Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 448 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del primr año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de septiembre de 2015.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del Instituto Nacional Electoral

Con el que comunica las resoluciones de la Junta General Ejecutiva del Instituto, por las que se emiten las declaratorias de pérdida de registro de los partidos del Trabajo y Humanista.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el tercer informe de labores de la Secretaría de Turismo.

Toma de protesta

Del diputado Miguel Ángel Yunes Linares.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza y Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Retiro para los Ex-Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 10, 14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 223 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos

Por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política

Relativo al análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Glosa del III Informe de Gobierno

Agenda política

Comentarios relativos al “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la CIDH, a petición del gobierno mexicano, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a sumar esfuerzos con el fin de mejorar el servicio que presta a los usuarios, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo para establecer un diálogo republicano con el Titular del Ejecutivo Federal, en el marco del análisis del Tercer Informe de Gobierno, a cargo del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP para que en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, implemente campañas informativas respecto de los programas de alfabetización que hay a nivel nacional, considerando la participación de los grupos vulnerables, a cargo del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR a desistirse de la acusación de portación de armas exclusivas del ejército en contra del Dr. José Manuel Mireles, así como exhortar al Juez Federal Quinto en materia penal, para que sea trasladado al penal de Morelia Michoacán y se resuelva su situación jurídica de manera pronta y expedita, suscrito por los diputados Jorge Álvarez Maynez, René Cervera García y Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Sonora para que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal, particularmente a aquellos funcionarios, empelados o trabajadores, que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de niñas, niños o adolescentes, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que difunda información sobre la concesión llevada a cabo entre 2004 y 2011 relativa a la sexta parte del territorio michoacano y si éstas fueron legales, a cargo del diputado Marco Polo Aguirre Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a proteger el derecho humano al agua de los habitantes de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, en el Estado de Veracruz, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a las inconsistencias en la investigación del caso Ayotzinapa, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoelfich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la investigación sobre una presunta red de tráfico de menores en el estado de Sonora, suscrito por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Conaculta, a solucionar el conflicto del canal 22 de televisión, suscrito por los diputados Jesús Emiliano Álvarez López y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal fijar una postura política y diseñar una agenda de trabajo para dar asilo y refugio a quienes se han visto afectados por la crisis humanitaria que se desarrolla en Siria, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para los festejos del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que continúen e implementen nuevas acciones que coadyuven en la prevención y combate de la enfermedad del dengue y dengue hemorrágico o grave transmitido por vector en dicha entidad federativa, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del aniversario luctuoso del General Ignacio Zaragoza, a cargo de la Diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, a cargo del diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de septiembre de dos mil quince, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con veintiocho minutos del jueves tres de septiembre de dos mil quince, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la Sesión Constitutiva del día veintinueve de agosto de dos mil quince y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Con fundamento en el numeral uno del artículo veinticuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Presidente declara que han sido constituidos los siguientes Grupos Parlamentarios para la Sexagésima Tercera Legislatura: del Partido Revolucionario Institucional; del Partido Acción Nacional; del Partido de la Revolución Democrática; Partido Verde Ecologista de México; de Morena; de Movimiento Ciudadano; de Nueva Alianza; del Partido Encuentro Social; además de un diputado independiente; y una diputada sin partido. En consecuencia, a partir de esta fecha se estará a lo que dispone el numeral dos del artículo veinticuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquense los documentos constitutivos de los Grupos Parlamentarios en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Recinto la ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia, diputada federal electa en la Cuarta Circunscripción. El Presidente designa una comisión que la acompaña a su ingreso al salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Miguel Ángel Yunes Linares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que notifica la imposibilidad de acudir a rendir la Protesta Constitucional en la fecha y hora señaladas. De enterado.

b) De la diputada Ariadna Montiel Reyes, por la que comunica que ha dejado de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. De enterado, actualícense los registros parlamentarios.

c) De las diputadas Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional; y Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, por las que comunican que optan por el cargo de diputadas federales de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado, archívense en sus expedientes.

d) Del diputado Jorge Gaviño Ambriz, de Nueva Alianza, por la que comunica la imposibilidad de acudir a la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

e) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones con la que remite el Informe Previo de Resultados de la Gestión dos mil quince del Órgano Interno de Control del Instituto. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su conocimiento.

f) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la que remite el Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las Comisiones.

g) De la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De la Cámara de Senadores, con las que:

• Comunica que en sesión de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince se declaró instalada para el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

• Comunica la conformación de la Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

• Devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción sexta del artículo séptimo de la Ley General de Cambio Climático, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo veintiocho Bis a la Ley General de Salud, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que adiciona una fracción décima séptima al artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma los artículos dos, doce, y veintinueve de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Devuelve el expediente por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo noventa y uno de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

i) De la Secretaría de Gobernación:

• Dieciséis oficios con los que remite el Tercer Informe de Labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Economía, de Educación Pública, de Energía, de la Función Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, y de la Procuraduría General de la República. De enterado, distribúyanse a las diputadas y a los diputados.

• Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para prevenir y erradicar la discriminación hacia los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez para su conocimiento.

j) De la Cámara de Senadores, con las que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y Seguridad Social, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil quince. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que devuelve con modificaciones y para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el veintiocho de mayo de cada año, “Día Nacional por la Salud de la Mujer”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

k) Del Congreso del Estado de México, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso h) bis, a la fracción tercera del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y ocho de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Francisco Martínez Neri, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Araceli Damián González, a nombre propio y de diputados integrantes de Morena, que expide la Ley de Austeridad Republicana. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, a nombre propio y del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, ambos del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuarenta y uno, y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cincuenta y uno de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Gobernación, para opinión.

• Juan Fernando Rubio Quiroz, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos doscientos treinta y siete, doscientos cuarenta y tres, y doscientos cuarenta y cinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, a nombre propio y de diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa, y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Cynthia Gissel García Soberanes, de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo

• José Lorenzo Rivera Sosa, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Cámara de Diputados expresa su condena a los comentarios vertidos por el ciudadano Donald John Trump en contra de nuestro país y de nuestros conciudadanos avecindados en los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, a fin de reubicar las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tapachula, a la nueva terminal de Puerto Chiapas. Se turna a la Comisión de de Energía, para dictamen.

• Cuitláhuac García Jiménez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Renato Josafat Molina Arias y Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se aclaren los hechos acontecidos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Luisa Gutiérrez Santoyo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, así como a las secretarías de salud de las entidades federativas, a fin de incrementar la promoción de la donación de órganos. Se turna a la Comisión de de Salud, para dictamen.

• María Verónica Muñoz Parra, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas regionales tendientes a contener el brote de la enfermedad chikungunya y evitar su expansión a otras entidades. Se turna a la Comisión de de Salud, para dictamen.

• José Bernardo Quezada Salas, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que se fortalezca la difusión, accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas de los programas sectoriales orientados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fortalecer la cadena de valor agregado en la producción y prestación de servicios. Se turna a la Comisión de de Economía, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es la efeméride relativa a la proclamación de las Leyes de Reforma, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Amaro Cancino, del Partido Revolucionario Institucional; intervienen para referirse al tema la diputada y los diputados: María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Alfredo Basurto Román, de Morena; María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática; Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional; y Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar martes ocho de septiembre de dos mil quince, a las once horas, y levanta la sesión a las trece horas con veintinueve minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle los cambios de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

Bajas:senador Carlos Alberto Puente Salas (consejero propietario); diputada Mónica García de la Fuente (consejera suplente); diputado Arturo Escobar y Vega (consejero suplente).

Altas:senador Carlos Alberto Puente Salas (consejero propietario); diputado Arturo Álvarez Angli (consejero suplente); diputada Lorena Corona Valdés (consejera suplente).

Reciba un cordial saludo.

México, DF, a 7 de septiembre de 2015.— Secretario ejecutivo Luis Molina Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional Electoral.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al punto de acuerdo décimo de las resoluciones identificadas con los numerales INE/JGE110/2015 e INE/JGE111/2015, mediante las cuales se emiten las declaratorias de pérdida de registro del Partido del Trabajo y del Partido Humanista, que a letra dice:

Decimo.Comuníquese la presente resolución a las Cámaras del Congreso de la Unión.

En razón de lo anterior, envío a usted copia certificado de ambas resoluciones, para los legales conducentes.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de septiembre de 2015.— Licenciado Edmundo Jacobo Molina (rúbrica), secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.»

[Comunicado]

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De enterado.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.—  Presente.

Como es de su conocimiento, el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.

En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del tercer informe de labores de la Secretaría de Turismo, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 3 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara.

Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

México, DF, a 4 de septiembre de 2015.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De enterado, distribúyase a las diputadas y los diputados.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza,  Julio Saldaña Morán, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Rogerio Castro Vázquez,  Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y  Gonzalo Guízar Valladares.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se pide a la comisión cumplir con este mandato.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares: Sí, protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:   Si así no lo hiciera que la nación se lo demande.Felicidades.

INICIATIVAS

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Pasamos ahora al punto de iniciativas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Evelio Plata Inzunza, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Evelio Plata Inzunza: Con su permiso, diputado presidente. Con permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la presente iniciativa que en nombre de mis compañeras diputadas y compañeros diputados de la bancada sinaloense del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta honorable asamblea atienda en sus términos y sentido el planteamiento del sector productivo acuícola del país.

Hace eco esta propuesta legislativa de inquietudes diversas y legítimas presentadas por el sector acuícola, la cual busca procurar un paso fundamental para alentar mecanismos de inversión en la acuacultura y generar así el crecimiento mayor de esta actividad.

La propuesta en comento propone que en cuanto sea previsible que los terrenos ganados al mar no requieran para la prestación de servicios públicos, estos puedan desincorporarse del régimen del dominio público de la federación y puedan destinarse a la instalación de la infraestructura para uso acuícola, para uso de particulares, de manera tal que estén en condiciones de ejecutar proyectos de infraestructura acuícola, de infraestructura productiva, en beneficio regional y nacional.

Se propone adicionar así, dos disposiciones del párrafo segundo del artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales. Es de estimarse que de ser aprobada esta propuesta, la medida constituirá un mecanismo para alentar iniciativas de inversión en la acuacultura, ya que habrá de generar garantía, certidumbre entre las instituciones financieras que eventualmente atienden solicitudes crediticias de este sector.

En la correspondiente exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, son ponderadas las amplias expectativas del crecimiento que la acuacultura tiene en esta actividad generadora de divisas, que contribuye además al combate a la pobreza en el medio rural, por lo que hace a la generación de empleos y el estar llamada, ser factor indiscutible del desarrollo sustentable de todos nuestros pueblos.

El sector público reconoce con ello, como la necesidad fundamental de procurar para que el desarrollo de la acuacultura sea una gestión eficaz de esta actividad. Existe amplia referencia de novedosos proyectos de desarrollo acuícola, que para su ejecución requieren de altos montos de inversión que solo son posibles a partir del financiamiento crediticio, cuya concreción esta frenada a raíz que las superficies no son aptas, son del dominio público y no constituyen garantía para las instituciones financieras.

En razón de estos considerandos, solicitamos atentamente de ustedes, el apoyo a la presente iniciativa, que de ser aprobada, reiteramos, será un factor que habrá de generar certidumbre para las necesidades de la inversión crediticia, que demanda el crecimiento de la acuacultura nacional. Por el bien del desarrollo del país, que así sea. Muchas gracias, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados, Evelio Plata Inzunza, David López Gutiérrez, Bernardino Antelo Esper, Germán Escobar Manjarrez, Gloria Himelda Félix Niebla, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Rosa Elena Millán Bueno y Martha Sofía Tamayo Morales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan dos disposiciones al párrafo segundo del artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el propósito de incentivar el desarrollo de la acuacultura, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En el ámbito mundial, México ocupa el sitio número 20 en cuanto a producción acuícola. En lo interno, la acuacultura es una actividad de cobertura nacional, de la cual destaca el cultivo de especies como el camarón, tilapia, langostino, bagre, trucha, ostión y peces de ornato.

Dentro del mercado internacional, la acuacultura sustenta un 43 por ciento de la producción registrada que se utiliza exclusivamente para el consumo humano. Se trata de una actividad cuyo desarrollo está a la alza, con altos volúmenes de productividad que habrán de atender primeramente la demanda creciente de alimentos y por otro lado compensar el déficit esperado del suministro procedente de la pesca de captura.

Cifras oficiales revelan que a nivel mundial, la pesca de captura cesó de crecer a partir del segundo lustro de 1980, en tanto que la acuacultura ha mantenido de una tasa de crecimiento medio anual constante del 8.7 por ciento.

Los mayores rendimientos de producción acuícola de pescado, crustáceos y moluscos, estimados en un 61 por ciento con un valor promedio del 51 por ciento provienen de aguas continentales.

A consecuencia del aumento en la población y la pobreza extrema que de ello ha derivado, el mundo enfrenta hoy día dietas deficientes y poco balanceadas que tienen como reflejo inmediato altos niveles de desnutrición. Se trata de un panorama que reclama para las naciones hacer realidad el propósito llamado seguridad alimentaria.

Es aquí precisamente donde la acuacultura como actividad primaria, ante el potencial de crecimiento que entraña, está llamada a ser factor indiscutible de desarrollo sustentable para los pueblos, gracias a que coadyuva al mejoramiento de la dieta de sus habitantes, al ser fuente probada de alimentos ricos en proteína.

Entre otras bondades, la acuacultura es también una actividad generadora de divisas y contribuye además al combate de la pobreza en el medio rural por lo que hace a la generación de empleos.

El cultivo intensivo de especies acuáticas en medio naturales y artificiales, tanto para el sustento alimenticio como para el comercio, es de importancia tal para que nuestro país haga realidad los retos que impone la soberanía alimentaria y consecuentemente los del desarrollo económico.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario de la presente administración pública federal precisa que la meta nacional México incluyente constituye una prioridad, el cual tiene por objeto, entre otros, alcanzar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

En lo particular, el programa en referencia dicta que la nueva visión de la pesca y la acuacultura es desarrollar un subsector productivo, competitivo y sustentable, que contribuya a la seguridad alimentaria, a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional de calidad y a precios accesibles.

Destaca asimismo que la pesca y la acuacultura son actividades con un importante potencial de crecimiento que posibilitan el desarrollo regional del país, a través del impulso de actividades sustentables, para la cual es indispensable contar con esquemas de financiamiento, acordes a las necesidades del subsector.

En lo que respecta a la acuacultura, la gestión pública de gobierno reconoce a la actividad como de la mayor importancia para México, tanto por su impacto económico y social en cuanto a la creación de empleos, como por la producción que genera, además de ser captadora de divisas y factor de desarrollo regional.

El sector público reconoce ante ello como necesidad fundamental el procurar para el desarrollo de la acuacultura una gestión eficaz de la actividad, toda vez que la misma contribuye al incremento neto de la oferta de alimentos de origen acuático, amén de que facilita la reducción del esfuerzo pesquero, mitiga la pobreza y promueve el crecimiento del país.

Hay en la búsqueda de estos objetivos un empeño del sector público, tanto en la provisión de tecnología como en la aplicación de modelos productivos, en cuyo propósito fundamental está en primer plano la instrumentación de proyectos de desarrollo financiados.

No obstante los esfuerzos oficiales y bondades propias de los programas orientados a incentivar la acuacultura, el sector de los particulares que operan la actividad haciendo uso de superficies ubicadas en la llamada Zona Federal Marítimo Terrestre, siguen estando limitados para acceder a solicitar líneas de financiamiento para construcción y ampliación de infraestructura, debido precisamente a que la Ley correspondiente establece que las superficies en referencia son del dominio público, hecho por el cual no pueden ser objeto de garantía crediticia.

Existe amplia referencia de novedosos proyectos de desarrollo acuícola, que para su ejecución y desarrollo requieren de altos montos de inversión que sólo son posible a partir de financiamiento crediticio, cuya concreción esta frenada a raíz de que las superficies aptas son del dominio público y no constituyen garantía alguna para las instituciones financieras.

De esta forma y al hacer eco de inquietudes diversas y legítimas presentadas por el sector acuícola del país y como un paso fundamental para alentar iniciativas de inversión en la acuacultura y generar certidumbre entre las instituciones financieras, se hace necesario procurar una reforma al precepto legal que dispone la desincorporación del dominio público de la Federación de los terrenos ganados al mar.

Ello, de tal suerte que cuando sea previsible que los terrenos ganados al mar no se requieran para la prestación de servicios públicos, éstos puedan desincorporarse del régimen del dominio público de la Federación cuando se trate de la instalación de infraestructura para uso acuícola por particulares, de manera tal que estén en condiciones de ejecutar proyectos de infraestructura productiva en beneficio del desarrollo regional y nacional.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de:

Decreto por la que se adicionan dos disposiciones al párrafo segundo del artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales

Artículo Único. Se adicionan dos disposiciones al párrafo segundo del artículo 124 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 124. Sólo podrán realizarse obras para ganar artificialmente terrenos al mar, con la previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las cuales determinarán la forma y términos para ejecutar dichas obras.

A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá la posesión, delimitación, control y administración de los terrenos ganados al mar, debiendo destinarlos preferentemente para servicios públicos y de uso acuícola, atendiendo a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Sin embargo, cuando sea previsible que no se requieran para la prestación de servicios públicos y se trate de la instalación de infraestructura para uso acuícola por particulares, podrán desincorporarse del régimen de dominio público de la Federación para disponer de ellos, conforme a lo señalado en los artículos 84 y 95 de esta ley.

En las autorizaciones que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue a particulares para realizar obras tendientes a ganar terrenos al mar se establecerán los requisitos, condiciones técnicas y plazo para su realización, el monto de la inversión que se efectuará, el uso o aprovechamiento que se les dará, así como las condiciones de venta de la superficie total o parcial susceptible de enajenarse, en las que se considerarán, en su caso, las inversiones realizadas por el particular en las obras.

Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, y de Turismo, en el ámbito de sus atribuciones legales, se coordinarán para fomentar la construcción y operación de infraestructura especializada en los litorales.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2015.— Diputado Evelio Plata Inzunza (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Plata Inzunza. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Gabriela Ramírez Ramos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Gabriela Ramírez Ramos: Con su venia, señor presidente. Muy buenos días, diputadas y diputados. Uno de los propósitos fundamentales de la consolidación democrática en México es el de abrir y propiciar nuevos cauces de participación a todos los ciudadanos.

Durante mucho tiempo el derecho del ciudadano a ser votado estaba condicionado a la pertenencia por adscripción o por simpatía a un partido político determinado. Esto limitaba la participación ciudadana en la vida política y restringía el acceso al ciudadano a los cargos de elección popular.

Por iniciativa del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en el año 2009 se abrió la puerta para que el Congreso de la Unión deliberara sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como una de sus propuestas de reforma del Estado.

Después de un largo proceso de debate y análisis legislativo en ambas Cámaras del Congreso, el decreto fue publicado el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, con lo que nuestro país dio un paso sustancial en su vida democrática.

Esta reforma constitucional marcó un importante cambio en la vida democrática del Estado mexicano y estableció el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos de manera independiente, sin necesidad de pertenecer a algún partido político.

La incorporación de las candidaturas independientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación secundaria en materia electoral, ha logrado ampliar los espacios de participación democrática en el sistema político mexicano al grado de que por primera vez en la historia moderna la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión ya cuenta con un diputado independiente.

Resulta inaplazable superar las lagunas normativas y actualizar el marco normativo de la Cámara de Diputados ante la aparición de la figura de las diputaciones independientes, con objeto de que la pluralidad de esta representación nacional se manifieste de manera efectiva en el trabajo parlamentario y en el desempeño de la responsabilidad de todos los legisladores integrantes de la misma, ya sea que lo desarrollen como integrantes de grupos parlamentario, como diputados sin partido o como lo será a partir de ahora, como diputados independientes.

En Acción Nacional sostenemos que los partidos políticos deben de seguir siendo la columna vertebral para la participación ciudadana dentro del sistema político.

Pero también somos conscientes de la realidad, y por ello es que proponemos iniciativas mis compañeros legisladores Enrique Cambranis Torres, Francisco Gutiérrez de Velasco, y una servidora, que tienen la distinción de exponerlas ante ustedes.

Hago un paréntesis para mencionar que los legisladores del PAN lamentamos que en algunos estados de la república no estén dispuestos a ser parte de los avances democráticos y estén rechazando la posibilidad y la existencia de las candidaturas independientes.

Rechazar este mecanismo de participación ciudadana es un retroceso. Es no reconocer que la sociedad evoluciona a ritmos acelerados ante algunos gobiernos que se están quedando rezagados en materia democrática.

Señoras y señores legisladores, la iniciativa que el día de hoy el PAN somete a consideración de esta soberanía para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica que rige a este Congreso, tiene como objetivo fundamental adecuar las normas secundarias que conforman el marco jurídico de la Cámara de Diputados para que las atribuciones populares, electos mediante candidaturas independientes puedan ser ejercidas de manera adecuada, garantizando la libre expresión de corrientes ideológicas, así como para fomentar la participación de otras fuerzas políticas con base en principios de inclusión, de equidad, pluralidad y proporcionalidad.

Esto no significa una carta abierta a los legisladores que renuncien a formar parte de un grupo parlamentario, sino reconocer a quien ganó y en un futuro gane un espacio en esta Cámara como candidato independiente, con el respaldo de los ciudadanos.

En Acción Nacional reconocemos a todos y a cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados –por igual– como representantes de la nación.

En el parlamento la voz de cada uno de nosotros tiene valor propio en el debate y en la toma de decisiones.

La pluralidad en la asamblea no puede admitir exclusión alguna a las diferentes ideas y propuestas de los legisladores.

En esta tribuna no hay dueños. Esta tribuna está dispuesta para quienes quieran aportar su granito de arena a los más altos propósitos de la patria. La tribuna es de todos y para todos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza y Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza y Gabriela Ramírez Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos por conducto del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diputados independientes, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La incorporación de las candidaturas independientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación secundaria en materia electoral, ha logrado ampliar los espacios de participación democrática en el sistema político mexicano, al grado de que por primera vez en la historia moderna la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión ya cuenta con un diputado independiente.

Por lo tanto, resulta inaplazable superar las lagunas normativas que existen en el marco normativo de la Cámara de Diputados ante la aparición de la figura de las diputaciones independientes, con objeto de que la pluralidad de esta representación nacional se manifieste de manera efectiva en el trabajo parlamentario y en el desempeño de la responsabilidad de todos los legisladores integrantes de la misma, ya sea que lo desarrollen como integrantes de grupos parlamentarios, como diputados sin partido o, como lo será a partir de ahora, como diputados independientes.

Argumentos

Uno de los propósitos fundamentales de la democracia es abrir y propiciar nuevos cauces a la participación ciudadana. Durante mucho tiempo el derecho de los ciudadanos a ser votado estaba condicionado a la pertenencia, sea por adscripción o por simpatía, a un partido político determinado. Esto limitaba la participación ciudadana en la vida pública y restringía el acceso al ciudadano a los cargos de elección popular, con la consecuente limitante de la representación ciudadana en un candidato sin afiliación política alguna.

Por iniciativa del presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, el 15 de diciembre de 2009, se abrió la puerta para que en la Cámara de Senadores se discutiera la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reforma del estado).

Dicha iniciativa, después de un largo proceso de debate y análisis legislativo en ambas Cámaras del Congreso, fue publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario oficial de la Federación mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, dando un paso trascendente a la vida democrática de la nación.

Esta reforma constitucional marcó un importante cambio en la vida democrática del estado mexicano y estableció el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos de manera independiente, sin necesidad de pertenecer a algún partido político.

En otras palabras, dicha reforma constitucional planteó un paso de enorme trascendencia para el sistema político-electoral de México mediante la incorporación en la Carta Magna del derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular sin la obligada postulación por un partido político.

Hay que destacar que el sistema electoral mexicano hizo de los partidos políticos su punto de referencia al otorgarles el derecho exclusivo de postular candidatos a cargos de elección popular.

Por efecto del marco legal, por las preferencias ciudadanas y la evolución del sistema de partidos, en los hechos se ha venido configurando un modelo de competencia de corte tripartidista, situación que tiene ventajas indudables, referentes a la configuración parlamentaria y la construcción de acuerdos y la formulación de consensos, pero también enormes desventajas debido a la limitación de opciones ante la sociedad y la ciudadanía.

Las candidaturas independientes demostraron ser, en las pasadas elecciones intermedias, una fórmula de acceso a ciudadanos sin partido para competir en los procesos electorales, y no así una vía para la promoción de intereses personales o de poderes fácticos.

La postulación de ideas y la propuesta de solución a las necesidades de la gente, distintas a las de los partidos políticos configurados, es la que a ciertos postulantes les dio el voto de la gente y se ganó su representación en las urnas.

Los partidos políticos deben seguir siendo la columna vertebral de la participación ciudadana, los espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de la diversidad, espacios donde el andamiaje institucional de estas agrupaciones permitan que no se privilegien los intereses individuales por los intereses de los ciudadanos, de forma tal que en ellos se fortalezca la democracia pero contando con la participación de más actores fuera del sistema de partidos.

Con la iniciativa que aquí se presenta, pretendemos dar un segundo paso a la reforma constitucional planteada en su inicio por Acción Nacional, ya que prevé que los candidatos independientes electos y, en consecuencia, integrantes de la Legislatura en curso puedan hacer uso de la tribuna, tener prerrogativas parlamentarias y ejercer su facultad de representación para fijar su posicionamiento en favor o en contra, como cualquier legislador, sea o no integrante de algún grupo parlamentario.

Ordenamientos a modificar

La iniciativa que sometemos a la consideración de esta soberanía tiene como objetivos fundamentales adecuar las normas secundarias que conforman el marco jurídico de la Cámara de Diputados para que las atribuciones constitucionales y legales de los representantes populares que fueron electos mediante candidaturas independientes puedan ser ejercidas de manera adecuada, garantizando la libre expresión de corrientes ideológicas; así como para fomentar la participación de otras fuerzas políticas en la integración de la Mesa Directiva, con base en principios de inclusión, equidad, pluralidad y proporcionalidad.

En este sentido, se propone adecuar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mediante los cambios que se enuncian en el cuadro comparativo siguiente:

Texto Vigente

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. y 3. ...

4. ...

(Sin correlativo.)

5. a 8. ...

Propuesta

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, cuatro vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. y 3. ...

4. ...

En caso de que algún diputado o diputada independiente quiera formar parte de la Mesa Directiva, la petición la formulará por escrito a la Junta de Coordinación Política para que ésta resuelva de acuerdo a sus atribuciones.

5. a 8. ...

Texto Vigente

Artículo 21.

1. y 2. ...

3. ...

4. ...

Propuesta

Artículo 21.

1. y 2. ...

3. ...

Los diputados y diputadas independientes tendrán voz pero no voto en dichas reuniones y sólo en los casos de que sean integrantes de la Mesa Directiva.

4. ...

Texto Vigente

Artículo 29.

1. ...

2. ...

3. ...

(Sin correlativo.)

Propuesta

Artículo 29.

1. ...

Tratándose de los diputados y diputadas independientes, la Junta acordará lo relativo a la asignación de sus recursos y locales.

2. ...

3. ...

La Mesa Directiva procurará el mismo criterio en la asignación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones para los diputados y diputadas independientes.

Texto Vigente

Artículo 30.

1. ...

(Sin correlativo.)

Propuesta

Artículo 30.

1. ...

Las mismas consideraciones y apoyo serán otorgadas a los diputados y las diputadas independientes sin reserva alguna.

Texto Vigente

Artículo 43.

1. y 2. ...

3. ...

(Sin correlativo.)

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

5. a 7. ...

Propuesta

Artículo 43.

1. y 2. ...

3. ...

La Junta de Coordinación Política en la formulación de dichas propuestas, deberá considerar las peticiones por escrito que realicen los diputados y las diputadas independientes y en las que manifiesten pertenecer.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, así como a los diputados y diputadas independientes, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

5. a 7. ...

Asimismo, se propone adecuar el Reglamento de la Cámara de Diputados de la manera siguiente:

Texto Vigente

Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. a X. ...

XI. Proponer a través de su grupo la incorporación de asuntos para ser considerados en la Agenda política y efemérides;

Propuesta

Artículo 6.

1. ...

I. a X. ...

XI. Proponer a través de su grupo o de manera directa en el caso de los diputados y diputadas independientes la incorporación de asuntos para ser considerados en la agenda política y efemérides;

Texto Vigente

Artículo 24.

1. En la primera sesión ordinaria de la legislatura, el presidente hará la declaratoria de constitución de los grupos e informará al pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún grupo.

2. Una vez que el presidente haya realizado la declaratoria prevista en el numeral anterior, no se podrán integrar nuevos grupos por el resto de la legislatura.

3. En el desarrollo de sus tareas administrativas, los grupos observarán las disposiciones normativas aprobadas por el pleno.

4. y 5. ...

Propuesta

Artículo 24.

1. En la primera sesión ordinaria de la legislatura, el presidente hará la declaratoria de constitución de los grupos e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún grupo, así como aquellos que son independientes.

2. Una vez que el presidente haya realizado la declaratoria prevista en el numeral anterior, no se podrán integrar nuevos grupos por el resto de la legislatura.

3. En el desarrollo de sus tareas administrativas, los grupos y los diputados y diputadas independientes observarán las disposiciones normativas aprobadas por el pleno.

4. y 5. ...

Texto Vigente

Artículo 27.

1. ...

2. El presidente tendrá la responsabilidad de vigilar que se haga buen uso de los espacios, de la Cámara, asignados a los grupos o diputados y diputadas sin partido.

3. ...

Propuesta

Artículo 27.

1. ...

2. El presidente tendrá la responsabilidad de vigilar que se haga buen uso de los espacios, de la Cámara, asignados a los grupos, diputados y diputadas sin partido e independientes.

3. ...

Texto Vigente

Artículo 102.

1. ...

2. ...

I. Se deberán registrar ante la Junta, a través de su grupo. Los diputados y diputadas sin partido podrán hacerlo directamente ante la Junta;

II. a VI. ...

3. ...

Propuesta

Artículo 102.

1. ...

2. ...

I. Se deberán registrar ante la Junta, a través de su Grupo. Los diputados y diputadas sin partido y los independientes podrán hacerlo directamente ante la Junta;

II. a VI. ...

3. ...

Texto Vigente

Artículo 104.

1. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto, se sujetarán a lo siguiente:

I. a III. ...

IV. Un integrante de cada Grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, podrá disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura. El orador no podrá ser interrumpido por moción de cuestionamiento;

V. a XII. ...

2. ...

Propuesta

Artículo 104.

1. ...

I. a III. ...

IV. Un integrante de cada Grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos podrán disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura. El orador no podrá ser interrumpido por moción de cuestionamiento;

V a XII. ...

2. ...

Texto Vigente

Artículo 105.

1. ...

I. y II. ...

III. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, podrá disponer de hasta tres minutos para exponer su postura;

IV. a VII. ...

Propuesta

Artículo 105.

1. ...

I. y II. ...

III. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos podrán disponer de hasta tres minutos para exponer su postura.

IV. a VII. ...

Texto Vigente

Artículo 113.

1. ...

I. A través de una lista de oradores, uno por cada grupo, quienes podrán hablar hasta por tres minutos;

II. Cuando concluyan las intervenciones de los oradores, el presidente preguntará al pleno, quien resolverá a través de una votación económica, si el asunto está suficientemente discutido. Si el Pleno decide continuar la discusión, podrá hablar hasta un orador más de cada grupo, pero si la resolución fuese negativa, el presidente anunciará el término de la discusión y el inicio de la votación nominal;

III. ...

IV. El grupo que haya presentado la proposición podrá sugerir alguna modificación, siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada por su coordinador.

Propuesta

Artículo 113.

1. ...

I. A través de una lista de oradores, uno por cada grupo, así como un diputado o diputada independientes propuesto entre ellos, quienes podrán hablar hasta por tres minutos.

II. Cuando concluyan las intervenciones de los oradores, el presidente preguntará al pleno, quien resolverá a través de una votación económica, si el asunto está suficientemente discutido. Si el Pleno decide continuar la discusión, podrá hablar hasta un orador más de cada grupo, así como un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos, pero si la resolución fuese negativa, el Presidente anunciará el término de la discusión y el inicio de la votación nominal;

III. ...

IV. El grupo o el diputado independiente que haya presentado la proposición podrá sugerir alguna modificación, siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada por su coordinador cuando corresponda.

Texto Vigente

Artículo 130.

1. ...

(Sin correlativo.)

2. a 4. ...

5. La Junta recibirá las propuestas de los grupos, revisará que reúnan los elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta de acuerdo en donde establezca:

I. a III. ...

6. a 8. ...

Propuesta

Artículo 130.

1. ...

El mismo derecho de formulación la pregunta parlamentaria la tendrán los diputados independientes.

2. a 4. ...

5. La Junta recibirá las propuestas de los grupos y las realizadas por los diputados independientes, revisará que reúnan los elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta de acuerdo en donde establezca:

I a III. ...

6. a 8. ...

Texto Vigente

Artículo 193.

1. y 2. ...

3. En el caso del numeral anterior, el Presidente o la Secretaría de la Junta Directiva deberá informar de la baja a la Junta, para que ésta lo comunique al coordinador del grupo que corresponda.

4. y 5. ...

Propuesta

Artículo 193.

1. y 2. ...

3. En el caso del numeral anterior, el presidente o la Secretaría de la junta directiva deberá informar de la baja a la Junta, para que ésta lo comunique al coordinador del grupo que corresponda, en su caso.

4. y 5. ...

Texto Vigente

Artículo 194.

1. ...

2. En caso de baja por cualquier causa de un diputado o diputada sin partido, la Junta propondrá quien deberá sustituirlo, en un plazo no mayor a diez días.

Propuesta

Artículo 194.

1. ...

2. En caso de baja por cualquier causa de un diputado o diputada sin partido o independiente, la Junta propondrá quien deberá sustituirlo, en un plazo no mayor a diez días.

Texto Vigente

Artículo 221.

1. El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se discute por el Pleno en lo general y en lo particular de acuerdo con las reglas que éste apruebe a propuesta de la Junta. La propuesta deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión que garantice la participación de todos los grupos representados en la Cámara.

2. ...

Propuesta

Artículo 221.

1. El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se discute por el pleno en lo general y en lo particular de acuerdo con las reglas que éste apruebe a propuesta de la Junta. La propuesta deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión que garantice la participación de todos los grupos representados en la Cámara y de los diputados o diputadas independientes.

2. ...

Texto Vigente

Artículo 230.

1. ...

2. En una primera ronda de intervenciones podrá participar el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y un diputado o diputada por cada Grupo, hasta por quince minutos y posteriormente se abrirán rondas de discusión.

3 a 5. ...

Propuesta

Artículo 230.

1. ...

2. En una primera ronda de intervenciones podrá participar el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, un diputado o diputada por cada grupo y un diputado o diputada independiente, propuesto entre ellos, hasta por quince minutos y posteriormente se abrirán rondas de discusión.

3. a 5. ...

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diputados independientes

Artículo Primero: Se reforman los artículos 17, numeral 1, y 43, numeral 4; y, se adicionan los artículos 17, numeral 4, con un segundo párrafo, 21, numeral 3, con un segundo párrafo, 29, numerales 1, con un párrafo segundo, y 3, con un párrafo segundo, 30, numeral 1, con un párrafo segundo, y 43, numeral 3, con un párrafo segundo, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno; se integrará con un presidente, cuatro vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. y 3. ...

4. ...

En caso de que algún diputado o diputada independiente quiera formar parte de la Mesa Directiva, la petición la formulará por escrito a la Junta de Coordinación Política para que ésta resuelva de acuerdo a sus atribuciones.

5. a 8. ...

Artículo 21.

1. y 2. ...

3. ...

Los diputados y diputadas independientes tendrán voz pero no voto en dichas reuniones y sólo en los casos de que sean integrantes de la Mesa Directiva.

4. ...

Artículo 29.

1. ...

Tratándose de los diputados y diputadas independientes, la Junta acordará lo relativo a la asignación de sus recursos y locales.

