Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen previamente registrados 323 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:41 horas). Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 5 de abril de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez

Por el que solicita el retiro de iniciativa.

Reincorporación

De la diputada María Eloísa Talavera Hernández.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017;

b) Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2017: Crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite comunicación del Presidente de la República, mediante el cual presenta el Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Con el que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

Del Gobierno del Estado de Michoacán

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para difundir la estrategia para la atención de la emergencia obstétrica.

Del Sistema DIF Querétaro

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes.

De la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas actualicen su atlas de riesgos.

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Con el que remite el informe de actividades y resultados 2015; el informe de resultados de la evaluación al 2015 del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2010-2034; y el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, 2016.

De la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos

Con el que remite el Informe Anual de los costos y gastos de exploración y extracción, por campo de extracción de hidrocarburos y tipos de hidrocarburos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2015.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite el pronunciamiento sobre la racionalización de la pena de prisión.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite fe de erratas a los artículos 7o. Bis, 58-2, 68 y transitorios segundo, tercero y quinto del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado el 17 de marzo de 2016.

Solicitud de licencia

De la diputada Janette Ovando Reazola.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo segundo y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción XLII al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes Aduanera, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal de Derechos, presentada por la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por los senadores Jesús Casilla Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Elvia Carrillo Puerto”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del diputado Oscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por las diputadas Eloisa Chavarrias Barajas y Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 152 y 154 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 162 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 1o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 23 y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Juan de Dios Bátiz Paredes”, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo VIII al Título VII y el artículo 196 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Rene Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 4o., 13 y 30 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Hernán De Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 66 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, y por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Maricela Emilse Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 9o. y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 3-Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma los artículos 87, 96 y 98 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 66 de Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados y expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 31 Bis 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, suscrita por los diputados Claudia Edith Anaya Mota y Omar Noé Bernardino Vargas, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Que reforma los artículos 203, 209 y 2012 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 84 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 10 y 51 Bis 1 de la Ley General de Salud y 11 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 209 Bis y 400 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, y reforma el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por la diputada Sofía González Torres y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 321, 322 y 324 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De Decreto, por el que se declara el 19 de abril, como el Día Nacional del Tequio, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 73, 88 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 321 Ter a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que considere el establecimiento de un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, correspondiente al municipio de Saucillo, estado de Chihuahua, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa y a la Conagua, para que vigile el cumplimiento de la normatividad y apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen el Río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes se atienda la situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10-Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria.

de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 6o. y un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 134 de la Ley General de Salud.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, a fin de crear el Instituto del Migrante en esa entidad, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, al IFT y a la Profeco, a efecto de que las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular, otorguen a sus usuarios un servicio eficiente y de calidad, a cargo del diputado Ricardo Del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SHCP, a fin de implementar un programa de pensión subsidiaria para las personas que padecen cáncer, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta la creación de la Comisión Especial para la Promoción e Impulso del Maíz, suscrito por el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la SHCP, para que actúen conforme a derecho con respecto a las irregularidades detectadas en la red de carreteras y autopistas de cuota, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre, atender las observaciones y recomendaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social y de la Auditoria Superior de la Federación, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades de transporte y vialidad para que, utilizando las herramientas tecnológicas, promuevan políticas eficientes para el emplacamiento de motocicletas en el momento de la compra de primera mano, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Patrimonio Cultural de México, a cargo del diputado Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través de la Conapesca, fortalezca el Programa de Inspección y Vigilancia, por la afectación que la pesca ilegal ocasiona a la biodiversidad y a la actividad pesquera nacional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semar, a fin actualizar y difundir en la página web, los Atlas de áreas sensibles a la presencia de hidrocarburos en las costas del Golfo de México, del Mar Caribe y del Pacifico, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, para refuercen las medidas tendientes a procurar que las niñas, niños y adolescentes, no sean expuestos a ambientes con humo de tabaco, suscrito por la diputada Claudia Villanueva Huerta y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (CLGBTI), suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a la Sedesol, para que implementen mecanismos que corroboren la legalidad de las empresas contratadas y que dé seguimiento a los contratos asignados o licitados durante y hasta la conclusión de los servicios, suscrito por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a definir un modelo educativo flexible y acorde a las necesidades de la educación, para el próximo ciclo escolar 2016 - 2017. a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de las Entidades Federativas, a la SCT y a la CFE, a fin de incentivar el uso de vehículos automotores híbridos y eléctricos, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a garantizar el acceso gratuito a internet en sitios públicos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de reconocer la labor de los defensores de Derechos Humanos y garantizar su seguridad, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SFP y al ISSSTE, para que realicen el rescate económico, patrimonial y legal de las tiendas, farmacias y centros recreativos del ISSSTE, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Segob y a la SRE, a fin de ampliar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, hasta la resolución del caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de 7 personas, ocurridos en Iguala, Guerrero, o hasta que el propio grupo establezca la conclusión de sus labores, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, así como a las autoridades educativas de las entidades federativas, para que incorporen en la modalidad de escuelas de tiempo completo a las escuelas indígenas de educación básica del país, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa-Aserca, considerar un anexo en el Programa Inducción Productiva, a fin de incentivar la siembra de maíz amarillo, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, a fin de armonizar sus respectivos Códigos Civiles con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo relativo a la edad mínima para contraer matrimonio, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaria de Salud y a la Cofepris, para que difundan documentos de toxicología y estadística de los efectos nocivos de las plantas de las que impiden su comercialización, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, a realizar una evaluación nacional sobre el uso de la imagen de pacientes con cáncer por parte de organizaciones no gubernamentales, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la Sedesol, a fin de promover una estrategia conjunta para prevenir, tratar, controlar, detener y combatir el avance en la obesidad y sobrepeso infantil, a cargo del diputado Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, para que difunda las causas del subejercicio de los recursos del “Programa Escuelas de Tiempo Completo” durante el ejercicio fiscal 2014, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a las irregularidades detectadas en contra del Presidente Municipal de Ajalpan, estado de Puebla, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que investigue la emisión de placas y engomados por parte de organizaciones a nivel nacional, a cargo del diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través de Conapesca, realice la difusión de los servicios que ofrecen las subdelegaciones y oficinas de pesca en las entidades federativas, y las dote de nuevas atribuciones y facultades para ofrecer atención pronta y expedita al sector pesquero y acuícola nacional, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de atender y resolver la problemática de los artesanos de las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Chichen Itzá, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo y al H. Ayuntamiento Municipal de Yahualica, Hidalgo, para que atiendan y resuelvan el problema de desabasto de agua en la localidad de Tetla, perteneciente a ese municipio, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a la Sagarpa, para que tomen las medidas necesarias y sancionen a las personas que realicen la quema de gavilla en los estados de Sonora y Sinaloa, asimismo, para que ejecuten campañas de concientización acerca de los daños que provoca esta actividad, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implementar una campaña de difusión en materia de prevención, control y atención de la Hepatitis C, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados, a fin de armonizar sus respectivas sus leyes locales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, asimismo, se exhorta a los gobiernos de los estados a emitir los reglamentos que garanticen la operación adecuada de dicha ley, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que aplique un programa integral permanente de abasto de agua para aquellas zonas que carecen del abasto del vital líquido, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), a exentar al autotransporte de carga del programa “Hoy no circula” en la Ciudad de México, así como impulsar medidas de prevención de largo plazo dentro del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, que no afecten el sistema de abasto que realiza el autotransporte de carga en el país, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEP, se difunda la situación actual de la distribución de libros de texto gratuitos en sistema Braille, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofece, para que en uso de su facultades, para que presente denuncia penal por la manipulación del precio de venta de pollo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instancias, para que difundan los avances y resultados en torno a la recomendación 51/2014, emitida por la CNDH, relativa al caso Tlatlaya, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que difunda información sobre los linderos de las propiedades del Centro Ecológico de Akumal, e inicie un juicio de lesividad respecto a los certificados catastrales de medidas y colindancias que otorgaron distintas autoridades a favor de personas morales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 2o. de abril, Día Mundial de la Concientización del Autismo, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con treinta y siete minutos del jueves treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Por la que comunica que se recibió acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se tienen por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo y las solicitudes de gestión o ampliación de recursos relacionadas con el proceso de examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. De enterado, se actualizan los registros parlamentarios y se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• En relación con modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, presentada por la diputada Rocío Nahle García, de Morena, el diez de marzo de dos mil dieciséis. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Araceli Damián González, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

b) Del diputado Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, a fin de instalar el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Ocotlán, presentada el diez de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por retirada, actualícese los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, por la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal instruya a las dependencias a su cargo a que continúen y refuercen los operativos de prevención y persecución del delito, que fortalezcan la seguridad pública del estado de Oaxaca, en especial la región mixteca. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

• Por el que se solicita incluir la detección, la atención y el tratamiento médico oportunos del cáncer epitelial de ovario en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se solicita intensificar en todos los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas urgentes para la prevención, atención y reducción de la mortalidad materna y del embarazo adolescente con un enfoque de pleno respeto y promoción de los derechos humanos, priorizando además la información con campañas de difusión y el acceso a los servicios de salud de calidad. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

d) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Pronunciamiento sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las Personas Internas en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de dos mil dieciséis, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de dos mil quince, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de dos mil dieciséis. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la que remite el Primer Reporte Bimestral, sobre el seguimiento a los plazos y compromisos de información previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. De enterado.

g) Del diputado Alberto Silva Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en el Tercer Distrito Electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

h) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Economía, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge Enrique Dávila Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doce de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Claudia Sánchez Juárez, del Partido Acción Nacional, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Erik Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos once, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez, y suscrita por diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintiocho, y cuarenta y tres de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, que expide la Ley que Regula la Publicidad del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cuarenta y uno Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión conjunta de tres dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Salud:

a) Por el que se reforma el artículo treinta y dos de la Ley General de Salud.

b) Por el que se adiciona el artículo cincuenta y tres Bis a la Ley General de Salud.

c) Por el que se reforma la fracción segunda Bis del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Antonio López Rodríguez, para fundamentar los tres dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión.

A las doce horas con treinta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; Wendolin Toledo Aceves, del Partido Verde Ecologista de México; Eva Florinda Cruz Molina, del Partido de la Revolución Democrática; Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido de Acción Nacional; y María Verónica Muñoz Parra, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinticinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo treinta y dos de la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo cincuenta y tres Bis a la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintidós votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda Bis del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Salud, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo ciento setenta y siete de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Jorge Tello López, de Morena; José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Partido de Acción Nacional;

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

y Rocío Díaz Montoya, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos catorce votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo ciento setenta y siete de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Deporte, por el que se reforman los artículos diecinueve, y treinta de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a la propuesta de adición presentada por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, en nombre de la Comisión, que en votación económica se acepta y forma parte del dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena; Claudia Villanueva Huerta, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana Alizarraraz Sandoval, del Partido de Acción Nacional; y Fidel Kuri Grajales, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. En votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y cinco votos se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por el Asamblea, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos diecinueve, y treinta de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta al gobierno federal a garantizar el cumplimiento de las categorías de participación en las disciplinas deportivas de natación, de raquetbol y de pentatlón moderno, previstas en la convocatoria del evento multideportivo de carácter nacional denominado Olimpiada Nacional dos mil dieciséis, publicada el treinta de octubre de dos mil quince por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

• Por el que se nombra a los diputados que habrán de integrar el grupo mexicano de Parlamentarios por el Hábitat.

En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: José Adrián González Navarro, del Partido Acción Nacional; Mirza Flores Gómez, y María Candelaria Ochoa Avalos, ambas de Movimiento Ciudadano.

Se da cuenta con dos oficios de la Junta de Coordinación Política por los que comunica:

• El cambio de integrante en la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

• La designación de legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se desempeñará como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

De enterado. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos catorce, diecinueve, y veintiuno de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Armando Alejandro Rivera Castillejos, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos dieciocho, y setenta y nueve de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y cuarenta de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Vivienda, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que promueva a nivel nacional el uso de los sistemas de captación de agua pluvial. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la celebración de Convenios con la empresa Liconsa, SA de CV, e incentivar el abasto de leche nacional para los programas de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, y a la Comisión de Ganadería, para opinión.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que elabore los estudios técnicos justificativos para la declaratoria de Área de Refugio para tiburón ballena. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Chávez García, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, se intensifique la protección de la vaquita marina y la totoaba. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atienda las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, relativo a las demandas penales dirigidas en contra de pasadas administraciones federales, y revisar las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez en dos mil seis. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Ricardo Taja Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, a fin de actualizar su Código Penal y para que en la impartición de justicia de la entidad se observe la aplicación de Jurisprudencia y Tratados Internacionales en las resoluciones que emiten, y evitar que se presenten casos como el de Walter Suk. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la Secretaría de Gobernación, para que realicen un registro de solicitantes de asilo político y asilados. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de diversas entidades federativas, para que difundan las razones del subejercicio del presupuesto asignado al fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio y José Clemente Castañeda Hoeflich, integrantes de Movimiento de Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de solicitar a la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), una comisión especial para la evaluación del modelo de adquisiciones en México. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Matias Nazario Morales, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al estado actual de los atlas de riesgo y la implementación de acciones para actualizar y difundir los mismos. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que garanticen y respeten la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de crear un programa para la detección oportuna del VIH/sida en mujeres embarazadas y reducir la tasa de transmisión madre-hijo. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento de Ciudadano, por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a los Sistemas Operadores de Agua de los estados, a garantizar el acceso, cantidad y calidad de agua que reciben los habitantes del país. Se turna a la Comisión del Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta a los titulares del Servicio de Administración Tributaria, del SAE, de la Procuraduría General de la República, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que difundan las medidas que están llevando a cabo para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía SA de CV. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, y a la Fiscalía General de esa entidad, a consignar al juez de la causa en turno, el expediente INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con las procuradurías de los estados, inicie un proceso de simplificación y armonización de los procedimientos existentes para activar la alerta Amber. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Concepción Villa González, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso de la averiguación previa por el delito de abuso sexual de menores de edad contra Walter Suk. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Daniel Adrián Sosa Carpio, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, implemente las acciones necesarias para mejorar el índice de seguimiento de denuncias. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Rosa Alba Ramirez Nachis, Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a instrumentar las vías para lograr que las Afores eficienticen sus sistemas de información. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a implementar medidas para prevenir y detener la violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes cinco de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con dieciséis minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

Continuamos con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el centro de estudios y fortalecimiento municipal, presentada por la suscrita, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4411-IV, el martes 24 de noviembre de 2015.

Sobre el particular, solicito a usted dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de la Cámara.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

REINCORPORACIÓN

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para informarle mi reincorporación al cargo de diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a partir del 1o. de abril del presente.

Por lo anterior, le solicito atentamente hacerla del conocimiento del pleno de esta soberanía, así como instruir a quien corresponda para que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para informarle mi reincorporación al cargo de diputado federal propietario de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, por el estado de Michoacán, a partir del día 5 de abril del año en curso.

Por lo anterior, le solicito atentamente hacer del conocimiento del Pleno del Congreso de la Unión mi reincorporación, así como instruir a quien corresponda para que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos para los efectos conducentes.

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo a la presente, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de abril de 2016.— Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remito el documento que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017;

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2017: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

e) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit, y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.(1)

(1) El informe solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“A”.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Ciudad de México, a 1o. de abril de 2016.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del presidente de la República y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del comunicado suscrito por el titular del Ejecutivo federal mediante el cual se presenta el tercer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.(2)

(2) El informe solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“B”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:De la Secretaría de Gobernación, con el que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-193, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DG-UEL-156-2015, suscrito por la licenciada Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, mediante el cual responde el acuerdo por el que se solicita a ese organismo rinda un informe por escrito en el que se detalle la siguiente información: a) razón por la que la terminal de almacenamiento y reparto (TAR) de Saltillo no ha sido considerada en los proyectos de reubicación, y b) impacto económico que representaría la reubicación de la TAR de Saltillo y el tiempo requerido para llevar a cabo dicho proceso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Pemex.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SELAP/UEL/311/2415/15, de fecha 2 de diciembre de 2015, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación, por medio del cual hace del conocimiento que por oficio número DGPL-63.II.3-193 del diputado Jerónimo .Alejandro Ojeda Anguiano, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, mismo que a continuación cito:

“...Único. La Cámara de Diputados solicita de la manera más atenta al titular de Petróleos Mexicanos, rinda un informe por escrito en el que se detalle la siguiente información a) razón por la que la terminal de almacenamiento y reparto (TAR) de Saltillo no ha sido considerada en los proyectos de reubicación, y b) impacto económico que representaría la reubicación de la TAR de Saltillo y el tiempo requerido para llevar a cabo dicho proceso...”

Al respecto y para todos efectos a que haya lugar, me permito señalar lo siguiente:

a) Razón por la que la terminal de almacenamiento y despacho (TAD) de Saltillo, no ha sido considerada en los proyectos de reubicación.

1. Opera con estándares de diseño de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, teniendo que su calificación es alta en términos de desempeño ambiental y de seguridad industrial, ya que cuenta con sistemas para la administración de riesgos y de la seguridad de todas las actividades, por lo que los indicadores de frecuencia y gravedad se encuentran en ceros.

2. Opera bajo prácticas verificadas y validadas por empresas de reaseguro internacional.

3. Cuenta con la distribución de áreas y equipos de seguridad para operar en condiciones satisfactorias y seguras para el personal, la comunidad y el medio ambiente.

4. Ubicación estratégica, realizando el suministro de combustibles a 136 estaciones de servicio localizadas en la ciudad de Saltillo, Coah., y su área de influencia.

5. Recibe prioritariamente por un dueto de 8” de diámetro, desde la estación de Ojo Caliente integrado al poliducto Santa Catarina-Gómez Palacio de 14” de diámetro, medio de suministro confiable y seguro.

6. Cuenta con un sistema automatizado de control y medición en las actividades operativas y el recibo por dueto, inclusive actualmente tenemos en ejecución un contrato de actualización y mejoramiento de dicho sistema ofreciendo mayor confiabilidad a la instalación.

7. Desde 2012, se fortaleció el sistema de seguridad y contra incendio con la construcción de un tanque con capacidad de 3.18 millones de litros y la integración de 4 bombas, por lo que dispone de mayor protección.

8. Cuenta con un sistema de administración de riesgos que contiene, entre otros elementos lo siguiente:

• Programas de mantenimiento preventivo, predictivo, inspección y, pruebas a todos los equipos, priorizando los equipos críticos para el proceso operativo (tanques, tuberías, motobombas, unidad de recuperación de vapores, llenaderas, descargaderas, SIMCOT, subestación eléctrica, autotanques), administrados sistemáticamente a través de la herramienta PM de SAP.

• Sistemas preventivos de protección por sobrellenado en tanques y autotanques para evitar la pérdida de contención.

• Control de registros de espesores de tuberías y tanques de almacenamiento, permitiendo supervisar el control del desgaste y vida útil, garantizando la integridad mecánica.

• Ejecución de simulacros operacionales en forma permanente.

• Ejecución de simulacros de seguridad con participación de autoridades locales, estatales y federales.

• Procedimientos adecuados para todas las actividades del proceso.

• Personal capacitado en cada una de las actividades.

• Amplia franja de amortiguamiento, garantizando que en una emergencia mayor, el radio de alta temperatura se ubique dentro del perímetro de la terminal, evitando afectar instalaciones externas.

9. En aspectos ambientales, dicha terminal cuenta con lo siguiente:

• Certificado de industria limpia renovado sistemáticamente desde el año 2000.

• Drenaje industrial (aceitoso) segregado del drenaje pluvial.

• Sistema de recuperación de vapores del llenado de autotanques.

• Membrana interna flotante en los tanques que almacenan gasolinas, para prevenir emanaciones de vapores de hidrocarburos a la atmosfera.

• Llenado hermético y por el fondo de autotanques.

En este orden, las características antes descritas nos permiten precisar que la terminal reúne los requisitos para instalaciones de su tipo a nivel internacional, así mismo, registra un desempeño eficaz en la administración de riesgos asociados a la actividad que realiza, por lo que no representa un riesgo para la población.

b) Impacto económico que representaría la reubicación de la TAD Saltillo y el tiempo requerido para llevar a cabo dicho proceso.

El impacto económico en un escenario de reubicación de la terminal de Saltillo es del orden de $900 MMP (novecientos millones de pesos) con un estimado clase V de orden de magnitud y un tiempo aproximado de construcción de tres años, una vez que se concluya con la adquisición y permisos correspondientes para el terreno seleccionado.

Esperando que la información proporcionada en el presente oficio le sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2016.— Licenciada Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-8-0769, signado por el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número BOO.00.01.-054 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita respetar en forma íntegra los montos aprobados por ese cuerpo colegiado para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SELAP/UEL/311/274/16, respecto del punto de acuerdo en el que se exhorta a la Conagua, a respetar en forma íntegra los montos aprobados por la Cámara de Diputados para los programas federalizados de agua potable y saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal2016,mismo que fue publicado el 27 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, me permito adjuntar la respuesta por parte de esta institución.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de marzo de 2016.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, Coordinador de Asesores del Director General.— Presente.

Hago referencia al memorando número BOO.00.01.-035 de fecha 22 de febrero de 2016, mediante el cual solicita realizar una nota informativa en coordinación con la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, con relación a los comentarios respecto al punto de acuerdo en el que se exhorta a la Conagua, a respetar en forma íntegra los montos aprobados por la Cámara de Diputados para los Programas Federalizados de Agua Potable y Saneamiento que ejecutan en forma directa las entidades federativas y que están establecidos en el anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, mismo que fue publicado el 27 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

Antecedentes:

Es importante mostrar cómo está conformado el Anexo 31, debido a que los comentarios van en función de los Programas Federalizados de Agua Potable y Saneamiento y se encuentran en conjunto con los subsidios de administración del agua (U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca a cargo de la Coordinación General de Emergencias y Consejos de Cuenca y E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable a cargo de la Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua); así como para el gasto de operación que la Conagua podrá disponer de recursos presupuestales para las actividades de seguimiento normativo, control, supervisión, verificación de acciones y evaluación interna de los apoyos otorgados.

Los subsidios aprobados para Agua Potable y Saneamiento que otorga la Conagua se integran de los siguientes programas presupuestarios: S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y S218 Tratamiento de Aguas Residuales y para los Subsidios de Hidroagrícola en el programa presupuestario S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.

Los techos para la integración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación fueron comunicados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través del correo electrónico enviado el sábado 15 de agosto de 2015, a la subdirectora general de Administración, en el cual especifica que se comunica el monto y distribución asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que se detalla en el archivo de analítico de claves que se anexa al mismo (archivo en Excel llamado AC_01_ConaguaJISCALES.xlsx. (Anexo A).

Por lo que se elabora un comparativo del anexo 31 entre los techos comunicados por la SHCP a través de la Semarnat y las cifras del anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se encuentra publicado en la página web de la SHCP en la siguiente liga http://www. ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF/Paquete Económico.

Carga en el PIPP del Anteproyecto de PEF:

Para llevar a cabo la carga del Anteproyecto de PEF 2016 de la Conagua, se realiza a través de la Semarnat por ser la coordinadora sectorial, en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), se dio cumplimiento a las reglas de validación conforme lo establece el Numeral 31 del Manual de Programación y presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016: “El cierre en el PIPP del ramo correspondiente o del sector, en el caso de las dependencias coordinadoras sectoriales, ocurrirá cuando las asignaciones de los anteproyectos de presupuesto se hayan distribuido adecuadamente apegándose a los techos presupuestarios comunicados y siempre y cuando se dé cumplimiento a todas las validaciones incorporadas en el sistema. Esto implica que para cerrar un sector se tendrán que cubrir las validaciones, tanto del ramo, como de cada una de las entidades coordinadas. Una vez aplicado en el PIPP el cierre para un ramo sector, se desactivará el acceso a los usuarios, indicando que se concluyó la carga de presupuesto.

Los techos presupuestarios contenidos al Cierre del PIPP serán considerados como techos definitivos”.

Adicionalmente, el artículo 58 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la “La Secretaría formulará e integrará el proyecto de Presupuesto de Egresos con apoyo en los anteproyectos remitidos por las dependencias y entidades”.

El comparativo siguiente refleja las diferencias de la carga del Anteproyecto de PEF 2016 de la Conagua contra las cifras del ANEXO 31 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Para la integración y carga del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solamente se registran las reasignaciones (ampliaciones y reducciones al proyecto de PEF) de conformidad a lo señalado en el numeral 13 de los “Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Elaboración y Autorización de sus Calendarios de Presupuesto, Carga de los Calendarios de los Anexos Transversales, Actualizaciones de la Matrices de Indicadores para Resultados y Modificaciones de sus Metas” emitidos mediante oficio número 307-A.-4620 de fecha 27 de noviembre de 2015 signado por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, constituyendo como resultado lo siguiente:

Por todo lo anterior expuesto, se concluye lo siguiente:

1. Se observa que el anexo 31, Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas no fue generado del analítico de claves del anteproyecto o proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación registrado en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que refleja diferencias reales.

2. El proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 con sus anexos, son elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3. Para estar en posibilidades de dar cumplimiento a las cifras publicadas en el anexo 31, será necesario que la Conagua lo conozca antes de la elaboración de su anteproyecto; y/o en su caso que se cumpla con el punto 1, arriba descrito.

4. A fin de dar cumplimiento, la Conagua podría aplicar adecuaciones presupuestarias para llegar a los importes planteados en el anexo 31.

Adicionalmente, se informa que los subsidios para agua potable y saneamiento tuvieron una reducción por un importe de $978’299,381.0 derivado del recorte presupuestario aplicado por la SHCP el día 17 y 18 de febrero de 2016, por lo que se elaborarán las adecuaciones presupuestarias para tratar de apegarse si no en su totalidad, si en el cumplimiento en la cobertura de acciones y metas de las obras que estén en ejecución.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2016.— Gloria Pedrozo González (rúbrica), subdirectora General de Administración.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-0771 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP0391/16 suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que a través de los medios diplomáticos conducentes, solicite a las autoridades norteamericanas competentes, una investigación pronta y eficaz que permita sancionar a quienes resulten responsables de los hechos ocurridos en la ciudad de Chicago, en los que perdieron la vida integrantes de una familia mexicana, originaria del municipio de Tarimoro, Guanajuato, y brinde las facilidades necesarias a los familiares de las víctimas para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de abril de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar los insumos correspondientes a esta Secretaría, respecto a las proposiciones con punto de acuerdo aprobadas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, en las sesiones del 9 y 11 de febrero de 2015, las cuales hacen referencia a los hechos ocurridos en la ciudad de Chicago, en los que perdieron la vida integrantes de una familia mexicana, originaria del municipio de Tarimoro, Guanajuato.

En ambos puntos de acuerdo se exhorta a esta secretaría para que a través de los medios diplomáticos correspondientes, se solicite a las autoridades norteamericanas una investigación que permita esclarecer los acontecimientos y sancionar a quienes resulten responsables.

Asimismo demandan la inmediata intervención de esta Cancillería a fin de apoyar a los familiares de las víctimas para lograr la obtención de visas humanitarias y traslado de cuerpos a México.

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a las Mesas Directivas del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de marzo de 2016.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), Director General de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a las autoridades norteamericanas competentes, una investigación pronta y eficaz que permita sancionar a quienes resulten responsables, y brinde las facilidades necesarias a los familiares de las víctimas para viajar a los Estados Unidos de América.

En cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, esta secretaría, a través de nuestro Consulado General en Chicago, desplegó diversas acciones de protección y asistencia consular para apoyar a los familiares de las víctimas.

En este sentido, se mantuvo comunicación estrecha con la oficina del superintendente de la Policía y la oficina de servicios forenses, así como con los familiares de las víctimas, ofreciéndoles asistencia y acompañamiento consular.

Asimismo, el Consulado apoyó en los trámites para la obtención de un permiso humanitario, mismo que fue otorgado en favor de familiares de las víctimas por parte de autoridades migratorias estadounidenses, a fin de que pudieran viajar a Estados Unidos para identificar los restos de sus familiares.

En este sentido, el Cónsul General de México en Chicago expresó al alcalde de la ciudad de Chicago el agradecimiento del Gobierno de México por la buena comunicación y la disposición para mantener informado al consulado sobre el curso de las investigaciones, mismas que deberán llevar a los responsables frente a la justicia. El alcalde de Chicago manifestó su profunda preocupación por el caso, y reiteró el compromiso de realizar una investigación cuidadosa y deslindar responsabilidades.

Asimismo, el cónsul general de México en Chicago, sostuvo un encuentro con el Agregado de la Procuraduría General de la República en Washington, quien viajó a Chicago con el fin de recabar información sobre las investigaciones en torno al caso, así como para mantener comunicación con la Policía y la Procuraduría del Estado de Illinois, en coordinación con nuestra representación consular. El Departamento de Policía de Chicago ha informado al Consulado que se siguen varias líneas de investigación, las cuales continúan en curso.

Por otra parte, la organización de Chicago Cítizens For Change, financiada por el Gobierno de Illinois, comunicó al Consulado General de México en Chicago que utilizaría el Fondo Estatal para Víctimas de Crímenes Violentos para cubrir los gastos funerarios en esta ciudad e incluso que ya tenían una funeraria encargada de los servicios.

Una vez que los familiares, acompañados también por miembros de la Policía de Chicago, reconocieron los cuerpos, se les confirmó que los restos serían entregados a la funeraria designada. Los servicios funerarios tuvieron lugar el día 12 de febrero de 2016.

Dado que los familiares de los connacionales fallecidos no contaban con los recursos económicos suficientes para pagar dichos tramites, el Consulado General de México en Chicago y después de analizar el caso, decidió otorgar apoyo económico para cubrir el costo de los servicios funerarios y traslado de restos a México. Ello con fundamento en las normas para la ejecución de los programas de protección a mexicanos en el exterior, en su capítulo VI, repatriación de cadáveres, numerales 28 a 31. El traslado de los restos se realizó el pasado 21 de febrero. Estos fueron recibidos por el personal de las Oficinas de Atención al Migrante de los Estados de Morelos y Guanajuato.

La Cancillería ha solicitado a las autoridades estadounidenses correspondientes una investigación transparente, imparcial y expedita para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El Cónsul General de México en Chicago continuará dando puntual seguimiento al caso. El gobierno mexicano hace uso de todos los recursos disponibles para velar por el interés de las familias de las víctimas, con el fin de que tengan pleno acceso a la justicia, de conformidad con las leyes aplicables.

El Gobierno de México ratifica su compromiso de instrumentar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos y la dignidad de sus connacionales, independientemente de su condición migratoria y donde quiera que se encuentren. En este sentido, es importante hacer mención que la protección consular que brinda el Estado mexicano contempla medidas que promueven el respeto a los derechos de las personas, incluyendo el debido proceso de ley, evitar daños y perjuicios a las personas y/o sus intereses, vigilar que no se cometan injusticias o arbitrariedades de parte de las autoridades extranjeras y combatir actos de discriminación.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-8-0870 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/644/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos evitando más contagios, así como regular el abasto del medicamento en el sector salud para combatirla.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de abril de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/410/16, de fecha 25 de febrero de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 25 de febrero de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto de medicamento en el sector salud, para combatirla.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-1369-2016 y anexos, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número DGPL 63-II-8-0870 la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada hoy, mismo que a continuación transcribo:

“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto de medicamento en el sector salud, para combatirla.”

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y de la proposición del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Mórales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/533/2016, que refiere:

“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto de medicamento en el sector salud, para combatirla.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2016.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la SPPS.— Presente.

Me refiero a su oficio SPPS-CAS-1143-2016, mediante el cual hace referencia al documento UCVPS/533/2016 de la Unidad Coordinadora de Vigilancia y Participación Social, referente al punto de acuerdo aproado en la sesión de la Cámara de Diputados.

“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto de medicamento en el sector salud, para combatirla.”

Al respecto, anexo a este oficio los comentarios correspondientes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.— Doctor Eduardo Jaramillo Navarrete (rúbrica), Director General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría deSalud.

Con el objetivo de proporcionar a la población información básica sobre las infecciones respiratorias agudas e influenza (qué son, formas de contagio, síntomas, etcétera), así como de sensibilizarla sobre la adopción de hábitos que ayudan a prevenir estas enfermedades, como lavado de manos, estornudo de etiqueta, consumo de vitamina C, etcétera, la Dirección General de Promoción de la Salud realiza las siguientes acciones de manera permanente:

• Proporcionar información a la población y personal de salud sobre las medidas anticipatorias y de prevención de las infecciones respiratorias e influenza a través del micrositio: http://temporadadefrío.salud.gob.mx/

• Difundir de manera permanente las medidas de higiene, lavado de manos y estornudo de etiqueta en su portal web

http://promocion.salud.gob.mx/index.html y redes sociales.

• Difundir en el micrositio, medios sociales y entre los responsables de promoción de la salud en las entidades federativas, los materiales educativos e informativos disponibles sobre enfermedades respiratorias, influenza y temporada de frío.

• Elaborar y difundir guías sobre las acciones de promoción de la salud para públicos específicos, tales como personal de salud medios de comunicación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En respuesta al oficio SPPS-CAS-1144-2016, mediante el cual informa en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó un punto de acuerdo, me permito dar respuesta al mismo:

“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto de medicamento en el sector salud, para combatirla.”

Respuesta

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), desde el año 2000 da seguimiento a la temporada invernal y de calor. La temporada de frío se asocia con incremento en las infecciones respiratorias agudas (IRA’s), entre la influenza estacional, a causa de los diferentes tipos de virus, y para lo cual, en cada temporada invernal se fortalecen las medidas de prevención y control para limitar la ocurrencia de casos y defunciones, sobre todo por influenza.

En este sentido, el pasado miércoles 14 de octubre de 2015, en Pachuca, Hidalgo, se realizó la Reunión Nacional de Temporada de Frío, Prevención y Control de IRA’s, Influenza y otros Daños a la Salud 2015-2016, teniendo como objetivo actualizar y estandarizar criterios de vigilancia, prevención y atención de daños a la salud durante la temporada. A dicha reunión asistieron 233 representantes de los servicios de salud estatales, así como de las instituciones federales del sector salud, asumiendo el compromiso de garantizar la organización y capacitación para establecer una mejora atención a la salud de la población, en los ámbitos de la vigilancia epidemiológica, atención médica y promoción de la salud, con la participación activa de los responsables de las áreas técnicas del nivel federal, estatal y jurisdiccional.

Como uno de los acuerdos, el área de promoción de la salud, intensificó de acciones preventivas en sus 7 componentes, así como la implementación de la comunicación de riesgos y difusión de medidas preventivas para los daños a la salud esperados para la temporada de frío, a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales.

Con respecto a la atención médica y vacunación, se acordó asegurar el abasto de insumos médicos y vacunas para población blanco, en las unidades para la atención de infecciones respiratorias agudas e influenza, quedando bajo responsabilidad de las entidades el cumplimiento de las mismas.

En cuanto al aseguramiento de la disponibilidad de tratamiento con el antiviral Oseltamivir, a través de las reservas estratégicas estatales y federal, al inicio de la temporada se realizó dotación a las 32 entidades federativas e instancias del sector salud federal para garantizar la atención de las personas que acuden a las unidades médicas; asimismo, con la finalidad de apoyar a los pacientes de la medicina privada, ante el desabasto de este medicamento en las farmacias, se fortaleció la dotación del antiviral a las instancias del sector público para el establecimiento de la estrategia de canje de recetas, y que se implementó desde mediados de febrero a la fecha.

Al momento, de acuerdo a información proporcionada por la industria farmacéutica privada, la disponibilidad de este medicamento se encuentra regularizada, y las unidades médicas del sector salud en el país se mantienen con abasto suficiente para los pacientes que lo requieran.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.— Doctor Jesús Felipe González Roldán (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL63-II-1-0417, signado por el senador Fernando Yunes Márquez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar DEP0392/ 16, suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención de migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero, con énfasis en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano e invierno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar los insumos correspondientes a esta secretaría respecto a la proposición con punto de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados, en la sesión del 11 de febrero de 2015, que a continuación se transcribe:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero, con énfasis en los periodos vacacionales de Semana Santa, verano e invierno.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que informe a esta soberanía sobre las quejas recibidas del programa Paisano de los últimos tres años, así como los medios de resolución que tuvieron, las sanciones aplicadas, en su caso, por revisiones arbitrarias en materia de comercio exterior en carreteras, fronteras y caminos de la República Mexicana por parte de servidores públicos, así como posibles actos de abuso y corrupción en perjuicio de los migrantes que retornan a sus estados. Se considera además de relevancia para este análisis considerar los datos del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo de su inicio a la actualidad.

Por lo expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la información anexa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de marzo de 2016.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero

El gobierno de México está comprometido a instrumentar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos y la dignidad de sus connacionales, independientemente de su condición migratoria y dondequiera que se encuentren. En ese sentido, la protección consular que brinda el Estado mexicano contempla medidas que promueven el respeto a los derechos de las personas, incluyendo el debido proceso de ley, evitar daños y perjuicios, a las personas o sus intereses, vigilar que no se cometan injusticias o arbitrariedades de parte de autoridades extranjeras y combatir actos de discriminación.

Con ello se busca garantizar la integridad física y el pleno respeto de los derechos de sus connacionales en el exterior, independientemente de su calidad migratoria. En el logro de esta misión se diseñan y ejecutan programas específicos a través de las diversas representaciones en el exterior, así como de sus oficinas regionales y centrales en territorio nacional.

La labor de las representaciones consulares se divide en asistencia y protección consular, consistiendo la primera en proveer orientación y consejo al connacional respecto a sus relaciones con particulares y con las autoridades del Estado receptor, además de acciones concretas como visitar a nacionales detenidos en prisiones, hospitalizados o en cualquier otra situación grave o de dificultad. Por su parte, la protección es el conjunto de acciones (gestiones, buenos oficios; mediación, conciliación, entre otras) para salvaguardar los intereses y el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos en el extranjero, de conformidad con los principios del derecho internacional, las leyes y los reglamentos del país donde se solicita la protección, y la legislación nacional. Esta protección abarca a las personas mexicanas arrestadas, en prisión o bajo custodia por las autoridades de otro Estado.

A partir de estas definiciones se diseñan y operan programas de atención de necesidades específicas para toda la red diplomático-consular. Las características del fenómeno migratorio mexicano (volumen, concentración en un solo país y su alto componente de personas indocumentadas) han propiciado el desarrollo de infraestructuras particulares para la atención hacia la persona.

En territorio nacional, los delegados de la SRE son un útil vínculo entre el gobierno federal y las autoridades estatales y locales y una vía para que la promoción del crecimiento y el desarrollo que realiza el gobierno federal, por medio de la cancillería, tenga los mejores resultados.

Durante la reunión nacional de delegados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los delegados no sólo fortalecen sus conocimientos y las destrezas profesionales, sino que contribuyen a mejorar su labor y la atención que se presta a la ciudadanía. Dentro de las muchas tareas de importancia que realizan está el trabajo coordinado con nuestras representaciones en el exterior para proteger a los mexicanos que viven fuera. La protección inicia y termina, en muchos casos, en los municipios donde radican los familiares de los mexicanos que trabajan fuera de nuestras fronteras. La cancillería cumple labores de asistencia jurídica, administrativa y de información a través de las delegaciones a su cargo, muchas veces el primer punto de contacto con los mexicanos que están fuera y con sus familias.

A nivel interinstitucional, esta secretaría participa en la comisión intersecretarial que hace posible el funcionamiento del programa Paisano, donde se coordinan los esfuerzos de varias dependencias, dirigidos a proteger y salvaguardar la integridad física de miles de paisanos que cada año visitan a sus familiares, mediante mecanismos de defensa y promoción de sus derechos y obligaciones durante su entrada, salida y tránsito por el país. Esta comisión es presidida por el secretario de Gobernación, quien a su vez se auxilia para implantar las acciones de una secretaría ejecutiva, que recae actualmente en el comisionado del Instituto Nacional de Migración.

Se procura atender de manera integral las necesidades de los mexicanos, con la consolidación de avances en medidas de simplificación, desregulación y uso de las nuevas tecnologías, que faciliten el trabajo y la acción directa a favor de los connacionales. Para ello se cuenta con el apoyo presupuestal del Congreso, pues la situación de las comunidades mexicanas en el exterior es un asunto de creciente interés y escrutinio público.

Se ha trabajado particularmente en el fortalecimiento de la protección preventiva, con charlas, folletos, visitas a sitios de reunión de la comunidad, campañas publicitarias y presencia en programas de radio y televisión, para informar a la población mexicana acerca de los peligros que implica el cruce indocumentado por zonas de alto riesgo, crear conciencia sobre sus derechos, así como de los servicios que ofrecen las representaciones de México en el exterior y recomendaciones útiles sobre el marco legal imperante, que favorezcan su participación en las sociedades donde se encuentran.

Adicionalmente, se busca reforzar la relación institucional con las autoridades locales y sensibilizar acerca de la importancia del trato digno y respetuoso a los nacionales mexicanos, así como del derecho a la notificación, comunicación y acceso consulares.

Por otra parte, durante el proceso de repatriación nuestros consulados llevan a cabo entrevistas a los detenidos en centros de detención migratoria donde son concentrados, a fin de recopilar información estadística, documentar quejas de los connacionales, atender solicitudes de recuperación de pertenencias, brindar apoyos económicos a quienes se encuentran en situación de indigencia, proporcionar ropa a quienes carecen de vestimenta en buenas condiciones para ser repatriados y verificar que miembros de una misma familia no sean repatriados por separado.

Históricamente, México ha estado a la vanguardia en la instauración de esquemas para la protección de sus nacionales en el exterior. Ninguna otra nación cuenta con la experiencia ni la infraestructura consular que ha acumulado el país en la materia.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimeitno.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-3-364 signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/ 1721/2016 suscrito por Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a formular e instrumentar de forma incluyente, un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/311/039/16, por el cual remitió el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, a formular e instrumentar de forma incluyente, un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Al respecto, adjunto copia simple del oficio número 613.UPRI/190/2016, signado por el licenciado Marlon Aguilar George, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2016.— Antonio Musi Veyna (rúbrica), director general adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

Hago referencia al oficio número DG.510.11/0292/2016, mediante el cual se solicita formular los comentarios pertinentes al punto de acuerdo parlamentario aprobado el 13 de enero de 2016, por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a través del cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras secretarías, a formular e instrumentar de forma incluyente, un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.

Al respecto, me permito comentarle lo siguiente:

• De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 38, la Secretaría de Educación Pública tiene las facultades del despacho de la enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del artículo 123 constitucional, lo que hace posible que sea formulado el Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, el cual se exhorta en el presente punto de acuerdo. En tanto que la Secretaría de Desarrollo Social tiene la atribución de realizar las acciones necesarias para el combate efectivo a la pobreza y con base en la Ley General de Desarrollo Social, la Política de Desarrollo Social debe incluir estrategias para la superación de la pobreza a través de diversas acciones entre las que se encuentran las de educación. En ese sentido, la Sedesol no cuenta con facultades para orientar, formular e instrumentar los planes de estudio que serán impartidos en el sistema educativo, no obstante, lleva a cabo acciones relacionadas con la inscripción, permanencia y asistencia regular a la educación de las hijas e hijos de las familias beneficiarias mediante programas como Prospera, Programa de Inclusión Social (Prospera) y Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA).

- Prospera, otorga apoyos para incentivar la inscripción permanencia y asistencia regular a la educación de las hijas e hijos de las familias beneficiarias que cursan la educación primaria, secundaria o media superior, mediante el componente educativo, esto con base en las Reglas de Operación de 2016.

- Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, entrega apoyos de “Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar” a las hijas e hijos de los beneficiarios que estén cursando los niveles efectivos de preescolar, primaria o secundaria.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2016.— Marlon Aguilar George (rúbrica), Jefe de Unidad.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-417 signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 800.00.01.-070 suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de Asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se solicita informar sobre las acciones que se han tomado respecto del estudio emitido por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre la radiación encontrada en los pozos de agua en la Ciudad de San José Iturbide, Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 1o. de abril de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SPPA/0357/2016, respecto del punto de acuerdo que corresponde la atención de esta Comisión Nacional del Agua: Primero la comisión permanente solicita a la Secretaría de Energía ya la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a que remitan un “informe a detalle, sobre las acciones que se han tomado al respecto del estudio emitido por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre la radiación encontrada en los pozos de agua en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato.

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a esta Coordinación de Asesores de la Dirección General, el artículo 16 fracción III del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, me permito adjuntar la respuesta por parte de esta Institución.’

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de marzo de 2016.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General.— Presente.

Me refiero a su Memorando con número B00.00.02.-023, de fecha 8 de febrero del año en curso, recibido el 20 de febrero del mismo año mediante el cual hace del conocimiento a esta Subdirección General Técnica de que el diputado federal José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva, comunicó a este órgano desconcentrado el punto de acuerdo que corresponde atender a esta Comisión Nacional del Agua. Resolutivo: Primero: La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Energía y a la Conagua, remitan un informe a detalle, sobre las acciones que se han tomado al respecto del estudio emitido por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre la radiación encontrada en los pozos de agua potable de la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato.

Al respecto, por instrucción del doctor Víctor Hugo Alcacer Yamanaka y una vez recopilado la información de las principales instancias que han intervenido en este asunto, adjunto al presente le envío la nota informativa solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo 2016.— Ingeniero Enrique Mejía Maravilla (rúbrica), gerente.»

«Nota informativa

Asunto: Atención al dictamen con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó a los titulares de la Sener, de la Conagua y de la Secretaría de Salud, un informe sobre la presunta radiación encontrada en un pozo de agua en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato, en específico el punto de acuerdo:

Primero. Informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las medidas aplicadas hasta el momento respecto a la presunta, radiación encontrada en los pozos de agua en San José Iturbe Guanajuato. También que informe las causas por las que el pozo contaminado fue nuevamente abierto y cuáles serán las acciones concretas que se realizarán para solucionar este problema

Antecedentes

A través de medios informativos y en seguimiento a declaraciones que la Asociación Civil Mayoye Ángeles Guerreros, se mencionó la posibilidad de la presencia de radiación alfa y beta en agua de uso y consumo humano en la Ciudad de San José Iturbide, Guanajuato.

Dicha información, se refería principalmente a un análisis aparentemente realizado a una muestra de agua del pozo de abastecimiento ubicada en la Comunidad La Cantera, Municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, a partir del cual se mencionó la posible presencia de radiación “300 por ciento” por encima de los límites tolerables para el consumo humano establecidos en la norma mexicana número 127.

Al respecto, la autoridad municipal manifestó que durante el mes de septiembre de 2015, la Asociación Civil Mayoye Ángeles Guerreros manifestó al gobierno municipal de San José Iturbide su interés de que se facilitara el acceso y toma de muestras en el pozo de la Comunidad de la Cantera a personal del laboratorio denominado como Microanálisis y a investigadores de la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM).

Asimismo, dicha autoridad indicó que a partir de esta situación, contrató al laboratorio ABC Analitic. Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis S.A. de C.V. para realizar análisis de radioactividad en el mismo pozo. Contrató también al laboratorio Ingeniería y Estudios Ambientales, SA de CV, (Inesa). Dichos laboratorios obtuvieron muestras para su análisis el 28 así como el 27 de septiembre, respectivamente. Los Laboratorios ABC Analitic volvieron a muestrear el pozo el 30 de octubre del 2015.I

Cabe mencionar que para determinar si una muestra cumple con el requerimiento de ser potable se comparan los valores que establece la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-1994 (2000), la cual estableció, en su numeral 4.4, los límites permisibles de características radiactivas en agua de uso y consumo humano. Menciona que el contenido de constituyentes radiactivos deberá ajustarse a lo establecido en la siguiente Tabla (los límites se expresan en Bq/I, Becquerel por litro):

Característica Límite permisible

Radiación alta global 0.56

Radiación baja global 1.85

Acciones

En noviembre de 2015, la primera acción emprendida por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato, fue desplazarse a la comunidad antes mencionada y verificar si el pozo estaba en operación. Posteriormente, se realizó reunión urgente con el alcalde y personal del gobierno del estado. Dicha reunión se llevó a cabo el mismo día en las oficinas de la presidencia municipal de San José Iturbide con José César Rodríguez Zarazúa. Se tomó la decisión de cerrar el aprovechamiento hasta no tener certeza de que el agua es apta para consumo humano.

Posteriormente, se realizó una reunión con la comunidad para .información del cierre de pozo.

Los resultados de los análisis de los laboratorios contratados por el municipio fueron los siguientes:

Además de los indicadores de radioactividad el Laboratorio ABC Analitic realizó el muestreo para la determinación de todos los parámetros de la NOM-127 -SSA 1-1994 (2000). Para el caso de la radioactividad envía las muestras a un laboratorio de Estados Unidos el cual cuenta con certificaciones sobre la capacidad analítica en muestras de agua, los resultados fueron:

Ninguno de los parámetros de la NOM-127-SSA1-1994 (2000), estuvieron por arriba de los límites establecidos por la Secretaría de Salud.

Asimismo la empresa Inesa obtuvo los siguientes resultados:

Alfa Global 0.04 Bq/l

Beta Global 0.15 Bq/l

Los tres resultados se encentraron dentro de los Límites Máximos Permisible establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, modificada en el 2000.

Con el propósito de solicitarle su intervención para verificar la calidad del agua de este pozo e informara a la población de los resultados y alcances de los mismos en términos de salud humana, la Comisión Nacional del Agua de la Ciudad de México se puso en contacto con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, quien es la institución y autoridad responsable de la verificación de la calidad del agua que reciben los usuarios.

La Cofepris decidió medir, a través de sus laboratorios, si el agua de uso y consumo humano que se estaba proveyendo al Municipio de San José Iturbide, Guanajuato, incluidas las comunidades de La Cantera y La Huerta, cumplía con los límites establecidos por la modificación del año 2000 de la NOM-127-SSA1-1994.

Fue entonces que a través de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, se llevó a cabo de manera coordinada con la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, con el Laboratorio Estatal de Salud Pública del estado de Veracruz, con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide y la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Guanajuato, un muestreo para la determinación de arsénico, flúor y radiación alta y beta en agua de uso y consumo de las localidades mencionadas.

El muestreo se realizó el16 de diciembre de 2015 y se llevó a cabo en los pozos 6 (Av. Jazmín con 8821 habitantes), 7 (fraccionamiento Padres Marías con 13 mil 332 habitantes), 8 (fraccionamiento María Teresa con 5 mil 238 habitantes) y La Cantera (2 mil 68 habitantes) por ser los pozos con mayor número de habitantes beneficiados y en el caso del pozo La Cantera por ser el pozo de interés; estos cuatro pozos benefician alrededor de 29 mil 359 habitantes.

Adicionalmente la Cofepris para cada pozo tomó muestras en una o más tomas domiciliarias de la red de abastecimiento que es distribuida por los pozos en cuestión:

De acuerdo a lo informado por Cofepris, los parámetros determinados fueron temperatura, pH y cloro residual en campo; Arsénico y Flúor. El análisis fue realizado por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de la Cobertura y los niveles de radiación alta y beta en el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Veracr.uz. Los resultados indicaron que todos los parámetros analizados en todos los puntos de muestreo se encontraron dentro de los límites establecidos en la modificación del año 2000 de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.

Con fecha 14 de enero de 2016, el Gerente de Calidad del Agua, ingeniero Enrique Mejía Maravilla y la doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General del Instituto Nacional de. Investigaciones Nucleares celebraron una reunión en las instalaciones de esta última con el propósito de que dieran a conocer los detalles del resultado emitido por el ININ, específica mente sobre las declaraciones hechas por parte de un investigador de la UNAM para el caso del pozo la Cantera en Guanajuato.

La opinión del ININ fue que estas declaraciones carecen del sustento científico necesario. Recalcó que no se puede asegurar que con un resultado de la presencia de radioactividad total alfa, se pueda asociar alguna afectación a la salud; que la radioactividad está en todo el ambiente y las posibles afectaciones a la salud son multifactoriales.

Mencionó que el ININ está plenamente seguro de los resultados obtenidos en la muestra que recibió a través de un tercero para su análisis pero no puede asegurar que estas correspondan hayan sido obtenidas del pozo la Cantera.

Conclusión

Con el propósito de corroborar la información del parámetro de radioactividad de la muestra obtenida, aparentemente de agua potable proveniente de un pozo de la comunidad de La Cantera, que de acuerdo a esa evaluación superó lo permitido por la norma de agua potable de la Secretaría de Salud, la autoridad municipal de, la Cofepris y la Conagua se abocaron a realizar nuevos muestreos y análisis del mismo parámetro en cuestión.

Como resultado de estos muestreos se encontró que la radioactividad en todos los casos presentó valores inferiores a la norma de agua potable.

Los resultados anteriores fueron realizados por la autoridad en la materia (Cofepris) y por un laboratorio de los Estados Unidos de América con certificaciones internacionales.

A partir de lo anterior, se dio apertura nuevamente del pozo para suministro de agua a la población contando con el aval de la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-2-372, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar DEP0397/ 16, suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita informar sobre los avances de las estrategias desarrolladas con los gobiernos de Estados Unidos de América y los países que integran la región de Centroamérica para brindar protección a las niñas, los niños y los adolescentes no acompañados que atraviesan nuestro país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de abril de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar los insumos correspondientes a esta secretaría, respecto a la proposición con puma de acuerdo aprobada por la Cámara de Diputados, en la sesión del 20 de enero de 2015, que a continuación se transcribe:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar de manera conjunta con los gobiernos de Estados Unidos de América y de los países que integran la región de Centroamérica una estrategia multilateral que, sobre la base de la cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos, disminuya los peligros inherentes y atienda el fenómeno de la migración infantil y adolescente no acompañada, desde un enfoque de la migración infantil y adolescente no acompañada, desde un enfoque de responsabilidad compartida.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta soberanía sobre los avances de las estrategias desarrolladas con los gobiernos de Estados Unidos de América y los países que integran la región de Centroamérica para brindar protección a las niñas, los niños y los adolescentes no acompañados que atraviesan nuestro país.

Por lo expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la información anexa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de marzo de 2016.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía sobre los avances de las estrategias desarrolladas con los gobiernos de Estados Unidos de América y los países que integran la región de Centroamérica para brindar protección a los niñas, los niños y los adolescentes no acompañados que atraviesan nuestro país.

La cancillería, a través de la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior, ha desarrollado una estrategia de diplomacia consular centrada en la persona y no en los procesos administrativos, con objeto de mejorar los servicios de protección y asistencia consular a personas en situación de vulnerabilidad –como las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados (NNA)–. En ese sentido, la construcción de redes y aliados es vital para consolidar una cadena de protección de los NNA migrantes.

Estrategia multilateral

México ejerció en 2015 la presidencia pro témpore de la Conferencia Regional de Migración (CRM); y en el marco de ella se realizaron las siguientes actividades complementarias:

Seminario sobre juventud y migración en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con una nutrida participación de jóvenes migrantes y organizaciones de la sociedad civil Impulso y Seguimiento del Grupo ad hoc sobre NNA de la CRM, a fin de mejorar las capacidades institucionales de los países. En 2015, en el seno de este grupo se presentó el Mecanismo Regional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Migrante Refugiada.

El 28 y 29 de enero de 2016 se llevó a cabo el Taller de Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas de Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados.

Adicionalmente, se impulsó la creación del Mecanismo de Consultas Consulares Bilaterales con Guatemala y Honduras. Éste tiene como objetivo identificar retos y áreas de oportunidad, a partir del intercambio de buenas prácticas y la cooperación entre cuerpo directivo y personal directamente encargado del diseño de políticas y operación de la asistencia y protección consular.

Construcción de redes y vinculación con otros actores

El 3 y 4 de diciembre se llevó a cabo la tercera Reunión de Vinculación sobre Protección y Atención a Migrantes, en la que participaron 200 asistentes, entre los que destacan encargados de protección de todas las delegaciones foráneas de la SRE, procuradores de la defensa del menor de diversos estados, funcionarios de múltiples dependencias federales, de la Embajada de Estados Unidos en México y representantes de la sociedad civil vinculadas con el tema migratorio. Esta reunión se ha consolidado como un foro de capacitación y generación de redes interinstitucionales para la atención integral de familias transnacionales, que organiza la SRE, en colaboración con el DIF Nacional y el Instituto de las Mujeres en la Migración, a fin de que haya congruencia en las acciones de protección tanto en el exterior como en el país.

Protocolo para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Tras la presentación oficial del protocolo el 11 de mayo de 2015, se ha dado seguimiento a la estrategia de implantación. Cabe destacar que esta herramienta es un ejemplo coherente de la ejecución concreta del marco normativo nacional e internacional. El protocolo es el primer instrumento práctico en considerar lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 4 de diciembre de 2014, así como en la opinión consultiva OC-21/14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el Contexto de la Migración o en necesidad de Protección Internacional.

En julio de 2015 se realizaron seis talleres regionales de capacitación sobre el uso del protocolo para personal de protección consular. La primera fase incluyó todos los consulados de México en la frontera, así como los del interior de Estados Unidos que atienden niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Los consulados fueron equipados con tabletas electrónicas que permitirán una mejor y más segura captura de la información utilizando la aplicación de RapidFTR del UNICEF.

Se iniciaron los trabajos de armonización de los procesos con otras instituciones que atienden este fenómeno, tanto en México como en Estados Unidos, con miras a que se adopten estándares internacionales previstos por el protocolo.

En febrero se publicará la versión en inglés para compartirlo con EUA y con países europeos, que han mostrado interés por esta herramienta.

Esta estrategia de implantación será compartida como buena práctica por replicar para que los países de Centroamérica la adapten a sus necesidades y realidades.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado de Michoacán.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 18 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a usted, el oficio número 5009/07305, suscrito por el doctor Carlos Esteban Aranza Doniz, secretario de Salud en el estado, con el que se da respetuosa contestación al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-0207, referente al punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha veintiuno de octubre de 2015 dos mil quince, lo anterior, para los efectos legales que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2016.— Licenciado Adrián López Solís (rúbrica), Secretario de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado de Michoacán.

Licenciada Verónica García Reyes, subsecretaria de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales.— Presente.

En relación a su oficio número SELAR/056/2015 de fecha 27 de octubre del año 2015, en el cual remite copia simple del oficio DGPL 63-II-8-0207, signado por el diputado federal Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que contiene punto de acuerdo aprobado en sesión el pasado 21 de octubre del 2015 y que a la letra dice:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, para q e por conducto de sus respectivas dependencias de salud, difundan los beneficios que derivan del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, a fin de que el personal de salud y la población o general tenga conocimiento de que toda mujer embarazada que necesite asistencia por emergencia obstétrica debe ser atendida de manera inmediata y gratuita, en cualquier establecimiento hospitalario, aunque no cuente con seguridad social”. Al respecto informo lo siguiente:

Una de las prioridades del sector salud en el estado de Michoacán, es prevención y la disminución de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, por lo que de acuerdo al Convenio que se menciona en el párrafo anterior, en el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los Servicios de Salud, convinieron prestar atención médica expedita a las mujeres en gestación, que presenten una emergen la obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de estas emergencias, sin tomar en consideración su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Por lo anterior, mediante oficios 57696 y 57697 ambos de fecha 2 de octubre del 2014 (anexos), se notificó al titular del IMSS, así como al titular del ISSSTE respectivamente, el listado de las doce unidades responsabilidad de los servicios de salud, con capacidad resolutiva para la atención de las emergencias obstétricas, con la intención de dar a conocer las unidades médicas a las que podrán referir a los pacientes, así mismo, con fecha 11 de marzo del 2013, mediante oficio 12263, se giró oficio circular (anexo), a esas doce unidades médicas con la finalidad de que difundieran entre los usuarios y e personal administrativo y de salud a cargo, dicha información para garantizar la atención oportuna y/o la pronta referencia. No obstante, derivado de su petición, se girará un documento oficial a los hospitales designados, con la intención de enfatizar el compromiso que se adquirió mediante la firma del citado Convenio, documento que se enviará a las oficinas a su cargo a la brevedad.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2016.— Doctor Carlos Esteban Aranza Doniz (rúbrica), Secretario de Salud en el Estado.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Sistema DIF del Estado de Querétaro.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención al oficio DGPL 63-II-2-252 del expediente 890, relativo al exhorto que realiza el Honorable Congreso de la Unión, le informo a usted lo siguiente:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Querétaro cuenta con convenios de colaboración con los centros asistencia les privados d dicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes, en dicho instrumento se establece la colaboración de las instituciones la inspección y visita de supervisión que realiza personal de la Procuraduría con la finalidad de constatar las condiciones en las cuales se encuentra la población albergaría Asimismo y con el fin de seguir dando cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría del SEDIF ha realizado las siguientes acciones:

- En septiembre de 2015 se llevó a cabo diversas pláticas con los encargados de los Centros Asistenciales en donde se les hacía saber del contenido y alcance la Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes y Ley de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes del estado de Querétaro.

- En fecha 24 de noviembre de 2015 se realizó una plática de difusión con los procuradores municipales, respecto de la implantación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro

- En enero de 2016 se realizó formato de inspección para Centros Asistenciales basado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuida o y Desarrollo Integral Infantil: Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: norma oficial mexicana NOM-032 SSA3-2010. Asistencia Social: Prestación de Servicios de Asistencia Social para Niños. Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad: Ley General de los Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes: y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro.

- En enero de 2016 se realizó una Investigación de campo para localizar a los diferentes Centros Asistenciales que están funcionando en todo el Estado de Querétaro, encontrando un aproximado de 53 Centros Asistenciales, resaltando que esta Pr curaduría únicamente trabaja con 26.

- En febrero de este año se llevaron a cabo reuniones con las diferentes Casa Hogar con las que esta Procuraduría trabaja de forma conjunto concientizar los objetivos de la Ley General de los Derechos

- Adolescentes, así como dar a conocer el plan de trabajo por parte para la certificación de dichos Centros Asistenciales.

- En febrero del año en curso se realizó una base de datos, en relación a los Centros Asistenciales que colaboran con esta Procuraduría, en don e se identifican los documentos con los que cuentan y los faltantes para su debido funcionamiento.

- En febrero de 2016 el personal adscrito a esta Procuraduría recibió capacitación por personal de la Fundación Merced, respecto a temas de mitos y realidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, su normatividad jurídica, lineamientos fiscales y sus estrategias de vinculación.

- En febrero personal adscrito a Procuraduría acudió al Curso Integral de Protección Civil, el cual se llevó a cabo por la Cámara de Comercio con la finalidad de que se conociera los lineamientos básicos de protección civil y la normatividad bajo la cual dicha Institución se rige.

- En febrero de este año se formaron equipos de trabajo con el fin de ubicar y visitar los Centros Asistenciales que no colaboran con está honorable Procuraduría e la entidad federativa, por lo que dichas visitas se tienen programadas para el primer semestre del año.

De igual forma, le hago saber las acciones que esta por implementar por parte de la Procuraduría del SEDIF en relación a los Centro de Asistencia Social, siendo las siguientes:

- Difundir en todos los albergues de instituciones públicas y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes, el contenido y alcance de la Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes, así como en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

- Realizar un diagnóstico de las condiciones en las que actualmente se encuentran los Centros Asistenciales en el Estado

- Coadyuvar en la Regulación de los Centros Asistenciales en la entidad.

- Se llevarán a cabo pláticas con el Consejo de Notarios, Barras de Abogados y Contadores, Cámaras Empresariales, así como universidades a fin d realizar convenios de colaboración y poder brindar apoyo a los Centros Asistencial s en esta etapa de mejoramiento

- Certificar los Centros Asistenciales en el estado.

- Inscribir los Centros Asistenciales Certificados a DIF Nacional.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

Atentamente

Querétaro, Querétaro, a 16 de marzo de 2016.— Licenciada Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Querétaro.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Distinguida diputada:

Con fundamento en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, doy respuesta a su oficio DGPL-63-II-3-472, mediante el cual comunicó al titular del Poder Ejecutivo del estado, el contenido del dictamen de la Comisión de Salud, sobre el particular adjunto el ocurso CEPCO/DIDGR/044, signado por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, por el que informa sobre lo exhortado; consecuentemente, pido a usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con el comunicado.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 16 de marzo de 2016.— Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica), consejero jurídico del Gobierno del Estado.»

«Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca.

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.— Presente.

En respuesta al oficio número CJGEO/DGCNPL/DCNB/530/2016 de fecha febrero 11 de 2016, dirigido a esta Coordinación Estatal de Protección Civil en el cual hace mención al oficio STPEE/G1/2016/121, fechado el 9 de febrero del presente año por el secretario técnico del Poder Ejecutivo, mediante el cual se fue enviada a esta coordinación el oficio número DGPL 63-11-3-472 suscrito por la diputada Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por medio del cual se hace del conocimiento el punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado a mantener actualizado el Atlas de Riesgos o, en su caso, iniciar de inmediato los trabajos para su elaboración basados en los estándares y términos definidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Ante ello me permito informar lo siguiente:

El gobierno del estado de Oaxaca ante los daños que ha sufrido el estado por la ocurrencia de fenómenos naturales (de origen geológico e hidrometeorológico), combinado con la alta vulnerabilidad existente en la entidad, en los últimos quince años, ha tenido que solicitar el apoyo a la federación para erogar gastos en atención de emergencias la cantidad aproximada de 15 mil millones de pesos, por el cual el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2016 ha establecido como uno de sus objetivos establecer una estrategia enfocada en la gestión integral de riesgos, que permita mitigar los daños ante la ocurrencia de los fenómenos mencionados. Esto ha sido posible en la actualidad con la aplicación de la estrategia denomina Gestión Integral de Riesgos para el Estado de Oaxaca (EGIR), cuyos objetivos principales son: 1. Prevenir, reducir, controlar los riesgos de desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia social.

Para ello el EGIR en su concepción y desarrollo contempla los procesos de: 1. Planeación; consistente en la conformación de un inventario de bienes estratégicos en la entidad, que fue proporcionado por todas las dependencias estatales y con el cual se determinó su ubicación geográfica, su registro histórico de siniestralidad y su posible valor de reconstrucción; 2. Organización; proceso de cuantificación de riesgo consistente en la identificación de vulnerabilidades de los bienes identificados respecto a probables daños, y 3. Instrumentación y el establecimiento de un esquema de administración de riesgo; que permitió primeramente efectuar una estimación de pérdidas probables, simulando un número determinado de escenarios adversos en función de la amenaza interactuando con las vulnerabilidades y así en un segundo paso definir un esquema de administración de riesgos, permitiendo ubicar aquellos riesgos o pérdidas que pueden ser “absorbidos” por el estado y los que pueden ser transferidos a un sistema de aseguramiento, para con ello definir el límite de cobertura de pago de afectaciones posibles para el estado.

Toda esta EGIR finalmente converge en una plataforma geo espacial con un enfoque de sistema de información geográfica dinámico que permite visualizar de forma sencilla los posibles niveles de riesgos que pueden ocurrir en la entidad al conjuntar los inventarios de bienes estatales, caminos, puentes, infraestructura educativa, de salud entre los más importantes), con el estudio de los fenómenos naturales que inciden históricamente en la entidad para así determinar escenarios de riesgos con pérdidas probables que permitan visualizar la capacidad la entidad para asumir los costos de afectaciones y cuáles pueden ser transferidos a esquemas de aseguramiento, siempre cuidando que sean cumplidos todos y cada uno de los lineamientos establecidos para este tipo de sistemas por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastre del Sistema Nacional de Protección Civil.

Así también permitirá incentivar una adecuada planificación estatal basada en la prevención y la reducción de riesgos de desastres para con ello mitigar las pérdidas para el estado de Oaxaca ante escenarios adversos de emergencia o de desastre.

La habilitación de la EGIR ha sido contemplada en la Ley Estatal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para el Estado de Oaxaca, a través del esquema denominado Gestión Integral de Riesgos de Oaxaca (GIRO), en el capítulo 1; Disposiciones Generales en su artículo 4; numeral XXXIV, en el título tercero: De los Instrumentos, Atlas de Riesgos Estatales y Municipales, programas y cultura de protección civil y prevención de riesgos de desastres: y en el capítulo 1 De los Instrumentos, Atlas de riesgos Estatal y Municipales programas de protección civil; en su artículo 61.

Para los trabajos de evaluación, seguimiento y actualización necesaria del GIRO, en el mediano plazo el gobierno del estado de Oaxaca deberá establecer a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Comité de Seguimiento y Evaluación del GIRO, acorde capítulo III Del Consejo Estatal de Protección Civil, en su artículo 29; numeral III, de la Ley Estatal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para el Estado de Oaxaca, en el cual cada una de las dependencias estatales involucradas en dicho comité que tengan inherencia en la elaboración y aplicación de políticas de desarrollo para la entidad, participarán de forma activa acorde a un calendario anual de trabajo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz”

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 19 de febrero de 2016.— Ingeniero Felipe Reyna Romero (rúbrica), Coordinador Estatal.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

El artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá presentar en marzo de cada año al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe de actividades con los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y Geográfica correspondiente al año inmediato anterior; un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información; y el informe anual de actividades y el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el auditor externo.(3)

(3) El informe solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“C”.

De igual manera, dispone ese artículo que cada seis años el instituto enviará al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, con la información mencionada, el resultado de la evaluación del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, anexo al presente me permito remitir el informe de actividades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente a 2015, así como el informe del resultado de la evaluación del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2010-2034.

Adjunto sírvase encontrar el calendario anual de difusión de la información estadística y geográfica y de interés nacional del instituto correspondiente a 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Doctor Julio Santaella Castell (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Licenciado José Fernando Rincón Castro, con Registro Federal de Contribuyentes RICF540320DQ7, actuando en representación legal de Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, personalidad que acredito ante esta autoridad, mediante la presentación de las copias simples de los poderes notariales que enseguida se relacionan y que no me han sido revocados o modificados de forma alguna:

a) Petróleos Mexicanos con RFC PME380607P35.- Escritura pública número 98759, pasada ante la fe del licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, notario público número 153, con ejercicio en el Distrito Federal.

b) Pemex Exploración y Producción con RFC PEP9207167XA. Escritura pública número 99026, pasada ante la fe del licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, notario público número 153, con ejercicio en el Distrito Federal.

Ante usted, con el debido respeto, comparezco y expongo:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 2o. de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, la que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión.

Pemex Exploración y Producción es una empresa productiva subsidiaria de Pemex que brindará apoyo en la realización de las actividades, las operaciones o los servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6o. de su ley.

En el marco de la reforma del régimen fiscal de Pemex, el artículo 40, quinto párrafo, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) vigente señala textualmente:

Artículo 40. Para la determinación de la base del derecho por la utilidad compartida, serán deducibles los siguientes conceptos:

...

El asignatario establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración y extracción por cada campo de extracción de hidrocarburos, así como de los tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ellos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria. (Énfasis añadido.)

Como se desprende del texto transcrito, esa soberanía estableció la obligación a cargo de Pemex Exploración y Producción consistente en enviarle la información periódica que se incorpore en el registro de los costos y gastos de la exploración y extracción por cada campo de extracción de hidrocarburos, así como de los tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan, durante el ejercicio fiscal de 2015, además de poner a disposición de la Cámara de Diputados la información soporte de dicho registro.

Derivado de lo señalado, el objeto del presente es cumplimentar las obligaciones establecidas en el artículo 40, párrafo quinto, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para efectos de lo cual adjunto al presente se remite un disco compacto en el que se encuentra la información requerida.

Por lo expuesto, ante esa soberanía, atentamente solicito:

Primero. Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito.

Segundo. Se den por cumplimentadas las obligaciones a cargo de Pemex Exploración y Producción establecidas en el artículo 40, párrafo quinto, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de marzo de 2016.— Licenciado José Fernando Rincón Castro (rúbrica), representante legal.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fecha 18 de marzo del año en curso, con fundamento en los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., fracciones VII, VIII, XII y XIII, y 15, fracción VIII, de la ley que rige la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que la faculta para impulsar acciones encaminadas a reforzar la protección y observancia plena de los derechos humanos, a través de recomendaciones, diagnósticos y opiniones, entre otros documentos que constituyen un referente para ello, se emitió el pronunciamiento sobre la racionalización de la pena de prisión.(4)

(4) El informe solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo“D”.

Derivado de lo anterior, y en cumplimiento del citado documento me permito enviarlo anexo al presente, en espera de que éste sea tomado en cuenta en la discusión de la propuesta de Ley Nacional de Ejecución Penal y contribuya a orientar las políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en los centros de reclusión.

Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos correspondientes, me permito remitir a ustedes fe de erratas a los artículos 7o. Bis, 58-2, 68 y transitorios segundo, tercero y quinto del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aprobado el 17 de marzo de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia e intégrese al expediente.

Sonido en la curul del diputado Javier Neblina, por favor.

El diputado Javier Antonio Neblina Vega(desde la curul): Gracias, presidente. Para exponerle de parte de los diputados de Sonora de la fracción del PAN, nuestra enorme preocupación por el alarmante crecimiento en cuanto a la inseguridad, y sobre todo de robo de casa-habitación en el municipio de Hermosillo.

Por supuesto lo haremos de acuerdo al procedimiento, pero queremos adelantar la falta de coordinación entre el gobierno federal y las autoridades locales. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan registradas sus expresiones, diputado Neblina, y desde luego si usted desea algo adicional conducirse por las vías correspondientes de la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el diputado Joaquín Nava, por favor. Sonido en la curul del diputado Joaquín Nava. Declina, me dicen. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Abel Murrieta Gutiérrez (desde la curul): Listo. El mismo tema de mi compañero Neblina. Efectivamente tenemos un problema, nada más yo pido que quede asentado que fueron los mismos diputados del PAN local quienes bajaron durante seis años el presupuesto de la procuración de justicia en Sonora y hoy se están quejando precisamente de eso.

Si el diputado Neblina nos pone, nos asienta eso por favor, que quede asentado. Los últimos tres años bajaron el presupuesto de seguridad y no quieren que ahora tengamos problemas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Quedan igualmente consignadas sus expresiones en el Diario de los Debates para los efectos correspondientes.

De nueva cuenta ahí con el diputado Neblina. No vamos a hacer un debate, porque no está inscrito en ningún punto del orden del día al respecto.

El diputado Javier Antonio Neblina Vega(desde la curul): Por supuesto que tomamos en consideración lo dicho por el diputado Murrieta, sin embargo no estamos hablando de un tema de presupuesto, sino de falta de coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y principalmente del gobierno municipal de Hermosillo. Lo hacemos a favor de los ciudadanos de nuestro municipio.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul del diputado Javier Rodríguez Dávila, por favor.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Quiero aprovechar, diputado presidente, para dejar asentado en esta Cámara, ya que el día de hoy inicia el Hoy no Circula en el área metropolitana de la Ciudad de México, y exhortar a la Comisión Ambiental de la megalópolis a que reflexionen y puedan excluir el transporte de carga y de distribución del Hoy No Circula, ya que es un contrasentido, ya que los canales de abasto y suministro de la leche, el huevo y cualquier otro producto seguirán requiriendo exactamente el mismo número de camiones para poder cumplir con la cantidad de abasto que requiere.

Tomando en cuenta la solicitud de una cantidad inmensa de transportistas sería un tema importante de reflexión para esta Cámara y para la comisión local de Medio Ambiente, llamada Megalópolis, en el área de la Ciudad de México y su zona conurbada. Gracias, diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rodríguez. Igualmente se consignan ya las expresiones en el Diario de los Debates e igualmente, respetuosamente le sugeriría que pudiera conducirse a través de la Junta de Coordinación Política, para que puedan tener un efecto más institucional posiblemente sus expresiones.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputada federal, retroactiva mente a partir del 29 de marzo del año en curso.

Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

No omito señalar que la solicitud de retroactividad obedece a que la verdadera intención de la suscrita era reincorporarme a mis labores legislativas en el mes de abril y no en marzo.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2016.— Diputada Janette Ovando Reazola (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La suscrita, Adriana Terrazas Porras, diputada federal por el Distrito IV de Ciudad Juárez, Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI, y 13, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo a partir de esta fecha.

Lo anterior es con el propósito de que la misma sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía. De igual manera peticiono se le llame a mi suplente.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputada Adriana Terrazas Porras (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Janette Ovando Reazola, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal, a partir del 29 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Adriana Terrazas Porras, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el 04 distrito electoral del estado de Chihuahua, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, ¿Ya no? Parece que no. Continúe la Secretaría, por favor.

MINUTAS

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo segundo y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-51

POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL

ÚNICO.Se adicionan un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 55 del Código Civil Federal, recorriéndose en su orden los actuales párrafos segundo, tercero y cuarto pasando a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 55.-...

Las autoridades locales llevarán a cabo campañas para el registro de nacimiento, en dónde se dará prioridad a personas en situación de desventaja social y habitantes de pueblos y comunidades indígenas.

La emisión de la primera acta de registro de nacimiento, observará el principio constitucional de gratuidad.

...

...

...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-54

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a XXIX-W. ...

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

XXX. ...

TRANSITORIO

ÚNICO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIII-I-2P-52

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLII AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO.Se adiciona una fracción XLII al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pasando las actuales XLII y XLIII a ser XLIII y XLIV, respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 27.-...

I. a XLI. ...

XLII. Presidir en casos excepcionales el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La coordinación de dicho Sistema recaerá en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

XLIII. Fijar el calendario oficial; y

XLIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta; senadora Hilda Eshtela Flores Escalera (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

INICIATIVA DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 315-A-000544 y 353.A.-0068, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por conducto de esa Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma que se somete a consideración de esa Soberanía, tiene por objeto establecer que el Comité Nacional Antidopaje sea la única autoridad facultada para la recolección de muestras biológicas y para iniciar la gestión de investigación de resultados analíticos adversos y/o atípicos e infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para llevar a cabo el procedimiento disciplinario hasta su terminación, el cual concluirá con el pronunciamiento de la resolución respectiva.

I.Antecedentes

En 1999 se creó la Agencia Mundial Antidopaje, como una organización internacional independiente, con la finalidad de promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje.

El 5 de marzo de 2003, en la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte, celebrada en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, se adoptó como resolución final, entre otros asuntos, la aceptación por parte de dicha conferencia y de la Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje, del Código Mundial Antidopaje como fundamento de la lucha contra el dopaje en el deporte a nivel mundial.

El 19 de octubre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aprobó la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, con la finalidad de promover la prevención del dopaje en el deporte y la lucha contra éste, con miras a su eliminación; la cual fue ratificada por el Senado de la República en sesión del 10 de diciembre de 2006 y promulgada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2007.

El artículo 3o. inciso a) de la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte, establece como una de las medidas encaminadas para la realización de los objetivos de dicho instrumento internacional, la obligación de los Estados a adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e internacional, acordes con los principios del Código Mundial Antidopaje.

En noviembre de 2013, en el seno de la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, se reformó el Código Mundial Antidopaje, mismo que entró en vigor el 1o. de enero de 2015, y estableció diversas obligaciones para los Signatarios, dentro de las que destacan:

a) Como roles y responsabilidades de las Federaciones Internacionales, el exigir a las Federaciones Nacionales que comuniquen cualquier infracción de sus normas antidopaje a su Organización Nacional Antidopaje y que cooperen con las investigaciones realizadas por cualquier Organización Antidopaje con potestad para realizar la investigación;

b)Como roles y responsabilidades de las Organizaciones Nacionales Antidopaje, el ser independientes en sus decisiones y actividades, y perseguir con firmeza cualquier posible infracción de las normas antidopaje de su jurisdicción y garantizar la adecuada ejecución de las consecuencias, y

c)Poner en práctica las disposiciones aplicables del Código Mundial Antidopaje, a través de políticas, leyes, normas y reglamentos, en función de su capacidad, dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

Como se desprende de las obligaciones anteriormente señaladas, es necesario que México cuente con una Organización Nacional Antidopaje independiente e imparcial en la toma de decisiones, que cuente con facultades claras y precisas para la emisión y ejecución de sus decisiones.

En este sentido, con las reformas al Código Mundial Antidopaje se generó la obligación vinculante de homologar todos los códigos y leyes que regulan el control del dopaje en el deporte de las naciones signatarias, con los nuevos criterios jurídicos; adicionalmente, se establecieron fechas concluyentes para el cumplimiento de tales compromisos de acuerdo a las regiones geográficas de los países miembro.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, en su meta nacional denominada “México con Educación de Calidad”, establece como objetivo, entre otros, el promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, a través de la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.

