Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 323 diputadas y diputados; por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (a las 11:35 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 3 de febrero de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del diputado Armando Luna Canales

Por el que solicita el retiro de una iniciativa con proyecto de decreto.

De la diputada Ariadna Montiel Reyes

De la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral 2015.

Con el que remite el Programa Anual de Trabajo 2016.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre de 2015, la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de diciembre de 2015; la recaudación federal participable, que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2014, y se adjunta la información mediante la cual se da a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite el informe anual de resultados del Sistema de Protección Social en Salud 2015, que incluye lo referente a la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Prevención Presupuestal.

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Con el que remite el Plan Anual de Trabajo, correspondiente al Ejercicio de 2016.

Del Instituto Nacional de las Mujeres

Con el que remite el informe de resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al tercer trimestre de 2015.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que envía el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015 (julio-diciembre).

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en su Primer Receso de la LXIII Legislatura.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas integren en el POA 2016 la perspectiva de género.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para promover la creación de Comisiones Ordinarias de Cambio Climático y la expedición de legislación en esta materia.

De la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para conciliar las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y generación de energía eléctrica.

Del Instituto Mexicano de la Juventud

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los indicadores de resultados del Projuventud.

De la Comisión Nacional del Deporte

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para reforzar las acciones de promoción de deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y estímulos deportivos.

De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para investigar la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena.

Del DIF Estatal de Veracruz

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes para la prevención del “Cortejo o Grooming” por Internet.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite Acuerdo de la Mesa Directiva para la conclusión de los proyectos de ley o decreto enviados por la Cámara de Diputados durante la LIX, LX y LXI legislaturas.

Solicitudes de licencia

De los diputados Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y Cuitláhuac García Jiménez.

Protesta

De los diputados Sergio René Cancino Barfussón y Daniel Adrián Sosa Carpio.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva

Relativo a las minutas pendientes de dictamen, de la LIX y LXI Legislaturas.

De la Junta de Coordinación Política

Posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del 99 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Arlette Ivette Muñoz Cervantes y Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 6o., 13 y 13-Bis de la Ley Minera, suscrita por las diputadas Norma Roció Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 73, 89 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 61, 111, y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforman los artículos 237 y 245 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y abroga la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12 de la Ley General de Educación, y los artículos 22 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

De decreto por el que se declara “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”, a cargo de la diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforman los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o. y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Fomento del Primer Empleo para los Jóvenes Estudiantes y Egresados del Nivel Técnico Superior y de Educación Superior, y reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras y Jefas de Familia, y reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Competitividad, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los titulares de las entidades federativas y del DF, implementen programas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que formulen, emitan e intensifiquen políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los Derechos Humanos de las personas internas en los centros de reinserción social del país.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, relativo a la implementación de programas, políticas públicas y tácticas tendientes a prevenir y atender las diferentes problemáticas prevalecientes en el estado de Oaxaca, en materia de seguridad pública.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, relativo al atentado con explosivos registrado en la línea dos del Mexibús.

De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal para transversalizar la política del estado en materia de Protección Civil y adecuar diversas leyes, con el fin de incorporar la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarlas con los estándares internacionales.

De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a perfeccionar su marco legal en materia de movilidad y realizar acciones necesarias para garantizar la integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgos; y a los estados carentes de él, a iniciar los trabajos para elaborarlo.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta a la Sagarpa a diseñar un mecanismo para transparentar los recursos y apoyos, que se otorgan a los productores agropecuarios de os estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el huracán Patricia, además de aplicar el programa de Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y Pesquero, en apoyo a los productores de los municipios afectados por las lluvias del mes de octubre den el estado de Veracruz.

De la Comisión de Ganadería, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que instruya al Director del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, en el ámbito de su competencia, tomar medidas inmediatas para fortalecer el Sistema de Identificación del Ganado, con el objeto de instaurar procesos de rastreabilidad de los animales en el estado de Querétaro.

De la Comisión de Ganadería, con punto de acuerdo, relativo a la realización de un análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente, por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil.

Dictámenes a discusión de negativos de iniciativas

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con Puntos de Acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de junio de cada año, “El Día del Cuidado y Atención Infantil”.

De la Comisión de Radio y Televisión, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión

De la Comisión de Seguridad Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Seguridad Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 55, 58 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 1395 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que analice los sucesos ocurridos en la carretera Saltillo-Monterrey, derivados de su falta de mantenimiento, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre el Proyecto Urbanístico Malecón “Tajamar” del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, suscrito por los diputados Lluvia Flores Sonduk y Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del ISSSTE, así como al Delegado estatal del ISSSTE en Coahuila, para que precisen la situación que guarda el proyecto del Hospital de Alta Especialidad en Torreón, en esa entidad, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que considere dentro del marco federal del combate a la corrupción y la implementación en la administración pública centralizada, el Modelo de Certificación de Acciones Preventivas de Corrupción desarrollado por la Universidad Autónoma de Querétaro y reconocido por el Banco Mundial, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, y al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que realicen las acciones necesarias que garanticen el abasto de agua potable a las colonias Emiliano Zapata y Corral del Risco, en esa entidad, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de fortalecer las campañas de difusión para la prevención de cáncer en niños y adolescentes, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Justicia y Gobernación de esta soberanía, a fin de integrar la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, para dar resolución a los expedientes relativos a las solicitudes de juicio político que se encuentren pendientes de trámite, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, para que coordinen acciones tendientes a la inspección, verificación y control de los huevos de tortuga que se ofertan en el país, a fin de prevenir los riesgos a la salud humana, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la esterilización canina y felina, a cargo de la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato del Regidor de Coxcotlan, estado de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se emite un extrañamiento a la Ministra de la SCJN, Norma Lucia Piña Hernández y se le pide reconsidere sus declaraciones en torno a la resolución de la acción de inconstitucionalidad del artículo 260 del Código Civil del estado de Jalisco, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a los accidentes en las ciclovías del Distrito Federal, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención al suicidio, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, se coordine con las autoridades locales, a fin de realizar campañas regionales para prevenir la enfermedad por el virus de Zika, suscrito por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al Gobernador del Banco de México, para que difundan el análisis relativo a las causas del crecimiento del renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 5 de febrero, Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer, a cargo de los diputados Mirza Flores Gómez y Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Cambio Climático.

Con motivo del 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Me están pidiendo la palabra el diputado Adán Pérez Utrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y la diputada Araceli Damián, del Grupo Parlamentario de Morena, en ese orden me la han solicitado. Entonces sonido en la curul. ¿Con qué propósito, diputado Pérez Utrera?

El diputado Adán Pérez Utrera(desde la curul): De someter a discusión el siguiente asunto, señor presidente. Tratar de callar las voces críticas es una grave acción que delata la existencia de un régimen autoritario. Veracruz vuelve a ser escenario de una disfrazada ofensiva contra el gremio periodístico.

Hace dos días el diario La Opinión, de Poza Rica, que circula principalmente en el norte de Veracruz, fue intimidado con...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con todo respeto, estamos en el orden del día.

El diputado Adán Pérez Utrera (desde la curul): Termino, señor –rápido. ... con un cerco policíaco, con lo que se busca eliminar a un medio informativo que da cuenta de los hechos que han llevado a Veracruz a una crisis económica y de inseguridad. Queremos hacer un llamado al gobierno de Veracruz para que garantice el libre ejercicio del periodismo. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Eso no tiene que ver con el orden del día, con todo respeto. Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián, por favor.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente para denunciar que en la reunión de trabajo que tuvimos el día de hoy en la Comisión Especial de Ayotzinapa, a petición del partido verde, con el aval, del PRI, se omitieron, sin estar en el orden del día, de manera ilegal, si los miembros de la comisión debían de tener la entrevista con los miembros del Ejército que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre.

Cabe resaltar que en la reunión de trabajo sólo era para definir el formato de la entrevista. La visita fue propuesta por el mismo secretario de la Defensa, el secretario Cienfuegos, y forma parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Es un fuerte retroceso...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Damián.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): ...de los acuerdos que firmó el Estado mexicano frente a los padres, víctimas y organismos internacionales. Asimismo contraviene el objeto por el que...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Damián, estamos en el orden del día.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul):...fue creada la comisión. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Les pido, por favor, que respetemos la normatividad que nos hemos dado. Se toma nota de lo que dijo, pero es un asunto de la propia comisión especial que para el caso se ha formado.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputaos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes primero de febrero de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos cuarenta y nueve diputadas y diputados, a las doce horas del primero de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Puestos todos de pie, el Presidente hace la siguiente declaratoria:

“La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo sesenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy, primero de febrero del año dos mil dieciséis, declara formalmente iniciado el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura”. La Mesa Directiva participará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la Cámara de Senadores, que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Comisión Permanente:

• Por las que comunica que se concedieron licencias a diversos diputados para separarse de sus funciones legislativas. Llámese a los suplentes.

• Por la que informa la reincorporación de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

b) De la Mesa Directiva:

• Por la que comunica que durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio se autorizaron modificaciones de turno a diversas iniciativas con proyecto de decreto:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la diputada Norma Rocío Nahle García y suscrita por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, el veintidós de diciembre de dos mil quince. Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y del Código Penal Federal, presentada por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, y suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Laura Beatriz Esquivel Valdés, de Morena, el siete de enero de dos mil dieciséis. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen, y a las Comisiones de Economía, de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el diputado Alex Le Barón González, Partido Verde Ecologista de México, el cinco de noviembre de dos mil quince. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, y de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para opinión.

De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios.

• Por la que comunica que durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio, se recibieron solicitudes de diputadas y diputados:

– Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Procuraduría General de la República a desistirse de la acusación de portación de armas exclusivas del Ejército en contra del doctor José Manuel Mireles, así como exhortar al juez federal quinto en materia penal, para que sea trasladado al penal de Morelia, Michoacán, y se resuelva su situación jurídica de manera pronta y expedita, presentada el ocho de septiembre de dos mil quince, sea retirada de la Junta de Coordinación Política.

– Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, por la que pide que su proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal atender las recomendaciones emitidas el pasado dos de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, presentada el ocho de octubre de dos mil quince, sea retirada de la Comisión de Derechos Humanos.

– Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instale el Sistema Nacional de Protección Integral que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos y congresos locales para que armonicen e instrumenten leyes y políticas en esta materia, presentada el veintinueve de octubre de dos mil quince, sea retirada de la Comisión de Derechos de la Niñez.

– Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, para que incorpore al municipio de Cabo Corriente a la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, presentada el veintinueve de octubre de dos mil quince, sea retirada de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

– Renato Josafat Molina Arias, de Morena, por la que solicita que su proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del gobierno del Distrito Federal a recuperar los espacios deportivos propiedad de los habitantes de la Ciudad de México, presentada el primero de diciembre de dos mil quince, sea retirada de la Comisión del Distrito Federal.

– Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo diecisiete Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el quince de diciembre de dos mil quince, sea retirada de la Comisión de Gobernación.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Junta de Coordinación Política:

• En relación con cambio de Juntas Directivas e Integrantes de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

• Por la que comunica la designación de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se desempeñarán como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado. Comuníquese.

d) Del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Turismo y de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, y de la Ley General de Salud, presentada el veintidós de septiembre de dos mil quince. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

e) De la Cámara de Senadores:

• Con la que devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto y se adicionan los artículos cuarenta y tres Bis, y cuarenta y cinco Bis de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Con la que devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo treinta de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

f) Del Banco de México:

• Con la que remite la exposición sobre la política monetaria que el Banco de México se ha propuesto seguir en el ejercicio dos mil dieciséis.

• Con la que remite Información sobre el Presupuesto de esta Institución correspondiente al ejercicio de dos mil dieciséis, estructurado en Gasto Corriente e Inversión Física no relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía; y Gasto Corriente e Inversión Física relacionados con la función de proveer billetes y monedas a la economía.

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite la información de las Unidades Responsables, sobre el Destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior, y Superior, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De la Comisión Nacional de Protección Social en Salud/Seguro Popular, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que la Secretaría de Salud atienda las inmunodeficiencias primarias en todo el país. Se remite a la Comisión de Salud para su conocimiento.

i) De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con las que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado, para que con su Programa Operativo Anual para el año dos mil dieciséis garantice la incorporación de la perspectiva de género, así como, informe trimestral a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Instituto Nacional de las Mujeres, y al Sistema Estatal para la Igualdad de Género, el avance del ejercicio del gasto público. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género.

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado, a fin de que ejecute de manera permanente campañas de información a niñas, niños, adolescentes y mujeres, sobre el llamado “cortejo” o “grooming”. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez.

• Por el que se exhorta al Gobierno del estado, a efecto de que haya intérpretes o traductores en las instancias de administración, procuración e impartición de justicia. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas.

j) De la Secretaría de Gobierno del estado de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de intensificar las acciones de prevención de la transmisión vertical del VIH, y asegurar el tratamiento de los neonatos infectados. Se remite a la Comisión de Salud para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto la ciudadana Sara Latife Ruiz Chávez, diputada federal electa en la Segunda Circunscripción. El Presidente designa una comisión que la acompañe en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Se da cuenta con oficio de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades como diputada federal electa en Primera Circunscripción a partir de esta fecha. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del recinto los ciudadanos Brenda Borunda Espinoza, Ricardo Quintanilla Leal, y Enrique Pérez Rodríguez, diputados federales electos en la Primera, Segunda y Tercera Circunscripción, respectivamente. El Presidente designa una comisión que los acompañe en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinden protesta de Ley y entran en funciones.

Se da cuenta con oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma y adiciona el artículo ciento seis y se adiciona un segundo párrafo al artículo ciento ocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se reforma la fracción segunda del artículo sesenta y tres de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa de los Trescientos Años de la Fundación de la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Ley Agraria de mil novecientos quince. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Por el que se adiciona un inciso d) al artículo ciento seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Por el que se adicionan los artículos ciento diez Bis y ciento dieciséis Bis y una fracción novena, al artículo ciento veintiocho TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el posicionamiento de los Grupos Parlamentarios en relación con el inicio del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados: Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Soralla Bañuelos de la Torre, de Nueva Alianza; José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena;

A las doce horas con cuarenta y dos minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y tres diputadas y diputados.

Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México; Fidel Calderón Torreblanca, del Partido de la Revolución Democrática; Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Defensa Nacional, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones.

b) Deporte, por el que se reforma el artículo noventa y uno de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

c) Competitividad, por el que se reforman y adicionan los artículos tres, dieciocho, y diecinueve de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

d) Desarrollo Rural, por el que se reforma el artículo ciento ochenta y dos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

e) Economía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones, en votación económica se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Defensa Nacional, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones. Se concede el uso de la palabra al diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; Alfredo Basurto Román, de Morena; Sara Paola Galico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México; Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Sánchez Carrillo, del Partido Acción Nacional; y Luis Felipe Vázquez Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional. No habiendo oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Araceli Damián González, de Morena, solicita a la Presidencia, la ampliación de turno a la Comisión de Seguridad Social, de la proposición con punto de acuerdo inscrita en el número nueve del Orden del Día. El Presidente comenta que la Mesa Directiva abordará el tema en su próxima reunión de trabajo.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Miguel Ángel Sulub Caamal, y suscrito por el diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, de la Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Social, y de la Secretaría de Educación Pública, para que en sus políticas y programas se otorgue prioridad en la atención a las familias cuyas viviendas carecen de baño o excusado, así como a las escuelas, estancias infantiles y comedores comunitarios que carecen del mismo. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través del Servicio de Administración Tributaria elabore un programa fiscal de exención del pago del Impuesto al Valor Agregado de las empresas editoriales de la franja fronteriza con Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretarías de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, instrumenten políticas para la instalación de retretes en las zonas de mayores carencias sanitarias. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Renato Molina Arias, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a elevar la cantidad mensual otorgada a los beneficiarios del Programa de Pensión Universal de Adultos Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fortalecer las acciones de prevención del Cáncer en México, a fin de reducir los índices de mortalidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Lluvia Flores Sonduk, de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Salud, se implemente un programa de protocolo sanitario para enfrentar la posible epidemia del virus del Zika. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Renato Molina Arias, de Morena, por el que se exhortar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, para recuperar los espacios deportivos, propiedad de los habitantes de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados, para que perfeccionen su marco legal en materia de movilidad, a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Sinaloa, para que investiguen la presunta negligencia médica en el Hospital General Regional Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, por la falta de aplicación de la NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis. Se turna a las Comisiones Unidas de de Salud, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos, difunda las razones de la supresión de puestos de trabajo. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, y suscrito por el diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que emita el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, a asesorar y apoyar la pronta implementación del sistema INFOMEX. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el miércoles tres de febrero de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con dieciocho minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

A ver, sonido en la curul de la diputada Ángeles Rodríguez, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Sólo para agradecer que se incluyó en las efemérides, en el orden del día de hoy, el día 28 de enero como el Día Mundial Libre de Emisiones de Bióxido de Carbono; es un tema muy importante, tan es así que hace unos meses casi 200 países firmaron este pacto para liberar de emisiones de bióxido de carbono. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada.

Continúe la Secretaría con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a ese órgano de gobierno sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que se detalla a continuación y que fue presentada por el suscrito el día 7 de enero de 2016 en la sesión de la Comisión Permanente, no omito señalar que dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez de esta honorable Honorable Cámara de Diputados:

• Con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Lo anterior para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Agradeciendo de antemano su atención, me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2016.— Diputado Armando Luna Canales (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado César Camacho Quiroz, residente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 7 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 49 a 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle que con esta fecha solicité mi incorporación al Grupo Parlamentario de Morena.

Sirva el presente para agradecer todas las atenciones que durante el tiempo en que fui diputada sin partido recibí de su persona.

Lo anterior, para todos los efectos legales, parlamentarios y administrativos a que haya lugar en la Junta de Coordinación Política.

Sin otro particular, agradezco de antemano su apoyo y le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 2016.— Diputada Ariadna Montiel Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo y en cumplimiento a los estatutos del Partido de Morena y el Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted gire instrucciones, a quien corresponda, para que a partir de esta fecha se integre a la diputada Ariadna Montiel Reyes al Grupo Parlamentario de Morena.

Asimismo se realicen los trámites administrativos y financieros para que los asuntos en relación con la diputada Montiel Reyes, sean atendidos y resueltos por este grupo parlamentario.

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada, quedo ante usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia Económica.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 12, fracción XXV, y 49 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), publicada en el Diario Oficial de la federación el23 de mayo de 2013, el Titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) deberá presentar trimestralmente un informe de actividades dentro de los 30 días naturales después de terminado el trimestre correspondiente, y de manera anual su programa de trabajo a más tardar el 31 de enero de cada año a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

En cumplimiento a este mandato, hago llegar los siguientes documentos(1) en disco compacto y en versión impresa:

1. El cuarto informe trimestral 2015, que da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015, y;

2. El programa anual de trabajo 2016, que da cuenta de las acciones que se ejecutarán durante el presente ejercicio fiscal, fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Cofece.

Por último, le informo que en apego al artículo 20, fracción IX, de la LFCE, el cuarto informe trimestral 2015 y el programa anual de trabajo 2016 fueron aprobados de manera unánime por el pleno de la Cofece en la sesión ordinaria del 21 de enero de 2016.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2016.— Alejandra Palacios Prieto (rúbrica), comisionada Presidenta.»

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El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Para cumplir lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 22 a 24 de la Ley del Servicio de Administración. Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2015. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes a diciembre de 2015.(2)

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente a diciembre de 2014.

Para dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2016.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero al diverso CNPSS-188-2016 de fecha 28 de enero del 2015, suscrito por el doctor Gabriel J. Q’Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, mediante el cual presenta el Informe anual de resultados del sistema de protección social en salud 2015.

Al respecto, por instrucciones de la doctora Mercedes Juan López, secretaria de Salud, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos artículo 77 Bis 18, 77 Bis 31 de la Ley General de Salud y 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud, remito de forma impresa y electrónica tres ejemplares del Informe anual de resultados del sistema de protección social en salud 2015, el cual incluye lo referente a la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal.(3)

He de agradecer su valiosa intervención, a fin de remitir un ejemplar a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2016.— Licenciado Raúl Gómez Torres (rúbrica). Firma en ausencia del director general adjunto de Vinculación Social, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento interior de la Secretaría de Salud el director de Vinculación y Participación Ciudadana.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

En cumplimiento de los artículos 77 Bis 31 y Bis 18, de la Ley General de Salud, y el diverso 140, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, me permito remitir a usted en impreso y medio magnético, el Informe anual de resultados del sistema de protección social en salud 2015, el cual incluye el Informe sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, a efecto que por su conducto sea entregado en tiempo y forma al Honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2016.— Doctor Gabriel J. Q’Shea Cuevas (rúbrica), comisionado nacional de Protección Social en Salud.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.— Presente.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito entregarle el plan anual de trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, correspondiente al ejercicio de 2016(4), el cual fue aprobado por el pleno de este instituto, en sesión del pasado 27 de enero del presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2016.— Gabriel Contreras Saldívar (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de las Mujeres.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio y en cumplimiento de los artículos 1 y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2015, me permito hacerle llegar, en versión impresa y electrónica, el informe de resultados correspondiente el periodo de octubre-diciembre de 2015 del Instituto Nacional de las Mujeres, así como en electrónico los Avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al cuarto trimestre de 2015.(5),

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de enero de 2016.— Licenciada Marcela Eternod Arámburu (rúbrica), secretaria ejecutiva.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 4.3. 135 /2016, el ingeniero Guillermo Nevárez Elizondo, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015 (julio-diciembre), en cumplimiento al artículo 2o., fracción IX, del fecreto por el que se extingue el organismo público descentralizado ferrocarriles nacionales de méxico y se abroga su ley orgánica.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-265 signado por la diputada Daniela De Los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/0118/2016 suscrito por el ciudadano Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil de esta secretaría, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) al estado de Quintana Roo, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por las lluvias ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Estimado Subsecretario:

Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/2870/15, mediante el cual informa del punto de acuerdo presentado por la diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado del Honorable Congreso de la Unión, mismo que se describe a continuación:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta, en el ámbito de sus competencias, a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice las gestiones necesarias que hagan posible a la brevedad, la entrega de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) al estado de Quintana Roo, ello en atención a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 18 de octubre de 2015, así como la posterior declaración de desastre emitida el 20 de octubre del año que transcurre, para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, por la presencia de lluvias severas ocurridas los días 16 y 17 de octubre de 2015.”

Al respecto, si bien es cierto a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con base en los artículos 8 y 9 del acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, se emiten declaratorias de emergencia para la adquisición de suministros de auxilio para responder a las necesidades de la población afectada por fenómenos naturales perturbadores, su emisión es el resultado de actuaciones previas efectuadas por instancias diversas a la Secretaría de Gobernación (Segob), y se encuentra sujeta al cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y aplicable a este instrumento.

Es conveniente precisar que para la autorización de suministros de auxilio los lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a esta Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos considerados bajo ese supuesto, y la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia.

En el marco del Fonden, y una vez cubiertos los requisitos y formalidades establecidos en la normativa aplicable a este programa federal, la Segob brindó el apoyo correspondiente al gobierno del estado de Quintana Roo por la presencia de lluvia severa, ocurrida los días 16 y 17 de octubre de 2015, en los municipios de Benito de Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco emitiendo una declaratoria de emergencia, mediante el boletín de prensa 591/15, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de octubre de 2015, por virtud de la cual se proporcionaron diversos suministros de auxilio: 38 mil 166 despensas; 50 mil 891 cobertores; 50 mil 891 colchonetas; 12 mil 722 kits de limpieza; 25 mil 444 kits de aseo personal y 390 mil litros de agua para beber, entre otros.

No omito señalar que en el marco del Fonden, la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) sólo le corresponde autorizar la adquisición de los suministros de auxilio con cargo a dicho instrumento, y coordinar el procedimiento para acceder a ellos.

A través del Fonden, la Segob emite declaratorias de desastre natural, mediante las cuales se autorizan recursos económicos con cargo a dicho instrumento, destinados a la restitución parcial o total de los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores en la infraestructura pública de los sectores de competencia federal o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, así como también la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectada por tales fenómenos.

En ese sentido, es conveniente precisar que, en apego a la normativa vigente y aplicable a dicho instrumento financiero (a saber el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, en lo sucesivo las Reglas Generales) y a las disposiciones contenidas en el artículo 61 del Risegob, la competencia de la DGGR respecto de la operación del Fonden se circunscribe a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos en mención, por lo cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega o distribución de los recursos autorizados, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada.

Asimismo se hace hincapié en que los recursos que se otorgan a través del Fonden a las dependencias y/o entidades de la administración pública federal, o bien a las entidades federativas por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador en particular, en ningún caso se entrega directamente a las autoridades municipales, o bien a la población en general.

Lo anterior, en virtud de que en la normatividad que rige el Fonden, se encuentran claramente definidos los instrumentos a través de los cuales se atiende la ocurrencia de algún fenómeno natural perturbador, el tipo de apoyo que por virtud de cada instrumento se brinda, las instancias y/o procedimientos a través de los cuales el apoyo correspondiente es puesto a disposición de las entidades federativas afectadas, y las instancias encargadas de su distribución, manejo, control y/o seguimiento, según corresponda.

Para el caso concreto, se comunica que mediante oficio 047/2015 de fecha 19 de octubre de 2015, en cumplimiento a los artículos 7, párrafo IV, y 26, párrafo II, de las Reglas Generales, el gobernador del estado de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como Lluvia severa del 16 al 18 de octubre de 2015, que afectó a los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres. Othón P. Blanco y Solidaridad, de dicha entidad federativa.

Con oficio B00.8.-0631 de fecha 19 de octubre de 2015, la Conagua emitió un dictamen técnico corroborando el fenómeno de Lluvia severa del 16 al 18 de octubre de 2015 en atención al oficio número 047/2015.

El 20 de octubre de 2015, con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), en la cual el gobierno del estado de Quintana Roo presentó a la Segob la respectiva solicitud de declaratoria de desastre natural, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de octubre de 2015. Cabe señalar que los CED tienen por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular, dichos comités se integran por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados integrándose en subcomités que se agrupan por materia o sector.

El 17 de noviembre de 2015, tuvo verificativo la entrega de los diagnósticos preliminares de obras y acciones de reconstrucción por parte del CED, mediante los cuales las dependencias manifestaron un aproximado del costo de la reconstrucción; y finalmente el 26 de noviembre de 2015 se hizo entrega de los diagnósticos definitivos de obras y acciones de los sectores afectados.

A la fecha se encuentran en proceso de autorización por parte del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 –Fondo de Desastres Naturales, los recursos correspondientes para la reconstrucción de la infraestructura de los sectores carreteros, educativo, naval, turístico de competencia federal; así como, cultura, deportivo, hidráulico, urbano y vivienda de competencia estatal, afectada por el fenómeno natural perturbador aludido líneas arriba.

Al respecto le comunico que en términos del anexo XVII Procedimiento para el ejercicio de recursos del Fideicomiso, por obras y acciones tendientes a la reconstrucción de la infraestructura que se derivan de la atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en la República Mexicana” de los lineamientos, el ejercicio de los recursos autorizados a través del Fonden lo realizarán directamente las instancias ejecutoras– que pueden ser: para atención de vivienda e infraestructura vial urbana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); atención hidráulica, atención hidroagrícola, cauces, ríos y lagunas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua); sector salud de la Secretaría de Salud (Ssa); por cuanto hace a la infraestructura carretera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otras, ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 2003. Fondo de Desastres Naturales.

Dicho anexo establece de igual forma que la sustentación de obra pública, prestación de servicios relacionados con la misma, adquisiciones y otros conceptos, así como su cabal administración, las llevarán a cabo las instancias ejecutoras y las contrataciones que formalicen deberán observar lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sus respectivos reglamentos y demás normativa aplicable, siendo responsables de que los contratos que celebren se apeguen al programa de obras y acciones autorizado y no rebasen los importes asignados.

Una vez autorizados los recursos detallados líneas arriba, la información relativa a los mismos, estará disponible en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México: www.proteccioncivil.gob.mx

Para consultar la información antes referida, se deberá dar clic en el icono denominado Fonden (DGGR) y en el submenú Instrumento Financiero FONDEN, e ingresando subsiguientemente al rubro Fonden Reconstrucción y posteriormente a Recursos autorizados por declaratoria de desastre, mismo en el que podrá acceder al año 2015.

Finalmente, reitero atentamente que la Segob, por conducto de esta Coordinación Nacional de Protección Civil y conforme a las atribuciones establecidas en la normatividad vigente brinda el apoyo correspondiente para abordar los retos que impone la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Notas:

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2012.

2 El detalle de los suministros autorizados para la atención de estos fenómenos está disponible en la dirección electrónica del Sistema Nacional de Protección Civil México www.proteccioncivil.gob.mx- Para facilitar el acceso a dicha información, se proporciona el enlace electrónico directo, para su consulta: http://www.proteccioncivil. gob.mx/es/ProteccionCivil/Insumos_autorizados_por_declaratoria_de_emergencia

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010.

4 Los subcomités que se podrán constituir para cada sector, son los siguientes: vivienda; infraestructura urbana; residuos sólidos; carreteras; hidráulico; educativo; salud; monumentos históricos; artísticos y arqueológicos; áreas naturales protegidas; pesquero y acuícola; forestal y de viveros y zonas costeras.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2016.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador nacional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-3-271, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/MVG/1.3.-049/2016, suscrito por el maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia a considerar la asignación de fondos necesarios para la continuación del proyecto de infraestructura ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey”, en el estado de Nuevo León.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre de 2015, en el que se exhorta a esta Secretaría para que considere la asignación de los fondos necesarios para la continuación del proyecto ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey”.

Al respecto, me permito informar que el gobierno federal ya ha aplicado la totalidad de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente; sin embargo, aún queda pendiente la aplicación de los recursos asignados al gobierno estatal y al Fondo Nacional de Infraestructura, situación que se encuentra en regularización, de acuerdo al informe enviado por el ingeniero Guillermo Nevárez Elizondo, director general de Transporte Multimodal y Logística, mediante Oficio 4.3.086/2016 (adjunto para pronta referencia).

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2016.— Maestro Mario de la Vega Grajales (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación.— Presente.

Me refiero al oficio DGV/MVG/1.3.- 606/2015 del 23 de diciembre de 2015, mediante el cual la Dirección General de Vinculación de la Oficina del secretario, remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión del 15 de diciembre de 2015, cuyo resolutivo expone:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que consideren la asignación de fondos necesarios para la continuación del proyecto de infraestructura ferroviario “Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey” en el estado de Nuevo León.

El esquema de financiamiento del proyecto de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey contempla como fuentes de recursos el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con 16 por ciento del total; el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con 31 por ciento; el gobierno de Nuevo León con 19 por ciento e inversionistas privados con 34 por ciento. El Gobierno Federal ya ha aplicado la totalidad de los recursos del PEF y 64 por ciento de los de Fondin; queda por aplicar una parte (8 por ciento) de los correspondientes al Gobierno del Estado de Nuevo León. Los recursos privados no se han aplicado aún.

El gobierno de Nuevo León, con el apoyo de la SCT, está realizando las gestiones necesarias con Banobras y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluida la actualización del Registro en la Cartera de los Programas y Proyectos de Inversión de la Unidad de Inversiones, a fin de obtener los recursos necesarios para la continuación del proyecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2016.— Ingeniero Guillermo Nervárez Elizondo (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo.— Ciudad de México.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio número Inmujeres-DF/DG/1299/09-2015 (se adjunta sobre cerrado), de fecha 4 de diciembre del presente año, signado por la doctora Teresa Incháustegui Romero, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo federal, por el que exhorta a los titulares de las 32 entidades federativas que en sus programas operativos anuales para 2016, garanticen la incorporación de la perspectiva de género, a través de los puntos descritos en el cuerpo del presente punto de acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2015.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, Coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En atención al oficio SG/CEL/PA/585/2015 de Secretaría General de Gobierno y al oficio DGPL 63-II-8-0132, de fecha 6 de octubre del 2015, suscrito por la diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara Diputados, sobre el punto de acuerdo referente a la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, en el que se aprobó lo siguiente:

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las 32 entidades federativas que en sus programas operativos anuales para 2016 garanticen la incorporación de la perspectiva de género, a través de:

1. Su progresividad presupuestal en los programas y políticas para la igualdad de género.

2. Instrumentar la metodología del enfoque de la igualdad de género en la matriz de indicadores por resultados (MIR), así como el diseño de sus indicadores de proceso y de resultados.

3. Difundir y divulgar en sus áreas de gobierno el catálogo de las líneas de acción para la igualdad de género que favorece la asignación del gasto público.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las 32 entidades federativa informen trimestralmente a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional de las Mujeres y a sus respectivos sistemas estatales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el avance del ejercicio del gasto público.

Al respecto, en el Distrito Federal se han emprendido diferentes actividades relacionadas con el tema de Presupuestos Públicos para la Igualdad Sustantiva, las cuales se enuncian a continuación:

1. El Distrito Federal cuenta con marcos normativos y programáticos que busca la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en los presupuestos públicos, en particular, buscando la institucionalización y transversalizacion de la perspectiva de género, considerando además la progresividad en el tema. De manera particular, se pueden mencionar: Estatuto de Gobierno del D. F., Ley para la Igualdad Sustantiva género, considerando además la progresividad en el tema. De manera particular, se pueden mencionar: Estatuto de Gobierno del D. F., Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del D. F, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del D. F., Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del D. F, Ley de Desarrollo Social del D. F y Ley de Planeación del Desarrollo del D. F. De la misma forma, se cuenta con el Programa General de Desarrollo 2013-2018 en el cual se integra el eje transversal Igualdad de Género y describe en sus criterios orientadores asignar recursos con perspectiva de género en las distintas actividades institucionales y programas. (Se anexa CD con leyes descritas)

Desde el 2008 hasta el 2015, en el Distrito Federal, a través del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Inmujeres DF, se han impulsado presupuestos de género. A continuación se encuentra una gráfica con los montos del presupuesto de género en comparación del presupuesto del género.

Como se observa, aun cuando se identifica la progresividad reflejada en aumento en las asignaciones del presupuesto, en estos 7 años (2008-2015) los montos constituyen aproximadamente 1 por ciento del presupuesto total del Distrito Federal. La propuesta a partir del 2016 es aludir a la calidad de las acciones emprendidas y apostar por la transversalidad del enfoque de género en la gestión pública.

Para ello, el 25 de agosto de 2015, se realizó un ciclo de conferencias denominada Los derechos humanos, no discriminación, igualdad de género y agenda legislativa con el objetivo de proporcionar información sobre el marco jurídico, programático y conceptual sobre las políticas de no discriminación e igualdad de género en el gobierno del DF con el fin de impulsar la agenda legislativa sobre los temas. Dirigidas a legisladores y legisladoras de la Asamblea Legislativa del DF.

Este espacio de diálogo y análisis fue inaugurado por la ciudadana Jacqueline L’Hoist Tapia, titular de la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Copred, y la doctora Teresa Incháustegui Romero, directora general del Inmujeres DF. Los temas impartidos fueron los siguientes: 1.Qué es la discriminación (detonantes, causas y motivos, reparación del daño, artículo 206 del Código Penal); 2. Estructura de la discriminación (principales grupos en situación de vulnerabilidad, EDIS-CDMX 2013 presentación de la encuesta de discriminación por delegación); 3. Cómo eliminar y prevenir la discriminación (gran acuerdo de la ciudad por la igualdad y la no discriminación, Agenda legislativa); 4. Las mujeres que viven y transitan en la Ciudad de México; 5. Igualdad de género (marco conceptual, marco normativo y programático, avances y retos); 6. Presupuestos con perspectiva de género (marco normativo, estructura programática, avances y retos); 7. Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (marco conceptual, marco normativo, órganos de decisión, avances y retos).

2. Aunado a ello, el Inmujeres DF se ha dado a la tarea de desarrollar una propuesta metodológica y conceptual (Véase anexo) para el desarrollo de talleres de presupuestos de género en el cual se capacitó a los entes públicos del gobierno del DF.

Para 2016, el Inmujeres DF inicia una nueva estrategia para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la gestión pública y la concreción de presupuestos de género. Con esta premisa se realizó el taller Presupuesto para la igualdad sustantiva y la transversalidad de género en 2016, para 25 entes públicos que concentran la mayoría del presupuesto de género y cuatro talleres introductorios para 54 entes públicos, ambos con el fin de fortalecer las capacidades institucionales para formular y desarrollar políticas de igualdad de género que se reflejen en los programas operativos anuales, POA.

De la misma forma, se realizaron 4 cursos sobre marco lógico con perspectiva de género, con la participación de 55 entes públicos en los cuales se incentiva al desarrollo de POA con perspectiva de género para 2016. Sin embargo, es hasta mediados del mes de noviembre que la Secretaría de Finanzas solicita de manera formal a todos los entes públicos la planeación y programación de presupuestos públicos, por lo que hasta el momento no es posible señalar el monto aproximado de los recursos que se destinarán para la igualdad entre mujeres y hombres.

3. Respecto a la difusión de las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, la Secretaría de Finanzas cuenta con el micro sitio denominado Presupuesto con perspectiva de igualdad de género, ubicado en http://www.finanzas.df.gob.mx/ppeq/ en el que se identifica el presupuesto de los entes públicos. El Inmujeres DF, en su página electrónica, integra un apartado denominado Políticas de Igualdad de Género en el cual se integra el tema Presupuestos con perspectiva de género http://www.inmuieres. df.gob.mx/wb/inmuieres/presupuestos con perspectiva de gener. Con el objetivo de contribuir a la rendición y a la transparencia en la gestión pública, en esta sección también se puede acceder a los Informes trimestrales de presupuestos. Esta información es de libre acceso, por lo que la ciudadanía del DF y cualquier persona puede revisarlos.

Respecto al exhorto sobre informar trimestralmente sobre los avances de las acciones y la ejecución de los presupuestos públicos para la igualdad sustantiva, en el Distrito Federal, desde 2008 se creó la Comisión Interinstitucional de Género cuyo objetivo es de dar seguimiento a los presupuestos de género e impulsar la coordinación interinstitucional en el tema, y a partir de 2010 se continuó informando en cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, que facultan al Instituto de las Mujeres del DF y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para integrar el informe trimestral de Avances financieros y programáticos de equidad de género, para que esta última dependencia, lo envié a la Comisión de Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa. En este marco, 82 entes públicos de la administración pública del Distrito Federal envían de forma trimestral sus informes sobre avances y acciones. En el micro sitio de la Secretaría de Finanzas antes mencionado, se integra información sobre el avance de los presupuestos de género. Asimismo, en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se envía información al Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo le comento que se envió el punto de acuerdo referente a la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos a 82 entes públicos mediante el oficio Inmujeres-DF/1207/11-2015, dónde se hace referencia a la normatividad local, con el objetivo de que sea considerado en su anteproyecto de presupuesto del 2016.

Cabe mencionar, que estas acciones corresponden a las facultades y obligaciones que el marco jurídico le otorga al Inmujeres DF, por lo que se suman a las actividades que realicen los Entes Públicos restantes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2015.— Doctora Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 50, fracciones IV y V, y 58, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; me permito remitirle copia del oficio ALDF/VII/CPMAPECC/08/16, de fecha 15 de enero de 2016, signado por el diputado Antonio Xavier López Adame, presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, mediante el cual da respuesta a un acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.

Lo anterior en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 27 de enero de 2016.— Diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo (rúbrica), Presidente en funciones.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VII Legislatura.

Diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

En atención al oficio número MDPPSOPA/CSP/1741/2015, de 10 de diciembre del 2015, por el que hace de conocimiento a esta comisión, el oficio número D.G.P.L.63-II-1-0203, signado por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el cual se informa a este órgano legislativo del acuerdo aprobado en sesión del 1 de diciembre del 2015, por el cual “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta con estricto respeto de su soberanía a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover, en el caso de no existir, y de resultar necesario, la creación de comisiones ordinarias de cambio climático y la expedición de legislación en esta materia, a fin de incidir de manera local y regional en la lucha contra el cambio climático y la preparación para enfrentar sus efectos adversos”, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción VII, 59, 61, fracción II, 62, fracción XXVII, 68 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y demás disposiciones aplicables, me permito dar oportuna respuesta en el tenor siguiente:

I. Con fecha 14 de diciembre de 2010, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el artículo 4 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del cual se modificó la denominación y por ende el ámbito de competencia, a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica por el de Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

Lo anterior derivado del dictamen que sometió a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el artículo 4 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2010; cuyo resultado de la votación fue el de 33 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.

Algunos de los argumentos esgrimidos por la Comisión dictaminadora que originaron esos cambios legales fueron los siguientes:

“...a efecto de atender preocupación del legislador proponente, dada la relevancia del tema, de manera corresponsable (la Comisión) considera que es de modificarse el texto del proyecto de decreto considerando que una solución integral a la problemática planteada es adecuar iniciativa, para establecer de manera inequívoca que la Comisión de Medio Ambiente y Protección Ecológica prevista en la Ley Orgánica de la materia, deberá atender los temas relacionados con el cambio climático, de tal suerte que su denominación se verá modificada.”

II. Por otro lado, se destaca que el Distrito Federal cuenta con legislación en la materia desde el 16 de junio del 2011, fecha de publicación de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, cuyo objeto es el establecimiento de políticas públicas que permitan propiciar la mitigación de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, así como coadyuvar al desarrollo sustentable. Su reglamento se publicó el 19 de octubre de 2012 en el mencionado órgano de difusión.

En ese sentido me permito manifestar que el Distrito Federal es pionero en la atención institucional del cambio climático y sus efectos en el planeta. No ignora esta Asamblea Legislativa que los esfuerzos para atender esta problemática de índole mundial deben ser mayores y asume su responsabilidad de mantener actualizado el marco normativo en la materia, así como la vigilancia irrestricta del actuar público en ese rubro.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a su disposición.

México, DF, a 15 de enero de 2016 — Diputado A. Xavier López Adame (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Diputada María Bárbara Botello Santibañez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su oficio DGPL 63-II-8-0377, sobre el punto de acuerdo aprobado en ese recinto legislativo; Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ejercicio de sus funciones, conforme los Comités Técnicos de Operación Hidráulica Regionales en los Organismos de Cuenca faltantes, que permita coordinar la política de operación técnica de las presas, basada en la definición colegiada de una curva índice de elevación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y, en su caso, de generación de energía eléctrica”.

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior esta Comisión Nacional del Agua, adjunto a usted el oficio que nos envía la Subdirección General Técnica, quien es el área responsable de generar y analizar dicha información.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2016.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, Coordinador de Asesores de la Dirección General.— Presente.

Me refiero a su memorando número, B00.00;Ol.-00S de fecha 13 de enero de 2016, en el cual solicita los comentarios de esta Subdirección General Técnica respecto al punto de acuerdo en el que se exhorta a Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ejercicio de sus funciones, conformen los comités técnicos de operación hidráulica regionales de los organismos de cuenca faltantes, que permitan coordinar la política de operación técnica de presas, basada en la definición colegiada de una curva índice de elevación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y en su caso, de generación de energía eléctrica.

Al respecto, tengo a bien hacer de su conocimiento que los comités técnicos de operación de obras hidráulicas, CTOOH Regionales, surgieron como una estrategia, a partir de la necesidad de profundizar y aumentar la frecuencia del análisis de información de seguridad nacional al nivel de tomadores de decisiones para las instancias del gobierno del estado, como es el caso de las cuencas del río Grijalva, Papaloapan, Yaqui y Mayo, las cuales se encuentran expuestas a sostener daños por inundación con una alta periodicidad.

El gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas, Pronacch, el 16 de enero de 2013, como una estrategia para la reducción del riesgo por inundación, el cual suple la necesidad de deliberar casuísticamente el manejo de avenidas a través de embalses cuando estas ocurren, desarrollando protocolos (Políticas de Operación), que estandarizan el manejo de dichas avenidas.

Así mismo, ha instrumentado la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, la cual es un órgano superior, en el cual se discute, entre otros temas, el ordenamiento territorial con base en la determinación del territorio inundable aguas debajo de las presas y las medidas para reducir el riesgo.

Cabe mencionar, que los medios tecnológicos permiten tener una base técnica más accesible a los ciudadanos para la toma de decisiones, tal es el caso del Atlas Nacional de Riesgos por Inundación, el cual se encuentra integrado en el Atlas Nacional de Riesgo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, (www.anr.gob.mx) y que es el sitio donde los resultados de los cálculos de zonas inundables aguas abajo de las presas, están disponibles para la población.

Es por esto, que esta Subdirección General Técnica considera que los CTOOH Regionales deben establecerse únicamente en aquellas regiones hidrológicas en las cuales, existan condiciones hidrometeorológicas tales que, sean necesario instrumentar acciones de operación de la infraestructura hidráulica, donde por su complejidad, no puedas ser atendido a la profundidad y frecuencia requerida, por el CTOOH nacional, con el fin de salvaguardar la integridad de los asentamientos humanos ubicados aguas bajo de dicha infraestructura, así como de la propia estructura.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2016.— Doctor Víctor Hugo Alcocer Yamanaka (rúbrica), sbdirector General Técnico.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Mexicano de la Juventud.

Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-2-642, dirigido al maestro Guillermo Noyola Vega, encargado del despacho de la dirección general del Instituto Mexicano de la Juventud, relacionado con el expediente número 690, por medio del cual comunica que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en las entidades y dependencias de la administración pública federal establezca mecanismos y sistemas que permitan desagregar información por grupos de edad y dar seguimiento preciso al presupuesto destinado a la atención de la juventud.

“Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, para que revisen la pertinencia de los indicadores de resultados del Projuventud con base en la periodicidad en que éstos reportan la información de sus respectivas mediciones.”

Sobre el particular, me permito informarle que mediante oficio número IMJ/DG/DAJ/1606/2015, esta área jurídica en su calidad de enlace legislativo solicitó a la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud que realizara los comentarios pertinentes al citado acuerdo, la cual tuvo a bien dar respuesta a la petición realizada mediante oficio número IMJ/SGCyE/DIEJ/029/2016, mismo que anexo al presente para su consideración.

Por último, este instituto reconoce de suma importancia el acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y lo tomará en consideración para incluirlo dentro de sus políticas y programas en la medida de sus posibilidades, continuando con el esfuerzo que desde sus orígenes como organismo descentralizado se le encomendó, y revisará la pertinencia de los indicadores de resultados del Projuventud con base en la periodicidad en que éstos reportan la información de sus respectivas mediciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2016.— Maestro Pablo Gómez Jiménez (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Mexicano de la Juventud.

Maestro Pablo Gómez Jiménez, director de Asuntos Jurídicos.— Presente.

En respuesta a su oficio IMJ/DG/DAJ/1606/2015, con fecha del 22 de diciembre de 2015, en el que se solicita brindar la atención pertinente al punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito informar que le han sido enviados los anexos con los comentarios pertinentes vía electrónica.

Sin más por el momento, agradeciendo su apoyo, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2016.— Licenciada Mónica Valdez González (rúbrica), directora de Investigación y Estudios sobre Juventud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Mexicano de la Juventud.

Respuesta a los Acuerdos

Cámara de Diputados

Comisión de Juventud

Enero de 2016

Acuerdo primero

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en las entidades y dependencias de la administración pública federal establezca mecanismos y sistemas que permitan desagregar información por grupos de edad y dar seguimiento preciso al presupuesto destinado a la atención de la juventud.”

La consecución de las metas institucionales del Instituto Mexicano de la Juventud vinculadas a los compromisos establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Social así como en el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra, en primera instancia, estrechamente ligada a la inversión y las acciones que las distintas dependencias de la administración pública federal (APF) realizan en materia de juventud.

Sin embargo, el reto radica en conocer puntualmente la inversión programática que se realiza a través de las diferentes dependencias de la APF al grupo etario comprendido entre los 12 y 29 años, lo cual permitirá valorar la pertinencia y calidad de la misma. Para ello, el Imjuve instaló desde octubre de 2014 la conformación del Comité de Seguimiento al Projuventud, el cual tiene como principal objetivo ser el espacio que aglutine a las diversas entidades federales y públicas que tienen a su cargo programas, acciones y actividades dirigidas para las y los jóvenes en el país.

Con la finalidad de contar con la información de la inversión social pública que las dependencias que cuentan con programas presupuestales en el Anexo 17, en coordinación con la Dirección de Evaluación y Control, se enviaron oficios a las dependencias a fin de solicitar la información relacionada con el ejercicio fiscal 2015, esto con miras a contar con los insumos necesarios para realizar la proyección de recursos requeridos para alcanzar las metas institucionales del Programa Nacional de Juventud que contribuirán al logro de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.

De igual forma durante el mes de noviembre de 2015, se llevó a cabo una reunión de coordinación con la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados a fin de afianzar las acciones dirigidas al reporte de la información relacionada con la inversión programática de la APF en materia de juventud, se espera que esta relación de trabajo pueda fructificar para avanzar en el reporte sobre la inversión pública y social en jóvenes.

Entre los avances realizados durante el 2015, conviene destacar que se seleccionó a México para el proyecto piloto financiado por el Fondo de Población de las .Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) para conocer la inversión social en juventud en cuatro países de la región. Al cierre del ejercicio 2015 se consolidó la versión preliminar de este análisis, el cual está en análisis tanto por parte de Imjuve como de UNFPA.

Acuerdo segundo

“La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a los integrantes del Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, para que revisen la pertinencia de los indicadores de resultados del Projuventud con base en la periodicidad en que éstos reportan la información de sus respectivas mediciones.”

En 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la Guía técnica para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuyo apartado de “Indicadores”, se establecieron los criterios de selección y evaluación de los mismos.

Es importante advertir que para la construcción de los ocho indicadores que forman parte del Programa Nacional de Juventud 2014-2018 (Projuventud), el Instituto Mexicano de la Juventud se adecuo a los ordenamientos establecidos en el acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013.