2. ...

3. ...

La Mesa Directiva procurará el mismo criterio en la asignación de los espacios y las curules en el salón de sesiones para los diputados y diputadas independientes.

Artículo 30.

1. ...

Las mismas consideraciones y apoyo serán otorgadas a los diputados y las diputadas independientes sin reserva alguna.

Artículo 43.

1. y 2. ...

3. ....

La Junta de Coordinación Política en la formulación de dichas propuestas, deberá considerar las peticiones por escrito que realicen los diputados y las diputadas independientes y en las que manifiesten pertenecer.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, así como a los diputados y diputadas independientes, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

5. a 7. ...

Artículo Segundo: Se reforman los artículos 6, numeral 1, fracción XI, 24, numerales 1 y 3, 27, numeral 2, 102, numeral 2, fracción I, 104, numeral 1, fracción IV, 105, numeral 1, fracción III, 113, numeral 1, fracciones I, II y IV, 130, numeral 5, 193, numeral 3, 194, numeral 2, 221, numeral 1, y 230, numeral 2; y, se adiciona el artículo 130, numeral 1, con un segundo párrafo, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como siguen:

Artículo 6.

1. ...

I. a X. ...

XI. Proponer a través de su grupo o de manera directa en el caso de los diputados y diputadas independientes la incorporación de asuntos para ser considerados en la Agenda política y efemérides;

Artículo 24.

1. En la primera Sesión ordinaria de la Legislatura, el Presidente hará la declaratoria de constitución de los grupos e informará al Pleno de aquellos diputados y diputadas que no forman parte de algún Grupo, así como aquellos que son independientes.

2. ...

3. En el desarrollo de sus tareas administrativas, los grupos y los diputados y diputadas independientes observarán las disposiciones normativas aprobadas por el pleno.

4. y 5. ...

Artículo 27.

1. ...

2. El presidente tendrá la responsabilidad de vigilar que se haga buen uso de los espacios, de la Cámara, asignados a los grupos, diputados y diputadas sin partido e independientes.

3. ...

Artículo 102.

1. ...

2. ...

I. Se deberán registrar ante la Junta, a través de su grupo. Los diputados y diputadas sin partido y los independientes podrán hacerlo directamente ante la Junta;

II. a VI. ...

3. ...

Artículo 104.

1. ...

I. a III. ...

IV. Un integrante de cada Grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos podrán disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura. El orador no podrá ser interrumpido por moción de cuestionamiento;

V a XII. ...

2. ...

Artículo 105.

1. ...

I. y II. ...

III. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos podrán disponer de hasta tres minutos para exponer su postura.

IV. a VII. ...

Artículo 113.

1. ...

I. A través de una lista de oradores, uno por cada grupo, así como un diputado o diputada independientes propuesto entre ellos, quienes podrán hablar hasta por tres minutos.

II. Cuando concluyan las intervenciones de los oradores, el presidente preguntará al pleno, quien resolverá a través de una votación económica, si el asunto está suficientemente discutido. Si el pleno decide continuar la discusión, podrá hablar hasta un orador más de cada grupo, así como un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos, pero si la resolución fuese negativa, el Presidente anunciará el término de la discusión y el inicio de la votación nominal;

III. ...

IV. El grupo o el diputado independiente que haya presentado la proposición podrá sugerir alguna modificación, siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada por su coordinador cuando corresponda.

Artículo 130.

1. ...

El mismo derecho de formulación la pregunta parlamentaria la tendrán los diputados independientes.

2. a 4. ...

5. La Junta recibirá las propuestas de los grupos y las realizadas por los diputados independientes, revisará que reúnan los elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta de acuerdo en donde establezca:

I a III. ...

6 a 8. ...

Artículo 193.

1. y 2. ...

3. En el caso del numeral anterior, el presidente o la Secretaría de la junta directiva deberá informar de la baja a la Junta, para que ésta lo comunique al coordinador del grupo que corresponda, en su caso.

4. y 5. ...

Artículo 194.

1. ...

2. En caso de baja por cualquier causa de un diputado o diputada sin partido o independiente, la Junta propondrá quien deberá sustituirlo, en un plazo no mayor a diez días.

Artículo 221.

1. El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se discute por el pleno en lo general y en lo particular de acuerdo con las reglas que éste apruebe a propuesta de la Junta. La propuesta deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión que garantice la participación de todos los grupos representados en la Cámara y de los diputados o diputadas independientes.

2. ...

Artículo 230.

1. ...

2. En una primera ronda de intervenciones podrá participar el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, un diputado o diputada por cada grupo y un diputado o diputada independiente propuesto de entre ellos, hasta por quince minutos y posteriormente se abrirán rondas de discusión.

3. a 5. ...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de Unión, recinto legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2015.— Diputados: Enrique Cambranis Torres,Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Gabriela Ramírez Ramos. (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez Ramos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se informa, se le recuerda a la asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo hasta que se apruebe la integración de las comisiones respectivas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Omar Ortega Álvarez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con la venia del presidente. Diputados y diputadas: la iniciativa que hoy ponemos a su consideración tiene que ver con el objeto de modificar el artículo 29 constitucional a fin de que el fiscal general de la República, los secretarios de Estado, junto con el presidente de la República, presenten un proyecto de decreto para la suspensión de garantías al Congreso de la Unión para su análisis.

En todos los Estados, una premisa fundamental la constituye el mecanismo por el cual se suspende o se restringe el ejercicio de algunos derechos humanos, atendiendo que en la premisa fundamental y que no permite recesión, tiene que ver con el tema de la vida, garantía constitucional y derecho humano que se encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma constitucional en materia electoral que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014, señalaba tres ámbitos de acción pública: la política social, la política electoral y la política que tiene que ver con la procuración y la impartición de justicia.

De manera evidente, en esta legislación se ve aunado y protegido las dos políticas fundamentales del tema social y electoral, maneja controles constitucionales dedicados que permiten de manera clara su exacta observancia.

Por lo que hace a la impartición de justicia, se logró un tema fundamental: darle autonomía a la procuración de justicia. Ahora el Ministerio Público es un órgano autónomo, donde cambian el nombre para que sea Fiscalía General de la República. Ello a fin de dotar de esa autonomía y de ese equilibrio de poder.

Siendo un acto de autoridad que conlleva a mayor responsabilidad para el Estado mexicano la restricción o suspensión de garantías contaba con tres filtros fundamentales, que estos eran de manera histórica y se venían presentando desde la Constitución de 1857.

El primero de ellos es el acuerdo del titular del Ejecutivo con los secretarios de Estado y el procurador de Justicia de la Nación. Se presentaba ante el Congreso de la Unión el proyecto de decreto para que fuera este el que determinara el alcance y la aprobación del mismo. Y había un poder adicional, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encargaba de velar por la constitucionalidad y legalidad de dichos decretos.

Hoy, de manera impensable, se da la facultad al fiscal general de la República para que sea un órgano autónomo. Y la facultad de restringir o suspender las garantías constitucionales queda en manos del Poder Ejecutivo.

El decreto del 10 de febrero de 2014 cambia la naturaleza y señala el código vigente, el texto vigente, que solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías.

Es decir, esta reforma otorga autonomía constitucional al Ministerio Público, añeja demanda de la izquierda mexicana, y al mismo tiempo elimina el único contrapeso efectivo que podría tener el titular del Ejecutivo federal. Dentro de su gabinete, en el momento de tomar las decisiones, es tal el problema de esta reforma constitucional que hoy en día el Congreso, las propuestas que presentara el Ejecutivo pasarían sin más trámite en este Congreso de la Unión.

Siguiendo los lineamientos internacionales contenidos en los Principios de Siracusa, emitidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en los cuales se determina de manera clara y concreta cuál va a ser el control que tendrán los Estados para no vulnerar el estado de derecho y la garantía y los derechos de sus gobernados, señala un principio de participación democrática que en los hechos no acontece en el artículo 29 de la Constitución, motivo por el cual, congruentes y comprometidos en la construcción de un Estado social de derecho y plenamente convencidos de que para garantizar la vida de todos los habitantes del territorio nacional, constituye la mayor de las obligaciones del Estado siempre y cuando establezcan los mecanismos democráticos de rendición de cuentas y equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Es por ello que hacemos esta presentación a la Cámara de Diputados, a fin de que tenga el cauce adecuado y se pueda aprobar en su momento oportuno. Solicito a la Presidencia se transcriba la presente, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, de la presente iniciativa. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputadas y diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento enlos artículos 71, fracción II, 73, fracción XIV, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

El artículo 29 constitucional establece las condiciones y requisitos para que el titular del Poder Ejecutivo pueda emitir un decreto de suspensión de garantías. Históricamente, esta facultad, al constituir el mayor acto de autoridad del Estado, contaba con tres filtros. El primero de ellos, la aprobación de todos los Secretarios de Estado y el Procurador General de la República. Sin embargo, la reforma constitucional que le otorgó autonomía y transformó a la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, excluyó a este funcionario de tan trascendente decisión.

Argumentación

En todos los Estados, una premisa fundamental la constituye el mecanismo por el cual éste suspende o restringe algunos derechos de los ciudadanos, atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad, debido a situaciones que pueden salirse de control, poniendo en riesgo el único bien jurídico fundamental de sus ciudadanos que no puede ser resarcido: la vida. En nuestro texto constitucional, esta medida se encuentra contenida en el artículo 29, desde la Constitución de 1857. Por su trascendencia e importancia, en todas las democracias esta medida corresponde al Poder Ejecutivo, con el contrapeso parlamentario y el control judicial.

Sin embargo, hemos sido testigos de cómo se han producido grandes reformas que, al margen de las materias de que se ocupan, han ido estableciendo facultades que permiten al gobierno la restricción o suspensión de derechos de facto, sin atender a lo establecido en el texto constitucional. Producto de estas reformas, y como su consecuencia directa, han sido promulgadas una diversidad de leyes secundarias y reglamentarias que han redundado en un mecanismo de disminución efectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales que las y los ciudadanos mexicanos, debiéramos gozar en esta incipiente democracia.

La reforma constitucional en materia electoral fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, la reforma contempló tres ámbitos de la acción pública: la política social, la política electoral y la política en materia de impartición de justicia. Si bien las dos primeras materias establecieron un ámbito de controles constitucionales que pudieran favorecer a la ciudadanía, la segunda se centró en la concesión de la autonomía constitucional al Ministerio Público, la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía y, como colofón de lujo, la modificación del artículo 29 constitucional, relativo a la restricción y suspensión de derechos de los ciudadanos en el territorio nacional.

Siendo uno de los actos de autoridad que conllevan la mayor responsabilidad para el Estado mexicano, la restricción o suspensión de garantías contaba con tres filtros para su establecimiento. El primero de ellos, era el acuerdo de los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República para el envío al Congreso, para su aprobación, del proyecto de decreto que contuviera las medidas extraordinarias a tomarse, constituyendo esta acción el segundo filtro. El tercero de ellos, resulta del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la constitucionalidad y validez de los decretos emitidos durante el estado de restricción o suspensión de garantías. Estos tres filtros garantizaban la efectiva y oportuna implementación del acto jurídico más trascendente que puede implementar el Estado mexicano con la finalidad última de proteger la vida de las y los habitantes del territorio nacional.

El decreto de fecha 10 de febrero de 2014, cambió la naturaleza de estos filtros y el texto vigente señala, a la letra que:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

Es decir, esta reforma otorga autonomía constitucional al Ministerio Público –añeja demanda de la izquierda mexicana—y, al mismo tiempo, elimina el único contrapeso efectivo que podría tener el titular del Ejecutivo federal, dentro de su gabinete, en el momento de tomar una decisión de tal envergadura. Esto es, establece las bases para que, en un Congreso con la conformación como el que hoy tenemos, la emisión de un decreto de restricción o suspensión de garantías sea un asunto de trámite, urgente y de obvia resolución, pero meramente de trámite.

Es por lo anterior que proponemos el fortalecimiento de nuestra democracia para que el titular del Poder Ejecutivo federal, en acuerdo con los secretarios de Estado y el fiscal general de la República, pueda presentar al Congreso el proyecto de decreto por el que se restrinja o suspenda el ejercicio de determinadas garantías, conforme lo establecía la reforma constitucional en materia de derechos humanos, promulgada el 10 de junio de 2011.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, congruentes y comprometidos en la construcción de un Estado social democrático de derecho y plenamente convencidos de que garantizar la vida de todas y todos los habitantes del territorio nacional constituye la mayor de las obligaciones del Estado, siempre y cuando se establezcan los mecanismos democráticos de rendición de cuentas y equilibrio entre los Poderes de la Unión es deber de esta soberanía, sometemos a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el primer párrafo del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Fiscalía General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

...

...

...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión realizará las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en un plazo no mayor a treinta días a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Tercero.El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de ciento ochenta días, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Notas:

1 Primer párrafo del Artículo 29 Constitucional contenido en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de septiembre de 2015.— Diputados: Omar Ortega Álvarez, Hortensia Aragón Castillo, Rafael Hernández Soriano (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega Álvarez. Atiéndase la petición formulada al final de su intervención, por el diputado Ortega Álvarez y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Con la venia de la Presidencia. De acuerdo a los datos del INEGI, en México residen casi 30 millones de personas cuyas edades oscilan entre los 15 y los 29 años, lo cual significa que cada cuatro habitantes en nuestro país es joven. Lo anterior denota que el bono demográfico que vive en su momento la juventud es el de mayor vigor, lo cual implica una oportunidad única e irrepetible para impulsar el desarrollo presente y futuro de nuestra nación.

Si esta circunstancia se aprovecha de manera adecuada será posible detonar en nuestro país un proceso importante de acumulación de capital social y mayor crecimiento económico.

La relevancia de los jóvenes y las jóvenes dentro del contexto nacional, no solamente radica en su importancia numérica, sino principalmente en el desafío que representa, tanto para el Estado como para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades particulares, encausando con ello de modo adecuado la energía, el talento, la creatividad y las ganas de participar que caracterizan a nuestra juventud.

Resulta por demás paradójico que los jóvenes, siendo un grupo social que cuenta con mayores recursos para afrontar exitosamente los desafíos del presente y del mañana, sean precisamente quienes padezcan la mayor de las incertidumbres respecto a su futuro y la posibilidad de salir adelante realizándose como personas.

Las grandes contradicciones que afectan a los jóvenes mexicanos, en términos generales, son las siguientes: poseen mayor escolaridad, pero menos acceso al empleo; gozan de mayor acceso a la información, pero no cuentan con canales suficientes para participar políticamente y acceder al poder; tienen muchas expectativas de autonomía, muchas más que generaciones anteriores, pero sus opciones para materializarlas son mucho menores.

El reto entonces es revertir las situaciones anteriores, a través de la puesta en marcha de políticas públicas, programas y acciones de gobierno, para que los jóvenes se transformen en verdaderos agentes del cambio, para que tomen conciencia de la fuerza que representan para el progreso social y se asuman como protagonistas de éste, al mismo tiempo que beneficiarios del desarrollo nacional.

En cuanto se refiere al tema de desempleo y de la dificultad para acceder al mercado laboral, en México la tasa de desocupación de los jóvenes durante el primer trimestre del 2015 fue del 7.4 por ciento. Es decir, casi el doble de la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años.

Sin embargo, el desempleo no es el único problema que enfrentan las y los jóvenes, en el ámbito laboral, al igual que en otros sectores de la población, sufren las dificultades que se han presentado desde hace varios años, con las condiciones de trabajo en el país, expresadas con bajos niveles salariales y cada vez menos prestaciones sociales, lo cual hace que la oferta de empleos disponibles resulte poco atractiva para muchos jóvenes, especialmente aquellos que cuentan con una licenciatura o alguna carrera técnica.

Lamentablemente en nuestro entorno no se pueden dar el lujo de esperar hasta encontrar un empleo que satisfaga cabalmente sus expectativas. No es una opción para la gran mayoría de los jóvenes mexicanos, quienes se ven obligados a insertarse en el mercado laboral que por lo general les ofrece condiciones poco favorables para el adecuado desarrollo de sus potencialidades y refugiándose en el sector informal de la economía. Esto ubica a la población joven del país en un estado de vulnerabilidad, el cual continúa en el presente.

Resulta muy preocupante el alto número de jóvenes que se emplean en el sector informal de la economía, porque ello implica tener acceso a seguridad social por debajo del nivel nacional. Además, el ingreso en términos reales es mucho menor.

Para remediar la situación, el Partido Verde propone impulsar mecanismos a través de los cuales sea posible garantizar la creación de empleos dignos y la calidad, para que los jóvenes mexicanos puedan insertarse de manera adecuada en el mercado laboral, haciéndolos más competitivos y con mejores expectativas de futuros.

Una de nuestras propuestas de campaña está enfocada, precisamente, a facilitar los accesos a los jóvenes al mercado laboral. Derivado de lo anterior, el Partido Verde estamos impulsando la reforma al artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los patrones que empleen jóvenes, al momento de llevar a cabo su contratación, y que les otorguen el primer empleo, reciban, a manera de incentivo fiscal, un vale que lo podrán deducir los jóvenes, el empleador, siempre y cuando se acredite que el joven esté ingresando de manera formal a su primer empleo.

Con dicha propuesta se pretende contribuir al abatimiento de la tasa de desempleo entre los jóvenes mexicanos y al mismo tiempo reducir su contratación de ellos. Hagamos esto por México. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

Los jóvenes por su condición humana particular, representan un potencial que los hace forjadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad. No obstante, el desempleo es un grave problema que aqueja a la población económicamente activa del país y un problema al que se enfrentará la población joven que se encuentra próxima a concluir sus estudios y buscará integrarse formalmente al sector laboral nacional. Los jóvenes, al igual que otros sectores de la población, sufren con la precarización de las condiciones laborales que se ha presentado durante los últimos años en el país, bajos niveles salariales y cada vez menos prestaciones sociales, entre otras.

Así, los jóvenes mexicanos tienden a insertarse en un mercado laboral que por lo general les ofrece condiciones poco favorables para el óptimo desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales, por este motivo resulta necesario proponer mecanismos que les permitan una integración al mundo del trabajo más adecuada y exitosa, que promuevan su competitividad y mejoren sus expectativas laborales. Para atender esta necesidad en el Partido Verde pretendemos impulsar la creación de un sistema que otorgue un vale por el primer empleo formal a los patrones que empleen jóvenes con el objetivo de premiar con incentivos fiscales su colaboración en la inserción de la juventud al mercado laboral, generando con ello un escenario positivo en el cual las empresas y los sectores productivos nacionales tengan mayores estímulos para brindar a nuestros jóvenes la oportunidad de obtener su primer empleo.

Argumentación

La población de México se encuentra en pleno proceso de transición demográfica: su volumen, dinámica y estructura han sufrido recientemente profundos cambios. La relevancia de las y los jóvenes dentro del contexto nacional, radica no solamente en su importancia numérica, sino principalmente en el desafío que significa tanto para el Estado como para la sociedad garantizar la satisfacción de sus necesidades y demandas, así como el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades particulares.

La atención a la juventud debe ser integral, se deben impulsar acciones que tengan que ver con educación, empleo, justicia, salud, deporte, recreación, cultura, medio ambiente y participación política, así como en la definición de las estrategias en la vida pública que definirán el futuro de nuestro país.

Información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que el monto de la población joven de 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto a 1990 (23.9 millones), su proporción con respecto al total disminuyó de 29.4 por ciento en 1990 a 24.9 por ciento en 2014; lo anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes.

En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (34.1 por ciento) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1 por ciento) tienen de 25 a 29 años de edad.

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2015 fue de 7.4 por ciento, es decir, casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.2 por ciento). Un análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (8.6 por ciento) y los jóvenes de 20 a 24 (8.3 por ciento) tienen el mayor nivel de desocupación.

Igualmente, la encuesta señala que uno de los principales obstáculos que enfrenta la población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: el 18.2 por ciento de los jóvenes desocupados no cuenta con esta experiencia.

Por otra parte, el 7.1 por ciento de la población ocupada de 15 a 29 años declaró estar subocupada, es decir, que tiene la necesidad y la disponibilidad de laborar más tiempo de lo que su ocupación actual les permite.

Otro aspecto por señalar es que 61.1 por ciento de los jóvenes ocupados tienen un empleo informal y se hace más notorio cuando su escolaridad es baja: 91.3 por ciento de los jóvenes ocupados con primaria incompleta se encuentra en esta situación, mientras los que cuentan con estudios de nivel medio superior y superior es de solo 44.2 por ciento.

La vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo: la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario mínimo es de 18.2 por ciento; uno de cada tres (33.5 por ciento) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de cada seis (16.4 por ciento) no reciben remuneración. En suma, estás tres categorías representan 68.1 por ciento de la población joven que se ocupa de manera informal.

Al problema de los bajos ingresos que se obtienen cuando se labora en el sector informal de la economía se suma el hecho de que dichos trabajadores no se encuentran amparados por ningún esquema de seguridad social que brinde a sus familias certidumbre frente a los eventos catastróficos en materia de salud, lo cual es particularmente grave pues la tasa de fecundidad más alta en el país corresponde a las mujeres de entre 20 y 24 años, muchas de las cuales, carecen de empleo, están subocupadas o laboran en el sector informal de la economía, además de que en muchas ocasiones son madres solteras.

La situación descrita exige la implementación de una política pública encaminada a abatir la tasa de desempleo entre los jóvenes mexicanos, al mismo tiempo que reduzca la subocupación y favorezca la inserción de los mismos en el sector formal de la economía, el cual ofrece mejores oportunidades tanto para el desarrollo de sus capacidades como para la construcción de un futuro más próspero.

Por lo anteriormente expuesto, las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único.Se reforma el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean ,a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los jóvenes que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida.

Los patrones que empleen jóvenes o que los prefieran en igualdad de circunstancias con respecto a otros trabajadores mexicanos, al momento de llevar a cabo la contratación otorgarán al empleado, y siempre que se acredite que es su primer empleo formal, un vale por el primer empleo, el cual será deducible de impuestos para el empleador considerándose como un incentivo fiscal para éste.

El monto de dicho vale ascenderá a 90 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Del mismo modo el empleador fomentará la capacitación continua y garantizará la equidad y respeto a los derechos laborales de los jóvenes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo.En un lapso no mayor 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá emitir los mecanismos de pago a los beneficiarios del vale por el primer empleo, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, definirá los mecanismos de aplicación para la deducibilidad de éste.

Tercero.Se considerará a jóvenes todas aquellas personas en edad laboral de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y hasta antes de haber cumplido 30 años.

Cuarto. Se abrogan, derogan y dejan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2015.— Diputados: Jesús Sesma Suárez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Remberto Estrada Barba, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda,  Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Álex Le Barón González, Lía Limón García, Juan Antonio Meléndez Ortega, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Quirino Ordaz Coppel, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Cirilo Vázquez Parissi, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Herrera Borunda. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

Queremos agradecer y destacar la presencia, en este salón de sesiones, de un grupo de niñas y niños de diferentes entidades del país que integran la orquesta y coro infantil del programa de apoyo a orquestas infantiles.

El día de hoy fueron invitados, y estuvieron presentes a su vez, en la ceremonia mensual de honores a la Bandera Nacional, que se celebró en la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida y les agradece su brillante participación en dicho acto cívico.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras legisladores, a partir de 1996 algunos programas sociales comenzaron a funcionar con reglas que establecían su mecanismo de operación y administración.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999 estableció, por primera vez, la obligación de las dependencias y entidades de elaborar reglas de operación para los programas sociales, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para el Ejercicio Fiscal del año 2000, en el decreto del Presupuesto ya se definen los programas sujetos a reglas de operación. Es en el año fiscal 2002 que se reguló la normatividad para que todos los programas federales contaran con dichas reglas.

Esas reglas de operación establecen los criterios generales y particulares para la operación de los programas gubernamentales.

Por ejemplo, los criterios de selección de la población objetivo, la forma y los tiempos de entrega de los apoyos, los montos de los mismos, los derechos y obligaciones de los beneficiarios.

Actualmente existen avances importantes en su aplicación. Muchos programas funcionan de manera ineficiente, inequitativa y poco transparente. Al respecto, aún falta mucho por hacer.

Como sabemos, corresponde al Ejecutivo federal la atribución exclusiva de diseñar y promulgar las reglas de operación de los programas gubernamentales, tal y como se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Planeación y en lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por su parte, la definición de los programas sujetos a reglas de operación es atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el caso que nos ocupa, debemos recordar que la Ley General de Desarrollo Social tiene como parte de sus objetivos, garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; así como regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas de desarrollo social.

La finalidad de la presente iniciativa es adicionar un párrafo a dicha ley, con el fin de incluir lineamientos generales y criterios a las reglas de operación, que garanticen la transparencia en la aplicación de los recursos y la simplificación de los trámites. Asimismo, para que se garantice que dichos programas no se utilicen con fines electorales, tal y como se ha realizado en los procesos electorales recientes o de promoción personal de los servidores públicos.

Busca regular y acotar los márgenes de discrecionalidad en la operación de los programas y los riesgos potenciales de manipulación político-electoral o de un uso distinto para el que fueron concebidos.

Con la adición de un segundo párrafo al mismo artículo 26, se establece una serie de criterios que el Ejecutivo federal deberá observar en la materia. Destaca el mandato de que las reglas deberán garantizar el no uso de los programas sociales para fines electorales o de promoción personal de los funcionarios. Es preciso aclarar que tal adición no duplica lo establecido en el artículo 28 de la ley. Este último artículo plantea que la publicidad e información relativa a los programas sociales debe incluir la leyenda: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La publicación de esa leyenda no es suficiente.

Asimismo se habla mucho del blindaje de los programas sociales, sin embargo es hablar de un tema que en nuestro país se maneja sin mucho éxito. Blindar los programas sociales no es dejar de salir al aire dos semanas antes de la elección o difundir los programas sociales. No existe un blindaje como tal y una de las formas de lograrlo sería eslabonar esta cadena y mitigar con ella su discrecionalidad.

En nuestra legislación se requiere instrumentar una serie de medidas adicionales al llamado blindaje de los programas sociales, permitir que en la ley se incluya una mayor definición en cuanto a las reglas de operación.

En México, el que los programas de desarrollo social no sean utilizados para fines distintos o ajenos de aquellos para los que fueron creados, es una práctica al que todavía no accedemos como país. De ahí nuestra propuesta para dotar de mecanismos útiles para vigilar que los recursos públicos se apliquen para el fin al que han sido destinados.

La instrumentación de una política permanente de protección de programas sociales debe, a la par de reducir las posibilidades de manipulación, generar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y responsabilidades frente al estado.

Blindar los programas sociales no es sólo un deber impuesto por la ley, es en el fondo un imperativo que deriva del deber moral de los gobiernos de igualar a los mexicanos en sus derechos y oportunidades.

Diputadas y diputados, en un contexto de profundas desigualdades sociales con millones de mexicanos en situación de pobreza como el que enfrenta México, la protección de los programas sociales se torna una prioridad de la agenda nacional.

Aún más. El hecho de que persistan prácticas de manipulación o condicionamiento en la entrega de apoyos sociales a población vulnerable, hace de la protección de sus derechos fundamentales una obligación irrenunciable del Estado mexicano y en general de la sociedad en su conjunto.

No hay una ofensa mayor a los ciudadanos ni contradicción ética más grave que los autores de las conductas corruptas sean los mismos que tienen la obligación de velar por el interés público y a la vigilancia del estado de derecho.

Por lo anterior expuesto, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo social para quedar como sigue

Artículo 26. El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales la distribución a los municipios de los recursos federales.

Las reglas de operación deberán garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, la simplificación de trámites y procedimientos y establecer mecanismos que garanticen que los programas de desarrollo social no serán usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Emiliano Álvarez López, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, en materia de reglas de operación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de 1996 algunos programas sociales comenzaron a funcionar con reglas que establecían su mecanismo de operación y administración. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 1999, significó un avance, ya que estableció, por primera vez, una serie de criterios que debían regir los subsidios federales, entre los que se encontraba la obligación de las dependencias y entidades de elaborar reglas de operación para los programas sociales que otorgaban los mencionados subsidios, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para el ejercicio fiscal de 2000, en el decreto del PEF, ya se definen los programas sujetos a reglas de operación. Es en el ejercicio fiscal de 2002 que se reguló la normatividad para que todos los programas federales contaran con dichas reglas.

Las reglas de operación son instrumentos jurídicos donde se establecen los criterios generales y particulares para la operación de los programas gubernamentales. Por ejemplo, los criterios de selección de la población objetivo, la forma y los tiempos de entrega de los apoyos, los montos de los apoyos, los derechos y obligaciones de los beneficiarios, y tienen como objetivo garantizar que dichos programas se apliquen de tal manera que permitan alcanzar los objetivos y las metas establecidas anualmente.

Antes de su operación, la mayoría de los programas provocaba discrecionalidad y poca transparencia en la aplicación de los recursos públicos, falta de coordinación entre dependencias gubernamentales y duplicidad en las acciones públicas.

Actualmente, aunque existen avances importantes, muchos programas funcionan de manera ineficiente, inequitativa y poco transparentes; al respecto, aún falta mucho por hacer.

Como sabemos, corresponde al Ejecutivo federal la atribución exclusiva de diseñar y promulgar las Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales, tal como se establece en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Planeación, y en lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por su parte, la definición de los programas sujetos a reglas de operación es atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien incluso puede establecer este requisito a otros programas que a su juicio tengan impacto social, a lo largo del ejercicio sin perjuicio de lo indicado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año de que se trate.

En términos generales, y de acuerdo al estudio Reglas de operación de los programas del gobierno federal: una revisión de su justificación y su diseño,elaborado por la Cámara de Diputados,las reglas de operación de un programa deben contener, como mínimo, los siguientes elementos:

a) Presentación y antecedentes

a) Objetivos

b) Lineamientos generales. Cobertura, población objetivo, características de los apoyos (tipo y monto), beneficiarios, criterios y procedimiento de selección, elegibilidad, requisitos, transparencia, derechos, obligaciones, sanciones (que de presentarse son causa de incumplimiento, retención, suspensión y, en su caso, reducción en la otorgación de recursos).

c) Lineamientos específicos.Coordinación institucional, instancias ejecutoras, instancia normativa, instancias de control y vigilancia.

d) Informes programático-presupuestarios.Avances físicos-financieros, cierre de ejercicio, recursos devengados.

e) Evaluación.Tanto interna como externa, indicadores de resultados y relación de las Reglas de Operación con la Matriz de Indicadores de Resultados.

f) Seguimiento, control y auditorías. Atribuciones, objetivo, resultados y seguimiento.

g) Quejas y denuncias. Mecanismos, instancias y canales.

h) Anexos.Formatos y modelos de convocatoria de solicitud, de cédula de registro de aspirantes, de convenio de coordinación, de informe financiero de fideicomisos y seguimiento de apoyos pagados.

Para el caso que nos ocupa, debemos recordar que la Ley General de Desarrollo Social tiene como parte de sus objetivos, garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social; así como, regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas de desarrollo social.

Hoy, dicha ley establece en su artículo 26 que “El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.” Esto, a todas luces resulta insuficiente.

La finalidad de la presente adición a dicha ley, es la de incluir dentro de este marco normativo lineamientos generales y criterios a reglas de operación, que garanticen la transparencia en la aplicación de los recursos y la simplificación de los trámites, que en la mayoría de las ocasiones resultan engorrosos para los beneficiarios; asimismo para que se garantice que dichos programas de desarrollo social no se utilicen con fines electorales, tal y como se ha denunciado en los procesos electorales recientes, o de promoción personal de los servidores públicos.

Busca regular y acotar los márgenes de discrecionalidad en la operación de los programas, y los riesgos potenciales de manipulación político-electoral o de un uso distinto para el que fueron concebidos los programas sociales.

Con la adición de un segundo párrafo al mismo artículo 26, se establece una serie de criterios que el Ejecutivo federal deberá observar en la materia. Destaca el mandato de que las reglas deberán garantizar el no uso de los programas sociales para fines electorales o de promoción personal de los funcionarios. Es preciso aclarar que tal adición no duplica lo establecido en el artículo 28 de la ley. Este último artículo plantea que la publicidad e información relativa a los programas sociales debe incluir la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. La publicación de esa leyenda representa un mecanismo importante para evitar el uso electoral de los programas sociales, pero no es suficiente.

Aunado a lo anterior, se han implementado acciones para inhibir y combatir la corrupción y el uso político de los programas, se han diseñado y desarrollado diversas acciones con pocos resultados. Éstas se conocen en México con diferentes nombres: contraloría social, monitoreo ciudadano, blindaje electoral, auditoría social o atención ciudadana.

Se habla mucho del blindaje de los programas sociales, sin embargo, es hablar de un tema que en nuestro país se maneja sin mucho éxito. Blindar los programas sociales no es dejar de salir al aire dos semanas antes de la elección o difundir los programas sociales. No existe un blindaje como tal en los programas sociales de nuestro país, y una de las formas de lograrlo sería eslabonar esta cadena y mitigar con ella la discrecionalidad de los programas sociales.

En nuestra legislación se requiere instrumentar una serie de medidas adicionales al llamado blindaje de los programas sociales, permitir que en la ley se incluya una mayor definición en cuanto a las reglas de operación.

En México, el que los programas de desarrollo social no sean utilizados para fines distintos o ajenos de aquellos para los que fueron creados, es un ideal al que todavía no accedemos como país. De ahí nuestra propuesta para dotar de mecanismos útiles para vigilar que los recursos públicos se apliquen para el fin al que han sido destinados.

La instrumentación de una política permanente de protección de programas sociales debe, a la par de reducir las posibilidades de manipulación, generar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y responsabilidades frente al estado.

Blindar los programas sociales no es sólo un deber impuesto por la ley. Es, en el fondo, un imperativo que deriva del deber moral de los gobiernos de igualar a los mexicanos en sus derechos y oportunidades.

En un contexto de profundas desigualdades sociales, con amplias capas de la población en situación de pobreza, como el que enfrenta México, la protección de los programas sociales se torna una prioridad de la agenda nacional. Aún más, el hecho de que persistan prácticas de manipulación o condicionamiento en la entrega de apoyos sociales a población vulnerable hace de la protección de sus derechos fundamentales una obligación irrenunciable del Estado mexicano y, en general, de la sociedad en su conjunto.

No hay ofensa mayor a los ciudadanos, ni contradicción ética más grave, que los autores de las conductas corruptas sean los mismos que tienen la obligación de velar por el interés público y la vigencia del estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 26. El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.

Las reglas de operación deberán garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, la simplificación de trámites y procedimientos, y establecer mecanismos que garanticen que los programas de desarrollo social no serán usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Blindaje social y derechos sociales, Memorias. PNUD-CESOP, en página electrónica file:///C:/Users/Javier.Alvarez/Downloads/Blindaje%20electoral%20y%20derechos%2 0sociales%20(PNUD).pdf

2. Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2015.— Diputado Jesús Emiliano Álvarez López(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez López. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En la actualidad el creciente envejecimiento poblacional, registrado en todo el mundo, ha generado preocupación y exige el impulso de retos sociales y económicos cada vez más fortalecidos, con la participación de las familias, sociedades, así como de los gobiernos y el sector privado a fin de afrontar este complejo fenómeno.

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo el 11 por ciento de la población está integrada por personas mayores a 60 años, porcentaje que al 2014 representa un total de 700 millones y que tendrá un crecimiento –para el 2050– de un 22 por ciento, para colocarse en 2 mil millones de personas adultas.

Por su parte en México información de INEGI estima que viven alrededor de 11.7 millones de personas mayores a 60 años, que representan el 9.7 por ciento de la población total con padecimientos frecuentes como: diabetes, enfermedades del corazón, respiratorias, del hígado e hipertensivas, que de acuerdo con el Conapo el 82 por ciento de este grupo viven en situación de pobreza, con un registro –al 2014– del 37.4 por ciento en pobreza moderada, y el 8.5 por ciento en pobreza extrema.