En ese sentido, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, tiene como objetivo, entre otros, implementar un sistema más eficaz de gestión de alto rendimiento para mejorar el desempeño del país en competencias internacionales, mediante el combate al dopaje en el deporte, a través de ajustar o emitir la legislación específica en la materia; y diseñar un sistema de educación, prevención y control contra el uso de sustancias dopantes, así como mejorar la infraestructura y equipamiento del laboratorio antidopaje de acuerdo con las especificaciones de la Agencia Mundial Antidopaje.

Por lo anterior, cumplir con tales compromisos internacionales, permitirá a nuestro país estar a la vanguardia de las normas antidopaje, así como fortalecer y mejorar el desempeño de los deportistas mexicanos.

II.Contenido de la Iniciativa

Comité Nacional Antidopaje

La Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) tiene por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia y tiene, entre otras, la finalidad de promover las medidas necesarias para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

De conformidad con la citada ley general, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, que tiene como una de sus atribuciones, proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y del deporte en todas sus manifestaciones, así como definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje y la prevención de la violencia en el deporte.

Ahora bien, la CONADE, en términos de dicho ordenamiento, tiene a su cargo la operación del Comité Nacional Antidopaje. Así, el artículo 121 de la referida ley, dispone que el Comité Nacional Antidopaje será, junto con las asociaciones deportivas nacionales, la instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio nacional.

Dicha disposición, al establecer que el Comité se integra por asociaciones deportivas nacionales, puede comprometer la imparcialidad de sus resoluciones por las infracciones a las normas antidopaje, ya que puede llevar procedimientos contra deportistas, agremiados o asociados de dichas asociaciones, lo cual puede contravenir lo dispuesto por el Código Mundial Antidopaje reformado en 2015, que establece que las Organizaciones Nacionales Antidopaje deberán ser independientes de sus decisiones y actividades.

Por ello, se propone reformar el artículo 121 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para establecer que el Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación para los resultados analíticos adversos y/o atípicos, y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje, así como para ser la única autoridad que dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva en dicha materia.

Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje

El artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que el laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, todas las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o internacional que se realicen en el país.

Como se desprende del artículo referido, las asociaciones deportivas nacionales, actualmente instancias responsables de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio nacional, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pueden enviar muestras biológicas al laboratorio central para su análisis y conocer los resultados de las mismas; lo cual no es compatible con la propuesta de reforma al artículo 121 que se propone, ya que de aprobarse esta última, quedará establecido el Comité Nacional Antidopaje como la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, para los resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para fortalecer al laboratorio central antidopaje y denominarlo como Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, así como para señalarlo como única autoridad facultada para recolectar y enviar muestras biológicas a dicho laboratorio nacional al Comité Nacional Antidopaje.

Con la reforma a dicho artículo, además de cumplir con los compromisos asumidos por México ante la Agencia Mundial Antidopaje, se permitirá que el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje, conserve su acreditación y certificación, evitando con ello, que deportistas mexicanos realicen sus exámenes de dopaje en el extranjero.

Por ello, la propuesta de reformas a los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte obedecen a que la Agencia Mundial Antidopaje consideró que las Organizaciones Nacionales Antidopaje deben ser instancias independientes de otras organizaciones deportivas, considerando como un conflicto de interés el caso de que las federaciones nacionales sean las que realizan la gestión de resultados antidopaje, la toma de decisión y las resoluciones de los asuntos, tal y como se encuentra previsto en nuestra legislación actual.

Que a efecto de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se encuentre en posibilidad de actualizar la normatividad relativa a la lucha contra el dopaje, armonizándola con las disposiciones de carácter internacional que se encuentran vigentes, es necesario modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración del H. Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 121 Y 135 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

“Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será la única autoridad facultada para recolectar muestras biológicas e iniciar la gestión de investigación, para los resultados analíticos adversos y/o atípicos y también para las infracciones no analíticas descritas en el Código Mundial Antidopaje. Asimismo, dará inicio y seguimiento al procedimiento disciplinario hasta su terminación, pronunciando la resolución respectiva, en los términos establecidos en el Código referido en el presente párrafo.

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje denominado Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje,tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país. El Comité Nacional Antidopaje deberá enviar a dicho laboratorio o en su caso al laboratorio homologado, para su análisis, todas las muestras biológicas que recolecte en los eventos deportivos y competiciones de carácter nacional e internacional que se realicen en el país.

Cuando se trate de eventos internacionales y la autoridad de gestión de los resultados tenga el carácter internacional, se deberá observar el mandato del Código Mundial Antidopaje.”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Reitero a usted ciudadano Presidente las seguridades de mi distinguida consideración.

Dado en la Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil dieciséis.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Mtra. Julieta Y. Fernández Ugalde, directora General Jurídica de Egresos.— Presente.

Me refiero al Oficio No. 353.A.-0063, mediante el cual remite copia del Anteproyecto de “Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte”, a fin de recabar el dictamen de impacto presupuestario.

Al respecto, en cumplimiento a los artículos 19 y 20, segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), presenta la evaluación de impacto presupuestario, a través del diverso CNyAJ/0112/2016 suscrito por el Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la entidad, planteando lo siguiente:

I. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso creación de nuevas instituciones.

La CONADE manifiesta que el presente Anteproyecto no presentaría impacto en el gasto de la entidad por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas.

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades.

La CONADE señala que para el cumplimiento del Anteproyecto, en lo que respecta a las posibles atribuciones, obligaciones y ejecución de los programas aprobados de la entidad, la inclusión de los temas previstos en el mismo, no implicará un impacto presupuestario.

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público.

El Anteproyecto no prevé el establecimiento de destinos específicos de gasto público en leyes fiscales.

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo.

De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la CONADE indica que tiene las atribuciones que le permiten cumplir con el objeto y acciones establecidas en el Anteproyecto, las cuales se realizarán y cubrirán con cargo al presupuesto que le ha sido autorizado, sin requerir incrementos, por lo que no genera impacto presupuestario.

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria.

El Anteproyecto de referencia no establece disposiciones que incidan en la regulación en materia presupuestaria, por lo que las erogaciones que se generen para su implementación serán cubiertas con cargo a su presupuesto autorizado, lo que tampoco genera impacto presupuestario para la entidad.

VI. Costo del Proyecto con base en las fracciones anteriores.

La CONADE menciona que dicho Anteproyecto no representaría costo adicional, ya que cuenta con el presupuesto correspondiente autorizado y no requiere de alguna modificación.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 18, 19 y 20 de su Reglamento; 65 Apartados A, fracción I y B, fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y derivado del análisis a la información proporcionada, le informo que el Anteproyecto denominado “Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte”, no generará impacto presupuestario alguno, en virtud de que la CONADE ratifica que cuenta con las atribuciones para dar cumplimiento al objeto de la presente modificación y las acciones establecidas se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la entidad.

Asimismo, se reitera que las erogaciones adicionales que, en su caso, se generen y no hayan sido cuantificadas en el impacto presentado, o bien, aquéllas derivadas de la implementación del presente Anteproyecto o cualquier modificación a su estructura orgánica que deba realizar la CONADE, con motivo de la entrada en vigor y su implementación, deberán cubrirse, tal y como se indica, con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016, debiendo realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto regularizable de la entidad para cubrirlas.

La iniciativa en comento ha sido analizada en el ámbito de competencia de esta Dirección General, por lo que no se prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido de la misma, ni constituye opinión jurídica con respecto de otras Leyes y disposiciones aplicables y vigentes en la materia.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2016.— El Director General Act. César J. Campa Campos (rúbrica), Dirección General de Programación y Presupuesto “A”»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

INICIATIVAS DE SENADORES

LEY ADUANERA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agrega o, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la mara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 16 , 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ser humano ha evolucionado y con ello sus necesidades han ido aumentando, ocasionando un crecimiento desmedido que ha generando una alta contaminación ambiental en el planeta y un arcada cambio climático debido al incremento en la acumulación en la atmosfera de gases de efecto invernadero (GEI).

El cambio climático antropogénico es definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático como: “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se sum a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Esta alteración se debe a la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, (dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, clorofluorocarbonos, vapor de agua, etcétera) que absorben y reemiten radiación infrarroja. Algunos de estos gases e encuentran de manera natural en la atmósfera y son fundamentales para la vida en la tierra; de manera antropogénica, son generados por el uso de combustibles fósiles, por el cambio de uso de suelo, deforestación, incendios forestales, entre otros.

El Panel Intergubernamental sobre (IPCC) se encuentra conformado por un amplio grupo de expertos de todo el mundo en la materia y fue creado en 1988 en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la Organización Mundial de Meteorólogos (OMM) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Desde 1990 el IPCC ha elaborado informes que -debido a la elevada capacitación técnica de sus miembros- son referentes en la materia.

En el último informe de evaluación sobre cambio climático de dicho Grupo Intergubernamental, se menciona que de los 6 países que en su conjunto emiten 90 por ciento de emisiones mundiales de dióxido de carbono, México se localiza en la posición 12, reportando que n el 2010 emitió 748 mil 252 gigagramos de C02, equivalente a 26 millones de toneladas anuales de C02.

Los efectos del cambio climático son visibles en todo el mundo, pero la distribución de la intensidad de sus impactos no es igual. Podemos ver que México se encuentra en una zona intertropical del hemisferio norte, mientras que sus dos terceras partes están localizada en zonas áridas o semiáridas; una tercera parte está sujeta a inundaciones así como ciclones tropicales en sus márgenes costeros y debido a esto es vulnerable a cambios económicos, sociales y ecológicos, estando por alcanzar el umbral de crear afectaciones de imposible reparación.

Dentro de estos gases de efecto invernadero el más importante es el C02, ya que el 75% de la emisión antropógena de este gas proviene de la quema de combustibles fósiles, sobre todo para la producción de energía y para el transporte.

Sin lugar a dudas, el cambio climático y la contaminación ambiental van íntimamente relacionados, ya que la presencia de sustancias o elementos tóxicos en cantidades superiores a los límites causan un desequilibrio ecológico.

El vehículo de propulsión de combustión interna es uno de los medio de transporte que más energía consume, y es el principal foco emisor y principal responsable de la contaminación del aire.

Ejemplo de la difícil situación en la que nos encontramos se ha dado en el transcurso de este 2016, ya que a la fecha llevamos tres precontingencias y una contingencia ambiental que durante tres días afectó la salud de los habitantes de la megalópolis y puso al descubierto la ineficiente política ambiental para mejorar la calidad del aire que respiramos.

Es importante señalar que la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, bronquitis y asma, así como crónicas, tal y como son el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares. De conformidad con la Organización Mundial de la Salud e calcula que en el mundo suman 1.3 millones de personas que mue en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más d la mitad de esas defunciones ocurren en los países en desarrollo.

En este contexto, los vehículos eléctricos que incorporan un motor eléctrico que utiliza la energía proveniente de una batería para su propulsión es una medida que sin lugar a dudas debe impulsarse a efecto de mejorar la situación ambiental en la que vivimos, ya que producen mínimas emisiones contaminantes. Asimismo, existen lo~ vehículos híbridos que incorporan cierto grado de electrificación y que mejoran de forma importante el rendimiento de combustible.

Ambos medios de transporte son factores indispensables que requieren del soporte de una política pública integral para que la industria automotriz contribuya a alcanzar los objetivos en materia de mitigación de emisiones de GEI, objetivos alineados a los compromisos asumidos como país, desde la COP16 de Cancún hasta la más reciente COP21 celebrada hace unos días en Paris en 2015.

En este sentido, México ha venido adoptando regulaciones más estrictas en cuanto a las emisiones de C02 y en 2013 se convirtió en el primer país en América Latina en contar con una norma de emisiones de C02, aplicable para vehículos ligeros nuevos (NOM-163-SEMARNA T-ENER-SCFI-2013)

La ventaja de introducir tecnologías más eficientes como lo son los automóviles eléctricos e híbridos, es que son muy eficientes, más silenciosos, sus emisiones son muy bajas, es una tecnología aprobada y no requiere mantenimiento especial.

Igualmente, es menester recalcar que así como producen contaminación atmosférica, tampoco producen contaminación sonora, misma que causa enfermedades nerviosas y psicológicas. Asimismo, la contaminación acústica también provoca algunos trastornos de la salud como el insomnio, dolores de cabeza, ataques al corazón y el mal de tinnitus (zumbidos en el oído).

Es importante señalar que en Estados Unidos de América, en donde desde 2010 existen normas de eficiencia ene gética cada vez más estrictas para vehículos ligeros nuevos, se han introducido tecnologías más eficientes, por lo que, con el fin de promover la introducción masiva de vehículos híbridos y eléctricos el gobierno federal de ese país otorga un incentivo de hasta 7 mil 500 dólares y a su vez, algunos estados de la Unión Americana se han unido a esta iniciativa otorgando incentivos adicionales (Ejemplo: California: 3 mil dólares; Massachusetts: 2 mil 500 dólares).

Gracias a estos esfuerzos gubernamentales, la participación de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado de autos nuevos en EEUU se ha incrementado en los últimos ocho años has a alcanzar una proporción que oscila entre el 2.5 por ciento y el 3.0 por ciento del total del mercado. Lo cual en términos absolutos significa una venta de entre 42 mil y 50 mil vehículos anuales.

En materia de infraestructura en EEUU hoy en día existen 37,117 estaciones públicas de recarga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, 10 mil 663 son electrolineras y 26 mil 454 se encuentran en centros comerciales. Contar con una red de puntos de recarga tan amplia definitivamente da certeza al potencial comprador de un vehículo de este tipo.

Otro tema a destacar es que derivado de los estímulos que otorga el gobierno de los Estados Unidos de América a los vehículos eléctricos es que en ese país se han multiplicado las estaciones de carga, cuya diferencia con nuestro país puede observarse en el siguiente cuadro:

En el caso de nuestro país, de acuerdo con la información proporcionada por la empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre 2010 y octubre de 2015, se vendieron únicamente 260 vehículos eléctricos y 3 mil 840 vehículos híbridos; para una participación en el mercado nacional de autos nuevos del 0.1 por ciento en el periodo señalado. A la luz de estas cifras, es evidente que se requiere instrumentar una política integral que incluya incentivos federales y estatales que considerando el potencial de vehículos que podrían venderse, no tendría un impacto fiscal significativo.

Existe un gran esfuerzo por parte de la industria automotriz para incentivar este tipo de vehículos, ya que por ejemplo se han instalado centros de carga en centros comerciales, aprovecha do el tiempo de estancia del consumidor en el centro comercial ara igualmente recargar su vehículo; sin embargo dichos esfuerzos deben ir acompañadas de acciones por parte de los tres órdenes de gobierno.

La industria automotriz y los consumidores necesitan apoyos que permitan a este medio de transporte crecer y desplazar a mediano plazo los vehículos propulsados por motores de combustión interna, por lo que la presente iniciativa tiene por objeto crear estímulos fiscales que permitan hacer atractivos el uso de vehículos eléctricos e híbridos. La iniciativa que se somete a consideración plantea:

• Exentar a los vehículos eléctricos del pago del impuesto al valor agregado;

• La posibilidad de que los contribuyentes pueda deducir al 100 por ciento la adquisición de un vehículo eléctrico o híbrido;

• Eliminar los gravámenes en la importación de vehículos eléctricos o híbridos;

• Eliminar el pago de derechos de trámite aduanero cuando se importen vehículos eléctricos o híbridos.

Es importante señalar que la presente iniciativa no es una ocurrencia derivada de la contingencia ambiental ocurrida en días pasados en el Distrito Federal, sino que ha sido una constante reocupación del partido político al que pertenezco. Ejemplo de lo anterior se observa en la iniciativa que en la pasada legislatura presentó la entonces diputada Consuelo Argüelles Loya que propuso de igual impulsar los vehículos eléctricos.

Igualmente, hay que recalcar que la presente iniciativa va acompañada de diversas proposiciones con punto de acuerdo que se someten el día de hoy al pleno de esta Cámara de Senadores que tienen por objeto:

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas a efecto de que incentiven el uso de automóviles híbridos y eléctricos tomando las siguiente medidas:

I. Omitir el pago de vehículos eléctricos e híbridos en las autopistas urbanas;

II. Que no se cobren parquímetros en vehículos eléctricos e híbridos;

III. Incentivar la colocación de centros de carga e vehículos eléctricos e híbridos en espacios públicos;

IV. Crear estimulas fiscales, en conjunto con los municipios, que permitan aumentar el uso de vehículos eléctrico e híbridos, tal y como puede ser exentar el pago del impuesto predial a los establecimientos mercantiles que cuenten con electrolineras;

V. La creación de placas verdes que permitan contar con ciertos beneficios como puede ser el no paga refrendo y tenencia en las entidades en donde aún se cobren; y

VI. Creación de carriles exclusivos para vehículos eléctricos.

VII. Concesiones para el servicio de taxi con vehículos eléctricos.

Segundo: Se exhorta a que en las próximas adquisiciones del parque vehicular de esta Cámara de Senadores se incorpore en la licitación respectiva que el 30 por ciento de los automóviles sea eléctricos.

Tercero: Se exhorta a este Senado de la República a instalar una estación pública y gratuita de carga de batería de vehículos eléctricos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo Primero.Se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo te las siguientes mercancías:

I. a XVII. ...

XVIII. Vehículos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna.

...

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 34 y se reforma la fracción II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

I. a V. ...

VI. 25 por ciento para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques. 100 por ciento para automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna.

VII a XIII. ...

Artículo 36. ...

I. ...

II. Las inversiones en automóviles de propulsión de motor de combustión interna sólo serán deducibles hasta por un monto de 175 mil pesos.

...

III. a VII. ...

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

I. a IX. ...

X. Automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna.

Artículo Cuarto.Se reforma el artículo 50 de la Ley Federal de derechos para quedar como sigue:

Artículo 50. No estarán obligados al pago de los derechos de trámite aduanero señalado en el artículo inmediato anterior, cuando se importen vehículos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil diecisiete.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 5 de abril de 2016.— Senadora Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Senadora Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Los suscritos senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el acceso a créditos para la vivienda a las personas trabajadoras del hogar, de conformidad a la siguiente

Exposición de Motivos

El trabajo representa un derecho fundamental de todas las personas, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atentos a que representa un factor de bienestar, progreso y desarrollo humano. Como bien lo señala el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo: “es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio”.

Según algunos tratadistas, el trabajo se ha configurado como un “gran ordenador” de la vida social, comunitaria y familiar, a través del cual las personas acceden a un ingreso económico que en teoría, les concedería cierto nivel de bienestar, al permitir el acceso a los satisfactores necesarios para la subsistencia propia y familiar.

Pero esta cualidad, la de “gran ordenador”, obedece a que más allá de la obtención del ingreso económico necesario, para la manutención, constituye un derecho precursor o facilitador para el ejercicio de otros derechos, como la salud a través de los regímenes de previsión y seguridad social, que incluyen derechos de jubilación, vacaciones, coberturas de enfermedades, acceso a servicios educativos y de capacitación, servicios crediticios en general y de vivienda, entre otros.

Éste último, el de la vivienda, constitutivo a su vez de derecho fundamental por sí mismo, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Así, conforme al texto transcrito, los instrumentos y apoyos para lograr el objetivo de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas están contemplados en la legislación secundaria, que para el caso de los trabajadores, el mecanismo público lo constituye el “Fondo Nacional para la Vivienda”, administrado precisamente por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, encargado de implementar los sistemas para tales fines.

El esquema básico previsto en el artículo 123 de la Constitución Política, consiste en la obligación de los patrones para realizar aportaciones a dicho fondo a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad las habitaciones a que tienen derecho.

Este imperativo se ve reflejado en el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra señala:

Artículo 136. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.

Sin embargo, existe un trabajo por el cual la ley exime al patrón a efectuar dichas aportaciones, de acuerdo al numeral 146 de la última legislación invocada:

Artículo 146. Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.

Esto es, las aportaciones del patrón al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, por lo que respecta a los trabajadores domésticos, quienes de conformidad al diverso 331, son aquellos que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. También llamados trabajadores del hogar.

Históricamente el trabajo en el hogar se ha destacado por ser uno de los empleos más vulnerables, en el que los derechos y libertades de quienes lo realizan llegan a ser violentados con salarios ínfimos, malos tratos y hasta la discriminación.

En México, alrededor de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, la inmensa mayoría, mujeres. Personas que al igual que todas, merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con un empleo productivo, que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y sus familias.

Sin embargo, el actual contenido del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo no parece ser la mejor forma para lograrlo, pues les restringe para acceder a los beneficios como derechohabiente del Infonavit, como lo es el financiamiento para adquisición de vivienda.

Es una distinción negativa que contempla nuestra legislación, para la cual, el hecho de que el trabajador o trabajadora del hogar llegue a habitar en la casa en que presta sus servicios, no constituye bono para que sea excluido del derecho a los beneficios del Infonavit, pues independientemente de ello, se trata de personas con todos sus derechos, en los que se incluye el de, una vida y un hogar propios.

Las personas dedicadas al trabajo del hogar desempeñan una labor como cualquier trabajador que se esfuerza día con día para salir adelante, por apalancarse en su trabajo para lograr una vida digna y desarrollarse como ser humano y hacer lo propio para con su familia. Por lo tanto, como trabajadores que, son, deben encontrar en su trabajo un medio para lograr satisfacer sus necesidades básicas, en las que la ilusión de un hogar propio seguramente está incluida.

Por ello, consideramos oportuna la modificación del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, como un débito necesario para contribuir a la reivindicación de los derechos de los trabajadores del hogar.

Hablamos de las personas dedicadas a las labores propias una casa, en las que se incluyen las actividades como chofer, jardinero, nana, cocinera, y cualquier otra de asistencia en el hogar. Evidentemente, cuando sus servicios no sean esporádicos u ocasionales.

Cabe decir, que para tratar de solventar de alguna manera esta situación, el Infonavit había puesto en marcha un programa para los trabajadores en labores domésticas que ofrecía una modalidad de crédito especial para ellos.

El programa se denominó “Infonavit para todos”. Y .permitía brindarles un apoyo sobre vivienda a los trabajadores domésticos asalariados, para que pudieran tener un ahorro destinado a un crédito de vivienda.

A través del programa, el patrón podía aportar una cuota mensual que le permita al trabajador obtener un crédito para vivienda, o bien formar un ahorro para su retiro. De acuerdo con Infonavit, el patrón inscribía a su trabajador con un salario aproximadamente de los 3 y hasta 4 salarios mensuales (equivale en 2013 a un salario de entre 5 mil 900 y hasta 7 mil 874), por lo que cada mes tendría que depositar en forma puntual entre alrededor de 295 y 395 pesos. Dicho dinero irá directamente a la Subcuenta de vivienda del trabajador.

No obstante, desde junio del año pasado este programa fue suspendido, por lo que a la fecha, las personas trabajadoras del hogar continúan sin acceso a los beneficios de Infonavit para adquisición de vivienda propia. Lo anterior, no obstante que la diferencia ~ara lograrlo no implica al patrón más allá de 400 pesos mensuales.

Por ello, a fin de reivindicar y reconocer el esfuerzo de las quienes se dedican a esta noble labor, se hace necesario incorporarlas al régimen de Infonavit. Situación que se propone precisamente hoy, en el marco del día internacional de las personas trabajadoras del hogar, quienes también tienen derecho al propio.

Razones por las que la propuesta en concreto sería la modificación del referido artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos sugeridos en la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante la cual se reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, para para garantizar el acceso a créditos para la vivienda a las personas trabajadoras del hogar

Artículo Único. Se reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 146. Los patrones deberán pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que, toca a los trabajadores domésticos, salvo que la prestación de sus servicios sea de manera esporádica u ocasional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 30 de marzo de 2016.— Senadores: Jesús Casillas Romero, Carlos Romero Deschamps (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL MARIACHI

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Honorable Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, Aprobó Acuerdo Legislativo número 259-LXI-16, del que le adjunto copia, en el que se aprueba elevar a su consideración propuesta para expedir la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi, en términos que describe el acuerdo legislativo en comento.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 15 de marzo de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), Secretario General del Honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Acuerdo Legislativo

Por el cual se eleva alHonorable Congreso de la Unión iniciativa de ley mediante la cual se expide la Ley Del Instituto Mexicano Del Mariachi

Único. El Congreso del Estado de Jalisco Eleva al Honorable Congreso de la Unión iniciativa de ley mediante la cual se expide la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único.Se expide la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi.

Ley del Instituto Mexicano del Mariachi

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de fomento y difusión de la música vernácula y el Mariachi.

Artículo 2. El Instituto Mexicano del Mariachi como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 3. El objeto general del Instituto es promover y fomentar la cultura musical derivada del Mariachi, así como la formación de academias enfocadas a la integración de nuevos grupos.

Artículo 4. El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. La promoción, protección, difusión, investigación, preservación, enseñanza y transmisión de los acervos culturales que acompañan e incluyen al Mariachi, cuidando los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México.

II. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la promoción, protección, difusión, investigación, preservación, enseñanza, y transmisión de los acervos culturales que acompañan e incluyen al Mariachi.

III. Establecer Academias de Mariachi y certificar otros centros a nivel nacional o internacional, atendiendo a los lineamientos que para tal efecto se elaboren;

IV. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la concertación social indispensable para su implementación.

V. La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con el Mariachi.

VI. La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la difusión, preservación y promoción del Mariachi, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias; gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, y

VII. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tengan relación con el Mariachi.

Artículo 5. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para el conocimiento, fomento y difusión del Mariachi:

Il. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para promover, difundir, investigar, enseñar y transmitir el acervo cultural que acompaña el Mariachi.

III. Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y regional, relacionados con el Mariachi;

IV. Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar el conocimiento y el acervo cultural en relación al Mariachi, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural;

V. Promover estudios e investigaciones relacionadas con el origen y evolución del Mariachi;

VI. Participar y organizar reuniones y ferias nacionales e internacionales para el fomento y promoción del Mariachi;

VII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Instituto; y

VIII. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 6. Las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Mariachi tendrán su domicilio legal en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lo anterior no será óbice para que el Instituto pueda crear Academias a través de todo el territorio nacional para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Capítulo II De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Mexicano del Mariachi

Artículo 7. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. La Junta de Gobierno;

II. La Presidencia;

III. La Secretaría Técnica;

IV. La Contraloría Interna; y

V. El Departamento Académico, de Investigación, Difusión y Promoción del Mariachi.

La Presidencia y la Secretaría Técnica contarán con las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 8. En lo no previsto en la presente ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el Código Civil Federal.

Artículo 9. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. El Presidente del Instituto, quien la presidirá;

II. Un representante de la Secretaría de Cultura de la Federación y de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, esta última por invitación por invitación;

III. Un representante de la Secretaría Hacienda y Crédito Público;

IV. Un representante de la Secretaría de Turismo;

V. Un representante de la Secretada de Educación Pública.

VI. Un representante de las agrupaciones de Mariachis de cada uno de los estados de la República.

VII. Dos representantes del Gobernador del Estado de Jalisco, por invitación;

VIII. Dos representantes de la Universidad de Guadalajara por invitación.

Artículo 10. El Presidente del Instituto será nombrado por el Secretario de Cultura.

Artículo 11. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

I. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus integrantes, una terna que someterá a la consideración del Secretario de Cultura, a efecto de que designe a la Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi; El presidente podrá ser removido de su cargo por el Secretario de Cultura y a propuesta de dos terceras partes de los integrantes.

II. Aprobar el presupuesto, los informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;

III. Aprobar el Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi;

IV. Aprobar las bases que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto;

V. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera;

VI. Designar y remover, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, previa aprobación de la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno;

VII. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, al Secretario Técnico;

VIII. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos;

IX. Aprobar en tém1inos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que correspondan;

X. Fijar las condiciones generales de trabajo;

XI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidencia, con la intervención que corresponda al Contralor:

XII. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;

XIII. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas; y

XIV. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 12. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque la Presidencia o. cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.

La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.

La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Presidencia hasta con cuarenta y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, hasta doce horas antes.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes y la Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.

Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico y el Contralor del Instituto.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de emergencia que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter.

Capítulo III Del Nombramiento y Facultades de la Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi

Artículo 13. Para ocupar la Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi se requiere:

I. Ser mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. No haber sido condenado por delito intencional alguno, o inhabilitado por la Contraloría de la Federación;

III. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en materia administrativa;

IV. Tener conocimientos de cultura musical, particularmente en 10 que se refiere al origen y evolución del Mariachi; y

V. No encontrarse en uno o en varios de los impedimentos establecidos en la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 14. La Presidencia del Instituto tendrá las siguientes facultades:

I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Administrar y representar legalmente al Instituto;

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto;

IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;

V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del Instituto, así como los apéndices administrativos;

VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;

VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

VIII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla;

X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción del Secretario Técnico y del jefe del Departamento Académico, de Investigación, Difusión y Promoción del Mariachi, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano;

XI. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;

XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno;

XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto;

XV. Proporcionar la información pública que le sea solicitada;

XVI. Recabar información y elementos históricos e estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño, y

XVII. Las demás que le confiera la presente Ley o las derivadas de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

Artículo 15. La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres años.

Capítulo IV Del Nombramiento y Facultades del Secretario Técnico

Artículo 16. El Presidente del Instituto propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción del Secretario Técnico, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior; y

III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa.

Artículo 17. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Proponer a la Presidencia del Instituto, las políticas generales que para el fomento y promoción del Mariachi habrá de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales;

II. Someter a la consideración de la Presidencia del Instituto, proyectos de informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la Junta de Gobierno;

III. Auxiliar a la Presidencia en la administración, organización y operación del Instituto, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico, y

IV. Las demás que le confiera el Estatuto Orgánico del Instituto.

Capítulo V Del Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi

Artículo 18. El Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi deberá contener, cuando menos:

I. Las actividades para difundir la música del Mariachi en el territorio nacional:

II. La planeación y financiamiento de las Academias de Mariachi;

III. La programación de ferias y exposiciones internacionales para la divulgación del Mariachi y la cultura vernácula mexicana;

IV. Talleres de composición musical ejecutable por Mariachi;

V. Encuentros, festivales y concursos municipales, locales y el nacional de música de Mariachi;

VI. La grabación y divulgación de nuevos artistas; y

VII. La publicación de libros cuya temática sea relevaJ1te para el conocimiento y fomento del Mariachi.

Capítulo VI Del Patrimonio, Presupuesto y Control de Recursos

Artículo 19. El Instituto Mexicano del Mariachi contará con patrimonio propio y se integrará:

I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; los que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título;

II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos;

III. Recursos que obtenga de sus propias actividades; y

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.

Artículo 20. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener las partidas y previsiones necesarias para sufragar los gastos derivados de su operación, sin perjuicio de que le sean asignadas partidas adicionales.

Artículo 21. La gestión del Instituto estará sometida al régimen del Presupuesto Anual de la Administración Pública Federal.

Artículo 22. El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal.

Capítulo VII Del Régimen Laboral

Artículo 23. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado “A” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo VIII De la Apertura de Academias Nacionales del Instituto Mexicano del Mariachi

Artículo24. Atendiendo a la disponibilidad presupuestal del Instituto, éste podrá constituir academias a nivel nacional que estén a su cargo. Para tal efecto se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

I. Sea solicitado por escrito a través de cualquier de los integrantes de la Junta de Gobierno en donde se funde y motive la pertinencia de constituir un nuevo centro del Instituto;

II. La viabilidad económica, social y jurídica de la academia;

III. Las funciones y temáticas que deberá de atender la academia, pudiendo enfocarse a una o más que correspondan a las atribuciones del Instituto;

IV. El lugar en el que entrará en funciones, así como el posible año de apertura; y

La propuesta se someterá a consideración de la Junta de Gobierno debiendo enlistarse el asunto en el orden del día de la sesión dónde se trate el tema y será aprobado por la mayoría. La organización interna de cada Academia será detem1inada por los estatutos del Instituto.

Artículo 25. Las personas físicas o jurídicas que tengan alguna actividad relacionada con el mariachi podrán obtener la debida certificación por parle del Instituto que hará constar que cuentan con los parámetros de calidad para realizar dichas actividades tanto a nivel nacional e internacional.

La Junta de Gobierno determinará los derechos correspondientes a recabar por concepto de certificaciones.

El Instituto desarrollará los criterios mínimos que se deberán de acreditar en sus manuales de certificación que expida la Junta de Gobierno a través del Departamento Académico, de Investigación, Difusión y Promoción del Mariachi

Capítulo X De la Investigación Científica, la Academia, Difusión y Promoción del Mariachi

Artículo 26. La Junta de Gobierno del Instituto promoverá la investigación científica, académica, la difusión y promoción del mariachi a través de su Depm1amento Académico de Investigación, Difusión y Promoción del Mariachi.

Este órgano interno será dirigido por aquella universidad pública que cuente con el reconocimiento y trayectoria e infraestructura para poder desarrollar de manera adecuada los objetos del Instituto en el Estado de Jalisco, por ser ésta la sede, así como en cualquier Estado que se desprendan academias.

Dicho departamento propondrá los contratos, convenios y demás actos jurídicos que el Instituto considere pertinentes, los cuales deberán de ser aprobados por la mayoría de integrantes de la junta de gobierno que estén presentes en la sesión ordinaria que para tal efecto se incluyan en la orden del día respectivo para que el Instituto:

a) Promueva el Mariachi en los diversos niveles de educación;

b) Ofrezca diplomados, y postgrados en relación al Mariachi;

c) Publique obras de investigación, difusión y promoción del Mariachi;

d) Promueva, organice y difunda eventos en relación al Mariachi a nivel nacional e internacional;

e) Proponga a la Junta de Gobierno el Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi;

f) Identifique con claridad la autenticidad de la música, organología y vestimenta del mariachi como patrimonio cultural inmaterial de la nación y la humanidad; investigando, instruyendo, preservando, difundiendo y certificando la autenticidad de éstos elementos como patrimonio cultural inmaterial de la nación y la humanidad.

g) Elabore los manuales de certificación.

h) Realice toda actividad complementaria a las ya mencionadas y que no se oponga con las facultades del Instituto;

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto el Secretario de Cultura nombra a la Presidencia del Instituto, éste no se considerará integrante de la Junta de Gobierno.

Tercero. La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento.

Cuarto. La primera sesión de la Junta de Gobierno será presidida por única vez, por el secretario de Cultura, quien nombrará en esta ocasión a la Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi, de una terna que someta a su consideración la propia Junta.

Quinto. La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del Instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

Para tal efecto la Junta de Gobierno instalará un Comité Tripartita integrado por la Secretaría de Cultura a nivel Federal, la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, el cual podrá auxiliarse para dicha tarea de universidades públicas y privadas, de la sociedad civil y de la iniciativa privada.

Sala de comisiones del Congreso del estado, Guadalajara, Jalisco, febrero de 2016.

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados:María del Rocío Corona Nakamura, presidenta; Hugo Contreras Zepeda, Salvador Arellano Guzmán, Hugo René Ruíz Esparza Hermosillo, Liliana Guadalupe Morones Vargas, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juana Ceballos Guzmán, Erika Lizbeth Ramírez Pérez, Augusto Valencia López, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, Felipe de Jesús Romo Cuéllar, Saúl Galindo Plazola, José García Mora (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora sí, sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor. Sí, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros diputados. Esta iniciativa es muy importante para el estado de Jalisco y para este país.

El próximo mes de septiembre se desarrollará el XXIII Encuentro Nacional del Mariachi y creo que además es el espacio en donde se conjunta la iniciativa privada, el gobierno y mucha comunidad cultural del estado, así que ojalá que todos votemos a favor de esta ley propuesta para crear el Instituto del Mariachi. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y continuamos ahora con el capítulo de presentación de iniciativas y en consecuencia tiene la palabra por cinco minutos el diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

El diputado David Mercado Ruiz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa parte del reconocimiento de la importancia que tiene la sanidad animal en nuestro país. Ésta es un elemento clave para garantizar un buen nivel de salud pública y de seguridad alimentaria.

Asimismo, la principal estrategia para llegar a obtener alimentos seguros y de calidad a precios razonables que cubran las necesidades de la población.

El interés de nuestro país por un desarrollo económico sustentable ha originado que el control de las enfermedades sea un prerrequisito para el éxito de cualquier programa de desarrollo ganadero.

Actualmente la sanidad animal constituye una de las prioridades para el gobierno mexicano, y así se ha manifestado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se reconoce que el campo es un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional.

Por ello se ha considerado importante perfeccionar la Ley Federal de Sanidad Animal, incorporando en el texto de la norma el ámbito de la aplicación de la ley y la definición de explotación. Asimismo, se propone modificar la definición del término bienestar animal.

Concurro con la idea de que el fin de la actividad legislativa no se trata de tener un conjunto de definiciones yuxtapuestas o de llenar la ley con preceptos caóticos, se trata de reconocer aquellos que carecen de definición y que cuya definición es exigua y deben perfeccionarse para permitir que la ley sea coherente e íntegra.

Es necesario dotar a la Ley de Armonía Lingüística, no es cuestión de incorporar conceptos novedosos sino desarrollar aquellos incluidos por la propia ley.

Debemos recordar que la finalidad de tener un capítulo de definiciones en la ley sirve para proporcionar la interpretación y el significado de los términos empleados de la misma. Esto es de suma utilidad para quienes necesitan entender e implementar la legislación. Así como para los miembros de la sociedad que pueden ser afectados por ésta.

Es también útil para los órganos jurisdiccionales dado que tiene que tomar decisiones sobre la base de las definiciones de la ley. El bienestar animal y su protección es una cuestión de interés general compleja y polifacética, con importantes dimensiones científicas, éticas, económicas y políticas. Dada la finalidad de la ley, se aprecia conveniente perfeccionar el concepto de una manera clara y equilibrada entendiendo a estas dimensiones.

El concepto de explotación es un término que admite diferentes acepciones en función de factores diversos, de tal suerte que no es posible afirmar que sea un concepto unívoco. De modo que no es viable permitir que se le otorgue un sigfinicado contrario al que realmente posee acorde con el espíritu de la ley.

Adicionar en el texto de la ley el ámbito de aplicación y las definiciones referidas se torna necesario, toda vez que en una ley no puede darse cabida a vacíos y lagunas jurídicas. Además, la delimitación tanto del ámbito de aplicación como de los conceptos referidos es útil para orientar la conducta jurídica deseable de la norma.

El Estado mexicano está comprometido con la formulación y perfeccionamiento de leyes para la protección y sanidad de los animales, considerando como un deber antropológico evitar cualquier acto de crueldad o maltrato que conlleve a un sufrimiento innecesario para los animales, ofreciéndoles comodidad, seguridad y protección a todas las especies que nos proveen de alimento y compañía.

En suma, estoy convencido de que los argumentos anteriores justifican la propuesta que se presenta. Con la intención de actualizar y perfeccionar la ley de referencia, y en virtud del compromiso del Estado mexicano de armonizar la legislación interna de la normatividad internacionalmente aceptada, someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Sanidad, en la cual adiciona un artículo correspondiente al ámbito de aplicación y se recorren subsecuentes en orden progresivo.

Asimismo, se reforma el actual artículo 4o. para que sea el artículo 5o. y en esta reforma se modifica la definición de bienestar animal y se adiciona la definición de explotación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, David Mercado Ruiz, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Se presentan antecedentes legislativos a fin de tener una visión histórica de la Ley Federal de Sanidad Animal vigente.

1. Ley de Plagas.La Ley de Plagas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1924, esta ley tenía como principal objetivo regular los procedimientos utilizados para prevenir, combatir y extinguir las plagas y enfermedades de las plantas y animales aprovechados en la agricultura y en la ganadería, así como las medidas conjuntas con autoridades y productores extranjeros que tuvieran intercambio agrícola con México, para evitar la propagación de plagas.

2. Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 1940. En su objeto, este ordenamiento contemplaba la prevención y combate de plagas y enfermedades de los vegetales y animales aprovechados en la economía rural del país, igualmente, establecía la obligación a todas las personas dedicadas a la explotación animal a informar o dar aviso a las autoridades sanitarias de cualquier indicio de plaga o enfermedad.

3. Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley anterior fue abrogada para dar paso a un nuevo ordenamiento jurídico, mismo que fue publicado el 13 de diciembre de 1974, esta nueva ley se encontraba constituida por un articulado más extenso que su antecesor, su principal objeto era la protección y conservación –desde su producción, cría, reproducción y siembra– de los vegetales y animales contra la acción perjudicial de plagas y enfermedades, así como el control sanitario en el transporte de sus productos, subproductos y todo tipo de sustancias, materiales, aparatos y equipos utilizables en animales y vegetales.

4. Ley Federal de Sanidad Animal. En 1992 el entonces titular del Ejecutivo federal, se sirvió enviar ante este Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que expedía la “Ley Federal de Sanidad Animal”, con el “objeto de lograr justicia, empleo y bienestar en el campo mexicano,” entre los objetivos de la Iniciativa, destacaba: “imprimir competitividad al subsector pecuario; asegurar el abasto dentro de un esquema de apertura comercial: alentar el potencial exportador, así como eliminar las restricciones que pesan sobre el subsector para lograr una mejor asignación de recursos.” Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1993.

5. Ley Federal de Sanidad Animal vigente. Posteriormente, el 25 de julio de 2007 se abrogó la anterior Ley con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de nuestra actual “Ley Federal de Sanidad Animal”. Con el propósito de actualizar las disposiciones en materia de sanidad animal y la regulación inherente a la inocuidad agroalimentaria, ambos temas, considerados indispensables para impulsar el avance económico del país. Se expidió este nuevo ordenamiento que desarrolla las bases para prevenir, controlar y erradicar las plagas que afectan a los animales, procurar el bienestar animal y regular las prácticas pecuarias en establecimientos dedicados a la explotación y al sacrificio de animales y su procesamiento para consumo humano.

Planteamiento del problema

Bajo el anterior orden de ideas y como resultado del análisis constante a que debe estar sujeto el andamiaje jurídico en esta honorable soberanía, se optó por precisar los antecedentes de la Ley Federal de Sanidad Animal. En aras de adecuar esta normatividad a las circunstancias y a la realidad presentes se ha considerado importante perfeccionar la ley de referencia.

Conforme con la doctrina en materia legislativa, puede decirse que la finalidad del proceso creador de la ley coincide en lo siguiente:

1. Favorecer la unificación de criterios y dar coherencia a la legislación.

2. Perfeccionar la calidad, dar eficacia y razonabilidad a la ley.

3. Alcanzar una mayor y mejor comprensión para el usuario y una aplicación efectiva de la norma.

Asimismo, la metodología en la materia refiere que la ley se sistematiza sobre la base de un orden progresivo y metodológico que facilita su comprensión, por lo que la estructura recomendable es la siguiente:

1. Categoría normativa y numeración;

2. Título;

3. Texto normativo;

Título preliminar;

Parte sustantiva;

Parte final;

4. Anexo.

Dentro de esta estructura, en la parte sustantiva, se ubican las disposiciones primarias, que desarrollan el objeto y alcance de toda norma, en las cuales se establecen el ámbito de aplicación de la ley y, cuando corresponda, definiciones de términos que no tienen un significado unívoco.

En la ley que nos ocupa, se observa que, si bien, el Objeto está ampliamente explicado, e incluso, de una interpretación del mismo podría desprenderse, parcialmente, el ámbito de aplicación, debemos señalar, que la referencia de dicho ámbito es, por una parte, exigua y, por otro lado, no se hace una mención explícita y puntualizada de cuál es el ámbito de aplicación de la norma referida.

Por otro lado, el artículo 4, contenido en el Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo II denominado Definiciones, contiene 111 términos, los cuales tienen por finalidad evitar confusiones y dobles interpretaciones que pudieran desvirtuar el espíritu del legislador y de la propia ley. Ahora bien, en estas Definiciones, se observa, por una parte, una concepción limitada del término “ bienestar animal” y, además, se aprecia la ausencia de lo que para efectos de la ley en comento se entiende por “ explotación”.

Precisión que, sin duda, es necesaria en un ordenamiento que se ha denominado Ley Federal de Sanidad Animal. En otras palabras, es menester dar una definición puntual de estos términos, en principio, hay que señalar que, la ley debe ser exhaustiva en la tarea de definir aquellos conceptos que se relacionan directamente con el espíritu de la norma. La labor consistente en la definición conceptual dentro del cuerpo legal es fundamental cuando se trata de interpretar y cumplimentar la legislación a cabalidad.

A mayor abundamiento, debe manifestarse que, además de la denominación de la ley, en el articulado de la misma, se mencionan las palabras “ bienestar animal” y “ explotación”, categorizándolos como conceptos que se relacionan, por una parte, con la sanidad, las condiciones humanitarias para los animales, las unidades de producción, las buenas prácticas pecuarias y, por otro lado, con la salud de los consumidores y, en general, con la seguridad alimentaria y la salud pública. De ahí que diversos artículos contengan la expresión de “ bienestar animal” y “ explotación”.

Por consiguiente, la cuestión que pretende perfeccionarse en la ley, consiste en eliminar el vacío jurídico existente en omisión de precisar el ámbito de aplicación de la norma y dar un contenido preciso a las definiciones de “ bienestar animal” y “ explotación”.

Consideraciones

La presente iniciativa parte del reconocimiento de la gran importancia que tiene la sanidad animal en nuestro país en lo que se refiere al control de las enfermedades de los animales, es decir; la promoción y protección de su salud como elementos esenciales de todo programa eficiente de mejora y producción animal. El control de las enfermedades es un prerrequisito para el éxito de cualquier programa de desarrollo ganadero, es por eso, que los servicios zoosanitarios han sido establecidos con el objetivo principal de controlar enfermedades contagiosas e infecciosas, como son: la peste bovina, la pleuroneumonía contagiosa, la fiebre aftosa, o enfermedades parasitarias como la tripanosomiasis, por mencionar algunas.

De igual manera, la preocupación de nuestro país por un desarrollo económico sostenible ha originado que, actualmente, demos también atención a otras enfermedades que igualmente afectan de manera negativa a la productividad ganadera, tales como: las enfermedades nutricionales o los trastornos de la reproducción. De ahí, que otra de las funciones de la sanidad animal sea proteger la salud humana contra las enfermedades transmitidas por animales y asegurar la producción de alimentos sanos. El control oficial de la cadena alimentaria comprende desde la explotación agraria, ya sea ésta agrícola o ganadera, hasta la venta de los productos finales al consumidor, es decir, de la granja a la mesa.

En México, al igual que en otras partes del mundo, no se está exento de riesgos o agentes que causen daños a la producción, por esa razón, nuestro país ha abordado la sanidad animal desde la prevención del ingreso de enfermedades, evitando con ello que se introduzcan a territorio mexicano agentes causantes de plagas o enfermedades exóticas o endémicas de importancia económica, mediante la protección agropecuaria, acuícola y pesquera en el territorio nacional.

Asimismo, se han desplegado esfuerzos para que a través del control y la erradicación de enfermedades presentes en el país se logre el mejoramiento de la sanidad y productividad nacional, pues esto está relacionado directamente con la producción agroalimentaria y también forma parte de la inocuidad alimentaria, de esta forma, se contribuye a la producción de alimentos de origen animal y al desarrollo ganadero, mismos que, son elementos integrantes del desarrollo social, económico y agrícola.

Así, la sanidad animal está íntimamente vinculada con la salud y el bienestar animal, la salud pública y la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la economía rural. En el sector de la sanidad animal, es necesario trabajar conjuntamente con los sectores ganaderos y con la comunidad académica y científica, para conseguir que los esfuerzos se traduzcan en beneficios para la sociedad en su conjunto. Lo anterior, expone la innegabilidad de la sanidad animal como un pilar esencial en el aseguramiento de la competitividad del sector pecuario en aras de obtener las competencias y capacidades requeridas para cumplir con las garantías necesarias a los mercados de destino de las exportaciones de productos animales.

Por todo esto, la sanidad animal constituye una de las prioridades para el Gobierno Mexicano y así se ha manifestado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se reconoce que “ el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional” y, que: “ la capitalización del sector debe ser fortalecida”. Por lo que establece como una de las cinco metas nacionales; un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.

En el mismo Plan Nacional de Desarrollo, también se establece dentro de la Meta 4. México Próspero, el Objetivo 4.10., consistente en construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, el cual está canalizado en 5 Estrategias: “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, así como los modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario, promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgo y modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo.”

Bajo la rectoría del Estado mexicano, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se han desplegado diversas estrategias coordinadas con el fin de preservar y mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria, ejecutar proyectos prioritarios de campañas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, acciones de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección en la movilización.

Lo anterior, nos indica por una parte que, la sanidad animal es clave para garantizar un buen nivel de salud pública y de seguridad alimentaria, que la principal estrategia para llegar a obtener alimentos seguros y de calidad, a precios razonables, que cubran las necesidades de la población, es produciendo animales sanos. Por otro lado, la sanidad animal también es importante a nivel de la sostenibilidad y competitividad de la producción ganadera, afectando a la comercialización de animales vivos y productos de origen animal.

En los últimos años, se han presentado graves crisis de sanidad animal con consecuencias devastadoras en términos económicos, tanto a nivel nacional como internacional. Tanto la gripe aviar como la fiebre aftosa, son ejemplos claros de enfermedades que han originado crisis que han afectado de forma directa a la renta de los productores y han incidido de forma negativa en la economía general de los países afectados como consecuencia de los problemas de comercialización y de mercados. Las crisis sanitarias, generan la desconfianza de los consumidores, y el desenlace de esto, es un descenso en el consumo de productos de origen animal.

Además, debemos tener presente que la sanidad también ayuda a preservar el medio ambiente, al evitar pérdidas en la producción animal debido a enfermedades de los animales de granja. Puesto que las pérdidas de animales para producir la misma cantidad de alimentos, implica la necesidad de hacer uso de muchos más animales, esto lleva consigo, una mayor utilización de recursos naturales, como son; superficie para producir alimentos, agua y un aumento de residuos orgánicos derivados.

Por lo que, la política de los servicios de sanidad animal representa un instrumento indispensable de la política socioeconómica del gobierno en el sector del desarrollo agrícola y rural, así como de la sanidad pública, la elaboración de alimentos y la importación/exportación de animales y sus productos. La política de los servicios de sanidad animal debe estructurarse de forma que genere una contribución eficaz al desarrollo integral de la Nación, con el fin de mejorar el nivel de vida de la población mexicana.

Una vez señalados los antecedentes, motivaciones y espíritu de la Ley Federal de Sanidad Animal y, considerando la propuesta que se plantea, es preciso, abonar con un poco de teoría en esta materia, con la intención de tener una mejor comprensión sobre la naturaleza de ésta. En ocasiones, darle contenido a determinados preceptos puede convertirse en una tarea compleja, debido a esto, hemos recurrido al estudio de diversos documentos orientadores, así como al análisis de diversa legislación comparada.

Sin embargo, de manera preponderante, hemos considerado en este análisis, un documento emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, denominado: “ Directrices para el establecimiento de un eficaz sistema nacional de inspección de los alimentos”, acorde con el cual, la Organización ha señalado lo siguiente: “... los gobiernos necesitan normas alimentarias actualizadas e internacionalmente aceptadas. En los últimos años, muchas normas de carácter claramente prescriptivo se han sustituido por normas horizontales sobre temas generales relacionados con el logro de los objetivos de la inocuidad y calidad de los alimentos... Las disposiciones legales relativas a los alimentos regulan actividades específicas, a saber, la producción, elaboración y venta de los alimentos. Estas disposiciones se han concebido con objetivos concretos, como la protección de la salud y/o la promoción del comercio equitativo de productos alimenticios. En la mayoría de los casos, están contenidas en una ley general que abarca todos los productos alimenticios. En dicha ley se consideran los aspectos específicos de la inocuidad de los alimentos, la adulteración, la calidad y el control de los alimentos, por ejemplo la inspección, la utilización de aditivos, la prevención de la contaminación alimentaria, el etiquetado y los controles de las importaciones...”.

“... En principio, hay ocho categorías de disposiciones que pueden encontrarse en una ley alimentaria básica:

a) Alcance y definiciones

La primera categoría describe el ámbito de la ley y establece los instrumentos para su interpretación. Obviamente, antes de todas las demás disposiciones de la ley alimentaria debe incluirse una en la que se especifiquen su finalidad, objetivos y/o alcance. Ésta sirve como una especie de declaración normativa en la que se explica por qué se ha promulgado la ley y qué es lo que se pretende con ella. También permite especificar las áreas incluidas dentro de la ley. Los países incluyen con frecuencia una lista de definiciones de los principales términos empleados. Al formular las definiciones, deberían consultarse las fuentes internacionalmente aceptadas, así como otras medidas legislativas de alcance nacional sobre temas conexos. Conviene señalar que la lista de definiciones no es un glosario de términos de control de los alimentos en general. Las definiciones que se incluyan deben ser únicamente las que aparezcan en el texto de la ley, y deben concebirse con el objetivo único de la aplicación e interpretación de la ley en cuestión. En particular, las definiciones deben redactarse teniendo en cuenta quién podría impugnar la ley en el futuro.”.

Recapitulando, este documento nos indica que: “... los gobiernos necesitan normas alimentarias actualizadas e internacionalmente aceptadas...”,en su apartado; Alcances y Definiciones, señala que; “en la primera categoría de la norma debe describirse el ámbito de la ley y con posterioridad deben establecerse los instrumentos para su interpretación... Antes de todas las disposiciones de la ley alimentaria debe incluirse una en la que se especifique su alcance...esto permite especificar las áreas incluidas dentro de la ley... Al formular las definiciones, deberían consultarse las fuentes internacionalmente aceptadas... Las definiciones que se incluyan deben ser únicamente las que aparezcan en el texto de la ley y deben concebirse con el objetivo único de la aplicación e interpretación de la ley en cuestión.”.

A modo de ejemplo, en este documento se cita: “si la ley contiene una definición del término ‘vender’ en la que se especifique que vender significa intercambiar por dinero, y si la ley prohíbe la venta de alimentos adulterados, al acusado de violar la ley podría ocultar la prueba de la venta y tratar de argumentar que, como el alimento en cuestión se había dado de forma gratuita (y no a cambio de dinero), no se había infringido la ley.”

La propuesta que se presenta, coincide con lo hasta aquí señalado, sin embargo, para terminar de sustentarla, es necesario señalar nuevamente con absoluta claridad que no se pretende dar una definición de “ bienestar animal” ni de “ explotación”, en lo general, sino definir en la propia ley, lo que para efectos de ésta se entiende por tales conceptos en términos de sanidad animal.

Es menester recordar que en la elaboración de la ley debe evitarse la ambigüedad de los términos y la falta de precisión. De igual forma, es importante tener presente que, en ocasiones y, observamos que este es el caso, excluir algunos conceptos de la ley puede limitar el alcance de la legislación. El recurso que proporciona la técnica legislativa de incluir el ámbito de aplicación y las definiciones legales es importante en lo que se refiere a lograr una mayor seguridad jurídica y reducir las posibilidades de interpretación judicial.

Ciertamente, un principio de la técnica legislativa establece que no debe explicarse lo que es obvio y, en el caso que nos ocupa, dos cosas debemos señalar al respecto, primero; dejar a la libre interpretación del usuario los términos a los que se ha hecho referencia es de sumo delicado, puesto que en el primer término “ bienestar animal”hay que decir que este concepto no fue creado como un concepto científico, si no más bien como un reflejo de nuestro sistema de valores para expresar una preocupación frente al trato adecuado de los animales.

La sociedad requiere que se produzcan alimentos de origen animal, al mismo tiempo necesita utilizar la fuerza de trabajo de los animales, y en todo esto es importante garantizar que el bienestar de éstos no se vea comprometido más allá de un nivel ética y socialmente aceptable. Por lo cual, es necesario tomar en cuenta diversas consideraciones: que el animal mantenga un estado de armonía con su medio ambiente, tomando en cuenta el alojamiento, el trato que se le proporciona, su nutrición, la prevención de enfermedades, el cuidado responsable, un transporte con mínimo de estrés, un faenamiento con fines de consumo que minimice el sufrimiento.

En la actualidad, los ganaderos y productores se interesan cada vez más por el tema del bienestar animal, tanto que incluso se ha llegado a considerar parte integrante de las características de calidad de sus productos. Asimismo, los consumidores de todo el mundo manifiestan también un interés creciente por el bienestar animal, lo que influye cada vez más en los datos del mercado mundial de animales y productos de origen animal.

El bienestar animal es considerado, dentro de su contexto más amplio, en relación a normas y valores éticos y sociales, tomando en cuenta no sólo aspectos que puedan producir un daño físico sino también otros aspectos de intervención. En este concepto inciden la alimentación y la salud de los animales, los controles veterinarios, engloba lo relativo al cuidado y protección integral de los animales, a la cría, domesticación y buenas prácticas pecuarias.

En cuanto al segundo término, “ explotación”, éste hace referencia a todas las actividades económicas relacionadas con la producción, elaboración, la preparación e higiene de los productos y por tanto a la inocuidad y calidad de los alimentos también incluye aquellos productos que no son aptos para el consumo humano, así como lo relativo a la infraestructura e instalaciones en las cuales dichas actividades se llevan a cabo. Lo anterior muestra que estos conceptos están directamente vinculados con la seguridad alimentaria, la sanidad animal, el medio ambiente y, finalmente, con la salud pública.

En ocasiones, la intensificación de la producción entra en conflicto con las normas de bienestar y explotación animal esto se ha percibido como una preocupación por la comunidad nacional e internacional y, de manera especial, por parte de los consumidores. Desde el año 2001 el bienestar animal ha sido identificado como una de las prioridades del Plan Estratégico de la Organización Mundial de Sanidad Mundial (OIE), los Países Miembros cedieron a la Organización el liderazgo en este rubro y le confiaron el diseño de recomendaciones y directrices que abarcaran las prácticas de bienestar animal, reafirmando así la sanidad animal como un componente clave del bienestar animal.

En un primer momento, la OIE estableció que el bienestar animal “es el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive.

Posteriormente, la OIE, sobre el bienestar animal señaló lo siguiente: “Bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios; que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. El concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal. La forma de tratar a un animal se designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo.”

En la Declaración Universal sobre Bienestar Animal se recogieron cinco principios fundamentales que toda normatividad relacionada con la tenencia de los animales debe contener: “libre de hambre, sed y desnutrición; libre de miedos y angustias; libre de incomodidades físicas o térmicas; libre de dolor, lesiones o enfermedades; y libre para expresar las pautas propias de comportamiento.

Es indiscutible que las cinco libertades retan enérgicamente la producción pecuaria y exigen la generación de elementos que permitan cuantificar apropiadamente el bienestar animal en dichos ambientes, por ello, tenemos que el bienestar animal debe ser parte integral de un sistema pecuario para que sea eficiente, productivo y sostenible.

No obstante, tampoco podemos soslayar los esfuerzos que ha realizado el ser humano desde que se convirtió en ganadero por satisfacer las necesidades de toda índole de los animales que tiene a su cargo; el procurar evitar situaciones de estrés, dolor, falta de confort, y el interés que ha mostrado recientemente en que el bienestar se traduzca en una contribución que sirva para la diferenciación de productos y que, en la actualidad, sirve también para asegurar la calidad de los productos al consumidor final quien incluso está dispuesto a pagar más por este tipo de alimentos.

En este contexto, se aprecia que el bienestar animal es un concepto que guarda cierta complejidad al momento de definirlo desde el punto de vista científico, pues deriva de una preocupación ética de origen social, es una cuestión multicultural y multidimensional que depende de la relación del animal con el entorno, depende de cada individuo, es un concepto dinámico, cambiante, que ha suscitado interés como respuesta a los procesos de crianza intensivos.

Por lo que hace al término de explotación, la definición y caracterización de los sistemas de explotación ganadera es compleja debido a la variedad de factores que se desarrollan dentro de ellos. En principio, la noción de explotación, hace referencia a la acción y efecto de extraer utilidades o riquezas de una industria, o bien, al apoderamiento de los recursos de una fuente determinada.

En el sector agropecuario, que es el que nos ocupa, se puede entender como explotación toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, pecuarias o forestales, sin consideración de título, tamaño ni ubicación. En este caso, cabe mencionar que es importante tener en cuenta las explotaciones sin tierra,esto es elemental para las estadísticas con perspectiva de género. La necesidad de mayor información y de estadísticas adecuadas e indicadores sobre la población rural carente de tierra, fue recalcada por la FAO en distintos foros y representa una de las recomendaciones de la consulta entre organismos sobre estadísticas con perspectiva de género, de 1991.

La falta de tierra o su escasa disponibilidad se presenta en otras situaciones que deben ser consideradas con sumo cuidado. El caso más común es el de los campesinos más pobres, en el que justamente la carencia de este recurso es una de las principales causas de la pobreza. Otra circunstancia, que puede difundirse en el futuro, es aquella relativa a las granjas basadas en nuevas tecnologías de alto rendimiento y que requieren poca tierra (hidroponía, viveros verticales de algunas especies como champiñones, etcétera).

En muchas regiones en los países en desarrollo, numerosas mujeres trabajan explotaciones sin o con muy poca tierra. Se encargan de la cría de ganado y de actividades agropecuarias, del cultivo de hortalizas o de granjas caseras. Cabe anotar que explotaciones de este tipo existen incluso en las áreas urbanas. Además, tenemos que la explotación puede ser directa, si el propietario es el responsable directo de la explotación o indirecta si se arrienda o cede el uso de la tierra.

La explotación de los animales útiles al ser humano puede adoptar dos grandes modalidades: el llamado sistema extensivo y el intensivo. Ambos tienen características radicalmente diferentes, tanto en lo que se refiere a las especies explotadas, como a razas y hasta individualidades, y también en cuanto a sistemas de alimentación, manejo, etc... A la vez, cada una de ellas requiere un equilibrio distinto de los factores productivos (tierra, capital, trabajo) así como también son desiguales los rendimientos que se obtienen de los animales por uno u otro sistema, tanto en lo que respecta a la calidad como a cantidad de productos. Podemos decir en definitiva, que la rentabilidad de la explotación es diferente comparando ambas modalidades, como son diferentes los animales, el sistema de alimentación, la cantidad y calidad de la mano de obra, el capital invertido y la extensión y características de la tierra puesta al servicio de la producción animal.

Se ha dicho, por ejemplo, que el pastoreo, puede considerarse la forma más antigua de explotar el ganado, mientras que las instalaciones ultra-intensivas son el exponente más moderno de la industria animal. Hoy en día se habla de explotación extensiva, explotación semiextensiva, explotación semiintensiva, explotación intensiva, explotación ultra-intensiva. Es preciso destacar como la tradicional división en sistemas extensivos e intensivos encubre toda una serie de realidades distintas en función de la variedad de combinaciones que se dan en la práctica y en las que intervienen factores muy variados: clima, suelo, vegetación, costumbres, nivel tecnológico, entre otros.

Como explotación ganadera se hace referencia al conjunto de actividades o bienes destinados a la cría, reproducción, mejoramiento, explotación y/o aprovechamiento de los animales domésticos, de sus productos o subproductos, o su engorda, ordeña, trasquila, preparación, conservación o empaque, todo ello con propósito de comercialización.

Vemos pues que este vocablo admite diferentes acepciones o interpretaciones en función de factores diversos. De tal suerte que no es posible afirmar que el concepto de explotación se circunscribe a una única acepción, por el contrario, este término, puede designar distintas significaciones.

De todo lo anterior observamos que estos conceptos no encierran en sí mismos obviedad alguna, por el contrario, en ambos casos, se pueden considerar múltiples interpretaciones que pueden variar según las circunstancias del usuario de la ley en cuestión. Por lo que su definición, al no ser obvia, debe incorporarse al cuerpo de la ley.

Ahora bien, concurro con la idea que no se trata de tener un conjunto de definiciones yuxtapuestas, atiborradas o de llenar la ley con preceptos caóticos, se trata de reconocer aquellos que carecen de definición o aquellos cuya definición es exigua y deben perfeccionarse, o bien, darles contenido para permitir que la norma sea coherente e íntegra.

Debemos recordar que la finalidad de tener un capítulo de Definiciones en la ley sirve para proporcionar la interpretación y el significado de los términos empleados en la misma. Esto es de suma utilidad para quienes necesitan entender e implementar la legislación así como para los miembros de la sociedad que pueden ser afectados por ésta. Es también útil para los órganos jurisdiccionales, dado que tienen que tomar decisiones sobre la base de las definiciones en la ley.

El “ bienestar animal” y su protección es una cuestión de interés general compleja y polifacética, que tiene importantes dimensiones científicas, éticas, económicas y políticas, dada la finalidad de la ley y, atendiendo a su propia redacción, se muestra conveniente perfeccionar el concepto de una manera detallada y equilibrada atendiendo a estas dimensiones.

Por lo que hace a la interpretación arbitraria del término “ explotación” puede derivar en implicaciones negativas con graves consecuencias perjudiciales que atenten contra el cuidado y la protección de los propios animales, pero también contra la sanidad de producción animal y la seguridad alimentaria integral, de modo que, no es viable permitir que se le otorgue un significado contrario al que realmente posee acorde con el espíritu de la legislación en la materia.

Las definiciones en la ley constituyen unidades básicas que posibilitan la correcta estructuración de la norma jurídica, por lo que no es permisible ni razón suficiente para no dar contenido a estos conceptos el argumento de que sus definiciones puedan localizarse dentro de otros textos normativos, pues una cosa debemos tomar en cuenta y es que; las definiciones de los términos deben adecuarse de conformidad con aquellos objetivos que persigue la ley en cuestión, de manera que al ser temas que le ocupan a esta ley, deben encontrar una definición acorde con el fin de la misma.

Así, la definición de un concepto puede depender de varios factores, por ello, es que debemos atender al propósito de la norma para que sea éste, fundamentalmente, el que determine los límites exactos en el momento de la conceptualización. Por otro lado, otro principio de la técnica legislativa exige al legislador a dar una mayor precisión en la redacción de la ley y sus artículos, de tal suerte que, no es dable la omisión en elementos y preceptos que resultan básicos al momento de la correcta estructuración de la norma y la interpretación legal.

En el proceso creador de la norma es imprescindible evitar vacilaciones, por lo que es necesario dotar a la ley de armonía lingüística, no es cuestión de incorporar conceptos “novedosos”, sino de desarrollar aquellos incluidos por la propia ley. Adicionar en el texto de la ley el ámbito de aplicación y las definiciones referidas se torna necesario toda vez que en una Ley no puede darse cabida a vacíos y lagunas jurídicas, además, la delimitación tanto del ámbito de aplicación como de los conceptos referidos es útil para orientar la conducta jurídica deseable de la norma. Es necesario entonces señalar, con precisión, el ámbito de aplicación y las definiciones jurídicas generales que vayan más allá del entendimiento que la sociedad pueda tener de los términos aludidos, de este modo, se llena un vacío en la materia en beneficio de la sociedad nacional.

Finalmente, en el caso de México, nuestro país está comprometido desde hace varias décadas con la adopción normativa de los avances alcanzados en materia de bienestar y sanidad animal toda vez que les percibe como parte integrante de la calidad de los alimentos con implicaciones importantes para la salud humana y animal. Asimismo, el Estado Mexicano está comprometido con la formulación y perfeccionamiento de leyes para la protección y sanidad de los animales considerando como un deber antropológico evitar cualquier acto de crueldad o maltrato que conlleve a un sufrimiento innecesario para los animales, ofreciéndoles comodidad, seguridad, tranquilidad y protección a todas las especies que nos proveen alimento y compañía.

En suma, estoy convencido que los argumentos anteriores justifican que se precise dentro de la Ley Federal de Sanidad Animal su ámbito de aplicación, así como la adopción de los términos a los que se ha hecho mención “ bienestar animal” y “ explotación”. Con la intención de actualizar y perfeccionar la Ley de referencia y en virtud del compromiso del Estado Mexicano de armonizar la legislación interna con la normatividad internacionalmente aceptada, la estructura que a continuación se propone se debe al orden lógico y progresivo que debe guardar la estructura de la ley para identificar su contenido. Con esto, se permitirá perfeccionar el marco legal de este sector y se dotará al mismo tiempo de más herramientas que aporten en su interpretación y cumplimiento.

Por lo expuesto y fundado me permito presentar a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley Federal de Sanidad Animal

Primero. Se adiciona a la Ley Federal de Sanidad Animal en el Capítulo I del Objeto de la Ley, un nuevo artículo 4 y se recorren los subsecuentes en orden progresivo, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo I Del Objeto de la Ley

Artículo 1...

Artículo 2...

Artículo 3...

Artículo 4. Ámbito de aplicación.-El ámbito de aplicación de la presente ley comprende:

a) Todos los animales, sus crías, productos y subproductos específicos y derivados de origen animal o destinados a su uso. Los productos zoosanitarios, alimentos para animales y demás medios de producción animal en lo referente a su elaboración o fabricación.

b) Los alojamientos, centros de acopio, unidades de producción, unidades y puntos verificación e inspección y unidades de sacrificio del ganado, los establecimientos Tipo Inspección Federal, los terrenos, pastizales, potreros y ecosistemas naturales, los establecimientos, instalaciones, materiales, utillaje y medios de transporte de sacrificio de animales.

c) Todos aquellos lugares de almacenamiento, conservación o comercialización, de productos o subproductos, todo transporte, contenedor, superficie y cualquier otro objeto, organismo o material con capacidad para ser receptor o servir de vector de enfermedades y plagas que se considere deben estar sujetos a medidas sanitarias, especialmente, cuando se involucra el tránsito o transporte internacional de productos animales o subproductos derivados.

d) Los medicamentos, las vacunas y establecimientos veterinarios, así como las personas físicas y jurídicas dedicadas a su almacenamiento, distribución, fabricación, formulación, importación, exportación, manejo, uso y venta.

e) Las actividades de las personas físicas o jurídicas y de las entidades públicas y privadas, en cuanto estén relacionadas con alguno de los objetivos y fines previstos en los artículos 1 y 2 de la presente ley.

Segundo. Se reforma el actual artículo 4, del Capítulo II Definiciones, para que sea el artículo 5, y a su vez se reforma la definición undécima yse adiciona una nueva definición a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 5. Para los efectos de la ley se entiende por:

...

Bienestar animal:Estado positivo en que el animal tiene satisfechas sus necesidades innatas de comportamiento, fisiológicas y de salud frente a cambios en su ambiente y libre de sensaciones de dolor, miedo o desasosiego. Los propietarios o encargados de un animal estarán en la obligación de administrarle tratamientos veterinarios apropiados y proporcionarle bienestar para conservarlo en buenas condiciones de salud y seguridad, asimismo, deberán respetar las normas legales, técnicas, éticas y profesionales en su alimentación, cuidado, manejo, manipulación y sacrificio.

Explotación: Conjunto de animales de producción, instalaciones, establecimientos, construcciones, unidades técnico-económicas de producción y otros bienes, derechos y actividades socioeconómicas organizadas para la producción ganadera destinadas a la obtención de beneficios o ganancias derivadas del aprovechamiento y uso de los animales, sus productos o derivados.

También tiene la consideración de explotación ganadera aquella que tiene sus instalaciones por caminos u otras vías abiertas al tráfico o en el caso de cría al aire libre, cualquier espacio o zona en los que se alojen, críen, manejen o tengan, animales. Comprende todo el ganado contenido en ella y toda la tierra y parcelas de explotación dedicadas total o parcialmente a la producción agropecuaria, con independencia de su tamaño, título o forma jurídica.

A estos efectos, se entenderá que forman parte de una misma explotación todas las parcelas que comparten los mismos medios de producción, como mano de obra, edificios, maquinarias o animales de tiro.

Se considera explotación sin tierra, los establecimientos que carecen de suelo agrícola, pero que se dedican a la producción de animales o productos pecuarios independientemente que se encuentren en zona rural o urbana.

Asimismo, comprende los núcleos zoológicos, los mataderos y otros lugares en que se realice el sacrificio de animales, los centros en que se lleven a cabo espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores comerciales y los centros de concentración.

...

Transitorio

Artículo Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Exposición de Motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expedía la Ley Federal de Sanidad Animal. Carlos Salinas de Gortari. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 1992.

2 Ibid.

3 Carbonell, Miguel; y Pedroza de la Llave, Susana Thalía (Coord.); Elementos de técnica legislativa, IIJ- UNAM, México, D.F., 2000.

4 Ibid.

5 Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como establecer las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes de origen animal para consumo humano; así como en los rastros, en las unidades de sacrificio y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de origen animal para consumo humano.

La regulación, verificación, inspección y certificación del procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano en establecimientos Tipo Inspección Federal se deberán llevar a cabo respecto a la atención de riesgos sanitarios por parte de la Secretaría, de conformidad con lo que establezca la Secretaría de Salud.

La inspección, verificación y supervisión del debido cumplimiento de las disposiciones aplicables en establecimientos, dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal, se realizará a través de la Secretaría o la Secretaría de Salud, de acuerdo a su ámbito de competencia.

La certificación de establecimientos, dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal, se realizará a través de la Secretaría, a petición de los ayuntamientos, de los gobiernos del los estados y del gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la presente ley.

6 Alonso, José Antonio; Introducción al Derecho Parlamentario, Madrid, España, Dikinson, 2002.

7 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 disponible para su consulta en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Aguiló Regla, Josep; “Técnica legislativa y documentación automática de legislación”, Informática e Diritto, Italia, Instituto per la documentazione giuridica, año XVI, enero-abril de 1990.

11 Tomado de: FAO/OMS. 2003. Garantía de la inocuidad y calidad de los alimentos: Directrices para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de los alimentos. Estudio FAO Alimentación y Nutrición 76; Anexo 6. Véase también: FAO 2005. Perspectives and guidelines on food legislation with a new model food law. Estudio legislativo no. 87.

12 Third Strategic Plan of the OIE 2001-2005 Disponible en: http://www.oie.int/

13 Cabe mencionar que las normas de bienestar animal de la Organización Mundial de Sanidad Mundial no son medidas sanitarias, sin embargo, desempeñan una función crucial en el comercio internacional puesto que son las únicas normas de aplicación mundial y con base científica que están acordadas por las naciones de todo el mundo con implicación en el comercio. La armonización de las medidas respecto a las normas intergubernamentales es uno de los principios que aplica la OMC para facilitar un comercio seguro y evitar obstáculos innecesarios al mismo, y es igualmente aplicable a las medidas relativas al bienestar y a la sanidad animal.

14 http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/ Fact_sheets/AW_ES.pdf

15 OIE. Definición de Bienestar Animal. Glosario. http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2 &htmfile=glossaire.htm#terme_bien_etre_animal Consultada el 05/02/2016

16 http://www.fao.org/docrep/004/x2919s/x2919s05.htm - fn29

17 Sotillo Ramos, J.L. y Vijil Maeso, E., Producción animal. Bases Fisiozootécnicas, León, Editorial Mijares, 1978.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: David Mercado Ruiz,Adolfo Mota Hernández, Cándido Ochoa Rojas, Erick Alejandro Lagos Hernández, María Bárbara Botello Santibáñez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Mercado. Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

A propósito, saludamos la presencia de representantes de diversos organismos ganaderos del país que hoy nos visitan. Bienvenidos, amigos, a este recinto parlamentario de San Lázaro. Invitados por el diputado Oswaldo Cházaro Montalvo.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN. Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo:Con el permiso de la Presidencia. Buenos días, compañeros y compañeras diputadas. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la pobreza aumentó sensiblemente en México y es uno de los tres países en donde más ha crecido la pobreza entre 2014 y 2015. Lo anterior fue dado a conocer a través del documento Panorama Social para América Latina.

El informe de la CEPAL detalla que la pobreza en México alcanzó casi el 52 por ciento de la población en 2014, mientras que la indigencia creció del punto seis por ciento a afectar al 2.6 por ciento de los mexicanos.

Los diputados del PAN estamos conscientes de los parámetros que marcan las instituciones internacionales, que han hablado del aumento de la pobreza en México.

Hoy, el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de pobreza y los programas sociales como Prospera y la Cruzada Nacional Contra el Hambre no han logrado compensar la caída de los ingresos de los más pobres. El actual gobierno federal no ha combatido la pobreza como lo prometieron y seguimos en niveles alarmantes en lo que se refiere a pobreza extrema, a pobreza alimentaria y a pobreza patrimonial.

Entre los pobres, las personas con discapacidad merecen una atención especial, porque sus circunstancias dificultan su desarrollo y sumado a la pobreza muchos de ellos alcanzan doble o triple factor de vulnerabilidad. Es triste ver que en México en pleno siglo XXI todavía se carezca de sensibilidad social, que se siga pensando que las personas con discapacidad no pueden desempeñar un trabajo o incluirse en la sociedad.

Los avances que hoy se tienen en materia de discapacidad son muy pocos y queda mucho camino por recorrer. No podemos bajar la guardia y dar marcha atrás a lo que hoy hemos avanzado. Cuando hay gente con discapacidad que no recibe una asistencia social por parte del gobierno.

Tener un niño o una niña o un adolescente con discapacidad, es un reto muy grande para una familia mexicana. Conozco de frente a lo que se enfrentan los padres por sacar a los hijos con o sin discapacidad. La tarea no es sencilla, pero si tuviéramos el apoyo y el respaldo en todos los aspectos del gobierno las cosas pudieran ser menos difíciles.

Este es el tema de la iniciativa que les vengo a presentar el día de hoy. Las niñas, los niños y adolescentes con discapacidad necesitan atención, cuidados, terapia, educación, medicamentos, solo por mencionar algunas de sus necesidades.

Las mamás muchas veces siguen teniendo el rol preponderante en su mayoría y se enfrentan a la disyuntiva de salir a trabajar para sacar a los hijos adelante, o quedarse en casa para brindarles los cuidados que se necesitan.

Desafortunadamente es común observar que cuando existe algún miembro de la familia con discapacidad, el cuidado y la atención de este niño o niña recae únicamente en la madre. La Ley de Asistencia Social señala en el artículo 4 que tienen derecho a la asistencia las personas que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y plena inclusión al bienestar.

Debemos garantizar una asistencia social a madres con hijos con discapacidad que les permita hoy tener tranquilidad, pero sobre todo la seguridad de que sus hijos e hijas tendrán una mejor calidad de vida con el apoyo que les pueda brindar el gobierno mexicano.

El Inegi señala que existen casi seis millones de personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Eso representa más del cinco por ciento de la población mexicana.

Las madres mexicanas somos símbolo de valentía, de lucha, de esfuerzo y ganas de sacar a los hijos e hijas adelante. Nuestro trabajo va más allá de lo imaginable, por eso o podemos abandonarlas y no podemos abandonar a los hijos e hijas con alguna discapacidad.

Con la presente iniciativa con proyecto de decreto podemos garantizar el bienestar de las madres e hijos con discapacidad a través de la federación, entidades federativas y de la Ciudad de México para que reciban apoyos y servicios de previsión, prestación, rehabilitación de calidad por parte de los profesionales de la salud y lo calificado en la Ley General de Salud en materia de asistencia social. En este sentido considero necesario y justo el objetivo de esta iniciativa que hoy les vengo a presentar, toda vez que se busca beneficiar a madres solas o solteras que no encuentran ningún apoyo para atender y cuidar a los hijos e hijas con alguna discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar el inciso a) de la fracción II del artículo 4o de la Ley de Asistencia Social, para dejar en claro que con los apoyos sociales a los que tienen derecho las mujeres que son madres solas o solteras, se incluya y priorice a quienes tengan hijos con alguna discapacidad. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los problemas que hoy en día enfrentan las personas con discapacidad son muchos, lamentablemente el principal de ellos es la discriminación.

Es triste ver que en pleno siglo XXI todavía se carezca de sensibilización social, que sigan pensando que las personas con discapacidad no pueden desempeñar un trabajo, no puedan participar en actividades deportivas o recibir educación. Los avances que hoy se tienen en materia de discapacidad son muy pocos, queda mucho por hacer; no podemos bajar la guardia y decir que todo marcha bien, cuando hay gente con discapacidad que no recibe ningún apoyo, que no recibe una asistencia social por parte del gobierno.

Tener un niño, niña o adolescente con discapacidad, es una bendición. Digo que es una bendición porque tengo la fortuna de ser mamá de una niña especial con discapacidad, por lo mismo sé que es un gran reto el que enfrentamos día a día los padres para sacar adelante a nuestros hijos. La tarea no es fácil, pero si se tuviera el apoyo y el respaldo del gobierno en todos los aspectos, las cosas pudieran ser menos difíciles; ese es el tema central de la iniciativa que les presento hoy.

La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como: Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones son problemas para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

La CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) señala que existen cuatro tipos de discapacidad:

Discapacidad Motriz: Es una condición de vida que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas, limitando su desarrollo personal y social.

Discapacidad Sensorial: Es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva, o ambas, así como de cualquier otro sentido, y que ocasiona algún problema en la comunicación o el lenguaje (como la ceguera y la sordera), ya sea por disminución grave o pérdida total en uno o más sentidos.