En estos lineamientos, las indicaciones para la generación de indicadores por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron muy estrictas, y se acataron todas las normas técnicas en su elaboración. Los ocho indicadores del Projuventud fueron sometidos a dictaminación tanto de la Secretaría de Desarrollo Social, como de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

Los criterios utilizados por las tres entidades calificadoras de los indicadores fueron:

• Claridad: Deberán ser precisos e inequívocos

• Relevancia: Deberán reflejar la importancia del logro del objetivo y proveer información sobre lo que se busca mediar del mismo

• Monitoreable: Deberán permitir su comprobación

De la propuesta inicial de 12 indicadores para el Programa Nacional de Juventud 2014-2018, SHCP, Sedesol y Coneval, revisaron y calificaron la pertinencia de ocho, los cuales son los que actualmente se encuentran en el Projuventud.

Sin embargo, el Imjuve ha realizado tareas adicionales para la obtener información sobre la condición de vida de las y los jóvenes en México.

Desde 2013, el Imjuve preside el Comité Técnico Especializado en Información de Juventud (CTEIJ), tiene el objetivo de ser la instancia de coordinación interinstitucional donde se identificarán y desarrollarán acciones conjuntas para la captación, integración, producción, procesamiento, sistematización y difusión de vinculación con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la mano por tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

A partir del trabajo realizado por el Comité Técnico Especializado en Información de Juventud se ha avanzado en la incorporación de la perspectiva de juventud al interior de las dependencias y entidades de la APF que lo integran, que son principalmente, las entidades productoras de información estadística y registros administrativos.

En marzo de 2015 el CTEIJ acordó proponer al Comité Técnico Especializado en Información Demográfica y Social del INEGI cuatro indicadores relacionados con la población joven. En mayo de 2015 la Vicepresidencia del Comité Técnico Especializado en Información Demográfica y Social del Inegi aprobó los cuatro indicadores propuestos para incluirlos al Catálogo Nacional de Indicadores.

Con el objetivo de contribuir a la definición de la población objetivo del Instituto Mexicano de la Juventud (población joven de 12 a 29 años de edad) se trabajó en la identificación de población joven por entidad, obteniendo datos desagregados por sexo y grupos de edad. Se obtuvieron también datos sobre el total de población por entidad federativa en distintos rangos de edad, población joven migrante. Los datos de 1990 a 2010 corresponden a las proyecciones poblacionales de 2010 a 2030. Los datos originales pueden ser descargados desde el sitio:

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones Datos.

El 5 de junio de 2015, la Junta de Gobierno del Inegi, aprobó la incorporación de 3 de los 4 los indicadores propuestos:

• Porcentaje de la población joven con carencia por acceso a los servicios de salud

• Porcentaje de población joven con ingreso inferior a la línea de bienestar

• Tasa de desocupación en población joven

Dichos indicadores, están disponibles para su consulta en el sitio: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/

Adicionalmente, se realizó un análisis de la información presentada en las encuestas nacionales: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia (ECOPRED) y la Encuesta Intercensal, desagregada para el grupo etario de los 12 a los 29 años de edad. Tras la revisión realizada a las principales encuestas publicadas durante 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Imjuve en su carácter de Presidente del Comité Técnico a reuniones de trabajo para identificar en su pleno, las variables sujetas a ser tabuladas por proveer información relevante para el estudio de la condición juvenil.

Una vez identificadas las variables, el Imjuve solicitó a la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de Información del Inegi la generación de dichos tabulados, mismos que se prevé recibir durante el primer semestre del ejercicio 2016.

De manera adicional la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del Imjuve, ha revisado y procesado los indicadores establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 (PNDS) vinculados a la medición multidimensional de la pobreza para la población joven.

Al mes de agosto, se obtuvo información para diez de los trece indicadores del PNDS, respecto a población joven, con datos actualizados hasta el año 2012. No obstante, se planea continuar con los trabajos para el resto de los indicadores, salvo el indicador 3.3 Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud, en el que resulta complicado disponer de información específica para población joven·

Los indicadores procesados son:

Indicadores de seguimiento al Programa Nacional de Desarrollo

Social (PNDS)

Indicador 1.1. Porcentaje de la población con seguridad alimentaria.

Indicador 1.2. Porcentaje de la población en condición de pobreza multidimensional y con carencia por acceso a la alimentación.

Indicador 1.3. Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

Indicador 2.1. Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional con rezago educativo.

Indicador 2.2. índice de rezago educativo de la población de 15 años y más, medido de acuerdo a la metodología de la Secretaría de Educación Pública.

Indicador 2.3. Eficiencia terminal de los alumnos de primaria en los servicios educativos comunitarios e indígenas.

Indicador 3.1. Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud.

Indicador 3.2. Porcentaje de Población con aseguramiento público en salud que usa servicios públicos de atención médica.

Indicador 3.3. Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud.

Indicador 4.1. Porcentaje de la población total que se encuentra en situación de pobreza multidimensional y que presenta carencia por acceso a la seguridad social.

Indicador 4.2. Porcentaje de la población de 65 años de edad o más que presenta carencia por acceso a la seguridad social.

Indicador 4.3. Porcentaje de madres jefas de hogar en situación de pobreza o de vulnerabilidad que cuentan con un esquema de aseguramiento.

Indicador 5.1. Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional.

Indicador 5.2. Porcentaje de población que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda a nivel nacional.

Indicador 6.1. Incrementar el Ingreso medio de las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico.

Indicador 6.2. Tasa de ocupación en el sector informal - IV Trimestre - 2013.

Dichos indicadores permitirá complementar el monitoreo permanente a la implementación del Programa Nacional de Juventud 2014-2018. Es importante precisar que el método de cálculo presentado, así como los niveles 2012 corresponden al descrito por la Secretaría de Desarrollo Social en la versión del PNDS publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.

Es importante advertir que contar con información estadística actualizada en fundamental para realizar de manera continua el seguimiento de política y programas, así como para conocer las condiciones de vida de las y los jóvenes en el país. Por ello, para el Imjuve es de capital importancia financiar la aplicación de la Encuesta Nacional de Juventud.

Los objetivos centrales de este gran proyecto de investigación estadística y características centrales son:

Como instrumento de investigación

• Único instrumento estadístico a nivel nacional que tiene un diseño estadístico específico para jóvenes

• Radiografía precisa sobre la condición juvenil a nivel nacional, regional, estatal y para seis zonas metropolitanas (Valle de México, Tijuana, Guadalajara, Monterrey y Cancún).

• Temática diversa que abarca la diversidad de las y los jóvenes: educación, empleo, sexualidad, afectividades, ciudadanía, familia, transiciones valores, actitudes y expectativas: desde la visión de los propios jóvenes.

• Información sobre diversos estratos: rurales, urbanos, condición indígena y condición migrante.

• Continuidad a un proyecto que lleva tres encuestas nacionales (2000, 2005 y 2010), o sea 15 años de ya una tradición estadística.

• Información que la comunidad académica y gubernamental espera para el desarrollo de diferentes investigaciones e intervenciones sociales.

Como instrumento de política pública

• Información para el seguimiento a indicadores en el Programa Nacional de Juventud, Programa Sectorial de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Educación, Programa Sectorial de Salud.

• Información para el seguimiento de componentes y metas de la matriz de indicadores de resultados (MIR) del Imjuve.

• Información con representatividad para grupos de edad (12-14, 15-19, 20-24, 25-29) lo que garantiza focalización de acciones y programas gubernamentales de manera precisa.

• Soporte para el Prospera, Programa de Inclusión Social, cuya base de focalización sobre los jóvenes y sus familias

Este proyecto de gran envergadura en términos de investigación necesita del apoyo de diversos actores para conseguir financiamiento que lo haga viable, por lo que es fundamental contar con el respaldo de la Cámara de Diputados para atender de manera mucho más eficiente los acuerdos emanados de sus tareas cotidianas.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Juventud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Deporte.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero a su oficio DGPL 63-II-7-272, por medio del cual informa al licenciado Alfredo Castillo Cervantes, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre del año en curso, mismo que se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputadas exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipios, refuerce las acciones de promoción del deporte, para contribuir a la promoción de la salud y la prevención del delito a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva y estímulos a los deportistas mexicanos.”

Sobre el particular, me permito informar que la licenciada Paulina Lelo de Larrera Torres, Coordinadora Ejecutiva de la Subdirección de Cultura Física de esta Conade remitió el memorándum SCF/CE/001/2016, mediante el cual informa las acciones realizadas respecto del exhorto que fue enviado por usted, por lo que me permito remitir copia simple de dicho oficio constante de tres fojas útiles, con el cual se solicita se tenga por cumplida dicha solicitud.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 8 de enero de 2016.— Licenciado José Ramón Ávila Farca (rúbrica), coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Deporte.

Licenciado José Ramón Ávila Farca, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos.— Presente.

En atención a su oficio CNyAJ/1461/2015, mediante el cual se hace referencia al oficio DGPL 63-II-7-272, suscrito por la diputada Daniela De Los Santos Torres, por el cual informa el punto de acuerdo aprobado por el Pleno en Sesión celebrada el 15 de diciembre del presente año, el cual a la letra dice.

“Único. La Cámara de Diputadas exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipios, refuerce las acciones de promoción del deporte, para contribuir a la promoción de la salud y la prevención del delito a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva y estímulos a los deportistas mexicanos.”

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció la Promoción del Deporte como un objetivo del gobierno federal, un factor clave para el impulso de una nueva estrategia y acción pública en el país.

En ese sentido la Subdirección de Cultura Física, a través de sus tres Direcciones, fomenta y promueve la realización de actividades físicas, recreativas y deportivas en la población en general:

Dirección de activación física y recreación

Se ha implementado la Estrategia Nacional de Activación Física “Muévete en Treinta 30M”, la cual va dirigida a la población objetivo que se encuentra en el rango de edad de los 4 años y más, sin distinción de género, -discapacidad, condición social, religión, cultural, etnia, opiniones; preferencias o estado civil de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos, con los recursos que el presente Programa les otorgue.

Objetivo.- Fomentar el desarrollo de la cultura física entre la población general de forma incluyente, que permita masificar la actividad física y recreativa en todas sus expresiones y alcances, contribuyendo a la disminución del sedentarismo y de los factores de riesgo de enfermedades crónico degenerativas no transmisibles, desarrollando la participación social a nivel comunitario y así mejorar la salud física y funcional de los y las mexicanas, a través de las líneas de acción:

Muévete en 30, “30 M Escolar”. Dirigido a niños y jóvenes a través de acciones interactivas con docentes y padres de familia, mediante rutinas de activación física como parte de su jornada escolar.

Muévete en 30, “30 M Laboral”, Actitud Saludable. Promover la actividad física en los trabajadores de la administración pública y privada, para crear hábitos saludables, que deriven en un mejor rendimiento laboral.

Muévete en 30 población abierta

• Muévete en 30 “Tu Zona 30 M”. Aprovechar el uso de espacios públicos en la comunidad para la práctica de actividades físicas y recreativas de forma regular, orientada a la integración familiar y social.

• Muévete en 30, “Red Nacional de Comunidades en Movimiento”. Fomentar la práctica masiva de actividades físicas en las delegaciones y/o municipios

• Muévete en 30, “Actividad Física Masiva”. Promoción de la práctica de actividades físicas a través del uso de espacios públicos para la realización de eventos.

Es oportuno comentar, que para la operación de la estrategia y sus diferentes líneas de acción se realizan Convenios de Coordinación y Colaboración con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte la UNAM, IMSS, CONDEBA, INDET e IPN con el objeto de conjuntar acciones recursos y procedimientos para apoyar, impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y el deporte en las entidades federativas y a través de ellos impactar en el mayor número de municipios.

Además, la Dirección de Activación Física y Recreación en coordinación con la Secretaria de Gobernación (Segob), en el Programa de Prevención Social para la Violencia y la Delincuencia se han implementado acciones como son la de establecer zonas activas en los polígonos previamente determinados por Segob, en donde se realizar actividades física dirigidas a la población de esas zonas vulnerables, atención a centros penitenciarios y ferias de atención integral, con lo que se busca contribuir a la prevención del delito.

Dirección de centros del deporte escolar y municipal

Como parte de la estrategia del programa para la prevención del delito, la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal promueve acciones que procuren el sano uso del tiempo libre y permitan la apropiación de espacios públicos para la convivencia y cohesión entre los integrantes de la comunidad, a través de distintas actividades de recreación, deporte, arte y cultura. Con todo lo anterior se busca atenuar la comisión de delitos.

La Subdirección de Cultura Física, en vinculación con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte, difunde las líneas de acción que se operan en esta Dirección, se brindan asesorías a los usuarios para conocer las disciplinas y los centros deportivos, así como lleva a cabo torneos de diversa disciplinas.

Para el año 2016, se pretende llegar a 1800 municipios a lo largo de toda la República Mexicana, con la creación y fortalecimiento de Ligas Deportivas Escolares y Municipales, circunstancia que dependerá del presupuesto que se asigne a la estrategia.

Por otra parte, le comento que se tiene proyectado en coordinación con los órganos estatales de cultura física y deporte, aplicar la estrategia de torneos denominados “Haz tu Reta”, cuya finalidad es incorporar, fomentar y divulgar la cultura física y deportiva, estimulando la educación, la ética y los valores en la práctica del deporte.

De igual manera, se pretende llevar a cabo en todo nuestro país los campamentos para la detección de talento infantil y la promoción del deporte, cuya finalidad es la de fomentar en nuestra juventud la capacitación e iniciación deportiva con el fin de detonar la práctica regular y sistemática del deporte que contribuya en el desarrollo, la integridad física y mental desde temprana edad, impulsando la detección de sus habilidades con el uso positivo del tiempo libre, aprovechando la infraestructura deportiva.

Finalmente, se tiene proyectado para el próximo año y acorde al presupuesto que se le asigne, llevar a cabo eventos denominados Expo Iniciación Deportiva en diversas entidades de la República Mexicana, cuyo propósito consiste en promover y dar a conocer las diferentes disciplinas que existen y los centros deportivos en los que se practican, con el fin de aprovechar la infraestructura e integrar a la población creando un hábito deportivo, que contribuya a su salud ya la detección de sus habilidades, orientando a una iniciación y formación deportiva.

Dirección de eventos deportivos nacionales y selectivos

A través de los eventos deportivos que se convocan a nivel nacional se fomenta la realización de actividades deportivas de competencia de una manera sana. Se promueve el desarrollo estratégico del deporte, con el propósito de impulsar la cultura física en el país, en coordinación con los integrantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Cada evento establece sus bases en la convocatoria del mismo, la cual está disponible para su consulta en la página de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, www.conade.gob.mx

Por lo que se refiere al mejoramiento de la infraestructura deportiva y estímulos a los deportistas y atletas mexicanos, es de mencionar que estas no son competencia de esta dirección por lo que se sugiere se dirija la petición a la Subdirección de Deporte y de Calidad para el Deporte.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 7 de enero de 2016.— Licenciada Paulina Lelo de Larrea Torres (rúbrica), coordinadora Ejecutiva, Subdirección de Cultura Física.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Deporte, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo.— Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguida diputada:

Con relación a su oficio número DGPL 63-II-7-264, relativo al expediente número 417 que se ventila en esa Cámara de Diputados, con motivo de la posible comisión de actos violatorios de derechos humanos por la muerte de niños en el Hospital del Niño y la Madre Indígena, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, durante los meses de julio y agosto de 2015, informo a usted que con fecha 05 de septiembre del año 2015, el licenciado Celso Vázquez Vivar, Coordinador Regional de esta Comisión en la Región de la Montaña, acordó iniciar de oficio el expediente CODEHUM-CRM/047/2015-I, mismo que fue remitido mediante oficio número 383/2015, de fecha 6 de octubre del mismo año, a la maestra Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (se anexa copia de oficio).

Sin otro particular, reitero a usted que la institución que presido, está siempre dispuesta a atender y a informar a esa Soberanía sobre los asuntos que pudieran vulnerar los derechos humanos de las y los guerrerenses.

Atentamente

Chilpancingo, Guerrero, a 19 de enero de 2016.— Licenciado Ramón Navarrete Magdaleno (rúbrica).»

«Maestra Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.— México, Distrito Federal.

Distinguida visitadora

En atención al oficio número V4/68402, de fecha 28 de septiembre del 2015, signado por usted, misma que en ejercicio de la facultad de atracción prevista en los artículos 6, fracción XVI, y 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 14 de su Reglamento Interno, requiere el expediente citado al rubro para la investigación de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en agravio de recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad durante los meses de julio y agosto del año en curso; en tal virtud, mediante el presente me permito remitir a usted en 825 fojas útiles el expediente original de referencia para los efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el memento aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Tlapa de Comonfort, Guerrero, octubre 6, de 2015.— Licenciado Celso Vázquez Vivar (rúbrica), coordinador regional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo.— DIF Estatal de Veracruz.

Diputada Daniela De Los Santos Torres, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a su oficio D.G.P.L. 63-II-7-279 de 15 de diciembre de 2015, recibido en este Sistema el 28 siguiente, a través del cual hace del conocimiento del doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del estado de Veracruz, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados, exhorta a las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno, a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “Cortejo” o “Grooming”, dando a conocer de manera detallada en qué consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, cómo identificarlo, cómo se puede denunciar, e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijas e hijos, a fin de evitar la comisión de un posible hecho ilícito.”

Sobre el particular, por tratarse de un asunto dentro de la esfera competencial de este Organismo, se remite informe vertido por la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes integrante de este Sistema, mediante oficio PEPNNA/068/16 de 19 de enero de 2016, conforme al ámbito de sus atribuciones.

Lo anterior, a fin de informar las acciones dentro de los programas y las políticas de gobierno encaminadas a informar a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “Cortejo” o “Grooming”, que lleva a cabo este organismo estatal respecto de lo solicitado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar.

Agradeciendo la atención brindada al presente, es grato saludarle.

Atentamente

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 25 de enero de 2016.— Licenciada Astrid Elías Mansur (rúbrica), directora general.»

«Escudo.— DIF Estatal de Veracruz.

Licenciado Armando Ruiz Sánchez, director Jurídico y Consultivo.— Presente.

A través de este medio y en referencia a oficio SP/1553/2015 del día 22 de Diciembre de 2015 signado por el licenciado José Enrique Ampudia Mello, secretario particular del gobernador del estado de Veracruz y oficio D.G.P.L. 63-II-7-279 EXP.267, me permito exponer a usted, la información relativa a las acciones que realiza esta institución de asistencia social en materia de prevención del “Cortejo” o “Grooming”:

• Materiales didácticos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, que contienen conceptos de la explotación sexual infantil, e información sobre los riesgos en las redes sociales y el internet para ser distribuido en los municipios y en los eventos que se realizan.

• Pláticas de “explotación sexual infantil” impartidas en escuelas primarias y secundarias de los municipios incorporados proporcionando información como los nuevos riesgos que existen en las Redes Sociales y los medios electrónicos como lo son el sextting, grooming y ciberbullying, así como algunas medidas de prevención, como fortalecer la denuncia y la protección de datos, fotos, contraseñas en el internet.

• Foros Juveniles durante los años 2013, 2014 y 2015 dirigidos a niñas, niños y adolescentes de diferentes instituciones educativas de secundarias y preparatorias con el objetivo de fomentar el uso seguro y responsable de las redes sociales.

• Realización de campañas como “No te enredes en las redes de la explotación sexual infantil”, enfocada en la pornografía infantil, los riesgos existentes en las TIC, redes sociales y el internet, proporcionando las medidas de protección y denuncia.

Sin otro asunto que atender, me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, a 19 de enero de 2016.— Adelina Trujillo Landa (rúbrica), procuradora.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-0380 signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/019/2016 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta secretaría, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se exhorta al Instituto Nacional de Migración a determinar la situación migratoria de los niños que se dedican al trabajo infantil en la ciudad de Tapachula, así como realizar las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención a su oficio SELAP/300/090/16, recibido el pasado 22 de enero de 2016, remito para los fines procedentes, copias de los similares INM/CAS/08/2016 y INM/ CAS/07/2016, suscrito por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que exhorta a determinar la situación migratoria de los niños que se dedican al trabajo infantil en la ciudad de Tapachula y, con independencia de la misma, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o el Sistema estatal, según corresponda, realice las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención.

Con mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 27 de enero de 2016.— Licenciado Humberto Roque Villanueva (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, coordinador de asesores de la subsecretaría de Población Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

En atención a su oficio número SPMAR/COORDAS/059/2016, recibido el 22 de enero del presente año, mediante el cual remite el oficio SELAP/300/0QO/16, que hace puntual referencia al similar número DGPL 63-II-6-0380, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; y por el que se comunica al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong, el punto de acuerdo de dicho órgano legislativo por el que se “...exhorta al Instituto Nacional de Migración para determinar la situación migratoria de los niños que se dedican al trabajo infantil en la ciudad de Tapachula y, con independencia de la misma, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o el Sistema estatal, según corresponda, realice las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención.

Al respecto, me permito informarle que se solicitó a través del oficio número INM/CAS/07/2016 de fecha 25 de enero del presente año al licenciado Jordan Alegría Orantes, delegado federal de este Instituto en Chiapas, del cual se anexa copia, su intervención a efecto de que se realicen las visitas de verificación migratoria correspondientes para la detección de niños extranjeros que realizan labores de aseo de calzado en Tapachula, Chiapas y, en su caso e independientemente de su situación migratoria, se tomen las medidas necesarias para la protección de sus derechos y su atención, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2016.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Jordan de Jesús Alegría Orantes, delegado federal en Chiapas.— Presente.

Me permito anexar al presente copia simple del oficio número DGPL 63-II-6-0381, expediente 36, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, turnado al licenciado Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto, por el que notifica el punto de acuerdo de dicho órgano legislativo por el que “...exhorta al Instituto Nacional de Migración para determinar la situación migratoria- de los niños que se dedican a esta labor en la ciudad de Tapachula y, con independencia de la misma, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o el Sistema estatal, según corresponda, realice las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención”.

Al respecto, solicito amablemente su intervención a efecto de que se realicen las visitas de verificación migratoria correspondiente para la detección de niños extranjeros que realicen labores de aseo de calzado en la ciudad de Tapachula, Chiapas y, en su caso e independientemente de su situación migratoria, se tomen las medidas necesarias para la protección de sus derechos y su atención, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que corresponda en el ámbito de su jurisdicción.

Asimismo, agradeceré a usted se informe a esta Coordinación de los resultados obtenidos una vez concluidas las acciones de verificación y canalización, en su caso, al Sistema DIF, ello para estar en posibilidad de atender el citado exhorto.

Sin otro particular, le reitero mis permanentes atenciones.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2016.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-400, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SESNSP/ 428 /2016, suscrito por el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual responde el acuerdo por el que se le exhorta a incorporar el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, así como los municipios de Tizimín y Valladolid, del estado de Yucatán; dentro de las demarcaciones beneficiarias por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) para el año 2016, de conformidad con los lineamientos aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario:

En atención a su oficio número SELAP/300/095/16, mediante el cual da a conocer el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de enero del año en curso, mediante el cual “exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública yola Conferencia Nacional de Seguridad Pública, para que estimen la incorporación del Municipio de Loma Bonita, Oaxaca, así como de los Municipios de Tizimín y Valladolid, del Estado de Yucatón; dentro de las demarcaciones beneficiarias por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) para el año 2016, de conformidad con los lineamientos aplicables.”

Sobre el particular, me permito informarle que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de noviembre de 2015, en el cual se establecieron, en su artículo 8 fracción II, los criterios que se debían tomar en consideración para la fórmula de elegibilidad que determina la selección de los beneficiarios del subsidio que se otorga a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, denominado Fortaseg.

Los criterios referidos consideraron el número de habitantes, el estado de fuerza de los elementos policiales, la eficiencia en el combate a la delincuencia, la incidencia delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las características asociadas a los mismos, como son: destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados y aquellos afectados por su proximidad geográfica a otros con alta incidencia delictiva.

En este sentido, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a mi cargo desarrolló la fórmula de elegibilidad con base en los criterios referidos, utilizando para ello información actualizada obtenida a través de las fuentes oficiales que la generan, a efecto de que su aplicación fuera transparente y apegada a la normatividad correspondiente.

Los resultados obtenidos en la aplicación de la fórmula de elegibilidad dependen directamente de la información contenida en dichos criterios, con lo cual se elimina la discrecionalidad en la selección de los beneficiarios.

La incorporación de municipios que no hayan sido seleccionados por medio de la aplicación de la fórmula de elegibilidad con los criterios antes señalados, implicaría la contravención de las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Por tal motivo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra imposibilitado de atender el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión para incorporar al municipio de Loma Bonita, Oaxaca, así como a los municipios de Tizimín y Valladolid, Yucatán, sin la aplicación expresa de la fórmula de elegibilidad.

No obstante lo anterior, me permito informarle que conforme a los resultados de la aplicación de la fórmula de referencia, el municipio de Valladolid, Yucatán, resultó beneficiario del subsidio Fortaseg para el ejercicio fiscal de 2016, con un monto de 11 millones de pesos.

Desafortunadamente, por la combinación de resultados obtenidos de la misma fórmula, los municipios de Loma Bonita, Oaxaca y Tizimín, Yucatán, no resultaron beneficiarios de citado subsidio.

Por último, cabe señalar que la fórmula de elegibilidad y los resultados de su aplicación se encuentran integrados en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (Fortaseg) para el ejercicio fiscal 2016, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de enero.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo reiterándose la seguridad de mi distinguida consideración.

Respetuosamente

México, DF, a 28 de enero de 2016.— Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-0417 signado por el senador Fernando Yunes Márquez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPMAR/017/2016 suscrito por el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta secretaría, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero, con énfasis en los periodos vacacionales de semana santa, verano e invierno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

En atención a su oficio SELAP/300/049/16, recibido el pasado 14 de enero de 2016, remito para los fines procedentes, copia del similar INM/CAS/06/2016, suscrito por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de Asesores del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero, con énfasis en los periodos vacacionales de semana santa, verano e invierno.

Con mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 26 de enero de 2016.— Licenciado Humberto Roque Villanueva (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Manuel García García, coordinador de asesores de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.— Presente.

En atención a su oficio número SPMAR/COORDAS/036/2016, recibido en este instituto el 19 de enero del presente, mediante el cual remite oficio SELAP/300/049/16, que hace puntual referencia al similar número DGPL 63-II-1-0417, por el que el senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión comunica a la secretaría el punto de acuerdo de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia por el que “...exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Servicio, de Administración Tributaría y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero, con énfasis en los periodos vacacionales de semana santa, verano e invierno”: al respecto me permito informarle lo siguiente:

Con la participación de las instituciones que conforman la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, de los gobiernos de los estados a través de sus oficinas de atención al migrante, nuestros consulados en los Estados Unidos de América, voluntarios y organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir del año 2015 se fortalecieron las acciones de protección a los migrantes en retorno, lo que permitió la atención directa e indirecta a 4.9 millones de connacionales que arribaron al país durante todo el año, especialmente en las temporadas vacacionales de primavera, verano e invierno, cifra que representa un incremento de 73 por ciento con relación al 2013 y de 44 por ciento respecto de 2014.

Participaron durante los operativos de primavera, verano e invierno, 3 mil 647 voluntarios de la sociedad civil en calidad de observadores del programa, quienes fueron capacitados previamente, destacando la participación por primera ocasión de connacionales repatriados, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. En el operativo de invierno, se instalaron 432 módulos y puntos de observación del programa en el territorio nacional.

Se recibieron 163 quejas, mismas que fueron turnadas a los órganos internos de control y las contralorías estatales y municipales correspondientes y se atendieron 13 mil 348 llamadas telefónicas, 520 correos electrónicos, se brindaron 11 mil 330 atenciones personalizadas y mil 43 peticiones de ayuda diversa.

Con la finalidad de fortalecer la promoción y difusión del programa, se realizaron las siguientes acciones:

• Se integró a un nuevo personaje con capacidad diferente, dentro de la Familia Paisano con carácter inclusivo de este segmento de nuestros connacionales en retorno.

• Se modificó el contenido de la Guía Paisano, incorporando nueva información para orientar a nuestros connacionales sobre los servicios y programas institucionales a que pueden acceder.

• Se elaboraron los ficheros en Hña-Hñu y Nahuatl, mismos que, contienen un extracto de información de la Guía Paisano.

• Se diseñó un folleto para capacitar a migrantes jaliscienses, en los puntos de repatriación.

• Se promovió la participación de personalidades del mundo artístico a través de videos orientados a sensibilizar a migrantes en retorno, a informarse de la Guía Paisano y a denunciar actos de corrupción.

• Se incluyó la difusión de la información del programa a través de facebook, twitter y google +.

• En cooperación con la Fundación Bancomer, se diseñó un folleto informativo sobre DACA, mismo que se difundió principalmente en Estados Unidos de América.

• Se elaboró una tarjeta de denuncia que brinda a los connacionales datos de contacto de manera inmediata.

• Con la participación de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes (SCT) se incluyeron las rutas sugeridas y los paraderos seguros en la plataforma Mappir (Mapa, App, ir) la versión más actualizada de Traza tu ruta.

Asimismo, se reforzó la seguridad de las Rutas Sugeridas durante los operativos especiales a través de patrullajes carreteros por parte de la Policía Federal, Ángeles Verdes, policías estatales y municipales; así como la presencia institucional en los de Paraderos de Descanso, donde se brindaron servicios de revisión mecánica, orientación, información turística y asistencia médica.

Por sexto año consecutivo, en coordinación con la Arquidiócesis de Querétaro, se realizó la sexta Caravana del Migrante, a través de la cual se acompañó a los connacionales desde la planeación de su viaje a México, hasta la coordinación logística de su ingreso, tránsito y destino final, realizada con el apoyo del SAT –Aduanas, Policía Federal y Ángeles Verdes, con la asistencia del gobernador del estado de Querétaro y el quinto visitador de Derechos Humanos en el arranque de la misma.

El 19 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una caravana proveniente de California, EEUU, rumbo a Zacatecas, Zacatecas, en la cual se dieron facilidades en los trámites que otorgaron las distintas dependencias y una mayor fluidez y seguridad durante su tránsito por el territorio nacional.

El 20 de diciembre de 2015, se instaló el módulo Paisano en la milla 13 de la carretera 35 de Laredo, Texas, con la presencia de la representación del Programa Paisano en Houston, Texas, el Consulado General de México en Laredo, Texas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Departamento de Salud en Laredo, Texas y la oficina de Turismo de Laredo, las cuales brindaron información y facilitaron los trámites de nuestros connacionales.

En San Luis Potosí, el 1 de noviembre se llevó a cabo en el paradero seguro en la carretera 57 México-Piedras Negras kilómetro 54, el arranque del Programa Paisano, con la presencia del gobernador el doctor Juan Manuel Carreras López, además de presidentes municipales, diputados y funcionarios estatales y municipales. En Coahuila, el 19 de noviembre se realizó con la presencia del gobernador, licenciado Rubén Moreira Valdez, con presencia de funcionarios estatales y municipales.

Destacó en 2015 la presencia del gobernador del estado de Hidalgo, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, en el Banderazo de arranque del Programa Bienvenido Paisano Hidalguense invierno 2015; con la participación de Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Secretaria de Turismo, Ángeles Verdes, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, entre otras.

Se mantuvo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el incremento de la franquicia fiscal durante los operativos especiales del Programa Paisano, de 300 a 500 dólares por persona por tierra, beneficio que se mantiene durante todo el año en ingresos por vía aérea. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) participó en la atención y reinserción de connacionales en retomo.

En materia de coordinación, se fortaleció la vinculación y comunicación con la red consular, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y con los gobiernos de los estados.

Por lo que corresponde a la participación del sector social y privado, se mantuvo la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fundación BBVA, Fundar (Centro de Análisis e Investigación), International Detention Coalition, Samaritan’s Purse, Rotary México; además se obtuvo el apoyo de diversas empresas que colaboraron con la donación de productos, espacios publicitarios (Telemundo y Univisión) y espacios físicos en fechas especiales.

Como se realiza cada año, el programa participó en las celebraciones del aniversario de la Independencia de México en Los Ángeles, California; se realizaron visitas a los centros de detención en Estados Unidos, campos agrícolas, centros comunitarios, entre otros, donde se brindó información a los connacionales.

Además, los Grupos Beta de Protección al Migrante realizaron, como lo hacen todos los años, sus labores de protección, asistencia y rescate durante las temporadas de mayor retorno de connacionales al país.

Es importante señalar que, gracias a la cada vez más amplia coordinación interinstitucional de la federación, a la participación de los gobiernos de los estados y sus instituciones, de las organizaciones y voluntarios de la sociedad civil, del sector privado, de las y los diputados, de los clubes de mexicanos en el exterior, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las iglesias, se ha incrementado notablemente la protección de los derechos y la atención a nuestros connacionales que retornan temporalmente al país, especialmente en primavera, verano e invierno, lo que ha legitimado el Programa Paisano y ha dado lugar a la implementación de otros más como es el caso de programa Diputada Amiga, Diputado Amigo y las acciones que desarrollan las Oficinas de Atención al Migrante de los Estados (OFAM).

Sin otro particular y en espera de atender su solicitud, le reitero mis permanentes atenciones.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2016.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-537, signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SESNSP 27/2016 suscrito por el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual responde el Acuerdo por el que se solicita un informe sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de combate al secuestro en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario:

Me refiero a su oficio número SELAP/300/084/16, mediante el cual da a conocer el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, del pasado 20 de enero del año en curso, mediante el cual “solicita respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del estado y al municipio de Matamoros, Tamaulipas, en el marco de sus respectivas atribuciones, informe a esta soberanía sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de combate al secuestro en la municipalidad antes mencionada.”

Sobre el particular, me permito informarle que el estado de Tamaulipas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en el Programa con Prioridad Nacional “Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)”, ha destinado recursos a la construcción del edificio de la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro la entidad federativa lo ha equipado con herramientas tecnológicas señaladas en la estrategia nacional como mínimas para la atención del secuestro, y ha dotado de equipo al personal y a las instalaciones de la Coordinación Estatal Antisecuestro, para el desarrollo de sus funciones.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Respetuosamente

México, DF, a 28 de enero de 2016.— Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.— Mesa Directiva.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para su conocimiento y efectos correspondientes, remito copia del Acuerdo de la Mesa Directiva para la conclusión de los proyectos de ley o decreto enviados por la Cámara de Diputados, durante las legislaturas LIX, LX y LXI, aprobado en sesión celebrada en esta fecha, así como el listado de los asuntos que esta Cámara declara concluidos.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.

SOLICITUDES DE LICENCIA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado Zambrano

Dirijo a usted el presente escrito, con el propósito de solicitar licencia en el ejercicio de mi cargo, para separarme por tiempo indefinido a partir del miércoles 3 de febrero de 2016, para postularme a un cargo de elección popular, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción XVI; 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados; además de lo estipulado en las disposiciones electorales vigentes y, desde luego, las normas estatutarias del Partido Movimiento Ciudadano, al cual pertenezco.

Hago propicia esta oportunidad para agradecer a usted, y por su amable conducto, mis compañeros legisladores, el apoyo que recibí para el ejercicio de mis funciones, a la vez que reitero mi indeclinable compromiso de seguir trabajando por el bien de México.

Quedo en espera de la resolución que el órgano legislativo bajo su conducción tenga a bien dar esta solicitud y quedo, como siempre, a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2016.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Están a discusión los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, antes. Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo, por favor. ¿Con qué propósito, diputada? Acá, por favor. Ahí está.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo que no quería dejar pasar el momento de felicitar a mi compañero por todo el trabajo que ha llevado en la Cámara, como presidente de la Comisión de Marina. Y también, un político destacado que ha tenido una trayectoria interesante como presidente municipal, como senador y que estoy segura va a construir en favor de Tamaulipas un gran gobierno. Y por mi parte sería todo. Y nuevamente agradecer por su compañerismo y por el trabajo que ha desarrollado en la Cámara.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Delgadillo.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura.— Presente.

Quien suscribe, el diputado Cuitláhuac García Jiménez, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal, a partir del 3 de febrero del año en curso, asimismo le solicito sea llamado mi suplente, el ciudadano Sergio René Cancino Barffusón, a tomar la protesta del cargo de diputado federal.

Lo anterior con el propósito que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2016.— Diputado Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Están a discusión los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Cuitláhuac García Jiménez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el décimo distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado Zambrano:

Me dirijo a usted por medio del presente, con el propósito de solicitar licencia en el ejercicio de mi cargo, para separarme por tiempo indefinido a partir del 4 de febrero de 2016; lo anterior con apego a lo dispuesto por el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción XVI; 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados; además de lo estipulado en las disposiciones electorales vigentes y, desde luego, las normas estatutarias del Partido Revolucionario Institucional, al cual pertenezco.

Quedo en espera de la resolución que el órgano legislativo bajo su condición tenga a bien dar a esta solicitud, quedando, como siempre, a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2016.— Diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

Están a discusión los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el segundo distrito electoral del estado de Tamaulipas, a partir del 4 de febrero del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

———————— o ————————

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado Zambrano:

Dirijo a usted el presente escrito, con el propósito de solicitar licencia en el ejercicio de mi cargo, para separarme por tiempo indefinido a partir del jueves 4 de febrero de 2016, para postularme a un cargo de elección popular, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción XVI; 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, además de lo establecido en las disposiciones electorales vigentes y, desde luego, las normas estatutarias del Partido Revolucionario Institucional, al cual pertenezco.

Quedo en espera de la resolución que el órgano legislativo bajo su conducción tenga a bien dar a esta solicitud y quedo, como siempre, a sus órdenes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2016.— Diputado Jesús Juan De La Garza Díaz Del Guante (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Están a discusión los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Juan De La Garza Díaz Del Guante, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el cuarto distrito electoral del estado de Tamaulipas, a partir del 4 de febrero del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

VOLUMEN II

PROTESTA DE DIPUTADO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Daniel Adrián Sosa Carpio, diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputada Monserrat Alicia Arcos Velázquez, diputada Gabriela Ramírez Ramos, diputada María Elida Castelán Mondragón, diputado Rene Cervera García, diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, diputado Jonadab Martínez García, diputada María Victoria Mercado Sánchez, diputada Angélica Reyes Ávila, diputada Ana Guadalupe Perea Santos, diputado Francisco Diez y diputada María Cristina García Bravo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadano Daniel Adrián Sosa Carpio, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Daniel Adrián Sosa Carpio: Sí protesto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

Bienvenido, felicidades. No nos vaya a querer hacer una bancada con todo ese acompañamiento que trae, porque entonces.

Continuamos con el siguiente capítulo de acuerdos de los órganos de gobierno.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Mesa Directiva.

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a las minutas pendientes de dictamen, recibidas antes del 1 de septiembre de 2012.

La Mesa Directiva, con fundamento en la atribución que le confieren los artículos 20, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el marco de lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como séptimo y octavo transitorios del reglamento mencionado, y de conformidad con los siguientes

Considerandos

I. Que los artículos 20, numeral 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, facultan a la Mesa Directiva para realizar la interpretación de las normas y ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones y de los trabajos legislativos.

II. Que el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el proceso legislativo que seguirá todo proyecto de ley o decreto cuya aprobación no sea exclusiva de alguna de las cámaras que integran el Congreso de la Unión.

III. Que el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que si una iniciativa o minuta no es dictaminada y/o resuelta en comisiones en el lapso correspondiente, ésta deberá presentarse en sus términos al ámbito del Pleno para que sea resuelta.

En este sentido, el propio artículo 184 dispone y da la pauta para que la Mesa Directiva acuerde lo conducente.

IV. Que el Reglamento de la Cámara de Diputados estableció el antecedente análogo para el procedimiento de desechamiento de minutas pendientes de resolución de legislaturas anteriores al establecer en su artículo séptimo transitorio que “las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, podrán acordar los procedimientos a los que se sujetarán las minutas pendientes de dictamen en la Cámara de Diputados, presentadas desde el 1 de septiembre de 2009, hasta la fecha de entrada en vigor del presente reglamento”.

En este tenor es de observarse que uno de los propósitos principales del legislador fue procurar y conseguir el abatimiento del rezago legislativo, lo cual ha generado los siguientes precedentes:

• La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo del conocimiento del Pleno, con fecha 23 de noviembre de 2011, una comunicación que resolvió declarar como asuntos totalmente concluidos, las iniciativas presentadas antes del 1 de septiembre de 2009 que se encontraban pendientes de dictamen, así como aquellas que no fueron seleccionadas en el plazo establecido en el acuerdo de fecha 13 de octubre de 2011, incluidas aquellas presentadas antes de la LVII Legislatura, publicado en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha.

• La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sometió a la consideración del Pleno el acuerdo relativo a las minutas pendientes de dictamen recibidas antes del 1 de septiembre de 2009, lo cual permitió concluir con el trámite legislativo de los proyectos de ley o decreto pendientes de las LVII, LVIII, LIX y LX legislaturas.

V. Que el 15 de octubre de 2015 las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores sostuvieron reunión de trabajo con objeto de analizar diversos temas, entre los cuales destaca el rezago legislativo en materia de minutas.

Sobre el particular, coincidieron en la necesidad de desahogar el cúmulo de minutas no resueltas recibidas por cada una de las cámaras antes del 1 de septiembre de 2012, es decir antes del inicio de la LXII Legislatura, con objeto de abatir el rezago y generar las condiciones que permitan enfocar los esfuerzos del legislativo por resolver los asuntos cuyo interés permanece vigente.

En este contexto y a consulta de esta Mesa Directiva, los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en dicho órgano manifestaron su anuencia para que proponga al Pleno un acuerdo con objeto de resolver la conclusión del proceso legislativo de las minutas presentadas antes del 1 de septiembre de 2012.

VI. Que en este tenor, es pertinente citar que en cumplimiento a lo acordado por las mesas directivas en su reunión del mes de octubre pasado, la Colegisladora en el 14 de diciembre de 2015, aprobó concluir el proceso de 80 proyectos de la LXI Legislatura y anteriores, declarándolos asuntos concluidos y procediendo a su archivo.

VII. Que actualmente en la Cámara de Diputados existen 77 expedientes de minutas que datan de la LXI Legislatura y anteriores, en los cuales los grupos parlamentarios han observado que sus contenidos se encuentran desfasados del marco jurídico actual, y en muchos casos han perdido materia, lo que representa un impedimento para la continuidad de su proceso legislativo.

VIII. Que tomando en cuenta lo anterior, así como la oportunidad que brindan las disposiciones invocadas, los precedentes aplicados, y al tener la venia expresa de la Colegisladora y los coordinadores de los grupos parlamentarios, se estima conveniente proponer al Pleno la conclusión del proceso legislativo de las minutas generadas antes del 1 de septiembre de 2012, que radican en esta Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones, la Mesa Directiva somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a las minutas pendientes de dictamen, recibidas antes del 1 de septiembre de 2012.

Primero. Se declara finalizado el proceso legislativo a que se refiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las minutas de ley o decreto referidas en el anexo del presente acuerdo y que fueron recibidas antes del 1 de septiembre de 2012.

Archívense como asuntos total y definitivamente concluidos y actualícense los registros parlamentarios.

Segundo.Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios actualizar los registros y bases de datos legislativos, e informar de lo anterior a las comisiones a efecto de que se descarguen los asuntos de sus inventarios.

Tercero.Comuníquese lo anterior a la Cámara de Senadores, con objeto de que proceda en consecuencia y actualice sus registros parlamentarios.

Cuarto.Publíquese el acuerdo y su anexo en la Gaceta Parlamentaria e incorpórese al Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente; Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica), María Bárbara Botello Santibañez (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Daniela De los Santos Torres (rúbrica), vicepresidentes; Ramón Bañales Arambula (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica), Juan Manuel Celis Aguirre, Ernestina Godoy Ramos (rúbrica), Verónica Delgadillo García (rúbrica), María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica), Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo... Si se aprueba...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Actualícese el script también ahí.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No. A ver, ponga a consideración de la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo al que se le ha dado lectura.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Actualícense los registros parlamentarios.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON MOTIVO DEL 99 ANIVERSARIO DE LA PROMUGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del 99 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se han ya registrado para hacer uso de la palabra las y los respectivos diputadas y diputados de sus respectivos grupos. En consecuencia tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. No se encuentra en el salón de sesiones, lo brincamos. Entonces tiene la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy hace 99 años se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento histórico que contiene las aspiraciones sociales, económicas y culturales del pueblo mexicano, fundamento del pacto social y base sólida en la construcción del Estado mexicano.

La Constitución de 1917 es la síntesis de la evolución jurídica, política y social de México. Las grandes luchas de nuestro país, como la Independencia, la Reforma y la Revolución se reflejan en este documento.

Ahí encontramos los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, los ideales de la Constitución de Apatzingán y los postulados de la Constitución de 1857. Todas las voces, ideas y pensamientos tuvieron cauce y fueron entendidas por los diputados del Congreso Constituyente de 1917.

El diputado por Veracruz, Heriberto Jara, demandaba incorporar los derechos de los trabajadores. El poblano Froylán Manjarrez aseguraba que tras una revolución social como la vivida, la Constitución debería contener un título sobre los derechos sociales. Mientras el veracruzano Carlos Gracidas exigía participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Por su parte, el tlaxcalteca Modesto González Galindo afirmaba que un pueblo analfabeto y oprimido no puede ser soberano.

Y de Guanajuato, José Natividad Macías condensaba el pensamiento social asegurando: “un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un pueblo pobre no podrá ser jamás un pueblo libre”.

Tras largos debates, grandes modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social del país, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, la cual entró en vigor a partir de mayo de ese año. En ella se determinó la enseñanza laica y gratuita, la jornada de trabajo máxima de ocho horas, así como el reconocimiento a las libertades de expresión y a la asociación de los trabajadores.

En el terreno político, ratificó el sistema de elecciones directa y se decretó la no reelección, suprimiendo la vicepresidencia. Otorgó mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a los estados. A raíz de ello, se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario en el país, relativo a la propiedad de la tierra.

Así los constituyentes no solo contemplaron la estructura de los órganos de autoridad y el régimen político de nuestro país, sino también plasmaron las garantías individuales y colectivas que cristalizaban la esperanza de un pueblo cansado de la guerra entre hermanos y sediento de justicia social.

La nueva Constitución consagró las medidas fundamentales para reorganizar nuevamente a la nación y encarrilarla por la senda de la justicia y del derecho, como único medio para cimentar la paz y las libertades políticas.

Con ese espíritu, la Constitución de 1917 rige a todos los mexicanos, sin distinción de raza, credo, condición social o política, ya que en ella se dictó la libertad de creencia y de pensamiento.

A 99 años de su promulgación nuestro marco jurídico ha sufrido modificaciones, todas necesarias para continuar mejorando la organización política y social, a fin de abrir mayores causas de justicia y democracia, propiciando con ello los cambios que este país requiere.

La justicia social es la característica primordial de nuestra Constitución, por eso en Nueva Alianza reconocemos la primera Constitución del siglo XX. Para Nueva Alianza es un acto que va mucho más allá de una celebración anual, es motivo para declarar nuestras convicciones sobre el Estado de derecho.

Sabemos que, más allá de tutelar nuestras acciones mediante el orden jurídico, nuestra Constitución contiene valores morales que rigen la vida cotidiana de millones de mexicanas y de mexicanos.

Hoy reflexionemos sobre la importancia y trascendencia de cumplir los preceptos que establece nuestra Carta Fundamental. Busquemos vivir en un México justo, respetemos a la Constitución. Busquemos vivir en un México igualitario, respetemos a la Constitución. Busquemos prosperidad, democracia y paz, respetemos a nuestra Constitución.

Reconocemos la necesidad de hacer una revisión profunda, imparcial y analítica de nuestra Carta Magna, con el fin de mantener la vigencia de nuestro orden jurídico acorde con la realidad nacional. Por ello, estaremos atentos a participar en las actividades que se realizan con motivo del centenario de nuestra Constitución Política.

Invitamos a todas y a todos los mexicanos, a ser partícipes de esta gran celebración ya que la nación la construimos todos y requiere de todas y de todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución es el acuerdo básico que los ciudadanos se dan para organizarse, para procesar sus diferencias, para organizar el poder público y para perseguir sus anhelos.

En palabras de Aristóteles, el filósofo griego, la gran casa común que tiene como finalidad el buen vivir, es el pacto fundacional y el instrumento básico en el que coincidimos para construir una nación y para vivir en libertad y que compartimos a pesar de los desencuentros y de las divergencias.

El Constituyente de 1917 emprendió un proceso de reflexión ejemplar que persiguió justamente esos objetivos, plasmando una serie de principios fundamentales que le han dado carácter al Estado mexicano, el acceso a la educación gratuita, la defensa de los derechos individuales, el equilibrio de poderes, la defensa de la tierra, el derecho a un trabajo digno, la libertad de pensamiento y de expresión como piedras angulares de una organización política.

Una Constitución entendida como el pacto fundacional de una nación, representa el puente entre el pasado y el futuro, el eslabón entre las aspiraciones que marcaron nuestro pasado y las tareas pendientes que tenemos con el porvenir.

En Movimiento Ciudadano no compartimos la idea de que nuestra Constitución está rebasada o es obsoleta. Nosotros observamos que las grandes deficiencias de nuestro sistema político, las grandes promesas incumplidas de nuestro Estado y las profundas inequidades que han perpetuado nuestra forma de organización política, son producto de un conjunto de arreglos institucionales, de redes de complicidad y de reglas no escritas perpetuadas a lo largo del tiempo por un régimen que ha sido esencialmente funcional a un sistema de privilegios.

Vale la pena recordar que Venustiano Carranza, en su discurso de presentación del proyecto de reforma el primero de diciembre de 1916, señaló –cito textual-: La Constitución de un pueblo debe buscar que la autoridad no pueda convertirse en contra de la sociedad que lo establece. Hasta aquí la cita.

De tal manera que el gran reto que tenemos a un año de conmemorar un centenario de la Constitución Mexicana, es el de descifrar cómo hemos contribuido a derrumbar el puente que trazó el Constituyente de Querétaro convirtiendo al poder público en contra de los ciudadanos y qué podemos hacer para corregirlo.

El rol de una Constitución, compañeras y compañeros diputados, en un Estado democrático es central porque define cuáles son los acuerdos básicos sobre los que fundamos nuestra organización social; cuáles son los derechos que defendemos, cuáles son los límites del poder, cuáles son los mecanismos de equilibrio y contrapeso entre poderes, cuáles son las relaciones entre los distintos órganos de gobierno, cuáles son las formas de administrar las diferencias políticas y la pluralidad, cuáles son las formas de procesar los conflictos para llegar a consensos, cuál es la definición elemental de justicia y cuáles son los anhelos y aspiraciones de los ciudadanos que el Estado hace propios.