Evidentemente que nuestro país ha generado avances legislativos e institucionales a favor de este importante sector. No obstante a ello es necesario seguir construyendo un andamiaje legal adecuado para enfrentar los múltiples agravios que hoy impiden a nuestros adultos mayores ejercer sus derechos con plenitud.

Uno de los problemas de prioridad es –sin duda– la falta de seguridad social, que de acuerdo con el INEGI sólo el 25 por ciento de esta población percibe una pensión, mientras que el resto sufren carencias, obstáculos y una gran dependencia económica para satisfacer sus necesidades básicas. Dependencia que por la ausencia de recursos económicos, padecimientos, discapacidades, así como cuidados especiales, generan un desgaste a la estructura familiar, particularmente de la población de mayor pobreza donde la situación económica impide la contratación de servicios de asistencias privada por sus elevados costos que suelen superar los 10 mil pesos mensuales.

Lo anterior ha constituido una carga económica que está orillando a generar mayores descuidos, indiferencias, y por si fuera poco, ha propiciado el abandono y la indigencia de las personas mayores.

Luego entonces resulta necesario la intervención del Legislativo a fin de buscar soluciones apropiadas a esta problemática. Para lograrlo, proponemos modificar los artículos 10, 14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de consolidar las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a fin de promover e impulsar la creación de albergues y residencias de día necesarias para garantizar la cobertura y asistencia integral de las personas mayores en situación de riesgo económico o desamparo.

Compañeras y compañeros legisladores: ante el envejecimiento acelerado que experimenta nuestro país, es nuestra obligación impulsar mejores políticas públicas a favor de este importante sector vulnerable; de lo contrario, no nos quejemos el día de mañana, cuando a la edad nos alcance y experimentemos en carne propia lo que hoy sufren nuestros adultos mayores. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 10, 14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6o., fracción I del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con base en los siguientes

Antecedentes

El envejecimiento de la población debe concebirse como un éxito en la historia de la humanidad, evidentemente que la gente en todo el mundo vive más debido a los avances científicos y tecnológicos. No obstante a ello, el creciente envejecimiento poblacional ha generado preocupación y por supuesto el impulso de retos sociales y económicos conjuntamente con políticas públicas adecuadas que exigen cada vez más la intervención de las personas, las familias, la sociedad y por supuesto, de las instituciones de gobierno y sector privado a fin de afrontar este complejo fenómeno poblacional.

Datos de la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo el 11% de la población está integrada por personas mayores a 60 años, porcentaje que representa un total de 700 millones de personas al 2014 y que tendrá un crecimiento para el 2050 de un 22% para colocarse en 2000 millones de personas adultas para mitad del siglo. Por tal motivo, resulta necesario prestar cada vez más una mayor atención a los problemas y limitaciones particulares que aquejan a este importante sector mundial principalmente en materia de cuidado, de salud, educación, pensiones, maltrato y trabajo, por la gran persistencia, el incremento y la diversificación que ha alcanzado en los últimos años.

En efecto el creciente envejecimiento poblacional también está presente en nuestro país, de acuerdo con información aportada por el INEGI en 2014 se estima que viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más que representan el 9.7% de la población total cuyos padecimientos frecuentes destacan diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, enfermedades del hígado e hipertensivas, y que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población el 82% comprendido en este grupo viven algún grado de pobreza principalmente monetaria o alimenticia.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha confirmado las múltiples dificultades que enfrentan las personas de este importante grupo vulnerable, al establecer que sólo 2 de cada 10 adultos mayores, pueden solventar sus gastos, mientras que el 8 restante viven en situación de pobreza de los cuales se tiene un registro en el 2014 que el 37.4% están en situación de pobreza moderada, 8.5% viven en pobreza extrema, 26.0% es vulnerable por carencias sociales y el 7.7% por ingresos.

Recientemente Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, calificó como un problema crítico de pobreza el que enfrentan las personas mayores de 64 años de edad en el país, donde dos de tres personas de ese universo aseguró no cuentan con ahorros suficientes para llegar a una jubilación digna.

En el mismo sentido, la Directora General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) Aracely Escalante Jasso resaltó que la pobreza, la discriminación y el maltrato son los principales problemas que enfrentan las personas de la tercera edad del país, ante tales circunstancias la titular de dicho instituto ha considerado necesario seguir trabajando conjuntamente con las familias, las autoridades y la sociedad en la generación de políticas públicas para garantizar la protección integral de la población adulta en el marco del respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Evidentemente que la problemática que enfrenta la población adulta es preocupante, no obstante a ello, es de reconocer los importantes avances logrados en la materia por el Estado Mexicano, mismos que están plasmados en la ley fundamental específicamente en el artículo 1° Constitucional, que alcanzó gran fortalecimiento con la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos.

Logros que no serían una realidad, si no gracias al apoyo fundamental de diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, principalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, entre otros, cuyos contenidos contemplan una normatividad extensa e integral encaminada a combatir el maltrato y la discriminación contra las personas adultas mayores y para garantizar la promoción, la protección y el aseguramiento del pleno ejercicio de los derechos humanos a la salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda, seguridad social principalmente en el marco de la dignidad humana.

Sin lugar a duda, el derecho internacional ha constituido la principal herramienta para que México continúe avanzando en la construcción de un sólido andamiaje legal a favor de las personas mayores, que actualmente nos permiten contar con diversas normas enfocadas a garantizar la protección de sus derechos, principalmente de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley Federa para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley de Asistencia Social, al que por supuesto, sumamos los múltiples avances legislativos e institucionales experimentados por los diferentes órdenes de gobierno que en los últimos años vienen sirviendo de gran apoyo a las personas adultas mayores, entre ellos principalmente la loable labor del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), con la misión primordial de promover en todo momento el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindando atención integral para alcanzar niveles de bienestar y alcanzar una mejor calidad de vida en el marco de una sociedad incluyente, actualmente con presencia e infraestructura en las 32 entidades del país.

Otro avance significativo es el programa de Pensiones para Adultos Mayores de reciente creación e impulsado por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, con una creciente cobertura nacional que apoya económicamente con 1,160 pesos bimestrales a las personas mayores de 65 años en adelante, programa que hasta este mes de agosto del 2015 ha beneficiado a más de cinco millones de adultos mexicanos.

En el mismo sentido, destacamos la Minuta a la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de Pensión Universal para garantizar la vejez digna a las personas adultas mayores, la cual ya fue avalada por la Cámara de Diputados el año pasado y que se espera en los próximos meses también alcance el respaldo de la Cámara de Senadores donde se analizada.

A estas acciones también sumamos la loable labor de los Comedores Comunitarios que actualmente brindan alimentación diaria a 60 mil adultos mayores y del programa Prospera con apoyos alimentarios, en salud y apoyos económicos a este sector vulnerable.

No obstante a ello, estamos conscientes de las dificultades que continúa agraviando los derechos humanos de las personas adultas mayores cuyas cifras confirman, por tal motivo es urgente impulsar nuevas políticas públicas que coadyuven a enfrentar el enorme reto que ya está presente y que en un tiempo no lejano se incrementará en nuestro país, como consecuencia del envejecimiento poblacional.

Uno de los problemas que debemos dar mayor prioridad, es sin duda la falta de seguridad social, de acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país sólo el 25% de la población adulta mayor cuenta con seguridad social que les permite percibir una pensión, mientras que el 75% que no cuentan con dicho respaldo, son los que por un lado sufren con frecuencia carencias, obstáculos y una gran dependencia económica de sus hijos para solventar sus principales necesidades básicas, y por otro lado, son objeto del maltrato y abandono.

Regularmente cuando un adulto mayor está bien suele vivir solo o en pareja. Sin embargo, cuando se encuentra enfermo, es muy grande de edad, viudo o carece de vivienda, suele vivir y generar dependencia de un hijo, o un familiar.

Dependencia, que por la ausencia de recursos económicos, por las patologías crónicas de sus padecimientos, discapacidades, así como los cuidados especiales que requiere este sector vulnerable, generan gran complicación y un enorme desgaste a los hijos y a la estructura familiar, particularmente de aquellas con mayores grados de pobreza, que por lo regular no pueden brindar la atención y los cuidados adecuados que requieren durante las 24 horas del día a sus adultos mayores, debido que la mayoría de los miembros tienen a emplearse o trabajar para el sostenimiento de sus hogares.

Evidentemente que a este sector, la situación económica no ayuda mucho para contratar una enfermera, ni tampoco para pagar guarderías de ancianos, casas asilos, o casas de descanso por los elevados costos de atención que van desde los 5 hasta superar 10 mil pesos mensuales y reitero, no todas la familias pueden, ni tienen la condición de poder solventar. Constituyendo entonces, una gran carga económica que lamentablemente ha orillado a generar descuidos, indiferencia y por si fuera poco ha propiciado el abandono y la indigencia de las personas mayores.

Como es sabido y a fin de contrarrestar a esta problemática el INAPAM ha puesto en marcha diversos mecanismos y acciones entre ellas, modalidades de espacio encaminados a proporcionar asistencia a las personas adultas mayores, de las cuales es de destacar la importante labor que realizan actualmente los llamados albergues y residencias diurnas, donde se brinda asistencia integral a los adultos mayores que no cuentan con apoyo familiar o recursos económicos que les permitan cubrir sus necesidades básicas y ser independientes, espacios en los que además se da la posibilidad a los adultos mayores para alojarse temporal o permanentemente según sus propias necesidades.

Sin lugar a duda que este modelo de atención ha constituido una oportunidad para las familias al permitir desempeñar sus diferentes actividades cotidianas y laborales con tranquilidad de saber que sus adultos quedan en buenos cuidados de personal capacitado en geriatría y voluntariado que dona su trabajo para apoyar con alimentos, atención médica, así como para realizar actividades recreativas, lúdicas, productivas y de convivencia, que además de influir favorablemente a sentirse útiles en esta etapa de vida, permiten fortalecer la relación entre adultos mayores y sus familias, representando una gran opción para evitar su abandono, exclusión, maltrato y discriminación.

Es de aplaudirse la labor que ha llevado el INAPAM a través de estos modelos de atención que hoy en día representan una alternativa urgente de fortalecer para salvaguardar los derechos de nuestras personas mayores, por ello, es que los gobiernos federales, estatales y locales, así como los sectores social y privado participen con mayor compromiso en estas acciones a fin de ampliar su cobertura, infraestructura y operación económica en todos los rincones de los municipios del país donde las personas mayores y sus propias familias nos han demandado la oportunidad de tener más centros de asistencia integral para sus municipios, colonias y comunidades.

Luego entonces resulta necesario la intervención del Legislativo para garantizar en la ley una regulación que contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores del país, para lograrlo es urgente proponer a esta H. Cámara de Diputados modificar los artículos 10, 14 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objetivo fundamental de fortalecer las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) como instancia rectora de la política nacional de los adultos mayores a fin de promover y fomentar en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y autoridades del Distrito Federal así como con las instituciones de los sectores social y privado, la creación de albergues y residencias de día necesarias para garantizar la cobertura y asistencia integral de las personas mayores en situación de riesgo económico o desamparo.

Compañeras y compañeros legisladores, ante el envejecimiento acelerado que experimenta nuestro país, es nuestra obligación impulsar mejores políticas públicas encaminadas a favorecer a este importante sector de la población, de lo contrario, no nos quejemos el día de mañana cuando la edad nos alcance y experimentemos en carne propia lo que hoy sufren nuestros adultos mayores.

Por lo anteriormente expuesto presento a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción XXI al artículo 10, fracción III al artículo 14 y fracción XI, recorriéndose las subsecuentes fracciones, al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Único: Se adicionan la fracción XXI al artículo 10, fracción III al artículo 14 y fracción XI recorriéndose las subsecuentes fracciones al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. al XX.

XXI Propiciar y fomentar programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para las personas adultas mayores.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. al II.

III. Promover y fomentar la creación de albergues y residencias de día en las entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. al X.

XI Fomentar en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y autoridades del Distrito Federal, así como con las instituciones de los sectores social y privado, la creación de albergues y residencias de día que garanticen la asistencia integral de las personas adultas.

XII. al XXXI.

Transitorios

Primero:El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo:El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, será la instancia encargada de establecer los criterios y mecanismos para el cumplimiento del presente decreto .

Tercero:La Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades constitucionales asignará los recursos necesarios para la aplicación del presente decreto.

Notas:

1 http://www.who.int/features/factfiles/ageing/ageing_facts/es/

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf

3 http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_ 2014.aspx

4 http://www.jornada.unam.mx/2015/05/07/economia/026n1eco

5 http://www.juridicas.unam.mx/ publica/librev/rev/dconstla/ cont/2012/pr/pr10.pdf

6 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html

7 http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Pension_para_adultos_ mayores

8 http://www.inapam.gob.mx/en/INAPAM/Albergues_y_Residencias_Diurnas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2015.— Diputados: Ruth Noemí Tiscareño Agoitia,Delia Guerrero Coronado, Fabiola Guerrero Aguilar, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Edith Anabel Alvarado Varela, Jasmine María Bugarin Rodríguez Erika Lorena Arroyo Bello (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Tiscareño. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Guadalupe González Suástegui, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La diputada Guadalupe González Suástegui: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: la iniciativa que hoy se presenta duele no sólo a los mexicanos, sino a todas y cada una de las instituciones del Estado. Es un reconocimiento a las víctimas del delito de desaparición forzada y un recordatorio para que estos hechos delictivos no se repitan jamás.

Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Eso, señoras diputadas y señores diputados, es lo que está pasando en México y nosotros, legisladores, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para legislar en su prevención y sanción, pero sobre todo para reconocer a las víctimas que lo han padecido y que en al menos en 43 casos lo están padeciendo.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos. Hoy nada se sabe de ellos.

Se sabe por las investigaciones realizadas por las procuradurías de Guerrero, y General de la República, que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes.

Afortunadamente para algunos Abarca y de más implicados en la desaparición de los normalistas están en prisión. Sin embargo, a casi un año de la desaparición forzada nada se sabe de ellos.

El clamor ha tenido diferentes tonos, desde la violencia, la indignación y la desesperación, donde 25 mil personas en su mayoría vestidas de blanco marcharon por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida.

El 7 de noviembre de 2014 el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmaba como verdad legal e histórica el homicidio de 43 normalistas de la rural de Ayotzinapa, aduciendo que fueron asesinados y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

El reporte de la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa después del fallido intento de encontrar ADN mitocondrial del basurero de Cocula, de fecha 27 de enero de 2015, señaló que los 43 estudiantes se encontraban oficialmente muertos. Hoy día sabemos por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los 43 normalistas no fueron calcinados como afirmaba la Procuraduría, sembrando incertidumbre de nueva cuenta sobre su paradero.

En su momento la Procuraduría deberá rendir cuentas y dar respuesta contundente sobre uno de los varios casos de desaparición forzada en México. Mientras sigan sin aparecer, mientras sigamos sin conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el caso de la desaparición de los 43 jóvenes seguirá siendo una herida abierta para México.

En este contexto, el Partido Acción Nacional está comprometido no sólo en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014, sino está comprometido con la erradicación total de la desaparición forzada en México.

En este contexto, la iniciativa plantea reformar el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para declarar el 26 de septiembre como el día nacional de condena a la desaparición forzada de personas.

Por lo anterior, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es indispensable que se reconozca a las víctimas del delito de desaparición forzada en México, y que este tipo de hechos delictivos nunca vuelva a concurrir en la sociedad mexicana.

Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Nunca más una desaparición forzada en México. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete por conducto del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para declarar el 26 de septiembre como Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

El pasado 26 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, bajo órdenes del alcalde de Iguala José Luis Abarca; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”. A partir de ese momento, nada se sabe de los normalistas.

El 7 de noviembre de 2014, el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam afirmaba como verdad legal e histórica el homicidio de 43 normalistas de la rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, aduciendo que fueron asesinados y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Bajo toda falta de credibilidad y descontento social, después de la versión oficial de un cansado Procurador las líneas de investigación se cerraron y el caso se fue a la línea del olvido por parte del Ejecutivo Federal.

El pasado 6 de septiembre de 2015, México volvió a caer en la indignación, pasando por el enojo, la frustración y la desesperanza. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó ese domingo su informe “Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones”, en el que señala que los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. Esta aseveración pone en evidencia el ocultamiento de información o negligencia del entonces Procurador General de la República y en su caso del Ejecutivo Federal para dar respuestas contundentes sobre uno de los tantos casos más de desapariciones forzadas en México.

Argumentos

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Acorde a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que: “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”

La cronología de los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre de 2014, anuncian un cúmulo de irregularidades y evidencian un caso más de desaparición forzada de personas por parte del estado mexicano.

El 26 de septiembre de 2014, seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos. Así el 28 de septiembre de ese año, la Procuraduría de Guerrero arrestó a 22 policías de Iguala por su “presunta responsabilidad” en los ataques. El 30 de septiembre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llamó al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a demostrar que no tenía nada que ver con los hechos. El político pidió licencia por 30 días y se fugó.

El 3 de octubre del mismo año, la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas condenó “enérgicamente” los hechos de Iguala, que consideró de “extrema gravedad” y “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.

Así ante la imposibilidad y negligencia de las autoridades, el 4 de octubre de 2014, la Procuraduría General de la República asumió la investigación sobre la desaparición de los jóvenes. Dependencia que el 22 de octubre del mismo año, afirmó que el alcalde prófugo de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes, mientras que 25 mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, marcharon por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida.

El pasado 4 de noviembre de 2014, Abarca y su esposa fueron detenidos en el Distrito Federal, y el 5 de noviembre ambos fueron recluidos en una prisión federal en el Estado de México por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado. Así el 15 de noviembre de 2014, se decretó formal prisión contra José Luis Abarca por delincuencia organizada y homicidio.

Derivado de la solicitud de la PGR para enviar las muestras calcinadas para su estudio de ADN, el 20 de enero de 2015 se esfumó la identificación de normalistas, ya que según los forenses de Austria el ADN proporcionado por la Procuraduría General de la República es irreconocible.

El reporte de la PGR sobre el caso Ayotzinapa de fecha 27 de enero de 2015 señaló que los 43 estudiantes se encontraban oficialmente muertos.

El 1 de marzo de este año arribó a la Ciudad de México el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para comenzar su estudio sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mismos que el pasado 6 de septiembre de 2015, desmienten la verdad histórica y legal dada a conocer por el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam.

Es así como uno de los hechos más emblemáticos y lamentables de desaparición Forzada de Personas ataca a nuestra sociedad, por lo que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados comparte el dolor de los padres de familia de los 43 normalistas, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Mientras sigan sin aparecer, mientras sigamos sin conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el caso de la desaparición de los 43 jóvenes seguirá siendo una herida abierta para México.

Por otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU examinó el informe del Estado mexicano en materia de desaparición forzada de personas. El Comité señaló en su momento que ese caso ilustra “los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas, así como en la búsqueda de personas desaparecidas”.

Asimismo, el Comité reconoció un contexto generalizado de desapariciones en gran parte del territorio nacional, muchas de las cuales pueden considerarse como desaparición forzada. Además el Comité expresó su preocupación por la falta de claridad de cifras estadísticas de personas desaparecidas ya que en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no distingue entre una persona extraviada, desaparecida, desaparecida probablemente por grupos delincuenciales o sometida a desaparición forzada.

En este contexto, el Partido Acción Nacional está comprometido no sólo en esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014, sino está comprometido con la erradicación total de la desaparición forzada en México. Este hecho es uno de los más aberrantes, ya que es el estado mismo quien perpetra por sí o por interpósita persona este delito que no debe tener cabida en la sociedad mexicana.

Hoy más que nunca, al saber el engaño del cual fuimos objeto y que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer,  nos solidarizamos con los padres de familia y con la sociedad mexicana para que estos hechos no ocurran de nuevo y que esté en la conciencia de la nación que es un hecho que no debe ni puede ocurrir en un estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fecha 26 de septiembre como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) ...

...

b) A media asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

14 de febrero:

Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero en 1831.

22 de febrero:

Aniversario de la muerte de Francisco I. Madero en 1913.

28 de febrero:

Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc en 1525.

10 de abril:

Aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en 1919.

21 de abril:

Aniversario de la gesta heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz.

2 de mayo:

Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201 en 1945.

21 de mayo:

Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza en 1920.

17 de julio:

Aniversario de la muerte del General Álvaro Obregón en 1928.

18 de julio:

Aniversario de la muerte de Benito Juárez en 1872.

30 de julio:

Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla en 1811.

12 de septiembre:

Conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio en 1847.

13 de septiembre:

Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, en 1847.

26 de septiembre:

Como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas.

2 de octubre:

Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968.

7 de octubre:

Conmemoración del sacrificio del senador Belisario Domínguez, en 1913.

22 de diciembre:

Aniversario de la muerte de José María Morelos en 1815.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Organización de las Naciones Unidas, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Firmado por México el 6 feb 2007 y aprobado por el Senado el 13 nov 2007. Consultado en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

2 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.

3 Cfr. Chávez, Lucía, La desaparición forzada de personas es una práctica generalizada en México. Consultado en http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2015/02/23/l a-desaparicion-forzada-de-personas-una-practica-generalizada-en-mexico/

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de Unión. Recinto Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2015.— Diputados: Federico Döring Casar,Guadalupe González Suástegui(rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, licenciada Suástegui, González Suástegui. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Miguel Ángel Yunes. Diputado, ¿Con qué objeto?

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares(desde la curul): Gracias, señor presidente, para hacer una propuesta.

Señor presidente, en virtud de que estamos muy cerca de una fecha emblemática y que ha quedado para siempre registrada en la historia de nuestro país, quiero proponer a este pleno que esta iniciativa no sea turnada a comisiones, sino que la resuelva en esta misma sesión el pleno.

El día 26 de septiembre no estarán integradas aún las comisiones y no daría tiempo para que esto se procesara de manera adecuada. Considerarla de urgente u obvia resolución tiene fundamento en nuestro Reglamento y en nuestra Ley, concretamente en el artículo 82, fracción I. Pero también encuentra sustento en un principio general de derecho: quien puede lo más, puede lo menos. Si este pleno tiene la facultad de nombrar las comisiones, puede también asumir las funciones de comisión, dictaminar en esta misma sesión esta iniciativa y proceder a aprobarla. Esa es concretamente la propuesta. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín. Sí, diputado, ¿Con qué objeto?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, señor presidente. Para fundamentar nuestra objeción a un trámite que sería absolutamente indebido, en caso de que la Mesa lo dictara, favoreciendo este oportunismo francamente insultante para estas víctimas. Pero le recuerdo a usted que el artículo 61 del Reglamento y el artículo 62, establecen claramente el trámite que debe sufrir cada iniciativa. Debieron registrarse en el orden del día, distinguirse como asunto a discusión y además debieron haber sido tramitados con ese propósito.

Que no vengan ahora las ocurrencias y los oportunismos a faltar al Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Daniel Ordóñez.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández(desde la curul): Gracias. Insultante es lo que acabamos de saber el pasado domingo, insultante es que el Estado siga mintiendo, insultante es que quieran verle la cara a los mexicanos, eso es insultante. No es insultante un trámite como el que se pretende dar a esta iniciativa.

De igual manera y sustentando lo que el diputado Yunes plantea, el artículo 82, en su párrafo segundo, fracción I, se refiere a que un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno, sin que se presente el dictamen de comisión respectivo cuando –fracción I– se tramite de urgente u obvia resolución.

Están pidiendo el trámite de urgente u obvia. Entonces, yo considero que este pleno, además, de igual manera respaldando esta tesis, que es una tesis de siempre, que el pleno es soberano, es una instancia soberana, podemos resolver.

Por supuesto que podemos resolver, porque hay una fecha perentoria que es el día 26 y para entonces ahí no estarán constituidas las comisiones. Respaldamos rotundamente, nuestra fracción parlamentaria, la iniciativa de la propuesta y que se dictamine en este momento. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  De nueva cuenta sonido en la curul del diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Señor presidente, le solicito a usted, por favor, dé lectura al inciso cuarto del artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Pido a la Secretaría, dé lectura al artículo solicitado por el diputado Ramírez Marín, y al mismo tiempo solicitaría que ese 65 numeral 4, y al mismo tiempo que dé lectura a los artículos 59, 61 y 62 del Reglamento mismo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Como lo indica, diputado presidente. Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de urgente u obvia resolución, deberá señalarse expresamente al momento en que sea registrado ante la Junta, quien deberá circular entre los grupos el documento en archivo electrónico o impreso con el contenido de la propuesta. Los casos de excepción deberán ser acordados por la Junta. Es cuanto.

Artículo 59. 1. La Mesa Directiva integrará el proyecto de orden del día de las sesiones que dará a conocer al pleno con las propuestas que reciba oportunamente de la Junta, los dictámenes y resoluciones que le turnen las comisiones, así como los asuntos que reciba de la Cámara de Senadores, los otros dos Poderes de la Unión, los Poderes de los estados, las autoridades locales del Distrito Federal, los municipios y los organismos públicos o en su caso, de los particulares.

2. Cuando la Junta remita los asuntos a la Mesa Directiva, señalará los nombres de los diputados o diputadas que intervendrán en tribuna.

3. Tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional, legal o reglamentario, requieran discusión y votación inmediata en el pleno.

Artículos 61. 1. En la publicación del orden del día se deberán distinguir los asuntos que requieran discusión y votación, de aquellos que sean de carácter informativo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El 62, numeral 2.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Artículo 62 en su numeral 2. El orden del día de las sesiones contendrá, en el orden acordado por la Mesa Directiva, los apartados siguientes:

Lectura del orden del día. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Comunicaciones oficiales, solicitudes de licencia y toma de protesta de diputados y diputadas.

Minutas. Iniciativa de ley o de decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal de las legislaturas de los estados y de los senadores.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara.

Declaratorias de publicidad de los dictámenes.

Declaratorias de publicidad de iniciativas, minutas con vencimiento de plazos.

Dictámenes a discusión, iniciativas y minutas con vencimiento de plazo a discusión.

Agenda política.

Iniciativas de diputadas y diputados a nombre de grupo.

Proposiciones calificadas por el pleno de urente u obvia resolución.

Proposiciones a nombre de grupo.

Proposiciones de las diputadas y de los diputados.

Peticiones de particulares.

Efemérides.

Clausura y cita.

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. A ver, sonido en la curul del diputado Federico Döring.

El diputado Federico Döring Casar(desde la curul): Gracias, presidente. Con su venia. Los artículos que ha citado el diputado Ramírez Marín se circunscriben a cómo es que se integra el orden del día.

El orden del día no es una herramienta jurídica inamovible. Si ese fuese el caso, en ninguna sesión, durante su transcurso, los coordinadores de los grupos parlamentarios podrían decidir la modificación del orden del día, como podría ser a la luz, de adelantar un punto de acuerdo o adelantar una iniciativa en el orden del día por alguna consideración de acuerdo de los coordinadores. No es un bien jurídico rígido. Primer argumento.

Segundo. Nosotros conocemos un precedente de la Legislatura anterior, donde un legislador de Acción Nacional, el diputado Juan Bueno Torio, también diputado por Veracruz, sostuvo la misma interpretación del 82, fracción I del Reglamento y la Mesa Directiva le obsequió que el pleno, y no un diputado en lo individual, decidiera cuál era la interpretación a aplicar.

Yo lo único que le pido a usted es que le dé a este pleno el respeto que le dieron las mesas directivas anteriores y que se someta a votación, si el pleno respalda la interpretación jurídica del diputado Miguel Ángel Yunes y el diputado Daniel Ordoñez, o si el pleno comparte la interpretación jurídica del diputado Ramírez Marín, nosotros sí queremos que se discuta y que se fije postura política, porque más allá de la propuesta y sus méritos, nos parece que no puede pasar el día 26 de septiembre inadvertido, sin que este Congreso haya hecho un manifiesto político y haya fijado postura por mayoría o por unanimidad, respecto de los condenables hechos que sucedieron hace casi ya un año en Ayotzinapa.

El diputado Omar Ortega Álvarez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sonido en la curul del diputado Omar Ortega.

El diputado Omar Ortega Álvarez(desde la curul): Con su venia, señor presidente. La adherencia de la solicitud que hace el compañero diputado Döring. Por supuesto que esta Cámara de Diputados es la máxima autoridad para determinar el contenido que se va a discutir y los asuntos que versan sobre el mismo. Creo que es fundamental que mandemos un referente y hagamos un precedente de manera evidente. La Junta de Coordinación Política hace el orden del día y lo pone a consideración del pleno, pero es éste, el pleno, el que determina el sentido y alcance de las resoluciones que en el mismo se contiene.

En ese orden de ideas, señor presidente, yo le pediría que ponga a consideración de este órgano supremo esa determinación, si se admite o no a su discusión el día de hoy.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sonido en la curul del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, señor presidente. Justamente lo que están diciendo es lo que sostenemos, se puede modificar el orden del día, sí, y el Reglamento establece cómo, con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, no con sorpresas y vivacidades que pretendan alterar los contenidos de la sesión que ya fueron aprobados al inicio de la misma, cuando votamos el orden del día.

O sea, no son ocurrencias, el orden del día es propuesto por la Junta, aprobado por la Mesa Directiva, publicado por la Mesa Directiva y aprobado por este pleno, al que justamente no le estamos restando autoridad sino al contrario, defendiéndola. El pleno ya votó un orden del día y ahora surge este interés de sacar provecho de un tema, cuando perfectamente podía ser turnado y tratado a la Junta de Coordinación Política, si al efecto lo que se quiere es efectivamente obtener un resultado legislativo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, sonido en su curul, por favor.

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): No hay mucho que discutir sobre el tema, el pleno es soberano, el pleno decide el contenido de su orden del día, debemos atender a un principio constitucional de máxima protección de derechos humanos. Es un tema importante; tan importante que el propio presidente accedió a reunirse con los padres de familia de las víctimas. Yo creo que no hay mucha discusión y este pleno debe decidir por votación este asunto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sonido en la curul del diputado Arturo Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul). Con su venia, presidente. Solamente recordarle al diputado Ramírez Marín que cualquier situación en el supuesto –sin conceder– de los argumentos que él está dando en esta intervención, suponiendo sin conceder que haya habido algún error de alguna comisión, de algún comité, incluso del órgano de la Junta de Coordinación Política, por jurisprudencia el pleno de la asamblea puede decidir si el asunto es de urgente u obvia resolución. Esto, complementando el artículo 82.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sonido en la curul del diputado Jesús Sesma Suárez.

El diputado Jesús Sesma Suárez(desde la curul): Gracias, presidente. Es muy curioso, Santana, Ordóñez, la manera tan diferente como se comportan aquí que lo que fue en la Asamblea Legislativa. Solamente como paréntesis.

Sin embargo, a petición de lo que estamos viviendo y del interés de todos en este tema, solicito a los coordinadores y a los grupos parlamentarios que el día de mañana en la Junta de Coordinación se trate este tema y se ponga de urgente y se ponga en el orden del día, porque el orden del día ya fue votado. Y si vamos a hacer un precedente, como dice Federico Döring de la Legislatura pasada, que no porque pasó haya sido correcto a esta Legislatura, no cometamos los mismos errores.

Yo le pediría a nuestro compañero Federico, si el diputado Bueno lo hizo y el presidente en turno de esa Legislatura le dio el aval de ponerlo a consideración, pues fue tema de otra Legislatura.

No cometamos los mismos errores que se hicieron en la Legislatura pasada. Hagamos lo conducente; respetemos el orden del día, respetemos los acuerdos de la Junta de Coordinación y por supuesto que estamos en el mejor interés de ponerlo.

Hay que ponerlo a consideración. Les pido a las fracciones parlamentarias que lo hagamos el día de mañana en la Junta de Coordinación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para hacer una propuesta concreta que concilie lo que estoy seguro es la voluntad de todos por remarcar el interés en este asunto.

Queremos proponerle al Grupo Parlamentario de Acción Nacional retire la propuesta de urgente u obvia resolución, el turno sea dado a la Junta de Coordinación Política, quien conocerá mañana mismo de este asunto, para integrarlo lo más pronto posible al orden del día, en el momento inmediato. Creo que procesalmente esto salva cualquier situación.

Reiteramos el interés de nuestro grupo parlamentario por participar en una decisión de esta naturaleza; no es una evasiva, sino al contrario, el interés de que sea un acuerdo y un consenso el que logre el objetivo propuesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Marko Cortés.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza(desde la curul): Gracias, presidente. Con el buen ánimo que está esperando México de nosotros, de los legisladores, y por la premura del tema y cuidando el procedimiento y en atención a la propuesta del grupo parlamentario del PRI, estaríamos de acuerdo, pero con una moción o con una rectificación: que esta Presidencia lo turne a la Junta de Coordinación Política para el análisis el día de mañana, pero para que este se agote y se trate en el pleno en la sesión del próximo jueves. Si es así, nos allanamos y estamos de acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entiende la Presidencia que la propuesta que hace el diputado Ramírez Marín va en el sentido de que se modifique el turno, que por cierto ya había dado la Presidencia a la iniciativa presentada, y que entonces sea turnada a la Junta de Coordinación Política para que el día de mañana en su sesión ordinaria la asuma con el carácter que se está señalando de urgente u obvia resolución; con el propósito mismo también, así lo entiende la Presidencia, de que en la siguiente sesión ordinaria de este pleno de la Cámara de Diputados sea abordado. Así es. Me está asintiendo que así es, la coordinación del PRI.

Entonces a juicio de la... A ver, sonido en la curul del diputado Omar Ortega.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): Solamente para manifestar –a través del Partido de la Revolución Democrática– este gesto que se tiene para iniciar estos procesos y sea el órgano, la Junta de Gobierno, la que determine en su momento darle trámite a este tema tan sentido, y reconocer de manera clara a esta plenaria estos temas que son de interés nacional y que haya la sensibilidad para atender en lo que corresponda.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Marko Cortés, sonido en su curul, por favor.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quisiera agradecer al Grupo Parlamentario del PRD, también al Grupo Parlamentario de Morena, por la solidaridad en este tema. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Todo mundo entendemos la importancia del asunto, lo delicado del mismo, y la seriedad, por lo tanto, con la que debemos abordar temas de estas características.

Yo al mismo tiempo celebro que estemos también, por supuesto, cuidado, la Presidencia tiene esa responsabilidad de que todos nuestros actos estén ceñidos justamente a la norma que nos rige.

Y por lo tanto, qué bueno que se ha coincidido en un trámite que puede ayudar a que estos trabajos de la Cámara se puedan desarrollar en un ambiente de civilidad democrática.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Quiere hacer uso de la palabra, diputado Ramírez Marín. Sonido allá, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Sí, señor presidente. Dada la adhesión que ha aceptado el Partido Acción Nacional y el agradecimiento que le ha dado a dos partidos, me es imprescindible reiterar que la postura del nuestro es exclusivamente en interés y seriedad del asunto, no dejar el menor resquicio de parezca una acción oportunista. Lo discutiremos con toda seriedad y, por supuesto, es un tema en el que estamos absolutamente solidarios. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. En consecuencia y de acuerdo con lo que se ha escuchado, se rectifica el trámite del turno obsequiado para la iniciativa en cuestión, y se envía a la Junta de Coordinación Política en los términos en los que ya habían anunciado esta Presidencia. Gracias.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Óscar Ferrer Ábalos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Óscar Ferrer Ábalos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿Sabían ustedes que los legisladores de este honorable Congreso conservan facultades que datan del siglo XIX? Algunas tan anacrónicas como aquella que nos otorga la fracción XVII del artículo 77 constitucional para dictar leyes sobre postas y correos. Es justo esa fracción XVII la que pretendemos reformar a partir de la presente iniciativa. En el mismo enunciado y bajo el mismo nivel jerárquico de las postas y correos se encuentra nuestra facultad para dictar leyes sobre aguas de jurisdicción federal.

Lo anterior se explica porque en aquella época los correos, la recaudación postal, los impuestos sobre la navegación de las aguas interiores, así como los actos de desecación de lagos y canales representaban un factor de desarrollo económico.