Discapacidad Cognitivo-Intelectual: Es aquella caracterizada por una disminución de las funciones mentales superiores tales como la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, entre otras, así como de las funciones motoras. Esta discapacidad incluye a las personas que presentan dificultades para aprender, realizar algunas actividades de la vida diaria, o en la forma de relacionarse con otras personas. Ejemplo de lo anterior son el síndrome de Down y el espectro autista.

Discapacidad Psicosocial: Se define como aquella que puede derivar de una enfermedad mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos. No está relacionada con la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser temporal o permanente. Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, entre otros.

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, necesitan atención, cuidados, terapias, educación, medicamentos, por mencionar algunas de sus necesidades, por lo que las mamás muchas veces se encuentran en la disyuntiva de salir a trabajar para sacar adelante a sus hijos o quedarse en casa a brindarles los cuidados que necesitan.

Desafortunadamente es común observar que el cuidado y atención de un hijo o hija con discapacidad en una familia sea únicamente a cargo de la madre. Esto se presenta en una sociedad donde hay un traslado de responsabilidades, que deberían ser de las instituciones públicas, a las familias, particularmente a las madres.

La Ley de Asistencia Social señala en su artículo 4, que tienen derecho a la asistencia social todas las personas que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Debemos garantizar una asistencia social a las madres con hijos con discapacidad, que les permita tener la tranquilidad y sobre todo, la seguridad de que sus hijos tendrán una mejor calidad de vida con el apoyo que les brinde el gobierno.

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación “El peso de lo que significa tener un hijo o hija con discapacidad en el hogar hace que las familias se desintegren y haya más divorcios que en familias con hijos sin este problema, lo cual aumenta de manera doble la responsabilidad para las madres, quienes deben de hacerse cargo no sólo del hijo con discapacidad, sino de la familia entera”

El Inegi señala que existen 5 millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país, eso representa el 5.1% de la población en México. Creo que esta cifra se queda corta con la realidad, ya que yo siendo madre de una niña con discapacidad, nunca he sido censada, por lo que mi hija no forma parte de esa estadística y estoy segura, que muchas personas más tampoco.

Las mujeres que tenemos la dicha de ser madres, nos hemos enfrentado a diversos retos y pruebas que la vida nos presenta; tener un hijo con discapacidad es una prueba muy grande, no es fácil, pero nuestro amor y cariño por nuestros hijos, es inmenso e inigualable, ellos nos hacen ser valientes para enfrentar a la vida.

Una madre es símbolo de valentía, lucha y esfuerzo, sus ganas de sacar adelante a sus hijos va mas allá de lo imaginable, por eso no podemos abandonarlas, no podemos abandonar a sus hijos con discapacidad.

Con la siguiente iniciativa garantizamos que las madres con hijos discapacitados a través de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado, reciban apoyos y servicios de previsión, prevención, protección y rehabilitación de calidad por parte de personal profesional y calificado que señale la Ley General de Salud en materia de asistencia social.

En este sentido, considero necesario y justo el objetivo de la iniciativa que presento, toda vez que busca beneficiar a las madres solas o solteras que no cuentan con ningún apoyo para atender y cuidar a sus hijas o hijos con alguna discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. ...

a) a m)...

....

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad con o sin alguna discapacidad;

b) a c)...

III a IV...

V...

a) a c)...

VI a XII...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Kathia María Bolio Pinelo,Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ángel García Yáñez, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Carmen Victoria Campa Almaral, César Augusto Rendón García, Claudia Sánchez Juárez, Daniela De los Santos Torres, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloísa Chavarrías Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Pérez Rodríguez, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Guadalupe González Suástegui, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge López Martín, Karina Padilla Ávila, Karla Karina Osuna Carranco, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luis De León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Pinelo, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eugenia Ocampo Bedolla, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Patricia García García, Pedro Garza Treviño, René Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Santiago Taboada Cortina, Soralla Bañuelos de la Torre, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bolio. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Tiene ahora la...

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Soralla Bañuelos, por favor.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (desde la curul): Para felicitar a mi compañera, la diputada Bolio por excelente iniciativa, y solicitarle su anuencia para podernos sumar a ella.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Diputada Bolio?

La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación, diputada, para que así pueda suceder y está, desde luego a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY DE FEDERAL DEL TRABAJO; LEY DE ASISTENCIA SOCIAL; LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL; LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Está tan largo el título que dio tiempo para que ya prácticamente llegara acá a la tribuna.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias de los partidos aquí presentes, debido a la acelerada tendencia decreciente de la lactancia materna observada en la última década en el país, se ha realizado a la fecha tres foros nacionales de lactancia materna: el primero en el año 2013, el segundo en el 2014, el tercero en el 2015. Este año seguramente se convocará al cuarto Foro Nacional de Lactancia Materna en el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2016, anunciado por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, es la lactancia materna una clave para el desarrollo sostenible.

Particularmente sobre este tema y en atención a la problemática de la acelerada tendencia decreciente de la lactancia materna en el país el 17 de febrero de este año la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados realizó el Foro Lactancia Materna: su fomento y su promoción.

El propósito de la presente iniciativa es sumarse totalmente al movimiento legislativo iniciado en el 2013 y que retoma la Comisión de Salud con la celebración del foro antes mencionado. Tiene por objeto el fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna exclusiva. Se trata de incidir en el diseño de un marco legislativo que no solo procure la práctica general de la lactancia materna, sino que se oriente de ser posible a impulsarla en todos los sectores sociales de la población.

Armonizar la legislación de un cuerpo legislativo que está en constante movimiento con reformas y adiciones frecuentes es una condición necesaria y suficiente para la implementación de la política pública, para el fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna exclusiva y que sea eficaz y contundente.

La iniciativa se orienta a complementar la acción legislativa ya establecida en la Ley General de Salud, en relación a la lactancia materna en la legislación laboral, especificando la obligación de los centros de trabajo, ya sea públicos, privados o del sector social, se establece los lactarios para el pleno ejercicio de los derechos constitucionales materno infantil.

La fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, recientemente reformada, establece acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzando el segundo año de vida, y en su caso la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil, además de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

Por ello, con el propósito de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo en todo el país, esta iniciativa se propone reformar la fracción XXVII del artículo 132, la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional; la fracción III del artículo 94 de la Ley del Seguro Social, la fracción III del artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Fundamentalmente se introducen en todos estos ordenamientos la reforma que consiste en que el periodo de lactancia se asegure que los centros de trabajo cuenten con los lactarios como lugares privados, dignos e higiénicos destinados al ejercicio pleno del derecho infantil a la lactancia materna, o para realizar la extracción manual de leche, de conformidad con la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud.

Los lactarios son ambiente donde las madres pueden amamantar o extraer su leche materna y conservarla adecuadamente para que, con posterioridad sea aprovechada por sus hijos o hijas. El uso del servicio de lactarios es particularmente importante porque permite ejercer el derecho y responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito laboral en condiciones de calidad y calidez para las usuarias.

Cualquier madre que tenga una hija o hijo lactante, sin importar el régimen laboral, que ponga estado civil o edad, tiene derecho a usar el servicio de un lactario en su centro de trabajo.

En particular destaca la reforma a la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, para que el apoyo a mujeres en periodo de gestación y lactancia se presente especial atención a las mujeres indígenas, formando la lactancia materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementarios hasta el segundo año de edad del infante.

Proteger, promover y apoyar la lactancia materna es una meta esencial para salvar vidas, es un triunfo para todas las vidas. Triunfemos juntos, compañeros diputados, madres y niños mexicanos, todos juntos y muy unidos.

Debemos lograr que todos los trabajadores y trabajadoras tengan derecho ante la ley, digamos, a tener en cada centro donde ellos trabajan, los centros de lactancia infantil. Por eso les pido a todos, compañeros, que esta iniciativa la apoyemos, porque es para bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los niños mexicanos que vienen enseguida.

Nosotros somos ya gente ya madura que vamos de paso, pero queremos dejar huella en este Congreso de la Unión, en aprobar ahora sí las iniciativas que ayuden a los trabajadores en cada uno de sus centros de trabajo, a las madres, tanto solteras como madres, digamos también que hay madres que tienen hijos y están trabajando, que tengan, que cuenten con estos lactarios en cada uno de los centros de trabajo.

Por eso, el Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, les pide a todos ustedes, compañeros, que nos ayuden a que esta iniciativa sea aprobada para ayudar a todos los trabajadores de nuestro país en cada uno de los centros y las trabajadoras, las madres que trabajan tengan toda la atención que se merecen los trabajadores.

Gracias, compañeros diputados, diputadas y ayúdennos a llevar adelante esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo; de Asistencia Social; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; del Seguro Social; y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Eva Florinda Cruz Molina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley de Asistencia Social; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna, procurando la eficacia y contundencia de la política pública que instrumenta el Estado, con especial énfasis a los sectores de la población más vulnerables como son los pueblos y comunidades indígenas.

Un antecedente legislativo inmediato, con el propósito de facilitar la lactancia materna lo constituye la iniciativa que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presentada a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados suscrita el 1 de febrero de 2016.

En el Senado de la República, se registra como antecedente reciente, la iniciativa presentada el 22 de septiembre de 2015 suscrita por las senadoras Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Pero el primer antecedente legislativo para fortalecer la práctica de la lactancia materna se presentó con fecha 18 de septiembre de 2013, cuando la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sometió al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma los artículos 64 de la Ley General de Salud y 170 de la Ley Federal del Trabajo, proyecto impulsado seguramente por la realización del Primer Foro Nacional de Lactancia Materna, celebrado en el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Nacional de Salud Pública, (INSP), el Senado de la República y Un Kilo de Ayuda.

Con la finalidad de promover la lactancia materna en México, debido a las tendencias decrecientes de esta lactancia observadas en la última década en el país, se han realizado a la fecha tres foros nacionales de lactancia materna: el primero en el año de 2013, el segundo en 2014 y el tercero en 2015. Este año, seguramente se convocará al cuarto Foro Nacional de Lactancia Materna. El lema de la Semana Mundial de Lactancia Materna (SMLM) 2016 anunciado por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés), es: “Lactancia Materna: Una clave para el desarrollo sostenible”.

El doctor Omer-Salim codirector ejecutivo de WABA, expresa que “en términos muy simples, el desarrollo sostenible significa el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La lactancia materna es una clave para el desarrollo sostenible. Esto es particularmente a través de los vínculos entre la lactancia materna y la nutrición y la seguridad alimentaria; la salud, el desarrollo y la supervivencia; logro potencial educativo completo y la productividad económica y el hecho de que la lactancia materna es un método ambientalmente sostenible de la alimentación en comparación con las alternativas.

En México, tres foros nacionales de lactancia materna celebrados y 6 iniciativas legislativas de reformas a diversas legislaciones presentadas a la cámara de diputados y otras tantas en la Cámara de Senadores, no han podido conmover al conjunto del poder legislativo constituido por sus dos cámaras, para entregar mejores cuentas a este movimiento mundial pro lactancia materna para atender positivamente las iniciativas que en la materia se han generado y presentado desde 2013; ello a pesar, de que en nuestro país, la tendencia decreciente de la lactancia materna a colocado a México en los lugares más críticos de la escala de valoración.

En total, en la Cámara de Diputados se han presentado seis iniciativas con el mismo propósito desde el año 2013, año del primer Foro Nacional de Lactancia Materna. Tres se han retirado por sus promoventes, una no se dictaminó por preclusión del término de dictaminación, otra, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen, y, la más reciente, de fecha 1 de febrero de 2016, está a disposición de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con igual propósito.

Los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Nueva Alianza, del Partido de la Revolución Democrática, se han comprometido cada uno por su cuenta, con el movimiento mundial de fortalecimiento a la práctica de la lactancia materna, pero sobre todo con México, al promover iniciativas legislativas con reformas que la propicien a través de sus diputadas y diputados iniciantes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, han sido las legislaciones identificadas por las y los iniciantes de estos grupos parlamentarios, para ser objeto de reforma para tan noble y trascendental propósito.

Más específicamente, los artículos 64 de la Ley General de Salud; 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo; 28, 39 y 94 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional; 94 y 101 de la Ley del Seguro Social, coincidentemente, son los artículos objeto de proyectos de reforma por las diputadas y diputados promoventes para fortalecer la práctica de la lactancia materna en nuestro país.

También existe entre las y los diputados iniciantes, unanimidad en la exposición de los objetivos y razones que motivan sus pretensiones de reforma legislativa:

1. La lactancia materna exclusiva en nuestro país está desde el 2006 por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS);

2. Esta misma lactancia disminuye aceleradamente con el aumento de la edad del niño a partir del nacimiento;

3. Entre los años 2006 y 2012, se ha observado que en menores de seis meses de edad, el descenso ha sido impresionante.

4. En los sectores más vulnerables: en la región sur del país, la lactancia materna exclusiva se redujo de 28.5% a 15.5%;

5. En el medio rural la lactancia materna exclusiva pasó de 36.9% a 18.5% y aún en la población indígena que se supone se practica culturalmente, pasó de 34.5% a 27.5%.

6. Los porcentajes anteriores pueden variar, pero lo importante es que ilustran que en general, las poblaciones más vulnerables y en mayor pobreza están abandonando más aceleradamente las buenas prácticas de lactancia en el país, donde los niños menores de cinco años tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de cumplir cinco años, que los de familias de otros sectores poblacionales más afortunados.

7. Que las prácticas inadecuadas de lactancia le cuestan al país según algunas estimaciones, entre 745 mil millones de dólares y 2 mil416 millones de dólares, esto es, unos 13 mil 410 millones y 43 mil 488 millones de pesos al tipo de cambio de 18 pesos por dólar al día 8 de marzo de 2016 aproximadamente.

Es también abundante y coincidente en estas iniciativas de reforma legislativa examinadas, la reseña de los beneficios de esta práctica de lactancia materna exclusiva, de los cuales se destacan los más generales y significativos:

a) La lactancia materna puede salvar millones de vidas de niños y evitar el padecimiento de distintas enfermedades consideradas graves. Es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé.

b) La conclusión general es que las niñas y los niños deben recibir leche materna en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria, esto es, que constituya parte importante de su alimentación hasta los dos años.

En cuanto a las reformas contenidas en esta iniciativa se parte del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres lactantes que establecen la fracción V del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, que en el periodo de lactancia, las mujeres, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.

El ejercicio de este derecho tan breve y sencillamente formulado y contenido al final del párrafo que enumera otros derechos de las madres, implica aunque no necesariamente, alimentar a los hijos mediante la práctica de lactancia materna. La práctica enfrenta dificultades enormes.

Primero. Supone que el bebé o la menor, que come en promedio cada tres horas, resuelva su alimentación en media hora y aunque, en una jornada de 8 horas de trabajo, caben perfectamente los dos descansos extraordinarios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace falta que el bebé o la menor, estén disponibles en los mismos centros de trabajo o en una guardería del centro laboral, suficientemente cercana al lugar que no consuma en traslados de ida y regreso, la mayor parte de la media hora concedida

Segundo. Para que el ejercicio de este derecho se ejerza en condiciones de dignidad, hace falta que en los centros de trabajo se establezcan y destinen lugares privados, con instalaciones apropiadas e higiénicas para la realización de esta práctica.

No hace falta presionar mucho la imaginación para la exploración de la realidad de las condiciones materiales que rodean el ejercicio de este derecho, para comprobar que la práctica enfrenta dificultades enormes.

Hasta ahora, la tendencia de las resoluciones legislativas de reforma en relación a la lactancia materna, se han orientado a dotar a la legislación en materia de organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, de facultades para que las autoridades sanitarias competentes, realicen acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.

No es suficiente, es preciso legislar para que las acciones de capacitación, fomento e incentivo para la lactancia materna y amamantamiento que realiza el sector salud, se encuentren con la obligación complementaria de los centros de trabajo para que faciliten esta práctica que tan simplemente formulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enfrenta a condiciones materiales para el ejercicio de este derecho tan diferentes a las requeridas, que estas actúan en sentido opuesto a tal grado que hasta pueden anularlo.

El establecimiento de la donación de leche materna y la existencia de bancos de leche materna y la imposibilidad de amamantar a los hijos en los centros de trabajo, puede dar lugar a la alternativa de la extracción manual de leche materna y su donación en favor de los bancos, aunque esta opción no restablece la pérdida del derecho constitucional del infante de ser amamantado en el horario concedido por el mandato constitucional cuando las condiciones materiales no existen.

Estas condiciones deben ser establecidas a plenitud por los centros de trabajo, porque son determinantes para la plena satisfacción de los derechos concedidos por la Constitución a madres e infantes en periodo de lactancia. Existe la disposición normativa histórica, de que los lugares destinados al amamantamiento en los centros de trabajo, sean adecuados e higiénicos, pero la ambigüedad que caracteriza a la palabra adecuado, debe precisarse sustituyéndolo por la condición de que los lugares sean privados y también que lo sean dignos respecto a sus instalaciones, en el sentido de que sean apropiadamente diseñados para este propósito y más precisamente es pertinente referenciar esta obligación a la Ley General de Salud, para que se ajusten a lo que esta legislación define como lactarios.

Los lactarios son ambientes donde las madres pueden extraer su leche materna y conservarla adecuadamente para que con posterioridad su hijo/a pueda ser amamantado/a. El uso del servicio del lactario es particularmente importante porque permite ejercer el derecho y responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito laboral, en condiciones de calidad y calidez para las usuarias. Cualquier madre que tenga un hijo o hija lactante, sin importar el régimen laboral que tenga, estado civil o edad, tiene derecho a usar el servicio de lactario (UNICEF).

La fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, prevé en reciente reforma, el impulso de la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado, sin excepción alguna; pero la obligación de instalarlos no existe en las legislaciones donde debe existir como mandato legal, tampoco la obligación de que estos lugares se ajusten al diseño, normatividad y vigilancia establecida por la Ley General de Salud.

Aún más reciente es la reforma alArtículo 64, al que se le ha adicionado a la fracción II Bis, que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales; por lo que es necesario especificar que en los lugares de amamantamiento infantil de los centros de trabajo, se practique la extracción manual de leche materna como alternativa opcional de los derechos maternos.

Armonizar la legislación de un cuerpo legislativo que está en constante movimiento con reformas y adiciones frecuentes, es una condición necesaria y suficiente para que la implementación de la política pública para el fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna exclusiva sea eficaz y contundente. La iniciativa se orienta a complementar la acción legislativa necesaria en relación a la lactancia materna, en la legislación laboral, especificando la obligación de estos centros laborales sean públicos, privados o del sector social, de establecer lactarios para el pleno ejercicio de los derechos constitucionales materno-infantiles, particularmente de lactancia materna.

Este es el propósito de la presente iniciativa y de esta manera, nos sumamos totalmente al movimiento legislativo iniciado en el 2013 que tiene por objeto el fortalecimiento de la práctica de la lactancia materna exclusiva, e invitamos a todos los legisladores de la LXIII Legislatura y en particular a las mujeres, a que de una vez por todas, honremos la histórica elevada proporción de las mujeres en la Cámara de Diputados, acordando incidir en el diseño de un marco legislativo que no sólo procure la practica general de la lactancia materna, sino que se oriente de ser posible a impulsarla en los sectores de población más vulnerables, como lo son nuestras comunidades y pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de:

Decreto

Se reforman la fracción XXVII del artículo 132 y se reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo; se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social; se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; se reforma la fracción III del artículo 94 de la Ley del Seguro Social; se reforma la fracción III del artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Primero.Se reforma la fracción XXVII del artículo 132 y se reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXVI...

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establece la Constitución ysus reglamentos , y en el periodo de lactancia, asegurar que los centros de trabajo cuenten con lactarios como lugares privados, dignos e higiénicos destinados al ejercicio pleno del derecho infantil a la lactancia materna o para realizar la extracción manual de leche de conformidad con la fracción II del artículo 64, de la Ley General de Salud.

XXVII Bis. a XXVIII...

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a III...

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, o para realizar la extracción manual de leche en lactarios, lugar privado, digno e higiénico que destine la empresa de conformidad con la fracción II del Artículo 64, de la Ley General de Salud, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

V. a VII...

Segundo.Se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 12.Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. a IX...

X. El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes, mujeres indígenas y mujeresen situación de vulnerabilidad , fomentando la lactancia materna como alimento exclusivo durante los primeros seis meses y complementario hasta el segundo año de edad del infante;

XI. a XIV...

Tercero. Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en lactarios, lugar privado, digno e higiénico que destine la institución o dependencia de conformidad con la fracción II del Artículo 64, de la Ley General de Salud, y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

Cuarto. Se reforma la fracción III del artículo 94 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las prestaciones siguientes:

I. a II...

III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche en lactarios, lugar privado, digno e higiénico que destine la institución o dependencia de conformidad con la fracción II del Artículo 64, de la Ley General de Salud, y

IV...

Quinto. Se reforma la fracción III del artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:

I. a II...

III. Durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche en lactarios, lugar privado, digno e higiénico que destine la institución o dependencia de conformidad con la fracción II del Artículo 64, de la Ley General de Salud, y

IV...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las empresas, instituciones y dependencias públicas, privadas y del sector social, deberán realizar las adecuaciones pertinentes en sus centros de trabajo, para dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.— Diputadas y diputados: Eva Florinda Cruz Molina,Ana Leticia Carrera Hernández, Daniel De los Santos Torres, Erik Juárez Blanquet, Evelyn Parra Álvarez, Gabriel Casillas Zanatta, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Karen Orney Ramírez Peralta, Kathia María Bolio Pinelo, Lilia Arminda García Escobar, Lluvia Flores Sonduk, María Concepción Valdés Ramírez, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cruz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Lizárraga, por favor.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Sí, por favor, para pedirle a la diputada y compañera de la Comisión de Salud, Eva Florinda, si me permite suscribir su iniciativa. Tiene mucha razón, la lactancia materna es la primera acción preventiva y debemos incentivar y facilitar a las madres trabajadoras que lo logren hacer seis meses, por lo menos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Lizárraga. Diputada Cruz, ya deje de agitar, le estoy preguntando si acepta que la diputada Lizárraga suscriba. Manifiesta que adelante, que con mucho gusto. Gracias. Y también ahí diputadas de este sector del PRD también. Entonces, está a disposición de quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Saludamos la presencia de alumnos de licenciatura en derecho de la Universidad Montrer, de Los Reyes, Michoacán, invitados por los diputados Omar Noé Bernardino y José Guadalupe Hernández Alcalá. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.

Igualmente saludamos la presencia de alumnos y maestros de la Universidad Westhill, de Cuajimalpa, Ciudad de México, invitados por la diputada María Elena Orantes López.

Y también la presencia de alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 79 de Texcoco, del estado de México, invitados por la diputada Delfina Gómez Álvarez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO Y REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano y reforma el artículo 2 A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Adelante, diputada.

La diputada Sofía González Torres:Con el permiso de la Presidencia. La Ciudad de México y el resto del área metropolitana ha sufrido en los últimos días niveles de muy, muy altos de contaminación.

La mala calidad del aire trae consigo enfermedades cardiovasculares, infecciones respiratorias e incluso algunos tipos de cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud en México se producen aproximadamente 9 mil 300 muertes al año por causas asociadas a la contaminación del aire.

No podemos permitir que la amenaza de la evolución continúe esparciéndose a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional. Para lograr esto todos tenemos que aportar para evitar que se repliquen los eventos tan alarmantes, como las contingencias ambientales que hoy estamos registrando en el valle de México.

En el Partido Verde estamos trabajando en diversos frentes. La semana pasada presentamos la iniciativa de condonación de pago del ISAN para autos amigables con el medio ambiente.

Además, en 2013, como parte de un frente preventivo, presentamos en el Senado el dictamen de Ley de Calidad del Aire, la cual estamos comprometidos a aprobar en esta Cámara. Pero todavía queda un largo camino por recorrer y sabemos que cada acción nos acerca cada vez más a la sociedad verde que todos y cada uno de nosotros estamos buscando.

Para lograrlo, en nuestro partido estamos afinando varias propuestas a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo buscaremos el rediseño de calles y avenidas para eliminar topes innecesarios. La evaluación de límites de velocidad y la eliminación de cuellos de botella que provocan el aumento de emisión de gases contaminantes. La modernización de normas que regulan los basureros para convertirlos en productores de gases de energía verde.

Crear las condiciones necesarias para que se utilice gas natural en lugar de utilizarse gas LP, y esto apoyará, además de al medio ambiente, a las economías de cada uno de los mexicanos.

Asimismo, en el mediano y largo plazo impulsaremos la construcción de presas de gaviones para recargar los mantos acuíferos, la renovación de transporte público, considerando el uso de motores eléctricos y diésel, así como la expansión de las líneas del Sistema Colectivo Metro y de trenes rápidos.

Dentro del marco de estas acciones el día de hoy estamos presentando la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano. En ella se propone la integración de un fondo nacional operado por Banobras, que otorgará apoyos económicos a los proyectos de transporte que sean más amigables con el medio ambiente.

Se establece un mecanismo de coordinación y cooperación entre todos los niveles de gobierno, a fin de lograr la armonización de la normatividad local en beneficio del sistema de transporte eficiente que fortalezca la movilidad como un derecho de todos y eleve la calidad de vida de la población.

Al respecto, los municipios que obtengan recursos del fondo tendrán que adherirse a las regulaciones que proponga la federación con base a esta ley.

Las regulaciones buscarán modernizar el transporte público masivo y no masivo, promover la adopción de vehículos con mayor eficiencia energética. Dotar las ciudades de una infraestructura adecuada para la circulación de las unidades eléctricas y reconocer y proteger a los usuarios vulnerables de la vía pública. Estos son los ciclistas y motociclistas, que son ciudadanos que se trasladan en medios mucho menos o casi no contaminantes.

En cuanto a su composición, el Fondo Nacional recibirá recursos que resulten de reorientar cinco centavos por cada litro de gasolina de la recaudación por IEPS. Asimismo, podrá complementarse con otros recursos privados y no recuperables para destino general o fortalecimiento de proyectos sustentables.

Esta iniciativa no propone crear más impuestos ni tampoco propone aumentarlos. Lo que sí busca es mejorar la calidad de vida urbana con proyectos que mejoren la infraestructura, disminuyan los tiempos de traslado y permitan la fluidez del tráfico ciudadano con los transportes que generan menos emisiones contaminantes.

Compañeros legisladores, la lucha contra el cambio climático va mucho más allá de fines partidistas. Todos debemos trabajar de manera conjunta para mitigar y revertir los efectos negativos de este.

Los costos derivados de un transporte ineficiente y contaminante son altamente elevados. Miles de millones de pesos se pierden anualmente por las mermas a la productividad de las personas, así como hospitalizaciones, muertes prematuras y consultas médicas.

Por lo anterior, los invito a aprobar esta iniciativa, compatible con los proyectos nacionales de eficiencia energética, descarbonización de la economía, combate al cambio climático, y lo más importante: compatible para la salud y la movilidad de cada uno de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, y reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Sofía González Torres y diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano; y se adiciona una fracción IV al artículo 2o.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país experimentó un proceso intenso de urbanización durante el S.XX y los primeros años del XXI. De acuerdo con el Catálogo del Sistema Urbano Nacional de 2012, México contaba en 1900 con únicamente 33 ciudades de más de 15 mil habitantes. En ellas residían 1.4 millones de personas, es decir, 10.4 por ciento del total poblacional. En contraste, en 2005 existían 358 ciudades con 65.6 millones de personas, esto es, 70 por ciento. Así nuestra nación ha adquirido un perfil predominantemente urbano.

Dicha dinámica poblacional ha ejercido una presión constante sobre la calidad del aire. Tan sólo entre 2010 y 2013, se estima que la contaminación de éste generó costos aproximados de 14 mil millones de pesos, de los cuales, 11 mil 500 están asociados a pérdidas de productividad en la economía y 2 mil 500 a gastos en salud por muertes prematuras y hospitalizaciones para atender diversos problemas respiratorios y cardiovasculares de los residentes de las zonas urbanas.

Uno de los factores más evidentes de contaminación ha sido el crecimiento excesivo del parque vehicular. Actualmente, se venden más de 1 millón de vehículos nuevos por año. A éstos, hay que sumar los coches usados que ingresan, con la finalidad de regularizarse en territorio nacional. Tan sólo entre 2005 y 2012, se sabe que entraron más de 8.5 millones de unidades, provenientes en su mayoría de Estados Unidos y Canadá.

El uso indiscriminado del automóvil particular ha sido alentado por la ausencia de políticas integrales de transporte y movilidad urbana. Las contingencias ambientales que se vivieron recientemente en la Ciudad de México o el progresivo empeoramiento de la calidad del aire en ciudades como Mexicali, Cuernavaca, Monterrey o Tijuana, entre otras, que registran tasas elevadas de hospitalizaciones y consultas médicas atribuibles a la contaminación, son señales claras de que algo se está haciendo mal.

Hoy, más que nunca, resulta primordial que la población tenga acceso a sistemas de transporte eficientes y a una infraestructura urbana acorde ellos que, por una parte, haga realidad el derecho de la movilidad para todos y, por otra, contribuya a la descarbonización de la economía y al cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de cambio climático.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone expedir la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, a fin de incrementar las inversiones en transporte sustentable con la colaboración de los tres ámbitos de gobierno.

Su principal instrumento financiero será un fideicomiso, denominado Fondo Nacional de Inversiones para Transporte Urbano y Suburbano, operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, SNC. Dicho Fondo brindará apoyos no recuperables para la ejecución de proyectos amigables con el medio ambiente, que las entidades federativas y los municipios propondrán a una Comisión Nacional de Transporte Sustentable, en los rubros de construcción, ampliación, modificación, mantenimiento mayor y equipamiento de los sistemas de transporte masivo urbano y suburbano, renovación del transporte no masivo, así como la puesta en marcha de ciclo vías y vías compartidas o, en su caso, exclusivas para motocicletas.

Este último rubro constituye una innovación para México. En el mundo existe una tendencia al uso de la motocicleta como una alternativa de transporte, ya que es una opción más barata, en relación al carro, amigable con el medio ambiente y con gran potencial para conectar eficientemente zonas conurbadas y centros históricos o polos laborales. Por sus características físicas, la motocicleta permite a los ciudadanos llegar en menor tiempo a sus destinos, impactando favorablemente la productividad y liberando tiempo para su esparcimiento y descanso. En este sentido, el Fondo podrá apoyar inversiones que promuevan la adecuación de vialidades para la circulación de motocicletas, así como la adquisición de equipos de conexión y recarga para medios de transporte eléctricos, que las incluyen.

Cabe destacar que los proyectos que podrán recibir recursos del Fondo sólo serán apoyados en su fase de ejecución y que todos serán fiscalizados, mediante auditoría externa, anualmente y en el momento de su conclusión. Al respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión tendrá la obligación de comunicar los resultados de tales ejercicios a la Auditoría Superior de la Federación.

Debe enfatizarse también, que los apoyos están previstos únicamente para inversión, sin que puedan destinarse a cubrir gastos de operación de los proyectos, adquisión de inmuebles y derechos de vías necesarios para los mismos o adeudos de los gobiernos estatales o municipales.

La constitución del Fondo se prevé sin la creación de nuevos impuestos. La propuesta consiste en obtener recursos públicos a través de la reorientación de 5 centavos por cada litro vendido de gasolinas, Magna y Premium, en territorio nacional, para impulsar proyectos de transporte urbano y suburbano con alto impacto ambiental, en beneficio de la salud y calidad de vida de los ciudadanos.

De esta manera, en el artículo segundo del proyecto de decreto, se adiciona una fracción IV al artículo 2o.A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que es discutida anualmente por el Congreso de la Unión, dentro del marco de la aprobación de la Ley de Ingresos. Cabe señalar que el Fondo podrá recibir otras aportaciones específicas que señale el Presupuesto Federal, además de aquellas provenientes de personas e instituciones privadas para destino específico.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa que se somete a consideración es que proporciona una alternativa para agilizar la adopción, en todos los municipios del país, de regulaciones modernas, que transformen los sistemas de transporte, en beneficio de la movilidad, la salud de las personas y la eficiencia energética.

De manera concreta, la Comisión de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, a través de su secretaría técnica, tendrá la obligación de diseñar Regulaciones, que versarán sobre las atribuciones en materia de transporte conferidas a los municipios, así como las no reservadas para el gobierno federal. Los municipios podrán suscribirlas por adhesión, a fin de obtener los apoyos del Fondo. Con este mecanismo, se pretende destrabar proyectos sustentables, que hoy no pueden realizarse por la existencia de normas y reglamentos locales obsoletos, pero que no pueden esperar más.

En este punto, y en aras de fortalecer la rendición de cuentas, la iniciativa señala que en un plazo no mayor a 1 año de la entrada en vigor de la Ley, la Comisión deberá presentar al Congreso un estudio con las características y resultados alcanzables de las regulaciones por adhesión, en todo el país, así como el avance de su formulación y suscripción. Asimismo, se establece que las Regulaciones por Adhesión deberán someterse a revisión cada cinco años, con lo cual no sólo se garantiza un proceso normativo eficaz, sino flexible, abierto a mejoras.

Por lo anterior y con base en el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación (fracción XVII) y para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios (fracción XXIII), se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, para quedar como sigue:

Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano

Artículo 1o. La presente ley es de interés público y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto fomentar el transporte sustentable urbano y suburbano público, complementarlo con otros medios de transporte amigables con el medio ambiente y determinar el mecanismo de coordinación entre Federación, entidades federativas y municipios que permita cumplir con dicho propósito; asimismo, establecer y prever regulaciones federales sobre dicho transporte, incluyendo los energéticos que utiliza, así como definir el marco de concertación de regulaciones de entidades federativas y municipios sobre la misma actividad.

Artículo 3o. Las acciones y regulaciones previstas en esta Ley tendrán como objetivos específicos:

a) Mejorar la calidad de vida urbana y proteger la salud de la población;

b) Asegurar la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública;

c) Procurar mayor eficiencia energética del transporte;

d) Lograr el desarrollo y la mejora del transporte masivo urbano y suburbano, lo que incluye reducir los tiempos de traslado, el costo de los servicios de transporte, sustituir viajes de transporte individual, disminuir el congestionamiento del tráfico y, con ello, la contaminación ambiental;

e) Utilizar transportes y combustibles menos contaminantes por sus emisiones de gases con efecto invernadero, privilegiando el mantenimiento o renovación del parque vehicular con la inclusión de tecnologías cero emisiones y una mayor utilización de bicicletas y motocicletas y;

f) Ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades, para propiciar el desarrollo de transporte masivo, mejorar la fluidez del transporte en general, y complementar el transporte público con otros medios de transporte amigables con el medio ambiente.

Artículo 4o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales.

II. Comisión: Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano;

III. Fondo Nacional: Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano;

IV. Motocicleta: Vehículo automotor que utiliza manubrio para su conducción con dos o más ruedas, utilizado para el transporte de hasta tres personas o cargas de hasta 700 kilogramos (kg) y está equipado con motor a partir de 49 centímetros cúbicos (cm3) de desplazamiento y combustión interna de dos o cuatro tiempos, o motor eléctrico, y cumpla con las normas oficiales mexicanas de la Semarnat en materia de contaminación auditiva y emisión de gases.

V. Programa Nacional: Programa Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano;

VI. Regulaciones por Adhesión: las emitidas por las entidades federativas y los municipios, a propuesta de la Comisión y registradas por la Secretaría Técnica, y

VII. Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión para apoyar sus tareas.

VIII .Usuario vulnerable de la vía pública: los peatones, ciclistas y motociclistas, los cuales carecen de una estructura física que los proteja ante hechos de tránsito, y cuya circulación se encuentra expuesta a sufrir lesiones graves o perder la vida en caso de accidentes de tránsito.

Capítulo Segundo De la Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano

Artículo 5o. La Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano es una instancia de coordinación de acciones entre Federación, entidades federativas y municipios. Para su operación, contará con un órgano de apoyo denominado Secretaría Técnica.

Artículo 6o. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar el Programa Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, así como las revisiones y actualizaciones del mismo en forma bianual;

II. Aprobarlos montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios;

III. Aprobar la aplicación de recursos del Fondo Nacional para apoyar los proyectos de inversión de las entidades federativas y los municipios;

IV. Aprobar los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Verificar y aprobar los criterios y requisitos para obtener el registro en el padrón de auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley;

VI. Recibir yaprobar las propuestas de regulación que se sometan a las entidades federativas y a los municipios para ser suscritos por adhesión;

VII. Analizar y determinar la viabilidad del programa anual de trabajo, los estudios sobre transporte urbano y suburbano, y los informes de actividades trimestrales de la Secretaría Técnica;

VIII. Coordinarse con el Secretario Técnico para elaborar, evaluar o modificar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión;

IX. Las demás que establezcan ésta y otras leyes.

Artículo 7o. La Comisión se integrará por once delegados regionales. Dichos delegados corresponderán a las siguientes regiones o grupos de entidades federativas:

Región 1: Baja California, Baja California Sur y Sonora;

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa;

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango;

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas;

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz;

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán;

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala;

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco;

Región 10: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y

Región 11: Ciudad de México y Estado de México.

Artículo 8o. Los delegados regionales durarán en su encargo dos años y serán designados en forma rotatoria por los gobiernos de las entidades federativas de cada región. El orden de designación será el determinado por insaculación inicial.

A las sesiones de la Comisión podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con voz pero sin voto.

Las sesiones de la Comisión serán presididas y convocadas por un delegado regional. Dicho encargo corresponderá anualmente al delegado de cada una de las regiones, alternadamente y en forma rotatoria. Al igual que en el caso anterior, el orden será determinado por insaculación inicial.

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de la Comisión.

Artículo 9o. La Comisión sesionará 4 veces al año de manera ordinaria, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, además de las sesiones extraordinarias que se requieran en los términos de su reglamento interno.

Artículo 10. La Secretaría Técnica tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar el proyecto de Programa Nacional con base en los objetivos señalados en el artículo 3° de esta Ley y someterlo a la aprobación de la Comisión, así como las revisiones y actualizaciones del mismo que la Comisión instruya;

II. Proponer a la Comisión los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios;

III. Evaluar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios y presentarlos a la Comisión;

IV. Proponer a la Comisión los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Integrar el Registro de Proyectos de Inversión que reciba e informar a la Comisión de los movimientos del mismo;

VI. Solicitar a las entidades federativas y municipios informes sobre el avance financiero y físico de los proyectos de inversión;

VII. Proponer a la Comisión los criterios y requisitos para registrar a los auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley e integrar el registro correspondiente;

VIII. Elaborar las propuestas de Regulación por Adhesión para proponerlas a la Comisión;

IX. Integrar el Registro de las Regulaciones por Adhesión emitidas y la suscripción correspondiente;

X. Realizar directamente estudios sobre el transporte urbano y suburbano o proponer a la Comisión que se contrate la elaboración de estudios con cargo al presupuesto de la misma Secretaría Técnica, y

XI. Las demás que le encomiende la Comisión.

Artículo 11. El titular de la Secretaría Técnica será designado por el Ejecutivo Federal con el carácter de servidor público federal. La duración del encargo será de cuatro años y podrá ser designado por una segunda ocasión en forma consecutiva. La designación será sometida a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación por mayoría absoluta.

Artículo 12. El titular de la Secretaría Técnica de la Comisión será denominado Secretario Técnico y para su designación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional o de posgrado en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, economía, administración pública, contaduría o materias afines al servicio de transporte urbano y suburbano o a la evaluación de proyectos de inversión;

III. Haberse desempeñado, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de Secretario Técnico de la Comisión;

IV. No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno, ni de elección popular, en los tres años anteriores al día de su designación, y

V. No ser accionista, consejero, directivo, asesor, comisario o apoderado de empresas privadas del transporte urbano y suburbano, de la industria fabricante de equipo para ese transporte o de la industria de la construcción en cualquiera de sus modalidades, y al menos contar con dos años de inactividad en cualquiera de las actividades anteriores.

Capítulo Tercero Del Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano

Artículo 13. El Fondo Nacional se constituirá como un fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y podrá tener aportaciones por los siguientes conceptos:

I. El rendimiento de los impuestos a la gasolina que apruebe el Congreso de la Unión para destino general;

II. Otras asignaciones señaladas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para destino general o para destino específico;

III. Otras aportaciones no reintegrables, públicas o privadas, de personas o instituciones nacionales, o de terceros países, para destino general o para destino específico.

Artículo 14. Las aportaciones con destino general podrán distribuirse anualmente entre las entidades federativas y los municipios correspondientes, una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría Técnica, cuyo monto no podrá ser mayor al 1% de estas aportaciones.

Los montos anuales base por Entidad Federativa se calcularán de la siguiente manera:

• 50% con el mismo porcentaje de participación que haya correspondido el año anterior a cada Entidad Federativa en el Fondo General de Participaciones; y

• 50% con base en los criterios de impacto ambiental que proponga la Secretaría Técnica y apruebe la Comisión.

Los saldos de recursos no ejercidos del año anterior se podrán distribuir conforme al mecanismo establecido en el párrafo precedente.

Artículo 15. Las aportaciones con destino específico se distribuirán para apoyar proyectos de inversión individuales o de un género determinado dentro de los previstos en esta Ley.

Artículo 16. Los proyectos de inversión que la Comisión apruebe podrán recibir apoyos financieros del Fondo Nacional no reintegrables destinados a las entidades federativas y los municipios.

Los apoyos serán fiscalizables en los términos de la legislación federal correspondiente y se entregarán en el curso del año, conforme al calendario aprobado como parte del proyecto.

Los proyectos de ejecución multianual especificarán los apoyos requeridos para cada ejercicio.

Los recursos con destino general que correspondan a las Entidades Federativas y sus municipios para apoyar proyectos de inversión se destinarán, en primer término, a cubrir los requerimientos de los proyectos multianuales en ejecución. Del saldo resultante, los apoyos se aplicarán de manera preferente a los proyectos de transporte masivo o aquellos que impliquen menores emisiones de gases con efecto invernadero.

Artículo 17. Los proyectos de inversión que podrán recibir apoyos del Fondo Nacional deberán corresponder a los siguientes géneros:

I. Inversiones para construcción, ampliación, modificación y mantenimiento mayor para sistemas de transporte masivo urbano y suburbano, así como su complementación con otras inversiones que fomenten el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente;

II. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de vialidades que tengan un impacto significativo en la fluidez o reordenamiento del tráfico urbano y suburbano, incluyendo puentes y pasos deprimidos o elevados ,carriles confinados al transporte público y otros medios de transporte amigables con el medio ambiente;

III. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de ciclovías, y vías exclusivas para bicicletas, motocicletas y estacionamientos para estos vehículos;

IV. Inversiones para equipo de transporte masivo, que privilegien tecnologías de cero emisiones, así como los aditamentos necesarios para controlar el tráfico vehicular;

V. Inversiones para adquirir o renovar equipo de transporte público no masivo, a fin de reducir emisiones de efecto invernadero;

VI. Inversión para adquirir equipos de conexión para vehículos y motocicletas eléctricos.

Artículo 18. Los proyectos de inversión podrán beneficiarse de recursos provenientes del Fondo Nacional, para destino general:

a) hasta 80% para las inversiones de las fracciones I, IV y VI;

b) hasta 75% para las inversiones de la fracciones II y III, y

c) hasta 30% para las inversiones de la fracción V.

El complemento de la inversión podrá provenir de apoyos del Fondo Nacional para destino específico, de recursos de las entidades federativas o de los municipios, de inversión privada o de créditos, que en ningún caso serán suscritos para comprometer recursos del Fondo Nacional.

En los proyectos con contenido de inversión privada, las cuotas o tarifas de recuperación se fijarán tomando en cuenta a favor del usuario los apoyos del Fondo Nacional a través de las Entidades Federativas y los municipios. Los criterios de evaluación de dichos proyectos incluirán el análisis y ponderación de las cuotas y tarifas así determinadas.

Artículo 19. Los proyectos de carácter estatal serán los convenidos con los municipios y propuestos a la Comisión directamente por las entidades federativas.

Los proyectos de los municipios se canalizarán a la Comisión a través de las entidades federativas en un plazo no mayor a sesenta días, a partir de su recepción, con su opinión sobre los mismos. Los municipios podrán presentar directamente a la Comisión los proyectos de inversión, si así lo acuerda el gobierno de la entidad federativa, o si éste no lo ha canalizado a la Comisión en el plazo señalado.

Artículo 20. Los proyectos de inversión podrán corresponder a conurbaciones de dos o más municipios, tendrán carácter estatal y serán convenidos con los municipios. En el caso de conurbaciones que involucren a más de una entidad federativa, los proyectos deberán tener una presentación conjunta ante la Comisión, incluyendo la solicitud de apoyo para cada Entidad Federativa dentro del proyecto, así como la legislación aplicable en materia de obras públicas.

Artículo 21. En ningún caso se otorgarán apoyos para sufragar gastos de operación de los proyectos de inversión, o para realizar gastos vinculados a los mismos como estudios de preinversión, elaboración, presentación o promoción de los proyectos, o para cubrir adeudos de proyectos realizados o en proceso de ejecución a cargo de entidades federativas o municipios, o para cubrir indemnizaciones o pagos para adquirir derechos de vía o inmuebles para realizar los proyectos.

Artículo 22. Para la aprobación de apoyos a proyectos de inversión, la Comisión deberá verificar que se cumpla previamente con lo siguiente:

I. Que las entidades Federativas y los municipios hayan emitido y registrado ante la Secretaría Técnica las Regulaciones por Adhesión aprobadas por la Comisión;

II. Que los proyectos de inversión estén previstos en los planes de desarrollo urbano correspondientes, y

III. Que las entidades federativas y los municipios hayan entregado la información sobre la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional.

Artículo 23. Los apoyos para los proyectos de inversión serán transferidos del Fondo Nacional a las entidades federativas o a los municipios ejecutores de los mismos, para destinarlos exclusivamente a dichos proyectos. En el caso de las conurbaciones, los proyectos harán explícito el ejecutor o ejecutores del proyecto y la proporción correspondiente del ejercicio de recursos y su objeto.

La aplicación de recursos por las entidades federativas y los municipios dará preferencia a la participación de empresas nacionales en el desarrollo de los proyectos.

Artículo 24. Los proyectos deberán presentarse conforme a los términos de referencia aprobados por la Comisión.

Los proyectos deberán incluir el costo de auditoría externa anual y de conclusión del mismo. Dicho costo se sufragará con cargo a las transferencias del Fondo Nacional para cada proyecto. La Secretaría Técnica dará cuenta a la Comisión de los informes de auditoría correspondientes y remitirá un ejemplar de dichos informes a la Auditoría Superior de la Federación.

Los auditores externos deberán contratarse entre los inscritos en el padrón correspondiente.

Artículo 25. El comité técnico del Fondo Nacional se integrará con los delegados regionales que formen parte de la Comisión, cuyo presidente de sesiones presidirá también este comité.

A las sesiones del comité técnico podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

El titular de la Secretaría Técnica será el secretario del comité técnico.

Artículo 26. El comité técnico del fideicomiso autorizará las transferencias de recursos de los apoyos aprobados por la Comisión para los proyectos de inversión, así como la organización, las plazas y el presupuesto de la Secretaría Técnica.

Capítulo Cuarto De las Regulaciones al Transporte Urbano y Suburbano

Artículo 27. Las regulaciones previstas en esta Ley no son excluyentes de las emitidas por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 28. Las Regulaciones por Adhesión se circunscribirán a las atribuciones conferidas a los municipios y a las no reservadas al Gobierno Federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las Regulaciones por Adhesión podrán incluir normas generales relacionadas a:

a) El ordenamiento del tráfico urbano y suburbano y el aprovechamiento de las vialidades correspondientes;

b) La circulación de vehículos y motocicletas, así como los requisitos que deben cubrir para circular;

c) La operación del transporte público de pasajeros y las características de dicho transporte;

d) Las especificaciones de los vehículos para uso de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios; y

e) Las medidas que aseguren la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública.

Las normas de las Regulaciones por Adhesión se orientarán a:

a) Agilizar el tráfico y procurar que éste genere la menor proporción posible de gases con efecto invernadero;

b) Inducir la utilización de vehículos con mayor eficiencia energética, incluyendo la verificación de cumplimiento de normas sobre emisiones de gases contaminantes por el transporte, así como medidas que propicien un mayor uso de bicicletas y motocicletas; y

c) El reordenamiento del transporte de carga urbano y suburbano.

Las Regulaciones por Adhesión se revisarán al menos cada cinco años, después de ser aprobadas por la Comisión.

Artículo 29. A fin de reducir la contaminación y la emisión de gases con efecto invernadero del transporte, así como elevar su eficiencia energética, el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias, en el ámbito de sus atribuciones y observando lo prescrito en esta Ley, emitirá normas y disposiciones, o revisará al menos cada cinco años las vigentes, en las siguientes materias:

I. Calidad de los energéticos que consume el transporte, de manera prioritaria para disminuir el contenido de azufre de los mismos;

II. Adquisición de vehículos eléctricos y amigables con el medio ambiente, para uso de la Administración Pública Federal;

III. Importación de vehículos usados, para ser sometidos a verificación de emisiones y eficiencia energética; y

IV. Venta en el país de vehículos nuevos, producidos internamente o de importación, para que cumplan con especificaciones de emisiones y eficiencia energética y éstas no sean menores que las de los mismos modelos en otros países.

Cada una de las normas y disposiciones tendrán plazos determinados para el inicio de aplicación de las mismas.

Transitorios

Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley, La Secretaría de Desarrollo Social convocará a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que designen a los delegados regionales, a fin de proceder a la integración de la Comisión.

Tercero. En un plazo no mayor a sesenta días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo Nacional.

Cuarto. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal designará al titular de la Secretaría Técnica y remitirá la designación al Senado, o en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación.

Quinto. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las dependencias del Ejecutivo Federal que correspondan emitirán o revisarán las normas y disposiciones referidas en el artículo 29 de esta Ley. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión un informe sobre las normas y disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un análisis de las mismas, de su funcionamiento y de los objetivos que pretenden alcanzar.

Sexto. En un plazo no mayor a un año de la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión un estudio de las características y resultados alcanzables de las Regulaciones por Adhesión, así como el avance de su formulación y suscripción.

Séptimo. La Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, enviará al Congreso de la Unión, en el mes de febrero de cada año, un informe de actividades y aplicación de recursos.

Octavo. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, revisará los instrumentos jurídicos y financieros con los que cuenta en materia de infraestructura urbana y suburbana, a efecto de modificar o, en su caso, extinguir aquéllos que dupliquen funciones o fines con el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura Urbana y Suburbana.

Lo anterior deberá realizarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción IV al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 2o.-A. [...]

IV. Del monto total derivado de las gasolinas con una medición menor, mayor o igual a 92 octanos vendidos en la República Mexicana se recaudará la cantidad de 5.00 centavos por cada litro para monetizar al Fondo de Transporte Urbano y Suburbano.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Estimación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Sofía González Torres,Cándido Ochoa Rojas, Daniela De Los Santos Torres, Erick Alejandro Lagos Hernández, Jesús Sesma Suárez, Mota Hernández Adolfo, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transporte y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez:Con su venia, presidente. Estimados diputados y diputadas, esta mañana tengo a bien presentarles la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan las fracciones I y III del apartado B y reforman los párrafos quinto, sexto y noveno, así como el párrafo primero y las fracciones I y III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autodeterminación y autonomía para pueblos y comunidades indígenas.

“El mundo que queremos es uno en donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos”. Así versan las convicciones, luchas y anhelos contenidos en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona hecha pública hace dos décadas.

Esta se ha convertido en una referencia ineludible para empezar a comprender las dimensiones transformadoras, las reivindicaciones enarboladas por el EZLN, presentes también en la agenda de la mayoría de los movimientos y organizaciones en defensa de las culturas indígenas. Un mundo en donde quepan muchos mundos. Es una frase que, lejos de toda valoración poética, subyace una potente ruptura de las concepciones vigentes sobre el Estado y la naturaleza de las naciones.

Se trata de un llamado a cuestionar la añeja creencia de que la construcción de un proyecto nacional requiere necesariamente de la imposición de cierto grado de homogeneidad cultural. Se trata, además, de un emplazamiento a considerar que las naciones pueden ser un espacio de diálogo intercultural entre la soberanía sea enriquecida y no menoscabada por el mosaico de interpretaciones por el derecho, la libertad, el trabajo, la tierra, el mundo, etcétera.

Para asegurar la realización de semejante aspiración, el EZLN propuso un instrumento que, aparentemente novedoso, ha existido por siglos como un rasgo sustantivo de la lucha emprendida por pueblos y comunidades indígenas contra la opresión política y cultural, el derecho a la autonomía y a la autodeterminación.

Si bien la diversidad étnica y cultura que caracteriza a México, expresada en la existencia de 68 pueblos indígenas y más de 200 variantes lingüísticas, puede plantear algunas dificultades en el proceso de consolidación de estos derechos. Lograr la coexistencia de sistemas jurídicos diferentes dentro de un mismo territorio será posible si decidimos llevar a la práctica un paradigma jurídico pluralista.

En este caso, el reto consiste entonces en entablar un diálogo comprensivo entre sistemas jurídicos, alternativos, el sistema jurídico estatal que haga posible la construcción de una auténtica pluralidad jurídica.

Sin embargo, desde la existencia de estudios científicos y marcos jurídicos nacionales e internacionales, incluida la Declaración de Naciones Unidas, que se han pronunciado en favor de la función transformadora y de reparación histórica, sin menoscabo de la soberanía y unidad nacional que emana de las reformas que dotan a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, su reconocimiento e implementación extensiva encuentra aún en muchos estados e instituciones políticas una terca oposición.

Con frecuencia quienes sostienen esta postura, argumentan la amenaza que estos derechos representan a la integridad nacional con peligro de desmembramiento y balcanización, como le han llamado al territorio. Sin embargo, basta estudiar los casos de éxito en otras naciones, o mejor aún, percatarse de los intereses económicos que encubren estas organizaciones para confirmar que las razones auténticas de esta cerrazón tienen que ver más con la obstinación que estos sectores tienen de rehusarse a renunciar a la ocupación y control territorial que poseen sobre zonas ricas en recursos naturales y biodiversidad, cuya propiedad legítima y original corresponde a los pueblos y comunidades indígenas.

Compañeras y compañeros diputados, si no les convence el notable consenso internacional en la materia, si no hace ninguna mella entre ustedes el eco de las demandas indígenas y zapatistas, les pido que sean al menos sensibles a la crisis política, económica y social que enfrentan quizá como nunca antes los más de 15 millones de personas que se identifican como indígenas en México.

Seamos sensibles a los clamores y exigencias de una población que, pese a ser la principal autora de la riquísima diversidad natural y cultural que tanto nos gusta celebrar en este país, enfrenta irónicamente las peores condiciones de pobreza, descarte y marginación.

Entendamos que México necesita de nuevos arreglos institucionales multiculturales que garantice a los pueblos y comunidades indígenas el más pleno goce y ejercicio de su derecho a la autonomía. Estos arreglos deben garantizarles el gozo y ejercicio del derecho de decidir autónomamente la forma y el futuro de su cultura, el derecho de gobernar su diva interna siguiendo las concepciones, valores y principios que a través de los mecanismos e instituciones concretas que resulten de esa libre determinación cultural.

El Grupo Parlamentario de Morena siempre trabajará, parafraseando a Eduardo Galeano, para los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, los que no saben leer o no tienen con qué. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El debate sobre las implicaciones que tiene el ejercicio del derecho a la autonomía por parte de comunidades culturales minoritarias o subordinadas dentro de estados multiculturales es fundamental en una época como ésta, en que la influencia del pensamiento liberacionista, contrahegemónico y periférico, así como la emergencia de importantes movimientos políticos y sociales en defensa del pensamiento y cultura indígena han permitido que en diversas latitudes, pero particularmente en América, numerosas comunidades culturales demandan el reconocimiento de su especificidad y el derecho a conducir su vida interna de acuerdo con sus propias formas de interpretar el mundo.

En México, si bien es cierto que por décadas la autonomía fue un tema soslayado de las reflexiones sobre el proyecto de nación deseable, el debate cobró renovados bríos a partir de 1994, cuando el reclamo de los pueblos indígenas de controlar autónomamente su vida interna comenzó a escucharse con mayor vigor. Gracias a la trascendencia de los postulados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el inicio de las conversaciones que resultarían en los Acuerdos de San Andrés, la autonomía se ha convertido en un reivindicación presente en la agenda de casi todas las organizaciones indígenas en resistencia, así como de las que luchan por el reconocimiento de los derechos indígenas. Con frecuencia, esta exigencia se inscribe en el marco de la necesidad de una reforma de Estado incluyente e integral capaz no sólo de reconocer la validez del derecho indígena, sino de incluirlo efectivamente en la configuración del orden nacional.

Sin embargo, la copiosa diversidad étnica y cultural que caracteriza a México plantea, según algunos académicos, una importante dificultad en el proceso de consolidación del derecho indígena. Después de todo, una práctica que es sancionada en una comunidad indígena puede no serlo en otra. Para el destacado jurista Alberto González Galván, lograr la coexistencia de sistemas jurídicos diferentes dentro de un mismo territorio en sólo posible cuando se lleva a la práctica un paradigma pluralista. En este caso, el reto consiste entonces en entablar un diálogo comprensivo entre sistemas jurídicos alternativos y el sistema jurídico estatal que haga posible la construcción de una auténtica pluralidad jurídica.

La implementación de un paradigma jurídico pluralista implicaría, en primera instancia, la superación de la concepción monista del derecho, a partir de la cual se establece la asociación inexpugnable entre derecho y Estado, negando la existencia de otros sistemas jurídicos en un mismo territorio. Esta “monopolización” de la producción jurídica comenzó a producirse en Europa durante el proceso de creación de los Estados modernos, pues la centralización del poder del Estado servía para mermar el poder de los señores feudales, la Iglesia e imperios invasores. Con la proliferación del liberalismo político y su adopción en América tras los movimientos de independencia, esta interpretación pasó a convertirse en el fundamento de los nuevos sistemas jurídicos de las nacientes naciones americanas.

Ahora bien, la concepción monista del derecho se cimenta en los principios del positivismo jurídico, cuya tesis principal establece que el único conjunto de normas válidas son aquellas que están escritas, dictadas mediante el arbitrio humano con base en procedimientos formalmente válidos. Una vez que el derecho positivo ha sido legitimado por las instituciones del Estado, éste descalifica a la moral y la costumbre como normas prescriptivas de sanciones jurídicas.

Aunque necesaria en su momento, la realidad es que la noción de la relación intrínseca entre Estado y derecho que sostiene el monismo jurídico ha impedido por siglos el reconocimiento de la validez jurídica de los sistemas normativos indígenas, reduciéndolos a meras colecciones de usos y costumbres.

En virtud del control cultural, político y económico que han ejercido las comunidades culturales hegemónicas a raíz del arreglo, favorable a sus intereses, que ha hecho posible esta interpretación del derecho, éstas han gozado del derecho de controlar la forma y el futuro de su cultura, así como del derecho de gobernarse siguiendo concepciones, valores y principios y mediante mecanismos e instituciones correspondientes a su estructura cultural. En ese contexto, las comunidades culturales minoritarias o subordinadas, como los pueblos indígenas, no han podido ejercer de la misma forma dichos derechos. La situación de subordinación y carencia de poder enfrentada por las comunidades culturales minoritarias les ha impedido controlar el proceso de creación y recreación de su propia cultura y sus instituciones de gobierno, y las ha puesto a merced de las decisiones de las culturas hegemónicas.

Para trascender de esta relación injusta y desigual a una fundada en el respeto al pluralismo y la interculturalidad es importante iniciar por reconocer que las contrastes que existen entre la sociedad mestiza, más cercana a los valores de la llamada cultura occidental, y las sociedades indígenas no se ciñen sólo a los ámbitos lingüístico o cultural, sino que incluso hay matices de carácter civilizatorio. Sobre esta premisa, si consideramos el hecho que el Derecho ha sido formulado con base en filosofías e ideologías de génesis occidental, podemos comenzar a entender cómo es que la aplicación a ultranza del sistema jurídico nacional a las comunidades indígenas suele conllevar actos atentatorios contra su identidad cultural.

Aunque en principio traducir este tipo de rupturas en reformas legislativas concretas puede parecer tarea difícil, los ejemplos de países como Canadá, Ecuador y Bolivia permiten entrever no sólo su factibilidad, sino la existencia de una tendencia global hacia la armonización de los distintos sistemas jurídicos existentes en determinado territorio, de conformidad con el derecho positivo. Así, las legislaciones de estos países han acogido la posibilidad de un orden jurídico nacional, armónico con las normas y reglamentaciones internacionales, que coexiste con la presencia y puesta en práctica de derechos alternativos de naturaleza indígena.

Sin embargo, pese a la existencia de un nutrido cuerpo de estudios científicos, así como de marcos jurídicos nacionales e internacionales, incluida Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se han pronunciado en favor de la función transformadora y de reparación histórica, sin menoscabo de la soberanía y unidad nacional, que emana de las reformas que dotan de autonomía a los pueblos y comunidades indígenas, su reconocimiento e implementación extensiva todavía encuentra en muchos Estados e institucionales políticas una oposición contumaz.

Con frecuencia, quienes sostienen esta postura arguyen la amenaza que este tipo de derechos representa a la integridad nacional, con peligros de desmembramiento o “balcanización” del territorio. Sin embargo, basta estudiar los resultados que han arrojado casos como los de Bolivia o Canadá o percatarse de los intereses económicos que subyacen a estas organizaciones internacionales para confirmar que las razones auténticas de esta cerrazón tienen que ver más con su obstinación a rehusarse a renunciar al control territorial que poseen sobre zonas ricas en recursos naturales y biodiversidad que con su preocupación por la custodia del territorio.

Finalmente, cabe destacar que si bien la autodeterminación de los pueblos indígenas en México no ha sido convalidada por la ley, por siglos éstos han logrado mantener en el desarrollo de sus estrategias de reproducción social cierto margen de autonomía, el cual siempre ha sido resultado de una tensa relación con el Estado.

Argumentación

Resultado de más de 22 años de elaboraciones y debates, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue suscrita por las naciones en Adoptada en septiembre de 2007, para convertirse en el marco normativo más importante sobre el cual los Estados están adecuando sus propios órdenes jurídicos, haciendo posible el reconocimiento de los derechos indígenas. En ella se expresan sentimientos, demandas, anhelos, aspiraciones y reclamos centenarios de pueblos indígenas alrededor del mundo.

El énfasis que la declaración hace en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones ha permitido que muchos la consideren como un documento de corte incuestionablemente progresista. Por lo anterior, la declaración ha sido ampliamente reconocida por parte de organizaciones sociales, representantes de pueblos indígenas alrededor del mundo y demás miembros de la comunidad internacional. En este contexto, el gobierno federal de México, a través del Programa Sectorial 2013-2018 de la Secretaría de Gobernación, en la línea de acción 1.1.9 ha expresado su compromiso por impulsar la armonización de la legislación nacional con su contenido, así como con otros tratados nacionales e internacionales en materia indígena. Un compromiso de semejante envergadura, histórico en caso de cristalizarse, no debe ser minimizado y en cambio, debe ser objeto de constante monitoreo tanto de la ciudadanía como del resto de las fuerzas políticas.

Entre los temas que aborda, la declaración contempla en su artículo 4o. como los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios necesarios para financiar sus funciones autónomas. Esta última parte es clave para comprender cómo el pleno ejercicio de la autonomía hace necesario reflexionar en torno a la relación que media entre pueblos indígenas y el Estado, siendo una expresión de ésta el modo de obtener recursos económicos a través de la coparticipación.

Por su parte, James Anaya, exrelator especial de las Naciones Unidas en materia de derechos de los pueblos indígenas, ha señalado que debe entenderse como autonomía indígena a la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo con sus propios valores, instituciones y mecanismos, dentro del marco del Estado del cual forman parte. Su puesta en práctica implica el establecimiento de mecanismos institucionales que, fundados en el respeto y la valoración de la diversidad, doten a las comunidades culturales de las facultades que permitan y garanticen el ejercicio del derecho en cuestión.

Para el experto en derechos humanos Alejandro Anaya Muñoz, el establecimiento de regímenes de autonomía para los pueblos indígenas aseguraría que basaran su vida política interna en las concepciones de representatividad y buen gobierno que emanen de su bagaje cultural, libre y autónomamente determinado. Además, destaca que la población no indígena, es decir, los miembros de la cultura hegemónica, de por sí disfrutan de dicho derecho, pues han organizado y gobiernan su vida política interna con base en sus propios valores, mecanismos, instituciones y concepciones de representatividad y buen gobierno. Desde este enfoque, dar a los pueblos indígenas el derecho a organizarse y vivir su vida pública de acuerdo con sus propios valores y mecanismos no implica concederles más derechos, sino simplemente garantizar aquel que el resto de la población de por sí disfruta. En el caso de México, darle a la población indígena el derecho a la autonomía política, lejos de propiciar una situación de desigualdad, remediaría una situación contraria al principio de igualdad que ha marcado toda la existencia del estado mexicano.

Ahora bien, lejos de que la reivindicación por la autonomía de los pueblos indígenas implique la ruptura de la unidad nacional, ésta siempre ha propugnado, sobre la base del reconocimiento de diferencias sustantivas de carácter epistémico, ontológico y civilizatorio entre culturas que habitan un mismo territorio, que sea precisamente la unidad nacional, en la riqueza de su pluralidad intrínseca, la que reconozca el derecho que poseen los pueblos y comunidades indígenas a decidir sobre sus propios asuntos, así como el gobernarse a través de sus propios mecanismos y procedimientos alternos a los formalizados por el Estado.

De hecho, de acuerdo con el experto en derecho indígena, Marco Aparicio Wilhelmi, la exigencia de libre determinación enarbolada por los pueblos y comunidades indígenas jamás ha estado vinculada con discursos secesionistas, pues a menudo son conscientes de que, en el contexto de las dinámicas del mercado capitalista global, algunas de las amenazas que especialmente afectan a territorios indígenas podrían ser mejor enfrentadas por estructuras políticas de dimensiones más amplias, siempre y cuando dichas estructuras sean capaces de atender realmente las necesidades de los habitantes de los tales territorios.

Sin embargo, el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía política debe de contemplar asuntos concretos que vayan más allá del discurso multiculturalista . Los arreglos institucionales que se establezcan para hacer posible el ejercicio del derecho a la autonomía política deben ser capaces de otorgar, en primer lugar, la facultad a los pueblos indígenas en cuestión de elegir libremente su propia forma de gobierno interno. Esto debe significar, en segundo lugar, el otorgamiento de ciertos poderes gubernamentales coercitivos, lo cual tiene implicaciones sumamente importantes, particularmente sobre el ejercicio y el respeto de los derechos humanos de los individuos que estén bajo la jurisdicción de los gobiernos indígenas autónomos. Finalmente, el Estado debe garantizar el acceso a recursos públicos mediante los cuales sea posible financiar el proyecto autonómico que se determinen los pueblos y comunidades indígenas, sin que aquello represente menoscabo contra su derecho para decidir el destino y modalidades de ejercicio de dichos recursos.

Es debido a que la vida interna de los pueblos indígenas de México, como en cualquier otra comunidad cultural, se desarrolla de acuerdo con factores diversos que el derecho a la autonomía debe garantizárseles a través de los distintos planos de su realización (siempre estrechamente ligados entre sí): político, económico, social y cultural. Así por ejemplo, en el plano de los político, que a su vez, es permeado y permea a los otros, el derecho a la autonomía podrá expresarse a través del derecho al autogobierno, que es el derecho de una comunidad cultural a gobernar y organizar su vida política interna con base en sus propios valores y a través de sus propias instituciones y prácticas políticas. No obstante, el goce de estos derechos no podrá implicar ningún perjuicio contra el derecho que pueblos y comunidades, hombres y mujeres indígenas tienen de ser partícipes de las decisiones que se tomen en todos los niveles de la jurisdicción del Estado.

Cabe destacar que el derecho a la autonomía no implica que las comunidades culturales autónomas se mantengan aisladas o protegidas contra cualquier cambio cultural o contra cualquier crítica externa. Por el contrario, las comunidades culturales que son parte de estados multiculturales forman parte de una comunidad más amplia, y aun siendo autónomas siguen siendo parte de ella; tienen que compartir el estado, por decirlo de alguna manera, con otras comunidades culturales con las que han de tener interacción permanente. De acuerdo con el especialista en multiculturalidad Chandran Kukathas, el punto no es aislar a los grupos culturales, sino definir para ellos un lugar adecuado dentro del conjunto social más amplio. Este lugar debe garantizar su inclusión igualitaria, no promover el aislamiento, la exclusión o la subordinación.

Por todo lo anterior, puede concluirse que la autonomía indígena debe reclamarse en términos de autonomía política real (elección de las propias autoridades con competencias y medios para legislar y administrar en los asuntos propios –incluyendo el acceso a los recursos naturales–), de demarcación de territorio propio y, desde tal punto de partida, del replanteamiento profundo de las relaciones entre los pueblos y comunidades indígenas con las instituciones del Estado y el resto de la sociedad.

Actualmente, nuestra Carta Magna establece en los primeros párrafos de su artículo 2o. que México posee una composición pluricultural. Esta cualidad se traduce en una copiosa riqueza cultural que requiere no sólo de reconocimiento jurídico sino de condiciones materiales para su reproducción. El instrumento para asegurar tales condiciones es el de la autonomía.

Para hacerlo posible, México necesita de nuevos arreglos institucionales multiculturales que garanticen que comunidades culturales minoritarias o subordinadas dentro de cualquier estado (como son los pueblos indígenas) puedan ejercer y gozar su derecho a la autonomía. Estos arreglos deben garantizar que los pueblos indígenas puedan gozar y ejercer, como las comunidades culturales hegemónicas de por sí lo hacen, el derecho de decidir autónomamente la forma y el futuro de su cultura, y el derecho de gobernar su vida interna siguiendo las concepciones, valores y principios y a través de los mecanismos e instituciones concretos que resulten de dicha libre determinación cultural. No hay razón por la cual una sociedad como la nuestra continúe considerando como contrario a sus principios el establecimiento de tales arreglos que permitan a los pueblos indígenas el más pleno ejercicio de su derecho a la autonomía

Tal como lo ha señalado el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la lucha por la libre determinación y la autonomía, el derecho a decidir en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales y a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente si así lo desean, en la vida económica, social y cultural del Estado son elementos que conforman una de las partes más importantes de las demandas de nuestros pueblos originarios. En nuestra calidad de representantes de la diversidad política nacional debemos atender con seriedad estas demandas y cristalizarlas en reformas que aseguren la plena realización que han requerido por siglos los pueblos y comunidades indígenas en México.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adicionan las fracciones I y III al apartado B y reforman los párrafos quinto, sexto y noveno, así como el párrafo primero y las fracciones I y III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2....

...

...

...

Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía ylibre determinación , quese ejercerá en un marco constitucional sin perjuicio dela unidad nacional. El Estado respetará estos derechos en cada uno de los ámbitos en que los pueblos indígenas hagan valer su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Esto implicará el respeto de sus identidades, culturas y formas de organización social, así como de sus capacidades para determinar sus propios desarrollos. En tanto sea respetado el interés nacional y público, los distintos órdenes de gobierno e instituciones del Estado mexicano no intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos naturales.

El reconocimiento específico de los pueblos, comunidades y otras formas de organizaciónindígena obedecerá, además de los principios generales establecidos en este artículo, a criterios de autoadscripción,etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y como la expresión concreta de ésta, a laautonomía para:

I. Determinar librementesus formas internas de autogobierno yde organización social, económica, política, jurídica y cultural.

En ejercicio de este derecho, los pueblos y comunidades indígenas dispondrán de los medios y recursos proporcionados por el Estado para financiar sus funciones autónomas.

II...

III. Elegir y nombrarde acuerdo con sus normas, instituciones yprocedimientos, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando a mujeres y hombres el disfrute y ejercicio de su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV.-VIII...

La ley reglamentaria,las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características y especificidades para el ejercicio de la autonomía y libre determinación que mejor expresen las situaciones y aspiración de los pueblos indígenas.

B...

Para tal efecto,dichas autoridades tienen las obligaciones siguientes:

I. Garantizar el ejercicio de su derecho de libre determinación y autonomía, así como el respeto y reconocimiento de sus normas, instituciones y procedimientos.

II. Impulsar...

III. Determinar, con base en criterios de distribución equitativa y contextual,asignaciones presupuestales que los pueblos ycomunidades indígenasadministrarán directamente, en ejercicio de su autonomía.

IV. Garantizar...

V.-XI...

Para garantizar el cumplimiento de los derechosy obligaciones señaladas en este artículo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que los pueblosy comunidades indígenasparticipen en el ejercicio y vigilancia de las mismas a través de sus instituciones, bajo los principios de planeación participativa, honradez, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pueblos indígenas, multiculturalismo e identidad.Manuel Buenrostro Alba.

2 El derecho consuetudinario en México. Jorge Alberto González Galván.

3 La doctrina del derecho natural y el positivismo jurídico.Hans Kelsen.

4 Comunalidad y Autonomía. Jaime Martínez Luna.

5 El derecho de los pueblos indígenas a la autonomía política: fundamentos teóricos. Alejandro Anaya Muñoz

6 La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. El caso de México. Marco Aparicio Wilhelmi

7 Are there any cultural rights?Chandran Kukathas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados y diputada : Guillermo Rafael Santiago Rodríguez,Erik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la escuela primaria Jesús Narváez Galdeano de la colonia Agrarista, Iztapalapa, de la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.

Igualmente la presencia de estudiantes de la Universidad Autónoma de Veracruz, invitados por el diputado Enrique Cambranis Torres. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, amigas y amigos, a este recinto parlamentario de San Lázaro. Sonido en la curul de la diputada Mariana Trejo.

La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Gracias, diputado. Simplemente para felicitar por esa iniciativa tan congruente y tan concisa al diputado Guillermo y solicitarle su beneplácito para que el grupo parlamentario nos podamos adherir a su iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Santiago manifiesta su aquiescencia para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen, y está a su disposición acá en la Secretaría.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.

El diputado Carlos Lomelí Bolaños:Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, el pasado 27 de febrero se celebró el Día Mundial del Trasplante, con el objeto de agradecer a los familiares, a los donantes y a los grupos multidisciplinarios que hacen posible trasplantes exitosos en este país.

En México no se ha dado la difusión debida a la facultad que tiene todo el ser humano, de ser donador de órganos y tejidos. Sin embargo, hemos avanzado, sin duda, la ley establece que cualquier persona en pleno uso de sus derechos y facultades puede expresar su voluntad de ser donante de órganos y tejidos.

Actualmente en México, el Centro Nacional de Trasplantes indica que existe una lista de 20 mil personas que requiere un órgano o tejido para mejorar su calidad de vida. Estas personas se encuentran en la lista de espera para ser trasplantados, de los cuales 12 mil requieren de manera urgente un riñón, 7 mil 200, 7 mil 300 una cornea, el resto necesita hígado, necesita un corazón, páncreas, pulmón.

A veces, en ocasiones, necesita dos órganos de éstos. Desgraciadamente muchos fallecen durante la espera de ser trasplantados. Por ello, es indispensable sensibilizar a la población general para donar sus órganos y tejidos, tener los conocimientos básicos de quién puede ser donador y cómo se realiza el proceso de la donación, siguiendo las formalidades esenciales apegadas a la Secretaría de Salud.

Estamos conscientes que la única manera de resolver la escasez de órganos para trasplantes, es tener más claras las reglas para ser donante, acercando a los ciudadanos mecanismos confiables para que una persona pueda ser donador de órganos y tejido. Esto es lo esencial para generar la confianza en la instituciones.

La Ley General de Salud establece en su artículo 324 a la letra del artículo 324 que habrá consentimiento tácito del donante cuando haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componente sean utilizados para trasplante, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentran presentes, el o la cónyuge, el concubino, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

Existe contradicción total en el artículo 324, pues se requiere la autorización de algún familiar o bien, aunque tenga la tarjeta de donador requiere la autorización de terceros, lo que violenta a toda luz lo estipulado en el artículo, del párrafo, 324.

Esta iniciativa que pretende y se presenta el día de hoy es adicionar cuando el donante no haya manifestado su negativa expresa habrá un consentimiento tácito del donante, por lo que no tomará parecer más a los familiares y esto simplificará como consecuencia la donación de órganos.

Cabe mencionar lo establecido en el artículo 320, 321 y 322 de la Ley General de Salud, toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo ya sea total o parcialmente. De igual forma se pretende atender por un lado el derecho humano y constitucional de la protección de la salud y, por el otro, respetar la decisión de los ciudadanos de donar sus órganos, especialmente después de la muerte, sin tener la necesidad de solicitar la autorización de familiares quienes pudieran estar en contra de la decisión del donante ya fallecido.

Con la presente reforma se busca un solo objetivo, generar más donación de órganos y tejidos. ¿Cómo? Todo ciudadano se convierte en donador tácito, como ya lo señala la propia ley, salvo que deje negativa expresa manifiesta en un documento público o privado.

¿Para qué esto? Para agilizar la tramitología al momento de la muerte del donante, un Comité de Procuración de Órganos tendrá la responsabilidad primaria y fundamental de decidir y dirigir de manera eficiente el destino de órganos y tejidos a trasplantar.

Aunado a esta reforma se deben crear los Comités de Procuración de Órganos y Tejidos en todos los nosocomios de la nación, para que estos mismos apliquen de manera transparente y apegada a derecho los trámites adecuados y correspondientes.

Para ser más certeros en el manejo de órganos y tejidos se tendrá que certificar por un lado los hospitales con capacidad de ser receptores de los mismos y, por otro, los hospitales que tengan las condiciones idóneas para el trasplante exitoso en los seres humanos.

Por ello, conscientes de las bondades que contiene esta iniciativa, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano lo somete a su consideración, solicitando el apoyo de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Carlos Lomelí Bolaños, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El estado general de salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de la capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad, esto es estar saludable.

En términos de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Por el contrario, se define enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad.

En el lenguaje cotidiano, la enfermedad es entendida como una idea opuesta al concepto de salud: es aquello que origina una alteración o rompe la armonía en un individuo, ya sea a escala molecular, corporal, mental, emocional o espiritual. (http://definicion.de/enfermedad/#ixzz34AiBOg8w Un)

Como consecuencia de alguna enfermedad, existe la posibilidad de que algún órgano vital para el funcionamiento del cuerpo humano pueda quedar deteriorado, y a la vez ir deteriorando el resto del organismo, debido al riesgo vital que acarrea para la vida del enfermo. Por ello, surge la necesidad de la donación de órganos.

La experiencia de la donación de órganos, ha permitido aumentar la supervivencia de muchas personas, para quienes se abre un futuro incierto, la muerte física deja de ser el punto final de la utilidad del cuerpo humano y se reviste de un gesto de solidaridad y generosidad que abre posibilidades de ayuda y donación para aquellos que lo desean.

En el acto de la donación se ponen en evidencia las actitudes éticas y culturales de una sociedad, individualizadas en la persona que consiente el trasplante. En la recepción se juntan los deseos del paciente con los aspectos de justicia social de distribución equitativa de órganos.

En los trasplantes de cualquier órgano, se expresa la voluntad, tanto de la donación de órganos como del trasplante. Es muy importante la manifestación de voluntad, cuando una persona fallecida tiene que donar sus órganos, debido a que en su gran mayoría no se ha manifestado la voluntad en vida, respecto a la donación de órganos, por lo tanto, para constatar su voluntad en caso de fallecimiento se recurre a las personas más allegadas. Por desgracia, son momentos muy difíciles en los que se acaba de perder un ser querido, pero, tratando de ser conscientes de la situación, se debe intentar conocer la voluntad del fallecido con el fin de respetar su libertad y las decisiones que hubiera podido tomar en vida, sin dejar de valorar la importancia que tiene la donación, ya que es la única posibilidad de que se realice un trasplante.

Tratándose de órganos que son susceptibles de sustituir o trasplantar en el cuerpo humano, el Centro Nacional de Trasplantes señala que la mayoría de las personas fallecen debido a un paro cardio-respiratorio, independientemente de la enfermedad que cause el cese de las funciones del corazón. En estos casos sólo se pueden donar tejidos como las córneas. Por otro lado, en el caso de las personas que fallecen por muerte encefálica se pueden donar sus órganos (corazón, riñones, hígado, pulmones, páncreas, etcétera) y tejidos. Aclarando además que no todas las personas que fallecen pueden ser donadoras de órganos. Se requiere una evaluación médica de las condiciones del cuerpo y de cada órgano en específico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cada año fallecen alrededor de 600 mil personas en el país por diferentes causas, sin embargo, menos del 1% de las personas fallecidas fueron donadores de órganos.