Estas cuestiones siempre serán vigentes porque dibujan no solo el núcleo de una Constitución, sino el corazón de un régimen político. Por eso antes de responder estas preguntas tenemos que reconocer que a casi cien años del Pacto Constitucional, muchos, muchos han contribuido a pervertir y derrumbar estos principios.

Han contribuido a devaluar la letra de la Carta Magna, han llevado a oscurecerla para construir un régimen no derecho ni de derechos. No el régimen que el Constituyente pensó para el porvenir, sino un régimen funcional a los privilegios, al control del poder y a la manipulación. Un régimen que, como lo advirtió Carranza, desafortunadamente se convirtió en contra de la sociedad que lo estableció.

Por ejemplo, ¿cuáles son los acuerdos básicos sobre los que fundamos nuestra organización social si el principal síntoma que tiene secuestrado a nuestro país y que parece ser el acuerdo implícito y aceptado es la corrupción?

¿Cuáles son los derechos que defendemos hasta el final si aún nuestro Estado no defiende libertades fundamentales, derechos colectivos de los pueblos indígenas y de las minorías, derechos de la mujer, entre otros?

¿Cuáles son los límites del poder y hasta dónde permitimos que se invada la privacidad del ciudadano si hay quienes se oponen a tener una red libre y reconocer el acceso a internet como un derecho cívico?

¿Cuáles son los mecanismos de equilibrio y contrapeso entre poderes si hoy lo que tenemos es un Poder Legislativo que funge como ventanilla de trámites del Poder Ejecutivo?

¿Cuáles son las relaciones entre los órdenes de gobierno y hasta dónde se puede interferir en cada uno de ellos, si con las reformas estructurales de los últimos tres años somos testigos de la escala centralista más abrumadora de los últimos 100 años, y de una pretensión de aniquilar al municipio mexicano con figuras como el mando único?

¿Cuáles son las formas de administrar las diferencias políticas y la pluralidad si hoy seguimos sin contar con mecanismos de participación ciudadana efectivos, tomando mientras tanto decisiones en cúpulas y pactos partidistas y con poderes fácticos que no representan a los ciudadanos?

¿Cuáles son las reformas y las formas de procesar los conflictos para llegar a consensos si hoy se tortura, si nos faltan 43 y nos faltan más de 25 mil que quizás piensan diferente?

¿Cuál es la definición elemental de justicia y cuáles son los anhelos y las aspiraciones de los ciudadanos que el Estado debería de hacer propios, si hoy seguimos padeciendo una profunda desigualdad y marginación que no sólo es injusta, sino que les impide a los mexicanos ejercer plenamente su ciudadanía?

La pregunta no es en qué está fallando nuestra Constitución, sino en qué están fallando las personas que detentan el poder público y que han escamoteado la defensa de estos principios y convicciones constitucionales, traicionando el fundamento de nuestra Carta Magna que justamente es la justicia.

La pregunta no es qué grandes reformas debemos hacerle a la Constitución, sino cómo eliminamos de la vida pública de México la idea de que la clase política tiene por patrimonio personal a las instituciones nacionales.

Dicho de otro modo, México no puede tener una de las constituciones más reformadas del mundo sin que al mismo tiempo no hayamos procurado darle un sentido de comunidad, y por lo tanto de justicia a la norma fundamental de los mexicanos.

Discúlpenme pero no podemos celebrar mientras tenemos este vacío de poder y este vaciamiento de los valores constitucionales y democráticos.

Los diputados ciudadanos estamos convencidos de que para corregir el rumbo debemos regresar a algo elemental, que es la participación ciudadana.

Para restaurar los principios y valores de un modelo democrático, plural y justo, debemos abrir las puertas de la vida pública a los ciudadanos, debemos de sacudir las instituciones para acabar con la corrupción y con la opacidad.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, a casi una centuria de la Constitución de Querétaro, el espíritu fundamental que debemos de tener para renovar la vida pública de México y para recuperar la dignidad de la política, consiste en devolverles a los ciudadanos su papel en la toma de decisiones y en la limpia del poder público.

Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a hacerlo tal como lo buscaron los constituyentes de 1917, tendiendo un puente entre los objetivos del presente y las aspiraciones del porvenir. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castañeda. Ahora sí ya se encuentra en el salón el diputado Gonzalo Guízar Valladares, tiene la palabra del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Mil disculpas al pleno. Compañeras y compañeros diputados, como bien se ha dicho a los que me han antecedido en la palabra, casi 100 años de celebrar la promulgación de la Constitución de 1917, que además hay que reconocer y decirlo además, no es la misma Constitución. La que celebramos hoy, una Constitución totalmente diferente a la de 1917, en el aspecto de forma y en algunos casos de fondo.

Para nosotros, como Encuentro Social, es una oportunidad de análisis, se presume la primera en el siglo XX en materia de derecho social, precursora, incluso, en el mundo. En los años treinta, cuarenta, la población estaba invertida 80 por ciento rural, 20 por ciento urbana. Hoy 20 por ciento rural, 80 por ciento urbana.

A 100 años casi de celebrar nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, estamos reconociendo que hay más pobres. Estamos reconociendo en un clima pleno de inseguridad en el país, en muchas entidades y municipios de México.

A casi 100 años de tener una Constitución precursora en derechos sociales, políticos estamos viviendo un sentido patrimonialista de las instituciones, como bien se ha comentado anteriormente. Creo que ahí está la reflexión, ahí está el análisis que nosotros, como integrantes de esta LXIII Legislatura, deberíamos hacer –y Encuentro Social lo hace– con estabilidad política.

Pero, en ese sentido y en ese contexto les puedo decir a ustedes que los documentos básicos de Encuentro Social en su página 47 narra la exigencia, en esos documentos doctrinales, de tener la necesidad de generar reformas y generar un nuevo enfoque del pacto social.

Sin bien es cierto que Rousseau, los estudiosos de aquella época decían que deberíamos de sacrificar soberanía personal, individual para formar un ente que nos representara a todos y que el más fuerte no acabara con el más débil, de tal suerte que nos reguláramos en la conducta social, hoy nosotros decíamos como Encuentro Social un nuevo pacto que permita equidad, igualdad.

Leo textualmente lo que dice nuestra declaración de principios, en la página 47 de los documentos básicos:

En Encuentro Social creemos que una nueva generación de reformas al Poder Judicial es inaplazable. El Poder Judicial es la institución responsable del establecimiento del imperio de la ley, del cumplimiento por todos los ciudadanos del marco constitucional.

Además su principal tarea de vela por el Estado de derecho bajo el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley debe dejar de ser teoría y traducirse a los hechos. El respeto a los derechos humanos no sólo en el mayor tribunal de la justicia del país, sino en todo el sistema, en toda la estructura judicial, debe ser uno de los objetivos principales de la reforma.

El Poder Judicial es el garante de la República, del gobierno, de la ley, y por eso debemos exigir su eficacia y resignificar su papel en la vida política nacional.

Encuentro Social promoverá intensamente la idea de un nuevo pacto social, combinación de un gobierno limitado, una sociedad movilizada, un reconocimiento al núcleo familiar, el respeto a la ley ya a la dignidad del ser humano. El cambio social es posible con una visión de comunidad, de participación democrática, de empoderamiento político surgido de la libertad individual y de la visión social.

Seremos un partido que retome lo mejor de las ideologías de derecha y de izquierda para construir su propio discurso basado en realidades y necesidades actuales. Liberales en asuntos económicos y sociales, en temas de igualdad, de clase.

El nuevo pacto social que pretendemos encabezar debe buscar el desarrollo económico, la generación de la riqueza, pero también la redistribución equitativa de la misma, obligación social y moral de todos los sectores productivos. Es así como los documentos básicos de nuestro partido, Encuentro Social, narran con toda puntualidad lo importante que significa el imperativo de un nuevo pacto social.

Asimismo, en otro frente las y los diputados federales de Encuentro Social nos hemos propuesto encarar de manera seria y responsable una serie de reformas constitucionales que buscan fortalecer el Estado de derecho, el sistema democrático y el desarrollo de bienestar social de todos los mexicanos.

Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social resulta urgente y necesario replantear el llamado fuero constitucional. En tal sentido estamos planteando su eliminación, pues consideramos que otorga privilegios indebidos a los funcionarios y servidores públicos que gozan de tal prerrogativa, o gozamos de tal prerrogativa.

Igualmente, estamos convencidos de la necesidad de crear a nivel constitucional un andamiaje jurídico e institucional para hacer realidad los llamados derechos programáticos. Asimismo, buscamos establecer, compañeras y compañeros diputados, medios y procedimientos que deberá seguir el ciudadano para exigir la aplicación de dichos derechos al Estado mexicano.

Como parte del Constituyente Permanente tenemos la grave responsabilidad de actualizar nuestra Carta Magna, siempre que sea necesario para atender de la mejor manera posible la realidad económica, política y social de nuestro país.

Finalmente, en 1917, cuando juró la nueva Constitución el presidente Venustiano Carranza, el Barón de Cuatro Ciénegas, dijo: ahora solo nos queda la obligación de ir a la práctica de la Ley Suprema que acabáis de sancionar, llevándola en nuestras manos como la enseñanza que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra. Como mexicanos estamos obligados a honrar las palabras del Barón de Cuatro Ciénegas.

Amigas y amigos diputados, hoy es el momento para reflexionar, unificar criterios, enlazarnos, proyectarnos para el bien de la sociedad y que ese gran número de impunidad, ese gran porcentaje de impunidad, ese gran porcentaje de pobres, a través de la Constitución programática se elimine para siempre, con igualdad, con equidad, con unidad y con visión de Estado lo podemos lograr. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues:Gracias. Gracias, presidente. Estamos aquí para celebrar el XCIX Aniversario de nuestra Constitución. Veamos qué estaríamos celebrando.

La Constitución de 1917 es el pacto que une a nosotros como mexicanos. Cuando nosotros llegamos aquí, como diputados, lo primero que hicimos fue tomar protesta, protestar para cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución.

Protestar, hacer cumplir, cumplir y hacer cumplir la Constitución también es un compromiso personal. Un compromiso que nos obliga a conocer los objetivos, la filosofía, el contenido y comprometernos con la Constitución. ¿Para qué? Para que lo que aquí se fuera a votar siempre estuviera de acuerdo con ese sentido.

La realidad es que hoy estamos viviendo un régimen que privilegia los intereses económicos. Que los privilegia por encima de los intereses y derechos ciudadanos y colectivos.

Nuestra Constitución es producto de una revolución que costó muchos muertos, ese producto plasmó por primera vez en el mundo garantías y compromisos sociales profundos.

Hoy lo que se aprueba de manera constante en esta Cámara de Diputados está en contra de esa historia. Se borra de un plumazo la responsabilidad social del Estado, en donde el Estado por mandato de la Constitución participa en la economía, en la justicia social y en la equidad social de nuestro país, de nuestra nación. Estamos viviendo lo contrario a esos fundamentos esenciales.

Estos fundamentos se han modificado sin una verdadera discusión y a espaldas de los ciudadanos. Se han modificado artículos transcendentales, como lo son los referentes a la educación, a la propiedad de la nación y al trabajo.

Gran justificación que han implementado y que se ha dicho hasta el cansancio, es que nuestra Constitución y su contenido ya no es contemporáneo, ya no es de actualidad. No hay nada más falso que eso.

El régimen de privilegios económicos ha creado una nación dividida, dividida en más de la mitad de la población en pobreza. Se ha traicionado la esencia de nuestra Constitución y hemos permitido que un régimen ajeno se instale encima de ella para cambiar leyes y establecer principios contrarios a todos nosotros.

Yo los invito, en este aniversario, a que retomemos el valor de la protesta que hicimos el pasado 1 de septiembre. Una protesta en donde está de por medio nuestro nombre como personas y donde habremos y tenemos obligatoriamente que generar y que propiciar una Constitución de acuerdo a las principales demandas y solicitudes ciudadanas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abdala. Tiene ahora la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La Constitución de 1917 es la ley fundamental del país, y en ella se establece su organización política y social. Es la ley que define los derechos, las libertades y deberes que tienen los integrantes de la nación. Y es también la ley que regula los derechos y obligaciones que corresponden a los Poderes de la Unión y a los estados que integran la federación.

Este 5 de febrero celebramos un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de 1917.

Como ha sucedido en los últimos tiempos, la ocasión seguramente será aprovechada por una gran diversidad de actores políticos, para insertar en la conciencia colectiva de las mexicanas y de los mexicanos la idea de que es necesaria y quizás urgente una profunda revisión de nuestro texto constitucional.

Otros sectores más radicales han planteado la posibilidad de desechar por completo la Ley Fundamental con la que hoy contamos, para ser sustituida por una nueva. Sin embargo, nos parece que no se toma en cuenta que la Constitución Política que hoy nos rige y que está celebrando 99 años de vigencia ha tenido la virtud de ser un documento dinámico y cambiante, conforme a la realidad de nuestro México.

A pesar de que los requisitos para la modificación de la Constitución no son precisamente fáciles de alcanzar en un contexto de pluralismo político como el que hoy vivimos en nuestro país y precisamente en esta Cámara, en la pasada legislatura y en lo que va de esta las legisladoras y los legisladores hemos demostrado que sabemos ponernos de acuerdo.

Prueba de ello son las más de 20 reformas que el texto constitucional tuvo en el periodo legislativo que nos antecedió, además de 2 importantes transformaciones en materia de desindexación del salario mínimo y de reforma política del Distrito Federal, que corresponden a esta LXIII Legislatura.

El hecho de que nuestra Ley Fundamental no haya perdido vigencia y se mantenga a la vanguardia de los cambios políticos, los cambios económicos y sociales por los que el país ha atravesado, es algo de lo cual los mexicanos debemos congratularnos.

Algunos de los críticos de la Constitución Mexicana han cuestionado el hecho de que el texto constitucional sea demasiado voluminoso y han señalado la necesidad de adelgazarlo con el argumento de que las Constituciones deben ser breves y claras, con objeto de que puedan ser comprendidas a cabalidad por todos sus destinatarios.

Nosotros compartimos la creencia anterior, pero pensamos que se debe considerar que nuestra Ley Fundamental no es solo una declaración de derechos fundamentales de los mexicanos o una lista de los principios generales que rigen la vida de la sociedad, sino que esta plantea la realización de programas de transformación social. Es decir, que además de las garantías individuales que por regla general contiene toda Constitución, la nuestra incorpora una serie de importantes derechos sociales que han sido el principal sostén de la estabilidad que ha imperado en nuestro país desde hace casi cien años.

En el Partido Verde, consideramos que si bien en algunos casos el texto constitucional es bastante extenso, es necesario que nuestra Constitución conserve su naturaleza y que siga expresando en su texto los grande ideales políticos, las aspiraciones y objetivos nacionales que marquen el camino por el que debe de transitar nuestro país, pues ésta ha sido históricamente nuestra tradición.

Tal como alguna vez lo afirmara el doctor Jorge Carpizo, nuestra Carta Magna sintetiza en buena medida la historia política de México, ya que recupera los principios fundamentales de las Constituciones de 1824 y de 1857, recoge los grandes postulados de los sectores sociales que participaron en el movimiento revolucionario iniciado en 1910, al mismo tiempo que en su contenido han quedado plasmadas las aspiraciones más significativas de las luchas y los movimientos más importantes que surgieron después de 1917 y que marcaron la evolución del México contemporáneo.

Por último, queremos recordar que la verdadera esencia de una Constitución es que sus normas sean respetadas y cumplidas por todos y cada uno de los destinatarios, tanto por los ciudadanos, como por el conjunto de los poderes públicos.

En el Partido Verde, queremos refrendar que no solo estamos comprometidos con el cumplimiento y el respeto de nuestra Carta Magna, sino que tenemos también un firme compromiso para hacer cumplir.

La Constitución mexicana tiene que dejar de ser un ideario incumplido, para convertirse en un catálogo de derechos y libertades que los mexicanos ejerzan de manera plena y que puedan exigir de modo efectivo.

Por ello, los principios que inspiran nuestra ley fundamental deben ser el cimiento que por encima de todas nuestras diferencias nos mantenga unidos en la búsqueda de un objetivo común, a saber la construcción de una nación más justa, una nación más libre y más democrática, en donde todos sus habitantes tengan la misma oportunidad de alcanzar la felicidad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval. Tiene ahora la palabra el diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD:

El diputado Daniel Ordoñez Hernández:Gracias. Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores y legisladoras. La conmemoración de los 99 años de la Promulgación de la Carta Magna que rige la vida de la República brinda la oportunidad para realizar un análisis crítico y reivindicatorio de nuestro pasado, pero también de la compleja realidad en que vivimos.

El estudio de los hechos históricos debe de ser útil pero para trazar nuevas rutas hacia el futuro, de lo contrario solo es un acto de nostalgia sin sentido. Por lo tanto debemos conmemorar a nuestra Constitución haciendo un balance y discutiendo nuevos derroteros del diseño constitucional.

La Constitución de 1917 fue producto de las luchas revolucionarias que iniciaron en 1910 Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Francisco Villa, entre otros. Hombres que buscaban ante todo la construcción de un régimen político que atemperara la inequidad de las terribles contradicciones sociales que el porfiriato había generado.

En la redacción del texto constitucional participaron hombres de pensamiento avanzado como Francisco J. Mújica, quien fue uno de los artífices de los artículos de mayor trascendencia y contenido social. Me refiero a los artículos 27 y 123 constitucionales. El primero pretendió remediar la inequitativa concentración de la tierra y el segundo tuvo como objetivo la regulación de las fuerzas productivas en favor de los trabajadores.

El régimen político que emergió del proceso revolucionario tuvo que fundar diversas instituciones para dar cumplimiento a la agenda social del texto constitucional. Desde el Estado mexicano se crearon sistemas de seguridad social, cobertura educativa y seguridad alimentaria. Sin embargo en las últimas décadas dichos sistemas han sido desmantelados por los gobiernos neoliberales, los cuales actualmente se encuentran en crisis ante el abandono y la falta de recursos destruyendo el tejido social de nuestro país.

El texto constitucional de 1917 también fue producto de la lucha por el respeto a la voluntad popular y el sufragio efectivo, sin embargo esta demanda tuvo que esperar muchos años para que se materializara, la convivencia democrática en los diferentes niveles de gobierno. Tuvimos que tomar las calles y las plazas para que la democracia fuera parte de nuestro sistema político.

Por lo que respecta al Distrito Federal, hoy ciudad de México, los constituyentes establecieron el derecho de sus habitantes para elegir a sus autoridades municipales; pero en 1928 la Constitución fue reformada para someter a la capital del país por entero a la autoridad federal. Por ello la trascendencia de la reforma constitucional aprobada por este Poder Legislativo que reconoció los derechos políticos plenos de los capitalinos. Esto representa un hecho histórico en nuestro modelo constitucional. Nunca más los habitantes del país seremos ciudadanos de segunda.

Nuestra Carta Magna fue, sin duda, una Constitución de avanzada, no sólo en materia de derechos sociales, sino también en la reivindicación de la soberanía sobre los recursos naturales y su territorio.

Esta potestad alcanzó su momento más emotivo cuando el presidente Cárdenas nacionalizó el petróleo en 1938; pero la Carta Magna no puede ser vista como un dogma o como un documento sagrado, sobre todo porque ha sido reformada prácticamente desde su promulgación en más del 80 por ciento de su texto. Algunas de estas reformas, por cierto, no han sido en beneficio de la población, y sí, por el contrario, han sido regresivas y lesivas para el Estado mexicano.

El politólogo Giovanni Sartori establece que “las constituciones son instrumentos de derechos para proteger a los ciudadanos, pero también deben de ser una herramienta para la articulación de un gobierno eficaz y eficiente, pero sobre todo, limitado en sus excesos y en sus desviaciones”.

El poder político en México tiene que ser sometido y controlado. Los ciudadanos rechazan los escándalos que día con día surgen y ensombrecen la vida pública. Una constitución debe de ser respaldada por un régimen que combata la corrupción y a la impunidad. Sin estructuras institucionales sólidas y bien fundamentadas, el mejor texto constitucional puede quedar simplemente en una aspiración sin sustento.

Ante los momentos difíciles que enfrenta la esfera pública, cabe reflexionar, ante esta conmemoración, la vigencia de nuestro texto constitucional.

El avance del crimen organizado, las crisis de seguridad y la corrupción que han corroído a las instituciones del Estado mexicano, son argumentos suficientes para analizar la viabilidad de una nueva Carta Magna.

Las constituciones son pactos entre los integrantes de un cuerpo social. La realidad mexicana está fracturada y confrontada, por lo que se requiere, compañeras diputadas y diputados, de un nuevo acuerdo que permita un estado social y de derecho que atempere las crueles contradicciones que han estado lacerando a nuestra nación. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ordoñez. Tiene ahora la palabra el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Hernán Cortés Berumen:Con su venia, diputado presidente. “La Constitución debe ser respetada no por fetichismo político, no sólo por su fuerza propia inmanente, distinta de la que tienen las demás instituciones humanas, sino por salvaguardar la estabilidad de las instituciones y evitar los excesos del poder para darnos a nosotros mismos la garantía de la sana convivencia”. Don Manuel Gómez Morín.

Señoras y señores legisladores, en la víspera de la celebración del centenario de la Constitución de 1917, Acción Nacional refrenda el compromiso que tiene en la construcción y renovación de las instituciones de México.

Nuestra Constitución fue producto de un doloroso pero necesario proceso revolucionario donde sin duda la dictadura de Porfirio Díaz, en la práctica había destrozado la Constitución de 1857.

Carranza había declarado que el constitucionalismo no podía reducirse a una simple restauración política del orden institucional alterado por Huerta, sino que el país requería una revisión profunda en su situación económica y social, y que para lograrlo, tal fin debería ser el convocar a un Congreso Constituyente identificado con las necesidades de la época para rehacer la Ley Suprema de la república.

Para algunos, Carranza envió al Congreso un proyecto de Constitución bastante moderado, cuyos principios no significaban un cambio profundo en la estructura constitucional de México. Pero el Constituyente de 1917 tenía muy clara su misión de incluir en la nueva Carta Magna los principios que cristalizaban las demandas obreras, campesinas y de todos aquellos que habían participado de una u otra forma en el movimiento armado en busca de igualdad y de justicia social.

Es así que el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que el día de hoy nos acompaña en el vestíbulo principal de este Palacio Legislativo y que, rompiendo paradigmas jurídicos, incluyó principios de avanzada en materia de garantías individuales e incorporó además los llamados derechos sociales, siendo esta Constitución la primera en el mundo en consagrar dichos preceptos.

Estamos ya a casi un siglo de convivir con la misma tradición constitucional, en cuyo cuerpo encarna el punto de acuerdo sobre la concepción orgánica y dogmática de nuestra nación. Realidad es que en México no todas las instituciones establecidas por el orden jurídico respiran en el ámbito del derecho positivo, y lamentablemente no todas las instituciones se apegan al marco de la legalidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917 hasta el día de hoy, ha sido modificada mediante 226 decretos y un total de 645 reformas a su articulado. De los 136 artículos que la conforman, 109 han sido reformados.

Nuestro aquí y nuestro ahora nos plantea una disyuntiva que no podemos pasar por alto, ¿por qué entonces se ha pugnado por los cambios a la Constitución? ¿Es quizás esa imperiosa necesidad de adaptación que nos exige la evolución de la ley? ¿O será que perdimos entre los pasillos de la legislación el prudente respeto a lo intocable?

Con responsabilidad y en ocasiones sin ella se han impulsado reformas, de las cuales hoy podemos advertir la necesidad de reflexionar si nuestro diseño institucional es el idóneo para enfrentar el siglo XXI.

Porque lo que hoy en día vemos es una galopante volatilidad del peso, vemos pobreza y desigualdad, la permanencia de un salario indigno, el flagelo de la inseguridad y los estragos de la corrupción y de la impunidad.

En Acción Nacional estamos convencidos de que no existe consolidación democrática solo porque haya existido alternancia en el ejercicio del poder. Debe además estar acompañada por alternancia en los estados y por elecciones libres de cualquier intimidación.

Hagamos una pausa para preguntarnos si la Ley Suprema ha sido o no suficiente para orientar la conducta de los gobernantes y de los ciudadanos, para resolver los problemas de esta nación. De ahí se desprende el dilema que proponemos sea uno de los puntos de inflexión durante la celebración del centenario de nuestra Constitución.

¿Debemos mantener el esquema constitucional como hasta hoy lo conocemos? ¿Continuamos modificando su texto conforme lo dicta la coyuntura y en ocasiones además tardía? ¿Abrimos el debate sobre la posibilidad de construir un nuevo marco jurídico o reorganizamos el texto constitucional vigente, incorporando leyes de desarrollo constitucional para luego iniciar la profunda reflexión en cuyo contenido se resuelvan, en letra y en acción, las necesidades del México de hoy con proyección de futuro?, que con altura de miras se diseñe la arquitectura constitucional que responde a los retos que tenemos como nación.

En cualquiera de los escenarios la observancia de la letra constitucional debe ir acompañada de una nueva actitud por parte de los gobernantes, de los gobernados, de las autoridades y de los ciudadanos. No basta con realizar cambios al orden jurídico si los mexicanos no cambiamos y hacemos de la legalidad nuestro estilo de vida. El respeto al otro será el origen de una mejor convivencia donde prevalezca el bien común y la solidaridad que devengan en una sociedad transparente y ejemplar.

Los invito, señoras y señores diputados, a debatir sobre el modelo institucional de nuestra democracia, a definir el sistema jurídico y político que necesitamos. Discutamos de fondo y de manera amplia, sin prisa, pero sin pausa, si la Constitución que tenemos es verdaderamente a la que aspiramos. Hablemos de la estructura y menos de la coyuntura.

En Acción Nacional creemos que nos encontramos en el momento histórico idóneo para reorganizar el texto constitucional, con consensos que permitan hacer de la Carta Magna algo más que una proclamación de buenos deseos, escuchando a todas las partes, a todas las voces que hoy tienen cabida en este plural Poder Legislativo.

Seamos autores del comienzo de una nueva historia que exige nuestro país. Escribamos con firme convicción y absoluta conciencia lo que debe ser el México que anhelamos los que habitamos en esta gran nación. Hagamos que la Constitución más que un símbolo de patriotismo sea la renovación de nuestro proyecto de nación.

Rehagamos los vínculos que nos comunican como izquierda y derecha. Enterremos el viejo régimen autoritario y centralista con renovados principios que permitan resolver el presente y el futuro de México. Porque nunca hay tiempos perfectos, solo instantes con oportunidades, hoy es el momento de que hagamos la diferencia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cortés. Por último, tiene la palabra la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace casi 40 años, en la conmemoración de la Constitución de 1917, don Jesús Reyes Heroles decía que nuestra Carta Magna se hizo para orientar la transformación de la realidad social, económica y política de la nación, significando que la Constitución era, al mismo tiempo que un marco de actuación del quehacer nacional, un modelo del cambio permanente hacia un mejor futuro.

Qué razón tenía el gran maestro del liberalismo, cuando afirmaba que nuestro pacto constitucional, si bien era un documento que enriquecía el pacto constitucional enraizado en un presente, era también un proyecto que en lo esencial buscaba generar frutos sucesivos eslabonados entre sí, de tal manera que al alcanzar la meta impulsaba obtener otra y esta, a su vez, exigía llegar a otra más alta.

A casi 100 años de la Constitución de 1917, estas palabras nos recuerdan el porqué del gran pacto social, cuyo espíritu que animó su primera redacción no solo continúa vigente, vivo en su más profunda esencia, como alma de su permanente construcción nacional, sino como gran proyecto de nación hacia un México cada vez más grande, más justo y más incluyente.

La razón del cambio permanente hacia el futuro es la justificación histórica del formidable pacto de los mexicanos plasmado en nuestra Carta Magna, es la búsqueda permanente de la justicia colectiva, la incesante construcción de ciudadanía, la infatigable lucha por el acceso a los derechos fundamentales para todos y para el constante avance hacia el bienestar social de la justicia, la permanencia centenaria de nuestra Carta Fundamental.

En el México global de hoy, más cambiante, más crítico y demandante que nunca, la sociedad de México nos exige mejoramiento de la calidad de vida. Nos exige, asimismo, la ampliación y el fortalecimiento de su democracia, de la conciliación del régimen de inclusión social, libertades políticas y derechos civiles, y esa exigencia frecuentemente para pasar por el diseño de reformas, que responde a la ebullición permanente de la sociedad.

Mantener la visión de una Constitución estable en sus principios fundamentales y crecientemente generosa en el permanente diseño de nación, es el deber del Constituyente Permanente. Es estar siempre atentos en la defensa de la postulación constitutiva de nuestra Carta fundamental, pero también atentos y delante de la exigencia del cambio institucional y siempre a la altura de las grandes transformaciones de la república.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la brújula política que nos ayuda a mantener el rumbo, a no perder los objetivos esenciales como nación. Es el fiel que nos permite concentrarnos, desde luego, en la compleja realidad del presente, pero sin dejar de mirar hacia el futuro.

México conmemora 99 años de la Constitución moderna, casi un siglo de grandes y profundas transformaciones, tan extraordinarias como el propio Movimiento Social que dio el lugar al generoso pacto de convivencia política fundamental que hoy celebramos.

Esta Constitución tan reformada y estable como pocas, tan discutida e indiscutible como ninguna, tan nuestra como tan universal, ha sabido recoger el sentido del pueblo, creando, reconociendo y otorgando los derechos sociales que se enunciaron en el inicio del siglo XX.

Esta Constitución ha creado cimiento, renovación y fortalecido las instituciones del civilismo. Ha equilibrado y regulado el poder político del México contemporáneo. Ha dotado de verdadera autonomía al Poder Judicial. Ha pugnado por una educación gratuita y de calidad. Y ha dispuesto herramientas para hacer frente a los desafíos económicos y sociales que dictan en las familias mexicanas.

Por eso, esta Constitución también ha fomentado la competencia de los actores de producción, la transparencia, la rendición de cuentas, ha fortalecido la participación ciudadana en las grandes decisiones del país, y recientemente ha reconocido los derechos humanos que todo mexicano detenta.

A casi un siglo de la Constitución de 1917 cabe preguntarnos: ¿acaso hoy la Constitución recoge el sentir ideológico de la nación? ¿Es garantía de una nueva democracia que hoy estamos viviendo y espacio que fortalece la participación de las distintas voces de la ciudadanía? ¿Es documento rector que fomenta el crecimiento y el desarrollo del país? ¿Es plataforma para un México del futuro? Para el Grupo Parlamentario del PRI lo es.

Compañeros y compañeras diputadas es un rotundo sí. Sí porque no obstante de establecer y estar inmersos en contextos de fuerte volatilidad que está redefiniendo la manera en que vivimos, hemos sabido, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, hacer frente a los grandes desafíos que las transformaciones nos imponen con reformas constitucionales que se han traducido en mejores derechos, mejores leyes y mejores instituciones.

Pero como en toda revisión seria y responsable, aun en nuestra venerada constitución hay pendientes omisiones y rezagos.

En este andar nos hemos fijado metas y juntos las hemos alcanzado. Pero el conseguirlas nos obligaba a seguir fijándonos metas más altas a la par de la transformación del país. Así de viva está nuestra Constitución mexicana, que permite perfeccionamiento constante.

Por eso reconocemos el enorme valor político del Constituyente Permanente, tener un proceso plural y participativo del diálogo democrático y acuerdos políticos, recientemente recogió y enriqueció las iniciativas reformadoras del presidente Enrique Peña Nieto. Las reformas no deben descansar, nuestras metas, el futuro debe ahora estar en encontrar soluciones para lograr más y mejores oportunidades para todos. Para acelerar más el progreso del país pero también reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad para avanzar hacia un futuro más prominente, más rápido en el avance de la participación de equidad de género y alcanzar la seguridad plena que toda familia anhela sin sacrificar libertades, soberanía y federalismo. Para lograr también mayor inclusión, desarrollar nuestra calidad de vida, elevar la productividad y competitividad, posiblemente en la exigencia del mundo de la globalización en la que nos encontramos.

Compañeras y compañeros diputados, académicos y distintos constitucionalistas han expuesto en los últimos años que nuestra Constitución es ya una Constitución robusta, y por lo mismo, requiere un reordenamiento.

De cara al centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, el Grupo Parlamentario del PRI tomamos con seriedad y responsabilidad estas opiniones que invitan a la reflexión y al debate. Debe darse el caso con solvencia, respeto a los 99 años de vida constitucional y visión del futuro. Estaremos presentes con nuestra posición progresista.

Pero más que un ajuste técnico, lo más relevante para nosotros es que nuestra Constitución continúe siendo un eje rector que siga mostrando las líneas esenciales del régimen republicano, democrático y representativo del México que nos enorgullece, en donde en el núcleo queden plenamente resguardados nuestros principios y nuestras conquistas sociales. Para seguir guiándonos por el rumbo correcto la Constitución, en tanto documento político que nos une, juega y seguirá jugando un papel fundamental. Porque México lo vale, vamos todos por México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Zapata.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

EXPIDE LA LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MADRES SOLTERAS Y JEFAS DE FAMILIA, Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora entraremos al capítulo de la presentación de iniciativas. Tiene la palabra por diez minutos la diputada Yahleel Abdala Carmona, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia, y reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Yahleel Abdala Carmona:Muchísimas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las jefas de familia tenemos que luchar día a día con dificultades sociales y con dificultades económicas. Tenemos que encontrar el equilibrio perfecto, entregarles a nuestros hijos lo urgente, que es un desarrollo económico y lo que es verdaderamente importante, que es criarlos con amor y con acciones. En esta ley se pretende fusionar ambos, y entregarles a las madres solteras y jefas de familia el bienestar social y familiar para ellas y para sus hijos.

En ciertos aspectos las madres solteras no son consideradas en los grupos vulnerables, sin embargo, es importante señalar que se comparten muchas características similares con estos grupos, como lo es la desigualdad en el empleo; la falta de oportunidades laborales y económicas; las bajas posibilidades de desarrollo en educación y personal, y las casi nulas causas y necesidades para poder ayudar a sostener una familia.

Además, existen jefas de familia como abuelas, tías, primas, sobrinas u algún otro familiar de género femenino que por diversas causas se tienen que hacer cargo del hogar, de la custodia o de la patria potestad de los menores.

Las mujeres por diferentes circunstancias hemos tenido que asumir el papel de jefas de familia, asumiendo dos papeles: el primero, como proveedoras únicas y responsables de los ingresos y labores del hogar. La otra, solventar las necesidades emocionales y la formación de nuestros hijos.

En los últimos años se ha incrementado en nuestro país considerablemente el número de femeninas que se encargan de una familia. Sumamos ya más de 4 millones, de las cuales tristemente solo en el 2015, 35 mil quedaron desempleadas.

La iniciativa que hoy presento está dirigida a todas las madres solteras y jefas de familia que se encuentren separadas, viudas, divorciadas, que tengan por esposo una persona con discapacidad y que realizan la manutención de su hogar y la crianza de sus hijos, sin la presencia física o sentimental del padre, del concubino o de cualquier otro varón.

Las valientes mujeres que presento en esta iniciativa de ley son todas aquellas que se encuentran en desventajas socioeconómicas.

Como mujer, como jefa de familia, como integrante del Partido Revolucionario Institucional, me siento profundamente convencida y comprometida que es prioritario otorgarles a las madres solteras y jefas de familia, un marco jurídico que garantice su bienestar y sus derechos.

Por eso les pido, que aprobemos que quieran los patrones aprobar seis horas de turno laborar en lugar de ocho, con ello van a poder satisfacer estas mujeres diferentes aspectos en su hogar y no caer en la necesidad de incurrir en un empleo mal pagado, en que tengan que cubrir doble turno, que repercute directamente en la desintegración familiar y en la descomposición de la sociedad.

Por eso este proyecto de ley es para las madres solteras y jefas de familia, para otorgarles las condiciones necesarias para tener un empleo digno y que ellas y sus hijos puedan acceder a una mejor calidad de vida.

Los patrones que aprovechen esta Ley de Fomento podrán tener acceso a incentivos fiscales en el SAT, en el Seguro Social; ser susceptibles a descuentos de multas, de recargos, de accesorios, de actualizaciones. Aunado a eso y como parte de los incentivos podrán deducir en sus declaraciones trimestrales o anuales el 100 por ciento de las dos horas diarias que completan una jornada laboral, y que estamos seguros que las madres solteras y jefas de familia van a dedicar al cuidado de sus hijos y de sus familias.

El beneficio social que esta ley nos traería es por demás importante y muy necesario. Al compartir las madres más tiempo con sus hijos vamos a evitar embarazos en adolescentes, delincuencia juvenil, adicciones, violencia, violaciones, desnutrición, enfermedades. En fin, tantas cosas que desgraciadamente suceden cuando la madre no está cerca de sus hijos.

La propuesta que pongo a consideración de esta soberanía va dirigida a brindar la oportunidad a nuestros hijos de disfrutar de más tiempo del amor, los cuidados y la enseñanza de sus madres, para así, nosotras poder seguir impulsándolos para que se preparen, para que se eduquen y hacer de ellos hombres y mujeres de bien, productivos para esta sociedad. Confiar en las jefas de familia es transformar a México. Gracias.

«Iniciativa que expide la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras y Jefas de Familia, y reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Yahleel Abdala Carmona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 76, fracción I y II, 77 numeral 1, 78 y 139, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia, al tenor de los siguientes:

Exposición de Motivos

Todo gobierno debe procurar que sus gobernantes mejoren las condiciones de vida de la población, mediante políticas públicas que contribuyan a ello y que mejor que estén tomados en cuentas las más necesitadas, la igualdad ante la ley y la protección a la familia por parte del Estado constituyen también compromisos del Estado Mexicano, esto al haberse suscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las madres solteras no son reconocidas como parte de los grupos vulnerables, porque esto solo incluyen a los menores y adolescentes, a los discapacitados y a los adultos mayores, sin embargo, es importante señalar que ellas comparten ciertas características con estos grupos, como la desigualdad en las oportunidades laborales, las bajas posibilidades de desarrollo social y económico, en ocasiones la falta de seguridad social, las casi nulas opciones de superación en la educación y un presupuesto reducido que no alcanza para sostener una familia. Además existen jefas de familia, compuestas por abuelas, tías u otro familiar que por diversas causas tienen la custodia o patria potestad de los y las menores o de las personas de capacidades diferentes.

Las mujeres por diferentes circunstancias han tenido que asumir las obligaciones de jefas de familia como proveedoras únicas y responsables de los ingresos y las labores del hogar y cubrir aspectos como los afectivo-emocionales y formadoras de los hijos.

Las mexicanas y los mexicanos, consideramos como jefe de familia a aquel miembro del núcleo familiar que se encuentra en una posición jerárquica superior al resto de la organización familiar, es aquel que detenta mayor autoridad en la toma de decisiones y el principal soporte económico del hogar. El rol de jefe de familia, tradicionalmente, se le asigna al varón debido a que los estereotipos de género designan a éste como proveedor, sin embargo, factores como el abandono marital, la gran movilidad de los varones, madres solteras, así como la incorporación de las mujeres al mercado laboral extra doméstico, ha incrementado el número de hogares con jefatura femenina.

Ser mujer Jefa de Familia implica la responsabilidad de manutención, educación y búsqueda de todo tipo de satisfactores para todas las necesidades de la familia.

Se entiende que esta es una jefatura declarada, donde la mujer es la única que toma decisiones, pero debe enfrentarse a las limitaciones que se le presenten en su entorno económico y social.

Debido a esa situación de vulnerabilidad, a la que se enfrenta un gran número de mujeres Jefas de Familia, particularmente aquellas en situación económica desfavorable, sufren inequidad y desigualdad en su desarrollo social, humano y como consecuencia de ello, sus hijos o sus dependientes económicos tienen que enfrentarse a un umbral de mayor adversidad, al no contar con la atención de sus necesidades básicas.

En estos términos, debemos tener claro que las mujeres que son jefas de familia enfrentan la doble necesidad de obtener ingresos suficientes para sus familias y atender las responsabilidades del cuidado y crianza de sus hijos al mismo tiempo.

De lo anterior, se desprende la imperiosa necesidad de generar un ordenamiento legal que garantice la protección y apoyo a las mujeres Jefas de Familias económicamente activas.

La iniciativa de ley busca proteger e impulsar el desarrollo económico, personal y productivo de las jefas de familia que asumen la responsabilidad total y única de los hijos menores de edad.

El derecho humano al desarrollo de la familia es un derecho fundamental que se encuentra previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es una responsabilidad prioritaria del Estado el otorgarla a las personas. Cabe señalar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, numeral 3, señala que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

La igualdad ante la ley y la protección a la familia constituyen también compromisos del Estado Mexicano, al haber suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cobra relevancia lo anterior, por la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, la cual establece que las y los mexicanos gozaremos de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y de las garantías para su protección.

Bajo estas consideraciones, en algunos estados del país, como el Distrito Federal y Sonora se han expedido leyes con el propósito de proteger a las madres solteras jefas de familia. En algunas entidades como Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Colima, Guerrero, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Querétaro, sólo han presentado diversas iniciativas con el mismo propósito, pero no cubriendo, a pesar de los avances referidos no se han considerado impulso alguno para las madres solteras económicamente activas.

Por ello, la iniciativa con proyecto de decreto que se presenta a esta soberanía, tiene por objeto sentar las bases para impulsar a las económicamente activas, esas madres solteras jefas de familia que tengan a su cargo hijos menores de edad, que no perciban más de 3 salarios mínimos diarios vigentes para el Distrito Federal o en el área geográfica de aplicación, a efecto de que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus hijos e hijas y puedan alcanzar una plena integración a la sociedad.

La Iniciativa está dirigida a todas aquellas madres solteras jefas de familia que actualmente se encuentran separadas, viudas o divorciadas y que realizan la crianza de sus hijos e hijas menores de dieciocho años de edad, sin la presencia física, ni el apoyo económico del padre, del concubino o de cualquier otro varón.

Para las madres solteras jefas de familia, cuya obligación es cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas, en muchas de las ocasiones no les permite cumplirlas plenamente, debido a que al mismo tiempo deben cubrir funciones domésticas y educativas, en forma simultánea, ocupando todo su tiempo para ello, lo que se traduce que no dispongan de un momento de su vida para salir a trabajar y llevar lo indispensable para mantener a sus descendientes y muchas de las veces se ven en la necesidad de optar por trabajos con menores ingresos o en ocasiones acceden a trabajos precarios.

De acuerdo con el Inegi, en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 35 mil jefas de familia quedaron desempleadas en el 2015, la mayoría son mujeres mayores de 40 años y madres solteras sobre quienes pesa el sustento de sus hogares, con sueldos entre uno y dos salarios mínimos. Este mismo instituto precisa que de los 48 millones 823 mil mexicanos que trabajan 18 millones 791 mil son mujeres, es decir 38.4%. De ellas, las que son madres de uno y hasta más de 6 hijos suman 13 millones 853 mil trabajadoras, es decir 73% de la población laboral femenina.

Las madres que cumplen con la doble condición de trabajar y ser jefas de familia suman, a su vez los 3 millones 832 mil 689 referidos. Dicha cantidad representa, a su vez, 89% entre el total de jefas de familia (se incluyen las que no tienen hijos), 27.6% entre las madres trabajadoras y apenas 20% o la quinta parte entre todas las mexicanas que trabajan.

Más de la mitad de las madres trabajadoras (7 millones 68 mil) tienen uno o dos vástagos. Otro 41% (5 millones 696 mil) tiene entre 3 y 5 hijos y hay un 7.3% equivalente a un millón 87 mujeres que declaró tener 6 hijos vivos o más.

Como ocurre con la mayoría de los trabajadores del país, más de la mitad de las madres -jefas de familia ganan menos de dos salarios mínimos: en el grupo de 3 a 5 hijos representan 54.6%, entra las que tienen de uno a 2 hijos representaron 43% y en las de más de 6 hijos el 72% del grupo.

Las jefas de familia, tienen que luchar día a día con dificultades económicas y sociales en el país, debemos hacer todos los esfuerzos financieros posibles para encontrar el difícil equilibrio entre lo urgente, que es dar la oportunidad de un verdadero desarrollo económico a las jefas de familia, y lo verdaderamente importante, ambas se traducen con una ley que pueda garantizar a madres solteras jefas de familia el bienestar social y familiar de sus hijos e hijas menores de edad.

De acuerdo con lo anterior, se propone la Ley de Fomento a las Jefas de Familia, la cual en su Título Primero se establecen las disposiciones generales, donde se define a las madres solteras como aquellas mujeres viudas, divorciadas, separadas o que hayan procreado algún hijo o hija en forma independiente, que asuman por completo la responsabilidad económica de sus descendientes en línea recta.

Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo de México generar las condiciones para incrementar las oportunidades de los grupos vulnerables, las madres jefas de familia representan una considerable cifra en la integración de la sociedad, pero más que verlas como un número importante, viven la desigualdad en las oportunidades laborales, las escasas opciones de desarrollo social y económico, de seguridad social, de políticas de apoyo encaminadas a la superación de su educación y lo que más pega, un presupuesto reducido que no alcanza para el sostenimiento de un hogar.

Como mujer y diputada integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, me siento convencida y comprometida que es prioritario e impostergable que las madres jefas de familia cuenten con un marco jurídico que proteja y garantice sus derechos, al margen de brindarle las herramientas de apoyo necesarias que les permitan trabajar turnos de medio turno y ganar lo suficiente para satisfacer las necesidades de su hogar sin la necesidad de encontrarse en un empleo mal pagado, que pueda contar con las condiciones de un empleo digno.

Las mujeres jefas de familia en el Proyecto de Ley que tengo a bien presentar, son aquellas que se encuentran en condiciones de desventaja socioeconómica, por el hecho de ser madres jefas de familia y ser el único sostén económico de hijas e hijos menores de edad, con independencia de las circunstancias que originaron dicha situación, las cuales deben de ser sujetas de apoyos, programas y políticas públicas compensatorias.

El Instituto Nacional de la Mujeres señala que del total de mujeres que trabajan, un 65 por ciento se concentra en el sector servicios (restaurantes y comercios), 20.2 por ciento son empleadas de oficinas, 13.1 por ciento lo hace sin recibir ninguna remuneración y sólo 1.8 por ciento son empleadoras, es decir, la mayor parte de las mujeres son contratadas con ingresos inferiores a los tres salarios mínimos, situación a la que habrá que agregar los casos en que se les somete a examen de ingravidez o se les cancela el contrato cuando están embarazadas. Adicionalmente a esta situación de humillación y desventaja, tienen que enfrentar jornadas laborales extenuantes y el permanente acoso sexual de sus jefes o compañeros de trabajo.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que en un Estado social de derecho, y por ende en una democracia que, para serlo cabalmente, tiene que ser ajena a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad, asegurando el pleno ejercicio de los derechos y de las libertades de las personas. Un objetivo como éste necesariamente conlleva la posibilidad de acceso a la igualdad real de oportunidades a las madres solteras o jefas de familia, persistentemente escatimada por un modelo económico y por una realidad lacerante que se agrava día a día. Por tanto, la propuesta que ponemos a la consideración de esta soberanía va dirigida a impulsar el desarrollo económico de aquellas mujeres que siendo madres solteras y al mismo tiempo jefas de familia, asumen cada día las responsabilidades de ser el único ingreso familiar.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia.

Artículo Único. Se expide la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia, para quedar como sigue:

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo IDel Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia en el territorio nacional, y tiene por objeto fomentar el empleo de medio tiempo a las madres solteras jefas de familia, recibiendo sueldo de tiempo completo.

Artículo 2. Serán objeto de la presente Ley, las madres solteras jefas de familia.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán el reglamento y/o normas legales necesarias, para realizar las medidas presupuestables y administrativas correspondientes, para garantizar el cumplimiento de la presente Ley. La interpretación administrativa de esta Ley en el ámbito federal, corresponderá a través de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 4. Para los fines de esta Ley, se entiende por:

I. Ley: Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia;

II. Titular del Poder Ejecutivo federal: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Secretaría: La Secretaría de Trabajo y Previsión Social;

IV. Madres Solteras Jefas de Familia: Mujeres beneficiarias que se encuentren viudas, divorciadas, separadas o que hayan procreado algún hijo o hija en forma independiente, que asuman el rol de jefas de familia y se encarguen en forma única y total de los alimentos de sus descendientes en línea recta, menores de 0 a 18 años de edad;

V. Servicio.- Servicio Nacional de Empleo.

VI. Medio tiempo.- Se entenderá como turno de medio tiempo aquel periodo laboral diario que no sobrepase las 4 horas, para mayor ahondamiento se estará lo indicado en el rubro de horas laborables lo indicado en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 5. La presente Ley tiene por objeto:

I. Promover la creación de nuevos empleos y de reafirmar los ya existentes para las Madres Solteras Jefas de Familia;

II. Diseñar políticas para incorporar a las madres solteras jefas de familia al ámbito laboral, mediante empleo digno;

III. Apoyar a las empresas en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr el crecimiento profesional de las madres solteras jefas de familia, mediante programas del Servicio;

IV. Orientar a las madres solteras jefas de familia para la búsqueda de un empleo de calidad acorde a sus perfiles, expectativas y entorno, y

V. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención de las madres solteras jefas de familia en busca de empleo, así como los destinados para desarrollar competencias, habilidades y certificaciones laborales.

Artículo 6. Las acciones a que se refiere el artículo anterior se ejecutarán de manera coordinada entre las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, organizaciones empresariales y de la sociedad civil a través del Servicio Nacional de Empleo en coordinación con los servicios locales de empleo.

Artículo 7. La Secretaría, expedirá los lineamientos generales para que las madres solteras jefas de familia puedan acceder a programas de fomento al desarrollo económico de las madres solteras jefas de familia en las empresas o dependencias del sector público y privado.

Artículo 8. Las acciones o programas tendrán como finalidad contribuir a la integración a la fuerza laboral formal, sin desatender a sus hijos menores de edad a las madres solteras jefas de familia en empleos de nueva creación o bien a los ya existentes bajo las condiciones de esta ley.