Hoy día, de entre todas estas facultades expresadas por la fracción XVII, sólo aquella orientada a dictar leyes sobre las aguas de jurisdicción federal sigue siendo importante y pertinente; y aun así esta facultad queda rebasada por la realidad y por otras disposiciones constitucionales, porque además de las aguas nacionales persiste la necesidad de legislar sobre las aguas de libre alumbramiento, sobre las aguas de lluvia que se aprovechan en forma directa, sobre las aguas residuales, sobre las aguas del mar desalinizadas, sobre afluentes de ríos y manantiales, sobre esteros, pantanos y humedales, máxime si el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional nos impone la obligación de establecer la concurrencia de estados y municipios, y la participación ciudadana orientada al acceso equitativo y al aprovechamiento sustentable del agua como base y requisito para garantizar el derecho humano al acceso y saneamiento del agua.

La reforma que consagró este derecho nos impuso también la obligación de expedir la Ley de Agua de carácter general, a través de un artículo Tercero Transitorio, que en la trayectoria moderna de nuestra Constitución se han promulgado 31 leyes de carácter general con temas de enorme importancia, como la salud, educación, cambio climático, población, erradicación de la violencia hacia las mujeres, trata de personas, protección civil, por citar algunas, además que los lineamientos a observar establecen un sistema de concurrencia y competencia para el ámbito local y federal.

En los casos que así se ameritaba estos cambios se acompañaron o fueron antecedidos por reformas al artículo 73, a fin de corresponderse con las facultades de los diputados y los senadores. Esto mismo debe suceder en el caso de discutirse una Ley General de Aguas, porque es claro que el Congreso no tiene facultad explícita de legislar y expedir leyes que establezcan la concurrencia y áreas de competencia de los estados, municipios, el Distrito Federal y las instancias de participación ciudadana en materia de agua.

En la pasada legislatura se presentaron tres iniciativas para expedir la Ley General de Aguas, una de ellas generó una enorme polémica y oposición por su contenido privatizador. El contenido sustancial de la misma se contraponía a lo establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución. Sin embargo, y con independencia de su contenido, cualquier iniciativa de haber sido dictaminada, aprobada y toda vez convertida en decreto, pudo haber sido fácilmente controvertida en la Suprema Corte de Justicia, justo porque los legisladores carecen de facultades explícitas para legislar en la materia.

En el PRD queremos ser muy enfáticos, por lo que reiteramos nuestra oposición a la privatización de este bien público que es el elemento fundamental y sustento vital, y en este postulado coincidimos con varios grupos parlamentarios. Pero no basta oponerse, tenemos también que generar un marco normativo para garantizar la realización efectiva del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, porque el sistema de concesiones amparado en la ley vigente sigue permitiendo la enorme contaminación y propiciando la sobreexplotación y concentración del recurso.

Tenemos que atender este gran pendiente legislativo, con una amplia discusión académica y ciudadana, legislando por el bien del conjunto de la nación y no tan solo por un grupo de intereses. Pero lo tenemos que hacer, sobre todo, con pleno apego a la legalidad, sin albazos ni atropellos al Reglamento de esta Cámara y, fundamentalmente, sin ningún vicio ni indicio de anticonstitucionalidad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La propuesta de reforma y adición que  se propone está orientadas a subsanar la inconsistencia de la norma constitucional derivada de la  reforma al artículo 4to párrafo 6to, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la que  estableció el “derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este ordenamiento dispone que “el Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. La  disposición constitucional contiene además un artículo tercero transitorio que mandata al Congreso de la Unión a emitir una Ley General de Aguas.

Lo anterior implica la obligación del Congreso para expedir una nueva Ley de carácter General en materia de Aguas y derogar la Ley de Aguas Nacionales vigente estableciendo la concurrencia y las competencias de los distintos órdenes de gobierno en la administración y gestión de las aguas para garantizar el derecho humano para su consumo de conformidad con el decreto expedido en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2011. Sin embargo y a pesar de dicho mandato, el Congreso no tiene la facultad explícita de legislar y expedir leyes que establezcan la concurrencia y áreas de competencia de los estados, los municipios y el Distrito Federal, en materia de aguas.

El texto constitucional vigente en forma incipiente establece la facultad del Congreso para “para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal”. Inclusive esta materia (aguas nacionales o de jurisdicción federal) esta subsumida a la que tiene el Congreso para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos establecida en la fracción XVII del Artículo 73.

En tiempos recientes en los que el Congreso ha expedido leyes de carácter general, es decir que deberán también ser observadas por los distintos órdenes de gobierno local federal estas leyes se han acompañado o han sido precedidas por reformas al artículo 73 de la Constitución a efecto de hacer explícita la facultad del Poder Legislativo de la Unión en materia.

Ante esta situación resulta del mayor apremio la adecuación de la norma constitucional, de no ser así quedara sin aplicación efectiva y solo en términos nominativos la reforma por la que se garantiza el derecho humano al agua.

La redacción de esta fracción XVII del artículo 73 Constitucional que se propone reformar ha permanecido intacta desde el primer proyecto que Venustiano Carranza redactó el 1ro. de diciembre de 1916 y que en sus términos fuera aprobada por el Congreso Constituyente en febrero de 1917. Lo anterior significa que en la llamada moderna trayectoria constitucional, las facultades del Congreso para legislar en materia de aguas no han experimentado cambio alguno, es decir, desde que el recurso agua estaba muy lejos de  considerarse un recurso finito y vulnerable  –como lo es ahora-  sino incluso como un bien de carácter público.

Aquel proyecto de Venustiano Carranza tomó como base las redacciones establecidas en la Fracción II del  Artículo 50 de la Constitución de 1824 y el Artículo 70 Fracción XXIII de la Constitución de 1842 cuya redacción no dista sustancialmente de la que se propone reformar y que al paso de casi 200 años resulta completamente anacrónica. Esta concepción decimonónica ubica al Estado mexicano no como factor  de promoción del desarrollo económico sino como eje de la acumulación originaria de capital. Las funciones de ese Estado en materia de aguas se circunscribían a autorizar la desecación de lagos y canales, a registrar las explotaciones de aguas correspondientes a los terrenos y a imponer impuestos sobre  la navegación en las aguas interiores.

A la luz de la crisis de disponibilidad de agua resulta  incomprensible la permanencia de un precepto constitucional decimonónico ajeno a todo criterio de sustentabilidad. A pesar de que la gestión responsable de este recurso obliga a la concurrencia de los tres órdenes de gobierno inexplicablemente  el Congreso mexicano carece de facultades  para legislar en esta materia.

La reforma constitucional por la que se garantiza el derecho humano al acceso y saneamiento de agua para uso personal y doméstico impone la obligación al Congreso mexicano para que en la legislación secundaria se establezcan las bases de una gestión sustentable de agua  y el acceso equitativo a este bien para que se garantice a toda persona el suministro y acceso sin restricción alguna  a una cantidad de agua suficiente para satisfacer sus necesidades elementales y por tanto  vitales de  consumo, higiene y preparación de alimentos estableciendo la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios. Por esta razón resulta del mayor apremio la adecuación de la norma constitucional relacionada con las facultades del Congreso.

Argumentos que la sustentan

En el dictamen por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. constitucional para establecer la obligación del Estado mexicano para garantizar el derecho al acceso al agua para consumo personal y doméstico así como su saneamiento mismo que se aprobó en la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2011. Se menciona que “los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo. Estos derechos deben estar garantizados por el Estado y entre ellos el derecho a acceder al agua” y que “el derecho a acceder al agua es indispensable para vivir dignamente y debe ser suficiente y adecuado. Ese derecho entraña tanto libertades como derechos. Las libertades comprenden el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como lo es el caso de sufrir despojos u obstrucciones al suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del agua”.

Al aprobarse por la Cámara de Diputados dicho dictamen pasó al Senado de la República como minuta misma que fue aprobada sin cambios el 29 de septiembre de 2011. El dictamen por el que se aprueba dicha minuta se afirma que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. También es condición indispensable para vivir dignamente y para la realización de otros derechos. En México se estima que el 21 por ciento de la población no tiene acceso a servicios adecuados de saneamiento y que el 7 por ciento de la población no tiene acceso al agua de forma regular.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU define el derecho al agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Este derecho entraña la libertad de mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, no sufrir cortes arbitrarios del suministro o el derecho a la no contaminación de los recursos hídricos. Se debe ser consciente que el modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

Al aprobarse por una mayoría simple del total de legislaturas estatales el  Poder Ejecutivo federal  la publicó y promulgó el 8 de febrero de 2012.

Fundamento legal

En ejercicio de la facultad concedida  por el  artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los artículos 76 numeral 1, fracción II, 78,  97 y 102 del mismo ordenamiento referente a las características y elementos para la presentación de iniciativas.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII y se adiciona una fracción XVII B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto normativo propuesto de proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción XVII y se adiciona una fracción XVII B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XVI. ...

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos.

XVII-B Para expedir leyes de carácter general  que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas y los municipios, en materia de acceso, disposición y saneamiento de agua con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo sexto del artículo 4o. de esta constitución.

XVIII. a XXX. ...        

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2015.— Diputados: Óscar Ferrer Ábalos, Araceli Madrigal Sánchez, Elio Bocanegra Ruiz, Candelario Pérez Alvarado, Héctor Grappin Peralta (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferrer. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, para presentar iniciativa...

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Perdón, sonido en la curul de la diputada Araceli Madrigal.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, presidente, por permitirme la palabra. Nada más para suscribirme a la petición del diputado Óscar Ferrer. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si el proponente no tiene inconveniente en la solicitud de adhesión formulada por la diputada Madrigal, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa. Adelante. Gracias.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sonido en tribuna para la diputada Gaxiola.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Con la venia de la Presidencia. La deserción escolar es un fenómeno que genera elevados costos, tanto sociales como privados, por lo cual su atención se ha vuelto de interés prioritario en la agenda pública de los países que la padecen.

Entre los costos sociales de la misma, se encuentran aquellos que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de integrar al mercado laboral, así como los urgidos de contar con un capital social poco capacitado.

Para colaborar activamente en el desarrollo económico y social de la nación, lo cual indudablemente tiene efectivos negativos en los niveles de bienestar de la población y provoca un desequilibrio de los deberes y derechos ciudadanos.

Entre los puestos privados de la deserción escolar está la reproducción de las desigualdades sociales, la pobreza y su repercusión en la integración social.

Los individuos que carecen del conocimiento, de la formación y orientación que se obtienen en la escuela son más proclives a incurrir en conductas de riesgo, que trastocan su seguridad, integridad física, salud, libertad e incluso su propia vida.

Al decidir o verse obligados a abandonar la escuela, los niños y adolescentes inciden negativamente sobre las posibilidades de llevar a cabo una vida adulta plena, pues impiden que la escuela cumpla con la funciones que tradicionalmente se le han asignado.

La formación académica contribuye de manera directa en la obtención de un empleo digno. Es decir, a mayor educación, mayor probabilidad de alcanzar la estabilidad y el éxito laboral.

Ahora bien, se tiene que señalar que la deserción escolar no es una decisión individual, pues están condicionada por diversos factores coyunturales. Entre las principales causas de este fenómeno, se encuentra la integración temprana al mercado laboral, situaciones familiares adversas, en ocasiones violentas, el rechazo de instituciones de nivel media superior y superior, así como la falta de motivación y en consecuencia la reprobación escolar.

De acuerdo a datos obtenidos del documento, principales cifras del Sistema Educativo Nacional, elaborado por la Secretaría de Educación Pública, un millón 47 mil 718 niños y jóvenes que se inscribieron para cursar el ciclo 2012-2013, dejaron la escuela antes de que este concluyera.

La cifra anterior arroja un promedio de 5 mil 238 alumnos que dejan la escuela, cada uno de los 200 días de clase que conforman un ciclo escolar.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señaló recientemente que la deserción escolar afecta al 20 por ciento de una generación de secundaria y hasta el 40 por ciento de una perteneciente al nivel medio superior.

Uno de cada tres niños de 15 años se encuentra fuera de la escuela y una quinta parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años no culmina su instrucción. La mayor parte de nuestra población la integran los niños y jóvenes.

Por tal motivo, es necesario lograr la disminución de la cantidad de alumnos en riesgo de dejar la escuela, identificarlos, caracterizar las condiciones de su vulnerabilidad y buscar alternativas pedagógicas que favorezcan su permanencia en la escuela.

Detener el crecimiento de la deserción escolar suponer intervenir a nivel de la economía de las familias para evitar que los motivos económicos sigan siendo la principal razón por la cual más de un millón de niños y jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios.

En este sentido, resulta de suma importancia apuntalar económicamente a los estudiantes y sus familias. El gobierno de la República ha realizado muy importantes esfuerzos con el propósito de apoyar a los niños y jóvenes en situación de desventaja, pues durante el ciclo escolar 2013-2014 se otorgaron 7.6 millones de becas para alumnos de escuelas públicas en todo el país, lo cual implica que actualmente 3 de cada 10 estudiantes reciben algún tipo de apoyo para continuar su formación académica.

No obstante lo valioso de dichos esfuerzos, estos no han sido suficientes para configurar el riesgo de que un cierto sector de niños y jóvenes mexicanos abandonen sus estudios por no contar con todos los elementos necesarios para garantizar su permanencia en la escuela, tales como útiles escolares, uniformes, alimentación y transporte.

En virtud de lo anterior, en el Partido Verde nos comprometimos en campaña a impulsar la implementación de un programa de becas especiales que brinde a los niños y jóvenes de los grupos sociales más vulnerables, apoyos económicos suficientes para cubrir el costo de los uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación que se requiere para garantizar la conclusión de los estudios que por ley son obligatorios en nuestro país.

Atendiendo nuestro compromiso, el día de hoy presentamos una iniciativa de reforma a la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Si bien el país ha realizado esfuerzos importantes en términos programáticos y legislativos para fortalecer los sistemas de becas y minimizar los índices de deserción escolar, lo cierto es que las condiciones económicas de ciertos sectores de la población estudiantil han influido directamente en la deserción escolar, más aun aquellos alumnos que viven en comunidades marginadas y lejanas a los centros educativos no tienen las mismas oportunidades de recibir la educación a la que constitucionalmente tienen derecho, lo que ha sido un freno importante para mejorar la universalidad de la cobertura educativa en estos niveles.

Preocupa que los análisis de datos de la SEP sobre deserción educativa por nivel, estudios publicados por la OCDE y las encuestas a la juventud, evidencian que existe una relación directa entre la pobreza y la deserción escolar, ya que la mayoría de las estadísticas señalan la falta de recursos económicos como la principal cause de deserción, por ello resulta necesario no sólo contar con planteles e impartir en ellos una educación de calidad, sino también establecer programas nacionales de apoyo económico a la población estudiantil al menos de los niveles básico y medio superior, derivado de esta situación el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone el establecimiento de un programa nacional de becas para estudiantes y uno especial para aquellos de escasos recursos, provenientes de comunidades marginadas lejanas a los planteles escolares, que cursen la secundaria y la educación media superior, otorgándoles apoyos económicos en materia de hospedaje, transporte y alimentación, además de uniformes y útiles escolares, con el fin de evitar la deserción escolar.

Argumentación

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la educación nacional constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo que los mexicanos necesitamos para construir nuevas oportunidades de progreso. Es por ello que para lograrlo, además del trabajo en materia legislativa, habrá de acompañarlo de un esfuerzo adicional en temas fundamentales, como el impulso al incremento en el presupuesto en materia educativa orientado a aumentar la cobertura, la equidad, la calidad, la exigibilidad del derecho a la educación, el desarrollo de habilidades para enfrentar los retos de México, la revaloración de los maestros, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los datos disponibles provenientes de las estadísticas y de las proyecciones de población más recientes elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), del ciclo 2012-2013 muestran que el acceso inicial a las escuelas está cubierto para la población de 5 a 12 años, pero existe un número importante de niños de 3 años y de 13 a 17 que están excluidos del sistema escolar.

Aunque la tasa de matriculación da cuenta de la inscripción a la escuela, independientemente del grado educativo al que se asista, los datos corroboran que la mayor parte de los niños se matricula en los niveles educativos obligatorios de acuerdo con las edades típicas en que éstos se cursan.

Al inicio del ciclo 2012-2013, 60% de los niños de 3 años (1.3 millones) no se inscribió a preescolar y tampoco lo hizo 12% de la población de 4 años (poco más de un cuarto de millón). La no matriculación a las escuelas se agudiza de forma creciente con la edad: a los 13 años es de 7%, pero aumenta hasta 46.7% para quienes tienen 17 años. En números absolutos, poco menos de 4.8 millones de niños de entre 3 y 4 años y entre 13 a 17 años no se inscribieron a la escuela; de ellos casi la mitad tenía 3 o 17 años de edad.

Si se mantuviera constante el incremento de la matrícula de los niños en los rangos de edad reportados, entonces la asistencia universal de los alumnos de 12 a 14 años ocurriría hacia el inicio del ciclo escolar 2016-2017, mientras que la de los niños de 3 a 5 y de 15 a 17 se lograría en los ciclos 2025-2026 y 2041-2042, respectivamente. Esto, en principio, indica que es posible alcanzar rápidamente la meta de que todos los niños de 12 a 14 tengan acceso a las escuelas, pero que aún falta mucho por hacer para universalizar el acceso de los más pequeños y los de mayor edad.

Durante el inicio del ciclo escolar 2012-2013, el país contaba con 243 655 escuelas para impartir educación obligatoria a poco más de 30 millones 300 mil niños y jóvenes. La gran mayoría de esas escuelas (85.4%) corresponde a educación básica y el resto al nivel medio superior.

La educación básica está integrada por los niveles preescolar, primaria y secundaria; en los tres, la participación del sector público es muy importante pues opera, respectivamente, 83.7, 91.3 y 87.8% de sus centros escolares. En la educación media superior, el sector privado se hace cargo de una proporción considerable de planteles (38.9%).

Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2012, puede estimarse que la asistencia a la escuela de los niños de 3 a 5 años fue de 73%; para los de 6 a 11 fue casi universal (99%); de 93% para los de 12 a 14; y de 71% para los de 15 a17 años. Los datos de la ENIGH permiten concluir que actualmente las mujeres acceden proporcionalmente más a las escuelas que los varones. Por lo que para este Instituto Político, para que los niños y jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación no basta con que tengan acceso a la escuela sino que es necesario que asistan regularmente y permanezcan en ella.

Otro de los serios problemas en el tema educativo es la deserción, el INEGI señala que de acuerdo con el Manual del entrevistador de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre del 2011, la población total en el grupo de edad de 15 a 17 años alcanzaba los 6.8 millones, de los cuales 1.93 millones (28.3%) habían dejado de asistir a la escuela (0.99 millones de varones y 0.94 millones de mujeres); ya que carecen de incentivos para seguir estudiando, y enfrentan diversas presiones sociales y económicas que los obligan a dejar los estudios.

Es menester señalar también la deficiente infraestructura escolar que por supuesto también afecta a la calidad educativa, debido a que el 97.7% del presupuesto asignado a educación se destina al gasto corriente que incluye el pago de salarios y materiales. La falta de infraestructura ha permitido que la escuelas sufran los estragos del sol, los huracanes y las lluvias extremas, dejando en ocasiones sin clases a muchos niños.

Preocupa que los análisis de datos de la SEP sobre deserción educativa por nivel, estudios publicados por la OCDE y las encuestas a la juventud, evidencian que existe una relación directa entre la pobreza y la deserción escolar, ya que la mayoría de las estadísticas señalan la falta de recursos económicos como la principal cause de deserción, por ello resulta necesario no sólo contar con planteles e impartir en ellos una educación de calidad, sino también establecer programas nacionales de apoyo económico a la población estudiantil al menos de los niveles básico y medio superior.

Basta señalar que las últimas estadísticas del INEGI sobre deserción actualizadas al 2014 por porcentajes en nivel educativo demuestran que mientras en la primaria el nivel de deserción escolar alcanzó apenas el 0.6%, su tendencia fue a la alza ya que en secundaria se reportó una deserción del 5.3%, en el nivel profesional técnico del 20.8% y el bachillerato del 13.9%, estas estadísticas resultan preocupantes ya que si bien se ha logrado llevar al mínimo las cifras en nivel secundaria, lo cierto es que a medida que los niños aumentan la edad y las familias dejan de ser beneficiarias de diversos programas federales de carácter social, los índices de pobreza impactan más en los grupos de estudiantes catapultando su deserción por la necesidad de incorporarse al mercado laboral a temprana edad.

Ahora bien debemos recordar que estamos exponiendo estadísticas de deserción las cuales atienden al porcentaje de alumnos matriculados contra aquellos que terminan su educación por cada nivel; sin embargo, las estadísticas resultan aún más preocupantes cuando incorporamos la variable del porcentaje de niños en edad escolar que no se matriculan, estadísticas que ya fueron explicadas en párrafos anteriores, por ello para el Partido Verde Ecologista de México resulta fundamental impulsar un programa nacional de gobierno que nos permita dar mayor estabilidad a los estudiantes e impulsar al mínimo los porcentajes de deserción escolar en los niveles obligatorios, logrando además abatir las estadísticas de aquellos niños y jóvenes que ni siquiera se matriculan, ello en virtud de que la educación es pilar para el desarrollo de un país y su competitividad, razón por la cual proponemos implementar un programa nacional de becas a los estudiantes que cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, en instituciones públicas, además de un programa especial de apoyo para estudiantes provenientes de comunidades marginadas lejanas a los planteles escolares, otorgándoles apoyos económicos en materia de hospedaje, transporte y alimentación, además de uniformes y útiles escolares.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reformala fracción VIII del Artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I.a VII. ...

VIII. Implementarán un programa nacional de becas a los estudiantes que cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, en instituciones públicas, además de un programa especial de apoyo para estudiantes provenientes de comunidades marginadas lejanas a los planteles escolares, otorgándoles apoyos económicos en materia de hospedaje, transporte y alimentación, además de uniformes y útiles escolares.

IX. a XVII. ...

....

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las becas a que se refiere el presente Decreto se renovarán siempre que el estudiante se encuentre matriculado en el ciclo escolar que le corresponda y acredite al menos el noventa y cinco por ciento de asistencias por cada mes del ciclo escolar vigente.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública deberá establecer un Consejo Nacional de Becas en el que participaran las autoridades educativas federales y de todas las entidades federativas incluyendo al Distrito Federal para determinar las necesidades presupuestales para cada entidad federativa y establecer una programación presupuestal que deberá integrarse al proyecto del Presupuesto de Egresos que corresponda al ejercicio fiscal inmediato a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Se abrogan derogan y dejan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de septiembre de 2015.— Diputados: Jesús Sesma Suárez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Remberto Estrada Barba, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Alex Le Barón González, Lía Limón García, Juan Antonio Meléndez Ortega, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Quirino Ordaz Coppel, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Cirilo Vázquez Parissi, Enrique Zamora Morlet, Eduardo Francisco Zenteno Núñez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaxiola. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

Pasamos ahora al punto sobre la proposición de acuerdos de los órganos de gobierno. En primer lugar, de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Procesos Legislativos.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establece el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo de sesiones ordinarias.

III. El artículo 36, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la conferencia.

IV. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno acuerda someter a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se establece el siguiente calendario legislativo para el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura:

Segundo.Comuníquese y publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2015.- Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica), Presidente; diputado César Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, a propósito del análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 7o., numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades, y

Considerando

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe, en su artículo 69, que durante la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del país; mismo que fue presentado el 1 de septiembre de 2015, en la sesión de Congreso General.

II. Que de conformidad con el artículo 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, las cámaras deberán analizar el informe presentado por el Presidente de la República, clasificándolo por materias: política interior, política exterior, política económica y política social.

III. Que en el marco de los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la junta es el órgano en el que se impulsan los entendimientos y las convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En razón de lo anterior, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.El presente acuerdo tiene por objeto establecer el formato conforme al cual se desarrollará el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República, que refiere el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.

Segundo.De acuerdo con lo establecido en el artículo 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se desarrollará en dos sesiones, conforme a los siguientes temas y con base en el siguiente calendario:

a) Martes 8 de septiembre de 2015.

Análisis de los temas: Política Interior y Política Exterior.

b) Jueves 10 de septiembre de 2015.

Análisis de los temas: Política Económica y Política Social.

Tercero.Por cada uno de los temas analizados, un integrante de cada grupo parlamentario, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara, podrá fijar su postura, con el siguiente formato:

I. Por cada tema se realizarán dos rondas de posicionamientos; los grupos parlamentarios podrán participar, en cada ronda, hasta por 5 minutos.

II. El orden de participación será el siguiente:

Grupo Parlamentario de Encuentro Social

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Grupo Par1amentario de Morena

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

III. El diputado independiente podré participar en una ronda por cada tema, hasta por 5 minutos, al inicio de cada una.

IV. En el desahogo de estas rondas sólo tendrán lugar las intervenciones antes descritas.

V. Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente acuerdo.

Cuarto.Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.

Quinto.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor el día en que sea aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2015.- Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Para este punto ha pedido hacer uso de la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra, diputado, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, señor presidente. Diputadas y Diputados. Es un tema muy sencillo. Recibimos el Informe del titular del Poder Ejecutivo, en función del artículo 69, mismo que mandata a las Cámaras a hacer un análisis del mismo.

La Junta en esta ocasión propone un acuerdo en el cual otorga dos rondas, cada una de estas por cinco minutos.

Atendiendo al sentido republicano, el Poder Ejecutivo rinde un informe y esta Cámara, por fracción parlamentaria tomará 10 minutos para analizar un informe cuyo texto principal es de 601 páginas, más un anexo estadístico, más los anexos que remiten cada una de las dependencias del Ejecutivo federal. La situación del país exige seriedad para abordar este tema de análisis del informe.

La propuesta que estoy presentando únicamente aumenta en cinco minutos cada una de las intervenciones. No es ocurrencia. Esta Cámara de Diputados en su práctica legislativa tiene precedentes: el 5 de septiembre de 2003 aprobó participación en dos rondas por los grupos parlamentarios, hasta por 10 minutos cada una de las rondas.

El 21 de septiembre de 2006 aprobó tres rondas subsecuentes. La primera ronda era de ocho minutos, y las dos rondas siguientes hasta por cinco minutos.

El 10 de septiembre de 2009, aprobó tres rondas subsecuentes, cada una de diez minutos. En esa ocasión la ronda se constriñe, en su conjunto, por dos intervenciones a diez minutos.

La propuesta es aumentar ese término para poder presentar elementos objetivos sobre el trabajo que ha desempeñado la administración pública federal. El análisis del informe se hace única y exclusivamente en ambas Cámaras.

Somos representantes de la nación, somos representantes de ciudadanos que demandan información y demandan aclaración del quehacer administrativo en nuestro país.

Exhorto a cada uno de ustedes a que se determine la viabilidad de esta propuesta; cinco minutos adicionales.

El problema no es el tiempo. Tiempo tenemos los legisladores para trabajar, para analizar y hacer propuestas que abonen a recuperar una situación de seguridad, de progreso y de bienestar para nuestro país. Es cuanto, señores.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación, la propuesta de la Junta de Coordinación Política en materia de tiempo de participación para el análisis del Informe, presentada por el diputado Juan Romero Tenorio.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se desecha. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada por la Junta de Coordinación Política, en sus términos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se pregunta a la asamblea. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

GLOSA DEL III INFORME DE GOBIERNO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  El siguiente punto del orden del día es el análisis del III Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de política interior y política exterior. En tal virtud, para dar cumplimiento al punto tercero del acuerdo aprobado en materia de política interior, para la primera ronda los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados y diputadas:  Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena; Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD; Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN; José Hugo Cabrera Ruiz, del PRI

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, entonces, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del PES.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda hablar de la política interior en México es hablar de un sin número de percepciones, de informaciones y, lo más importante, de la emoción social que está atravesando nuestra sociedad en términos de seguridad.

La seguridad pública, la seguridad integralmente hablando, sin duda es una responsabilidad del Estado. Todo mundo sabe, todo mundo conoce que la seguridad es materia exclusiva del Estado. Un Estado que no es capaz de brindar seguridad a sus representados es un Estado que no está cumpliendo con una vertiente y un segmento de responsabilidad real.

La seguridad tiene que ver incluso con el desarrollo económico. Mayor seguridad, mayor inversión; menos seguridad, mayor evasión. La corrupción tiene que ver mucho con la falta de seguridad y de mecanismos de justicia. Esos datos en este informe de gobierno, III Informe del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos marcan sin duda cifras del Inegi, que tenemos que reconocer una institución del Estado y que tenemos que recurrir al reconocimiento pleno de lo que ahí se estipula, tanto para bien como para mal.

Hoy el INEGI determina que hay avances en materia de extorciones, en materia de asesinatos que han mermado los secuestros, 23, 24 y 27 por ciento respectivamente hablando en estos conceptos de delitos.

Sin embargo, como las temperaturas, lo sabemos nosotros como diputados y representantes populares, la temperatura puede estar ahorita a 20 grados, pero la sensación térmica es mayor. Y a nosotros lo que nos ocupa en esta soberanía es hacer todo lo que vaya encaminado a mermar esa percepción ciudadana.

Una cosa es la estadística legítima, todo presidente, todo jefe de Estado, de gobierno tiene el derecho de ejercerla y nosotros como representados reconocer que es una estadística legal legítima. Y también entendemos que la percepción social es un anhelo que nos debe de mover a nosotros para encaminar baterías y para construir una mejor sociedad.

En ese contexto quiero fijar una postura como Encuentro Social e incluso personal. Nosotros estamos a favor desde luego en esas cifras que destacan que estos conceptos de delitos han bajado, pero también reconocemos que la percepción social, la gente sufre, no hay justicia.

Hay un estudio, amigas y amigos diputadas y diputados, y un estudio muy claro; Anatomía de la corrupción. Hay un estudio de gente académica, gente que destaca en ese estudio serio, responsable del CIDE y otras organizaciones de este corte, que estamos fijados de los 20 países más corrutos del mundo, y entre ellos el más corrupto y somos en tamaño de las 20 economías más grandes. Es decir, totalmente paradójico.

No somos de las 20 economías grandes en ingreso per cápita; destaca este estudio que somos grandes en tamaño, sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad como diputados, como instituciones, porque esa falta de credibilidad y esa falta de confianza no solamente radica en los entes públicos, llámese Poder Ejecutivo; también radica en el Poder Legislativo y en los partidos políticos, la falta de confianza en los partidos políticos y tenemos que poner nosotros de una vez y para siempre, tenemos que defender con mucha firmeza y determinar para construir una mejor sociedad.

Si seguimos nosotros pensando que el oportunismo político, que la sagacidad política, que negando la estadística formal, usando lo bueno, lo que nos conviene y lo malo no lo reconocemos, o inversamente hablando no vamos a construir la mejor sociedad que esperan los mexicanos de nosotros.

Tenemos que determinar que en la política interior, porque lo reconoce ese estudio, es multifactorial. Todos tenemos, es un eje de fuerte demanda. Para que haya corrupción alguien tiene que ofrecerlo y alguien demandarlo.

Tenemos la responsabilidad de ir a fondo. En los hechos, que han lastimado este país, pero con responsabilidad, sin oportunismos, sin prácticas que a todas luces son para sacar raja y para echar la culpa a quienes en la historia de esta soberanía han propiciado cambios que han lastimado este país.

No se vale que en una legislatura se diga una cosa, en materia de seguridad, en materia de pacto, en materia de gobernabilidad y que en otra legislatura se diga que estamos mal. Reconozcamos lo que nosotros aprobamos y mantengamos firme, junto con el Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo crítico, objetivo, con firmeza. Es lo que reclama, en suma, esta sociedad. Así que les agradezco su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, acudimos a esta tribuna con la convicción de que el diálogo entre Poderes fortalece a la república y a la gobernabilidad democrática.

Debemos reconocer que este año ha sido complejo y difícil para el país. A pesar del desánimo social, México llevó a cabo el proceso electoral, tanto a nivel federal como en los estados, tal y como lo señala la ley. Se puso a prueba una nueva normatividad electoral, en la que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación jugaron un papel fundamental para que hoy estemos aquí dirigiéndonos a la ciudadanía.

Celebrar elecciones de esta magnitud, en un clima de crispación política y social, es una muestra fehaciente de la consolidación de nuestra democracia electoral.

Es cierto que hubo inconformidades sobre la aplicación de la Ley Electoral, particularmente en materia de propaganda y uso de los medios de comunicación. Sin embargo, hemos aprendido que la inconformidad puede ser canalizada por la vía institucional y generar cambios políticos en beneficio de la sociedad.

Los resultados electorales confirman que la ciudadanía apuesta por el pluralismo político, el mito de que México está representado políticamente sólo por tres partidos no se sostiene. Hoy, un tercio del electorado optó por opciones diferentes a la de los partidos tradicionales.

En Nueva Alianza estamos convencidos que el análisis de la gestión gubernamental debe servir para encontrar las convergencias que contribuyan a que el gobierno haga mejor su trabajo.

Como representantes populares tenemos la obligación de señalar las insuficiencias del gobierno, pero también la obligación de reconocer los aciertos. En el último año fuimos testigos de una serie de eventos que cimbraron a las instituciones de los tres órganos de gobierno.

El caso Iguala puso en evidencia la colusión de las corporaciones de seguridad pública municipal con los grupos del crimen organizado. Se demostró el nivel de penetración de estos grupos en las estructuras políticas de los municipios en el estado de Guerrero y quedaron de manifiesto las deficiencias en materia de inteligencia del Estado mexicano.

Si bien, en los últimos años México ha dado pasos firmes para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, los acontecimientos de Iguala nos muestran la vulnerabilidad de las instituciones para proteger los derechos humanos en todo el territorio nacional.

El III Informe de Gobierno nos refiere que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la administración pública federal disminuyeron en un 64 por ciento, al pasar de 50 recomendaciones que se tuvieron en el año 2013 a sólo 18 en el año 2014.

Sin embargo, este dato contrasta con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que coloca a México como el país latinoamericano con mayor número de denuncias sobre violaciones de derechos humanos.

Aun reconociendo los esfuerzos del gobierno federal por impulsar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos de los periodistas, la realidad es que en distintas regiones del país siguen siendo blanco de persecución política y acoso por parte de grupos criminales.

Una asignatura pendiente es en este año la erradicación de la violencia contra las mujeres, violencia que ha experimentado el 63 por ciento de las mujeres mayores de 15 años, en muchos casos por su propia pareja.

En materia de seguridad pública, los avances plasmados en el Informe de Gobierno palidecen frente al fenómeno de la inseguridad que priva en varias partes del país.

En Nueva Alianza hacemos un llamado urgente para que las distintas fuerzas políticas en conjunto con los gobiernos federal, estatal y municipal iniciemos un diálogo nacional sobre la propuesta de mando único.

Es alentador observar que estadísticas de los delitos muestran una tendencia a la baja. La incidencia delictiva disminuyó de un 6.7 por ciento respecto del año 2012 y eso nos alienta.

Los homicidios dolosos disminuyeron en un 28 por ciento. Los secuestros en 1.6 por ciento. La extorsión en un 20.7 por ciento.

Estas cifras no pueden motivarnos para echar las campanas a vuelo, ya que la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública del año 2014 estima que el 93.8 por ciento de los delitos que se cometen no son denunciados ante la autoridad ministerial. El reto no es menor y necesitamos todos eliminar ese cáncer social.

Diputadas y diputados, la ciudadanía nos exige resultados inmediatos. Tenemos la obligación de resolver los problemas que aquejan a la sociedad, pero solo podremos lograrlo si ampliamos nuestro horizonte que supere las mezquindades políticas.

Los problemas de inseguridad pública, de acceso a una justicia expedita y a una plena vigencia de los derechos humanos son temas sensibles a la sociedad.

En Nueva Alianza hacemos eco de estas demandas y asumimos el compromiso de trabajar para fortalecer el Estado de derecho, la justicia, la legalidad y la gobernabilidad democrática. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. Compañeras, diputadas y diputados, México no se mueve en la dirección correcta, hoy somos testigos de cómo la política de la simulación de las redes de complicidad y de la frivolidad conducen al fracaso a la vida pública de nuestro país.

