compartimos esta visión en el Partido Acción Nacional.

Y de responsabilidad es precisamente de lo que hoy venimos a hablar. La verdad de las cosas es que hay que decir las cosas como son. En los últimos años en nuestro país los estados y los municipios han abusado del uso de las deudas públicas.

El dictamen que hoy venimos a presentar no nada más nos va a ayudar a regular este tema, sino que es más amplio e incluye otras bondades en materia de disciplina financiera. Lo que ha sucedido es que gobernantes con una visión corta, buscando los aplausos hoy, han estado sacrificando el futuro de nuestros hijos, y eso no debe de ser válido.

Lo que ha sucedido es que se ha venido abusando de la falta de claridad en la definición de deuda pública y abusando de las facilidades con las cuales se puede contratar sin más, deuda pública a nivel estatal y municipal. Con eso es con lo que queremos acabar el día de hoy.

Y vamos viendo números. En los últimos 10 años se ha incrementado más de tres veces la deuda pública, pasando de 147 mil millones de pesos a 490 mil millones de pesos, las deudas de los estados y de los municipios.

Y uno pudiera pensar bueno, quizás les hacía falta dinero. La verdad de las cosas es que no. Esto se ha hecho aun cuando jamás en la historia del país los estados y los municipios han tenido tanto recurso como lo tienen al día de hoy.

En los últimos mismos 10 años, en lo que han triplicado sus deudas públicas, las participaciones federales y las aportaciones, se han duplicado.

Es decir, al mismo tiempo que han recibido más dinero –municipios y estados– no les ha sido suficiente y han incrementado tres veces su deuda pública. Esto no tiene otro nombre más que es un abuso, es un abuso de personas con una visión limitada que han sacrificado el futuro de los mexicanos.

Hoy venimos a ponerle un alto, venimos a poner un alto a situaciones como por ejemplo, que permiten que del año pasado de septiembre a septiembre de 2014, 2013-2014, 18 entidades crecieron más su nivel de deuda pública que el nivel del crecimiento económico que tuvieron, según el Inegi. Esto no es justo, esto es irresponsable.

No más historias como aquellas que tuvieron que vivir estados como Coahuila, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y muchos otros más, en donde se hipotecó el futuro de los ciudadanos por sus propios gobernantes, no debe ser así.

No más historias en donde estados y municipios con una ambición insaciable de parte de sus gobernantes buscan más recursos hoy para colgarse medallas a cargo de los ciudadanos. No, señores.

Por eso en el PAN hemos venido impulsando no de hoy, sino de años una reforma como la que tenemos hoy en día, y es por lo que hoy venimos a dar el respaldo total a este dictamen que fue construido, fruto de propuestas que salieron de nuestra propia bancada y propuestas de otras bancadas.

Que ese acuerdo, que una vez más que pudimos lograr en esta Cámara de Diputados, que por cierto ha sido la característica principal de este Congreso, lo cual celebramos, hoy nos tiene aquí con un dictamen verdaderamente positivo para este país.

¿Y por qué lo decimos? Porque no es un dictamen invasivo. No estamos queriendo jalar hacia acá la aprobación o no de las deudas como malamente se quiso poner en la mesa de negociación, no. Estamos poniendo reglas claras, estamos acabando el abuso que estados y municipios tenían precisamente, por esa falta de definición clara si quiera de lo que se considera deuda pública en este país.

Hoy es deuda a distintas cosas en los estados y los municipios, y no debe de ser así, es lo que permite ese abuso. Esta reforma que hoy tenemos nos va a permitir homologar criterios y establecer de una vez por todas, de manera específica y puntual lo que se entiende por deuda pública a lo largo y ancho de todo México.

Esta reforma nos va a permitir homologar criterios también de aprobación, porque hoy en día la gran mayoría de los estados cuentan con reglas muy laxas para aprobar las deudas públicas, ¿cómo cuáles? Como la simple aprobación de la mitad más uno de los integrantes y sus congresos locales.

Hablemos claro, la gran mayoría de los gobernantes en este país dominan sus congresos locales y esto no es correcto. La gran mayoría de los gobernantes en este país no tienen ningún problema en ir y lograr la mayoría de mitad más uno en sus congresos locales, y esto no es correcto. Este dictamen establece reglas más duras que no prohíbe la deuda pública, pero que la dificultan, que aseguran que se hagan análisis serios, ¿como cuáles?, por ejemplo la necesidad de contar con dos terceras partes de tu Congreso local para que sea aprobada la deuda pública.

¿Esto qué genera? Un contrapeso político, porque en la gran mayoría de los Congresos locales no hay ningún partido que domine en dos terceras partes los Congresos locales. Y esto lo que va a hacer es abrir el debate, no pasar si ver precisamente las deudas públicas.

Y queremos ser muy claros, en el PAN no satanizamos la deuda pública, no es eso lo que estamos haciendo aquí, la deuda pública es sana en tanto sea utilizada como una herramienta para hacerse de inversiones productivas que generen un futuro e ingresos mayores al propio estado.

La deuda pública es sana cuando es utilizada para financiar proyectos que vayan y resuelvan problemas reales de la ciudadanía, que sin esta medida fuera imposible acceder a ello, ¿por qué?, porque hay proyectos de inversión que superan la capacidad financiera en un determinado año de un estado o municipio.

No es eso lo que está mal, no nos confundamos. Lo que está mal es el abuso. Lo que está mal es que utilicemos en una mayor medida la deuda pública de lo que en un futuro puedes pagar. Lo que está mal es que un gobernante hoy prohíba con su acción que el siguiente gobernante pueda hacer lo que su ciudadanía requiere, ¿por qué?, porque el dinero está acabado, porque todo debe ser utilizado parta pagar la deuda pública. Eso es lo que venimos a acotar el día de hoy aquí, no la deuda pública per se.

Celebramos este dictamen de deuda pública porque prohíbe de manera tajante y clara que se utilice la deuda pública para el gasto corriente, estableciendo la prohibición textual en la Constitución y obligando que sólo se utilice para inversión productiva.

Celebramos y apoyamos este dictamen porque pone en límite o establece que la ley general que vamos a sacar en la materia deberá regular el uso de las participaciones federales como garantías de los estados.

Y nada más por dar un dato, el 90 por ciento de las deudas estatales y municipales están garantizadas con participaciones federales. Si nosotros acotamos el uso irresponsable de las participaciones federales como garantía de las deudas estatales y municipales estamos resolviendo el 90 por ciento del problema en este país. Eso es lo que la ley de la materia va a hacer. No prohibirlo, sino decir hasta dónde puede llegar en el uso de participaciones para no comprometer el futuro de nuestros hijos.

Celebramos este dictamen porque hace público las deudas que se tienen. Hoy los reto a que tratemos de hacer un análisis de las deudas que tienen los estados, sus tasas y sus plazos. Es imposible hacerlo porque no existe transparencia, y eso es lo que aprovechan los gobernantes irresponsables.

Este dictamen establece un registro único y además ni siquiera obliga a que tengamos que esperarnos a que salga la ley de la materia, sino que un propio transitorio obliga a que en unos días se tenga que hacer público todas las deudas que se tienen.

Celebramos y apoyamos porque da dientes a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar y revisar aquellas deudas públicas que usen como garantía recursos federales.

Señalamos que es positivo que la Federación pueda apoyar a los estados y municipios fungiendo como aval, dando garantía para que los estados y los municipios puedan acceder a deudas públicas más baratas, con mejores términos para que le salga más barato al ciudadano. Creemos positivo que no se le amarre de las manos a los gobiernos locales para que puedan contratar deuda pública a corto plazo, siempre y cuando no se le hereden al siguiente gobernador. Y aquí en el dictamen se establece la obligación de pagar esa deuda pública antes de que concluya su mandato.

En fin, celebramos el dictamen porque viene a poner orden en el manejo de las deudas públicas. Y nada más antes de finalizar quisiéramos resaltar dos temas más. Uno, la obligación que se incorpora de que la ley de la materia establezca los casos en que la deuda pública debe ser licitada, y esto es importantísimo y fue propuesta de la banca del Partido Acción Nacional. Por qué, es increíble, pero hoy en día en este país es obligación licitar papel más no es obligación licitar miles de millones de pesos de contratación de deuda pública.

Imagínense los abusos que esto genera. Hay deudas que se contratan sin explicación a tasas mayores que las que el mercado te está ofreciendo. Este dictamen va a acabar con ello porque obliga a los estados a contratar en las mejores condiciones del mercado y además a que la ley de la materia obligue a licitar. Eso nos va a dar transparencia y nos va a dejar mejores condiciones.

Por último, nada más en referencia a un debate que en nuestra visión ha sido un debate falso. El tema de la supuesta descafeinada que se le dio a este dictamen con la no aprobación de la Comisión Bicameral de diputados y senadores que iba a aprobar o que se quería que se aprobara, no las deudas sino la estrategia de ajuste cuando usaran garantía federal las deudas locales.

Nosotros no coincidimos en ello. Creemos que como viene el dictamen de mera opinión es correcto, porque nada tiene que andar haciendo una comisión de legisladores, de diputados y senadores aprobando caso por caso la deuda pública de los estados y los municipios.

Imagínense nada más el desfile de gobernadores y de alcaldes que se iba a dar con esta comisión todopoderosa, que unos cuantos legisladores iban a definir el futuro de una deuda de los estados y los municipios. No señores, ¿Como para qué?; si la ley de la materia ya va a establecer los candados y las condiciones de cuándo procede o no la deuda.

Quien cumpla, que proceda; quien, que no proceda. No tiene nada que andar haciendo un político tomando valoraciones políticas y no técnicas, sobre un tema tan delicado como son las finanzas públicas de este país. No nos engañemos, no era algo positivo esa comisión; era un coto de poder en la Cámara de Diputados y en el Senado, y celebramos que no se haya aprobado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Zepeda Vidales. Tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song:Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Muchas gracias. Hablar del endeudamiento de los estados y municipios, hablar de disciplina financiera para ellos y funcionar de manera correcta una postura sobre la aplicación de los recursos de todos los mexicanos, recursos que han sido comprometidos por los gobiernos estatales y municipales, es sin lugar a duda una añeja necesidad y una importante discusión, que por muchísimos años ha permanecido dormida y de la cual nunca habíamos hablado. Pero los tiempos modernos, los tiempos económicos que vivimos actualmente nos obligan a regular y por ello estamos aquí esta tarde dando este paso histórico que México necesita.

El dictamen que estamos discutiendo resulta de la más alta relevancia para la vida económica del país, así como para la estabilidad de las finanzas públicas, que nacen en los estados y en los municipios. Es decir, las finanzas públicas locales. Invariablemente tenemos que decir que este dictamen no es bajo ninguna circunstancia una camisa de fuerza para los estados y municipios, sino que es la llave que garantizará la certeza a los ciudadanos y dará sustentabilidad a los proyectos que establecerá cada gobierno.

La reforma que estamos discutiendo y que estoy segura –porque lo he escuchado por parte de los diferentes grupos parlamentarios que me han antecedido– vamos a aprobar, no invade la autonomía estatal o municipal, sino que se convierte en un mecanismo más de control que evita el dispendio o el mal uso de los fondos obtenidos mediante líneas crediticias.

Buscamos promover que las entidades puedan endeudarse, pero un endeudamiento que sea en un contexto de sostenibilidad financiera y que sea también a precios competitivos, que se reconozca la calidad crediticia de las garantías provistas usualmente por los gobiernos locales, como lo son sus participaciones federales.

Esta reforma establece un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno y al mismo tiempo respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales, en la emisión de sus ordenamientos legales, la autorización de sus paquetes económicos y, en particular, la aprobación de los montos anuales de endeudamiento y los procesos de contratación.

Bien decía el diputado Zepeda que me antecedió, que no es posible seguir pensando en que haya que licitar papel, pero no licitar deuda pública.

Ojo con lo que voy a decir. Control no es centralización, la voluntad de esta soberanía no es otra más que sentar las bases una vez más de gobiernos honestos, de funcionarios públicos más responsables y de programas públicos mucho más eficientes, que generen beneficio a la población que tanto nos lo reclama.

Es nuestra intención que los recursos ingresados mediante deuda se conviertan en verdadera inversión pública, inversión pública 100 por ciento productiva y que sí no sucede así, se pueda sancionar de manera verdadera a quien tuvo la responsabilidad de que esto no suceda. Servidores públicos que puedan ser sancionados que deban rendir cuentas.

Ése es el espíritu de la iniciativa que estamos por aprobar. Ése es también el espíritu de las diversas y trascendentales iniciativas y reformas que ha encabezado y presentado ante esta soberanía el presidente Enrique Peña Nieto.

Reformas que lograrán mayor transparencia en todos los ámbitos, que permitirán ejercer una mejor fiscalización del destino de los recursos y tener un gasto público mucho más eficaz.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI, es de alta relevancia la creación del Registro Público Único, donde se publicarán los montos de endeudamiento de estados y municipios.

Mientras mayor transparencia exista sobre las finanzas locales, mayor será la participación de la ciudadanía, en los instrumentos de evaluación y control, y por ello serán muchísimo mejores los resultados que le demos a quienes servimos. Transparencia es la mayor garantía con la que pueden gozar los ciudadanos.

Es de alta relevancia también, que a partir de ahora si los estados y municipios adquieren deuda o refinanciamiento de la deuda que ya tienen otorgada, esos recursos sirvan para generar mejor calidad de vida en nuestros ciudadanos, lo cual será vigilado por la Auditoría Superior de la Federación.

Es muy importante que veamos este dictamen como el inicio de la solución de muchos de los problemas financieros por los que atraviesan algunos estados de la república. Veamos hacía adelante, con el firme propósito de hacer cumplir a los estados y municipios los compromisos financieros que van a contraer.

Que el endeudamiento del que sean objeto tenga sustentabilidad y sea pagadero en el plazo acordado y, en su caso, que los recursos de los refinanciamientos lleguen a buen puerto.

Los mexicanos esperan mucho más de nuestra responsabilidad como sus legisladores federales. Ésta es una muestra de voluntad plural, en la que cada uno de los integrantes de esta legislatura sentamos un precedente y una premisa conjunta a favor de la ciudadanía.

Como ya se ha mencionado, este dictamen deberá ser aprobado posteriormente por el Senado y después por el Constituyente Permanente. Anticipo por ello, que he platicado con la bancada de mi partido, en el Congreso local de mi natal Quintana Roo, y ellos también coinciden y saludan a esta iniciativa y comprenden la urgente necesidad de apretarnos el cinturón para todos.

Aquí los priistas estamos a favor de la presente reforma constitucional, pues lejos de ser un control impositivo es una garantía para todos los mexicanos de que a partir de ahora sus recursos estarán más y mucho mejor vigilados.

Los invito, compañeros, a votar a favor y poder darle una respuesta a quienes nos están exigiendo respuestas claras, precisas y, sobre todo, necesidades que no pueden esperar más. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos ustedes.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Gamboa Song.

Honorable asamblea, para dar cumplimiento al artículo 230, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, informo a ustedes que para la discusión en lo general esta Mesa Directiva tiene registrados para participar en pro las siguientes señoras y señores diputados.

En pro, diputada Elizabeth Núñez Sánchez, del PRI; diputado Guillermo Anaya Llamas, de Acción Nacional. Diputada Amalia García Medina del PRD. Diputado Pedro Domínguez Zepeda del PRI. Diputado Rosendo Medina Filigrana del PRD. Diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo.

En contra el registro y en términos del numeral que he invocado, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara de la agrupación Morena. Igualmente, el diputado Alfonso Durazo Montaño de Morena y la diputada Beatriz Córdova Bernal de Movimiento Ciudadano.

Por esa virtud otorgo el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen que se está discutiendo. Adelante, diputada.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada Núñez. Adelante.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa es referente a la preocupación de muchos de nosotros por los altos niveles de deuda pública que se han contraído en los diversos estados y municipios. Y que lamentablemente se han vuelto insostenibles.

Esto ha provocado efectos negativos en el desarrollo de la vida, de la población y el crecimiento económico de las distintas regiones. Las principales causas de este gran problema se deben a los constantes cambios de la economía global y a la insuficiencia de las entidades federativas y municipios por crear sus recursos propios.

Los factores que han propiciado dicho endeudamiento, como ya anteriormente lo comentaba, también se deriva, dentro de lo que se destaca, la petición y el otorgamiento de créditos sin el adecuado análisis de la situación económica que en la actualidad viven los estados y municipios. A lo que se suma también, un gasto corriente superior a los ingresos fiscales. Una menor recaudación a la pronosticada, entre muchos otros.

Por ello, en esta Cámara de Diputados se ha analizado y discutido el tema relativo a la disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios de forma responsable e intensa, pero respetuosa, así como también lo hizo la colegisladora.

El día de hoy, firmes en nuestros compromisos de legislar en favor de los mexicanos y de una forma en la que hemos superado nuestras distintas ideologías, a fin de preocuparnos por una adecuada reforma a la Carta Magna para establecer principios, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal y disposiciones que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento de los estados y municipios. Conjuntamos nuestras voluntades en un solo proyecto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo contenido es compartido por los legisladores de ambas Cámaras.

Los legisladores hemos coincidido en que es prioritario que el Congreso de la Unión expida leyes en materia de responsabilidad hacendaria, así como también en que es necesario establecer las bases que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir para dicho endeudamiento, que se establezca la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, que con ello se garantice el empleo transparente y responsable de los instrumentos de deuda pública y de acceso al financiamiento que gozan los gobiernos locales.

Apoyamos a que la Auditoría Superior de la Federación no solo fiscalice los ingresos y los egresos, sino también dicha deuda que es garantizada con recursos federales. En su caso, se otorgue el gobierno federal a los empréstitos de los estados y municipios, en donde la Auditoría Superior tenga también el poder ingresar y el poder supervisar, que conozca el destino del ejercicio de dicha deuda de los recursos de los gobiernos estatales y municipales. En materia de responsabilidad de los servidores públicos, apoyamos que se establezca que será objeto de sanción el uso indebido de los recursos públicos de la deuda pública.

Compañeros y compañeras diputadas, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional otorgamos nuestro voto a favor del presente dictamen, toda vez que el mismo será instrumento que abone a favor de la responsabilidad en el ejercicio del gobierno, que será un instrumento y no precisamente una restricción para sus deudas públicas, porque se trata de una herramienta que contribuirá al mejor uso de los recursos públicos y a una mayor transparencia porque contribuirá también a preservar la riqueza de la nación y a consolidar nuestro sistema democrático. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra. Hasta por tres minutos, diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:La propuesta que se presenta aun después de la revisión de la colegisladora es incompleta y no genera certeza en la adquisición, objeto, administración y rendición de cuentas sobre deuda pública que contraigan estados y municipios.

La modificación a los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 79, determina la fiscalización de la deuda y las garantías otorgadas en forma posterior. Esto es, la deuda y su garantía serán fiscalizables una vez que ésta se haya contraído por los estados y municipios. Esto se confirma con las reformas al artículo 116 y 117 del mismo decreto.

El esquema que se propone no atiende en lo mínimo políticas de planeación y prevención del déficit público excesivo en el que han incurrido gobiernos estatales y municipales. Atendiendo a la gravedad del monto de deuda y al costo de las obligaciones financieras existentes a la fecha se omiten bases constitucionales para obligar a gobernadores y Congresos de los estados a establecer programas de estabilidad financiera, con el objeto de establecer equilibrios en los presupuestos estatales y municipales a mediano y largo plazo.

No existen bases para impulsar políticas de estabilidad y crecimiento a partir del conocimiento real de la deuda y de las obligaciones contraídas por estados y municipios. Las deficiencias y la corrupción en el gasto público han generado un déficit que pone en riesgo cualquier proyecto de crecimiento económico. No se podrá poner orden en las economías regionales ni impulsar su desarrollo si antes no se transparenta y se rinden cuentas del déficit generado por deuda pública.

Esta reforma constitucional pierde la oportunidad para reforzar los mecanismos preventivos y establecer controles viables y oportunos del déficit excesivo en que se ha incurrido en el objeto de impulsar un programa de estabilidad.

La reforma al artículo 25 de la famosa comisión legislativa bicamaral es una propuesta que es acotada e insuficiente en el control, supervisión, transparencia y rendición de cuentas para los gobiernos estatales y municipales. Estas funciones de supervisión sólo se restringen a deuda con garantías soportadas en participaciones federales. Se excluye cualquier otro tipo de garantías.

Para culminar, en el artículo sexto transitorio solamente se mandata a entidades federativas y municipios a que envíen al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del mismo decreto. El objeto y alcance de dicho informe no se determina. La generalidad se presta a la opacidad. Como ya lo han expresado representantes del sector privado, la deuda de los estados y municipios inhibe las posibilidades de inversión de la iniciativa privada.

Miren, para culminar, el eje del control de deuda es de carácter político puesto que será el todavía presidente Peña Nieto a través del titular de Hacienda, con acuerdo de las fracciones del todavía existente pacto contra México, quienes determinen el juego de las deudas de estados y municipios. De nueva cuenta el centralismo neo porfirista que se impulsa con las denominadas reformas estructurales.

Y cómo no iba a ser así si estamos con un presidente que es campeón del endeudamiento. Un billón y medio de pesos en dos y medio años de gobierno; ni López Portillo ni Echeverría habían cometido semejante atrocidad en contra del pueblo de México. Pues ésta es la política que impulsan.

Vamos a poner el ejemplo de Veracruz. De cada peso que llega, 70 centavos ya se deben; 25 centavos se los clavan, y quedan 5 centavos para los chuchulucos del gobernador.

Ésta es la política del PRI, ésta es la política de Peña Nieto, y ésta es la política que va a subsistir en el país con esta dizque reformota que van ustedes a controlar el tema de las finanzas de los estados y municipios.

Tiempo es lo que se requiere cuando hablamos de los temas nacionales, decir las cosas como son.  Si usted es tan valiente –diputado de Veracruz– véngase y súbase aquí, pero a su gobernador no lo salva ni todo el mar de Veracruz, de las manchas, del oprobio con el que tienen escondido y lastimado al obre pueblo veracruzano, sumido en la desgracia, en el descrédito y en el tremendo endeudamiento que se tiene para mal de los ciudadanos de Veracruz y de muchas entidades del país.

Quiero culminar diciendo que si ustedes aprueban esta reforma, pobre país, va a seguir caminando rumbo al abismo, al despeñadero. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en pro tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Anaya Llamas, de Acción Nacional.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Muchas gracias, presidente; compañeras y compañeros diputados, la disciplina financiera de los estados y los municipios en México, es un asunto pendiente desde hace ya varios años.

Hemos visto en estos años cómo las autoridades locales han solicitado líneas de crédito con mayor frecuencia y de manera discrecional. Somos testigos que entidades federativas, como emblemático es el estado de Coahuila, han comprometido el futuro de generaciones enteras.

Para el grupo parlamentario de Acción Nacional es de absoluta trascendencia impulsar aquellas acciones que se encuentren encaminadas al fortalecimiento y salvaguarda de las finanzas públicas de nuestro país.

Es por ello que Acción Nacional acompañó y suscribió de manera conjunta con otros diputados y senadores pertenecientes a otros grupos parlamentarios, la iniciativa de reforma constitucional que hoy estaremos aprobando.

Hace más de un año presenté una iniciativa en esta materia, y reiteradamente también en esta legislatura he presentado puntos de acuerdo para que a través de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores, se integrara la investigación seria y objetiva para castigar a los exfuncionarios públicos del gobierno de Humberto Moreira, por la enorme deuda pública del estado de Coahuila.

La falta de planes sensatos de pago de limitantes y contrapesos dentro de los ayuntamientos y los congresos estatales para efectos de reconocer cuándo se comience a empeñar el futuro de la comunidad por manejos financieros deficientes y que hoy por hoy tiene a buena parte del país sumido al borde de la bancarrota.

No debe repetirse por ello. No debe haber más moreirazos como el caso de Coahuila, donde Humberto Moreira heredó la deuda de 35 mil millones de pesos, donde hoy la justicia mexicana no ha sancionado a los responsables y priva la impunidad.

En ese sentido es de señalar la importancia que representa para esta Cámara que el dictamen que hoy estamos analizando contemple la atribución del Poder Legislativo y le dé también en las leyes secundarias todo los limitantes para que aquellos gobiernos locales y ayuntamientos se endeuden con responsabilidad, teniendo siempre como el objeto mayor de un endeudamiento el tener una mejor infraestructura y generar con ello mejor calidad de vida y empleos a la sociedad.

En resumen, como ya se ha venido señalando por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, se busca incorporar el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

En ese sentido los diputados de Acción Nacional hacemos patente el acompañamiento que otorgamos al presente dictamen, ante la necesidad de regular y fortalecer la disciplina financiera de los estados y municipios, pero sobre todo la regulación y el compromiso de velar por unas finanzas sanas y sólidas. Por eso votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Anaya. Hará uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación de Morena, por tres minutos. Sólo le ruego, señor diputado, su autorización para dar la bienvenida y saludar a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. Los ha invitado nuestro compañero el diputado Armando Contreras Ceballos. Gracias por su visita y por su interés. Adelante, señor diputado Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Estos jóvenes estudiantes, bienvenidos. Fíjense ustedes, qué manera tan diferente tenemos los mexicanos y los griegos de enfrentar los problemas de financiamiento público.