Artículo 9. Las disposiciones que no se encuentren previstas en la presente Ley, deberán sujetarse a los principios, criterios y disposiciones que establezca la Ley Federal del Trabajo y de otras leyes relacionadas con la materia que regula este ordenamiento.

Capítulo IIBeneficios del Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia para los Patrones

Artículo 10. Para la inscripción de las empresas o patrones en el padrón éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. En caso de personas morales:

a) Estar legalmente constituidas conforme a las leyes de su entidad;

b) Contar con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables, en caso de no estar al corriente, al inscribirse en este programa, podrán ser susceptibles a un descuento no menor del 30% del monto total del adeudo, multas, incluyendo recargos, accesorios y actualizaciones;

d) No ser una entidad pública, ni formar parte de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas o municipios;

e) Entregar la documentación e información que reglamentariamente se determine;

f) Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que se determinen;

g) Entregar informes, datos y documentación que les sea requerido con relación al puesto de nueva creación o a la trabajadora madre soltera jefa de familia colocada;

h) Los demás que determinen esta ley, el reglamento y otros ordenamientos aplicables.

II. En el caso de patrones, deberán cumplir con los mismos requisitos exceptuando el contemplado en el inciso a) de la fracción I de este artículo.

Artículo 11. Para impulsar el Fomento con la creación de nuevos puestos laborales o mantener los ya existentes para el Desarrollo Económico de Madres Solteras Jefas de Familia, las autoridades responsables deberán:

I. Apoyar a los patrones que contraten a las madres solteras jefas de familia;

II. Estimular y promover la incorporación de las madres solteras jefas de familia a un empleo en el sector formal adecuado a sus perfiles, expectativas y entorno;

III. Impulsar la capacitación de las madres solteras jefas de familia en el desarrollo de sus habilidades según el perfil del empleo y expectativas;

IV. Fomentar el trabajo de medio tiempo para con las madres solteras jefas de familia;

V. Suscribir y celebrar acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, para transparentar el trabajo de medio tiempo, fomentando siempre el fortalecimiento del núcleo familiar;

VI. Los patrones que contraten a las madres solteras jefas de familia en los términos de la presente Ley, tendrán acceso a los estímulos fiscales de los que manifestados en la presente Ley.

VII. Los patrones deberán inscribirse en la Secretaría y en el Servicio a fin de poder tener derecho a los estímulos fiscales a los que tengan derecho.

VIII. Los interesados en inscribirse en el padrón como empresas o patrones con interés de contratar a las madres solteras jefas de familia, deberán presentar su solicitud de inscripción dentro del plazo que establezca el reglamento o leyes aplicables, adjuntando la documentación necesaria para acreditar que cuenta con los requisitos a que se refiere el artículo anterior, en caso de no encontrarse en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la autoridad contemplara su regularización con un porcentaje de condonación no menor al 30% del monto total del adeudo, multas, recargos, accesorios y actualizaciones

Título SegundoDel Fomento al Desarrollo Económico a Madres Solteras Jefas de Familia

Capítulo IDe las Madres Solteras Jefas de Familia

Artículo 12. Tienen derecho al apoyo y a los beneficios a que se refiere el esta Ley todas las madres solteras jefas de familia.

Artículo 13. Las madres solteras jefas de familia, tendrán derecho a empleos de nueva creación o bien a los ya existentes trabajando medio tiempo y percibiendo el total de un sueldo de tiempo completo.

Artículo 14. Las contrataciones deberán ser de calidad y de acuerdo con los perfiles, expectativas y entorno.

Artículo 15. De los derechos y obligaciones de las beneficiarias:

I. Recibir información de los trámites necesarios para acceder a los beneficios de esta Ley;

III. Cumplir con los requisitos fijados en el Artículo 16 para ser beneficiaria;

IV. Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad no contar con otros apoyos económicos otorgados por institución pública o privada o gobierno alguno.

Artículo 16. De los requisitos para ser beneficiaria:

I. Ser mexicana y residir en el territorio nacional;

II. Tener hijos menores de edad y que dependen económicamente de la madre;

III. Contar con un ingreso menor o igual a dos salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal o área geográfica de aplicación;

IV. Tener descendientes en línea recta que tengan entre 0 y 18 años de edad;

V. No contar con apoyo económico de otras instituciones públicas o privadas, ni de gobierno alguno;

VI. Acreditar la residencia en territorio nacional;

VII. Acreditar la ausencia del cónyuge o concubino; y

VIII. Los demás que prevean expresamente las disposiciones reglamentarias.

Artículo 17. El Fomento al desarrollo económico a las madres solteras jefa de familia a que se refiere esta Ley termina cuando:

I. Contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato;

II. Reciba otros ingresos mensuales otorgados por una institución pública o privada o gobierno alguno por su condición de madre o jefa de familia; y

III. Tenga hijos mayores de 18 de edad.

Capítulo IIDe la Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental

Artículo 18.Para impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental en la aplicación de la presente Ley, la Secretaría deberá:

I. Establecer el registro denominado de las madres solteras jefas de familia, para conocer la integración de los mismos en la apertura de puestos de nueva creación;

II. Establecer mecanismos e instrumentos de cooperación y vinculación, así como promover la celebración de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno y los órganos autónomos, para diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas y acciones de fomento al empleo de las madres solteras jefas de familia;

III. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales, mediante los cuales se incentiven el desarrollo integral de políticas públicas en la materia de fomento al empleo madres solteras jefas de familia, y

IV. Establecer a través del Sistema Nacional de Empleo, el sistema de colocación de las madres solteras jefas de familia, que decidan convertirse en trabajadoras en base y en los términos de la presente Ley.

Transitorios

Artículo Único. Se reforman la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo un capítulo de fomento al desarrollo económico de las madres solteras jefas de familia, dentro del título de los estímulos fiscales para quedar como sigue:

Título VIIDe los Estímulos Fiscales

(...)

(...)

Capítulo IXDel Fomento al Desarrollo Económico de las Madres Solteras Jefas de Familia

Artículo 205. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto incentivar la creación de nuevos empleos, así como fomentar los ya existentes de carácter permanente en territorio nacional, así como fomentar el empleo de madres solteras jefas de familia.

Artículo 206. Los patrones que contraten a trabajadoras madres solteras jefas de familia para ocupar puestos de nueva creación o existentes, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta.

La determinación de la deducción adicional se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Al salario base y/o salario mínimo general a que se refiere esta Ley multiplicado por el número de días laborados en el mes o en el año por cada trabajadora madres solteras jefas de familia, según corresponda, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicha cantidad por la tasa establecida de esta Ley vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción.

II. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.

III. El 40% del monto obtenido conforme a la fracción anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el cálculo del pago provisional o del ejercicio, según corresponda.

La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio y en los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de la base que en su caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción adicional.

IV. El patrón que no considere en el cálculo de los pagos provisionales o del ejercicio fiscal que corresponda la deducción adicional, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los pagos provisionales o en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberla aplicado.

La deducción adicional a que se refiere este artículo deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadoras El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadoras madres solteras jefas de familia.

Tratándose de patrones personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta Ley sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales, y por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a que se refieren los capítulos correspondientes de esta Ley.

Artículo 207. Para efectos de este Capítulo se entenderá como:

I. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo.

II. Trabajadora: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.

III. Trabajadora madre soltera jefa de familia: es aquella trabajadora que no tenga registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por ser de recién ingreso a la fuerza laboral mexicana o bien que pueda tener ya existente su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

IV. Puesto de nueva creación: todo aquel de nueva creación y que incremente el número de trabajadores asegurados en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la entrada en vigor de este artículo y en los términos de lo dispuesto en el artículo 232 de esta Ley.

V. Puestos existentes: todos aquéllos creados con anterioridad a la entrada en vigor del estímulo a que se refiere la presente Ley.

VI. Salario base: el que en los términos de la Ley del Seguro Social se integra como salario base de cotización para la determinación de las cuotas de seguridad social.

Artículo 208. Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en esta Ley, puesto de nueva creación será aquél que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal. Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate, así como aquellas bajas registradas de los últimos dos meses de promulgadas la presente reforma.

Los puestos ya existentes serán aquellos con los que cuente actualmente el patrón para sus labores cotidianas de su vida comercial.

Artículo 209. La deducción adicional a que se refiere esta Ley se aplicará en el ejercicio fiscal de que se trate, así como en el cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

La determinación de la deducción adicional que se podrá aplicar en los pagos provisionales se llevará a cabo en los mismos términos y condiciones establecidos en esta Ley, pero considerando el salario base pagado a las trabajadoras madres solteras jefas de familia en el periodo al que corresponda el pago.

Tratándose de personas morales, el patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de que se trate, el monto de la deducción adicional que resulte para el mes de que se trate.

Para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad a que se refiere esta Ley, no deberá considerarse la deducción adicional aplicada en el ejercicio inmediato anterior a aquél por el que se calcula el coeficiente.

Artículo 210. Para tener derecho a la deducción adicional de las trabajadoras madres solteras jefas de familia a que se refiere la presente Ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de las trabajadoras que se contraten, con los requisitos siguientes:

I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Crear puestos nuevos o en los ya existentes en su empresa, contratar madres solteras jefas de familia para ocuparlos.

III. Inscribir a las madres solteras jefas de familia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obrero-patronales causadas tanto por las trabajadoras madres solteras jefas de familia, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

Además, respecto de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con las obligaciones de retención y entero a que se refiere esta Ley.

V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de tenerlos, al incorporarse al padrón de patrones de la presente ley, se harán acreedores de los beneficios de descuentos por adeudos fiscales anteriores, que no será menor al 50% del monto total, multas, recargos y actualizaciones.

VI. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la información mensual, de conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado.

VII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 211. El patrón no perderá el beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que a la trabajadora madres soltera jefa de familia le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y ésta sea sustituida por otra trabajadora madre soltera jefa de familia, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación o el ya existente vacante, conforme lo establecido esta Ley.

Artículo 212. Los patrones que apliquen la deducción adicional a que se refiere el Capítulo IX de esta Ley, deberán presentar, ante el Servicio de Administración Tributaria, en el mes en el que inicien la aplicación de la deducción adicional, un aviso en el que manifiesten que optan por aplicar los beneficios establecidos en el artículo 205 de esta Ley. Asimismo, a más tardar el día 17 de cada mes del año de calendario, los patrones deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información correspondiente al mes inmediato anterior:

I. Respecto de los patrones que apliquen la deducción adicional, lo siguiente:

a) El registro federal de contribuyentes.

b) Todos los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social asociados al registro federal de contribuyentes.

II. Respecto de las trabajadoras madres solteras jefas de familia contratadas, lo siguiente, por cada trabajadora:

a) El nombre completo.

b) El número de seguridad social.

c) La clave única de registro de población.

d) El registro federal de contribuyentes.

e) El monto del salario base de cotización con el que se encuentran registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

f) El monto de las cuotas de seguridad social pagadas.

III. El monto de la deducción adicional aplicada en el mes de que se trate.

IV. Respecto de las trabajadoras madres solteras jefas de familia que se hubieran sustituido en los términos del artículo 211 de esta Ley, lo siguiente:

a) El número de seguridad social de la trabajadora sustituida.

b) El número de seguridad social de la trabajadora sustituta, de quien deberá entregarse la información señalada en la fracción II de este artículo.

V. La demás información necesaria para verificar la correcta aplicación de la deducción adicional establecida en el artículo 205 de la presente Ley.

El Servicio de Administración Tributaria deberá remitir copia de la información que presenten los patrones en los términos de este artículo al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 213. Los patrones que en un ejercicio fiscal incumplan con los requisitos establecidos en este Capítulo para aplicar la deducción adicional a que se refiere el artículo 205 de esta Ley, perderán el derecho a aplicar dicha deducción adicional por el periodo de un año natural por la contratación de trabajadoras madres solteras jefas de familia que se realicen en ejercicios posteriores a aquél en el que se incurrió en incumplimiento.

Artículo 214. Con independencia de las sanciones que se apliquen a los patrones que de manera indebida efectúen la deducción adicional prevista en el artículo 205 de esta Ley, dichos patrones deberán pagar el impuesto sobre la renta que le hubiera correspondido de no haber aplicado en los pagos provisionales o en el ejercicio de que se trate la deducción adicional a que se refiere el mencionado artículo 205, debidamente actualizado y con los recargos que correspondan, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, desde la fecha en la que se aplicó indebidamente la mencionada deducción adicional y hasta el día en el que se efectúe el pago.”

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Capítulo IX “Del fomento al desarrollo económico de las madres solteras jefas de familia” de la Ley del Impuesto sobre la Renta no tendrá una vigencia, por lo que será incluido en esta ley en forma permanente y su duración será igual.

Tercero. El monto máximo de la deducción adicional a que se refiere el artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se disminuirá en un 5% a partir del segundo año de vigencia del presente Decreto y así en forma gradual por el mismo porcentaje por año transcurrido hasta pagar sus cuotas en forma regular igual que por los demás trabajadores.

Cuarto. Para los efectos del artículo 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la información que deban presentar los patrones respecto de las contrataciones de trabajadoras realizadas en el primer mes del primer año de vigencia del Capítulo IX del título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberá efectuar el día 17 del mes inmediato posterior a dicho mes.

Quinto. La Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales de cada año, los recursos necesarios para el fomento al desarrollo económico de las madres solteras jefas de familia, en cumplimiento de la presente Ley.

Sexto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley de Fomento a Desarrollo Económico de las Madres Solteras Jefas de Familia y las normas legales correspondientes, en un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero 2016.— Diputados: Diputados: Yahleel Abdala Carmona, Abel Murrieta Gutiérrez, Alberto Silva Ramos, Alejandro Armenta Mier, Ángel García Yáñez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Soto Espino, Brenda Velázquez Valdez, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Erick Alejandro Lagos Hernández, Erika Lorena Arroyo Bello, Esdras Romero Vega, Fabiola Guerrero Aguilar, Flor Estela Rentería Medina, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Gretel Culin Jaime, Jesús Antonio López Rodríguez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, José Refugio Sandoval Rodríguez, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Liborio Vidal Aguilar, Lillian Zepahua García, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Polo Aguirre Chávez, María Bárbara Botello Santibáñez, María de la Paz Quiñones Cornejo, María del Rocío Rebollo Mendoza, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Miguel Ángel González Salum, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Montserrat Alicia Arcos Veláquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Pablo Gamboa Miner, Ricardo Ramírez Nieto, Susana Corella Platt, Timoteo Villa Ramírez, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Ximena Tamariz García, Xitlalic Ceja García, Yerico Abramo Masso (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Abdala. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Saludamos la presencia en este salón de sesiones del señor Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que realiza una visita a este Palacio Legislativo, a invitación de la diputada Sara Paola Félix Díaz. Bienvenido, amigo Mazitelli. Sonido en la curul del diputado Soto, por favor.

El diputado Armando Soto Espino(desde la curul): Gracias. Sólo para solicitarle a la diputada si me puedo adherir a su iniciativa, pero agregando que no sólo sean seis horas de trabajo, sino cuatro para poder dar un mayor respaldo al núcleo familiar y puedan atender mayormente las madres solteras a los hijos. No sé si la diputada.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya sería una iniciativa diferente, porque se tendría que discutir en el seno de la comisión, pero en principio usted lo que pide es...

El diputado Armando Soto Espino (desde la curul): Adherirme.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La solicitud de adhesión. Diputada Abdala.

La diputada Yahleel Abdala Carmona (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí. Ya ahí le discute sin son seis o cuatro o ni una. Bien. Sonido en la curul acá de la diputada Rodríguez Della Vecchia, por favor.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (desde la curul): Gracias, presidente. Si por favor podemos preguntarle a la diputada Abdala si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Abdala, ya sé que la están felicitando ahí con mucho entusiasmo pero...

La diputada Yahleel Abdala Carmona (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Que sí, que está también de acuerdo, manifiesta su aquiescencia y por lo tanto entonces está aquí, como lo hemos acostumbrado en otras ocasiones, a disposición la iniciativa recién presentada para quienes quieran suscribirla.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos y tiene la palabra por res minutos la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Ximena Tamariz García:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el día de hoy quiero hablarles de un tema considerado en nuestro país como un problema de salud pública: la lactancia materna. Las malas prácticas que se han realizado por décadas en este tema, nos han posicionado como el país con el menor porcentaje de bebés amamantados en América Latina, con escaso 14.4 por ciento.

Otra realidad en nuestro país es que el 38 por ciento de la población económicamente activa es representada por el género femenino, de acuerdo a las estadísticas del Inegi. Todas ellas, al formar parte de la fuerza laboral, tienen la necesidad de dejar a sus hijos al cuidado de terceras personas, lo que ha traído como consecuencia que sólo una de cada diez mujeres que se reincorporan al trabajo, continúe con la lactancia.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y de manera complementaria, hasta por lo menos el segundo año de vida, toda vez que los bebés que no son amamantados tienen tres veces más riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, meningitis, alergias y neumonía. Asimismo, las mujeres que no amamantan tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama y ovario, así como osteoporosis.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la infancia, consideran que una licencia de seis meses de duración es la idónea para favorecer la lactancia materna y garantizar un mejor desarrollo del bebé.

Ante ello, Acción Nacional tiene claro que la importancia de la protección de la maternidad y de la salud de las y los niños se debe reflejar claramente en la existencia de disposiciones sobre el tema en la legislación.

Es por ello que con el objetivo de consolidar el resguardo de la salud de la madre y el niño o la niña, así como proteger a la trabajadora frente a una discriminación a causa de su condición, hoy presento ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que tiene como fin reformar la Ley Federal del Trabajo con el objeto de ampliar la licencia por maternidad y paternidad, extendiendo en el primer caso, de 6 a 18 semanas el descanso posterior al parto al que las madres tienen derecho, y en el caso de adopción de un infante, de 6 a 10 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban.

En el caso de las licencias por paternidad, estamos proponiendo ampliar de cinco a doce días laborales la licencia con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y de igual manera en el caso de adopción de un infante.

Compañeras y compañeros, reconozcamos que la salud de los niños y niñas mexicanos es un derecho supremo que la maternidad continúa suponiendo hoy una fuente de discriminación en el empleo y acceso a éste, y que la lactancia materna representa, además de la protección a la salud de niños, niñas y mujeres, un apoyo a la economía familiar y nacional.

Es por ello que hoy los invito a impulsar y apoyar este proyecto que presento, permitiendo que la mujer pueda combinar satisfactoriamente su rol reproductivo y productivo, respetando así el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Ximena Tamariz García, PAN, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma por modificación de la fracción XXVII Bis del artículo 132 y las fracciones II y II Bis del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Exposición de Motivos

En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, de 2012, 16 millones 784 mil 591 mujeres trabajan, es decir, 30 por ciento de las mujeres mexicanas. Es difícil ser una madre trabajadora, ya que además de las responsabilidades laborales que se llevan a cabo, se tienen que tomar en cuenta de igual forma las actividades del hogar. También con cifras del Inegi, la colaboración de las actividades en el hogar, por razón de sexo, disminuyó de 47 por ciento en 1970 a 41 por ciento en 2012, este es un avance notable, aunque incluso hoy en día muchos hombres solamente se desempeñan en el hogar con un rol de proveedores, mientras que las mujeres son las encargadas del mantenimiento del hogar y de las tareas domésticas.

Según la Organización Internacional del Trabajo, los ingresos de las mujeres son fundamentales para la supervivencia de las familias, ya que las mujeres en el 30 por ciento de los casos son la fuente principal de ingresos familiares en todo el mundo.

Ya abarcando el tema principal de esta iniciativa de ley, que es la modificación de la licencia de maternidad, se debe dejar en claro que las consecuencias naturales fisiológicas del embarazo y del parto son absolutamente innegables. Es por tal motivo la necesidad de brindar a la mujer un periodo de asistencia y descanso antes y al ver nacer a su hijo, con la garantía de la reincorporación a su trabajo.

Es importante recalcar que en la Ley Federal del Trabajo se exponen derechos exclusivos para las mujeres trabajadoras embarazadas, y que tiene como principal objetivo proteger la salud de la madre y del hijo, la Organización Internacional del Trabajo considera que todo el proceso de embarazo y de lactancia suponen peligros especiales para la salud de ambos, y es por eso que exige en el Convenio sobre la protección a la maternidad el brindarle a la mujer una defensa especial en su lugar de trabajo.

En la Ley Federal del Trabajo en su título quinto “Trabajo de las Mujeres”, artículo 170, se exponen los derechos de los que gozan todas las mujeres trabajadoras, y en su fracción segunda, se habla sobre el derecho a la licencia por maternidad, en donde las leyes mexicanas mencionan que es con una duración máxima de 12 semanas, 4 para post parto y 6 durante el periodo de lactancia, y de 14 semanas en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, en ambos casos, con la finalidad de proteger la salud de la mujer y la de su hijo durante el periodo inmediato anterior y posterior al nacimiento.

El Convenio sobre la protección a la maternidad, prevé una licencia mínima de 12 semanas, y se recomiendan acordar 14. México sigue la recomendación mínima por dicha organización internacional, al otorgar un periodo máximo de 12 semanas de licencia. Existen 205 países firmantes del convenio, y 62 de ellos otorgan licencias con duración de 14 semanas o más, la mayoría de estos países son iberoamericanos como Chile, que otorga 18, España con 16, Venezuela con 18, y algunos europeos como Italia que otorga 17 semanas y Rumania con 16 posteriormente. Es por eso que la extensión de los términos de la licencia de maternidad que propongo, se retoma de tales instrumentos internacionales, por ser normas internacionales y por estar acordes con el principio de progresividad en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

La Organización Mundial de la Salud en conjunto con la UNICEF sugiere un periodo mínimo de 6 meses de lactancia natural exclusiva desde el día de nacimiento y de 2 años en complemento con otros alimentos. Ya que la lactancia materna tiene una infinidad de beneficios y cuenta con los nutrientes, vitaminas y minerales que el bebé necesita en este periodo de tiempo.

En México a lo largo de los años, el periodo de lactancia materna ha estado disminuyendo, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, el promedio de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé es de 14.4 por ciento, colocando a México en el penúltimo lugar de Latinoamérica en este rubro.

La lactancia materna natural ayuda en el proceso de adaptación en ambas partes, ya sea para la madre y el bebé. Alguno de los principales beneficios de para el recién nacido según la Organización Mundial de la Salud son; la prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, ya que ésta se da más en los bebés que reciben lactancia artificial; el acelerado crecimiento del cerebro de los bebés; mayor facilidad de digestión en comparación con la alimentación en polvo, gracias a los nutrientes adecuados que la leche materna contiene, la contribución a un desarrollo maxilofacial óptimo, y el poder fluir la leche directamente del pezón a la boca del bebé, hace que esta esté exenta de manipulaciones y libre de contaminación por gérmenes.

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, los adultos que recibieron lactancia materna en la infancia, suelen tener menor tensión arterial y menores concentraciones de colesterol, así como menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes.

Con información de la Organización Mundial de la Salud, se podría salvar la vida de unos 800 mil menores de 5 años, si la lactancia materna de todos los menores de 23 meses fuera natural y óptima. Un 45 por ciento de la carga de morbilidad de los menores de 5 años, se asocia con la mala nutrición. Los primeros 2 años de la vida del niño son especialmente importantes, puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la morbilidad y mortalidad.

En cambio, la madre recibirá también beneficios, como la rápida reducción del útero o matriz, y pérdida del peso ganado durante el embarazo, ya que la grasa acumulada se utiliza como energía para la producción de leche, además de los efectos psicológicos y emocionales positivos en madre e hijo.

Por lo expuesto, la suscrita diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo único. Se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 y las fracciones II y II Bis del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Título CuartoDerecho y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones

Capítulo IObligaciones de los Patrones

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de doce días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante; y

Título QuintoTrabajo de las Mujeres

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y dieciocho posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta veinte semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

III. II Bis. En caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de diez semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban.

Transitorio

Artículo único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Ximena Tamariz García,Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Cecilia Guadalupe Soto González, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Enrique Pérez Rodríguez, Exaltación González Ceceña, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, Francisco Xavier Nava Palacios, Gabriela Ramírez Ramos, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María García Pérez, Mariana Arámbula Meléndez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Rene Mandujano Tinajero, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Tamariz. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y ahora tiene la palabra por tres minutos el diputado Alberto Martínez Urincho, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Alberto Martínez Urincho: Con el permiso de la Presidencia. Apreciables compañeras diputadas y compañeros diputados, por mucho tiempo la comunidad internacional demandó la necesidad de contar con un tribunal permanente e independiente, que juzgara los crímenes de la historia tal y como se había efectuado en los tribunales ad hoc a partir de los juicios de Núremberg y Tokio.

Al mismo tiempo el desarrollo del derecho penal internacional motivó a la comunidad internacional a crear un Código Penal de aplicación internacional; y así surge el Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que tipifica y establece la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los casos más graves de violaciones a los derechos fundamentales, tales como: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Este instrumento fue adoptado por diversos países el 17 de julio de 1998 como un importante logro obtenido por la comunidad internacional, tendiente a establecer de manera permanente y con competencia general a un tribunal internacional encargado de juzgar penalmente a individuos que hayan instigado, cometido o permitido en el ejercicio de sus funciones oficiales la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos, como lo son: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

En el caso de México el Estatuto de Roma se firmó el 7 de septiembre de 1998 y, tras un largo proceso de deliberación, la Cámara de Senadores aprobó su ratificación el 21 de junio de 2005, convirtiéndose México en el centésimo país en hacerlo.

El Estatuto de Roma fue concebido como un instrumento progresivo, capaz de aumentar su aplicación y su alcance para proteger de las violaciones más graves a los derechos humanos.

Por otra parte, la complementariedad de la corte penal no pretende sustituir a las jurisdicciones nacionales, sino que constituyen un importante incentivo y alternativa para que aquellas realicen con responsabilidad y eficacia los procesos necesarios para evitar la impunidad de los individuos que cometen tan severos crímenes, y esto resulta significativo en el contexto actual, donde la crisis de los derechos humanos ha lastimado sensiblemente el tejido social.

Hoy los graves casos de violación de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales sólo evidencian que la impunidad y la corrupción son constantes en el sistema de justicia. De este modo la reforma constitucional que se presenta permite impulsar la eficiencia del marco del Estatuto de Roma, sentar las bases constitucionales para los medios de coordinación y cooperación que la Corte Penal Internacional necesita; apuntar al reconocimiento de competencia de los tribunales internacionales y al carácter vinculante de sus resoluciones.

Debemos estar conscientes que no podemos luchar contra la impunidad sin proveer a la Corte de instrumentos apropiados para defender los valores de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y ante todo justicia para las víctimas.

Sin un marco legal de cooperación que expidan los estados no es posible que la justicia internacional funcione. Por ello las diputadas y diputados del PRD presentamos esta iniciativa, con el objeto de armonizar esta iniciativa a nuestro marco nacional para facilitar por todas las vías la jurisdicción complementaria de la Corte, ya que en caso de mantener la actual redacción estaríamos preservando los márgenes de impunidad respecto de la persecución de crímenes graves y de lesa humanidad, como el genocidio que afecta no sólo el acceso a procesos de justicia en nuestro país, sino también en la comunidad internacional.

En este sentido las reformas y adiciones constitucionales que presentamos proponen otorgar jurisdicción plena y complementaria a dicho Tribunal Internacional, que forma parte de la legislación interna por partida doble.

Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputadas, diputados. Esperamos contar con el apoyo para esta trascendente iniciativa. Le agradezco, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El 20 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se adicionó un párrafo quinto (ahora octavo) al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

A través de esta formulación constitucional, la cooperación con la Corte Penal Internacional quedó condicionada a la decisión en cada caso tanto del gobierno federal como del Senado de la República; esto resulta incompatible con las obligaciones internacionales que adquirió México al ratificar la jurisdicción del Estatuto de Roma (ER) que crea la Corte Penal Internacional.

Con el interés de armonizar nuestro marco nacional y recuperar compromisos internacionales que se han firmado y ratificado por el Estado mexicano, presentamos esta iniciativa para facilitar por todas las vías la jurisdicción complementaria de la corte, pues consideramos que de mantenerse la actual redacción, no estaríamos impulsando el combate a la impunidad respecto de la persecución de crímenes graves y de lesa humanidad que afectan no sólo el acceso a procesos de justicia en nuestro país, sino también en la comunidad internacional; y en paralelo, seguiría desvirtuándose la importancia de la Corte Penal Internacional (CPI) como instancia jurisdiccional.

En este sentido, la iniciativa de reforma constitucional que presentamos propone otorgar jurisdicción plena y complementaria a dicho tribunal internacional que forma parte de la legislación interna mexicana por partida doble: el segundo párrafo del artículo 1 constitucional y el propio párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Argumentos

Por mucho tiempo, la comunidad internacional demandó la necesidad de contar con un tribunal permanente e independiente que juzgara ya no a los estados, sino a los individuos que habían cometido crímenes atroces en la historia de la humanidad durante los siglos XX y XXI. En tanto esa necesidad, se crearon tribunales ad hoc a partir de los juicios de Nüremberg y Tokio.

Al mismo tiempo, el desarrollo del derecho penal internacional, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, motivó a la comunidad internacional a concentrar toda la experiencia acumulada en los procesos de justicia transicional, lo que llevó a crear un código penal de aplicación internacional; es así que surge el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), tratado internacional que tipifica y establece la competencia de la CPI sobre los casos graves de violaciones a la dignidad de la persona humana cometidos por individuos.

Este instrumento fue adoptado por diversos países el 17 de julio de 1998, como un:

“...importante logro obtenido por la comunidad internacional tendiente a establecer de manera permanente, y con competencia general, a un tribunal internacional encargado de juzgar penalmente a individuos que hayan instigado, cometido, o permitido, en el ejercicio de sus funciones oficiales, la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos, como lo son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”.

El 7 de septiembre del mismo año, México firmó el tratado y tras un largo proceso de deliberación, la Cámara de Senadores aprobó su ratificación el 21 de julio de 2005. La misma fue depositada ante la Organización de Naciones Unidas, el 28 de octubre de 2005, convirtiéndose México en el centésimo país en hacerlo. La entrada en vigor del instrumento tuvo lugar el 1o. de enero de 2006.

Tras haber sido ratificado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas formuló, como resultado del Examen Periódico Universal para México en febrero de 2009, una serie de recomendaciones específicas en las que llama al estado a armonizar plenamente la legislación nacional con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma, así como a incorporar a la legislación federal y estatal las disposiciones de los instrumentos internacionales, incluido el estatuto. Las recomendaciones fueron aceptadas por México por lo que debemos avanzar en su cumplimiento total.

En el tenor de lo expuesto, cabe mencionar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, nuestro Congreso de la Unión se encuentra obligado a promover, tramitar y procesar la legislación local en materia de derechos humanos con base en los más altos estándares y referentes internacionales. A partir de esta reforma y de sus importantes modificaciones se impacta directamente la administración de justicia, al evidenciar el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión clara del principio Pro Persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, privilegiando aquellas que brinden mayor protección a las personas.

Aunado a esto, con base en el paradigma de los derechos humanos que se observa con la reforma constitucional de 2011 nuestro país está avanzando; muestra de ello, son los criterios jurisprudenciales que está emitiendo el Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento de las sentencias de un órgano jurisdiccional internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Al respecto, se señala que:

“...el Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano”.

Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y señala que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean parte.

Resoluciones como esta se vuelven fundamentales al reconocer la crisis de derechos humanos a la que nos enfrentamos que requiere atender los elementos sustantivos de la justicia restaurativa para lograr derecho a la verdad, a acceder a procesos de justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición que han sido componente fundamental de las recomendaciones surgidas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para combatir la impunidad sistémica en la comisión de crímenes atroces y que en el derecho internacional se han incorporado como delitos de lesa humanidad.

No podemos olvidar que el Estatuto de Roma fue concebido como un instrumento progresivo capaz de aumentar su aplicación y su alcance para proteger a las personas de las violaciones más graves a su dignidad, atendiendo a:

“...la complementariedad de la Corte no pretende sustituir a las jurisdicciones nacionales, sino que constituye un importante incentivo y alternativa para que aquéllas realicen con responsabilidad y eficacia los procesos necesarios para evitar la impunidad de los individuos que cometen tan severos crímenes”.

La crisis de violencia criminal e institucional que ha derivado a su vez en una crisis humanitaria y de derechos humanos ha colapsado el sistema de derechos y de justicia y pervertido la convivencia y el tejido social. Los graves casos de violación de derechos humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones de personas, tortura, desplazamiento interno forzado y ejecuciones extrajudiciales, sólo evidencian que la impunidad y la corrupción son constantes en el sistema de justicia.

De igual forma, resulta alarmante la impunidad que prevalece en el país. De acuerdo al Índice Global de Impunidad 2015, México se ubicó como el segundo lugar con más impunidad en un ranking de 59 estados que conforman a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Muestra de esto se refleja en 98 por ciento de los casos criminales que permanecen sin solución, lo que refleja las garantías de las que gozan la corrupción y la impunidad en nuestro sistema de impartición de justicia.

Por ello, la recuperación y preminencia del Estado de derecho debe ser el eje central de cualquier enfoque de prevención, investigación, sanción y erradicación de las violaciones masivas a los derechos humanos a nivel nacional, y de complementariedad a nivel internacional. Frente a esto, debemos impulsar medios, herramientas y un marco legal para llevar a los responsables ante la justicia, ya así evitar a toda costa, la impunidad.

“...el desarrollo del concepto de comunidad internacional como sujeto activo en la protección de intereses que le son propios, requiere, paralelamente, la consolidación de instrumentos jurídicos de exigencia de responsabilidad que, como el propio concepto de comunidad internacional, también suponen un avance respecto de los conceptos tradicionales de soberanía estatal y territorialidad”.

De este modo, la reforma constitucional que se presenta permite impulsar la eficiencia del marco del Estatuto de Roma, sentar las bases constitucionales para los medios de coordinación y cooperación que la CPI necesita, apuntar al reconocimiento de la competencia plena de este tribunal internacional, así como de otros tribunales internacionales y al carácter vinculante de sus resoluciones. Debemos estar conscientes que no podemos luchar contra la impunidad sin proveer a la corte de instrumentos apropiados para defender los valores de la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y, ante todo, el acceso a procesos justicia para las víctimas. Sin un marco legal de cooperación que expidan los estados no es posible que la justicia internacional funcione.

La CPI ayuda a la comunidad internacional a acortar la brecha de impunidad por los crímenes internacionales más atroces, y es de explicitar que esta corte es de último recurso, pues los sistemas legales nacionales tienen la responsabilidad primaria de enjuiciar a los autores de los peores crímenes; al incorporar los crímenes que se encuentran en el Estatuto de Roma a las legislaciones nacionales, los estados pueden emprender juicios efectivos. Por ello, implementar el Estatuto de Roma brinda también la oportunidad de reformar los sistemas penales nacionales y así reforzar el estado de derecho, la paz y la seguridad ciudadana.

El texto actual del párrafo octavo del artículo 21 de nuestra Carta Magna debe ser modificado al presentar supuestos discrecionales, en primer lugar “el reconocimiento de la competencia de la Corte no es una potestad que el Congreso de la Unión pueda conceder al presidente, sino una obligación de derecho internacional que se genera a partir de convertirse un estado en parte del estatuto; y en segundo lugar, porque una vez que se ha hecho parte en el estatuto, como es el caso de México desde 2005, el estado acepta tal competencia sin más y no, como dice el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución política: “en cada caso”.

Dicha discrecionalidad debe eliminarse de nuestra Constitución, puesto que México como estado parte en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ha aceptado lo que establece el artículo 27 que determina: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Como legisladores y legisladoras, tenemos la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos mediante una revisión que elimine o reforme normas que sean contrarias u omisas con respecto al cumplimiento cabal de todos los preceptos para la protección de la dignidad de las personas y sus derechos, y partimos de la premisa constitucional de que el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías son norma suprema, sin importar si provienen de fuente nacional o internacional.

Fundamento legal

De conformidad con lo anteriormente expuesto, quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77, numeral 3; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21....

...

...

...

...

...

...

El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las disposiciones reglamentarias del párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. El Congreso de la Unión deberá modificar la legislación secundaria aplicable en materia penal y procesal penal a fin de tipificar los delitos que contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en un plazo máximo de seis meses, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Cuarto. El Congreso de la Unión deberá modificar la legislación orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de garantizar la cooperación con la Corte Penal Internacional en un plazo máximo de seis meses, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Quinto. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta en tanto no se cumpla con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del presente decreto, las autoridades competentes aplicarán, en su caso, la tipificación de los delitos que contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en los términos que este mismo instrumento dispone.

Notas:

1 Boeglin, N et al. La Corte Penal Internacional: Una perspectiva Latinoamericana. San José, C.R.: Upeace University Press, 2012.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las autoridades del Estado mexicano, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, deben acatar lo ordenado en aquéllas”, Décima Época, 2006181, Tesis: 1a. CXLIV/2014 (10a.), Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pág. 823, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

3 Guerrero Rosales, Humberto Francisco y Sirvent Bravo-Ahuja, María (coords.), Manual para la implementación del Estatuto de Roma en la legislación mexicana, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC; México, 2008; p. 18

4 García Arán, Mercedes, (colaboradora) “Crimen internacional y jurisdicción universal. El caso Pinochet. El principio de justicia universal”. Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2000.

5 Amnistía Internacional. “México: recomendaciones sobre la iniciativa de ley que adapta parcialmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” Londres, 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputados: Alberto Martínez Urincho,Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos, la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la trata de personas es un asunto de seguridad nacional y es reconocido como la esclavitud del siglo XXI, una esclavitud que apunta a los sectores más vulnerables, niños, niña, mujeres, indígenas, discapacitados, migrantes y adultos mayores.

Para darnos una idea de la magnitud del problema, basta decir que de 2008 al 2014, las cifras de las averiguaciones previas por trata de personas se detonaron a un 600 por ciento.

Esta tribuna es testigo de importantes avances logrados gracias al consenso de los distintos grupos parlamentarios.

Hoy tenemos que seguir trabajando en favor de las víctimas, para castigar con toda la fuerza de la ley a los delincuentes. Pero, sobre todo, para evitar que más mexicanos y mexicanas sigan siendo explotados, abusados, privados de sus derechos fundamentales, despojados de su libertad y de su dignidad.

Es necesario sensibilizarnos, escuchar a las víctimas, construir espacios de análisis y reflexión, así como diseñar nuevos mecanismos que nos permitan ir al encuentro de las causas ciudadanas.

Tenemos que abrir nuestras puertas, nuestros oídos, nuestros corazones, para poder concebir nuevos paradigmas y mirar con una visión renovada los grandes problemas que la ciudadanía nos plantea.

Las y los diputados que firmamos esta propuesta del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista y diputado independiente, proponemos que esta Cámara cuente con una comisión ordinaria de atención a víctimas de trata de personas.

Necesitamos un órgano deliberativo, dictaminador, analítico y resolutivo especializado, que rompa con la inercia histórica de concebir a este tipo delictivo como menor y de forma fragmentada.

Necesitamos una comisión que trace una nueva ruta, que economice los procesos, que fortalezca los consensos y que se aboque de fondo y de forma única y primigenia a la solución de este problema, grave problema.

Una comisión que tenga siempre como centro de atención y eje rector a las víctimas de este delito. Si es cierto, tradicionalmente las comisiones se han correspondido a las instituciones de administración pública, como una manera de organizar y estudiar los asuntos que nos competen, pero también es cierto que las comisiones deben y pueden corresponderse a las causas ciudadanas, lo cual no sólo moderniza esta Cámara, sino que nos acerca a quienes nos eligieron. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda la trata de personas no sólo significa un agravio a la dignidad de las personas y de los derechos humanos más elementales, sino que también representa una actividad altamente rentable en la que está involucrado el crimen organizado y que a su vez se encuentra asociada con otras actividades ilícitas, tales como el tráfico de armas, de migrantes, lavado de dinero, narcotráfico y prostitución.

Por este motivo debe reconocerse al fenómeno de la trata como un asunto de seguridad nacional en el que se requiere de un esfuerzo altamente interdisciplinario y transversal en el que participen decididamente los tres ámbitos de gobierno, instituciones académicas, el sector privado y la sociedad civil para poder enfrentarlo con todo la firmeza de la legislación vigente. Hoy en día, la trata de personas es reconocida como un tipo de esclavitud moderna.

En México Los grupos considerados como los más vulnerables a la trata de personas incluyen mujeres, menores, indígenas, personas con discapacidades mentales y físicas, migrantes e incluso la comunidad lésbico, gay, bisexuales y transgénero (LGBT).

Tanto en los Estados Unidos como en México, hombres, mujeres y niños mexicanos son explotados en labores forzadas de agricultura, servicio doméstico, manufactura, proceso de alimentos, construcción, economía informal, mendicidad y venta callejera. La prensa reporta que a algunos ciudadanos mexicanos sistemáticamente se les retiene el salario, se les mantiene en esclavitud por deuda en el sector agrícola, y quedan en deuda con los reclutadores o con empresas. Residentes en algunos centros de rehabilitación de adicciones y mujeres en refugios han sido sujetos a labores y prostitución forzadas.

En el caso de nuestro país, y no obstante que a partir del 14 de junio de 2012 este ilícito se encuentra ya plenamente tipificado en México por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, las cifras siguen en aumento de manera exponencial y alarmante, aun cuando la referida legislación resulta aplicable tanto para la federación como para las entidades federativas, dado que las leyes generales versan sobre materias que son de aplicación obligatoria para las autoridades federales y las locales, y son de competencia concurrente y establecen obligaciones y facultades en cada uno de los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

Datos públicos de la Procuraduría General de la República señalan que del año 2008 al 2014 las cifras de las averiguaciones previas por trata de personas se detonaron hasta un 600 por ciento. Lo que representa medio millar más de víctimas, destacando principalmente mujeres y menores de edad. El fenómeno de trata cada vez está más presente en el país, destacando con más denuncias por trata la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla; además de Chiapas, lugar en donde las personas por su condición de migrantes son mayormente vulnerables. En el Distrito Federal, los principales mercados de trata de niñas, adolescentes y mujeres son quizá los más visibles pero no los únicos, éstos se encuentran en las zonas de La Merced, Avenida Eduardo Molina, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Delegación Cuauhtémoc y Tlalpan. Un foco rojo de especial atención es la ruta de trata de personas que transita por la Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla. En particular la zona de Tlaxcala constituye un área tradicionalmente vinculada con la trata de personas y ampliamente analizada en distintas investigaciones publicadas sobre este tema.

Cifras de la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, han venido reportando con mayor incidencia la modalidad del delito de trata con propósito de disfrute sexual. La mayor parte de los casos (82 por ciento) corresponde a trata con fines de explotación sexual, sea de manera aislada (76.6 por ciento) o en conjunto con explotación laboral (5.4 por ciento). Información de las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas señalan que la trata con fines de explotación sexual abarcó 89.1 por ciento de los casos (86.8 por ciento exclusivamente explotación sexual y 2.3 por ciento de manera concurrente con explotación laboral). Esto no implica necesariamente que la trata de personas con fines de explotación sexual sea la modalidad más extendida en el país, sino únicamente que ha sido la más detectada.

No obstante, y en muchas ocasiones, por la naturaleza del propio delito de trata de personas las cifras disponibles en algunas entidades del territorio nacional son nulas. Esto atiende a que el delito de trata es muy complejo y limita la capacidad institucional para perseguirlo y sancionarlo. Además, el índice de denuncia es muy bajo, en virtud de que la víctima se encuentra bajo amenaza permanente de los tratantes, e incluso cuando existe denuncia presentada, los agentes del ministerio público o los jueces tienden a reclasificar el delito porque consideran que no están enfrentando un caso de trata de personas sino, por ejemplo, uno de lenocinio o de corrupción de menores de edad, hecho que contribuye a disminuir el número de averiguaciones previas sobre el delito de trata de personas.

En el ámbito internacional, la Organización Internacional para las Migraciones ha señalado que en el mundo, cada año aproximadamente un millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo particularmente las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable.

Por su parte; la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su estudio más reciente señaló en 2012 que 14.2 millones de personas eran víctimas de explotación laboral y 4.5 millones lo eran de explotación sexual (18.7 millones en total). A esta cifra, la OIT añade 2.2 millones de personas sujetas a trabajo forzado impuesto por el Estado, para un total de 20.9 millones de personas. A su vez, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América calcula en 27 millones el número de mujeres, hombres y niños víctimas de la trata de personas. Asimismo, se calcula que de 2 a 4 millones de personas son captadas cada año con fines de trata en el mundo, de las cuales entre 800,000 y 900,000 son trasladadas a través de las fronteras para ser sometidas a algún tipo de explotación laboral o sexual.

El artículo 5o. del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como “Protocolo de Palermo”, considera que por “trata de personas”: a) se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

A la luz de esta definición, se entiende que la trata de personas se compone de tres elementos que están ligados de manera intrínseca entre sí: la acción o actividad, los medios y el propósito o fin, los cuales, forzosamente, deberán confluir para configurar el delito.

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado.

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo”.

Dado lo anterior, someto a criterio de esta honorable asamblea las siguientes:

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, reconoce y garantiza los derechos humanos, protege el derecho a la libertad y prohíbe la esclavitud y, en el artículo 5, señala que el “Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa, ni admitir convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio”.

Por su parte, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que eleva a rango constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte; con ello se ratifica que dichos tratados son normas jurídicas de aplicación directa e inmediata, vinculantes y obligatorias para los poderes públicos, tanto los ejecutivos como los legislativos y los judiciales, en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, México es signatario tanto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Al suscribir ambos instrumentos, los Estados parte se obligan a tipificar el delito de acuerdo con los parámetros internacionales. Esta obligación abarca al Estado mexicano en su totalidad, es decir, incluye a las entidades federativas.

Adicionalmente, el Protocolo de Palermo atribuye a los Estados Parte la obligación de perseguir el delito de trata de personas. Esto involucra a los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De tal modo, bajo este rubro se comprende no sólo la tipificación del delito por el legislador sino todas las acciones (administrativas) en materia de investigación del delito y procuración de justicia, así como el correcto proceso jurisdiccional, el cual debe culminar con la sanción de los responsables. Prevé cinco conductas delictivas: captación, transporte, traslado, acogida y recepción. Por su parte, la ley general tipifica las siguientes: captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar.

De igual manera, el 14 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la fracción XXI, del artículo 73 Constitucional en la cual se facultó al Congreso de la Unión a expedir una ley general en la materia. La importante reforma incluyó también una adición al artículo 19 Constitucional por la cual se mandata a los jueces a ordenar prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de trata de personas, así como de otros delitos graves, incluyendo aquellos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad.

Igualmente el 14 de junio de 2012 se publicó la Ley General para prevenir, sancionar, y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con la cual se abroga la anterior Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Ésta tiene por objeto establecer las competencias y formas de coordinación, entre los tres órdenes de gobierno, para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, así como para la protección y asistencia a las víctimas; establecer los tipos penales en la materia y sus sanciones, además de determinar los procedimientos penales aplicables y la reparación del daño a las víctimas.

En este contexto, el titular del Ejecutivo federal y los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, han expresado su preocupación e interés por la realización apremiante de acciones, programas y políticas públicas encaminadas a fortalecer el marco legal para enfrentar el fenómeno de la trata de personas en el país.

En tal virtud, y particularmente en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y diputados federales, es menester legislar en materia de trata de personas y en consecuencia despertar el respeto por el otro y superar los esquemas de explotación, abuso, y violencia de cualquier género.

Es preciso también recuperar en la conciencia individual y colectiva el respeto a la dignidad de cada persona, en particular de los sectores más desprotegidos (mujeres en situación de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes, miembros de pueblos y comunidades indígenas, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad), así como garantizar el respeto auténtico y duradero a los derechos humanos de todas las personas.

Por ello y con las consideraciones antes expuestas; se plantea la presente iniciativa con proyecto de decreto que tiene como propósito modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de establecer con carácter de ordinaria de la Comisión de Atención a Víctimas de Trata de Personas.

Propósito de la comisión

La Comisión Ordinaria para la Lucha Contra la Trata de Personas, motivo de la presente iniciativa, tendrá como objetivo principal el desahogo de los asuntos legislativos que le sean turnados por los órganos de gobierno de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, además de iniciar las reformas de ley necesarias a efecto de que tanto las legislaciones de orden federal y local se armonicen, sean de observancia obligatoria, sean garantes del pleno ejercicio de los derechos humanos y se cumpla con los instrumentos internacionales firmados por nuestro país en la materia.

Asimismo, deberá promover, coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos, programas, acciones y políticas públicas diseñadas y establecidas para prevenir, combatir, sancionar y erradicar el delito de trata en sus distintas formas; para brindar atención y protección integral a las víctimas de éstos en coordinación con los tres poderes, instituciones académicas, el sector privado y representantes de la sociedad civil.

Trabajar conjuntamente y de manera interdisciplinaria con los distintos Centros de Estudios de la Cámara de Diputados sobre la eficacia, la eficiencia, la suficiencia, la transparencia presupuestaria, además de analizar los resultados de los programas, las medidas y las acciones que desde el Ejecutivo Federal se diseñen en materia de trata.

Generar conciencia entre los legisladores, acerca de las acciones que se llevan a cabo en la comunidad internacional para combatir la trata de personas reconocido como un delito de carácter transnacional, impulsado por redes de delincuencia organizada y que ha tenido como consecuencia que las reformas legislativas, sobre todo en el ámbito penal, presenten inconsistencias y lagunas y, por tanto en repetidas ocasiones carezcan de efectividad.

Proponer una legislación que considere un tipo penal claro, por lo que se abocará a que las instancias gubernamentales del gobierno federal involucradas en la persecución de este delito trabajen en conjunto con el Poder Judicial, Poder Legislativo, Organizaciones de la Sociedad Civil, así como con académicos y expertos en el tema con la finalidad de armonizarlo plenamente con el Protocolo de Palermo y facilitar así su aplicación y comprensión.

Sumarse a los trabajos de la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal en materia de Trata de Personas en aras de coordinar acciones estratégicas para garantizar la transversalidad de la legislación nacional.