El informe de gobierno que nos presenta el presidente de la República, no representa la realidad de los más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza, ni de los más de 120 millones de mexicanos que viven dentro de nuestras fronteras y que son vulnerables ante la gran inseguridad que se vive en el país. Queda claro que la actual administración federal no conoce el significado de la autocrítica.

Nos quieren engañar con un discurso trillado en donde no cabe la voz, las exigencias y los anhelos de los ciudadanos. Hoy tenemos que ser conscientes que México atraviesa por una grave crisis de confianza y legitimidad de sus instituciones, producto de una fallida visión de la política interior y de la fallida visión del papel del estado.

Para muestra de lo anterior tenemos el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hace dos días desmintió la versión que el gobierno federal nos dio sobre lo ocurrido en los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta falta de transparencia, estas omisiones y esta simulación por parte de este Poder Ejecutivo provoca una profunda desconfianza a la población hacia las instituciones y lo peor es negarle el derecho a la verdad a los mexicanos.

Por ello, desde Movimiento Ciudadano, hemos propuesto que se realice una comparecencia especial de la Procuraduría General de la República, en donde podamos indagar sobre estas omisiones, en la investigación y en donde de cara a todos los mexicanos se asuma un compromiso con la verdad y la justicia.

La falta de transparencia, certidumbre y veracidad en el lamentable caso de Ayotzinapa, muestra la debilidad institucional del Estado mexicano y su falta de compromiso con la dignidad e integridad de los mexicanos.

Vivimos en un clima de violaciones a los derechos humanos, que también se vio reflejado en los casos de Tlatlaya y Ostula, en la ejecución de civiles y policías en Jalisco, en la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas; en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, entre muchos otros hechos lamentables que no sólo han puesto de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia y la falta de integridad de nuestros gobiernos, sino que en algunos casos han comprobado su complicidad con el crimen organizado.

En ese contexto, resulta lamentable que en el informe de gobierno respecto al caso de Tlatlaya, por ejemplo, sólo se menciona un párrafo en donde no se consigna ninguna información útil para los mexicanos y en donde no existe el mínimo atisbo de autocrítica, en donde no se reconoce por ejemplo la participación de la Sedena en este hecho ni mucho menos la explicación, las acciones emprendidas para deslindar responsabilidades.

En el mensaje que nos dio el Poder Ejecutivo ni siquiera fue mencionado el caso de Ostula; igualmente no se menciona el informe del relator especial contra la tortura de la ONU, en donde se establece que la tortura en México en generalizada. Ante estas omisiones sólo podemos inferir que el gobierno mexicano no está haciendo nada para atender las crisis de los derechos humanos.

Tampoco podemos dejar de mencionar que el Estado mexicano ha fracasado el objetivo de proteger la liberta de expresión de periodistas y activistas de la información que hoy, en este sector, se ve amenazada por los poderes fácticos y en ocasiones por poderes institucionales que no aceptan la crítica ni el pensamiento libre.

Según el informe –Estado de censura– presentado por la organización Artículo 19, durante el actual sexenio las agresiones contra los periodistas se producen cada 26 horas, mientras que en el sexenio anterior existía una tendencia de una agresión cada 48 horas. Es decir, en este sexenio casi se han duplicado las agresiones.

A lo anterior debemos de sumar que el 59 por ciento de los casos de agresiones contra periodistas proviene de los propios aparatos de gobierno. Tenemos que entender que el problema de la inseguridad, la desconfianza y la indignación, tienen su raíz en la impunidad. Es indispensable que nuestras autoridades se quiten la venda de los ojos y comiencen a aplicar de manera efectiva el estado de derecho. Nada ni nadie por encima de la ley, señor presidente. Ni usted ni nosotros.

Por ello hoy hacemos nuevamente un llamado al gobierno mexicano para que asuma una posición autocrítica y reflexiva. Que vea de frente a los ciudadanos y acepte sus errores. Que asuma el compromiso de replantear su modelo de país y todos estemos dispuestos a regresarle el rumbo correcto a México.

Hasta hoy no hemos visto voluntad política para lograrlo; pero en Movimiento Ciudadano seguiremos insistiendo para que no perdamos la oportunidad de replantear el rumbo de nuestro país. Hagamos una suma de esfuerzos y corregir lo que está fallando, para que podamos mover a México hacia el rumbo correcto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Delfina Gómez Álvarez: Compañeras y compañeros diputados, esta soberanía inicia hoy el análisis del III Informe de gobierno, presentado por el Ejecutivo federal.

Más allá del discurso triunfalista que en él se contiene, la lacerante realidad que vive a diario millones de mexicanos, contradice ese discurso. Los mexicanos estamos hartos de la impunidad y del tráfico de influencias que desde las altas esferas del poder se realizan. La casa blanca es muestra de ello. Los servidores públicos no pueden soslayar que si se ocupa una responsabilidad gubernamental, es para servir al pueblo y no para producir comaleadas de millonarios.

Esta Cámara de Diputados ha sido renovada como resultado de un proceso electoral inequitativo, en donde uno de los partidos contendientes violentó de manera reiterada y sistemático la norma electoral, sin que las autoridades osaran sancionarlos con la pérdida del registro que en derecho procedía. Acción que representa una vergüenza a nuestra democracia y al Instituto Nacional Electoral.

Desde el gobierno federal se manejaron de manera clientelar los programas sociales para obtener votos, lucrando con la necesidad de la gente y provocando que se pusiera en riesgo la dignidad de los mismos; pasando por alto que dichos programas deben servir para ayudar a la gente a superar los problemas de marginalidad social que enfrenta y no a que se administren de manera clientelar como reserva de votos.

Morena lo advierte, y de una vez no permitiremos que en 2018 se vuelva a comprar la Presidencia de la República. No permitiremos más tarjetas Monex para comprar el voto ciudadano. Morena será en esta Cámara la expresión legislativa de millones de mexicanos que anhelan un cambio en la práctica política en el país, de aquellos que han sido agraviados por actos del gobierno y que urge a que el ejercicio del poder político refleje honestidad, principios éticos y una práctica republicana de gobierno en donde impere la participación social.

Por ello refrendamos nuestro compromiso de impulsar leyes que beneficien al pueblo y oponernos con argumentos a las medidas que tiendan a perjudicar a la población y a privatizar la riqueza nacional.

En el período que se informa se dieron graves violaciones de los derechos humanos, el caso de Ayotzinapa, que está a días de cumplir un año y que siga agraviando a todos los mexicanos, desde un procurador cansado, hasta las severas negligencias de la investigación.

Lo real, es que a los padres de familia de estos jóvenes no se les ha explicado qué fue lo que pasó. Desde esta tribuna sumamos nuestra voz a la de millones de mexicanos en todo el país, en una sola exigencia: vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Los queremos de regreso con vida a sus hogares, pero que a los responsables de los delitos cometidos en contra de estos jóvenes, se les aplique las sanciones que corresponde, así como a la negligencia de algunos funcionarios públicos.

En el informe que se nos presenta, se da cuenta del nuevo programa y paradigma de justicia penal con los juicios orales y las reglas de investigación contenidas en el nuevo código nacional de procedimientos penales.

Sin embargo, de nueva cuenta, el caso de Ayotzinapa, hecha por tierra, las investigaciones negligentes del sistema de procuraduría de justicia, sin que contraste a los resultados de las investigaciones científicas llevadas a cabo desde la PGR, con lo que las organizaciones civiles o con el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, veremos que esa investigación ha sido una burla.

Ahora resulta que los resultados emitidos por expertos necesitan ser analizados por unos súper expertos debido a la necesidad y a la importancia de este caso. Y nos preguntamos: ¿Qué desde un principio este caso no tenía la necesidad y la prioridad para todos los mexicanos? Se tuvo que esperar a que vinieran otros expertos a ratificar lo que nuestros expertos nacionales ya habían dicho.

Se nos presume un nuevo modelo de justicia penal cuando desde un centro penitenciario de alta seguridad se les escapó el Chapo Guzmán, sin que el responsable directo del sistema penitenciario haya sido destituido por incompetente.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, para Morena el balance de lo realizado en estos tres años de gobierno federal se sintetiza en estas fases:

1. Privatización de la riqueza energética del país, en donde los mexicanos seguimos pagando más por la gasolina.

2. Privatización de las playas nacionales, poniendo en riesgo la soberanía nacional.

3. Complicidad entre empresarios y clase gobernante, como el caso Higa lo demostró.

4. Violación de los derechos humanos, de ciudadanos como Tlatlaya, estado de México, y en el municipio de Aquila, Michoacán, entre otros.

Desde luego, en el análisis de política interior hay que reconocerle un mérito a este gobierno, el número de mexicanos en situación de pobreza aumentó y con ello la reserva de votos para 2018.

En este informe no se reconocen las graves desigualdades que enfrenta la sociedad mexicana y que el gobierno no se ocupa de erradicar. Antes, al contrario, les importa más la realización de negocios al amparo del poder político. Los demás compañeros tardaron más tiempo y los respetaron. Pido lo mismo, por favor.

Sin lugar a dudas, 20169 será un año difícil para todos los mexicanos, la baja del precio internacional del petróleo impactará los ingresos públicos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Nuestro grupo parlamentario pugnará por que no se disminuya el gasto social en todas sus vertientes.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los legisladores de Morena refrendamos el compromiso de construir un México incluyente, con oportunidades para todos, donde los servidores públicos vivan en la justa medianía de su salario le proporciona. Un México que sea verdaderamente libre y democrático, donde no se tenga miedo de salir a la calle y en donde recuperemos la patria para todos nosotros.

Debemos de pugnar día a día por dejar un México con mejores opciones de vida para nuestras generaciones futuras. Tenemos un gran compromiso, que es recobrar la dignificación de nuestros cargos como diputados ante la ciudadanía.

Recordemos que el respeto no se compra, señoras legisladoras y señores legisladores, el respeto se gana se gana con el trabajo, con la honestidad, con la humildad y con el servicio a quienes nos dieron la gran oportunidad de servir, y ese es y será nuestro compromiso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gómez.

Se les recuerda a todos quienes harán uso de la tribuna el acuerdo que se votó mayoritariamente de participación hasta por cinco minutos. Hemos sido flexibles prácticamente con todos desde esta Presidencia, pero es conveniente ceñirse a los tiempos acordados.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez: Con el permiso de la asamblea, con el permiso, presidente.

Es para mí un honor representar el día de hoy al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en este ejercicio democrático, dando cumplimiento al mandato constitucional que nos faculta para analizar el Informe de Gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Como todos sabemos, la administración pública encabezada por el presidente de la República lleva a cabo un sinfín de cosas y procesos interrelacionados. Esto convierte a la tarea de ministrar en una labor ardua y difícil de operar, porque ante cada problema existe la posibilidad de optar por varios caminos. Sin embargo, solamente una vertiente es la elegida; la de la persona designada por la población de modo democrático para conducir lo mejor posible los caminos de México.

En este sentido, todos los integrantes de la bancada del Partido Verde Ecologista de México somos testigos, a través de largas jornadas de trabajo y entrevista con colaboradores Presidenciales, de la gran pasión que imprime el titular del Ejecutivo, el licenciado Enrique Peña Nieto, de llevar al país al desarrollo y otorgarle a todos los mexicanos un alto nivel de bienestar.

Estamos convencidos que en poco tiempo apreciaremos con mayor detalle los beneficios de la colaboración Presidencial y legislativa, es decir las reformas estructurales cuyo único objetivo es mover a México.

En la actualidad ya se apreciaron de modo positivo muchas transformaciones que deben ser motivo de satisfacción para todos los mexicanos. Un claro ejemplo fue el pasado proceso electoral, en donde se conjuntaron a nivel federal temas muy importantes, dignos de verse a través de las lupas de la razón, el derecho, la política y la rendición de cuentas.

Creemos que los pasos que estamos dando para nuestra nación en materia de política interior hoy son importantes. Tan solo hace unos días acabamos de escuchar, en esta tribuna¸ al primer candidato independiente de la historia en ocupar una curul, además la conformación de esta Cámara de Diputados respecto a la paridad de género es histórica, ya que ahora el 42 por ciento de los integrantes de este cuerpo colegiado de legisladores y legisladoras son mujeres y hombres y esto fue resultado de la exigencia de las transformaciones democráticas por las cuales siempre ha visto el presidente Peña Nieto, y estoy consciente y estamos conscientes que falta mucho por hacer, pero el primer gran paso, la postulación equitativa de género ya se realizó y ahora vamos a conjuntar esfuerzos para conseguir la paridad de género en las dos Cámaras.

En el marco de la rendición de cuentas, el gobierno de la república ha sido el gran impulsor y promotor de la transparencia y la erradicación de la corrupción. Muestra de ello es la reforma constitucional en la materia y era un clamor de la sociedad, que tanto el gobierno federal y los legisladores atendiéramos y debiéramos de seguir trabajando para alcanzar los máximos estándares en este tema.

En este mismo marco de las reformas estructurales y la rendición de cuentas se encuadró la reforma de transparencia, la cual deja ver claramente quienes están sujetos a la ley. De este modo, se lleva al escrutinio público de la población a los Poderes, órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.

El mensaje que se da con esta reforma es la observancia irrestricta de la ley, y que la legislación no diseñará ningún marco de excepción para beneficiar alguna fuerza política o algún factor real de poder.

Ante la ley todos, absolutamente todos, son iguales, de los servidores públicos hasta los partidos políticos. Todos, quienes reciban fondos públicos deben rendir cuentas a los mexicanos. Y en este punto el Partido Verde Ecologista es muy explícito: aquel funcionario que reciba dinero del erario es público, por tanto la vida debe ser pública.

Lo anterior es un logro de dimensiones mayúsculas, tal como lo es también el inicio de labores de la Ventanilla Única Nacional para trámites e información de la participación ciudadana.

Asimismo, se consolidó el portal oficial de transparencia presupuestaria, con lo cual, como debe ser en toda sociedad democrática, la población podrá apreciar los montos transferidos a las entidades federativas y ante los municipios.

Falta mucho por hacer, compañeros, porque la tarea de facilitar los datos públicos a la sociedad siempre es tarea interminable, pero ahora se cuenta con el marco legislativo y el aparato ejecutivo más favorable para este fin.

Se debe trabajar muy duro para continuar fortaleciendo a México, pero sin duda alguna en este primer trienio de la administración Presidencial se ha avanzado como nunca en las materias de rendición de cuentas, la responsabilidad de los funcionarios y la lucha a la corrupción.

No debemos de estar ni conformistas ni exhaustos, ningún mexicano debe de cruzar los brazos, todos los días son fechas de labor para crear, mejorar y producir. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Avendaño. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Erik Juárez Blanquet: ¿Qué cosecha puede tener un país cuando siembra cadáveres? ¿Qué puedo decir de un país que siembra cuerpos? Me siento parado en un abismo de cadáveres. Tengo miedo. No sé, 43 hijos, 43 sueños difuminados.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el México de la prosperidad que se vislumbraba y se publicitaba como meta de este sexenio se convirtió en el México de la impunidad.

La impunidad es y será la seña de identidad del gobierno de Enrique Peña Nieto. Impunidad, porque no se castigan las graves e inaceptables violaciones a los derechos humanos perpetrados por la Policía Federal y el Ejército mexicano.

Impunidad de los funcionarios que protegen las operaciones y facilitan la evasión de los narcotraficantes en las cárceles de máxima seguridad. Impunidad de los gobernadores, quienes no son enjuiciados por el desvío de recursos que obtuvieron endeudando a sus estados.

Impunidad del Partido Verde, al cual no se le cancela el registro a pesar de la sistemática y deliberada violación a la ley. Impunidad para sancionar los conflictos de interés, especialmente en los que ha incurrido la familia y el círculo más cercano del presidente de la República.

Impunidad de los constructores del presidente. Grupo HIGA, Grupo Hermes, OHL, quienes venían haciendo ilegales negocios desde los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del estado de México.

Para todos ellos la prosperidad prometida, mientras que para el pueblo el olvido y el abandono. Porque México se ha convertido en una fábrica de pobres. Dos millones más en los dos últimos años del sexenio, según datos del Coneval. Cifra que no acongoja para nada a los diputados del PRI y a los diputados del Verde, porque justo esa fábrica de pobres es su semillero de votos. Ahí donde la miseria es el campo propicio para el intercambio del voto a cambio de una mochilita verde, a cambio de un termo, de una despensa o donde opera la compra directa o la coacción y la amenaza de no obtener los beneficios de los programas sociales.

En materia de seguridad, compañeros y compañeras, se lanzan las campanas a vuelo diciendo que la violencia ha disminuido, cuando en realidad la cifra de los delitos no denunciados ha crecido por la desconfianza en las instituciones y lo único que se está haciendo es administrar la delincuencia. La delincuencia se ha empoderado y nunca como hoy habíamos visto la colusión de las autoridades, de los tres niveles de gobierno.

Ejemplo básico es la fuga del Chapo Guzmán, de una prisión supuestamente de alta seguridad. Lo que en su momento comenzó con el empoderamiento del crimen organizado, gracias a la ineficacia de las instituciones públicas implementadas, se convirtió en la peor pesadilla de los mexicanos, homicidios y violencia trajeron con ello las desapariciones, los desplazamientos de poblaciones enteras y estados de sitios que más se antojaban de ficción que para nuestra realidad histórica.

El 15 de noviembre de 2012, compañeros y compañeras, Enrique Peña Nieto hizo llegar al Congreso de la Unión un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fortalecían de manera preocupante a la Secretaría de Gobernación, al transferirle todas las funciones de seguridad pública e interior, desapareciendo de seguridad pública, dirigida hasta ese momento por el ingeniero Genaro García Luna.

El problema fundamental que planteaba la reforma era, si la concentración de funciones que se pretendía realizar en la Segob era adecuada y resultaba peligroso para la gobernabilidad democrática que un solo funcionario tuviera bajo su responsabilidad, el Sistema de Seguridad Nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Protección Civil, todas quedaron bajo su mando, entre otras muchas funciones que por cierto ya desempeñaba.

Ahora resulta más que evidente que esta concentración supera con mucho las posibilidades de eficiencia de cualquier funcionario. Lo decimos con claridad, Miguel Ángel Osorio Chong está rebasado y no es capaz de seguir conduciendo la política interna del Estado mexicano. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez.

Se les reitera el llamado a las y los oradores a que se ciñan al tiempo acordado de hasta por cinco minutos.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

La diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, señor presidente. El titular del Ejecutivo federal acaba de presentar su III Informe de gobierno, el cual carece de resultados en materia de inversión, infraestructura, generación de empleos, estabilidad social, combate al crimen y una notoria debilidad al estado de derecho.

De acuerdo al informe de cómo va la vida en México de agosto de 2014, emitido por la OCDE, nuestro país queda por debajo de la media en empleo, salud, ingresos y riqueza, seguridad social, entre otros.

Asimismo, el presidente menciona que llevamos 15 años de parálisis legislativa en temas fundamentales. Sin embargo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se sumó generosamente al impulso de las reformas estructurales, exceptuando tajantemente la tóxica reforma fiscal. Es decir, los logros que tanto presume el Ejecutivo tienen su origen en el estancamiento legislativo que el PRI y sus aliados provocaron durante los gobiernos panistas.

Señoras y señores legisladores, no nos confundamos. Las reformas no son producto de una concesión graciosa del presidente y mucho menos de una facultad exclusiva del Ejecutivo. Las reformas se trabajaron, se consensuaron y se aprobaron en esta soberanía.

Ejemplo de lo anterior es el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado a partir de una iniciativa del presidente Felipe Calderón, presentada en septiembre de 2011. Es decir, esta reforma tiene un origen panista.

También es una reforma de origen panista la reforma laboral, que como iniciativa preferente presentó el presidente Felipe Calderón y que la actual administración plagia en su III Informe.

En el rubro de Indicadores del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, y su vinculación con la planeación nacional del III Informe de Gobierno, se señala que el porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión y reaprehensión disminuyó de 32.6 por ciento en 2014, a 19.7 por ciento a la fecha. Es decir, 13 por ciento más delincuentes en nuestras calles por la ineficiencia de la procuración de justicia.

Además el citado documento indica que de 2013 a 2015, no se han registrado investigaciones por los órganos internos de control ni se han impuesto sanciones administrativas en el ámbito federal, a pesar del número de quejas o denuncias ciudadanas en contra de los servidores públicos que en el mismo periodo suman 10 mil 456.

Cabe resaltar la entrevista de Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Todos los Derechos para Todos y Todas, dado al medio informativo Sin embargo, y cito: “Me parece que el presidente sigue con una idea donde se considera que las leyes por sí mismas podrán cambiar la situación del país”.

Sin embargo también ha dado cuenta de que expertos han criticado que ante la crisis el gobierno de la república presenta decálogos para solucionar el problema en turno.

Desde el primero de diciembre de 2012 hasta el 2 de septiembre de este año, el presidente ha presentado cuatro decálogos, es decir, uno cada 8.2 meses. Entonces nos preguntamos ¿Qué crisis nos espera dentro de 8.2 meses?

Sin embargo su mediática estrategia de decálogos no contiene soluciones. Por ejemplo, como pretender renovar las escuelas públicas del país y su infraestructura educativa mediante la bursatilización, cuando estamos en inestabilidad financiera.

Desde el inicio de este sexenio, habrá que recordar el aumento meteórico del dólar, que ha pasado de alrededor de 11 pesos, a más de 17 pesos; es decir, un aumento real del 25 por ciento.

En conclusión, esta administración ha movido a México hacia la pobreza, pues según datos del Coneval, hoy tenemos 2 millones más de pobres. Además, es urgente establecer mayores niveles de seguridad y condiciones de gobernabilidad que tanto le urgen a México.

Para lograrlo, los diputados de Acción Nacional exhortamos a todas las fuerzas políticas a que juntos corrijamos el rumbo de este país y evitar con ello mayores daños a las familias mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Tiene, para concluir esta primera ronda, en materia de política interior, el uso de la palabra el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz:Muchas gracias. Tengo el honor de representar al grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional. Con la venia del señor presidente y de esta soberana asamblea vengo a hacer un balance y un posicionamiento de la política interior de nuestro país, sin catastrofismos ni triunfalismos.

No debe existir duda durante los primeros tres años del gobierno federal, la gobernabilidad ha sido prioridad y poco a poco nuestro país se fortalece. El propio Poder Legislativo federal es resultado de esta nueva etapa. No existe motivo que, entre grupos parlamentarios, nos una más que el bienestar social que otorga la estabilidad, misma que nos permite opinar en la pluralidad.

Sabemos de los retos como representantes de la población, originados en el Partido Revolucionario Institucional. Aspiramos a que a México, sin duda a sus familias, le vaya bien. Compartimos con nuestro gobierno sacrificios en aras del desarrollo generacional, más allá de la coyuntura compartimos sin reservas su visión de política interior perfilada en diálogo y el acuerdo por sobre todos los medios.

Durante los últimos años nos hemos puesto de acuerdo para ir por la senda adecuada, le apostamos a las reformas estructurales y nuestra capacidad para irlas llevando a buen término habla de nuestra madurez política. Debemos insistir y dar el siguiente paso con independencia de cualquier índice de popularidad.

Fiel muestra de lo anterior fue la llamada reforma político-electoral. Como Grupo Parlamentario del PRI hacemos nuestro su espíritu progresista, que modificó la relación entre poderes y ciudadanos. Le apostamos con ello al avance y no al estancamiento.

Debemos destacar del proceso político-electoral las condiciones para efectuar una elección, donde todos los mexicanos tuvimos acceso al voto. Asuntos como el de Oaxaca y la resolución del Instituto Politécnico Nacional nos habla de ello. Esta Cámara, señoras y señores, tiene un 44 por ciento de mujeres y además un diputado independiente. Esto es resultado de la reforma político-electoral.

En este momento tenemos rumbo, sabemos a dónde queremos llegar y proponemos soluciones antes que seguir ignorando nuestra realidad. Mi reconocimiento a la responsabilidad de los coordinadores de la política interior de este país.

Respetables diputadas y diputados, para avanzar como sociedad en el largo camino de la legalidad hacia un Estado de derecho, el gobierno se propuso primero reconocer a nuestra población tan abandonada por las políticas públicas de otras administraciones, población que perdió la tranquilidad, que fue hundida en una guerra de la que era baja común y corriente, sin saber incluso quién la agredía. Es así que se procedió como nunca antes en tener una población plenamente identificable, primer paso para exigir derechos y atender obligaciones.

Resultan entonces loables y prácticamente inatacables los esfuerzos del gobierno federal en torno a la creación de la Clave Única de Identidad. Además se facilitó la obtención de actas de nacimiento en México y en el extranjero y se delineó el camino para convertir a la CURP en la lleva de acceso única para todos los trámites ante el gobierno.

Tenemos la firme convicción de que un solo mexicano puede producir más en nuestro territorio, mucho más que cualquier cantidad de remesas que pudiera enviar de manera ordinaria para mantener a su familia.

Compartimos el relanzamiento de la política pública federal esforzándonos por comprender la nueva cara del fenómeno migratorio. También el gobierno se encuentra tendiendo los flujos migratorios informales, que se dejaron irresponsablemente crecer durante lustros, y actuó en consecuencia. Ya no somos observadores inútiles de fenómeno, tolerantes de ver cómo se victimizaba a los migrantes a manos de la delincuencia y su violencia.

También estamos conscientes que uno de los puntos más importantes es el tema del servicio de protección civil. Si a ello se suman riesgos, peligros y accidentes causados por la acción humana, tenemos a una población que requiere de la correcta atención gubernamental para mitigar eventos que afectan su patrimonio y sus vidas.

Sólo en lo que llevamos de 2015 casi 3 por ciento de la población ha resultado damnificada por fenómenos climáticos. No es menor y es que nunca, nunca se le dio su justa dimensión a este tipo de contingencias. No se previno durante años que las cosas no mejorarán bajo un entorno del entonces ya de por sí famoso cambio climático.

Muy respetables legisladoras y legisladores federales, el país está avanzando, nos encontramos haciendo historia, todos unidos en este momento, en el incipiente camino de esta Legislatura todos aportaremos y habremos de encontrar un equilibrio, que será divisa de cara a la población.

México necesita y merece un Poder Legislativo sólido, de avanzada, referente positivo de futuras generaciones. Vayamos pues juntos en lo importante y que sea la nación la que juzgue nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cabrera.

Pasamos ahora de inmediato a la segunda ronda de participaciones en materia de política interior. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. Compañeros diputados, hablar de política interior nos obliga a hablar de seguridad y, en particular, de seguridad nacional.

La peor amenaza hoy a la incipiente democracia mexicana es el crimen organizado y la narcopolítica. La capacidad corruptora del crimen organizado ya ha tocado las más altas esferas de los gobiernos federal, estatal y municipal de este país; ha trascendido ya las áreas estrictamente de seguridad.

Nos dice el juez Giovanni Falcone, aquel fiscal italiano, que la arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia del Estado. Hoy en nuestro país esta premisa es cierta, pero tendríamos que agregarle algo: La arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia del Estado y, en muchos casos, a la complicidad del mismo.

Tenemos estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, por mencionar algunos, todos en el litoral del Pacífico, que son tradicionalmente estados productores de drogas, pero también lo son para el trasiego de las mismas.

Tenemos otros estados como Quintana Roo, Veracruz, e incluso estados fronterizos que se caracterizan por su alto flujo de las drogas como estados de trasiego.

Y tenemos otros que tienen importancia estratégica derivado de sus puertos y aeropuertos, estos centros son importantes para el crimen organizado porque se facilita el tráfico de mercancías, personas y recursos, tanto lícitos como ilícitos.

Mis amigos, no existe crimen organizado sin apoyo institucional y es increíble que a mitad de este sexenio no exista una campaña, una cruzada, un verdadero combate a la corrupción que da sustento institucional al crimen organizado, y esto es una omisión seria en las acciones que se han realizado en estos tres años, pero también en el planteamiento que hiciera el propio presidente Enrique Peña Nieto cuando ya nos habla de la estrategia para los siguientes tres años.

Es urgente pues, mis amigos, que entendamos que si se ha de combatir el crimen organizado en este país, tendrán que hacerse combatiendo la corrupción que le da sustento institucional a esta actividad criminal.

Finalmente, es necesario mencionar también que la violencia contra periodistas y medios de comunicación, en muchos casos, en muchísimos estados de nuestro país, proviene del poder mismo, y en estos estados donde es el gobierno el que agrede a medios de comunicación y a periodistas se disfraza de delincuencia común o de delincuencia organizada, y esto también es una omisión considerable en este III Informe de Gobierno. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Saludo al señor presidente y miembros de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, los diputados integrantes del Partido Encuentro Social reconocemos la labor que se ha realizado y que hoy se presenta en el III Informe del Gobierno Federal.

El tema que hoy nos ocupa en particular, acerca de la política interior. Pero al mismo tiempo hacemos énfasis en temas pendientes que exigen nuestra atención, porque además son temas que preocupan a la ciudadanía.

Sería arrogante de mi parte pensar que en pocos minutos puedo tocar todos los temas que aun tendrían que analizarse con profundidad. Sin embargo, quiero tocar, hacer énfasis solo en algunos de ellos.

Cuando hablamos de gobernabilidad hablamos de que Encuentro Social, como nueva opción política para los ciudadanos, que por primera vez se encuentra representada en este Congreso, buscará que los acuerdos se construyan para el fortalecimiento de la gobernabilidad.

Pero también buscaremos dar razón a la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros. Queremos formar parte del diálogo abierto que se construye día a día para encontrar soluciones juntos, sí, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a esos problemas que aquejan a México.

Reiteramos ese reconocimiento a la resolución de conflictos mediante el diálogo abierto y constructivo. Pero le apostamos para que ese diálogo y la concertación sean las directrices políticas que se marquen hasta el final del sexenio. Estaremos vigilantes en ellos.

En materia de derechos humanos es necesario garantizar de manera permanente el respeto y la protección a los mismos. Proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural como el primero de los derechos humanos.

Hoy hablamos de manera justa y reiterada por los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Pero quién habla por los más de 138 mil niños y niñas asesinados por el aborto legal en México.

Debemos trabajar decididamente para que los demás derechos sean asegurados en nuestro país. Derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a crecer en una familia, a una vivienda digna, a la seguridad, a la libertad religiosa y a la libertad de expresión, solo por enlistar algunos.

Consideramos que se han realizado esfuerzos desde el gobierno federal, pero el camino aún se vislumbra como un arduo trabajo por realizar y es nuestro deber como lo señala la Carta Magna, atenderlo coordinadamente y sobre todo dar cuentas de ello.

Una parte de la agenda legislativa de nuestro Partido Encuentro Social, consistirá en fortalecer precisamente el marco de protección y defensa a los derechos humanos, así como revisar hoy las leyes aplicables.

En materia de seguridad se pueden observar avances en temas significativos como la disminución en la tasa de homicidios, de acuerdo a datos reportados por INEGI y por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por otro lado tenemos temas pendientes que por afectar a la población más vulnerable, exigen revisar las estrategias que hasta hoy son llevadas a cabo para reformular el camino a seguir. Hablamos por ejemplo de temas como el abuso sexual, como la pornografía infantil, como la trata de personas en donde México se encuentra en lugares dolorosamente preponderantes a nivel mundial, afectando especialmente a nuestros niños y adolescentes.

Percibimos que es necesario avanzar a mayor velocidad en el desarrollo de las estrategias enumeradas para la seguridad y la procuración de justicia, en particular dos de ellas: la profesionalización y el fortalecimiento de los cuerpos de policía, especialmente la cibernética y la transformación del sistema penitenciario. Hacemos ahí un llamado a autoridades estatales y municipales para que la profesionalización sea una constante día a día y que realmente podamos sentirnos protegidos por nuestros policías.

La transformación de México para que podamos llevarlo a un estado de crecimiento y desarrollo, solo es posible con el esfuerzo de todos y el trabajo conjunto. Creemos en un México al que no le de miedo cambiar, un México con ciudadanos comprometidos en una búsqueda constante por generar el mayor bien para todos.

Los tres Poderes, el Ejecutivo, el Judicial, pero sobre todo el Legislativo, debemos distinguirnos por considerar el consolidar una relación de interlocución y diálogo permanente, de la mano con un trabajo incansable y comprometido con nuestra sociedad.

Quiero cerrar mi intervención llamando fuertemente a la responsabilidad personal en cada una de nuestras acciones, más aun hoy nos damos a la tarea de revisar un informe desde nuestra visión de escrutadores, pero que no podemos negar se entrelaza fuertemente con nuestras decisiones.

El rumbo que México toma no solo tiene que ver con el Ejecutivo, que hoy estamos analizando, sino tiene mucho que ver con la responsabilidad de nuestras acciones como legisladores.

John Donne escribió: La muerte de cualquier ser humano me disminuye a mí en cuanto soy parte de la humanidad. Nunca preguntes por quién doblan las campanas; ellas doblan por ti.

Les invito a que en cada palabra, sea escrita o hablada, que en cada acto que realicemos tengamos siempre presente, como si se tratara de un aguijón que atraviesa nuestro corazón, la siguiente pregunta. ¿Qué pude haber hecho por ti? Hoy la ciudadanía nos lo demanda y no puede esperar para la respuesta. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Palabras de Benito Pablo Juárez García.

Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La corrupción es un lastre que no sólo impide el crecimiento del país sino que ha involucrado a servidores públicos de todos los niveles como organizaciones criminales, lo que constituye la más grande traición a los intereses de la sociedad que trae como consecuencia el descrédito y la desconfianza en las instituciones del Estado, resultado de un inadecuado desempeño en la función pública.

En 2014 México ocupó el lugar 103 de 175 países que fueron evaluados por Transparencia Internacional. Esto da cuenta de los elevados niveles de corrupción que prevalecen en nuestro país y la magnitud del problema de la corrupción se acentúa con las desvergonzada fuga de uno de los criminales más peligrosos del mundo, así como con los escándalos relacionados con compras de propiedades millonarias tanto en México como en el extranjero, por parte de servidores públicos de alta jerarquía, sin olvidar los crímenes de lesa humanidad sufrida en Ayotzinapa y Tlatlaya.

Bajo tales circunstancias me pregunto cómo podemos los ciudadanos confiar en las instituciones si no hay quien garantice justicia, imparcialidad y un manejo adecuado del erario público.

Se debe señalar que si bien se han realizado esfuerzos por transparentar y hacer más eficiente el gasto público y la rendición de cuentas, aún estamos lejos de contar con un sistema de transparencia y combate a la corrupción, acorde a las enormes necesidades del país, por lo que resulta imperativo fortalecer las acciones de transparencia, pero esta no sirve, no va a funcionar si sigue subsistiendo la impunidad.

Asimismo los castigos a quienes abusen de la función pública deben de ser ejemplares. El hartazgo social es inmenso y debemos actuar en consecuencia; es nuestra obligación.

Congruencia y resultado es lo que está exigiendo la sociedad mexicana de sus autoridades; congruencia en el discurso, congruencia y resultados en la acción.

Otro tema que nos trae a la reflexión es sobre la congruencia, entre las acciones y las palabras, como lo es la situación de los pueblos indígenas en nuestro país.

Hacemos frecuentemente alarde de nuestra herencia indígena y su enorme riqueza cultural.

Nos ufanamos de ser un crisol de civilizaciones antiguas y cosmovisiones, sin embargo este orgullo no se refleja en nuestras acciones cotidianas.

Las cifras que publica Conapred, en este aspecto son elocuentes. Para las personas indígenas el mayor problema, aún por encima de la pobreza, es la discriminación. Una vez más nos falta congruencia.

Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. Esa es la meta que tiene el gobierno federal. No obstante, es evidente que estamos aún lejos de conseguirla, aún a pesar de los esfuerzos que señala el III Informe de gobierno.

La desigualdad y la pobreza se manifiestan con más fuerza cuando la persona es indígena, pero sobre todo cuando es mujer indígena. Es innegable que ha habido voluntad para cambiar esas circunstancias, mismas que celebramos e impulsamos. Lamentablemente las acciones aún no han tenido un impacto sustantivo en la situación que enfrentan las comunidades y los pueblos indígenas en nuestro país.