Casualmente el gobierno griego informa hoy que suspende coches, gastos y parafernalias de servidores públicos, de ministros hacia abajo, en su gobierno. Los propios secretarios de Estado o se trasladan en sus vehículos o utilizan sus propios medios de transporte. Por supuesto nada de vuelos privados y mucho menos de aviones extravagantes, como el del presidente Peña Nieto. Ésa es la vía que ellos han definido para –ante la estreches presupuestal– lograr suficiencia en el gasto.

En cambio nosotros estamos abriendo por esta vía de supuesto control peligrosamente la ruta para que los gobernadores se endeuden. Sabemos dos o tres cosas de los estados: 1. Que los gobernadores han sido históricamente irresponsables y corruptos en el manejo de la deuda. 2. Qué, como dicen en mi pueblo, no tienen cerco qué respetar. 3. Sabemos también que estos Congresos estatales están supeditados a los gobiernos estatales y que consecuentemente no les van a representar ningún contrapeso frente a la voracidad de los gobernadores por una mayor deuda.

Entonces, la única salida real que tenemos es que debemos cancelar la posibilidad de que los estados y los municipios se endeuden. Ésa es la única medida responsable. Vean ustedes si no:

Ya se ha mencionado aquí hasta la saciedad el tema de la deuda de Coahuila, pero no se ha dicho lo siguiente. Bueno, creo que sí por ahí se dio el dato de que la deuda de estados y municipios pasó, del 2006 al 2012, de 160 mil millones a 482 mil, es decir, creció 301por ciento. Pero vean ustedes este dato, de 2006 a 2012 nuestro país creció en paralelo en corrupción, del lugar número 75 al lugar número 100. Es decir, hay una proporcionalidad entre el crecimiento de la deuda de estados y municipios y el crecimiento de la corrupción, y por supuesto ello no es casual.

Coahuila pasó de 420 millones a 35 mil en 6 años. Chiapas elevó su deuda en 2 mil 262 por ciento en seis años. El gobernador Pablo Salazar la recibió en 300 y la dejó en 300 y su sucesor la dejó en 20 mil millones de pesos. Si ello no les habla de irresponsabilidad de los gobernadores en el manejo de la deuda, serán ustedes igualmente irresponsables al aprobar la iniciativa que hoy presentan.

Reitero, la única salida es cancelar la posibilidad de que los gobernadores y municipios contraten deuda pública y que se ajusten el cinturón para sujetarse a lo que los mexicanos podemos pagar mediante nuestras contribuciones definidas en el Presupuesto que aprueba esta Cámara. Gracias, presidente por su tolerancia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Durazo Montaño. Para hablar en pro tiene el uso de la palabra la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD:

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muy estimadas compañeras, compañeros legisladores, legisladoras, señor presidente. Vivimos en un tiempo como se decía, aquí se citó a Winston Churchill hace unos momentos, como lo decía en el marco de la Segunda Guerra Mundial cuando buscaban un gran acuerdo para salir de esa hecatombe que vivió Europa y buena parte del planeta, los gobernantes de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Decía, por más acuerdos que hagamos, y estaban a las puertas del gran acuerdo de Bretton Woods, decía; Vivimos una época de imponderables.

Es difícil prever lo que sucederá y yo creo que efectivamente hoy en nuestro país vivimos una etapa de imponderables. Es difícil poder predecir lo que sucederá en los próximos meses e incluso en los próximos años.

El ambiente económico en el mundo –y a México le ha impactado de una manera muy fuerte– es de una gran incertidumbre, incertidumbre económica, incertidumbre financiera. De tal manera que especialmente, aunque no sólo por la baja de los precios del petróleo y la baja de la producción tenemos un entorno muy complejo.

Ante eso es indispensable y quiero poner el acento en esto, como ya lo han dicho además también aquí las propias instituciones que tenemos en la Cámara, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, urge y tendrá que haber un rediseño del Presupuesto federal, un rediseño del Presupuesto federal –acentuaría y diría con toda claridad– que no ponga de ninguna manera como una alternativa para sacar adelante el país en este momento de crisis y de incertidumbre ni la deuda, porque no es ni puede ser una alternativa ni tampoco el aumento de los impuestos.

Y tendremos que hacer un rediseño del Presupuesto que ponga el acento en todo caso en lo que verdaderamente importa en una época de crisis: en generación de empleo, en inversión productiva, en educación, en salud, en aquello que fortalezca a la nación en este momento.

Dicho lo siguiente, además agregaría que en el caso específico económico que estamos viviendo lamento de manera muy precisa y lo quiero aquí expresar, que el recorte que ha expresado el presidente de la República haya sido hasta el límite que no rebase el 3 por ciento del Presupuesto que aprobó esta Legislatura en esta Cámara, porque sabemos que mientras no rebase el 3 por ciento solamente tiene obligación el Ejecutivo de informar a la Cámara, pero no de darle la posibilidad y las facultades para decidir en dónde se recorta, y los recortes han sido en áreas que el PRD, yo misma, seguimos considerando fundamentales, el recorte a Pemex y a la CFE seguramente los van a destrozar y los van a acabar.

Regresando al tema fundamental de que no puede ser la deuda lo que saque adelante al país, yo de cualquier manera, junto con mi grupo parlamentario, expreso el beneplácito, porque aquí aunque es perfectible esta iniciativa, esta reforma constitucional pone el acento en algunas medidas que resultan muy importantes, sobre todo en el ámbito de la transparencia, de la información, de la precisión.

Hoy tenemos una información parcial, la que da la Secretaría de Hacienda, la que dan los propios gobiernos de los estados, las Legislaturas, instituciones que hacen análisis, pero no tenemos una información precisa.

Hoy, con esta reforma, los estados, los municipios, la federación, sin duda, estarán obligados a informar a la Cámara. Una Comisión Bicameral conocerá, no va a entrar en litigio ni a discutir, pero conocerá.

En segundo lugar, se crea también, y me parece que esto es muy relevante, un Registro Nacional de Deuda Pública que obliga a los tres órdenes de gobierno, esto abona en la transparencia, es algo que hemos defendido. Y la Auditoría Superior de la Federación podrá, deberá auditar las participaciones federales que hayan sido el sustento y el aval para endeudamiento, esto permitirá tener claridad, transparencia, pero además, está en el sexto transitorio la determinación de que a más tardar una vez que se publique el decreto de lo que vamos a aprobar, los estados y los municipios, en 60 días naturales, tendrán que entregar una información precisa de la deuda y de todo lo que está alrededor de ella que hayan contraído. Me parece que esto es sustancial.

En relación con la intervención de quien me precedió, y termino con esto, que señalaba que para que no haya corrupción ni abuso, no debería haber la posibilidad de endeudamiento ni de estados y municipios. Me permito discrepar.

La deuda si es responsable, si es para inversión productiva, si es para infraestructura, si es para crecimiento, responsablemente, subrayo, es un mecanismo y es un instrumento perfectible y puede existir. Lo que no debería existir es la posibilidad de actos de corrupción, y por eso urge que esta Cámara y el Congreso de la Unión discutan un sistema completo para prevenir, sancionar y garantizar que no haya actos de corrupción, y que la deuda sea una deuda que se contraiga con responsabilidad sustentable y absoluta transparencia. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Amalia García Medina. Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Y bueno, definitivamente es un tema que da mucho para hablar sobre él. Los pasivos en los estados y municipios se componen principalmente de cuatro mecanismos: emisiones bursátiles, fideicomisos, obligaciones con banca de desarrollo y con banca comercial.

Es el último de estos actores el que está sirviendo como fuente inagotable de recursos para las entidades. El monto contratado por esta vía asciende a unos 50 mil millones de pesos. Dada la poca contribución que aporta la recaudación fiscal a los recursos estatales, la mayor fuente de ingreso para hacer frente a los compromisos financieros que adquieren, son las participaciones federales que reciben.

Es por esto que es de suma importancia determinar la proporción de éstas con respecto a la deuda para conocer la capacidad de solvencia con la que realmente se cuenta, para que los estados y los municipios del país gocen de libertad en el ejercicio de su gasto, es necesario mejorar el poder recaudatorio y romper la altísima dependencia de las aportaciones federales.

La columna vertebral con la que se sostienen las entidades federativas son los impuestos anónimos y turismo. Es el caso de los municipios que la fuente más importante de ingresos sea el impuesto predial.

Como consecuencia, la recaudación total de los gobiernos nacionales fluctúa entre el 3 y el 4 por ciento de los ingresos tributarios totales de México, a diferencia de países como Brasil, en la que asciende al 30 por ciento, o de Argentina y Colombia, a donde es de alrededor del 15 por ciento.

Al 2010, el saldo total de las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios en México era de 314 mil 654 millones. Al 2014 se ha superado con un aumento mayor.

Al observar dichas tendencias de crecimiento resulta innegable que la falta de monitoreo y la falta de leyes efectivas, la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo de las entidades federativas han dado como resultado una libertad absoluta y hasta impune a los gobiernos locales para endeudarse sin limitante legal alguna.

De península a península, de norte a sur, del Golfo al Pacífico, hablamos de los estados con gobernadores y ex gobernadores como Granier, como Moreira, la deuda de Coahuila que tanto ha dado de qué hablar. La deuda tan grande que tenemos. Con los Duartes que se convierten en una vergüenza, tanto el Duarte de Veracruz como el Duarte de Chihuahua. Ubicando al estado de Chihuahua en una situación de escándalo nacional, ocupando el tercer lugar en deuda pública a nivel nacional y primer lugar per cápita que se hace en estos casos, si seguimos con estos marcos jurídicos constitucionales que no nos llevan a abonar en nada a favor de los estados.

Porque lamentablemente en estos casos, cuando se invierte el recurso se genera y se gana a favor de los ciudadanos, pero cuando estamos inmersos en tanta impunidad en esta corrupción, lo único que hacen los estados y algunos gobernadores que son lamentablemente la mayoría en el país, este dinero se desaparece, se lo invierten ellos en cuestiones personales, como hoy vemos en el estado de Chihuahua, que no nos pueden aclarar como el gobernador con una deuda pública de casi 42 mil millones de pesos, hoy tiene para invertir en un banco y tenemos un gobernador banquero en el estado de Chihuahua. Estamos lamentablemente ante los hechos de corrupción más grandes de la historia.

Esta problemática ha resultado altamente preocupante, los endeudamientos en los estados deben tener un límite constitucional. Concluyo, no se preocupen, concluyo, y si gustan pueden pasar.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Los endeudamientos de los estados –escuchen– deben tener un límite constitucional que obligue a los gobiernos locales a controlar y justificar su gasto, como primer paso hacia una real transparencia. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, el diputado Pedro Domínguez Zepeda, del PRI, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda:Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy es importante reconocer la labor realizada por la Comisión de Puntos Constitucionales y por legisladores de todos los partidos políticos, que gracias a su trabajo estamos a punto de votar un dictamen que sin duda alguna desembocará en una reforma constitucional histórica y necesaria en materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios, que tiene como objetivo final elevar la calidad de vida de las familias mexicanas a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Esta reforma es consistente con la decisión anunciada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en su toma de protesta donde estableció como un punto ineludible la necesidad de contar con una ley que pusiera orden al endeudamiento de gobiernos locales y municipales, para evitar que se pusiera en riesgo a las finanzas públicas de las presentes y futuras generaciones.

Claro que los diputados y las diputadas del PRI vamos a votar a favor de este dictamen. Pero vale la pena también hacer algunas precisiones sobre algunos argumentos que se han vertido en esta tribuna.

Hay por parte de algunos compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra un doble discurso, una doble vara para juzgar diversos hechos. Para algunos casos se establecen como tribunales con juicios sumarios donde juzgan y sentencian esta misma tribuna. Y, en otros casos, piden, exigen garantía de audiencia.

Aquí se han señalado algunas cifras sobre la deuda, por ejemplo, del estado de Chihuahua. Yo quiero aclarar que la deuda directa, reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de poco más de 22 mil millones de pesos y no la que se mencionó hace algunos minutos. Chihuahua ocupa el lugar número 13 en la deuda a nivel nacional, y Chihuahua ha sido reconocido por el Instituto Mexicano de Competitividad como el octavo lugar nacional en materia de transparencia y contabilidad gubernamental.

Usemos esta tribuna para hablar con la verdad. Por ello nosotros comparecemos con toda la decisión del grupo parlamentario de votar a favor de esta reforma, porque con esta reforma se asegura que las deudas públicas que se contraigan tengan un objeto directo de beneficio a la población con inversiones productivas.

Que no se destinen esos recursos a gasto corriente y de esta forma vamos a establecer condiciones de mayor crecimiento de la economía de estados y municipios, generando también un beneficio para los particulares, para las familias, para los inversionistas, para que de esta forma ellos puedan generar mayor riqueza y más fuentes de empleo.

La aprobación de esta reforma será un paso alentador y dará paso a un manejo responsable en las finanzas y los dineros de todas y todos los mexicanos. Es, además y ante todo, un ejercicio de responsabilidad y madurez política y social. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Domínguez Zepeda. También para hablar en pro del dictamen le otorgo el uso de la palabra al diputado Rosendo Medina Filigrana, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto que la reforma constitucional que hoy se propone tiene algunas cosas importantes que deben destacarse, también es de señalarse que es una reforma constitucional que llega con retraso.

El crecimiento exponencial de la deuda de estados y municipios, que hoy ronda alrededor de los 4 mil millones de pesos, no solamente constituye un lastre para las propias entidades federativas y para los ayuntamientos, sino incluso para el propio desarrollo nacional.

La propuesta a la reforma constitucional que hoy se somete a nuestra consideración, frena o intenta frenar de manera incipiente los excesos de gobernadores y de alcaldes, porque todos sabemos que en los hechos los congresos locales y los cabildos son ineficaces para poder contener la corrupción que se genera a partir de la adopción de empréstitos por parte de estados y municipios.

El ejemplo de mi estado donde el ex gobernador priista Andrés Granier recibió finanzas públicas con una deuda de 400 millones de pesos y la dejó por encima de los 4 mil millones de pesos, más las deudas a proveedores y otras más que no han sido contabilizadas, ha dejado prácticamente en la quiebra al erario tabasqueño.

Hoy en muchas partes del país ser alcalde o miembro de un ayuntamiento, es estar condenado a tener que lidiar con finanzas públicas inviables.

No solamente son los empréstitos, están también los laudos laborales, están las deudas a proveedores, están las deudas a empresas productivas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad.

Por eso me parece que esta reforma no debe quedar únicamente en una reforma al texto constitucional. Tenemos que ir más allá en la reforma a la ley secundaria.

Tenemos que fijar responsabilidad a los funcionarios públicos, no solamente que endeuden a sus estados y a sus municipios en el marco de su gestión gubernamental, sino también fincarle responsabilidades por los laudos y las irresponsabilidades que se cometan, que vayan en contra y en detrimento del erario municipal o estatal.

Tenemos que ir a fondo porque es la única manera de frenar la corrupción que se está generando en los estados y municipios y que prácticamente los tienen al borde del quebranto. Es un asunto de seguridad nacional como lo tiene que ser también la transparencia y la lucha contra el conflicto de intereses que hoy están en la agenda nacional y en el pensamiento de todas las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Rosendo Medina. Finalmente tiene el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. En realidad vengo a hacer un voto razonado sobre mi posición diferenciada a la de mi grupo parlamentario. En efecto, el tema de la deuda de estados y municipios que se ha hablado mucho aquí, tiene que ver con el libertinaje que se creó después, digamos, de la caída, del endurecimiento de la figura presidencial en este país y que llevó a los gobernadores a ser virreyes de sus entidades federativas y que los llevó a hacer otro tipo de corrupción.

No la corrupción nada más que le metía la mano al cajón, sino aquella corrupción que tenía que ver con utilizar los recursos públicos para beneficiarse a través de los negocios como hoy ha quedado ya en evidencia en varios escándalos en este país, y sobre todo el de utilizar los recursos públicos para a través de los servicios personales, de los viáticos y de los pagos de los excesos de estos gobernadores y presidentes municipales que era a donde realmente se iban los recursos estatales.

Estas medidas constitucionales nos parece que son solamente una solución o el inicio de lo que se podría vislumbrar como una solución. No nos parece que sean suficientes, pero tampoco nos parece que sean negativas; sin embargo, hay cosas y que queremos discutir en lo particular de la que esta reforma adolece.

Primero, que los recursos a los que se apruebe o no la deuda de estados y municipios que ahora tendrá que ser autorizada centralmente, no hay una limitación para que pueda ser utilizada en el gasto corriente.

Es decir, si alguna entidad federativa logra pasar este nuevo procedimiento que se está vislumbrando en la Constitución y que requerirá una ley secundaria, no hay una prohibición expresa para que los actos de impunidad y corrupción posteriores se lleven a cabo. Hay un argumento también de violación de soberanía de los estados, que tiene que ver con que desde el centro se pueda determinar qué estado pueda avanzar o no a través de la deuda.

No satanizaré la deuda desde esta tribuna, me parece que las finanzas públicas bien manejadas –como no han sido en este país– pueden utilizar la deuda como un elemento de motor económico, sin embargo no solamente hay que señalar que no ha ido así, ya se ha hablado aquí del caso más icónico, que es el caso de Coahuila, o de otros que han sido manejados ya actualmente, como es el caso de Chihuahua, mi estado. Pero no olvidemos que también la federación se ha endeudado a un ritmo de 2 mil millones de pesos diarios, la deuda alcanzó el nivel más elevado en este país de 24 años.

Me parece que el llamado, más que castigar a los estados y municipios, debe ser de congruencia, de transparencia y de un manejo de las finanzas públicas verdaderamente responsable. Hace unos días teníamos a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí, hablando de medidas precautorias para no caer en una crisis, pero no dejaban en claro por qué hay un recorte de un tercio en el tema de la infraestructura y en el tema del gasto social.

Nos parece pues que el llamado debe ser en general, necesitamos un manejo sano, una asepsia de las finanzas públicas en este país y no solamente discursos. Y con esto cerraría, señor presidente, haciendo un llamado: que no se tomen estos votos de confianza de los legisladores como un cheque en blanco, que no es un apoyo al presidente y a sus políticas públicas, porque no lo es.

Y, en este contexto, hacer un llamado también para que la propuesta de anticorrupción que se presenta, que no es más que una propuesta de papel y que no vendrá a cambiar el tema de la impunidad en este país, se abra al debate. Y se abra al debate ciudadano, al debate de la gente, de los expertos, no solamente de los partidos políticos o de los compinches del presidente.

Entonces, un llamado desde aquí a Los Pinos para que, si realmente quieren hacer una cruzada contra la corrupción y la impunidad, lo hagan con la ciudadanía y con los mexicanos que están enojados no solamente con el poder público, sino con todas las instituciones. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar. En atención a que hemos concluido con la lista de oradores en pro y en contra, y que se dio cumplimiento además a lo contemplado en la última parte del numeral 3 del artículo 230 del citado Reglamento de esta Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario. Suficientemente discutido.

Esta Presidencia en funciones informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos 73, fracción VIII, numerales 3o y 4o, por el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD. 73, fracción VIII, numeral 4o, por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, y 117, fracción VIII, párrafo tercero, por el propio diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En esa virtud, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación nominal)

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estamos en votación, pero señor diputado Juan Bueno Torio, dígame con qué objeto la solicitud de la palabra, diputado.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Señor presidente, me acabo de enterar en este momento de un hecho lamentable y bochornoso en mi municipio de Córdoba, Veracruz. Hace unos momentos un funcionario del municipio fue agredido por personal de una empresa local, por estar haciendo que se cumpla con la Ley Municipal y estar provocando que se guarde el orden municipal.

Señor presidente, la denuncia es por el motivo de que en Córdoba, Veracruz, existe el mando único de la policía y en este caso la autoridad municipal llamó a la policía para atender el asunto y este llamado no fue atendido, por el contrario llegó la policía y estuvo viendo los hechos, vio la golpiza que se llevaron los funcionarios del municipio por parte de empleados de esta empresa y no hicieron nada.

Señor presidente, este es un mal precedente para quienes quieren poner el mando único en todo el país. El Partido Acción Nacional es quien gobierna ese municipio de Córdoba y en este momento hacemos responsable al jefe de la policía del estado de Veracruz, que es el gobernador Javier Duarte de Ochoa, de los hechos ocurridos en Córdoba. Estamos documentando las pruebas, los testimonios y las evidencias para iniciar un juicio político en contra del gobernador de Veracruz por la omisión que ha tenido la autoridad policiaca en cuidar este asunto.

Lo hacemos porque no es la primera vez, señor presidente, constantemente sucede esto en Córdoba, Veracruz y en otros municipios en donde el gobierno de Veracruz controla la policía. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado. Estamos en efecto en la fase de votación en lo general y en lo particular de lo no reservado de este dictamen. Sin embargo, queda en el Diario de los Debates consignada su manifestación, diputado Bueno Torio.

El diputado Fernando Charleston Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos similares, le expreso a usted que el diputado Bueno Torio, que estamos en fase de votación. Dígame con qué objeto, diputado, adelante.

El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre el mismo tema que menciona el diputado Juan Bueno. En la entidad, el gobierno del estado de Veracruz, del gobernador Javier Duarte, lleva a cabo acciones coordinadas con el gobierno federal para mantener precisamente la paz en la entidad.

Sabemos y no le damos la vuelta ni nos tapamos los ojos ante hechos que ocurren tanto en el estado como en otros estados. Sin embargo, es importante mencionar que se llevan a cabo estas acciones para día a día tratar de mejorar la seguridad en el gobierno del estado. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. No vamos, señoras y señores diputados, por la fase legislativa en que nos encontramos, a abrir a discusión un asunto no considerado en la agenda. Quedan igualmente consignados en el Diario de los Debates sus comentarios, diputado Charleston. Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 350 votos a favor, 12 abstenciones y 26 votos en contra. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 350 y por ende mayoría calificada, como lo ha expresado.

Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reserva al artículo 73, fracción VIII, numerales 3 y 4 del dictamen. Adelante, señor diputado Posadas.

El diputado Domitilo Posadas Hernández:Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos ustedes, señoras y señores diputados. El mérito de esta reforma que hoy estamos abordando, fundamentalmente es el reconocimiento a un problema que tiene el país y que incluso nos ha dado fama mundial, y justamente ese problema es el que con esta reforma pretende ir desterrando de origen que el mal uso, pero también el bueno uso del financiamiento público.

Está comprobado en aquellos países donde hay déficit o ausencia de transparencia o donde los índices de corrupción son altos, hay una mayor reglamentación, y también por esa razón nosotros en este y en otros temas hemos venido legislando justamente, sobre todo por la ausencia de transparencia, en muchas instituciones públicas de nuestro país.

La presente reforma, yo diría, es una buena reforma, a secas, pero yo no echo las campanas al vuelo por esta reforma, porque creo yo que las letras chiquitas, la regulación verdadera de esta reforma va a estar en la ley secundaria. Y me temo que va a suceder lo mismo que nos pasó con la reforma en materia de telecomunicaciones. En donde una buena reforma constitucional la pervirtió una ley secundaria.

Por esa razón, compañeros, compañeras diputadas, mi voto fue en contra. Pero además porque en un apartado de esta reforma el Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Diputados es obsequioso con el Senado de la República al aceptar integrar una comisión bicameral. Pero a la vez se comete una rudeza innecesaria en contra del artículo 72 constitucional.

Dice el dicho que no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y ojalá, y espero que esta violación constitucional no nos la estén modificando en otros espacios legislativos o en otras legislaturas.

Finalmente, la propuesta de reforma que estoy haciendo, ni más ni menos, es el desaparecer esa comisión bicameral, que en mi opinión y en opinión de varios legisladores, que lo hemos comentado, trastoca nuestra Constitución de la República. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva formulada por el señor diputado Domitilo Posadas Hernández.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Quien presentará reserva de modificación. Me dice el diputado Mejía Berdeja que en una sola presentación argumentará sus dos reservas. Tiene 6 minutos, señor diputado. Adelante.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Como lo comentamos en el posicionamiento inicial, estamos planteando dos reservas: una primera al artículo 73, numeral 4, para eliminar esta comisión bicameral, coincidimos con quien me antecedió en el uso de la palabra, aunque nuestro enfoque es distinto.

Nada tiene que hacer el Senado de la República invadiendo una facultad que de origen, atendiendo al espíritu del constituyente original, le debe corresponder a la representación del pueblo encarnada en la Cámara de Diputados. Insisto en que el Senado ha estado absorbiendo: facultades, responsabilidades, nombramientos y demás en demérito de esta Cámara legislativa.

Por esa razón, lo que planteó es que el Congreso de la Unión a través de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, analice la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados. Es decir, en esta primera reserva nuestro planteamiento es sustituir a la Comisión Bicameral por el trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto de esta propia Cámara legislativa, que fue la manzana de la discordia en el peloteo parlamentario pasado, pero que no por ello podemos claudicar en una facultad que debiera ser exclusiva de esta Cámara.

El día de mañana el Senado va a querer aprobar también el presupuesto, no tienen llenadera y están extralimitándose, por eso no podemos estar a favor de ello.