Asignar presupuestos etiquetados a estados y municipios para la persecución y prevención del delito de trata de personas, priorizando aquéllos que presenten mayores índices de vulnerabilidad a este fenómeno. Asimismo, etiquetar recursos federales para promover la creación de refugios, albergues, centros de atención especializados para proteger a víctimas de trata.

Realizar conjuntamente con los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, sociedad organizada e instituciones académicas, campañas de información y concientización nacional tanto en medios de comunicación como en redes sociales, en el que se exponga con claridad el proceso de trata de personas, desde el enganche hasta las secuelas que el delito deja tanto a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto.

Planteamiento

Entender y dimensionar un fenómeno delictivo tratado históricamente como un delito menor (lenocinio), así como realizar reformas integrales que a partir de una gran dispersión normativa (federal y estatal) se ha traducido en un proceso largo, lleno de debates y consultas entre los principales actores implicados. Es por ello, y dada su importancia para entender el fenómeno y la dinámica de la trata de personas en México, que resulta impostergable para la Honorable Cámara de Diputados contar con un órgano deliberativo, particularmente con una Comisión de Atención a Víctimas de Trata de Personas que se aboque a atender este fenómeno mediante el proceso de formación de leyes, así como el impulso a la construcción y la aplicación de políticas públicas integrales de prevención y combate frontal a esa conducta, considerada hoy en día como una forma de esclavitud moderna.

Por todo lo anteriormente expuesto, las y los suscritos diputadas y diputados federales, integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose las demás fracciones en orden subsecuente, para quedar como a continuación se presenta:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 39.

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

I. a VII. ...

VIII. Atención a Víctimas de Trata de Personas;

IX.Cambio Climático;

X.Ciencia y Tecnología;

XI. Competitividad;

XII. Comunicaciones;

XIII. Cultura y Cinematografía;

XIV. Defensa Nacional;

XV. Deporte;

XVI. Derechos de la Niñez;

XVII. Derechos Humanos;

XVIII. Desarrollo Metropolitano;

XIX. Desarrollo Municipal;

XX. Desarrollo Rural;

XXI. Desarrollo Social;

XXII. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

XXIII. Economía;

XXIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XXV. Energía;

XXVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XXVIII. Ganadería;

XXIX. Gobernación;

XXX. Hacienda y Crédito Público;

XXXI. Igualdad de Género;

XXXII. Infraestructura;

XXXIII.Justicia;

XXXIV.Juventud;

XXXV. Marina;

XXXVI.Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXVII. Pesca;

XXXVIII. Población;

XXXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XL. Protección Civil;

XLI. Puntos Constitucionales;

XLII. Radio y Televisión;

XLIII. Recursos Hidráulicos;

XLIV. Reforma Agraria;

XLV. Relaciones Exteriores;

XLVI. Salud;

XLVII. Seguridad Pública;

XLVIII. Seguridad Social;

XLIX. Trabajo y Previsión Social;

L. Transparencia y Anticorrupción;

LI. Transportes;

LII.Turismo, y

LIII. Vivienda.

3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo Transitorio

Único. La presente disposición entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Embajada de Estados Unidos en México: Misión México.-http://spanishonorablemexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democra cia/mxico-reporte-de-trata-de-personas-2015.html.

2 UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, 2014.

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnóstico de Trata de Personas en México, 2013.

4 International Labor Office, ILO 2012 Global Estimate of Forced Labour. Suiza, 2012, ppágina 13 y 14; véase también TIP-Report 2012, página 45. La OIT equipara la trata de personas con el trabajo forzado esto es, la situación de personas que a través del engaño o por la fuerza están constreñidas a realizar trabajos contra su voluntad y que no pueden abandonar; ídem. Estas cifras no contemplan la trata de personas con fines de extracción de órganos.

5 U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2012, página 7. Desde hace más de diez años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América elabora un informe sobre la situación de la trata de personas en el mundo, en el cual se exponen tanto aspectos generales como breves reseñas por país.

6 Definición del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños. Recuperado: http://www.derecho.unam.mx/cultura-juridica/pdf/onu-6.1.pdf.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, 2015. Talleres Gráficos de la Cámara de Diputados.

8 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2015. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. www.diputados.gob.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Sara Paola Gálico Félix Díaz,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alberto Silva Ramos, Alejandro Armenta Mier, Alfredo del Mazo Maza, Ángel García Yáñez, Angélica Reyes Ávila, Araceli Damián González, Arturo Álvarez Angli, Cándido Ochoa Rojas, Carmen Victoria Campa Almaral, Carolina Monroy Del Mazo, Cecilia Guadalupe Soto González, Cirilo Vázquez Parissi, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Edith Anabel Alvarado Varela, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, Enrique Zamora Morlet, Evelyng Soraya Flores Carranza, Federico Döring Casar, Francisco Javier Pinto Torres, Gerardo Federico Salas Díaz, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Gloria Himelda Félix Niebla, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Héctor Barrera Marmolejo, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jesús Sesma Suárez, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Jorge Álvarez López, José Alfredo Ferreiro Velazco, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Lía Limón García, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, Marco Polo Aguirre Chávez, María Candelaria Ochoa Avalos, María Elena Orantes López, María Eugenia Ocampo Bedolla, María Luisa Sánchez Meza, Mariela Emilse Etcheverry Aranda, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel Sedas Castro, Norma Edith Martínez Guzmán, Omar Noé Bernardino Vargas, Pablo Gamboa Miner, René Cervera García, Ricardo Ramírez Nieto, Ricardo Taja Ramírez, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Santiago Taboada Cortina, Sasil Dora Luz de León Villard, Soralla Bañuelos de la Torre, Sylvana Beltrones Sánchez, Timoteo Villa Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Galico. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY MINERA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos la diputada María Chávez García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 13 y 13 Bis de la Ley Minera, suscrita también por la diputada Norma Rocío Nahle García, ambas del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Chávez García:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Ley Minera que actualmente está vigente se redacta en un momento en el que los precios internacionales de los metales se encontraban a la baja, lo cual fue pretexto para elaborar una ley en extremo favorable para esta actividad, al grado de que en su articulado encontramos preceptos contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México es firmante.

Si bien se pretende que las concesiones mineras encuentran su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es debatible si estas concesiones se han hecho conforme a lo dispuesto en este precepto constitucional, ya que el mismo señala que las concesiones son para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar la conservación de los recursos naturales, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

De igual manera valdría la pena valorar si con la entrega de estas concesiones se ha respetado lo dispuesto en la fracción XX del mismo artículo 27 constitucional, el cual establece el deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo, garantizar a la población campesina el bienestar de su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

De igual forma, es cuestionable que la ley minera señale que las actividades de exploración y explotación y en beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la misma sean de utilidad pública, que la actividad minera tenga prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno, preceptos contemplados en el primer párrafo del artículo 6 de dicha ley.

Al declarar la utilidad pública, las actividades de exploración y explotación y beneficio de los minerales, la ley permite que el Estado expropie a los dueños de las tierras donde se encuentran dichos minerales, para cederlos en concesión a las empresas mineras, sin importar que estas tierras sean terrenos de una comunidad indígena o dedicados a la siembra de alimentos, a la actividad forestal o silvicultura. Incluso, cuando dichos terrenos sean parte de un área natural protegida, no importa, la minería se impone.

Por lo anterior no es de extrañarse que México sea de los países americanos con más conflictos sociales provocados por la minería, tan solo por debajo de Chile y Perú. Pero el que la minería sea utilidad pública es cuestionable, porque la actividad no se ajusta a la interpretación que a este concepto jurídico ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado en claro en qué casos se da este supuesto.

El concepto de utilidad pública no debe ser restringido sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas, y por ello se reitera que genéricamente comprende tres causas:

La pública, propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos. La social, que satisface de manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediante toda la colectividad. Y la nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de aportar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional.

De esta interpretación de la Corte no vemos cómo una actividad que por sus concesiones paga al erario público tan solo el 0.6 por ciento del valor que alcanza su producción, además de ser el valor de producción 173 veces mayor a lo que pagaron en impuestos, constituyéndose un negocio multimillonario para unos cuantos, como lo es en la minería, se pueda ajustar a lo que debemos entender por utilidad pública.

En pocas palabras, en la minería no existe ni interés público ni utilidad pública, solo interés privado y utilidad particular. Además de lo anterior la minería, cuyas concesiones son por 50 años, con posibilidad de ser prorrogadas por igual periodo.

Por sus características genera impactos ambientales y sociales que en varios casos, como lo es la de cielo abierto incluye a cualquier otra actividad productiva y que deja los terrenos inservibles para cualquier otro uso posterior. Pero aumentando a las comunidades puede contribuir al desarrollo rural integral, garantizando a la población campesina el bienestar y fomentar las actividades agropecuarias forestales para el óptimo uso de la tierra.

Es decir, no es claro cómo despojando a las comunidades agrícolas de sus tierras para otorgarlas a la minería se pueda garantizar a la población campesina su bienestar o garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Entonces, vemos que el artículo 6o. de la minería es violatorio a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues en una actividad económica se le coloca por encima de la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y de los núcleos agrarios.

En cuanto a los artículos 13 y 13 Bis de la Ley Minera, cuando menos en el caso de terrenos de interés para la minería que al mismo tiempo son parte del territorio de una comunidad indígena, estas disposiciones de la Ley Minera son aberraciones jurídicas que contradice a la propia Constitución, cuando menos en su artículo 2o., ya que este tutela el derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras que han ocupado por siglos y en contra parte la ley en comento solo pretende reconocerles prelación en los concursos sobre las concesiones para explotar dichos terrenos, dándoles un trato de empresa, pese a que en realidad en cantidad de recursos económicos se encuentran en clara desventaja con respecto a las grandes empresas mineras.

De igual forma, estos artículos son contrarios a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Si bien en la iniciativa que da pie a la presente intervención, argumentamos el por qué los artículos señalados de la Ley Minera son contrarios a estos tratados. Aquí por razones de tiempo tan solo comentaremos el criterio...

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Chávez García:...empleado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, máxime intérprete de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos con respecto al Derecho de las Comunidades Indígenas, tiene sobre los territorios que han ocupado y los recursos naturales que en ellos se encuentran.

En este respecto, es decir de la Corte Interamericana, cualquier distinción legal que privilegie los derechos de propiedad de terceros, frente a derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales es incompatible en los artículos 2 y 21 de la Convención Americana.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Chávez García:Del análisis expuesto de la iniciativa a las normas internacionales ya mencionadas y a nuestra Constitución Política, concluimos con la Ley Minera al señalar que las actividades normadas por las mismas, tienen prioridad cualquier otro uso u aprovechamiento pueda tener el terreno. Es violatorio de los tratados internacionales...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Chávez García: sobre Derechos que México ha firmado tanto para comunidades indígenas como para el resto de la población y que los artículos 13 y 13 Bis pongan a competir en sus tierras las comunidades indígenas con las transnacionales mineras, también se encuentran en la misma situación. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o., 13 y 13-Bis de la Ley Minera, suscrita por las diputadas Norma Rocío Nahle García y María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, las diputadas Roció Nahle García y María Chávez García integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley Minera, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al día de hoy es difícil saber cuántas concesiones mineras se han otorgado y que extensión del territorio nacional es la que amparan estos títulos, ya que los datos presentados por distintas instancias de la administración pública federal discrepan unos de otros.

Según datos publicados por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, órgano de la Secretaría de Gobernación, SG, en México, al año 2012, se habían otorgado 43 mil 675 concesiones mineras, que en conjunto amparan la posibilidad de desarrollar esta actividad en un área equivalente 95 millones 765 mil 800 hectáreas. Si tomamos en cuenta que el territorio continental del país ocupa una superficie de 195 millones 924 mil 800 hectáreas, con los datos aportados por la SG tenemos que 49 por ciento del territorio nacional está concesionado a las empresas mineras, las cuales en su mayoría son extranjeras.

Según datos del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, edición 2014, publicado por la Secretaría de Economía, se tienen registradas un total de 26 mil 2 concesiones mineras, que amparan una superficie de poco menos de 30 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 15 por ciento de la extensión del territorio nacional.

En el tercer Informe de Gobierno 2014-2015, presentado por el titular del Poder Ejecutivo federal encontramos que, “en el periodo de septiembre de 2014 a junio de 2015, en materia de concesiones mineras, se expidieron 787 títulos de concesión, los cuales ampararon una superficie de 2.3 millones de hectáreas, para alcanzar un acumulado de 23 mil 315 títulos de concesión minera vigentes y una superficie de 24.83 millones de hectáreas.”, es decir, 12 por ciento del territorio nacional.

Entonces, a quién creerle, ¿qué parte del territorio nacional se ha concesionado a las empresas mineras? Es de llamar la atención que los datos presentados por la Secretaría de Economía, SE, dependencia del Ejecutivo federal que tiene las facultades de formular y conducir la política nacional en materia minera, discrepen de los presentados por la Secretaría de Gobernación por medio de su Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, y a su vez, con los de la Presidencia de la República.

En lo referente a la inversión del sector minero, del total de la misma, el 70 por ciento corresponde a inversión extranjera y tan sólo el 30 por ciento a mexicana. De la extranjera, la canadiense es la predominante, ya que de esta nación viene alrededor del 70 por ciento del total de estos recursos económicos, con 185 empresas de un total de 266 que operan en nuestro país.

En cuanto a los derechos por estas concesiones que recibió el gobierno federal, por efectos de la Ley Minera único orden de gobierno con facultades para cobrar derechos a esta actividad, entre 2008 y 2013 lo que pagaron las compañías mineras por las concesiones no llega ni a un punto porcentual (0.6 por ciento) del valor que alcanzó toda la producción minera nacional durante los seis años del periodo mencionado, y el valor de todos los minerales y metales que las empresas extrajeron del subsuelo del país fue 173 veces mayor a lo que pagaron en impuestos por explotarlos.

Con las reformas fiscales presentadas en el 2013 que entran en vigor para el 2014 se establecieron nuevos impuestos a esta actividad, repercutiendo de manera favorable en lo recaudado. Según cifras preliminares de la Cámara Minera de México, Camimex, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las empresas mineras que operan en México elevaron en 34.8 por ciento sus pagos por concepto de Impuesto Sobre la Renta durante 2014, pero, pese a lo anterior, sigue siendo muy baja la cantidad que estas empresas aportan al erario público, máxime si tomamos en cuenta las ganancias que obtienen por la explotación de los minerales y los copáramos con los impuestos que se pagan en países como Canadá.

Regresando al tema de las concesiones mineras, si bien se pretende que estas encuentran su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la propia Ley Minera, es debatible si estas concesiones se han hecho conforme a lo dispuesto en este precepto constitucional, ya que el mismo señala que las concesiones son para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar la conservación de los recursos naturales, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

De igual manera valdría la pena valorar si con la entrega de estas concesiones se ha respeta lo dispuesto en la fracción XX, del mismo artículo 27 constitucional, el cual establece el deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

De igual forma, es cuestionable que la Ley Minera señale que las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la misma sean de utilidad pública y que la actividad minera tenga prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno, preceptos contemplados en el primer párrafos del artículo 6° de dicha ley, que a la letra dice:

Artículo 6. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

El que la ley declare a la minería asunto de utilidad pública no es casual ni de poca importancia ya que se presta al despojo legal de las tierras, como bien los explican los expertos sobre el tema Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat:

La importancia de esta disposición se encuentra en su relación con el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, donde se determina que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. Al declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales, la ley permite que el Estado expropie a los dueños de las tierras donde se encuentren dichos minerales si considerara que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a cabo. Puede ser el caso cuando los propietarios de las tierras donde se encuentra el mineral no lleguen a un acuerdo con la empresa concesionaria para el uso de los terrenos.

El que la minería sea de utilidad pública es cuestionable porque la actividad no se ajusta a la interpretación que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ha dado desde el punto de vista jurídico al concepto de utilidad pública. La jurisprudencia de la SCJN, ha dejado en claro en qué casos se da este supuesto:

... el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional.

De esta interpretación de la SCJN, no vemos como una actividad que por sus concesiones paga al erario público tan solo el 0.6 por ciento del valor que alcanza su producción, además de ser este valor de producción 173 veces mayor a lo que pagaron en impuestos, constituyéndose un negocio multimillonario para unos cuantos, como lo es la minería, se pueda ajustar a lo que debemos de entender por “utilidad pública”, en pocas palabras, en la minería, no existe ni interés público ni utilidad pública, sólo interés privado y utilidad particular.

Entonces, en cuanto al progreso rural y el bienestar de su población es cuando menos cuestionable que con la entrega de estas concesiones se haya respetado lo dispuesto en la fracción XX del artículo 27 constitucional, en lo referente al deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, ya que dicha fracción señala que:

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Pero la minería, cuyas concesiones son por cincuenta años, con posibilidad de ser prorrogadas por igual período, que por sus características genera impactos ambientales y sociales, que en varios casos como lo es la de cielo abierto excluye a cualquier otra actividad productiva y que deja los terrenos inservibles para cualquier otro uso posterior, fragmentando a las comunidades, puede contribuir al desarrollo rural integral, garantizando a la población campesina el bienestar y fomentar las actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra. Es decir, no es claro cómo despojando a las comunidades agrícolas de sus tierras, para otorgarla a la minería se pueda garantizar a la población campesina su bienestar o garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Entonces, vemos que este artículo de la Ley Minera es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues a una actividad económica se le coloca por encima de la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y los de los núcleos agrarios.

Cabe la pregunta, ¿por qué la Ley Minera señala a la actividad que norma como de utilidad pública? La única explicación viable es el que se le dio esta característica para que en el momento que una empresa minera quisiera trabajar sobre un terreno, no tuviera el menor obstáculo para apropiárselo, ya que ante la oposición de los legítimos poseedores, la minera tiene la opción de recurrir a la autoridad y por medio de la figura de expropiación hacer el despojo legal del predio.

Con base a la disposición anteriormente señalada de la Ley Minera los solicitantes de una concesión pueden pedir que terrenos ocupados por un pueblo sea desalojado para que ellos puedan realizar sus actividades, al igual que los terrenos dedicados a la siembra de alimentos, a la actividad forestal o silvicultura, incluso cuando dichos terrenos sean parte de un área natural protegida.

La posibilidad que da la Ley Minera de la expropiación u otra forma de apropiarse de facto de las tierras en contra de sus legítimos poseedores no es teórica, en la “Guía de Procedimientos Mineros” publicada en mayo de 2013 por la Secretaría de Economía podemos ver como esta autoridad minera maneja la posibilidad del despojo legal, en dicho documento se puede leer:

Una concesión minera no confiere ningún derecho a su titular sobre la superficie del terreno, sólo sobre los recursos minerales concesibles en términos de la Ley Minera, por tal razón, para efectuar sus trabajos de exploración o de explotación, el concesionario debe establecer un convenio privado con el dueño superficiario, o en su caso, solicitar y obtener previamente de la Secretaría de Economía una resolución de ocupación temporal o servidumbre sobre la superficie que requiera para sus actividades o de la Reforma Agraria tratándose de una expropiación sobre terrenos ejidales.

De hecho, en el mencionado manual, la Dirección General de Regulación Minera, perteneciente a la SE, tiene entre sus atribuciones la de tramitar solicitudes de expropiación, ocupación temporal o servidumbre de paso que los concesionarios mineros presenten, por lo cual no es de extrañarse que México sea de los países americanos que más conflictos sociales provocados por la minería presenta, tan sólo por debajo de Chile y Perú.

A decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, la contaminación del agua, de las tierras y del aire, con sus consecuencias para la salud, así como la restricción o escasez de agua potable, los problemas territoriales, la falta de consulta previa e informada a las comunidades afectadas, la violación de los derechos humanos, y el no cumplir con las Políticas de Responsabilidad Corporativa Social de algunas mineras extranjeras han sido las principales causas detonantes de conflictos.

Ampliando la información, la Cepal comenta sobre la tierra en relación a los derechos humanos al sostener que los desplazamientos y desalojos de las poblaciones, así como las reubicaciones, han sido sin tomar en cuenta el proceso de consulta previa establecido en el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de Naciones Unidas.

Es preocupante que en nuestro país con la excusa de dar cumplimiento a la Ley Minera y privilegiar los intereses económicos de unos cuantos se esté violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, y el Convenio número 169, sobre este último cometeremos posteriormente.

Con respecto a la CPEUM y la Ley Minera tenemos que el artículo 6o. como ya se comentó en esta iniciativa viola lo estipulado en la fracción XX del artículo 27 de la carta magna, pero, este no es el único precepto constitucional que esta ley contradice, ya que los párrafos tercero del artículo 13 y último del 13 Bis también se encuentran en esta situación.

Regresando al ya varias veces mencionado artículo 6o. de la Ley Minera, si recordamos determina que las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales, tienen prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno y con base al mismo los concesionarios mineros pueden pedir que un terreno dedicado a otras actividades les sea cedido cuando menos cincuenta años, sin importar que dicho predio sea parte de un ejido o tierras de una comunidad indígena.

En cuanto a los artículos 13 y 13 Bis de la Ley Minera, El párrafo tercero del artículo 13 a la letra señala:

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena, y dicho pueblo o comunidad indígena solicite dicho terreno simultáneamente con otra persona o personas, será preferida la solicitud del pueblo o comunidad indígena a efecto de que se le otorgue la concesión minera sobre dicho terreno, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.”

Por su parte el último párrafo del artículo 13 Bis a la letra dice:

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo o comunidad indígena participe en el concurso, tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, y en caso de hacerlo tendrá derecho preferente la propuesta de dicho pueblo o comunidad indígena.

Pero, cuando menos en el caso de terrenos de interés para la minería que al mismo tiempo son parte del territorio de una comunidad indígena, estas disposiciones de la Ley Minera son aberraciones jurídicas que contradice a la propia CPEUM, cuando menos en su artículo 2o., ya que este tutela el derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras que han ocupado por siglos y en contra parte la Ley Minera pretende reconocerles solo un mínimo grado de prelación en los concursos sobre las concesiones para explotar dichos terrenos, dándoles un trato de empresa, pese a que en la realidad en cantidad de recursos económicos se encuentran en clara desventaja con respecto a las con las grandes empresas mineras.

El tercer párrafo de artículo 2o. de la CPEUM señala que: “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.” y la fracción V del Apartado A del mismo artículo constitucional, mandata a estas comunidades a preservar la integridad de sus tierras, pero, ante una concesión minera, ¿cómo podrían cumplir este mandato constitucional?

Además, el cuarto párrafo del ya citado artículo 2o. especifica que “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional...”, pero, ¿cómo van a ejercer estos pueblos su derecho a la libre determinación, cuando las tierras que han habitado y aprovechado desde épocas ancestrales, son cedidas en concesión a una empresa minera?, ¿acaso el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no tiene que ver con ser de derecho y de facto quienes determine en que se ocupará la tierra de la comunidad?

Este derecho a la libre determinación los faculta a las comunidades indígenas a establecer el cómo utilizar sus tierras, por ejemplo, si ellos deciden que por razones culturales debe de evitarse cualquier uso económico, incluyendo el minero, están en su derecho de evitar la explotación, pese a lo que al respecto exprese la Ley Minera, aunque los preceptos de esta ley puedan ser el fundamento legal para que sus lugares sagrados o de rituales, que contribuyen al mantenimiento de su identidad, sean arrasados y destruidos.

Entonces, en el caso de terrenos de interés para la minería que al mismo tiempo son parte del territorio de una comunidad indígena, las disposiciones citadas de la Ley Minera es una aberración jurídica que contradice a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además a tratados internacionales de los que México es país firmante.

Si recordamos, México es estado parte de instrumentos jurídicos internacionales, como lo son, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Con respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas claramente señala en su artículo 32, numeral 2 que:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Si bien, se puede argumentar en contra que una declaración no es necesariamente vinculante al derecho interno, lo que es incontrovertible es que los preceptos de los tratados internacionales, como lo son lo contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, si lo son, es decir, obligan a nuestro país a observarlos, y con respecto a dicho Convenio, a decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este es de gran importancia ya que el mismo marca los estándares mínimos de derechos específicos de los pueblos indígenas, que los estados deben de respetar.

Para este escrito son de destacarse los artículos 7, 13, 15 y 23 del Convenio 169 de la OIT. Al respecto, el artículo 7 en su numeral 1 señala:

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural...

El artículo 15 especifica de manera clara el derecho preferente de los pueblos indígenas para la utilización de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios y la manera en que tiene que proceder el estado cuando de minerales se trata, a la letra dicho artículo dice:

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Aquí cabe mencionar que por efectos del numeral 2 del artículo 13 del Convenio 169, dentro del concepto de tierra se incluye el de territorio, dicho numeral se transcribe a continuación:

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

En cuanto al artículo 23 del Convenio 169 de la OIT, este en su numeral 1 no tan sólo reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, sino que va más allá al unirlo con el desarrollo económico de estos pueblos. El referido numeral 1 del artículo 23 textualmente señala:

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económico. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

Entonces de manera clara se puede ver que el Convenio 169 de la OIT es de las normas internacionales vinculantes para nuestro sistema jurídico que dan preferencia a los pueblos indígenas en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, entre los que se encuentra la tierra, y este derecho preferencial no tan sólo tiene que ver con la preservación de su cultura, sino también, con otro derecho humano como lo es el desarrollo económico.

En cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, tenemos los numerales 1 y 2 del artículo 21, dicho artículo es referente al derecho sobre la propiedad privada y está redactado en los siguientes términos:

Artículo 21. Derecho a la propiedad privada.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.”

Como hemos expuesto en líneas anteriores, los supuestos de utilidad pública e interés social, para la actividad minera no se ajustan al criterio de la SCJN, de tal forma que no cabe ignorar los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Convención, bajo el argumento de que la minería realmente es una actividad de interés social o utilidad pública.

También es de notarse que la CADH en ningún artículo hace referencia expresa a los derechos de los pueblos indígenas, pero el artículo 21 ha sido interpretado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el sentido de que protege los derechos que tienen tales pueblos y sus integrantes sobre su tierra, incluyendo los recursos naturales.

Es de tenerse en cuenta que como parte de los mecanismos que tiene la CIDH para crear su jurisprudencia se tienen las sentencias de casos particulares, es decir, lo que la CIDH resuelve para un caso particular pasa a formar parte de la jurisprudencia de dicha corte.

Esto para nuestro país es importante, porque nuestra SCJN ha determinado que la jurisprudencia de la CIDH es vinculante para nuestro sistema jurídico, esto lo podemos ver en la Contradicción de Tesis 293/2011. “SCJN determina que las normas sobre derechos humanos contenidas en Tratados Internacionales tienen rango constitucional”, misma que entre otras cosas específica que:

... valor de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, el Tribunal Pleno determinó por mayoría de 6 votos, que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los todos los órganos jurisdiccionales, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas.

Así, los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH, son vinculantes con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos previstos en ellos.

Esto viene a colación porque la CIDH ha determinado que:

La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena tampoco se restringe al núcleo de casas; por el contrario, el territorio incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural.

En esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a las aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales, “va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y otros fines.

A decir de la propia CIDH:

Así, cualquier distinción legal que privilegie los derechos de propiedad de terceros frente a los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales es incompatible con los artículos 21 y 2 de la Convención Americana; por ejemplo, la Corte Interamericana concluyó que tal era el caso en Surinam, donde el sistema jurídico usaba el término “derechos fácticos” o “derechos de facto” para distinguir los derechos indígenas de los derechos “de jure” de los tenedores de títulos reales y otros derechos de propiedad registrables, reconocidos y emitidos por el Estado: “Esta limitación al reconocimiento del derecho de los integrantes del pueblo (indígena o tribal) para gozar plenamente del territorio que han poseído y ocupado tradicionalmente es incompatible con la obligación del Estado conforme al artículo 2 de la Convención para hacer efectivos los derechos consagrados en el artículo 21 de dicho instrumento.”, como quedó asentado en el Caso del Pueblo Saramaka versus Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C número 172, párrafo 110.

Por lo expuesto, concluimos que la Ley Minera al señalar que las actividades normadas por ésta “tienen prioridad sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que pueda tener el terreno”, es violatorio de los tratados internacionales sobre derechos humanos que México ha firmado, tanto para las comunidades indígenas como para el resto de la población, y el que los artículos 13 y 13 Bis pongan a competir por sus tierras a las comunidades indígenas contra las transnacionales mineras se encuentra en la misma situación.

Lo anterior nos remite a revisar el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo que a la letra dice:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

De lo anterior resulta “... la obligación de los Estados parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la misma Convención. Esta disposición ha sido interpretada por la Corte Interamericana en el sentido de que, dicho deber general implica la adopción de medidas en dos vertientes: por un lado, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convencióny, por otra parte, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.” Por lo mismo resulta que es obligación del poder legislativo el armonizar nuestras normas internas a fin de que sean acordes con la CADH, entre otros tratados internacionales y la Ley Minera no puede ser excepción.

Como si esto no fuera suficiente razón para modificar la Ley Minera, tenemos reformas a la CPEUM en materia de derechos humanos de 2011, que eleva los derechos humanos a rango constitucional, sin la necesidad de que expresamente estén mencionados en la misma Constitución, esto gracias al textos del artículo 1o. de la nuestra Carta Magna, dicha reforma entre otras cosas señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Interpretando estas disposiciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente jurisprudencia afirmando lo siguiente:

Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. De conformidad con lo previsto en el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

Entonces, a la luz de todo lo expuesto en esta iniciativa no vemos cómo desde la perspectiva del derecho mexicano se pueda sostener la actual redacción del primer párrafo del artículo 6o. del tercer párrafo del artículo 13 y del último párrafo del artículo 13 BIS. de la Ley Minera en el sentido de que sea acorde con los tratados internacionales y la misma CPEUM y por lo mismo es obligación del Poder Legislativo Federal el hacer las adecuaciones pertinentes a esta ley, de tal forma que sea acorde a la CPEUM y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte.

Por lo mismo, se propone reformar el primer párrafo del artículo 6o. de la Ley Minera, a fin de evitar que contravenga a la CPEUM y los tratados mencionados en esta iniciativa, aunado a lo anterior por razones de redacción y no de fondo se propone la reforma del segundo párrafo del mismo artículo 6o. de tal forma que sea coherente con el cambio del primer párrafo. De igual forma, se propone reformar el párrafo tercero del artículo 13; la fracción III y el último párrafo del artículo 13 Bis a fin de que respeten los derechos indígenas.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 6o., el párrafo tercero del artículo 13, la fracción III y el último párrafo del artículo 13 Bis, de la Ley Minera

Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 6o., el párrafo tercero del artículo 13, la fracción III y el último párrafo del artículo 13 Bis, de la Ley Minera, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 6. Sobre la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

En cuanto al uso del terreno, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, serán preferentes sobre la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley.

...

...

...

Artículo 13. ...

...

Cuando el terreno forme parte de un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena, o sea parte del territorio de una o más comunidades indígenas, además de los requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento, se deberá de obtener el consentimiento de estas comunidades, previa consulta libre e informada, realizada por la Secretaría con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dichas comunidades deberán recibir participación de los beneficios que reporten las actividades que se realicen al amparo de la concesión y además en su caso, indemnización equitativa por parte del concesionario por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

...

...

Artículo 13 Bis. ...

I. ...

II. ...

a) a d) ...

III. Con excepción del terreno que forme parte de un área habitada u ocupada por un pueblo o comunidad indígena, o sea parte del territorio de una comunidad indígena, las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en las bases y presente la mejor propuesta económica, para lo que se tomará en consideración, exclusivamente, la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofrecidas.

Cuando el terreno forme parte de un área habitada y ocupada por un pueblo u comunidad indígena, o sea parte del territorio de una comunidad indígena, podrá solicitar la concesión, en cuyo caso tendrá preferencia su solicitud sobre la de otros solicitantes y le se le otorgará siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la presente ley y su Reglamento.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, noviembre de 2013.

2 López Bárcenas, Francisco. Mayra Montserrat Eslava Galicia. “El mineral o la vida. La legislación minera en México”, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Pez en el árbol editorial, primera edición, México 2011.

3 1012237. 945. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte -SCJN Vigésima Quinta Sección- Otros derechos fundamentales, página 2228.

4 Saade Hazin, Miryam. “Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia, México y el Perú”, ONU, Cepal, Serie Macroeconomía del Desarrollo número 137, Chile, 2013.

5 Cepal. “El panorama social de América Latina, 2006”, Colección: Informes anuales, 2007.

6 Al respecto consultar: Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de Tesis 293/2011. “SCJN determina que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional”. Disponible en, http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespu b.aspx?id=129659&seguimientoid=556.

7 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa vs Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C número 125, párrafo 120.

8 CIDH, Informe número 40/04, caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párrafo 129.

9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2009”, 1° edición 2010.

10 Artículo 1 de la CADH. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

11 García Velasco, Laura. “México: ¿diálogo entre Cortes?”, Trabajo derivado del curso de posgrado realizado en la universidad Pompéu Fabra, España, del 20 de junio al 7 de julio de 2011. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/152/Becarios_1 52.pdf.

12 Décima Época Registro: 160589 Instancia: Pleno Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXVII/2011(9a.) Página: 535 Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputadas: María Chávez García,Rocío Nahle García (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Chávez. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con el permiso de las compañeras y los compañeros diputados presentes, que como suele suceder ya en esta Legislatura son muy pocos, y con una disculpa por las condiciones de salud que van a interferir en mi intervención.

La presente iniciativa, la iniciativa que trae Movimiento Ciudadano hoy a discusión de esta Cámara de Diputados, me gustaría ligarla a la conmemoración que hicimos hace unas horas de la Constitución de 1917. Ligar la presentación de esta iniciativa a lo que comentó aquí mi coordinador Clemente Castañeda y que creo que tiene mucho que ver con la discusión que Movimiento Ciudadano le plantea a la Cámara.

Los símbolos, las conmemoraciones, las terminan usando los Estados autoritarios para ocultar. No es cierto que las conmemoraciones visibilicen, no es cierto que los símbolos empoderen o recuerden las discusiones o los temas pendientes de una nación. La Constitución se nombra y se nombra para no cumplirse.

Hoy llegó a México el avión presidencial más caro del mundo, y se llama José María Morelos. ¿En qué clase política, en qué clase gobernante puede caber tal contradicción? Solo en una que está –como la mexicana– embargada, totalmente rebasada por el cinismo. Lo que hay en esta Cámara de Diputados es, sobre todo, un cinismo espectacular y en los poderes públicos de México.

Lo que nosotros estamos planteando con la presente iniciativa es que el poder público en México, como decía Clemente Castañeda hace un momento, utilice su facultad legislativa, su facultad creadora, su facultad propositiva para tender puentes hacia el futuro.

Decía Clemente que la Constitución es un puente hacia el futuro y nosotros creemos que los instrumentos en los que esta Cámara pueda intervenir para crear, para modificar, para reformar, tienen que ser vistos desde esa óptica. Puentes hacia el futuro para crear nuevos derechos, puentes hacia el futuro para reformar condiciones que estén agotadas en México.

Si un poder público se asume como reformador y como un constructor de puentes hacia el futuro, es un poder público que es pertinente. Un poder público que no se asume como tal, es un poder que tiende a ser desechado por la sociedad.

Las reformas que el país necesita en materia de transparencia y combate a la corrupción, no son reformas de simulación o reformas de discurso como las que la clase política quiere asumir. Tenemos que entrarle de una manera diferente.

Yo creo que si el poder público mexicano sigue insistiendo en la fórmula de simulación, va a haber entonces otras opciones, un poder popular que se constituya o en plataformas políticas distintas a las que hoy existen en México o en alternativas distintas a las de las instituciones.

Nosotros no podemos abanderar como está planteado este año en la Cámara de Diputados este periodo en particular, la discusión del Sistema Nacional Anti Corrupción si no somos ejemplo de medidas de austeridad, de transparencia y de combate a la corrupción en nuestra propia casa.

En diciembre pasado Movimiento Ciudadano denunció públicamente el tema de las asignaciones extraordinarias de presupuesto. Yo solamente quiero recordarles a todos los presentes, que todos los que estamos aquí, todos, por el hecho de estarlo, hayamos ganado lo que hayamos ganado antes en nuestra vida profesional, privada o pública, todos los que estamos aquí por el hecho de estarlo ya somos parte del 1 por ciento más rico de la población, gracias a la dieta, remuneraciones y privilegios que tienen los diputados. Pero aparte de eso, y no obstante que la Auditoría Superior de la Federación ha observado reiteradamente todo el manejo presupuestal de los grupos parlamentarios, se crean, se reparte, se pretexta la necesidad de distribuir asignaciones extraordinarias.

Nosotros estamos planteando que eso que hizo Movimiento Ciudadano en diciembre pasado de dar un paso al frente y renunciar a esas asignaciones extraordinarias, sea ley, sea parte de la Ley Orgánica que regula la vida del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Si nosotros no reformamos al poder público, el poder va a ser reformado de cualquier manera. Como decía el padre de nuestro compañero diputado independiente Manuel Clouthier: “este país va a cambiar con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros”. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputadoJorge Alvarez Maynez, miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 73, numeral XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En los últimos cuarenta años México ha vivido cambios de enorme significación y relevancia en el sistema político pero no ha habido una transformación en cómo se ejerce el gasto público. Con mayor frecuencia de lo que quisiéramos, los recursos públicos son utilizados de manera discrecional e irresponsable para beneficio propio, para generar redes clientelares, o para hacer favores.

Ejemplo de ello ha sido una práctica que se ha vuelto recurrente en los últimos años dentro de la Cámara de Diputados, el reparto de subvenciones extraordinarias a los Diputados Federales de manera proporcional al número de integrantes que conforman cada bancada partidista. Estas prácticas sólo han contribuido al desprestigio de la política, de quienes la ejercen, de las instituciones y del sistema político democrático mexicano.

Hoy tenemos un régimen político democrático y plural de partidos que enfrenta grandes críticas y cuestionamientos quedando muy lejos lo que llegó con un gran entusiasmo y en oposición al sistema totalitario, autoritario y oligárquico descrito por Woldenberg como: “Un presidencialismo dotado de enormes facultades constitucionales y meta-constitucionales; partido hegemónico, subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, federalismo formal, centralismo real, elecciones sin competencia, subordinación de organizaciones, sociales, sindicales y empresariales al poder político”.

En su novela Las batallas en el desierto, el escritor José Emilio Pacheco captura bien el ambiente de la época previa de la reforma política de 1977, que permitiría abrir el sistema electoral. El Cachorro de la Revolución (Miguel Alemán Valdés) y su equipo: los primeros universitarios que gobernaban el país. Técnicos, no políticos. Personalidades morales intachables. “... Él era un poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán; el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente: contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas; leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno, reventa de leche en polvo hurtado a los desayunos gratuitos en las escuelas populares, falsificación de vacunas y medicinas, enorme contrabandos de oro y plata, inmensas extensiones comparadas a centavos por metro, semanas antes que anunciaran la carretera o las obras de urbanización que elevarían diez mil veces el valor de aquel suelo; 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior a la devaluación...”

Esta descripción se refiere al México del medio siglo, no obstante podría ser actual. La llegada de la democracia al país significó un cambio en las reglas del sistema electoral, la figura de los plurinominales permitió tener más y distintas voces en el Poder Legislativo, las elecciones se organizaron bajo un instituto autónomo, el balance de poderes comenzó a dar dividendos.

Sin embargo, la llegada de la alternancia no desmontó el régimen de privilegios y excesos de la clase política gobernante. La corrupción y la desigualdad no se fueron cuando llegó la alternancia. Según datos de Transparencia Internacional, México es el país más corrupto en prácticamente todos los acuerdos comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En un rango de 168 países, México ocupa el lugar 95 y el decimoquinto lugar dentro de los países del continente Americano, obteniendo solamente 35 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Según datos del Latino barómetro en México tan sólo 19 de cada 100 personas están satisfechas con la democracia, siendo el país con menor satisfacción de los 18 de América Latina. Sólo el 26% de la población mexicana considera que las elecciones son limpias. En apoyo a la democracia México obtuvo un 48% situándose por debajo del promedio de la región Latinoamericana. Sólo uno de cada cinco está satisfecho con la democracia y solo el 17% se siente representado por el Congreso.

Las instituciones públicas mexicanas siguieron con su misma inercia, diseñadas para que la estructura de oportunidades favorezca a unos cuantos y deje marginada a la gran mayoría, así fue en el pasado y así lo está haciendo de nuevo. Tenemos un país donde la mayoría de las grandes fortunas nacionales se han construido a partir de concesiones entregadas por el Gobierno: Carlos Slim (Telmex), Germán Larrea (transporte) y Alberto Bailleres (minas); ninguno de ellos innovó en alguna tecnología, invento un producto o servicio nuevo.

La clase política de este país, como lo llama Ricardo Raphael “El Mirreynato”, solo han querido hacerse ricos los más pronto posible, y los empresarios necesitan comprar políticos para influenciar sobre el Estado. Será tal vez por esto que vean natural y normal los Diputados Federales poderse repartir al final de cada año entre ellos “sobrantes” del presupuesto de egresos, sumas de dinero que van más allá de los 300 mil pesos por cada uno.

Nuestros legisladores cumplen la máxima e histórica de la corrupción mexicana, ser jueces y partes. Facultados por la Constitución para aprobar el presupuesto, deciden abonar a sus cuentas personales cantidades de dinero que millones mexicanos tardarán décadas en poder obtenerla.

Este hecho es una total violación a la Ley de Egresos de la Federación por parte de quienes se encargan de hacerlas, al repartir dinero del presupuesto que no estaba etiquetado ni destinado en las partidas 3991 “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios” y 4390 “Otros Subsidios y Subvenciones” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Estas subvenciones extraordinarias, o bonos navideños como algunos lo catalogaron, viola también el artículo 11 de la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados ya que no se argumentó ni se especificó la causal de esta asignación como lo establece dicho artículo.

Artículo 11. “...la Junta de Coordinación Política podrá autorizar, en casos excepcionales, subvenciones adicionales por única vez para atender asuntos específicos,...”.

Además de estas violaciones por parte de los legisladores la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en su Informe de Cuenta Pública 2013 que los Diputados no son capaces de soportar las subvenciones que les han sido entregados. Es decir, se gastan el dinero de la gente, el dinero público en la total discrecionalidad y opacidad cuando deberían ser utilizados para su actividad legislativa y no como un sobresueldo a sus casi 75 mil pesos mensuales incumpliendo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, Párrafo 2, en cuanto a los criterios de transparencia, rendición de cuentas, racionalidad y austeridad.

La Auditoría Superior de la Federación así lo señala:

“Al solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los 1,166,674.7 miles de pesos de Subvenciones, la CD proporcionó una integración y el auxiliar contable de los importes que fueron transferidos por ese concepto durante el ejercicio 2013, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los Coordinadores o Directores Generales Administrativos de los Grupos Parlamentarios; sin embargo, no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados. Por lo tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejercieron en trabajos legislativos, por lo que persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por concepto de Subvenciones, sobre todo si se considera que dicho concepto tuvo ampliaciones presupuestarias netas en el ejercicio de 2013 por 308,136.0 miles de pesos que representaron un 35.4% adicional al presupuesto originalmente asignado”.

El salario y las prestaciones disfrazadas en un sobresueldo ubican a los Diputados Federales dentro del 1% de la población más rica del país que promedia un salario mensual de $165,067.00 pesos de acuerdo una clasificación hecha por Raymundo Campos, Gerardo Esquivel y Salvador Chávez. En una sociedad donde la posesión del dinero parecería ser la única prueba irrefutable del éxito, los altos funcionarios públicos no quieren perder oportunidad para crecer su fortuna gracias al cargo o los negocios que derivan del puesto.

Mientras los políticos de siempre se siguen enriqueciendo hay 36 millones de mexicanos que cuentan con solo $34.00 pesos de ingreso diarios para hacer frente a las carencias. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2008 y 2010 el porcentaje de las personas que no pueden alimentarse de manera conveniente creció de 21.7% a 24.9%.

No se puede explicar cómo es posible que en el mismo país donde la desnutrición alcanzó a 30 millones de mexicanos, 475 individuos se reparten un botín de más 300 mil pesos de dinero público que puede representar hasta 30 años de trabajo de este sector de la población, sino es por la falta de vergüenza, indiferencia y descaro de los Diputados.

La clase política de este país no ha entendido que el dinero de la gente debe respetarse, por eso es urgente que detengamos el despilfarro de recursos públicos en cosas que no benefician a los ciudadanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.Se reforma el numeral primero del artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 29.

1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen. Queda prohibida la asignación de subvenciones especiales, extraordinarias o adicionales a los Grupos Parlamentarios, aún en casos excepcionales.

2. La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos Parlamentarios se incorporará a la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para efectos de las facultades que competen al órgano de fiscalización previsto en el artículo 79 constitucional. De dicho documento se remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna de la Cámara.

3. La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que los integrantes de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un área regular y continua. La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos estará a cargo de la Mesa Directiva de la Cámara. Para ello, los coordinadores de los Grupos formularán proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base en la representatividad en orden decreciente de cada Grupo, el número de Grupos conformados y las características del Salón de Sesiones.

Transitorios

Primero. La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados deberá, en un plazo no mayor a 30 días naturales, adecuar la normatividad administrativa interna a fin de que quede prohibida la autorización o asignación, por parte de la Junta de Coordinación Política o del Comité de Administración, de Subvenciones especiales o extraordinarias a los Grupos Parlamentarios, aún en casos excepcionales. Asimismo, deberá quedar prohibida la adecuación y ampliación presupuestaria, así como la transferencia de recursos provenientes de otros subsidios o subvenciones adicionales, al presupuesto original previsto para las partidas de Subvención Ordinaria Fija, Subvención Ordinaria Variable, Subvención para Apoyos Logísticos y Subvención de Honorarios, en beneficio de los Grupos Parlamentarios.

Notas:

1 Woldenberg, José. “El cambio político en México”, Julio de 2007

2 “México es el país más corrupto de la OCDE”. Milenio.http://www. milenio.com/politica/Mexico_corrupcion-mexico_corrupto-corrupcion_mexicanos_0_6 71933179.html? utm_source=Facebook&utm_medium=Referral&utm_term=Politica &utm_content=Enlace&utm_campaign=Milenio

3 “Reprueba México en Índice de Corrupción”. Periódico Reforma. Consultado en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=751781

4 “Latino barómetro. Insatisfechos con la democracia y la economía. Nexos. Consultado en: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7457

5 Auditoría Superior de la Federación. Informe de Cuenta Pública 2013. http://www.asf.gob.mx/Publication/169_Informe_cuenta_publica

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3. de febrero de 2016.— Diputado Jorge Álvarez Maynez(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Les rogamos a los oradores, por favor, ceñirse al tiempo acordado.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia. El desarrollo social debe estar vinculado a la sustentabilidad, el costo de seguir un camino diferente es incalculable.

Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a ustedes para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Dicha adición tiene como finalidad integrar el desarrollo sostenible como un objetivo de la política social nacional.

En Nueva Alianza somos promotores de un cambio en la visión económica y social de las políticas públicas; para incorporar las mismas, la protección al medio ambiente. Estamos convencidos que la política económica debe estar íntimamente ligada a la protección de los recursos naturales.

En Nueva Alianza se comprometió en su agenda legislativa a pugnar por un diseño institucional que coordine una verdadera política de desarrollo sustentable, de tal suerte que la responsabilidad de diseño y ejecución sea interinstitucional e intergubernamental.

Nos encontramos en un punto de quiebre, el cambio climático no es un mito y hemos empezado a sentir los efectos del mismo.

Tomar acciones al respecto es una urgencia, el artículo 4o constitucional en el párrafo quinto establece claramente que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que es el Estado el responsable de garantizar el respeto a este derecho, dado que la protección del medio ambiente no es un tema local, sino una responsabilidad global.

En la declaración del milenio del año 2000, los principales líderes del orbe se plantearon el objetivo de forjar un mundo más equitativo. Un punto medular de la referida declaración fue el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y se consideró necesaria su incorporación a los principios del desarrollo sostenible.

De este modo se busca una integración de las políticas y programas de cada uno de los estados parte, con la finalidad de contribuir a revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Recientemente en Paris, Francia, se firmó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, en el cual se manifestó la preocupación de los países miembros por los niveles alcanzados en las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero.

En este sentido se afirma que, para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados o de 1.5 grados centígrados, se requiere un esfuerzo de reducción de las emisiones mucho mayor al que se ha llevado a cabo hasta ahora.

Si bien el acuerdo no ha sido ratificado, es una realidad que el tema de una de las principales preocupaciones del Estado mexicano, situación que celebramos y reconocemos.

A pesar de lo anterior en Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de establecer en la Ley General de Desarrollo Social como uno de sus objetivos la promoción de un mayor desarrollo sostenible y sustentable en regiones con rezago social.

Nuestro país generó más de 3.2 toneladas de emisiones de bióxido de carbono, mismos que sumamos a los costos económicos por un cambio climático, le ha generado al país pérdidas por más de 338 mil millones de pesos. Esto solo en el periodo del año 2000 al 2003. Se han perdido 7 puntos porcentuales del PIB por daños ambientales, lo que equivale a 120 mil millones de dólares anuales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, disociar el desarrollo social de la política de protección al medio ambiente es un despropósito que solo conducirá a programas fallidos, dañinos no solo para la comunidad, sino para el medio ambiente.

Tenemos una responsabilidad ineludible, así se ha manifestado en los foros internacionales y en los acuerdos de los que nuestro país es parte. Nos corresponde mejorar los instrumentos jurídicos para conseguir una visión integral, que contenga como resultado una política de protección de nuestros recursos ligada al desarrollo de las comunidades más desfavorecidas.

Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta propuesta que sometemos a su consideración. Y aprovecho agradecerle al Grupo Parlamentario de Acción Nacional por haber apoyado esta iniciativa. Gracias, compañeros de Acción Nacional. Y ojalá y los demás compañeros se puedan adherir a esta iniciativa que presentamos los compañeros de Nueva Alianza y su servidor, y obviamente Nueva Alianza buscamos soluciones. Empecemos con acciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Ángel García Yáñez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El desarrollo social posee implicaciones económicas y humanas que lo hacen inherente al entorno cultural, ecológico, económico, político y espiritual, toda vez que se basa en los valores, objetivos y prioridades que van enfocadas a buscar el bienestar de las personas y se funda en los principios de equidad, justicia social, tolerancia, responsabilidad y participación.