Esto nos da una idea de la poca cultura que tenemos en nuestro país sobre la donación de órganos, aunque las autoridades y la legislación establece la normatividad sobre la donación de órganos, ésta no ha sido eficiente para alcanzar una cobertura mayor y poder dar esperanza de vida a los pacientes que se encuentran en espera de algún órgano que les permita restablecer su salud, por ende, una mejor calidad de vida.

Argumentos

Si bien, la Ley General de Salud, establece en el artículo 324 que todos somos donadores salvo expresión en contrario, existe también contradicción, pues se requiere la autorización de algún familiar, o bien, aunque tengamos la tarjeta de donador, también se requiere de la autorización de terceros, lo que violenta a todas luces lo estipulado en el primer párrafo del artículo 324 de la citada ley, también violenta la voluntad que ha tomado el donador de regalar vida a través de sus órganos donados a otras personas.

Es por ello, se pretende eliminar el consentimiento tácito de la ley, pues resulta inoperante, ya que se requiere del consentimiento expreso de las personas más allegadas al donante y que se mencionan en el párrafo anterior, además contradice lo establecido en el artículo 320 de la Ley General de Salud, cuando se establece que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, ya sea total o parcialmente.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, Cenatra, existen 18 mil 416 personas en espera de la donación de algún órgano, siendo el riñón el órgano más requerido con 10 mil 674 personas.

Esto es un indicador más de la falta de una cultura hacia la donación de órganos. Según el estudio “Evaluación sobre percepción de donación de órganos como insumo para la articulación de una estrategia de comunicación” elaborado por el Cenatra, en la mayoría de los casos se registran bajos niveles de conocimiento sobre la donación de órganos en México respecto a los trámites y procedimientos a seguir en caso de querer donar los órganos, así como de requerir un trasplante y/o formalizar la decisión de donar.

Sin embargo, señala que existen tres principales causas por las que los ciudadanos mexicanos no se deciden a realizar una donación, éstas son:

• Creencias religiosas y tabúes. Los entrevistados de 26 a 45 y 46 a 60 años destacan las creencias que tienen especialmente sus padres o las personas de mayor edad, en general, de imaginar su cuerpo desfigurado o mutilado después de retirar los órganos.

• Desconfianza. Esta percepción se alimenta de las historias que los entrevistados escuchan sobre secuestros de niños para tráfico de órganos o por las películas que han visto relacionadas con este tema. Otro factor de desconfianza es la falta de identificación de una institución encargada de la donación.

• Temores a la donación en vida. Riesgos de la cirugía; impacto en la salud; incompatibilidad/ rechazo del órgano por parte del receptor.

Por su parte, la empresa especializada en encuestas Parametría, publicó una encuesta sobre la donación de órganos en la que los resultados más importantes son los siguientes:

Los mexicanos en general están a favor de la donación de órganos. La encuesta muestra que seis de cada diez individuos (60 por ciento) favorecen el proceso de donación. Sin embargo, hay un 13 por ciento que no define su postura al respecto y el 11 por ciento no sabe responder ante este tema.

Dos de los problemas más comunes al que se enfrentan las instituciones relacionadas con la donación de órganos son: 1) el desconocimiento de los familiares sobre la decisión del fallecido de donar algún órgano y 2) la negativa de los familiares a los trasplantes después de la muerte del voluntario, aun cuando este último había decidido hacerlo.

Al indagar en este último punto, es decir, sobre quién debería tomar esta importante decisión, el 57 por ciento de los entrevistados consideró que la decisión de donar los órganos la debe realizar la persona en vida. Mientras que el 25 por ciento piensa que, es responsabilidad de la familia evaluar esta situación.

Por otro lado, cuando se preguntó a quién estaría dispuesto a donar sus órganos en vida, el 37 por ciento respondió que, a sus familiares, el 21 por ciento fue más generoso y dijo que a cualquiera que lo necesite, pero un porcentaje igual (21 por ciento) no resultó tan altruista y señaló que a nadie”.

Como se puede observar de los datos que se presentan, es imprescindible que se tomen cartas en este asunto, puesto que es literalmente de vida o muerte, y en nuestras manos está el mejorar esta situación.

Mediante la presente iniciativa se pretende atender, por un lado, el derecho humano y constitucional de la protección de la salud, y por otro respetar la decisión de los ciudadanos a donar sus órganos, especialmente después de la muerte, sin tener la necesidad de solicitar la autorización de los familiares, quienes pueden estar en contra de la decisión donataria de su fallecido.

Es por ello que, conscientes de las bondades que contiene este proyecto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud

Único.Se reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa expresa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. El escrito por el que la persona exprese no ser donador podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán, el formato correspondientepara manifestar la negativa a donar órganos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=26

Palacio Legislativo, de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lomelí. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud.

El diputado José Bernardo Quezada Salas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a consideración aborda un problema que no sólo afecta a miles de jóvenes profesionales de la salud, sino a la sociedad en su conjunto.

En Nueva Alianza somos sensibles ante esta problemática y en ese sentido esta iniciativa busca reformar los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud para regular el tiempo y ciclo de descanso que deben cumplir los prestadores del servicio social, practicantes y residentes médicos. Con ello además se lograría que la atención que los pacientes recibimos sea mucho más eficiente.

La salud y el trabajo son dos aspectos que están estrechamente relacionados, ya que un buen estado de salud permite el adecuado desarrollo de la actividad laboral. En nuestro país el sistema de guardias para los alumnos que realizan internados médicos, prácticas y servicio social, no está completamente regulado y varía dependiendo de cada hospital, llegando a alcanzar jornadas extenuantes de 36 horas continuas o más.

No es de sorprender que muchos de estos jóvenes que aún son trabajadores de la salud en formación, presentan fatiga y cansancio físico y mental que consecuentemente conlleva a un cansancio totalmente emocional. Todo ello genera cuadros de depresión, ansiedad, abuso de drogas médicas, como analgésicos, narcóticos, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas, estimulantes, aunado a un alto índice de consumo de alcohol.

Las largas jornadas de guardia ponen en riesgo la salud de los profesionales pero también la seguridad de los pacientes, ya que se ha demostrado que el cansancio aumenta la posibilidad de errores técnicos, asistenciales y en la interpretación de resultados médicos, debido a una marcada disminución de la capacidad psicomotriz. Estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría ser atendidos por un médico que lleva 36 horas sin dormir.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, los residentes de un turno en terapia intensiva que trabajaron entre 24 y 30 horas seguidas cometieron un 36 por ciento más de errores considerados graves y equivocados, el diagnóstico hasta cinco veces más respecto a los que trabajaron turnos de 16 horas.

Las cifras demuestran que es momento de profundizar en el tema y hacer los cambios necesarios para garantizar la salud, tanto de profesionales médicos como de los pacientes.

Si bien a través de estas prácticas y guardias los residentes y prácticamente prestadores de servicio social adquieren la experiencia necesaria para el desarrollo de su profesión, es menester establecer en la legislación el tiempo máximo de las guardias y los ciclos de descanso, ya que actualmente la Ley General de Salud no contempla este problema.

Lo que proponemos con esta iniciativa es una nueva lógica de trabajo, haciendo un uso racional de las guardias, que en el caso de los pasantes no podrán exceder de tres veces por semana, con intervalos de por lo menos dos días y los turnos en ningún caso podrán exceder de 12 horas continuas ni se podrá cubrir dos turnos seguidos.

En el caso de profesionales con especialización, la jornada no podrá exceder de 16 horas continuas. De esta manera nuestra legislación se armoniza con experiencias internacionales, como la de Estados Unidos, que desde 2011 modificó su reglamento para que los internos no puedan trabajar más de 16 horas seguidas.

Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos la convicción de que estas reformas coadyuvarán en la formación de profesionales de la salud capacitados, responsables y sanos, que estarán comprometidos por la salud y el bienestar de la sociedad.

Reivindiquemos su labor y encaminemos nuestros esfuerzos a propiciarles ambientes laborales sanos que posibiliten su bienestar y, con ello, prevenir errores que puedan ser fatales en la atención, sobre todo en las atenciones clínicas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, José Bernardo Quezada Salas, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, para regular la prestación de servicio social de los pasantes de los profesionales de la salud, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud se encuentra consagrado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o., además es un Derecho Humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para poder dar cumplimiento a esta disposición, se requiere contar con personal capacitado en ciencias de la salud. Lamentablemente en el país estas cifras no son alentadoras.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe “Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014. México en comparación” señala que si bien la oferta de trabajadores de la salud en el país se ha incrementado en los últimos años, se encuentra por debajo de los estándares de los países pertenecientes a la OCDE. Para ilustrar el punto, encontramos que desde el año 2000, el número de médicos per cápita se ha incrementado sustancialmente en México, pasando de 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes en el 2000 a 2.2 en el 2012. Sin embargo esta cifra sigue siendo inferior al promedio de la OCDE de 3.2.

Con base en esta numeralia, podemos aseverar que México se encuentra rezagado en la formación de estos profesionistas, más aún si consideramos la tasa de crecimiento poblacional, en una década los médicos disponibles para atender a la población estarán diezmados. De acuerdo a los datos disponibles de la Secretaría de Educación Pública, un total de 114 mil estudiantes se inscribieron en el ciclo escolar 2013-2014, pero sólo cerca de 14 mil estudiantes egresaron de dicha carrera, es decir, por cada 8 alumnos que se inscriben, sólo uno egresa.

Las razones de este rezago son variadas y van desde las económicas, culturales y sociales pero se identifica de manera consistente que uno de los principales obstáculos para el egreso de los estudiantes de Medicina de las instituciones de educación superior, es el trato al que son sometidos los estudiantes durante su internado, prácticas y/o servicio social en las profesiones de la salud, particularmente el sistema de guardias médicas.

El sistema tradicional de guardias en México para los alumnos que realizan internado médico, prácticas y/o servicio social varía dependiendo de cada hospital. En el caso de las guardias médicas, las jornadas suelen ser incluso de hasta 36 horas continuas. Aún cuando la normativa específica que entre semana la jornada de prácticas clínicas complementarias no debe ser mayor a 12 horas, en la práctica esto no se cumple. En relación con las guardias médicas y servicio social no hay normativa al respecto que vele por cuidar la salud física y mental de los estudiantes, y con ello contribuir al cuidado de la salud de los pacientes.

El sistema de guardias utilizado tanto para estudiantes de servicio, práctica o internado repercute de manera negativa en la salud física, mental y emocional de la mayoría de los estudiantes de medicina. Se han reportado casos de depresión y ansiedad, síndrome de Burnout, abuso de drogas médicas como analgésicos narcóticos, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas, estimulantes, sumado al alto consumo de alcohol, además del aumento de errores técnicos, asistenciales y en la interpretación de resultados médicos, debidos a una marcada disminución de la capacidad psicomotriz.

De acuerdo a un estudio realizado la Universidad de Harvard los residentes de un turno en terapia intensiva que trabajaron entre 24 y 30 horas seguidas cometieron un 36 por ciento más de errores considerados graves en el cuidado de sus pacientes y equivocaron el diagnóstico hasta 5 veces más, respecto a los que trabajaron turnos de 16 horas.

De hecho, un estudio realizado para averiguar el papel de los ciclos de descanso en las tareas de los médicos anestesistas de Estados Unidos y Nueva Zelanda reportaron que el 60 por ciento y el 86 por ciento, respectivamente reportaron haber cometido errores a causa de la fatiga Este tipo de experiencias sirvieron como evidencia para reformar su sistema de enseñanza en dichos países.

En México, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina, no toma en cuenta experiencias internacionales. Dicha Norma especifica en las “Disposiciones para internado de pregrado” que “... sábados, domingos y días festivos, por un máximo de veinticuatro horas”, es decir, está forzando a los médicos a ciclos que posibilitan un mayor porcentaje de errores. Aunado a que esta disposición permite y promueve un mayor número de posibilidades, tampoco se regula su práctica pues se han reportado jornadas de entre 24 a 36 horas continuas, dependiendo de la antigüedad del estudiante.

Esta situación ha dado pie a manifestaciones en redes sociales donde los estudiantes de medicina del país y de Latinoamérica, manifiestan su descontento ante el hecho de ser severamente juzgados por quedarse dormidos durante su jornada. El hecho de dormitar durante su turno lo justifican plenamente por las jornadas extenuantes de hasta 36 horas continuas.

A esta situación contribuye el hecho de que actualmente no existe en la Ley General de Salud alguna disposición que posibilite la consideración del tiempo y ciclo de descanso en la productividad y atención de un estudiante que realice internado, practicas o servicio social en ciencias de la salud.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se reforman los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social. En ningún momento se comprometerá la integridad física y mental de los pasantes en relación con los ciclos de descanso de los mismos, para optimizar la atención médica. El servicio social se llevará a cabo todos los días del año, incluyendo los inhábiles y festivos, los cuales no podrán exceder para cada pasante de 3 veces por semana con intervalos de por lo menos dos días; y los turnos en ningún caso podrán exceder de 12 horas continuas. Asimismo, ningún pasante deberá cubrir dos turnos seguidos.

Artículo 95. Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes. Todos los lineamientos deberán evitar comprometer la integridad física y mental de los pasantes en relación con los ciclos de descanso de los mismos. Las jornadas en ningún caso podrán exceder de 16 horas continuas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud realizará en un plazo no mayor a 360 días las adecuaciones necesarias al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina ,a fin de incluir las presentes disposiciones.

Notas:

1. Artículo 4o. ...

...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

2 Fue reconocida nuevamente como derecho humano en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que describe el derecho a la salud como “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

3 http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf

4 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina. Numeral 8.7.2

5 Resident physicians in Mexico: tradition or humiliation. Medwave 2013;13(7):e5764 doi: 10.5867/medwave.2013.07.5764

6 Rothschild JM, MD, MPH; Landrigan CP, MD, MPH; Cronin JWD et al. The Critical Care Safety Study: The incidence and nature of adverse events and serious medical errors in intensive care. Crit Care Med 2005; 33:1694-1700

7 Gravenstein JS, Cooper JB, Orkin FK. Work and rest cycles in anesthesia practice. Anesthesiology 1990;72:737-742.

8 Numeral 8.7.2

9 “#Yotambiénmedormí” www.bbc.com/.../05/150514_yotambien medormi_medicos_guardia_gtg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputadas: José Bernardo Quezada Salas, Cecilia Guadalupe Soto González, Jesús Antonio López Rodríguez, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Quezada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

Saludamos la presencia de estudiantes del municipio de Acambay, del estado de México, invitados por el diputado Edgar Castillo Martínez. Bienvenidos, bienvenidas a este recinto parlamentario de San Lázaro.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 321 Ter a la Ley General de Salud.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Gracias. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a exponer ante ustedes una problemática que atañe al mundo y en especial a nuestro querido México, con el tema de donación de órganos.

En México desde 1963 se práctica la donación de órganos, tejidos y células, y fue 10 años después en 1973 que se creó el Registro Nacional de Trasplantes. En los últimos 50 años el trasplante de células, tejidos y órganos humanos se ha convertido en una práctica mundial que ha permitido prolongar y mejorar enormemente la calidad de miles de vidas, que aunado a la constante mejora de la tecnología médica, sobre todo en relación con el rechazo de tejidos y órganos se ha producido una demanda de estos, la cual siempre ha sido superior a la oferta, a pesar del notable aumento de la donación de órganos de personas fallecidas y del aumento de las donaciones de personas vivas.

La donación es en esencia y debe ser un acto de liberalidad desinteresado y lo reprobable es que se llegue a convertir en un negocio, en el que el mejor postor tenga acceso al órgano, tejido o célula que requiera, de ahí la importancia que el Estado mexicano redoble esfuerzos para ampliar la oferta de donantes y con ello aumentar las posibilidades de quienes necesitan recibir el órgano, tejido o célula.

Muestra del compromiso con este tema es la participación de México en la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. Organización que contempla indicadores de eficiencia del proceso de donación e incluye la negativa familiar.

Es así que la Ley General de Salud, en sus artículos 322 y 324 contempla la donación expresa, cuyo consentimiento se manifiesta en forma escrita. Y el consentimiento tácito del donante en el que se actualiza, siempre y cuando no haya manifestación de su negativa a que su cuerpo y componentes sean utilizados para trasplante. Y los cónyuges, concubinarios, ascendientes o descendientes, hermanos, adoptantes y adoptados otorguen este consentimiento.

Consecuentemente, pudiera considerarse que todos somos potenciales donantes, salvo expresión en contrario por nuestra parte o de alguno de los sujetos mencionados.

Por otra parte, el artículo 329 Bis de la ley antes referida dispone que el Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de trasplantes en coordinación con los centros estatales correspondientes.

Asimismo, toca a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

Ahora bien, el Centro Nacional de Trasplantes es el órgano responsable de impulsar y coordinar los procesos, desde la donación hasta el trasplante mismo de los órganos, tejidos o células, desarrollando el marco regulatorio para favorecer el desempeño de los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, otorgando a los pacientes que así lo requieran, una mayor oportunidad, legalidad y seguridad.

Por tanto, el centro se encarga de la difusión y fomento del conocimiento en materia de donación y trasplantes entre mexicanos, también teniendo además a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes.

De acuerdo con estadísticas del propio centro nacional, en el periodo comprendido del año 2007 al 2015 hubo 49 mil 872 trasplantes, lo que en promedio por año da como resultado 5 mil 541 procedimientos de esta naturaleza. Esta cifra, dice en forma aislada, pudiera considerarse como una estadística positiva.

Sin embargo, al comparar el número de personas en espera con el número de trasplantes realizados en este año, la cifra refleja un déficit de aproximadamente 93.18 por ciento; es decir, de cada 100 personas que actualmente necesitan un trasplante, solo 6 lo han obtenido. Lo anterior refleja que las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, correspondientes al momento de esta cultura de donación, no han dado los resultados esperados.

Consecuentemente, esta iniciativa propone mediante acciones concretas favorecer, en primer término, la existencia de una cultura de la donación y posteriormente su ampliación y consolidación con el respeto irrestricto a los derechos y voluntad del donante.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea adicionar el artículo 321 Ter a la Ley General de Salud, para establecer que la Secretaría de Salud instruya en toda institución de salud, de manera obligada, la existencia de una cultura de la donación y, posteriormente, su ampliación y consolidación con el respeto irrestricto a los derechos y voluntad del donante.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea adicionar el artículo 321 Ter a la Ley General de Salud, para establecer que la Secretaría de Salud instruya que en toda institución de salud, de manera obligada, se solicite sistemáticamente por medio del personal médico a todo paciente que exprese su voluntad para, si así lo determina, done de manera voluntaria y altruista sus órganos y que estos sean utilizados en trasplantes al momento de su muerte. O, en caso contrario, para que conste su deseo expreso de no hacerlo.

Lo anterior se hará constar por medio de un formato que el efecto defina el Centro Nacional de Trasplantes, garantizándole en todo momento su plena voluntad, libertad, confidencialidad, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento y su propia inscripción en el Registro Nacional de Trasplantes. Con esta propuesta damos voz a todas las personas que están en espera de la donación de un órgano para mejorar su calidad de vida, y en algunos casos para sobrevivir.

Al mismo tiempo, se respetan los derechos y la decisión de los posibles donantes, aumentando exponencialmente la posibilidad del número de donantes a disposición de esta noble y necesaria causa.

Me acompaña suscribiendo esta iniciativa el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, el doctor César Camacho Quiroz. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 321 Ter a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Martha Sofía Tamayo Morales, diputada en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 321 Ter a la Ley General de Salud en Materia de Donación de Órganos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El trasplante de órganos humanos empezó con una serie de estudios experimentales a comienzos del siglo XX, Alexis Carrel, médico de origen francés, fue uno de los precursores en esta materia y en 1912 recibió el Premio Nobel por sus destacados adelantos clínicos y científicos registrados en ese campo, sin embargo, el trasplante quirúrgico de órganos humanos de donantes fallecidos o vivos a personas enfermas o moribundas empezó después de la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, en México la donación de órganos, tejidos y células se practica desde 1963 y en 1973 se crea el Registro Nacional de Trasplantes. En los últimos 50 años, el trasplante de células, tejidos y órganos humanos se ha convertido en una práctica mundial que ha permitido prolongar y mejorar enormemente la calidad de cientos de miles de vidas que aunado a la constante mejora de la tecnología médica, sobre todo en relación con el rechazo de tejidos y órganos, se ha producido un aumento de la demanda de éstos, que siempre ha sido superior a la oferta, a pesar del notable aumento de la donación de órganos de personas fallecidas y del aumento de las donaciones de personas vivas en los últimos años.

Este fenómeno de escasez de órganos disponibles según la Organización Mundial de la Salud, no sólo ha llevado a muchos países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta, sino que también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos no emparentados con los receptores. Las pruebas de la existencia de ese comercio, y del tráfico de seres humanos que lo acompaña, se han hecho más evidentes en los últimos decenios. Además, la facilidad cada vez mayor para las comunicaciones y viajes internacionales ha llevado a muchos pacientes a viajar al extranjero para acudir a centros médicos que hacen publicidad de su capacidad para realizar trasplantes y suministrar órganos donados por una tarifa única que lo incluye todo.

La donación que en esencia es un acto de liberalidad, desinteresado, dada la gran demanda de órganos ha degenerado en un negocio, en el que el mejor postor puede tener acceso al órgano, tejido o célula que necesita para extender y mejorar su calidad de vida. De ahí la importancia que el Estado mexicano redoble esfuerzos por ampliar la oferta de donantes y con ello las posibilidades de recibir un órgano, tejido o célula. Muestra del compromiso con este tema es la integración de México a la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, esta organización contempla entre sus indicadores de eficiencia del proceso de donación la “Negativa Familiar”, sobre el particular señala que “... esta causa de fracaso del proceso determina una pérdida importante de donantes en América Latina. Las soluciones a esta causa de perdida de donantes está demostrado que dependen fundamentalmente de la estrategia de comunicación con las familias de los potenciales donantes, y de las estrategias de comunicación en el ámbito hospitalario en general. Ambas deben complementarse con una buena percepción de la organización por parte de la sociedad.”

Ahora bien, de acuerdo con el boletín de la Organización Mundial de la Salud titulado “la difusión mundial de los trasplantes de órganos: tendencias, fuerzas impulsoras y repercusiones políticas”, “el aumento de la renta, la proliferación de los seguros personales y los factores del estilo de vida, sumados a la carga de enfermedades, el envejecimiento de la población, la globalización y la transferencia de conocimientos en la comunidad médica, han aumentado la demanda mundial de trasplantes de órganos.” En este sentido, el referido boletín señala que “Existen varias formas en que los gobiernos pueden fomentar el desarrollo ético de los programas de donación y trasplante de órganos. En concreto, pueden garantizar que se adopte una legislación, regulación y supervisión adecuadas, así como realizar un seguimiento de las actividades, las prácticas y los resultados de la donación y el trasplante.”

En concordancia con lo anterior, los “Principios rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos” aprobados por la 63 Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución WHA63.22, en particular el Principio Rector 3, señala en lo que interesa, lo siguiente: “Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial terapéutico. Este principio según el propio organismo internacional pone de relieve la importancia de adoptar las medidas jurídicas y logísticas necesarias para crear programas de donantes fallecidos allí donde no existan, así como de hacer que los programas existentes sean lo más eficaces y eficientes posible. Asimismo, tal disposición subraya la necesidad de que la decisión sea auténtica y se tome con conocimiento de causa, para lo cual es necesario disponer de información completa, objetiva y localmente pertinente, y excluir a las personas vulnerables que sean incapaces de satisfacer los requisitos que comporta un consentimiento voluntario e informado.”

En este sentido, en nuestro país el marco normativo en torno a los trasplantes y las donaciones, cuenta con una serie de disposiciones legales que garantizan tanto los derechos de los pacientes como de los donantes y establecen una serie de pasos metodológicos para el tratamiento de los órganos de una manera profesional y eficiente. Entre estos documentos encontramos el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, el Reglamento Interior de la Ley General de Salud, así como lo establecido por la comunidad internacional como los Principios rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplante y la declaratoria de rechazo al turismo de trasplantes de la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplantes.

Es así que en la Ley General de Salud en sus artículos 322 y 324 contempla la donación expresa cuyo consentimiento se manifiesta en forma escrita y el consentimiento tácito del donante, éste último se actualiza siempre y cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, obteniendo además el consentimiento del o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, es decir, pudiera considerarse que todos somos potenciales donantes salvo expresión en contrario por nuestra parte o de algunos de los sujetos referidos.

Por otra parte el artículo 329 Bis de la Ley antes referida dispone que el Centro Nacional de Trasplantes fomentara la cultura de la donación para fines de trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes. Asimismo, le corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.

Ahora bien, el Centro Nacional de Trasplantes es el órgano responsable de impulsar y coordinar los procesos desde la donación hasta el trasplante de órganos, tejidos y células, desarrollando el marco regulatorio para favorecer el desempeño de los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, otorgando a los pacientes que así lo requieran una mayor oportunidad, con legalidad y seguridad. Por lo tanto, el Centro se encarga de la difusión y fomento del conocimiento en materia de donación y trasplantes entre los mexicanos, teniendo además a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes.

De acuerdo con estadísticas del propio Centro Nacional de Trasplantes, en el periodo comprendido de 2007 a 2015 hubo 49 mil 872 trasplantes, lo que en promedio por año da como resultado 5 mil 541 procedimientos de esta naturaleza, esta cifra vista en forma aislada, en principio pudiera considerarse como una estadística positiva, sin embargo, al comparar el número de personas en espera con el número trasplantes realizados en este año, la cifra refleja un déficit de aproximadamente 93.18 por ciento, es decir, de cada 100 personas que actualmente necesitan un trasplante solo 6 lo han obtenido, tal y como se muestra en los datos estadísticos siguientes:

Lo anterior, refleja que las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud correspondientes al fomento de la cultura de la donación al ser de carácter general no han dado los resultados esperados. Consecuentemente, esta iniciativa propone mediante acciones concretas favorecer en primer término la existencia de una cultura de la donación y posteriormente, su ampliación y consolidación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 321 Ter a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona el artículo 321 Ter a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 321 Ter. La Secretaría de Salud instruirá que en toda institución de salud, se solicite sistemáticamente por medio del personal médico a todo paciente que exprese su voluntad para donar de manera voluntaria y altruista sus órganos para que éstos sean utilizados en trasplantes, o en caso contrario, para que conste su deseo de no hacerlo. Lo anterior se hará constar por medio de un formato que al efecto defina el Centro Nacional de Trasplantes, garantizándole en todo momento su plena voluntad, libertad y confidencialidad, de conformidad con las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento, así como su inscripción en el Registro Nacional de Trasplantes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la publicación del decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.

Notas:

1 http://cenatra.salud.gob.mx/descargas/contenido/infografias.pdf

2 http://www.transplant-observatory.org/SiteCollectionDocuments/ amrnlsp7.pdf

3 Consultables en: http://www.who.int/transplantation/ Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22sp.pdf

4 Fuente: Registro Nacional de Trasplantes

Referencias

Titulo Décimo Cuarto. Donación, Trasplante y Perdida de la Vida. Capítulo I-IV. Ley General de Salud, diciembre del 2015.

Datos del Registro Nacional de Trasplantes.

www.Cenatra.salud.gob.mx.

www.transplant-observatory.org/SiteCollectionDocuments/amrnlsp7. pdf

www.who.int/transplantation/ Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22sp.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 5 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Martha Sofía Tamayo Morales,Adolfo Mota Hernández, Alejandro Juraidini Villaseñor, Alfredo Anaya Orozco, Ángel Rojas Ángeles, Antonio Tarek Abdala Saad, Arturo Álvarez Angli, Beatriz Vélez Núñez, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Federico Quinto Guillén, Cecilia Guadalupe Soto González, César Octavio Camacho Quiroz, Daniela De Los Santos Torres, David Mercado Ruiz, Delia Guerrero Coronado, Diego Valente Valera Fuentes, Edith Anabel Alvarado Varela, Eloisa Chavarrias Barajas, Emilio Enrique Salazar Farías, Enrique Rojas Orozco, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erik Juárez Blanquet, Evelyng Soraya Flores Carranza, Felipe Cervera Hernández, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Gabriel Casillas Zanatta, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Heidi Salazar Espinosa, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Iveth Bernal Casique, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jesús Antonio López Rodríguez, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Jorge Enrique Dávila Flores, José Luis Sáenz Soto, Laura Mitzi Barrientos Cano, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Felipe Vázquez Guerrero, María Bárbara Botello Santibáñez, María Concepción Valdés Ramírez, María Hadad Castillo, María Isabel Maya Pineda, María Verónica Muñoz Parra, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miriam Dennis Ibarra Rangel, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Patricia García García, Pedro Luis Noble Monterrubio, Ramón Bañales Arambula, Ricardo Ramírez Nieto, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Salomón Majul González, Silvia Rivera Carbajal, Sofía Del Sagrario De León Maza, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Yarith Tannos Cruz, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Tamayo. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Pedro Noble, por favor. Sí, diputado, ahí está.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Gracias, presidente. Para pedirle a la proponente, la diputada Martha Tamayo y también a don César Camacho Quiroz, que me permitan suscribir esa iniciativa tan importante para el pueblo mexicano. Muchas gracias.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Todos los que se quieran adherir.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que todos. Bueno ya.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Los que quieran suscribirla pues, ¿no?

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Ramírez Nieto, por favor.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Gracias, presidente. De igual manera, para solicitarle a la diputada Martha Tamayo, si nos permite adherirnos a su iniciativa.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Aquí ya manifestó su aquiescencia y el diputado Camacho ya dio la orden, así que tienen que suscribirla. Aquí está a disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva, para quienes quieran desde luego suscribirla.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN. Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 321, 322 y 324 de la Ley General de Salud.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía:Con su venia, diputado presidente. El día de hoy me da mucho gusto que tantas iniciativas se estén presentando en pro de la donación de órganos, porque yo no veía la fecha, no veía el día donde pudiéramos hablar en esta Cámara sobre este tema tan importante y tan urgente para los mexicanos, para más de 20 mil personas que están en espera de poder legislar y de poder avanzar con esta iniciativa.

En el año 87, en 1987 para ser exactos, se empezó a hablar sobre el trasplante de órganos, se implementaron normas técnicas y se implementó el Registro Nacional de Trasplantes.

Diputadas y diputados, después de más de 15 años, logramos otra vez que en esta Cámara volvamos a subir el tema, como lo dije, con tanta gente en lista de espera. Estoy convencido que necesitamos fomentar la cultura de la donación. Necesitamos también, facilitar la práctica de los trasplantes de órganos.

Como diputados, debemos actuar con disposiciones legales que motiven a la donación para beneficio de la población que ha visto perjudicada la salud. Urge un esfuerzo conjunto de legisladores. Pero además, de autoridades, de medios de comunicación, de sociedad civil y de fundaciones para estar todos en pro de la cultura de donación. En México los pacientes esperan un órgano y siempre siguen esperándolo porque llega primero la muerte que el órgano.

Yo lo decía cuando hablábamos de enfermedad renal. Hay 11 mil personas que están esperando un órgano renal y de esas 11 mil personas, diputadas y diputados, déjenme decirles que solo el tres por ciento va a recibir un órgano renal.

Diputadas y diputados, hay países exitosos con estas iniciativas como España, como Australia, Suecia, Suiza, Alemania, Francia, Dinamarca, donde han logrado que toda persona que fallezca se convierta automáticamente en donador. Debemos ser solidarios, debemos tener la palabra de altruismo como iniciativa a la cultura de la donación, con pleno respeto a la libertad de creencias y de culto.

El principal objetivo de esta iniciativa que hoy presento ante ustedes, diputadas y diputados, es adecuar la ley para estar en condiciones de satisfacer la indiscutible necesidad de quienes requieren un órgano y están en esas listas tan largas de donación y de donantes.

Pero una gran necesidad en la materia es la creación de hospital donante, que ayude a todos los hospitales públicos y privados a incorporar la procuración de órganos y tejidos como una actividad asistencial propia donde tengamos expertos, como responsabilidad del mismo hospital, donde el hospital se comprometa pero además que ese hospital esté certificado para tener al personal adecuado y estar supervisado por la Cofepris.

Además debemos esforzarnos por crear un modelo donde la procuración de órganos y tejidos sea una actividad usual y rutinaria. El hospital debe ser proactivo y autosuficiente para garantizar todos los pasos operativos.

Para ello necesitamos también ser muy contundentes y formar la Comisión de Vigilancia para que supervise y además para que todos los mexicanos estén tranquilos y estén informados de dónde sale el órgano y quién lo va a recibir.

Nosotros necesitamos formar, y que la Secretaría de Salud forme un comité de vigilancia donde esté formado por diputados, que esté formado por la Secretaría de Salud, que esté formado por sociedades civiles y principalmente por la PGR, así como fundaciones para que los órganos que salgan de una persona donante puedan ser recibidos con transparencia y podamos dar vida.

Diputadas y diputados, concluyo diciéndoles que tenemos un gran compromiso con el tema de donación de órganos. Tenemos un gran compromiso con tantas personas que requieren de un órgano. Sé de la voluntad de todos los grupos parlamentarios. Sé y conozco la sensibilidad de todas las diputadas y diputados que nos encontramos en esta Cámara, que conformamos esta legislatura y estoy convencido que vamos a votar, de que todos en México seamos donadores tácitamente hasta no demostrar lo contrario. Gracias diputados porque sé que tanta gente que nos va a ver y nos va a escuchar, va a ser beneficiado y vamos a poder dar vida. Gracias.

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de los diputados Elías Octavio Íñiguez Mejía y Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Elías Octavio Iñiguez Mejía y Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrantes del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Durante el transcurso del siglo XX se dio una espectacular revolución científica y tecnológica en el campo de la biología y particularmente en el de la medicina, campo en el que surgieron diversas especialidades quirúrgicas, entre las que destacó, en la segunda mitad del siglo, la denominada medicina de trasplantes.

La ciencia jurídica ha procurado regular este quehacer humano, con la finalidad de evitar los conflictos que pudieran surgir de esta importante actividad, sin embargo, el avance de la bioética y de la ciencia jurídica, no ha sido tan rápido como el de la ciencia médica, por lo que subsisten tópicos susceptibles de perfeccionamiento legal con un sustento bioético.

En la historia de esta especialidad, se han tenido que enfrentar barreras de diversos tipos, como las técnicas, las cuales en su mayoría han sido resueltas, tales como la incompatibilidad inmunológica y el subsecuente rechazo a los tejidos implantados, situaciones que han sido salvadas gracias al descubrimiento de inmunosupresores; la preservación de los órganos a trasplantar; y la depuración de las técnicas quirúrgicas de extirpación e implantación, entre otras. Sin embargo, el problema más difícil de salvar ha sido el relativo a la dificultad que implica la obtención de órganos.

Aunado a lo anterior, diversas condiciones sociológicas, culturales, religiosas, políticas y jurídicas, han sido también obstáculos en la evolución de esta disciplina, circunstancias que también se han tenido que superar. La promoción de una cultura que favorezca la donación de órganos y tejidos en nuestro país, permitirá facilitar su obtención y, en consecuencia, mejorar la atención e incrementar las expectativas de salud de los pacientes que requieren de un trasplante.

El derecho que toda persona tiene a la protección de su salud, está previsto en el párrafo tercero del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que supone el acceso a los servicios de salud, para restaurar y mantener el bienestar biopsicosocial.

En México se realizó el primer trasplante de córnea en 1958, en 1963 el primero de riñón, proveniente de donador fallecido y en 1967 se creó el Programa Nacional de Trasplantes en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia en coordinación con el Instituto Nacional de la Nutrición, y posteriormente en este mismo Instituto se inauguró la Unidad de Trasplantes. En el año de 1984 se publicó la Ley General de Salud, en donde por primera vez se legisló en materia de donación de órganos, medicina de trasplantes y muerte cerebral, en el Título XIV de la citada legislación, luego en 1985 tuvo lugar el primer trasplante de hígado; en 1987 se llevó a cabo el de páncreas y en 1988 el de corazón.

En el año de 1987, se reformó la Ley General de Salud y se sentaron las bases para la realización de trasplantes, se implementaron normas técnicas, se creó el Programa y el Registro Nacional de Trasplantes. La Norma Técnica 323 para la Disposición de Órganos y Tejidos de Seres Humanos con Fines Terapéuticos de 1988 fue decretada con el objeto de uniformar los criterios de operación de los integrantes del Sistema Nacional de Salud. Se sentaron bases de coordinación entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (1989) y entre la primera y la Procuraduría General de la República (1991).

En 1991 se consolidaron los trasplantes altruistas como medio para disminuir la tasa de mortandad y se redujo de doce a seis horas el período para comprobar los signos de muerte, con lo cual se estableció el término de muerte cerebral, previsión de suma importancia para el caso de donación cadavérica. En 1994 la Secretaría de Salud emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia para la Disposición de Órganos y Tejidos de Seres Humanos con Fines Terapéuticos.

Dentro de los esfuerzos normativos recientes en esta materia, destacan: la creación del Consejo Nacional de Trasplantes en enero de 1999 y la reforma a la Ley General de Salud, en su Título XIV, referente a la “Donación, trasplantes y pérdida de la vida”, publicada el 26 de mayo del 2001 en el Diario Oficial de la Federación, que crea el Centro Nacional de Trasplantes, regula la donación de órganos y actualiza el marco jurídico para que las técnicas de medicina de trasplantes, beneficien a todos los mexicanos.

En esta breve síntesis se puede observar el creciente interés y avances científicos en materia de trasplantes en México, no obstante, la donación de órganos no ha tenido logros paralelos.

Sin embargo, la reforma del 2000 insertó en la Ley General de Salud el parentesco entre donador y receptor como requisito para efectuar el trasplante (fracción VI del artículo 333). Restricción que, al coartar la posibilidad de efectuar un trasplante entre personas que no sean familiares - aun cuando se satisficiere el requisito de compatibilidad - se contrapone a lo previsto por la fracción IV del artículo 2 de este mismo ordenamiento, en donde se señala que el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad, entre otras, “la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud”.

Por otro lado, los beneficios que un trasplante exitoso implica que el equipo médico cumple con la tarea de mejorar y prolongar la vida del paciente; el receptor no solo ve incrementada y mejorada su calidad de vida sino, además, su vida económicamente activa; al disminuir la dependencia externa en esta materia se incrementa el prestigio científico y técnico de nuestro sistema nacional de salud. Lo cual resulta, en su conjunto y a todas luces, benéfico para nuestro país, toda vez que se incrementa el capital humano y el Estado cumple con su obligación en materia de salud.

Es indispensable, entonces, fomentar esta cultura para que las condiciones ideológicas faciliten la práctica de los trasplantes, esta responsabilidad debe ser principalmente por parte de la Secretaría de Salud, en consecuencia, nuestra tarea como legisladores, es adecuar las disposiciones legales que incentiven la donación para beneficio de la población que ha visto menguada su salud. Urge un esfuerzo conjunto de legisladores, autoridades, medios de comunicación y sociedad civil en pro de la cultura referida.

Por otra parte, los hospitales son actores protagónicos del proceso, tanto en la donación como en el trasplante. Como nexo entre potenciales donantes y potenciales receptores, el hospital es la institución sanitaria que garantiza la posibilidad real de trasplante a partir de su capacidad de generar donantes.

La donación es un proceso vital que sucede ante la muerte de una persona cuyos órganos y tejidos son capaces de prolongar o mejorar la vida de otras. El trasplante es el paso final de una larga cadena de acciones en las que participa todo el personal sanitario. Por eso es imprescindible que todo el personal conozca sobre donación de órganos y tejidos y tenga internalizado que en cada paciente fallecido existe un potencial donante.

Para ello es deseable crear un Programa del Hospital Donante, que ayude a los establecimientos sanitarios a incorporar la procuración de órganos y tejidos como una actividad asistencial propia. Con esta estrategia se coadyuva a la procuración de órganos no como una actividad de expertos, sino como responsabilidad del Hospital en su conjunto.

Un programa de este tipo debe ser un modelo donde la procuración de órganos y tejidos sea una actividad hospitalaria usual y rutinaria. El Hospital debe ser proactivo y autosuficiente para garantizar todos los pasos operativos (desde la identificación de potenciales donantes hasta la ablación de órganos y tejidos). Para ello es necesario que las áreas donde pueden surgir los donantes trabajen de manera coordinada y que todo el personal esté capacitado y comprometido para colaborar y participar.

Otro de los aspectos importantes dentro del proceso de donación, es asegurar una transparencia completa sobre el trasplante para mantener y mejorar la confianza de la población y de los pacientes respecto a este proceso.

Para ello es deseable tener una Comisión de Vigilancia que supervise todo el proceso de donación y trasplantes que se realice en el país, que se cumpla con la normatividad y protocolos establecidos en la materia; vigilar la trazabilidad de los órganos y tejidos desde el momento en que se obtiene el consentimiento de la donación, durante la distribución y en la asignación, así como en el trasplante y los resultados esperados.

Argumentos

De acuerdo con la Ley General de Salud, se entiende por donación expresa la manifestación de la voluntad de la persona, con respecto de sus propios órganos, a través de un documento público o privado, en el que se podrá señalar, en su caso, si la donación se hace a persona determinada, así como las condiciones bajo las cuales se realizará, si las hubiere. Con esto se respeta cabalmente el derecho individual de libertad de disposición. Es éste un instrumento muy valioso para quien quiera dar un regalo de vida, acto que denota conciencia, altruismo y prevención, dado que todos estamos expuestos a sufrir algún accidente.

En México, los pacientes esperan un órgano para solucionar su padecimiento y mueren, en su mayoría, sin haberlo recibido, por lo que consideramos improrrogable toda instrumentación y adecuación legal tendiente a proveer a la solución de este problema: debemos procurar que la oferta de órganos se acerque a la demanda. Incrementar la oferta de órganos es una tarea que nos corresponde a todos.

Los trasplantes son una de las mejores alternativas con que cuentan los profesionales de la salud para combatir algunos de esos padecimientos crónicos. El número de trasplantes y la calidad de los mismos se ha incrementado sustancialmente a lo largo de su historia y es por ello que la expectativa de vida de aquellos que acceden a él es también mayor y mejor.

El problema ante los trasplantes que se realizan para combatir a las enfermedades crónicas sigue siendo el que representa la obtención del insumo principal para el trasplante, es decir, el órgano. Bien sabido es que, en todos los países del mundo, la demanda de órganos es muy superior a la obtención de los mismos. Pocos países han logrado disminuir la brecha, pero nunca han logrado satisfacer la demanda.

Para obtener un órgano humano para trasplante, es indispensable el cumplimiento de diversos requisitos, muchos de los cuales obedecen a una bien demostrada lógica científica, por ejemplo, la compatibilidad y la calidad del órgano (estructura, vascularización, datos de no infección, etc.), solo por mencionar algunas. Pero adicionalmente existe un requisito que solamente puede ser explicado en una lógica de respeto por el otro, es decir en una dimensión ética que cada vez es más exigible ante el desarrollo científico y tecnológico. Este requisito de intención humana está relacionado con el reconocimiento de que cada ser humano puede y debe decidir lo que corresponde a la disposición de su cuerpo ya sea en vida o para después de su muerte. Donación es la forma en que se define al acto de obtener un órgano, tejido o célula para trasplante, ésta no es la figura jurídica del derecho civil ni sigue sus reglas. La Donación en este caso se utilizó en México para distinguir a este acto sui generis que representa la voluntad manifiesta, que persigue fines altruistas y de solidaridad, para entregar a otra persona que lo necesita, un órgano, tejido o célula para trasplantes. Esta voluntad a la donación se formaliza mediante el Consentimiento y éste ha estado permanentemente asociado a la capacidad legal de las personas para otorgarlo.

La figura del Consentimiento Informado es muy conocida en la atención de la salud. La relación médico-paciente depende en la actualidad de éste, cómo la máxima expresión del reconocimiento de la autonomía de las personas. Diversas declaraciones de organismos internacionales estudian, analizan y rescatan la importancia y relevancia de esta figura. El Consentimiento Informado es en realidad, un proceso, más que un documento. Este proceso debe ser dialógico para el ejercicio de las obligaciones y los derechos que deben ser respetados.

En primer lugar, la obligación de informar amplia, suficiente, de manera clara y veraz sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas de un problema de salud, esta obligación corresponde al profesional de la salud, en específico al denominado médico tratante.

En segundo lugar, el derecho que tenemos las personas para decidir, aceptar o negar alternativas terapéuticas. Para poder elegir adecuadamente se requiere también, de una adecuada información. Solo así se puede entender que el consentimiento es la manifestación de la autonomía de las personas. La autonomía es uno de los principios éticos que debe guiar la práctica médica. A través del tiempo la autonomía ha sido entendida de diversas formas y ha evolucionado a un ritmo bastante lento. Años atrás la autonomía en salud se entendía como la voluntad de obedecer la instrucción médica, es decir la autonomía como obediencia.

Ahora y gracias a diversos movimientos socio-culturales, políticos y económicos es posible ver a la autonomía como la capacidad de autogobierno, en materia de salud, como la capacidad de poder tomar decisiones racionales y razonables, aunque estas no sean exactamente las que el médico prefiera. La obligación de informar entonces cobra sentido pues es solo con información que una persona enferma pueda tomar una decisión responsable, racional y razonada y con ello evitar conductas paternalistas de los profesionales de la salud. Más adelante, en esta exposición, se precisará la relación de éstas figuras (consentimiento informado y autonomía) con la donación de órganos y tejidos de seres humanos que han perdido la vida.

El consentimiento, por tanto, no es solamente un evento que se formaliza en un documento, es un proceso dialógico indispensable de respeto mutuo que permite el cumplimiento de diversos principios éticos y de los derechos humanos y en tanto está vinculado al principio de la autonomía, que implica la posibilidad de tomar decisiones, pues se requiere de conciencia y capacidad legal.

La aceptación tácita no implica que el Estado se convierta en propietario de los cadáveres, toda vez que, como quedaría dispuesto por el artículo 324, únicamente podría disponerse de los órganos en cuestión, ex profeso para trasplantes, disposición que está limitada no sólo por el destino señalado, sino por el factor tiempo, por lo que hace a los plazos (sumamente reducidos, de unas cuantas horas) para la obtención de los órganos susceptibles a ser trasplantados. Luego entonces, la reforma sugerida no atenta contra el derecho que los familiares tienen para dar al cuerpo del occiso el culto post mortem de acuerdo con sus costumbres sociológicas y religiosas.

El consentimiento a la donación de órganos para trasplantes es expreso cuando proviene de una persona viva. Este consentimiento debe contener los requisitos previstos en la Ley General de Salud (LGS), su reglamento en materia de trasplantes, pero también lo correspondiente a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas que hablan sobre el expediente clínico y el expediente clínico electrónico, así como lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Atención Médica Hospitalaria. La donación en este caso se presenta de dos formas, cuando se ha de extraer el órgano del donante vivo o cuando se ha de extraer una vez que ha perdido la vida, en este último caso la manifestación del consentimiento tuvo que haberse dado por escrito y en pleno uso de sus facultades mentales en los formatos que para tal efecto proporciona la Secretaría de Salud a través del CENATRA .

Aunque en ambas posibilidades se refiere al consentimiento expreso, la obtención de órganos de donantes fallecidos debe seguir una lógica distinta a la aplicable en caso de donantes vivos. Ésta debe dar respuesta, sí a las necesidades de la realidad epidemiológica del país (principalmente bajo una óptica de solidaridad social), pero sobre todo a una lógica de respeto a la memoria del que fue. Este consentimiento debe considerar una estrategia viable para respetar el deseo o la voluntad de la persona con capacidad jurídica que vivió y que comunicó de una u otra forma su voluntad. Así es que la LGS ya establece el Consentimiento expreso como la manifestación de la voluntad que se otorga de manera anticipada a la muerte para que se disponga de sus órganos y/o tejidos con fines de trasplante. Este consentimiento debe constar por escrito, generalmente en las formas establecidas por el CENATRA (aunque en algunas Entidades se ha legislado para validar otros instrumentos públicos como por ejemplo la licencia de manejo). Es un documento que puede ser certificado ante notario público o que puede permanecer como documento privado. Este consentimiento sigue algunas reglas del consentimiento informado, como por ejemplo la posibilidad de revocarlo en cualquier momento sin perjuicio alguno.

Ahora, en cuanto a las personas que han fallecido sin suscribir un consentimiento expreso en vida, aplica lo que la LGS ha denominado Consentimiento Tácito . Este consentimiento no existe realmente, lo que la LGS hace, es presentarlo como la ausencia de una negativa a donar, pero establece como requisito sine qua non para que se configure el consentimiento tácito, obtener también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante , es decir se recurre a las reglas del parentesco que se establecen en las legislaciones civiles.

Como ya señalamos anteriormente, si a lo que se aspira es a manifestar respeto por la voluntad y deseo del que fue, entonces tendríamos que pensar esta figura desde otra óptica. Diversos países consideran la figura del Consentimiento Presunto , pero debemos entender al Consentimiento Presunto como aquel que se indaga, cómo la búsqueda de la posible voluntad de la persona, aquella información que se busca y se obtiene de voz de las personas más cercanas al potencial donante. No significa inventar un nuevo tipo de consentimiento expreso que parece confundirse en el texto de la ley vigente: Los disponentes secúndanos, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores [se refiere al consentimiento expreso], cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.

Es decir, se le concede a la familia un derecho difícil de explicar, el consentir la donación de partes de un cuerpo que no es el propio, lo que se rescata por tanto es la voluntad de un tercero no del titular del derecho de consentimiento. Si la propia LGS deja en claro que el consentimiento expreso no podrá ser revocado por terceros, queda claro que lo que se pretende es proteger el consentimiento como respeto puro a la voluntad de las personas y por tanto a su autonomía. Por ello el Consentimiento Tácito , al cual hace referencia la LGS debiera entenderse también como la presunción de que la familia puede dar cuenta de lo que el potencial donante hubiese querido al momento de su muerte.

Cómo los órganos de donantes fallecidos se obtienen principalmente de personas que han perdido la vida por criterios encefálicos, es decir por muerte encefálica, es indispensable que quede claro que la muerte encefálica es muerte para todos sus efectos y no solamente para la obtención de órganos con fines de trasplantes. Los diagnósticos de muerte encefálica deben hacerse, aunque se sospeche que no es un donante óptimo o que no podrá obtenerse el consentimiento. Por esta razón es que se intenta precisar el procedimiento a seguir en caso de que los familiares soliciten desconectar a una persona con muerte encefálica de los equipos que lo mantienen con algunos signos cardiopulmonares.

El principal objetivo de la iniciativa que hoy sometemos al pleno, es la de facilitar, como se asentó con antelación la donación de órganos. Con esta propuesta pretendemos adecuar la ley para estar en condiciones de satisfacer la indiscutible necesidad de quienes requieren un órgano para seguir viviendo.

Compañeras y compañeros legisladores,

Tenemos frente a nosotros una importante oportunidad para que el Estado cumpla con la impostergable obligación de satisfacer el derecho a la protección de la salud, que tiene el pueblo de México. Es por ello que, conscientes de las bondades que contiene este proyecto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que modifican los artículos 314 fracción Vi, 316 bis fracción II, 320, 322, 324, 326 fracción I, 334 fracciones II y II bis y 345; y se deroga la fracción XVI del artículo 314 de la Ley General de Salud, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 314.Para efectos de este título se entiende por:

I al V. (...)

VI.Donador, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos/tejidos y células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VII al XV. (...)

XVI .DEROGADO

XVII al XXVIII .(...)

Artículo 316 Bis . (...)

(...)

Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere este artículo:

I.(...)

II. Ofrecer información amplia y suficiente a los familiares sobre el proceso de donación y consultarles sobre la voluntad de donar o no de la persona que perdió la vida;

III a X. (...)

Artículo 320. Toda persona podrá disponer o donar su cuerpo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.

Artículo 322.La donación expresa deberá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

(...)

(...)

La donación se rige por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro, confidencialidad y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaria de Salud.

Artículo 324.Habrá consentimiento tácito del donante cuando, en vida, no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Esta presunción, para que sea válida, requiere que la familia tenga acceso a información amplia y suficiente sobre la muerte de la persona y el proceso de donación.

La familia será consultada sobre la posible voluntad de la persona fallecida para ratificar el consentimiento tácito. La ratificación anterior podrá ser otorgada porel o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

(...)

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicha negativa .

Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:

I.El tácito o expreso otorgado por menores de edad, personas en estado de interdiccióno por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y

II.(...)

Artículo 334.Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

I . (...)

II.Existir consentimiento expreso del disponente, o que se configure el consentimiento tácito;

II Bis.Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna a la familia en los términos del artículo 324 de los procedimientos que se llevarán a cabo, y

III. (...)

Artículo 345. (...).

En este caso también se verificará previamente, la voluntad de la persona fallecida y se seguirán las reglas y los principios básicos establecidos en el Título Octavo Bis de esta Ley.

Transitorio

Primero. La Secretaría de Salud deberá armonizar el contenido de la presente reforma con el reglamento de la Ley general de Salud en Materia de Trasplantes e implementará una campaña amplia de información sobre la obtención de donante fallecido y las figuras de consentimiento expreso y tácito

Segundo.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Segundo y tercer párrafo del Art. 329 de la Ley General de Salud

2 Véase por ejemplo el tercer párrafo del artículo 322

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de abril de 2016.— Diputadas y diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Araceli Madrigal Sánchez, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Federico Quinto Guillén, Eloisa Chavarrias Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Erik Juárez Blanquet, Guadalupe González Suástegui, Heidi Salazar Espinosa, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge López Martín, Leticia Amparano Gamez, Lorena del Carmen Alfaro García, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María Concepción Valdés Ramírez, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Verónica Agundis Estrada, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Patricia García García, Pedro Garza Treviño, Rene Mandujano Tinajero, Sofía del Sagrario De León Maza, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Íñiguez. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Tiene ahora...

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: La diputada Araceli Madrigal, sonido en su curul, por favor.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para pedirle al doctor Íñiguez, presidente de la Comisión de Salud, si me permite adherirme a su iniciativa y que en la Comisión de Salud estamos dispuestos a trabajarla en conjunto para que la población se sensibilice en la cultura de la donación que tanta falta le hace a muchos enfermos en México. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada. Diputado Íñiguez, ¿Si acepta la suscripción?

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (desde la curul): Sí, adelante.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Está a disposición de esta secretaría para que la suscriban.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, y del Revolucionario Institucional.

El diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados. A nombre propio y a nombre de mis compañeros del Partido Verde Ecologista de México, además de los diputados Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Hersilia Córdova Morán, Edith Villa Trujillo y Héctor Javier Álvarez Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, presentamos la iniciativa que adiciona un nuevo párrafo al artículo 4o constitucional, que propone que toda persona tenga el derecho a la utilización de la energía eléctrica de manera suficiente, equitativa y sustentable.

México, a través de su historia y bajo el impulso del Poder Legislativo, ha pugnado por los derechos sociales de sus habitantes, por ello ha consagrado en nuestro marco constitucional el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la tenencia de la tierra, entre otros, aunque hay que reconocer con toda honestidad que a pesar de ello no podemos afirmar que se hayan cumplido cabalmente. Se ha avanzado indudablemente, pero aún falta y no poco.

En el 2012 el Congreso de la Unión de manera acertada elevó a rango constitucional el derecho al agua, considerando que el vital líquido constituye la vida, que es el sustento de nuestros ecosistemas y desde luego para atender nuestras necesidades básicas, como: el beber, la preparación de alimentos y la higiene.

El uso de la energía eléctrica ha permitido avances productivos en diferentes ramas y sectores. Ha propiciado, igual, adelantos en tecnología, lo que ha favorecido incluso la invención de artefactos eléctricos de uso doméstico que facilitan la vida de las personas. Socialmente beneficia a los hogares, a las escuelas, a los hospitales, a la agricultura, a las comunicaciones y al transporte, y, por supuesto, a las instituciones tanto públicas como privadas.

En fin, su uso está prácticamente presente en todas las actividades que se desarrollan tanto en la sociedad como en el Estado. Pese a ello en México hay rezagos, hay muchísimos mexicanos que aún no cuentan con energía eléctrica.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad en el país existen más de 500 mil viviendas sin electricidad. Otros indicadores sociales manifiestan que persisten los rezagos de electricidad en diversas comunidades indígenas, rurales y urbanas, sobre todo en colonias populares. En la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013 se destacó que estaba pendiente por electrificar cerca de 43 mil localidades en el país. Esto representa a más de 2 millones de mexicanos.

Sin duda la erradicación de la pobreza implica que toda la población cuente con energía eléctrica, factor fundamental para lograr el desarrollo de todos los mexicanos. Por ello hoy presentamos esta reforma, para que toda persona tenga de verdad el derecho al servicio de energía eléctrica, para que cada hogar, cada escuela, cada clínica de salud u hospital cuenten con el servicio de energía eléctrica para su adecuado desarrollo y funcionamiento.

Las diputadas y los diputados tenemos la responsabilidad de consolidar un desarrollo incluyente, esto implica atender el principio de que todos los mexicanos tengamos el derecho universal a la energía eléctrica como una prioridad fundamental. Gracias por su atención, diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI

Los que suscriben, diputados Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Serrano Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Telésforo García Carreón, del Partido Revolucionario Institucional; Hersilia Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Edith Villa Trujillo y Héctor Javier Álvarez Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo párrafo décimo tercero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestra Constitución Política se encuentran consagrados y reconocidos, en un sentido amplio los derechos sociales de los mexicanos, entre ellos:

- Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. (Artículo 2o.);

- El derecho a la educación. (Artículo 3o.);

- El derecho a la salud, a la alimentación nutritiva, al acceso al agua para consumo personal, a la vivienda, al medio ambiente adecuado, a la cultura, a la cultura física y al deporte. (Artículo 4o.).

En el año 2012, uno de los derechos elevados a rango constitucional fue el acceso al agua en su disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico. Uno de los argumentos sólidos de la reforma se fundamentó en que el agua es un vital líquido que constituye vida, es el sustento de nuestros ecosistemas y elemental para atender nuestras necesidades básicas como el beber, la preparación de alimentos y la higiene.

El tema del agua, ya tenía regulación en el artículo 27 constitucional en cuanto a la propiedad de la Nación de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y el derecho de transferir el dominio de estas a los particulares.

Igualmente, en el artículo 115 constitucional, se facultaba a los Municipios para tener como una de sus funciones atender los servicios del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

La reforma sobre el derecho al agua ha sido de gran trascendencia, responsabilidad y sentido social al atender un tema elemental como el acceso al agua, bien fundamental y necesario para la vida, la salud y la dignidad de toda persona.

Como se ha indicado, la legislación mexicana ha venido atendiendo históricamente los derechos sociales de los mexicanos donde el Congreso de la Unión ha jugado un papel determinante.

A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en diciembre de 1966, reconoce que la libertad, la justicia y la paz en todas las naciones se sustentan en el reconocimiento de la dignidad humana. Dichos derechos tienen que ver con la atención en alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la cultura, al agua y su saneamiento.

Uno de los más grandes descubrimientos en la historia de la humanidad ha sido el de la energía eléctrica. Históricamente, al físico William Gilbert, se le atribuye el descubrimiento de la electricidad. En 1600 llevó a cabo un primer estudio científico sobre los fenómenos eléctricos y para demostrar experimentalmente el magnetismo terrestre, aplicando los términos de “energía eléctrica”, “atracción eléctrica” o “polo magnético”.

Este descubrimiento implicó una gran transformación social, con el tiempo se convirtió en el más grande generador de progreso y desarrollo en todo el mundo. Avanzaron así, la producción en cadena de alimentos y otros productos, la iluminación en las calles y las casas. Los adelantos en tecnología crecían con la invención de artefactos eléctricos de uso doméstico que empezaron a facilitar la vida de las personas.

La generación industrial de electricidad comienza a fines del siglo XIX y con ello la actividad industrial se vuelve más activa.

En México, la primera planta eléctrica empezó a funcionar en 1879 en la fábrica textil “El León”, en el estado de Guanajuato. En 1881, da inicio el servicio público de electricidad en la Ciudad de México al instalar la Compañía Canadiense Knight 40 lámparas eléctricas incandescentes.

Años después se crea la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, que abastecía de energía eléctrica las minas de Real del Monte y El Oro. Los avances de la energía eléctrica impactaron en el desarrollo de la industria textil en la fabricación de telas, principalmente en Monterrey y Atlixco, Puebla.

Durante el régimen de Porfirio Díaz el sector eléctrico adquirió el carácter de servicio público. En este periodo se manifiesta un gran crecimiento de compañías filiales de energía eléctrica, entre ellas la canadiense The Mexican Light and Power Company; The American and Foreign Power Company y la Compañía Eléctrica de Chapala. Para 1911 se registraban en el país 199 compañías de luz y fuerza motriz que daban servicio en diferentes estados de la República lo que propiciaba el desarrollo de las actividades básicamente textiles, de la construcción, el transporte, la minería y a través de presas, la distribución del agua.

La expansión de empresas extranjeras generadoras de energía en el territorio nacional se manejaba bajo intereses económicos por lo que sólo atendían a los sectores de la población de ingreso medio y alto. El gobierno a fin de tener la capacidad jurídica en materia de energía eléctrica asume reformar la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión para legislar en el tema de la energía eléctrica. Para agosto de 1937 se promulgó la ley que creó la Comisión Federal de Electricidad. Para 1946 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contaba con una capacidad instalada de 15,594 Kilowatts con expectativas de seguir creciendo. Para 1949 la CFE se constituyó como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitió ampliar sus actividades, para ello, se enfocó en la planeación, ejecución de obra y la adquisición de instalaciones.

La nacionalización de la industria eléctrica la decreta el Presidente Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, en su discurso de nacionalización de la industria eléctrica, señaló:

“Al tomar posesión la nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos”.

“Siempre hemos sostenido que alcanzar una meta debe ser punto de partida para más importantes realizaciones, y ahora invitamos al pueblo de México a que, en posesión de su energía eléctrica, acreciente su industrialización para llevar a los hogares de todos, los beneficios de la energía eléctrica y los de la industrialización”.

Dichos argumentos tenían soporte en que la generación de energía, su transferencia y su provisión fueron considerados desde el principio como un servicio público a cargo de dicho organismo, por lo que no debían prestarlo compañías extranjeras que atentaban y afectaban la soberanía nacional y con ello se impedía el desarrollo del país. Así el gobierno mexicano adquiere por 52 millones de dólares, el 90 por ciento de las acciones de The Mexican Light and Power Co., y por 70 millones de dólares las acciones de la American and Foreign Power Company.

A partir de la nacionalización de la industria eléctrica este sector avanzó de manera considerable en el país, convirtiéndose en uno de los principales entes económicos que propiciaron progreso, empleo y bienestar social.

Datos recientes de 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destaca el aumento en 2.4 millones de la población en el país con servicio de energía eléctrica en comparación con el año anterior.

Igualmente, indica que para atender el rezago en el servicio de energía eléctrica, la CFE ha firmado convenios con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , y con gobiernos locales para que la infraestructura llegue a zonas marginadas. Con ello, se estima que a partir de 2018 más de 99 por ciento de la población en México tenga acceso al servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, señalan que en el país existen más de 500 mil viviendas sin electricidad. Otros indicadores manifiestan que persisten los rezagos de electricidad en diversas comunidades indígenas y rurales.

La reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión en 2013, entre sus argumentos, destacaba que estaba pendiente electrificar cerca de 43 mil localidades en el país, esto en cifras representa más de 2 millones 200 mil mexicanos. Consideró en su exposición de motivos, que la erradicación de la pobreza implicaba que toda la población contará con energía eléctrica, factor elemental para lograr el desarrollo de los mexicanos.

Uno de los principales objetivos de la reforma era consolidar un desarrollo incluyente, esto implicaba atender el principio: el acceso universal a la energía eléctrica de todos los mexicanos como una prioridad fundamental de la política energética.

Es una realidad que actualmente muchos mexicanos cuentan con el servicio de energía eléctrica, pero no se puede omitir que existe un fuerte rezago social en cuanto a este servicio, principalmente en zonas rurales y comunidades indígenas marginadas. Es igual, frecuente el reclamo social generalizado ante sus altos costos, lo que afecta a las familias de menores ingresos. Ante este escenario, en la reforma energética, se estableció el compromiso que la Comisión Federal de Electricidad generaría energía al menor costo, así como impulsar y promover la generación de energías renovables y certificadas como energías limpias.

La reforma implica la modernización del sector energético del país, reconociendo que el 47 por ciento de las líneas de transmisión de la CFE tienen más de 20 años de antigüedad. En lo que va de los últimos 5 años, se ha construido únicamente el 8 por ciento de las líneas de transmisión existentes, ante este bosquejo la CFE tiene planeada y programada una expansión del 1.1 por ciento anual de la red de transmisión, entre 2013 y 2026, periodo en el cual se pronostica un crecimiento de 4.1 por ciento anual de la demanda máxima, demanda que incluye la generación de energías limpias las que se deben aumentar para la preservación del medio ambiente y atender el acceso a la energía eléctrica para la toda la población en general y abastecer las ramas productivas de la industria, la agricultura, las comunicaciones y transportes y las actividades económicas de la población tanto urbana como rural, además de atender el principio del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.

Sin duda, la energía eléctrica es una de las principales fuentes de desarrollo y crecimiento en todos los campos de la economía al generar riqueza en las distintas cadenas productivas, en la prestación de servicios, en su aplicación en los avances científicos, tecnológicos e innovación; socialmente beneficia a los hogares, las escuelas, los hospitales, las instituciones tanto públicas como privadas, en fin, su uso está prácticamente presente en todas las actividades que desarrolla la sociedad, en síntesis el Estado mismo.

Como bien se ha señalado en la reforma energética, queda pendiente electrificar a más de 43 mil localidades en el país, esto en población representa a más de 2 millones 200 mil mexicanos. Es una realidad que aún existen rezagos en cuanto al servicio de energía eléctrica en el país, por lo que este servicio se debe extender a todas comunidades, a todas las zonas, a toda aula escolar, a todo hogar, a toda clínica, a todo centro o institución de salud del territorio nacional sin distinción alguna.

De acuerdo al reciente Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) son más de 42 mil aulas de planteles públicos de educación especial, prescolar, primaria y secundaria que carecen de energía eléctrica. Otro dato del estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), indica que en el estado de Zacatecas existen 18 telesecundarias que no tienen energía eléctrica. Un dato más a citar, son las comunidades indígenas de Nuevo Amanecer en Tejanapa y Monte Oreb, en el Estado de Chiapas quienes no cuentan con servicio de energía eléctrica, por lo que el Centro de la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en convenio con dichos ayuntamientos ha planteado llevar energía eléctrica a estas poblaciones, tarea del Instituto que es de reconocimiento, pero el garantizar este servicio es una responsabilidad del Estado.

Atender la demanda de energía eléctrica en las distintas poblaciones del país es un tema pendiente. Resulta igual necesario, fomentar la cultura del ahorro de la misma, si consideramos que la energía eléctrica como se ha señalado, es fundamental para el desarrollo del país y para la vida diaria de las personas, por lo que el mal uso o el despilfarro de la misma afecta la economía y al medio ambiente.

Uno de los objetivos principales – objetivo número 5 - del Plan Anual de Trabajo 2014 de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, es fomentar y difundir socialmente la cultura del ahorro y buen uso de la energía eléctrica. De acuerdo a la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) a un grupo de 100 mexicanos sobre el ahorro de energía eléctrica en los hogares, el 31 por ciento de los encuestados contribuyen al ahorro de energía eléctrica en sus hogares y el 69 por ciento señalaron que no ahorran energía eléctrica.

Finalmente, bajo las consideraciones de los proponentes, uno de los retos del Ejecutivo y del Legislativo es erradicar la pobreza en la población. Es buscar que todos los mexicanos de todas las regiones y comunidades del país tengan la oportunidad de desarrollarse en condiciones de igualdad y que se les garantice el acceso a todo los servicios, siendo uno de ellos el de la energía eléctrica, un servicio elemental, necesario e indispensable de bienestar y de dignidad, es por ello que se propone adicionar uno nuevo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el derecho de toda persona al acceso y la utilización de la energía eléctrica, así como al cuidado y ahorro de la misma y con ello lograr el principio incluyente de este servicio para toda la población.

Por los motivos expuestos, presentamos a la consideración esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un nuevo párrafo decimotercero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona un nuevo párrafo décimo tercero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho al acceso y la utilización de la energía eléctrica suficiente. El Estado garantizará este derecho en su uso equitativo y sustentable e implementará programas de ahorro de la misma.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Véase, http://www.inep.org/content/view/1407/87/).

2. Véase Legislación y Política Consultores, S.C./0/octubre/201

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de marzo de 2016.— Diputados y diputadas : Juan Manuel Celis Aguirre, Adolfo Mota Hernández, Cándido Ochoa Rojas, Daniela De Los Santos Torres, Erick Alejandro Lagos Hernández, Jesús Sesma Suárez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Celis. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Saludamos la presencia de un grupo de invitados especiales del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, invitados por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes. Sean ustedes muy bienvenidos.

VOLUMEN II

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar tres iniciativas: iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Con su venia, presidenta. Presentaré dos de las iniciativas que se anuncian, que son reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La primera, se defiere a las definiciones que señalan en el artículo 6o. de la ley. Hay cinco consideradas en la ley vigente, consideramos como muchas y muchos legisladores lo han hecho en esta legislatura que hay otras adecuaciones que tienen que hacerse por la evolución de los problemas y la visibilización de los problemas sociales.

Nuestra aportación a estos esfuerzos de ustedes, compañeras, compañeros legisladores que han propuesto una reforma similar, es aportar una definición de violencia obstétrica, que tiene características de aplicación general, aunque no es taxativa; es decir, que permite que haya una interpretación general de la misma.

La segunda parte de nuestra propuesta de reforma, se refiere al reducto último de las víctimas de violencia contra las mujeres, que son las mujeres violentadas, que son los refugios.

Efectivamente, se está en diferentes artículos de la ley atendiendo psicológica, económica, en términos de aislamiento necesario también para este tipo de víctimas, a las mujeres víctimas. Sin embargo, creemos que se está dejando de lado un tema importante, que es el empoderamiento económico.

Estamos proponiendo que la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedatu, también la Secretaría del Trabajo federal también empoderen económicamente a las mujeres, para que no sea solamente, o no sea la victimización la que se quede ahí, sino que busquemos que se empodere económicamente y que en este lapso de tres meses o más, que señala la ley, las mujeres sean beneficiadas con proyectos productivos. Es decir, que no pierdan su empoderamiento económico.

La segunda parte tiene, como parte de las motivaciones, datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde señalan que los hijos de familias donde hay violencia hacia la mujer repiten años escolares en un 65 por ciento y abandonan la escuela en un promedio de nueve años. Es decir, la violencia doméstica no solamente alcanza a las mujeres, sino también a las hijas e hijos.

Por eso estamos proponiendo que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades correspondientes garanticen que haya una educación continua aun estando en estos refugios para hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia, que tomen las medidas necesarias en términos de coordinación para que la educación, de menores de edad, primaria, bachillerato y superior no sea perdida.

Es decir, estamos atendiendo no solamente a las víctimas, sino también a las niñas y niños, que es una tarea que entendemos ya se está desarrollando en forma integral en la Comisión de Trabajo, que este Congreso ha aprobado que coordine la Comisión de Educación de la Cámara.

Y esta propuesta que pedimos que se integre en sus términos en el Diario de Debates va a atendiendo a eso, a armonizar y a atender, como lo ha hecho esta Cámara, el interés superior de la niñez y evitar que sean revictimizadas las mujeres, que de por sí ya son víctimas de la violencia doméstica o la violencia que las lleva a perder lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la vida. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma los artículos 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

La corrupción es un fenómeno multifactorial que lejos de constituir un asunto cultural, se enmarca dentro del diseño institucional prevaleciente en un país. Afecta el crecimiento económico, genera pobreza y desigualdad, se nutre de la impunidad al tiempo que la promueve, y en no pocos casos, es un precursor del crimen organizado y la violencia.

En este contexto, abordar el problema de la corrupción, implica no sólo hacerlo desde la perspectiva de la percepción –tan extendida entre la población–, sino también desde la óptica de la racionalidad política y económica, pues cada peso que se “invierte” en ella –tanto por parte de ciudadanos como de funcionarios públicos–, representa un peso que dejó de destinarse a rubros que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos en el corto y largo plazos, tales como la construcción de infraestructura para educación, salud y recreación, la implementación de programas sociales y la inversión en ciencia y tecnología, entre otros. El monto destinado a corrupción es tal que, de acuerdo con cifras del Banco de México y el Banco Mundial, equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), más que el porcentaje destinado a educación que para el ejercicio fiscal 2015 fue del 6.5% y de aquel dirigido a salud, que representó menos el 2.86% para el mismo ejercicio fiscal.

En este sentido, a pesar de que la corrupción atraviesa clases sociales, sectores económicos, y los ámbitos público y privado, particularmente corrosiva resulta la ejercida desde el primero, pues es en este espacio, en el que el funcionario que ejerce los recursos provenientes del erario, obteniendo paralelamente alguna ventaja o beneficio personal, origina ineficiencia en el destino del gasto o en su operación. Un caso muy evidente por las distorsiones que genera en el proceso de la toma de decisiones y en el impacto social, es el de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En este marco, la presente iniciativa plantea una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dirigida a acotar las excepciones al procedimiento de Licitación Pública, con la finalidad de evitar el manejo discrecional de los recursos públicos y, mediante ello, desincentivar las prácticas de corrupción. Todo ello, en el marco de la discusión y creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual, sin duda, forman parte las reformas a esta Ley.

Argumentación

El concepto de compra pública ha evolucionado hasta entenderse, en la actualidad, como una herramienta de desarrollo que permite incorporar a sectores vulnerables de la sociedad dentro del proceso económico, constituyendo no sólo una fuente de egresos para el Estado, sino una fuente relevante para el dinamismo de la economía, cuyos efectos abarcan la generación de empleo, la canalización de inversiones y el desarrollo productivo. De este modo, el Estado, a través de su poder de compra, influye en el desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales, ambientales y económicos”.

Por otro lado, las compras gubernamentales son esenciales para el funcionamiento de los entes públicos, pues se realizan con la finalidad de abastecerlos de los bienes y servicios necesarios para cumplir con las metas y objetivos relacionados con el desarrollo de las actividades y la prestación de los servicios públicos del Estado, tales como la salud, la educación, la impartición de justicia, entre otros.

Sin embargo, cuando las adquisiciones se realizan utilizando prácticas corruptas, se crean ineficiencias derivadas, principalmente, de: (i) la imposibilidad de contar con la mejor oferta en lo que a precio, calidad, financiamiento y otros rubros de las adquisiciones se refiere; (ii) los incentivos a entregar bienes y/o servicios de mala calidad, así como a establecer sobreprecios; y (iii) las demoras en la entrega de los bienes y/o servicios.

Al respecto, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de los países que la conforman, México es el más corrupto, situándose en la posición 34/34. Por su parte, el Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project 2014, ubica a México en la lista de los veinte países con servidores públicos más corruptos. Mientras que, el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, ubica a nuestro país en la posición 103 de 175. Lo anterior no hace sino reflejar la urgencia de implementar reformas, políticas y mecanismos que coadyuven a avanzar en la erradicación de este mal en México, cuya imagen como país altamente corrupto se ha agudizado durante los últimos años.

En este contexto, la presente propuesta de ley tiene por objeto contribuir a la eliminación de este flagelo en lo que corresponde a adquisiciones y arrendamientos de bienes o servicios, a través de acotar las excepciones a la licitación pública consideradas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de fortalecer los pesos y contrapesos establecidos en ella.

De acuerdo al artículo 134 de la Carta Magna, de la cual dicha Ley es reglamentaria en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza:

“Los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

...

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes” (negritas añadidas).

Esto es, de acuerdo con el citado artículo, la licitación pública es el mecanismo a través del cual se debe realizar la contratación de las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza por parte de la Federación, los estados y los municipios, por lo que si bien es cierto, que resulta necesario considerar algunas excepciones, también lo es que éstas deben ser las menos y, en su caso, contar con supuestos claros y definidos y encontrarse, salvo casos específicos, enmarcadas en un sistema de pesos y contrapesos.

Lo anterior, que pareciera evidente, no se encuentra recogido en la citada ley en la materia, pues diversas de las disposiciones que regulan o pretenden regular las excepciones al procedimiento de licitación pública, resultan proclives a incentivar conductas o prácticas de corrupción, derivado de la ambigüedad del supuesto considerado o de la falta de pesos y contrapesos en el proceso de la toma de decisiones de los servidores públicos.

En este sentido, se propone la eliminación de la fracción V, así como modificación a la fracción VII, todas ellas del artículo 41, las cuales establecen las siguientes excepciones al proceso de licitación pública:

“ V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;”

“ VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;”

En lo que respecta a la fracción V, la propuesta obedece a que en las fracciones II y III, se enmarcan los supuestos que pudieran encuadrar en dicha fracción, a saber:

“ II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;”

Es decir, la eventualidad que justificaría invocar la fracción V, necesariamente está relacionada con el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o el medio ambiente, y cualquier peligro o alteración a estos, derivados de caso fortuito o fuerza mayor, están considerados en la fracción II. Por otro lado, si no se tratara de alguna emergencia contemplada en la citada fracción, aquellas circunstancias que ameritarían no sujetarse a procedimiento de licitación pública, tendrían que generar pérdidas o costos adicionales importantes, supuesto contenido en la fracción III.

De este modo, mantener la ambigua e inacotada fracción V, implica continuar incentivando este flagelo, pues provoca, como la experiencia lo dicta, que servidores públicos lleven a cabo conductas de negligencia dolosa, en la que dejan pasar el tiempo para encuadrar la situación en dicha excepción y aplicar otro procedimiento, de este modo, de manera discrecional.

Al respecto, y para fines ilustrativos, cabe destacar, como ejemplo, el modus operandi del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, en el marco de la referida conducta de negligencia dolosa. En este caso, los servidores públicos encargados de llevarlo a cabo, al tener la facultad de elegir a los proveedores a los que extenderán las invitaciones correspondientes, acuerdan prácticas de colusión, consistentes en informarles los montos que tienen asignados para la adquisición que se concursa, permitiéndoles ponerse de acuerdo para elaborar dos propuestas elevando los costos, y una más que reúne las especificaciones solicitadas, incluyendo el costo más bajo y el famoso “diezmo”, la cual será la favorecida.

En cuanto a la fracción VII, no es razonable aplicar la excepción ante la declaración por una ocasión de una licitación desierta, toda vez que constituye un fuerte incentivo para que el servidor público manipule el proceso, declare desierta la licitación y pueda incurrir en conductas como la señalada en el párrafo anterior.

En este marco, un nuevo proceso de licitación permitiría aumentar la probabilidad de que las proposiciones presentadas reúnan todos los requisitos solicitados en la convocatoria. De este modo, la licitación pública podría seguir su curso, respetando así el procedimiento central establecido por el artículo 134 constitucional.

Finalmente, la iniciativa propone modificaciones al penúltimo párrafo del citado artículo, el cual establece los casos en los cuales los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no participarán en la dictaminación de los casos de excepción al procedimiento de licitación pública. Lo anterior, con el fin de fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, elemento central en todo ordenamiento democrático. Dicho párrafo establece que:

“La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX será responsabilidad del área usuaria o requirente.”

Al respecto, con la finalidad de asegurar la mayor objetividad y eficacia en las decisiones de los servidores públicos, como regla general, la aplicación de toda excepción al proceso de licitación pública debería estar avalada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, salvo casos concretos y absolutamente justificables, lo que no sucede en la redacción actual del párrafo en comento, pues es muy amplio el margen de acción que contempla para que el dictamen de procedencia de la contratación sea responsabilidad sólo del área requirente. Lo anterior, no resulta razonable ni proporcional, pues la emisión de este tipo de decisiones mediante órganos colegiados constituye un desincentivo a la arbitrariedad, la colusión y, por ende, la corrupción. En otras palabras, establecer tantos casos de excepción contradice el espíritu del artículo 134 constitucional, pues lejos de propiciar un uso eficiente y transparente de los recursos, se promueve la discrecionalidad, la cual es, siempre, antesala de la corrupción.