La segunda reserva es con relación al artículo 117, donde se habla de las dos terceras partes de las Legislaturas locales para aprobar los endeudamientos. Yo insisto en que es una barrera que pueden remontar los gobernadores. Hay endeudamientos monstruosos que se han aprobado prácticamente por unanimidad o solo con uno o dos legisladores que se han opuesto, porque el maiceo, los moches para aprobar miles de millones de pesos de endeudamiento están a la orden del día y por eso estamos sugiriendo y planteando el candado de la ratificación de la Cámara de Diputados.

Y aquí discrepo de algunos legisladores, que decían que esto era politizar. Yo quiero recordar que el origen del parlamento en mucho es que no puede haber impuestos sin representación. Y yo diría que no puede haber también deuda pública o compromisos financieros a cargo de los contribuyentes sin representación política.

No es un asunto de tecnócratas ni de financieros de cubículo. Finalmente lo que estás comprometiendo es el gasto público de los ciudadanos de una entidad o de un municipio, porque si bien no es condenable en sí mismo el endeudamiento, la experiencia reciente habla de deudas que han ido a financiar campañas electorales, de deudas que han incrementado el gasto corriente de manera excesiva y las nóminas y las burocracias locales, de deudas que han ido a llenar bolsillos y han sido materia de corrupción.

Por eso sí debe haber candados suficientes para este tipo de endeudamiento. Si las deudas son productivas, si son amortizables, si son sanas, podrán pasar estas barreras pero, si no, simplemente vendrán a seguir erosionando las finanzas públicas estatales. Serán motivo de simulación y de encubrimiento.

Un tema importante a combatir es que no por la vía del endeudamiento público se solape la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y precisamente porque aquí alguna legisladora lo trajo a colación, es por ello que queremos señalar que las medidas anticorrupción presidencial nos parecen insuficientes, además una tomadura de pelo que un subordinado del presidente de la República, como es ésta renacida Secretaría de la Función Pública, sea quien vaya a auditar al propio Ejecutivo en el tema del conflicto de interés de las propiedades y las casas presidenciales.

Y hoy precisamente en entrevista el flamante –entre comillas– secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, acaba de señalar que no es competencia de la Secretaría de la Función Pública investigar ni la casa blanca ni la de Malinalco ni la de Ixtapan de la Sal. Pura faramalla, puro cuento, pura hipocresía. Seguirá la corrupción, seguirá el encubrimiento, seguirán haciendo de las suyas con el Presupuesto público y con los recursos de la nación.

Por eso queremos señalar –con ello concluyo, presidente– que este tema de las deudas, se tiene que ver con lupa y tiene que haber candados para que no siga habiendo estos endeudamientos criminales que comprometen el futuro de millones de mexicanos en los estados y en los municipios. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea –en votación económica– si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Mejía Berdeja.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.

Ahora, señor secretario, estimadas diputadas y diputados, de conformidad con el artículo 231, numeral 4 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación...

El diputado Heberto Neblina Vega (desde la curul): Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, señor diputado. Estamos...

El diputado Heberto Neblina Vega (desde la curul): Disculpe, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. En los términos del dictamen de los artículos, señor secretario, 73, fracción VIII. Preciso: 73, fracción VIII, numerales tercero y cuarto; 73, fracción VIII, numeral cuatro; 117, fracción VIII, párrafo tercero, en los términos del dictamen, y por cinco minutos, señor secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en los términos enunciados por la presidencia de esta Mesa Directiva.

(Votación)

De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde curul): A favor.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ordénese y cierre el sistema de votación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que se emitieron 329 votos a favor, 43 votos en contra. Por lo tanto existe mayoría calificada.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen, por 329 votos. Por consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de los órganos de gobierno. En principio de la Junta de Coordinación Política, por favor.

PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular de la Segob y al gobernador del estado de Guerrero, a atender las medidas cautelares emitidas en el asunto relativo a la ciudadana Nestora Salgado García, por parte de la CIDH.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y al gobernador del estado de Guerrero a girar instrucciones, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a atender las medidas cautelares emitidas en el asunto relativo a la ciudadana Nestora Salgado García, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Ayala Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Aprobado, comuníquese.Continúe.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA FUERZA AEREA MEXICANA

La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales:Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos y con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad. Continúe. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Distinguido diputado presidente:

Me es muy grato hacer de su conocimiento que a partir del día de hoy, 5 de febrero de 2015, me reincorporo a mis funciones como diputado federal de mayoría relativa por el distrito 02 de Apodaca, Nuevo León.

Lo anterior, a fin de que tenga la gentileza de someterlo a la aprobación del pleno de esta soberanía, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

San Lázaro, a 5 de febrero de 2015.— Diputado Benito Caballero Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Alejandro Moreno Cárdenas cause baja como Presidente de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Abel Salgado Peña cause alta como Presidente en la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Abel Salgado Peña cause baja como secretario de la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik cause alta como secretaria en la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik cause baja como integrante de la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela cause baja como Presidenta de la Comisión del Distrito Federal.

• Que el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia cause alta como Presidente en la Comisión del Distrito Federal.

• Que el diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela cause baja como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Fernando Charleston Hernández cause alta como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Fernando Charleston Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que la diputada Maricela Velázquez Sánchez cause baja como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause alta como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado José Luis Márquez Martínez cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Jorge Terán Juárez cause baja como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios cause baja como integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Salvador Arellano Guzmán cause baja como secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Cecilia González Gómez cause alta como secretaria en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Cecilia González Gómez cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Oscar Bautista Villegas cause baja como secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Irazema González Martínez Olivares cause alta como secretaria en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Irazema González Martínez Olivares cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Jorge Sotomayor Chávez, cause baja como secretario de la Comisión Especial de Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro.

• Que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, cause alta como secretario en la Comisión Especial de Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se destinen o se hayan destinado a la Línea 12 del Metro.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de febrero de 2015.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobadas. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es: dictámenes en sentido negativo.

DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2014, fue presentada ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Arturo Escobar y Vega, Felipe Arturo Camarena García del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y María Sanjuana Cerda Franco, del Partido de Nueva Alianza.

2. En la citada fecha, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su análisis y discusión.

3. En fecha 11 de julio del año en curso, esta comisión dictaminadora, solicitó al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de esta Cámara de Diputados, opinión respecto a la iniciativa de mérito y cuya respuesta fue recibida en la oficina de la comisión el 21 del mes y año en curso.

II. Planteamiento y contenido de la iniciativa

Los proponentes establecen lo siguiente:

1. Las comisiones de investigación están reconocidas en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales tienen por objeto dilucidar algún proceso de actuación de algunos organismos paraestatales.

2. Apreciamos una regulación imprecisa en las respectivas leyes secundarias.

3. Por lo anterior, es conveniente fijar un sistema de votación distinto al de los otros tipos de comisiones.

4. Formalmente la función legislativa tiene como prioridad diseñar normas, así como la función administrativa, traducida en la facultad investigadora de las Cámaras, al poder organizar comisiones de investigación para develar los hechos de alguna circunstancia de importancia nacional vinculados con los organismos descentralizados y de participación estatal mayoritaria, tal como lo prevé el tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

5. El artículo 93, si bien se concibe la posibilidad de establecer comisiones especiales para materias específicas y por una cantidad precisa de legisladores dependiendo de su cámara, también es verdad que no se especifica cuál será el actuar de los integrantes de las respectivas comisiones durante el desarrollo de su actividad.

6. En la ley reglamentaria del Congreso, ni tampoco en el Reglamento de la Cámara de Diputados, solamente se refiere de las comisiones de investigación por lo que toca a la ley, en los artículos 41.1.; 43 y 85, numeral 2, inciso c), donde tampoco se previene un auténtico actuar a las comisiones de esta naturaleza. En lo tocante al reglamento, las comisiones de investigación se encuentran aludidas en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pero solamente expresa la obligación de la Cámara de remitir los resultados al Ejecutivo federal, sin precisar el carácter de conducción de las propias comisiones.

7. Esta iniciativa tiene como finalidad contribuir a fortalecer un tema que hasta hoy no se precisa con claridad en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sobre las comisiones especiales de investigación, en específico, el tema de la votación respectiva, ya que en la actualidad solamente para dilucidar este tipo de problemas se estipula una regla general que es imprecisa, nos referimos a la enunciada en el artículo 45.7 de la ley, el cual determina que las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros, siendo que no es lo mismo el trabajo llevado a cabo en una comisión especial u ordinaria que en una de investigación, pues ésta última no se erige con la finalidad de un caso técnico ni tampoco su objetivo es dictaminar una ley.

III. Opinión del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP)

El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en atención a la solicitud formulada por esta comisión en torno a la propuesta mencionada concluyó:

a) La iniciativa no contraviene lo previsto en el referido párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual prevé la integración de comisiones de investigación.

b) Los iniciantes son omisos en exponer las situaciones, circunstancias u obstáculos que los llevan a considerar la ineficacia del sistema de votación de mayoría de votos que rige en las comisiones de investigación, y que se solucionarían con la adopción de un sistema de votación ponderada.

Tal omisión podría llevar a considerar que la iniciativa pudiera carecer de un adecuado planteamiento del problema, el cual es un requisito indispensable de las iniciativas, previsto en el numeral 1, fracción II, del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

c) Los iniciantes son omisos en presentar argumentos que justifiquen las razones para otorgarle a las comisiones de investigación el sistema de voto ponderado que al día de hoy es exclusivo de órganos de gobierno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

En ese orden de ideas, también faltarían argumentos que expongan los motivos para establecer un trato diferenciado a las comisiones de investigación respecto de las comisiones ordinarias y especiales.

Tales argumentos sustentarían el propósito de la iniciativa y tienen el carácter de indispensables, en términos del numeral 1, fracción III,del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, es de mencionar el objeto de la presente propuesta de los diputados del Partido Verde Ecologista de México y de Nueva Alianza, que es reformar el marco normativo de las actividades relacionadas con la función legislativa.

No obstante lo anterior, esta dictaminadora estima conveniente no aprobar tal iniciativa por las razones siguientes:

a) Técnica Legislativa. Requisitos contemplados en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Planteamiento del Problema.

De la iniciativa en estudio se observa que de conformidad al Reglamento de la Cámara Diputados, aborda un apartado para plantear una problemática.

Cabe mencionar en este sentido, que el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece los requisitos que deben contar las propuestas de iniciativa con el objeto que las mismas estén debidamente sustentadas y sirva para fortalecer el trabajo legislativo.

Es importante analizar lo relativo al planteamiento del problema que metodológicamente debe entenderse como el motivo de la propuesta que el diputado pretenda resolver, esto es exponer claramente una situación o circunstancia previa existente.

Aun cuando se cuenta con un apartado destinado a plantear la problemática, ésta no queda suficientemente clara, incluso en su propia exposición de motivos no se observan circunstancias suficientes para considerar que el sustento que arroja sea suficiente para modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A este respecto, el Centro de Estudios de Derecho y de Investigaciones Parlamentarias señaló en su opinión relativa a la propuesta en comento:

“Los iniciantes afirman que existe una regulación imprecisa de las comisiones de investigación en las leyes secundarias, ya que se les brinda idéntica regulación que a las comisiones ordinarias y especiales, lo cual dicen no puede ser así en virtud de que las comisiones de investigación, a diferencia de las otras, no dictaminan leyes ni tampoco atienden un problema específico por solucionar, sino se direccionan a analizar un suceso anterior con la finalidad de extraer la verdad histórica con datos comprobables.

No obstante lo anterior, no se advierte que la iniciativa exponga un planteamiento del problema con el sistema de votación de mayoría de votos que actualmente rige las decisiones de las comisiones, incluidas las de investigación, previsto en el numeral 7, del artículo 45 de la LOCGEUM, a continuación trascrito:

Artículo 45.

7. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. ...

(Las negrillas son propias)

Es decir, la propuesta es omisa es indicar las situaciones, circunstancias u obstáculos que llevaran a considerar la ineficacia del sistema de votación de mayoría de votos que rige en las comisiones de investigación, y que se solucionarían con la adopción de un sistema de votación ponderada.

Dicha omisión no es un asunto menor, toda vez que el planteamiento del problema forman lo que se conoce como la exposición de motivos, la cual es el apartado donde el proponente de una iniciativa da a conocer las razones que tiene para crear, modificar, reformar, adicionar, derogar, abrogar uno o varios artículos o un ordenamiento jurídico completo. Es pues un instrumento de ayuda interpretativa, una guía para resolver las dudas que pudiera presentar el proyecto y sobre todo, para plasmar con claridad la intención manifiesta del legislador.

Además, una exposición de motivos elaborada y concatenada con cada reforma que se propone, indudablemente proporciona una mejor posición a la iniciativa al momento de presentarla ante los demás legisladores, y alcanzar el convencimiento requerido para su aceptación.

En consecuencia, se tiene que los iniciantes son omisos en exponer las situaciones, circunstancias u obstáculos que los llevan a considerar la ineficacia del sistema de votación de mayoría de votos que rige en las comisiones de investigación, y que se solucionarían con la adopción de un sistema de votación ponderada.

Tal omisión podría llevar a considerar que la iniciativa pudiera carecer de un adecuado planteamiento del problema, el cual es un requisito indispensable de las iniciativas, previsto en el numeral 1, fracción II, del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.”

Sumado a ello debemos tener en cuenta que este tópico resulta de suma importancia en virtud de que para determinar la formulación de una iniciativa, es indispensable comprobar si dicho proyecto está relacionado con un problema jurídico, político, social, cultural, científico o técnico y con ello se puedan precisar las causas y efectos de un problema, para que a través de un acto legislativo se aporte su solución.

b) Exposición de Motivos

Por otra parte, en la presente iniciativa dentro del apartado concerniente a los argumentos que justifiquen la propuesta, sólo se observa que se realizan consideraciones que se limitan a señalar que las votaciones en las comisiones de investigación de la Cámara de Diputados deberán hacerse mediante el voto ponderado y no bajo el sistema que actualmente subsiste.

En tales condiciones, podemos vislumbrar que no se hacen señalamientos en específico que justifiquen el porqué deba imperar en las comisiones de investigación una votación ponderada.

Es decir, si bien estamos atendiendo una cuestión en materia parlamentaria y ello hace suponer el conocimiento previo a las cuestiones planteadas en la propuesta, para efectos de integrarla bajo una debida técnica legislativa hubiera sido asentar en qué consiste el voto ponderado,lo que daría mayor relevancia a la propuesta.

De la misma forma, no se cuenta con argumentos que expongan en forma clara cuál es el beneficio o en que aportará el hecho de que en este tipo de comisiones se establezca un voto ponderado, pues tal como está estructurado sólo podemos desprender que es una propuesta sin ningún sustento que le confiera viabilidad.

En tales circunstancias es de mencionar también la opinión que al respecto realiza el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esta Cámara de Diputados, el cual señala:

“Los iniciantes proponen fijar el sistema de voto ponderado para las comisiones de investigación, distinto a la votación mayoritaria prevista para las demás comisiones.

Sin embargo, pudiera considerarse que no brindan argumentos suficientes para sustentar dicha modificación, como se señala enseguida.

No se argumenta en la iniciativa por qué el voto ponderado, previsto únicamente para órganos de gobierno tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se otorgue a las comisiones de investigación en exclusiva.”

Por un lado, la LOCGEUM prevé que todas las comisiones (ordinarias, especiales y de investigación), adoptarán sus decisiones mediante el sistema de mayoría de votos, tal como lo prevé el numeral 7, del artículo 45 de la LOCGEUM, que nuevamente trascribimos para mejor comprensión:

Artículo 45.

7. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. ...

(Las negrillas son propias)

Por otro lado, la misma LOCGEUM establece el sistema de votación ponderado únicamente para los órganos de gobierno, es decir, Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, como se trascribe a continuación:

“Artículo 21.

2. Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por consenso, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes mediante el voto ponderado, en el cual el diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario. En caso de empate, el Presidente de la Mesa tendrá voto de calidad. (Las negrillas son propias)

Artículo 35.

1. La Juntadeberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre la Cámara al inicio de la legislatura. Sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado,en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario. (Las negrillas son propias)

Artículo 37.

4. La Conferenciaadoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderadode los coordinadores de los grupos parlamentarios. El presidente de la conferencia sólo votará en caso de empate. (Las negrillas son propias)

Artículo 81.

2. La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderadode los coordinadores de los grupos parlamentarios, conforme al número de senadores con que cuente cada uno de sus respectivos grupos respecto del total de la Cámara. (Las negrillas son propias).”

Sobre lo anterior, los iniciantes son omisos en presentar argumentos que justifiquen las razones para otorgarle a las comisiones de investigación el sistema de voto ponderado que al día de hoy es exclusivo de órganos de gobierno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. En ese orden de ideas, también faltarían argumentos que expongan los motivos para establecer un trato diferenciado a las comisiones de investigación respecto de las ordinarias y las especiales.

Argumentos los anteriores que ponen de manifiesto la inviabilidad de la propuesta al no encontrarse sustentada, ya que el simplemente proponer la modificación de una ley con la aprobación de un nuevo sistema de votación en las comisiones de investigación, como lo determina en su proyecto de decreto no es suficiente para considerar que ello resuelva la problemática planteada, que incluso también se señaló no se encuentra debidamente expuesta.

Debemos tener en cuenta que, este tópico resulta de suma importancia en virtud de que para determinar la formulación de una iniciativa, es indispensable comprobar si dicho proyecto está relacionado con un problema jurídico, político, social, cultural, científico o técnico y con ello se puedan precisar las causas y efectos de un problema, para que a través de un acto legislativo se aporte su solución.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto que reforma los artículos 41 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los diputados Arturo Escobar y Vega, Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Notas:

1. Artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados

2. Reglamento de la Cámara de Diputados, Versión Comentada, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 2013, pág. 71.

3. Fracción II del numeral 1, del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Muro Ruíz, Eliseo, “Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, pág. 61.

5. Muro Ruíz, Eliseo, “Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el recinto legislativo de San Lázaro, en su reunión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica en contra), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica en contra), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica en contra), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cabildeo.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2014 , el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cabildeo, acargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (MC).Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 4075, viernes 25 de julio de 2014.

3. El 30 de octubre de 2014, el Presidente de la Comisión, a nombre de la Junta Directiva, solicitó al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) la opinión de éste órgano, con respecto a la iniciativa en comento, a fin de tener mayores elementos técnicos y jurídicos para la elaboración del dictamen respectivo.

4. Con fecha 17 de septiembre del presente año, con oficio CRRPP/267-LXII/14 se invitó, a los diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, a que ampliaran el contenido y argumentos respecto de su Iniciativa.

5. En respuesta a la solicitud dirigida al CEDIP, con fecha 21 de noviembre del presente año, el maestro Luis Enrique García García, Director de Estudios Legislativos, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, hizo llegar a esta Comisión la opinión del dicho órgano, en la que se elabora un análisis de la propuesta y se exponen las consideraciones respecto al impacto que tendría su aprobación.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja pretende reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados para restringir las actividades de cabildeo a quienes hayan sido condenados judicialmente por delitos dolosos o hayan sido inhabilitados profesionalmente.

Lo anterior, señala la propuesta con base en los siguientes argumentos:

“En nuestro país, (...) la delgada línea entre lo que es el cabildeo y lo que es la compra de conciencias, es uno de los factores que ponen en tela de juicio la labor delos cabilderos.

El problema es que en las acusaciones de corrupción la prueba será circunstancial, por lo tanto es difícil determinar si una acción es impropia o si constituye una forma aceptable de cabildeo”.

Expone además el proponente que, “el cabildeo es una práctica aceptable en la mayoría de los sistemas políticos, sin embargo existe un paradigma entre lo que es la corrupción y el cabildeo, la diferencia la determinan los valores sociales y morales de los ciudadanos así como de las percepciones que se tenga sobre el cabildeo esta práctica”.

Como ejemplos de su argumentación menciona legislaciones en otros países, como la de Estados Unidos, Canadá y Perú que, desde su punto de vista, son las más avanzadas al respecto en nuestro continente y han logrado controlar el cabildeo estableciendo regulaciones para su ejercicio. Refiere también, el caso de Chile, “donde los aspirantes no deben haber sido condenados judicialmente por algún delito grave que amerite pena corporal, o que haya sido inhabilitado durante su función como servidor público”.

Considera la propuesta que “el cabildeo ilegal es un delito novel que no tiene establecidas las barreras ni tiene una base normal. La criminalización de la conducta depende enteramente de si hubo la intención de influenciar una legislación o si hubo la intención de informar a la legislatura sobre una postura en particular. Esta ambigüedad provoca que existan muchas interpretaciones sobre lo que es una influencia indebida y lo que es un cabildeo legítimo”.

Desde la perspectiva del iniciante, no existe restricción alguna en la regulación vigente en materia del cabildeo para garantizar que quienes ejercieran esta función fueran personas honorables y de reconocida calidad moral, que ayudaran a minimizar los actos corrupción”. Explica que, en su grupo parlamentario  consideran que la libre contratación de personal para cubrir estas funciones, puede permitir la incorporación de diversos actores, incluida la delincuencia organizada, para influir en las decisiones de los representantes populares, con el fin de asegurar la protección de sus intereses.

Análisis y valoración de la iniciativa

Es de interés particular de esta dictaminadora enfatizar el análisis realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, respecto a la iniciativa que se atiende, puesto que presenta argumentos históricos, analógicos y comparativos, con el fin de auxiliar en la toma de decisión por parte de esta dictaminadora. A continuación, citamos parte del documento señalado:

“4. Análisis de los conceptos materia de la iniciativa

a. Cabildeo

Se denomina cabildeo ( lobbying) al proceso mediante el cual los grupos de interés buscan entrar en contacto con los funcionarios públicos. El término tuvo su origen en el procedimiento común entre los grupos de interés que consiste en hacer que sus representantes frecuenten las salas o lobbies de las oficinas de gobierno para ponerse en contacto con los funcionarios.

Para Sebastián Lerdo de Tejada, el cabildeo es un vocablo de origen anglosajón, que se define en castellano como: ejercer presiones; tratar de convencer; intentar neutralizar, modificar o influir en las decisiones de la autoridad pública.

Por su parte Miguel Ángel Garita Alonso señala que el cabildeo es la capacidad para alcanzar un cambio especifico en un programa o proyecto gubernamental, también es la capacidad de influir en un actor con poder de decisión, así mismo agrega que el cabildeo se puede simplificar como un proceso en el cual se fortalece a la sociedad civil a través de promover su participación activa, organizada y planificada, para incidir en el ámbito de lo público, en el pleno uso de sus derechos humanos y constitucionales.

El politólogo Lester Milbrath, define el cabildeo como la actividad mediante la cual el encargado de la misma, se comunica con una persona del gobierno con facultad para tomar decisiones a fin de tratar de influir en lo que hará ésta respecto a determinado asunto. El mencionado autor limita la práctica del cabildeo a los contactos efectuados en nombre de alguien más; por lo que los contactos que realiza un ciudadano que actúa exclusivamente por su propio interés en alguna política pública no se le suele considera como un cabildero ( lobbyist).

b. Cabildero

Miguel Ángel Garita Alonso señala que el cabildero es la persona que lleva a cabo en forma profesional o de manera espontánea y esporádica, la acción de cabildear.  Por otra parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al cabildero, como la persona que cabildea. Es decir la persona o personas que desarrolla esta actividad son los denominados cabilderos, quienes pueden ser personas físicas o morales. Lo anterior implica que el cabildero pueda representar intereses propios o de otra persona, así tenemos que las sociedades, los sindicatos o grupos de la sociedad civil entre otros puede desarrollar esta actividad.

En relación con los cabilderos Richard Watson, señala que las grades asociaciones y empresas comerciales con oficinas en Washington, usan sus propios ejecutivos para realizar cabildeo, los grupos que no cuentan con ello depende de representantes como son despacho de abogados asentados en esa capital, el autor agrega que los grupos de interés buscan a personas que posean información y habilidades que las conviertan en representantes eficientes de la actividad del cabildeo.

Como se desprende de lo anterior cualquier persona puede ser cabildero y ejercer en forma directa o a través de representantes su libertad de expresión y el derecho de petición.

c. El cabildeo o lobbying en los Estados Unidos

Resulta conveniente analizar el desarrollo del cabildeo en los Estados Unidos de América en virtud de que éste es uno de los países en que se encuentra un mayor desarrollo normativo.

El cabildeo se reconoció como actividad lícita y protegida desde los primeros años de los Estados Unidos; es así que la Primera Enmienda constitucional establece queel Congreso no promulgará ley alguna... que limite la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo de reunirse pacíficamente y formule petición al Gobierno para la atención de quejas. No obstante lo anterior en la actividad del cabildeo hay un potencial de corrupción y conflicto de intereses al proteger los derechos de petición de los grupos de interés y es a John Madison al que se le reconoció haberlo previsto enThe Federalist (No 10), al defender la necesidad de un gobierno federal fuerte, que actuara como contrapeso efectivo:Entre las numerosas ventajas que promete una unión bien construida, escribió, ninguna merece desarrollarse con más precisión que su tendencia a destruir y controlar la violencia de facción... Por facción entiendo un número de ciudadanos, sea que formen una minoría o una mayoría del todo, que obren unidos por algún impulso común de pasión, o de interés contarlos a los derechos de otros ciudadanos, o a los intereses permanentes y agregados de la comunidad.  La corrupción y los conflictos de intereses en torno a esta actividad se volvieron comunes en los Estados Unidos,durante el siglo XIX; en el siglo XX la presencia de Cabilderos en Washington se intensificó.