Para alcanzar esta anhelada estabilidad social es ineludible tener en cuenta la cultura de los derechos humanos, en la que los seres humanos son el núcleo del desarrollo sostenible y por lo mismo tienen derecho a disfrutar de una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza.

A fin de motivar lo antes mencionado, es preciso tomar como guía los compromisos suscitados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague 1995 y que a continuación se enlistan:

Con la suma de estos compromisos se considera al desarrollo económico, al desarrollo social y la protección del medio ambiente como componentes del desarrollo sostenible interdependiente, ya que, como bien establece la Declaración de Copenhague, cada uno de los estados parte, deben tener una plataforma que contenga los requisitos mínimos para obtener un alto crecimiento económico, de producción, de empleo y de ingresos, además de establecer un sistema comercial internacional no discriminatorio basado en acuerdos multilaterales y generar mercados dinámicos, abiertos y libres, que intervengan en otros mercados para prevenir y contrarrestar su ineficiencia, produciendo estabilidad con inversiones a largo plazo, custodiado por la competencia leal y la conducta ética, incluyendo así la creación y la aplicación de programas que habiliten a las personas que viven en la pobreza, para participar en forma plena y productiva en la economía y en la sociedad.

A la postre, el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el futuro: en pos del desarrollo social para todos en el actual proceso de mundialización se encargó de reconocer las múltiples actividades desarrolladas por los gobiernos para aplicar los compromisos de la cumbre social, a pesar de las dificultades con que tropiezan los regímenes.

En suma, las cumbres mundiales dieron como resultado la creación de un medio económico positivo, a través de la cooperación de políticas macroeconómicas con la liberalización del comercio, la movilización o el suministro de recursos financieros en cantidades suficientes y previsibles para maximizar el desarrollo sostenible y sustentable.

Ahora bien, entre los compromisos a que se obligaron los líderes mundiales en la Declaración del Milenio en el año 2000, fue a forjar un mundo más equitativo. Sin embargo, la desigualdad de ingresos ha aumentado en muchos países durante las últimas décadas, ya que los individuos más ricos se han vuelto más ricos mientras que la situación para las personas que viven en la pobreza, es relativa.

Un punto toral en dicha Declaración fue el tema de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, por lo que, fue necesario incorporarlo a los principios del desarrollo sostenible a fin de integrarlo en las políticas y programas de cada uno de los estados parte, con la finalidad de contribuir a revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Al respecto, los gobiernos tienen el deber de reconocer que para responder a las nuevas circunstancias y alcanzar el desarrollo sostenible y el progreso social a que aspiramos es requisito sine qua non mayor solidaridad, expresada mediante programas multilaterales apropiados, además de fortalecer la cooperación internacional. Esta cooperación es particularmente categórica para los países que necesitan mayor asistencia, como vienen a ser países de África y los menos adelantados, con el fin de poder disfrutar de los beneficios del proceso de mundialización.

Lo anterior deja entrever que hoy en día las economías y las sociedades del mundo cada vez son más interdependientes, a pesar de las corrientes comerciales y de capital, las migraciones, las innovaciones científicas y tecnológicas, la degradación del medio ambiente, situaciones graves de escasez de alimentos, violencia y delincuencia, entre otras. Por lo que, debemos tener en cuenta que al estar concatenado el desarrollo social con las actividades económicas conseguiremos aumentar la riqueza en las comunidades.

Empero no debemos pasar por alto las fallas de los mercados, por lo que se necesita complementar los mecanismos comerciales, manteniendo la estabilidad social y crear un entorno económico nacional e internacional que favorezca el crecimiento sostenible a escala mundial.

Lo antes descrito sienta las bases para que nuestro país actualice su política en materia de desarrollo social. Por principio de cuentas el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 sienta como objetivo general, llevar a México a su máximo potencial a través de un mayor crecimiento económico, conducido con equidad social y tutelado por el goce pleno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) correspondientes a 2010, el 46.2 por ciento de la población se encontraba en condiciones de pobreza. Lo cual significa que casi la mitad de la población mexicana no dispone de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, y no ejerce al menos uno de los siguientes derechos sociales: educación, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, a servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

Además es preciso señalar que el 10.4 por ciento de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, esto es, carece del ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta alimentaria, además de no poder ejercer tres o más derechos sociales.

En la misma tesitura, tenemos que la distribución del ingreso del país representa un reto para el desarrollo nacional y la equidad social. Toda vez que en la última década, México fue la segunda nación más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después de Chile y la doceava en América Latina, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Por último, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, demuestran que la relación de ingresos entre el1 0 por ciento de la población más rica y el 10 por ciento más pobre fue de 25 a 1. En términos de desigualdad, también destaca que el 44 por ciento de la clase trabajadora del país percibe ingresos por debajo de dos salarios mínimos mensuales, a 2010 eI31.8 por ciento de los mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de salud y 60.7 por ciento de la población no tenía seguridad social.

Ahora bien, el Programa Nacional de Desarrollo Social vislumbra los objetivos y líneas estratégicas del gobierno para construir el piso mínimo de disfrute de los derechos sociales. Bajo una perspectiva garantista que lo sustenta en la necesidad de igualar la base de disfrute de derechos sociales para todas las personas y grupos, a fin de que su desarrollo y bienestar se base en sus capacidades y esfuerzo.

Es de resaltar, que el Programa cuenta con acciones de diversas dependencias encargadas de garantizar la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, la calidad de la vivienda, el ingreso y el trabajo de las personas, así como su inclusión y no discriminación. Para conseguir lo anterior, debe priorizarse la intersectorialidad, por medio del trabajo conjunto de gobiernos locales y sociedad civil, así como fortalecer las instituciones para que todas las personas disfruten de todos sus derechos y para que éstos sean exigibles y demandables en el marco de la ley.

De todo lo anteriormente expuesto concluimos que el desarrollo social tiene que reconocer que la pobreza, la falta de empleo productivo y la desintegración social constituyen una ofensa para la dignidad humana. Bajo esos argumentos, es urgente implementar un objetivo dentro de la política nacional de desarrollo social que obedezca los principios mínimos para respaldamos en un desarrollo sostenible y sustentable que mejore nuestra economía.

Argumentación

Uno de los principales problemas que destacan dentro de la política nacional de desarrollo social, viene a ser la falta del ejercicio real de los derechos sociales al momento en que se busca satisfacer las necesidades mínimas de las generaciones presentes y futuras. Por ende, es necesario identificar los objetivos bajo los que se guía la política social en nuestro país.

Por principio de cuentas el Plan Nacional de Desarrollo, establece como objetivos en la materia los siguientes:

A su vez el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 los toma como base para encajarlos en el siguiente orden:

Los objetivos antes mencionados, se componen de un enfoque integral, basado en el estricto respeto a los derechos de las personas, al mismo tiempo que fomenta la inclusión, la no discriminación, la igualdad y el trato digno. Sin embargo, la política nacional de desarrollo social se encuentra mutilada al evitar circunstancias de zozobra en una economía cuando el ciclo económico está en una fase negativa. Esto nos lleva a reflexionar que los objetivos de la política social se encuentran fragmentados y dispersos.

Ejemplo de ello vienen a ser los cambios macroeconómicos que han impactado las oportunidades y el empleo de millones de personas, afectando el bienestar de la población y generando el riesgo de agudización de los componentes de la pobreza, como que el ingreso real de las familias no ha tenido un desempeño favorable durante más de dos décadas.

A continuación, vemos que el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos años expone la precariedad del país a lo largo de varios años. De ahí que las ideas el crecimiento económico promedio per cápita anual fuera de 1.2 por ciento entre los años 1993 y 2013. En ese periodo, hubo dos crisis, 1995 y 2009; a partir de 2010 se recuperó la economía, pero el crecimiento ha sido lento. Para 2013 y 2014, la variación porcentual de un periodo a otro fue menor de dos por ciento.

Un reto conjunto de la política económica y social del país, es la de incrementar el poder adquisitivo del ingreso para generar crecimiento económico real, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios, ya que aumentarían los ingresos y disminuirían los índices de pobreza.

Bajo ese contexto, proponemos integrar al desarrollo sostenible como objetivo de la política social nacional, principalmente con el propósito de generar previsibilidad e indicar que las reglas deben mantenerse en el tiempo, para que exista la posibilidad de que las condiciones dictadas tiendan a eliminar la incertidumbre.

Respecto a integrar como objetivo de la política social al desarrollo sustentable hemos de tener en cuenta que fue expuesto como una alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves daños ambientales al planeta. De ahí nace la idea de una administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

Es de tomar en consideración que entre los factores clave del desarrollo sustentable, se encuentran el crecimiento poblacional, la demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos. Entorno que conlleva al medio ambiente como elemento de competitividad y desarrollo económico y social del país.

Cabe resaltar que el tema de sustentabilidad ambiental ha tomado importancia en la agenda social dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde se estableció la necesidad de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

A pesar de la inexactitud de indicadores que muestren la vinculación del medio ambiente y pobreza, podemos señalar que si bien el porcentaje de ocupantes en viviendas donde se usa carbón o leña como combustible para cocinar se redujo de 1992 a 2012, se registró un aumento entre 2006 y 2012, lo que podría significar que las acciones dirigidas a la atención de esta problemática no están logrando reducir el indicador.

Otra forma de aproximarse al derecho es a partir de su costo económico. En México, el Inegi identifica el impacto ambiental del quehacer económico y cuantifica el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como el gasto que la sociedad efectúa para resarcir los daños ambientales a consecuencia del proceso productivo de bienes y servicios a partir de las “cuentas económicas y ecológicas” (Inegi, 2012).

En Nueva Alianza pugnamos por políticas públicas que promuevan el desarrollo social basado en el desarrollo sostenible y sustentable de la economía con visión y criterio ambiental para ganar competitividad dentro del crecimiento económico dinámico y sostenido, para la estabilización del campo laboral, por el incremento en los salarios y el poder adquisitivo.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1 , fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

IV.

V. Promover mayor desarrollo sostenible y sustentable en regiones con rezago social.

Artículo Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor, $1 siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/116/54/PDF/N9511654.pdf?OpenElem ent

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2016.— Diputados: Ángel García Yáñez,Enrique Cambranis Torres, Gabriela Ramírez Ramos, Lorena del Carmen Alfaro García, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Estimadas diputadas, estimados diputados, este es un día muy importante para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, porque después de un periodo legislativo, donde estudiamos, revisamos, traemos una propuesta a esta soberanía para desaparecer el fuero a todos los legisladores en este país.

Fue y es una oferta política del Partido Encuentro Social, porque creemos que esta figura obsoleta ya no tendría que ser hoy esa percepción que tiene la ciudadanía que los diputados, que los representantes ciudadanos estamos atrás de esta figura para amparar acciones no correctas.

El fuero constitucional para los representantes populares fue una necesidad que la sociedad mexicana reconoció en su tiempo y los Constituyentes diseñaron en nuestra Carta Magna; fue una necesidad para garantizar la democracia y la pluralidad de las expresiones vertidas en los grandes foros de la nación.

Gracias al fuero, el Congreso mexicano se ha mantenido como un espacio de libertad. Y ahí los diputados y senadores de la República han encontrado un lugar para emitir con libertad sus opiniones en los diversos temas de la vida nacional.

Fue una necesidad, pero ya no la es, y el diseño de la norma respondió a la necesidad de esa época. Si bien creemos que es necesario preservar la garantía de la libertad en las expresiones del debate, es imprescindible que los legisladores disfruten de la certeza de no ser perseguidos por sus opiniones, por sus debates, por sus ideas. Pero eso fue en el tiempo de don Porfirio, hoy hay muchas leyes que nos protegen.

Hasta ahí, el Partido Encuentro Social está de acuerdo. Pero con el paso del tiempo, la concepción original del fuero se ha ido mistificando y, por desgracia, ampliando para constituir una especie de legitimación a la impunidad.

Venimos a proponerle a esta soberanía acabar con la inmunidad de los legisladores. Todos aquellos que no estamos en un puesto de representación política para ocultar pasados, no queremos el fuero como un pasaporte a la impunidad, lo que estamos buscando es que finalmente este Congreso se dignifique y cada uno de los que estamos aquí decidamos decirle a la ciudadanía que votó por nosotros, que no necesitamos el fuero, porque no vamos a robar, porque vamos a cumplir estrictamente con lo que prometimos al jurar nuestro cargo, protestando la Constitución de nuestro país.

Ha llegado el momento de desaparecer el fuero y hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas de este país, a cada uno de los diputados en su conciencia para que esta propuesta, esta iniciativa sea aprobada y sea votada en favor de poder acabar con un sistema de privilegios que ya no corresponde a la realidad política de nuestro país.

Celebramos que ya hay algunos grupos parlamentarios que se están sumando a esta idea, que ya lo han manifestado en su agenda pública. Y no podíamos esperar menos, que todos y cada uno de los diputados, que aquí representamos ciudadanos, decidamos acabar con este sistema de privilegios y votemos de una vez por esta iniciativa para eliminar el fuero a todos los diputados federales, a todos los diputados locales y a los senadores de la república. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, marco jurídico fundamental de nuestra nación, contempla diversos mecanismos jurídicos para el buen ejercicio de poder público; entre estos mecanismos se encuentran el Fuero Constitucional. Esta figura jurídica fue creada principalmente para otorgar un equilibrio entre los poderes de la nación, sin embargo con el paso de los años se han venido desvirtuado en cuanto a su finalidad original.

El juicio político y la declaración de procedencia son los únicos mecanismos jurídicos en la normatividad mexicana para fincar responsabilidades políticas, y/o iniciar procesos penales a quien, en calidad de legislador y/o servidor público, también llamados funcionarios de primer nivel; incurran en la comisión de delitos o violaciones graves a la Ley Suprema y a la normatividad emanada de esta. El mecanismo jurídico constitucional del juicio político posibilita el establecer que el acusado puede ser destituido e inhabilitado hasta por 20 años para desempeñar cualquier cargo en el ámbito del servicio público. Asimismo, la Declaración de Procedencia, posibilita la separación del cargo y la posibilidad de ser procesado penalmente por los tribunales ordinarios.

Las figuras mencionadas, consagradas en nuestra Carta Magna, son conocidas y denominadas como “Fuero Constitucional”, término que comprende la Inviolabilidad y la Inmunidad parlamentaria, para el caso de los legisladores, sujetos de interés primodial para esta iniciativa. Ambos términos constituyen el conjunto de privilegios y prerrogativas en favor de los integrantes de una asamblea deliberativa y legislativa que son ubicados en una situación sui generis, distinta a la normatividad que rige en este apartado, para los demás ciudadanos. Nos referimos a la Inmunidad que gozan los legisladores para poder expresar con libertad su opinión, en el desempeño de su cargo, sin poder ser reconvenidos por ello.

El Fuero es una figura jurídica incorporada a nuestro derecho constitucional desde las Cartas Supremas de Cádiz, heredada a nuestra Ley Fundamental de 1824, posteriormente a la Constitución Centralista de 1836 y por último a la reformista de 1857. La finalidad de la inmunidad constitucional para los legisladores en el Congreso fue para fortalecer el equilibrio de poderes de la Unión y la forma en que se integraría el Sistema Político Mexicano.

En torno a las figuras jurídicas en mención, la Constitución de 1836, consideraba al Poder Ejecutivo, a los Ministros de la Alta Corte de Justicia, así como a los de la Marcial, los Secretarios del Despacho, los Consejeros y los Gobernadores de los Departamentos; en cambio, en las demás constituciones se hace referencia a una especie de protección en favor de los integrantes del Congreso, a efecto que éstos desempeñen sus funciones con autonomía e independencia de criterio y expresión de opiniones.

En este contexto histórico la Carta Magna de 1917 no menciona el término jurídico “Fuero Constitucional”; no obstante, el artículo 59 de la Constitución de 1857 sí lo menciona y a la letra dice: “Los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Este texto es similar al artículo 61 de la nuestra actual Constitución, pero fue hasta la reforma de 1977, es decir después de 120 años cuando se adicionó un segundo párrafo que incorpora de manera textual el término “Fuero Constitucional”, convirtiéndose nuevamente en una figura jurídico-política.

Desde 1982 hasta 1990 se han efectuado diversas reformas constitucionales, mismas que han retomado la redacción de la Constitución de 1836; con éstas se modifica de manera integral el Título Cuarto de nuestra actual Carta Magna, con lo cual se amplía la protección a un diverso y número mayor de servidores públicos. Actualmente 1,854 gozan de la inmunidad procesal, entre ellos, el titular del Poder Ejecutivo, los Legisladores del Congreso de la Unión, los 500 Diputados, los 128 Senadores, los 11 Ministros del Poder Judicial, los 7 Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 7 Consejeros de la Judicatura Federal, los 20 Secretarios de Estado y los 66 integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Así también, protege al Procurador General de la República, al Procurador de Justicia del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los 11 integrantes del Instituto Nacional Electoral, a los 1,071 diputados de los 31 Congresos Locales, y a los 31 gobernadores.

En el caso de los diputados y gobernadores de las 31 entidades federativas, es competencia de los Congresos locales realizar el juicio de procedencia, donde las causas son diferentes, de acuerdo con las propias constituciones locales.

Conforme a la doctrina jurídica, la figura del fuero ha sido concebida como una prerrogativa consagrada en la Constitución, inicialmente a favor de los integrantes de las Cámaras, como órganos colegiados del poder público; posteriormente fue hecha extensiva a otros servidores públicos con la finalidad de protegerlos en el desempeño de sus funciones; extensión definitivamente innecesaria en la mayoría de los funcionarios que no son elegidos por el voto popular.

A partir de esta premisa, es menester precisar que nuestro sistema jurídico mexicano está concebido en la Carta Magna, la cual fue creada para consagrar primordialmente las garantías individuales, derechos y prerrogativas constitucionales y para establecer sus límites con la finalidad de fortalecer el equilibrio de poderes en el sistema político mexicano así como el equilibrio interno en la conformación de nuestra institución legislativa federal y estatal.

Es así como el artículo 61 de nuestra Constitución Federal señala la “Inviolabilidad” de los legisladores en su párrafo primero, así como el resguardo del “Fuero Constitucional” de los mismos en el segundo párrafo; mandatos que se traducen en privilegios concedidos por el sistema político mexicano que ejercen la figura del cargo de representantes populares.

El artículo 111 constitucional establece que servidores públicos pueden ser sujetos a un proceso penal, sin ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo.

Por otra parte el artículo 112 constitucional, primer párrafo, considera que los casos donde no procede la inmunidad procesal es en aquellos donde el servidor público esta separado del cargo, sin embargo, el segundo párrafo protege a este antes de ser sometido a un proceso penal. Sí el servidor público enlistado en el artículo 111 regresa o es electo para un cargo de elección popular, entonces para este caso será indispensable la Declaración de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados.

Evidentemente, el artículo 61 constitucional establece una excepción que otorga a los legisladores el privilegio de no ser procesados penalmente, ante la posibilidad de ser responsables en la comisión de un delito, salvo en el caso en que se encuentre separado en ese momento de sus funciones legislativas.

El artículo 111, en concordancia con lo arriba mencionado, señala que los servidores públicos que no han sido electos por el voto popular no podrán tener el beneficio de la inmunidad procesal en materia penal.

En cuanto al fuero constitucional el Procurador General de la República, este servidor público es nombrado por el titular del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 89 constitucional, fracción IX, previa ratificación del Senado de la República. Lo mismo sucede con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. En ambos casos se otorga la inmunidad procesal, y lo anterior puede entenderse por ser responsables del Poder Judicial, pero no es así el caso del Procurador quien no es titular de un poder; lo es de una institución del poder ejecutivo, entonces por razonamiento lógico, todas sus actuaciones deben estar apegadas a derecho.

En el caso de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y de la Judicatura del Distrito Federal, son dos Consejeros designados por el Senado y uno por el Poder Ejecutivo, los cuales se encuentran en el mismo supuesto anterior, de acuerdo con lo establecido en artículo 100 de la constitución.

Respecto a los Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, son nombrados por sus respectivos Consejos de la Judicatura, los cuales se encargan de llevar a cabo la selección y nombramiento de los magistrados y jueces, razón por la cual resulta innecesario que posean “Fuero Constitucional”, principalmente porque son servidores públicos nombrados por un órgano especial que dista mucho de ser elegidos directamente por el voto popular o ser nombrados y ratificados por alguno de los poderes de la Unión.

Sobre los Consejeros Electorales, ellos son seleccionados, aprobados, designados, y en su caso, destituidos por la Cámara de Diputados, cuyas funciones son dirigir y vigilar el buen desempeño del organismo público autónomo encargado de organizar los procesos electorales del país, por lo cual su desempeño debe ser leal y digno en el cargo que les fue conferido.

En torno a los Magistrados del Tribunal Electoral, su nombramiento adquiere características especiales, debido a que el presidente del Tribunal es nombrado directamente por la Suprema Corte de Justicia, y además propone a los demás magistrados, quienes son ratificados por los senadores.

Es importante reiterar que todos y cada uno de los servidores públicos mencionados, disponen de procedimientos y métodos específicos ya definidos para ser designados a fin de ejercer un encargo, y consecuentemente, sobre la responsabilidad de sus actos durante el ejercicio de su funciones, independientemente de otras violaciones o delitos que cometan en contra de la Constitución y sus leyes federales.

De igual forma, se tomó en cuenta el caso de los ministros de la Suprema Corte a quienes se retirará del cargo en la integración de la averiguación previa, considerando que no pueden ser juez y parte en dicho procedimiento penal.

Hemos de resaltar que el “Fuero Constitucional” es una prerrogativa para el buen desempeño de la Asamblea en el Congreso, no como un derecho subjetivo, sino como garantía que permite el funcionamiento de las Cámaras, porque si se aplicara como lo ordena la Constitución (“...son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”), no habría impunidad.

Evidente que el sistema político se ha dedicado a desvirtuar la “inviolabilidad constitucional” en un “Fuero de Impunidad”, que sirve como escudo para el pago de prebendas de muchos políticos, como ex gobernadores, ex secretarios de Estado, ex ministros, quienes buscan ser legisladores para evitar ser procesados por diversos delitos cometidos durante su encargo y en el ejercicio del mismo, como son los malos manejos de fondos públicos, entre otros delitos, porque para muchos político, ser servidor público es sinónimo de riqueza con cargo al erario.

Por otra parte, también han tomado como un parteaguas el hecho de acudir a las instancias internacionales de derechos humanos para evitar que se le retiren sus canonjías, olvidando que dichas instancias, aun en derechos humanos, no están por encima de los derechos de la colectividad para protegerlos de corrupción.

En razón de que la finalidad de la inmunidad otorgada a los legisladores es para defender las garantías de libertad y democracia en favor de los ciudadanos, pero sobre todo, proteger los derechos y obligaciones; de aquí la exigencia del Partido Encuentro Social, de erradicar al mal empleado y mal llamado “Fuero Constitucional”, que se traduce en impunidad.

Sin embargo, estas prerrogativas no implican que un legislador pueda hacer su libre albedrío, traduciéndose en un derecho sin control, derivándose en abusos, corrupción e impunidad; en razón de esto, la mayoría de las democracias han generado procedimientos para acotar el alcance y el ejercicio, tanto de la inviolabilidad como de la inmunidad.

En consecuencia, se debe delimitar y regular qué servidores públicos deben tener, por razón del su encargo, la “inviolabilidad” y eliminar la frase “fuero constitucional”, que en ocasiones se ha confundido con “Impunidad Constitucional”, por lo cual es necesario reformar los preceptos aquí mencionados.

Con base en los motivos anteriormente expuestos, los argumentos mencionados dan origen a la materialización de la siguiente iniciativa, que cuenta con los siguientes elementos:

El artículo 61 constitucional, si bien es cierto que no se modifica en el primer párrafo, sí resulta necesario agregar al mismo una interpretación adecuada respecto de sus alcances, ya que se ha malinterpretado en la práctica, y aunque el sentido gramatical es correcto, no siempre se comprende a cabalidad, sin una lectura gramatical y sistemática.

La protección constitucional contenida en el mencionado artículo 61 no se extiende a todos los ámbitos de la vida del legislador a quien va dirigida, sino que está muy especificada a un ámbito determinado, ya que expresa textualmente, en lo que interesa “... por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos...”. Los elementos de la protección van encaminados de manera exclusiva a “ las opiniones” que viertan “ en el desempeño” de sus funciones, lo que de ninguna manera significa una autorización para violar el resto del marco normativo de nuestro país, pues pensar que dicho atributo fuese extensivo a todas las áreas de la vida del legislador, sería darle una interpretación que va mucho más allá de la verdadera razón de ser, puesto que se trata de darle libertad en el ejercicio o cumplimiento de su función, mas no al resto de las áreas de la vida del legislador, como indebidamente se ha interpretado, ya sea por ignorancia o por conveniencia.

Lo expuesto en el párrafo anterior se desprende y se entiende del análisis gramatical o literal, pero si hubiere aún dudas, entonces utilizaremos a continuación la interpretación sistemática.

Existen otras disposiciones dentro del mismo marco constitucional, que nos permiten llegar a la misma conclusión expresada anteriormente, como por ejemplo lo establecido en el artículo 128, que textualmente dice: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”, con lo cual se establece que todo funcionario público está obligado a respetar y cumplir con las disposiciones de la Constitución y todas las demás leyes derivadas de la misma. No podría concebirse un estado de excepción tan grande, que la misma Constitución se contradijera al dar un marco jurídico demasiado exclusivo a un sector de la población, como para que no se sujetará a ninguna ley en el ejercicio de su función. Es obvio que ese no es el sentido de la norma constitucional en análisis.

Si el artículo 61 constitucional otorgara privilegios sin límites a los legisladores, entonces el artículo sexto constitucional, le otorgaría la misma potestad al resto de la población, ya que textualmente dice: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,...”, sin embargo esta garantía también tiene sus límites, establecidos en esta misma norma, al seguir diciendo: “...sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público;”, lo que significa que la garantía en cuestión está limitada a que el ejercicio de ese derecho no ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, es decir, que de lo contrario, sí serán objetos de inquisición judicial o administrativa.

Si hiciéramos una comparación, podríamos decir que la libertad dada a los legisladores en el artículo 61, está limitada por el artículo 128 ya citado; en tanto que la libertad dada al ciudadano en el artículo sexto, está limitada en la segunda mitad del mismo artículo sexto, y en estricto sentido, esta misma ultima norma limitante también le es aplicable al propio legislador, por lo que del análisis en conjunto se desprende que la libertad otorgada a los legisladores en el texto en estudio, está muy claramente delimitada a un marco de actuación muy específico, que es “en el desempeño de su cargo”, no existiendo ninguna otra norma que permita darle un sentido más amplio a dicha disposición.

Aun si analizamos detalladamente la expresión: “en el desempeño de su cargo”, y si comparamos esa expresión con las facultades de los legisladores, en cuanto a las funciones, encontraremos que en ninguna parte se le faculta para la comisión de delitos en el desempeño de su cargo.

Por otra parte, y prosiguiendo por la interpretación sistemática, encontramos en la misma constitución una figura muy similar, respecto a la libre expresión de las ideas establecida en el artículo siete constitucional, que dice textualmente en lo que interesa:

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio...”

La libertad que describe esa disposición constitucional no es absoluta, ya que su ejercicio implica el respeto a otros derechos, misma limitante que está establecida en el segundo párrafo de esa misma disposición, que a la letra dice:

“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución...”

El ejercicio de la libertad de opinión está remitido a las condicionantes establecidas en el artículo sexto de la misma constitución, ya analizado con anterioridad, con lo que se concluye que en la actualidad no existe ninguna disposición jurídica que impida el ejercicio de la acción penal en contra de los legisladores, considerando aún que si la conducta criminal se hubiere dado en el ejercicio del cargo, como por ejemplo al hablar en tribuna, ya que la disposición establece “...a través de cualquier medio...”, ello no significa que el responsable se encuentre exento de enfrentar la justicia penal.

Como se puede apreciar, ningún derecho es absoluto, sino que tiene una razón de ser y un contexto en el que se ubica, ya que sin los cuales la norma jurídica quedaría a la deriva de cualquier interpretación arbitraria, como lo ha sido con el llamado fuero constitucional.

Los casos y ejemplos anteriormente mencionados se refieren a los aspectos de responsabilidad jurídica, sin embargo, la misma constitución establece una protección especial para que la expresión de ideas no sea causa de responsabilidad política, al establecerlo así el artículo 109 de la constitución, en su tercer párrafo, que a la letra dice: “No procede el juicio político por la mera expresión de ideas”.

Hasta lo expresado en este momento, la garantía para la expresión de opiniones e ideas está contemplado como un derecho constitucional que está claramente delimitado en cuanto a su ejercicio, tanto respecto de la responsabilidad jurídica y como la responsabilidad política, como ya se expuso.

No se propone una modificación a esta parte del texto constitucional, porque se considera que es clara en cuanto a sus alcances jurídicos, pero sí se propone una adecuada regulación, puesto que el texto vigente en el artículo 111 representa un obstáculo para el ejercicio de acciones penales en contra de los legisladores, cuyo procedimiento nos referiremos más adelante.

En lo que se refiere al segundo párrafo del texto actualmente vigente, se propone una modificación en la redacción del mismo para eliminar la palabra “fuero constitucional” con el propósito de evitar el uso de esa expresión que se encuentra muy asociada a la palabra impunidad, dejando en el fondo el mismo significado del texto vigente.

Se agrega un tercer párrafo al artículo 61 constitucional, con el objeto de ponerlo en armonía con la modificación propuesta a los artículos 111 y 112, consistente en otorgar autorización para que se puedan ejecutar órdenes de aprehensión al interior de las instalaciones del recinto parlamentario, con el propósito de evitar la evasión de la justicia por quienes, teniendo en su contra una sentencia condenatoria, pretendan refugiarse en dicho inmueble, bajo el argumento de que es inviolable.

Se sigue considerando que el recinto en donde se llevan a cabo las sesiones es inviolable en cuanto a que se trata de un espacio de la libre expresión de las ideas, pero la propuesta del tercer párrafo pretende no permitir que con el pretexto mencionado se evite el cumplimiento de una sentencia condenatoria, como ya ha sucedido en el pasado, en el que por una interpretación ventajosa, se ha evitado el cumplimiento de una orden judicial.

Se tuvo especial cuidado de permitir el ingreso de autoridades judiciales para el cumplimiento de una orden de aprehensión, que desde luego supone el debido cumplimiento del procedimiento establecido en los artículos 111 y 112, sin embargo, para qué la autoridad judicial le dé cumplimiento al mandato en cuestión, no se deja a la plena libertad de la autoridad ordenadora, sino que se establece como condición que exista una previa autorización del presidente de la Cámara respectiva, como requisito indispensable e infranqueable, para evitar cualquier intromisión no autorizada.

En lo que respecta a la propuesta de modificar el artículo 111, cuya esencia en el texto vigente es regular el procedimiento denominado declaración de procedencia, sustituyéndolo por un procedimiento, apartado de presiones políticas, con menos complejidad para permitir el desarrollo normal de los procesos penales en contra de los funcionarios que ahí se mencionan.

En términos generales, el contenido de la propuesta del artículo 111 es muy diferente al texto actualmente, sólo se conserva el párrafo cuarto con el mismo texto vigente.

Lo primero que se observa en la propuesta de modificación al artículo 111 es que desaparece de la enunciación de los servidores públicos, la mención de los diputados y Senadores del Congreso de la Unión y de los diputados de la Asamblea Legislativa, respecto a los cuales no había una razón en sí para brindarles la protección del fuero que ahí se especificaba. Se deja en el listado aquellos servidores públicos que fueron de elección popular, aunque por excepción se incluye los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se establece como principio de que los servidores públicos mencionados al inicio sí pueden estar sujetos a proceso penal, con la reserva de que en tanto que no exista sentencia condenatoria en su contra, no podrán ser privados de su libertad.

La redacción del mismo se establece en un sentido diferente, en el que la primera oración establece que sí pueden ser privados de su libertad los servidores públicos que cuenten con una sentencia condenatoria en su contra. De manera específica se establece que bastará la sentencia condenatoria del juez de primera instancia para proceder a la separación del cargo, y aunque pudiera parecer una medida excesiva, por tratarse de una sentencia de que aún no tiene la categoría de cosa juzgada, también es cierto que el texto vigente le otorga menores beneficios al servidor público, ya que no es necesario que exista una sentencia condenatoria para que se someta a la consideración del pleno para el efecto de la declaración de procedencia, es decir, con la existencia de una simple averiguación previa en la actualidad un servidor público pudiera quedar separado de su cargo con el acuerdo de la Cámara, sin que se le hubiera dado oportunidad de ser oído y presentar pruebas en su favor, por lo que establecer que al menos haya concluido la primera instancia para separarlo del cargo, deja al servidor público en una mejor posibilidad hasta que obtenga sentencia condenatoria en primera instancia.

En el segundo párrafo de la propuesta del artículo 111, se establece que el servidor público, aun cuando esté sujeto a proceso penal, podrá continuar en el ejercicio de sus funciones, sin que pueda ser detenido, lo que implica la imposibilidad del juez de la causa a que gire orden de aprehensión, así como cualquier otra medida que tuviere como efecto privarlo de la libertad, sin embargo, ya no podrá seguir gozando de sus beneficios desde el momento en que obtenga sentencia condenatoria en su contra en primera o segunda instancia.

Se establece que el efecto de la separación del cargo sea mediante sentencia condenatoria en primera o en segunda instancia, ya que pudiera suceder que en primera instancia, el servidor público pudiera obtener una sentencia absolutoria, sin embargo, si el ministerio Público interpusiere el recurso de apelación, podría ser que en segunda instancia obtenga una sentencia condenatoria.

En el tercer párrafo de la propuesta de artículo 111, se establecen los efectos jurídicos considerando el sentido de la sentencia, respecto de la posibilidad de seguir o no en el ejercicio de las funciones del servidor público en cuestión. Si fuere condenatoria, el órgano jurisdiccional al ejercicio de sus funciones, notificará al presidente de la Cámara la resolución correspondiente, la que originará la separación del cargo, y como consecuencia, quedará a disposición de la autoridad correspondiente.

Se contempla la posibilidad de que un servidor público en primera instancia obtenga sentencia condenatoria, lo que originará la separación del cargo, pero si con posterioridad obtiene sentencia absolutoria como cosa juzgada, entonces podrá a volver al ejercicio de sus funciones en el cargo que tenía, si es que el período para el que fue electo, en el caso de los legisladores, no haya concluido. Si dicho período para el que fue electo ya concluyó, habrá posibilidad para volver a ocupar el cargo. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en virtud de que el cargo es vitalicio, no existe imposibilidad para que vuelva a ejercer las funciones, en el caso de que obtenga sentencia absolutoria con la categoría de cosa juzgada, sin embargo, cualquier sentencia condenatoria también le originará la separación del cargo, y en el caso de que dicha sentencia alcance la categoría de cosa juzgada, y aun cuando el cargo es vitalicio, no podrá regresar al ejercicio de su función, dada la trascendencia y naturaleza de la misma.

Al inicio del primer párrafo del artículo 111, no se enlista el cargo del presidente de la República, ya que el actual párrafo cuarto queda vigente, sin hacerse ninguna modificación al respecto, ya que los asuntos por los cuales puede ser procesado penalmente el presidente de la República ya están establecidos en el artículo 108 constitucional, y el procedimiento para su desahogo será conforme a la regla del artículo 110, por lo que el procedimiento para ese cargo seguirá sin modificación en la presente iniciativa.

Un caso en especial es el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación, que se dejaron en el listado del artículo 111, y que son los únicos servidores públicos que no están por elección popular, siendo por ello, el procedimiento que se plantea es difiere en cuanto a la etapa procesal para ser separado del cargo, contemplándose que pueden ser separado del cargo, una vez que la averiguación previa que esté integrada en su contra sea dictaminada en el sentido de ejercer acción penal en contra de determinado ministro, siendo en este estado procesal en que el procurador general de la República podrá solicitar la Cámara de Senadores a que proceda en los mismos términos como si se tratase de una sentencia condenatoria emitir el primero segunda instancia, para el caso de los legisladores.

Se consideró que la Cámara de Senadores sea el órgano que acuerde la separación del cargo del servidor público, en razón a que es esta la que interviene en el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, motivo por el cual se deja el procedimiento descrito en este artículo, para qué se le dé cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la separación del cargo, y posteriormente en el artículo 112 para que sea este órgano el que complemente las etapas procesales a su cargo.

Una particularidad de esta iniciativa es que los ministros que resulten con sentencia condenatoria, con independencia del delito del que se trate, quedarán separados definitivamente del cargo, es decir, una sentencia condenatoria, por más mínimo que sea el delito, originará la separación definitiva del carácter de ministro, en consideración a que tales personas deben también observar una conducta ejemplar, al igual que el resto de los servidores públicos, siendo por ello que no se les permitirá volver al ejercicio de sus funciones, en la hipótesis de que obtengan una sentencia condenatoria.

El último párrafo de este artículo hace referencia a los servidores públicos de elección popular de los Estados y Municipios, salvo a los diputados locales, los cuales se regularán por las disposiciones correspondientes a cada legislatura, conforme a las reglas establecidas de cada entidad, en donde se iniciará el procedimiento que corresponda, a petición del procurador general la República, con el fin de que se eliminen las disposiciones que impidan el directo ejercicio de la acción penal en contra de los mencionados servidores públicos que hubiesen cometido delitos federales.

En lo que se refiere a artículo 112, se describen los plazos y la forma de cumplir diversas etapas procesales, establecidas para que, al tener conocimiento la Cámara que corresponda, respecto de la existencia de un dictamen para el ejercicio de la acción penal o una sentencia condenatoria en primera o segunda instancia, en contra de los servidores públicos descritos en el artículo 111, se proceda puntualmente a la separación del cargo, eliminando cualquier posibilidad de que no se haga de manera inmediata, evitando que el cumplimiento de las mismas quede a discrecionalidad de los funcionarios públicos a su cargo y que se haga retardar la aplicación de la justicia.

Como se sabe en diversas democracias Constitucionales, existen garantías llamadas “prerrogativas parlamentarias” de la cuales gozan sólo los legisladores, creadas con la finalidad de que el órgano legislativo pueda ejercer sus atribuciones con autonomía frente a los demás actores políticos y sociales. La inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad parlamentaria, en su concepción original, no deberían proteger al individuo sino a la institución, es decir, si los legisladores gozan de libertad de expresión en el pleno ejercicio de sus funciones, entonces la institución tiene derecho a definir de manera autónoma su organización interna.

Con base en lo anterior, se debe mantener la protección de la inviolabilidad parlamentaria, cuando las manifestaciones vertidas, verbales o escritas, sirvan en razón de la defensa constitucional de libertad y representación a favor de la sociedad, a contrario sensu se tiene que acotar el alcance de esta prerrogativa a los llamados “actos parlamentarios”, entendidos como todo lo expresado en el Pleno o ante comisiones, cuando estén en contra de los intereses jurídicos económicos y sociales en favor del gobernado, aun cuando sean intereses meramente políticos-partidarios. Igualmente la protección no aplica cuando el legislador incurre en actos como encubrimiento, difamación, injurias, calumnias, amenazas, delitos contra el honor, coacciones, distintos supuestos de apología delictiva o divulgación de Secretos de Estado, siempre que no pongan en peligro la soberanía y violación de las garantías individuales del gobernado, al permitir que se proceda contra el legislador se evitará la impunidad.

No olvidemos que en los últimos años, en México hemos tenido casos ejemplares; como fue lo sucedido en el año 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, tras un amparo promovido por Manuel Bartlett contra el entonces Diputado Federal Germán Martínez, en el sentido que la inviolabilidad no protege al legislador en caso de difamación o calumnias.

Otro caso se presentó en 2010, en el que diputados del PRD se ven involucrados en el encubrimiento del entonces electo diputado Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy, con la finalidad de que obtuviera el “Fuero Constitucional” y evadir así al orden de aprehensión ejecutada en su contra por parte de la Procuraduría General de la Republica, por la supuesta participación en actos delictivos del fuero común.

Por lo que al procedimiento de una declaración de procedencia es complejo y destinado para que nunca prospere, salvo que hubiera un acuerdo previo al respecto. De hecho, sólo tres han prosperado en los últimos 30 años: Jorge Díaz Serrano en 1983, René Bejarano y Andrés Manuel López Obrador en 2005

Aunque la experiencia comparada con otros países muestra que la inmunidad de los legisladores es acotada para evitar que se convierta en carta de impunidad. En nuestro sistema político se observa algo completamente distinto por carecer de precisiones respecto del privilegio debido a que protege no solo a los electos por el voto popular, sino protege a todos los servidores públicos hasta el tercer rango nombrados por los Poderes de la Unión; los procedimientos de selección son complejos ya que un solo órgano legislativo decide sobre todos los servidores públicos en lugar de limitarse a proteger únicamente a los que fueron electos por el voto popular, quedando en duda la autonomía del poder judicial que es nombrado unilateralmente por los Senadores.

De ahí que la violación a estos principios debe generar necesariamente una sanción, sin afectar la función de los órganos constitucionales debido a que la protección constitucional a quienes tienen a su cargo estas funciones está hoy en el debate público, como es el caso del fuero constitucional que protege a los servidores públicos de alto rango y en particular a los legisladores que les ha servido como escudo de abusos e impunidad las cuales han llevado a un rechazo por parte de los ciudadanos.

De esta manera el fuero no debe ser un obstáculo jurídico y mucho menos político e insuperable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito.

En todo caso, es conveniente que el Poder Legislativo actué eficazmente, siempre que no se afecte las facultades constitucionales del Órgano Legislativo o su propia integración. Mediante los procedimientos judiciales para el desafuero ante dicho Órgano y no estar condicionados por razones partidistas ni por intereses políticos que no son los estrictamente legales.

Por lo tanto, la sola eliminación del término “Fuero Constitucional” de la normatividad mexicana, se convertiría por sí sola, en un avance fundamental en las leyes que norman el actuar de los legisladores y demás servidores públicos mexicanos que también son elegidos y designados por la voluntad popular. Su sola eliminación permitiría una delimitación más clara y precisa de las otras figuras jurídicas.

De lo antes expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 61, 111, y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

El presidente de cada Cámara velará por el respeto a la inviolabilidad constitucional de los miembros de la misma y por la del recinto donde se reúnan a sesionar.

No se considera que se violente el recinto parlamentario cuando se trate cumplimentar una orden de aprehensión, y exista previo permiso y coordinación del presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente

Articulo Segundo. Se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Sólo podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo los diputados y Senadores del Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados locales, el jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando previo proceso penal sea dictada sentencia condenatoria en su contra.

Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad mientras no exista en primera instancia, una sentencia condenatoria.

Cuando se dicte sentencia condenatoria, ya sea en primera o segunda instancia, el órgano jurisdiccional notificará al presidente de la Cámara, que el servidor público ha sido sentenciado, a efecto de ser separado del cargo y quedar a disposición de la autoridad correspondiente. Si la sentencia fuere absolutoria en instancia posterior, el inculpado podrá reasumir su función. Si fuere condenatoria como cosa juzgada, no podrá regresar al cargo ni se concederá al reo la gracia del indulto, y concluida la pena no regresara al cargo para el cual fue electo o designado.

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, y estando debidamente integrada la averiguación previa, el Procurador General de la República solicitará a la Cámara de Senadores, a efecto de que proceda en los términos previstos en este apartado, lo separe del cargo y se proceda penalmente en su contra.

Para el caso de que la sentencia sea condenatoria como cosa juzgada, no regresaran al cargo de ministro.

Para poder proceder penalmente por los delitos federales contra los Gobernadores, presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Estados, el Procurador General de la República, solicitara a las legislaturas locales, para que en el ejerció se sus atribuciones proceda como corresponda, a efecto de que se pueda ejercer la acción penal.

Artículo Tercero. Se reforma 112; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 112. Durante el periodo que dure el proceso penal, los servidores públicos a los que hace referencia el artículo 111 de esta constitución, podrán continuar ejerciendo el cargo hasta que se dicte sentencia definitiva condenatoria en su contra, la que originara la separación definitiva del cargo. En caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, se hará conforme lo establecido en el artículo 111, párrafo quinto.

El órgano de procuración de justicia o jurisdiccional notificará, al presidente de la cámara correspondiente, el acuerdo de ejercicio de la acción penal o la sentencia definitiva que se dicte en la averiguación previo o primera instancia, según sea el caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes de emitido la determinación o resolución, a efecto de que este emita el acuerdo de la separación del cargo, de manera expedita, sin que se someta a consideración del pleno y en el que se llamará a ejercer funciones al suplente.

Una vez recibida la notificación anterior, el presidente de la Cámara respectiva, tendrá un término de setenta y dos horas, para elaborar y remitir el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, que deberá remitir al Procurador o juez de la causa, quien tendrá cuarenta y ocho horas para ejercer la acción penal o girar la orden de aprehensión, según sea el caso. En caso de incumplimiento de los plazos en este precepto, originará delito de abuso de autoridad, conforme a la legislación penal federal.

Los procesos penales en donde se involucren a servidores públicos, de conformidad con las disposiciones de este artículo, no durarán más de doce meses, a partir del inicio de la averiguación previa.

El incumplimiento de los plazos previstos para realizar determinados actos, descritos en este artículo, originará responsabilidad administrativa y penal. La administrativa implica la separación inmediata del cargo y la inhabilitación para ocupar algún cargo público o de elección popular por diez años; en tanto que la penal, originará la comisión de delito de abuso de autoridad, conforme a la legislación penal federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La referencia a auto de vinculación a proceso, se entenderá equivalente al auto de formal prisión o de sujeción a proceso, en los casos en los que aún no haya entrado en vigor el sistema procesal penal acusatorio previsto en el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto, firman la presente iniciativa

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 1o. de febrero de 2016.— Diputados: Hugo Éric Flores Cervantes, Alejandro González Murillo, Erika Lorena Arroyo Bello, Gonzalo Guízar Valladares, Guadalupe Perea Santos, Melissa Torres Sandoval, Norma Edith Martínez Guzmán, (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Flores. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECLARA “2016, CENTENARIO DE LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCATÁN”

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara 2006 Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán.

La diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna para presentar iniciativa que tiene por objeto conmemorar importantes sucesos de la historia reciente de nuestro México, pues fueron las primeras décadas del siglo XX las que estuvieron marcadas por grandes luchas, procesos destacados en sí mismos por la búsqueda de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.

En aquél entonces el gran reto era trasladar las aspiraciones revolucionarias en un plan de gobierno, que de manera audaz permitiera concretar para hombres y mujeres el ideal perseguido.

Para aquel momento la mujer poseía muchas prohibiciones y espacios reducidos, no obstante, el periodismo, el magisterio y la literatura serían las materias que se entrelazaran para dar origen a conceptos brillantes de mujeres que animaban las ansias de libertad e igualdad de derechos.

Años antes, la gesta revolucionaria, para ser exactos en 1870, un grupo de mujeres encabezadas por la ilustre poetiza Rita Cetina Gutiérrez fundaron la Siempreviva, sociedad que encarnó el prejuicio social frente a la cultura machista y de marginación, dando cabida a la participación de las mujeres, y que fue ésta la primera escuela secundaria para niñas y mujeres en Yucatán.

Fue en aquel entonces el comienzo y el público despertar femenino en la península de Yucatán, donde las mujeres yucatecas fueron las pioneras del feminismo contemporáneo al abrir caminos inéditos en la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas.

Con el trabajo previo de Rita Cetina, la mujer yucateca creó una nueva ideología, hecho que se complementó con la adición del general Salvador Alvarado, entonces gobernador de Yucatán, pues mediante decreto convocaría al primer congreso feminista en Yucatán, llamando a las mujeres a tan importante suceso.

El primer congreso feminista tuvo lugar en Yucatán del 13 al 15 de enero de 1916, en el teatro que lleva el nombre del ilustre dramaturgo, don José Peón Contreras, evento al que asistieron más de 600 mujeres, profesoras, obreras y campesinas, a tratar asuntos como lo eran el manumitir, el yugo tradicionalista sobre la mujer, definir el papel de la escuela en la reivindicación de ésta en la sociedad, el esclarecimiento de las funciones de la mujer, que desempeñaría para ser parte activa de la dirección de la sociedad, y de donde a su vez se demandara el voto de la mujeres al nivel municipal.

Meses más tarde, en aquel mismo año se convocaría al segundo congreso para el mes de noviembre, en el cual las posturas radicales lograron acuerdos significativos en torno al derecho del voto de la mujer.

Fueron aquellos congresos feministas los que permitieron a la mujer establecer un diálogo con el gobierno, debatir sus ideas y propuestas, lo que se traduciría en la antesala para la exposición de las inquietudes de este género. Sus reclamos para el acceso a la educación media y superior, el derecho igualitario en el trabajo, el respeto a sus derechos civiles, salario igual al de los varones y el reclamo a su derecho al sufragio.

Hoy, año 2016, a 100 años de la realización de los congresos feministas de Yucatán recordamos el valor y las virtudes excepcionales de aquellas mujeres que lucharon para lograr cambios sociales al romper paradigmas y estereotipos de una sociedad patriarcal y machista.

Cierto que a esta lucha aún le queda camino por recorrer, pero la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos, el económico, el político y el social nos nace por justicia reconocer y agradecer a las mujeres como Rita Cetina Gutiérrez, Raquel Dzib Cicero, Consuelo Zavala, doña Elvia Carrillo Puerto y varias mujeres más estos logros que hoy las mujeres mexicanas hemos obtenido.

Por ello, subo a esta tribuna para presentar iniciativa que tiene por objeto declarar el año 2016 centenario de los primeros congresos feministas de Yucatán, pues con la conmemoración de aquellos congresos celebramos el despertar social y político de las mujeres, signo de su inclusión en el desarrollo de nuestro país.