Sin embargo, para Nueva Alianza, el asistencialismo y la entrega de apoyos económicos no son el único camino, ya que estas medidas no repercuten en la educación y formación de hombres indígenas que se traduzcan en una forma de inclusión y desarrollo, pues no se ataca el problema de raíz.

Sobre todo a nosotros nos preocupa la protección efectiva de aquellas personas indígenas que enfrentan procesos penales y que no gozan de una adecuada defensa, de una justa administración de su justicia por no contar con autoridades sensibilizadas y comprometidas con el trabajo conferido.

Es indispensable promover y hacer atractiva la capacitación para proteger a las personas indígenas. Nueva Alianza ha sido congruente con su postura en favor de la transparencia, el combate a la corrupción y, sobre todo, la rendición de cuentas.

Hemos sido promotores de estas políticas, las hemos ejecutado y con ello hemos experimentado un incremento en la participación de la ciudadanía que está ávida de ser escuchada y ser tomada en cuenta.

Por ello invito a mis compañeros y compañeras legisladoras a que seamos congruentes, que trabajemos para el pueblo, que es finalmente a quienes nos debemos, pues somos representantes del pueblo, en nuestras manos está el destino del país y de nosotros depende recobrar las glorias pasadas de nuestro México querido.

Congruencia, compañeros y compañeras, esa es la apuesta de Nueva Alianza, que nuestras acciones sean el reflejo de nuestras palabras, que nuestra bandera –como lo señaló el prócer Guelatao– que nuestra bandera no sea otra que la bandera de la ley, la felicidad común debe ser nuestro norte, e iguales hombres y mujeres ante la presencia de cualquier funcionario público como lo son ante la ley.

Sólo así conseguiremos revertir la pésima percepción que de la clase política se tiene en todo el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Gracias diputada Sánchez. Tiene ahora, hasta por cinco minutos, la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Señor presidente, con su permiso. Buenas tardes. La fracción parlamentaria que tengo el honor de representar me ha conferido el honor de expresar unos comentarios en su nombre, y también lo hago a nombre del pueblo que representamos, en relación con el III Informe que ha rendido el presidente de la República, comentarios que habrán de versar sobre política interior.

Y hablando de política me nace comenzar con una definición: política es la actividad que busca bienes colectivos a través del diálogo, del consenso y eventualmente a través del ejercicio del poder. Y agregaría que la política, para que verdaderamente logre la realización de bienes colectivos, debe estar necesariamente subordinada a la ética universal, a esa serie de principios y valores que brotando de nuestra propia naturaleza nos llevan a hacer –como decía Aristóteles, el griego por supuesto, el bueno– un uso correcto de las cosas.

En el caso de la política se trataría de hacer un uso correcto del poder, de usarlo en nombre y en beneficio de su verdadero titular, que es el pueblo, que son los ciudadanos; y recordando siempre todos y cada uno de nuestros –y por supuesto el presidente de la República– siempre que los gobernantes no somos otra cosa que los representantes del pueblo, nunca hay que olvidar esta postura.

Salta a la vista entonces, compañeros y compañeras, que el presidente Peña Nieto y su gobierno han fracasado rotundamente en materia de política interna, haciendo un uso incorrecto del poder que se les ha conferido y por lo tanto alejándose de la consecución de bienes colectivos.

¿Es ético –me pregunto– mentir al pueblo de México en un asunto tan delicado y vergonzoso como el de los jóvenes desaparecidos en Iguala? ¿Es ético –vuelvo a preguntarme, y les pregunto– que una oscura sobra de duda quede sobre la adquisición de suntuosos bienes inmuebles por parte de quienes nos gobiernan y reciban una tardía e inexplicable exoneración por ello? No en balde, señoras y señores, el presidente y su gobierno han acumulado en tan poco tiempo tanto desprestigio.

Hacía mucho que no veíamos en México un fenómeno político así, lo reflejan las encuestas, lo vemos en las redes sociales, pero sobre todo lo percibimos en la desconfianza que los mexicanos en general tenemos hacia nuestras autoridades federales.

El informe que acabamos de recibir no hace otra cosa que alimentar esa desconfianza por la forma en que contradice la realidad cotidiana.

En una de sus páginas por ejemplo, se lee textualmente: Se han tomado medidas ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés. Eso lo dice el presidente, mientras tanto los escándalos de corrupción no dejan de brotar día con día y quedan sin resolverse, y mientras tanto vemos cómo quedan en la impunidad los casos que más indignan a los mexicanos. Qué otra cosa se puede esperar, señoras y señores, de un presidente que dijo que la cultura era parte de la corrupción mexicana. Eso no lo acepto.

En el capítulo del Informe, intitulado México en paz, que se refiere a seguridad, un eufemismo que pretende ocultarnos la verdad, el presidente nos dice que vamos bien en materia de seguridad y que los delitos van bajando. Expresa con números, por ejemplo, que los homicidios dolosos han disminuido de 2012 a 2014. Es cierto, pero es una verdad a medias, no dice que en la segunda mitad de 2014 y en lo que llevamos de 2015 los homicidios han aumentado, según se refleja en las propias estadísticas del gobierno federal.

El decir las cosas a medias sabiéndolas completas es una forma de mentir, y por lo tanto es una inmoralidad.

Igual de dramática es la situación en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales del hombre, una de las razones de ser del Estado. Miles y miles de casos están sin resolverse, es más, sin denunciarse siquiera, porque no hay confianza ante las autoridades ante las que se denuncia, y entre estos casos destacan tres; la masacre de Tlatlaya, estado de México, presumiblemente perpetrada por militares; los muertos de Tanhuato, Michoacán, esa presunta ejecución extrajudicial, y el caso de Ayotzinapa, que ya ha sido aquí mencionado varias veces.

A estas grandes tragedias de nuestro país tenemos que agregar la permanente situación de discriminación. México es un país clasista, no hay que engañarnos y hay que acabar con ese clasismo. Esta discriminación es otra forma de violencia, una forma que viven millones de mexicanos a diario y quienes son víctimas no sólo de esta discriminación innoble, sino de un Estado incapaz de proteger su dignidad, sus derechos y su integridad, incluyendo un grave rezago en materia de paridad de género.

Se enunciaba, se comentaba hace rato por ejemplo, que hay un gran porcentaje de mujeres en esta Cámara. Eso no es gracias al presidente Peña Nieto, es gracias a los ciudadanos que escogieron a mujeres como diputadas en este Congreso.

Hoy el Estado mexicano está fallando en su tarea sustantiva de proteger el valor y la dignidad de las personas, y no podemos aspirar a construir un país verdaderamente democrático si seguimos reproduciendo prácticas de discriminación y exclusión.

Percibo un pueblo con miedo, con desconfianza, con un futuro incierto en cuanto a su economía y en cuanto a su estabilidad social, cada vez con menos esperanza.

México no se está moviendo en la dirección correcta, pero todavía es tiempo, señor presidente, se tienen por delante muy buenos tres años para rectificar, para corregir, para expiar, por el bien de los mexicanos no los desaproveche usted. Gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Damos la bienvenida a los integrantes de la Comisión Nacional de Organizaciones Populares del Estado de Querétaro, invitados por el señor diputado Braulio Guerra Urbiola. Bienvenidos.

Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, la administración de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como una de las peores evaluadas por la sociedad. Sus bajos niveles de aceptación son frutos de la ineficiencia e inequidad y también ineficacia para cumplir sus principales metas de gobierno en materia de política interior, y por llevar al país a una situación insostenible en diversos ámbitos.

No se puede hablar de gobernabilidad democrática, cuando fueron desaparecidos 43 normalistas, arrancados con violencia de sus familias por fuerzas criminales asociadas a los agentes del Estado.

No es posible hablar de estabilidad social, cuando ocurren masacres como las de Tanguanato, en Michoacán, en las que cayeron 42 presuntos delincuentes y un efectivo federal. No se puede hablar de un país en paz, cuando existe un malestar generalizado por la incapacidad del gobierno para proporcionar seguridad y bienestar a los mexicanos.

No diré nada que no hayan dicho cientos de miles de mexicanos desde muchísimas trincheras, a lo largo y ancho del país. El proyecto político neoliberal ha dejado a México en un estado lamentable, desastroso, cancelando el futuro de nuestra sociedad a partir del entreguismo económico y político.

No, Peña Nieto no ha logrado recuperar la tranquilidad, ni ofrecernos un Estado de derecho, como insinúa en su III Informe. No ha cumplido ni cumplirá a las familias mexicanas su promesa de mayor seguridad en su patrimonio, en sus libertades y en su integridad física.

Los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y otros, como en lamentables ejemplos, han mostrado la falta de respeto a los ciudadanos y sus derechos.

La incapacidad de las instituciones manejadas como cotos personales de sus titulares, para generar condiciones que les permitan a los mexicanos ejercer su derecho a la seguridad, a la justicia, únicamente provocan esquemas de corrupción sin precedentes.

Vivimos la más grande crisis humanitaria de que tengamos memoria. Esta crisis se expresa en 60 mil muertos, más de 12 mil 500 desaparecidos, 21 mil ejecuciones y decenas de periodistas y comunicadores asesinados, y a lo largo y ancho de este territorio.

La violencia contra la mujer en algunas entidades de la República, como el estado de México y Veracruz, es un grave síntoma de esta crisis humanitaria por la que estamos atravesando.

Las autoridades federales han sido omisas ante el incremento de los feminicidios, este gobierno arroja un saldo rojo en materia de violencia de género que debemos de tener. La corrupción y la impunidad en las más altas esferas del gobierno, han crecido en el actual sexenio hasta alcanzar niveles insospechados.

El presidente de la República no ha aclarado, de cara a esta sociedad, el posible conflicto de intereses en que se vio involucrado con el escándalo de la Casa blanca de las Lomas de Chapultepec y su relación con los negocios del Grupo Higa, empresa consentida desde que fue gobernador del estado de México.

La exoneración que de él hizo el secretario de la Función Pública es una gran farsa, que debería provocar la renuncia inmediata de éste, pero parece que la condena pública aquí no es suficiente. Desde esta tribuna vaya una calurosa felicitación al pueblo guatemalteco.

Peña debería someterse a una investigación independiente del Congreso y disipar la duda que persiste aún sobre el posible conflicto de intereses en que incurrió, en lugar de ofrecernos logros insignificantes de combate a la corrupción en el aparato burocrático.

Durante las pasadas elecciones, el gobierno federal volvió a utilizar los programas sociales en beneficio de los candidatos de su partido PRI-Verde, regresando a las prácticas más nefastas de compra de voto que creíamos haber superado. Con ello le hace un gran daño a nuestro sistema político y crea un clima de desconfianza para los procesos futuros electorales.

Los recientes cambios en el gabinete son un señuelo que a la vez de la vieja usanza del PRI, pretenden engañar a la población sobre un posible viraje en las políticas públicas.

Nosotros no nos engañamos y estamos aquí para decirlo. Nosotros no nos engañamos y estamos aquí para decirlo, son la misma gata pero revolcada. Antonio Meade, que fracasó en su intento de limpiar la imagen internacional del país por la violencia generalizada y la corrupción que vivimos, sin conseguirlo. Ahora es premiado con la Secretaría de Desarrollo Social, que ha sido utilizada como fábrica de votos para el PRI.

Rosario Robles se sostiene en el gabinete a pesar de que dejó 2 millones de pobres más en su gestión, de acuerdo con las propias cifras del Coneval.

En la Secretaría de Educación se coloca a un peón del presidente, antes de pensar en resolver los grandes problemas por los que atraviesa nuestro sistema educativo y las necesidades de millones de educandos.

En su gran mayoría permanecen intactas las barreras que impiden en México el acceso a los derechos, las libertades y los bienes que se obtienen del esfuerzo común, que es el centro de la paradoja.

Los programas sociales, en la lógica de la economía neoliberal, que en lo único que piensan es en producir fabricación de pobreza. Que se escuche, en este país la pobreza es un gran negocio.

No es de extrañar que se mantenga en Gobernación a Osorio Chong, encargado de esta maltrecha gobernabilidad y de la inseguridad pública que padecemos. Responsable directo de la fuga del Chapo Guzmán, a pesar de que nos prometieron que no se volvería a fugar.

Con estos datos, señoras y señores legisladores, es claro que el balance es negativo, que hacemos de la política interior de Peña Nieto.

Para Morena, México requiere urgentemente un cambio de régimen porque actualmente no hay democracia verdadera y la gobernabilidad es muy frágil.

Nuestro país requiere un cambio que permita devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente a sus gobernantes. Y sobre todo, decidir sobre sus asuntos vitales para la regeneración de la República.

Esta transformación del régimen pasa por promover la revocación del mandato...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, por favor, oradora.

La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: ...como derecho que deben ejercer los ciudadanos cuando sus gobernantes no cumplan o incurran en conflicto de intereses. Si no logramos este cambio, nos seguirán mintiendo. Ayotzinapa, nunca más. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores, quiero comenzar esta participación expresando por el Partido Verde, nuestro apoyo sin condición alguna al gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, que en el transcurso de estos casi tres años de gobierno ha logrado dar un giro de 180 grados a la forma de llevar la política interior y lograr acuerdos que se han traducido en beneficio de todos los mexicanos.

Los diputados del Verde, no nos escondemos en el fuero, como algunos ex presidentes municipales que buscan este cargo para no dar la cara en sus municipios donde dejaron cuentas pendientes.

En los años pasados inmediatos, la falta de diálogo democrático y de los consensos necesarios, no permitieron avanzar en los cambios que el país requería para competir y ganar en el contexto de la globalización. El desencuentro entre Poderes, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, acentuaron las diferencias entre los actores políticos que conllevaron a una parálisis en las reformas que eran necesarias y provocaron una pérdida de tiempo para todo el país.

En atención a esta realidad, el actual gobierno de la República logró desde el primer día de su mandato, convocar a todas las fuerzas políticas en torno a un gran acuerdo nacional, el Pacto por México, que permitió construir una hoja de ruta, una agenda estratégica de reformas que se pudieron hacer realidad con el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La política y los consensos se hicieron presentes y permitieron aprobar 13 reformas estructurales, teniendo siempre por delante la búsqueda del bienestar de las familias mexicanas. Sí, falta complementar estas reformas, falta que se implementen al 100 por ciento, pero hay que reconocer que en tres años se ha logrado lo que no se pudo hacer en varios años.

Pero no sólo se ha centrado en este punto la política interior, también se ha avanzado en otros temas como es el de la inseguridad. Durante la década anterior diversas regiones del país sufrieron un incremento en la incidencia delictiva y en la presencia del crimen organizado. La llamada guerra contra el crimen lo único que dejó fue una ola de muerte sin justificación alguna. La falta de coordinación, de estrategia y de prevención por parte del gobierno, llevaron al país a vivir años de temor, de miedo, de confrontación.

El gobierno de Enrique Peña Nieto se fijó desde un inicio un doble propósito. Reducir la violencia y diseñar instituciones para construir una paz duradera, por tal razón se creó la Comisión Nacional de Seguridad y se han llevado a cabo acciones que han permitido avanzar en la lucha contra la inseguridad.

Una de ellas es la acción de coordinación que encabeza la Secretaría de Gobernación, la cual ha establecido estrategias regionales para dar respuesta más allá de fronteras estatales; el uso de sistemas de inteligencia que han permitido que las tecnologías ayuden a detectar y a atacar las conductas de delincuentes, además que han servido para desarticular bandas del crimen organizado. A la fecha se han detenido 92 de los 122 delincuentes más peligrosos. Esto es política de seguridad que se lleva a cabo en todo el territorio nacional.

Otro punto de gran relevancia para la política interior es el de migración. En la frontera norte se implementó el Programa Somos Mexicanos, en la frontera sur la coordinación para la atención integral de la migración.

Debemos comprender que los retos en política interior, en un país como el nuestro, implica áreas sumamente exigentes como las ya descritas, además de la prevención del delito, los derechos humanos, la gobernabilidad, la relación con las entidades federativas y municipios, la comunicación permanente con todos los poderes y todas deben de estar perfectamente atendidas para hacer crecer a México en un clima de paz y seguridad.

México, lo cual se debe conseguir con el apoyo y compromiso de todas y todos los mexicanos, pero principalmente de los miembros de esta Cámara de Diputados.

Reconozcamos lo que falta, pero también lo que se ha logrado. No tiremos por la borda lo que nuestros antecesores lograron construyendo consensos y acuerdos. Nos toca a todos nosotros consolidar las reformas.

Las ideologías políticas diferentes no son enemigos, sino instrumentos de análisis para abordar un tema a través de varias ópticas y poder llegar a un acuerdo. Trabajemos juntos por el bien de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, una vez más el primero de septiembre se coloca en el centro del debate público, el tema del formato del informe de gobierno que como está plasmado actualmente en el artículo 69 de nuestra Constitución, se obliga al titular del Ejecutivo federal a presentarlo por escrito, que aunado a su incapacidad para sostener un diálogo republicano con el Congreso, han hecho prácticamente imposible que se tenga un verdadero ejercicio de rendición de cuentas como lo exige la sociedad mexicana.

Nuestro grupo parlamentario reitera nuevamente la invitación que se hizo al presidente de la República para que en su calidad de jefe de gobierno acuda ante esta soberanía a cumplir con su compromiso de escuchar al Congreso mexicano, para establecer una nueva relación entre poderes que fortalezca nuestra incipiente democracia.

Dígase lo que se diga, tanto el mensaje Presidencial como el mismo informe adolecen de la absoluta falta de autocrítica de la gestión gubernamental, y más allá de la numeralia oficialista, no se reconocen en los hechos la grave realidad que aqueja a nuestra República, ya que los escándalos de corrupción, los errores y las omisiones en las decisiones tomadas, contradicen la narrativa triunfalista que rodea todo el montaje de este gran show mediático, que lo ubican con índices de aceptación abajo del 35 por ciento, que son verdaderamente alarmantes.

El regreso de la Presidencia imperial, que como antaño el PRI nos tenía acostumbrados, donde la solemnidad es más importante que el acto republicano de revisión de cuentas, donde lo mediático y lo frívolo, es el sello de la casa. Se impone nuevamente a la gravedad de la realidad política, social y económica.

Este último año, desgraciadamente, la realidad fue otra, como se hizo del dominio público por diversos medios de comunicación: la Casa Blanca y de Malinalco, pusieron en evidencia los conflictos de interés que incurrieron tanto Peña Nieto como Videgaray y, sobre todo, la visión frívola y fastuosa de su modo de vida.

Qué vergüenza, nada que ver con el perfil de un verdadero servidor público que vive en la honrada medianía. No basta con que el presidente mande a un empleado de la función pública que lo investigue, a ver si encuentra algo. Qué falso proceder. ¿A quiénes quisieron engañar? Porque al pueblo de México no lo pudieron hacer.

Y lo mismo sucede con algunos gobernadores, como es el caso del estado de Colima, en donde la desviación de recursos públicos es el pan de cada día. Necesitamos una verdadera legislación secundaria de la reforma constitucional del sistema anticorrupción, que permita la articulación autónoma del sistema nacional anticorrupción, que combata eficazmente este flagelo, que es para muchos no solamente una asignatura pendiente del gobierno del gobierno, sino la verdadera cruzada de nuestro presente.

Luego de las elecciones del 2015, sabemos que los demonios de la corrupción también estuvieron sueltos, se hicieron presentes la violencia y la manifestación del repudio electoral. La influencia del crimen organizado en varias entidades del país, así como la operación política para proteger la impunidad del Partido Verde Ecologista de México, que violó sistemáticamente las condiciones de equidad del proceso electoral, cometiendo fraude a la ley.

El Grupo Parlamentario del PRD propone que entremos de inmediato a discutir entre todas las fuerzas políticas aquí representadas una verdadera agenda de gobierno, consensada entre los dos poderes que construyan las políticas del Estado, que necesita con una gran urgencia el país, ya no se puede seguir por el camino de la improvisación y la insensibilidad como se ha hecho hasta ahora. Esperamos una pronta respuesta de Enrique Peña Nieto. Gracias.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Beltrán. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado presidente. La política interior de cualquier Estado es la política real y no la política del anuncio publicitario de la gaceta pagada o del discurso autocomplaciente, es la forma como el poder se relaciona con las fuerzas opositoras y con la realidad en su conjunto.

Una honesta política interior no ignora a sus críticos, dirige su energía al diálogo y nunca a la manipulación; es autoreflexiva y sabe cambiar de rumbo cuando es necesario. Lamentablemente la política interior en este gobierno ha sido rebasada por completo por la realidad, y por mucho.

Las 13 reformas aprobadas por el Legislativo y presumidas hasta el cansancio por el Ejecutivo resultan insuficientes para una sociedad que reprueba contundentemente la gestión de su presidente, que no acepta las explicaciones dadas por indignantes actos de corrupción en su gobierno y que no termina de legitimar a su gobierno porque este es incapaz de expedir justicia porque ya se cansó.

Para propios y extraños es demasiado conspicuo que la gran falla y la gran deuda y la gran decepción de este gobierno ha sido la falta de seguridad y la protección y respeto a los derechos humanos; así lo señalan diversos organismos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Incluso, el índice de Paz México 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que México hoy figura como el país más violento de la región centroamericana por su alta corrupción y su alta impunidad.

Por cierto, hubo una cifra que desafortunadamente no pudimos hallar en el Informe de Gobierno del presidente. Esa cifra no se refería a personas ni a montos ni a plazos ni a porcentajes, se refería a toneladas de tierra. Sí, toneladas de tierra, 3 mil 250 toneladas para ser exactos, mismas que fueron las necesarias para que el hoy delincuente más buscado del continente pudiera desnudar la fragilidad del gobierno mexicano al fugarse de un penal de máxima seguridad, y de paso poner al país en ridículo en el plano internacional.

Se nos señala en el Informe del presidente de la República que los homicidios han ido a la baja, sin embargo resulta paradójico que ni estos han disminuido y que existan hechos que no son ni aislados ni indiferentes a la opinión pública y publicada a niveles nacional e internacional y que son los que más dañan al Estado mexicano, debido al ejemplo público de impunidad que dibujan.

Es precisamente el Estado debilitado al que hacemos referencia, que nos hace diagnosticar una crisis de legitimidad, un vacío de gobernabilidad y una ausencia de autoridad reflejada en una escalada de asesinatos que en mucho nos recuerdan Aguas Blancas, nos recuerdan Acteal, nos recuerdan Atenco y que hoy lamentablemente hemos visto replicados en Ostula, en Tlatlaya, en Calera, Tanhuato, Apatzingán y por supuesto en Ayotzinapa.

Si de verdad el gobierno federal está dispuesto a atender el clamor popular y un diagnóstico internacional de primer nivel, ¿por qué no realiza los cambios necesario en el gabinete de seguridad, y solamente realiza cambios cosméticos como los que acabamos de ver? ¿Por qué no permite que la Función Pública sea un ente independiente y no una agencia para exculpar compadrazgos? ¿Por qué, si se llama a una nueva investigación, no es citado el ex procurador Murillo Karam, para explicar en qué basó su versión? ¿Por qué el desdeño a los especialistas argentinas y por qué la policía federal oculta el día de hoy información respecto al quinto autobús?

Le tomamos la palabra a la procuradora, vamos a apoyarla para llegar al fondo en las investigaciones, caiga quien caiga, aunque caiga algún funcionario federal por su acción o por su omisión.

Compañeras y compañeros legisladores, hace tiempo que no veíamos un país tan desprestigiado a nivel internacional por la violencia y por la impunidad. El índice de Estado de derecho del Banco Mundial nos posiciona en el lugar 79 de 102 países, y lamentablemente el asesinato de periodistas nos vuelve a colocar en la vitrina de la guerra sucia también a nivel internacional.

El sueño mexicano pregonado por el gobierno federal está diluido entre la violencia y la impunidad, el gabinete de seguridad ha fracasado en su tarea básica de velar por la gobernabilidad y la impartición de justicia.

Queda claro que a tres años, solamente tres años del ascenso al poder de la actual clase gobernante los cambios son magros. El país no es Atlacomulco ni tampoco es Pachuca, señores.

Hay francos retrocesos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Así es como ha evolucionado ese sueño mexicano, con un magnilocuente, pero decepcionante resultado.

Lo único que no se equivoca en política es la historia, misma que con hechos infames ha demostrado el espejismo del México en paz, pues a casi tres años no se ha recuperado la tranquilidad y, por el contrario, vivimos con mayor incertidumbre con relación a las instituciones encargadas de impartir justicia, vivimos con temor ante las fuerzas del orden público y con desconfianza en nuestros gobernantes.

Acción Nacional quiere un México mejor. Por eso seguiremos apoyando los cambios necesarios, pero también seguiremos resistiendo ante las permanentes acechanzas a regresar al pasado. Seguiremos denunciando retrocesos y engaños, ese es el deber de la oposición y es el que hoy cumplimos a cabalidad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Triana. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, devolver paz y tranquilidad a las familias mexicanas, brindarle seguridad, generar confianza y certezas, garantizar a toda persona una vida en la que se respeten sus derechos humanos y establecer reglas que propicien la gobernabilidad en este país, fueron metas que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se fijó como prioritarias desde el principio de su gestión.

Señoras y señores diputados, permítanme recordarles cuál fue nuestro punto de partida al iniciar esta administración. Los mexicanos veníamos de padecer una política errática de seguridad, que generó más violencia y muertes, presenciar daños que llamaron colaterales cuyas víctimas directas fueron personas inocentes.

Una estrategia de desencuentros y descoordinación entre autoridades federales y locales, un gobierno donde los derechos humanos no figuraron en la agenda prioritaria, como tampoco importó fortalecer las áreas de inteligencia ni las instituciones de procuración de justicia.

Durante los años 2006 a 2012, la tasa de homicidios aumentó 175 por ciento. La estrategia había dejado decenas de miles de muertos, más de 25 mil personas desaparecidas, desconfianza y vulnerabilidad de las instituciones.

Este gobierno sabía que tenía que hacer las cosas de manera diferente, si lo que quería era sacar al país de la parálisis en la que se encontraba, y promover un cambio para recuperar la paz y la esperanza. Ser competitivo y devolverle a México el lugar que merece en el contexto internacional.

Hace tres años quedó claro para todos, gobierno, representantes y sociedad, que este esfuerzo no era tarea de un solo partido, sino que era necesario que todas las fuerzas políticas integraran una misma visión de futuro, para lo cual se impulsó un amplio acuerdo que logró hacernos coincidir con voluntad y verdadero oficio político.

Este pacto fue resultado de tener claro que es posible avanzar sin dividir, reformar sin excluir y transformar sin destruir, como bien lo ha señalado el presidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno de la República le dio un nuevo rostro a la política de seguridad y justicia, invirtiendo recursos nunca antes vistos, 392 mil millones de pesos a la política de prevención del delito, trabajando en sus causas de orígenes, regionalizando la atención de los delitos de mayor impacto en la sociedad, creando la Gendarmería y priorizando la coordinación y corresponsabilidad entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

En los primeros dos años de este gobierno se logró reducir la tasa de homicidios a nivel nacional en casi 26 por ciento. Sí, señores, se redujo. Más baja que en Brasil, Colombia y Venezuela.

Pero más allá de cifras, lo importante es que en varias regiones del país, que antes estaban afectadas por la delincuencia, la gente ha empezado a volver a las calles y a sus parques.

Con la Estrategia Nacional Antisecuestro, en el primer semestre del 2015, el número de denuncias por este delito bajó 31 por ciento. Es destacable el gran esfuerzo impulsado por esta administración para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. En lo que va del sexenio se han atendido de manera integral a más de 100 mil mujeres en todo el país.

En materia de justicia se ha venido impulsando con compromiso y liderazgo la verdadera transformación del nuevo sistema de justicia penal.

Gracias al impulso dado por el presidente de la República se hizo historia y el Congreso logró expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y está a punto de concretarse una agenda que armoniza legislación necesaria para implementar esta reforma. Hoy la cobertura de este sistema alcanza ya a 6 de cada 10 mexicanos.

Asimismo, el presidente Peña Nieto ha manifestado una gran disposición por consolidar el marco legal para impulsar la política de combate a la corrupción. Tan es así que ha llamado a conjuntar esfuerzos para sacar adelante la legislación necesaria que permita la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este gobierno ha priorizado la generación de acuerdos y sinergias con instancias nacionales e internacionales que permitan avanzar en la agenda de derechos humanos pendiente en el país.

Destacan los avances significativos que se han registrado en los programas de protección a periodistas y de atención a víctimas del delito. Recordemos que fue bajo este gobierno que se expidió la Ley General de Víctimas que el gobierno anterior no quiso aprobar.

Cabe señalar también que ha habido una reducción del 64 por ciento de las recomendaciones en esta materia, dirigidas a la administración pública federal.

Señoras y señores diputados, México está atravesando por grandes heridas. En el último año el país ha enfrentado sucesos dolorosos y frustrantes que han dejado heridas profundas y un sentimiento de vulnerabilidad en los mexicanos.

Estos sucesos nos recuerdan que es imperativo y urgente que el país entero se avoque a trabajar en combatir la corrupción, la violencia, la impunidad, pero también la pobreza y la falta de oportunidades.

Estamos convencidos que la ruta de las reformas tomada por este gobierno es la ruta correcta. Necesitamos hacer a un lado las mezquindades que llevan a algunos a buscar más que su triunfo, el fracaso del gobierno. Y con ello, del Estado mexicano.

Las heridas que hoy tenemos no se abrieron hoy ni hace tres años. Lo que sí surgió hace tres años es una voluntad férrea por encarar estos desafíos desde la raíz, es decir, desde la cultura, desde la educación, abandonada hacía décadas desde la inclusión, la innovación y el desarrollo social.

Señoras y señores diputados, termino. El país clama justicia, demanda paz y futuro. No podemos rehusar a nuestra responsabilidad social de trabajar por el bien común, por el bien de todos. El PRI estará siempre dispuesto a sumar y a unir esfuerzos para sacar adelante reformas y concretar las ya existentes. Confiamos en que las coincidencias nos harán trabajar por México, que así sea.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Benítez.

Antes de continuar con el punto a discusión del Informe sobre política exterior, proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la propuesta relativa a que México tome una postura sobre la crisis humanitaria que se vive en Siria, por lo que se somete a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. Que el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, presentó un exhorto respetuoso al titular del Poder Ejecutivo federal para que se fije una postura acorde a la tradición internacional de México, en torno a la crisis humanitaria que se vive en Siria.

2. Nuestro país tiene una reconocida tradición histórica en materia de asilo y refugio. Principalmente a través del asilo diplomático, con destacados episodios en que se han acogido grupos de refugiados. Estas acciones han resultado benéficas para el país ya que la multiculturalidad y el conocimiento aportado por los refugiados, por ejemplo en el caso del éxodo español durante la primera mitad del siglo XX.

3. El Estado ha suscrito las convenciones internacionales en la materia, siendo uno de los países que han firmado y ratificado las convenciones sobre asilo de La Habana, de Montevideo y la Declaración de Cartagena firmada en 1984. Reconocen que la violencia es uno de los principales factores por los que se debe otorgar refugio. Igualmente, el Estado mexicano ha firmado las convenciones de las Naciones Unidas de 1951 y el Protocolo de 1967 referentes a la condición de refugiados.

4. Debe destacarse que en el año de 1980 el gobierno de México crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuyo objetivo es establecer convenios con los organismos internacionales para estudiar las necesidades y los problemas de la población refugiada, así como proporcionarles ayuda y protección, buscando soluciones de carácter temporal o permanente en materia de empleo y autosuficiencia económica.

5. En junio de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Estado mexicano reforzar las acciones de protección y cumplir con el principio pro persona y la determinación del interés superior del niño para las personas en condición de refugiados.

6. Esta tradición ahora cuenta con un marco normativo amplio y específico que permite dar respuestas formales y adecuadas a aquellos que necesitan protección.

7. México, por su tradición, historia y compromiso internacional, no puede permanecer en la inacción ante la emergencia humanitaria más grave que se vive hoy en el mundo, y que está afectando a decenas de miles de sirios. Como miembro de la comunidad internacional, no se puede permanecer ajeno a la tragedia que afecta a los desplazados y afectados por la crisis humanitaria que se desarrolla en Siria.

Por lo anteriormente expuesto, nos. permitimos suscribir el presente acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal en el que se sumen los esfuerzos del Congreso de la Unión para que se fije una postura política y se diseñe una agenda de trabajo, acorde a la tradición humanitaria de nuestra Nación, dando asilo y refugio a quienes hoy lo necesitan, particularmente a quienes se han visto afectados por la crisis humanitaria que se desarrolla en Siria, esto con base a los acuerdos internacionales en materia de derecho humanitario y refugiados, así como a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2015.- Diputado César Camacho Quiroz (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta si se aprueba a las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, le informo, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Aprobado. Comuníquese.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí, diputado, Clemente Castañeda. Sonido en la curul del diputado Clemente Castañeda, por favor.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Simplemente para agradecer que la Junta de Coordinación Política y la asamblea, haya hecho suyo el planteamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que acabamos de aprobar por unanimidad.

Porque vale la pena decir que el consenso reflejado en este acuerdo, da cuenta de la vocación solidaria y humanitaria de la política exterior que ha caracterizado a nuestro país. Enhorabuena y muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda.

GLOSA DEL III INFORME DE GOBIERNO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos a abordar lo relativo al Análisis del Informe en materia de política exterior. Entramos directamente para la primera ronda y los grupos parlamentarios han inscrito a sus oradores, compañeras y compañeros diputados. Por lo tanto, en consecuencia tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con su venia, señor presidente. Distinguidos diputados y diputadas. Antes de iniciar mi intervención quisiera tomar unos segundos para un compromiso que yo hice en campaña política.

De la primera intervención que iba a hacer en la tribuna, iba a hablar de una señora que se llama Natalia –una inmigrante– que vengo a hablar aquí. Una persona que se fue a frontera y quiso cruzar a la Unión Americana y no lo pudo hacer y se quedó en Baja California en la ciudad de Mexicali, en la colonia El Progreso.

Una señora que ha vivido con muchas dificultades y que no le ha tocado vivir ese México por el que todos estamos luchando. Una señora que forma parte de una familia que cuando la ve uno, ve que no es posible que México esté así.

Tenemos logros, pero cuando ve uno a una familia así, representada, y cuando ve que ha estado sufriendo durante toda su vida, digo ¿Cómo no nos podemos poner de acuerdo para que doña Natalia y sus hijos tengan un mejor México?

Así comienzo mi intervención. En esencia en Encuentro Social consideramos que debemos construir un México más equitativo. Una nación en donde las familias mexicanas tengan más y mejores oportunidades, todo en un marco de respeto de los derechos humanos.

En el tema que nos ocupa de política exterior, reconocemos en la globalización un proceso el cual no podemos eludir. Este fenómeno replantea los alcances y los límites del poder de los Estados, de los que frecuentemente impacta en sus acciones dentro del ámbito social.

Para Encuentro Social la globalización debe ser entendida como una forma de vinculación con el mundo, con el firme propósito de potencializar las posibilidades de desarrollo tanto de individuos y familias y de la nación en general.

Es por eso que en nuestra plataforma hemos propuesto, entre otras acciones, apoyar y activar los esfuerzos de los inversionistas mexicanos en el extranjero para que no sean sujetos a prácticas discriminatorias; evaluar la Red de Acuerdos Internacionales celebrados hasta ahora y maximizar sus beneficios; mejorar la comunicación entre otros estados para aumentar la reciprocidad, el intercambio comercial, cultural, educativo y tecnológico; fortalecer el ambiente de negocios al interior de las entidades federativas para propiciar mayor atracción de inversiones.

Y algo muy importante, fortalecer las medidas para la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos, que el país tiene una gran deuda con ellos, ya que más de 20 millones de ellos lograron cruzar y quedarse en Estados Unidos, pero hay 10 millones más que no han logrado regularizarse.

Y creemos que la política exterior de México debe incluir en gran manera políticas para apoyar a esa gente.

En el informe que se presenta se menciona que una de las prioridades de la política exterior de México es la protección de nuestros connacionales en el extranjero, quienes con su esfuerzo diario y trabajo contribuyen al desarrollo y riqueza de las naciones donde radican.