Fundamento Legal

El suscrito, diputado Rafael Hernández Soriano, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo Único: Se reforma la fracción II, del artículo 22; se deroga la fracción V, y se modifica la fracción VII y el párrafo penúltimo, del artículo 41. Todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 22.Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:

I. ...

II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX segundo párrafo, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función, en los casos de las fracciones IV, VI, IX primer párrafo, y XX de dicho artículo. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades;

III a VII. ...

...

...

...

Artículo 41. ...

I. a IV....

V. Derogada

VI. ...

VII. Se haya declarado desierta dos veces consecutivas una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;

VIII. a XX....

La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones IV, VI, IX primer párrafo, y XX será responsabilidad del área usuaria o requirente.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Salgado Vera María del Carmen y Alcántara Gómez Patricia. “El presupuesto de egresos de la federación 2015 y el gasto en educación”. Economía Actual, Año 8, Núm. 1, Enero-Marzo 2015. México. http://www.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/e801/EA_ENE_MAR44.pdf

2 La Jornada. 19 de abril de 2015. http://www.jornada.unam.mx/ 2015/04/19/sociedad/029n1soc

3 SELA, 2014, p.3. http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/ 14876.pdf

4 Gómez Durán Telma, “Corrupción: La pandemia que acaba al país” http://nwnoticias.com/#!/noticias/corrupcion-la-pandemia-acaba-al-pais

5 De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tales procedimientos son: invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.

Fuentes:

González Llaca, Edmundo, Corrupción patología colectiva, (en línea), 1ª Ed., México, Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, Disponible en internet http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro. htm?l=1680.

Las compras públicas como herramienta de desarrollo en América Latina y el Caribe, [en línea], Venezuela, Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 2014, SP/Di No. 11-14, Disponible en internet

http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14876.pdf

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ Convention/04-56163_S.pdf

Gómez Durán, Thelma. “Corrupción: la pandemia acaba al país”. Newsweek en español [en línea]. 01 noviembre 2015. [Consulta: 16 enero 2016]

http://nwnoticias.com/#!/noticias/ corrupcion-la-pandemia-acaba-al-pais

La Jornada. 19 de abril de 2015.

http://www.jornada.unam.mx/2015/04/19/sociedad/029n1soc

Salgado Vera María del Carmen y Alcántara Gómez Patricia. “El presupuesto de egresos de la federación 2015 y el gasto en educación”. Economía Actual, Año 8, Núm. 1, Enero-Marzo 2015. México.

http://www.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/ e801/EA_ENE_MAR44.pdf

SELA, 2014, p.3.

http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14876.pdf

Transparencia mexicana

http://www.tm.org.mx/mexico-estancado-en-la-corrupcion/

Real Academia Española

http://dle.rae.es/?id=B0dY4l3

Transparencia Internacional

http://www.transparency.org/news/pressrelease/ indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2014_el_crecimiento_transparente_en_r

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2016.— Diputados y diputada: Rafael Hernández Soriano,Erik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El diputado Rafael Hernández Soriano:

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Una de las obligaciones establecidas dentro de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que resulta de la mayor envergadura para lograr su objetivo por estar dirigidas a atender la última y más grave manifestación de la violencia contra las mujeres, esto es, el atentado contra su integridad física o su vida, son los denominados refugios.

Estos espacios constituyen la única alternativa para miles de mujeres y sus hijas e hijos en México que cada año ven amenazada su vida y, con ello, su seguridad económica, autoestima, salud psicológica, la pertenencia de sus bienes u objetos personales, su fuente de empleo, o bien, la asistencia y el desempeño escolar, según sea el caso, en el espacio que debería ser el de mayor protección y seguridad: el hogar.

Sin embargo, aun cuando estos espacios cumplen el objetivo de poner físicamente a salvo a las mujeres y sus hijas e hijos, carecen aún de las herramientas suficientes que garanticen la construcción y/o el fortalecimiento de la autonomía, independencia y participación de las mujeres en todos los ámbitos, pues ello sólo es posible a través de intervenciones efectivas, armónicas, homogéneas y estables en los distintos ámbitos: el laboral, el social, el familiar, el económico, el cultural y el político.

Para tal efecto, la presente iniciativa tiene por objeto ampliar las posibilidades presentes y futuras de las mujeres madres y sus hijos e hijas que se ven obligados a acudir a estos espacios, en dos ámbitos fundamentales: el escolar y el laboral.

Argumentación

Una de las manifestaciones más alarmantes y conocidas de la discriminación hacia las mujeres es la violencia que se ejerce en los espacios íntimos. Los movimientos feministas, principalmente aquéllos que participaron en espacios internacionales clave como la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague en 1980) y la Conferencia de Nairobi (1985) contribuyeron a visibilizar un ámbito de convivencia que se hallaba ausente de la doctrina y la práctica de los derechos humanos: el espacio privado, pues la violación de derechos de las mujeres se daba en la intimidad y en las relaciones familiares, impidiendo el goce y ejercicio de otros derechos. En otras palabras, estos movimientos comenzaron a trasladar la esfera privada al ámbito público.

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito de la relación de pareja ha sido interpretada como un instrumento de poder de carácter funcional, destinado a reforzar la autoridad masculina y a velar por el cumplimiento de los roles atribuidos a las mujeres dentro de la familia y el hogar. En ese sentido, la violencia familiar tiene que analizarse como un problema de distribución de derechos, de reconocer y proporcionar mayores espacios de protección, pero también de mayores herramientas que garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; y no como un problema individual, privado y normalizado en la estructura familiar.

Las obligaciones del Estado mexicano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se desprenden, principalmente, de los estándares internacionales desarrollados en instrumentos internacionales y regionales de derechos de las mujeres concretamente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).

De acuerdo con la Cedaw, los estados parte tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, de política pública y de otro tipo para eliminar las expresiones de discriminación que limitan la participación y acceso de las mujeres a otras opciones que les permitan avanzar en igualdad con los hombres.

Cabe destacar que la Cedaw no hace ninguna referencia expresa al fenómeno de la violencia contra las mujeres hasta la Recomendación General número 19, elaborada por el comité de expertas. La principal aportación de dicha recomendación es la relación que establece entre discriminación y violencia: “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

Asimismo, refiere que la violencia en la familia “es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer (...) [enfrenta] a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes tradicionales y con graves afectaciones a la salud de la mujer, la vida familiar y la vida pública en condiciones de igualdad”. En ese sentido, el Comité de la Cedaw recomienda para atender la violencia familiar, entre otras medidas, proporcionar servicios como “refugios”, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas.

En los informes periódicos realizados a México, el Comité Cedaw constató los progresos del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales. No obstante, se formularon diversas recomendaciones para garantizar la plena implementación de los mecanismos de la LGAMVLV, entre ellas, adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia,

A partir de la Recomendación General número 19 y las observaciones emitidas por el Comité de la Cedaw en los informes periódicos, se evidencia la obligación del estado de crear espacios de “atención integral” como los refugios que otorguen servicios especializados a las mujeres que han vivido violencia y que incluya a sus hijas e hijos.

Por su parte, la Convención Belem do Pará es un instrumento vinculante en la región latinoamericana que ha sido adoptado por 32 de los 34 países que integran el Sistema Interamericano. La adhesión a este instrumento representa el compromiso político en la región de reconocer que la violencia contra las mujeres “constituye una violación de los derechos humanos que limita a la mujer el goce y ejercicio de los mismos, representa una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que trasciende todos los sectores de la sociedad”.

Concretamente, dicha convención presenta una aproximación ecológica para abordar el tema de la violencia contra las mujeres, ya que prevé mecanismos de protección, atención y acceso a la justicia a través de la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 1 de la Convención Belem Do Pará define la violencia contra las mujeres “como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito privado o público”. Así, la convención visibiliza los principales ámbitos donde puede manifestarse dicha violencia, los cuales incluyen la violencia que tenga lugar dentro de la familia o unidad familiar o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.

La Convención Belem Do Pará distingue diversos niveles de actuación para que los estados parte cumplan con las obligaciones de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e incluyen acciones inmediatas, progresivas y de atención. Sobre las medidas de atención, establece la obligación de los estados de “suministrar servicios especializados para la atención de la mujer víctima de violencia, por medio de los sectores público y privado, a través de “refugios”, orientación para la familia y custodia de los menores afectados cuando así sea el caso”.

Esta disposición da cuenta de la obligación puntual que tiene el estado de facilitar espacios como los refugios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia, lograr la recuperación física y psicológica y avanzar a un mayor empoderamiento.

En suma, ambos instrumentos clarifican las obligaciones vinculantes de los estados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y establecen estándares internacionales que deben –o han debido– guiar el desarrollo de los marcos normativos y los mecanismos locales que permitan cumplir dichas obligaciones. Dentro de las acciones para brindar atención a las mujeres que han sobrevivido a la violencia familiar, ambos incluyen el otorgamiento de servicios de atención a mujeres sus hijas e hijos, a través de espacios de protección –refugios–, a fin de garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Si bien es cierto que la operación de los refugios en México inició a finales de la década de los noventa por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), fue con la LGAMVLV y su reglamento que éstos se integraron como parte de las obligaciones del Estado mexicano, a través de la acción de los tres niveles de gobierno y de las dependencias que integran el sistema.

De acuerdo con la LGAMVLV, los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas de violencia (mujeres, hijas e hijos) quienes pueden permanecer por tres meses o más, según sea el caso. Durante su permanencia, recibirán atención integral por medio de servicios especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido y calzado, atención médica, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas educativos que permitan su reintegración y capacitación para desempeñar alguna actividad laboral. El objetivo es lograr el empoderamiento de las mujeres, a fin de que logren tomar decisiones de su propia viday adquieran conciencia de sus derechos humanos. Esto se ve reflejado en el enfoque multidisciplinario de dicho esquema de atención, cuyo objetivo es brindar servicios que van más allá de la visión asistencialista.

Igualmente, de acuerdo con la NOM-046. Violencia Familiar, Sexual y contra Las Mujeres. Criterios para la Prevención y la Atención, refugio es: “el espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la recuperación de su autonomíay definir su plan de vida libre de violencia y que ofrece servicios de protección y atención con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género. El domicilio no es del dominio público”.

No obstante lo anterior, la LGAMVLV presenta tres deficiencias claves, a la luz del desplazamiento que sufren las víctimas de violencia y sus hijas e hijos: a ) la falta de vinculación con opciones educativas formales, así como de capacitación laboral proporcionada o avalada por autoridad competente, b) la ausencia de mecanismos legales para la reducción o reestructuración de la jornada laboral, así como para el cambio de lugar de trabajo (portabilidad laboral), y c) la carencia de estrategias de regularización escolar para los menores que garanticen la continuidad en sus estudios o su recuperación con reconocimiento oficial.

El desplazamiento tiene varias implicaciones. En lo que interesa, significa el abandono del centro de trabajo de la mujer –de estar presente la condición– e impacta en la educación de las hijas e hijos ya que también ellos se ven orillados a la migración escolar. En esta lógica, el derecho al trabajo de la mujer víctima de violencia, así como el derecho de educación continua de sus hijas e hijos se encuentra en riesgo de ser vulnerado. Asimismo, como mecanismo de empoderamiento de la mujer cuando la condición de empleo no está presente de manera previa –tal vez como producto también de la situación de violencia en que se encontraba–, el estado debe ser responsable de la implementación de acciones dirigidas a proporcionar capacitación formal y profesional en esta materia, así como de vincular a las mujeres con fuentes de empleo formales.

Lo anterior tiene sustento en lo que se conoce como los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos, pues a pesar de que a primera vista solamente se menoscaban los derechos relacionados con la vida e integridad personal de la mujer víctima de violencia, en una cadena de relación se merman otros derechos, como el derecho al trabajo de la mujer y el derecho a la educación de sus hijas e hijos. Al respecto:

“La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de grupo de derechos. La interdependencia comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro (s) derecho (s) para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, el respeto, garantía, protección y promoción de un derecho tendrá impacto en los otros y/o viceversa.”

Así pues, la LGAMVLV al recoger el mandato de prevención de la violencia contra de la mujer, debe adoptar una estrategia de corte integral que observe los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos y cumpla las obligaciones generales de México, a la luz de los estándares internacionales establecidos en dicha materia.

En esa línea, existen tres situaciones que cuestionan la integralidad de la atención prestada en los refugios, derivado de que, o bien, no son suficientes las obligaciones de las autoridades competentes en cada materia, o no resulta clara su coordinación, a fin de lograr que: a) las mujeres víctimas o sus hijos e hijas mayores de edad cuenten con opciones educativas formales, así como de capacitación laboral proporcionada o avalada por autoridad competente, b)las mujeres alojadas en refugios cuenten con opciones de reducción o de reestructuración de su jornada de trabajo, así como de portabilidad laboral, y b)sus hijas e hijos tengan garantizada la continuación de su educación formal, o en caso de no ser posible, tengan la posibilidad de recuperar el año escolar.

Es decir, por un lado, el actual texto de la ley no promueve la vigencia del artículo 3o. constitucional, al no garantizar el acceso a la educación de las mujeres víctimas o de sus hijos e hijas mayores de edad que, por razón de su situación de violencia intrafamiliar o de cualquier otra, no han ejercido este derecho, minando con ello sus opciones futuras y, en el caso de las mujeres violentadas, una de las fuentes de empoderamiento, autonomía e independencia mayormente reconocidas. De igual forma, tampoco contempla la posibilidad de reducir, restructurar o, incluso, de suspender las jornadas laborales de las mujeres víctimas alojadas en los refugios, en función de la gravedad de la situación de violencia intrafamiliar y de las actividades de rehabilitación y tratamiento impartidas en el refugio; como tampoco considera la alternativa de un cambio de centro de trabajo, ante la necesidad u oportunidad de un cambio de residencia, incluida la posibilidad de que sea en otra entidad federativa (movilidad geográfica); ni la obligación del estado de impartir capacitación y bolsa de trabajo formal laboral a cargo de las autoridades competentes. Asimismo, en el caso de la educación de los menores, la ley vigente no previene que la situación de desplazamiento no se traduzca, de manera ineludible, en una situación de abandono escolar, ni que cuenten, para ello, con opciones de continuar su educación en otro centro educativo o de recuperar el año escolar, mediante alguna modalidad con reconocimiento o validez oficial.

Dicha problemática ha pretendido resolverse en algunos aspectos, por el Instituto Nacional de las Mujeres, a través del establecimiento del Modelo de Atención, sin embargo, como medida administrativa carece de la fuerza vinculante para coordinar el esfuerzo interinstitucional de los distintos ámbitos de gobierno. En este sentido, en virtud de que la estrategia integral de atención de la violencia contra las mujeres implica el involucramiento de los tres Poderes de la Unión, como Ley General, la LGAMVLV resulta la vía idónea para incorporar las prescripciones de los tratados internacionales en el marco normativo con el firme objetivo de armonizar y homologar las leyes locales, con base en los estándares más altos vigentes .

Fundamento legal

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único: Se adicionan la fracción VII al artículo 43; las fracciones V a VII al artículo 45; las fracciones VI y VII al artículo 46 Bis; la fracción V al artículo 46 Ter; la fracción XI al artículo 49; las fracciones VIII y XI a XIII al artículo 56; recorriéndose el orden subsecuente en todos los casos. Y, se modifican las fracciones VIII y IX del artículo 56 vigentes. Todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sección Tercera De la Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 43.Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. a VI. ...

VII. Brindar información y apoyar el acceso a programas sociales y de proyectos productivos a las mujeres víctimas de violencia, residentes de los refugios;

VIII. a X. ...

Sección Quinta De la Secretaría de Educación Pública

Artículo 45.Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. a IV. ...

V. Promover la vinculación de las mujeres víctimas de violencia o sus hijos e hijas residentes de los refugios, con programas de educación básica, media superior, superior o técnica en alguna institución de educación pública, a efecto de que ejerzan su derecho a la educación y continúen su formación escolar;

VI. Diseñar los programas de recuperación escolar que podrán impartirse en los refugios, dirigidos a permitir la conclusión del año escolar a las hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas de violencia, que como consecuencia de dicha situación o por su traslado al refugio, dejaron de asistir a la escuela o no se encuentran, física o psicológicamente, posibilitados para ello;

VII. Garantizar, a través de la coordinación con las autoridades escolares competentes de las entidades federativas o de la Ciudad de México, la escolarización inmediata de los hijos e hijas menores de las mujeres alojadas en los refugios, o de aquéllos que hayan cambiado de residencia, una vez concluida su estancia en ellos; así como la implementación de los programas de recuperación escolar a que hace referencia la fracción anterior;

VIII. a XIX. ...

Artículo 46 Bis.Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. a V. ...

VI. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios, el derecho a la reducción o a la restructuración del tiempo de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo por un máximo de tres meses; así como al cambio de centro de trabajo, incluyendo, en su caso, la movilidad geográfica a otra entidad federativa;

VII. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios, el acceso a programas de capacitación laboral; así como a la información y, en caso de que así lo soliciten, el apoyo para concursar en la bolsa de trabajo con que cuente la secretaría;

VIII. a XI. ...

Sección Octava De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Artículo 46 Ter.Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

I. a IV. ...

V. Brindar información y apoyar el acceso a programas sociales y de proyectos productivos a las mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios;

VI. a IX. ...

Sección Novena De las entidades federativas

Artículo 49.Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. a X. ...

XI. Realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar la escolarización inmediata de los hijos e hijas que se vean afectados por el traslado a un refugio o por un cambio de residencia derivada de la situación de violencia intrafamiliar;

XII. a XXVI. ...

...

Capítulo V De los refugios para las víctimas de violencia

Artículo 56.Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:

I. a VII. ...

VIII. Vinculación de las mujeres víctimas de violencia o sus hijos e hijas mayores de edad, con programas de educación básica, media superior, superior o técnica de alguna institución de educación pública, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

En caso de que la mujer víctima de violencia sea menor de edad, conforme a lo dispuesto por los párrafos noveno y décimo del artículo cuarto constitucional, la autoridad competente deberá ordenar al padre, madre o tutor su reingreso al sistema educativo, bajo la modalidad que corresponda, pudiendo ser la establecida en la fracción XII del presente artículo.

XI. Programas de capacitación impartidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por alguna organización de la sociedad civil avalada por ésta, para que puedan adquirir los conocimientos o las herramientas necesarias para el desempeño de una actividad laboral remunerada;

X.Bolsa de trabajo, otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Socialcon la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten.

XI. Información y apoyo para el acceso a programas sociales y de proyectos productivos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y todas aquéllas que lleven a cabo este tipo de acciones, con la finalidad de que las mujeres víctimas cuenten con opciones de ingreso temporal o permanente;

XII. Programas de recuperación escolar, en coordinación con las autoridades educativas correspondientes, para que aquellas hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas de violencia, que como consecuencia de dicha situación o por su traslado al refugio, hayan dejado de asistir a la escuela o no se encuentren, física o psicológicamente, posibilitados para ello, no pierdan el año escolar.

Para ello, los refugios deberán destinar un espacio adecuado para que las autoridades educativas impartan dichos programas.

XIII. Información sobre el derecho que le asiste para reducir o reestructurar su tiempo de trabajo, para la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, por un máximo de tres meses; así como para el cambio de centro de trabajo, incluyendo, en su caso, la movilidad geográfica a otra entidad federativa;

Para ello, el refugio deberá coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes:

• Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008. “Situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal”, Informe Anual 2007 vol. II, México.

• Fríes Lorena, 2000, “Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos, Fisuras del Patriarcado, Reflexiones sobre feminismo y derecho”, Gioconda Herrera (coord.), (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador.

• Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C, 2015, “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”, México.

• Inmujeres, “Estadísticas de violencia contra las mujeres en México”, p. 6. http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota. pdf . Última actualización: 16 de enero de 2014.

• Inmujeres, 2011. “Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos” ,México.

• Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2007, “Derechos Humanos de las Mujeres, Actualización del Capítulo 5 del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México” ,México.

• Serrano Sandra, et. al., 2013, “Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción” .CDHDF, SCJN, ACNUDH, México.

• UNFPA, 2000, “Un enfoque práctico de la violencia de género: guía programática para proveedores y encargados de servicios de salud”.

Notas:

1 Partiendo de que “Sólo casi 2 de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda” y se considera que la prevalencia de la violencia en algunas entidades supera el 50 por ciento, es posible imaginar el universo de mujeres que, potencialmente, requieren de este servicio. Inmujeres, “Estadísticas de violencia contra las mujeres en México”, p. 6. http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf 16 de enero de 2014.

2 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal, (Informe Anual 2007 vol. II, México, 2008), p. 68; Ver también: UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Un enfoque práctico de la violencia de género: guía programática para proveedores y encargados de servicios de salud, México, 2000.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, los ámbitos de mayor prevalencia de la violencia respecto de las cuatro formas principales de ésta –emocional, económica, física y sexual– son el de pareja y el familiar, lo que implica que el principal victimario suele ser el esposo o pareja sentimental de las mujeres.

3 Fríes, Lorena, Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos, Fisuras del Patriarcado, Reflexiones sobre feminismo y derecho, Gioconda Herrera (coord.), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, 2000), p. 51.

4 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C, 2015, “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México” p. 11.

5 Idem ., p. 13

6 Ibíd.

7 Ibíd.

8 Ídem, p. 14.

9 Ídem, p. 5.

10 Ídem, p. 19.

11 Sandra Serrano, et. Al., Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción.CDHDF, SCJN, ACNUDH, México, 2013, p. 14.

12 Instituto Nacional de las Mujeres, Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos,México, 2011, pp. 35 y 41.

13 Cfr.Naciones Unidas, Derechos Humanos de las Mujeres, Actualización del Capítulo 5 del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México,Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, México, 2007. Pp. 15-17.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputada: Rafael Hernández Soriano,Erik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El diputado Rafael Hernández Soriano:

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las mujeres en México enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, particularmente, aquéllos vinculados con el embarazo, parto y puerperio. Tales obstáculos van desde la discriminación y la negativa en el acceso de los servicios de salud materna, hasta la atención deficiente en la prestación de estos servicios debido a problemas estructurales en los sistemas de salud, como infraestructura insuficiente y falta de capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y locales; así como a conductas inapropiadas, abusivas o negligentes –acciones y omisiones– por parte del personal médico. En conjunto, estos obstáculos se traducen en daño físico o psicológico para las mujeres durante dichas etapas y configuran un tipo de violencia, la denominada violencia obstétrica, que aunque recientemente conceptualizada, requiere ser incorporada explícitamente al marco legal, a efecto de que pueda ser visibilizada, contabilizada, atendida, sancionada, prevenible y, sus víctimas, acreedoras a las medidas de reparación correspondientes, pues como toda violencia contra las mujeres, constituye una violación a los derechos humanos.

Argumentos

Primero. La violencia contra la mujer constituye un grave problema de violación a los derechos humanos de las mujeres. Diversas convenciones y tratados internacionales, signados y ratificados por el Estado mexicano, así como diversas legislaciones del orden general, federal y local, han estado dirigidas a erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer en el ámbito público y el privado.

A este respecto, toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, por motivos de género, ejercida en el ámbito de atención de la salud reproductiva, constituye una forma de violencia y discriminación contra las mujeres. En este contexto, un tipo de violencia poco visibilizado, pero no por ello poco frecuente es la violencia obstétrica, la cual representa una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del sistema de salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante dichas etapas, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, afectando la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres en dichos procesos reproductivos.

Si bien este tipo de violencia no ha sido definida por organismos internacionales, ello no ha obstado para su reconocimiento creciente en dicho ámbito, lo que se ha visto reflejado en las recomendaciones que emiten a los Estados para que regule este tipo de violencia y se tomen acciones realmente significativas para erradicarla, así como en las resoluciones de sus órganos al respecto

En este contexto, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer –CEDAW por sus siglas en inglés–, establece la obligación de los Estados miembro de adoptar medidas que eliminen la discriminación en contra de la mujer y recomienda que los servicios de atención médica garanticen el libre acceso a servicios relacionados durante el embarazo, parto y puerperio. Señala, además, la obligación de contar con servicios de maternidad gratuitos y sin riesgo, los cuales también deben de ser libres de todo tipo de discriminación.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado garantizar el acceso a la atención profesional durante el parto y el periodo posterior, incluyendo servicios de obstetricia de emergencia, especialmente a los grupos de mujeres en condiciones de exclusión, respetando las necesidades decisiones e idiosincrasia de cada mujer, entre las cuales se encuentran sus usos y costumbres.

Segundo. En México, gran parte de la población que acude a los servicios gratuitos de salud en los hospitales públicos pertenece a sectores desaventajados desde una perspectiva socioeconómica, lo que dificulta el conocimiento de los derechos que poseen y, por tanto, anula casi por completo la posibilidad de reclamarlos. Esto se pone de manifiesto en la falta de denuncias por malos tratos recibidos en los servicios de atención médica, que origina que, como lo señaló el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, en su informe de 2013 Omisión e indiferencia, no se conozca la dimensión exacta de la violencia obstétrica en el país. Sin embargo, durante muchos años, grupos de parteras, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en salud pública, entre otros, han denunciado diversos tipos de abusos cometidos por el personal de salud en clínicas, centros de salud y hospitales.

El recuento de estas violaciones sufridas por mujeres que concurren a los servicios públicos de salud reproductiva, muestra la necesidad imperiosa de revisar una situación que atenta contra la protección de las mujeres embarazadas, en proceso de parto o en el periodo inmediato a éste.

Tercero. La violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen tanto la violencia institucional como la violencia de genero.

En el caso del parto, la violencia institucional se refleja en su atención, toda vez que durante éste personal médico, basado en razones de género, viola los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, a través de conductas que van desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su “consentimiento”, hasta formas en las que causa daño deliberado a la salud de la afectada, o bien incurre en una violación aún más grave de sus derechos.

De acuerdo con expertos en el tema, es posible identificar dos modalidades de violencia obstétrica.

1.La física, que se configura cuando se realizan prácticas invasivas y suministro de medicación no justificadas por el estado de salud, o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico, induciéndose éste mediante el uso de técnicas que van desde el aceleramiento del nacimiento sin el consentimiento de la madre (ya sea de manera verbal o escrita) o la práctica de la cesárea, existiendo condiciones para el parto natural. Están incluidas también dentro de esta categoría, la inadecuada atención a emergencias obstétricas y la esterilización forzada.

2.La psicológica, que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminación, humillación cuando se pide asesoramiento, o se requiere atención en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la omisión de información para la mujer y sus familiares sobre la evolución de su parto, la evasión a las opiniones o deseos de la parturienta y la negativa a proporcionarle, durante estas etapas –embarazo, parto y puerperio–, información sobre salud sexual y reproductiva.

Cuarto. La Organización Mundial de la Salud ha hecho públicos una serie de lineamientos en la atención obstétrica que ha clasificado como:

1,Prácticas evidentemente útiles, que tendrían que ser promovidas.

2.Prácticas claramente perjudiciales o ineficaces, que habría que eliminar.

3.Prácticas sobre las que no existe una clara evidencia para fomentarlas y que deberían usarse con cautela hasta que nuevos estudios clarifiquen el tema.

4.Prácticas que con frecuencia se utilizan inadecuadamente.

Las recomendaciones específicas de la Organización Mundial de la Salud en este sentido son: evitar la maniobra Kristeller, (empujar al bebé dentro del vientre para agilizar su nacimiento), la episiotomía (es el corte que se realiza en la zona perianal para agrandar la apertura de la vagina), obligar a parir acostada en posición horizontal o inmovilizada, la maniobra Hamilton (en la cual el médico desprende del cuello del útero las membranas que rodean al bebé utilizando las manos o algún otro instrumento con el fin de permitir el desprendimiento que lo mantiene unido al útero); así como mantener la tasa de cesáreas en un rango máximo de entre 10 y 15 por ciento de los nacimientos.

En este tenor, la madre tiene derecho a: (i) ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; (ii) ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales; (iii) ser considerada, en su situación respecto del proceso de nacimiento, como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto; (iv) al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer: (v) ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija; (vi) que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales; y, (vii) no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito.

Quinto. En México, sólo Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia. Sin embargo, la Ley General en la materia, carece de esta tipificación, dejando desprotegidas o en desventaja a las mujeres que no habitan en alguna de esas entidades.

Esto es, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal –ahora Ciudad de México– y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezcan su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Sin embargo, las definiciones de los distintos tipos de violencia hacia las mujeres están comprendidas en el artículo 6 de la referida ley, y señalan a la letra:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II.La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III.La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV.Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V.La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Como se observa, en dicho catálogo de definiciones no se reconoce, explícitamente, la violencia obstétrica, impidiendo o disminuyendo así la posibilidad de su visibilización social y atención institucional.

Un embarazo, parto y puerperio violentos, irrespetuosos y deshumanizados es la realidad de un número indeterminado de mujeres en México. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Por ello, atendiendo a las recomendaciones internacionales y a esta lacerante realidad, es fundamental la utilización institucional del término de violencia obstétrica para visibilizar, prevenir, atender y sancionar dichas conductas, así como para la reparación integral del daño a las víctimas de ésta.

En virtud de lo expuesto, la presente reforma legal propone incorporar, de manera explícita, dicho término al catálogo de tipos de violencia que atentan contra la dignidad, integridad y libertad de las mujeres en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXIII Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Federal, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, Fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con base en ello, presento ante este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 6o. de la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se adiciona una fracción al artículo 6o. de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se recorre la siguiente, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. a V. ...

VI. Violencia obstétrica. Cualquier acción u omisión por parte del personal médico, sea éste público o privado, que cause un daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud sexual o reproductiva; un trato cruel, inhumano o degradante; un abuso de la medicalización en los procesos biológicos naturales; la práctica innecesaria o no autorizada de intervenciones o procedimientos quirúrgicos; la manipulación o negación de información; y, en general, en cualquier situación que implique la pérdida o disminución de su autonomía y la capacidad de decidir, de manera libre e informada, a lo largo de dichas etapas.

VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 GIRE. “Violencia Obstétrica. Un Enfoque de Derechos Humanos”, página 10.

2 GIRE ha documentado, e incluso representado legalmente, un gran número de casos que constituyen sólo el botón de muestra de la prevalencia de este problema en el país. Ver “Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México”.

3 De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consiste en actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

4 Conforme a la fracción IV, artículo 5, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por violencia contra las mujeres, cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;

5 Belli, Laura F., “La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos”, ver: http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/A rt2-BelliR7.pdf, 10 de febrero de 2016.

6 GIRE. “Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México”, página 134.

7 El primer caso de gran cobertura mediática fue el de Irma López, indígena oaxaqueña, quien en octubre de 2013, habiendo iniciado el trabajo de parto, no fue admitida en el hospital al que acudió, dando a luz en el jardín anexo a éste. GIRE. “Violencia Obstétrica. Un Enfoque de Derechos Humanos”, página 8.

Fuentes

Belli, Laura F., “La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos”, en http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/A rt2-BelliR7.pdf, 10 de febrero de 2016.

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). “Violencia Obstétrica. Un Enfoque de Derechos Humanos”. México. 2015.

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). “Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México”. México. 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputados y diputada: Rafael Hernández Soriano,Erik Juárez Blanquet, María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen. Y pedimos se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, del diputado Hernández.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Tiene la palabra ahora por cinco minutos la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Ley General de Salud.

La diputada Mariana Trejo Flores:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, no existen sociedades sanas con ciudadanos enfermos, si queremos una sociedad sana hagamos que la salud de los ciudadanos sea un interés superior para la humanidad, equivalente al interés que genera en los humanos la libertad, la igualdad, la supervivencia como especie y la alimentación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. constitucional, que las políticas públicas de la República serán orientadas al interés superior de atención a la niñez, siendo este sector de la población el sector que tiene que proteger, cuidar, educar y guiar.

Nuestra infancia guiará los destinos de la nación en un futuro. Y en este presente los niños son los que nos demuestran con madurez que el país que les estamos dejando no está en las condiciones correctas.

En efecto, en el artículo 3 y 4 de la Constitución política se garantiza la supremacía del ejercicio de los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes en materia de salud y educación. Por lo que el tema que presento en esta iniciativa donde vinculamos las instituciones educativas y la salud se sujeta estrictamente a lo establecido en nuestra Carta Magna en el artículo 4 constitucional.

Las reformas establecidas fortalecen la implementación de programas preventivos de atención a la salud en el entorno escolar. Sin embargo, las acciones implementadas no han sido contundentes.

Los índices de embarazo en adolescentes, el consumo de drogas y alcohol, enfermedades de transmisión sexual, desórdenes alimenticios, propagación de epidemias, diabetes infantil, desnutrición y otro tipo de enfermedades que atentan contra la salud de nuestros niños y adolescentes siguen en aumento y sin control, a pesar de los programas que han sido dirigidos para hacer frente a estos problemas.

El día de hoy proponemos ante este pleno la reforma a la Ley General de Salud en su artículo 66, que permite y obliga a las instituciones de educación pública a tener y garantizar el servicio médico escolar.

Proponemos que las escuelas públicas de nuestro país tengan un espacio dedicado al cuidado de la salud, atendido por personal profesional para brindar, en primera instancia, atención médica gratuita a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.

En segunda instancia, atención médica preventiva permanente en las escuelas para atacar el alto índice de embarazo en adolescentes, consumo de drogas y desórdenes alimenticios.

En tercera instancia, brindar una educación en cultura de la prevención en aras de una sociedad que fortalezca el valor del respeto a la salud.

Consideramos que educar a los estudiantes de nivel básico por profesionales de la salud será sembrar en tierra fértil para que nuestras nuevas generaciones futuras de mexicanos tengan una cultura de prevención como eje rector de las conductas y formas de vida.

Pensemos en nuestra infancia. Pensemos y reflexionemos sobre las problemáticas de nuestra sociedad y sabremos que en la educación y la cultura de la prevención en la información del cuidado de la salud tendremos las respuestas que México necesita.

Muchas han sido las propuestas, hoy expongo hasta este pleno esta posibilidad de que este proyecto de reforma está basado en estudios profesionales en materia.

No hemos podido atender las necesidades de nuestra población, el tiempo apremia. Las futuras generaciones ahora son ya presentes generaciones. Hagamos historia. Diputadas y diputados, hoy tenemos que dar un paso firme hacia el rumbo correcto de México. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 66 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Mariana Trejo Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al artículo 66 de la Ley General de Salud, a la luz de la siguiente

Exposición de Motivos

La higiene escolar es la aplicación de los principios y preceptos de la higiene privada, y su relación con el sector público, entre las escuelas y los educandos a que estas concurren.

Es decir la higiene escolar tiene un objeto claramente definido: la relación del educando con su ambiente, lo cierto es que esta relación ejerce su influencia en múltiples factores, que la ciencia higiénica estudia para descubrir leyes, regularidades, principios y reglas para asegurar la conservación y el fortalecimiento de la salud de las niñas, niños y adolescentes.

En efecto los artículos 3o. y 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizan la supremacía del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de salud y educación, por lo que el tema de la seguridad e higiene se encuentran ligados entre si, para un sano desarrollo físico y biopsicosocial, de los niños del país.

De igual modo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es una institución jurídica compleja, en la cual debe de prevalecer en todo momento los derechos humanos, y por ende el Estado, debe garantizar las acciones pertinentes para salvaguardar el bienestar de la niñez mexicana.

De ahí que la aplicación de la organización y la higiene escolar son factores esenciales en las instituciones educativas, pues en estas, conviven una gran parte importante de su vida, en donde se forman sus hábitos, valores y normas de convivencia, por consiguiente aprenden a vivir en sociedad, y a desarrollar su formación académica.

Por consiguiente la salud tiene una dimensión colectiva, si se considera que existen diversos factores sociales que tienden a preservarla o a quebrantarla, tales como epidemias, contaminación, la circulación de agentes patógenos, la falta de hábitos higiénicos, así como las inapropiadas medidas de prevención de enfermedades, entre otras.

También, las enfermedades crónicas que en gran medida son el resultado de la conjunción de múltiples causas, donde se destacan las psicológicas, sociales y culturales, han dejado de manifiesto la insuficiencia del modelo tradicional de la medicina.

De manera que el actual modelo biomédico, excluye los factores psicológicos y socioculturales que modulan el comportamiento y constituyen en gran parte nuestro estilo de vida.

I.En la presente iniciativa se plantea un modelo alternativo en la prevención de salud dentro de las escuelas de nombre: biopsicosocial, el cual toma en cuenta de modo significativo los factores psicológicos, sociales y culturales junto con los biológicos y medioambientales como determinantes en el desarrollo de las enfermedades, en su manifestación aguda y necesarios al diseñar la rehabilitación de éstas.

Sin embargo no se trata, de abandonar un modelo por otro, sino de incorporar las ventajas del modelo, tanto en su desarrollo de métodos de diagnóstico, como en técnicas de tratamiento como una opción amplia que apunte a la mejora de la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, que permita la prevención de la salud.

Por lo tanto el termino biopsicosocial se entiende en términos de salud como una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, y no puramente en términos biológicos; Lo cual contrasta con el modelo reduccionista tradicional, únicamente biológico que sugiere que cada proceso de la enfermedad, o bien como un agente patógeno, genético o anormalidad del desarrollo o lesión.

A mayor abundamiento la higiene escolar no es otra cosa que la aplicación de los principios y preceptos de la higiene privada, y en parte pública, a las escuelas y los alumnos que a ellas concurren, aplicación que responde a satisfacer las peculiares condiciones del medio en que debe pasar la mayor parte del día, y de la actividad que en las escuelas se ejercita.

Por ende, si se aplican medidas de información y de campañas de prevención de salud, así como las normas de higiene adecuada, se tendrán centros escolares limpios y saludables, así como alumnos sanos.

II.Ciertamente la falta de infraestructura en las escuelas de México, es un factor que afecta a la salud de la niñez en nuestro país, hoy en día se han contabilizado un total de 207 mil 682 planteles de educación básica y especial, a los que asisten más de 25 millones de alumnos y en los que laboran más de dos millones de trabajadores, entre profesores y personal administrativo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

* El levantamiento de datos no fue completo en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, según datos del Inegi 2014.

Durante el ciclo escolar 2014-2015 se proporcionaron servicios de educación básica a 26 millones de educandos (41 mil estudiantes más respecto al ciclo anterior), cifra que incluye a alumnos inscritos en preescolar, primaria y secundaria, con ello se alcanzó una cobertura de 96.6 por ciento de la población de tres a 14 años de edad.

La atención se realizó con el apoyo de 1.2 millones de docentes en 228 mil escuelas; de la matriculación educativa 18.5 por ciento corresponde a la educación escolar, 55.2 por ciento a la educación primaria y el restante 26.3 por ciento a la enseñanza secundaria.

En suma un total de 23 mil 147 planteles escolares que recibieron recursos para mejorar su infraestructura, es decir 74.7 por ciento, no cuentan con abastecimiento de agua potable, por lo que resultan evidentes los brotes epidemiológicos en estos planteles por la falta de este liquido vital, además de que no cuentan con un servicio médico escolar.

Adicionalmente el avance del programático del ciclo escolar 2014-2015, sólo mil 539 escuelas “aseguraron y mejoraron el suministro de agua” lo anterior a pesar de que el Programa de la Reforma Educativa tiene sus objetivos a resolver en cinco vertientes estructurales de las escuelas, que son:

• Disponibilidad de agua

• Servicios sanitarios

• Materiales del piso

• Estructura del inmueble

• Materiales educativos

El Programa de la Reforma Educativa (órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública), advierte que de tres de cada cuatro escuelas beneficiadas con los recursos del Programa de la Reforma Educativa, no cuentan con servicio de agua potable.

Sin embargo, en esta etapa se presentan problemas de salud que están determinados fundamentalmente por condiciones sociales, psicológicas y biológicas, como la carencia de saneamiento básico, bajos niveles educativos, mala nutrición, problemas congénitos así como servicio médico escolar.

Adicionalmente a lo anterior son frecuentes diversos factores como enfermedades diarreicas, respiratorias, accidentes escolares, deficiencias auditivas y visuales, problemas posturales, bucales y emocionales; lo que se asocia en parte, con la alta incidencia de asistencia, reprobación, bajo rendimiento así como la deserción escolar.

No obstante la conjunción de estas condiciones, facilitan la aparición de desnutrición, sobrepeso y obesidad, así como otras enfermedades, de lo que se concluye que existe poco acceso a los servicios de higiene escolar salud, la falta de esquemas completos de vacunación, riesgos ambientales y el servicio médico dentro de las escuelas.

En otro aspecto durante la adolescencia, además de la mala nutrición, el sedentarismo y la falta de prevención de enfermedades contagiosas, se presentan eventos y padecimientos derivados de las relaciones sexuales no protegidas, como los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual.

Lo anterior, responde a la necesidad de incorporar campañas de información de salud sexual dentro de las escuelas que sean acorde a la edad de las niñas, niños y adolescentes, para combatir el embarazo a temprana edad.

Considerando en todo momento las condiciones de vulnerabilidad determinadas por el género, el grupo étnico, las diferencias en las capacidades físicas o intelectuales y la migración, condiciones que en muchas ocasiones conllevan a la discriminación y a la exclusión, lo que a su vez afecta el proceso salud enfermedad biopsicosocial de la población escolar.

Como resultado para hacer frente a estos retos es necesario implementar acciones preventivas e integrales, orientadas a formar en las escuelas, a niños y jóvenes, capaces de practicar estilos de vida saludables.

En efecto la escuela también es el espacio central para promover el servicio integrado de promoción de la salud, y el contar con un servicio médico escolar dentro de las escuelas tiene como finalidad el mejoramiento del nivel de salud de la comunidad escolar, con el objetivo de la prevención de enfermedades, así como la promoción y educación de la salud.

El servicio médico escolar, se estructurará bajo los siguientes ejes rectores:

Atención médica, al alumno que necesite cuidados físicos, psicológicos o relacionales durante su estancia en la escuela.

Prevención, cualquier enfermedad transmisible dentro de la escuela, así como anomalías de salud en todos los niveles escolares.

Control, de regímenes alimenticios y problemas de nutrición, así como problemas psicológicos de los alumnos; así como en la elaboración de protocolos de ayudas específicas a los alumnos que presentan trastornos del aprendizaje escolar.

Educación de higiene escolar, a través de Programas de Prevención y de Educación para la Salud como:

• Alimentación

• Educación física

• Educación sexual reproductiva, adecuada a la edad de las niñas, niños y adolescentes, en coordinación con el profesorado.

En síntesis es indispensable hacer de la escuela un entorno físico y biopsicosocial favorable a la salud, que propicie el desarrollo de la niñez mexicana en conjunto con las autoridades de salud y educación siguiendo en todo momento las normas oficiales mexicanas de salud, con el fin de reducir los bajos niveles de aprovechamiento y deserción escolar.

Ello autoriza a concluir que el espíritu de la presente iniciativa es promover una mejor calidad de salud física, biopsicosocial y la revisión periódica nutricional, así como establecer un servicio médico escolar permanente dentro de las escuelas, para crear mejores entornos de salud y el acceso a los servicios de salud de y la participación social.

Por consiguiente se enfatiza en la vigilancia del estado nutricional, la promoción de la alimentación correcta, la actividad física, el saneamiento básico, la higiene personal, la salud bucal, la vacunación, la salud sexual y reproductiva, como determinantes de la salud, así como la detección de enfermedades.

Lo anterior con el fin de promover la salud y favorecer el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en un marco de derecho a la salud y a la equidad.

Texto vigente

Artículo 66. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuara? de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes.

Texto propuesto

Artículo 66. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer y promover:

I.El servicio médico escolar permanente en el interior de las escuelas;

II.La revisión periódica nutricional, así como la promoción correcta de la alimentación;

III.La cultura de la salud física, biopsicosocial y sexual reproductiva, adecuada a la edad de las niñas, niños y adolescentes;

Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la prestación y protección de servicios de salud, aplicando en todo momento las normas oficiales mexicanas, salvaguardando la salud del educando y de la comunidad escolar.

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma y adicionan diversas disposiciones al artículo 66 de la Ley General de Salud.

Articulo 66. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer y promover:

I.El servicio médico escolar permanente en el interior de las escuelas;

II.La revisión periódica nutricional, así como la promoción correcta de la alimentación;

III.La cultura de la salud física, biopsicosocial y sexual reproductiva, adecuada a la edad de las niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la prestación y protección de servicios de salud, aplicando en todo momento las normas oficiales mexicanas, salvaguardando la salud del educando y de la comunidad escolar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, el 31 de marzo de 2016.— Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputada Trejo. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynes, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Buenas tardes a las diputadas y diputados presentes en esta sesión. Al presidente de la Mesa Directiva, al terminar mi exposición, le entregaré la iniciativa que solicitamos se inscriba en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, para su publicación y revisión.

Le agradezco al Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, a la bancada ciudadana, la posibilidad de inscribir una iniciativa que al mismo tiempo es la postura con la que estamos asistiendo a la discusión que tiene pendiente este Poder Legislativo, esta Cámara de Diputados, en particular sobre el tema de salario mínimo.

Nosotros lo que decimos con respecto al salario mínimo es una cosa muy básica: es inconcebible, inadmisible e increíble que en México la pobreza sea un asunto institucionalizado. Que al mismo tiempo que el Coneval dice que la línea de bienestar equivale a 87 pesos diarios, hablando de lo que se publicó el año pasado, el salario mínimo el año pasado era de 70 pesos con 10 centavos.

Que nosotros les digamos a los 7 millones de mexicanos que ganan el mínimo, al menos en términos formales, que ellos son por decreto pobres. Que nosotros fijemos el salario mínimo, como Estado mexicano, por debajo de la línea de bienestar que publicamos en el Ceneval. Es inconcebible desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista técnico.

Quienes gobiernan este país, quienes conducen y quienes han tomado las decisiones de la política económica, lo han hecho siguiendo dogmas que no sostiene ya ningún gobierno en el mundo.

México, por decirles un ejemplo muy concreto, en América Latina es el segundo país con el salario mínimo más bajo del subcontinente. Nos comparamos con Haití. Eso no tiene sentido porque en los últimos años México ha sido el país con mayor productividad en América Latina, solo después de Chile.

No solamente tenemos un salario mínimo 10 veces inferior al de Estados Unidos o Canadá que son nuestros socios comerciales. El salario mínimo en México es de la tercera parte, por ejemplo, que el de Chile. El salario mínimo en México es el 15 por ciento del producto interno bruto per cápita que tiene este país, mientras que en países como Brasil o Chile es del 30 por ciento. El salario mínimo en México no alcanza para salir de la pobreza, eso es lo que no puede seguir permitiendo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Nosotros estamos planteando que en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para fijar el salario, se tome en cuenta los criterios que ya hay en el Coneval para la evaluación de la pobreza, que el salario mínimo en México se fijará, en estos momentos, en la cantidad de 87 pesos, que le alcanzara a la gente para salir de la pobreza.

No puede ser que por un asunto de dogma que ha quedado evidenciado en discusiones económicas que no se sostiene, sigamos viviendo en un país en el que la pobreza se da por decreto.

Ésta es una propuesta que no es de Movimiento Ciudadano, ni de los diputados de Movimiento Ciudadano, las organizaciones de la sociedad civil que están aglutinadas en el colectivo frente a la pobreza la han venido explicando, la han venido documentando, economistas del Colegio de México, del CIDE, de la UNAM y nosotros en el grupo que la Junta de Coordinación Política ha creado para la discusión del tema del salario mínimo, es lo que vamos a plantear.

Esto de entrada beneficiaría a los siete millones de mexicanos que ganan el mínimo, pero además sería a consecuentes. Sobra decir que en 1976, medidos a pesos de hoy, el salario mínimo era tres veces más grande que el que es actualmente. En el 76 quien ganaba el mínimo ganaba más de 200 pesos diarios. Hoy quien gana el mínimo gana 70 pesos diarios. Eso no lo puede sostener un país que aspira al crecimiento o que aspira al bienestar.

El modelo económico en México tiene que refundarse y voltear a ver por el bienestar de la gente. No podemos seguir concentrados en cifras macroeconómicas que no se traduzcan en bienestar. La desigualdad, en un país en el que cuatro personas concentran el 10 por ciento de la riqueza nacional obviamente esas cuatro personas ganan más que estas siete millones de personas, no puede no hacerse cargo del problema de la pobreza.

Porque además, nosotros sostenemos, como ha dicho la OCDE, que si este país no crece es por la desigualdad, que mientras esta desigualdad de Estado se siga reproduciendo no va a haber crecimiento económico ni bienestar en el país. Es tiempo de que este Poder Legislativo acabe con la pobreza por decreto y con la pobreza institucionalizada que caracterizan nuestra visión sobre el salario mínimo. Gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal del Trabajo, y General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Maynez, miembro de la Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 73, numeral XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 90, 94, 322, 335, 345, 557, 570 y 573, de la Ley Federal del Trabajo; y, el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social.

Exposición de Motivos

El ingreso laboral es, según un informe de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los temas pendientes en el país, pues, como resultado de la precarización del trabajo, el deterioro en la capacidad de la economía mexicana de ofrecer condiciones de vida mínimas aceptables a los trabajadores en este país es considerable.

La vertiginosa caída y estancamiento del poder de compra del salario mínimo es palpable. La política salarial adoptada por este país por más de tres décadas ha llevado al salario mínimo a perder más de 78 por ciento de su poder adquisitivo en veintisiete años. Es decir, que los precios de los productos de la canasta básica rebasaron la capacidad de compra de los consumidores, puesto que, en 1987 los trabajadores podían adquirir casi dos veces la canasta básica de alimentos, en tanto que, en 2014, sólo tenían la capacidad de comprar una tercera parte.

Lo anterior se refuerza con un estudio sobre México en el que se señala que el impacto del salario mínimo sobre la distribución de ingresos perdió fuerza a finales de la década de 1990, en comparación con el periodo de finales de la década de 1980. El salario mínimo real que percibían los trabajadores en 1987 era de 127.56 pesos diarios, cantidad que ha ido disminuyendo hasta ubicarse en su nivel más bajo de 61.12 pesos en 1999, pasando a ubicarse en 62.33 pesos diarios en el 2012, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No obstante, desde 1992 el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica fijada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y ahora por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A 43 por ciento de la población no le alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, pues según la Organización Internacional del Trabajo, en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores no calificados”, y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “México es el único país al final de la década donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de la pobreza per cápita”.

Así, desde 2004, el salario mínimo ha quedado rezagado frente a los incrementos mínimos necesarios para que un individuo no sea considerado en situación de pobreza por el Coneval, incrementando la brecha entre las líneas de bienestar y el salario mínimo, pues, los precios de bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas han aumentado drásticamente en comparación al salario mínimo.

Frente al rezago del salario mínimo, el índice de precios de la canasta básica aumentó –de 2001 a 2014– 90 por ciento, en tanto que los salarios aumentaron 0.3 por ciento en términos reales, lo que ha provocado un aumento en el número de personas consideradas en pobreza patrimonial, ya que, según datos del Coneval, en 2012, 52 por ciento de la población, es decir, un total de 61 millones 350 mil 435 mexicanos, vivían en pobreza patrimonial.

No obstante que México acusa muy alta productividad –en 2011 fue la segunda mayor, ligeramente 3 por ciento debajo de Chile –, desde hace tres décadas en México los salarios mínimos no sólo no aumentaron en consistencia con la productividad, sino que han sufrido un retroceso importante, puesto que, si el salario mínimo fuera acorde a la productividad, su nivel en 2014 habría sido aproximadamente 50 por ciento mayor al registrado, ubicándose por encima de 100 pesos diarios, situación que agudiza la disparidad entre salarios y productividad, reduciendo la participación de la renta del trabajo en ingresos nacionales.

Según la Cepal, el problema de la pobreza en México es más estructural que coyuntural, pues menos de la tercera parte del producto ingreso nacional pertenece a los salarios. A pesar de que las empresas en el país perciben por empleado 780 mil 199 dólares –cifra superior al promedio internacional, según el informe de Saratoga 2015, de la consultora PwC–, tan sólo invierten 20 por ciento de sus ingresos a pago de nómina en promedio.

Por si fuera poco, estimaciones del Global Wealth Report 2014, de Credit Suisse, señalan que 10 por ciento más rico de México concentra 64.4 por ciento del total de la riqueza el país. En otras palabras, México tiene mucha más desigualdad que el resto de los países medidos según la según la Standardized World Income Inequality Database.

La riqueza de los cuatro mexicanos más ricos –Carlos Slim (77 mil millones de dólares), Germán Larrea (13 mil 900 millones de dólares), Alberto Bailléres (10 mil 400 millones de dólares) y Ricardo Salinas Pliego (8 mil millones de dólares)– corresponde a 9.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, en comparación al año 2002, cuando sólo representaba 2 por ciento del PIB. En tanto que de 1996 a 2014, el PIB per cápita sólo ha tenido un crecimiento de 1 por ciento a tasa anual.

Así, es evidente que el salario mínimo no ha sido acorde con la Constitución, ni con los tratados internacionales suscritos por México:

El artículo 123 constitucional establece lo siguiente:

“...remuneración suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Asimismo, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que:

“a) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

b) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”

De igual manera, la Organización Internacional del Trabajo establece que:

“por salario mínimo puede entenderse la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.”

Finalmente, el convenio 131 de la referida Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que la determinación del salario mínimo debe considerar las necesidades de los trabajadores y sus familias, y los niveles de productividad.

En ese sentido, Patrick Belser, principal economista de la OIT, afirma que el derecho humano a una remuneración justa que permita una existencia digna, es fundamental, pues la garantía de un salario vital es condición para la paz universal y permanente basada en la justicia social, ya que, el salario puede ser descrito como el productor de un trabajo a tiempo completo, que permita a las personas tener una vida decente considerada aceptable por la sociedad, que satisfaga las aspiraciones de las personas en su vida laboral.

El derecho a la remuneración justa, apunta María Elena Martínez Salgueiro, es el derecho a percibir una remuneración que le asegure a un trabajador un nivel de vida conveniente, conforme a la dignidad humana. Señala que el sistema de relaciones laborales de un país constituye uno de los puntos básicos de transformación productiva, pues supone el respeto de los derechos, aspiraciones y necesidades de los trabajadores, a que están obligados a garantizar los estados, puesto que ningún estado democrático puede plantearse un proyecto de transformación productiva con equidad que no parta del reconocimiento pleno de estos derechos.

Sin embargo, un aproximado de 7 millones de personas en el país reciben el salario mínimo, es decir, el 13 por ciento de la población ocupada; mientras que 67 por ciento de la población ocupada se ubica con un ingreso menor a tres salarios mínimos. Por lo tanto, el salario mínimo debe alcanzar a la línea de bienestar mínimo que fija el Coneval, a fin de que sea suficiente para adquirir la canasta básica.

La literatura económica apunta a que existen efectos positivos en el incremento del salario mínimo –mayor lealtad a la empresa, mayor productividad del trabajador, mayor demanda en el mercado interno, etcétera–, por lo que no sólo es factible, sino que es deseable, dado que no provoca ninguno de los daños presupuestos por modelos convencionales –inflación, desempleo, baja productividad– .

Es indispensable un aumento en el salario mínimo, es decir, revalorizar el trabajo, a fin de recomponer el empleo, la erosión de los ingresos laborales y la cohesión social. Disminuir la brecha entre la línea de bienestar y el salario mínimo debe ser prioridad para el Estado mexicano, por lo tanto, debe centrar sus esfuerzos en garantizar los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud, entre otros. Así, la solución al problema de la pobreza y la desigualdad debe ser estructural y no coyuntural.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 90, 94, 322, 335, 345, 557, 570 y 573, de la Ley Federal del Trabajo; y, el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Primero. Se reforma el párrafo tercero del numeral VI de la Base A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A.Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a V.

VI.Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones, de manera que alcancen a la línea de bienestar mínimo que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

VII. a XXXI.

B. [...]:

I. a XIV.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 85, 90, 94, 335, 345, 557, numeral VIII, y 573, numeral I; y se añaden un numeral V al artículo 322, y un numeral III al artículo 570, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley , en consistencia con la productividad laboral media del país. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo.

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, de manera que alcance a la línea de bienestar mínimo que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones, de manera que alcancen a la línea de bienestar mínimo que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de modo que sea suficiente para adquirir la canasta alimentaria básica.

Artículo 322. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en consideración, entre otras, las circunstancias siguientes:

I. [...]:

II. [...];

III. [...]; y

IV. [...].

V. La línea de bienestar mínimo que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

[...].

Artículo 335. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores , de manera que alcancen a la línea de bienestar mínimo que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 345. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores , de manera que alcancen a la línea de bienestar mínimo que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 557. El consejo de representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes:

I. [...];

II. [...];

III. [...];

IV. [...];

V. [...];

VI. [...].

VII. [...];

VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales, de manera que alcancen a la línea de bienestar mínimo que fija el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y

IX. Los demás que le confieran las leyes.

Artículo 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen:

I. [...]; o

II. [...]:

a) [...].

b) [...].

c) [...].

III. A solicitud del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 573. En la revisión de los salarios mínimos a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 570 de la ley se observarán los siguientes procedimientos:

I. El presidente de la comisión nacional, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud del secretario del Trabajo y Previsión Social, o del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o, en su caso, la que le hayan presentado las organizaciones de trabajadores o los patrones, convocará al consejo de representantes para estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el proceso de revisión, tomando en consideración la línea de bienestar mínimo que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Si la resolución es en sentido afirmativo ordenará a la dirección técnica la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos; así como los datos más significativos de la situación económica nacional para que el consejo de representantes pueda disponer de la información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben establecerse. Si su resolución es negativa la pondrá en conocimiento del secretario del Trabajo y Previsión Social;

II. [...];

III. [...];

IV. [...]; y

V. [...].

Artículo Tercero. Se añade un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo federal y hacerlas del conocimiento público.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá proponer la revisión de los salarios mínimos en cualquier momento a la Comisión de los Salarios Mínimos, de manera que alcancen a la línea de bienestar mínimo.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, una vez entrado en vigor.

Notas:

1 Persiste desigualdad social en México: ONU, disponible en: http:// www.milenio.com/politica/desigualdad_social_mexico-desigualdad_mexico_ONU-infor me_ONU_Mexico_0_575942594.html, consultado el 20 de marzo de 2016.

2 El salario mínimo real cayó casi 80 por ciento en 27 años, disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/896503.html, consultado el 20 de marzo de 2016.

3 El Coneval define la canasta básica alimentaria como la línea de bienestar mínimo, es decir el costo mensual de un conjunto de alimentos que sirven para satisfacer los requerimientos de energía y nutrientes de una persona, esto es, para que no muera de hambre.

4 Salario mínimo vs inflación, disponible en: http://www.nexos.com. mx/?p=24137, consultado el 20 de marzo de 2016.

5 Salarios por decreto: el debate del mínimo, disponible en: http://www.letraslibres.com/revista/convivio/salarios-por-decreto-el-debate-del -minimo, consultado el: 20 de marzo de 2016.

6 Op. cit. El salario mínimo real cayó casi 80 por ciento en 27 años.

7 Exigen organizaciones civiles incrementar el salario mínimo a $87 pesos diarios, disponible en: http://frentealapobreza.mx/exigen-organizaciones-civiles-incrementar-el-salario -minimo-a-87-pesos-diarios/, consultado el 20 de marzo de 2016.

8 El rezago del salario mínimo, disponible en: http://www.nexos. com.mx/?p=24115, consultado el 21 de marzo de 2016.

9 Ibid.

10 Op. cit., Salario mínimo vs inflación.

11 Op. cit. El salario mínimo real cayó casi 80 por ciento en 27 años.

12 Definido por el CONEVAL como la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte.

13 Op. cit. El rezago del salario mínimo.

14 Ibid.

15 Según la OIT, en su Informe Mundial sobre Salario 2014/2015, en México la productividad creció más que los salarios.

16 Ibid.

17 El salario mínimo en México como factor de desigualdad, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/03/18/el-salario-m inimo-en-mexico-como-factor-de-desigualdad, consultado el 22 de marzo de 2016.

18 Empleados mexicanos ganan en productividad, disponible en: http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2016/03/09/empleados-mexicanos-ganan-en- productividad, consultado el 22 de marzo de 2016.

19 Un salario justo: un derecho humano, disponible en: http://www. ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_231998/ lang—es/index.htm, consultado el 23 de marzo de 2016.

20 ¿Cómo se elaboró la propuesta de recuperación del salario mínimo?, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=27089, consultado el 23 de marzo de 2016.

21 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley General de Educación.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza hemos manifestado nuestra convicción de que la educación debe recobrar su importancia como un factor de movilidad social porque estamos seguros de que es fundamental para romper el ciclo de la desigualdad.

Entendemos que es a través de la educación que los individuos llegan a ser capaces de formular un proyecto de vida y llevarlo a la práctica en su existencia individual y colectiva.

Sabemos que el desarrollo social de México requiere educación, escuelas y docentes de calidad. En Nueva Alianza reconocemos el trabajo y compromiso que las maestras y maestros han asumido para mejorar la educación en México y entendemos la gran responsabilidad que tienen en la formación de las nuevas generaciones que conducirán el rumbo del país.

La reforma educativa ha puesto un énfasis especial en las capacidades y habilidades con las que los docentes deben contar para lograr la educación de calidad que los mexicanos merecen, ubicándolos como los principales encargados del buen resultado del proceso educativo.

Sin embargo los recursos asignados a los diferentes programas de capacitación, actualización y profesionalización docente no son suficientes ni equiparables con la enorme responsabilidad y el peso que recae sobre ellos.

Al hacer una revisión de los Presupuestos Federales de Egresos de 2008 a 2016, observamos que los recursos destinados a la capacitación y profesionalización han tenido una asignación variable de recursos públicos, lo que repercute en una mejor y más amplia oferta.

De acuerdo con el informe, los docentes en México, realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2013 se destinaron al sistema nacional de formación continua tan solo 366.12 millones de pesos para atender a más de un millón de docentes de escuelas públicas de educación básica, lo que significa un promedio real de 363 pesos con 91 centavos por maestro para sus actividades de formación continua y superación profesional.

Mejorar la calidad de la enseñanza requiere invertir en la capacitación y profesionalización docente. En ese sentido pongo a consideración de esta soberanía una iniciativa cuyo propósito es establecer en la legislación la obligatoriedad de contar con la suficiencia presupuestal para los procesos vinculados a la formación continua, desarrollo de capacidades, desarrollo profesional y regularización de los docentes contemplados en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Si bien, los docentes tienen un papel fundamental para lograr la calidad educativa no son los únicos responsables. Es obligación de las autoridades educativas garantizar la suficiencia presupuestal para que la consecución de la calidad educativa vaya a la par del compromiso que se exige.

Es menester atender este problema con políticas, estrategias y acciones eficaces que permitan desarrollar modelos de capacitación y profesionalización acordes con las necesidades de una sociedad en constante transformación. El mundo en el que vivimos requiere de maestros creativos, éticamente comprometidos con los valores, con capacidades pedagógicas y conocimientos científicos para promover aprendizajes de calidad.

Asimismo, deben poseer competencias didácticas, académicas, tecnológicas, organizativas, evaluativas, de planificación y de gestión. El limitado financiamiento para la adquisición de todas estas competencias se refleja en una deficiente oferta educativa para la formación y superación profesional de los docentes, que en muchas ocasiones carece de pertinencia y no corresponde con las necesidades particulares que enfrentan los docentes.

Si bien, el presupuesto otorgado en 2016 observó un incremento sustancial para el Programa de Desarrollo profesional Docente, es primordial garantizar que los presupuestos de los siguientes años no sean menores que el actual, por el contrario, la centralidad de la educación de calidad requiere de un incremento paulatino que permita la suficiencia presupuestal necesaria para fortalecer la formación continua de más de 2 millones de maestros.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que garantizar los recursos suficientes para la profesionalización, nos permitirá contar con los mejores elementos en cada aula, en cada escuela y en cada población.

El compromiso del magisterio con la reforma educativa es proporcional a la responsabilidad que tenemos con el presente y futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. En esa medida, Nueva Alianza asume su deber político con las y los maestros para que tengan las herramientas técnicas y presupuestales que les ayuden a afrontar los retos de la evaluación educativa.

Compañeras y compañeros, asumamos la responsabilidad que nos corresponde para lograr la calidad educativa, revalorizando uno de los aspectos fundamentales como es el desarrollo profesional de las y los maestros de México. Solo así se podrán alcanzar las metas establecidas en la reforma educativa y convertir a la educación en un verdadero factor de movilidad social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Generales del Servicio Profesional Docente, y de Educación, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carlos Gutiérrez García, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley General de Educación, en materia de suficiencia presupuestal a los procesos de formación y profesionalización docente, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Como con cada transformación, la Reforma Educativa implementada entre el 2012 y el 2013 ha puesto especial énfasis en las capacidades y habilidades de los docentes, a fin de que ellas y ellos sean los responsables de lograr la educación de calidad que merecemos los mexicanos.

Para lograr este propósito, en la norma que regula el Servicio Profesional Docente se ha establecido una serie de consideraciones hacia los procesos de Formación Continua, Desarrollo de Capacidades y Regularización, así como el de Desarrollo de Liderazgo; sin embargo, no son recíprocas las responsabilidades del Estado, en particular en las asignadas a la Federación y a la autoridad responsable, para que estos procesos tengan la suficiencia presupuestal correspondiente.

En función de lo anterior, se propone establecer en la Ley General del Servicio Profesional Docente, el mandato correspondiente (art. 10), la certeza jurídica sobre a quién le corresponde la programación y presupuestación de recursos públicos (art. 59) y la obligatoriedad de que estos no sean menores a los asignados en el ejercicio presupuestal anterior (art. 66).

Del mismo modo, se propone armonizar en la Ley General de Educación las disposiciones relativas a la presupuestación de recursos públicos destinados a la formación docente (art. 12) y a garantizar toda la tarea educativa (art. 27), a fin de que los procesos de planeación y operación que derivan de la ejecución de los mandatos legales no se encuentren con obstáculos que les impidan la consecución de una educación de calidad.

Argumentación

Diversas posiciones han resaltado la importancia de contar con un buen docente para alcanzar los aprendizajes esperados, aún en condiciones adversas y deficiencias en materia de insumos e infraestructura. Por ello, en concordancia con diversos estudios internacionales, se ha considerado que los docentes, y en particular la práctica docente, son un factor clave en la mejora de los niveles de logro educativo.

Nuestro país no ha estado ajeno a esas posiciones. En esa tesitura, ha desarrollado en las últimas dos administraciones, programas, estrategias y acciones dirigidas a mejorar las capacidades de los docentes y proveerlos, por lo menos en enunciados programáticos, de los materiales que requieren para desarrollar su trabajo adecuadamente.

Prueba de ello son las profusas referencias que se pueden encontrar en los dos programas sectoriales educativos, en donde se localizan estrategias y líneas de acción muy claras, orientadas tanto al desarrollo de competencias; la integración de colectivos docentes como mecanismo para la transmisión y discusión de ideas y experiencias; así como acciones específicas para su formación, actualización y acompañamiento.

Así, por ejemplo, en el Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012, encontramos las siguientes estrategias y líneas de acción:

“...

Educación Básica

...

1.2 Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos.

• Establecer los perfiles de desempeño de los docentes en servicio, con el fin de encauzar la formación continua hacia el desarrollo de las competencias profesionales necesarias para afrontar los retos de la educación del siglo XXI.

• Adecuar los sistemas de formación de docentes para que respondan a los objetivos que se busca alcanzar en el currículo.

• Identificar las necesidades de formación continua y superación profesional de los docentes para generar una oferta sistemática, pertinente, integral y equitativa orientada a la mejora de la calidad de la educación básica.

• Poner en marcha un programa de capacitación de docentes para la atención adecuada de las innovaciones curriculares, de gestión y, especialmente, del uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación.

• Concretar una oferta de formación continua a distancia para los profesionales de la educación.

• Establecer acuerdos y convenios con autoridades educativas, instituciones formadoras de docentes de educación superior, así como con organismos e instituciones que coadyuven en el diseño, desarrollo e implantación de programas para la formación continua y la superación de los profesionales de la educación.

...

• Capacitar a los docentes y a los equipos técnicos estatales en la aplicación de los nuevos programas de estudios.

• Fortalecer las competencias profesionales de los equipos técnicos estatales responsables de la formación continua.

1.3 Enfocar la oferta de actualización de los docentes para mejorar su práctica profesional y los resultados de aprendizaje de los educandos.

...

• Capacitar a los profesores de escuelas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidadpor las bajas calificaciones obtenidas en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE).

• Promover la participación de los docentes en los exámenes nacionales de actualización.

...

• Asegurar en todo el país una oferta de programas de formación continua, pertinente, relevante y de calidad, que incluya opciones diversas, adecuadas a las necesidades específicas de los profesores y escuelas, con el fin de que docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos mejoren sus prácticas educativas y sigan aprendiendo a lo largo de su carrera profesional.

• Concretar una plataforma de servicios de formación continua para los equipos técnicos estatales, asesores y docentes en servicio, así como una oferta de opciones a distanciamediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en las 32 entidades federativas.

...

Media superior

1.7 Establecer las competencias para la vida y el trabajo que todos los estudiantes de bachillerato deban desarrollar y que sean la unidad común que defina los mínimos requeridos para obtener una certificación nacional de educación media superior.

...

• Diseñar talleres y cursos de capacitación y actualización docente, con enfoques metodológicos de enseñanza centrados en el aprendizaje y contenidos acordes con el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo de sus estudiantes.

...

1.8 Definir un perfil deseable del docente y elaborar un padrón sobre el nivel académico de los profesores de las escuelas públicas federales, con el propósito de orientar las acciones de actualización y capacitación y ofrecer los programas más adecuados.

• Establecer un programa nacional de formación y actualización docente, el cual constará de tres elementos: programas de titulación, diplomados para la actualización y especialización, y esquemas para el ingreso a estudios superiores.

• Conformar un censo de profesores con información sobre su perfil y nivel académico, con el propósito de ofrecer cursos y diplomados de actualización y capacitación pertinentes para mejorar su desempeño.

• Establecer herramientas que proporcionen información sobre el desempeño del personal docente en las distintas modalidades y que les permitan identificar sus áreas de oportunidad.

...

• Diseñar los cursos de formación inicial, capacitación y actualización, así como los programas de estímulos y promoción, a partir de los perfiles establecidos para los docentes.

1.9 Establecer el programa de titulación para profesores de educación media superiormediante la suscripción de convenios con instituciones de educación superior.

• Establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación superior que impartan programas de formación docente, para que los profesionales aspirantes a ejercer la docencia adquieran las competencias didácticas, así como el conocimiento acerca de las características sociales, físicas y emocionales de la población que atienden.

• Robustecer la formación inicial y la capacitación continua del personal docente de las distintas modalidades, mediante la impartición de cursos, diplomados y programas de estudios superiores, cuyos contenidos se orienten al desarrollo de los nuevos enfoques metodológicos para el trabajo con las distintas disciplinas, así como para desarrollar en los estudiantes las competencias para la vida y el trabajo.

...

Educación Superior

...

6.9 Fortalecer las competencias de gestión de los directivos a través de cursos y diplomados pertinentes.

• Diseñar cursos de capacitación en competencias gerenciales dirigidos a los directivos de los planteles, cuyos contenidos versen sobre temas como negociación, liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados y gestión de proyectos, entre otros.

...

6.14 Articular el sistema de educación superior con los de educación básica y media superior y con otros sistemas relevantes.

• Fomentar la coordinación y cooperación con la educación media superior para fortalecer la formación y capacitación de sus docentes, mejorar la pertinencia social de sus programas y el perfil de sus egresados.

• Involucrar a las instituciones de educación superior en la tarea de apoyar la formación inicial, capacitación y actualización de la planta docente, tanto de las escuelas normales como de la educación básica y de la educación media superior.

...”.

Para entender estas referencias, conviene revisar la política pública federal en la materia, misma que ha presentado diversas etapas desde que se dio inicio a la federalización educativa en el año de 1992.

Según un análisis realizado por la Secretaría de Educación Pública, la formación de docentes, hasta el año 2006, se puede dividir en dos etapas: la primera, que va del año 1995 al 2000, está caracterizada por el centralismo en el diseño y operación de las opciones formativas. En dicha etapa se integró toda una infraestructura institucional que no existía, al crearse 266 Centros de Maestros; se instalaron las Instancias Estatales de Actualización; se desarrollaron materiales, cursos y programas y se establecieron mecanismos de evaluación y acreditación, resaltando que en el transcurso de esos cinco años se logró que todos los maestros de México participaran en al menos alguna de las modalidades de atención que se ofrecían, iniciándose entre ellos una cultura de la formación continua, fuertemente motivada por el estímulo de obtener puntos para el Sistema de Carrera Magisterial.

La segunda etapa, que va del 2001 al 2006, se caracterizó por la federalización de los servicios formativos y su flexibilidad; se establecieron los colectivos docentes para el aprendizaje y se dio inicio a la cultura del “aprendizaje permanente como parte y requisito de la vida profesional de los docentes... cuya responsabilidad, convicción y profesionalismo resulta condición indispensable en la mejora de los procesos y resultados educativos”.

Asimismo, en esta etapa se inicia la institucionalización de los “Talleres Generales de Actualización”, que se ofrecen a los docentes cada año al inicio del Ciclo Escolar, así como el establecimiento de una creciente oferta formativa de programas de estudio de carácter nacional, la certificación de sus aprendizajes, así como el diseño y puesta en marcha de los servicios de asesoría académica a las escuelas.

Sin embargo, desde entonces se empiezan a identificar significativas deficiencias que se han mantenido en los procesos de formación continua y de desarrollo profesional de los docentes, algunas de ellas fomentadas por la amplia demanda y los limitados recursos para atenderla.

Entre dichas deficiencias se identificó la amplia variedad de servicios de actualización y capacitación para maestros en el ámbito estatal de muy diversa calidad y con pobres resultados en la mayoría de las veces, sin que dicha deficiencia se regulara de manera efectiva. Esta situación cobrará particular importancia, como se observará más adelante.

Un siguiente momento, que podríamos denominar como tercera etapa, representó el establecimiento del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio (SFCSP), creado a mediados de 2009. Dicho sistema, el cual, a decir de la propia autoridad responsable del ramo educativo, destaca por ser más flexible, pertinente, relevante, federalizado y de mayor calidad; e integrar un amplio catálogo de cursos y opciones formativas que llegaron a incluir, entre sus más de 1,000 opciones, programas de Especialidad, Maestría y Doctorado, los Cursos Nacionales de Actualización y los Exámenes Nacionales (ENAMS), que se aplicaban con el propósito de acreditar los cursos, a fin de cumplir con el objetivo de poner en marcha una estrategia para abordar la actualización magisterial de manera integral.

El objetivo que persiguió fue “regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad y pertinente, con el concurso de actores competentes (instituciones de educación superior), interesados en contribuir a la actualización de los docentes”.

En este recuento llegamos ya a una siguiente etapa, conformada por las estrategias de la presente Administración, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como una de las cinco Metas Nacionales lograr un “México con Educación de Calidad”. Para ello, expresa que “la Reforma Educativa es un paso decidido para desarrollar el potencial humano de los mexicanos... se busca que los alumnos sean educados por los mejores maestros. Con el Nuevo Servicio Profesional Docente, ahora el mérito es la única forma de ingresar y ascender en el servicio educativo del país...”.

En concordancia con lo anterior, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 vuelve a reiterar lo observable en la anterior Administración, en el sentido de “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, a través de estrategias como la de “establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico”, así como la amplia referencia e importancia que se les asigna a los docentes en el logro de los principales propósitos educativos del país, como se observa a continuación:

“...

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se prevén seis objetivos para articular el esfuerzo educativo durante la presente administración, cada uno acompañado de sus respectivas estrategias y líneas de acción.

• Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

• Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

...

1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes:

Líneas de acción

1.2.1. Estimular la generación de altas expectativas de logro y el compromiso de cada docente con el aprendizaje de sus alumnos.

...

1.2.3. Fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el compromiso del equipo docente, en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad escolar mínima.

...

1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos:

Líneas de acción

...

1.3.2. Seleccionar los contenidos indispensables para que los maestros puedan enseñarlos con profundidad.

...

1.3.4. Alentar prácticas educativas basadas en métodos, estrategias, materiales y acciones diferenciadas que garanticen el logro equitativo del aprendizaje.

1.3.5. Impulsar prácticas pedagógicas en las que el papel protagónico lo ocupe la actividad inteligente del alumno guiada por el maestro.

...

1.3.7. Asegurar el conocimiento y buen manejo del currículo por parte de los docentes y dotarlos de instrumentos curriculares de apoyo.

...

1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el alumno:

Líneas de acción

1.4.1. Fortalecer la profesionalización docente en la educación básica mediante la ejecución de las acciones previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

1.4.2. Diseñar e impulsar esquemas formación continua para maestros de educación básicasegún lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

...

1.4.5. Poner a disposición de las escuelas un conjunto de apoyos para que sus docentes constituyan y desarrollen comunidades de aprendizaje profesional.

1.4.6. Impulsar las modalidades de formación fuera de la escuela que refuercen el desarrollo profesional docente.

1.4.7. Alentar la creación y fortalecimiento de redes de escuelas y docentes para su desarrollo profesional.

...

1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar

Líneas de acción

...

1.6.8. Impulsar el uso de evaluaciones para diseñar estrategias pertinentes para el desarrollo profesional docente.

...

2.2. Consolidar el Sistema Nacional de Bachillerato, universalizar el Marco Curricular Común y fortalecer la profesionalización docente y directiva

Líneas de acción

...

2.2.7. Fortalecer la profesionalización docente y directiva en la educación media superior mediante la instrumentación de lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

2.2.8. Diseñar e impulsar esquemas de formación continua para profesores de educación media superior, congruentes con la Ley General del Servicio Profesional Docente.

2.2.9. Desarrollar programas de formación y actualización de directores para la gestión escolar.

...”

A pesar de la importancia y responsabilidades asignadas a los docentes para alcanzar los resultados educativos esperados, el logro educativo no está a la altura de las expectativas y del alcance de las metas diseñadas; así lo prueban los diversos resultados alcanzados después de la aplicación de instrumentos nacionales e internacionales de evaluación, como han sido Excale, Enlace, Pisa o Planea, en sustitución de Enlace.

No obstante, es preciso aclarar que el reiterado análisis simplista de esos resultados ha generado la estigmatización de los docentes, llegando a considerar que el uso de los recursos públicos en ellos invertido ha sido desperdiciado. Ello sin considerar las condiciones en que muchos de ellos han tenido que pasar para desarrollar su práctica docente y, particularmente, en las deficiencias que se han observado desde la implementación de los programas destinados a la formación y actualización docente, como antes ya fue señalado.

Además, cabe señalar que si bien las evaluaciones realizadas a los docentes de educación Básica y Media Superior, entre septiembre y noviembre de 2015, permiten obtener un acercamiento a las fortalezas y debilidades de las y los maestros de México, también nos ofrece una evaluación del limitado grado de eficiencia y eficacia de la oferta y los recursos destinados a la profesionalización y formación continua de los mismos.

Al analizar los recursos presupuestales asignados a la profesionalización de los docentes, podemos observar las asimetrías guardadas entre las responsabilidades y expectativas hacia ellos, y el grado del compromiso de las autoridades responsables al programar el ejercicio de recursos públicos para esta tarea fundamental del Sistema Educativo Nacional.

Una adecuada y pertinente oferta de formación, profesionalización y capacitación para los docentes, así como su accesibilidad, atendiendo las condiciones en que los mismos prestan sus servicios, y la existencia de un sistema idóneo y transparente que brinde información focalizada y especializada acerca de las fortalezas, debilidades y trayectos formativos de los docentes en servicio, son aspectos que demandan una importancia primordial, si en verdad aspiramos a una educación de calidad para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos de hoy y de las generaciones futuras.

Lo anterior es un problema estructural que la autoridad federal aún dista de atender con políticas, estrategias y acciones realmente eficaces; más aún, el marco normativo para la formación y actualización de los docentes es limitado en cuanto al establecimiento de obligaciones recíprocas hacia las autoridades educativas, responsables de planificar, programar y ejecutar los recursos y seleccionar las opciones formativas.

Sin hurgar en pasadas administraciones, en el informe “Los docentes en México”, realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se detalla que en el 2013 se destinaron al Sistema Nacional de Formación Continua tan sólo 366.12 millones de pesos para atender a más de un millón de docentes de escuelas públicas de educación básica, suma que nos da un promedio de 363.91 pesos por maestro para sus actividades de formación continua y superación profesional.