Lo anterior derivó en que en 1946 se estableciera la Ley de Reglamentación Federal de Cabildeo, (Federal Regulation of Lobbyng Act) que era una ley promulgada por el Congreso de los Estados Unidos para reducir la influencia de los grupos de presión. Mediante la Ley se buscaba proporcionar información a los miembros del Congreso sobre los que los presionan. No obste lo anterior a decir de Yaniré Bastida la Ley adolecía de imprecisión del cabildeo, fracaso con respecto a que los cabilderos revelaran la identidad de sus clientes, el fracaso en extender la medida a las ramas ejecutivas y a los empleados del Congreso, pues sólo se limitaba a los miembros del Congreso, la inaplicabilidad de la legislación en el organizaciones con mucha membresía y las inadecuadas previsiones para aplicar las leyes, ya que sólo se limitaban a sanciones administrativas y civiles.

En 1995 el congreso reformó la Ley creando la Ley de Divulgación de Cabildeo Lobbying Disclosure Act, con la intensión de asegurar que hubiera una representación responsable de cabilderos, aclarar las lagunas de la antigua ley procurar una publicación efectiva de los esfuerzos del cabildeo para aumentar la confianza pública en la integridad del gobierno.

Actualmente el Cabildeo es definido por la legislación federal de los Estados Unidos como la comunicación o esfuerzo de comunicación con miembros de la rama ejecutiva o legislativa, a nombre de un cliente con respecto a:

(i) La formulación, modificación o adopción de la legislación federal (incluyendo propuestas legislativas);

(ii) La formulación, modificación o adopción de una norma federal, reglamento, orden ejecutiva, o cualquier otro programa, la política, o la posición del Gobierno de los Estados Unidos;

(iii) La administración o ejecución de un programa o una política federal (incluyendo la negociación, adjudicación, o la administración de un contrato Federal, donación, préstamo, permiso o licencia); o

(iv) El nombramiento o confirmación de una persona para un puesto sujeto a confirmación por el Senado.

La nueva legislación aún se limita a la publicitación de los datos de los cabilderos sin imponerles límites o restricciones a su actividad

Lo anterior en virtud de que esta actividad como ya se ha comentado, está protegida por la garantía a la liberta de expresión y petición al gobierno prevista en la Primera Enmienda, sin embargo los excesos que se han cometido en el uso de esta libertades derivaron en que el Congreso de los Estados Unidos realizara esfuerzos por reglamentar dicha actividad: teniendo como método fundamental de regulación la publicidad más que el control en sí. Mediante las leyes se ha obligado a los cabilderos a identificarse, identificar a sus representados y los intereses legislativos que defienden, se les ha obligado también a informar cuanto gastan ellos y sus clientes en cabildeo.

Finalmente es de destacar que la relativa falta de limitaciones sobre el cabildeo deriva de la dificultad de imponer restricciones efectivas sin infringir los derechos constitucionales o de libertad de expresión, de prensa, reunión y petición, así como la preocupación de limitar los cabildeos legítimos sin que esto reduzca los abusos.  Como puede apreciar regular esta figura resulta sumamente complicado en los Estados Unidos no obste la legislación de ese país más que limitarla ha tendido a trasparentar su ejercicio.

d. El cabildeo o lobbying en Chile

En virtud de que la legislación chilena en la materia fue tomada como referencia en la iniciativa en comentó se realiza el examen de la misma.

Es de destacar que si bien los proyectos para regular el cabildeo en Chile datan de la década pasada, durante este año apenas fue publicada esta legislación.

En Chile a fin de lograr el fortalecimiento del sistema democrático y la obtención de mayores niveles de transparencia y probidad, desde el 2003, se presentó el primer proyecto de ley, no obstante posteriormente se presentaron diversos proyectos para legislar acerca del lobby, los cuales tuvieron que enfrentar diversos obstáculos en el proceso de discusión. La primera iniciativa legislativa presentada al Congreso Nacional, tuvo en su confección influencias de las experiencias estadounidense y europea, fue el proyecto de ley contenido en el boletín 3407, de noviembre de 2003. Dicha iniciativa, luego de ser despachada por el Congreso, fue sujeta a observaciones o veto presidencial en el año 2008, el cual no encontró apoyo en el Senado de la República, por tal razón el gobierno de la Presidenta Bachelet envió un nuevo proyecto de ley en septiembre del mismo año. Posteriormente el gobierno de Sebastián Piñera Echenique presentó una indicación sustitutiva en mayo de 2012, por lo que en la práctica constituyó un nuevo proyecto, toda vez que a diferencia de las iniciativas anteriores centró las obligaciones en los sujetos pasivos de lobby, de tal forma más que un proyecto propiamente de lobby, constituyó uno dirigido a hacer posible la transparencia de las agendas de las autoridades y funcionarios.

Es de destacar que la iniciativa presenta contenía un Título II, De los Registros Públicos y de las obligaciones y prohibiciones aplicables a los lobbystas, que en su Párrafo 2o, De las obligaciones y prohibiciones aplicables a los lobbystas, artículo 10 y 11 disponía que:

Artículo 10. Los lobbystas no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos, campañas electorales ni campañas internas de partidos políticos, pactos o coaliciones de partidos.

Artículo 11. No podrán ejercer directa o indirectamente la actividad de lobbysta, ni como persona natural ni en calidad de dueño, socio o asociado, dependiente, mandatario o asesores de una persona jurídica que ejerza actividades de lobby:

a) Los sujetos pasivos de lobby y las autoridades unipersonales de los partidos políticos, durante el ejercicio de sus funciones.

b) Los sancionados con la cancelación de su inscripción en el registro público de lobbystas, por el plazo que determine la autoridad que aplicó la respectiva sanción.

Asimismo, los sujetos pasivos de lobby no podrán ejercer directa o indirectamente la actividad de lobbysta, ni como persona natural, ni en calidad de dueño, socio o asociado, dependiente, mandatario o asesores de una persona jurídica que ejerza actividades de lobby, hasta después de un año de haber cesado en sus cargos.

No obstante, mediante la indicación sustitutiva en mayo de 2012, presentada por el Presidente Sebastián Piñera, las obligaciones y prohibiciones para los lobbystasfueron eliminadas. Fue así que la Legislación que regula el cabildeo en Chile fue publicada el 8 de marzo de este año y es la siguiente LEY NÚM. 20.730 Regula el lobhy y /as gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y

Funcionarios; la cual en su Título II, De los registros públicos, artículo 12 dispone:

Las personas que realicen lobby o gestiones de intereses particulares, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, estarán sujetas a las siguientes obligaciones:

1. Proporcionar de manera oportuna y veraz a las autoridades y funcionarios respectivos, la información señalada en esta ley, cuando ésta les sea requerida, tanto para solicitar audiencias o reuniones, como para efectos de su publicación.

2. Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia ,el nombre de las personas a quienes representan, en su caso.

3. Informar, al sujeto pasivo a quien solicitan la reunión o audiencia, si reciben una remuneración por las gestiones.

4. Proporcionar, en el caso de las personas jurídicas, la información que se les solicite respecto de su estructura y conformación, sin que en caso alguno les sea obligatorio suministrar información confidencial o estratégica. Dicha información será solicitada a través de un formulario que, para estos efectos, elaborará el Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto de los sujetos pasivos señalados en el artículo 3o y en los numerales 1), 4) y 7) del artículo 4o, y el organismo a cargo de cada registro, respecto de aquellos individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4o, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento y demás normativa a que hace referencia el artículo 10.

La omisión inexcusable de la información requerida en el inciso anterior o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, por parte de las personas señaladas en dicho inciso, será penada con la multa señalada en el artículo 8°

Tales personas deberán informar a sus clientes o representados de las obligaciones a las que están sujetas en virtud de esta ley.

Las anteriores son las únicas previsiones que regulan obligaciones de los cabilderos entre las cuales no se encuentra ninguna limitante con respecto a quienes pueden ejercer esta actividad.

e. Comentario sobre la iniciativa

En su momento el Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en el debate relativo al dictamen mediante el cual se propuso expedir el Reglamento de la Cámara de Diputados señaló que el Reglamento propuesto era inconstitucional porque se ocupa del cabildeo, cuando ni siquiera en este Congreso ni siquiera el Constituyente Permanente ha reformado el artículo 73 de la Constitución para regular el cabildeo y otorgar esa facultad al Congreso. Lo comentado por el Diputado Cárdenas, evidencia la polémica con respecto a la facultad para que la Cámara de Diputados regule el cabildeo, polémica que también se presenta en el hecho de que el Reglamento de la Cámara de Diputados es un reglamento parlamentario y unicameral, por lo que la posibilidad de imponer obligaciones a sujetos extra parlamentarios es sumamente limitada.

No obstante lo anterior, al desarrollar el citado Reglamento se consideró que el cabildeo constituía una actividad íntimamente relacionada con el quehacer parlamentario en la que se habían presentado acontecimientos que habían impactado en forma negativa en la opinión pública. Derivado de lo antes expuesto se insertó en la reglamentación parlamentaria propuesta un registro de los cabilderos y una declaración de intenciones de quienes practiquen esta actividad dentro del recinto- lo cual no implica limitación a ésta actividad, ya que solo se busca trasparentar su desarrollo- propuesta que fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y publicada en diciembre de 2010.

Como puede observarse existen limitaciones técnico jurídicas para imponer obligaciones a sujetos extraparlamentarios por medio de un reglamento parlamentario que solo fue aprobado por una de las Cámaras. Estas limitaciones podrían ser establecidas mediante una Ley aprobada por el Congreso; no obstante, tomando como referencia el Derecho Comparado se debe de considerar que la libertad de expresión y el derecho de petición se encuentran consagradas por nuestra Constitución, razón por la que se considera impropio el imponer limitaciones a esta actividad, que implica el ejercicio de ambos derechos por parte de los ciudadanos”.

Derivado de lo anterior, expuestos los respectivos antecedentes, contenido y análisis de la iniciativa, los integrantes de esta comisión dictaminadora presentan las siguientes:

Consideraciones

Primera. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver las iniciativas enunciadas en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo a lo que señala el artículo 71, párrafo dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda.Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, conocer, analizar y dictaminar la iniciativa enunciada, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral dos, inciso a) y, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.El hecho real que la actividad del cabildeo ha sido percibida por la opinión pública como una actividad oscura y en no pocas ocasiones asociada a prácticas de corrupción o de tráfico de influencias. También es cierto que actualmente, los ciudadanos tienen la garantía de acceso a la información, así como una creciente apertura de los órganos de gobierno en materia de transparencia. De ahí la necesidad de reglamentar de manera adecuada el cabildeo.

Cuarta. Resulta fundamental que los principios de honradez, honestidad, integridad, transparencia, liderazgo y rendición de cuentas sean una constante en las actividades y comportamiento dentro del Congreso. De igual manera, que dichos criterios estén presentes en todas aquellas acciones vinculadas al ejercicio de los cargos públicos, de tal suerte que se eviten, entre otras prácticas perniciosas, conflictos de intereses, tráfico de influencias e incompatibilidades.

Quinta. Esta comisión expresa total concordancia con el proponente y los diputados que suscriben la iniciativa, en la conveniencia de avanzar en la regulación del cabildeo, por considerarla como una actividad estrechamente relacionada con el ejercicio parlamentario y legislativo. Nos manifestamos a favor de erradicar y prevenir las prácticas corruptas y, en su caso, sancionarlas, con base en la legislación. Es prudente definir los sujetos activos y pasivos, señalar sus obligaciones, responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades. La actividad del cabildeo debe estar bajo el escrutinio general, a fin de evitar sospechas acerca de la gestión y promoción de intereses personales o de grupo, prácticas de corrupción, tráfico de influencias, entre otras, para posibilitar con ello, la fiscalización y el control social.

Sexta. No obstante lo anterior, y tomando en consideración la opinión del CEDIP, también estimamos que no sería en el Reglamento de la Cámara de Diputados donde debamos plasmar restricciones al ejercicio de tal actividad, sobre todo tratándose de derechos ciudadanos que podrían verse coartados. En todo caso, sería conveniente impulsar la expedición de una Ley del Cabildeo, en donde se señalen de manera puntual los supuestos de infracciones y sanciones a quienes ejercen esta actividad, tal y como lo han propuesto en legislaturas anteriores, legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cabildeo, acargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (MC). Presentada en laSesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de julio de 2014.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1. Watson, Richard A., Democracia americana. Logros y perspectivas, Limusa, México, 1989, p. 171.

2. Lerdo de Tejada, Sebastián, y Godina Herrera, Luis Antonio, El lobbying en México,Miguel Ángel Porrúa, México, 2004, p. 15.

3 Garita Alonso, Miguel Ángel, “Hacia una regulación del cabildeo parlamentario en México”, Quórum Legislativo, número 85, Centro de Estudios de Derecho, Cámara de Diputados, México, abril-junio 2006, p. 15.

4. Watson, Richard A., Op. Cit., p. 171.

5 Garita Alonso, Miguel Ángel, Op. Cit., p. 19.

6 Watson, Richard A., Op. Cit, p. 171.

7 Congressional Quartlrly, El Congreso de los Estados Unidos, estructura y funcionamiento, Limusa, México 1992, p. 190.

8 Bastida Orama, Yaniré, “Cabildeo. ¿Derecho constitucional o subterfugio para la corrupción?”, Revista de Derecho Puertorriqueño, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Volumen 42, Año 2003, p. 4.

9 U.S. Code § 1602 Definitions. Disponible en: http://www.law.cornell.edU/uscode/text/2/1602

10 Congressional Quarterly, Op. Cit, p. 192

11 Riveros Marín, Edgardo, Legislación sobre lobby o cabildeo: El caso chileno, Konrad- Adenauer-Stiftung e.v.,Chile, 2013, p. 55.

12 Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Establece normas sobre la actividad de lobby.”. (boletín N° 6189-06) (S). (021-360), p. 79. Publicado en la Redacción de Sesiones, publicación oficial de la Cámara de Diputados de Chile, Legislatura 360a, sesión 33a, del miércoles 23 de mayo de 2012. Disponible en la página web: http://www.camara.cl/pdf.aspx? prmlD:::9393 &prmTIPO=TEXTOSESION

13 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, Año II, México, DF, 15 de diciembre de 2010, sesión número 40.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el día 26 de noviembre de 2014.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica en contra), Francisco Alfonso Durazo Montaño, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica en contra), Rubén Camarillo Ortega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica en contra), Marcos Rosendo Medina Filigrana, Norma Ponce Orozco (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 185 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 25 de junio de 2014, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 185 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir en el programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas a los grupos de riesgo y zonas geográficas de alta incidencia.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva; y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Iniciativa

Artículo 185. ...

I. ...

II.La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes y grupos de riesgo ,a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva; y

III.El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas geográficas de alta incidenciay en los grupos de población considerados de alto riesgo.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los instrumentos y las acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo éste uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.El 20 de noviembre de 2014 se aprobó en el pleno de la Comisión de Salud, por unanimidad, la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 185, por medio del cual se sustituyen las expresiones “obreros y campesinos” por “grupos vulnerables”.

Por ello, la comisión dictaminadora estima pertinente desechar la modificación del artículo en estudio por estimarse técnicamente inviable, pues duplicaría preceptos que la minuta en comento ya considera.

Tercera. La modificación de la fracción III del mismo artículo se estima innecesaria, ya que esto no implica un cambio sustancial.

Es importante mencionar que en el mismo artículo ya se establece que el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que contribuyan a la lucha contra el alcoholismo será dirigido especialmente en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción g) del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión someten a consideración del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 185 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fecha 25 de junio de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 15 de agosto de 2014, el Congreso del Estado de Chihuahua remitió copia del acuerdo número 117/ 2014 II PO, así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el Congreso del Estado de Chihuahua, formula ante el Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 324 de la Ley General de Salud, referente a la donación de órganos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Asimismo, la Mesa Directiva, mediante oficio de fecha 17 de julio de 2014, autorizó a esta comisión prórroga por 90 días, para la dictaminar el asunto en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la iniciativa

Se señala en la iniciativa propuesta, materia del presente dictamen lo siguiente:

El consentimiento es la piedra angular ética de la intervención médica, que compete a las autoridades nacionales definir, de conformidad con las normas éticas internacionales, el proceso de obtención y registro del consentimiento relativo a la donación de células, tejidos y órganos, el modo en que se organiza la obtención de órganos de cada país y la función práctica del consentimiento como informada acerca de los alcances del consentimiento tácito y de que disponga de un medio fácil para manifestar su oposición a donar sus órganos.

En resumen, se propone establecer que habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa expresa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes. Señala que la Secretaría de Salud deberá garantizar que la población esté plenamente informada acerca de los alcances del consentimiento tácito y de que disponga de un medio fácil para manifestar su oposición a donar sus órganos.

Elimina la supeditación que se hacía del donante supeditado al consentimiento de cualquiera del o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante que se encuentren presentes. Señalar que si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

Para ello, la Iniciativa propone reformar el artículo 324 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los diputados integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen las siguientes:

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.A partir de la reforma del 26 de mayo de 2000, se reguló la donación en nuestro país y, con ello, se logró elaborar un Programa Nacional de Trasplantes como parte del Programa Nacional de Salud 2001-2006, emitido por la Secretaría de Salud, para lograr una mayor participación de la sociedad para la donación de órganos.

Tercera.Uno de los planteamientos ético-jurídicos en los trasplantes de órganos y tejidos es, en primer lugar, el consentimiento de la persona, requisito fundamental para acceder al procedimiento legal de un trasplante, el cual conlleva implícitamente a establecer un concepto de persona a partir del cual se derivan los principios fundamentales encargados de orientar la moral social, la libertad (autonomía), igualdad (equidad) y dignidad del ser humano, lo cual impone deberes inexcusables a las instituciones por tutelarlos, y además, contar con una organización asistencial acorde con las demandas de una sociedad plural, tal y como lo señala Romeo Casabona:

“La afirmación de la libertad y dignidad humanas en el donante, y de éstas y del mencionado derecho a la salud en el receptor. Y en ambos casos –donante y receptor–, en considerar al ser humano como fin y no como medio. El reconocimiento a la libertad humana, considerada como fuente de otros derechos, conlleva el de la no violación de su integridad corporal, cuando se trata de un ser vivo, o de respeto a sus ideas o creencias religiosas, una vez fallecido.”

Cuarta. En ese sentido, derivado del análisis jurídico de la iniciativa que nos ocupa, y tomando como base la opinión de diversos tratadistas, hacemos las siguientes precisiones:

“La legislación brasileña ha aceptado el consentimiento tácito, sin embargo, esta decisión legislativa no ha sido bien recibida por la doctrina. En concepto de Roberto de Gouvêa Medina, la nueva legislación rompe abruptamente con las costumbres arraigadas y las creencias y tradiciones religiosas. El mismo autor reflexiona que su país cuenta con 18.4 por ciento de analfabetismo, cifra indicativa de que buena parte de los habitantes carece de capacidad de discernimiento suficiente para decidir sobre el destino del propio cuerpo después de su muerte. Celso Rivero, citado por De Gouvêa, ha expresado que la manifestación tácita es una verdadera confiscación del cuerpo humano por el estado”.

Quinta. Un sujeto puede donar sus órganos y tejidos o negarse a la ablación. Lo más prudente es permitir que cada cual decida sobre el destino de su cuerpo, incluso después de su muerte en función de sus creencias.

Resulta indiscutible en estos momentos aceptar la libertad de una persona para decidir sobre su cadáver. Si el derecho permite a una persona disponer de sus bienes para después de su muerte, por qué no aceptar que corresponde al individuo decidir sobre sus restos mortuorios.

La mayoría de las legislaciones aceptan, en principio, que esta decisión post-mortem corresponde a la persona de cuyo cuerpo se trata, si una persona dona su cuerpo en tales circunstancias, su decisión no puede ser violada por terceros a quienes sólo corresponde respetar las decisiones del difunto, siempre que el contenido de las mismas sea moralmente legítimo. Esta donación debe constar por escrito, en todo caso, y la voluntad de los familiares sobrevivientes se subordinará a la voluntad manifestada en vida por quién fallece.

Sexta. En ese tenor, se estima técnicamente inviable, suprimir en el artículo 324 de la Ley General de Salud, el consentimiento de los disponentes secundarios, como requisito indispensable para la disposición de órganos, tejidos y células con fines de transplante de personas fallecidas, respecto de las cuales se actualizara el consentimiento tácito, en razón de que el Centro Nacional de Trasplantes manifiesta, que se ha comprobado que en los países en los que se ha intentado suprimir el consentimiento familiar en los procesos de donación de órganos y tejidos, los resultados son contraproducentes, ya que se genera el efecto contrario en la población que como consecuencia de dicha acción, busca establecer por cualquier medio su negativa expresa en favor de la donación.

Séptima. Por lo que hace a la propuesta de establecer que el documento en el que se haga constar la negativa a ser donador podrá ser público o privado o en alguno de los documentos públicos que al efecto emita la Secretaría de Salud, así como los requisitos mínimos que deberá contener dicho escrito, estos formatos fueron dados a conocer por el Centro Nacional de Trasplantes, en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de agosto de 2014.

Octava. Por lo que hace a la adición de un tercer párrafo, al artículo que nos ocupa, se considera que el supuesto normativo que se pretende adicionar ya se encuentra contemplado en el artículo 329 Bis, de la Ley General de Salud, conforme al cual el Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, fomentará la cultura de la donación, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, A continuación se señala:

Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten.

Novena.Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2014, la Secretaría de Salud por conducto del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), entre otros fomentará en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos de las entidades federativas, acciones para promover la donación de órganos, tejidos y células, tanto en vida como después de acontecida la pérdida de la misma, con fines de trasplantes; informar y orientar a la población sobre la donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes así como, impulsar la participación de los medios de comunicación en la difusión de información relativa a las acciones que impliquen actividades a favor de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.

En ese sentido, esta comisión considera que la propuesta en comento, no es viable toda vez que generaría conflicto, con los preceptos que están señalados en la propia Ley General de Salud y conforme a lo que establece el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes, señalado con antelación.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes:

Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, presentada por el Congreso del Estado de Chihuahua el quince de agosto de dos mil catorce.

Segundo.Archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 30 de septiembre de 2014, los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXII Legislatura, suscribieron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. La Mesa Directiva, mediante oficio de fecha 28 de Noviembre de 2014, autorizó a esta Comisión prórroga por 90 días, para la dictaminar el asunto en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la iniciativa

Con la presente reforma los que suscriben proponen que se  adiciona una fracción II Bis al Artículo 115 de la Ley General de Salud, a fin de que se  establezcan campañas y programas permanentes dirigidos a la mujer, considerando las características correspondientes a cada etapa de su edad; para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios.

Para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto Vigente

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. a VIII. ...

Iniciativa

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

II Bis. Establecer campañas y programas permanentes dirigidos a la mujer, considerando las características correspondientes a cada etapa de su edad; para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios.

III. a VIII. ...

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud, define la obesidad y sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, utilizando el índice de masa corporal (IMC) para de una manera medible definirlos, correspondiendo el sobrepeso a un índice de masa corporal (IMC) igual o mayor de 25 y la obesidad igual o mayor de 30.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, el sobrepeso y la obesidad afectan a 7 de cada 10 adultos mexicanos. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es de 73 por ciento para las mujeres y 69.4 por ciento para los hombres de edad adulta. Los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4 por ciento, 19.8 por ciento para sobrepeso y 14.6 por ciento para obesidad. El 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años presentan sobrepeso u obesidad. Uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de alrededor de 35.8 por ciento para el sexo femenino y 34.1 por ciento en el sexo masculino. En menores de cinco años ha aumentado entre 1988 y 2012, pasando de 7.8 a 9.7 por ciento, respectivamente.

Tercera.Se coincide con los proponentes en que la obesidad y sobrepeso es un problema de salud pública  a nivel mundial  y que debe atenderse, en virtud de que las cifras han aumentado considerablemente en los últimos años.

Principalmente es preocupante ver como México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad adulta, en todo el mundo.

El problema de la obesidad y el Sobrepeso es social  por consiguiente requiere un enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinario y adaptado a las circunstancias culturales y sociales de nuestro país.

Cuarta.Sabemos que en nuestro país las mujeres representan el 51.17 por ciento de la población total, es decir son poco más de 57 millones de mujeres con una expectativa de vida de 78 años, pero se  considera pertinente no solo establecer campañas y programas permanentes dirigidos a la mujer, considerando las características correspondientes a cada etapa de su edad; para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, si no también crear  un ordenamiento jurídico que tenga por objeto promover la construcción de acciones de política pública integral y sistemática, en concordancia con las finalidades del derecho a la protección de la salud, en materia de acción social para la  prevención y atención contra el sobrepeso y la obesidad de la población mexicana.

Quinta.Derivado de la gran problemática en salud  pública a la cual nos enfrentamos en México, esta comisión dictaminadora considera combatir la obesidad y el sobrepeso en la población en general y no solo en la mujer específicamente,  en virtud de que las consecuencias de padecer obesidad y sobrepeso trae consecuencias graves en toda la población tales como las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de defunción, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, y las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).

Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad originan 44 por ciento de la carga de diabetes, 23 por ciento de la carga de cardiopatías isquémicas y entre 7 y 41 por ciento de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Por lo anteriormente expuesto, para los efectos de la fracción G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta Comisión, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, presentada por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 9 de octubre de 2014, la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2° y 6° de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Prever que el derecho a la protección de la salud, tiene como finalidad el respeto a los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud, así como la prestación de servicios médicos en forma oportuna y con calidad.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV.La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas;

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Iniciativa

Artículo 2o. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. El respeto a los derechos humanos en la prestación de los servicios de salud; y

IX. La prestación de servicios médicos en forma oportuna y con calidad.

Artículo 6o. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

IV Bis. ...

V. ...

VI....

VI Bis. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. Impulsar el bienestar y la atención oportuna de los servicios de salud para las personas adultas mayores;

XI. La capacitación contínua de los médicos y demás personal del sector salud, con el fin de que se concientice sobre el respeto a los derechos humanos y se mejore la calidad de los servicios;

XII. La prestación con calidad y eficiencia de los servicios médicos de urgencias; y

XIII. La prestación de servicios de salud a la población los siete días de la semana durante las veinticuatro horas del día.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Actualmente el marco jurídico vigente establece en el artículo 2, fracción V, que el derecho a la protección de la salud tienen como finalidad el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

En este mismo sentido el artículo 51, establece que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Tercera. Por otra parte el artículo 6º, de la Ley General de Salud establece que el Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo primordial el proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Así como también promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Cuarta. En este mismo sentido el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, establece en el artículo 48, que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Quinta. Referente a la capacitación continua de los médicos y demás personal del sector salud, con el fin de que se concientice sobre el respeto a los derechos humanos y se mejore la calidad de los servicios, la Ley General de Salud contempla en el Capítulo III, denominado Formación, Capacitación y Actualización del Personal, actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud.

Sexta. Actualmente la norma oficial mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud, establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica, se presentan los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica, que conjuntamente con otros ordenamientos legales garantizan que la atención de urgencias, por parte de los prestadores de servicios, se brinde de manera expedita, eficiente, eficaz y con calidad en beneficio del usuario.

Por lo anterior, se considera que la presente iniciativa es improcedente ya que se establecen disposiciones normativas que regulan criterios que ya se encuentran contenidas de manera general en diversos ordenamientos, resultando innecesaria desde una perspectiva estrictamente jurídica.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción G, del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Salud, presentada por la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fecha 9 de octubre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180, numeral 1, fracción II, y 182, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido negativo, de conformidad con la siguiente:

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la iniciativa para su dictamen.

2. En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa”, se sintetiza el planteamiento y la argumentación.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta comisión y enseguida, la emisión del dictamen en sentido negativo a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 23 de octubre de 2014 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la iniciativa que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la iniciativa a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4140-III, de la Cámara de Diputados con fecha 23 de octubre de 2014.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano con el rubro Planteamiento del problema, argumentaron lo siguiente:

Iniciaron el planteamiento con una narrativa de antecedentes relacionadas con las personas adultas mayores, expresando que el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Continuaron expresando que en seguimiento a las medidas adoptadas en 2002 durante la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, se aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades.

Enseguida precisaron que en ese sentido la resolución número 1, en el anexo 1, Declaración Política, cita en el artículo 5o. lo siguiente:

“Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para promover la democracia, reforzar el estado de derecho y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, así como promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Nos comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación, entre otras, la discriminación por motivos de edad.

Asimismo, reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades. Estamos decididos a realzar el reconocimiento de la dignidad de las personas de edad ya eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia.”

De lo antes citado, los iniciantes señalan que una de las preocupaciones a nivel internacional es contar con las medidas, planes, programas y políticas que protejan, respeten y garanticen los derechos humanos de mujeres y hombres, y que, sin embargo, uno de los derroteros que permitirán lograr este objetivo es mediante una verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Continuaron su narrativa de antecedentes relacionados con las personas adultas mayores y la discriminación, expresando que en el mismo sentido, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) es el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos humanos de las mujeres; y enseguida, que en 1979 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que posteriormente en 1981 México la suscribió, quedando integrada por 30 artículos, cuyas recomendaciones establecen obligaciones que los estados parte deben cumplir para garantizar la no discriminación y una verdadera igualdad entre mujeres y hombres.

Luego, precisan que en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo en Beijing, China, fue aprobada la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por 189 países, entre ellos México, estableciendo un plan de acción integral para mejorar sustancialmente la situación de las mujeres en cada uno de los ámbitos de la vida diaria, a través de un compromiso efectivo de incluir la perspectiva de género.

En ese orden de ideas, los iniciantes derivan que uno de los elementos relevantes de la plataforma hace imperiosa la necesidad de implementar el principio de igualdad y que nuestro país cuenta con la obligación expresa y con los elementos y herramientas para armonizar el marco jurídico nacional en materia de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Los iniciantes hacen referencia al hecho de que nuestra Constitución Política reconoce los derechos humanos de todas las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que hace expresa la igualdad de mujeres y hombres ante la ley en su artículo 4o.

Enseguida, refieren que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006, cita en su artículo 1o. lo siguiente: “La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional”. Así, de lo antes descrito, infieren que armonizar la legislación nacional en materia de igualdad permitirá contar con un país más justo, democrático y solidario; y que, es por ello que contar con los preceptos adecuados en los ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos permitirá fortalecer el estado democrático de derecho.

Explican los iniciantes que así, el objetivo de la iniciativa es cumplir con el proceso de armonización, a fin de incorporar de manera gradual la perspectiva de género en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Luego, en otro orden de ideas, los iniciantes expresan que actualmente las personas cuya edad oscila entre 60 años y más, es de 11. 7 millones, lo que representa 9.7 por ciento de la población total y que, con esto se hace claro que en nuestro país el proceso de envejecimiento se da a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez se hace más notoria, precisando que en 2014, la base de la pirámide poblacional es más angosta que en 1990 debido a que la proporción de niños y jóvenes es menor, y que, en este sentido se observa que la participación relativa de adultos mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7 por ciento y se espera que en 2050 se incremente a 21.5 por ciento.

Señalaron en su iniciativa, que las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2025 y 2050 la cantidad de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.

Y señalaron también, que un enfoque de derechos obliga a mejorar la capacidad institucional (gobierno y familias) para combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven muchos adultos mayores; mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social (tanto en el ámbito de las pensiones como de salud); velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo; que no padezcan violencia y que sus redes familiares provean los satisfactores necesarios para mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, refieren que siendo la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores la que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las mismas, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, pero sin concluir la idea de su planteamiento y luego dicen que dadas las estadísticas de este sector de nuestra población, se hace necesaria la presente iniciativa que modifica e incorpora los preceptos adecuados que permitan una real perspectiva de género y con esto la implementación de políticas públicas que cumplan y se sustenten en el principio de la igualdad, erradicando todo tipo de discriminación, directa o indirecta, por motivos de género y sexo.

Sin más, entraron al fondo de su planteamiento expresando: Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3o., la fracción III del artículo 4o. y la fracción IX del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Así, proponen en la iniciativa sujeta a dictamen, que la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se reforme para quedar como sigue:

“V. Género. Conjunto depapeles roles, atribuciones y representaciones de hombres y mujeres en nuestra cultura que toman como base la diferencia sexual;”

Luego, proponen que la fracción II del artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se reforme para quedar como sigue:

“III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, género, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;”

Y finalmente, proponen que la fracción IX del artículo 10o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se reforme para quedar como sigue:

“IX. Impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores observando el principio de igualdad, equidad de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres así como la revalorización del papel de la mujer y del hombre en la vida social, económica, política, cultural y familiar, así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer.”

Consideraciones

Primera. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa sujeta a dictamen y determinó que lo procedente es proponer al pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido negativo.

Segunda. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración lo que enseguida se precisa y por lo cual debe ser desechada la iniciativa.

Tercera. Que los derechos a la igualdad entre la mujer y el hombre; la equidad de género y los derechos a la no discriminación, se encuentran debidamente tutelados y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos, los tratados internacionales y las leyes ordinarias que derivan de la Carta Magna.

Cuarta. Que la propuesta de reforma a la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es improcedente y sobre todo regresiva y contradictoria, toda vez que ya es inadmisible que habiéndose avanzado en el reconocimiento de la igualdad entre el hombre la mujer y la equidad de género, ahora se pretenda regresar a la idea de la asignación de roles para unas y otros, entendiéndose por rol, la función que una persona o personas desempeñan en una situación; o bien, en su acepción de rol social, el conjunto de formas de actuar que, en una sociedad dada, caracterizan la conducta de los individuos en el ejercicio de una determinada función y en este orden de ideas, es la igualdad la que permite que las personas no tengan que ser circunscritas a predeterminados roles. El término rol proviene del inglés “role” que a su vez proviene del francés “róle”, vinculado dicho término a la función o papel que cumple alguien o algo y en consecuencia, resulta categóricamente inatacable que el texto vigente es correcto y debe permanecer como tal, por lo que la propuesta de reforma es de considerarse improcedente.

Quinta. Que la propuesta de reforma a la fracción III del artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es redundante y realmente innecesaria e improcedente porque el término sexo es sinónimo de género y consecuentemente, por razones de redacción, gramática y técnica legislativa debe dictaminarse en sentido negativo la pretensión de los iniciantes.

Sexta. y finalmente, que la propuesta de reforma a la fracción IX del artículo 10o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es improcedente, no sólo por la redacción que se pretende, que es incorrecta, toda vez que de ser el caso, lo adecuado sería utilizar el plural en vez del singular, sino también porque esa fracción se encuentra dirigida especialmente al principio de equidad de género, respecto del cual deben impulsarse políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, entre otros aspectos y pretensiones, motivo por el cual resultaría absurdo anteponer a la equidad de género el principio de igualdad, para garantizar la igualdad de derechos, lo que hace que la propuesta resulta ser una aberración desde diversos ángulos del análisis sereno y reflexivo y más aún a la luz de la técnica legislativa.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o. y 10o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 15 de diciembre 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, María Esther Garza Moreno, Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo.»

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 a 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 152, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180 numeral 1, fracción II y 182 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido negativo, de conformidad con la siguiente

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia de la presentación y turno de la iniciativa para su dictaminación.

2. En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa”, se sintetiza el planteamiento y la argumentación.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresa la argumentación que funda y motiva la determinación de los integrantes de esta Comisión y enseguida, la emisión del dictamen en sentido negativo a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 4 de noviembre de 2014 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la Iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 17, el inciso d a la fracción X del artículo 18, y reforma la fracción 1 del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la iniciativa a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para la elaboración del dictamen correspondiente.

3. Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4134-IV, de la Cámara de Diputados con fecha 16 de octubre de 2014.

4. Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió al análisis, discusión y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La diputada María del Carmen Ordaz Martínez, al inicio de su iniciativa plasma su reflexión en el sentido de que se vive una época de transformación que todo es muy rápido, pero que esto no debe impedir la atención que se le debe dispensar a los grupos vulnerables que demandan atención.

Continuó expresando que el tema de las personas adultas mayores continúa enfrentando una enorme crisis por sus carencias y atención insuficiente, a pesar de que esta etapa se encuentra llena de experiencias y conocimientos que deberían ser apreciadas por la sociedad, por lo que considera necesario fomentar la cultura de aprecio y respeto hacia el adulto mayor.

Insiste que en esta etapa de vida, el ser humano requiere de una mayor atención del estado, de la sociedad y desde luego de la familia.

Hace alusión al hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza y el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores para integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Enseguida expresa que esto contribuiría a la transformación positiva de nuestra nación y al bienestar de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las personas adultas mayores.

En materia de estadística sobre el tema, señala que en México son 10.9 millones las personas de 60 años y más, mismas que representan 9.3 por ciento de la población total y que la situación de pobreza se refleja en 53.3 millones de personas que viven en esa situación, de los cuales 9.7 por ciento de la población de adultos mayores de sesenta y cinco años vive en situación de pobreza extrema y 36.1 por ciento en pobreza moderada.

Refiere por otra parte, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha considerado que es necesario reforzar las políticas públicas encaminadas a garantizar a los adultos mayores de las comunidades indígenas una vida digna, con el goce pleno de sus derechos humanos, las que a medida que pasan los años se encuentran más propensas a contraer enfermedades, a depender de alguien para su manutención y a requerir apoyo para satisfacer sus necesidades básicas.

Continuó señalando que dicha Comisión ha considerado que es fundamental promover entre los servidores públicos y la sociedad, el conocimiento de los derechos humanos de los adultos mayores para erradicar situaciones de maltrato, desigualdad, abuso y discriminación entre otros aspectos y la urgencia de emprender acciones efectivas para erradicar todo tipo de maltrato, señalando además que los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, señala que la Comisión de los Derechos Humanos precisa como derechos de los adultos mayores, la no discriminación; el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad; el recibir apoyo de instituciones, el de ser protegidas y defendidas; el de recibir atención y protección por parte de la familia y de la sociedad; el de mantener las relaciones con su familia; el de vivir en lugares seguros, dignos y decorosos; el de expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social; así como a ser tratadas con dignidad y respeto; a contar con asesoría gratuita y oportuna; a realizar su testamento con toda libertad; a la protección de la salud, la educación y el trabajo.

Enseguida precisa que las personas adultas mayores tienen derecho a vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y requerimientos, pero que en el territorio nacional sólo se cuenta con 723 asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos, regulados por la Ley de General de Salud y la Ley de Asistencia Social, que considera, son insuficientes.

Más adelante, señala la iniciante que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece en su artículo 17, que corresponde garantizar a la Secretaría de Educación, el acceso a la educación pública en todos sus niveles y modalidades, la formulación de programas educativos de licenciatura y posgrado en geriatría y gerontología, en todos los niveles de atención en salud, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento, el acceso a la cultura, programas culturales y concursos, entre otros contenidos, considerando que se debe integrar como fracción IX, promover su participación en actividades deportivas y recreativas.

Luego expresa que el artículo 18 de dicha ley, regula el derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad; la especial atención que deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónica y neoplasias entre las personas adultas mayores; el acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales; una cartilla médica de salud y autocuidado; mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado de la salud, el apoyo de las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud, convenios con universidades públicas y privadas, gestiones para apoyar y proteger a los grupos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad; así como, los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado o en su caso, por las instituciones públicas o privadas, mencionando los aspectos que comprenden, considerando la iniciante que debe incluirse como inciso d, de la fracción X, que éstos tendrán derecho a vivir en lugares higiénicos, seguros, dignos y decorosos que puedan satisfacer sus requerimientos.

Finalmente, señala la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, que el artículo 19 de la ley citada, establece que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, corresponde garantizar en beneficio de las personas adultas mayores, la implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente; considerando la iniciante que debe de complementarse esta fracción integrando en la misma: cuidando en todo momento la preservación de su dignidad y respeto, evitando la discriminación.

Así, en el rubro correspondiente al proyecto de decreto de la iniciativa, propone lo siguiente:

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX al artículo 17, el inciso d a la fracción X del artículo 18, y reforma la fracción I del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I. al VIII. ...

IX. Promover su participación en actividades deportivas y recreativas.

Artículo 18. ...

I. al IX. ...

X. ...

a. ...

b. ...

c. ...

d. Vivir en lugares higiénicos, seguros, dignos y decorosos que puedan satisfacer sus requerimientos.

Artículo 19. ...

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente, cuidando en todo momento la preservación de su dignidad y respeto, evitando la discriminación.

II. a la VII. ...”

Consideraciones

Primera. Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo sujeta a dictamen y determinó que lo procedente es proponer al Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido negativo.

Segunda. En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración lo que enseguida se precisa y por lo cual debe ser desechada la iniciativa.

Tercera. La propuesta de adición de una fracción IX al Artículo 17 con el texto: IX. Promover su participación en actividades deportivas y recreativas”, no contribuye al perfeccionamiento de las normas que establecen la labor que corresponde garantizar a la Secretaría de Educación Pública siendo esta una función que corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y en su caso, a las instituciones en materia de deporte.

Cuarta. La propuesta de adición de un inciso d al Artículo 18 con el texto “Vivir en lugares higiénicos, seguros, dignos y decorosos que puedan satisfacer sus requerimientos”, fue ubicada fuera de lugar, porque los demás incisos se refieren a cuestiones y aspectos específicos de salud encomendados a las Instituciones del Sector Salud, respecto de los cuales no guarda congruencia; y, por otra parte, la función y facultad a que se refiere la diputada iniciante, se ubica dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Quinta. La propuesta de adición con una parte final al párrafo de la fracción I del Artículo 19 con el texto: “ciudadano en todo  momento la preservación de su dignidad y respeto, evitando la discriminación”, no contribuye al perfeccionamiento de la norma no facilita la labor encomendada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto al fomento del empleo para las personas adultas mayores, siendo además reiterativa de otras disposiciones legales previstas en la propia Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Sexta. Finalmente, por lo antes señalado y por razones de técnica legislativa, la iniciativa y su proyecto de decreto es de considerarse improcedente y por tanto debe ser desechada.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 17, el inciso d) a la fracción X del artículo 18 y reforma la fracción I del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de noviembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 15 de diciembre de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, María Esther Garza Moreno, Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo.»

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción 1, 167, numeral 4, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración del pleno el presente dictamen, en sentido negativo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre de 2014, Merilyn Gómez Pozos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa que reforma la fracción III del artículo 16 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa con folio 2860 a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

III. Con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara de .Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables turnó la iniciativa en cita a la Subcomisión de Atención a Personas con Discapacidad para el predictamen.

Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura procedió al análisis de la iniciativa que reforma la fracción III del artículo 16 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y elaboró el presente dictamen, en sentido negativo.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 16 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La proponente, diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, explica: “Históricamente, las personas con discapacidad son víctimas de abusos, exclusión y discriminación por las características innatas a su condición”.

La legisladora pone de ejemplo “lo acontecido en la clínica número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, situada en Orizaba, Veracruz, el 23 de octubre de 2013, cuando una mujer responsable de la seguridad evitó que una persona de nombre Iván ingresara en la instalación con su perra guía, Daysi. La agente lo sacó a empujones y golpes, pese a que el hombre acudía para recibir atención médica”.

Igualmente, justifica: “Por lo anterior, prohibir a las personas con discapacidad visual el goce y ejercicio de ser asistidas por un perro guía es obstaculizar, en igualdad de condiciones, el goce y ejercicio de los derechos al libre desarrollo y bienestar, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

Se propone el siguiente cambio:

Consideraciones

No se considera procedente la modificación.

El capítulo IV, de “accesibilidad a la vivienda”, trata del derecho que tienen las personas con discapacidad (en lo general) a la accesibilidad a los espacios públicos y privados. El artículo 16 de la ley, para este fin, ordena: “Deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras”. La fracción III del mismo artículo, que pretende reformarse, prohíbe “cualquier restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho”.

El párrafo segundo ordena a las dependencias y las entidades de la administración pública federal, estatal y municipal vigilar “el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente”, y la fracción hace mención directa a la prohibición de restringir este derecho a las personas con discapacidad que requieran algún apoyo, específicamente “perros guía o animal de servicio”.

Es decir, la redacción actual del artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad garantiza la accesibilidad a la vivienda y a los espacios públicos; ordena a las dependencias de los tres órdenes de gobierno vigilar el cumplimiento del derecho a la accesibilidad; explicita que, como parte de este derecho, las personas con discapacidad pueden tener apoyo para la realización de sus actividades cotidianas de un perro guía o un animal de servicio; faculta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de supervisar que sea efectiva la garantía de accesibilidad; y prohíbe cualquier restricción mediante la cual se impida el ejercicio del derecho a la accesibilidad.

Con la propuesta de la diputada Merilyn Gómez Pozos se pretende enfatizar la obligación de garantizar el acceso a las personas en compañía de perros guía o animales de servicio a los edificios públicos y la prohibición de discriminar a este sector social o atentar contra su derecho a la accesibilidad. Empero, esto no constituye una modificación sustancial, pues no se modifica de fondo el artículo.

De modificarse, el artículo por su redacción sería más complejo de entenderse y daría pie a discriminaciones, que pretenden evitarse, a personas con discapacidad distinta de la debilidad visual.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a consideración de la asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 11 de noviembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, María Esther Garza Moreno, Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Roberto López Rosado, Leticia Mejía García (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo.»

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículo 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la Consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de noviembre del año 2014 el diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y que fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila del mismo grupo parlamentario.

2. La presidencia dictó el siguiente trámite “Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen” bajo el número de expediente 5491.

3. El día 12 de noviembre del año 2014 fue recibida por la Comisión de Juventud para que diera inicio el plazo reglamentario para el proceso de análisis y su posterior dictaminación.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, con número de expediente 5491, tiene como espíritu reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en su artículo 4° para que el Instituto consulte al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) en edad juvenil a la política pública, planes, estrategias y programas que aseguren la inclusión y desarrollo de los jóvenes con discapacidad, a fin de incorporarlos en la política nacional de juventud.

En este orden de ideas la iniciativa, en palabras del promovente, pretende que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) consulte al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para las Personas con Discapacidad (Conadis) la política pública, planes, estrategias y programas que aseguren la inclusión y desarrollo de los jóvenes con discapacidad, a fin de incorporarla en la política nacional de juventud.

III. Proceso de análisis

En México, según datos del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en  2010 había alrededor de 5 millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad, lo cual equivale al 5.1% de la población total. Entre las dificultades que presentan las personas con alguna discapacidad eran: dificultad de movilidad, visión, mental, de oído, de habla y comunicación, de atención y aprendizaje y de autocuidado e independencia.

Por lo que respecta a los jóvenes, se sabe que existen al año en curso 38.2 millones de mexicanos entre 12 y 29 años, que representan casi un tercio del total de la población del país. De los cuales según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 , señaló que el 32.7% de los jóvenes no se encontraban afiliados o inscritos a ningún tipo de servicio médico; de igual modo se muestra que de cada 100 jóvenes con discapacidad, 46 tienen entre 15 y 19 años; 28 tienen entre los 20 y 24 años y 26 entre los 25 y 29 años; en relación con el sexo, 56% de hombres jóvenes son discapacitados; entre las discapacidades más reportadas están las relacionadas con la vista (desde los que usan lentes) con el 33.1%; seguidas de las motrices que dificultan el caminar con el 21.5%; las mentales con el 19.2%; las de nacimiento con el 54.7% y de enfermedad con el 26.3% (es decir, 8 jóvenes de cada 10).

En cuanto a las mujeres y las niñas con discapacidad, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enfrentan dificultades aún más graves tanto en el ámbito privado como en el público. En lo privado se enfrentan a problemas como la falta de infraestructura en sus hogares para facilitar su movilidad; y en el ámbito público, las mujeres se enfrentan a reducidas oportunidades de contratación, de ascensos, la posibilidad de acceder a espacios de capacitación y  muy pocas veces se les toma en cuenta en la toma de decisiones económicas. Lo anterior, es sin considerar lo vulnerables que son las mujeres y niñas discapacitadas ante la violencia sexual, el abandono, el trato negligente y la explotación, lo cual hace más necesario aplicar el marco jurídico existente para que puedan acceder a un pleno desarrollo.

Por otra parte, datos de la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2013, señaló que 8 de cada 10 de las personas encuestadas discrimina a las personas con alguna discapacidad. Así mismo, dicha encuesta señaló que el tener alguna discapacidad es la sexta causa de discriminación, la cual es manifestada ya sea por burlas (17.4%), rechazo (5.6%), menosprecio (17.7%) vulneración al derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las personas con discapacidad (16.7%), y derecho a la accesibilidad (21.5%), agresiones (8.5%), y negación de servicios son las expresiones de discriminación hacia las personas con discapacidad que fueron mayormente reportados por las y los encuestados.

De acuerdo con el Reporte sobre la discriminación en México 2012, se observa que en nuestra cultura persisten elementos que no permiten el trato igualitario de las minorías y la entablación de relaciones igualitarias y equitativas. Esto es debido principalmente a la difusión de estereotipos y estigmatizaciones que se crean de unas personas y de otras así como también es debido a la falta de infraestructura jurídico-política que garantice las condiciones donde se dé la equidad, el trato igualitario y la no discriminación, para lo cual es necesario contar con el cobijo y el respaldo de un Estado democrático, es decir, un estado que impulse o gestione el carácter universal de las protecciones de bienestar social mediante la producción de políticas públicas que ayuden a prevenir, a tratar, a combatir y en el mejor de los casos a erradicar tales asimetrías.

Fuentes bibliográficas

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

• Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Encuesta Nacional de Juventud 2010

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012

• Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2013

• Información Económica de coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IV. Consideraciones

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En éste sentido, los órganos legislativos y administrativos están obligados a dictar las medidas pertinentes para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos contenidos en la norma constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, entre ellos; los derechos de las personas con discapacidad.

Partiendo de lo anterior, es importante destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (aprobado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y que entró en vigor para el Estado mexicano el 3 de mayo de 2008) obliga a los Estados parte a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en su texto. También obliga a los Estados parte, a tener en cuenta, en todas las políticas y en todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para cumplir con esas obligaciones el Poder Legislativo debe emitir leyes que faculten a las dependencias y entidades de la Administración Pública para elaborar y ejecutar programas y acciones que contribuyan a la realización efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Además, debe establecer en esas leyes los lineamientos e incluso el contenido básico de las políticas públicas que emprenda la Administración Pública en materia de discapacidad y hacer responsables de su cumplimiento a todas las dependencias relacionadas con ese sector.