Con esta declaratoria vaya implícito el reconocimiento a nuestro compromiso para que con nuestro buen actuar, nuestra perseverancia en la lucha y que con acciones concretas de nuestra participación social heredemos a las posteriores generaciones que, aunque nada sencillo, el mismo camino por recorrer, buscando siempre que algún día esa sinonimia entre igualdad, equidad y paridad se traduzcan en el respeto a los derechos humanos entre los hombres y las mujeres de nuestra nación y del mundo entero. Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa de decreto, por el que se declara “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”, a cargo de la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Lucely Alpízar Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“La mujer en nuestro país, cualquiera que sea su categoría, es más esclava que el obrero; no puede hacer ni resolver nada. La sociedad por su parte es criminal en las sutilezas de su juicio acerca de la mujer, y debe ser más liberal, más consecuente, más tolerante. Ella tiene el deber de hacerse libre, de entrar en el torneo del progreso, dando a reconocer su majestad para hacerse respetar: Si se hace así todas las inteligencias dormidas entrarán en acción... la mujer fuerte es la aspiración del momento. ¡Elevad a la mujer!”

Con este epígrafe describía el general Salvador Alvarado la situación que ponderaba para la mujer hasta antes y principios del siglo XX, dónde a pesar de la activa participación de la mujer en la vida social, política y económica del país, y muy a pesar de su colaboración en el proceso independista y revolucionario de México, poco era su reconocimiento.

Las mujeres poseían entonces muchas prohibiciones y espacios reducidos en los ámbitos públicos y sociales. Fue en el periodismo, el magisterio y la literatura las materias que se entrelazaran para dar origen a conceptos brillantes de mujeres que animaban las ansias de libertad e igualdad de derechos.

En el periodo comprendido de 1846-1849 se estableció en Mérida, Yucatán, la primera escuela pública para niñas, ya que hasta ese momento solo había algunas escuelas privadas administradas también por mujeres autodidactas, lo que cambió el panorama de la educación para las mujeres.

Fue en el año de 1870 cuando un grupo de mujeres encabezadas por la ilustre poetisa, Rita Cetina Gutiérrez, fundaran la “Siempreviva”, sociedad que encaró el prejuicio social con un profundo significado de ruptura con la cultura machista y de marginación a la participación de las mujeres.

La Siempreviva tenía por objetivo consolidar la educación de las niñas y las mujeres, y fue la primera escuela que proporcionó educación secundaria a niñas y mujeres en Yucatán. La escuela inició con 60 alumnas y para 1902 ya se componía de 600 educandas.

Lo anterior fungió como el comienzo y el público despertar femenino en la península de Yucatán, en donde las mujeres yucatecas fueron pioneras del feminismo contemporáneo, al abrir caminos inéditos en la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas.

La autonomía de las mujeres transitó por espacios reducidos y prohibiciones, no obstante surgieron hombres brillantes con mentes de avanzada como el General Salvador Alvarado, entonces Gobernador de Yucatán, quien alentó e impulsó al primer movimiento feminista mexicano.

Con el trabajo previo de Rita Cetina, la mujer yucateca creó una nueva ideología, hecho que se complementó con la visión de Salvador Alvarado, pues aprovecharon su apertura, iniciativa y apoyo, para materializar mediante decreto, el primer congreso feminista en Yucatán, el primero documentado a nivel nacional, y que a través de una sensible convocatoria llamaba a las mujeres a participar a tan importante suceso.

La convocatoria se motivó, entre otros aspectos, por los padecimientos coyunturales de aquel momento: que la situación de la mujer era intolerable y requería ser modificada, pues sus obligaciones se habían concretado a las originadas de una vida quieta, empírica y sin dinamismo; consideraba un error social educar a la mujer para una sociedad inexistente; que para que la mujer pudiese formarse libre y fuerte requería un estado jurídico que la enalteciera, así como de educación que le permitiese vivir con independencia; y que, para alcanzar los objetivos trazados, era necesario la reclamación por sus derechos, a pedir su injerencia en el Estado para que ella misma se protegiera.

El primer congreso feminista tuvo lugar el 13 de enero de 1916 en el Teatro José Peón Contreras, en Mérida, Yucatán, evento al que asistieron más de 700 profesoras, obreras y campesinas a tratar los asuntos de trascendencia revolucionaria, así como a discutir la reivindicación y el desarrollo de la mujer en nuestro país.

La realización del primer congreso absolvía importantes temas, como lo eran el manumitir el yugo tradicionalista sobre la mujer; definir el papel de la escuela en la reivindicación de ésta en la sociedad; el esclarecimiento de las funciones que la mujer desempeñaría para ser parte de la dirección de la sociedad; y, donde a su vez se aprovechó el momento para que un grupo minoritario de 31 congresistas demandaran el voto de las mujeres a nivel municipal, sin embargo la propuesta fue rechazada, imponiéndose las posturas moderadas y conservadoras.

El segundo congreso se realizó del 23 de noviembre al 02 de diciembre de 1916, en el cual, las posturas radicales lograron conceder acuerdos significativos entorno al derecho de voto de la mujer, sin embargo el tema que pretendía dar apertura a las mujeres para contender a candidaturas a elecciones populares municipales no prosperó.

Sin duda el general Salvador Alvarado reconoció el potencial de la mujer, al reclutar la fuerza femenina para implementar sus programas, y mediante el rompimiento de paradigmas y estereotipos muy arraigados en su tiempo logró impulsar como principio de sus programas gubernamentales la educación de la mujer, y la importancia de prepararla adecuadamente para el mundo venidero.

Los congresos feministas de principios del siglo XX le permitieron a la mujer establecer un diálogo con el gobierno, debatir sus ideas y propuestas y, aunque sus peticiones innovadoras no prosperaron, se despertó en el subconsciente de este género el interés por la vida política del país, además de que se descubrieron nuevos liderazgos de vanguardia en favor de la educación y el sufragio femenino.

Ejemplo de los liderazgos que se avivaron fue el caso de Rosa Torres, participante del congreso, y quien para 1923 fuera la primera mujer en la historia de nuestro país que contendiera y ganara un cargo de elección popular, como regidora en el Ayuntamiento de Mérida; o bien, casos de igual trascendencia, como el de las tres mujeres electas para ocupar el encargo de diputadas locales, las diputadas Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce.

Los congresos feministas de 1916, desde luego rindieron frutos, fueron la ante sala para la exposición de los deseos e inquietudes de este género, sus reclamos para el acceso a la educación media y superior; el derecho igualitario en el trabajo fuera de casa, y el respeto y consideración de sus derechos civiles; exigiendo salario igual al de los varones y, más aún, el reclamo del derecho al sufragio.

Importantes avances se lograrían posterior a estos Congresos, pues a partir de aquel ejercicio surgieron las ligas de Orientación Femenina; los gobiernos de Yucatán, Chiapas y Tabasco concedían a la mujer la igualdad jurídica para votar y tener puestos públicos de elección popular; y para el año de 1917 la Carta Magna reconocía los derechos de la mujer trabajadora y su protección por razón de género en el ámbito laboral.

Gracias a ese despertar de la mujer, y de aquellos Congresos que tuvieron lugar en Mérida, Yucatán, es que los deseos e inquietudes de la mujer se encaminaron para implantarse como una realidad en el ámbito laboral, económico, político y social, pues ha llegado a ocupar espacios de dirección y mando, equitativamente a la figura del varón.

En la actualidad la mujer está presente y aumenta día con día su participación en actividades económicas y productivas del país, aspectos que se corroboran mediante cifras proporcionadas por el Inegi, las cuales demuestran el grado de avance del empoderamiento de la mujer, al señalar que 25 de cada 100 hogares están a cargo de una mujer, o bien, como el que al cierre del tercer trimestre de 2015, el 38 por ciento de la población económicamente activa es sostenido por las mujeres.

En el ámbito escolar la mujer se ha posicionado rápidamente en las estadísticas. Puesto que del 2000 a la fecha han alcanzado prácticamente la mitad de la población universitaria, resultando que para 2014 el género femenino ocupara el 56 por ciento del total de la titulación por licenciatura.

En el 2016, a cien años de la realización de los congresos feministas de Yucatán, recordamos las virtudes excepcionales de las mujeres que de manera constante lucharon para lograr los cambios sociales, al romper paradigmas y estereotipos de una sociedad patriarcal y machista. Que con estrategias bien estructuradas lograron que sus derechos fuesen reconocidos, así como la importancia de reconocerla con la misma calidad que se le daba al hombre en la ley, en la sociedad y en la familia.

Es deseo de esta representación que se reconozca y conmemoren los 100 años de los Congresos Feministas de Yucatán, suceso histórico con plena vigencia en nuestro presente: la lucha por la paridad de género.

Esta representación considera oportuna la propuesta, ya que en el año que comienza se cumple un centenario de la realización de los Congresos Feministas en la Península de Yucatán, antecedente inequívoco del despertar social y político de las mujeres, y signo de su inclusión necesaria en el desarrollo de nuestro país.

Esta representación considera que al declarar al 2016 como centenario de los Congresos Feministas de Yucatán, fungirá para conmemorar aquellos ilustres acontecimientos, a las mujeres que tuvieron la valentía y el sentido de oportunidad en esa época, y a través de su recuerdo continuar el impulso de la participación de la mujer en la política y la sociedad.

Derivado de los antecedentes, consideraciones y motivos antes expuestos, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para declarar “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”

Decreto

Único.El Honorable Congreso de la Unión declara “2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

Transitorio

Unico.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputados: Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, Alberto Silva Ramos, Ana María Boone Godoy, Cecilia Guadalupe Soto González, Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Flor Estela Rentería Medina, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Guadalupe González Suástegui, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Refugio Sandoval Rodríguez, Laura Nereida Plascencia Pacheco, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Ramón Bañales Arambula, Timoteo Villa Ramírez, Xitlalic Ceja García, Yahleel Abdala Carmona, Yerico Abramo Masso (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alpízar. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Sí? Sonido en la curul de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco. Adelante, diputada.

La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco(desde la curul): Con su venia, señor presidente. Para solicitarle le pregunte a la diputada y paisana Lucely Alpízar si me permita adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada. Bien, la diputada Alpízar manifiesta su aquiescencia, diputada Ortega.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Laura Plascencia, por favor.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco(desde la curul): Gracias, presidente. Amiga y compañera Lucely Alpizar, felicitarla por su intervención en la tribuna, dignamente representadas las mujeres, y pedirle también nos permita suscribir la iniciativa para poder tener realmente la visibilidad a cien años del Primer Congreso Nacional Feminista y que se visibilice el logro de estas grandes mujeres en beneficio de las que el día de hoy somos guerreras de su lucha.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Alpizar ha manifestado también su aquiescencia para que pueda suscribirse la iniciativa que ella ha presentado y desde luego está aquí a disposición de la plenaria para quienes quieran suscribirla en la Secretaría de la Mesa Directiva.

Saludamos la presencia de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. Invitados por el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, a este recinto parlamentario.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes, y en consecuencia está a discusión el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numerales 6, incisos e y f, 7 y demás artículos relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente:

METODOLOGÍA:

En el apartado de ANTECEDENTES se hace constar el proceso legislativo que la minuta ha tenido, desde la presentación de la iniciativa, el dictamen y el proceso de la misma en la Cámara de Senadores.

Por lo que toca al apartado del CONTENIDO DE LA MINUTA, éste hace una descripción de la temática de la propuesta objeto de dictamen.

Asimismo, en el rubro de CONSIDERACIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES, se alude a los argumentos que las comisiones dictaminadoras tomaron en consideración para devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.

En el capítulo de CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, se vierten los elementos de valoración de la minutas objeto del presente dictamen.

Finalmente en el apartado de CONCLUSIONES, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, emiten el proyecto de resolución para ser presentado ante el Pleno de la misma.

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 30 de abril de 2014, el diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha 20 de mayo de 2014, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura, dictaminaron en sentido aprobatorio la misma, con fecha 10 de septiembre de 2014.

3. Con fecha 11 de noviembre de 2014, el dictamen fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados.

4. El 13 de febrero de 2014, la Cámara de Senadores, recibió la Minuta que contiene las citadas reformas aprobadas por la Cámara de Diputados, misma que fue turnada para análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera, las comisiones emitieron dictamen a la misma con fecha 25 de marzo de 2015, en términos del inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 28 de abril de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió oficio del Senado de la República, mediante el cual devuelve el expediente con la Minuta en términos de lo dispuesto por el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue turnado a esta Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura para su estudio, con fecha 13 de octubre del presente año, mediante oficio DGPL 63-II-1-0002, con número de expediente 4.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA.

La minuta motivo del presente dictamen, propone incorporar en el texto normativo del artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, criterios de calidad, sustentabilidad, y pertinencia que se determinen en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tales efectos expida la CONADE, en el caso de la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público.

Con la reforma propuesta, el texto normativo quedaría en los siguientes términos:

“Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción, seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia determinados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.”

III. CONSIDERACIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES:

Las Comisiones de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, consideraron respecto de las reformas propuestas motivo de la presente minuta, que a través de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Congreso de la Unión ha incentivado, apoyado, protegido y fomentado todos los aspectos relacionados al correcto desarrollo en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario.

En ese contexto el objeto y espíritu del actual artículo 21 de la ley en estudio y motivo del presente dictamen, consiste en establecer los requisitos mínimos para la construcción instalaciones deportivas.

De igual forma, consideraron que en el texto vigente, cuando el artículo 91 refiere a que “La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad que se pretenden incluir, independientemente de que se deberá cumplir con los requisitos que marca la propia norma, por lo que no se observó necesidad de reformar el artículo en comento.

Asimismo, resaltaron que la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, cuenta con el denominado “Cuadernillo para la Integración de Expediente Técnico”, mediante el cual se describen los requisitos administrativos, financieros y técnicos que regirán el desarrollo propio de cada obra a construir, incluyendo los criterios que se pretenden adicionar.

En respaldo a lo anterior, expusieron en el cuerpo del dictamen a la presente minuta, lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte:

“Artículo 71. Las instalaciones deportivas públicas a cargo del Gobierno Federal se deberán proyectar, construir, adecuar, mantener y supervisar, por parte de la CONADE, atendiendo las disponibilidades presupuestarias existentes, y cumplirán con:

I. Las Normas Oficiales Mexicanas sobre instalaciones deportivas;

II. Integrar el expediente técnico correspondiente;

III. Disponer espacios que permitan la libre circulación y su uso normal por parte de personas con alguna discapacidad física, durante la elaboración de los proyectos respectivos;

IV. Expedir sus normas de seguridad y operación;

V. Obtener la licencia de funcionamiento que expida la autoridad local competente, con el apoyo del Gobierno del Estado de que se trate;

VI. Designar un responsable técnico, para su operación y mantenimiento;

VII. Mostrar en lugar visible y accesible los servicios deportivos que se prestan dentro de la instalación, así como las cuotas o tarifas por dichos servicios, y

VIII. Contar con un reglamento de uso de instalaciones.”

En tal sentido, la colegisladora consideró reiterativo incluir en el texto propuesto al artículo 91 de la Ley, por lo que derivado del análisis a la propuesta contenida en la Minuta de referencia, no se observa relevancia en la misma, pues ésta no representa una mejora regulatoria en el desempeño de la aplicabilidad de la Ley en la materia, por lo que no es de considerarse necesaria la aprobación de la Minuta remitida por la colegisladora, toda vez que la reforma propuesta ya se encuentra prevista en el ordenamiento vigente en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se deshecha para efectos de lo establecido en el artículo 72 inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo.- Archívese el presente asunto y téngase por totalmente concluido.

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura, en su reunión ordinaria de fecha 8 de diciembre de 2015, analizaron y discutieron las consideraciones que la colegisladora sostiene en relación a las propuestas de reformas objeto de la presente minuta, al respecto; se hicieron las siguientes consideraciones:

La iniciativa que motiva la integración de la minuta motivo del presente análisis, responde a la evolución que el impulso a la cultura física y el deporte han tenido en nuestro país, lo anterior se ha generado a raíz de la construcción de una política integral que en esta materia era necesaria implementar para facilitar el acceso a la población a la práctica de deporte, de conformidad con el reconocimiento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace en su artículo cuarto, de esta garantía constitucional.

Parte de esta política integral, ha sido la creación de infraestructura deportiva y el aprovechamiento y adecuación de espacios públicos abiertos para la construcción de instalaciones para promover el acceso al deporte a la población en su conjunto.

Lo anterior tiene como propósito fundamental, la masificación de la práctica regular y sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de mejorar la calidad de vida con igualdad de oportunidades, de las y los mexicanos. Por ello, la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva, debe ser una actividad planeada y calculada en los procesos de diseño, construcción, mantenimiento y equipamiento, en otras palabras, las instalaciones destinadas a la práctica deportiva, deben responder a las necesidades de la población, para influir en la promoción y desarrollo de hábitos saludables en la sociedad.

En razón de lo anterior, el entorno físico influye determinantemente en la práctica del deporte, por lo que las instalaciones deportivas deben realizarse atendiendo a criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia, de conformidad con las especificaciones técnicas de utilización de materiales, de medidas tanto de las instalaciones como del equipamiento y accesibilidad a las mismas, así como los elementos mínimos con los que cada cancha, pista, alberca, o instalación para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, deberá contar para ser funcional.

Atendiendo a estos importantes aspectos, es preciso que los proyectos para la construcción, rehabilitación o ampliación de los espacios destinados a la práctica del deporte, que sean ejecutados con recursos del erario público sean diseñados con base en los criterios antes mencionados, a este respecto conviene decir que resulta prioritario contar con un instrumento normativo que contenga todas estas especificaciones a tomar en cuenta para la construcción de canchas deportivas, pistas de atletismo, albercas y todo tipo de instalación y equipamiento deportivo, mismo que no existe aún.

Si bien es cierto que tal y como lo establece la colegisladora, el artículo 71 de la Ley General de Cultura Física y Deporte obliga a la CONADE a proyectar, construir, adecuar, mantener y supervisar las instalaciones deportivas a cargo del Gobierno Federal, atendiendo a las normas oficiales mexicanas sobre instalaciones deportivas, la integración del expediente técnico correspondiente, la disposición de espacios que permitan la libre circulación y su uso normal por parte de personas con alguna discapacidad física, durante la elaboración de los proyectos respectivos, la expedición de las normas de seguridad y operación de cada instalación, la obtención de licencia de funcionamiento que expida la autoridad local competente, con el apoyo del Gobierno del Estado de que se trate, la designación de un responsable técnico, para la operación y mantenimiento, la visualización accesible del tipo de servicio deportivo que se presta dentro de la instalación, así como las cuotas y tarifas por dichos servicios y el reglamento para el uso de las instalaciones; todos estos aspectos a considerar, salvo el primero; referente a las normas oficiales mexicanas no ponderan la importancia de que las instalaciones deportivas sean construidas bajo estas consideraciones ya mencionadas.

Asimismo, si bien existe el Cuadernillo para la Integración de Expediente Técnico, mediante el cual se describen los requisitos administrativos, financieros y técnicos bajo los cuales se desarrollará la ejecución de cada obra a construir, éste documento sólo contiene un modelo con los elementos que debe contener el expediente para que la obra sea susceptible de realizar, los cuales consisten en requisitos de tipo legal, administrativo y técnicos en razón de las condiciones del suelo en el que se la obra se realizará, sin embargo; el modelo no establece las especificaciones técnicas en torno a la construcción de la misma obra, que ya han sido mencionados en párrafos anteriores.

Es por lo anterior; que el dictamen motivo de la presente minuta, pretende reforzar en el artículo 91 de la ley motivo de estudio, que se contemplen estos criterios al momento de proyectar la construcción o rehabilitación de cualquier instalación deportiva; incluso el artículo segundo transitorio del dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, contempla un plazo de 180 días naturales para emitir la norma oficial mexicana correspondiente, con el fin de atender esta laguna que es preciso cubrir en esta materia.

En virtud de las consideraciones expuestas y con fundamento en el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte confirman el sentido positivo del dictamen y someten a la consideración de esta asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción, seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia determinados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contará con 180 días naturales para emitir la norma oficial mexicana correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de diciembre de dos mil quince.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner (rúbrica), presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García, Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett, Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), secretarios; Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Ximena Tamariz García (rúbrica), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas, Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez, José Santiago López (rúbrica), Ramírez Peralta Karen Orney.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Pablo Gamboa Miner, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Pablo Gamboa Miner:Con su venia, señor presidente, compañeros y compañeras, diputados. En nombre de la y los integrantes de la Comisión de Deporte acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen motivo de la presente discusión y al mismo tiempo solicitar su voto aprobatorio para un asunto cuyo origen responde a la evolución que el impulso a la cultura física y el deporte han tenido en nuestro país.

Este impulso es producto de la construcción de una política integral que resulta de la mayor relevancia implementar, para facilitar el acceso a la población, a la práctica del deporte de conformidad con el reconocimiento de este derecho, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace en su artículo 4o.

La práctica del deporte es un factor de cohesión de todas las sociedades. Los seres humanos históricamente han procurado el desarrollo de la actividad física como parte de sus actividades cotidianas y de igual forma como factor de convivencia.

Atento este contexto, el progreso de la civilización ha generado que la sociedad adquiera nuevos hábitos y estilos de vida, y de igual forma mejores condiciones para su desarrollo y por ello es que la práctica del deporte demanda más frecuentemente mejor construcción de espacios adecuados que cubran las necesidades y expectativas de la sociedad.

El dictamen que hoy se presenta a esta honorable asamblea confirma el voto aprobatorio de la anterior Legislatura de las reformas al artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, las cuales periten incluir a la ley que la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos del erario público sean realizadas atendiendo a criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia.

Las instalaciones y la infraestructura deportiva son elementos clave en el diseño y construcción de los diversos programas gubernamentales que establece la práctica del deporte en su vertiente educativa, de conservación de la salud o con fines competitivos.

A este respecto conviene decir que resulta prioritario contar con su instrumento normativo que contenga todas las especificaciones a tomar en cuenta para la construcción de canchas deportivas, pistas de atletismo, albercas y todo tipo de instalación y equipamiento deportivo, mismo que no existe aun.

De contar con su voto aprobatorio para devolver al Senado esta minuta confirmando el sentido aprobatorio de la misma, estaremos reforzando que se complementen estos criterios al momento de proyectar la construcción o rehabilitación de cualquier instalación deportiva.

Impulsaremos la creación de espacios públicos deportivos funcionales y adecuados para su correcto uso, que sean ecológicos y acordes con el entorno en que se encuentran ubicados y que cuenten con los servicios que permiten esta práctica deportiva segura, y de igual forma un correcto mantenimiento de las instalaciones.

Que el acceso sea fácil a quienes viven o cuenten con algún tipo de discapacidad, o sean personas adultas mayores; que las instalaciones sean construidas con los materiales adecuados para facilitar la práctica del deporte para las que fueron creadas, tengan las medidas adecuadas y los implementos necesarios para practicar las diversas disciplinas deportivas bajo condiciones de eficiencia y eficacia, entre otros muchos aspectos.

Quiero manifestar mi más profundo agradecimiento a toda la comisión integrada de los diputados de la Comisión del Deporte de esta Legislatura, por mostrar su sensibilidad y compromiso ante este tema importante que sin duda contribuirá al mejoramiento del diseño de espacios adecuados para la práctica deportiva en nuestras comunidades, que nos permitan responder a cabalidad con los compromisos internacionales adquiridos en años anteriores en materia ambiental, de respeto a los derechos humanos y de accesibilidad a los espacios públicos.

Sabemos que no se trata de dejar un balón y esperar soluciones mágicas y dotar de instalaciones deportivas improvisadas, se trata de asegurar estrategias que garanticen la eficiencia no sólo en los recursos aprobados, sino en los efectos que se esperan en beneficio de la sociedad.

Compañeras y compañeros diputados, la práctica del deporte es un componente de la formación educativa de toda sociedad; sin espacios ni instalaciones deportivas de calidad, resulta imposible articular una política pública que fortalezca el fomento al deporte en nuestro país.

Toda sociedad avanzada, en la actualidad, pondera el deporte como un elemento primordial para la construcción de la infancia y juventudes sanas, y, sobre todo, comprometidas con el desarrollo de su país. Impulsemos el deporte en calidad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gamboa.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, ya se ha integrado una lista de compañeras diputadas y compañeros diputados para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario. En consecuencia tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, diputadas y diputados, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, manifiesto nuestra posición respecto al proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física.

Para Encuentro Social el Estado está obligado a diseñar una política de promoción y desarrollo deportivo para niños, jóvenes y adultos. Consideramos que el deporte es clave en la formación de carácter y disciplina, además que coadyuva a un estado óptimo de salud.

Creemos que en México debemos avanzar en el fortalecimiento del deporte en todos sus enfoques, y hacia todos los grupos de la población, incluyendo, desde luego, el enfoque a las personas de la tercera edad, y personas con capacidades diferentes.

Para este efecto es necesario impulsar la conformación de una estructura organizativa, sustentable e institucional que impulse el deporte a todos los niveles. Lo anterior es importante, ya que según estudios de Inegi, las instalaciones o lugares públicos son los sitios predilectos para hacer deporte, ya que el 66.4 por ciento de la gente que tiene la intención y lleva a cabo el deporte, lo lleva a cabo en instituciones públicas.

En materia de deporte de alto rendimiento hay mucho por hacer, en México solamente contamos con seis centros de alto rendimiento. En los estados de Yucatán, Campeche, Jalisco, Nuevo León, Baja California y la Ciudad de México.

Y es por lo anterior que los diputados y las diputadas de Encuentro Social compartimos la acertada adición al precepto de referencia de los conceptos de calidad, sustentabilidad y pertinencia en los criterios de construcción y las instalaciones de cultura física y deporte financiados con recursos públicos.

Lo anterior, en cumplimiento a la norma oficial mexicana, ya que en México uno de los aspectos en los que debemos avanzar radica en cómo hacer de las instalaciones deportivas lugares con calidad, sustentabilidad y pertinencia en el ejercicio de la práctica deportiva, y es precisamente el propósito de esta iniciativa.

Y es la parte esencial de la iniciativa con proyecto de decreto que busca incentivar la práctica regular y sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población de instalaciones de calidad.

Es por eso que Encuentro Social con gusto viene a apoyar esta iniciativa y solicitando a toda esta Cámara de Diputados que enfoquemos esfuerzos a mejorar el deporte para todos los ciudadanos de nuestro país y, sobre todo, también, este año, donde se va a llevar la olimpiada de 2016 en Río de Janeiro, que desde esta tribuna apoyamos a todos aquellos que vayan a ser seleccionados para representarnos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenas tardes. Promover la cultura del deporte requiere de una infraestructura adecuada. Con la venia de la Presidencia.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la minuta que estamos discutiendo el día de hoy busca incorporar en el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte que en la planificación y construcción de instalaciones dedicadas a la cultura física y deporte, financiadas con recursos del erario público, se incluyan los criterios de calidad, sustentabilidad y pertenencia determinados en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

En Nueva Alianza ponderamos como principal, factor de movilidad social a la educación, eje articulador de nuestra labor como legisladores. La educación de calidad incluye evidentemente la promoción de la cultura física y la práctica deportiva como una de las principales formas de fomento no solo de un estilo de vida saludable, sino de valores fundamentales para el desarrollo del compañerismo y la sana competencia. Y de eso puede dar fe más de un millón y medio de trabajadores de la educación, que a diario construyen patria.

El artículo 4o. de nuestra Constitución señala en su último párrafo que toda persona tiene derecho a la cultura física, a la práctica del deporte; y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Para conseguir este objetivo es indispensable que se cuente con la infraestructura educativa y deportiva adecuada. A pesar de que esta circunstancia está reconocida en el contexto de la ley el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 refiere que no se cuenta con un censo de instalaciones deportivas en el país. Y, señores y señoras, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nadie puede amar lo que no conoce.

Esta situación dificulta contar con datos claros sobre la situación real de la infraestructura pública dedicada al deporte en México. Precisamente por estas razones es indispensable que se incluyan los criterios en mención.

Por otro lado, cifras del módulo de práctica deportiva y ejercicio físico elaborado por el Inegi en noviembre de 2015 refiere que la población mexicana carece de hábitos de práctica deportiva incorporados en su vida cotidiana. El 56 por ciento de la población mexicana de 18 años, principalmente en áreas urbanas, es inactiva físicamente. De esa cifra, 42 por ciento son hombres y 58, mujeres. De ahí la importancia que éstas cuenten con los criterios mencionados en la propuesta que hoy estaremos aprobando.

En Nueva Alianza estamos convencidos que es necesario incorporar la actividad deportiva en los ámbitos de vida de la población, por eso resulta indispensable que la infraestructura dedicada a esta fin cuente con los debidos criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia.

Compañeros, compañeras, busquemos soluciones y empecemos con las acciones. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Luis Ernesto Munguía González: Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, cuando se trata de implementar y hacer efectivo el derecho humano de acceder a la cultura física y el deporte, el tema de proveer a los ciudadanos de infraestructura necesaria se vuelve fundamental.

En el artículo 91 de la Ley General de la materia ya establece algunos lineamientos, señalando que la planeación y construcción de instalaciones deportivas financiadas con recursos públicos deberán realizarse tomando en cuenta la opinión de la Conade, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la norma oficial y aquellos que sean necesarios para el uso normal por parte de personas con alguna discapacidad física.

La Cámara de Diputados ha considerado conveniente reforzar estos lineamientos, añadiendo que dichas instalaciones además deben considerar criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia, mismos que deberán ser determinados en la norma oficial que para el caso se expida.

Así lo aprobó el pleno de esta Cámara en noviembre de 2014, siendo posteriormente desechada por la Cámara de Senadores, quienes consideraron que incluir en la Ley General los criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia era redundante.

Analizado nuevamente por la Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura, consideramos que el entorno físico influye determinantemente en la práctica del deporte, por lo que las instalaciones destinadas al deporte y financiadas públicamente deben realizarse atendiendo a dichos criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia, para ofrecer a los usuarios el mejor rendimiento y optimización de los espacios, condiciones de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad física, así como los elementos mínimos con las que cada instalación para la práctica de diferentes disciplinas deportivas deberá contar para ser funcional.

Es preciso que los proyectos para la construcción, rehabilitación o ampliación de los espacios destinados a la práctica del deporte, ejecutados con recursos públicos, sean diseñados con base en estos criterios y, por ello, resulta prioritario contar con un instrumento normativo que contenga todas estas especificaciones.

Si bien existe el cuadernillo para la integración del expediente técnico, como nos señala la colegisladora, este documento solo contiene un modelo con los requisitos de tipo legal, administrativo y técnico, en razón de las condiciones del terreno en el que se realizará la obra, más no establece las especificaciones técnicas en torno a la construcción, diseño de espacios y equipamiento.

Esta iniciativa pretende satisfacer las carencias mencionadas, así como establecer un plazo de 180 días naturales para emitir la norma oficial mexicana correspondiente, misma que hasta ahora no se ha concretado.

Los diputados ciudadanos tenemos muy claro que la masificación de la práctica regular de actividades deportivas tiene como consecuencia mejorar la calidad de vida de los y las mexicanas. Por ello, la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva debe realizarse con los máximos estándares de calidad, a la altura de toda la población. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Munguía. Tiene ahora la palabra el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras y legisladores, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen mediante el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el propósito de incluir criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, financiadas con recursos provenientes del erario público, por las siguientes consideraciones:

La Organización Mundial de la Salud considera que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante a nivel mundial y provoca el 6 por ciento de todas las muertes, asimismo reporta que el 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para mantener un cuerpo sano.

La ausencia de actividad física tiene como consecuencia el desarrollo de las enfermedades asociadas con sedentarismo, sobrepeso y obesidad, que a su vez son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades, como la diabetes, hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

En México únicamente el 10 por ciento de la población tiene un nivel de vida sano. La deficiente alimentación y la falta de actividad física han dado como resultado que nuestro país ocupe el primer lugar del mundo en obesidad infantil.

En gran medida los mexicanos no practicamos actividad física, porque no existen los espacios apropiados para tal fin, o porque los que existen se encuentran muy deteriorados.

La infraestructura deportiva con la que cuenta nuestro país, no corresponde al tamaño de su población. Sin espacios ni instalaciones deportivas, es imposible el fomento del deporte. Es necesario construir más espacios deportivos y mejorar los existentes.

La Comisión Nacional del Deporte reconoce que no existen instalaciones deportivas suficientes o están en malas condiciones por falta de mantenimiento, equipo y seguridad. La falta de espacios públicos para realizar algún deporte, obliga a las familias a realizar un gasto adicional al tener que afiliarse a un centro deportivo o a un club.

Esto se hace más evidente conforme nos alejamos de las zonas más pobladas y urbanas, ya que poblaciones marginadas y rurales no cuentan con un programa deportivo o instalaciones.

Si deseamos mejorar la calidad de vida de los mexicanos, es necesario eliminar las prácticas sedentarias y promover la cultura física. El fomento del deporte requiere la construcción de las instalaciones y la infraestructura que facilite la realización de actividades físicas.

El compromiso con el fomento del deporte nos hizo plantear, hace unos días, un exhorto al jefe del Gobierno de la Ciudad de México para que recupere canchas de fútbol infantil, que en forma arbitrarias fueron invadidas y cercadas con malla ciclónica, desde el 22 de junio del año pasado, con una señora llamada Rosa Carrillo Dagda, y del que autoridades del Distrito Federal hicieron una defensa inadecuada o existió confabulación con la supuesta propietaria, toda vez que nunca ha tenido la posesión del bien inmueble, simulando un juicio de prescripción positiva.

El predio invadido se encuentra en el ejido de Tomatlán, ubicado en Canal Nacional y Calzada de la Virgen, en la colonia CTM Culhuacán, delegación Coyoacán. La recuperación del predio es indispensable para salvaguardar el derecho al deporte de las niñas y los niños, así como de los habitantes de esa comunidad.

Morena apoya todas las medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, y consideramos que el dictamen que se pone a consideración es una acción legislativa que contribuirá a promover la construcción de los espacios deportivos adecuados que el pueblo de México demanda, con el propósito de llevar una vida sana y combatir las enfermedades. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Molina. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeros diputadas y diputados, si bien la calidad ha sido un concepto que se acuñó para evaluar la oferta de las empresas, ésta ha sido trasladada al ámbito gubernamental, tratando de brindar a la sociedad soluciones más adecuadas a sus necesidades.

Debemos tener presente que cuando nos referimos a la calidad de productos o servicios, hablamos de creación de reglas para el ordenamiento de organizaciones complejas, industrias, instituciones gubernamentales, etcétera.

Recientemente se ha propuesto un nuevo enfoque para su diseño, el cual se enfoca a considerar los intereses y necesidades de múltiples grupos de interés, esto se refleja en los borradores de la norma ISO9001-2015.

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que la caridad debe ser un tema transversal para la administración pública del gobierno federal.

En este orden de ideas debemos destacar el dictamen que hoy se somete a consideración de esta asamblea, relativo al esfuerzo que ha realizado la administración federal sobre la construcción de las instalaciones deportivas, destacando la celebración en nuestro país de los Juegos Olímpicos de 1968, el impulso a la cultura física y el deporte, así como la entrada en vigor de la Ley General de Cultura Física y Deporte el 7 de junio de 2013.

En casi todos los municipios de nuestro país hay instalaciones deportivas para facilitar el acceso a la población a la cultura física y el deporte, de conformidad con el reconocimiento constitucional que refiere el artículo 4o. Sin embargo, vale la pena asegurarse de que en el futuro no se construyan a diestra y siniestra instalaciones mal ejecutadas, por no seguir las normas técnicas de calidad que deben cumplirse.

Para las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es importante que se construyan instalaciones deportivas sustentables en todos los aspectos, promoviendo la equidad y tratando de conservar el medio ambiente, pues parte del éxito de nuestros deportistas o el fomento a la actividad física radica en edificar algo que perdure en el tiempo.

Votaremos a favor del presente dictamen, ya que en el mismo se impulsa una política integral que incluye la creación de infraestructura deportiva y el aprovechamiento y adecuación de espacios públicos abiertos, para la construcción de instalaciones para promover el acceso a la actividad física.

La creación de valor compartido a través de la actividad física es vital para que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos y de la comunidad en su conjunto con criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia determinados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto expide la Conade en el tema de la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura deportiva.

En razón de lo anterior, es preciso que los proyectos para la construcción, rehabilitación o ampliación de los espacios destinados a la práctica del deporte sean ejecutados con recursos del erario público y sean diseñados con base en los criterios antes mencionados.

Reconocemos la labor de los integrantes de la Comisión de Deporte, que someten a discusión y posible aprobación el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el cual atiende la problemática con respecto a las instalaciones deportivas que derive de la construcción y ampliación de las mismas, adecuadas a la norma oficial mexicana.

Entre las razones por las que votaremos el presente dictamen a favor expondré dos de las más relevantes. Primero, las autoridades que dirigen el deporte federal, estatal y municipal realizarán un análisis a conciencia y una planificación en materia de instalaciones deportivas.

2. Se reconoce la importancia de contar con un instrumento normativo que contenga las especificaciones a tomar en cuenta para la construcción de canchas deportivas, pistas de atletismo, albercas y todo tipo de instalación y equipo deportivo, mismo que no existe aún. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Álvarez. Tiene ahora la palabra, la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Olga Catalán Padilla:Gracias, diputado presidente, apreciados compañeros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo ha aumentado tanto en todo el mundo que ya es el cuarto factor de riesgo de muerte global.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional del Deporte, el 56.2 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años no hace ninguna actividad física, 18 por ciento nunca ha practicado una actividad física en su tiempo libre. Del 43.8 por ciento de la población mayor de 18 años que realiza alguna actividad deportiva, el 78 por ciento lo hace para mejorar su salud por una recomendación médica y el 66.4 por ciento lo hace en espacios públicos.

El sedentarismo está presente en prácticamente todos los países, sean desarrollados o en vías de desarrollo. La inactividad física es un problema mayor que se ha agudizado por factores urbanos que desalientan la actividad física, tales como la mala calidad del aire, la carencia de áreas verdes y la falta de instalaciones deportivas públicas adecuadas.

Como legisladores es nuestra obligación promover la convivencia social, el fortalecimiento de las relaciones familiares, el deporte y la salud de los mexicanos mediante las normas jurídicas que regulen de manera eficiente y eficaz la construcción, rehabilitación, modificación o ampliaciones de los espacios deportivos.

Es objeto de la presente iniciativa que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, regular que la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte que sean financiadas con recursos provenientes del erario público, deban realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando para ello la opinión de la Asociación Deportiva Nacional que corresponda, así como los requerimientos de seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia determinados en la norma oficial mexicana correspondiente.

La razón de ser de las normas oficiales mexicanas es regular cuestiones con gran precisión y esto tiene como fin proteger la salud, la vida y el entorno de las personas. Las normas son documentos que contienen especificaciones técnicas, son elaboradas por el consenso de las partes interesadas: fabricantes, gobiernos, usuarios y consumidores, centros de investigación y laboratorios, asociaciones y colegios profesionales y agentes sociales.

Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. Definen la seguridad, durabilidad, fiabilidad, mantenimiento e intercambiabilidad al fijar los niveles de calidad y seguridad. Son un medio idóneo para establecer criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia que se busca cubran las instalaciones deportivas.

Si bien la Colegisladora en su minuta consideró que era reiterativo incluir estos criterios en el artículo 91 por considerar que la reforma propuesta ya se encontraba prevista en el reglamento del ordenamiento vigente en la materia y en el denominado cuadernillo para la integración de expediente técnico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el cual se describen los requisitos administrativos, financieros y técnicos que regirán el desarrollo propio de cada obra a construir incluyendo los criterios que se pretenden adicionar, la Comisión del Deporte de esta Cámara de Diputados, con la modificación propuesta, reitera su pretensión de reforzar en el artículo 91 de la ley en mención que se contemplen los criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia al momento de proyectar la construcción o rehabilitación de cualquier instalación deportiva.

Asimismo es de considerar que el cuadernillo para la integración de expediente técnico solamente contiene un modelo con los elementos que debe contener el expediente para que la obra sea susceptible de realizar, sin embargo no establece las especificaciones técnicas en torno a la construcción de la obra que garanticen la calidad necesaria al momento de ser ejecutada.

En este marco, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, conscientes de que en México se tienen indicadores críticos en materia de obesidad, sedentarismo y enfermedades crónicas a temprana edad, así como un deterioro de la calidad de vida por falta de una cultura adecuada de actividad física relacionada directamente con la falta de instalaciones deportivas que en su construcción reúnan los criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia, considerando además que cualquier esfuerzo, aunque parezca reiterativo, es insuficiente cuando se trata de legislar en favor de la salud de los mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Catalán. Ahora tiene la palabra la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval:Con su permiso, señor presidente. El acceso a la cultura física y deporte, es un derecho humano, y un derecho amparado por nuestra Constitución Política, es un elemento fundamental para lograr el desarrollo humano y el aumento de las capacidades de toda persona para vivir digna y saludablemente.

El dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno constituye una muestra fehaciente de la voluntad política de los diputados que integramos el honorable Congreso de la Unión, para incentivar, apoyar, proteger y fomentar todos los aspectos relacionados con el correcto desarrollo en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, siempre en beneficio de la población nacional.

En la Cámara de Diputados consideramos necesario reiterar el objeto de la reforma que es que en el contenido de la norma oficial mexicana se deban incluir los criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia, para la construcción de instalaciones de cultura física y deporte. Con ello se logra reforzar la regulación de la acción normativa a cargo de las autoridades deportivas.

Para Acción Nacional resulta de gran relevancia que las políticas públicas para el acceso a la cultura física y deporte sean completamente incluyentes, que las instalaciones deportivas se encuentren dispuestas y diseñadas de tal manera que todas las personas puedan aprovecharlas.

Así lo hemos manifestado a través de diversos instrumentos legislativos, tal es el caso de la proposición con punto de acuerdo que presentamos y fue aprobado por este pleno, por el cual exhortamos respetuosamente a la Conade a realizar las acciones que resulten necesarias para que en el ámbito de sus facultades reciba y ponga en operación a la brevedad posible el centro nacional paralímpico ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato, para que su uso se amplíe y no se limite al deporte adaptado.

Compañeras y compañeros diputados, frente al problema de la insuficiencia de infraestructura deportiva, la única vía es la instrumentación de acciones tendientes a desarrollarla y consolidarla, de lo contrario, el resultado inminente es la pérdida de inversión realizada.

Por ello, consideramos necesario que se incluya en el texto legislativo los conceptos de calidad, sustentabilidad y pertinencia en el sentido que propone el dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno, y que los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, votaremos a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Elizarraraz. Tiene ahora la palabra la diputada Leydi Fabiola Leyva García, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Leydi Fabiola Leyva García:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la práctica del deporte es un factor de cohesión de todas las sociedades. Los seres humanos, a lo largo del desarrollo de la humanidad, han procurado el crecimiento de la actividad física que evoluciona conjuntamente con el progreso de las civilizaciones y se convierte en una actividad que demanda cada vez más la sociedad en razón del mejoramiento de la calidad de vida, la expresión del desarrollo y porque la misma ciudanía así nos lo exige.

Con la aprobación de nuevas modalidades y tipos de práctica, el deporte es componente fundamental para la conservación de la salud, el fomento de las relaciones personales y del bienestar físico y el aumento de la autoestima.

El dictamen, objeto de esta discusión, presenta a la consideración de este honorable pleno, reformas al artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, las cuales permiten incluir criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario. Mediante la aprobación de este dictamen será posible implementar acciones que transformen los hábitos de la población mexicana y muy especialmente de la infancia y de la adolescencia.

Hoy, las instalaciones y la infraestructura deportiva son elementos claves en el diseño y construcción de diversos programas gubernamentales que establecen la práctica del deporte en su vertiente educativa, de conservación de la salud o con fines competitivos. Es por ello que se deben atender criterios que den respuesta a todas estas necesidades.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presiente dictamen bajo la consciencia de que la práctica del deporte es un componente de la formación educativa de los ciudadanos. En el PRI estamos ciertos que sin espacios ni instalaciones deportivas de calidad resulta imposible articular una política pública que favorezca el fomento del deporte en nuestro país.

Toda sociedad de avanzada pondera al deporte como un elemento primordial para la construcción de una infancia y juventudes sanas, comprometidas con el desarrollo de México. Por ese motivo apoyamos este dictamen, que seguros que estamos será en beneficio de todos los que llevan al deporte como expresión máxima para ayudar a construir una mejor república. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Leyva.

En virtud de que no se hicieron reservas en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún sigue abierto, por si falta alguien de emitir su voto. Aún se encuentra abierto el sistema electrónico. ¿Aún falta alguien de emitir su voto?

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 413 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se devuelve al Senado, para los efectos de la Fracción D del artículo 72 constitucional.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a investigar de manera pronta y eficaz los lamentables hechos en los que perdieron la vida un menor de edad y sus padres, el pasado 29 de enero del año en curso, en el municipio de Pinotepa Nacional.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para que, a través de la Procuraduría General de Justicia, investigue de manera pronta y eficaz los lamentables hechos en los que perdieron la vida un menor de edad y sus padres, el pasado 29 de enero del año en curso, en el municipio de Pinotepa Nacional y sancione a quienes resulte responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas del Gobierno Federal, para que de manera inmediata, normalicen la operación de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.Se exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas del Gobierno Federal para que, de manera inmediata, realicen acciones de mantenimiento a los servidores electrónicos que procesan la validación de los documentos de exportación, a los equipos de cómputo y a los sistemas de operación de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para su correcto funcionamiento; o en su caso, se considere la sustitución de los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia en diversos municipios de los estados de Puebla y Durango, por la presencia de heladas severas.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia en diversos municipios de los estados de Puebla y Durango, por la presencia de heladas severas.

Segundo. Se exhorta al Gobierno federal para que, conforme a la normatividad correspondiente, se liberen recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de que se proporcionen con prontitud los suministros de auxilio y asistencia para la protección de la vida y la salud de la población.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Gobierno federal a intensificar las acciones tendentes a la prevención, atención y control de la enfermedad provocada por el virus del zika.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno federal para que, en coordinación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, intensifique las acciones de atención, manejo clínico y vigilancia epidemiológica de la enfermedad provocada por el virus del zika, especialmente en las mujeres embarazadas.

Segundo.Se exhorta a las autoridades competentes para que, atendiendo a su disponibilidad presupuestaria, destinen mayores recursos a la implementación de programas informativos de prevención y atención, que permitan controlar y reducir la propagación de esa enfermedad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. A ver, sonido en la curul del diputado Sosa Carpio, por favor.

El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio (desde la curul): Señor presidente, primero que nada felicitar a los miembros de la Junta de Coordinación Política. Me gusta y me agrada que la Junta de Coordinación Política haya hecho suyo este punto de acuerdo. Soy de Matamoros, Tamaulipas, conozco la lentitud con la que esta, la aduana, está operando, Laredo también.

Por ello, exhorto al director general de Aduanas para que otorgue los mantenimientos de los sistemas y los servicios de operación aduanal de carácter urgente, porque nosotros los tamaulipecos necesitamos que esas dos grandes puertas aduanales operen ágilmente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sosa. El siguiente punto... A ver, sonido en la curul de la diputada Barón, por favor.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Gracias, presidente. Para agradecer el apoyo de las diputadas y los diputados, por la situación que estamos viviendo, no solamente en el estado de Oaxaca, sino en todo el país.

Para los mexicanos es importante la seguridad y gracias por apoyar, en este caso, el asunto tan citado en redes sociales de esta familia, pero además de este menor que fue acribillado brutalmente el pasado 30 del mes de enero. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Barón. Sonido en la curul de la diputada Yahleel Abdala, por favor.

La diputada Yahleel Abdala Carmona (desde la curul): Nada para agradecer, presidente, ese compromiso que tienen todos los partidos políticos de esta legislatura. Agradecerle a la Junta de Coordinación Política, a mi partido el Revolucionario Institucional, sobre el tema de aduanas, que es un tema prioritario, y sobre todo, que apoyen la aduana más importante de Latinoamérica, que es Nuevo Laredo. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Abdala. Sonido en la curul, allá, del diputado Jorge Tello, por favor.

El diputado Jorge Tello López(desde la curul): Señor presidente, pues sumarme a lo que plantea la compañera Karina. Pero también desde esta tribuna manifiesto lo que me pueda pasar, ya que donde vivo ha andado una camioneta con un grupo de gentes armadas, y es lamentable que el fiscal en Oaxaca no se atreva ni siquiera a recibirme.

También hago uso de esta tribuna, ya que mi teléfono está intervenido, como seguramente la de muchos que hoy estamos acá. Ojalá y que en esta labor se puedan sumar todos mis compañeros, para evitar que sigamos siendo espiados por aquellos que hoy mal gobiernan este país. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tello. Sonido en la curul de la diputada Victoria Mercado, por favor.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez(desde la curul): Agradezco, señor presidente, que se haya tomado en cuenta el problema del virus del zika. Agradezco que se haya votado por unanimidad, soy médico y sé que una buena campaña haría una buena prevención. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mercado. El siguiente punto... A ver.

El diputado Carlos Sarabia Camacho(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Sarabia, por favor.

El diputado Carlos Sarabia Camacho (desde la curul): Gracias mi presidente. Es para mí muy importante el punto de acuerdo donde se exhorta al gobierno de Oaxaca, ya que tuve la oportunidad de ser presidente municipal de Pinotepa y soy el diputado electo ahí en mi distrito, ése es mi distrito. Y sí quiero pedirle que se llegue a las últimas consecuencias.

Es importante decirle al gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía, que no se pueden permitir este tipo de acribillamientos de la familia, donde un bebé de apenas siete meses de edad, toda la gente de Pinotepa y el distrito de la costa está indignada, y Carlos Sarabia, su diputado federal alza la voz para que se llegue a las últimas consecuencias. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sarabia.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, sonido ahí en la curul de la diputada Rosalba Ramírez, por favor.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Gracias, presidente. Manifestando ante esta honorable Cámara el repudio por la muerte de la enfermera en el estado de Guerrero. Es inadmisible que los mexicanos no puedan transitar por el país con seguridad.

Y demandando a través de esta honorable Cámara, que se garantice la libertad de libre tránsito de todo aquel que tenga a bien dirigirse por las madrugadas y por las noches.