Se indica que 9 de cada 10 docentes de primaria y secundaria dicen haber participado en alguna actividad de desarrollo profesional en los 12 meses anteriores a la realización del estudio, destacando el “haber asistido a aquellas dirigidas al conocimiento del plan y programas de estudios (94.1% en primaria y 90.2% en secundaria), al desarrollo de las competencias didácticas para la enseñanza de los contenidos (90.8% en primaria y 89.4% en secundaria) y a su conocimiento y comprensión (91.7 y 89%, respectivamente)”.

Aunque se detallan los recursos ejercidos en 2013, la conclusión a la que llega el INEE se mantiene a la fecha, al considerar los resultados de las evaluaciones al desempeño de los docentes realizadas recientemente: “este limitado financiamiento se traduce en desfavorables condiciones materiales y de infraestructura, servicios y recursos humanos para los dispositivos de formación”, situación que, como se recordará, ya había sido señalada líneas arriba, identificada desde la primera de las etapas antes reseñadas.

La información que revela el citado estudio es un insumo fundamental que nos obliga a reflexionar sobre la pertinencia de los recursos presupuestales y la oferta educativa disponible para la formación y superación profesional de los docentes en servicio, así como en la calidad de la formación y actualización impartida a los docentes de educación Básica y Media Superior.

El análisis y cruce de estos indicadores, con los resultados alcanzados en las recientes evaluaciones a los docentes en servicio, nos obligan a modificar el marco regulatorio. El propósito de la iniciativa es que, a fin de establecer la obligatoriedad de que los procesos vinculados a la formación continua, desarrollo de capacidades, desarrollo profesional y regularización de los docentes, así como el de liderazgo -contemplados en la Ley General del Servicio Profesional Docente-, se incluya la garantía de contar con la suficiencia presupuestal; y que tal garantía coadyuve a contar con docentes y directivos mejor preparados, cuyo desempeño no sólo se refleje en sus futuras evaluaciones, sino que sea palpable en el salón de clases y en el desempeño de los más de 31 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cursan cada uno de los grados que conforman estos niveles educativos.

Nueva Alianza, como millones de mexicanos, aspira a la consolidación de esta ambiciosa Reforma Educativa, lograda a través de recursos presupuestales suficientes y en lo posible crecientes para que los procesos, instancias y ofertas formativas sean pertinentes, de calidad y contextualizadas a las condiciones de cada uno de los docentes y directivos en servicio, pues sólo así se fortalecerán las capacidades de más de dos millones de maestros.

No podemos aspirar a la consolidación de un Sistema Nacional de Formación, Actualización y Desarrollo Profesional, tema aún pendiente por parte de las autoridades educativas, si en cada ejercicio de planeación y programación no se tiene la garantía de contar con la suficiencia presupuestal necesaria y adecuada, para garantizar, a su vez, opciones formativas pertinentes y de calidad.

En el marco de la más reciente Reforma Educativa, implementada en el año 2013, las políticas nacionales deben ser claras al establecer las directrices para asumir, con todos los recursos disponibles, el diseño, operación y evaluación de las acciones orientadas a consolidar en el Sistema Educativo Nacional, el cumplimiento de un imperativo constitucional, como es el derecho de los mexicanos a recibir una educación de calidad.

Para cumplir esta tarea, atendiendo a lo dispuesto en nuestra Carta Magna y en la legislación secundaria, las autoridades educativas, desde su ámbito de competencia, deben negociar, acordar y generar las condiciones materiales y financieras para que el Sistema Educativo sea capaz de afrontar las exigencias que implica una educación de calidad, aspecto que se debe traducir en el establecimiento de los contextos y escenarios operativos que permitan cumplir con ese propósito superior.

Es por ello que resulta fundamental encontrar la congruencia entre la legislación, las políticas y la operación del Sistema Educativo. Este es uno de los retos actuales en todos los órdenes de gobierno, sobre todo al considerar que la Reforma Educativa no debe circunscribirse sólo a unos cuantos componentes de dicho sistema.

Es claro que esta reforma incluye una amplia transformación de las condiciones para el gobierno, funcionamiento y gestión de las escuelas, así como nuevos enfoques y marcos de actuación para la mejora de las condiciones de infraestructura y equipamiento, sin olvidar revalorizar un aspecto fundamental como es el desarrollo profesional de los docentes.

Los maestros conforman un componente al que se le ha responsabilizado de un aspecto central como es la calidad educativa y una fuerte carga programática, así como amplias y muy complejas responsabilidades en cuanto a la obtención de logros educativos, pero sin los instrumentos legales y normativos que mínimamente les garantice la suficiencia presupuestal de recursos, para que en el proceso de planeación y operación de las opciones formativas que atiendan sus necesidades, se considere la pertinencia y eficacia de los programas y contenidos que les ofrecen, situación que ha prevalecido en la definición de políticas educativas en esta materia desde la federalización de la educación, implementada en 1992.

El Sistema Educativo de México, con sus más de 36 millones de estudiantes, de los cuales poco más de 31 millones cursan la educación Básica y Media Superior, es uno de los más numerosos y complejos del mundo, a lo que debemos de sumar las condiciones de desigualdad, pobreza, pluralidad étnica y lingüística, entre muchas más características que lo distinguen.

Tal escenario es el marco donde se desarrollan, profesional y comprometidamente, más de 2 millones de docentes, con un 80% de ellos en los niveles que conforman la educación obligatoria en el país.

Su responsabilidad es de gran importancia, al ser quienes tienen en sus manos la tarea de transformar la realidad de los futuros ciudadanos de México, además de ser depositarios de las más altas expectativas emanadas de las últimas reformas educativas.

Las reformas legales son indispensables, porque sirven de plataforma institucional para crear condiciones más favorables para el mejoramiento de la educación pública.

La promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrió nuevas y valiosas perspectivas para el desarrollo profesional de los maestros; sin embargo, los docentes no son los únicos responsables de lograr la calidad educativa y no merecen cargar todo el peso de esta amplísima responsabilidad.

En esta tarea, es obligación de las autoridades educativas garantizar la suficiencia presupuestal para que la consecución de la calidad educativa vaya a la par del compromiso ya demostrado por los docentes del país.

Hoy en día, el hecho de contar con información confiable sobre el desempeño educativo y los niveles de logro de la gran mayoría de los estudiantes de educación Básica y de un importante segmento de la Media Superior, permite establecer las políticas públicas y las condiciones necesarias para lograr el anhelado objetivo de que la educación que reciben millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sea de calidad.

Así, el nivel desagregado de datos permite identificar los problemas particulares de entidades federativas, municipios, escuelas, salones de clase, incluso a nivel de alumnos o profesores, así como en asignaturas, temas y contenidos específicos. Y si bien, por la aplicación de la Ley General de Educación y la de Desarrollo Profesional Docente se cuenta con recursos pedagógicos y materiales para abordar las deficiencias identificadas, es notorio que estos avances no son los suficientes para fortalecer y conseguir la educación de calidad que merecemos las y los mexicanos.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza creemos que es imprescindible e impostergable que se establezcan en la ley las condiciones mínimas necesarias para que los procesos contenidos en ella, particularmente los de formación continua, desarrollo de capacidades y regularización, así como el de desarrollo de liderazgo, cuenten con la suficiencia presupuestal para la consecución de sus propósitos.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley General de Educación, en materia de suficiencia presupuestal a los procesos de formación y profesionalización docente

Artículo Primero. Se reforman la fracción IX del artículo 10; el primer párrafo del artículo 59 y 66 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:

Artículo 10. Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:

...

I.a VIII....

IX. Determinar la programación y presupuestación anual del gasto público destinado a losprogramas de Reconocimiento, Formación Continua, de Desarrollo de Capacidades, de Regularización y de Desarrollo de Liderazgo y Gestión , cuyos recursos deberán ser los suficientes y crecientes en términos reales, así como emitir los lineamientos generales de estos programas;

X.a XIV....

Artículo 59.El Estado proveerá lo necesario para que el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en servicio tengan opciones de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural , para lo cual dispondrá de los recursos presupuestales suficientes y crecientes en términos reales.

...

...

...

Artículo 66.Las erogaciones que deban realizarse en cumplimiento a la presente Ley estarán garantizadas con los recursos presupuestales suficientes y crecientes, en términos reales, y nunca serán menores a los asignados en el ejercicio presupuestal anterior.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 12 y el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I....

Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos acordes al marco de educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo nacional , destinando para ello los recursos presupuestales suficientes y crecientes en términos reales;

II. a la XIV....

Artículo 27.-En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

En todo tiempo deberán garantizar las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Las Autoridades educativas Federal y locales, en el ámbito de sus responsabilidades, preverán cumplir y observar las disposiciones presupuestales contenidas en este decreto en el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2017 y siguientes.

Notas:

1 Al respecto, se puede consultar las diversas publicaciones que ha emitido en esta materia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, entre las que se encuentran el estudio denominado “Análisis de las políticas para maestros de educación Básica en México”, del 2009; también de ese año la publicación denominada “Mejorar el liderazgo escolar. Reporte del Contexto Mexicano” o del 2011 el llamado “Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes Consideraciones para México”, todos ellos centrados en el contexto nacional, además de la muy conocida serie “Education at a Glance” que anualmente edita ese organismo internacional.

2 Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012, Secretaría de Educación Pública (SEP). Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero de 2008.

Se enfatiza los enfoques y responsabilidades asignadas a los docentes.

3 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, Subsecretaría de Educación Básica (SEB), Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), s.f. circa 2009. Citado en “Análisis de las políticas para maestros de educación básica en México”, Dulce María Nieto de Pascual Pola. Informe elaborado para el Proyecto de Cooperación entre México y la OCDE para la Mejora de la Calidad de las Escuelas en México 2008-2010. Página 39 y siguientes.

4 Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, Subsecretaría de Educación Básica (SEB), páginas 18 y 19.

5 Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012, Secretaría de Educación Pública. S.f. circa noviembre 2012. Páginas 67 y siguientes.

6 Ídem, página 74.

7 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. Gobierno de la República. México, 2013. Página 67.

Resalta el énfasis dado a la responsabilidad docente.

8 Programa sectorial 2013 – 2018. Secretaría de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013.

9 En 2015 la suma era de 203 millones de pesos, reconocidos por el Titular de la SEP al presentar los resultados del reciente proceso de evaluación profesional docente.

10 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). “Los docentes en México, Informe 2015”, México, Primera edición, 2015, página 119. Disponible en

http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/ 240/P1I240.pdf.

11 Ídem, página 120.

12 Op. Cit.

13 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014 - 2015. Disponible en: http://planeacion.sep.gob.mx/assets/images/principales_cifras/2014_2015_PRINCIP ALES_CIFRAS_BOLSILLO.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado Carlos Gutierrez García (rúbrica).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Saludamos la presencia de estudiantes, personal docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

A partir de la apertura comercial que México ha experimentado en los últimos treinta y cuatro años, los efectos en la economía y el mercado interno han sido variados, lo que impacta en el ingreso familiar, local y regional, modificando la estructura del producto nacional y exigiendo la construcción de medidas en el marco normativo y regulatorio.

La parte sustancial de esta apertura la representan los tratados internacionales en materia económica, que si bien, se han referido a la política del Estado Mexicano en materia comercial de bienes y servicios, la inversión de capitales y la protección de los derechos de autor, su impacto no se reduce al sector exterior, sino que ha impactado en la estructura productiva del país, los ingresos y los mercados de trabajo.

Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los efectos de la apertura comercial han sido ampliamente discutidos, el incremento de las exportaciones y la consolidación del comercio regional hemisférica es sin duda un aspecto importante de señalar, pero sus efecto en la economía nacional son todavía más contrastantes como lo señala Audley, (et. al. 2003) cuando dice que:

Dicho simplemente, el TLCAN no ha sido ni el desastre que sus detractores pronosticaron ni la tabla de salvación aclamada por sus partidarios. Pero, si bien el efecto general del TLCAN puede ser ambiguo, para las familias rurales de México el cuadro es muy claro, y sombrío. El TLCAN ha acelerado la transición de México a una economía liberalizada sin contribuir a crear las condiciones necesarias para que los sectores público y privado se adaptaran a los choques económicos, sociales y ambientales de comerciar con dos de las economías más grandes del mundo. Los ciudadanos más vulnerables de México han enfrentado una vorágine de cambios que supera la capacidad de control propia o de su gobierno.

En algunos sectores académicos y empresariales se ha interpretado como un efecto pernicioso pero necesario. Sin embargo, para el Carnegie Endowment for International Peace, estos podrían haber sido evitados sin renunciar a los objetivos de la apertura y cita:

No es necesario que los acuerdos comerciales generen este tipo de problemas para la población pobre de las zonas rurales. De negociarse correctamente, pueden abrir puertas a nuevos mercados y al mismo tiempo proteger de las tensiones asociadas con participar en la competencia mundial y la mayor presión sobre los recursos naturales.

Pero esta no es la única lección que se desprende del análisis de la apertura comercial en el marco del TLCAN, los efectos de la política de liberación económica estudiados en el sector industrial nos muestran que en efecto, su impacto trasciende el comercio de manufacturas y ha provocado cambios estructurales en los sectores industriales, Romero (2009) lo ilustra al señalar que:

En términos generales se puede decir que la apertura comercial lleva a una reasignación de factores en la economía, esto es, a recomponer la mezcla de producción y de empleo de dichos factores. En el caso de México, esta reasignación fue muy intensa, ya que la mayor parte del comercio se realizó con un país altamente desarrollado. Sin embargo, algunos autores sostienen que la mayor parte del comercio de México con los Estados Unidos era y es de tipo intraindustrial, en lugar de interindustrial, lo que mitigó la reasignación de factores entre industrias.”

Los resultados en la producción industrial y en la integración de los factores de la producción corrió paralelo a las necesidades de la producción capitalista global antes que a las necesidades para el impulso industrial nacional, la CEPAL en el estudio publicado por Romero lo formula de la siguiente manera:

Una hipótesis que se desprende de los datos mexicanos es que la expansión del comercio no fue resultado de importantes incrementos de la productividad, que hubieran hecho a la economía mexicana más competitiva, sino que se explica por la conjunción de la apertura comercial, que permitió el aprovechamiento de mano de obra barata y de un proceso de fragmentación de los procesos productivos a nivel global.

Sobre estas lecciones habrá que preguntarse si era lo que se esperaba, no sólo del TLCAN sino de los resultados que ocurrieron en los distintos sectores de producción, en el mercado de trabajo y en los ingresos rural y urbano se corresponden con los argumentos que dieron origen a un cambio en el modelo de desarrollo nacional y el impulso a la apertura comercial. Recordemos, como lo señala López (et. al. 2011), que las políticas de ajuste y la apertura comercial ocurre en un contexto económico:

Desde la década de 1980, la economía mexicana ha emprendido un profundo programa de liberalización comercial, con la finalidad de dar salida a los problemas de la deuda externa y aspirar a un crecimiento sostenido y equilibrado.

La apertura vino acompañada de una serie de medidas tomadas en el marco normativo y regulatorio de la economía nacional y no sólo de las políticas de comercio exterior, López señala que:

Entre las medidas impuestas para realizar el cambio estructural destacan: disciplina fiscal, restricción de la oferta monetaria, privatización de las empresas públicas, apertura y desregulación de los mercados de capitales y de bienes.

Respecto al papel del mercado externo y particularmente de la exportación de manufacturas como el eje articulador del mercado interno, entre 1989 y el 2010, López señala que los resultados no se corresponden en su totalidad con las pretensiones en sus objetivos centrales al decir:

El resultado anterior (sic) muestra que el modelo de promoción de exportaciones no ha logrado resolver ni el desequilibrio comercial, ni ha solucionado el problema estructural que tiene la economía mexicana.”

Los resultados a los que hace mención López y de acuerdo con Dussel (2003) demuestran el dominio comercial de un segmento de producción industrial en medio de una planta industrial que no logra transitar a un modelo de apropiación tecnológica, cita:

“...las exportaciones se han concentrado en un número reducido de empresas: 300 empresas exportadoras y 3,500 maquiladoras concentraron 95 por ciento del total de las exportaciones, mientras que las 3.1 millones de empresas restantes sólo participaron con menos del 5 por ciento, durante el periodo 1993-2000. En tanto, a partir de la firma del TLCAN, la participación de las exportaciones de la industria maquiladora en relación con las exportaciones manufactureras ha aumentado hasta superar a las exportaciones no maquiladoras...

Estas medidas estuvieron revestidas de una marcada reducción del intervencionismo del Estado mexicano, como lo señala Vázquez:

Cabe mencionar que las intervenciones del Banco Mundial y las del Fondo Monetario Internacional fueron fundamentales para generar presión desde la esfera internacional en el ámbito nacional. Cualquier apoyo por parte de estas organizaciones (digamos créditos) estaba condicionado a una serie de recomendaciones para modificar la estructura económica nacional de tal forma que se pudiese convertir en una economía de libre mercado, esperando con ello beneficiarse de las bondades de la libre actividad económica entre individuos, ya sea nacional o internacional. Las reformas estructurales, aunque siguen dándose hasta el momento, representan una estrategia que inevitablemente ha llevado a la liberalización comercial en el ámbito nacional.

A la postre, se ha hecho necesario pensar el interés nacional y de la necesidad de una mayor participación de los entes del Estado, Vázquez concluye:

La presión y dinámica de los acuerdos internacionales debe pasar a un término dónde pueda ser dirigida por los intereses nacionales desde un principio, no con el fin de desprenderse de la economía mundial, más sí con la máxima de contar con una economía y sociedad lo suficientemente preparada para una justa competencia internacional.

Ante estas evidencias, la Universidad Autónoma Metropolitana señala la importancia de impulsar marcos normativos que respondan a las necesidades de la producción nacional:

Deben implementarse normas que propicien la canalización adecuada y eficiente de capital extranjero hacia sectores e industrias estratégicas así como para el desarrollo de nuevas industrias con capacidad competitiva internacional. Esta medida debe estar acompañada de un diagnóstico oportuno de las industrias o actividades económicas que necesiten impulso y que sean clave para el desarrollo socioeconómico del país.

Las conclusiones a las que se llegan por los distintos estudios presentados y que señalan la importancia de establecer marcos normativos en las políticas económicas nacionales, coinciden con las conclusiones a las que se habían llegado al final de la década de 1990. En este sentido, Allyon (1997) señalaba que:

La influencia extranjera no puede recibirse sin más en el orden jurídico nacional, sino que tiene que ser sometidas a un proceso de adaptación y armonización con los derechos existentes, lo que implica en muchas ocasiones que se modifiquen o adquieran matices propios.

En consecuencia, el problema que se aborda y la propuesta resultante de este análisis, se presenta de la siguiente manera:

1. Los tratados internacionales en materia económica tienen un impacto en la estructura de la producción, el ingreso y el mercado de trabajo dentro del país y no solamente en los aspectos relativos al comercio exterior.

2. Que sus efectos demandan la construcción de un andamiaje normativo que contrarreste sus efectos nocivos o que distribuyan sus beneficios.

3. Las medidas de ajuste en la política exterior termina con ajustes en las políticas económicas internas.

La consecuencia inmediata de este planteamiento es que, los tratados internacionales en materia económica tienen consecuencia que no siempre están relacionadas con los objetivos explícitos que les dan origen, que el progresivo retiro del Estado en esta materia, dejo que tales consecuencias se presentaran sin un análisis que hoy se reconoce y en su momento se reconoció, como necesario. En este sentido, nuestra posición es que, la Cámara de Diputados tendría que tener una participación importante en la aprobación de los tratados internacionales en materia económica y no solamente en la solución de sus consecuencias, lo que no significa reducir o suplantar las facultades exclusivas del Senado, sino en el impulso de su tarea en el establecimiento de los marcos normativos de la política económica nacional congruente con su participación en la construcción de las relaciones internacionales; estas medidas tenderían al fortalecimiento del Congreso de la Unión en la aprobación de los tratados internacionales en materia económica.

Argumento

De acuerdo con el actual modelo constitucional, el segundo párrafo del artículo 76 otorga la facultad exclusiva al Senado de la República de “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.”

Sin embargo, en materia económica, los instrumentos contenidos en tratados internacionales son sustancialmente distintos en alcance y contenido a las convenciones diplomáticas, políticas o especializadas en temas de seguridad colectiva u otras similares.

En este escenario, la Cámara de Diputados se ve privada de la posibilidad de pronunciarse respecto de instrumentos jurídicos internacionales que tienen que ver sus facultades en la construcción de los marcos normativos internos. Resulta inconsistente que la Cámara de Diputados no tenga una opinión con el peso suficiente en la aprobación de tratados que tienen profundos impactos en la economía nacional y en el desarrollo de los distintos sectores productivos.

Este argumento no es original, en la LX Legislatura se presentaron cuatro proyectos de iniciativas de reforma constitucional semejantes en materia objeto de esta iniciativa a saber:

En todos los casos se propone otorgar facultades al Congreso de la Unión, para que sea éste quien apruebe los tratados internacionales y convenciones diplomáticas celebrados por el Ejecutivo federal, es decir, que intervengan las dos cámaras y no que sea facultad exclusiva del Senado. En lo particular destaca lo propuesto por la primera iniciativa que si se hubiera aprobado, la aprobación de los tratados internacionales por parte del Congreso se hubiera limitado a ciertas materias que a éste le hubiese competido legislar y expedir en todo los caso las leyes generales que tuvieran que desarrollar las materias de dichos tratados. Por su parte, la tercera iniciativa condicionaba la aprobación de los tratados por parte del Congreso a la opinión previa favorable de la mayoría de las legislaturas de los estados, otorgando de esta manera intervención a las mismas.

El problema sustancia en el marco constitucional actual de estos proyectos es primero, que se refieren a todo tipo de tratados; segundo, que limita las facultades del propio Congreso de la Unión a la opinión de los Congresos locales, lo que implica suplantar la facultad exclusiva del Senado.

En la LXI Legislatura se presentaron cinco proyectos de iniciativas de reforma constitucional semejantes a la materia objeto de esta iniciativa a saber:

En todos los casos se propone otorgar facultades al Congreso de la Unión, para que sea éste quien apruebe los tratados internacionales y convenciones diplomáticas celebrados por el Ejecutivo federal, es decir, que intervengan las dos cámaras, reduciendo la facultad exclusiva del Senado. Además, la cuarta iniciativa en lo particular propone, que derivado de que el Congreso no cuenta con facultades para expedir una Ley en materia de tratados internacionales, se le otorguen las facultades correspondientes para ello. También prevé que ambas cámaras podrán llamar a comparecer a toda autoridad pública responsable de aplicarlos.

El problema sustancia de estos proyectos en el marco Constitucional actual es primero, que se refieren a todo tipo de tratados; segundo, que en el marco actual existe una Ley sobre tratados internacionales, lo que supone suplantar una facultad exclusiva del Senado.

Al razonamiento anterior hay que prever que corresponde al Poder Ejecutivo federal la conducción exclusiva de las negociaciones y firma de dichos instrumentos jurídicos internacionales. Estas condiciones que la propia norma constitucional establece, limitan tomar las medidas legislativas a limine sobre todo cuando los efectos de los tratados internacionales en materia económica, producen efectos negativos en sectores o ramas de actividad económica, o bien, impactan negativamente en los ingresos de la población. Como se ha dicho, algunos instrumentos jurídico internacionales de carácter económico pueden tener efectos nocivos para grandes sectores productivos o la población en general.

El caso más reciente de monopolio en las negociaciones lo constituye, sin duda, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP por sus siglas en inglés. En un hecho insólito, todas las rondas de negociaciones de los países se realizaron en el más obscuro secreto. Si bien, es importante no adelantar conclusiones, es importante establecer un mínimo balance sobre sus posibles impactos.

El balance a la fecha no es concluyente, se habla de ventajas y desventajas, en los diferentes sectores económicos que están referidos al acuerdo, esta situación podría ser evitada si la Cámara de Diputados tuviera posibilidades de emitir opinión, pues enriquecería la toma de decisiones y se podrían establecer un mejor punto de vista, pues de acuerdo a sus facultades, es la cámara de origen donde surgen las acciones legislativas que norman y regulan la vida económica interna del país.

Fundamento Legal

Por todo lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado Héctor Javier García Chávez, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción I del artículo 6 y del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión; presenta la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan el segundo párrafo de la fracción XXIX F del artículo 73, la fracción VI Bis del artículo 74 y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adicionan un segundo párrafo a la fracción XXIX F del artículo 7; la fracción VI Bis del artículo 74 y se reforma el párrafo segundo del artículo 76 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXVIII. (...)

XXIX F. (...)

Para aprobar los tratados internacionales que presente el Ejecutivo en materia económica.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a VI. (...)

VI Bis. Emitir Dictamen de Opinión a la Cámara de Senadores sobre el impacto que tendría la aprobación de tratados internacionales en materia económica.

Artículo 76.Son facultades exclusivas del Senado:

I (...)

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Tratándose de tratados o convenios internacionales en materia económica, bilateral o multilateral, aprobará considerando el dictamen de opinión que le envié para tal efecto la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. La reforma que adiciona las disposiciones que incorporan dictamen de opinión de parte de la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación de Tratados internacionales en materia económica surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Tendrán las Cámaras del Congreso de la Unión, hasta ocho meses para realizar las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General para incorporar el objeto de las reformas contenidas en esta iniciativa.

Notas:

1 Audley Jhon, Demetrios G. Papademetriou, Sandra Polaski y Scott Vaughan. 2003. La Promesa y la Realidad del TLCAN. Carnegie Endowment for International Peace; página 7.

2 Audley, Ídem, página 8

3 Romero José. 2009. Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio en América Latina: el caso de México. CEPAL; página 19.

4 Centro de Estudios para América Latina de la Organización de Naciones Unidas.

5 Romero, Ídem, página 40

6 López Velarde Aurora Adriana. 2011. Impactos de la apertura comercial en México: tratados y acuerdos; en: La UAM ante la sucesión presidencial: propuestas de política económica y social para el nuevo gobierno. UAM Xochimilco; página 581.

7 López, Ídem, página 583.

8 López, Ídem, página 586.

9 Dussel P. Enrique. 2003 Características de las actividades generadoras de empleo la economía mexicana 1988-2000, Investigación Económica, UNAM, México.

10 López, Ídem, página 587.

11 Vázquez Hernández Carlos Agustín. 2009. Liberalismo económico y algunos de sus impactos. CESOP, Cámara de Diputados. LXI Legislatura; página 11.

12 Vázquez, ídem, página 28.

13 La UAM ante la sucesión presidencial: Propuestas de política económica y social para el nuevo gobierno. México DF: UAM-X, CSH, Depto. de Producción Económica; 2011

14 López, Op Cit., página 627.

15 López Allyon Sergio. 1997. El impacto del tratado de libre comercio de américa del norte en los sistemas jurídicos del continente americano; en: El futuro del libre comercio en el continente americano. Análisis y perspectivas. UNAM, México; página 218.

16 Valdés Robledo Sandra. 2012. LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MÉXICO Estudio de antecedentes, marco jurídico y conceptual, iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas y Derecho Comparado. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Dirección de Servicios de Investigación y Análisis; Subdirección de Análisis de Política Interior. LXI Legislatura; página 47.

17 Valdez, Ídem, página 44

18 Cfr.: Boletín 7 de octubre de 2015. Beneficios y pérdidas del TPP para México. Méxicoxport, SA de CV. www.mexicoxport.com.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2016.— Diputado Héctor Javier García Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

1. Planteamiento del problema.

Se propone reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de establecer que corresponde a la Cámara de Diputados, y no a la Secretaría de Hacienda como hasta ahora acontece, la autorización para realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades. De esta manera se elimina la discrecionalidad de dicha Secretaría en el manejo de los ingresos y gastos excedentes presupuestarios, al tiempo que se le incentiva a proporcionar la información completa y verídica al poder legislativo federal.

2. Argumentos

A más tardar el 8 de septiembre de cada año, el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pone a consideración del Honorable Congreso de la Unión el denominado paquete presupuestal para el subsecuente ejercicio fiscal.

La fracción III del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que el paquete presupuestal está conformado por: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal.

Con relación al proyecto anual de Ley de Ingresos, el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto señala que la exposición de motivos respectiva contendrá los montos de ingresos de los últimos cinco ejercicios fiscales y las estimaciones para igual número de años; a su vez, el proyecto de decreto incluirá la estimación de los ingresos del gobierno federal, de las entidades de control directo y el proveniente de financiamiento.

El artículo 107 de la ley referida establece que los informes trimestrales que el ejecutivo federal entrega al Congreso de la Unión, contendrán la información sobre: los ingresos obtenidos; la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una explicación detallada sobre la misma; la información sobre los ingresos percibidos por la federación en relación con las estimaciones que señale la Ley de Ingresos. Cabe subrayar que toda esta información, por disposición del mismo artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto, debe ser completa y oportuna, pues en caso de incumplimiento procederán las responsabilidades correspondientes.

No obstante todo lo anterior, la realidad es que año con año el ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incurre en una práctica sistemática de subestimación de los ingresos públicos. Así lo demuestran Alejandro Werner, ex subsecretario de Hacienda y Crédito Público en el periodo 2006-2010, y Fabián Valencia, Economista Principal en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, en el artículo intitulado “Perspectivas de las finanzas públicas en México”, que es parte del Tomo I del libro Los avances del México contemporáneo: 1955-2015 publicado por esta Cámara de Diputados.

Acorde con la información proporcionada por Werner y Valencia, tal y como se demuestra en la gráfica 1, cada año desde 2007 hasta 2014, con excepción de 2009, hubo una práctica reiterada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de subestimar o calcular a la baja los ingresos públicos en un monto promedio anual del 1.5% del PIB. Lo que ha generado, en consecuencia, que también cada año, sin incluir 2009, el gasto público efectivamente ejercido sea mayor al presupuestado en aproximadamente el mismo 1.5% del PIB promedio anual.

Gráfica 1 Comportamiento que se mantuvo en 2015 conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de dicho año, en el que se señala que:

1. Los ingresos del sector público presupuestario fueron superiores en 242 mil 468 millones de pesos con relación a lo previsto en la Ley de Ingresos 2015, es decir, en lugar de los 4 billones 22 mil millones de pesos programados se captaron 4 billones 264 mil millones de pesos; y

2. El gasto total del sector público presupuestario fue superior en 197 mil 297 millones de pesos respecto a lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, esto es, en vez 4.69 billones de pesos se gastaron 4.89 billones de pesos. Lo que se explica principalmente por un mayor gasto programable por un monto de 156 mil millones de pesos.

Se está en presencia de una situación en la que a partir de la asimetría de información existente en materia de ingresos públicos, la Secretaría de Hacienda aprovecha dicho escenario para, en menoscabo del poder legislativo, ejercer de manera discrecional el gasto público que resulta de los ingresos excedentes obtenidos año con año. Por ello, deben tomarse medidas legislativas que desincentiven la práctica sistemática de subestimación de los ingresos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es precisamente el propósito de esta iniciativa de ley.

3. Fundamento legal

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77, numeral 3; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y con base en ello, presentamos ante este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19.El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, solicitará autorización de la Cámara de Diputados para realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I.Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente ; y a inversión en infraestructura pública, social y de equipamiento, dando prioridad a las entidades federativas y municipios con menor desarrollo económico y social.

Las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, con respecto a las estimaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos excedentes a que se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán por el incremento en apoyos que esté asociado a mayores costos de combustibles.

El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los términos de la fracción IV de este artículo;

II.En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, se requerirá autorización de la Cámara de Diputados previa opinión de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, pudiéndose autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Cámara de Diputados.

III.Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que autorice la Cámara de Diputados a partir de la propuesta que le presente la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables.

En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Cámara de Diputados, a la cual se le informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación.

IV.Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente:

a)En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b)Se deroga.

c)En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y

d)En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos del Gobierno Federal. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04 para el caso del inciso a), y de 0.08 para el caso del inciso c), por la suma de las cantidades estimadas en el artículo 1 de la Ley de Ingresos en los conceptos correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo.

Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas.

La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos para cada reserva a que se refiere esta fracción. En este último caso, una vez que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que tengan como destino los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto en la siguiente fracción de este artículo.

Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción;

V.Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción II, de esta Ley, así como los ingresos excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una vez que sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 87, fracción I, de esta Ley, se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que los ingresos excedentes que tengan como destino el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal del Gobierno Federal, a la amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de Infraestructura, en la proporción que la Cámara de Diputados autorice al Ejecutivo Federal .

Las erogaciones adicionales a que se refiere este artículo serán autorizadas por la Cámara de Diputadosy sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario o, en su caso, no aumenten el déficit presupuestario.

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones adicionales aprobadas por la Cámara de Diputados en los términos del presente artículo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. El ejecutivo federal cuenta con un plazo de 180 naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para hacer las adecuaciones conducentes al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2016.— Diputados: Alberto Martínez Urincho, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Omar Ortega Álvarez, Arturo Santana Alfaro, Victoriano Wences Real, Eva Cruz Molina, Lluvia Flores Sonduk, Sergio López Sánchez, Natalia Karina Barón Ortiz, Érika Briones Pérez, Cristina García Bravo, Elida Castelán Mondragón, Ana Leticia Carrera Hernández, Guadalupe Acosta Naranjo, Javier García Chávez, Xavier Nava Palacios, Daniel Ordóñez Hernández, Armando Soto Espino, Rafael Hernández Soriano, David Gerson García Calderón, María Luisa Beltrán Reyes, Olga Catalán Padilla, Héctor Peralta Grappin, Araceli Madrigal Sánchez, Evelyn Parra Álvarez, Leonardo Amador Rodríguez, Karen Ramírez Peralta, Cristina Gaytán Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Y, con respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Presidencia rectifica el trámite para quedar como sigue. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

PROGRAMA DE APOYO A LOS MINEROS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA MINA EN LA COMUNIDAD DE NAICA, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SAUCILLO, ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente capítulo, ahora pasamos a él, es el de las Proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Y, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que considere el establecimiento de un programa que apoya a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, municipio de Saucillo, Chihuahua, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega:Con su venia, señor presidente, y con la atenta súplica de que se inserte íntegramente al Diario de los Debates el contenido total de la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.

Me dirijo a todas y todos ustedes, señoras y señores diputados, toda vez que la difícil situación económica que padecen millones de familias en México no resulta ajena a las familias chihuahuenses, y en particular a las que habitan en el poblado de Naica, correspondiente al municipio de Saucillo, ante el inminente cierre de la única fuente de empleo que existe en el lugar, conocida como la mina de Naica.

En Naica actualmente se presenta una afectación al ingreso familiar, ello debido a la falta de empleo en la actividad minera que por muchos años ha sido sostén de las familias de esta región, además por la escasez de agua que en los últimos tiempos ha hecho estragos en las tierras de cultivo y mermado la actividad agrícola.

Cabe destacar que más del 70 por ciento de los ejidatarios son de la tercera edad y la actividad minera, junto con la agrícola, son sus únicos medios para sostener a sus familias. Es de mencionar que la empresa minera Peñoles inició sus operaciones en 1928y suspendió actividades el 31 de octubre de 2015.

En nuestro país persisten serias desigualdades en regiones y entre grupos sociales, que requieren de mayor esfuerzo para aprovechar racionalmente los recursos naturales e incrementar la infraestructura que permita abrir nuevas y mejores oportunidades a todos los sectores productivos. Se corre el riesgo de incumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, toda vez que el Plan explica las estrategias para lograr un México incluyente a fin de enfrentar y superar el hambre, y sobre todo delinear las acciones para revertir la pobreza a través de la construcción de un México próspero.

Es importante recordar que durante el funcionamiento de la mina fue reconocida a nivel mundial como la número 1 en extracción de plomo, y al cierre del tercer trimestre de 2014 se registró una producción de 14 mil 862 toneladas de plomo; 10 mil 987 toneladas de zinc y 1.3 millones de onzas de plata contenida en concentrados de plomo y zinc.

Ante la inundación que afectó a la mina y luego del intento por rescatarla para continuar con la extracción de metal con base en una inversión insuficiente de la empresa Peñoles, de aproximadamente 290 millones de pesos durante más de seis meses, de un total de 700 trabajadores mineros, alrededor de 140 se retiró en forma voluntaria, mientras que el resto, ante la imperiosa necesidad de mantener un empleo se vio afectado en recibir un salario tabular.

Quiero pedirles a todos ustedes, compañeros diputados, que me hagan fuerte precisamente con este punto de acuerdo. Estas familias son familias que en este momento no cuentan con empleo, no cuentan con agua potable y, obviamente, todos los ejidatarios tampoco cuentan con agua para poder sembrar sus predios.

Es por eso que pido en este punto de acuerdo que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que todo ese fondo que les corresponde a las entidades que tienen actividad minera, sea contemplado el municipio de Naica y que ellos puedan recibir un recurso precisamente de este fondo, para que se puedan instituir o implementar fuentes de empleo, que son realmente necesarias para esta comunidad. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a considerar el establecimiento de un programa de apoyo para los trabajadores afectados por el cierre de la mina de Naica, en Saucillo, Chihuahua, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Brenda Borunda Espinoza, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, César Alejandro Domínguez Domínguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Alex Le Barón González, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y Fernando Uriarte Zazueta, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Naica es un pueblo, situado en el centro-sur de Chihuahua, perteneciente al municipio de Saucillo, dedicado a la minería. Cabe resaltar que la mina de Naica era hasta el 31 de octubre de 2015, la principal productora de plomo en México y es, además mundialmente conocida por las formaciones de cristales que se encuentran en su interior.

El primer descubrimiento minero en Naica ocurrió en 1794, cuando se encontró la primera veta de mineral, sin embargo fue hasta 1828 que comenzó su auge provocando la fundación del pueblo, incrementando de forma inmediata el crecimiento de la población, fundándose la Compañía Minera de Naica, fue el 27 de julio de 1911 cuando alcanzó la categoría de cabecera del nuevo municipio de Naica, debido a su importancia. Sin embargo, con la Revolución Mexicana, se paralizaron las actividades mineras, llegando casi al abandono del pueblo, motivo para que el 3 de febrero de 1922 mediante un decreto fuera suprimido como municipio e incorporado al de Saucillo.

Es hasta 1928, que la actividad minera de Naica se restablece, en un principio con compañías estadounidenses y posteriormente por la Compañía Mexicana Peñoles, siendo hasta hace poco una de las más productivas de Chihuahua, toda vez que después de 80 años, la mina de Naica, concluyó con el contrato colectivo de trabajo de más de 700 trabajadores dentro de los cuales 500 eran sindicalizados, luego de no poder continuar con las labores propias tras la inundación suscitada al interior de la mina, ocurrida en diciembre de 2014.

Después del intento por continuar con el rescate de la mina y continuar con la extracción de metal y tras invertir 290 millones de pesos durante poco más de seis meses, no fue suficiente, pues de los 520 trabajadores restantes con los que contaba la mina, alrededor de 140 trabajadores se retiraron de forma voluntaria, mientras que el resto ante la imperiosa necesidad de mantener un empleo, se vio afectado al recibir un salario tabular, pues al no haber otra fuente de empleo en el poblado resistió hasta el fin de las labores de la mina.

Es importante señalar que la sección 30 de Naica además de perder su única fuente de ingresos dejará de existir también al interior del Sindicato Minero.

Ante tal situación, es menester de los suscritos solicitar la atención del gobierno federal para proponer la atención inmediata al poblado de Naica y crear fuentes alternas de empleo para las poco más de 700 familias afectadas por el cierre de la mina con recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.

En la entidad mencionada, actualmente se presenta no solo una afectación al ingreso familiar sino también a la vida misma, toda vez que se han quedado sin gota de agua, originado por el cierre inminente de la mina. Por ello, se corre el riego de incumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, toda vez que el Plan explica las estrategias para lograr un México Incluyente, a fin de enfrentar y superar el hambre y delinear las acciones para revertir la pobreza a través de la construcción de un México Próspero. Detallando el camino que promueva la generación de empleos, buscando terminar con la pobreza. Es importante recordar que durante el funcionamiento de la mina se tuvo una producción de 14 mil 862 toneladas de plomo, 10 mil 987 toneladas de zinc y 1.3 millones de onzas de plata contenidos en concentrados de plomo y zinc, al cierre del tercer trimestre de 2014.

Esta es la dimensión de lo que está en juego de no atender de manera urgente, con responsabilidad y visión social la amenaza que significa para nuestros pobladores mineros el no contar con un empleo digno.

El acuerdo con fecha 25 de septiembre de 2014 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se emiten los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, es el instrumento jurídico indicado para brindar una solución al problema que atraviesa Naica. Toda vez que la población citada con anterioridad merece ser sujeta de recibir los beneficios que marca en el artículo decimoquinto de dicho fondo tal y como son:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares;

II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

IV. Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, entre otros, y

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

Además de que para desarrollar las actividades citadas, pueda dotárseles de empleos toda vez que en el mismo artículo Décimo Quinto se hace referencia a ésta opción; pues a la letra dice “Con sujeción a lo dispuesto por la legislación que corresponda, las Entidades Federativas, Municipios o Demarcaciones, previo conocimiento del Comité, podrán utilizar los Recursos como garantía o fuente de pago de obligaciones, siempre y cuando los recursos que deriven de las mismas se apliquen a los proyectos de infraestructura señalados en el presente artículo.

Para efectos del párrafo anterior, y siempre que se actualice el supuesto previsto en la fracción III del artículo Noveno del Acuerdo, el Comité aprobará la aplicación de los Recursos para el pago de aquéllas obligaciones señaladas en el párrafo que antecede.”

Y para 2016 el panorama para los mineros de Naica y sus familias debe cambiar y no agravarse, debido a la sinergia que se logra con este empeño de la política social de nueva generación instrumentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, totalmente positiva al ser una labor colectiva, en donde hay una visión de desarrollo regional sustentable, con la que se generarán las obras de impacto en beneficio directo de las mujeres y jóvenes, de los niños y las niñas de las familias mineras.

La creación de este Fondo Minero producto, de la reforma fiscal, se traducirá en Naica en generación de empleo, lo que significará ingresos y bienestar. Porque la mejor manera de combatir la pobreza en Naica será con crecimiento económico, generación de empleos y con la distribución adecuada del ingreso, toda vez que la actividad minera ha contribuido significativamente no sólo al Estado sino a los objetivos planteados en la política llevada a cabo por el Ejecutivo federal.

Por las razones expuestas ante esta Asamblea, y con fundamento en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos respetuosamente ante esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de emprender acciones a través del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, aplicando la atención inmediata de los recursos para establecer un programa de apoyo a los mineros afectados por el cierre de la mina en la comunidad de Naica, correspondiente al municipio de Saucillo en el estado de Chihuahua, creando fuentes alternas de empleo, con los recursos establecidos de conformidad a lo establecido en el artículo decimoquinto del citado fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputados y diputadas: Juan Antonio Meléndez Ortega,Alex Le Barón González, César Alejandro Domínguez Domínguez, Adriana Terrazas Porras, Ana Georgina Zapata Lucero, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Brenda Borunda Espinoza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Meléndez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Por lo tanto, se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado. Comuníquese.

VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A QUIENES CONTAMINEN EL RÍO ATOYAC, UBICADO EN LOS ESTADOS DE PUEBLA Y TLAXCALA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Álvarez Angli, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, para que vigile el cumplimiento de la normatividad y apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen el río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. Adelante, acá viene parsimoniosamente caminando.

El diputado Arturo Álvarez Angli:Con su venia, diputado presidente. En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebró recientemente el 16 de marzo pasado, tenemos que forzosamente referirnos a la problemática que existe en el territorio del estado de Tlaxcala, principalmente, pero que en su colindancia también con el estado de Puebla lo afecta de la misma manera.

El río al que me refiero es el, por todos conocido, río Atoyac. Este río es actualmente contaminado por 38 municipios de Tlaxcala y 22 de Puebla, los cuales descargan aguas residuales al aire libre y por al menos mil industrias de que se tiene conocimiento que no cuentan con plantas de tratamiento o no funcionan adecuadamente, situación que ha ocasionado que esta afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas que son un foco de infección para la población, pudiendo causar enfermedades tales como hepatitis, cáncer, cólera, entre otras.

Dentro de las principales causantes de la contaminación de ríos se encuentran las ocasionadas por descargas de compañías textiles alimenticias, químicas, petroquímicas y otras más, dicha contaminación afecta a más de 2 millones 300 mil pobladores por donde corre el caudal del río.

Desafortunadamente el río Atoyac es considerado uno de los afluentes más contaminados del país, pues se calcula que diariamente se lanzan cientos de toneladas de materia orgánica. No sólo se trata del manejo de las aguas negras de una ciudad, sino del incumplimiento de la normatividad respecto a las descargas del drenaje pluvial.

De acuerdo con datos de la delegación de Conagua, en Puebla, existe un registro de por lo menos 400 permisos otorgados a particulares en diversas industrias para realizar descargas al río, aunque se estima que la cantidad supera la cifra de 3 mil 500 plantas, de las que se ignora si cuentan con equipo de pretratamiento de aguas. Es decir, si cumplen o no con los requisitos ambientales para su operación.

Y según datos de la Profepa, en el año 2015 fueron clausuradas definitivamente 5 empresas en Puebla y Tlaxcala y otras dos de manera temporal, toda vez que las empresas examinadas incumplieron con la norma 001 de Semarnat, de 1996, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

Por ello, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, preocupados por el nivel de deterioro del río Atoyac y convencidos de que ningún proyecto económico debe estar por encima de la salud de los ciudadanos y de la debida conservación de los recursos naturales del país, solicitamos en carácter de urgente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Primero. Exhortar de manera respetuosa a la Profepa y Conagua, para que en el ámbito de sus atribuciones vigilen el cumplimiento a la normatividad, y para el caso de los municipios del estado de Puebla y Tlaxcala, la Conagua destine recursos humanos, materiales y financieros para construcción, optimización de nuevas plantas de tratamiento de agua y de las ya existentes.

Segundo. Exhortar de manera respetuosa a las autoridades federales, locales y municipales para que en el ámbito de sus atribuciones frenen de manera inmediata la descarga de residuos en el Río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Conagua a vigilar el cumplimiento de la normatividad y sancionar a quienes contaminen el río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Arturo Álvarez Angli y diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del Día Mundial del Agua, celebrado el pasado 16 de marzo, es de referirse la problemática que actualmente se presenta en el río Atoyac, el cual nace del deshielo de los glaciares en la Sierra Nevada, en el estado de Puebla.

El río Atoyac penetra en el territorio del estado de Tlaxcala, de donde vuelve al territorio poblano para regar el extenso valle de Puebla-Tlaxcala. En el sur del municipio de Puebla es embalsado en la presa Manuel Ávila Camacho, conocida también como la Presa de Valsequillo.

Atraviesa los valles de Atlixco y Matamoros. Los tres valles constituyen la zona más poblada del estado de Puebla y concentran buena parte de la actividad agrícola e industrial del estado.

Lamentablemente, el río Atoyac está siendo contaminado por la actividad humana de 38 municipios de Tlaxcala y 22 del estado de Puebla, que descargan sus aguas residuales al aire libre y por al menos mil industrias que no cuentan con plantas de tratamiento o no funcionan adecuadamente, lo cual ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección capaz de causar enfermedades como hepatitis, cólera y cáncer.

Dentro de los principales causales de la contaminación del río Atoyac se encuentran las descargas que realizan en éste compañías textiles, alimenticias, químicas y petroquímicas, de bebidas, metal-mecánicas, automotrices y de autopartes, así como productoras de papel.

Desafortunadamente, el río Atoyac es considerado uno de los afluentes más contaminados del país, pues se calcula que diariamente se lanzan 146 toneladas de materia orgánica, 68.8 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados a lo largo de sus 400 kilómetros de longitud.

No sólo se trata del lugar al cual van a parar las aguas negras de una ciudad, sino del incumplimiento de la normatividad respecto de las descargas de drenaje pluvial.

De acuerdo con datos de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Puebla, hay un registro de 400 permisos otorgados a particulares propietarios de industrias textil, mecánica, automotriz, química, cosmética y papelera, entre otras, para realizar descargas en el río, aunque se estima que la cifra de quienes realizan esta práctica supera las 3 mil 500 plantas, de las cuales se ignora si cuentan con un equipo de pre-tratamiento de aguas, es decir, si cumplen o no con los requisitos ambientales para su operación.

Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el año 2015 fueron clausuradas definitivamente cinco empresas en Puebla y Tlaxcala, del mismo modo que se cerraron otras 22 de manera temporal, toda vez que las empresas examinadas incumplieron con la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Se debe precisar que uno de los problemas que imperan en el río Atoyac, es que la mayoría de las empresas no vierten directamente sus desechos en zonas federales o en los afluentes del mismo, sino que las plantas están conectadas a los drenajes municipales o de los organismos operadores de los servicios de agua, y de ahí sus desechos hídricos son lanzados al río.

La contaminación del río Atoyac afecta a más de 2 millones 300 mil pobladores de 22 municipios de Puebla, por donde corre el caudal.

Es por ello que los diputados promoventes, considerando que ningún proyecto económico debe estar por encima de la salud de los ciudadanos y de la debida conservación de los recursos naturales del país, solicitamos que se aplique correctamente la normatividad ambiental vigente a efecto de revertir el alarmante nivel de deterioro y contaminación que presenta actualmente el río Atoyac, lo cual afecta sensiblemente al 40% de la población que vive en sus márgenes.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigilen el cumplimiento de la normatividad ambiental y apliquen las sanciones correspondientes a quienes contaminen el río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Segundo.Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades federales, locales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones, frenen de manera inmediata la descarga de residuos en el río Atoyac, ubicado en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Notas:

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Avanza Profepa en el Rescate del río Atoyac-Zahuapan, en Tlaxcala (consulta en línea, 15 de marzo de 2016). Disponible en: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7697/1/mx.wap/avanza_profepa_en_el_res cate_del_rio_atoyac-zahuapan_en_tlaxcala.html

2 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Halla PROFEPA descarga de aguas residuales clandestinas en río Atoyac, Puebla (consulta en línea, 15 de marzo de 2016). Disponible en: www.profepa.gob. mx/innovaportal/v/5420/1/mx.wap/halla_profepa_descarga_de_aguas_residuales_clan destinas_en_rio_atoyac_puebla.html.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a los 31 días del mes de marzo del año 2016.— Diputados: Arturo Álvarez Angli,Jesús Sesma Suárez, José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo propuesto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Rodrigo Abdala, por favor, allá, de Morena. Sí, diputado.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Gracias, presidente. Para expresar justo mi voto a favor de este punto de acuerdo, ya que como poblano me encuentro sensible al tema de que el río sea utilizado como depósito de desechos industriales y de basurero. Pero también utilizando mi derecho a pedir que se reflexione más sobre este tema.

El partido promovente de este punto de acuerdo también es uno de los partidos que ha promovido y que ha sido enérgico defensor de la reforma energético. Y para todos aquellos que no lo saben, para que se los comentemos, la reforma energética también perfecciona proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas por toda la sierra norte del estado de Puebla, misma que ha sido contundentemente rechazada por los ciudadanos. Y la Semarnat y autoridad se encuentran empeñadas en seguir con este tipo de proyectos.

Entonces, más allá de que se demuestre la preocupación por el río Atoyac, mismo que nosotros compartimos, ya que hace dos semanas cinco diputados de Morena firmamos un punto de acuerdo igual...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues(desde la curul): No, es que es importante mencionarlo, porque se encontraba este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución y yo necesitaba decir esto. Porque como poblano, también expreso el sentimiento de los poblanos, de todos los poblanos de la sierra norte, de la mixteca que están en contra de la reforma energética y que los partidos ahora que votaron a favor de la reforma energética están supuestamente muy sensibles.

Y me da gusto que se despierten, es bueno que se despierten, porque esta sensibilidad parece ser que es falsa. Habría que ser mucho más reflexivos sobre lo que ha ocasionado o lo que han ocasionado los votos a favor de las reformas estructurales que perfeccionan este tipo de proyectos y que acaban con los recursos naturales del país, y específicamente de la sierra norte del estado de Puebla.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado.

La diputada Mirza Flores Gómez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Solamente para hacer mención de que los diputados ciudadanos aprobamos este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Es indispensable y necesario un cambio de cultura, donde nos hagamos absolutamente responsables de cambios de hábitos que afectan de manera irreversible de las poblaciones en este caso particular que se ven afectadas por el paso del río Atoyac.

Hacemos un llamado a los gobiernos federales y estatales para que se hagan responsables de dar cumplimiento a este punto de acuerdo. No podemos seguir pasando por alto. Este río empezó a contaminarse como beneficio de algunos particulares, porque usaban y desechaban químicos para la limpieza de textiles.

Este es un asunto que a los ciudadanos diputados no solamente nos preocupa, nos compromete y nos ocupa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Saludamos la presencia de amigos, personas provenientes del estado de Jalisco y estudiantes de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de la Costa Norte, Guadalajara. Invitados por el diputado Rafael Yerena Zambrano. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Igualmente, saludamos la presencia de alumnos del Consejo Tecnológico de Puebla. Invitados por la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez. Bienvenidas, aquí a este recinto parlamentario. Tiene ahora la palabra...

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Xavier Nava, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (desde la curul): Presidente, de la misma manera. Las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática nos sumamos a este punto de acuerdo. Pero es necesario señalar, que desde el año 2013 a la fecha se han presentado en cada Legislatura cuando menos tres puntos de acuerdo en este mismo sentido por la problemática del Río Atoyac.

Creemos que eso no es suficiente y que tenemos que impulsar con mucha claridad en la discusión de una Ley General de Aguas que contenga no solamente exhorto sino finalmente que se dé el cumplimiento de condicionantes entre las cuales se encuentra la reutilización de aguas residuales y el establecimiento de plazos perentorios para llegar a un horizonte de cero descargas contaminantes.

Esto tiene que ser muy claro para los trabajos de lo que estaremos presentando en próximas fechas y que no quede solamente en exhorto sino que nos pongamos a trabajar en una legislación que así lo amerita nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Nava.

ATIENDA LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN EL ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena. Para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las autoridades correspondientes se atienda la situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz.

El diputado Sergio René Cancino Barffuson:Muy buenas tardes. Agradezco que aún nos mantengamos en este pleno, diputados y diputadas. Les exhorto a atender con puntualidad esta proposición que es de vital importancia. El estado de Veracruz es uno de los más lastimados en nuestro país, vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbordada.

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido incapaz de detener este clima de muerte y barbarie y de devolver a los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan. Por el contrario, durante este gobierno se ha observado una escalada exponencial en los índices de violencia, aunado a una escandalosa pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y garantizar justicia. Mientras la impunidad es un lastre cotidiano, el estado de derecho brilla por su ausencia.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación revelan que en Veracruz los asesinatos y los secuestros registraron un crecimiento del 114 y el 40 por ciento, respectivamente, en comparación con el inicio del año anterior. Entre julio y agosto de 2015 fueron halladas al menos nueve personas ejecutadas en la carretera Isla-Playa Vicente.

Tenemos asesinatos violentos en Alvarado, Tixtepec, Acayucan, Cosoleacaque, Tierra Blanca, Playa Vicente, Coatzacoalcos, Boca del Río, Papantla, Poza Rica, Jalapa, entre otras poblaciones. Es decir, esta oleada de violencia se desplaza del norte al sur en todo lo ancho del territorio veracruzano.

Además, de acuerdo con el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa hoy el primer lugar nacional en asaltos en carreteras con violencia. No hace poco vimos las manifestaciones de los auto-transportistas por estos motivos.

La inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, siendo las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada una de las constantes. No es posible ignorar que la ola de violencia que azota al estado de Veracruz se debe, además de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, a la presencia de policías y militares en esta entidad, incluyendo el llamado Mando Único Policial.

Este Mando Único Policial, para nosotros, del Grupo Parlamentario de Morena y para la población veracruzana nos consta y podemos afirmar que está fallido, es un mando único contaminado.

Estas declaraciones han puesto de manifiesto la incapacidad y el incumplimiento del gobernador para con el tema de la seguridad pública, ya que ni los alcaldes ni los veracruzanos pueden dormir tranquilos por la ola de violencia que prevalece.

Los periodistas son un gremio muy afectado por la violencia, ya que entre 2011 y 2015, han sido asesinados 15 de ellos. Las mujeres también son víctimas de la violencia que se vive en Veracruz. Los feminicidios van a la alza y con la renuencia a poder llamar a la alerta de género.

También la población homosexual y transexual es fuertemente amenazada por la violencia. En la gran mayoría de estos casos quedan impunes. En este sentido es que Morena, los diputados de Veracruz, Rocío Nahle y un servidor, exhortamos al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y urgente establezca una coordinación en la que intervenga la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad con la finalidad de emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz.

Se le exhorta a considerar una intensa y permanente campaña de prevención del delito en todos los municipios de la entidad, revisar y rediseñar la estrategia de mando único implementando en diversos municipios de la misma las acciones correspondientes para erradicar la violencia y oponernos a toda forma de impunidad.

Diputados y diputadas del PRI, del PAN, del Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social, les pedimos de manera urgente su voto a favor para que la Secretaría de Gobernación entre inmediatamente a tomar riendas en Veracruz. Es así como vamos a demostrar el apoyo y solidaridad con 8 millones de veracruzanos, garantizándoles un estado de derecho y una vida acorde con los derechos humanos. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por las autoridades respectivas la inseguridad prevaleciente en Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Veracruz vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia criminal desbordada. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido incapaz de detener este clima de muerte y barbarie y de devolver a los veracruzanos la tranquilidad que tanto anhelan; por el contrario, durante este gobierno se ha observado una escalada exponencial en los índices de violencia, aunado a una escandalosa pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y garantizar justicia. Mientras la impunidad es un lastre cotidiano, el Estado de derecho brilla por su ausencia.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación, revelan que en Veracruz los asesinatos y los secuestros registraron un crecimiento del 114 y el 40 por ciento respectivamente en comparación con el inicio del año anterior. Los dos primeros meses del 2016, han sido el peor inicio de año para Veracruz en materia de inseguridad y violencia. Durante enero y febrero de 2015 se contabilizaron 68 homicidios dolosos; y en ese mismo periodo de 2016 se registraron 139 asesinatos, es decir, 71 crímenes más, que representan un aumento del 114 por ciento.

En los últimos meses las noticias dan cuenta de la gravedad de la situación, así en la cuenca del Papaloapan, entre finales de julio y principios de agosto de 2015 fueron halladas al menos 9 personas ejecutadas en la carretera Isla-Playa Vicente, todas las cuales fueron previamente “levantadas” con violencia; en otras zonas del estado la situación de violencia se repite: el 22 de julio fue encontrada una persona decapitada en una playa de Alvarado; el 12 de agosto fue asesinado un líder de manifestantes en Tixtepec; el 2 de diciembre fueron hallados cuatro cuerpos en la autopista Acayucan-Cosoleacaque; el 3 de diciembre fueron asesinadas tres personas de origen poblano en la carretera Tinaja-Cosoleacaque; el 11 de diciembre dos hombres fueron asesinados en un paraje de la carretera Villa Azueta-San Jerónimo en el municipio de José Azueta. Sin dejar de recordar los violentos robos que se registran en todas las carreteras de la entidad, como los sucedidos a principios de diciembre pasado en la carretera Tinaja-Cosoleacaque que dejaron un saldo de dos pasajeros muertos.

De hecho Veracruz ocupa el primer lugar nacional en asaltos en carreteras, esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

“En la totalidad de esos robos se ha usado la violencia y los asaltantes han causado lesiones a los pasajeros; incluso hay denuncias de que en esos atracos se han cometido ultrajes contra mujeres.

En el reporte sobre incidencia delictiva de 2014, se sitúa a la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa como el estado en donde más delitos en carretera se dieron en todo el país, con 48 reportes en total.

Estos robos significan no sólo que la ciudadanía está más expuesta a viajar por la noche, sin importar que usen líneas de primera clase como la de ADO, sino el fracaso en materia de seguridad pública en carreteras para el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y también para cada comisaría de la Policía Federal de la división Caminos en la entidad.

En esos robos se concentra, por ejemplo, los más de 15 asaltos a camiones de pasajeros registrados a lo largo del año pasado en carreteras del sur del estado; los tramos más peligrosos fueron la federal 180 por el lado de Acayucan, Jáltipan y Minatitlán.”

De la violencia no queda exenta la capital del estado en donde desde octubre pasado por “el alto índice de violencia, la empresa Servicio Urbano de Xalapa (SUX) suspendió su ingreso en seis colonias de la ciudad después de las 21:00 horas. Además de que han implementado diversos protocolos de seguridad con la finalidad de proteger a los choferes.... En estos sectores poblacionales desde julio a la fecha incrementaron los asaltos a conductores y pasajeros por sujetos con armas de fuego u objetos punzocortantes.”

El pasado 11 de enero se reportó la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, se trata de José Benítez de la O, de 24 años de edad; Mario Arturo Orozco, de 27 años; Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arroniz, ambos de 25 años de edad; así como Susana Tapia Garibo de 16 años; diversos medios de comunicación han dado cuenta de este acontecimiento que resulta doblemente preocupante si se considera que fueron policías estatales quienes los detuvieron y fue desde ese momento que se desconoce su paradero, así lo señalaron diversos testimonios. Los jóvenes desaparecidos se dirigían del Puerto de Veracruz, en donde pasaron su periodo vacacional, hacía Playa Vicente su lugar de origen; el vehículo en el que viajaban fue localizado abandonado en la congregación Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, ubicado a unos 100 kilómetros de Tierra Blanca.

El Fiscal General del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, ha confirmado la detención de cuatro elementos de la policía adscritos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con base en Tierra Blanca, como presuntos responsables de la desaparición forzada de los cinco jóvenes, el funcionario estatal dio cuenta de la existencia de videos que incriminan a los elementos policiacos en esta desaparición.

Estamos ante la presencia de un lacerante caso más de desaparición forzada que la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, en Veracruz aumentó la incidencia de los delitos de extorsión, robo y fraude; sabemos que cualquier cifra y estadística en materia delictiva nunca nos expondrá lo que acontece realmente, es un hecho que la gran mayoría de los ilícitos no son denunciados por temor de las víctimas, no es difícil imaginar el terror que sienten los familiares de las víctimas de secuestros o desapariciones forzadas el cual les impide denunciar, de hecho la misma encuesta estima que para el 2014 en el estado de Veracruz se denunció sólo 13.7 por ciento de los delitos, esto significa que 86.3 por ciento de los delitos cometidos no se denunciaron, además del miedo, otro factor que inhibe la denuncia es el alto índice de desconfianza que hay en las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia.

El clima de inseguridad que se vive en Veracruz es percibido por todas y todos, hasta los más pequeños, de acuerdo con el resultado de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) el 7 de junio pasado, de los 88 mil 139 niños veracruzanos que participaron en la primer categoría (de seis a nueve años), 66 mil 516 de ellos dijeron sentirse inseguros en la calle. La Envipe citada anteriormente revela que el nivel de percepción sobre inseguridad pública en Veracruz en 2015 es de 80.5 por ciento, además 53.2 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad, y es que “de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad concentra altos índices de delitos, en particular entre 2010 y 2015, periodo del gobernador Javier Duarte, según este sistema nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor número de denuncias por amenazas en el país, además de altos índices de homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros desde el 2010 a la fecha”.

Así, en Veracruz la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, siendo las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada los delitos que desafortunadamente comienzan a prevalecer en esta entidad, a pesar de que en ella se ha comenzado a instrumentar el mando único policial.

La región en la que se dio la desaparición de los cinco jóvenes es ya considerada por muchos de sus habitantes como una región de terror, y es que en efecto la cuenca del Papaloapan ha sido agobiada los últimos años por el crimen y la violencia, la cuenca del Papaloapan se integra por municipios de Veracruz, Puebla y Oaxaca, entre los municipios veracruzanos encontramos Playa Vicente, Tierra Blanca y Tres Valles, recordamos que en este último municipio a mediados de 2014 fueron halladas 13 fosas clandestinas de donde se extrajeron al menos 32 cuerpos y diversos reportes dan cuenta de la desaparición de más de 80 personas en esta región, también recordamos que en mayo de 2015, el reportero veracruzano Armando Saldaña Morales fue hallado en los límites de Oaxaca y Veracruz, en Cosolapa, con al menos cuatro impactos de bala.

La ola de violencia que azota al estado de Veracruz ciertamente es consecuencia del aumento de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, pero paradójicamente otro factor que se menciona como responsable de esta escalada de violencia y particularmente del aumento de desapariciones forzadas es la inusual presencia de policías y militares en esta entidad, en la cual como ya se mencionó se ha instrumentado el llamado “mando único policial” en al menos 60 de sus municipios, así en opinión de diversas organizaciones:

“Las desapariciones forzadas han aumentado en el estado como consecuencia de las acciones que en materia de seguridad pública detentan hoy las fuerzas armadas y la policía estatal, las cuales y de acuerdo con cifras proporcionadas por el Colectivo por la Paz son responsables de la desaparición de 665 personas, entre las cuales se encuentran 122 menores de edad. Ya desde 2012, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) colocó al estado de Veracruz como una de las cinco entidades que concentran la mitad de las víctimas del dicho delito. En los primeros cinco meses de 2013, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, creado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicó a Veracruz en el primer lugar nacional, con 12 expedientes abiertos. Por su parte, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) tiene registrados, entre 2011 y 2013, al menos 388 desapariciones forzadas”

Esta alarmante situación nos lleva invariablemente a cuestionar la efectividad de las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad y en el mismo sentido la aplicación del Mando Único Policial como estrategia de combate al crimen organizado, que ya se ha visto no ha logrado ni siquiera reducir los índices delictivos sino todo lo contrario; es evidente que el mando único no ha logrado frenar la infiltración de las policías, las que siguen siendo afectadas por el fenómeno de la corrupción. El gobernador de Veracruz Javier Duarte en entrevista telefónica para “Xeu Noticias” refirió: “La seguridad pública por parte del gobierno de Veracruz está en todo el estado (...) En 67 municipios nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad pública, es decir 67 alcaldes no se tienen que preocupar por la seguridad pública, pueden dormir tranquilamente porque el que es el responsable en estos 67 municipios es un servidor”.

Estas declaraciones han puesto de manifiesto la incapacidad y el incumplimiento del gobernador para con el tema de la seguridad pública, ya que ni los alcaldes, ni los veracruzanos “pueden dormir tranquilos” ante el clima de inseguridad que existe en la entidad.

“Según información recabada por Amnistía Internacional, la mayoría de las desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años ha habido elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad.”

La desaparición forzada de personas es sin duda uno de los crímenes más crueles que puede cometerse, la comunidad internacional ha coincidido en calificarlo como delito de lesa humanidad, si se considera además que las víctimas y sus familias son por este delito torturadas continua y prolongadamente. Aunque nuestro país ha signado tratados internacionales para prevenir y erradicar la desaparición forzada, ésta va en aumento y lo que resulta también más delicado es el alarmante grado de impunidad que impera en estos casos.

Amnistía Internacional en su documento Enfrentarse a una pesadilla. La Desaparición de personas en México, refiere que “Entre 2006 y 2012 se registró en México a más de 26 mil personas como desaparecidas o no localizadas. No está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados...

A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del estado o bandas de delincuentes. El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y estatales de tomar en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha contribuido a crear un clima de tolerancia hacia estos crímenes.

Indudablemente, este caso nos hace recordar de forma inmediata, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la Policía Municipal; no queremos bajo ninguna circunstancia que estas infames desapariciones comiencen a ser la constante.

Un gremio muy afectado por la violencia que se vive en Veracruz es el de los periodistas, así entre 2011 y 2015 han sido asesinados 15 de ellos, sin duda ejercer el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo. Condenamos el artero asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, quien recordamos, apenas el pasado 8 de febrero fue sustraída violentamente de su domicilio.

Las mujeres también son víctimas de la violencia que se vive en Veracruz, los feminicidios van a la alza, lo que ha dado lugar a que se solicite la declaratoria de alerta de género para la entidad. Sin dejar de mencionar la situación que vive la población homosexual y transexual, Veracruz es una de las entidades que registra un alto índice de crímenes de odio por homofobia y transfobia, los cuales en su gran mayoría han quedado impunes, no existe atención por parte de las autoridades estatales para erradicar la violencia contra este sector de la población.

Recientemente se ha dado a conocer el lamentable caso de una adolescente víctima de una violación por parte de sus compañeros de la escuela. Este caso es uno más de la larga lista de expedientes negros que se han acumulado en el cajón de la impunidad, ya que varios medios de comunicación han documentado que este grupo de jóvenes conocido como Los Porkys,ha obtenido privilegios al amparo del poder producto de las relaciones que sus padres mantienen con altos funcionarios del gobierno local.

Asimismo, en estos días nos hemos enterado de la desaparición forzada de tres jóvenes en el municipio de Papantla, perpetrada por siete agentes de seguridad locales. De acuerdo con testimonios contenidos en la indagatoria 326/2016, la mañana del sábado anterior Noé Martínez López, Alberto Uriel Pérez (de 19 años) y Luis Humberto Morales (de 18) circulaban en un vehículo Chevrolet Aveo rojo por la ciudad de Papantla. Los siete agentes de Papantla son acusados de participar directamente en la desaparición forzada de los civiles. El resto de los elementos de la corporación permanecen acuartelados en la comandancia, donde rinden declaración mientras se inspecciona armamento, equipo e instalaciones.

Cada caso ilustra el grado de descomposición del gobierno estatal, que no escapa a las tendencias de un clima general manchado por la impunidad, la corrupción, la complicidad y la injusticia. Las autoridades han sido rebasadas y suplantadas por el poder fáctico que representa el crimen organizado, mismo que ha copado las instancias de la vida pública en todos sus ámbitos. Con este cuadro sintomático que se extiende por todo el territorio veracruzano aunado a la incapacidad de brindar las garantías más básicas de seguridad por parte de las instancias de los gobiernos estatales y municipales; se puede concluir que se trata de un Estado fallido que ha renunciado a su función esencial de salvaguardar la vida de sus ciudadanos.

Este deleznable escenario bélico habilitado por la estructura estatal corrompida por el crimen organizado, facilita las formas más radicales de la violencia represiva. Como lo señala la distinguida politóloga Pilar Calveiro, este esquema de violencia estatal, recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior del Estado.

Urge, en consecuencia, rescatar al Estado de Veracruz de la violencia criminal y de la inseguridad insoportable que padece su población, y solicitar al gobierno federal una acción más firme y decidida en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y urgente establezca una coordinación en la que intervenga la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, con la finalidad de emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, y que amenaza la paz pública, lesiona el Estado de derecho y que ha puesto en peligro a la sociedad veracruzana.

Segundo. Esta soberanía exhorta al titular del Ejecutivo federal a considerar entre las acciones a realizar en el estado de Veracruz las siguientes: una intensa y permanente campaña de prevención del delito en todos los municipios de la entidad; revisar y rediseñar la estrategia de mando único implementado en diversos municipios de la misma; establecer presencia policiaca permanente en las zonas del estado que presentan altos índices delictivos; fortalecer los operativos de vigilancia en todas las carreteras de la entidad para frenar los robos con violencia; acelerar las investigaciones sobre los delitos de desaparición forzada que se han cometido durante los últimos cinco años, para que dichos ilícitos se esclarezcan y no queden impunes y brindar medidas de protección al gremio periodístico ante la violencia extrema de que han sido víctimas varios de sus miembros.

Notas:

1 http://eldelsur.com/2015/02/22/ocupa-veracruz-primer-lugar-nacional-en- asaltos-carreteras-de-acuerdo-al-sesnsp/

2 http://eldelsur.com/2015/10/13/ suspenden-urbanos-servicios-en-6-colonias-de-xalapa-por-elevados-indices-de-ins eguridad/

3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

4 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/08/05/veracruz-tierra-amenazas -homicidios-violaciones

5 http://www.rebelion.org/noticidada.php?id=182041

6 http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=744874

7 http://www.animalpolitico.com/2013/06/autoridades-involucradas-en-el-55 -de-las-desapariciones-ai/

8 http://amnistia.org.ar/sitio2/2015/category/documentos/page/4/?id= 80

9 Pilar, Calveiro, Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global,Siglo XXI Editores, 2012, p.15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2016.— Diputado y diputada: Sergio René Cancino Barffuson,Norma Rocío Nahle García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cancino. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto no se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen. Perdón. A la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente. Para pedirle que se turne también a la Comisión de Gobernación, porque estamos pidiendo la intervención de la Secretaría de Gobernación, al igual que la de Seguridad Pública.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor. Sí, diputado.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Sí, señor presidente. Si no tuviera inconveniente la fracción proponente que se turnara a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que pudiera tener un trámite más expedito.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Nahle, como proponente. Sonido en la curul de la diputada Nahle, por favor. Ahí está.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Si, aceptado, que sea en la Jucopo, por favor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, entonces, a petición del diputado Ramírez Marín y aceptado por la parte proponente, se modifica el turno y entonces esta Presidencia dicta que se turne a la Junta de Coordinación Política en los términos en que ya se ha escuchado.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Gonzalo Guízar. ¿Con qué propósito diputado? Por favor.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sé que la flexibilidad de su conducta, solo para solidarizarme con el punto de acuerdo de los compañeros de Morena, solidario estrictamente, es un tema prioritario que está por encima incluso en la percepción ciudadana del desempleo y de la pobreza. La inseguridad ha prevalecido y sigue agravándose en Veracruz. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o de la Ley General de Asentamientos Humanos

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o de la Ley General de Asentamientos Humanos.

En uso de las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXI; y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados; esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se realizó al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa en cuestión; y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2015, por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 2o de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. Con oficio No. D.G.P.L. 63-II-2-257 del veinticuatro de septiembre de 2015; y con número de expediente 1264, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; el Oficio referido fue recibido el 19 de enero de 2016 en la Comisión.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa del diputado José Alberto Couttolenc Buentello, asume como punto de partida que con el paso de los años nuestro país ha experimentado una transformación drástica del paisaje, afectando considerablemente a los sistemas ambientales de nuestras ciudades.

Según el reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, como parte del reporte global de Asentamientos Humanos de ONU-Hábitat, el ritmo de crecimiento, concentración y distribución de la población son elementos fundamentales en la consolidación de las dinámicas y estructuras urbanas, por lo que para el análisis del estado de la movilidad de las ciudades en México es necesario revisar sus tendencias.

En nuestro país, más de 81 millones de personas –que representan el 72% del total– residen en sólo 384 ciudades mayores a 15 mil habitantes, las cuales conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN); esto muestra una desviación entre las cifras del crecimiento demográfico que se duplicaron y la expansión de las manchas urbanas que se multiplicaron.

Todo esto producto de las altas tasas de crecimiento natural de la población y de los intensos flujos migratorios hacia las ciudades. Para ONU-Hábitat, “La ciudad es el hogar de la prosperidad. Es donde los seres humanos satisfacen sus necesidades básicas y tiene acceso a bienes públicos esenciales; también es el lugar donde las ambiciones, aspiraciones y otros aspectos materiales e inmateriales de la vida se realizan”.

Según el reporte del INEGI para el 2011, el proceso de urbanización se da en primer lugar, en las 59 zonas metropolitanas en donde viven 65 millones de habitantes (57% de la población del país), siendo en éstas donde se genera el 74% del Producto Interno Bruto (PIB); asimismo, se estima que hacia el año 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas, lo que demandará sistemas eficientes para movilizarse.

Así también, señala que en el año de 1950, poco menos del 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, para 1990 era de 71% y para el 2010, dicha cifra aumentó a casi el 78%.

Este acelerado crecimiento de las ciudades se debe principalmente a la búsqueda de estabilidad laboral, seguridad alimentaria, educación o simplemente mejores condiciones de vida.

A pesar de los esfuerzos que se han implementado para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente, el aumento de la población en las ciudades ha impactado de manera negativa en el cambio del uso del suelo, provocando importantes efectos ambientales, sociales e incluso económicos.

El precio desorbitado de la vivienda, el aumento en los niveles de la contaminación, el estrés, el tiempo invertido en el transporte y los trastornos psicológicos, ocasionados por un mundo que corre cada vez más de prisa son algunos de los problemas con los que los ciudadanos tienen que vivir diariamente.

Resultado de estos efectos es el declive en la vitalidad de los espacios urbanos, así como en los estándares de calidad de vida del ciudadano; si preguntamos a la gente que entiende por ciudad, con seguridad sus respuestas serían: autos edificios, tiendas, gente, contaminación, ruido y estrés, haciendo casi imposible se dé la relación entre “ciudad” y “calidad de vida”.

Ante esta situación, la población ha manifestado especial preocupación por la protección y preservación del medio ambiente en el lugar donde vive, exaltando como principales problemas el ruido, la basura en las calles y la falta de áreas verdes.

Hoy en día, la importancia de las áreas verdes en las ciudades es de vital importancia para el desarrollo de una conciencia ambiental cada vez más participativa en el conocimiento y conservación del entorno natural.

De ahí que la preservación de las áreas verdes en las ciudades se convierta en una preocupación de carácter institucional, ya que con frecuencia nos enfrentamos obras de construcción principalmente para fines habitacionales, comerciales y de entretenimiento, lo que coloca en verdadero peligro de extinción a las zonas de conservación ambiental a lo largo de nuestra ciudad.

Cabe destacar que el daño causado ni solo impacta los recursos naturales, sino a la salud y bienestar de las personas, pues dichas áreas aportan servicios ambientales que no podrán ser sustituidos con ningún mecanismo por demás eficiente que parezca.

Estamos conscientes que la demanda de vivienda debido al acelerado crecimiento de población, principalmente en las ciudades, debe ser satisfecha, sin embargo, se debe ponderar la conservación de los ya casi nulos recursos naturales existentes en las mismas.

Para ello se deben impulsar acciones que permitan cubrir dichas necesidades, pero siempre con estricto respeto a nuestro medio ambiente, procurando siempre aplicar prácticas sustentables y logrando con ello un equilibrio entre el crecimiento poblacional y la protección ambiental.

Lo anterior, no es más que dar cumplimiento a lo señalado en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, que dentro de sus objetivos generales se encuentra la consolidación de un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental, lo cual se logrará a través del impulso de una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.

Asimismo, se plantea “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, a través de una estrategia que permita “Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos”. Este nuevo modelo de desarrollo urbano fomentará la consolidación de ciudades competitivas, densas, prósperas, justas, seguras y sustentables.

En general, se busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios en los que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y social.

Para que ello sea así, resulta necesario armonizar la legislación existente, integrando en ésta los conceptos que permitan conocer con exactitud, las acciones que serán permisibles; en el caso que nos ocupa, integrar una definición de desarrollo urbano sustentable, nos garantizaría que todas aquellas acciones que se desarrollen en el marco del crecimiento poblacional y asentamientos humanos, se ejecuten con estricta observancia al cuidado de nuestro medio ambiente.

Por lo anterior el proponente del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de ser más explícitos en la actual definición de desarrollo urbano, complementándolo e integrando características de sustentabilidad al mismo.

En atención a lo anteriormente expuesto, el proponente somete a consideración del Honorable Pleno la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 2o DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 2o de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 2º.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I a VII ...

VIII. Desarrollo Urbano Sustentable: El proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea;

IX. a XXI. ...

Transitorio

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Para efecto de valorar las adiciones propuestas por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se elaboró el cuadro comparativo siguiente:

Esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con el objetivo de valorar la iniciativa, adoptará como metodología el estudio sistemático y armónico de la propuesta de la iniciante: para tal efecto se analizará la definición propuesta, que constituye la reforma a la fracción VIII del artículo 2o, de la Ley General de Asentamientos Humanos; así como las diversas acepciones vertidas a la fecha en el entorno jurídico nacional e internacional, con la finalidad de llevar a cabo una valoración puntual de la propuesta.

Definiciones de Desarrollo Urbano.

De la revisión de la definición en materia de urbanización, nos permite concluir, que hay diversas concepciones en las que se define con toda claridad lo que debe entenderse por “ Desarrollo Urbano”; vgr:

“Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; implica además de la expansión física y demográfica, el incremento de las actividades productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas de la población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento. El desarrollo urbano persigue el equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y sociales, siendo diferente del crecimiento parcial de algunos de estos que en ocasiones es interpretado como desarrollo. El desarrollo urbano debe ser concebido en forma integral con el desarrollo regional o territorial, ya que difícilmente se da en forma independiente. Horacio Landa, Terminología de urbanismo,México, CIDIV-INDECO; 1976.”

Desarrollo Urbano: Crecimiento y calidad de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la ciudad, así como el aumento en el bienestar derivado del crecimiento urbano, su planeación y el acceso al crédito para vivienda.