Considerando lo anterior, en dicho informe se hace referencia al tema de la repatriación, tema en que en muchas ocasiones tiene que ver con la separación y a la postre en algunos casos con la desintegración de las familias mexicanas que residen en el extranjero.

Esto cuando alguno de los miembros son repatriados. En este punto es nuestro interés saber qué acuerdos de cooperación internacional se han signado en esta materia, y si se lleva una estadística de las familias afectadas por este hecho.

Por otra parte en lo relativo a la red consular de México, en el informe se menciona lo siguiente: la red consular de México en Estados Unidos, se incrementó su capacidad de emisión de documentos en 50 por ciento.

En relación a esta información es de nuestro interés saber cuáles son los documentos más solicitados por parte de los connacionales dentro de la red consular de México en Estados Unidos.

Asimismo en materia de cooperación educativa con países miembros de la Organización de los Estados Unidos americanos, el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología y la Amectit, es nuestro interés que se nos ampliara la información en relación a la existencia de acuerdos en materia de revalidación de estudios profesionales con otros países.

En el punto denominado Prácticas Desleales del comercio internacional, es de nuestro interés que se nos ampliara la información en relación al servicio del transporte de carga en el marco del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.

Y por último, en el informe se menciona que el gobierno de la República avanzó en la profundización de la apertura comercial con el objetivo de impulsar el comercio transfronterizo, por lo que es de nuestro interés saber en materia de comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, qué medidas de simplificación arancelarias y aduaneras se han aplicado durante este gobierno.

Y agradecerles, no somos de Baja California, y vemos que la frontera ha tenido sus limitaciones de crecimiento, y hoy va a California de ser un estado de amplio crecimiento, vemos que es un estado que ha tenido retroceso, y eso es medida de análisis, es medida de revisar. Y yo invito a todos los compañeros de frontera que analicemos este tema, la frontera debe seguir siendo la parte fuerte de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada María Luisa Gutiérrez Santoyo: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, México ha emprendido un arduo proceso de relanzamiento de su política exterior. Se han fortalecido vínculos con potencias europeas como Francia y Reino Unido.

Lo mismo ocurre con otras naciones con las que compartimos un lazo cultural más poderoso, como España o Chile, con quienes se ha logrado estrechar relaciones en diversos ámbitos.

La presencia de México en el mundo ha sido contrastante. Por un lado, la aprobación de las reformas estructurales llevó a algunos medios a celebrar el momento mexicano. Prueba de ello son las 81 visitas de jefes de Estado y de gobierno que se han celebrado en el país. Sin embargo, los hechos de Ayotzinapa ensombrecieron ese halo de progreso y de vanguardia. Esto nos lleva a recordar la importancia de los derechos humanos en la agenda global.

Nuestra relación con los Estados Unidos de América es, sin lugar a duda, la más importante de nuestro país. Su trascendencia va más allá de acuerdos económicos y tratados internacionales, de la interacción de ambas naciones depende la vida de millones de familias a los dos lados de la frontera.

En este sentido, la sucesión Presidencial en el vecino país del norte es de suma importancia para México, razón por la cual es imperativo estar involucrados para prever los posibles escenarios políticos derivados de dicho proceso.

Por ello, celebramos la designación del nuevo embajador mexicano en los Estados Unidos de América, Miguel Basáñez.

No ocultamos nuestra preocupación que en este proceso interno de nuestro vecino se hayan incrementado las posturas xenofóbicas y antinmigrantes, posturas que han sido manifestadas de forma pública por algunos de los contendientes a la Presidencia de los Estados Unidos.

Queremos ser enfáticos en señalar nuestro repudio a una promoción electoral fundamentada en la división, el encono, la intolerancia y el desprecio a la comunidad latina, pero sobre todo particularmente a la mexicana en los Estados Unidos. Esto lastima profundamente los lazos que unen a ambas naciones y perjudica el diálogo, y el desarrollo de nuestra relación.

La agenda común con los Estados Unidos es amplia y compleja, nos preocupan primordialmente las condiciones de vida de nuestros compatriotas en aquel país y, por ello, subrayamos los esfuerzos que se llevan a cabo para proteger sus derechos humanos.

A pesar de esto la demanda sigue siendo enorme y se hace indispensable optimizar los recursos para reforzar las labores de atención a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, a fin de promover su bienestar y la observancia plena de sus derechos.

El lamentable incremento de muertes debido al excesivo uso de la fuerza por parte de policías en diversas comunidades que se dieron a conocer en los últimos meses fue severamente condenado por Nueva Alianza y generó un sentimiento de impotencia en la población. Confiamos en que este tipo de temas serán incluidos a la discusión de la agenda bilateral.

Asimismo, y a pesar de que también se dio un impulso a la relación con Canadá, consideramos que es necesario fortalecer las oportunidades de intercambio y los vínculos con esa nación. En este tenor merece la pena reconocer los esfuerzos que se han hecho para flexibilizar el otorgamiento de visas para aquel país, y la necesidad de promover una relación cuyas posibilidades son sumamente benéficas para ambas partes.

No queremos dejar de mencionar que la importancia de nuestra relación con los Estados Unidos y Canadá no debe opacar nuestro papel en América latina y en el Caribe. Si bien la presente administración ha incrementado el interés en volver a consolidarnos como el referente internacional de Latinoamérica y pudimos contar con la presencia de diversos mandatarios en nuestro país, consideramos que para enfrentar los retos que impone la globalización se debe dar una prioridad especial a la relación con nuestros países hermanos. Un logro importante fue la XIV Cumbre Iberoamericana, celebrada en Veracruz y que contó con la participación de 18 de los 24 jefes de Estado y de gobierno de la región.

Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos que el liderazgo que México ha tenido históricamente en la región debe ser fortalecido, no sólo con reuniones y acuerdos sino con acciones que demuestren que la energía de América Latina y el Caribe descansa en la cooperación económica, pero sobre todo en la promoción y exportación de su riqueza cultural y los vínculos que nos hacen una de las regiones con mayor potencial de crecimiento. Por su atención, compañeras y compañeros legisladores, muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gutiérrez. Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señor presidente, buenas tardes. Honorable asamblea, el entorno internacional está en constante cambio. México afronta diversos retos en la escena mundial, como recuperar la imagen del país luego de los crímenes de Ayotzinapa.

La globalización es cada día más evidente en un mundo donde la tecnología nos permite estar enterados en tiempo real de los sucesos a nivel mundial, mientras lo que ocurre en nuestro país se difunde de manera inmediata con un gran impacto en la opinión pública internacional.

Lo anterior ha cambiado radicalmente la manera en la que interactuamos con el resto del mundo, planteando nuevos retos y una mayor expectativa por parte de la comunidad internacional. En este contexto debemos darnos cuenta que el fortalecimiento de nuestra imagen política exterior comienza en casa, puesto que nuestras acciones, al igual que nuestras palabras, trascienden fronteras exponiéndonos ante el resto del mundo.

Debemos anular esa imagen que nos pinta como un país corrupto e impune, donde las violaciones a los derechos humanos son algo cotidiano, donde las recomendaciones de organismos internacionales son pasadas por alto y donde la indiferencia se ha creado en el principal mecanismo de la gran parte de la población para poder seguir adelante.

Por otra parte, ante las crisis humanistas que están pasando en las diferentes partes del mundo, es imperativo que abordemos la nuestra, porque a pesar que muchos no la llamen por su nombre, la situación de los migrantes en nuestro país es una crisis humanitaria.

México se ha convertido en el principal corredor migratorio del mundo y es nuestra responsabilidad velar por cientos de miles de personas que anualmente cruzan nuestro territorio, mismos que se ven expuestos a todo tipo de violaciones de sus derechos en total impunidad.

Debemos convertirnos en un referente en el manejo de dichas crisis, en un ambiente en el que el cumplimiento de las funciones de nuestras autoridades lo haga a un lado la humanidad y la dignidad de las personas, donde la compasión, la solidaridad sea la principal característica de nuestro Estado, de nuestro trato a los más vulnerables.

Asimismo es momento para que dejemos de ignorar a los millones de mexicanos que viven en el exterior, que sus necesidades se conviertan en una de las prioridades de nuestra política exterior, creando mecanismos eficientes e incluyentes para que su voz realmente pueda ser escuchada y que se reconozca la contribución que hace a tanto nuestro país, como a los países donde se encuentran.

No debemos ser tímidos al momento de alzar nuestra voz en defensa. No debemos sucumbir ante nadie ni olvidar aquellos que a pesar de que dejaron nuestro territorio nunca abandonaron su amor por esta tierra ni su deseo de verla prosperar.

Debemos continuar abogando por los derechos, por la búsqueda de mejores condiciones y oportunidades, por una mejor integración a las sociedades, en donde habitan y por impulsar acciones que exaltan su enorme contribución y que silencien las voces detractoras.

Tenemos la obligación de continuar impulsando la cooperación internacional para el desarrollo con transparencia y bajo el estricto esquema de rendición de cuentas que nos permita ganar la confianza de los cooperantes.

La pobreza extrema sigue siendo el principal desafío a nivel nacional, por lo que nuestros esfuerzos deben alejarse del creciente asistencialismo y enfocarse en el desarrollo a la sustentabilidad de las comunidades.

México debe seguir fortaleciendo su comercio exterior, especialmente en los sectores que dan el valor agregado a los productores mexicanos. Se deben profundizar las relaciones con nuestros principales socios comerciales y a la vez crear una mayor diversificación.

Recordemos que México es uno de los países en el mundo con más tratados y acuerdos comerciales internacionales. Es vital hacer una red de tratados que funcione efectivamente como una plataforma para la economía mexicana que las empresas mexicanas pretenden en los mercados internacionales, y para atraer más inversión extranjera que potencié la creación de más y mejores empleos.

México debe fortalecer su posición en los diferentes foros económicos y comerciales, aprovechándolos para defender los intereses del país, tomando en cuenta desde las pequeñas y medianas empresas hasta las más grandes.

Para ello, por ser imperativo, llevar una gestión eficiente en sus representantes y recursos públicos, para que así México ejerza en un papel activo y un liderazgo internacional.

Sólo así podrán cumplirse las muchas exigencias que plantea un país sediento de crecimiento y de desarrollo económico, como es la incursión de nuevos mercados en la defensa contra prácticas desleales de otros países, así como el desarrollo de normas que permitan el comercio que se dé en forma justa y ágil. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, señor presidente. Señores diputados, señoras diputadas, México y su política exterior, en su III Informe, el titular del Ejecutivo federal, a través de la nueva jefa de la cancillería Claudia Ruiz Massieu, quien es la encargada de darle continuidad a la política exterior de México y que ha desplegado su estrategia a través de estos cuatro pilares: fortalecer la presencia de México en el plano internacional, ampliar la cooperación para el desarrollo, promover el valor del país en el mundo, y velar por los intereses de nuestra nación en el extranjero.

Pero los mexicanos creemos que los buenos deseos no bastan, se pretende cuidar y elevar la imagen de México en el mundo, pero vale la pena precisar una serie de comentarios al respecto.

Quiénes dañan la imagen de México en el exterior. La imagen de nuestro país depende de los acontecimientos internos que describen ante los ojos del mundo el México contemporáneo, que en numerosas ocasiones ha sido contada a partir de acontecimientos ensangrentados y otros casos desafortunados, con claros tintes de impunidad, opacidad y complicidad.

El 12 de noviembre de 2014 México suscribió un acuerdo para la incorporación de asistencia técnica, de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en el estado de Guerrero.

En estos días, el panel de expertos desmintió la versión oficial del gobierno federal y de la Procuraduría General de la República, hecho que lesiona gravemente no solo a las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos, sino también a todos los mexicanos que no creemos en la farsa del gobierno.

Por este gran montaje, propio de los gobiernos represores de los últimos 15 años, se institucionaliza la desconfianza hacia el Estado, misma que se desdibuja ante la mirada internacional y muestra el verdadero rostro de lo que es el México actual en el mundo.

¿Quiénes dañan la imagen de México? Hombres y mujeres que han ocupado cargos de subprocuradores y fueron incapaces de esclarecer el caso Ayotzinapa como otros más.

En el tema migratorio, tema sensible para nuestros connacionales y sus familias, la Organización Internacional de la Migración señala que desde el año 2000 más de 40 mil personas fallecieron al tratar de cruzar fronteras selladas y el año pasado murieron más de 4 mil personas.

Por lo que respecta a México, la travesía se convierte en la más letal, puesto que en los últimos seis años dicha organización estima que entre 40 mil y 70 mil migrantes, tanto centroamericanos como mexicanos fallecieron en el país, producto de las temperaturas extremas, de la travesía de los ríos o los accidentes viales.

Los niños desafortunadamente están incluidos en estas cifras, ya que entre enero y mayo de este año la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 47 mil menores de edad migrantes, quienes no eran acompañados de ningún adulto.

Asimismo, se señala que un número importante de organizaciones de derechos humanos han denunciado que las y los menores de edad han sufrido diferentes abusos. Los que incluyen la falta de comida y alimentos. Condiciones insalubres en sus celdas. Falta de mantas, ropa y colchones limpios y adecuados.

Los migrantes son y han sido presa fácil de convertirse en mercancía del tráfico de personas, secuestros, tortura, trata de personas, entre otros delitos. Lo que vuelve el sueño americano de muchos migrantes en una verdadera pesadilla y abre una página de verdaderas atrocidades donde están involucradas autoridades de migración, policías estatales y municipales. Recordemos San Fernando, Tamaulipas, que aún no ha sido esclarecido y tampoco podemos olvidarlo.

En otro ámbito y como icono a nivel internacional, México tiene un nada honroso primer lugar a nivel mundial como explotador pornográfico de infantes, ya que más del 60 por ciento de los materiales que se producen para este fin provienen de nuestro país, así lo da a conocer María Amparo Ampudia González, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien además ha señalado que en el rubro de trata de personas, la de los infantes, contempla: explotación pornográfica, mendicidad, adopción ilegal, extracción y tráfico de sangre y células, armamento y turismo sexual.

Por otro lado y en fechas recientes, empleados consulares de México, en 12 ciudades en Estados Unidos, denunciaron ante los medios de comunicación que no cuentan con prestaciones laborales, tienen contratos temporales, mismos que se renuevan cada año. Perciben un salario entre los mil 300 y 3 mil 200 dólares mensuales, los cuales se han mantenido sin cambio prácticamente en los últimos años, pues no forman parte del Servicio Exterior Mexicano.

Me pregunto, ¿cuántos ganarán los altos funcionarios del Servicio Exterior Mexicano y cuáles son sus prestaciones?

En materia de secuestros, México tiene también el primer lugar a nivel mundial, esto lo revela el Observatorio Nacional a través de su director del Programa de Organismos, Francisco Rivas, quien señala: que el delito del secuestro continúa a la alza y se extiende a más estados y municipios. Nota que es reforzada por el Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, quien en agosto de 2014 renovó la advertencia de viaje a lugares de México por la amenaza para la seguridad que suponen los distintos grupos criminales en el país.

En el tema económico, parece ser el eje articulador de nuestra política internacional la inversión extranjera y el México moderno que pretende vender en el extranjero. Es para muchos una ilusión óptica del titular del Ejecutivo, quien se esfuerza día a día en hacernos creer que México va bien, cuando en realidad las cifras nos están indicando lo opuesto.

Medios internacionales como el de Washington Post dan cuenta de la imagen de nuestro país en el exterior y del desempeño mediocre del gobierno federal en virtud que señalan que el hombre alguna vez considerado el reformador en jefe, es visto ahora como el impopular líder de un país violento, con una decreciente economía y numerosos escándalos de corrupción.

El diario The New York Times titula que el pesimismo impregna a México, mientras las promesas económicas se quedan cortas. Con estos y otros temas, México ha dado de qué hablar dándole la vuelta al mundo debido a que los temas sensibles y no resueltos dañan la imagen del país en el exterior.

La política internacional tiene que ver con el buen oficio para defender, ejecutar y diversificar los intereses políticos de México en el mundo. En otras palabras, salvaguardar los intereses de todos los mexicanos y de nuestros connacionales, asignatura aún pendiente por este gobierno.

Con esto termino, señores diputados y señoras diputadas. Esta es la realidad de cómo somos vistos en el escenario internacional y no el México de fantasía de Peña Nieto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barrientos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

Les reitero el recordatorio –no porque vaya a hablar la diputada Lía, sino en general para quienes siguen en el uso de la palabra– de que hay un acuerdo de cinco minutos y hay que esforzarse por respetar el mismo. Adelante, diputada Lía.

La diputada Lía Limón García: Con su venia, señor presidente. Seré respetuosa de los tiempos. Estimadas y estimados compañeros diputados. En el Partido Verde estamos convencidos de la importancia que tiene para nuestro país el jugar un papel activo en el ámbito internacional y en los asuntos globales, en el entendido de que la política exterior debe ser siempre por mandato constitucional una política de Estado y ésta debe estar siempre también al servicio del interés nacional.

Entendemos las relaciones diplomáticas como una herramienta que permite al país perseguir y consolidar acuerdos para avanzar en temas prioritarios de la agenda interna. En ese sentido, desde el comienzo de esta administración, el presidente Enrique Peña Nieto adoptó la firme decisión de emprender acciones destinadas a reposicionar a México como un país con responsabilidad global y con mayor presencia en el mundo.

La política exterior de estos años –como bien señala el III Informe de gobierno– se ha sustentado en cuatro pilares fundamentales: fortalecer su presencia internacional, ampliar la cooperación para el desarrollo, promover el valor del país en el mundo y velar por nuestros intereses en el extranjero.

Sobre estos cuatro pilares la cancillería mexicana, apoyada en un cuerpo diplomático de excelencia que merece nuestro reconocimiento, ha realizado un trabajo destacado. Al respecto cabe señalar algunos logros prioritarios:

Primero. Con Estados Unidos se ha mantenido una relación de diálogo y trabajo constante que favorece una visión integral y fortalece nuestra relación económica.

Destacan la firma de un acuerdo de reconocimiento mutuo de Programas de Coordinación en Materia Aduanera y el Acuerdo para Implementar el Autotransporte de Carga de Largo Recorrido con Estados Unidos que favorece a los transportistas mexicanos, después de 14 años de negociaciones en que este tema había estado atorado en la agenda bilateral.

Asimismo se ha impulsado una agenda de cooperación académica y científica entre ambas naciones, sin precedente, que ha generado un sinnúmero de acuerdos relevantes, que por supuesto beneficiarán a nuestra juventud en los próximos años.

Segundo. Con América Latina y el Caribe, el gobierno de la República ha reforzado el diálogo político y los procesos de integración y cooperación, y se ha consolidado la posición de México como país líder en la región.

Con Brasil, a partir de la visita de la presidenta Dilma Rousseff a México, se abrió una nueva etapa en la relación entre ambas naciones, relación que por muchos años se había descuidado.

También se ha profundizado la relación económica, cultural y diplomática con los países de la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú, con quienes se suscribió apenas, en 2014, el protocolo adicional al acuerdo marco que permitirá liberar de inmediato el 92 por ciento del comercio entre los países miembros.

Tercero. La Unión Europea, por ser la principal economía del mundo, es una zona de oportunidades para nuestro país, por ello el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha mantenido un estrecho diálogo político con los países que la conforman y se ha iniciado un proceso de negociación para actualizar el Acuerdo Global del 2000.

Cabe destacar el inicio de una estrecha relación con Turquía, con quien se negoció un Tratado de Libre Comercio en el año 2013, que permitió ya en este tiempo, incrementar el comercio 14 veces y aumentar las exportaciones mexicanas a dicho país.

Cuarto. La zona Asia Pacífico es sin duda, la región que tendrá mayor dinamismo económico, comercial y militar en el siglo XXI. Por ello, el gobierno de la República ha estrechado las relaciones diplomáticas comerciales y de cooperación con los países que la conforman.

El fortalecimiento de la relación con economías emergentes como China, es de enorme relevancia. Destaca la decisión del presidente de reorientar la agenda de colaboración con dicho país hacia objetivos concretos dentro de la asociación estratégica integral.

Por otro lado es de resaltar el liderazgo que asumió México en la integración del espacio MICTA, acrónimo de México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Austria. Que se estableció ya como un mecanismo informal de diálogo que ha permitido iniciar la construcción de una agenda común en temas multilaterales y que cabe señalar que prueba la capacidad del gobierno de la república de mirar hacia países de importancia estratégica hacia los que no se había volteado a ver.

Por último, en el ámbito multilateral México se consolida como un actor con responsabilidad global. En primer lugar nuestro país dio un paso histórico a través de la paz y la seguridad internacionales al tomar la decisión de participar activamente en las operaciones de mantenimiento de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Este acto y esta decisión sin precedente y de enorme relevancia en la agenda multilateral.

Destaca también el papel activo que México ha jugado en la discusión de la agenda post 2015 que será aprobada en este mes por la ONU y en las negociaciones y la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas que se llevó a cabo hace apenas 15 días en Cancún, primer instrumento jurídicamente vinculante que regular el comercio global de armas convencionales.

Y termino, México, hoy más que nunca está además también comprometido de manera irrestricta con el respeto a los derechos humanos, y en congruencia con ello ha promovido activamente una agenda global en el tema y ha mostrado total apertura para analizar las recomendaciones en la materia derivada de organismos internacionales.

Somos uno de los países con mayor apertura y que además mayor apoyo hemos dado en estos años a organismos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual hoy trabajamos de manera estrecha.

Esta acertada conducción que ha realizado el presidente Enrique Peña Nieto de la política exterior de México permitirá en los próximos años, y con la nueva canciller, fortalecer nuestra presencia en el mundo y estrechar nuestras relaciones, haciendo de la diplomacia una herramienta eficaz para el logro de las grandes metas nacionales.

De igual manera cabe destacar que las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña Nieto han hecho, y seguirán haciendo, que en los próximos años grandes economías internacionales pongan la mirada en México como un país de oportunidades y atractivo para la inversión y para las relaciones comerciales. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Con su venia, señor presidente. Colegas, diputadas y diputados, me llama la atención que en esta segunda ronda sólo mujeres hemos participado. Me gusta, pero ojalá no se considerará a la diplomacia y a la política exterior como algo fácil y por eso se manda a las mujeres.

El informe Presidencial confunde a la diplomacia con la actividad diplomática. El titular del Ejecutivo nos resume la cantidad de reuniones, visitas, cumbres, chiquitas y grandes, revisión de acuerdos, tratados, convenios; abunda sobre la inercia que se sigue de los múltiples compromisos de la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nada de esto sirve si no hay estrategia que oriente la actividad diplomática y, de lo que se observa en el informe del presidente Peña Nieto, no hay estrategia, hay múltiples reuniones, múltiples actividades, pero falta un objetivo claro y un modo de cumplirlo.

Sin embargo, pocas veces nos ha ofrecido la situación internacional una oportunidad tan plena para reivindicar la responsabilidad global de México frente al mundo. En estos primeros seis meses del año se han destacado los tres temas que deben ser el alma de la diplomacia mexicana y en los cuales, en los tres estamos en falta.

Primero. Con la crisis griega se puso de manifiesto un debate fundamental para México, en cuanto al rechazo de soluciones draconianas para resolver problemas de deuda. Más allá de una tibia declaración de solidaridad con el pueblo griego, no se conoció una posición mexicana que enriqueciera el debate internacional sobre salidas sostenibles a la crisis.

Ben Bernanke, el anterior presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, planteó que la negociación Grecia-Unión Europea debería también incluir responsabilidades por escrito de la Unión Europea, que vincularan el crecimiento de la Unión con las obligaciones de Grecia.

Nada, sin embargo, escuchamos de los representantes de la diplomacia mexicana pese a la traumática pero rica experiencia en materia de manejo de deuda, quizás por la indebida influencia de la Secretaría de Hacienda en Tlatelolco, pues es importante explicitar que la Secretaría de Hacienda ejerce las veces de una especie de Secretaría de Relaciones Exteriores paralela.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional pidió una quita de la deuda griega, sin la cual toda solución es inviable, pero nada supimos del representante de México ante el FMI.

Segundo. Durante décadas el tema de la defensa de los migrantes, los desplazados y los refugiados ha sido un tema de preocupación fundamental de la diplomacia mexicana. Hoy nuestro tema, el tema en el que la diplomacia puede ser una de Estado, y me refiero al tema de los grandes desplazamientos humanos, ya sea de migrantes económicos, de desplazados por guerras o catástrofes naturales y de solicitantes de asilo y refugio, hoy este tema ocupa toda la atención mundial, acapara noticieros, se vuelve viral en las redes sociales y conmueve al ciudadano común.

Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra, nuestro tema es el tema del mundo y sin embargo nuestras autoridades están omisas.

De enero a la fecha poco más de 350 mil ciudadanos, en su mayoría sirios y afganos, han llegado buscando refugio en la Unión Europea y esto ha causado conmoción. Pues bien, las cifras mexicanas, de mexicanos que siguen cruzando la frontera son comparables con las de los refugiados sirios, y las cifras de deportados mexicanos por el actual gobierno norteamericano duplican todas las cifras anteriores y sin embargo, nuestra diplomacia, confundiendo un respeto a asuntos internos de los Estados Unidos de América no ha dicho una palabra sobre esta política de deportaciones que ahora ha tomado protagonismo en el debate por la Presidencia de la República en la persona de ese pobre, triste, millonario Donald Trump.

Si bien México no puede dictarle a la Unión Europea cambios en su política de asilo y refugio, sí puede hablar fuerte contra la construcción de bardas y con ello mandar un mensaje a los países que las quieren construir; sí puede ampliar su solidaridad con los refugiados sirios, no solamente con donaciones a ACNUR, como se ha hecho, sino abriendo las puertas a un número importante de familias sirias.

Otro avance es el acuerdo nuclear alcanzado entre la República Islámica de Irán y el Grupo E3+3, un acuerdo de vigilancia del desarrollo nuclear de la política de enriquecimiento de uranio en ese país, que ha demostrado el triunfo de la diplomacia como alternativa a la guerra y que ha demostrado que la democracia es una actividad principalísima. Y, sin embargo, el gobierno mexicano ha anunciado, ha filtrado a la prensa tres anuncios sobre cambios de embajadas, en las que demuestra que la diplomacia no es una actividad principal y de gran prioridad para el gobierno mexicano.

Me refiero al anuncio de que el ex secretario de Educación, Emilio Chuayffet, irá a sustituir en España a una diplomática talentosa y profesional, como Roberta Lajous, disminuyendo además el número de mujeres titulares de embajadas.

Sorprende también que a tres meses de que el Senado haya aprobado la designación de Alfredo Pérez Bravo, como embajador en Portugal, se le pretenda reemplazar por el ex procurador, Jesús Murillo Karam. Una falta de respeto para el Senado y para la actividad diplomática, no por las cualidades que pueda o no tener el licenciado Murillo Karam, sino porque ya se acabó el México donde no hay rendición de cuentas y la materia de la cual fue responsable el señor Murillo Karam está bajo minuciosa revisión. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Soto. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, aunque esté reiterándolo, la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:Pues seguimos las mujeres en el tema de política internacional y no porque sea fácil, yo creo que por otras cosas. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, yo quisiera, para empezar, pedirle a la Mesa Directiva que hiciera llegar una copia estenográfica de las intervenciones que aquí hemos tenido, a los secretarios de estado interesados en estos temas, porque si no sería realmente un monólogo sin mucho propósito lo que hemos hecho esta mañana.

Señoras y señores diputados, la política exterior del gobierno mexicano en esta primera mitad del sexenio, más que política ha sido un ejercicio de relaciones públicas y discursos, sin estrategia y mucho maquillaje, muy lejana al interés nacional.

México por errores, inacción u omisiones, ha dejado de asumir el lugar que le corresponde en el escenario global. La credibilidad de nuestro país en el concierto internacional está hoy en entredicho.

Durante su mensaje en la presentación del III Informe de Gobierno, el presidente Peña Nieto afirmó que su responsabilidad como titular del Ejecutivo, consiste en avanzar sin dividir, reformar sin excluir y transformar sin destruir, discurso que se enfrenta a una terrible incongruencia ante las graves violaciones de su gobierno en perjuicio de la estabilidad del Estado mexicano.

Se trata de un informe de gobierno que deja de lado la verdadera posición de México en el mundo. Se hace referencia a una suerte de responsabilidad global en la cual se abordan asuntos que pretenden afirmar los avances en materia de política exterior a favor de la consolidación de relaciones bilaterales y multilaterales.

Sin embargo, revisados los puntos medulares del informe en cuestión, no puede evitarse la sorpresa ante las referencias constantes al éxito en el ejercicio de la política exterior, algunos de ellos repetidos hace unos minutos en esta tribuna, cuando México ha sido duramente criticado por los escándalos de corrupción como un gobierno opaco y violatorio de los principios democráticos y de los derechos humanos.

Muestra de ello es el discurso, de hace unas pocas semanas, de la presidenta de Chile aquí en la Comisión Permanente, en nuestro país, quien puso el dedo en la llaga y destinó su mensaje a la falta de transparencia que aqueja a ambos países. Ésa es la visión que tiene México en el exterior, un país opaco y corrupto, hay que aceptarlo.

En este III Informe, el presidente Peña Nieto enaltece la participación de México en la Co Presidencia de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, así como la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto que promueve esquemas de transparencia gubernamental y cooperación de la sociedad civil.

Desde esta tribuna, señor presidente, le decimos, en materia de transparencia no tenemos nada todavía qué celebrar.

Ya se ha mencionado en esta tribuna que de acuerdo al índice de percepción de la corrupción 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países y en América Latina nuestro país se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos.

Ochenta y dos posiciones debajo de Chile, 34 posiciones debajo de Brasil, última posición entre los países que integran la OCDE.

Diversos medios extranjeros han criticado duramente la gestión de Enrique Peña Nieto, en donde pasó del famoso Saving Mexico, como se atrevió a llamarle la revista Time en el 2012, y el Mexican moment, como lo bautizaron medios como The Financial Times o The Wall Street Journal, al declive del mandatario por casos relacionados con corrupción e impunidad.

Este gobierno ha logrado despilfarrar una de las más grandes oportunidades en términos de fomento al capital político desde que hace 30 años un presidente de la República no aparecía en la revista Times.

Eso sí, el gobierno ha sido muy asertivo en acentuar lo más suntuoso y banal de las relaciones exteriores, convocando a cientos de invitados en sus comitivas Presidenciales y cargando el dispendio al bolsillo de los mexicanos.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Cámara de Diputados anuncia la presentación de una iniciativa que limite esos excesos, así como la larga e inútil lista de invitados del presidente a sus giras Presidenciales.

Las páginas de la historia que nos llegaron de orgullo y de prestigio se han agotado. Lejos ha quedado ese México solidario y humanista que abría las puertas a refugiados y asilados porque no encontraban en sus países la paz que aquí había.

Ante la crisis humanitaria de los niños y niñas migrantes no acompañados y lo que ocurre hoy en Siria y Medio Oriente, somos un pasmado y cómodo espectador. Prueba de ello es el punto de acuerdo en donde este Poder Legislativo exhorta al gobierno a que haga algo en el caso Siria. Y qué decir de la relación bilateral con la República Popular China, nuestro segundo socio en economía, el segundo socio de la economía mundial.

Afirmaron que no realizarían inversiones en nuestro país mientras Enrique Peña Nieto continuara ocupando la Presidencia de la República como producto de la revocación de la licitación otorgada al consorcio chino para el tren de alta velocidad, México-Querétaro.

Señor presidente, ¿Por qué México ha sido excluido de la mediación actual entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo explicar que México fue ignorado en las trascendentales negociaciones que están abriendo paso a un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? ¿Y el silencio ominoso de nuestro gobierno ante la grave situación que hoy vive Venezuela? ¿Y el nombramiento de Miguel Basáñez, prestigiado académico mexicano, amigo del presidente, desvinculado de nuestro país y de la relación bilateral como nuestro embajador a Estados Unidos? ¿Y la descalificación de relatores de agencias internacionales porque sus opiniones no fueron del agrado de los funcionarios mexicanos? Nada de esto se dice en el Informe Presidencial.

Esperamos que como el Presidente Peña Nieto no lo hizo, tome nota la flamante secretaria de Relaciones Internacionales, para su próxima comparecencia ante el Congreso de la Unión. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Romero. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Edgardo Melhem Salinas: Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante.

El diputado Edgardo Melhem Salinas:Compañeras y compañeros diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, nos toca fijar la posición en un tema que es de la mayor importancia para nuestro país, como lo es el de la política exterior del actual gobierno.

El Presidente Peña Nieto, de manera coherente con la importancia que representa la política exterior, desde el inicio de su mandato la colocó como uno de los cinco ejes rectores de su gobierno. Como lo establece en su Plan Nacional de Desarrollo la política exterior se sustenta en cuatro pilares. Fortalecer la presencia internacional, ampliar la cooperación para el desarrollo, promover el valor del país en el mundo y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero.

La estrategia que nuestro país ha seguido en su acción internacional se centra en identificar las oportunidades en cada región y temática en la que tenemos presencia, para derivar de ello las oportunidades de desarrollo para nuestro país.

El potencial de México se refleja en el tamaño de su economía con un producto interno bruto de 1.3 billones de dólares. Nuestro país es la décimo quinta economía del mundo y la segunda de América Latina. México ocupa el lugar 53 de entre 144 economías en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, y prepara cada vez mejor a su capital humano.

Nuestro país ofrece disponibilidad y mano de obra superior a otras naciones emergentes. Con Estados Unidos hemos ampliado una agenda que tendía a centrarse en cuestiones de seguridad y política migratoria. Ahora esta agenda es dinámica y multitemática, más cercana a la creciente integración entre las sociedades de ambos países y enfatiza el trabajo conjunto en temas económicos, energéticos, académicos y empresariales.

La infraestructura fronteriza es fundamental para mantener y acrecentar el comercio bilateral vía terrestre. A lo largo de la línea divisoria entre México y Estados Unidos existen 57 puertos de entrada, por ello se impulsaron proyectos conjuntos como el puente ferroviario de Matamoros-Brownsville en Tamaulipas, el primero después de 100 años; el puerto Guadalupe Tornillo entre Chihuahua y Texas y el cruce peatonal aeroportuario entre Tijuana y San Diego.

Centroamérica es la segunda frontera de México. Con los países centroamericanos México ha logrado una mayor cooperación regional que incluye la construcción de nueva infraestructura carretera, la ampliación de la conectividad en telecomunicaciones, un más amplio sistema de interconexión eléctrica y el impulso de la edificación de infraestructura hospitalaria.

En el marco del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica se elaboraron los planes maestros de salud que establecen por primera vez prioridades de acciones específicas a nivel regional para enfrentar los retos comunes en este rubro, dando sustancia y operacionalidad al sistema mesoamericano de salud pública.

Un tema clave para México es el flujo migratorio que se origina en países centroamericanos. Nuestro país ostenta la Presidencia pro tempore en la Conferencia Regional de Migración, foro en el que hemos impulsado iniciativas para la atención efectiva, corresponsable y humana de este fenómeno.

El relanzamiento de las relaciones de México con Cuba, promovido por el presidente Enrique Peña Nieto, se ha traducido en un notable impulso a las relaciones comerciales y de inversión del empresariado mexicano con esa nación.

Se han registrado ya las primeras inversiones mexicanas en la expansión del puerto de Mariel. México se mantiene como una economía abierta, con 11 tratados de libre comercio en vigor. Los productos mexicanos tienen acceso preferencial a un mercado superior a mil 146 millones de consumidores en 46 países.

Con acciones como estas, México ha logrado reposicionarse en el mundo como una nación confiable, atractiva y comprometida con las mejores causad de la humanidad.

En el Poder Legislativo los diputados del PRI asumimos la responsabilidad de acompañar al presidente Peña Nieto en esta nueva y eficiente dimensión de la política exterior, para que a través de la diplomacia parlamentaria y anteponiendo el interés de la nación nos consolidemos en el plano internacional como el país hermano y solidario en que la historia ya nos ha ubicado. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Melhem.