Con base en el razonamiento anterior, si bien es conveniente que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) tenga la facultad para consultar en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la política pública, los planes, las estrategias y los programas que aseguren la inclusión y el desarrollo de los jóvenes con discapacidad, dicha medida automáticamente excluirá a jóvenes cuyas condiciones son distintas puesto que México se ha caracterizado siempre por la diversidad de su gente así como la lucha de la inclusión de cada uno con la finalidad de responder a las necesidades de los diferentes sectores.

Si bien es cierto que del objeto de Conadis, se desprende la atribución de coordinarse con las demás instituciones gubernamentales para el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad por lo que podría extenderse una atribución genérica que permita coadyuvar con el Instituto Mexicano de la Juventud dentro de las mismas. Sin embargo, es importante señalar que no puede legislarse contraviniendo ningún artículo constitucional donde ha sido positivada la atención e inclusión de las personas con capacidades diferentes en el Artículo 1° Constitucional y en el Artículo 2° y 3° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que a la letra dice:

“Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.”

“Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;”

No omitimos destacar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene previsto ya en su artículo 4° lo que el legislador promovente pretende:

“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.”

Por lo anterior, la Comisión de Juventud considera que al momento hay un amplio reconocimiento legislativo con instrumentos que promueven y establecen la coordinación con las diferentes instancias de la Administración pública federal. Por lo que, partiendo del principio de la supremacía constitucional y el ánimo de eficientar los ordenamientos jurídicos que rigen a la Nación Mexicana para que no se dupliquen leyes que facultan a las instituciones y el resto de consideraciones expuestas en el presente dictamen; la Comisión de Juventud, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 4° recorriéndose las subsecuentes de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Según el Consejo Nacional de Población

2 Inegi, Estadísticas a propósito del día Internacional de la juventud, 2014. Consultado en el sitio web: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas /2014/juventud0.pdf

3 ONU, ENABLE. Las mujeres y niñas  con discapacidad, Uso de las dos perspectivas: el género y la discapacidad. Consultado en el sitio web: http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1529

4 Conapred, Coordinado por Raphael de la Madrid, Ricardo. Reporte sobre la Discriminación en México 2012. Consultado en el sitio web http://www.conapred.org.mx/ index.php?contenido=noticias &id=3021&id_opcion=108&op=214 el día 25 de noviembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre del año 2014.

La Comisión de Juventud, diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, Humberto Armando Prieto Herrera, Crystal Tovar Aragón, secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisco Alberto Zepeda González, Gisela Raquel Mota Ocampo, Jéssica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Jorge Francisco Sotomayor Chávez.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo, señor secretario, los enlistados con los números 2, 7, 14 y 15, reservados para su discusión por separado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enunciados por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ENFERMEDADES BUCODENTALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 19 de octubre de 2010, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o. y 159 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de esa soberanía.

3. Con fecha 29 de marzo de 2011, la Cámara de Diputados aprobó con 321 votos y 2 abstenciones el dictamen por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

4. Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura dispuso que el dictamen aprobado se enviara al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

5. Con fecha 12 de abril de 2011 se recibió de la Cámara de Diputados la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales.

6. Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, para análisis y dictamen correspondiente.

7. Con fecha 14 de diciembre 2011, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. y se reforma la Fracción I del Apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud.

8. Con fecha 3 de enero de 2012 la Cámara de Diputados recibió de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 3o. y se reforma la fracción I del Apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud.

9. Con la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha minuta fuera turnada a la Comisión de Salud.

10. Con fecha 13 de marzo de 2012, fue dictaminada y aprobada por la Cámara de Diputados, y devuelta a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Con fecha 15 de marzo de 2012 fue recibida en la Cámara de Senadores Minuta que Reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud.

12. Con fecha 13 de diciembre de 2013 se presenta dictamen a discusión en sentido negativo aprobado por 85 votos. Y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. En sesión celebrada con fecha 4 de febrero de 2014, la Masa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3, de la Ley General de Salud y se turna a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

La finalidad de la Minuta en comento, es considerar como materia de salubridad general, la prevención, tratamiento y control de las enfermedades bucodentales.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Del análisis realizado de la minuta en comento, por medio del cual se adiciona una fracción XVIII Bis. al artículo 3 de la Ley General de Salud, en materia bucodental, se desprende; que dicha propuesta duplica disposiciones normativas que actualmente se encuentran contenidas en la Ley General de Salud, en virtud de que la salud bucodental ya se encuentra incorporada dentro del artículo 27 como un servicio básico de salud.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. La atención materno-infantil;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Tercera. Asimismo es relevante mencionar que también la salud bucodental está comprendida dentro de la materia de salubridad general a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 3 de la Ley General de Salud, (...la prevención y control de enfermedades no transmisibles).

Cuarta. En este mismo sentido es importante mencionar que la Ley General de Salud, establece en el artículo 112, que la educación para la salud, tendrá por objeto orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de salud bucal, entre otras.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera que la implementación de dicha reforma es innecesaria, en virtud de que la salud bucodental de la que deriva la prevención, tratamiento y el control de las enfermedades bucodentales, ya se encuentra contemplada en la Ley General de Salud como un servicio básico de salud.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 3o de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades bucodentales, remitida por el Senado de la República el martes 4 de febrero de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enunciados por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona el artículo 225 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 6 de marzo de 2012, el diputado federal Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona el 225 Bis a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 19 de febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió por la legisladora la Minuta en comento.

4. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turno a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos la Minuta para su respectivo estudio y dictamen.

5. Con fecha de 3 de septiembre de 2013 se devuelve con modificaciones como minuta a la cámara de origen.

6. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha minuta fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

Establecer que en relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente: cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia; la venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe; tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y en los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. De acuerdo con las estimaciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, para medición de la pobreza multidimensional, en México se calcula un total de 53.3 millones de personas en pobreza, es decir, el 45.5 por ciento del total de la población registrada en 2012 vive con alguna carencia, esto en función de los lineamientos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social para identificar las diferentes dimensiones para medir la pobreza, las cuales son el ingreso corriente percápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

Esta consideración es manifestada por el proponente ya que de aquí parte para identificar que aquellas personas pobres tienen menor oportunidad de acceder a los servicios de salud y en consecuencia se genera una restricción a la adquisición de medicamentos por falta de ingreso, esto los vuelve sujetos de vulnerabilidad.

Sin embargo, el ingreso y la falta de acceso a los servicios de salud no es la única limitante para que las personas puedan tener acceso a los medicamentos para cubrir las necesidades básicas de salud, esto considerado por el lado de la demanda. También es de suma importancia hacer los ajustes necesarios a la oferta para generar el equilibrio de mercado expresado en la teoría microeconómica.

Esta oferta se ajusta claramente en el proyecto de decreto del proponente al asumir la consideración del demandante para poder escoger el medicamento de acuerdo a la disponibilidad a pagar, la cual estará en función de su condición económica.

En términos económicos, la estrategia de poner a disposición del demandante el acceso a medicamentos de distintos precios, fomentará y consolidará la instauración de la competencia perfecta, la cual deberá ser ajustada en función del precio, devolviendo el equilibrio al mercado en beneficio de los más pobres.

Así bien, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la dispersión en los precios de los medicamentos es muy alta. Se trata de la consecuencia de toda una compleja lógica de producción, comercialización (incluyendo aquí prescripción y dispensación) así como de utilización de productos que propician su diferenciación.

La cuestión importante en esta consideración microeconómica es ligar los fundamentos de economía con la necesidad de adquirir según la disponibilidad monetaria, medicamentos con denominación genérica o denominación distintiva si así desea el consumidor.

Por tal cuestión es importante señalar que el medicamento es considerado como un bien económico, el cual estará a disposición de la reglas del mercado, es decir, del ajuste entre oferta y demanda.

Considerando la situación económica de los mexicanos, con sus 53.3 millones de pobres, el bien de mercado, en este caso el medicamento, se considera con una alta inelasticidad precio de la demanda, es decir, cambios porcentuales en el precio del medicamento repercuten menos que proporcional a los cambios en la demanda.

Un ejemplo clave sería que las personas que consumen medicamentos por necesidad fisiológica, se ven afectadas por los altos precios de los medicamentos, disminuyendo menos que proporcionalmente su demanda, ya que no dejarán de consumir este producto porque es considerado de primera necesidad. Con la reforma del proponente, se pretende dar mayor elasticidad a la demanda al darle la preferencia de elegir el medicamento (ya sea genérico o distintivo) en función de su condición económica.

Se deja a consideración entonces la opinión emitida por la Dra. Margaret Chan quien funge como directora general de la Organización Mundial de la Salud:

“En un momento en que el dinero escasea, mi consejo para los países es el siguiente: antes de buscar en donde recortar el gasto de la asistencia sanitaria, hay que buscar opciones que mejoren la eficiencia. Todos los sistemas sanitarios, en todas partes, podrían hacer un mejor uso de los recursos, ya sea a través de prácticas de contratación mejores, de un mayor uso de los productos genéricos, de mejores incentivos para los proveedores o de una financiación y procedimientos administrativos simplificados.”

Tercera. Dada la justificación microeconómica anterior, se procede entonces a identificar en los preceptos legales y reglamentarios la garantía que tiene el consumidor con respecto a la elección del tipo de medicamento. En este sentido, se observa lo siguiente en el Reglamento de Insumos para la Salud.

Artículo 31. El emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente;

I. Cuando se trate de medicamentos genéricos, deberá anotar la denominación genérica y si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva;

...

Del tal precepto se desprende la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, la publicidad y etiquetado.

Cuarta. En la minuta proveniente del dictamen hecho por las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores se extiende la siguiente propuesta:

Iniciativa

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables a que hace referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente con base en la denominación genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.

En el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido el párrafo anterior, podrá indistintamente expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

Minuta (Texto Propuesto)

Artículo 225 Bis. En relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando se trate de medicamentos genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia;

II. La venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la denominación distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe;

III. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la denominación común internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y

IV. En los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.

La venta y suministro de medicamentos biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta médica.

La minuta propone adicionar al 225 Bis la prescripción de los medicamentos biotecnológicos ya que en estos tiempos los médicos y profesionales de la salud tienen la facultad de recetarlos, por lo cual se encuentra establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, de manera tal que se empate la ley vigente y el Reglamento.

Quinta. Sin embargo, las modificaciones realizadas en el Senado son contradictorias a la exposición de motivos de éste dictamen y de las consideraciones hechas por el proponente en relación con darle mayor certeza y protección a los consumidores de medicamentos que tienen bajos recursos.

Ahora bien, es importante señalar que en el texto vigente del artículo 225 de la Ley General de Salud indica que es de disposición reglamentaria la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción.

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

En ese sentido, el proponente elimina la palabra prescripción del tercer párrafo del artículo 225 con la finalidad de poder añadir el 225 Bis, el cual fundamente la forma en como deberá ser la prescripción de los medicamentos.

Se considera entonces innecesario hacer la modificación al artículo 225 y crear un 225 Bis ya que la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, la publicidad y etiquetado es materia de disposición reglamentaria contenida en el artículo 31 del Reglamento de Insumos para la Salud y no es pertinente agregarlo a la Ley General de Salud.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno lo siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud, remitida por el Senado de la República el martes 3 de septiembre de 2013.

Nota:

1 Informe sobre salud en el mundo 2010, La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cubertura universal (Mensaje de la directora general).

Palacio Legislativo, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enunciados por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

POSICIONAMIENTO RELATIVO AL ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE 1917

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es, posicionamiento relativo al aniversario de la promulgación del pacto fundamental de nuestro país contenido en la Constitución de 1917.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados y diputadas, quienes lo harán hasta por siete minutos el señor diputado Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Morena; diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; diputada; diputada Magdalena Núñez Monreal, del PT; diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde; diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD; diputada Rocío Baca Bonifaz, de Acción Nacional, y el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados por el lapso también señalado, señor diputado Durazo Montaño, adelante. Dijimos hasta por siete minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, el auge regresivo en los cambios constitucionales iniciados en 1982 se consagran en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En escasos dos años de gobierno el presidente ha impulsado alrededor de 70 modificaciones constitucionales, en tales cambios poco ha importado la soberanía, uno de los elementos esenciales de la Constitución del 17.

La República, otro de sus ejes, ha sido una mera apariencia. La democracia, una gran farsa. La libertad, ese elemento clave del Pacto Constitucional de 1917, es hoy privilegio de unos cuantos.

Qué decir de la justicia, piedra angular del Pacto Constitucional de 17, sólo que ahí está de muestra la tragedia de Ayotzinapa, que ha desnudado todas las miserias de nuestro régimen de procuración de justicia.

Del bienestar social, propósito central también del Pacto Constitucional de 17, sólo podemos decir que queda una política social coronada como la reina de las migajas; útil tan sólo para controlar las nóminas electorales. A causa de ese libertinaje constitucional, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha resultado para los mexicanos peor que una plaga bíblica. A causa de esos excesos, su gobierno hace agua por todos lados.

Ayotzinapa; Tlatlaya; el derrumbe de precio del petróleo; el disparo del dólar; las consecuencias económicas del alza de impuestos; los índices crecientes de corrupción, impunidad e inseguridad; una economía prácticamente inerte; un campo abandonado; una educación desmantelada; una clase política convertida en una especie depredadora y costosa por corrupta y manirrota, un gobierno sin transparencia ni credibilidad, con el corazón podrido y una juventud sin horizonte marcan su gestión. Sin embargo, el presidente, parafraseando a uno de los personajes de El Principito, parece no tomarse en serio la tragedia que vive el país.

Parte de la desgracia de México deriva en este momento precisamente de que el presidente no tiene las cosas claras, supone que todo camina bien y cuando al fin reconoce por ahí algún problemilla, como el conflicto de interés de la casa blanca, la única terapia que se le ocurre es aumentarnos a los mexicanos la dosis de simulación. Lo vimos en la reactivación de la Secretaría de la Función Pública para investigarlo y antes en el decálogo presentado para enfrentar la tragedia de Ayotzinapa.

Ayotzinapa es una huella que perseguirá a Enrique Peña Nieto hasta el final de los tiempos, pero esa fatalidad ni comienza ni termina ahí. Lo que vive hoy nuestro país es en realidad una crisis del sistema político mexicano, ese que el diario francés Le Monde calificó como el Estado mafia, en virtud de décadas de corrupción, impunidad, simulación y violencia, que estereotipan el desempeño de todos los Poderes y niveles de gobierno. Ese es precisamente el Estado al que los estudiantes señalan como responsable de la desaparición de sus compañeros. A ese Estado mafia.

La realidad es que el Estado mexicano huele desde hace muchos años a podrido. Un largo proceso de desmantelamiento guiado por sistemáticas medidas neoliberales, una degradación causada por una clase política cada vez con menos escrúpulos, más corrupta y menos sensible, una ética pública en bancarrota, un sistema en el que los gobernadores parecen más cabecillas de bandas estatales que servidores públicos, un sistema de partidos y cuotas de poder que envilecen todo lo que tocan, una administración pública cada vez más infiltrada por el crimen organizado y miles y miles de muertos y desaparecidos por métodos infrahumanos lo tienen en estado de putrefacción.

Ha llegado el tiempo de cortar por lo sano con ese viejo sistema político. Si Enrique Peña Nieto no cambia políticas públicas e integrantes de gobierno se radicalizará la lucha por su renuncia. Para no quedarme en la simple denuncia y en la crítica, presento ante ustedes una propuesta ultra mínima de cambios urgentes diseñada sin tapujos, fíjense ustedes, para dotar al presidente Peña Nieto de un mínimo consenso social, de tal manera que logre salvar a su gobierno.

Tengo muchas diferencias con el gobierno del presidente Peña Nieto, pero difiero de aquellos de quienes demandan su renuncia. El peor escenario para el país sería vernos enfrentados a una crisis constitucional y en la necesidad de que esta Cámara nombrara al relevo presidencial, ése hecho podría resultar más grave que el más desastroso gobierno del presidente Peña nieto, pero para salvarse debe comenzar por tirar todo el lastre que carga el gobierno, llámense funcionarios ineficaces o corruptos o políticas públicas socialmente rechazadas.

Debe dejar de actuar como deudor de Televisa y cancelar la línea dura de su gobierno. La corrupción y manipulación del proceso electoral es el telón de fondo de la inestabilidad que hoy conoce el país. Consecuentemente la salida de la crisis tiene también que ver con los bajos estándares de nuestra democracia y ello obliga a actuar en consecuencia.

Presidenta, me permito nada más una observación, que el reloj empezó a marcar a partir de los cinco minutos y no de los siete disponibles para esta participación. Gracias, presidenta.

El problema es por supuesto también político...

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Diputado, permítame. Se pusieron los siete, tiene usted unos minutos más, nada más le pediría, en atención a la asamblea, terminar. Gracias.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias. Y perdón por la confusión, presidenta, y gracias por su comprensión.

Les decía que no se puede seguir gobernando al país con criterios de facción, con la idea de que el que gana, gana todo y que el que pierde no tiene derecho a nada, salvo que acepte una relación de subordinación.

Es urgente incorporar las figuras legales de revocación de mandato, referéndum, plebiscito y derecho al voto nulo mediante procedimientos accesibles, repito, mediante procedimientos accesibles.

Están los niveles de corrupción que tenemos que abordarlos, aquí me voy a brincar las propuestas por respeto a su tiempo, pero lo fundamental en materia de corrupción es que es imprescindible reenfocar el debate. Si no se gobierno con el ejemplo y no se aplica la ley no habrá institución ni ley suficiente para combatirla eficazmente.

Termino, presidenta, estas propuestas están lejos de las seudorreformas que se han aprobado en esta legislatura, pero son la oportunidad para que los integrantes de este pleno, para que nuestra Carta Magna empiece a recuperar su espacio en nuestra vida pública. Y de paso, Enrique Peña Nieto consolide y logre salvar hasta el final del sexenio a su gobierno. Gracias, presidenta. Muy amable y muy reconocido.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Gracias. Saludamos ahora al grupo de adultos mayores de la colonia Villas de Guadalupe y escuela de belleza Concepto Creativo. Invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidos.

Y le damos ahora la palabra al diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Nueva Alianza, para dar su posicionamiento. Y sí son 7 minutos, hasta por 7 minutos. Todo lo que pudieran respetar el tiempo se los agradece la asamblea, en función del tiempo de los demás. Gracias.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores. En esta fecha conmemoramos un evento trascendental en la existencia de nuestro cuerpo político. En la vida misma de nuestra nación. Con una vigencia casi centenaria hoy recordamos la promulgación del cuerpo normativo supremo que rige el Estado de derecho de nuestro país, la Constitución Política de 1917.

Fue precisamente un día lunes, del ya remoto año del 17, en el cual nuestra actual Constitución Política da inicio a la regulación de nuestra vida jurídica, y con ella, la de los ámbitos político, social y económico entre muchos otros que han conformado y conforman la vida misma de los mexicanos.

Con los mejores augurios y anhelos el Constituyente de 1917 entregó el resultado de un arduo proceso de conformación legislativa, en el que no solo integró las aspiraciones emanadas de la lucha revolucionaria de 1910, sino además una sólida tradición jurídica constitucional y la visión de un México próspero, igualitario y justo en la mente y en la intención de aquellos distinguidos legisladores.

Mucho se ha escrito y se continuará escribiendo sobre los hombres que conformaron nuestra Constitución Política y sobre su obra. Realizada bajo la iniciativa del presidente Carranza, en su obra realmente delineaba y conformó el futuro de una gran nación: nuestro México.

Nuestra Constitución Política de ningún modo es solo historia. Hoy constituye igualmente la directriz suprema, guía y ordenación de nuestra vida colectiva. Por esta razón se justifica del modo más amplio la remembranza, pero así mismo la renovación del compromiso de velar por su cumplimiento. Protesto que todo servidor público realiza y desea, profundo de que todo mexicano espera de sus instituciones.

Con múltiples modificaciones a lo largo de 98 años, nuestra Constitución Política continúa siendo un instrumento vivo y apto para dirigir los destinos de nuestra nación. En ella conviven la tradición y los valores fundamentales de nuestra organización política, así como las instituciones e instrumentos para dar respuestas al complejo presente y sentar las bases de un mejor futuro.

La constitucionalidad que buscamos encuentra asidero en los valores de la nación y los principios del país que aspiramos ser. Valores y principios recogidos por el Constituyente de 1917 y que se plasmaron en el texto constitucional, cada Legislatura, no me queda duda, ha hecho lo propio para mantenerla viva.

Ésta, la LXII Legislatura, la que hoy tengo el orgullo de integrar ha dado su mejor esfuerzo para mantener su vigencia, actualidad y proyección de nuestra norma suprema, sabedores que en ella se sustenta toda la estructura jurídica-política que nos rige y de este modo incide de manera determinante en la vida misma de cada mexicano.

Es por ello que sin mezquindades, nuestra Legislatura ha transformado nuestra Carta Magna a nuestra realidad social imperante. Los tiempos actuales devienen en una complejidad cada vez más apremiante, es por ello que resulta imprescindible asumir la solidez de los principios, el reconocimiento de lo esencial y la confianza en nuestras instituciones.

El descrédito contra las instituciones reclamando su ineficacia olvida que no son éstas, sino las personas quienes llevan a cabo su realización. La ejecución puede objetarse, pero los instrumentos jurídicos siempre estarán prestos a ser empleados con la mejor intención, la cual constituye el verdadero propósito de quienes los conformaron.

Nuestra Constitución Política no solo es el instrumento fundamental del Estado, sino pervive en la consciencia y en el sentimiento de nuestro pueblo como un garante o protector de sus intereses más esenciales.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la Constitución debe ser una herramienta para la solución de los problemas del país, ahí descansa la trascendencia de su cumplimiento y observancia.

Quienes se ufanan en su pesimismo y afirman que no hay nada que celebrar, se equivocan. Es de celebrar que contamos con una Constitución en la que están contenidas las bases de las instituciones que deben conducirnos al progreso y la prosperidad. Es de celebrar que tenemos una norma fundamental, porque la ley es la única vía para conducir los anhelos del país.

La fuerza del derecho es indispensable para construir una nación, por eso el mayor desafío que enfrentamos es conseguir que se imponga un verdadero estado de derecho sin distingos, sin atajos, sin privilegios. De ello depende el futuro del país. La tarea no es fácil, nunca lo ha sido. Pero el fin es claro. Hagamos valer las palabras contenidas en el texto constitucional porque no sólo son palabras, son nuestro fundamento como nación.

Nueva Alianza hoy confirma su mayor respeto y acatamiento integral de nuestra Norma Fundamental, eje de nuestra más profunda convicción política. Es por ello que reitera la sentencia latina que de manera diáfana se inscribe en el recinto de nuestra Suprema Corte de Justicia. Somos servidores de la ley, de la Ley Suprema para ser libres. Es cuánto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputado Luis Antonio González. Le damos la palabra ahora a la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, para fijar su postura por su partido, el Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Al Partido del Trabajo le enorgullece y lo motiva a participar en la conmemoración de la promulgación de nuestra Ley Fundamental y recordar en esta fecha al notable Congreso Constituyente de Querétaro integrado por mexicanos de excepción, a los que tocó coincidir en una etapa de gran trascendencia para el futuro de la nación.

Recordar en el presente los encendidos debates que sostuvieron y los diversos estudios que realizaron, nos confirma que la vorágine de la época en la que vivieron no fue impedimento para que aquellos legisladores coincidieran en lo fundamental y plasmaran en el texto constitucional los ideales de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos que participaron en la Revolución mexicana.

Por ello es tan importante evocar hoy a esa pléyade de mexicanos que tuvieron la sensibilidad y la capacidad de sintetizar los afanes históricos y las luchas de los mexicanos en la Carta Magna, porque su trabajo nos ilustra respecto a la manera de cómo afrontaron los enormes retos que el país enfrentaba para atender los complejos problemas que vivimos en la actualidad.

El maestro emérito de la UNAM, Mario de la Cueva, decía que el poder reformador de la Constitución debe detenerse ante los principios que contribuyen a la alteración del estilo de vida política del pueblo, y en las difíciles circunstancias en las que nos encontramos vale la pena reflexionar si el denominado Constituyente Permanente durante la presente Legislatura no afectó precisamente los principios fundamentales del pueblo mexicano que contenía la Constitución original, aquéllos que por décadas le dieron certidumbre, continuidad y esperanza a la sociedad.

Es una realidad que las principales reformas enviadas por el Ejecutivo, la fiscal, energética, educativa, laboral, de telecomunicaciones, no han dado los resultados ni los efectos deseados.

En materia económica el crecimiento ha sido mínimo –y en consecuencia– la falta de nuevos empleos aumenta, se incrementa la pobreza, y los recientes anuncios de ajustes al gasto público, nos confirman que el de Peña Nieto habrá de ser un nuevo sexenio perdido.

Podrán argumentarse causas exógenas para justiciar el desastre económico que vivimos. Sin embargo hay que señalar también las ineficiencias y errores de política económica que su administración no ha sabido corregir.

La frustración que ha producido en la sociedad la actual administración, se refleja en los índices de aprobación del presidente de la república, quien no pudo dar resultados en el breve plazo y la paciencia ciudadana se ha agotado.

En lo político la inseguridad pública ha llegado al límite. Los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa han lastimado precisamente lo que más amamos las familias mexicanas: a nuestros hijos.