¿Qué es el desarrollo urbano?

Escrito por Ashley Brooks|Traducido por Luis Bernardo

El desarrollo urbano es un conjunto de disciplinas para hacer crecer las zonas urbanas.

Las grandes ciudades, pueblos e incluso pequeños vecindarios no crecen de la noche a la mañana. Son el resultado de una cautelosa planeación por ingenieros y diseñadores civiles, administradores de proyectos, arquitectos, planeadores ambientales y supervisores. La integración de estas disciplinas es conocida como desarrollo urbano. El desarrollo urbano es un sistema de expansión residencial que crea las ciudades. Las zonas residenciales son el principal punto de interés en el desarrollo urbano. Este ocurre por expansión en las zonas no pobladas y/o en la renovación de las regiones en decadencia.”

“Desarrollo urbano sustentable”

El concepto de desarrollo sustentable ha sido integrado a diversas esferas tanto en lo económico como en lo social y ambiental. En este sentido se hace presente el término de sustentabilidad del desarrollo urbano.

Camagni (2005), señala que una de las razones por la cual se debe analizar y enfrentar la problemática de la sustentabilidad del desarrollo de las ciudades, es el aspecto en donde la ciudad tiene un impacto relevante de la sustentabilidad global (por ejemplo, a través del efecto de las emisiones de CO, CO2 y NOx por parte del tráfico vehicular sobre el llamado efecto invernadero) pero las mismas causas que ponen en peligro la sustentabilidad global impactan la sustentabilidad local. Lo cual sugiere que es más eficiente enfrentarse a un mismo problema desde lo local que no a partir de un nivel global.

Como dice el autor, la ciudad debe ser entendida desde el punto de vista como sede de la interacción social, de la creatividad y del bienestar colectivo. Sin embargo, los procesos que dan origen al crecimiento desordenado e ilimitado que sufre la ciudad (como el caso de la ZMVM) en periodos de despegue económico y de rápida industrialización; los procesos de urbanización difusa (metropolización); los procesos de urbanización ciudad-campo; y la problemática de movilidad y de consumo energético, hacen que hoy día la ciudad sea insostenible.

No obstante, Camagni (2005) sugiere que adicionalmente a este conjunto de factores se adicionan las trasformaciones globales de la sociedad y la dificultad con que las políticas públicas se ocupan del problema de la insustentabilidad del desarrollo urbano de ciudades, los cuales, señala, deben ser tomados en cuenta, ya que como menciona el autor, son el reflejo de una insuficiente accesibilidad a los beneficios del ambiente urbano para algunos ciudadanos, porque tienen una influencia sobre el funcionamiento global.

La eficiencia de la sustentabilidad del desarrollo urbano de ciudades, según Camagni (2004), alude a la sustentabilidad local en el sentido de ser valorada por sus efectos sobre las colectividades locales, respetando una restricción de no generación de contaminación insustentable sobre regiones cercanas y sabiendo que una ciudad encaminada en una dirección “localmente” sustentable es una ciudad que participa activamente en la reducción de los efectos globales negativos.

En este sentido, la variable principal es el bienestar de la población local a largo plazo, vinculada a la prosperidad de la misma ciudad. Dicho bienestar debe estar en función al bienestar económico, físico y ambiental, incluyendo la preservación (actual y futura) de los recursos naturales existentes en una localidad, de los cuales la población, que habita en ella, se beneficiará de las externalidades positivas, generando por tanto, una mejora en su calidad de vida.

Lo anterior coincide con la aseveración de Camagni (2005), en la que se debe incluir la equidad ambiental, tanto en el sentido inter como intrageneracional. Más no se trata tanto, o no sólo, de disponer de valores ambientales, sino de garantizar su acceso y disfrute a todos los ciudadanos, presentes y futuros, tal como lo promueve el desarrollo sustentable. Con lo que se busca, dentro de este contexto, un desarrollo urbano sustentable local que garantice un nivel no decreciente de bienestar a la población local a largo plazo, sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las áreas vecinas y contribuyendo a la reducción de los efectos nocivos del desarrollo sobre el medio ambiente (Camagni, 2005).”

Como puede constatarse, la definición de Desarrollo Urbano prevista en la actual Ley, se encuentra rebasada de acuerdo a lo señalado tanto por diversos organismos nacionales, como por los nuevos conceptos y consideraciones del Desarrollo Urbano a nivel mundial; es por ello que esta Comisión considera que la reforma sugerida en la iniciativa hecha por el proponente, contempla los elementos sustantivos suficientes, ya que la propuesta en cuestión que propone modificar su denominación y acepción como Desarrollo Urbano Sustentable, considerando que es: “El proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea”, integrando a dicha definición aspectos preponderante y necesarios de acuerdo a las actuales definiciones y conceptos considerados a nivel Nacional y en el Mundo actual; los que resultan necesarios se deban contener en una Legislación de carácter general.

La propuesta en comento, al hacer referencia a la definición de Desarrollo Urbano (fracción VIII del artículo 2° de la Ley General de Asentamientos Humanos) que se menciona en la fracción que propone reformar, es decir que la actual fracción VIII del Artículo 2° de la Ley General de Asentamientos Humanos determina a la letra que “ Desarrollo Urbano: “el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”; definición que en su caso y como parte integral de una reforma sustancial de la ley, habría que enriquecer con elementos que no pierdan de vista el punto de que se trata de un PROCESO de planeación y regulación, para la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; y para darle más claridad a la definición establecida en la ley, habría que contemplar las demás disposiciones que la propia Ley refiere en el ámbito de la conservación ambiental y de los ecosistemas en las poblaciones y ciudades; tal como lo refieren entro otros, los artículos 5º fracción VIII, 6º, 7o fracción III, 24 fracción IV, 28, 30, 33 fracciones I, II, IV, VI y X, 34, 49 fracción VIII y IX, que contemplan de manera puntual los objetivos que pretende la reforma, evitando con ello confusiones y puntualizaciones en una definición más integrada y actual, que como a la fecha aparece es de forma muy general y no contempla los nuevos conceptos que requiere una legislación de vanguardia.

Además, la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 3º, ya determina el concepto de la sustentabilidad y su vinculación con el desarrollo urbano, económico, social y político que requieren los centros de población en el país, al determinar que el “ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población;

II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización;

III. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional;

IV. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población;

V. El desarrollo sustentable de las regiones del país;

VI. El fomento de centros de población de dimensiones medias;

VII. La descongestión de las zonas metropolitanas;

VIII. La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas;

IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de población;

X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación;

XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población;

XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos;

XIV. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población;

XV. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población;

XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular;

XVII. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano, y

XVIII. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos.

XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad.”

En atención a lo señalado y en virtud de dejar mejor establecidos los conceptos que refiere la iniciativa; así como en su caso dejar plenamente establecido en la ley los conceptos que contiene y que resultan de vital relevancia como atinadamente se señala, esta Comisión se adhiere a la modificación propuesta en los términos siguientes:

En función del contenido descrito; y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 80 fracción II, 82 numeral 1, 84 numeral 2, 85 numeral 1, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XIII y XIV; y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión considera viable en los términos sugeridos; y por tanto se deberá dictaminar en sentido positivo la iniciativa , presentada el 15 de diciembre de 2015 por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en atención a la propia naturaleza de la propuesta, de las diversas definiciones que se contienen en otras instancias Gubernamentales creadas con anterioridad, así como en su caso reelaborar la propuesta como se señala en el párrafo anterior, tomando en consideración la mayoría de los elementos que la describen de forma más integral, como también se señala de forma puntual en las consideraciones vertidas en el presente; por lo que se emite el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 2o DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

ARTICULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 2º de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a VII. ...

VIII. Desarrollo Urbano Sustentable: El proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea;

IX. a XXI. ...

Transitorio

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días del mes de marzo de 2016.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Raúl Domínguez Rex (rúbrica), presidente; Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Edgar Romo García (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Juan Corral Mier, Federico Döring Casar, Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica), Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica), Juan Romero Tenorio, secretarios; Ángel II Alanís Pedraza, Emma Margarita Alemán Olvera, Leticia Amparano Gámez (rúbrica), Gabriel Casillas Zanatta (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Luis Maldonado Venegas, Jonadab Martínez García (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Ángel Rojas Ángeles (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Raúl Domínguez Rex para fundamentar el dictamen.

El diputado Raúl Domínguez Rex:Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, esta iniciativa asume como punto de partida que con el paso de los años nuestro país ha experimentado una transformación drástica del entorno, afectando considerablemente a los sistemas ambientales de nuestras ciudades.

Según el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México, en 2014-2015 como parte del Reporte Global de Asentamientos Humanos de ONU Hábitat, el ritmo de crecimiento, concentración y distribución de la población son elementos fundamentales en la consolidación de las dinámicas y estructuras urbanas, por lo que para el análisis del estado de la movilidad de las ciudades en México es necesario revisar sus tendencias.

El Reporte del Inegi para 2011 señala que en el proceso de urbanización se da en primer lugar en las 59 zonas metropolitanas, en donde viven 65 millones de habitantes. Es decir el 57 por ciento de la población del país, siendo en éstas donde se genera el 74 por ciento del producto interno bruto. Asimismo, se estima que hacia el año 2030 su población alcanzará en estas zonas metropolitanas los 78 millones de personas.

Por lo tanto, nuestros esfuerzos se deben enfocar en regular la ocupación, transformación y utilización del territorio nacional mediante un proceso de planeación de desarrollo urbano sustentable que permita enfrentar el aumento de la población urbana, así como promover el asentamiento seguro de la población en proyectos de vivienda con una adecuada cobertura de servicios y equipamiento urbano, vinculados a un desarrollo económico con vocación regional que permita que la conectividad y la infraestructura de las ciudades que generen el bienestar y prosperidad de los mexicanos.

En referencia al desarrollo urbano, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad determina en su artículo tercero, como desarrollo urbano equitativo y sustentable, lo siguiente: Las ciudades se comprometen a desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, así como impida la segregación y la exclusión territorial y priorizar la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada.

Para ello, las ciudades se obligan a adoptar medidas de desarrollo urbano, en especial de rehabilitación de hábitat, degradadas o marginales, promoviendo una ciudad integrada y equitativa.

Para darle cumplimiento a lo antes expuesto resulta necesario armonizar la legislación existente, integrando en esta los conceptos que permitan conocer con exactitud las acciones que serán permisibles. En el caso que nos ocupa, integrar una definición de desarrollo urbano sustentable nos garantizaría que todas aquellas acciones que se desarrollen en el marco del crecimiento poblacional y asentamientos humanos se ejecuten con estricta observancia al ciudadano y al cuidado de nuestro medio ambiente.

Como puede constatarse, la definición de desarrollo urbano prevista en la Ley General de Asentamientos Humanos se encuentra rebasada de acuerdo a lo señalado, tanto por diversos organismos nacionales, como por los nuevos conceptos y consideraciones del desarrollo urbano a nivel mundial.

Es por ello que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial somete a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

VIII. Desarrollo urbano sustentable: El proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población, alimentación, salud, educación, trabajo, seguridad ante el riesgo de desastre, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que lo rodea.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Domínguez.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya tenemos integrados una lista de diputadas y diputados, y en consecuencia tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto por el cual se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Nuestro voto será a favor, ya que consideramos la pertinencia del dictamen toda vez que con esta reforma se establece en la ley que el desarrollo urbano sustentable está orientado a satisfacer las necesidades básicas de los centros de población en materia de alimentación, salud, movilidad, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente de respeto a los derechos humanos, con estricta observancia a la preservación del medio natural.

Donde hoy resulta relevante, ya que durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI México ha experimentado un acelerado proceso de urbanización, caracterizado por el aumento sistemático del volumen y la proporción de población que reside en zonas urbanas, así como en la multiplicación del número y tamaño de las ciudades.

Para la ONU-Habitat, la ciudad es el hogar de la prosperidad, es donde los seres humanos satisfacen sus necesidades básicas y tienen acceso a bienes públicos esenciales. También es el lugar donde las ambiciones, aspiraciones y otros aspectos materiales e inmateriales de la vida se realizan.

Según el reporte de Inegi para el 2011, el proceso de urbanización se da en primer lugar en las 59 zonas metropolitanas, en donde viven 65 millones de habitantes, 57 por ciento de la población del país, siendo en estas áreas donde se genera el 74 por ciento del producto interno bruto, y hasta el 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas, lo que demandará a sistemas eficientes para movilizarse y conservar el medio ambiente.

De este modo nuestro país actualmente es eminentemente urbano si el 72 por ciento de la población reside en 384 ciudades que conforman el sistema urbano nacional.

Parece una realidad que en nuestras ciudades se han fomentado los desarrollos de vivienda alejados de las fuentes de trabajo, alejados de las escuelas, de los centros de salud, es decir, alejados del desarrollo. Estos rezagos sumados a lo existente de las zonas marginadas han determinado que la pobreza y la pobreza extrema tengan un rostro urbano caracterizado por la exclusión, la desigualdad y el desempleo.

En ese sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social señala en su último informe que la cantidad de mexicanos habitantes de las localidades urbanas en situación de pobreza fue de 36 millones 600 mil habitantes. O sea, son habitantes que residen en ciudades, que representan el 68 por ciento de los pobres de este país.

Por esta reforma que se está impulsando se busca fomentar un crecimiento ordenado de ciudades para hacer de ellas sitios en que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades productivas en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de vivir en la urbanización y se genere un crecimiento compatible, y sobre todo, una sustentabilidad, sobre todo en el medio ambiente.

Y es por eso que Encuentro Social apoya esta iniciativa, porque va a venir a resolver, si modificamos esta ley va a venir a resolver muchos de los problemas que tenemos en las ciudades, sobre todo de contaminación de ríos y aguas que tenemos en todo el país. Muchas gracias, señor presidente, es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza nuestra prioridad es fortalecer el marco jurídico para que el desarrollo sustentable sea una política de Estado, por lo que constituye un eje rector de nuestra agenda legislativa.

Por ello votaremos a favor del presente dictamen, que tiene como finalidad reformar la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, para incorporar el concepto de sustentabilidad que actualmente no se contempla en el desarrollo urbano.

De tal manera que el desarrollo urbano sustentable se entenderá como el proceso de planeación y regulación que permita satisfacer las necesidades básicas de los centros de población en cuanto a alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda. Todo en un ambiente armónico en el que se respeten los derechos humanos de las personas, con estricta observancia en la preservación del medio natural que lo rodea.

La manera en que se construyen, organizan y estructuran los centros de población determinará en gran medida la calidad de vida y salud de sus habitantes. La contaminación ambiental es un creciente problema que empeora año con año en las grandes ciudades, convirtiéndose en una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, por lo que el tema de la sustentabilidad urbana ha cobrado particular interés dentro del debate medioambiental.

Actualmente en la Ciudad de México tenemos una severa crisis de contaminación del aire y estamos padeciendo los errores de un crecimiento urbano descuidado y mal planificado.

El aumento de la población en las ciudades ha impactado de manera negativa en el cambio del uso de suelo, pues provoca importantes efectos ambientales, sociales y económicos.

En nuestro país más de 81 millones de personas residen en solo 384 ciudades, lo que representa 72 por ciento del total de la población. Según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el proceso de urbanización se da, en primer lugar, en las 59 zonas metropolitanas en donde viven 65 millones de habitantes que representan 57 por ciento de la población del país. Se estima que hacia el año 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas.

Este crecimiento demográfico y la expansión de las manchas urbanas hace que casi desaparezcan las áreas verdes en las ciudades para dar paso a obras de construcción, principalmente para fines habitacionales, comerciales y de entretenimiento, poniendo en verdadero peligro la conservación ambiental de las ciudades.

El desarrollo urbano sustentable es la alternativa a ese modelo de desarrollo material, ya que está basado en el respeto al medio ambiente, el desarrollo equilibrado y armónico de las ciudades y del campo.

Lo que se busca es fomentar un crecimiento ordenado de los centros de población para hacer ciudades productivas en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental y social.

La definición de desarrollo urbano prevista en la actual ley, se encuentra rebasada al no incluir el concepto de sustentabilidad, que permita consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social y económica y ambiental.

En Nueva Alianza estamos dispuestos a impulsar y a apoyar las acciones que posibiliten a la población a alcanzar en sus ciudades, los más elevados estándares de calidad de vida, gracias a una adecuada planeación urbana basada en la sustentabilidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles.

Saludamos la presencia de amigos del Centro Tecnológico de Computación Cuautitlán, Izcalli. E igualmente, a amigos ganadores del Parlamento Juvenil de Chiapas. Invitados por el diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario d Movimiento Ciudadano.

El diputado Jonadab Martínez García:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Antes de fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y quiero agradecer y con este agradecimiento –valga la redundancia– ratifico el compromiso que tiene Movimiento Ciudadano con la agenda a favor de la movilidad del desarrollo sustentable.

Agradezco al coordinador de Movimiento Ciudadano, por darme la oportunidad en lo particular, de ser uno de los integrantes del Grupo Parlamentario de ONU-Habitat, Tres. ¿Qué es ONU-Habitat, Tres? Es un grupo donde diferentes representantes de varios países que integran esta red intercambien políticas públicas y que intercambien buenas prácticas legislativas a favor del bienestar y el desarrollo sustentable en nuestro país.

Precisamente en ese tema, también quiero agradecer al diputado Raúl Domínguez Rex, presidente de la comisión que hoy emite este dictamen, por las facilidades que ha tenido en la misma comisión de agilizar los temas que le competen y que son a favor de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, diputado Raúl Domínguez Rex.

El dictamen que hoy sometemos a consideración... Diputado, ojalá y todos los diputados le abonáramos al desarrollo sustentable y a una agenda verde que es parte de los temas que impulsa Movimiento Ciudadano, así como también a la movilidad que es, como dijeran en mi pueblo, más junto que pegado al desarrollo sustentable.

El dictamen que hoy sometemos a consideración de esta soberanía de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, abre un nuevo concepto, un concepto que hemos hablado muchísimo pero que hasta hoy le damos esa vida constitucional y legalidad, que tiene como centro apegarse al párrafo tercero del artículo 27 constitucional a favor de la movilidad sustentable en nuestro país.

Hablamos de satisfacer las necesidades básicas de los centros de población, hablamos de alimentación, hablamos de salud, hablamos de educación, de trabajo, de cultura y vivienda en un ambiente armónico en el que se respeten los derechos humanos en estricta observancia la preservación del medio natural que los rodea. Es el fin de la definición que hoy discutimos pero que en realidad no requeriría de ello, ya que es una definición que beneficia a todos de una u otra manera.

El desarrollo urbano impacta a todos, se requiera o no, por lo que el reto es conciliar todos esos intereses a fin de lograr un escenario ideal de sustentabilidad en donde la legalidad sea la regla y el respeto cotidiano.

Cuando nos referimos al desarrollo urbano sustentable enmarcado en una perspectiva de derechos humanos, nos referimos a todo lo que esto abarca y debe de poseer, que significa calidad, disponibilidad y accesibilidad.

Al final la cotidiana convivencia que ustedes y yo tenemos en esta urbe, requiere de la comunicación permanente entre los seres humanos y ésta depende en gran medida de la accesibilidad de movilidad o lo que su legislación correcta, como la que en este momento estamos analizando, tendrá sin lugar a dudas un resultado para mejorar las relaciones entre seres humanos.

El desarrollo sustentable debe ser también un desarrollo integral humano basado en el principio de la dignidad humana fundamental de cada persona. Consideramos que el concepto que hoy vamos a votar también abarca un aspecto fundamental relacionado a la economía verde, al establecer la estricta observancia a la preservación del medio natural que nos rodea a todos nosotros.

Movimiento Ciudadano ha impulsado desde esta tribuna una agenda verde, ha impulsado diversos temas a favor de la movilidad urbana. Gracias a Dios y a la buena voluntad que ustedes han tenido, muchas de estas propuestas han salido adelante, pero sin lugar a dudas hay una que, en lo personal, está por ahí detenida, que es la creación de la comisión especial de movilidad.

Abonemos a que estos temas sigan fluyendo. Apelo a la conciencia de cada uno de nosotros y que hoy, hoy estamos en esta Ciudad de México apenados, disgustados, preocupados en el tema de la contingencia ambiental que hoy padece la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Esto es votar a favor del medio ambiente y del desarrollo urbano sustentable, pero es también votar a favor de la vida y de la salud de mexicanos y de mexicanas. Sin más, agradezco su fina atención. Muchas gracias, presidente. Es cuanto, buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez:Buenas tardes, presidente. Diputados, diputadas, pueblo de México, para quienes formamos parte del Grupo Parlamentario de Morena, la promoción y defensa de los derechos humanos implica que busquemos que estos se respeten en todos los ámbitos de la vida y no sólo sean letra muerta.

Con la modificación que se propone a la fracción VIII del artículo 2o de la Ley General de Asentamientos Humanos, buscamos pasar de la simple regulación de los centros habitacionales a la búsqueda en un sentido amplio, transversal de desarrollo sustentable de los centros de población en que el eje del crecimiento poblacional no sean las variaciones demográficas, sino por sobre todas las cosas, la relación armónica de las personas con el entorno y con las condiciones ambientales de cada región.

El desarrollo urbano sustentable, término que se propone implica que para alcanzar una mejora calidad de vida de las personas, se armonicen las acciones en materia de vivienda, de transporte, de servicios, pero también se consideran las necesidades poblacionales en materia de educación, de acceso a la cultura, a la salud y a la alimentación, y que para ello el cuidado responsable del medio ambiente y nuestros recursos, sea un eje que abarque cada aspecto de la vida.

No puedo omitir, y ustedes ser omisos, que en la actualidad el modelo de desarrollo poblacional ha sido depredador. Depredador con nuestra madre tierra y que, en el afán de generar riquezas para unos cuantos, se ha buscado la extracción de recursos a costa de acabar con poblaciones enteras y, sobre todo, con el futuro de nuestros hijos en materia ambiental.

El modelo actual de desarrollo urbano no solamente es fallido, sino que ha promovido la competencia delos privados por hacerse de más recursos sin importarles más que la acumulación de la riqueza. No es difícil encontrar ejemplos que han sido promovidos desde este actual modelo de gobierno, donde ha prevalecido la corrupción.

No es difícil, reitero, encontrar ejemplos. Hoy no hay ciudad en nuestro país que no padezca los estragos de las grandes aglomeraciones, contaminación en detrimento significativo de la calidad de vida debido al número de horas empleadas para trasladarse del hogar a los centros de trabajo o educativos, y el claro ejemplo lo tenemos hoy en el valle de México con la alta contaminación que hay.

Hay largas distancias y que contrariamente han generado miles y miles de cascarones inmobiliarios abandonados por las familias, a las que no les es funcional ni redituable tener una vivienda en donde el entorno es imposible vivir y hacen recorridos bastantes largos, también afectan seriamente al desarrollo sustentable, urbano, y también al rural, los proyectos en los que para abastecer de energía eléctrica o agua se dispone de los recursos de unas zonas para llevarlos a otras, generando una dependencia depredadora en las grandes urbes y un abandono y pérdida de los recursos donde naturalmente los había.

Un claro ejemplo de esto es el proyecto Monterrey VI y el trasvase del Río Pánuco a la zona metropolitana de Monterrey, autorizaciones que dan algunas dependencias de gobierno en donde priva la corrupción que se traduce en darles facilidades a empresas extranjeras en el ramo de la minería, presas para la industria eléctrica, pozos para fracking o extracción de gas Shale, o mega proyectos de muerte, como: el gasoducto del Proyecto Integral Morelos, que afectan a las comunidades enteras en los estados de Tlaxcala, Morelos y el estado de Puebla para llevarse las riquezas naturales de un lado a otro, beneficiando solo a aquellas empresas que recibirán energía y empobreciendo a las poblaciones por donde se introducen los ductos de gas.

Si verdaderamente queremos hacer políticas serias y responsables, entonces que estas modificaciones y estas propuestas no sean únicamente letra muerta en las mismas. Hagamos el compromiso de cumplirlas a cabalidad y empecemos por reconocer en dónde están los fallos y los errores para evitar que siga habiendo más corrupción y más depredación.

Por eso y sólo por eso, dejamos bien claro el posicionamiento de Morena, se respeta esto que se está planteando, lo cual acabo de decir, y votaremos entonces a favor el dictamen, pues consideramos que la definición no es del todo satisfactoria, pero abona en la búsqueda de una mejor calidad de vida siempre con respeto y cuidado del medio ambiente y pensando en el bienestar de las futuras generaciones por venir, y no en el enriquecimiento solamente de algunos cuantos y siguiendo generando pobreza en la gran mayoría de los mexicanos. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Tiene ahora la palabra el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, amigos todos, antes que nada quisiera expresar mi más sentido agradecimiento a nombre del Partido Verde Ecologista, a todas las personas, entidades y dependencias que contribuyeron de diferentes maneras, pero sobre todo por su voto a favor a las diferentes fuerzas políticas representadas en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a la cual fue turnada esta iniciativa. También agradecer en especial a su presidente, el diputado Domínguez Rex.

La ciudad debe ser entendida como sede de la interacción social, enfocada siempre al bienestar colectivo. Debemos buscar reconciliar a los contrarios de la dialéctica del desarrollo, el medio ambiente y el crecimiento económico.

Durante años en nuestro país prevaleció la cultura de la expansión desordenada, dando paso a la construcción de una metrópoli de grandes proporciones en las cuales destacó la falta de planeación, la destrucción de áreas verdes, la desaparición del suelo rural y la devastación de nuestro medio ambiente.

Uno de los mayores retos que nuestro país enfrenta actualmente es consolidar un desarrollo urbano sustentable, el cual permita alcanzar la meta de construir un México incluyente. En este sentido, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 establece la urgencia de implementar políticas públicas para que el desarrollo urbano de las ciudades sea armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, es decir, con criterios de desarrollo económico, social, pero sobre todo ambientales, que no afecten la vida de las futuras generaciones.

Hoy, más que nunca, el desarrollo urbano en México debe realizarse a través de procesos, criterios e indicadores de carácter ambiental y social, que sean evaluables y que atiendan a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas.

Además, el crecimiento urbano se debe fundar en medidas apropiadas de conservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, pensando siempre en las generaciones futuras.

En general, se busca fomentar un crecimiento ordenado en las ciudades, para hacer de ellas sitios en donde las distancias no representen una barrera para los ciudadanos.

Necesitamos hacer de nuestros centros urbanos ciudades productivas, en las que los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento compatible con la sustentabilidad ambiental.

Para esto resulta estrictamente necesario armonizar la legislación existente integrando en esto los conceptos que permitan conocer con exactitud las acciones que serán permisibles.

En el caso que nos ocupa, integrar una definición de desarrollo urbano sustentable nos garantizará que todas aquellas acciones que se desarrollen en el marco crecimiento poblacional y asentamientos humanos, se ejecuten con estricta observancia al cuidado de nuestro medio ambiente.

En el Partido Verde estamos comprometidos a impulsar las acciones necesarias que garanticen un mejor futuro para todos los que habitamos este país. La forma más idónea para lograr el equilibrio ecológico es encaminar las labores que garanticen nuestro desarrollo personal, siempre y cuando sea de manera respetuosa a nuestro medio ambiente. Por este motivo pedimos a este pleno su voto a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Couttolenc. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos:Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del PRD la sustentabilidad es un concepto fundamental, ya que significa la unión futura del desarrollo ecológico, social y económico.

Sustentabilidad significa calidad de vida, para hoy y siempre. Se trata de que la producción y el consumo deban ser organizados, de tal forma que las oportunidades de vida de hoy no destruyan las del día de mañana. Finalmente, buscamos transformar en sustentable el modelo actual de la sociedad.

Por lo anterior, hemos planteado la necesidad de imprimirle al desarrollo el carácter de sustentable, y considerar las políticas ambientales como un componente fundamental de las estrategias del desarrollo. Hemos asumido con prioridad, para los objetivos de igualdad, equidad, bienestar social y económico, la necesidad de promover un desarrollo sustentable.

Entendemos que la particularidad del desarrollo sustentable, es que coloca a un mismo nivel de prioridad a la calidad de vida y a la conservación de los recursos naturales y protección al ambiente, para asegurar la calidad de vida de las generaciones futuras.

Las ciudades de nuestro país tienen problemas que cotidianamente enfrentan una ciudad no sustentable, en contraposición de lo que todos quisiéramos, una ciudad con las mismas características.

En nuestra sociedad existe una profunda insatisfacción sobre lo que son hoy sus ciudades y lo que antes fueron o podrían ser. Nuestras ciudades tienen hoy más sombras que luces. Existe un creciente deterioro de la estructura física de ciudades, que se refleja en la inseguridad, el equipamiento urbano y los servicios públicos básicos, la falta o los problemas con que operan las áreas recreativas y culturales.

Se observa que se han agudizado los problemas de construcción de espacios urbanos. Hay una división marcada entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, lo rico y lo pobre.

Las ciudades de México no son entonces ciudades incluyentes, donde todos tengamos igualdad de oportunidad en el acceso a los servicios y recursos. Peor aún, el equilibrio social conduce al desequilibrio ambiental, los colectivos más frágiles socialmente son principalmente víctimas del deterioro ambiental.

Espanta ver muchos de los sitios donde se pretende asentar a la gente, las denominadas áreas de alto riesgo, hay con mayores riesgos debido al cambio climático. Aunado a ello, la desigualdad social ha provocado restricciones de acceso a servicios públicos, multiplicación de zonas irregulares, marginales por el crecimiento de la pobreza en el campo y la misma ciudad.

En constante que hay un fenómeno de segregación voluntaria de áreas de alto ingreso del resto en las ciudades mexicanas para escapar de la inseguridad.

Nuestras ciudades, al no ser sustentables cada día dependen en forma creciente de insumos de la región o más allá de ella, de tal forma que tienen profunda dependencia del agua y materiales usados en la vida humana y en contraposición hay flujos negativos de la ciudad hasta las regiones cercanas, como lo son las de aguas residuales, residuos sólidos y peligrosos.

Ante la necesaria pregunta de qué hacer para revertir esta situación y lograr políticas públicas que nos permitan transitar hacia las ciudades incluyentes y sustentables en México el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone promover una nueva política urbanística que garantice un desarrollo ordenado y racional de las ciudades mexicanas.

Tenemos una nueva cultura del territorio basada en un desarrollo responsable y sostenible para toda la comunidad, y sobre todo, una nueva forma de gestión del territorio más transparente y honesto. Que facilite el acceso a todas las personas a una vivienda digna.

A todas las personas en ambientes agradables, bien comunicados y dotadas de los servicios públicos básicos.

Con estos argumentos nos interesa promover este tipo de reformas del dictamen en discusión, en donde ahora se incorpora la definición de desarrollo urbano y el componente de sustentable.

Es evidente que agregar sustentable no va a transformar el modelo de desarrollo urbano al que aspiramos, pero es un pequeño paso adicional a la orientación correcta.

Por todo lo anterior presentamos nuestro voto a favor de este dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial al proyecto de decreto al que se reforma la fracción VIII del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Es cuanto, apreciado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Barrientos. Tiene ahora la palabra la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Leticia Amparano Gamez:Con su permiso, señor presidente. En México, como en muchas naciones del mundo, enfrentamos un proceso de urbanización acelerado que nos obliga a establecer estrategias de planeación y coordinación asertivas en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

De ahí la importancia de este dictamen que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, para asentar el concepto de desarrollo urbano sustentable en un contexto demográfico que refleja que 72 por ciento de las personas residen en ciudades con problemáticas diversas, en términos de espacio público, manejo de residuos, agua, drenaje, transporte, seguridad y manejo de riesgos, contingencias ambientales, entre muchos otros aspectos que hay que tomar en cuenta si se quiere incidir en la calidad de vida de la población.

De tal manera que hoy con este dictamen damos un paso en establecer un mayor concepto del desarrollo urbano para que integre el enfoque de la sustentabilidad, el cual derivará en establecer mejores mecanismos de planeación y regulación entre la población, el territorio y el entorno ambiental, con una visión estratégica y prospectiva, a fin de garantizar mejores instrumentos de gestión pública entre los diferentes ámbitos de gobierno.

No se trata solo de satisfacer las necesidades de los centros de población. Estamos hablando de garantizar, vía las políticas públicas, derechos humanos de las personas ya establecidos en nuestra Carta Magna, como es la alimentación, la salud, a educación, el trabajo, la cultura, la vivienda y el medio ambiente sano como derechos humanos fundamentales para el desarrollo y el bienestar de las personas.

Es necesario tener presente que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos fue trascendente, porque estableció la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, independencia y progresividad.

En la materia que estamos discutiendo, tenemos la responsabilidad de lograr ciudades sostenibles y sustentables, conforme a los compromisos internacionales establecidos por Naciones Unidas relacionados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

Por ello, nuestro Partido de Acción Nacional votará a favor de este dictamen, porque estamos convencidos de que nuestro país debe avanzar en la senda de la sustentabilidad si queremos un mejor futuro para nosotros y por supuesto para nuestros hijos, para todas las familias mexicanas.

En particular, resulta fundamental transitar hacia un nuevo modelo integral de desarrollo urbano, de ciudades humanamente sostenibles con calidad de vida, limpias, habitables y eso solo será posible mediante una visión distinta del desarrollo que debe permanecer o permear todos los ámbitos de nuestra cultura, acción social y política. Es hora de enmendar. Es hora de trabajar en nuestra responsabilidad. Garantizar la sustentabilidad.

Situación que no ocurre con los asentamientos humanos que en la actualidad se dan, que no garantizan muchas veces la mínima calidad de vida para las familias que ahí están asentadas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Amparano. Tiene ahora la palabra, el diputado Gabriel Casillas Zanatta, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Gabriel Casillas Zanatta:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. Esta propuesta surge de la necesidad de atender la problemática de la transformación drástica de la imagen urbana, mencionada en los diferentes reportes del Inegi.

Es tarea de la presente Legislatura, emprender acciones encaminadas a fortalecer instrumentos legales que mejoren la realidad urbana. El desarrollo urbano sustentable se integra a partir de los contextos, económico, social y ambiental, razón por la que es necesario analizar la problemática de la sustentabilidad del desarrollo de las ciudades, aspecto en donde la ciudad tiene un impacto relevante.

Diversos autores en la materia manifiestan que la ciudad debe ser entendida como la sede de la interacción social, de la creatividad y el bienestar colectivo.

Sin embargo, los procesos que dan origen al crecimiento desordenado e ilimitado que sufren las ciudades, como el del caso de las diversas zonas metropolitanas del país en periodos de despliegue económico y de rápida industrialización, los procesos de urbanización difusa, los procesos de urbanización ciudad-campo y la problemática de movilidad y de consumo energético hacen que hoy en día las ciudades sean insostenibles.

La sustentabilidad del desarrollo urbano de las ciudades alude al estricto sentido de ser valoradas por sus efectos sobre las colectividades sociales, sabiendo que una ciudad sustentable es una ciudad que participa activamente en la reducción de los efectos globales adversos.

Es menester hacer mención que el desarrollo sustentable debe entenderse como la interacción entre causa y efecto en la que se requiere establecer políticas públicas, reformar estructuras institucionales y fomentar una sinergia entre éstas en la que prevalezcan los siguientes aspectos. Crecimiento económico, control demográfico, conservación del ecosistema, además de uso y reutilización de los recursos.

Lo anterior coincide con la aseveración de incluir la equidad ambiental, es decir garantizar su acceso y disfrute a todos los ciudadanos presentes y futuros, tal como lo promueve el desarrollo sustentable.

Ante esta necesidad el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es consciente del gran reto que implica enfrentar el problema de la población urbana. Además, junto con la visión del presidente de la República Enrique Peña Nieto, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, resulta necesario adecuar la legislación que nos ocupa dotándola de un concepto que haga prevalecer el espíritu de la realidad existente.

Es así que resulta necesario integrar una definición de desarrollo urbano sustentable como lo propone la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley de Asentamientos Humanos.

Consideramos que se integran a dicha definición elementos necesarios, conceptos a los cuales se consideran hoy a nivel nacional es internacional. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Casillas.

No habiendo más oradores inscritos, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Normal del estado de Querétaro de la Facultad de Inglés, Formación Cívica y Ética, y Biología, invitados por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Sigue abierto el sistema electrónico. ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto? Diputado Hugo Gaeta, de viva voz su voto.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Sí, para que se consigne mi voto a favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: A favor. ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 431 votos a favor, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 431 votos, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 2o. de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul en donde está ahorita la diputada Botello, por favor. Sí, diputada, ¿Con qué propósito? A ver, sonido. Ahí está.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Ya está. Solo para comentar que hoy está inscrito en el orden del día un punto de acuerdo por el que exhorto a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y al gobierno de la Ciudad de México, para que exenten al autotransporte de carga del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México, porque con estas medidas se afecta el traslado que realizan diariamente transportistas de los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Durango y muchas otras entidades del país que abastecen productos perecederos a la Ciudad de México, pues esto representa un eslabón en la cadena de suministros que al ser restringido podría generar un colapso en la cadena productiva.

Solicito respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis establezca el impulso de medidas de prevención de largo plazo dentro del Programa de Contingencias Ambientales, Atmosféricas, sin ocasionar externalidades negativas al sistema de abasto que realiza el autotransporte de carga en el país. Y finalmente también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional de Seguridad, para que establezcan las medidas necesarias y de seguridad en las carreteras de ingreso a la Ciudad de México, desde el día 5 de abril hasta el 30 de junio de 2016, para los transportistas de carga. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a exentar del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México el autotransporte de carga e impulsar en el plan de contingencias ambientales atmosféricas medidas de prevención de largo plazo que no afecten el sistema de abasto realizado por dicho medio en el país, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a exentar al autotransporte de carga del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México, así como impulsar medidas de prevención de largo plazo en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, que no afecten el sistema de abasto que realiza el autotransporte de carga en el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el objetivo de proteger la salud de la población en la temporada seca-cálida y prevenir altas concentraciones de ozono en la atmósfera, dado que se pronostican por lo menos hasta el mes de junio escenarios de poca dispersión de contaminantes asociados a alta radiación solar, intensa estabilidad atmosférica y poca humedad en el ambiente, el pasado 30 de marzo del año en curso la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas emergentes temporales a este respecto, para la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del estado de México.

Por una parte, anunció medidas que modifican de manera temporal el programa Hoy no Circula, los cuales entran en vigor hoy y que estarán vigentes hasta el 30 de junio de este año.

Entre éstas, estableció restricciones en el tránsito del autotransporte de carga con perecederos los cuales podrán circular todos los días en un horario limitado de las 22 hasta las 5 de la mañana, con lo cual se corre el riesgo de colapso en el sistema de abasto de productos perecederos en la capital.

Por citar sólo un ejemplo, en la central de abasto de la Ciudad de México, se calcula que se comercializan diariamente 30 mil toneladas de productos alimentarios, equivalentes a 80 por ciento de los alimentos que consumimos los habitantes de la ciudad, con una capacidad de almacenaje de 122 mil toneladas que transportadas por 52 mil vehículos de todos los tonelajes día tras día procedentes de diversas entidades.

El papel que tiene el transporte de carga para abastecer de productos perecederos a la Ciudad de México representa un eslabón en la cadena de suministros, que al ser restringido, genera un colapso en toda cadena productiva.

En términos microeconómicos, lo que se propiciará es que al retrasar la entrega de productos perecederos a la ciudad, se reducirá por unas horas la oferta de estos bienes, provocando especulación en el precio de su venta, que podría causar un alza pese a que la demanda será la misma.

Con estas medidas se afecta el traslado que realizan diariamente transportistas de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Durango y muchas otras entidades del país hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Transportes y Vialidad del gobierno capitalino, todos los días se movilizan alrededor de 1 millón 100 mil toneladas de carga, en 68 mil unidades de todo tipo, de las cuales el 18 por ciento son vehículos con placas del servicio público federal.

El parque vehicular del autotransporte federal está en un proceso continuo de renovación, precisamente con el propósito de contaminar menos.

Además, el Senado de la República analiza reformas de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con objeto de establecer disposiciones en materia ambiental para que los vehículos de autotransporte federal tengan una antigüedad no mayor de cinco años a partir del año modelo de su fabricación y sólo puedan transitar un máximo de 20 años.

Todas las medidas que realicen las autoridades federales y estatales en coordinación para contener los altos índices de contaminación en la megalópolis, deben estar orientadas a lograr la reducción de altos índices de ozono, sin que ello implique generar externalidades negativas en los sectores económicos.

Las medidas en comento para la protección en la salud de los habitantes de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, son preventivas y coyunturales que no resuelven de fondo el problema de contaminación atmosférica, por lo que se requieren medidas de largo plazo que no afecten a los sectores de la economía y menos a un eslabón en la cadena de suministros, el autransporte de carga.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis y al gobierno de la Ciudad de México a exentar al autotransporte de carga del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México.

Segundo.Asimismo, se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a establecer el impulso de medidas de prevención de largo plazo dentro del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, para la protección de la salud de los habitantes de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, sin ocasionar externalidades negativas al sistema de abasto que realiza el autotransporte de carga en el país.

Tercero.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional de Seguridad a establecer las medidas necesarias y de seguridad en las carretas de ingreso en la Ciudad de México, desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de 2016, a los transportistas de carga.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputada Bárbara Botello Santibáñez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entiendo que es un punto de acuerdo que usted inscribió y que está publicado en la Gaceta Parlamentaria, y lo que está pidiendo es turno a Comisión para que ahí sea evaluado y dictaminado, en su caso. Entonces túrnese a la Comisión de Transportes tal y cual lo solicita la proponente. Sonido en la curul del diputado Valencia y luego el de la diputada Soto, por favor.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Además de apoyar en parte lo que la diputada que me antecedió en la palabra ha comentado, yo sí quisiera más bien exhortar a la Comisión Metropolitana de la Megalópolis, más bien que ellos sean los que soliciten, toda vez que son del mismo gobierno federal, los que soliciten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades ambientales, para que ellos verifiquen o en todo caso den la gratuidad, toda vez que eso no es competencia del gobierno de la Ciudad de México, de tal manera que tendría que ser la instancia federal la que establezca esos mecanismos y no el gobierno de la Ciudad de México.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La Comisión Ambiental de la Megalópolis está presidida por el gobierno federal y participan representantes de los gobiernos de los estados integrantes de la megalópolis. Sonido en la curul de la diputada Soto, por favor.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Presidente, no escuché bien a dónde, a qué comisión se turnó, pero pido que se turne también a la Comisión Distrito Federal-Ciudad de México.

En general, parte de la crisis a la que hemos llegado tiene que ver con ese tipo de excepciones, el transporte de carga es fundamental para la cadena productiva, pero es un transporte que utiliza diésel en muchas ocasiones y este es origen de un problema muy serio de partículas en la atmósfera. Pediría, por favor, que se explicitara el turno y se nos incluyera ahí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Revisaremos lo que nos plantea, diputada Soto, nada más le expreso que se turna a la Comisión de Transportes a propósito de que la proponente lo solicita y porque además es un asunto de transportes que involucra a más de una entidad, incluso a las entidades de las que provienen los propios medios de transporte de productos perecederos a los que se ha referido el punto de acuerdo que dio lectura la propia diputada Botello.

Ella expresamente habla de la protección de la salud de los habitantes de los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, etcétera. Entonces, hay aspectos más amplios. Pero en todo caso lo consideraríamos. A ver, de nueva cuenta sonido ahí en la curul de la diputada Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Un argumento más. Tengo entendido, escuché que la diputada planteaba un exhorto a la Comisión de la Megalópolis y ahí juega un papel fundamental el Gobierno de la Ciudad de México.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por eso es justamente lo que se plantea, que es un exhorto especialmente a la Comisión Ambiental. Ya está así el turno dado.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, el expediente número 1088 que contiene iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley General de Turismo presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 18 de noviembre de 2015 la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, inscribió la iniciativa que nos ocupa.

2. En sesión del 1 de diciembre de 2015, fue presentada la iniciativa por la diputada promovente ante el Pleno de la Cámara de Diputados; en esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada, a la Comisión de Turismo.

3. La Comisión de Turismo recibió la iniciativa, el 2 de diciembre de 2015.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA ORIGINAL

La iniciativa propone lo siguiente:

Artículo Único. Se adicionan un segundo y tercer y cuarto párrafos al artículo 18 y se reforma el artículo 19 de la Ley General de Turismo para quedar para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia turística.

La secretaría, los estados, municipios y el Distrito Federal, supervisarán que lo dispuesto en este capítulo se cumpla.

Artículo 19. La secretaría elaborará el Programa Nacional de Turismo Accesible el cual tendrá por objeto que las personas con discapacidad accedan y disfruten en igualdad de condiciones de la oferta de servicios, productos y entornos turísticos.

En el Programa Nacional de Turismo Accesible se establecerán las bases de coordinación entre la secretaría, las dependencias y entidades competentes, los estados, municipios y el Distrito Federal, los prestadores de servicios turísticos y las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia turística para llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Disponer de instalaciones, infraestructura y transporte accesible;

II. Difundir la información sobre instalaciones y servicios accesibles que se ofrecen en lenguaje para personas con discapacidad;

III. Incorporar, en la información turística general, un apartado específico para personas con discapacidad en los medios de comunicación que utilizan;

IV. Ofrecer una lista de servicios de apoyo y asistencia a turistas con alguna discapacidad;

V. Facilitar la comunicación en sitios de interés turístico a través del lenguaje escrito, oral y la lengua de señas, la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

VI. Contemplar los sistemas de alerta y emergencia con tecnologías adecuadas para que sean accesibles a las personas con discapacidad;

VII. Diseñar y crear infraestructura carretera y de transporte accesible con las señalizaciones necesarias;

VIII. Disponer de material de difusión y actividades accesibles para las personas con discapacidad en sitios de interés turístico y sitios culturales con afluencia turística;

IX. Contar con personal capacitado para conocer y atender las necesidades de los usuarios de servicios turísticos con discapacidad, y

X. Procurar la oferta de servicios turísticos a personas con discapacidad a precios preferenciales.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Programa Nacional de Turismo Accesible deberá ser publicado a más tardar a los 90 días de la entrada en vigor del presente decreto.

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL AUTOR

En dicha iniciativa se argumenta en primer punto la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, contenidas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente se citan algunas cifras emitidas por la Organización Mundial de Salud en 2011, entre las cuales se encuentran que existen aproximadamente 1 mil millones de personas con discapacidad en el mundo, lo cual representa el 15% de la población mundial. En cuanto a México en el año 2010 el censo del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, señaló que existen en nuestro país aproximadamente 5 millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 5.1% de la población total del país.

Un porcentaje importante de estas personas constituyen turistas efectivos o potenciales, pues se estima que más de 60 millones de personas con discapacidad viajan anualmente fuera de sus países de residencia solo por motivos turísticos y recreativos. Dicha cifra se triplica, pues en promedio por cada turista con discapacidad lo acompañan dos personas más.

Asimismo se hace referencia a los antecedentes en la materia por parte de la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien en 1991 en su Asamblea General aprobó las primeras recomendaciones dedicadas a la promoción del turismo accesible que fueron revisadas en 2005.

La Organización Mundial de Turismo define al turismo accesible como aquel que pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios turísticos y que contempla la creación de entornos de diseño universal que ayude a este tipo de personas.

Las recomendaciones de la OMT reconocen que para lograr un turismo accesible, debe llevarse a cabo un proceso de colaboración entre todas las personas interesadas para permitir a las personas con discapacidad funcionar de manera independiente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera universal.

Por otra parte el Anexo I de las recomendaciones de la OMT por un turismo accesible para todos, establece los siete principios del diseño universal, los cuales son: 1 - Uso equitativo: diseño útil y de fácil comercialización para personas con distintas capacidades; 2 - Flexibilidad en el uso: el diseño puede adaptarse a una variedad de preferencias y capacidades individuales; 3 - Uso sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, independiente de la experiencia, los conocimientos, las habilidades lingüísticas o el nivel de concentración de los usuarios; 4 - Información perceptible: el diseño comunicará a los usuarios la información necesaria de manera eficaz, sin importar las capacidades sensoriales de los usuarios; 5 - Tolerancia al error: el diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de acciones involuntarias o voluntarias; 6 - Bajo esfuerzo físico: el diseño debe ser eficiente, cómodo y con un mínimo de fatiga física; 7 - Tamaño y espacio apropiados para la aproximación y el uso: el tamaño y el espacio deberán ser los apropiados para la aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, la postura o movilidad de los usuarios.

Es importante señalar también que la Ley General de Turismo contempla en su artículo 18 y 19 el turismo accesible y se establece una coordinación entre la Secretaria de Turismo, las Entidades y Dependencias para la promoción de servicios turísticos accesibles en beneficio de la población con alguna discapacidad, además de la obligación de los prestadores de servicios turísticos de proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas, al igual que las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia turística.

En esta misma parte se hace referencia a un dictamen aprobado por el Senado de la República, el cual reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo en materia de turismo accesible.

Dicho proyecto proponía la incorporación de la definición de “accesibilidad” y por otro lado incorporar también a la ley la definición de “diseño universal”.

La diputada proponente refiere en su exposición de motivos que la propuesta complementa el avance que ha dado el Senado de la República en materia de turismo accesible y contempla otorgarle la facultad a la Secretaría de Turismo para elaborar el Programa Nacional de Turismo Accesible el cual tendrá por objeto que las personas con discapacidad accedan y disfruten en igualdad de condiciones de la oferta de servicios, productos y entornos turísticos. Se establece que dicho Programa siente las bases de coordinación entre la propia Secretaría, las dependencias y entidades competentes, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, los prestadores de servicios turísticos y las autoridades para desarrollar diversas acciones respecto de los sitios culturales con afluencia turística.

De esa manera, se agrupan las actuales disposiciones del artículo 18 y 19 en el primer precepto para establecer la obligación de los sectores que se señalan en la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y dejar en el artículo 19 lo referente al Programa Nacional de Turismo Accesible para establecer acciones como disponer de instalaciones, infraestructura y transporte accesible, difundir la información sobre instalaciones y servicios que se ofrecen en lenguaje para personas con discapacidad, el ofrecimiento de una lista de servicios de apoyo y asistencia a turistas con alguna discapacidad o el facilitar la comunicación en sitios de interés turístico a través del lenguaje para personas con discapacidad.

Además se propone que se contemplen los sistemas de alerta y emergencia con tecnologías adecuadas para que sean accesibles, la creación de infraestructura carretera y de transporte accesible con las señalizaciones necesarias, disponer de actividades accesibles para las personas con discapacidad en sitios de interés turístico y sitios culturales con afluencia turística, contar con personal capacitado para conocer y atender las necesidades de los usuarios de servicios turísticos con discapacidad y procurar la oferta de servicios turísticos a personas con discapacidad a precios preferenciales.

Refiere también, que su propuesta busca sentar las bases de una política pública, y la realización del objetivo que contempla la propia Ley General de Turismo en su artículo 2, de facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible.

Por último, en su propuesta de Programa Anual de Turismo Accesible, refiere acciones similares adoptadas por la Organización Mundial de Turismo en 2013, como lo son disponer de instalaciones, infraestructura y transporte accesible; difusión de información sobre instalaciones y servicios accesibles, diseñar y crear infraestructura carretera y de transporte accesible con señalizaciones necesarias etc.

CONSIDERACIONES

1. Esta comisión dictaminadora reconoce que algunas personas con discapacidades, se encuentran limitados o impedidos para disfrutar plenamente del turismo, no obstante, se señala que cuando una persona muestra alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, también forma parte del universo de las personas con discapacidad, por lo que se entiende que todo aquel individuo que padezca algún tipo de dificultad de los señalados anteriormente, formará parte de las personas beneficiarias del turismo accesible.

2. Estamos de acuerdo que es sumamente importante que se fomente la participación de las personas con discapacidades en el turismo, haciendo notar que en México, el número de personas con alguna discapacidad es de más de cinco millones y a nivel mundial de cerca de mil millones, por lo que es prioritario derribar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los atractivos turísticos que México ofrece en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Entendiendo así, que el turismo accesible es relativamente reciente; la Organización Mundial de Turismo (OMT) resaltó, de manera oficial y por primera vez, la importancia de incorporar en el turismo mejoras en las condiciones de accesibilidad y de no discriminación para todo el conjunto de ciudadanos, en la Asamblea General que se llevó a cabo en 1980 en Manila; más tarde, en el año de 1991, la OMT publicó un documento titulado “Para un turismo accesible a los minusválidos en los años 90”, donde enfatizó la importancia de la implementación de normas de diseño para la recepción en establecimientos turísticos de todas aquellas personas discapacitadas. En el caso específico de México, la conceptualización sobre accesibilidad y turismo surge también en los años 90, cuando se le da un nuevo enfoque al turismo social, lo que incluye aspectos de accesibilidad, solidaridad y sustentabilidad; y que fue asociado en una nueva perspectiva nombrada en el 2001 como Turismo para todos.

3. Esta Comisión, al revisar el marco legislativo en la materia destaca lo siguiente:

• La propia Ley General de Turismo (LGT) en su artículo 2, fracción VI, señala que uno de sus objetivos es:

• Asimismo la misma ley en su capítulo IV, relativa al TURISMO ACCESIBLE, señala en su artículo 18, lo siguiente:

• El 11 de junio del 2003, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, misma que define en su artículo 1 fracción IV, el concepto de “Diseño Universal”:

• La ley antes referida en su artículo 15 Bis y 15 Quáter, fracciones I y VI, menciona lo siguiente:

4. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con la proponente, en la intención de que en nuestro País se debe fomentar e impulsar un turismo accesible dirigido a personas con alguna discapacidad y destacan que la accesibilidad no debe darse solo a través del sector turístico, sino a través de todos los ámbitos y servicios, tal y como lo dispone la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, instrumento jurídico en la cual se encuentran también plasmadas las disposiciones generales por las que se deba promover un turismo accesible:

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.”

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

La Secretaría de Turismo promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Establecer programas y normas a fin de que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en el territorio nacional cuente con facilidades de accesibilidad universal;

II. Establecer programas para la promoción turística de las personas con discapacidad, y

III. Las demás que dispongan otros ordenamientos.”

5. Las y los integrantes de esta Comisión destacan que las disposiciones señaladas son la base que permiten la aplicación de políticas públicas en la materia, las cuales son competencia del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo en coordinación con sus correspondientes de las entidades federativas, tal y como lo dispone la fracción I del artículo 42, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En ese sentido, atendiendo lo estipulado en el artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Turismo ha implementado varios programas para la promoción del turismo accesible.

Entre las acciones destaca que el 25 de noviembre del 2014, se llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey Nuevo León, el 1er Foro Mundial de la Red Nacional para Prevenir la Discapacidad, donde se presentó la Política Pública de Turismo Inclusivo, con el objetivo de lograr un México Incluyente se ofrecen en el país cumplan con las condiciones necesarias para que cualquier persona con alguna discapacidad pueda disfrutarlos.

De igual forma, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República creó el Distintivo de Inclusión Turística para reconocer a todos aquellos prestadores de servicios turísticos que incorporen criterios de accesibilidad en sus operaciones cotidianas y cultura organizacional a fin de que turistas nacionales e internacionales que sufran de alguna discapacidad puedan disfrutar de nuestros destinos.

Con relación a lo anterior, el subsecretario de Calidad y Regulación, Francisco Maass Peña, dio a conocer que la Secretaría de Turismo tiene tres objetivos precisos en materia de accesibilidad e inclusión social, siendo los siguientes:

• Impulsar un modelo de desarrollo turístico integral y regional con criterios de accesibilidad;

• Crear instrumentos para que el turismo sea una actividad incluyente que brinde más oportunidades para que más mexicanos viajen;

• Promover el turismo accesible y la no discriminación en la prestación de servicios turísticos.

Estás acciones, se llevan a cabo en cuatro ejes:

1) Infraestructura turística accesible;

2) Programas de Calidad con criterios de inclusión;

3) Criterios de accesibilidad e inclusión en el Sistema Nacional de Certificación Turística; y

4) Diseño del Distintivo de Inclusión Turística.

Todo lo anterior es en congruencia con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que menciona tener como prioridad, el proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir con su desarrollo integral e inclusión plena.

En ese sentido, los principios que deberán observar las políticas públicas, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, son: la equidad; la justicia social; la igualdad de oportunidades; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la accesibilidad; la no discriminación; la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; y la transversalidad.

6. Cabe mencionar también que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece ya, la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mismo que incluye objetivos, estrategias y líneas de acción para la población con discapacidad en 4 de las 5 Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global.

A través de la publicación en el Diario Oficial Federación el 30 de abril de 2014, del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2014-2018, el Ejecutivo Federal atiende las disposiciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad; en el cual se abarca el turismo accesible.

Los objetivos del Programa tienen el propósito de:

a) Impulsar la realización de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la población con discapacidad

b) Generar una cultura de la discapacidad en todos los órdenes de la vida nacional

c) Transformar el entorno público, social y privado

d) Promover el cambio cultural y de actitud en el gobierno y la sociedad respecto de las personas con discapacidad.

Como ejemplo se cita a continuación una estrategia de uno de los objetivos contemplados en este Programa:

Estrategia 4.6. Promover la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios y destinos turísticos.

Líneas de Acción

4.6.1. Impulsar acciones para el desarrollo de destinos turísticos, con un enfoque de accesibilidad.

4.6.2. Promover la creación de incentivos y apoyos para los prestadores de servicios turísticos, que adopten medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.

4.6.3. Fomentar el desarrollo y promoción de productos turísticos para personas con discapacidad.

4.6.4. Fomentar programas de formación y capacitación para prestadores de servicios turísticos en materia de accesibilidad.

4.6.5. Promover la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y diseño universal.

4.6.6. Concertar acuerdos para que las personas con discapacidad accedan a servicios turísticos, recreativos y de esparcimiento, con igualdad, equidad y accesibilidad.

En ese sentido, coincidiendo con la preocupación de la promovente y atender la preocupación manifestada sin que exista un impacto presupuestario por la serie de acciones que se busquen realizar con motivo de las acciones para fomentar un turismo accesible, la comisión dictaminadora propone una serie de modificaciones que atienden al marco jurídico existente y, de manera fundamental, para hacer efectivas las propuestas que se buscan implementar en Ley.

PROPUESTA CON MODIFICACIONES

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, dictaminó la iniciativa con las siguientes modificaciones:

1. Atendiendo el objetivo principal de la iniciativa, se considera suficiente reformar únicamente el artículo 18 de la Ley General de Turismo, al cual se le incluyeron un párrafo segundo y tres numerales; para quedar como sigue:

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

La Secretaría diseñará, aplicará y fomentará una Política Nacional en materia de Turismo Accesible, cuyo objeto será que las personas con discapacidad accedan y disfruten en igualdad de condiciones en la oferta de servicios, productos y entornos turísticos, en la cual se deberá tomar en cuenta cuando menos los siguientes aspectos:

1. Fomento a la infraestructura accesible.

2. Creación de programas de calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión.

3. Impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a personas con discapacidad.

Con base a lo anterior, esta Comisión destaca la necesidad de contar con lineamientos en materia de turismo accesible a partir de facultades que se otorguen a la Secretaría de Turismo como la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de promover y ejecutar las acciones en el ramo, además de fomentar la accesibilidad en este rubro tan importante en términos de los ordenamientos que se han citado.

Modificaciones a la propuesta original de la Iniciativa:

Las propuestas de modificación obedecen además a los siguientes razonamientos:

• Si bien es cierto que en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad se establecen diversas disposiciones que obligan a las dependencias del Gobierno Federal a realizar diversas acciones, incluidas la Secretaría de Turismo, el objetivo de reconocer derechos en ley y promover diversas acciones afirmativas a favor de sectores de población que se encuentran en una desventaja social, pasa necesariamente por una visión transversal, es decir, incorporar el enfoque de inclusión y accesibilidad en legislaciones y políticas que posibiliten el ejercicio de sus derechos y, en el caso que nos ocupa, que accedan a los diversos beneficios del sector turístico entendiéndose esta actividad como un derecho y no como una mera prestación de servicios.

• Con la finalidad de hacer efectivas las propuestas y se atienda de una manera eficiente las preocupaciones manifestadas en la Iniciativa de mérito, además de apegarse al marco normativo, se propone que, en lugar de la creación de un Programa Nacional de Turismo Accesible, se faculte a la Secretaría de Turismo para elaborar, aplicar y fomentar una Política en materia de Turismo Accesible que deberá coordinarse con todos los actores que participan en esta actividad. Para tal efecto, se retoman los ejes de trabajo que se están impulsando en la materia y que han permitido avanzar de manera paulatina en el desarrollo de acciones para el turismo de inclusión sin que impliquen costos no contemplados por los prestadores de servicios turísticos y reflejan de manera concreta hechos que hagan posible cumplir los objetivos planteados.

• En tanto que el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas que de él emanen obedecen a una temporalidad del ejercicio de la administración en turno, se propone llevar a rango de Ley las disposiciones que hagan posible avanzar en materia de Turismo Accesible y que no se esté sujeto a los cambios gubernamentales.

En mérito de lo expuesto, los diputados miembros de la Comisión de Turismo con base en las consideraciones anteriores y al análisis de la iniciativa con Proyecto de Decreto sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único. Se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

La Secretaría diseñará, aplicará y fomentará una Política Nacional que atienda al Turismo Accesible, en la cual se deberá tomar en cuenta cuando menos los siguientes aspectos:

1. Fomento a la infraestructura accesible.

2. Aplicación y fortalecimiento de programas de calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión.

3. Impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a personas con discapacidad.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de marzo de 2016.

La Comisión de Turismo. diputados:Gretel Culin Jaime (rúbrica), presidenta, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), José Luis Toledo Medina, Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, José de Jesús Galindo Rosas (rubrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Maricela Emilse Etcheverry Aranda (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo, Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia, Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Leonardo Amador Rodríguez, Rafael Yerena Zambrano (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Gretel Culin Jaime, para fundamentar el dictamen de conformidad... Perdón, dije diputado, perdón diputada, perdón, me equivoqué, espero que no se ofenda. La diputada Gretel Culin Jaime, para fundamentar el dictamen de conformidad con nuestro Reglamento.

La diputada Gretel Culin Jaime:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, el derecho a gozar de una experiencia turística pertenece a todas las personas, el cual una vez disfrutando motiva la satisfacción personal y genera un pacto positivo a la economía local.

En México, el número de personas que presentan alguna discapacidad supera a los 5 millones y esta cifra se aproxima a los mil millones de personas cuando nos referimos a nivel mundial.

Por lo que ante este importante universo, resulta prioritario para la Comisión de Turismo emprender acciones que permitan derribar obstáculos y barreras que hoy en día limitan el pleno disfrute de los atractivos turísticos de nuestro país, en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Al hablar del turismo accesible, nos referimos específicamente a aquel que tiene por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad, procurando su acceso al entorno físico, a los sistemas de transporte, a los canales de comunicación y a las instalaciones y servicios públicos en general.

En el caso de México, la conceptualización sobre accesibilidad y turismo surge en los años 90, cuando se le da un nuevo enfoque al turismo social, lo que incluye aspectos de accesibilidad, solidaridad y sustentabilidad, que fue asociado en una nueva perspectiva nombrada, en el 2001, como turismo para todos.

La Ley General de Turismo contempla en el capítulo IV lo referente al turismo accesible y establece la atribución para que la Secretaría de Turismo, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promueva la prestación de servicios turísticos con accesibilidad.

Asimismo, establece también la obligación para los prestadores de servicios turísticos y las autoridades de los sitios culturales, con afluencia turística, para que provean lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios que estos ofrecen en condiciones adecuadas.

No obstante lo anterior, los integrantes de la Comisión de Turismo convenimos con los objetivos de la autora de la iniciativa y hemos manifestado el interés por fortalecer la legislación turística en materia de turismo accesible, a través de la reforma del artículo 18 de la Ley General de Turismo. Dicha reforma consiste en que la Secretaría de Turismo tenga además la obligación de diseñar, aplicar y fomentar una política nacional que contemple al turismo accesible.

Esta política deberá tomar en cuenta que cuando menos tres aspectos son, el primero, fomento a la infraestructura accesible; segundo, aplicación y fortalecimiento de programas de calidad turística, con criterios de accesibilidad e inclusión; y tercero, el impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a personas con discapacidad.

Lo anterior permitirá que las acciones que la Secretaría de Turismo actualmente lleva a cabo en materia, y las que emprendan tras la aprobación del presente dictamen tengan continuidad y mayor eficiencia.

El proyecto de decreto de reforma a la Ley General de Turismo que hoy presentamos ante esta soberanía propiciará que tras un cambio de las administraciones sexenales en el Ejecutivo federal no resulten afectados los avances derivados de la implementación de una política nacional referente al turismo accesible, sino por el contrario, se tomen como punto de partida las acciones realizadas por la administración saliente, a fin de darles continuidad y sumar las acciones pertinentes de acuerdo a las necesidades del sector.

Con la presente reforma contribuiremos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que participan en la actividad turística y de quienes las acompañen.

Por lo anterior, compañeros diputados y diputadas, les invito a votar a favor del presente dictamen, el cual sin duda traerá grandes beneficios a nuestra sociedad y al sector turístico de nuestro país.

Entrego a la Secretaría una propuesta de modificación del dictamen aprobada por la Comisión de Turismo. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— XXIII Legislatura.— Comisión de Turismo.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quienes suscriben, diputados y diputadas que conforman la Junta Directiva de la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno, la reserva sobre el proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea incorporada en el dictamen de mérito la reserva, mediante la cual se propone eliminar de la redacción del segundo párrafo propuesto para el artículo 18 de la Ley General de Turismo las palabras “diseñara” y “fomentara” así como del numeral 2, del mismo artículo, la palabra “fortalecimiento”.

Lo anterior a fin de que dicha reforma a la Ley General de Turismo no incida en la creación de nuevos programas, sino a la incorporación de los ya existentes, por lo que no se considerarán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 adicionales a los ya aprobados, ni para ejercicios fiscales subsecuentes.

Dice:

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

La Secretaría diseñará, aplicará y fomentará una Política Nacional que atienda al Turismo Accesible, en la cual se deberá tomar en cuenta cuando menos los siguientes aspectos:

1. Fomento a la infraestructura accesible.

2. Aplicación y fortalecimiento de programas de calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión.

3. Impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a personas con discapacidad.

Debe decir:

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

La Secretaría aplicará una Política Nacional que atienda al Turismo Accesible, en la cual se deberá tomar en cuenta cuando menos los siguientes aspectos:

I. Fomento a la infraestructura accesible.

II. Aplicación de programas de calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión.

III. Impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a personas con discapacidad.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de abril de 2016.— Junta Directiva de la Comisión de Turismo.— Diputados: Gretel Culin Jaime, José Luis Toledo Medina, Luis Ernesto Munguía González, Maricela Contreras Julián, Martha Cristina Jiménez Márquez, Miguel Ángel Salim Alle, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Culin.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Consulte la Secretaría a la asamblea, a ver, pero para dar cuenta y que tenga claridad, se ilustre a la asamblea de las modificaciones a las que hizo referencia la diputada que fundamentó el dictamen a nombre de la comisión, para que preguntemos inmediatamente después si se aceptan las modificaciones propuestas, que entendemos vienen avaladas por la junta directiva de la comisión. Por favor, dé lectura de qué se trata y luego pregunte a la asamblea si se aceptan las modificaciones, por favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Del artículo 18. La Secretaría aplicará una política nacional que atienda al turismo accesible, en la cual se deberán tomar en cuenta cuando menos los siguientes aspectos.

Primero. Fomento a la infraestructura accesible.

Segundo. Aplicación de programas de calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión.

Tercero. Impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a personas con discapacidad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Está claro para la asamblea que las modificaciones que se admitieron en la propia Junta Directiva de la comisión significan eliminar algunas palabras, sin quitarle la parte esencial de lo que se discutió y dictaminó en el seno de la comisión. Entonces, consulte por favor a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Culin a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por la diputada Gretel Culin. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Y ya tenemos integrada una lista de compañeras diputadas y compañeros diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias. Es un dictamen que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, que trasciende a la no discriminación. Todo mundo tiene derecho a pasear, a recrearse, a fomentar turismo, a participar en él. Es decir, turismo para todos. Ese es el tema de este dictamen que hoy está a discusión y se va a aprobar seguramente por las fuerzas parlamentarias de esta legislatura.

El Inegi, amigas diputadas y amigos diputados, tiene en sus datos 5.7 millones de personas con alguna discapacidad. De estas, 51 por ciento son mujeres; 49 por ciento, hombres.

En Encuentro Social estamos convencidos de la necesidad de proveer las condiciones de infraestructura, instalaciones y equipamientos adecuados que garanticen la total accesibilidad, por supuesto, a instalaciones y servicios para las personas discapacitadas con la finalidad de posibilitar el desarrollo de todas sus potencialidades.

Es un tema también, por supuesto ustedes saben, que en materia de turismo en el 2015 recibimos 17.4 mil millones de pesos en materia de ingresos por turismo, de dólares, perdón, y en este caso nosotros estamos promoviendo con esta iniciativa incrementar las divisas por parte del turismo.

El criterio de tener acceso a toda persona con discapacidad, creo que esto va a permitirle a la Secretaría de Turismo para implementar políticas que le sugieran a las dependencias correspondientes y que la infraestructura sea adecuada para que no exista ninguna discriminación.

Pero también, amigas y amigos, si reforzamos las políticas públicas para favorecer aspectos como la accesibilidad, solidaridad y sustentabilidad en la prestación de los servicios turísticos, estamos colaborando de manera muy significativa a lograr este propósito de incrementar las divisas en materia de turismo y, por supuesto, la no discriminación que todas las personas tengan derecho a este concepto de turismo, turismo para todos, ahí está la oportunidad.

Para Encuentro Social en su parte programática, para nosotros es sumamente importante y por eso vamos a favor en este momento, en este dictamen, porque es trascendente para 5.7 millones de personas que carecen de accesibilidad, en muchas ocasiones, para incursionar en el turismo, llámese nacional o internacional. Por su atención, muchas gracias. Muy amables.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra, el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Mariano Lara Salazar:Con la venia de la Presidencia, señoras y señores legisladores. Me dirijo a esta honorable asamblea, para hablar en favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo.

El artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece en su último párrafo, que queda prohibido todo tipo de discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, con discapacidad, condición social, condiciones de salud y religión.

Para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, nuestro país ha asignado una diversidad de compromisos internacionales, entre ellos destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento que establece como uno de sus principios la accesibilidad.

Aunado a lo anterior, México cuenta con una Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que señala que se entenderá por accesibilidad a las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones.

Asimismo, el artículo 27 de la ley referida señala que la Secretaría de Turismo promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento.

Uno de los objetivos de la Ley General de Turismo es precisamente el de facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible.

A pesar de lo anterior las metas de accesibilidad en materia turística están muy lejos de cumplirse, motivo por el cual el dictamen plantea que se faculte a la Secretaría de Turismo para aplicar una política en materia de turismo accesible, coordinándose para tal efecto con todos los actores de participación en esta actividad.

En Nueva Alianza somos conscientes de los obstáculos que enfrentan todos los días millones de personas que viven con alguna discapacidad. Ejecutar el marco jurídico para facilitar su inclusión es nuestro compromiso.

Según cifras del más reciente Censo de Población realizado por el Inegi en el año 2010, habla de casi seis millones de personas que viven con alguna discapacidad a nivel nacional, es decir el 5.1 por ciento de la población en el país.

Por ello hemos presentado iniciativas que velan por el derecho de las personas con discapacidad ampliando sus oportunidades de desarrollo personal como lo es el empleo y su inclusión educativa.

Al igual que este dictamen que hoy estamos aprobando, nuestras propuestas tienen el firme propósito de impulsar la agenda de las personas con discapacidad no con un afán de propaganda, sino con un firme propósito, el de construir desde la norma una sociedad incluyente y eliminar la discriminación en todas sus formas.

Compañeras y compañeros legisladores, como representantes populares nuestra obligación es garantizar los derechos de las personas con discapacidad en las normas, a fin de que su inclusión sea una política de Estado y no una graciosa concesión de las autoridades, por lo que la accesibilidad turística debe constituirse como una política de carácter transversal. Impulsar la efectiva inclusión de millones de mexicanos, es el objeto de esta reforma y la razón por la que en Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Luis Ernesto Munguía González:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el fundamento de nuestro sistema jurídico está la Constitución, y justo en su artículo 1° nos va aclarando cuáles deben ser nuestras prioridades. Es ahí, desde el inicio, donde prohíbe tajantemente cualquier tipo de discriminación motivada por discapacidades.

La discriminación no sólo es activa cuando cometemos actos que dañan a los demás, sino también pasiva cuando volteamos hacia otro lado y es nuestra inactividad la que causa el daño.

Durante el paso de esta iniciativa por la comisión dictaminadora se presentaron datos que dejan en claro la importancia real de regular en materia de accesibilidad para personas que viven con alguna discapacidad.

Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que en el mundo existen mil millones de personas con algún tipo de discapacidad equivalente al 15 por ciento de la población mundial.

Por su parte el Inegi señaló que sólo en México esta cifra asciende a casi 6 millones, que es el 5.1 de nuestra población. Estas cifras impiden que pensemos indolentemente que sólo se trata de un tema humanitario.

Es también un tema de impacto económico de la actividad turística, puesto que sólo con destinos turísticos de primer nivel en los que esté cubierto plenamente el tema de accesibilidad, podremos captar el interés de las más de 60 millones de personas con algún tipo de discapacidad que se estima viajan anualmente fuera de sus países por motivos turísticos y recreativos, más sus respectivas familias, es decir, es también un tema de competitividad.

Es por ello que la Comisión de Turismo de la que formo parte, ha elaborado este dictamen que hoy sometemos a su consideración en el que facultamos a la Secretaría de Turismo para diseñar una política nacional destinada a la creación de un modelo de turismo accesible en la que se deberá tomar en cuenta cuando menos los siguientes aspectos:

Fomento de la infraestructura accesible, elaboración de programas turísticos incluyentes e impulso a los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de su infraestructura a personas con discapacidad.

En México ya existen lugares como Playa del Carmen, en los que mediante un esfuerzo considerable se han adaptado las instalaciones para lograr condiciones de accesibilidad, contando con camastros acuáticos y andaderas anfibias, sin embargo la mayoría de los destinos resultan una experiencia insufrible para las personas con discapacidad, sin accesos adecuados a museos, a playas o restaurantes, sin módulos de servicio ni señalizaciones especiales.

La bancada de los ciudadanos nos sumamos y celebramos esta iniciativa para que las condiciones de accesibilidad pasen de ser una rara curiosidad, que con suerte una persona con discapacidad pueda encontrar en algún destino turístico, y que con el turismo accesible se convierta en una certeza que posicione a México como un destino, pero sobre todo como una sociedad incluyente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Munguía. Tiene ahora la palabra la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal:Con su venia, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Morena defiende el concepto que sostiene que una persona con discapacidad es aquella quienes las barreras del entorno en que se encuentra y las barreras de actitudes, prejuicios, perdón, obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad. Asimismo, reconoce e impulsa toda propuesta y acción que ayuda a superar la inequidad. Lo mismo que reconoce e impulsa el derecho que tienen las personas con discapacidad a disfrutar de lo ocio, el deporte y el turismo de igualdad.

En ciertos periodos el sector turista ha jugado un papel destacado en el crecimiento económico de México. Esto ha sido, así como dicho sector ha formado parte de las estrategias de desarrollo nacional. A nivel mundial el turismo se ha convertido en el sector de mayor volumen y más rápido crecimiento con mil millones de turistas internacionales en el 2012.

La Organización Mundial de Turismo actualizó en agosto de 2013 las recomendaciones por un Turismo Accesible para Todos. En esa declaración se establece que el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a un turismo equitativo y accesible para todos constituye un elemento esencial de cualquier política de desarrollo de turismo responsable.

El turismo accesible consiste no sólo en permitir el acceso de las personas con discapacidad a los sitios turísticos, sino en que tengan los mismos derechos y las oportunidades y servicios turísticos como son viajes independientes, instalaciones accesibles, personas capacitadas, información fiable y mercadotecnia inclusiva.

De acuerdo con diversos estudios internacionales, los turistas con discapacidad se están convirtiendo en una parte importante del mercado turístico, 11 por ciento del turismo nacional australiano y 12 por ciento del turismo nacional del Reino Unido. A estas cifras deben sumarse las personas con discapacidad temporal, personas temporalmente con muletas, niños pequeños o personas de talle o estatura grande o pequeña.

De igual manera, debe considerarse el rápido envejecimiento de la población. En 2009 había más de 730 millones de personas mayores de 60 años, el equivalente al 10 por ciento de la población mundial. El incremento proporcional de la población de mayor edad está empezando a diluir la distinción entre personas con y sin discapacidad. Asimismo, debe considerarse que una parte importante de la población de mayor edad cuenta con ingresos, deseo y tiempo para viajar.

Es así como el Grupo Parlamentario de Morena aprueba el decreto de la Comisión de Turismo, somete a esta soberanía adicionalmente Morena hace un llamado al Ejecutivo federal a cumplir a cabalidad con el artículo 1 constitucional, con el artículo 2, fracción VI, y el Capítulo Cuarto, relativo al turismo accesible, de la Ley General de Turismo, así como la Ley Federal de la Prevención y Eliminar la Discriminación en la referente al acceso al turismo.

En consecuencia, con nuestra posición rechazamos toda política pública que limite los derechos del turismo accesible y particular, cuanto implica infraestructura y programa ya existentes, como es el caso del parque recreativo del Instituto Mexicano del Seguro Social de Oaxtepec. Es cuanto, señorita diputada.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cárdenas. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, desde el Partido Verde impulsamos reformas y medidas que contribuyan a la conformación de un país que ofrezca no solo seguridad a sus visitantes, sino la calidad de los servicios ofrecidos, pues en los años por venir México enfrentará, en materia turística, una competencia creciente, tanto en el mercado global como regional.

Para el Partido Verde es muy importante asegurar la puesta en marcha de las medidas pertinentes para garantizar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, tanto el disfrute integral de sus derechos como a los servicios públicos.

En este sentido, resulta imprescindible que el acceso por parte de las personas con discapacidad al transporte, a la información y las telecomunicaciones, a la tecnología, así como a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público sea una realidad, tanto en zonas urbanas como zonas rurales.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, pretende establecer la obligación del estado para promover, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

Si bien el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual pretende hacer de México un país más accesible en todos los ámbitos, lo cierto es que el objetivo de la presente reforma es congruente con nuestra visión de una sociedad incluyente.

En particular, creemos que pugnar por la accesibilidad en la actividad turística representa una valiosa oportunidad de demostrar nuestro compromiso social con un sector de la población que enfrenta toda clase de obstáculos en la vida cotidiana, incluso en el ejercicio de las actividades relacionadas con el disfrute y la recreación.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde es imprescindible que el gobierno de la república fomente en las empresas del sector turístico nacional la realización de buenas prácticas en cuanto se refiere a la operación de las mismas, para lograr que las personas con discapacidad disfruten plenamente, tanto de los sitios como de los servicios turísticos que se ofrecen en nuestro país, sin que se sientan limitados o impedidos por circunstancia alguna.

Estamos de acuerdo en que es de suma importancia que se fomente la participación de las personas con discapacidad en el disfrute y bienestar que en la actividad turística es capaz de generar.

Ofrecer espacios y actividades turísticos al alcance de todos por igual, no sólo aportará equidad a la sociedad mexicana, sino que permitirá atraer un mayor número de visitantes a nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, en función de lo aquí expuesto queremos destacar la necesidad de contar con lineamientos en materia de turismo accesible a partir de facultades que se otorguen a la Secretaría de Turismo.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, para que la Secretaría de Turismo diseñe, aplique y fomente una política nacional que atienda al turismo accesible, en la cual se deberá tomar en cuenta el fomento a la infraestructura accesible y el fortalecimiento de programas de calidad turística, con criterios de accesibilidad e inclusión. Gracias, por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Flores. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con el permiso de la Presidencia. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD fijo la postura a favor del dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Turismo, en materia de turismo accesible.

Agradezco de manera particular a la diputada presidenta, a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Turismo, por la apertura y la sensibilidad mostrada para analizar esta importante iniciativa y esta reforma para beneficio de las personas con discapacidad. Para el PRD el turismo es un derecho, no es un privilegio.

Éste es el espíritu de esta iniciativa que presentamos en diciembre pasado y que posibilita a nuestro país contar con una política nacional en materia de turismo accesible. Esta política nacional tendrá por objeto que las personas con discapacidad accedan y disfruten en igualdad de condiciones de la oferta de servicios, productos y entornos turísticos.