Pasamos ahora a la segunda ronda de intervenciones sobre el análisis del tercer informe de gobierno en materia de política exterior, y tiene el uso de la palabra –hasta por cinco minutos– el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Señoras y señores diputados, hemos leído con atención el informe que presenta el Ejecutivo federal en materia de política exterior. Nada nos daría más gusto, y sé que en su momento se hará, que estuviera presente el titular del ramo, así como recientemente, quien ha sido canciller de nuestro país que hoy ocupa otro cargo en el gabinete.

Para que nos dieron cuenta del estado que guarda la política exterior de México, y no solamente éste sea un diálogo de sordos. Esperamos que nos estén oyendo desde sus oficinas, o por lo menos sus asesores sintonizando el Canal del Congreso.

No vemos mucha utilidad que hoy vengamos aquí los partidos políticos a platicar con gente que nos está informando como representantes populares y que no estén aquí para entender y escuchar nuestros posicionamientos.

Permítanos a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hacer algunas puntualizaciones respecto al mencionado informe, pues hay temas que al informe no nos informa, y nos gustaría tener respuestas:

1. Durante este último año se ha hecho famoso en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el trabajo realizado a raíz de los tristes acontecimientos de Iguala.

La Comisión Interdisciplinaria de expertos independientes ha dado resultados. Pero hay más casos, más recomendaciones, y quisiera preguntar qué ha hecho el gobierno de la República para atender los aproximadamente 250 casos que se encuentran pendientes de resolución ante esta Comisión.

¿Puede alguien informar a esta Cámara cuántos casos son de manera exacta? ¿Cuáles son relevantes y en qué estado procesal se encuentran?

2. A la luz de la contribución de la Comisión Interamericana al esclarecimiento y la tragedia de iguala, sabiendo que hoy existe en nuestro país otra manera de defender y luchar por el respeto a los derechos humanos puede, el Ejecutivo federal decir a esta soberanía el monto económico que el Estado mexicano aporta anualmente vía la OEA al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y si se tiene contemplado aumentar esa contribución en aras de fortalecer al sistema.

¿Puede también decirnos el Estado del pago de cuotas a los organismos internacionales con las que nuestro país tiene compromiso? No lo vemos en el informe.

Hace un par de años México se presentó a tercera, ante el mecanismo de examen periódico universal de las Naciones Unidas, recibiendo varias decenas de reconocimientos y de recomendaciones, cuya atención será reportada al término de la administración.

Puede informar la Secretaría de Relaciones Exteriores a esta Cámara ¿si existe ya una metodología para atender esta obligación internacional de presentarnos a estos exámenes en tiempo y forma? ¿Cuáles de las recomendaciones formuladas a México por otros países resultan desde su punto de vista del gobierno federal prioritarios?

4. Es facultad del Ejecutivo federal signar tratados y acuerdos internacionales. Alguien en la cancillería nos pudiera explicar a esta soberanía por qué nuestro país no ha firmado ni ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que ese instrumento internacional amplía el acceso a la justicia a nivel internacional a las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, sería muy útil para nuestro país.

Si nuestra Constitución Política es expansiva en materia de derechos humanos por qué el gobierno no ha realizado las gestiones necesarias para hacer congruente ese espíritu de nuestra Constitución en nuestras obligaciones internacionales. No nos cabe duda en Encuentro Social que la firma de ese protocolo acabará con la restricción de facto que existe en el derecho de acceso a la justicia para los mexicanos.

5. Otro instrumento internacional que México no ha ratificado es el derivado de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. Esto ha dificultado que no tengamos hoy una ley de derechos a la juventud. ¿Puede la Secretaría de Relaciones internacionales informar a esta Cámara cuántos y cuáles son los instrumentos internacionales que se encuentran pendientes para su ratificación?

6. Nos gustaría también leer en el informe sobre denuncias internacionales interpuestas por mexicanos. ¿Puede informar el Ejecutivo a esta soberanía el estado procesal que guardan las denuncias relacionadas con asuntos mexicanos, que se han presentado ante la Corte Penal Internacional?

Voy a acabar aquí, me faltaban tres puntos, por respetar el tiempo, pero ojalá por lo menos se atrevan los diputados aquí presentes a leer, porque se trataba de venir a hablar de política exterior, de lo que hay en el informe, y aquí no hemos oído mucho de eso. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, les saludo con respeto. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que la política exterior de México debe ser una herramienta que contribuya a impulsar el comercio internacional sin olvidar la promoción de los derechos humanos.

En estos últimos días observamos con escozor la tragedia de los desplazados en Oriente Medio. La semana pasada nos estremecimos e indignamos ante la muerte de un niño sirio que se ahogó con su familia en el afán de llegar a los países de la Unión Europea.

La crisis humanitaria que representa la migración y el desplazamiento de pueblos enteros son un desafío mundial, del cual México no puede ni debe abstraerse. Por ello es necesario asumir nuestra responsabilidad frente a las atrocidades cometidas contra los migrantes que transitan por nuestro territorio con la ilusión a cuestas de llegar a los Estados Unidos de América.

Nos indignamos por las violaciones que sufren nuestros connacionales en los Estados Unidos, pero somos omisos cuando la situación en nuestra frontera sur es igual o peor a la que viven los migrantes mexicanos. Debemos ser congruentes con lo que pedimos en otras latitudes y lo que hacemos en nuestro territorio.

Si como lo refiere en el III Informe de Gobierno, se pretende tener una frontera sur próspera y segura, para Nueva Alianza es imperativo que las medidas que se tomen para modernizar los cruces fronterizos se basen necesariamente en la garantía del respeto absoluto a los derechos humanos de los migrantes.

El tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual es el principal delito que se comete contra los migrantes, las mujeres y los niños no acompañados se han convertido en las principales víctimas de organizaciones de crimen organizado. Resulta urgente que el Instituto Nacional de Migración acelere su proceso de modernización, a fin de ejecutar las políticas y programas de detención y deportación apegados a los derechos fundamentales de los migrantes.

Así como los derechos humanos son un tema de la agenda mundial en la que nuestro país no puede ni debe estar exento, lo es también las condiciones en las que México se ha adherido a los tratados comerciales. Hoy, el comercio global exige acciones concertadas a nivel regional para insertarse en mejores condiciones a los mercados con mayor rentabilidad.

Por tal motivo, nos llama la atención de opacidad la que se han llevado a cabo las rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.

Existen temas que nos inquietan, como la postura de Estados Unidos de América para extender la protección de las patentes en medicamentos, así como la creación de un tribunal supranacional para empresas trasnacionales, particularmente tenemos reservas sobre los alcances que tendrán las regulaciones internacionales para el Internet y las telecomunicaciones.

Las posturas adversas al tratado son comprensibles, toda vez que no se han involucrado en una actividad de apertura de parte de los Estados que han participado en las negociaciones. La reunión más reciente que se llevó a cabo en Hawái solamente dio lugar a un comunicado de cuatro párrafos.

Llama la atención que ante la necesidad y el discurso de la transparencia, México no haya seguido el ejemplo de países como Chile, en donde la autoridad ha hecho partícipe a la sociedad civil en diversos encuentros. En dichos espacios se han expuesto las razones para firmar este acuerdo y los beneficios que el gobierno percibe tendrían para los derechos de la ciudadanía.

En este orden de ideas y promotores de la transparencia, en Nueva Alianza consideramos que es una condición necesaria que propicie una mayor apertura en este tema; que la sociedad civil tenga la oportunidad de exponer sus principales preocupaciones, en particular temas como la propiedad intelectual, inversiones, empresas del Estado, medio ambiente y estándares laborales, entre otras.

Finalmente, quiero mencionar que en Nueva Alianza somos partidarios de la inclusión y de los principios que han caracterizado siempre a nuestro país en el concierto de las naciones, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional, la lucha por la paz y la proscripción del uso de la fuerza, son principios torales de nuestra política exterior y que nos han caracterizado en el ámbito internacional.

Queremos que esta visión se fortalezca y que como antaño nuestro país sea referente de la protección de estos principios en el mundo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, ciudadanos que nos siguen a través del Canal del Congreso, cuando la política doméstica no resulta satisfactoria para los mexicanos, por supuesto tampoco para las mexicanas, es difícil proyectar una política exterior de México para el mundo que nos represente a todos.

La actual administración federal intenta diversificar nuestra acción global a través de múltiples viajes del jefe del Estado, para posicionar una agenda basada en el discurso de las bondades de nuestro país para la inversión extranjera.

Viajes, discursos y relaciones públicas que no coinciden con la realidad de los mexicanos. Uno es el país del que habla en el exterior el presidente, y otra la cruda realidad de la nación.

La promoción del Mexican moment, eslogan de la primera mitad del sexenio, denota claramente los excesos del gasto en la promoción de la imagen Presidencial y el derroche de publicidad del gobierno de México, que asumió bajo la frase del Saving Mexico en la revista Time, que todos nos cuestionamos.

Las y los mexicanos reprobamos la telenovela que se pretendió vender en el exterior frente a un escenario de precariedad, desigualdad y desesperanza aquí en México, contrastante con las cenas de gala de cientos de invitados a bailes, con cuentos de hadas, de reyes, princesas, en donde hasta las peinadoras y maquillistas son requeridas en viajes internacionales y van, por supuesto, con cargo al erario.

Hablamos de viajes de más de 7 millones de pesos, que en sólo dos días en el exterior no se traducen en asuntos de interés nacional, sino en simples escándalos de revistas de moda y del corazón.

Qué contrastante es la realidad que vive el presidente a la que vivimos millones de mexicanos y mexicanas. Las cifras de esas travesías son incongruentes con la pérdida de más de 10 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa casi la mitad de lo recibido el año anterior.

Inexperiencia, improvisación y favoritismo frente a un servicio exterior relegado, en cada vez más posiciones de tercer y cuarto nivel que se confirman con el cambio de mando en la cancillería.

La imagen de un país no puede basarse en grandes discursos frente a los grandes capitales, convencerlos depende en gran medida demostrar en los hechos los avances en el cumplimiento del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, que contradicen las palabras del Ejecutivo frente a acontecimientos dolorosos y lamentables, como Ayotzinapa, Tlatlaya, la Casa blanca y, por supuesto, la fuga de El Chapo Guzmán mientras el Ejecutivo estaba de viaje y que ponen a un país entero en ridículo, en la duda por la aplicación de la justicia, mientras el Ejecutivo viaja y viaja.

Estos lamentables sucesos dañan la imagen del país, que se confirma con el reciente informe del grupo de expertos ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los 43 normalistas que dejan en claro que el gobierno en México y en el exterior miente.

Hemos perdido presencia y credibilidad a nivel multilateral, sobre todo cuando se habla del tema de derechos humanos.

Desde esta alta tribuna les decimos, quienes somos partes de los diputados y diputadas ciudadanas, que necesitamos retomar la política exterior del Estado mexicano. La crisis humanitaria de los niños y niñas migrantes no acompañados y también la actual crisis en Siria y Medio Oriente han dejado en perpleja inacción a las instituciones mexicanas frente a los actores internacionales que sí están comprometidos con la paz y que quieren asumir un tema de responsabilidad global.

Es claro que la política exterior de nuestro país ha quedado rezagada ante los retos y desafíos en estas décadas del siglo XXI que realmente merecerían otro contexto.

Mientras en el 39 y en el 42 del siglo pasado, bajo el liderazgo del presidente Cárdenas y del más grande artífice del asilo del refugio, como fue don Gilberto Bosques, México recibió más de 40 mil españoles, alemanes y judíos que huían de los regímenes totalitarios, hoy no hay claridad en ello. Incluso en la década de los setenta o en los ochenta, México seguía recibiendo refugiados.

El gobierno no solo no ha apoyado las iniciativas ciudadanas presentadas sobre este tema sino que se ha negado a ser parte de las soluciones.

Es por ello que hoy desde la izquierda ciudadana presentamos una propuesta legislativa para que por ley el Estado mexicano acoja a los niños y niñas perseguidos por la violencia, para que en México encuentren un lugar digno de vida.

La migración, sin duda, está asociada a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades y se traduce en una grave ola de violencia.

Sabemos que uno de los principales incentivos que detonan esto son la violencia y el crimen organizado. Más del 90 por ciento de las armas que están matando en nuestra región provienen de Estados Unidos y hay alrededor, como todos sabemos, de más de 10 mil puntos de venta en su frontera con México. Esto tiene que ser, no solamente retomado por el gobierno sino tratarse de manera bilateral.

Es necesario definir una política exterior donde pidamos respeto a nuestros vecinos del norte y que esta soberanía defienda y no permita el tipo de discursos xenófobos y racistas dirigidos expresamente a nuestros connacionales en Estados Unidos con fines electoreros, por parte, no solamente de un magnate racista sino ya de muchos otros.

Las diputadas y diputados ciudadanos le exigimos al presidente de México tomar acciones claras y contundentes en favor de los mexicanos y mexicanas. Debemos retomar las directrices de la política exterior basada en los principios constitucionales y en las doctrinas que en el pasado han hecho de México un ejemplo para el mundo.

Es el momento que la política exterior nos represente y sea sin duda un instrumento para dejar un mejor futuro a nuestras hijas y a nuestros hijos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Gracias, presidente. Estamos acá para hacer un análisis político, jurídico, económico y social sobre el Tercer Informe del titular del Ejecutivo federal. Hoy nos toca política exterior.

El artículo 89 de la Constitución establece las facultades y las obligaciones del presidente. La fracción X del mismo establece, entre otras cosas, que en la conducción de la política exterior, el presidente observará principios normativos como los siguientes: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, entre otros.

Pretendiendo cumplir con este deber constitucional, en la parte correspondiente a la política exterior, el Informe refiere que, y voy a leer textualmente: Con una renovada agenda basada en la responsabilidad global, México ha desplegado una política exterior sustentada en cuatro pilares: fortalecer su presencia internacional, ampliar la cooperación para el desarrollo, promover el valor del país en el mundo y velar por sus intereses en el extranjero.

Continúa haciendo gala de las 28 giras de trabajo que hicieron al exterior y las 81 visitas que se recibieron de jefes de Estado, concluyendo que de esa manera se han fortalecido los intercambios diplomáticos, económicos y de cooperación con todas las regiones del mundo. Es todo, a grandes rasgos lo que trae el Informe.

Hemos pasado de un modelo de la defensa de la soberanía nacional, de la defensa de los ciudadanos mexicanos en el exterior, de un liderazgo latinoamericano, a un modelo de negocios.

En Morena sabemos que esto es una trampa. Es una trampa hacer pensar que un modelo de desarrollo basado en la capacidad para atraer inversión extranjera llevará al país a un crecimiento sostenido y con ello mejores condiciones de vida para los mexicanos. Éste es el principal argumento para justificar las reformas de los partidos pactistas y de sus satélites, que sólo han producido mayor dependencia económica del extranjero y cada vez más pobres.

La política exterior es defender también a los empresarios mexicanos frente a las grandes compañías extranjeras. Frente a éstas grandes compañías extranjeras, más del 90 por ciento de los empresarios mexicanos no tienen manera de competir. Es un tema elemental de oportunidades.

Con respecto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados, la protección y promoción de los derechos humanos, es pura y simple retórica.

Se ignora la situación de los mexicanos asesinados en la frontera norte. Ni siquiera se toca el tema migración con respecto a la frontera norte. Así, de esta manera, en este informe se demuestra un papel de omisión voluntaria con los Estados Unidos en temas migratorios. Más aún. En estos temas se va a permitir que agentes extranjeros porten armas en el territorio nacional.

Nosotros los diputados de Morena esperamos con ansia y con mucho respeto a la nueva Secretaria de Relaciones Exteriores porque es importantísimo tocar estos temas y aclarar que la política turística difiere mucho de la política exterior. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abdala. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Enrique Zamora Morlet: Con su venia, señor presidente. Estimadas y estimados compañeros legisladores, hoy, a tres años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es un honor para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México compartir con ustedes nuestra postura sobre las acciones en materia de política exterior emprendidas durante su gestión.

Todos compartimos la idea de que vivimos en un mundo con mayor interdependencia, en donde los problemas traspasan fronteras y resulta más efectivo y menos desgastante atajarlos de manera conjunta.

A este respecto el multilateralismo se construye en la herramienta ideal para insertarnos como un actor responsable y activo en el mundo de hoy. A este respecto México participó dinámicamente en los múltiples foros regionales y mundiales, poniendo énfasis en temas vitales de importancia para la comunidad internacional.

En la región de América cabe destacar la participación activa de nuestro país en diversos organismos y foros multilaterales como la Vigésimo Cuarta Cumbre Iberoamericana, la Séptima Cumbre de las Américas, la Décima Cumbre de la Alianza del Pacífico, la Tercera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Dentro de esas es importante resaltar la trascendencia de la Vigésimo Cuarta Cumbre Iberoamericana, celebrada en Veracruz, ya que esta contó con la mayor participación de mandatarios en el último lustro y en donde se alcanzaron acuerdos puntuales en materia educativa, de cultura, de salud y de juventud.

También es importante destacar la Séptima Cumbre de Las Américas, la cual fue histórica ya que por primera vez en 50 años una reunión hemisférica logró reunir 35 países del mundo.

Con la reincorporación de Cuba y en la cual nuestro país formó parte importante del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y el país caribeño.

En la región de Asia-Pacífico es importante hacer mención del proceso de negociación de acuerdos de asociación transpacífico del que México forma parte.

Este mecanismo se perfila para convertirse a mediano plazo en un acuerdo de libre comercio Asia-Pacífico.

En este rubro se celebraron importantes reuniones bilaterales y multilaterales con el objetivo de concluir el proceso de negociación en el corto plazo. Entre los temas tratados por México en los foros multilaterales está el de reafirmar su compromiso en materia de desarme, la nueva agenda de desarrollo de las Naciones Unidas posterior a 2015; el pleno respeto de los derechos humanos; impulsar proyectos contra el cambio climático.

En materia de protección y promoción de los derechos humanos, uno de los pilares constitucionales de la política exterior de nuestro país y una de las prioridades de mi partido, destaco que como reconocimiento de la Comunidad Internacional al Liderazgo Mexicano en esta materia, el presidente de la República participó en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en donde refrendó la protección y el reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestro país.

En materia ambiental, tema medular para nuestra agenda, resulta la participación del Presidente de México en la Cumbre sobre el Clima, donde compartió las acciones de México en la materia y anunció una aportación de 10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima.

A su vez, México participó en la XX Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la X Reunión de las partes del Protocolo de Kioto, nuestro país contribuyó a la negociación del llamado de Lima a la acción climática, y el cuál incorporó un anexo en los elementos para un borrador del texto de acuerdo que se piensa adoptar en la COP-21.

En materia diplomática consular, no cabe duda que una de las prioridades de ésta es la protección de los mexicanos en el exterior, los cuales, con su esfuerzo y trabajo, contribuye no sólo al desarrollo y riqueza de las naciones donde viven, sino que con sus remesas fortalecen nuestra macro y micro economía.

Teniendo esto en mente, la presente administración atendió aproximadamente 457 mil solicitudes de asistencia y protección consular, además se fortaleció la red consular de nuestro país con los Estados Unidos, ya que incrementó su capacidad de emisión de documentos en un 50 por ciento, además de reducir el tiempo de trámites. Asimismo consideramos que la promoción de la cultura y diversidad biológica es un elemento primordial para vigorizar nuestra imagen ante el mundo.

La dinámica labor de nuestro país en la UNESCO nos permitió que este año fueran inscritos dos nuevos sitios en la lista de patrimonio mundial, la antigua ciudad Maya Calakmul en Campeche y Acueducto del Padre Tembleque, en el estado de México.

Una de las responsabilidades más importantes de nuestro país en el concierto de naciones, es la de coadyuvar con la consecución de la paz internacional. En ese sentido, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña anunció el 24 de septiembre de 2014 que nuestro país reanudaría su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz, con esto México dio un paso sustancial para asumir un papel más decisivo a favor de la paz y seguridad internacional.

México va por buen camino y debe mantener el mismo espíritu de multilateralismo, cooperación internacional y participación activa. Participación activa en promoción de los derechos humanos, la atracción de inversiones, el fomento a las exportaciones y el comercio, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el combate a la pobreza y el proceso de desarme por un mundo sin proliferación de destrucción masiva.

Como Partido Verde llamamos a que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mantenga activa la participación de México en el ámbito internacional, y a que se capitalicen los logros obtenido para reposicionarnos como líder regional con responsabilidad global.

No dudamos que la administración actual continuará en coordinación con la Cámara de Diputados y que utilizará los mecanismos para llevar a cabo las acciones idóneas para su consecución en beneficio de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es difícil agregar algo a todo lo que se ha dicho aquí sobre el tema de política exterior. Y, sin embargo, quiero subrayar una coincidencia con un tema recurrente que varios quienes me presidieron en el uso de la palabra han mencionado, y añadir dos temas que me parecen fundamentales.

Mi coincidencia es con el tema reiterado de que hace falta una línea estratégica, un hilo conductor de altas miras en la política exterior mexicana. Ha habido acciones acertadas y desacertadas, pero la mayoría de ellas han sido inconexas y han carecido de esa visión global y de largo plazo que debe ser inherente a cualquier política exterior.

Necesitamos elevar la mira, necesitamos plantearnos objetivos mucho más ambiciosos. Por qué no empezar a pensar y a discutir, por ejemplo, ahora que se habla de revisar el TLC y que se proponen TLC plus, por qué no pensar en fondos estructurales como los que existen en la Unión Europea, por qué no pensar en esos mecanismos equilibradores que existen en otras partes del mundo y que podrían existir en América del Norte.

Los temas que quiero tratar, los otros dos temas a los que me referí son la imagen y la migración. Es natural que la Cancillería, cualquier cancillería del mundo trate de mejorar la imagen de su país en el extranjero, ese es uno de los trabajos, es una de sus funciones, pero es un grave error pensar que se va a contrarrestar la mala imagen de México mintiendo u ocultando la realidad, y eso es lo que ha ocurrido en algunas ocasiones. Fue penosa la manera en que la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al relator de la ONU en materia de tortura, por ejemplo.

Si no aceptamos la realidad y si no tomamos esa realidad y tratamos de enmendarla, no habrá giro mediático que se le pueda dar para mejorar las cosas en la percepción de la opinión pública internacional. Tenemos que mejorar nuestra política interior si queremos mejorar nuestra política exterior, una y otra son inescindibles, ese vínculo no se puede ocultar.

En materia de imagen pasamos, si me valen los acrónimos, del memo al meme, del mexican moment al mexican mess, del aplauso al abucheo por el desastre de la crisis integral de este país. Eso, insisto, se puede tratar y se debe tratar de mejorar, primero con la realidad, cambiando las cosas aquí adentro y después tratando de proyectar la imagen que México merece en el mundo, pero no distorsionando la realidad, no matando a los mensajeros.

El otro tema, el tema de la migración que hoy es nodal en el mundo, estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, estamos viendo esa invasión de inmigrantes por el Mediterráneo y esas tragedias humanitarias que nos conmueven, pero no reparamos en lo que está pasando en México con todos estos paisanos nuestros que cruzan la frontera en busca de un mejor trabajo y una mejor condición de vida, y cuyos derechos humanos son flagrantemente violados en Estados Unidos de América.

Hay, lo sabemos todos, una persona en ese país vecino del norte que se ha dedicado a atizar el fuego xenófobo, racista, que se llama Donald Trump. Hay quienes dicen no hay que hacerle el juego al señor Trump. Los analistas serios lo consideran un payaso. Tienen toda la razón, el señor Trump es un payaso, pero es un payaso muy peligroso y no lo podemos hacer crecer si le respondemos, el señor ya creció, es precandidato a la Presidencia de la República y encabeza las encuestas dentro del Partido Republicano.

Ignorarlo, decir: no podemos contestarle a un tipejo como él, que lo es, es un error, tenemos qué responder. Y tampoco podemos caer en el error de considerar o de aceptar que lo que dicen del otro lado de que el asunto de la manera como ellos tratan la migración o a nuestros paisanos allá, es un asunto de política interior. No lo es, es un asunto bilateral y México tiene que hacer oír su voz en ese tema.

No podemos quedarnos callados ante las injusticias que se están cometiendo con estos mexicanos que van con toda la dignidad y todo el esfuerzo del mundo a buscar un mejor nivel de vida del otro lado de la frontera y cuyos derechos son violados y además se está creando un ambiente de linchamiento mediático, social, de la opinión pública, por personajes deleznables, como este señor Trump.

México necesita tener una presencia más activa en la opinión pública de Estados Unidos de América y México tiene que exigir sus derechos aquí y allá. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basave. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la política exterior debe adaptarse a la realidad actual, debemos tomar en consideración las graves consecuencias que sobre la economía mexicana han tenido las crisis económicas de otros países.

En Acción Nacional consideramos necesario que el gobierno federal instrumente mecanismos eficientes de defensa ante las turbulencias económicas que ya se han hecho sentir en perjuicio de la economía nacional.

Lejos de mantener una actitud pasiva, creemos urgente que se replanteen paradigmas anacrónicos respecto de la política exterior, con la finalidad de tomar una actitud proactiva encaminada a que las relaciones con otras naciones se traduzcan en beneficios sustanciales para México y los mexicanos.

Es necesario utilizar los recursos de la diplomacia para lograr atraer inversiones a nuestro país, que generen empleos y derrama económica en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

Por eso, el Grupo Parlamentario del PAN anuncia, por mi conducto, la eminente presentación de una serie de iniciativas que promuevan la inversión nacional e internacional, con la finalidad de contribuir al desarrollo del mercado interno como una medida más, para evitar que las crisis ajenas sigan golpeando los bolsillos de los mexicanos.

Bien nos vendría que más empresas instalen en territorio nacional sus plantas de producción, que inviertan en México, que generen empleos, y que además paguen impuestos para beneficio de nuestras financias públicas.

Por otra parte, hacemos un llamado enérgico para que el gobierno federal refuerce las acciones encaminadas a velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero.

Al respecto, los diputados de Acción Nacional consideramos que debe haber una actuación categórica y eficiente en contra de la campaña xenófoba, iniciada recientemente por un personaje público en nuestro vecino país de Estados Unidos de Norteamérica.

Debemos responder a las ofensas públicas que lastiman el honor y la dignidad de los mexicanos. Ante el capítulo más reciente de esta afrenta continua, que fue la agresión por parte de un guardaespaldas contra Efraín Galicia, migrante poblano en los Estados Unidos, quien se encontraba manifestándose pacíficamente y sin afectar a terceros afuera de las oficinas públicas del precandidato, tuvo que ser un gobernador panista, el de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien respondió ofreciendo ayuda legal al ciudadano poblano, a través de la representación que existe en Nueva York, demostrando así el apoyo incondicional que tenemos los panistas, que ostentamos un cargo de elección popular, en contra de aquellas acciones que supongan un atentado en contra del principio inherente del ser humano, producto de torcidas campañas proselitistas, que no hacen otra cosa que fomentar el odio y la discriminación.

Señoras y señores diputados, quedan muchas cosas por hacer en materia de política exterior. Desde aquí exhortamos al gobierno federal a utilizar todos los recursos legales a su alcance, para lograr beneficios concretos para las familias mexicanas a quienes nos debemos los representantes de todos los poderes y los diferentes órdenes de gobierno.

En Acción Nacional seguiremos muy de cerca la actuación del gobierno, verificando que se cumpla con los principios constitucionales que en la materia debe seguir el Poder Ejecutivo y señalaremos, sin titubeo alguno, aquellas actitudes que se aparten de lo dictado por nuestra Carta Magna, porque así honraremos la confianza depositada en nosotros por los ciudadanos que nos eligieron como sus representantes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Muchas gracias, diputado Piña. Tiene ahora el uso de la palabra, por último, la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez: Con su venia, presidente. He escuchado con mucha atención, dentro del marco de la glosa de este Tercer Informe de nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, las intervenciones de todos los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra.

Como todo ejercicio democrático hay diversas opiniones, todas ellas respetables, a pesar de que evidentemente algunas están sustentadas más por... que por argumentos sólidos.

La realidad de un año más de trabajo ahí está. La concordancia con lo establecido al inicio de este gobierno y sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo ha rendido resultados tangibles no solo en el área de fortalecimiento de nuestra nación en su presencia internacional sino que han buscado ir más allá.

El potencial en materia de política exterior de nuestro país no solo radica en la composición de la diplomacia que el presidente realiza, también está en la fortaleza de la economía. Y para eso cifras, porque las cifras nos permiten hacer un análisis más objetivo de los resultados que tenemos.

Es necesario insistir, que en América Latina nos consolidamos como la segunda economía y la decimoquinta a nivel mundial. Somos a nivel internacional una nación que no busca resaltar por el aprovechamiento de pérdidas ajenas sino por aciertos propios.

La diplomacia mexicana promueve intereses nacionales y además participa en esfuerzos internacionales a favor de un desarrollo sustentable, un desarrollo que fomente la paz, que fomente la seguridad. En esta visión que se permite al gobierno profundizar en el diálogo y fomentar la cooperación con otras naciones.

En la Alianza Pacífico, se consolidó el paquete en donde se liberó el 92 por ciento de los productos de intercambio de cualquier arancel. Y basta mencionar que con Estados Unidos el comercio bilateral se ha fortalecido, nuestro comercio total es de más de 534 mil millones de dólares anuales, de los cuales la mitad constituyen nuestras exportaciones.

En el ámbito del crecimiento y aumento de la producción y gracias al acercamiento Asia-Pacífico, se logró el establecimiento del Fondo Binacional de Inversión con China, por 2 mil 400 millones de dólares.

Y así podemos continuar, como en el caso de Japón, donde se continúan estrechando los lazos y se confirma hoy con las más de 800 empresas japonesas que operan en México, que impacta de manera directa al desarrollo económico del país.

Lo anterior, nos dice que nuestra política exterior retoma el enfoque de reciprocidad que gobiernos anteriores categóricamente omitieron y negaron.

Al respecto quiero señalar que nuestras relaciones bilaterales, no solo se ciñen aspectos económicos, sino que también han construido acuerdos que impactan en el día a día a la gente, tanto de quienes viven en el extranjero, así como de aquellos que atraviesan nuestro territorio diariamente.

Este tercer año de trabajo en el ámbito de cooperación educativa internacional, a través del programa 100,000, se hizo posible que en el 2014, 30 mil 900 compatriotas estudiaran en Estados Unidos, que esto es más del doble que el año pasado.

En lo que va de esta administración, se han suscitado más de 132 instrumentos internacionales sobre temas culturales, sobre temas educativos, sobre el tema de las visas y además la asistencia judicial. Y en el marco de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico, se logró otorgar cien becas anuales por país; además se incorporaron al programa 31 instituciones de educación superior mexicana.

Las relaciones de México en el mundo son cruciales para favorecer al desarrollo de nuestro país. Actualmente son 156 de las cuales 85 representaciones con fines diplomáticos y 71 representaciones consulares.

Esto nos da un claro ejemplo en el Medio Oriente donde tenemos cuatro nuevas embajadas, en Jordania, en Qatar, en Azerbaiyán y Ghana, donde por cierto hablábamos hace un momento del Medio Oriente. Embajadas que sin duda nos acercan a su gente, a sus tradiciones, a su comercio y a su cultura, pero que además reflejan en las acciones inmediatas como la modernización de ocho cruces fronterizos y la inauguración de dos más, así como la mejora en la Casa del Migrante.

En lo que respecta a todos nosotros, el apoyo ha sido decidido. No podemos dejar que se menoscabe el trabajo del gobierno federal a lo largo de este año. Baste señalar que se demostró la capacidad y la sensibilidad para ampliar la atención de los servicios consulares. Esto como una medida de protección ante la incertidumbre de la situación migratoria de los Estados Unidos.

Compañeros, es indiscutible que falta mucho por hacer, pero que gracias al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y la conducción de la Cancillería, la política exterior de nuestro país recobró y hoy tiene un rostro humano, y eso representa nuestra fortaleza. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guzmán. Ha concluido con esta intervención la última ronda acordada para el análisis del III Informe de gobierno en el tema de política exterior.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República para su conocimiento.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda(*), publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Asimismo se invita a los proponentes de efeméride para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

Informo a esta asamblea que derivado de los acuerdos definidos entre diversos grupos parlamentarios, en el transcurso de los últimos minutos el despacho de la agenda política se pospondrá para la próxima sesión y será abordada conforme lo ratifique la Junta de Coordinación Política de manera prioritaria durante el desarrollo de la misma, según se manifestó expresamente en esta plenaria hace ya algunos minutos.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sí, sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente, es en contra de este acuerdo que ustedes emitieron, porque en la Junta de Coordinación Política ayer acordamos en la agenda política meter el caso nada menos que de Ayotzinapa, derivado de las últimas investigaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario.

Sabemos que después de cinco horas, el Reglamento puede cancelar la sesión, pero también el pleno puede autorizar que se prosiga con esta sesión a fin de tocar un tema tan importante en la vida nacional.

Morena presentó un punto de acuerdo en la Junta de Coordinación; el PAN metió un documento en la Junta de Coordinación de este caso, para conformar una comisión especial, y Movimiento Ciudadano una comparecencia de la procuradora, y se quedó que hoy tratábamos este tema. Morena solicita los minutos acordados para la siguiente ronda. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Esta...

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Sonido en la curul de la Candelaria, de la diputada Candelaria Ochoa, perdón –perdón, perdón–; perdón por el lapsus.

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos(desde la curul): Presidente, compañeras, compañeros regidores, perdón, diputados. Este es un tema muy serio, y me parece que tenemos que darle la importancia necesaria.

El día de hoy, hace unas horas apenas, la fracción del PRI dijo que no se podía incluir ningún punto en el orden del día, pero ustedes hoy quieren cambiar el orden del día.

Como fracción nos oponemos a que se modifique el orden del día. Queremos intervenir en este punto porque fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Sólo recuerdo lo que aquí se ha señalado en el sentido de lo establecido en el artículo 36 del Reglamento y que lo refería la diputada Nahle, en el sentido de que las sesiones ordinarias que se celebren durante los períodos ordinarios, por regla general se realizarán martes y jueves de cada semana y durarán hasta cinco horas.

Esta Presidencia asume que conforme a lo que, cuando se abordó –digámoslo de esta manera– colateralmente el tema que se refería a lo de la agenda política con el tema mismo de Ayotzinapa, tendría prioridad para abordarse como un asunto de urgente u obvia resolución en la próxima sesión, primero de la Junta de Coordinación Política el día de mañana y el jueves aquí, con la prioridad de la discusión, del debate, que la sensibilidad y la importancia misma del caso amerita.

Entonces, no estamos ignorando el tema en sí mismo, su propia importancia, diputadas, y estima esta Presidencia que la mejor manera de un procesamiento para lograr, incluso, resolutivos que ayuden al mejor desarrollo de nuestras actividades y que ayuden también a tratar con la importancia que tiene el tema que nos preocupa a todos, a todas, estimamos que la mejor manera de hacerlo sería justamente, prácticamente el inicio de los trabajos de la próxima sesión con un quórum que satisfaga a todo mundo y que, además, se asuma –así lo quiero dejar muy claro– que no estamos de ninguna manera ignorando, por ninguna de la fracciones parlamentarias, la importancia que el caso tiene...

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Sí, presidente. El artículo 36 del Reglamento, a lo que nos referimos, dice: por regla general se realizarán los martes y jueves de cada semana y durarán hasta cinco horas prorrogables por el pleno.

Hay que terminar la oración. Y si no hay suficiente quórum aquí adentro le aseguro que afuera hay 110 millones de personas que sí están esperando que la Cámara de Diputados, que somos representantes del 100 por ciento de ellos, toquemos este tema. Es una sensibilidad social.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se han escuchado las distintas opiniones, hemos escuchado también las expresiones y las manifestaciones que han hecho llegar a la Presidencia de manera directa y, por lo tanto, ratifico la decisión de que el tema sea abordado con la importancia y el tiempo y la prioridad que el asunto requiere en la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: (a las 17:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de septiembre de 2015 a las 11 horas, y se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo del salón de sesiones.

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