Pero ese profundo dolor habrá de ser el detonante para que a partir del próximo 7 de junio surja una sociedad más participativa que elija una nueva Cámara de Diputados conformada por diputadas y diputados que restablezcan el imperio de la ley en todos los órdenes, fundamentalmente en cuanto al combate a la corrupción y a la delincuencia.

Sin embargo será fundamental que la sociedad esté alerta para que en la próxima contienda electoral se destierren las viejas prácticas antidemocráticas que mantuvieron en el poder por más de 30 años al dictador Porfirio Díaz, y que por más de 70 impidieron la alternancia en el siglo pasado.

Por ello –como lo hemos hecho desde esta tribuna– el Partido del Trabajo convoca a las fuerzas progresistas del país y a los personajes que durante décadas han luchado por la democracia, a que retomen el camino que nos marcó el constituyente de 1917: el de la Revolución Mexicana.

No debemos olvidar que las fuerzas de izquierda representamos la esperanza de millones y millones de mexicanos que no aspiran a vivir con los lujos y las riquezas que ostentan quienes administran el poder público, sino simplemente a que su vida se desarrolle de una manera digna.

Hoy convergen en el ánimo de las y los mexicanos los mismos ideales esenciales de las mujeres y los hombres que participaron en la revolución, porque prevalecen las mismas demandas de justicia y bienestar.

El Partido del Trabajo es una fuerza política respetada que continuará alzando su voz para ser escuchada, inclusive con mayor vehemencia, porque tenemos la calidad moral para ello, ya que a lo largo de la presente Legislatura hemos hecho frente a todas las reformas contrarrevolucionarias que el presidente Peña Nieto, su partido y sus aliados, han impuesto por mayoría aritmética, más no por mayoría de razón, y que han acentuado las desigualdades y reducido las oportunidades de equidad para los que pocos tienen.

Apenas el año pasado, y el Diario de los Debates da cuenta de ello. En esta misma fecha conmemorativa hicimos un llamado a propiciar una cultura de la legalidad, y señalábamos que no podía tolerarse el que se siguiera haciendo negocios al amparo del poder público.

Hoy tristemente confirmamos que esa práctica reprobable continúa vigente. Por ello nos parece cínico el exhorto del secretario de Hacienda que nos conmina a legislar contra el conflicto de intereses cuando los principios de honradez y la honorabilidad de un servidor público no se da por decreto, se inculca desde el hogar.

El Partido del Trabajo es una fuerza política que mantiene vivo en su ideario político el combate a la pobreza, la transformación de nuestras instituciones y la lucha por la democracia.

Nuestro partido representa para nuestros aliados de izquierda la posibilidad de su modernización. Para nuestros adversarios de la derecha, la posibilidad de concretar acuerdos que permitan la gobernabilidad del país, y para la sociedad una alternativa seria para encauzar por la vía institucional, la inmediata transformación del Estado mexicano.

Por ello confirmamos en esta fecha histórica que el Partido del Trabajo seguirá manteniendo en su ideario político el contenido social, liberal y republicano de la Constitución de 1917. Muchas gracias, es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputada. Le damos la palabra ahora a la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, es hasta por siete minutos, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Adelante.

La diputada Zuleyma Huidobro González: El Constituyente Natividad Macías dijo: un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un pueblo pobre no podría ser jamás un pueblo libre. En la Constitución de 1917 se reconocieron los derechos sociales como el de huelga, el de la organización de trabajadores y el derecho a la educación, entre otros. Se contempla la separación entre la Iglesia y el Estado y la división de poderes. En ella se incorporaron ideas de todos los grupos revolucionarios de aquél entonces.

Hoy deberíamos celebrar el nonagésimo octavo aniversario de su promulgación, y por haber alcanzado esos derechos. Sin embargo, con más de 600 reformas a esos ideales, la Constitución ha cambiado, sí, pero México pareciera estar peor.

Durante esta Legislatura hemos visto reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos prometían el cambio, que supuestamente era la panacea para el crecimiento del país; por ejemplo, en materia de educación se prometió la gran reforma, sin embargo vemos que dicha reforma más que educativa es administrativa, seguimos sin saber cuántos maestros hay en nuestro país.

Con la reforma en telecomunicaciones los mexicanos aún seguimos pagando las tarifas más altas en telefonía celular. La reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública, donde los comisionados del IFAI han sido nombrados a partir de las cuotas partidarias.

La reforma político electoral, que sólo ha beneficiado a unos cuantos políticos porque las candidaturas independientes y la consulta popular se volvieron en una ilusión, y aún más, cuando no existe la revocación del mandato, pero sí la reelección.

Y así podríamos continuar ejemplificando que las supuestas reformas estructurales realizadas a nuestra Constitución, y de más ordenamientos jurídicos emanados de ella, no han significado más que una retórica discursiva de la oligarquía política, quien embelesa su discurso hueco a través de la retórica infructuosa y la demagogia, olvidándose del pueblo, de la lucha, de la sangre que se derramó para dar origen a nuestra Carta Magna.

Pero no podemos dejar de decir de la reforma energética, la que está privando de recursos a los mexicanos y que terminará en manos de empresarios. Y, si todas estas reformas a la Constitución no fueran consideradas otras ideas más que las del gobierno opresor camuflajeado en el Pacto por México y una Cámara de Diputados, evidentemente convertida en Oficialía de Partes del Ejecutivo federal, hoy subirán a esta tribuna a decir discursos de orgullo y reconocimiento a estas reformas estructurales y de querer seguir engañando a los mexicanos diciendo que velan por sus derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución.

Afortunadamente los mexicanos ya no aplauden sus falsas promesas de cambio, porque los ciudadanos ya saben que sus reformas estructurales aprobadas sólo han ayudado a los intereses personales del gobierno federal, dejando por un lado la exigencia de los ciudadanos de un México en el que exista justicia, educación, paz, seguridad, prosperidad, empleo, salarios dignos, servicios adecuados, alimentación, vivienda.

Entiéndanlo de una vez, los mexicanos no podemos seguir viviendo como estamos, envueltos en un sistema corrupto e impune, donde constantemente se viola la Constitución y no pasa absolutamente nada. El pueblo sabe que es momento de honrar a mujeres y hombres retomando sus ideales y principios, evitando la simulación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado, hasta por siete minutos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, diputada presidenta.

Es triste y lamentable que no hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír. Hoy, 5 de febrero, se conmemora el XCVIII Aniversario de la promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta ocasión debe ser aprovechada para insertar en la conciencia colectiva de los mexicanos la idea de la necesaria, quizás urgente, reafirmación de los principios constitucionales que el Congreso Constituyente de 1916 redactó, teniendo como derrotero el orden y la prosperidad de nuestra nación.

Es digno resaltar que la Constitución Política de 1917 que hoy nos rige y que está celebrando 98 años de existencia, ha sido un documento dinámico, dúctil y flexible, el cual ha tenido la virtud de amoldarse según las necesidades y realidades de nuestro país no obstante que los requisitos para su modificación entrañan procesos complicados de alcanzar, especialmente en un contexto de pluralismo político como el que hoy día vivimos en nuestra nación.

Debemos sentirnos orgullosos por el simple hecho de que nuestra Ley Fundamental siga estando al espíritu que le imprimieron los legisladores de 1917 y se mantenga al mismo tiempo al a vanguardia de los cambios políticos, económicos y sociales por los que el país y el mundo entero han atravesado.

Algunos de los críticos de nuestra Constitución mexicana han cuestionado el hecho de que el texto constitucional sea demasiado extenso y han señalado la necesidad de adelgazarlo, con el argumento de que las Constituciones deben ser breves y claras con el objeto de que puedan ser comprendidas por su destinatario.

No obstante lo anterior, debe considerarse que nuestra Constitución no es sólo una declaración de derechos fundamentales de los mexicanos o una lista de principios generales que rigen la vida de la sociedad, sino que ésta plantea la realización de programas de transformación y equidad social.

En este sentido, debemos destacar la importancia de la incorporación de las llamadas garantías individuales, las cuales constituyen un hito en materia de los derechos humanos a nivel internacional, ya que la generación de los llamados derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la vivienda; el empleo; la seguridad social; la salud y la educación, fueron plasmados en nuestra Constitución antes que en la de cualquier otro país, constituyéndose en pionera en esta materia.

Como alguna vez lo señaló el doctor Jorge Carpizo, nuestra Carta Magna sintetiza en buena medida la historia política de México, ya que ésta recupera los principios fundamentales de las Constituciones de 1824 y de 1857. Recoge los grandes postulados de los sectores sociales que participaron en el movimiento revolucionario iniciado en el año de 1910, al igual que reivindica las aspiraciones más significativas de las luchas y de los movimientos más importantes que surgieron después de 1917 y que marcaron la evolución de México posrevolucionario.

Por último, queremos recordar que la verdadera esencia de una Constitución es que sus normas sean respetadas y cumplidas por todos y cada uno de sus destinatarios, tanto por los ciudadanos como por el conjunto de los poderes públicos.

En el Partido Verde Ecologista queremos refrendar no sólo que estamos comprometidos con el cumplimiento y el respeto de nuestra Constitución, sino que tenemos también un firme compromiso para hacerla cumplir.

La Constitución mexicana tiene que dejar de ser un ideario incumplido para traducirse en derechos y libertades, a los que las y los mexicanos tienen acceso y pueden exigir de modo efectivo, lo cual ha sido y seguirá siendo uno de los principios rectores de nuestra institución política.

La igualdad y la libertad, así como la seguridad y la prosperidad para los ciudadanos son postulados esenciales de nuestra Carta Magna para el cual el fin último de la política es la íntegra conservación de estos derechos cuyo goce por parte de cada uno de los mexicanos es la condición sine qua non de la felicidad de un pueblo. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros diputados.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, diputado Camarena, por su tiempo, por ser breve y conciso. Ahora le damos la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputada presidenta. A 98 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, después de varios procesos revolucionarios sangrientos que vivió y sufrió nuestro pueblo durante las dos primeras décadas del siglo XX, hemos perdido el rumbo respecto de aquel mandato constitucional de establecer un Estado social democrático y de derecho. Nuestro país está a punto de naufragar ante la ausencia justamente de un Estado de derecho que nos tiene al borde de un Estado fallido.

A pesar de que nuestra Constitución fue la primera en el mundo con un marcado carácter y vocación social, la parte esencial de su espíritu y letra es, como se dice coloquialmente, letra muerta.

Parece exageración, pero les pondré algunos ejemplos. Los derechos humanos tutelados por el artículo 1o., hoy están en la peor crisis de la historia reciente, lo que se refleja trágicamente en hechos tan lamentables como las masacres de San Fernando y Tlatlaya, así como la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y con las cifras de los miles de desaparecidos asesinados, torturados, de las miles de mujeres víctimas de feminicidios no esclarecidos y la mayoría ni siquiera investigados, que en cifras oficiales reconocidas como inconsistentes por la propia autoridad supera el número de 25 mil víctimas.

Otro ejemplo, la no discriminación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, consagradas en el artículo 2o., en gran medida esto es una simulación, puesto que las y los indígenas del país siguen siendo discriminados, perseguidos y violentados en sus derechos y ahora más que nunca en sus propiedades y recursos naturales.

La educación pública y gratuita mandatada en el artículo 3o. constitucional, es una quimera, puesto que hay miles de niños y niñas adolescentes sin oportunidades de estudiar en condiciones de dignidad y seguridad.

La libertad de expresión, consagrada en el artículo 6o., está siendo severamente amenazada con la persecución, el hostigamiento y desgraciadamente con los asesinatos de decenas de periodistas perpetrados en varios estados de la república.

La propiedad de la nación sobre bienes estratégicos, en particular los hidrocarburos, ha sido conculcada en esta legislatura con una infausta reforma al artículo 27, violentando quizá la cualidad soberana de mayor importancia de nuestro país.

Los derechos de los trabajadores y trabajadoras tutelados en el artículo 123 han sido brutalmente socavados, reduciendo al máximo los derechos y las prestaciones laborales. Todo el título cuarto de la Constitución que habla de responsabilidades de los servidores públicos, y patrimonial del Estado, ha sido una mera simulación, en donde la impunidad, la opacidad, la colusión de intereses y la corrupción en el ejercicio de la Función Pública han sido la norma.

Somos un país donde los funcionarios, incluido el presidente de la república, son intocables, se hacen ricos de manera inexplicable e ilegal y nunca pasa nada, y menos aún pasará cuando el presidente acaba de nombrar a un amigo como titular de la Secretaría de la Función Pública, supuestamente esa Secretaría en estado de extinción pero revivida con un amigo para que lo investigue. El colmo del absurdo.

El título quinto que habla de los estados de la federación y del Distrito Federal, también se ha visto socavado su mandato federalista original y ahora vamos claramente a una involución centralista, al extremo de que el titular se quiera apropiar la potestad de disolver poderes de los ayuntamientos, con el pretexto de la inseguridad y de la presencia del crimen organizado.

Tenemos diferentes ejemplos que estar documentando el día de hoy. Lejos estamos de aquel ideal zapatista de tierra y libertad, del anhelado reparto agrario y de la tierra, que es de quien la trabaja.

Ahora son las decisiones del capital con estas reformas, de ese capital usurero que gobierna nuestros campos, deciden qué cultivar. Nos quitaron la suficiencia soberana de nuestro maíz nativo y hoy tratan de suplantarlo con los negocios transgénicos, con el que pretenden detonar nuestra seguridad alimentaria para depender de las empresas del capital extranjero y de los suministros que nos quieran destinar los Estados Unidos. Estamos atados porque así lo han decidido quienes nos han gobernado estos últimos 30 años.

El día de hoy dirijo este mensaje a la gente. Sería absurdo pensar que está uno hablando ante la Cámara de Diputados con un pleno vacío. Por eso, a la gente le decimos el mensaje del día de hoy: que no asumimos la supuesta modernización de México porque las reformas recientes han sido en sentido contrario al espíritu social y nacional de la Constitución. Hoy la Constitución está de luto.

Nos dirigimos a la gente y reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por una Constitución que permita una restructuración unitaria de México, sin que se pierdan los valores democráticos que fueron instituidos en 1917.

Convocamos a trabajar en una nueva Constitución social, nacional y democrática que rescate el espíritu de la de 1917. Hay que retomar la identidad y el espíritu nacionalista que permita a las y los mexicanos condiciones dignas, con amplias libertades o igualdad de oportunidades. Sí es posible un México para todas y todos, donde permee el buen vivir. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Alavez. Le damos la palabra ahora a la diputada Rocío Baca Bonifaz, del Partido Acción Nacional, para dar el posicionamiento, su primer posicionamiento por su partido.

La diputada Rocío Baca Bonifaz:Compañeras y compañeros legisladores. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada un 5 de febrero de hace 98 años, recoge y refleja una experiencia rica en enseñanzas y aprendizajes que son producto de un devenir histórico en el que el país ha repetido las lecciones que han sido producto no solo de conflictos y enfrentamientos entre mexicanos, como lo fueron las luchas entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas durante el siglo XIX y en la Revolución de 1910. Sino de manera más relevante, que han sido muchos casos producto de acuerdos y de consensos que fueron necesarios para el país en momentos difíciles.

Nuestra Carga Magna sienta las bases de nuestro régimen político que en principio presidencialista ha evolucionado para establecer un régimen más democrático, con plena división de Poderes y facultades, que contribuyen a su óptimo equilibrio al fortalecer tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como al Congreso de la Unión, estableciendo la estructura organizadora del poder, así como los criterios de selección de los integrantes de la clase dirigente, guardando también normas y procedimientos para el acceso al poder y a su ejercicio, estableciendo las directrices generales que nos constituyen como una república representativa, democrática y federal.

Desde el punto de vista del ciudadano, la Constitución representa ahora el reconocimiento pleno de los derechos humanos y sus garantías, así como la unidad nacional, la legitimidad de los Poderes de la Unión y la separación entre ellos como garantía de que ninguno se impondrá al otro invadiendo sus esferas de competencia. En ella, se observan las estructuras jurídicas del gobierno federal, estatal y municipal, cuyas facultades especialmente las del municipio han venido ganando terreno en el respeto de las otras instancias de gobierno.

A partir del año 2000 con la llegada al poder de Acción Nacional, el respeto a nuestra Carta Magna se hizo realidad, pues verdaderamente se vio entonces reflejada la división de Poderes que en ella se establece y quedaron de lado las facultades metaconstitucionales que caracterizaban a nuestro sistema político mexicano, mismas que de algún modo atentaban contra el estatus de ley suprema de la Unión, que se confiere así misma a nuestra Constitución en su artículo 133, en el entendido de que la voluntad del presidente era mandato imperativo incuestionable y la Constitución y cualquier otra ley en muchos casos no eran más que mera forma.

Hoy, aquellos tiempos en los que la Constitución tan solo se le rendía culto en el discurso han quedado atrás y nuestra Constitución verdaderamente nos rige como ley suprema de toda la Unión. La división de Poderes heredada de las ideas de Montesquieu, en la que cada poder habría de ser un contrapeso efectivo a los otros, deben permanecer siempre en el ámbito de nuestra Constitución.

Resulta indispensable que este 98 Aniversario de nuestra Carta Magna sea motivo de reflexión profunda sobre los incentivos a la cooperación y al efectivo trabajo legislativo que aprueba reformas completas y substanciales sobre temas de fondo, o bien sobre la continuación de la desesperada búsqueda de victorias electorales, con una visión de corto plazo que deja a México y a sus reformas pendientes sepultadas en el marasmo del conflicto.

La situación social, política y económica del país en el siglo XX y los años que llevamos del XXI ha observado cambios substanciales que ahora se han plasmado también en la Carta Magna y a partir de ello se ha generado estabilidad como uno de los requisitos necesarios para el crecimiento económico, para el perfeccionamiento de nuestras instituciones y de nuestra vida democrática. Sin embargo aún falta mucho por hacer para nuestra consolidación democrática.

Nuestra democracia no puede quedarse meramente en las elecciones y en esa escasa participación ciudadana que llega tan lejos como el voto responsable. Es menester construir espacios para mayor participación y sobre todo para una efectiva rendición de cuentas, así como un combate real y serio a la corrupción y un trabajo legislativo que verdaderamente sea acorde con los intereses ciudadanos que lo eligieron.

Todos los partidos políticos representados actualmente en el Poder Legislativo hemos hecho aportaciones que han enriquecido a nuestra Ley Fundamental para la gobernabilidad democrática y el enriquecimiento de la vida cívica. Ello se ha logrado sin mayores sobresaltos –las reformas importantes para nuestro país.

Por lo mismo, no podemos postergar la responsabilidad que nos confiere nuestro mandato al servicio del pueblo de México y avanzar responsablemente hacia una reforma que permita la formación del sistema nacional anticorrupción para salvaguardar nuestra vida democrática y para una economía más sana.

Resulta inminente ponerse al día con las exigencias de nuestro proceso de consolidación democrática y continuar poniéndonos al día con la dinámica marcada por la globalización para aprovechar mejor nuestros recursos y multiplicar las oportunidades de incrementarlos, con la mira puesta en saldar la deuda ancestral que venimos arrastrando de siglos con los más necesitados del país y en suprimir de una vez por todas el sufrimiento evitable de grandes sectores de la población.

La celebración del día en que se promulgó nuestra Constitución es oportuna para seguir sembrando las condiciones de esperanza para millones de mexicanos que en muy buena medida vivirán mejor o peor, sean acertadas o no nuestras decisiones.

No hagamos de esta realidad democrática una en la que los responsables de hacer las leyes para una nación se sigan mostrando como baluartes de intereses electorales partidistas, dejando completamente de lado los intereses de aquéllos a quienes servimos, que no es otro que el pueblo de México.

Pueblo de México que lejos de ser un ente abstracto está integrado por los millones de mexicanas y mexicanos que en suma buscan mejorar sus condiciones de vida, así como mejores oportunidades para vivirla. Para ello una representación efectiva es menester.

Evoquemos la inspiración de nuestro Congreso Constituyente de 1917 para alcanzar los acuerdos necesarios para consolidar nuestra vida democrática y para llevar a nuestra democracia a otra etapa en la que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción sean una realidad.

Que la conmemoración de esta efeméride sierva para reavivar el fuego de la conciencia del espíritu de servicio de quienes tenemos el deber y la responsabilidad de velar porque se obtenga el mayor bien posible para la comunidad de quienes tenemos más obligación que el resto de los ciudadanos de trabajar con determinación, para que se generen condiciones de vida cada día mejores y más dignas para todos.

Éste es un día adecuado para traer a la memoria los elementos que convergen en el símbolo de la Constitución, los ideales por los que hemos luchado los mexicanos durante siglos de historia.

Es un día propicio para augurar tiempos mejores, para desterrar de una vez por todas, esa especie de visión deformada que mira más por los intereses propios que por los de la nación, y para estar abiertos a aceptar la razón que se exprese en el diálogo y en el debate para el mayor bienestar del país.

Compañeras y compañeros legisladores, que este 98 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos sirva para consolidar nuestra democracia. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias a usted, diputada Rocío Baca. Por último le damos la palabra al diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por siete minutos.

El diputado Leopoldo Sánchez Cruz:Con su venia, diputada presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, a 98 años de su formulación nuestra Constitución permanece como un documento fundacional del Estado mexicano, garante del pacto social y de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Custodio sólido de la soberanía nacional y continente indiscutible de nuestras aspiraciones colectivas. Por eso es un documento que nos cohesiona, nos guía, fortalece nuestra identidad, define nuestro perfil y fija nuestra presencia en el mundo en un marco de respeto, igualdad, con otras naciones.

Nuestra Constitución se distingue por ser la primera con contenido social en el orbe. Y si bien ha cambiado con el recorrer de los años, nunca ha perdido la esencia protectora de los débiles y garante de la igualdad y justicia distributiva.

La Constitución se ha transformado. No es la misma de 1917 porque tampoco la sociedad mexicana es la misma que a principios del siglo XX, pues es virtud de las constituciones democráticas la de adaptarse a las necesidades de la nación en un mundo en constante cambio.

Nuestra Constitución no ha variado en sus principios de igual, de justicia, de la libertad y de la inclusión, mismos que garantizan su continuo e incesante mejoramiento.

En este sentido, el de la senda de las reformas constitucionales que se reconoció el derecho, por ejemplo al voto de las mujeres mexicanas; se reconoció el multiculturalismo nacional; se respondió a la evolución de la pluralidad social para dar paso a nuevas formas de representación democrática; se estableció la planeación estratégica; se cambió a monopolios más lesivos para la vida económica: se construyó un control de la constitucionalidad sólido; se crearon instituciones que garantizaban un desempeño más adecuado del poder público a través de organismos constitucionales autónomos dedicados a la organización de elecciones democráticas y a la vida política monetaria nacional.

No se trata de cambiar por cambiar, se trata de evolucionar en función de la realidad social. No podemos caer en fetichismos jurídicos, pues la Constitución no existe para satisfacer los rigorismos académicos, sino para servir al pueblo de que tutela reconociendo y garantizando efectivamente la esfera más amplia de derechos y trazando la ruta que debe de encaminar a la actuación del Estado garantizando sobre todo su correcto funcionamiento y a la vez que establece pesos y contrapesos que garantizan el uso racional del poder público.

Compañeros legisladores, nuestra Constitución efectivamente ha cambiado y lo seguirá haciendo. Estamos en un momento de cambio motivado por una reflexión del papel que juega México frente a una dinámica global más compleja y un mundo plagado de desafíos.

Lo que no cambia es el objetivo de garantizar que las mexicanas y los mexicanos cuenten con herramientas que le den acceso a más oportunidades y mejores condiciones de vida.

Por eso son las reformas transformadoras, que abren mejores perspectivas a nuestro país para resolver los problemas nacionales, superar los rezagos y enfrentar los retos de la modernidad, nos referimos a una reforma, por ejemplo educativa, una reforma energética, a una reforma de telecomunicaciones, una reforma de competencia económica, a una reforma en materia de transparencia, y a una reforma político-electoral.

Todas llevadas a cabo de manera responsable y democrática, incluyendo las visiones de todos los actores involucrados y enriquecidas por la diversidad y la participación de la sociedad civil para responder de mejor manera a los retos actuales y perfilar un futuro promisorio para las generaciones venideras.

Esa es nuestra responsabilidad histórica y esta Cámara y este Congreso han cumplido con ella, superando la confrontación extrema que parecía condenarnos al inmovilismo y a la importancia ante el cambio mundial.

Celebrar un aniversario más de nuestra Constitución es motivo de orgullo y renovada esperanza, porque lo que no ha cambiado –lo que permanece– es precisamente un proyecto de nación construido desde el pueblo, actualizando con instituciones y procedimientos democráticos, fortaleciendo por el propósito común, que es precisamente servir a México. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: A nombre de la ciudadana vicepresidenta Beatriz Zavala y de su servidor, presidente en funciones, diputado Sánchez Cruz, gracias a usted.