Nuestro objetivo también ha sido siempre reconocer derechos en las leyes y promover diversas acciones afirmativas a favor de sectores de la población que se encuentran en desventaja social.

En el caso que nos ocupa las personas con discapacidad, a través de diversas acciones de gobierno accederán a los diversos beneficios del sector turístico, entendiéndose esta actividad como un derecho y no como una mera prestación de servicios.

En esta modificación se da cumplimiento al artículo 1 de la Constitución, al tiempo que se reconoce la atención especial de un sector de la población históricamente excluido. Cuestión que no es menor, pues se trata de un universo de más de 5 millones 700 mil personas con discapacidad en México. Y si hablamos del mundo, hablamos de mil millones de personas.

Lo anterior adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que el turismo es uno de los sectores económicos de mayor relevancia para nuestro país por el volumen de inversión, el empleo generado, la capacitación de las personas y la captación de divisas. También el turismo contribuye al desarrollo regional y nacional. Basta señalar que en el 2015 el turismo constituyó la quinta mayor fuente de ingresos de divisas para el país.

Algunas acciones en particular de esta política nacional en materia de turismo accesible, que deberán desarrollar los gobiernos y los prestadores de servicios turísticos podrían ser las siguientes:

Disponer de instalaciones, infraestructura y transporte accesible.

Difundir la información sobre instalaciones y servicios que se ofrecen en lenguaje para personas con discapacidad.

Creación de infraestructura carretera y de transporte accesible con las señalizaciones necesarias.

Disponer de actividades para las personas con discapacidad en sitios de interés turístico y sitios culturales.

Contar con personal capacitado para atender las necesidades de los usuarios de servicios turísticos con discapacidad y procurar la oferta de servicios turísticos a personas con discapacidad, a precios accesibles. En suma, con esta política nacional de turismo accesible se disminuirán brechas de desigualdad y tendremos acciones que se apliquen en beneficio de las personas.

Tendremos la posibilidad de construir una política de turismo que sea accesible y que no discrimine a las personas con discapacidad. Asimismo, reconocemos las acciones que ya la Secretaría de Turismo ha emprendido en esta materia.

Reitero mi agradecimiento a todas y todos los compañeros de la Comisión de Turismo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Contreras Julián. Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla:Buenas tardes. Con su venia, señor presidente.

Compañeras y compañeros legisladores, todas las personas tenemos el derecho a una vida digna y a disfrutar las bondades naturales, históricas y culturales de nuestra nación. Nadie, por ningún tipo de discapacidad física debe ser privado de la posibilidad de llevar a cabo alguna actividad turística, y mucho menos que la persona misma o sus familias eviten hacerlo porque no existen las condiciones de infraestructura suficientes para visitar y conocer los sitios turísticos de México.

Somos una nación que siempre ha abierto sus puertas a los turistas nacionales y extranjeros. Un pueblo alegre que sabe ser un excelente anfitrión y que en cada uno de sus rincones ofrece calidez a todas las personas.

México es un lugar que merece ser conocido y reconocido por todos, y a todos hay que brindarles la oportunidad de visitar y vivir sus 33 sitios de patrimonio mundial, sus 111 pueblos mágicos y cientos de destinos de playa.

El dictamen pretende establecer que la Secretaría de Turismo diseñe, aplique y promueva una política nacional enfocada al turismo accesible, que fomente la infraestructura. Que se fortalezcan los programas de calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión y se impulsen los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute a personas con discapacidad.

En Acción Nacional, consideramos que el dictamen en los términos presentados tiene un gran sentido social, toda vez que abre la puerta a que la actividad turística no haga distingos. El dictamen busca que en México haya un turismo accesible y de inclusión, a través de una política bien articulada que permita que los diferentes destinos turísticos ofrezcan condiciones que favorezcan a las personas con alguna discapacidad.

La Ley General de Turismo contempla en su artículo 18, un turismo accesible y que se establezca una coordinación entre la Secretaría de Turismo y las entidades y dependencias para la promoción de los servicios turísticos accesibles en beneficio de la población con alguna discapacidad.

Además, se establece la obligación de los prestadores de servicios turísticos para que estos hagan lo necesario, a fin de que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

Señoras y señores diputados, en Acción Nacional escuchamos a las personas con discapacidad que día a día reclaman, con justa razón, su lugar en la actividad turística. Nuestro partido los escucha y por eso impulsamos y votaremos a favor de la propuesta, a fin de consolidar una política de accesibilidad e inclusión.

El turismo accesible debe asegurar que las personas con discapacidad cuenten con el acceso a los servicios en igualdad de condiciones a transporte, información, comunicaciones y servicios abiertos al uso público.

En el PAN consideramos prioritario derribar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los atractivos turísticos que México ofrece y seguir potenciando la actividad turística de nuestro país. México es de todos y para todos.

Que nadie se quede sin disfrutar de los colores, los olores, sonidos, tradiciones y sabores de nuestro querido México. Que nadie se quede sin la oportunidad de disfrutar lo mejor de nuestra nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sheffield. Tiene ahora el uso de la tribuna, el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Toledo Medina:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes a todos. El turismo representa anhelos para millones de familias que dedican su vida a la construcción y mantenimiento de paraísos.

En nuestro país el turismo no solo ha sido capaz de construir oportunidades de bienestar, sino que ha logrado generar identidades en sociedades heterogéneas. El diseño de nuestra geografía ha maquilado estados completos en donde la salida del sol significa la puesta en marcha de esfuerzos coordinados para mostrar lo mejor de nuestra sociedad frente a visitantes nacionales y extranjeros.

Es por eso que como país hemos construido centros turísticos y ciudades integralmente planeadas. México ha dado pasos de gigante para consolidarse como un referente internacional en materia turística. Prueba de ello han sido los resultados reflejados en la actualización del barómetro de la OMT con un crecimiento de un 4.4 por ciento, escalando de la posición 22 a la 17. Esto refleja la solidez de nuestra economía.

Pese a las adversidades de mercados internacionales hemos avanzado en materia turística bajo el liderazgo de Enrique Peña Nieto y de millones de mexicanas y mexicanos.

Ahora bien, estamos en momentos de repensar si desde la infraestructura y políticas públicas hemos colocado a la inclusión como eje rector del desarrollo turístico. El turismo accesible, ya sea por agrado de personas turistas con discapacidad o ya sea por un tema de derechos, debe regir nuestra legislación. Así lo ha expresado la OMT a lo largo de sus recomendaciones, normas éticas y documentos de trabajo. Se trata, pues, de asegurar que las personas con discapacidad gocen del turismo con igualdad, pero también con dignidad, gracias a una oferta de productos y servicios y entornos diseñados para hacer un turismo más amable.

Queremos enfoques garantistas, y en el Grupo Parlamentario del PRI le apostamos a entender a nuestro turismo de forma integral a partir de un enfoque de derechos. Mayor crecimiento no puede significar mayor discriminación; requerimos de ajustes razonables al interior de nuestras políticas públicas. Exigimos enfoques gubernamentales que aseguren que todas las personas pueden involucrarse en actividades turísticas.

Señoras y señores, lo anterior nos obliga a empatar el turismo con las garantías fundamentales de las personas con discapacidad. Por eso en el PRI apoyamos el dictamen que la Comisión de Turismo nos propone con el objeto de coadyuvar con el Estado mexicano y que juntos diseñemos e implementemos una política nacional de turismo accesible e incluyente. Vamos juntos a impulsar destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute de la infraestructura a personas con discapacidad, tal cual lo propone el dictamen, tal cual lo exigimos la sociedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Toledo. Con esta intervención termina la lista de oradores inscritos para fijar postura en torno a este dictamen.

Por lo tanto se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas previamente por la asamblea.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Diputado Gaeta, el sentido de su voto de viva voz.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Para que se consigne mi voto a favor, diputado presidente.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: A favor. ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto?

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: A favor, diputado Cortés. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 419 votos a favor y ningún voto en contra, presidente.

Preidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos, es decir, unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La planeación ambiental constituye un instrumento estratégico previsto en la LGEEPA con el propósito de prevenir los efectos negativos de las obras y actividades públicas y privadas en la salud humana, los ecosistemas y los bienes culturales del país.

La diversidad geográfica y la variedad de ecosistemas, la riqueza etnográfica y la multiplicidad de giros y actividades económicas han significado un desafío formidable a las capacidades intelectuales, metodológicas y físicas para los responsables de la formulación y evaluación de los estudios y manifestaciones de impacto ambiental.

El carácter multidisciplinario que involucra la elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, exige un entrenamiento básico sobre la materia que sea verificable, por ello es importante otorgar a los órganos colegiados espacios para certificar al personal técnico responsable de las firmas consultoras, de modo que garantice la inclusión de todas las opiniones profesionales posibles en la toma de decisiones relacionadas con la evaluación de impacto ambiental de las obras y actividades públicas y privadas.

El proceso de evaluación de impacto ambiental, debe reconocerse, es un instrumento valioso que integra las consideraciones ambientales desde la fase de planeación en los proyectos y obras productivas y sociales, públicos y privados. Prevé desde un inicio la internalización de los costos ambientales a la obra. Si se trata de una industria extractiva o manufacturera, confronta en la mesa de diseño, la conveniencia de modernizar los procesos de producción contra la inclusión de costosos sistemas de prevención y control de la contaminación, pero de ninguna manera es ya más una actividad que destruirá los recursos naturales de este país.

Si, por otro lado, es una obra pública de infraestructura, en el proyecto se ubica con mucha precisión, el trazo y el emplazamiento de la misma, evitando la afectación de las áreas naturales protegidas, los espacios de riqueza biológica, las reservas de recursos naturales, así como los sitios con rasgos y valores arqueológicos, étnicos y de cualquier otra expresión cultural de interés nacional o universal.

El procedimiento de la evaluación de impacto ambiental se ha ido afinando con el paso del tiempo, según lo muestran las diversas modificaciones que la LGEEPA ha experimentado, no obstante, la práctica revela continuamente insuficiencias que se convierten en focos de conflicto social y que desvirtúan el objetivo fundamental del instrumento de planeación: promover el desarrollo sustentable.

Los planes sectoriales que emitan las dependencias de gobierno, tienen que ser definitivamente atendidos y nos utilizados como meros trámites de cumplimiento de la Ley General de Planeación. Es preciso que todos los planes y programas sectoriales, incluyan expresamente evaluación ambiental estratégica, en el que se contemple que los proyectos ahí contenidos sean analizados desde una perspectiva ambiental y social.

Durante décadas, el país fincó su desarrollo industrial sobre la base de tecnologías que eran desechadas por los países extranjeros, en particular Estados Unidos. Maquinaria industrial que en sus respectivos países era reemplazada por ser altamente contaminante, por desperdiciar materias primas e insumos energéticos.

Hoy, el moderno marco jurídico ambiental nos permite privilegiar la inversión directa asociada con tecnología de punta, con baja producción de emisiones contaminantes y cuando es el caso, incluye los mejores mecanismos de prevención y control de contaminación disponibles.

Sin embargo, en muchas entidades se omiten criterios elementales como la conservación de las áreas naturales protegidas, como ocurre con el parque nacional ciénagas de Lerma frente al tren de alta velocidad DF-Toluca, la situación de los manglares de quintana Roo y el desarrollo comercial DragonMart Cancún, por citar sólo dos ejemplos.

El emplazamiento de obras de infraestructura productiva o social, así como el desarrollo de minero confronta cada vez con mayor beligerancia los intereses de las comunidades indígenas y campesinas, coincidentes con espacios de recursos naturales, de interés ecológico o étnico. Los instrumentos de consulta públicas previstos en la LGEEPA, resultan insuficientes, en virtud de no existir interlocutores válidos que reflejen los intereses de los afectados.

La experiencia ha mostrado que en ocasiones los grupos defensores externos obedecen a intereses ideológicos o económicos diversos, que a la postre terminan cancelando los proyectos, comprometiendo el prestigio de las instituciones federales con el pago de multas internacionales por incumplimientos y remitiendo a los grupos afectados a una marginación mayor.

Lo anterior exige que el Estado mexicano lidere la defensa de las comunidades indígenas marginadas, empoderándolas para que puedan realizar una defensa y negociación apropiada a sus intereses. Después de todo, merecen al menos aprovechar la riqueza sobre la que están asentados para elevar su calidad de vida.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción 1, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, Juan Fernando Rubio Quiroz, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación de impacto ambiental

Único.Se adicionan y modifican los artículos 18, 20 Bis 2, 34 y 35 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación de impacto ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 18. El gobierno federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo establecido en esta ley y las demás aplicables.

En la formulación de los programas sectoriales y especiales, el gobierno federal aplicará la evaluación estratégica de impacto ambiental, que garantice la inclusión de las consideraciones ambientales, sociales, culturales de las obras y proyectos programados.

Artículo 28.La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la formulación de programas y planes, así como la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I. a VI. (...)

VII. Se deroga.

XII. Se deroga.

Artículo 31. La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando:

I. a III. (...)

IV. Los programas y proyectos hayan sido sujetos a la Evaluación Ambiental Estratégica.

(...)

Artículo 33. Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI del artículo 28, la Secretaría notificará a los gobiernos estatales y municipales, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten de manera corresponsable las opiniones técnicas debidamente fundadas y motivadas, en un plazo no mayor de 15 días. La resolución de impacto ambiental estará sujeta a las autorizaciones que corresponda a los gobiernos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 34. (...)

(...)

VI. Las obras y actividades de los programas y proyectos que se sometan a autorización a la Secretaría, se abrirán a consulta pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental, por los medios electrónicos y de consulta personalizada con que cuente la Secretaría.

Artículo 35.(...)

I. y II. (...)

III. (...)

a) a c) (...)

d) Contravenga con los convenios internacionales de protección y conservación de la biodiversidad y los sitios patrimonio de la humanidad listados en la UNESCO.

Artículo 35 Bis 1. Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán responsables ante la secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas.

La secretaría promoverá ante los colegios profesionales la certificación de los responsables de la elaboración de informes preventivos, manifestaciones de impacto y estudios de riesgo.

Los profesionales son los responsables de las metodologías y fuentes documentales y bibliográficas que utilicen en la formulación de las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo. En ningún momento se condicionará la elaboración de dichos estudios al uso de paquetes comerciales que impliquen el uso de licencias, en cuyo caso serán cubiertas por la dependencia de gobierno que las exija, previa opinión de la secretaría.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal expedirá el reglamento actualizado en un plazo de 80 días, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Los gobiernos estatales deberán expedir y en su acaso actualizar sus respectivos programas de ordenamiento ecológico del territorio.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2016.— Diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

1. Planteamiento del problema

En el contexto del principio de división de poderes y de la necesidad de establecer “pesos y contrapesos” en el ejercicio del poder público, es necesario acotar las facultades discrecionales con que cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia presupuestal, hay que fortalecer el papel del Poder Legislativo. La propuesta en dicho sentido es establecer en un párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la parte relativa a suspender, diferir o determinar reducciones cuando se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera.

2. Argumentación

El artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad establece las reglas que deben observarse en caso de disminución de ingresos para un ejercicio fiscal determinado. A dicho respecto, se dispone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

1. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, se compensarán con el incremento que observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha ley, salvo en el caso en que éstos tengan un destino específico;

2. La disminución de los ingresos del gobierno federal asociada a menores ingresos petroleros, así como a una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan fin específico, se compensará con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Cuando se llegue al límite de recursos de dicho fondo sin poder compensar la disminución, se procederá con los recursos de la Reserva del Fondo y a reasignar el gasto correspondiente. Lo anterior se deberá reportar en el informe trimestral correspondiente;

3. La disminución en la Recaudación Federal Participable se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

4. La disminución de los ingresos distintos a los antes señalados, se compensarán con la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente: gastos de comunicación, gasto administrativo, gasto en servicios personales, ahorros y economías presupuestarias, y otros;

5. Cuando la reducción represente hasta 3 por ciento de los ingresos por impuestos, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición por dependencia y entidad;

6. En el caso de que la contingencia alcance un monto superior a 3 por ciento de los ingresos por impuestos, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición por dependencia y entidad; y

7. La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la composición de la propuesta del Ejecutivo con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la misma. El Ejecutivo resolverá lo conducente.

De lo que se colige el papel secundario que se otorga en esta materia a la Cámara de Diputados, que es quien históricamente supuestamente detenta el llamado poder de bolsillo, al tiempo que el Ejecutivo federal concentra el grueso de las atribuciones.

Por si fuera poco lo anterior, la segunda parte del párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé un par de excepciones al artículo 21 antes referido, al señalarse que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta ley y el reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales”.

Siendo el segundo de los supuestos, el relativo a las situaciones supervinientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, el que llama nuestra atención pues es a partir de dicha disposición que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha realizado, de manera completamente discrecional, sendos recortes del orden de los 124 mil y 132 mil millones de pesos respectivamente a los presupuestos aprobados por esta soberanía para los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

3. Fundamento legal

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

4. Proyecto de ley o decreto:

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 51. La Tesorería...

La ministración...

Los Poderes...

El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta ley y el reglamento, reportando al respecto en los informes trimestrales.

El Ejecutivo...

La ministración...

Para efectos...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para hacer las adecuaciones conducentes al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado Alberto Martínez Urincho (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LEY DE UNIONES DE CRÉDITO Y LEY DEL MERCADO DE VALORES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Cándido Ochoa Rojas y diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito; el artículo 45 de la Ley de Uniones de Crédito; y el artículo 201 de la Ley del Mercado de Valores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Herencia, es la sucesión de todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto, que no se extinguen con la muerte; la herencia se lleva a cabo de dos maneras: por disposición de la ley, que es la denominada legítima y por voluntad del testador, llamada testamentaria.

Ahora bien, la palabra testamento proviene del latín que significa “testimonio de la voluntad”. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes. Es un instrumento legal que expresa la voluntad del testador para que una o varias personas estipuladas, adquieran el derecho de propiedad de sus bienes después de su fallecimiento, siendo éstos los legítimos herederos.

Jurídicamente testar se refiere al acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para ser distribuidos después de su muerte. Ésta es la opción más sencilla, económica e inmediata para distribuir los bienes, además ofrece seguridad jurídica tanto a los testadores como a los herederos.

Los testamentos se pueden otorgar a título universal o particular:

• A título universal: es cuando el testador transmite a sus herederos la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones en los porcentajes que él designe. Hereda todos sus bienes a una sola persona, por lo general al cónyuge, o por partes iguales entre los hijos.

• A título particular: también conocido como legado, consiste en heredar una cosa o derecho particular a una o varias personas. En este caso se reparte con base en las instrucciones específicas del testador. En este tipo de testamento es necesario que se proporcionen los datos precisos de los bienes que desea legar a cada heredero.

Ahora bien, la legislación mexicana clasifica los testamentos en dos grupos: testamento ordinario y especial.

Dentro del ordinario se encuentran:

1. Público Abierto: es el que se otorga ante notario público, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia y le permite disponer libremente de sus bienes, para transferirlos a sus herederos (cónyuge, hijos, padres, hermanos, otro familiar, amigos, instituciones académicas, de salud, de beneficencia, entre otros).

2. Público Cerrado: puede ser escrito por el testador o por otra persona a su petición, deberá ser firmado por el testador, los testigos y el notario público. El papel en que esté escrito el testamento o el sobre que lo contenga, deberá estar cerrado y sellado, se entregará al testador, y el notario público anotará en su libro, denominado protocolo; el lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue autorizado.

3. Público Simplificado: el notario público da fe del acto jurídico en el cual una persona adquiere un inmueble y señala a sus herederos o legatarios en la misma escritura pública de adquisición.

4. Ológrafo: es aquel escrito, fechado y formado de puño y letra por el testador. Los testamentos ológrafos no producirán efecto si no están depositados ante la autoridad competente que disponga la legislación de la materia.

Dentro del especial se encuentran:

1. Privado: Se realiza por las siguientes causas:

• Cuando el testador padece una enfermedad tan violenta y grave que no le permita acudir ante el notario público a hacer el testamento;

• Cuando no haya notario público en la población o juez que actúe;

• Cuando aunque haya notario público o juez en la población, sea imposible que concurran al otorgamiento del testamento.

2. Militar: lo hacen las personas que gozan del fuero militar, manifestando su última voluntad, sin sujeción a las formalidades del testamento ordinario. Bastará con que declare su voluntad ante dos testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño y letra.

3. Marítimo: se realiza por las personas que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina nacional, sujetándose a lo establecido en las legislaciones competentes.

4. Espacial: se realiza por las personas que se encuentren a bordo de aeronaves o naves espaciales, sujetándose a lo establecido en las legislaciones competentes.

5. Hecho en país extranjero: los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el país cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.

Con la descripción antepuesta se pretende dar cuenta de la relevancia de este instrumento jurídico. La finalidad de que existan varios tipos de testamentos es para abarcar cualquier situación que pudiera suscitarse y de esta manera proteger y salvaguardar la voluntad de los individuos, ya que el testamento no es más que la expresión de la última voluntad de una persona.

Además la importancia de este instrumento radica en que es un documento de carácter legal que protege el patrimonio y brinda certeza jurídica a todos los involucrados en él y de esta forma se busca evitar problemas póstumos, como una mala administración y repartición de los bienes, o pleitos y litigios interminables entre familiares, ya que los problemas familiares se convierten en problemas jurídicos.

Dichas instituciones jurídicas como los testamentos y la herencia, se encuentran previstos y regulados en el derecho civil, por la sencilla razón de que el tema de sucesiones, es decir, el destino de los bienes cuando alguien fallece, pertenece a todo lo relativo a las sucesiones, sean testamentarias o legítimas.

No obstante lo anterior, existen leyes que realizan una intromisión en este tema, toda vez que aun cuando su función esencial es de diversa naturaleza, invaden el área del derecho civil, específicamente las sucesiones, y es precisamente este tema la esencia de esta iniciativa.

Es por ello que creemos que en el caso de que exista un testamento, lo plasmado en él, siempre deberá prevalecer por encima de lo que sea estipulado por un cuentahabiente ante una institución bancaria, casa de bolsa o cualquier otra institución financiera.

Actualmente existen varias legislaciones que establecen que en caso de fallecimiento del titular de una cuenta o cliente, la institución de que se trate entregará el importe correspondiente a quienes éste haya designado como beneficiarios. Así, tenemos que se encuentran en esa incorrecta situación: a) La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 56; b) La ley de Uniones de Crédito en su numeral 45 y la Ley del Mercado de Valores en su arábigo 201, que a continuación nos permitimos transcribir:

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 56.El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Ley de Uniones de Crédito

Artículo 45.Las operaciones de crédito y arrendamiento que practiquen las uniones con sus socios, deberán estar relacionadas directamente con las actividades de sus empresas o negocios.

El titular de las operaciones a que se refiere la fracción I del artículo 40 de esta ley, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la unión entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado como beneficiarios, expresamente y por escrito, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

Si no se hubiesen designado beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Ley del Mercado de Valores

Artículo 201.En los contratos que celebren las casas de bolsa con su clientela, el inversionista que sea titular de la cuenta podrá en cualquier tiempo designar o cambiar beneficiario.

En caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la casa de bolsa entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

En su caso, el beneficiario tendrá derecho de elegir la entrega de determinados valores registrados en la cuenta o el importe de su venta.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Estas tres disposiciones, que como su nombre lo dice, se refieren a cuestiones mercantiles o actos de comercio, en la parte conducente de los diversos numerales antes mencionados, señalan idénticamente lo siguiente: “...en caso de fallecimiento del titular de la cuenta, el importe correspondiente se entregará a quien el titular haya designado como beneficiario”...

Cuando se acude a alguna institución bancaria a aperturar una cuenta de manejo de dinero o llevar a cabo una inversión, se hace la pregunta en torno a la designación de un beneficiario, que invariablemente se designa; pero en estos casos cuando se designa a un beneficiario al aperturar una cuenta, no se está pensando en la muerte, sino en la actividad mercantil que se está realizando.

En cambio, cuando se elabora un testamento, que generalmente se hace ante un notario público, se hace pensando en el fallecimiento y en cómo distribuir nuestros bienes al momento de dejar de existir.

Para ejemplificar un caso concreto: alguien elabora un testamento y designa a determinada persona como única y universal heredera de todos sus bienes; luego muere y sus bienes están en una cuenta de banco, por lo que al fallecer el testador, el heredero va al banco llevando el testamento con la intención lógica y fundada de recoger el dinero, pero no se lo entregan, toda vez que por el contenido de los preceptos mercantiles antes mencionados, aunque es heredero, en el contrato respectivo no es el beneficiario e incluso puede toparse con que ya no hay dinero, porque ya lo retiró el beneficiario.

Esto sucede en la vida real y genera muchos problemas, entonces se pregunta el heredero ¿si el testamento no es la última voluntad del autor de la sucesión, por qué si se le designó como único y universal heredero en la última voluntad del de cujus, su documento no vale ante un contrato mercantil? Sólo porque tiempo atrás y sin pensar en la muerte, el titular designó a un beneficiario y por la razón que sea no lo cambió, creyendo tal vez que al hacer el testamento, se respetaría su voluntad y se procederá respecto de sus bienes en los términos plasmados en el testamento.

Queda claro que el espíritu del legislador en este sentido es velar por los intereses del titular y sus beneficiarios, sin embargo, consideramos necesario hacer la aclaración que en caso de que exista un testamento, deberá prevalecer lo estipulado en él por encima de cualquier otro documento legal, con el fin de evitar cualquier antinomia jurídica.

Lo anterior con la finalidad de establecer que la voluntad expresada en el testamento debe predominar frente a cualquier otro documento legal, ya que este tipo de instrumento tiene más validez y peso que cualquier otro, debido a su naturaleza y esencia jurídica.

Y es que en la realidad legal y en la práctica, sucede lo contrario, ya que en virtud de una intromisión del contenido actual y vigente de las leyes mercantiles, se invade el ámbito del derecho civil; lo anterior representa lo que se denomina un conflicto de leyes, que debe ser corregido y subsanado, toda vez que cualquiera de nosotros puede verse afectado por estas disposiciones legales.

Queremos dejar en claro que los citados documentos no se contraponen, sino que en caso de que exista un testamento siempre prevalecerá lo estipulado en él, pero si los documentos establecieran cláusulas diversas entonces ambos tendrán la misma validez, así como también puede darse el caso que no existiera un testamento, entonces se estará a lo estipulado por el titular de la cuenta ante la institución financiera.

Para subsanar lo anterior se propone que se modifiquen los tres artículos señalados con antelación, especificándose que en caso de que exista un testamento, primero se debe estar a lo dispuesto en el mismo, con lo cual se le dará el alcance a la institución del testamento que el espíritu del legislador plasmó en la ley civil, con la creación de la institución testamentaria.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito; el artículo 45 de la Ley de Uniones de Crédito; y el artículo 201 de la Ley del Mercado de Valores

Artículo Primero. Se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 56. (...)

(...)

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos , pero en caso de que exista un testamento, primero se estará a lo dispuesto en el mismo.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 45 de la Ley de Uniones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 45. (...)

(...)

(...)

En caso de fallecimiento del titular, la unión entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado como beneficiarios, expresamente y por escrito, en la proporción estipulada para cada uno de ellos , pero en caso de que exista un testamento, primero se estará a lo dispuesto en el mismo.

Si no se hubiesen designado beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 201 de la Ley del Mercado de Valores para quedar como sigue:

Artículo 201. (...)

(...)

En caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la casa de bolsa entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos , pero en caso de que exista un testamento, primero se estará a lo dispuesto en el mismo.

En su caso, el beneficiario tendrá derecho de elegir la entrega de determinados valores registrados en la cuenta o el importe de su venta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado y diputada: Jesús Sesma Suárez, María Teresa Cuenca Ayala (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 31 Bis 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, suscrita por los diputados Claudia Edith Anaya Mota y Omar Noé Bernardino Vargas, de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM, respectivamente

Quienes suscriben, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado federal Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tienen a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema

Resulta necesaria la intervención del Poder Legislativo a fin de resolver jurídicamente las causas que producen consecuencias que dañan las vidas, integridad y bienes de las personas en caso de verse inmiscuidas en accidentes ferroviarios.

Es de reconocer el aporte del sector ferroviario a la economía, sin embargo, los accidentes de estas unidades ocurren con frecuencia a lo largo y lo ancho del país; por lo que esta responsabilidad no escapa a ningún legislador o legisladora que represente a sus ciudadanos.

Por lo que se propone que los concesionarios se corresponsabilicen de la implementación de medidas que salvaguarden la seguridad de las personas en zonas urbanas por las que cruzan las vías férreas.

Argumento que lo sustenta

Realizando una revisión de los últimos acontecimientos de incidencias ferroviarios en zonas urbanas, podemos documentar los siguientes:

a) 1 de octubre de 2015, en Zacatecas un tren carguero descarriló en plena zona urbana dejando un saldo de cinco personas lesionadas y cuatro vehículos dañados.

b) 25 de septiembre de 2015 en la zona urbana de San Ramón en Nogales, Sonora. Una falla en las líneas ferroviarias provocó que al menos 15 vagones que transportaban vehículos descarrilaran.

c) 25 de septiembre de 2015. En un centro urbano de Saltillo una locomotora arrastró un autobús del transporte público; el saldo preliminar es de nueve lesionados.

d) 29 de agosto de 2015. Descarrilan cuatro vagones de un tren de carga en la zona urbana de Aguascalientes.

e) 28 de agosto de 2015. Descarrila tren e impacta varias casas en Nuevo León.

Esta lista más extensa de lo que aquí se ha señalado, sin embargo lo que resulta prioritario es visibiliza la problemática del paso del tren en zonas urbanas y centro poblacionales y que el Estado Mexicano tendrá que evitar que esta lista se acrecenté.

En su momento el ferrocarril fue una de las vías que detonaron la formación de nuevas ciudades, la red de transporte principal en muchos lugares y sus vías fueron los centros alrededor de los cuales se alimentaron varias ciudades.

De acuerdo con la asociación Ciudades Emergentes y Sostenibles, lo que a principios del siglo pasado fue un símbolo de prosperidad económica parecería se ha convertido en un riesgo dentro de una ciudad en crecimiento. Muchos de estos ferrocarriles son conductos para el movimiento de carga ocasional o han sido abandonados.

Tres son ejemplo de lo anterior, revela la asociación:

i) En Campeche, los rieles del ferrocarril pasan a lo largo de una calle principal e incluso a través de los patios delanteros de las casas contiguas a la calle. No hay una barrera que separe los trenes de los edificios aledaños a la vía, conductores y peatones.

ii) En Xalapa, el ferrocarril corta justo a través del centro de la ciudad, lo que causa que los viajes interurbanos sean más largos, ya que las personas tienen que cruzar o viajar alrededor de la vía férrea para transitar entre las comunidades que los rieles separan. En este caso el ferrocarril tiene una zona de amortiguamiento alrededor de ella, en algunos lugares las intersecciones carecen de señalización para controlar el tráfico de coches y peatones, para así evitar accidentes entre estos y los trenes que vienen de frente. En la práctica, estos rieles son más utilizados por peatones que por los trenes de carga para los que fueron diseñados.

iii) En Zacatecas, el ferrocarril atraviesa la prácticamente toda la ciudad, pasando frente a escuelas, hospitales, parques, centro laborales, representando un alto riesgo para los habitantes.

Ciudades Emergentes, concluye que estos ferrocarriles dividen la ciudad afectando la movilidad de sus ciudadanos al hacer que los desplazamientos sean más largos y que esto afecta al medio ambiente con un aumento en la contaminación del aire y mayormente pone en peligro la seguridad pública. Sugiere reubicar el tráfico de trenes a vías nuevas en las afueras de la ciudad

Muchos de estos proyectos se podrían llevar a cabo a través de asociaciones público-privadas entre los organismos estatales o municipales y socios de empresas ferroviarias, con el consenso de los habitantes de las localidades

Por los que se refiere al aspecto jurídico, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, señala en el artículo 29:

Artículo 29. Si el concesionario no opera, mantiene o conserva las vías férreas en buen estado, en términos de la presente Ley, la Secretaría podrá nombrar un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las irregularidades de que se trate. Los gastos que se originen por tal verificación serán por cuenta del concesionario.

Asimismo, esta norma prevé la existencia de un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios:

Artículo 31 Quáter. Una vez identificados los cruzamientos donde se aplicarán los recursos del Fondo, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios, a fin de dar seguimiento a la operación de dichos cruzamientos. Dicho Comité estará integrado por un representante de la Agencia, quien lo presidirá; un representante de la entidad federativa correspondiente; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen los cruzamientos; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de la empresa concesionaria de la vía férrea susceptible a aplicar los recursos.

Resulta interesante saber, que derivado de la revisión de la página electrónica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se registra información pública sobre la instalación de los Comités de Seguridad en Cruces Viales Ferroviarios.

Además, la Ley crea un Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios:

Artículo 31 Ter. Los recursos del Fondo serán administrados y ejercidos, a través de un fideicomiso público sin estructura orgánica, que no será considerado entidad paraestatal, cuya denominación será Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual será coordinado por la Agencia.

El Fondo que tiene entre otras atribuciones:

Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos, y

Además, de que se prevé infracciones a quienes infrinjan estándares de seguridad:

Artículo 59. Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de doscientos a mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

Luego entonces, ¿cómo podría la Agencia sancionar, si no cuenta con los instrumentos de medición de dichas violaciones?

La obligación que se propone, complementarán los recursos públicos previstos por el Fondo, que de manera precisa se prevén en la fracción III del artículo 31 Ter, que señala puntualmente:

III.Contratar, con cargo a los recursos del Fondo y conforme a las disposiciones federales aplicables, las obras y servicios necesarios para la instalación, mejora, mantenimiento, operación y/o sustitución de infraestructura de señalización en los cruzamientos, y

Es necesaria la corresponsabilidad del Estado con los concesionarios sobre la previsión de accidentes así como de la preservación de la seguridad de las personas que viven o circulan por zonas en las que se encuentran vías férreas.

Del texto “teoría general de la concesión” de Jorge E. Calafell se establece que “el maestro Acosta Romero nos dice: El término concesión puede significar varios contenidos:

a) Es el acto administrativo discrecional por medio del cual la autoridad administrativa faculta a un particular:

1) Para utilizar bienes del Estado, dentro de los límites y condiciones que señala la Ley.

2) Para establecer y explotar un servicio público, también dentro de los límites y condiciones que señala la ley.

b) El procedimiento a través del cual, se otorga la concesión o a través del que se regula la utilización de la misma, aún frente a los usuarios.

c) Puede entenderse también por concesión, el documento formal que contiene el acto administrativo en el que se otorgan las concesiones.”

Asimismo, este autor establece que unas de las obligaciones de los concesionarios son “realizar las obras necesarias para prestar el servicio público o la explotación de los bienes”, así como “contar con los elementos personales, materiales y financieros para prestar los servicios públicos...”

Lo anterior, es a lo que atiende el decreto propuesto en la presente iniciativa en el caso de los radares de velocidad en los ferrocarriles. El presente proyecto busca que los cruces de ferrocarriles cuenten con mecanismos que garanticen la seguridad de las personas en las zonas urbanas y metropolitanas.

Por otro lado, la ordenación jerárquica o escalonada de las normas jurídicas es de tal modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior que tiene mucho valor. El principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango.

Efectuando una síntesis del sistema jerárquico de las normas, en nuestro ordenamiento el principio de jerarquía normativa se traduce en:

• Superioridad constitucional sobre cualquier otra norma jurídica. Esta superioridad se basa en un criterio material, pues la misma contiene los principios fundamentales de la superlegalidad material y por ello está dotada de mecanismos formales de defensa.

• Superioridad de la norma escrita sobre la costumbre y los principios generales de Derecho, sin perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico de estos últimos.

• Superioridad de la ley y de las normas con rango de ley sobre las normas administrativas. La doctrina discute si las relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria se rigen por el principio de jerarquía según el cual la ley orgánica sería superior, o por el de competencia, lo que supondría que ambas tienen el mismo rango.

•A su vez las disposiciones administrativas se encuentran jerarquizadassegún el siguiente orden: decretos, órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno, órdenes ministeriales y disposiciones de las demás autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía.

Por lo que no resulta razonable que se pretenda suponer que se supla una disposición de carácter general con una disposición administrativa como lo podría ser el reglamento de una ley federal, nacional o general o por una norma oficial mexicana.

La presente iniciativa dotará a la Agencia de instrumentos técnicos y tecnológicos para contar con bases y ejercer plenamente sus funciones de órgano sancionador del cumplimiento de la Ley.

De conformidad con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, en el modo ferroviario, el transporte de carga opera con una velocidad promedio baja en términos relativos menor a 30 km/hora, lo que le resta competitividad al sistema. Esta situación, señala el Programa, es generada por factores como: el estado físico de las vías y puentes, laderos inseguros, falta de vías dobles, material rodante obsoleto, falta de equipo ferroviario, conflictos en los derecho de paso, una orografía accidentada, el crecimiento de la mancha urbana a lo largo de las vías de ferrocarril, falta de libramientos en zonas urbanas, así como de los cruces irregulares a nivel.

De acuerdo con información recabada en medios electrónicos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja de manera coordinada para operar u proyecto de reubicación de las vías del tren fuera de la ciudad. Sabemos, también que la Dirección General de Ferrocarriles es quienes sostienen una serie de reuniones para ver la factibilidad del plan que no sería a corto plazo.

Fundamento legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado y en base a lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 Bis 1 de la Ley Reglamentaria Del Servicio Ferroviario.

Texto normativo propuesto:

Artículo Único. Se reforma el artículo 31 Bis 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:

Artículo 31 Bis 1. Los concesionarios ferroviarios, en coordinación con la Agencia que administra el Fondo, deberán invertir recursos suficientes y establecer medidas como radares de velocidad y demás mecanismos que garanticen la seguridad en las zonas urbanas y metropolitanas por las que cruzan los ferrocarriles. Además, la Secretaría deberá supervisar permanentemente que dichas acciones se cumplan en los términos que señala la presente Ley.

Transitorio

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1510/descarrila-tren-carguero-zac atecas/

2 http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/01/02/habra-que-mover-el-tren-fu era-de-la-ciudad/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2016.— Diputada y diputado: Claudia Edith Anaya Mota, Omar Noé Bernardino Vargas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma los artículos 10 y 51 Bis 1 de la Ley General de Salud y 11 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM

Los que suscriben, diputados Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Serrano Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Telésforo García Carreón, del Partido Revolucionario Institucional; Hersilia Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Edith Villa Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Héctor Javier Álvarez Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional; y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es una de las condiciones de bienestar individual que permite a las personas desarrollarse en la vida en sus diferentes etapas. El contar con una salud adecuada facilita que los individuos puedan estudiar, trabajar y disfrutar de una vida en plenitud.

La salud es una condición de gran importancia en la vida de todo individuo, de toda persona sin distinción o discriminación alguna, es por ello que está recogida en diversos tratados internacionales y reconocida como un derecho humano elemental. De acuerdo a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, se entiende por salud: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. Reafirma un principio más que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. (1. Véase, Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946).

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, señala: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. (2.Véase Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948).

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 2 de mayo de 1948) estable el derecho a la preservación de la salud y el bienestar: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. (3. Véase Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 2 de mayo de 1948).

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York en diciembre de 1966, en su artículo 12, destaca el derecho a la salud y las medidas que deben llevarse a cabo para cumplir con su objetivo:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. (4. Véase Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York en diciembre de 1966).

En México, el 22 de diciembre de 1982, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Senadores, la iniciativa de adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer que toda persona tiene derecho al acceso y a la protección de la salud.

En los argumentos que motivaron la propuesta legislativa, hacen referencia que, ante el surgimiento de los primeros regímenes emanados de la revolución mexicana se consideró como un propósito superior brindar a cada mexicano mejores condiciones de vida, para este fin era necesario elevar los niveles de salud en la población. “Los gobiernos de la República, cada uno en su hora, se han ocupado en ensanchar la cobertura de los distintos sistemas, instituciones y programas de salud”. “La innegable vinculación que existe entre el mejoramiento de la salud, el bienestar de la población, la distribución del ingreso, el empleo, el disfrute del tiempo libre, el incremento de la productividad y de la producción, es uno de los retos a los que se enfrentan las sociedades que buscan ser cada vez más igualitarias”. (6. Véase Diario de los Debates 22 de diciembre de 1982, Cámara de Senadores, LII Legislatura).

Derivado de la reforma constitucional, surge la Ley General de Salud – publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984-, Ley que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, en la que se establecen las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

En el artículo segundo de la Ley General de Salud, se menciona que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades:

“Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II.La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III.La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV.La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V.El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI.El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII.El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”. (8. Véase Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984).

Queda claro que de acuerdo a los argumentos normativos vertidos en los párrafos anteriores, se precisa que el derecho a la salud es uno de los derechos sociales sustanciales para todo individuo y la protección de la misma debe estar asegurada y garantizada por el Estado, es decir, el Estado debe implementar medidas y acciones para hacer efectiva la protección de la salud a todo individuo.

Para los diputados proponentes, persiste un notorio rezago en lo que se refiere a la atención y protección de la salud de la población indígena. Ser indígena en nuestro país sigue siendo un sinónimo de marginación, de discriminación y vulnerabilidad. Los indígenas son uno de los grupos sociales que históricamente vienen cargando con el peso de desigualdad social y económica, lo que les impide acceder a los servicios de educación, vivienda, alimentación y salud entre otros derechos que deben estar plenamente garantizados por el Estado de acuerdo a nuestro máximo ordenamiento jurídico que es la Constitución Política.

La no discriminación es un asunto medular para atender los derechos sociales de todo individuo, su vigencia y vigor se encuentra registrado en el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponiendo que los Estados firmantes del Pacto están comprometidos a garantizar los derechos sociales de educación, vivienda, alimentación y salud sin discriminación condicionados o motivados por cuestiones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición.

Lo que dice al respecto nuestra Constitución Política, en el artículo 1°, es que todo individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales firmados por México, es decir, precisa la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, de género, edad, condición social, de salud, de preferencia sexuales, por creencia religiosa, opiniones, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y menoscabe o elimine sus derechos y libertades.

Qué quiere decir esto, sencillamente que toda persona tiene derecho a la protección de sus derechos humanos bajo cualquier circunstancia y uno de esos derechos humanos como se ha reiterado es el de la salud, derecho al que, lamentablemente, muchas personas de comunidades indígenas se encuentran en desigualdad de condiciones para acceder a éste.

La desigualdad en México sigue latente, es un mal crónico que sigue persistiendo en nuestro país. En diciembre del 2000, el Ejecutivo Federal, remitió a la Cámara de Senadores la iniciativa que reforma el artículo 4°, entre otros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer los derechos y cultura indígena, una reforma, sin duda, de grandes dimensiones.

En la exposición de motivos de la reforma constitucional, se reconoce: “México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por ello, la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás. Por lo contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la Nación”. (9. Véase iniciativa que reforma el artículo 4°, primer párrafo, y se adicionan los párrafos segundo a octavo del artículo 4°, recorriéndose en su orden los actuales segundo a noveno párrafos para pasar a ser noveno a decimosexto; un último párrafo al artículo 18; un cuarto párrafo al artículo 26, recorriéndose en su orden el actual cuarto párrafo para pasar a ser el quinto; un segundo párrafo al artículo 53, recorriéndose el actual segundo párrafo para pasar a ser tercero; la fracción XXVIII al artículo 73; un segundo párrafo a la fracción V del artículo 115, recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo para pasar a ser tercero; las fracciones IX y X al artículo 115; y un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal, el 7 de diciembre del año 2000).

En dicha iniciativa, se reflexiona:

“Los pueblos originarios de estas tierras han sido histórica y frecuentemente obligados a abandonar sus tierras y a remontarse a las más inhóspitas regiones del país; han vivido muchas veces sometidos al dominio caciquil, así como a humillaciones racistas, y les ha sido negada la posibilidad de expresión y participación políticas”. (12. Véase iniciativa que reforma el artículo 4°, primer párrafo, y se adicionan los párrafos segundo a octavo del artículo 4°, recorriéndose en su orden los actuales segundo a noveno párrafos para pasar a ser noveno a decimosexto; un último párrafo al artículo 18; un cuarto párrafo al artículo 26, recorriéndose en su orden el actual cuarto párrafo para pasar a ser el quinto; un segundo párrafo al artículo 53, recorriéndose el actual segundo párrafo para pasar a ser tercero; la fracción XXVIII al artículo 73; un segundo párrafo a la fracción V del artículo 115, recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo para pasar a ser tercero; las fracciones IX y X al artículo 115; y un cuarto párrafo a la fracción II del artículo 116; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal, el 7 de diciembre del año 2000).

El Senado de la Republica en el dictamen correspondiente, propuso en el artículo 2° constitucional, reconocer la composición pluricultural de la Nación sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; reconoce como comunidades integrantes de un pueblo indígena, a las que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que igual, se da el reconocimiento a sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres; reconoce su libre determinación, misma que se ejercerá con apego al marco constitucional de autonomía, asegurando la unidad nacional; reconoce decidir sus formas internas de convivencia y organización social, política, económica y cultural; reconoce la preservación y el enriquecimiento de sus lenguas, conocimientos y los elementos que forman parte de su cultura e identidad; se reconoce asegurarles el derecho y el acceso efectivo a los servicios de salud a través de la aplicación de la cobertura del Sistema Nacional de Salud, aprovechando la medicina tradicional, apoyar la nutrición de la población indígena con la implementación de programas de alimentación, orientados con especial atención a la población infantil.

Recordemos que las comunidades indígenas de nuestro país son la base de nuestra identidad como Nación y no merecen vivir en condiciones de marginación y abandono. Basta tener presente que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país existen 15.7 millones de indígenas y se hablan 62 lenguas indígenas.

A nivel mundial se estima que hay alrededor de 5 mil grupos indígenas que viven en más de 70 países. El tema del rezago, de pobreza y de marginación que día a día enfrentan los indígenas de muchas regiones del mundo, motivaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas – el 23 de diciembre de 1994 – acordar que cada nueve de agosto se celebre en el mundo el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, con el propósito de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar la problemática de las comunidades indígenas al ser vulnerables y no respetarse sus derechos humanos, ambientales, de educación, de salud, entre otros.

En México, son frecuentes y reiteradas las denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Muchas de las quejas obedecen a actos de abuso, de crueldad y de discriminación ante la falta de atención médica. Resulta común que mujeres indígenas tengan partos fuera de las clínicas o centros de salud porque simplemente no se les quiso otorgar la atención médica requerida. Los indígenas cuando llegan a ser atendidos no cuentan con la adecuada atención debido a acciones y omisiones del personal de hospitales que suelen no estar capacitados para atender a este sector social.

En el 2015, se anunció, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), establecieran de manera permanente en dicho instituto de salud un enlace a cargo de recibir y atender las quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos en materia de salud.

El convenio permitirá que el enlace que se defina entre ambas instituciones, atienda las 24 horas y durante los 365 días del año las quejas por falta de atención médica, de medicamentos o de cualquier otro tipo de prestaciones.

Para la operación del convenio se implementarán mecanismos como el de la conciliación en conjunto con la Primera Visitaduría de la CNDH y que permitan responder satisfactoriamente en tiempo y forma cualquier queja del usuario del servicio de salud, además se tendrá que garantizar la presencia de intérpretes expertos en lenguas indígenas en las unidades médicas del ISSSTE.

En julio de 2014, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y tras la realización del foro “Derechos Indígenas y su Necesaria Regulación”, la Cámara de Senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) firmaron un convenio para desarrollar e impulsar acciones conjuntas en materia de protección y divulgación de los derechos indígenas, así como la observancia y el respeto de las disposiciones legales en la materia.

Del foro, destaca que en la actualidad la población indígena sufre carencias en educación, vivienda, justicia y salud, principalmente entre las mujeres de este grupo donde persisten altos índices de desnutrición, embarazo adolescente, mortalidad infantil y perinatal.

El problema de la falta de acceso a la protección y preservación de la salud de los indígenas resulta una franca violación a sus derechos humanos. La falta de infraestructura en las comunidades y regiones indígenas es un obstáculo para que accedan a los servicios sanitarios. Y si hay la infraestructura, ésta resulta insuficiente o sencillamente no hay el personal médico para atender la demanda del servicio, aunado a la falta de medicamentos y material quirúrgico, así como la inexistencia de un traductor de lenguas entre el médico y el paciente.

Si bien es cierto que en la Ley General de Salud, en el párrafo segundo del artículo 51 Bis 1, se destaca que la atención a los usuarios de los servicios de salud originarios de los pueblos y las comunidades indígenas, tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua, la realidad es que no existen los traductores especializados en los centros de salud de las comunidades indígenas. No existe un traductor que permita a los profesionales de la salud consultar adecuada y oportunamente a los usuarios. El artículo comentado guarda una ambigüedad, ya que no habla de la atención medica que se debe otorgar mediante un traductor de lenguas indígenas. El derecho a obtener información necesaria en su lengua, es una consecuencia de la atención médica la cual debe ser integral y debe darse con la presencia de un traductor a fin de que el usuario pueda describir con claridad los síntomas y malestares que le aquejan, además las recetas médicas deberán extenderse en español y en la lengua que hablen los indígenas.

Finalmente, consideramos que se debe dar cumplimiento a los preceptos constitucionales plasmados en el artículo 2°, fracción III del numeral B, que establece que las comunidades indígenas tienen asegurado el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Salud; y lo mandatado en el párrafo cuarto del artículo 4°, que señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como lo señalado en la Ley General de Salud, que establece las bases y modalidades para el acceso de la población a la salud y la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, en este contexto, los legisladores tenemos la responsabilidad social de transformar las circunstancias y condiciones de millones de mexicanos, que tristemente en la actualidad como es en el caso específico de la población indígena, siguen siendo víctimas del olvido, la marginación y discriminación en uno de sus aspectos elementales como el de la atención a la salud.

Por los motivos expuestos, ponemos a la consideración esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un nuevo segundo párrafo, recorriéndose sucesivamente los demás párrafos, del artículo 10; y se reforma el segundo párrafo del artículo 51 Bis 1, ambos de la Ley General de Salud; y se adiciona un nuevo segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Primero. Se adiciona un nuevo segundo párrafo, recorriéndose sucesivamente los demás párrafos del artículo 10; y se reforma el segundo párrafo del artículo 51 Bis 1, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 10. (...)

Incorporar a personal que preste servicios como intérprete o traductor de lengua o lenguas indígenas para garantizar la atención médica a la población indígena.

(...)

Artículo 51 Bis 1. (...)

Cuando se trate de la atención a los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua mediante la presencia de personal que preste servicios como intérprete o traductor de acuerdo a la lengua que se hable.

Artículo Segundo. Se adiciona un nuevo segundo párrafo al artículo 11 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

Las autoridades de salud federal y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga atención médica integral mediante la presencia de personal incorporado al Sistema Nacional de Salud que preste servicios como intérprete o traductor de lengua o lenguas indígenas.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de abril de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles, explicó que diariamente se registra un accidente en el que se involucra un tren con algún automóvil o incluso con un autobús o autotransporte. Nuestro país cuenta con más de 10 mil cruces a nivel

En Estados Unidos, Union Pacific, una empresa que opera en México, señalo que durante 2015 los accidentes en cruces ferroviarios fueron reducidos a 2.28%, una diferencia de 0.72 puntos porcentuales respecto del 3% registrado el año pasado. Lo que se debe al Proceso de Evaluación de Cruces de UP, se centró en los cruces en los que más incidentes se han registrado en años anteriores con el fin de mejorar la seguridad en los mismos. Esta empresa, señala, ha trabajado en cumplir con las normas de mantenimiento en su infraestructura ferroviaria, así como detectar y prevenir errores que los operadores ferroviarios puedan cometer.

Un dato más, en el vecino país es que cerca de un 25% de los accidentes ocurren en apenas 4% de los pasos a nivel de la ferroviaria.

La pregunta sería: ¿por qué allá sí cumple con la ley, y en México escatiman su cumplimiento?

El objeto de la presente iniciativa es adicionar a la Ley disposiciones que contribuyan a prevenir y disminuir los riesgos por factores antropogénicos.

Uno en lo particular, los riesgos ocasionados por los cruces de los ferrocarriles en zonas urbanas y metropolitanas mediante la participación de las autoridades ferroviarias y los comités de protección civil federal, estatal y municipal.

El Estado no puede abandonar su responsabilidad de garantizar a las personas su seguridad en las zonas urbanas y metropolitanas por las que cruzan los ferrocarriles. Para ello es necesaria una reforma en la que este fenómeno que ocurre a diario encuentre en la legislación de protección civil una opción para tener una vida cada vez más segura.

Argumentos que la sustentan

El artículo 5 de la Ley General de Protección Civil prevé que las autoridades de protección civil deberán actuar dando prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas.

Asimismo, menciona a los fenómenos antropogénicos, que son en esencia provocados por la actividad humana y no por un fenómeno natural.

Otra disposición de la Ley, vinculado con los fenómenos antropogénicos es la facultad de la Coordinación Nacional y las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones, para promover con las diversas instancias del Sistema Nacional, programas especiales destinados a reducir o mitigar los riesgos antropogénicos, así como de atención a la población en caso de contingencias derivadas de tales fenómenos.

Una de esas actividades, como ya quedo establecido, son los riesgos que representan los ferrocarriles en las zonas urbanas y metropolitanas. La intervención de los cuerpos de protección civil como los bomberos y paramédicos siempre están presentes en los siniestros de este medio de transporte público y masivo.

Revisando esta Ley General, se puede advertir que no se ha tomado en cuenta este riesgo para adicionarle disposiciones que den competencias a las autoridades de protección civil para la disminución de los riesgos, y con ello la baja de los índices de accidentes que se producen los cruces de las locomotoras en las zonas metropolitanas.

Adicionalmente a lo anterior, contar con un servicio ferroviario seguro contribuirá a elevar su nivel competitivo en el marco nacional e internacional. De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, establecidos en el Programa Sectorial México ocupa el lugar 60, en matera de ferrocarril entre los años 2013-2014.

No es intención de la presente reforma sobre-regular la actividad ferroviaria con disposiciones de protección civil ni ampliar mayores responsabilidades a los agentes que participan en los sistemas de protección civil de país, la intención, es contribuir a la protección de las vidas de las personas que viven o cruzan vías del ferrocarril.

Para lograr lo anterior, la Ley General se da cuenta del atlas de riesgo, que se integran con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional; este atlas consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo.

El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.

Asimismo, se propone modificar la referencia en el artículo 79 a la fracción XL por la XLI, ambas fracciones del artículo 2 de la misma Ley.

Artículo 79. Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos presentarán ante la autoridad correspondiente los programas internos de protección civil a que se refiere la fracción XL del artículo 2 de la presente Ley.

Ya que la fracción XL, se refiere a la “previsión”:

XL. Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción;

Y la fracción XLI a los programas de internos de protección civil que los particulares deberán de presentar ante la autoridad.

XLI. Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre;

Para ilustrar la importancia de la reforma a la Ley General de Protección Civil, se efectuará un repaso por los múltiples accidentes ferroviarios:

• Marzo 12, 2016. Mazatlán, Sinaloa.

Accidente en paso ferroviario provoca la muerte de cinco personas, entre ellas dos niñas, además de un lesionado. El accidente ocurrió en la carretera estatal Villa Unión-El Walamo, aproximadamente a las 18:40 horas el ferrocarril impactó una camioneta.

El cruce donde ocurrió el percance no contaba con plumas vehiculares y sí con señalamientos y un reductor de velocidad. La unidad fue arrollada por más de 30 metros por el tren carguero.

Un testimonio de un habitante de Villa Unión sobre este percance, hace necesaria la modificación que aquí se propone:

“ Ese cruce de tren es un cruce peligroso porque la gente se confía, piensa que no pasa nada, mucha gente no voltea a ver si viene el tren, y a eso le sumas que el tren muchas veces no pita y no hay plumas”...“Nosotros hemos pedido que haya plumas, es un pase muy frecuente de carros, no es la primera vez que pasa”.

• Marzo 12, 2016. Guasave, Sinaloa.

En la Estación Bamoa, un percance con el tren dejó graves a cuatro personas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al llegar al cruce de las vías no hicieron alto e intentaron ganarle el paso al ferrocarril, siendo impactados en el costado del copiloto. La camioneta golpeó otra unidad donde, a un costado se encontraba Acosta López, quien fue golpeado por la unidad impactada.

Historial de accidentes ferroviarios con mayor saldo mortal:

• 14 de marzo de 1926 Heredia, Costa Rica 248 muertos 93 heridos

• 1944 Madrid 500 muertos 26 de julio de 1964

• Custóias, Portugal 90 muertos 105 heridos 1 de febrero de 1970

• Rosario, Benavides, Argentina 236 muertos 400 heridos

• Junio de 1981 Bihar, India Muertos 800­2,000

• Julio de 1981 Liziyida, China 275 muertos

• 15 de enero Egipto 19 muertos 107 heridos

• 17 de mayo Fairfield, Connecticut, Estados Unidos 72 heridos

• 13 de junio Castelar, Buenos Aires, Argentina 3 muertos 115 heridos

• 6 de julio Quebec, Canadá 42 muertos 128 heridos

• 12 de julio Essone, París 6 muertos 14 heridos

• 23 de julio Santiago de Compostela, España 80 muertos 131 heridos. Expreso París-Granville 22 de octubre de 1985 estación París-Montparnasse La locomotora quedó sin frenos, y dada la estructura de la estación ferroviaria, la máquina destrozó. La parte frontal cayó a una altura de diez metros.

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo en materia de Comunicaciones y Transportes, específicamente en el rubro ferroviario plantea:

Ferrocarriles y transporte masivo:

Mejorar la seguridad ferroviaria a través de

I) Conservación y modernización de vías y puentes y

II) Un programa integral de seguridad ferroviaria.

Este Programa sin una visión y participación de las instituciones dedicadas a la protección civil está destinado a ofrecer muy pocos resultados y a no impedir que los riesgos por los accidentes ferroviarios prosigan a la alza, como lo señala la asociación del ramo.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, la infraestructura ferroviaria está constituida por 26,727 kilómetros de vías, de las cuales 20,722 kilómetros forman parte de las troncales y ramales, en su mayoría concesionada, 4,450 kilómetros son vías secundarias y 1,555 kilómetros son particulares. El Sistema Ferroviario Nacional moviliza mayoritariamente productos industriales (48%), seguido de productos agrícolas (24%), minerales (14%) y petróleo y sus derivados (8%).

Lo anterior, manifiesta la importancia del sector ferroviario y la urgencia de que sea integrado al sistema de protección civil.

Finalmente, y con la finalidad de apoyar el proceso de dictamen, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforma el artículo 82; se adiciona la fracción XXX, recorriendo su actual contenido a la fracción XXXI al artículo 19, al artículo 20 un párrafo y al artículo 79 un párrafo, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes ;

XXX. Requerir a las autoridades competentes en materia de servicio ferroviario la información necesaria a fin de que las rutas que pasan por zonas urbanas o metropolitanas sean contempladas en los Atlas de riesgo federal, estatal y municipal; y

XXXI. Las demás que señalen los ordenamientos aplicables o que le atribuyan el Presidente o el Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades.

Artículo 20. ...

...

Para el caso de los riesgos provocados por el servicio ferroviario en zonas urbanas y metropolitanas, la Coordinación Nacional y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en el marco de sus atribuciones, implementarán medidas a fin de reducir los riesgos mediante políticas públicas en las zonas urbanas y metropolitanas.

...

Artículo 79. Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos presentarán ante la autoridad correspondiente los programas internos de protección civil a que se refiere la fracción XL I del artículo 2 de la presente Ley.

La anterior disposición, de igual manera la deberán atender las personas físicas y morales privadas que prestan el servicio de transporte de carga o de pasajeros mediante ferrocarriles en zonas urbanas y metropolitanas.

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica, antropogénicos y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://t21.com.mx/ferroviario/2015/07/08/accidentes-ferroviarios-preocupacion-v igente-sector

2 http://t21.com.mx/ferroviario/2016/02/10/up-disminuye-28-accidentes-ferroviario s

3 http://www.sinembargo.mx/12-03-2016/1635399

4 http://beta.noroeste.com.mx/publicaciones/view/trgico-fin-de-semana-se-registra n-2-trenazos-1014960

5 http://www.milenio.com/estados/Historial-accidentes-ferroviarios-mayor-mortal_0 _123587886.html

6 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_ Comunicaciones_y_Transportes.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 5 de abril de 2016.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, y General de Salud, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

Desde la perspectiva de la Política de Desarrollo Social de Nueva Generación, la Cruzada Nacional contra el Hambre como una estrategia de bienestar e inclusión social orientada a eliminar el hambre en el país, señaló para el 2013, que 28 millones de personas en México padecían algún grado de carencia alimenticia.

El problema de la carencia alimenticia ha sido persistente en México, si bien las condiciones en general han mejorado, sigue existiendo un sector de población que presenta carencia alimentaria. Desde el punto de vista de los estudios sobre alimentación y nutrición en México, las carencias alimentarias son resultado de problemas estructurales, Ortiz (et. al., 2005) al citar a Roldán (2000) señala:

“Una de las contribuciones más importantes de estos estudios es haber identificado la persistencia de la desnutrición en algunas regiones del país. Al respecto, Roldán et al. (2000) señalan que el hambre y la desnutrición en México son un problema estructurado a partir de una inequidad social históricamente construida. Ésta se presenta con mayor frecuencia en zonas rurales e indígenas: ‘municipios aislados, pequeños y marginales’, por lo que puede hablarse ‘de una polarización cada vez mayor de las deficiencias”

Pero contrario a la idea tradicional de hace décadas, el problema no se centra en la producción de alimentos, por el contrario, la producción mundial de alimentos hace disponible la cantidad suficiente de alimentos, en su informe para México la FAO señalaba que:

“Se observa que los suministros de energía alimentaria (SEA) son superiores a las necesidades. Se considera que el problema alimentario de nuestro país no es de disponibilidad, sino de acceso físico y económico (FAOSTAT, 2002).”

A principios del actual siglo, la desnutrición mostraba rasgos físicos prevalentes en el crecimiento infantil, cuya estimación constituía uno de los principales indicadores de la carencia alimentaria en México, Bourges (2001) presentaba las siguientes cifras:

“Como promedio nacional, 57 por ciento de los niños prescolares tenían crecimiento normal, 26 por ciento retrasos leves, 13 por ciento medianos y 4 por ciento graves”

La carencia alimentaria impacta mayormente a los niños y niñas, sobre todo por el riesgo estructural en que se encuentran a diferencia de la población adulta:

“Es lógico que la desnutrición y otras deficiencias afecten principalmente a los niños de estratos marginados y que la obesidad y otras enfermedades crónicas afecten más a los adultos del medio urbano”

Pero el problema estructural no radica en suponer que el hambre viene con la pobreza, sino que ambos son resultado de una estructura social y económica que las produce:

“La pobreza es un factor condicionante central; está claro que la desnutrición se asocia con ella y que ambas son parte del síndrome de privación social.”

Las estimaciones sobre desnutrición realizados entre 1988 y el 2006, han mostrado una reducción en la prevalencia. Sin embargo, la carencia alimenticia sigue siendo un problema persistente. En este sentido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó en el 2010 una revisión del comportamiento de los valores de prevalencia para la desnutrición en México; en la figura siguiente se puede observar como esta se ha reducido. Sin embargo, a partir de estas cifras se deduce que 19 millones 929 mil 834 personas se encontrarían en algún grado de carencia alimentaria.

Figura 1.1. Prevalencia nacional de bajo peso, desnutrición crónica (baja talla) y emaciación (desnutrición aguda) en menores de cinco años según encuestas de nutrición de 1988, 1999 y 2006

Fuente: Encuestas Nacionales de Nutrición 1988 y 1999, y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006.

El propio Coneval señalaba para el 2012 que 7.01 millones de personas se encontraban en carencia alimentaria extrema. En este sentido, queda claro que el esfuerzo actual por erradicar la desnutrición se enfrenta a situaciones estructurales que impiden lograrlo. Diversos factores influyen en la persistencia de la desnutrición, el principal factor como se ha señalado se encuentra en el acceso físico (falta de alimentos) y económico (la imposibilidad de comprarlo) de los alimentos.

Pero esta situación no se interpreta como una reducción en las existencias, sino como un problema donde el alimento se encuentra diferencialmente fuera del acceso de los segmentos de población de bajo ingreso. Pero contrario a lo que supondría la lógica, las existencias de alimentos muestran depreciaciones importantes en la cantidad disponible sin que se altere el precio de mercado debido a los alimentos que no se aprovechan. La FAO reporta para América Latina que:

“A nivel global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia. Esto equivale a cerca de 1,300 millones de toneladas de alimentos, lo que incluye el 30 por ciento de los cereales, entre el 40 y el 50 por ciento de las raíces, frutas, hortalizas y semillas oleaginosas, el 20 por ciento de la carne y productos lácteos y el 35 por ciento de los pescados. La FAO calcula que dichos alimentos serían suficientes para alimentar a 2,000 millones de personas.

Con los alimentos que se pierden en la región sólo a nivel de la venta al detalle –es decir en supermercados, ferias libres, almacenes y demás puestos de venta retail– se podría alimentar a más de 30 millones de personas, es decir, al 64 por ciento de quienes sufren hambre en la región.”

En el caso de México, las cifras de alimentos que se desperdician son también significativas, según estimaciones de Sedesol, en 2013 la cantidad de alimentos desperdiciados alcanzaba un valor de 120 millones de pesos:

“Cálculos realizados por el Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de alimentos de la Cruzada Nacional contra el Hambre muestran que México tira en la basura el equivalente a 120 mil millones de pesos en alimentos al año, una cantidad que podría servir para alimentar a cerca de 12 millones de personas o tres millones de hogares durante un año.”

En síntesis, el problema de la desnutrición y sus efectos en la salud como se ha señalado, forma parte de un problema estructural del mercado de alimentos que por un lado, produce un sector de población sin acceso a los alimentos y por el otro, cantidades importantes de alimento que termina como desecho sin haber sido aprovechado.

Este problema plantea retos legislativos importantes en la medida que, siendo la alimentación una garantía constitucional se requiere establecer un marco normativo que favorezca la generación de estrategias que subsane esta deficiencia del mercado de alimentos.

Argumentos

Nuestro argumento central frente al problema de la desnutrición en el marco de un mercado de alimento donde se desperdician cantidades de alimento que podrían subsanar de manera importante la carencia alimenticia del sector de población que no puede adquirirlo, es la creación de incentivos fiscales que favorezca la disposición de alimentos envasados a través de un sistema distributivo con participación de las entidades públicas de asistencia social y organizaciones de la sociedad civil de carácter humanitario.

Se desprende que, corresponde al Estado garantizar el derecho de las personas a la alimentación como lo señala el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en calidad y cantidad suficiente.

En correspondencia con este principio, México adopta y se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” adoptando todo tipo de medidas, incluyendo medidas legislativas para instrumentar todo tipo de acciones que aseguren que en México, el hambre sea erradicada.

Si enmarcamos el problema planteado en el apartado anterior dentro del mandato constitucional y en el marco de los objetivos compartidos en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el problema se centra en la accesibilidad de los alimentos. Sobre este aspecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que, los Estados adherentes y adoptantes del Pacto deberán considerar:

“La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo o derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y es una medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los grupos socialmente vulnerables como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la atención de programas especiales.

La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y los niños pequeños, las personas de edad, los discapacitados físicos, los moribundos y las personas con problemas médicos persistentes, tales como los enfermos mentales. Será necesario prestar especial atención y, a veces, conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Son especialmente vulnerables muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado.”

En esta ruta de análisis, los programas de combate a la pobreza en el marco del Programa Nacional México Sin Hambre impulsan acciones específicas para asegurar la accesibilidad económica, que sustancialmente se orienta a disponer de alimentos al mismo tiempo que ampliar las capacidades de las personas a superar sus condiciones de carencia.

Sin embargo, las acciones de accesibilidad física, particularmente las orientadas a satisfacer necesidades alimenticias de grupos de población en condiciones particularmente difíciles de subsistencia, es atendido por organizaciones de la sociedad civil, en este sentido, la Asociación Bancos de Alimentos en México, considerada la organización líder en el rescate de alimentos que se desperdician señala que, a través de sus 58 Bancos de Alimentos del País logra llegar a 1 millón 137 mil personas en México, rescatando hasta el 2 por ciento de los Alimentos.

Por supuesto, nuestro argumento implica que los alimentos envasados a los que hacemos referencia y que, en su mayor proporción, son los alimentos que organizaciones como Bancos de Alimentos rescata, son productos que se distribuyen bajo acuerdos simples y voluntarios, enseres que son por accesión, propiedad de oferentes que transfieren a los consumidores por la vía de la compra.

En este contexto, se requiere establecer las medidas que incentiven a los oferentes de alimentos envasados, sea que los produzcan o los comercialicen, a entregarlos a organizaciones de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria y favorecen la accesibilidad física de alimentos.

La razón que funda este argumento es el hecho que, estas organizaciones ya existen, que los esfuerzos compartidos entre oferentes y organizaciones humanitarias han demostrado efectividad en asegurar la accesibilidad física de los alimentos. En este sentido, el papel del Estado se centraría en promover y fomentar estas prácticas que ayudarían eficazmente al cumplimiento de los objetivos en materia alimentaria.

Fundamento Legal

Por todo lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado Héctor Javier García Chávez integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción I del artículo 6 y del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión; presenta la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley General de Salud para Incentivar el Aprovechamiento de los Alimentos Envasados en Acciones de Combate al Hambre

Primero. Se adiciona el párrafo tercero de la fracción I del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 5o.- Para que sea acreditable el Impuesto al Valor Agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. (...)

(...)

Para quienes transfieran o entreguen alimentos envasados adquiridos para su venta al consumidor a organizaciones de la sociedad civil acreditadas como donatarias autorizadas por la autoridad hacendaria o bien, entidades públicas de asistencia social, por cuya operación no medie pago alguno, acreditará hasta dos terceras partes del impuesto al valor agregado pagado por dichos alimentos.

Segundo. Se adiciona el artículo 5 G de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 5 G. Para calcular la proporción a que se refieren los artículos 5o. fracción I párrafo tercero; se estimará que los productos alimenticios a que hace alusión dicho ordenamiento deberán considerar proporcionalmente que la fecha señalada por el productor de los mismos como caducidad ocurrirá hasta con seis días de antelación.

Tercero. Se adiciona el párrafo segundo del artículo 210 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 210. (...)

Los productos alimenticios envasados o empacados que se entreguen por organizaciones de la sociedad civil o por entidades públicas de asistencia social, deberán ser etiquetados señalando el origen y fecha con que fueron donados o entregados sin fines de lucro.

Artículos Transitorios

Único. Las disposiciones contenidas en el presente decreto causarán efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Sedesol. 2014. Cruzada Nacional contra el Hambre. Guía de Acciones; página. 4

2 Ortiz Gómez, Ana Silvia; Vázquez García, Verónica y Montes Estrada, Margarita. 2005. La alimentación en México: enfoques y visión a futuro en: Estudios Sociales, V.13 (25):8-34; página 24.

3 FAO. 2003. Perfiles Nutricionales por Países. México, Roma, Italia; página. 14.

4 Bourges Rodríguez Héctor. 2001. La alimentación y la nutrición en: México en Comercio Exterior V.51 (10):97-904; página 900

5 Bourges, 2001. Ídem, página 901.

6 Bourges, 2001. Ídem, página 902.

7 González de Cossío Teresa, Juan Rivera Dommarco, Gladys López Acevedo y Gloria M. Rubio Soto. 2008. Nutrición y pobreza. Política Pública basada en evidencia. Sedesol, paginas 161.

8 Tomado de: Bravo Ruiz María Lilia, Thania de la Garza Navarrete, Juan Carlos González Ibargüen, Marcos Huicochea Sánchez, Emmanuel Neri Reyes, Astrid Renneé Peralta Gutiérrez, Víctor Rivera González y Juan Ángel Rivera Dommarco. 2010. Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, nutrición y abasto en México; Primera edición, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social María; página 15

9 Cit. en Sedesol. 2015. Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018. Logros 2014; página 7.

10 Pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe Por Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/ 239393/

11 Aguilar Gutiérrez Genaro. 2013. Índice de Desperdicio de alimentos en México. Secretaria Técnica. Mimeo; página 3.

12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adopción: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966. Adhesión de México: 23 de marzo de 1981. Decreto Promulgatorio DO 12 de mayo de 1981

13 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 20 período de sesiones, Ginebra, 26 de abril a 14 de mayo de 1999, Tema 7 del programa

14 www.bancosdealimentos.org.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado Héctor Javier García Chávez(rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, para dictamen.

Continúe.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en coordinación con los organismos públicos locales, vigile la aplicación de la ley en todas las etapas del proceso electoral, particularmente el cumplimento de los requisitos que acrediten la calidad de independiente, representados en los datos o cédulas que respaldan estas candidaturas, verificando su autenticidad por medios idóneos, tanto en las elecciones de gobernador señaladas para este año, como para la integración del Constituyente de la Ciudad de México.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en coordinación con los organismos públicos locales, vigile la aplicación de la ley en todas las etapas del proceso electoral, particularmente el cumplimiento de los requisitos que acrediten la calidad de independiente, representados en los datos o cédulas que respaldan estas candidaturas, verificando su autenticidad por medios idóneos, tanto en las elecciones de gobernador señaladas para este año, como para la integración del Constituyente de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Álvarez Maynez, por favor.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Movimiento Ciudadano desea, presidente, dejar clara la posición respecto al acuerdo que se acaba de aprobar. No acompañamos este acuerdo, porque no tenemos la idea de que encima de todas las trabas que se le han impuesto a los candidatos independientes, particularmente en la Ciudad de México, ahora se implante una sospecha sobre el cumplimiento de los requisitos.

De por sí hay una condición desventajosa que enfrentan los candidatos independientes, como para que todavía encima de ello los partidos tradicionales intenten acosar a quienes han logrado el registro como candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular de este proceso 2016.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Queda registrada la posición entiendo del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano y ha sido aprobado el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, sonido en la curul del diputado Clouthier, por favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): En la misma idea, presidente. No puedo estar de acuerdo en que se esté queriendo señalar como situación específica de vigilancia del cumplimiento de la ley el tema de los independientes. Deben cumplir la ley los independientes, sí, pero también los partidos políticos y los candidatos de partidos políticos, todos.

No comparto la idea de que se quiera satanizar la figura de las candidaturas independientes, o que se quiera poner un especial énfasis en la fiscalización de los mismos en todos los órdenes. Debe darse un énfasis para todos.

Lo que estamos buscando, como ya se ha dicho, es cancha pareja, lo que estamos buscando es equidad y este planteamiento, este acuerdo no trata de manera equitativa a los candidatos de partido y a los candidatos independientes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Debo decir, recordar, que en términos de cómo se leyó la propuesta de acuerdo, señala el exhorto al INE para que en coordinación con los organismos públicos locales vigilen la aplicación de la ley en todas las etapas del proceso electoral, y eso corre parejo para todos.

Luego se señala la particularidad a la que han hecho mención, tanto el diputado Álvarez como el diputado Clouthier, nada más para que quede claro el sentido mismo y el contenido del punto de acuerdo, no hay excepciones absolutamente para nadie en el exhorto para que se vigile el cumplimiento de la ley. Sonido en la curul del diputado Guízar, ¿Sí está pidiendo? ¿No? Bien, gracias, bien. Continúe la Secretaría.

MINUTAS

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto CS-LXIII-I-2P-S3

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, en su segundo párrafo, y 35; y se adiciona una fracción XI Bis al artículo 30, todos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el Capítulo IV de esta Ley.

Artículo 30. ...

I. a X. ...

XI. Solicitar a la Asamblea Consultiva opiniones relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice el Consejo, y con cuestiones en materia de prevención y eliminación de la discriminación;

XI Bis. Emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, así como establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta Ley resulten y sean atribuidas a particulares, personas físicas o morales, a personas servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales, teniendo la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas, y

XII. ...

Artículo 35.Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año podrán renovarse máximo seis de sus integrantes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo señalado en el presente decreto.

Tercero.Todo lo relativo a la renovación a la que hace alusión el artículo 35 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, que se reforma con motivo del presente decreto, se propondrá mediante acuerdo de la Asamblea Consultiva y se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.— Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), vicepresidenta, senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Fidel Calderón Torreblanca cause alta como secretario en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de abril de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Antonino Morales Toledo cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense. Con desganada mayoría. Bien.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna para turnarlas a las comisiones que correspondan.(*)

EFEMÉRIDE

«Efeméride con motivo del 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Reconoce que somos igual de extraños el uno para el otro, y que mi forma de ser no es simplemente una versión deteriorada de la tuya...”: Jim Sinclair

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, a fin de que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

El autismo es una condición de causas desconocidas. A escala mundial, según la Organización Internacional Autism Speaks, en promedio 1 de cada 88 nacimientos tiene autismo, con un incremento de 20 por ciento anual. En México, 1 de cada 100 niños padece autismo; es decir, de los 2 millones 500 mil nacimientos al año, 25 mil padecen autismo y un niño varón tiene 5 veces más probabilidades de autismo que una niña.

El autismo no es una enfermedad sino una condición que afecta la forma en que una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y a las relaciones sociales; dificulta su comprensión y el uso del lenguaje.

Hace a la persona más solitaria, pues le resulta difícil procesar la información verbal y no verbal a la vez. Imaginen su cerebro como una computadora: cuando ésta realiza cuatro o cinco funciones a la vez, se traba, se pone lenta, lo mismo pasa con las personas con autismo y no por esto no son capaces de realizar ciertas actividades. La cierto es que solo pueden interactuar en base a relaciones uno a uno o en un grupo pequeño.

Pese a esto son personas extremadamente inteligentes, si se les motiva por medio de terapia, se puede desarrollar el talento con el que cada uno cuenta, lo que requiere de acompañamiento y paciencia. La pasión es la energía que se desprende cuando se hace lo que se ama; por ello encontrar el vínculo entre la instrucción, el talento y la pasión genera personas realmente extraordinarias como los autistas.

Grandes personajes a lo largo de la historia han padecido de autismo, como Albert Einstein, uno de los más reconocidos físicos de la historia, en un principio mal diagnosticado con esquizofrenia, pero cuyas teorías la sobre relatividad, la electrodinámica e incluso la mecánica cuántica cambiaron nuestra manera de ver el mundo; y, en la actualidad, Temple Grandin, quien se doctoró en ciencia animal en la Universidad de Illinois y hoy es profesora en la Universidad de Colorado, y a sus 68 años es un referente entre la comunidad autista.

Tener autismo no es sinónimo de desventaja. Aunque hoy la gente piense lo contrario, debemos esforzarnos por la comprensión e inclusión de estas personas.

Son niños, personas como tú y yo, tienen derecho a ser integrados en sociedad. ¿Cómo lo lograremos? Incluyéndolos desde pequeños en escuelas, en la sociedad, con paciencia y amor, adecuándonos a sus necesidades; darle vuelta a la moneda y ver la vida como ellos la ven. Está comprobado que la integración de un niño autista al aula, crea en sus compañeros, un vínculo de comprensión y tolerancia.

Pero por el contrario, como sociedad ignoramos y no proveemos de verdaderos cuidados a los autistas. Tendemos a culparlos de individualistas e inhabilitados para amoldarse a modelo de sociedad... pero irónicamente: ni siquiera la sociedad sabe qué que quiere.

En este momento no hay cura para el autismo o trastorno de espectro autista. La intervención temprana, apropiada e intensiva mejora en gran medida el pronóstico, aprenden con paciencia y con un método rutinario.

Los invito, compañeros diputados y diputadas, a trabajar en leyes que incluyan a las personas con espectro autista en la educación y sociedad, capacitando y capacitándonos para su atención, ofreciéndoles tratamientos y terapias desde temprana edad.

“Hola, mundo... yo te puedo ver, escuchar, sentir, oler y saborearte... ¡pero no pienso que te pueda conocer muy bien!”: palabras de un niño autista. Los niños autistas no viven en su mundo sino en uno igual al nuestro.

El autismo no se cura, se comprende.

Notas:

1 http://www.un.org/es/events/autismday/background.shtml

2 http://www.jornada.unam.mx/2015/03/26/sociedad/043n2soc

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2016.— Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 16:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 7 de abril de 2016, a las 11 horas. Buena tarde.

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