CODIGO CIVIL FEDERAL, LEY ORGANICA DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal; y de las Leyes Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Enrique Reina Lizárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y en el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, y de las Leyes Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, y de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de hipotecas inversas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema. Hay en el país una evidente preocupación colectiva por el cada vez más grande sector de la población de edad avanzada que no tiene resuelta la situación de lo que hará en el futuro para allegarse de los recursos necesarios para conservar un nivel de vida digno. Esta propuesta presenta algunos elementos que pretenden brindar cursos alternativos de acción para ese fenómeno recurrente, por lo que a continuación se detallan los argumentos que la sustentan:

Contexto internacional

El proceso de envejecimiento demográfico en el mundo, es un tema que ha llamado la atención de la sociedad en los últimos años, toda vez que se ha generalizado e incide en casi todas las naciones del planeta, al marcarse una clara tendencia al aumento de la población de edad más avanzada en la clasificación de estructura por edades.

Al respecto, destacan como algunas de las principales razones que se esgrimen para que se puedan generar este tipo de resultados, el crecimiento de la población de mayor edad, al mejorar las políticas públicas de salud y educación; que inevitablemente vienen acompañadas del mejoramiento de mejores prácticas de alimentación y de la manera como se aborda la vida cotidiana de manera más informada y con una mayor conciencia de la atención y de los cuidados personales básicos para llegar a la edad adulta.

Esta situación preponderantemente más favorable tiene relación directa con el aumento general de la calidad de vida, entendida como el conjunto de indicadores que determinan las condiciones de bienestar social de un individuo, como la vida familiar y comunitaria, la estabilidad económica y política de su entorno, el clima, la geografía y la seguridad del empleo.

Otro factor que puede estar influyendo en las cada vez más altas cifras de personas de mayor edad y la proporcional disminución de los niños y jóvenes en un espacio determinado, son los índices de menor natalidad que se observan en algunos países, producida por la prolongación de la espera para procrear hijos, esto debido muy probablemente al incremento en las aspiraciones de desarrollo profesional o de esparcimiento que algunas parejas han adoptado, o la contención de la fecundidad; es decir, a la decisión de no tener descendencia.

De manera paralela a estas aseveraciones, podemos observar la tendencia prácticamente irreversible de estos resultados en los trabajos realizados por la División de Población de Naciones Unidas, en el Informe del envejecimiento de la población 1959-2050, presentados en enero de 2010, donde se destaca que dicha tendencia llevará en los primeros 50 años del siglo XXI a triplicar la población de personas de más de 60 años.

Como parte de las consecuencias por sectores, el informe de la ONU, afirma que en el plano político, esta nueva composición por edades, altera los padrones de voto y la representación política, en el ámbito social, influye en la composición familiar y vital, que guarda una relación muy directa con la demanda de vivienda, para finalmente acotar que el aspecto económico, las consecuencias circundan en aspectos sumamente relevantes en el desarrollo de las naciones, como el crecimiento económico, el ahorro, la inversión, el consumo, los impuestos, los mercados de trabajo y las pensiones.

En relación con todos los aspectos detallados encontramos también una medición que resulta muy útil para esquematizar la importancia de esta propuesta, que se ha denominado “esperanza de vida” que no es más que la media de la cantidad de años que vive una población, en cierto periodo de tiempo. Al respecto, acudiremos también a la definición de la ONU, que nos dice que “son los años que un recién nacido puede esperar vivir, si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento, siguen siendo los mismos a lo largo de su vida”.

Así, los países con menor esperanza de vida actualmente son, con un total de 37 años, la República Centroafricana y Malawi con 39, y Sierra Leona con solo 40 años. Y los que mayor esperanza de vida tienen son el Principado de Andorra, que se encuentra geográficamente entre España y Francia, con 83 años, encontrándose enseguida Japón con 82, siguiendo de manera descendente España y China con 81 años, para concluir la lista con Islandia y Suiza, que tienen como promesa de vida para sus ciudadanos poder llegar a 80.

Si revisamos estas mediciones por continentes, nos encontramos con que en Europa, se tendrá como esperanza de vida el llegar a los 78 años, los pobladores de América del Norte, puede hacer estimaciones de llegar a vivir 77 años, en Oceanía podría llegar a los 74 años. Para América Latina, la media es de 71 años, para continuar con la población asiática que estaría apuntando a llegar a los 67 años, para llegar al final de cuentas al continente que cuenta con la edad más baja en este tipo de mediciones con solo 49 años de edad: África.

Concepto de hipoteca inversa o reversible

Para entender mejor lo que se propone, es necesario analizar con un mayor grado de detalle en qué consiste el término hipoteca inversa. A rasgos generales podemos decir que se refiere básicamente a contratar una hipoteca sobre la vivienda, percibiendo el propietario pagos periódicos durante un plazo de tiempo determinado o hasta su fallecimiento, que puede incluir o no, a petición del propio contratante, una cuantía global para cubrir gastos al inicio de la operación.

Se considera pues como un crédito que tiene como garantía el propio inmueble, conservando la titularidad de éste.

Una de las opciones más utilizadas en los países que han implantado este tipo de instrumentos es que al fallecimiento de la persona, los herederos pueden decidir si la entidad financiera vende la vivienda, considerándose esto finalmente como una compra a plazos, o si ellos mismos pueden recuperar la hipoteca que contrató su antecesor, liquidando la cantidad que resulte para heredar el inmueble, o incluso pueden contar con la posibilidad de realizar una renegociación de la propia deuda, mediante una hipoteca clásica que les permita conservar el inmueble.

Responde a las características de una operación o contrato en sentido contrario a la hipoteca clásica donde se pretende pagar el crédito aun dando como garantía el propio inmueble. En sentido contrario, en la hipoteca inversa, los pagos no pretenden amortizar el préstamo, sino que más bien, son disposiciones sucesivas cuyo límite financiero viene fijado por el límite de crédito, que a su vez se determina como un porcentaje del valor de la vivienda.

Una de las grandes ventajas de la hipoteca inversa consiste en que se rentabiliza el patrimonio inmobiliario de los adultos mayores, conservando el disfrute del bien si es su deseo, a la vez que aumentan sus ingresos mensuales, asegurándole al adulto mayor una especie de sueldo o pensión vitalicia para lo que le reste de vida.

Este tipo de instrumentos puede tener tantas modalidades como la regulación les permita, teniendo como premisa principal que permite la transformación de los activos inmobiliarios en una suerte de rentas.

También puede generare la situación de que el adulto mayor acuerde con la entidad financiera la posibilidad de que se rente su vivienda y que pueda trasladarse a una residencia de cuidados de adultos mayores, si su situación se acerca más a una dependencia con cierto grado de discapacidad. Se puede dar el caso de que desee trasladarse a vivir con algunos de sus familiares, ayudando con el ingreso mensual adicional a costear los gastos que genere su estancia.

Para celebrar este tipo de contrataciones, es necesario ser propietario de la vivienda, contratar un seguro adicional que garantice la operación de largo plazo, cubriendo la posibilidad que la deuda total no sobrepase el valor de la vivienda, así como que el valor de la misma sea suficiente para que a la entidad financiera le sea rentable.

En la misma tónica de que se pueden generar múltiples posibilidades contractuales, se puede contar también con la gran variedad de servicios que le pueden ofertar las entidades financieras, como la tele-asistencia domiciliaria, la asistencia médica o el asesoramiento financiero.

Funcionamiento de hipotecas inversas en el mundo

Para este tipo de iniciativas resulta de suma utilidad conocer cómo funcionan en otras latitudes las herramientas propuestas. Esto se contempla como un referente, conservando siempre la premisa de que los parámetros internacionales vigentes, no siempre aplican a la realidad mexicana, sin embargo, contribuyen en ciertas medidas a dimensionar su funcionamiento.

Así, tenemos un ejemplo clásico en Reino Unido, donde la edad mínima de contratación es muy corta, 55 años de edad. Los productos que ofrecen las entidades financieras pueden ser clasificados en dos grandes vertientes.

La primera destaca porque la hipoteca inversa se da en el sentido de que la entidad financiera otorga un préstamo que se abona mediante un pago único o una renta periódica, cuyo importe está asociado directamente a la edad del prestatario, considerándose normalmente un tipo de interés fijo o de determinado rango.

También cuentan con la posibilidad de la venta total o parcial de la vivienda. Esto significa que el prestatario puede vender la vivienda, o incluso un porcentaje de ella a una entidad financiera que le permite vivir, o incluso a su cónyuge, por lo que le quede de vida en el inmueble. A cambio puede recibir un pago único, una renta vitalicia o, si es de su interés, una combinación de ambas posibilidades.

En Reino Unido hay una regulación desde 2004, con el propósito de ayudar a los adultos mayores a visualizar las opciones que se le presentan, detallando diversas reglas que brinden a los habitantes mayor seguridad jurídica, así como una limitación en las cargas que imponen las entidades financieras.

En Estados Unidos de América, desde 1989 el Congreso autorizó al Department of Housing and Urban Development, la principal agencia federal, responsable de los programas relacionados con las necesidades de vivienda, la mejora y el desarrollo de la comunidad estadounidense un programa piloto inicial con 2500 hipotecas inversas.

En realidad, el despunte real de este instrumento se da a partir de 2002, incentivado por la favorable coyuntura del tipo de interés y los precios de la vivienda.

En Australia se ha tenido una fuerte evolución a partir de 2004, contando este país con más de 15 productos de esta naturaleza. Tienen aparte la gran ventaja que este tipo de hipotecas se pueden contratar inclusive desde los 55 años. La cuantía de lo prestado va de 20 a 40 por ciento del valor de la vivienda, y permiten aumentar la financiación a partir de que el adulto mayor va aumentando de edad. Además de los productos considerados de carácter privado por nevarse a cabo entre la entidad financiera y el adulto mayor, este país cuenta también con la facilidad de que los sindicatos y otros proveedores especializados, ofrecen un programa en el que aquellos que no alcancen la pensión máxima debido a sus ingresos o activos, pueden contratar también este tipo de préstamos.

Una de sus principales características es que la mayor parte de las veces la propiedad pasa a manos de la entidad financiera en el momento que se celebra el contrato, y el consumidor alquila el inmueble por el resto de su vida a cambio de la renta establecida.

En Japón, una de las más grandes entidades financieras, ofrece una atractiva hipoteca que puede durar hasta los 80 años, combinada con una pensión vitalicia voluntaria a partir de esa edad. Hay que recordar que la esperanza de vida para ese país es de 82 años, por lo que resulta atractivo para los japoneses contratar la hipoteca inversa, ya que seguramente muchas personas pueden llegar a ocuparla en su totalidad.

En el caso de Nueva Zelanda se observa un rápido crecimiento del instrumento a partir de 2004. En este país se estila una especie de combinación de hipoteca inversa con otro producto considerado de liquidez inmobiliaria, denominado buy back, porque cuenta con la opción de recompra posterior.

El consumidor acuerda con la entidad financiera la venta de su vivienda, pero con la firme intención de volver a comprarla, toda vez que solamente la contrata para resolver problemáticas de liquidez financiera.

Los españoles han evolucionado en el sentido de que el importe máximo del que se puede disponer, se determina de manera prioritaria en función de la edad que tiene el adulto mayor, así como de la valuación de la propia vivienda. Al respecto, tienen las salvedades de que los plazos iniciales de la renta, son directamente proporcionales a la esperanza de vida que se estima para el prestatario. En España, la esperanza de vida general es de 81 años.

También cuentan con la posibilidad de contratar la hipoteca inversa de manera temporal, es decir, fijando un plazo, o también de que sea vitalicia.

En el caso de Canadá, su puesta en marcha está en pleno desarrollo, no existiendo hasta el momento una edad legal de referencia que se pueda tomar como base para iniciar con una contratación de este tipo, aunque se toma como referente la edad de 60 años.

No puede dejar de mencionarse en esta argumentación el caso de mayor avance en América Latina, que es el de Chile, que cuenta ya con un proyecto de ley, que pretende crear los espacios normativos necesarios, para lograr que en ese país, se ponga en marcha este instrumento de vanguardia.

En ese país, igual que en México, es ampliamente conocido que las pensiones de los adultos mayores son muy bajas, y que en la mayoría de los casos resultan insuficientes para subsistir y mantener un buen nivel de vida.

Situación en México

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en las últimas décadas la esperanza de vida de los mexicanos, se duplicó de 34 años en 1930 a 75 años en 2010, sobreviviendo más las mujeres que los hombres.

Actualmente y según las últimas cifras proporcionadas por el propio Instituto en noviembre de 2012, los años que puede esperar vivir una mujer nacida en este país, en las circunstancias actuales, es de 77.8 años y en las estadísticas para los varones, se aprecia un descenso considerable para pasar a 73.1 la posibilidad de subsistencia.

Los estados que tienen numerales más reducidos como en el caso de Guerrero, que en promedio estaría reportando 73.8 años, Veracruz con 74.3, y Chiapas con 74.4.

Las cifras más optimistas se localizan en Quintana Roo, con 76.5 años; Distrito Federal, que refiere 76.3; y Baja California, Tlaxcala y Baja California Sur, con 76.2 respectivamente.

Para complementar esta información, tenemos que también se refleja un descenso en la mortalidad infantil en los últimos años. Así se tiene que los menores de 1 año que nacieron entre 2000-2002, dan como resultado una tasa de 19.2 pequeños que no lograron sobrevivir, por cada mil nacidos vivos, cifra que se reduce a 14.1 para el trienio 2006-2008.

Por otro lado, si se toman en cuenta las cifras proporcionadas por el conteo de población 2010, de un total de 112 millones 322 mil 757 habitantes en México, 6 millones, 890 mil son personas mayores de 65 años.

De manera complementaria, tenemos que según los datos del Instituto Nacional para los Adultos Mayores, en México, entre 1990 y 2010 la tasa de incremento de la población total fue de 1.61 por ciento; mientras que la de las personas adultas mayores fue de 3.52 por ciento.

Menciona el propio instituto que respecto al rubro económico, los adultos mayores tienen ahora mayor participación en la vida económica. En este orden de ideas, las cifras que se manejan indican que 3 millones, 193 mil 579 personas con económicamente activas, y de ellas 638 mil 149 son mujeres.

En materia de salud, 3 millones 904 mil 66 mujeres cuentan con algún servicio de salud, siendo principalmente derechohabientes del IMSS (2 millones 53 mil 576) y el Seguro Popular (1 millón 89 mil 976).

También destaca que 3.5 millones de personas de 65 años se encuentran en pobreza multidimensional.

De forma general se aprecia que este ritmo de crecimiento generalizado en los países de desarrollo, ha sido calificado en su oportunidad como de explosión demográfica, motivándose por este aspecto importantes políticas de control de la natalidad, tendencia que afortunadamente se ha reducido; sin embargo, ha traído aparejadas otros problemas que hacen urgente promover una mayor cultura del envejecimiento.

Por todo lo anterior, el espíritu que anima esta iniciativa tiene como unas de las causas más importantes para su promoción, llamar la atención sobre la necesidad de que a nivel normativo nacional se emprendan los cambios necesarios, de manera tal que se enfrenten los retos que presenta el futuro con base en las estimaciones señaladas, procurando anticiparse a las consecuencias, abriendo las puertas a nuevas posibilidades de mayor desarrollo económico, realizando a largo alcance los ajustes necesarios.

Esta percepción queda totalmente reforzada si se revisan los acuerdos de la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento, realizada en San José Costa Rica en mayo de 2012, donde los países, después de intensos debates, tuvieron como uno de sus acuerdos más importantes, mejorar los sistemas de protección social para que respondan efectivamente a las necesidades de las personas mayores, por medio de la universalización del derecho a la seguridad social y a la salud, así como a la creación de los servicios sociales necesarios para brindarles cuidados, promoviendo a la vez su independencia, autonomía y dignidad.

En esta última parte de los acuerdos se coincide plenamente con esta propuesta, como una alternativa al crecimiento de la población con características de vulnerabilidad, en donde no se vislumbra un panorama fácil para los adultos mayores, toda vez que muchos de ellos no poseen los ingresos económicos suficientes para cubrir sus necesidades o para el mayor disfrute de un mejor nivel de vida, gracias a los bienes que posee por todo el esfuerzo de trabajo acumulado durante muchos años.

Otra de las bondades de esta iniciativa radica en la contribución que se puede lograr mediante la implementación de las hipotecas inversas o reversibles en el ahorro anual en gasto social, toda vez que las personas en edad avanzada con necesidades financieras, podrán encontrar una solución, que si bien es cierto se generaría como un contrato entra particulares, es decir, entre una entidad financiera y el propio adulto mayor, no implicaría necesariamente que el gobierno tuviera que subvencionar adicionalmente a esta capa de la población, considerando que se estaría enfocando la conversión con mayor eficiencia de una parte de su patrimonio inmobiliario en ingresos que bien podrían equipararse a una autojubilación.

Detalle de la propuesta

Como primera parte de esta iniciativa, partimos desde el punto de vista de que es necesario introducir a la legislación mexicana, algunas adiciones al Código Civil Federal, siendo éste el cuerpo normativo y legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas -tal el caso de los contratos- que se dispone lo que deberá entenderse por hipoteca inversa, en donde resulta necesario también determinar a qué condiciones estará sujeta para su adecuado funcionamiento, que instituciones e identidades podrán concederla, cuáles serán las principales características que deberán pactarse, etcétera, todo esto a fin de proteger a las partes que intervienen en el acto correspondiente.

En segundo término, nos dirigimos a la normativa en materia hipotecaria, partiendo del antecedente de que el promovente –con la suscripción de otros colegas legisladores– ya había realizado un primer esfuerzo de fortalecimiento del marco jurídico en la materia, al presentar en diciembre de 2012, iniciativa con proyecto de decreto tendente a situar a la Sociedad Hipotecaria nacional como el principal ente promotor de un sistema de hipotecas inversas determinando las características más importantes para que se pueda realizar un crédito de esta naturaleza. En esta tónica esta nueva iniciativa no solo pretende reforzar la anterior, sino además incrementarla con las Reforma a otras disposiciones que también inciden en su marco jurídico.

Así, podemos recordar también que en mayo de 2013, después del proceso legislativo acostumbrado, el estado de México logró avanzar en su legislación local, al lograr que en su Código Civil y en su Código Financiero se regulara esta figura jurídica, puntualizando las principales características que deberá considerar.

Aunado a esto, tenemos adicionalmente que en 2013 se introdujeron en la Ley Federal de Seguros y Fianzas algunas disposiciones que permitirán en su fecha de entrada en vigor que está establecida para 2015, que se puedan contratar hipotecas inversas.

Por otro lado, debemos traer a colación que la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) concentra su direccionalidad en regular la organización y el funcionamiento de la propia Sociedad Hipotecaria Federal, y que tiene por objeto impulsar el desarrollo de los mercados de crédito a la vivienda.

En este sentido, la propuesta pretende adicionar por un lado, que de entre las acciones que la SHF realiza pueda llevar a cabo las acciones tendientes a promover esquemas para poder contratar un préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante, con objeto de que una institución tenga a su cargo el adecuado control y protección de las personas que teniendo necesidades financieras, puedan conservar su nivel de vida en la etapa que más lo necesitan; considerando las condiciones de vulnerabilidad que trae consigo el paso de los años, así como la adecuada regulación de las entidades financieras que tengan a bien participar en este proceso con el nivel de certeza jurídica necesario.

Por otro lado, y como tercera instancia, se centra la atención en que en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, no se contemplan disposiciones que apoyen a las personas de edad avanzada para que conozcan de manera precisa cómo funcionan este tipo de instrumentos; que si bien es cierto les permitirán garantizar la obtención de recursos mayores, también es menester guardar especial cuidado en especificar las actividades informativas necesarias, tendientes a disminuir los riesgos que pueda traer consigo una herramienta de esta naturaleza; por lo que la presente propuesta, pretende se reformen los tres ordenamientos referidos, con el objeto de subsanar las lagunas que aún se aprecian en el marco regulatorio que se tiene en México, respecto de las hipotecas reversibles.

Por todo lo expuesto y a fin de impulsar las mejoras necesarias en la legislación que permitan a la población en edad avanzada contar con nuevos instrumentos que abran la posibilidad de disponer de los recursos requeridos para tener un nivel de vida digno, solicito de la manera más atenta que se privilegie la presentación de esta iniciativa ante la honorable asamblea:

Decreto por el que se adicionan el capítulo III Bis, “De la hipoteca inversa”, al título decimoquinto, “De la hipoteca”, del Código Civil Federal; la fracción XII al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal; y la fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Se adiciona el capítulo III Bis, “De la hipoteca inversa”, al título decimoquinto, “De la hipoteca”, con los artículos 2939 Bis a 2939 Decies, del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2939 Bis. Se entenderá por hipoteca inversa el préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante y siempre que cumpla los siguientes requisitos establecidos en el presente capítulo.

Artículo 2939 Ter. El contrato de hipoteca inversa, además de lo pactado, estará sujeto a lo siguiente:

Que el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 60 años;

Que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones periódicas o únicas;

Que la cantidad pactada entre pensionario y pensionista sea suficiente para que éste último cubra sus necesidades para llevar una vida digna;

Que la deuda sea exigible sólo por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario, o si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios;

Se deberán observar las condiciones relativas para atender lo dispuesto en el artículo relativo a la amortización del capital;

Que la deuda solo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el pensionista y el beneficiario si lo hubiere;

El deudor podrá realizar pago total o parcial anticipado sin penalización alguna;

El deudor habitará vitaliciamente el inmueble hipotecado, no obstante, podrá arrendar de manera parcial o total el inmueble hipotecado, siempre y cuando, cuente con autorización expresa del acreedor; y

Que en el contrato se incluyan las especificaciones del incremento anual que tendrá la pensión, de acuerdo con las condiciones del mercado y el valor del inmueble.

Artículo 2939 Quáter. Las hipotecas inversa a que se refiere este capítulo solo podrán ser concedidas por las instituciones de crédito y por las entidades aseguradoras autorizadas para ello, sin perjuicio de los límites, requisitos o condiciones que, a las instituciones de crédito o entidades aseguradoras, impongan su propia normativa.

Artículo 2939 Quinquies.La determinación de la hipoteca inversa se realizará previo avalúo de Institución debidamente facultada para ello, y deberá considerar el valor comercial de mercado del inmueble que deberá actualizarse cada 2 años. El costo de dicho avalúo será cubierto por el pensionario.

Artículo 2939 Sexies. La amortización del capital se sujetará a lo dispuesto en el presente artículo.

Al fallecimiento del deudor hipotecario, sus herederos o, si así se estipula en el contrato, al fallecimiento del último de los beneficiarios, podrán cancelar el préstamo, en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos, con sus intereses, sin que el acreedor pueda exigir compensación alguna por la cancelación.

Cuando se extinga el préstamo o crédito regulado por esta disposición y los herederos del deudor hipotecario decidan no reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, el acreedor solo podrá obtener recobro hasta donde alcance el bien hipotecado.

Artículo 2939 Septies. Si el bien hipotecario es transmitido voluntariamente por el deudor hipotecario, el acreedor podrá declarar el vencimiento anticipado del préstamo o crédito garantizado, salvo que se proceda a la sustitución de la garantía de manera suficiente.

Artículo 2939 Nonies. Podrán instrumentarse hipotecas inversas sobre cualesquier otros inmuebles distintos de la vivienda habitual del solicitante.

Artículo 2939 Decies. En lo no previsto en esta disposición, la hipoteca inversa se regirá por lo dispuesto en la legislación que en cada caso resulte aplicable.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XII al artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Nacional, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 4o. La sociedad podrá llevar a cabo los siguientes

I. a XI. ...

XII. Promover esquemas para poder contratar un préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante con las entidades financieras autorizadas para este fin, permitiendo al solicitantes disponer del importe del préstamo o crédito bajo en pagos periódicos durante un plazo determinado, o durante toda la vida, bajo las condiciones mínimas siguientes, además de las previstas en la legislación correspondiente;

a) El solicitante deberá ser propietario de un bien inmueble libre de gravámenes y tener una edad mínima de 60 años;

b) Las entidades financieras, deberán informar ampliamente a los adultos mayores interesados en obtener una hipoteca inversa, sobre las características de los instrumentos con los que cuentan;

c) La vivienda, deberá ser tasada a valor comercial al inicio y al término de la operación;

d) En caso de contratar la hipoteca inversa de manera vitalicia, al fallecimiento del deudor hipotecario o del último de los beneficiarios, los herederos podrán cancelar el préstamo en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de los débitos vencidos, con sus intereses y los herederos del deudor hipotecario decidan no reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, el acreedor sólo podrá obtener recobro hasta donde alcance el bien hipotecado;

e) El acreedor no podrá embargar ni rematar otros bienes del deudor, ni de sus herederos.

f) El deudor estará obligado, a conservar la vivienda totalmente habitable y en las mejores condiciones posibles. Para esto, deberá considerarse un porcentaje de los recursos pactados, para el pago de mantenimiento del inmueble; y

g) También podrán instrumentarse hipotecas inversas sobre cualquier otro bien inmueble, distinto al de la vivienda habitual del solicitante.

Artículo Tercero.Se adiciona una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social garantizar

...

...

III. Brindar información y servicios de asesoría para las personas adultas mayores que deseen suscribir un contrato de hipoteca inversa que les permita obtener una pensión garantizada por un bien inmueble, teniendo en cuenta la situación financiera del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este producto financiero.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días hábiles para adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

México, Distrito Federal, a 5 de febrero de 2015.— Diputado José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para el dictamen correspondiente.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señoras legisladoras y señores legisladores, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (a las  15:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 10 de febrero en curso a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Muchas gracias.

————— O —————