¿Qué está haciendo la autoridad que no protege a los mexicanos? Hoy fue una enfermera del Seguro Social y su esposo que iban a celebrar su luna de miel. Fue una criatura en Oaxaca y sus padres. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? Debemos demandar que la autoridad cuide y proteja la integridad de los mexicanos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez.

Ahora sí, el siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA DISMINUIR EL NÚMERO DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS CAUSADOS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de los Ejecutivos locales y del DF a implantar programas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 6 de octubre de 2015, el diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la implementación de programas para disminuir los accidentes automovilísticos causados por el consumo del alcohol.

2. Con la misma fecha el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo relativo a la implementación de campañas para evitar los accidentes automovilísticos causados por el uso de aparatos de comunicación, y para realizar modificaciones a los reglamentos municipales que aún no prohíben el uso de dichos aparatos al conducir algún vehículo.

3. Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión ambos puntos de acuerdo para su estudio y dictamen, mismos que fueron recibidos el día 14 de octubre de 2015.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. Ambos proponentes basan sus puntos de acuerdo, en los alarmantes índices de defunciones causadas por accidentes automovilísticos, agravados por factores de riesgo como lo son el exceso de velocidad, el uso de aparatos de comunicación móvil, el consumo de bebidas alcohólicas o conducir bajo los efectos de algún tipo de droga. Siendo los accidentes viales la primera causa de muerte en personas de 5 a 34 años de edad, según el Observatorio Nacional de Lesiones.

2. Continuando con su argumentación, el diputado Marco Antonio García Ayala menciona que la conducción bajo los efectos del alcohol afecta gravemente la capacidad de juicio, la coordinación y las capacidades motrices, sin dejar de mencionar que representa un importante problema de salud pública, que no solo afecta al conductor intoxicado sino a terceros inocentes.

3. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el uso de aparatos de comunicación móvil mientras se conduce aumenta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente, lo que representan aproximadamente 1.25 millones de defunciones al año en el mundo; ya que al hacer uso de los mismos, los conductores sufren de distracción visual, cognitiva y física, al apartar vista, mente y manos del camino afectando de esta manera el desempeño de la conducción.

4. Es por ello que ambos diputados ven la necesidad de proponer que se adopten medidas como lo son campañas mediáticas disuasorias, destinadas a disminuir las probabilidades de que la población conduzca bajo los efectos del alcohol o haciendo uso de los aparatos de comunicación móvil, así como medidas que creen un entorno de conducción más seguro gracias a las cuales sean menores las probabilidades y la gravedad de los daños causados por accidentes automovilísticos agravados por factores de riesgo.

5. El resolutivo propuesto en la proposición es el siguiente:

Primero. El diputado Marco Antonio García Ayala en su punto de acuerdo propone hacer un exhorto a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, implementen, creen y/o refuercen programas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol.

Segundo. Dentro del punto de acuerdo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas se propone hacer un exhorto al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes a coordinarse con los Consejos para la prevención de accidentes de las Entidades Federativas y con las Instituciones de Educación Superior para realizar una campaña a nivel nacional, para evitar los accidentes viales motivados por el uso de aparatos de comunicación móvil al conducir.

Tercero. De la misma manera el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas propone se exhorte al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y a los Consejos para la prevención de accidentes de las Entidades Federativas a promover en el ámbito de sus atribuciones, modificaciones a los reglamentos municipales que aún no lo prevén, para que se prohíba y se sancione el uso de aparatos de comunicación móvil mientras se conducen vehículos, salvo que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor.

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la proposición a la luz de una revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

2. Si bien el teléfono celular está cada vez más integrado en nuestra vida profesional y personal representa un peligro igual o incluso más grande, que la conducción bajo los efectos del alcohol, ya que hablar por teléfono celular y sobre todo escribir mensajes de texto desplazó la ingesta de alcohol como la primera causa de accidentes viales según datos de la Cruz Roja Mexicana.

Es por ello que es necesario lograr un cambio a nivel cultural para que dichas conductas sean consideradas socialmente inaceptables, y de esa manera lograr reducir accidentes como los sucedidos recientemente en la autopista México-Tuxpan, que dejo más de 20 muertes y múltiples heridos, los constantes accidentes en las carreteras del país o el atropellamiento de una ciclista en paseo de la reforma, acontecimientos que han llamado la atención y a la acción de las organizaciones de la sociedad civil e indignado a la población en su conjunto. Quizás lo más triste de estos hechos, es que estos accidentes coinciden en que pudieron haber sido evitados atendiendo a consideraciones de cultura y seguridad vial que implican apegar la conducta a las normas de tránsito.

De acuerdo con la OMS actualmente México se encuentra entre los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Alrededor de 16 mil muertes al año según las estadísticas oficiales aportadas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes estima que, debido al subregistro de información, la cifra asciende en realidad, a unas 24 mil muertes, de las cuales entre el 40 y 60% están relacionadas con el consumo de alcohol.

3. Asimismo se envió oficio al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para el análisis de ambas proposiciones con punto de acuerdo, en cuanto al impacto presupuestario y a su viabilidad de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Con fecha de 18 de Noviembre de 2015, y con número de oficio CEFP/DG/0387/15 se recibió en esta comisión de Seguridad Pública la respuesta al oficio, en donde se plasma que a nivel Federal, Estatal y Municipal ya existen diversas campañas para evitar los accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil al manejar; y dichos niveles de gobierno ya cuentan con recursos disponibles para publicidad gubernamental, por lo que de responder al exhorto, las campañas no representarían una erogación adicional, aunque sí podría resultar en una posible redistribución de los recursos destinados a comunicación social.

4. Una vez estudiadas ambas propuestas, este órgano colegiado da cuenta de que ambas proposiciones con punto de acuerdo, tiene como objetivo contribuir a que se generen campañas de prevención y disuasión de accidentes de tránsito ocasionados por factores agravantes y prácticas que pueden evitarse porque constituyen un factor de riesgo para quienes lo realizan como para quien se topa con ellos.

Sí bien cada uno de los proponentes, llama a la consciencia, prevención y disuasión de elementos de distinta índole, esta Comisión tuvo a bien fusionar ambas propuestas, pues el 90% de los accidentes son completamente prevenibles, se considera necesario crear campañas de prevención y disuasión que atiendan los elementos de peligro al conducir, en conjunto y no por separado.

Asimismo, dados los resultados de la consulta presupuestal realizada al órgano competente, refuerza el argumento de conjuntar ambas proposiciones, atendiendo a la finalidad de que las autoridades encomendadas por el orden jurídico para realizar campañas de prevención deben coordinar sus esfuerzos para lograr campañas de alto impacto que contribuyan decididamente a disminuir los accidentes y prevenir dolor evitable a través de la concientización de la sociedad en su conjunto.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas, al jefe de gobierno del Distrito Federal, al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y a los Consejos para la Prevención de accidentes de las Entidades Federativas para que respectivamente en el ámbito de sus competencias, para que implementen, sí es que no lo han hecho o en su caso refuercen las que sí cuentan con campañas para disminuir el número de accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol o por el uso de aparatos de comunicación móvil, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario.

Segundo. Se exhorta al Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y a los Consejos para la Prevención de accidentes de las Entidades Federativas a promover en el ámbito de sus atribuciones, modificaciones a los reglamentos municipales para que se prohíba y sancione el uso de aparatos de comunicación móvil mientras se conducen vehículos, en aquellos reglamentos en que aún no se prevé.

Notas:

1 Tercer informe sobre la situación de seguridad vial. Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. México, 2013. Disponible en:

http://www.conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/ Observatorio/3erInforme_Ver_ImpresionWeb.pdf

2 Véase: Juárez, Blanca. Desplaza el celular a la ingesta de alcohol como primera causa de accidentes viales. Periódico La Jornada. Sábado 27 de diciembre de 2014, P.12. Recuperado de:

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/ 27/politica/012n1pol

3 Muertes relacionadas con accidentes de tráfico por país. Organización Mundial de la Salud. Disponible en:

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997?lang=en

4 Alcoholimetría y los accidentes de tránsito. Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. México, 2013. Disponible en: http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Alcoholimetria.pdf

5 Cruz, Martínez, Ángeles. México, entre los 10 países con mayor número de muertos por accidentes de tránsito. Periódico La Jornada. Lunes 25 de Marzo de 2013, P.41 disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/ 25/sociedad/041n1soc

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Miguel Ángel Yunes Linares (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas, Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Carlos Barragán Amador (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez, Jisela Paes Martínez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos (rúbrica), Jorge Tello López.»

PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL PAÍS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a formular, emitir e intensificar políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los derechos humanos de internos en los centros de reinserción social del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XVII, y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. Con fecha 22 de septiembre de 2015, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad, para que dentro de sus facultades procedan a reformular, emitir e intensificar políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los derechos humanos de las personas internas en los centros de reinserción social del país.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicho punto de acuerdo para su estudio y dictamen, siendo recibido en estas oficinas el día 14 de octubre del presente año.

Planteamiento del problema y contenido del asunto

La legisladora autora de la proposición con punto de acuerdo, manifiesta que de conformidad con el artículo 18 de nuestra Constitución Política, el Sistema Penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los principios que para él prevé la ley.

Qué de acuerdo al “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios del país se presentan recurrentemente violaciones a los derechos fundamentales de los internos y advierte que los factores circunstancias que determinan la violencia son entre otros, el hacinamiento, la sobrepoblación, servicios de salud insuficientes y deficientes, trato degradante, déficit en la estructura de trabajo, educativo y actividades deportivas, ausencia de programas preventivos a las adicciones y desintoxicaciones.

La iniciante cita el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que entre otras cifras, el estudio realizado encontró que las acciones implementadas para prevenir hechos de violencia son deficientes, pues del primero de enero a diciembre del 2014, acontecieron 1713 casos de este tipo, de ellos 993 se presentaron en centros estatales, 740 en los federales y 4 en prisiones militares. La legisladora autora del Punto de Acuerdo, además comenta que este reporte se realizó tras la visita a 130 centros estatales considerados los más poblados del país, que albergaban hasta diciembre de 2014 una población de 195 mil 329 internos y que el estudio también abarcó la visita a 20 prisiones federales y algunas militares.

Qué el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela que existe una gran cantidad de centros de reclusión que presentan deficiencias relacionadas con la falta o insuficiencia de personal técnico necesario para la aplicación del tratamiento individualizado que requiere cada uno de los internos y añade que “no existe una política nacional integral y coordinada en la materia, ya que tanto la legislación federal como la de los estados, le dan tratamiento diferente a una sola problemática”.

Los resolutivos propuestos en la proposición son los siguientes:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad para que dentro de sus facultades procedan a reformular, emitir e intensificar políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los derechos humanos de las personas internas en los centros de reinserción social del país; que tiendan a mejorar las condiciones de las mismas en ingreso y estancia; así como incrementar las supervisiones en los espacios carcelarios, tanto estatales como federales.

Proceso de análisis

Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la proposición a la luz de una revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, por tanto los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad para que dentro de sus facultades procedan a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los derechos humanos de las personas internas en los centros de reinserción social del país; que tiendan a mejorar las condiciones de las mismas en ingreso y estancia; así como incrementar las supervisiones en los espacios carcelarios, tanto estatales como federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Miguel Ángel Yunes Linares (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas, Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Carlos Barragán Amador (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez, Jisela Paes Martínez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos (rúbrica), Jorge Tello López.»

PREVENIR Y ATENDER LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS PREVALECIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo relativo a la implantación de programas, políticas y tácticas para prevenir y atender las problemáticas de seguridad pública prevalecientes en Oaxaca

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de octubre de 2015, el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la implementación de programas, políticas públicas y tácticas tendientes a prevenir y atender las diferentes problemáticas prevalecientes en el estado de Oaxaca, en materia de seguridad pública.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión dicho punto de acuerdo para su estudio y dictamen, mismo que se recibió el día 30 de noviembre de 2015.

II Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El autor basa su punto de acuerdo, en los aumentos en la delincuencia, la inseguridad y la violencia que está padeciendo el estado de Oaxaca, especialmente en la región de la Mixteca, lugar en el que la pluriculturalidad, los conflictos agrarios, la ausencia de la autoridad, la falta de adiestramiento y de condiciones laborales dignas de la policía, así como la falta de un esfuerzo conjunto y contundente de las y los servidores públicos municipales y estatales.

2. Los resolutivos propuestos en la proposición son los siguientes:

“Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado y al Fiscal General de Justicia en el estado de Oaxaca, para que de manera inmediata se lleve cabo una investigación eficaz y expedita que permita identificar, detener y llevar ante la justicia a los verdaderos autores intelectuales y materiales del asesinato del ciudadano Mario Sánchez Cuevas.

”Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, implementen operativos que implique la disposición de elementos de la Gendarmería Nacional de manera permanente en el estado de Oaxaca, principalmente en la región de lo Mixteca, a efecto de generar estrategias integrales que fortalezcan la seguridad pública ante el incremento del índice delictivo en la región, el cual amenaza la vida, libertad, integridad y patrimonio de las y los ciudadanos.

”Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y del estado de Oaxaca para que prevean e implementen programas, políticas públicas y tácticas tendientes a atender las causas del incremento de los ilícitos en la entidad, de forma coordinada con todas aquellas dependencias facultadas para intervenir en prevención, atención temprana y resolución de las diferentes problemáticas prevalecientes en el Estado.”

III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la proposición a la luz de una revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la propuesta

a) En cuanto a los argumentos del autor

Primero. El diputado iniciante señala en su argumentación, que en la región conocida como mixteca, ocurren de manera más frecuente hechos delictivos como el ocurrido el pasado 7 de octubre de año en curso, en donde se localizó el cuerpo sin vida de Mario Sánchez Cuevas, presidente municipal de San Miguel el Grande, Oaxaca, después de haber permanecido desaparecido durante 12 días.

Continua su argumentación señalando que el día 18 de junio, fueron asesinado el ciudadano Jesús Ríos Juárez, dirigente indígena zapoteco en el municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Oaxaca y por último menciona el suceso ocurrido el 17 de febrero en donde murió el precandidato a una diputación federal, Carlos Martínez Villavicencio, donde perdió la vida junto a dos personas más.

El autor, informa que en diciembre del año 2013, los diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del estado de Oaxaca, se realizó exhorto al titular del Poder Ejecutivo, con el siguiente tenor:

En primer lugar se exhortó para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, implementara de manera urgente una estrategia integral para que a corto plazo fuera combatida la creciente delincuencia, violencia e inseguridad que vive en la zona de la Mixteca.

En segundo término, para que a través de la Secretaría de Gobierno fueran previstos e implementados programas, políticas públicas y tácticas tendientes a atender las causas del incremento de los ilícitos en la Mixteca, de forma coordinado con todas aquellas dependencias facultadas para intervenir en la resolución de las diferentes problemáticas prevalecientes en la zona.

b) En cuanto a los resolutivos propuestos

Tercero. Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, y se modifica únicamente la redacción del mismo por razones de técnica y redacción legislativa.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, instruyan a las dependencias a su cargo a que continúen y refuercen los operativos de prevención persecución del delito que fortalezcan la seguridad pública del estado de Oaxaca, en especial la región mixteca. Se exhorta respetuosamente al titular de la Policía Federal, que analice envío de elementos de la División de Gendarmería Nacional a la región mixteca del estado de Oaxaca, para fortalecer los esfuerzos llevados a cabo por las fuerzas adscritas a la región de manera permanente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Miguel Ángel Yunes Linares (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas, Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Carlos Barragán Amador (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez, Jisela Paes Martínez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos (rúbrica), Jorge Tello López.»

RELATIVO AL ATENTADO CON EXPLOSIVOS REGISTRADO EN LA LÍNEA DOS DEL MEXIBÚS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo relativo al atentado con explosivos registrado en la línea dos del Mexibús

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de noviembre de 2015, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a los órganos encargados de la seguridad pública a esclarecer los atentados registrados contra el sistema de transporte del Estado de México, Mexibús y a garantizar la seguridad de los ciudadanos mexiquenses.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión dicho punto de acuerdo para su estudio y dictamen, recibido en estas oficinas el día 5 de noviembre del presente año.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El diputado autor del punto de acuerdo, informa que el día 31 de octubre del año en curso, en la estación “Las Américas” de la línea dos del sistema de transporte del estado de México, Mexibús, dichos explosivos resultaron ser tan sólo la mitad de los colocados en la misma línea siendo clara la intención de provocar daños graves a la estructura de este transporte público.

2. El proponente señala que sí ben un grupo radical se ha hecho responsable del atentado, no se ha podido esclarecer los hechos en su totalidad así como las posibles conexiones con otros hechos delictivos. Así mismo, añade que Juan Sánchez Peláez, presidente de este sistema de transporte colectivo ha señalado flancos que podrían ser considerados como motivos para llevar acabo estos atentados.

Los resolutivos propuestos en la proposición son los siguientes:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer a la brevedad el atentado registrado contra trenes e infraestructura del sistema de transporte del Estado de México, Mexibús y sean fincadas las responsabilidades que resulten de los actos y/u omisiones que rodeen los hechos del pasado 31 de octubre en la estación “Las Américas”.

Segundo. La Cámara de Diputados conmina a los diferentes órganos encargados de la seguridad pública en el Estado de México a llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para garantizar la seguridad y proteger la integridad de los ciudadanos mexiquenses y de toda persona que utilice el sistema de transporte del Estado de México, Mexibús.”

III. Proceso de análisis

Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la proposición a la luz de una revisión del marco normativo vigente, consulta de antecedentes legislativos, información oficial y mediática, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

Se coincide en general con el sentido del texto propuesto, puesto que los delitos cometidos deben ser resueltos a través de la imparcial y oportuna investigación de los delitos, la procuración y administración de justicia eficaz que culminen con la verdad de los hechos, el respeto a los derechos de las personas, y la sanción de los responsables, para que tenga verificativo el estado de derecho, el acceso a la justicia, la integridad de las instituciones, la seguridad y la paz públicas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conmina respetuosamente, a la Procuraduría General de la República y a las instancias correspondientes del Estado de México para que informen sobre los avances de la investigación por los delitos cometidos en los ataques al Mexibús el pasado 30 de octubre del presente año. Asimismo, a las instancias competentes de los tres órganos de gobierno para que sus labores garanticen la seguridad y protección de las y los usuarios de este transporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Miguel Ángel Yunes Linares (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas, Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Carlos Barragán Amador, Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez, Jisela Paes Martínez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos, Jorge Tello López.»

ADECUAR DIVERSAS LEYES, CON EL FIN DE INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO ARMONIZARLAS CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal a transversalizar la política del Estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes para incorporar la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarlas con los estándares internacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal a transversalizar la política de Estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes a fin de incorporar la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarla con los estándares internacionales.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Protección Civil somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado “Análisis de la proposición con punto de acuerdo” se examinan el contenido sustancial de la propuesta y los argumentos en que se sustenta, y se determinan el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 24 de noviembre de 2015, la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario de Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal a transversalizar la política de estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes con el fin de incorporar la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarla con los estándares internacionales.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante el oficio número DGPL 63-II-4-198, acordó que se turnara para dictamen a la Comisión de Protección Civil, para el análisis y dictamen correspondientes, asignándole el expediente número 1040.

II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo de referencia materia del presente dictamen plantea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que se solicita que la Cámara de Diputados que exhorte a las dependencias de la administración pública federal para transversalizar la política de Estado en materia de protección civil y adecuar diversas leyes con el fin de incorporar la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, así como armonizarla con los estándares internacionales.

2. En la exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo de referencia plantea lo siguiente:

A) En el capítulo Consideraciones señala:

a) La proponente alude a los desastres naturales y el impacto que estos causas; agrega las expectativas que implica el cambio climático. Plantea la necesidad de reflexionar sobre la política de Estado de protección civil, y que ésta debe ser transversal.

b) Refiere el proyecto de resolución del nuevo marco de acción de Sendai, de la Tercera Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, sobre reducción de riesgos, lo que implica generar y compartir información. Igualmente, refiere la coordinación entre los “sectores pertinentes” y la importancia en “invertir en la resiliencia” de las diversas dimensiones sociales y globales, “así como a través de la tecnología y la investigación: mejorar los sistemas de alerta temprana” y la respuesta y recuperación de desastres. Nota el documento citado es el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos, 2015-2030. A/69 /L.67, anexo II, numeral 14.

c) Igualmente refiere las expresiones del titular del Ejecutivo federal en la pasada Convención nacional de protección civil, en el sentido de “que los planes de desarrollo incorporen, de forma obligatoria, la gestión integral del riesgo y que la federación pueda participar en la regulación y sanción de asentamientos humanos, que pongan en riesgo la vida de sus habitantes”. Ello implica, como también señaló, hacer adecuaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, para armonizarla con los estándares internacionales de desarrollo urbano en materia de protección civil, además de contar con una guía de resiliencia urbana.

Menciona que lo dicho por el presidente es fundamental para reducir riesgos y estar preparados ante los riesgos y “lograr una reconstrucción resiliente.

Afirma que lo dicho por el presidente significa que las autoridades locales cuenten con un atlas de riesgo para una “planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial”, como ejemplo de la falta de previsión en asentamientos humanos menciona “los deslaves en Santa Fe”.

Concluye, no basta reformar la Ley de Asentamientos Humanos, sino que hay que “adecuar de manera integral todo el marco normativo” para insertar la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

d)Afirma la necesidad de “transversalizar las prioridades y principios de gestión de riesgo en toda la acción pública” y en diversas leyes, “esa tarea legislativa nos corresponde a nosotros, las diputadas y diputados de este Congreso.

e) Finaliza con la reflexión de que “la gestión prospectiva (...) del riesgo” es correlativa a la reducción de la gestión reactiva del riesgo.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora, con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

a) La comisión dictaminadora, tomando en consideración que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la introducción y visión general establece las “estrategias transversales para (...), para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno” (página 13) y además “las políticas y los programas de la presente administración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas” (página 23) .

En el mismo documento, el apartado “Un México en Paz”, señala sobre la “protección civil y prevención de desastres” que “cada año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país. Las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos. No obstante que el gobierno ha realizado extensas acciones enfocadas a la atención y recuperación ante los desastres, a través de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil –fundamentalmente por conducto de las Fuerzas Armadas–, se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan. En este sentido, la protección civil privilegiará las acciones preventivas ante desastres, será incluyente y utilizará soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización y capacidad para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito. Estas acciones incluyen el aseguramiento financiero ante desastres, en el cual México ha sido reconocido por su liderazgo en el mundo. El desarrollo del mercado financiero permite hoy en día acceder a instrumentos de cobertura de riesgos que contribuyen a mitigar el impacto de dichos desastres en el gasto público” (página 37).

Respecto del plan de acción, el referido Plan Nacional de Desarrollo visualiza que “Finalmente, un México en Paz plantea un nuevo enfoque para que el gobierno responda a su compromiso de salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. Es necesario reorientar las acciones de gobierno hacia la prevención para reducir las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por estos fenómenos, a través de políticas transversales enfocadas a la gestión integral de riesgos, incluyendo coberturas financieras ante dichos desastres” (página 40).

En el apartado VI, “Objetivos, estrategias y líneas de acción”, del citado Plan de Desarrollo Nacional se instaura el “Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”. Del que emana la “Estrategia 1.6.1. Política estratégica para la prevención de desastres. Líneas de acción • Promover y consolidar la elaboración de un atlas de riesgos federal, estatal y municipal, asegurando su homogeneidad. • Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social. • Fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección. • Fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo, privilegiando la prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia y desastres. • Promover los estudios y mecanismos tendientes a la transferencia de riesgos. • Fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil. • Promover el fortalecimiento de las normas existentes en materia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia de daños tanto humanos como materiales evitables”. En igual forma se deriva la “Estrategia 1.6.2. Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres. Líneas de acción • Fortalecer la capacidad logística y de operación del Sistema Nacional de Protección Civil en la atención de emergencias y desastres naturales. • Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para proporcionar apoyo a la población civil en casos de desastres naturales. • Coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal en el caso de emergencias y desastres naturales” (página 112).

b) Esta dictaminadora observa que el presidente de la República, quien preside el Consejo Nacional de Protección Civil, en la sesión ordinaria de noviembre de 2015 instruyó a las Secretarías de Gobernación, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que propongan adecuaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos que armonicen dicha norma con los estándares internacionales de desarrollo urbano en materia de protección civil.

c) Esta dictaminadora advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 49 que el “supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial” y en el artículo 50 implanta que “el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores”. Sin omitir la facultad, para presentar iniciativas, del presidente de la República, se acota que la legislación emana del Congreso general.

d) La comisión dictaminadora anota que la administración pública federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ha establecido políticas transversales en materia de protección civil y que el titular del Ejecutivo ha instruido a miembros de su gabinete a realizar propuestas para adecuar diversas leyes para incorporar la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático con el objetivo de armonizarlas con los estándares internacionales en materia de protección civil e igualmente considerando que la formulación de la legislación es una facultad del Congreso general. Se concluye la inhabilidad de exhortar a la administración pública federal en esos términos.

e) Esta comisión dictaminadora considera que la propuesta de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, es procedente, en el sentido de tener un contacto directo con las acciones y programas que realiza el titular del Poder Ejecutivo federal, ya que va de acuerdo con los razonamientos de colaboración entre los Poderes de la Unión, por tanto, es apropiado solicitar de la administración pública federal un informe de los avances y logros que en materia de políticas transversales de protección civil ha realizado; de igual manera, es apropiado solicitar si cuenta con propuestas, investigaciones o estudios sobre la incorporación a la legislación nacional de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

Por lo anterior, la Comisión de Protección Civil estima aprobar, con la modificación apuntada, la proposición con punto de acuerdo, por lo que somete a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto del secretario de Gobernación, un informe de los avances y logros que en materia de políticas transversales de gestión integral del riesgo de desastres ha realizado la administración pública federal; de igual manera, se le solicita que dé cuenta de las propuestas, investigaciones o estudios sobre la incorporación a la legislación de la gestión del riesgo de desastres y las adaptaciones previstas por el probable impacto del cambio climático para su armonización con los estándares internacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Protección Civil, diputados:María Elena Orantes López (rúbrica), presidenta; Héctor Javier Álvarez Ortiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez, Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos, Carlos Sarabia Camacho, Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez (rúbrica).»

VOLUMEN III

PERFECCIONAR SU MARCO LEGAL EN MATERIA DE MOVILIDAD

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a perfeccionar su marco legal en materia de movilidad y realizar acciones para garantizar la integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad, y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes, a cargo del Diputado Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Protección Civil somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente.

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 1o. de diciembre de 2015, el diputado Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad, y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-II-6-0208, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Protección Civil, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 1107.

II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo de referencia materia del presente dictamen, plantea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes.

2. En su exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo de referencia plantea lo siguiente:

A) en el capítulo de Consideraciones, señala que:

a) El proponente alude al fallecimiento, en fecha reciente, de la joven Montserrat Paredes Alva, de 21 años de edad, quien perdió la vida al momento de circular en una bicicleta y ser atropellada por una unidad de transporte público sobre la avenida Paseo de la Reforma. Pero, menciona que ella no ha sido la única víctima “del enfrentamiento irracional de las personas por el uso del espacio público”, y cita datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el cual afirma que, en México, mueren 200 ciclistas al año, y que en el año 2015, al menos 8 han perdido la vida en el Distrito Federal.

Al lamentar estos terribles acontecimientos, el proponente considera que el Poder Legislativo no puede ser sólo reactivo, y que una de sus funciones es la de preocuparse y ocuparse de los temas que incumban a todos los mexicanos, no sólo los que sean noticia.

b) Apunta que la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del mundo, donde se realizan un total de traslados de alrededor de 6.3 millones diarios, y en donde sólo 0.9 por ciento del total de la red vial tiene ciclovías o carriles confinados para ciclistas, es decir 96.6 kilómetros, la mayoría en el centro de la ciudad, donde se realizan 433 mil 981 viajes por día, pero es en las vías primarias (sin carril confinado a estos usuarios) donde ocurren los accidentes mortales. Aunado a lo anterior, alude que, a nivel nacional, cerca de 2.3 por ciento de los viajes en todo el país, se llevan a cabo en bicicleta. De la misma manera refiere que, estadísticamente, en el rubro de defunciones, para el año 2013 fallecieron 34 mil 509 jóvenes en México.

c) Menciona cifras oficiales, de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo federal, las cuales mencionan que, a través del Programa de Acción Específico-Seguridad Vial 2013-2018, las lesiones por accidentes viales son relevantes entre los jóvenes ya que son la segunda causa de muerte en el grupo de edad comprendida entre los 20 y los 29 años, en este grupo de edad se concentra el 24 por ciento de las muertes por lesiones ocasionadas por accidentes viales. De estas, el 17.9 por ciento son peatones, 9.7 por ciento motociclistas y 0.4 por ciento ciclistas. Es decir, que los peatones, ciclistas y motociclistas, concentran 28 por ciento de la totalidad de las muertes.

d) En el mismo orden de ideas, menciona datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, las cuales refieren que lesiones causadas por el tránsito son la octava causa mundial de muerte y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años, siendo entonces que, si no se actúa, los accidentes de tránsito, para 2030 serán la quinta causa de muerte. La mitad de las muertes mundiales por accidentes de tránsito, apunta, corresponden a peatones (22 por ciento), ciclistas (5 por ciento) y motociclistas (23 por ciento).

e) En materia internacional, afirma que nuestro país no ha implementado políticas públicas eficientes en materia de movilidad, como sí lo han hecho las ciudades de Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Rosario, Argentina; Santiago, Chile; Ámsterdam, Holanda; Burdeos, Francia; Copenhague, Dinamarca; Berlín, Alemania; Dublín, Irlanda; Amberes, Bélgica; Ferrara, Italia; Estocolmo, Suecia; Trondheim, Noruega; y Sevilla, España. Estas ciudades, refiere, utilizan la bicicleta no sólo como una opción sería de transporte de los jóvenes que se desplazan a trabajar o a la escuela, sino como un detonante del turismo en beneficio de millones de jóvenes, que recorren y conocen estas ciudades pedaleando de manera segura.

f) Afirma que el mejorar la movilidad en los tres niveles de gobierno es un asunto permanente que beneficiaría a los 121 millones 783 mil 280 mexicanos que habitamos en nuestro país, ya que, de cualquier manera todos utilizamos el transporte para movilizarnos.

g) En materia de legislación local, el proponente refiere que, en materia de movilidad se aplican las siguientes disposiciones: La Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del estado de Nuevo León; La Ley de Movilidad para el Transporte del estado de Querétaro; La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; La Ley de Movilidad del Distrito Federal y La Ley de Movilidad del estado de México. Apunta que en dichos ordenamientos se les da una jerarquía de movilidad, orden de responsabilidad y uso preferencial del espacio público a los ciclistas, por encima de otro tipo de vehículo. Es, en este sentido que el autor de la propuesta critica que esa legislación, ante las cifres y el hecho que se pone de ejemplo, necesita perfeccionarse, y con ello, proteger a las personas en su vida, y en su salud, sobre todo a los más jóvenes.

h) Habla el proponente de los beneficios de caminar o utilizar la bicicleta para transportarse, ya que con ese tipo de cultura, se da bienestar a las ciudades, a sus habitantes y al medio ambiente, puesto que contribuye a que disminuya el tráfico y no contamina; pero, en lugar de que se les dé un privilegio, “se le castiga con poca inversión en infraestructura ciclista, y un marco legal que los beneficia y protege mínimamente”. Reitera que es el Estado quien tiene la obligación de generar las condiciones para la libre y segura movilidad, donde el usuario independientemente del vehículo en el cual se quiera trasportar, tenga ante todo la seguridad de que su integridad física, e incluso su vida no corre riesgo.

Menciona que la movilidad entraña la recuperación del espacio público, y en lo que corresponde a esta Soberanía, en ella no existe el espacio de discusión con el cual se discuta este tema a través de una comisión o de un grupo colegiado que perfeccione la legislación en la materia.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

a) Esta dictaminadora considera pertinente la propuesta ya que a través de los datos y cifras que menciona, que son fiables e importantes de tomar en cuenta, podemos ver el grave problema de la movilidad que hay en nuestro país.

b) Ante ese razonamiento, y sobre todo en el entendido de que el proponente busca exhortar a los gobiernos de las entidades federativa a perfeccionar sus legislaciones a efecto de buscar la protección de las personas que no utilizan un vehículo, sino que se movilizan por otros medios de transporte, sobre todo en el marco del libre tránsito al que alude la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere que toda persona “tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, es que es necesario que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión haga patente a los estados de la República y al Distrito Federal a que revisen sus disposiciones jurídicas normativas y administrativas para que se evite, en lo humanamente posible, el aumento en los accidentes donde se vean involucrados ciclistas y peatones.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil somete a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Protección Civil, diputados:María Elena Orantes López (rúbrica), presidenta; Héctor Javier Álvarez Ortiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Alberto Martínez Urincho, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos, Carlos Sarabia Camacho, Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez (rúbrica).»

MANTENER ACTUALIZADO SU ATLAS DE RIESGOS; Y A LOS ESTADOS CARENTES DE ÉL, A INICIAR LOS TRABAJOS PARA ELABORARLO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgos; y a los estados carentes de él, a iniciar los trabajos para elaborarlo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgos; y a los estados carentes de él, a iniciar los trabajos para elaborarlo, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Protección Civil, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición.

En el apartado de “Análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 13 de octubre de 2015, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgos; y a los estados carentes de él, a iniciar los trabajos para elaborarlo.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número DGPL 63-II-3-84, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Protección Civil, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 510.

II. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo de referencia materia del presente dictamen, plantea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de las entidades del país, a mantener actualizado su atlas de riesgos; asimismo, a aquéllos estados que no cuenten con su atlas correspondiente, a que de manera inmediata inicien los trabajos para su elaboración.

2. En su exposición de motivos, la proposición con punto de acuerdo de referencia plantea lo siguiente:

A) en el capítulo de Consideraciones, señala que:

a) México, por su ubicación geográfica, se encuentra expuesto a una gran ocurrencia de fenómenos naturales, que en el transcurso de los años, causan pérdidas de vidas y daños a la infraestructura y medio ambiente.

b) Ante los constantes acontecimientos, que afectan a muchas entidades federativas en nuestro país, queda demostrado que en existen fallas en el sistema de prevención que permita integrar y difundir, de manera oportuna y eficiente, la toma de decisiones y establecer las acciones necesarias, ante posibles desastres naturales.

c) México cuenta con un Atlas Nacional de Riesgos, el cual, según la Secretaría de Gobernación, es un sistema integral de información, que busca establecer las bases de datos, con los cuales se realizaría el análisis del peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal. Con dicho atlas, se pretende generar mapas y sistemas geográficos de información, estando en la posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer efectivas medidas de prevención y mitigación. Tiene, afirma el proponente, la finalidad, de difundir información para mitigar catástrofes, lo cual, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, es atribución de la Secretaría de Gobernación desarrollar y actualizar esta guía.

d) El Atlas Nacional, señala, es la clave para el actuar del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, el cual es la instancia responsable de investigar y promover la aplicación de las tecnologías para la prevención de siniestros. Pero, pese a su importancia, el Cenapred informa, a través de su página de internet, que ningún estado del país cuenta con un atlas estatal de riesgos actualizado, y varios carecen de cualquier tipo de información respecto a las consecuencias desastrosas que pueden generar fenómenos naturales o eventos producidos por el hombre.

Según esa autoridad administrativa, los atlas locales de riesgo evalúan 28 distintos escenarios, entre ellos los peligros ante sismos, inundaciones, huracanes, residuos peligrosos, accidentes carreteros, accidentes químicos, tuberías de transporte de gas y hasta socio-organizativos, que sirven para dirigir las políticas públicas para su mitigación; sin embargo, aún no están acabados.

Apunta que es el mismo Poder Ejecutivo federal quien ha reconocido la necesidad de actualizar e integrar, lo más rápido posible, el Atlas Nacional de Riesgos que permita tomar medidas preventivas y mitigar los daños de futuros fenómenos naturales. Del mismo modo, y citando el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil, el proponente afirma que es corresponsabilidad del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de las entidades federativas, el promover la creación de las “bases que permitan la identificación y registro en los atlas nacional, estatales y municipales de riesgos de las zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos”.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

a) Esta dictaminadora considera pertinente la propuesta ya que consideramos que es necesaria la actualización, tanto del Atlas Nacional, como de los atlas de las entidades federativas en materia de riesgos, ya que es una misión primigenia y fundamental del Estado mexicano la salvaguarda de la vida, la salud y el patrimonio de las y los mexicanos, sobre todo ante la presencia de riesgos que puedan provocar desastres, y más si los mismos son ocasionados por la fuerza de la naturaleza.

b) Ante ese razonamiento, mucho más importante y fundamental es que aquellas entidades federativas que carezcan de dichos atlas de riesgo realicen las acciones que sean necesarias para integrarlos y aprobarlos de manera oficial.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de las entidades y municipios del país, a mantener actualizado su atlas de riesgos; asimismo, a aquéllos estados que no cuenten con su atlas correspondiente, a que de manera inmediata inicien los trabajos para su elaboración, basados en lo estándares y términos definidos por el Cenapred.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de diciembre del año 2015.

La Comisión de Protección Civil, diputados:María Elena Orantes López (rúbrica), presidenta; Héctor Javier Álvarez Ortiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Alberto Martínez Urincho, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos, Carlos Sarabia Camacho, Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez (rúbrica).»

TRANSPARENTAR LOS RECURSOS Y APOYOS, QUE SE OTORGAN A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS ESTADOS DE JALISCO, COLIMA, NAYARIT Y MICHOACÁN, AFECTADOS POR EL HURACÁN PATRICIA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Sagarpa a diseñar un medio para transparentar los recursos y apoyos otorgados a los productores agropecuarios de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán afectados por el huracán Patricia, además de aplicar el Programa de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero en apoyo de los productores de Veracruz afectados en octubre por las lluvias

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura le fueron turnadas para dictamen dos proposiciones con punto de acuerdo, relativas a desastres naturales, que afectan además de la sociedad civil al sector agropecuario de nuestro país.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80, numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180, numeral 2, fracciones I y II; 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; le corresponde dictaminar las presentes proposiciones a partir de los siguientes

Antecedentes

1.El 10 de noviembre de 2015, diputados integrantes de Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que diseñe mecanismos para transparentar los recursos y apoyos que serán otorgados a los productores agropecuarios de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia.

El 10 de noviembre de 2015, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXIII Legislatura, mediante oficio número: DGPL 63-II-7-169 y número de expediente 867 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a la proposición en comento.

2. El 10 de noviembre de 2015, el diputado Vázquez Parissi Cirilo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a fin de aplicar el Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, en apoyo a los productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las lluvias registradas en el estado de Veracruz.

El 10 de noviembre de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXIII Legislatura, mediante número de oficio y DGPL 63-II-5-245 y número de expediente 865 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a las Proposiciones en comento.

Siendo recibidas ambas proposiciones el pasado 12 de noviembre, para su estudio análisis y dictamen en esta comisión.

Contenido de la proposición de los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora

Los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y derivado de los efectos que registró a su paso el Huracán “Patricia” por los estado de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, presentaron una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa, para que diseñe mecanismos para transparentar los recursos y apoyos que son otorgados a los productores agropecuarios de los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia.

Contenido de la proposición del diputado Cirilo Vázquez Parissi

El diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PVEM presentó proposición con punto de acuerdo derivado de las afectaciones que sufrieron varios municipios del sur de Veracruz, por las lluvias atípicas presentadas durante las dos últimas semanas de octubre del presente año, por lo que solicita se exhorte a la Sagarpa, a fin de aplicar el Programa de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, en apoyo a los productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las lluvias registradas en el estado de Veracruz.

Consideraciones de la comisión

La influencia del cambio climático en México, afecta directamente a la agricultura, ya sea por exceso de agua y sus efectos colaterales por deslaves e inundaciones o por la falta de este vital líquido que trae como consecuencia sequias, ambos fenómenos muy perjudiciales para las actividades agropecuarias de las regiones que se ven perturbadas en el país.

Los desastres naturales pueden resultar devastadores para los medios de vida rurales, ya que a menudo causan enormes daños a los sectores de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca en países pobres donde la población tiene escasos medios de vida alternativos; las tormentas tropicales, los ciclones y las inundaciones pueden arrasar en un solo instante cultivos en pie, reservas de semillas y de alimentos, infraestructuras, herramientas, animales de granja, estanques de peces de agua dulce, provocando ocasionalmente que las comunidades se desplacen abandonando sus tierras

La agricultura mexicana es particularmente vulnerable al cambio climático. Las predicciones no son optimistas para los diversos productores de los Estados de Colima, Jalisco, Guerrero y Michoacán y Veracruz, ni para los miles de pequeños campesinos. La amenaza del cambio climático a la seguridad y soberanía alimentaria es inmensa. Desde un punto de vista global, pocas de las predicciones son favorables para la producción agrícola, derivado de las afectaciones del cambio climático.

De acuerdo al comunicado del gobierno federal, se estima, que el 24, 25 y 26 de octubre por el huracán Patricia, afecto a más de 3,500 hectáreas de cultivos, entre los que se encuentran, maíz, frijol, trigo, cebada, zanahoria, brócoli, melón, alfalfa, tomate, jitomate, frijol, garbanzo, fresa, calabaza entre otros cultivos plátano y papaya.

En el caso de estado de Veracruz, las lluvias acumuladas desde el 17 de octubre en el sur de estado, fueron afectadas 102 comunidades de las regiones de la Cuenca, Tuxtlas y la zona sur por la creciente de los ríos Tesechoacán, San Juan, Coatzacoalcos, Uxpanapa y San Andrés; debido a las lluvias y a la crecida de los ríos, 40 mil familias han sido reubicadas, además, se han declarado en estado emergencia 71 municipios, de acuerdo a Yolanda Gutiérrez Carlín, secretaria de Protección Social del Estado.

Que es necesario realizar una evaluación puntual de daños en el campo para elaborar el diagnóstico de las afectaciones en los diferentes sectores; que se requiere por parte de los distintos órdenes de gobierno establecer comunicación entre dependencias estatales y sus contrapartes federales para coordinar los trabajos de atención a la población afectada; que es prioritario implementar los esquemas de aseguramiento agropecuario catastrófico, e iniciar el proceso de apoyos directos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); que el gobierno federal identifique y defina cuanto antes, los instrumentos existentes para la atención a los productores y que les permita reincorporarse a sus actividades productivas a la brevedad.

Que derivado de las contingencias climáticas presentadas en los estados de referencia, la Secretaría de Gobernación emitió las declaratorias de emergencia o emergencias extraordinarias, una vez terminada las fases de contingencias, público el aviso de término de la emergencia declarando, emitiendo las declaratorias de desastres naturales en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, para el caso de los daños causados por el huracán Patricia del 23 al 26 de octubre y en caso de las lluvias atípicas del estado de Veracruz del 16 al 23 de octubre del presente año.

Con fundamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la aplicación del año fiscal de cada año se considere “las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.”, dichos recursos asignados a estos fondos se sujetaran para su operación con reglas de operación, previamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Que esta comisión dictaminadora considera viables y oportunas las proposiciones de los diputados proponentes por lo que los resolutivos atiende la solicitud planteada y el espíritu de las mismas lo más apegada a lo solicitado.

Por lo antes expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que diseñe mecanismos específicos para transparentar puntual y permanentemente los recursos y apoyos que sean otorgados a los productores agropecuarios en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia.

Segundo: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la aplicación del Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) a efecto de que se apoye a productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las severas lluvias registradas en el estado de Veracruz.

Palacio Legislativo, a 2 de diciembre de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados:German Escobar Manjarrez (rúbrica), presidente; Iveth Bernal Casique (rúbrica), José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Julián Nazar Morales (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Exaltación González Ceceña (rúbrica), Miguel Alva y Alva (rúbrica), Adán Pérez Utrera (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), secretarios; Felipe Cervera Hernández, Eloísa Chavarrías Barajas, Adriana Elizarraraz Sandoval, Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Óscar García Barrón, Ángel García Yáñez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar (rúbrica), Alex González Le Barón, Edgardo Melhem Salinas, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Evelio Plata Inzunza, Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Francisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Valenzuela Armas, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), J. Guadalupe Hernández Alcalá.»

FORTALECER EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL GANADO, CON OBJETO DE INSTAURAR PROCESOS DE RASTREABILIDAD DE LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Ganadería, con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Sagarpa a instruir al director del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado para que, en el ámbito de su competencia, tome medidas inmediatas a fin de fortalecer el sistema de identificación del ganado e instaurar en Querétaro procesos de rastreabilidad de animales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para la elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que instruya al Director del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (Siniiga), en el ámbito de su competencia, tomar medidas inmediatas para fortalecer el sistema de identificación individual del ganado, con el objeto de instaurar procesos de rastreabilidad de los animales en el estado de Querétaro hacia la prevención del delito de abigeato.

Recibida la proposición en mención, los legisladores integrantes de esta comisión analizamos con detenimiento su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 82, numeral 1, 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, resultando competencia de la Comisión de Ganadería emitir Dictamen a la proposición con punto de acuerdo citada con anterioridad, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2015, el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención del delito de Abigeato, por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que instruya al Director del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (Siniiga), en el ámbito de su competencia, tomar medidas inmediatas para fortalecer el sistema de identificación individual del ganado, con el objeto de instaurar procesos de rastreabilidad de los animales en el estado de Querétaro.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-5-308 bajo el expediente número 1027, la citada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Ganadería de esta Cámara, a efecto de emitir la dictaminación correspondiente.

Esta comisión en el ejercicio de sus atribuciones y derivado del análisis a la proposición con punto de acuerdo recibida, emite dictamen positivo a partir de las siguientes

Consideraciones

Primera. En concordancia con lo manifestado por el iniciador que señala en la exposición de motivos de la Proposición: “el delito de abigeato implica el robo de ganado en el campo, lo cual perjudica seriamente los activos de ganaderos a nivel nacional, y contabiliza pérdidas por millones de pesos”, los diputados integrantes de la comisión se unen a la postura del proponente, que representa voluntad a favor de la defensa de los ganaderos mexicanos hacia vigorizar la figura de la prevención del delito, en correlación con la aplicación de la legislación en materia penal para el estado de Querétaro, que de acuerdo a la vigencia del artículo 189 del Código Penal de la citada entidad, tipifica a la letra:

Artículo 189. Comete el delito de abigeato el que en cualquier sitio se apodere de una o más cabezas de ganado mayor o menor sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos. A quien le cometa, se le impondrán las penas siguientes:

(Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999)

I. De 6 meses a 2 años de prisión y de 1 a 50 días multa, si la conducta descrita se ejecuta sobre una o dos cabezas de ganado menor; (Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999)

II. De 2 a 6 años de prisión y de 20 a 500 días multa, si la conducta descrita se ejecuta sobre tres a cinco cabezas de ganado menor o una o dos cabeza de ganado mayor; y (Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999)

III. De 3 a 9 años de prisión y de 20 a 500 días multa, si la conducta descrita se ejecuta sobre más de cinco cabezas de ganado menor o sobre más de dos cabezas de ganado mayor. (Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999)

Segunda. Derivado de la norma jurídica invocada en la consideración que precede, convalidamos que en el contenido de la Proposición que se dictamina, se aluda a lo dispuesto por el artículo 190 del ordenamiento jurídico referido, que penaliza la conducta típica de “alterar las marcas de identificación del ganado que les fueren asignados”, entre otras conductas ilícitas descritas con penas que van desde la privación de la libertad a la fijación de una multa, texto vigente que reproducimos a la letra:

Artículo 190. Se aplicará prisión de 6 meses a 4 años y de 20 a 500 días multa a quien: (Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999)

I. Altere o elimine las marcas de animales vivos, cueros o pieles;

II. A sabiendas marque, contramarque, señale o contraseñale sin derecho animales; y (Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999))

III. Expida certificados de contenido falso para obtener guías simulando ventas o haga conducir animales que no sean de su propiedad sin estar debidamente autorizado para ello, o haga uso de certificados o guías falsificadas para cualquier negociación sobre ganado, pieles o cueros. (Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999)

Al que sin tomar las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima de los animales, adquiera ganado o comercie con pieles, carne u otros derivados obtenidos del abigeato, se le impondrá prisión de 2 a 10 años y de 20 a 500 días multa.

(Ref. P. O. número 42, 15/octubre/1999)

Tercera. De acuerdo al informe oficial presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalado en la Proposición, esta Comisión se percata que durante el año 2014 se registró en el Estado de Querétaro una incidencia del delito de abigeato que calificamos como preocupante, gravedad que consideramos debe ser atendida con una respuesta preventiva, a través de medidas adecuadas que fortalezcan el Sistema de Identificación Individual del Ganado y que vayan encauzadas a la instauración de procesos de rastreabilidad de los animales en dicha entidad federativa.

Cuarta. En atención a las fuentes periodísticas consultadas por el Legislador proponente, nos enteramos que las 242 denuncias levantadas en el transcurso del 2014, en términos estadísticos y analizando la problemática desde una perspectiva comparativa, se fueron a la alza durante el primer semestre de 2015 con la denuncia de 143 robos de ganado en los municipios de San Juan del Río, Colón, Peñamiller, Tolimán, Cadereyta, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Pedro Escobedo; situación agravante que atrajo la atención de la LVII Legislatura del Congreso del estado de Querétaro, que aprobó en la sesión ordinaria No. 83 de fecha 17 de Julio de 2015, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 189 y 190 del Código Penal a fin de determinar penas más severas, expidiéndose el proyecto de ley respectivo y remitiéndose al titular del Poder Ejecutivo del estado para su publicación.

Quinta. Dentro del contexto abordado en la proposición, damos cuenta de que en fecha octubre de 2015 el gobierno del estado de Querétaro, anunció programas y medidas para ayudar a los ganaderos en el combate del delito de abigeato, mediante un Plan Estratégico Integral hacia abatir dicho ilícito y que sería ejecutado con la participación de: La Unión Ganadera Regional, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Sexta. En seguimiento a la exposición de motivos del legislador proponente, quien manifiesta que mediante el comunicado de prensa número 087/2015 publicado de fecha 23 de octubre del presente, la Sagarpa informó del comienzo de reuniones de trabajo donde participaron el Delegado Federal de la Secretaría en el Estado, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, los productores de ganado en la Entidad y las autoridades en materia de seguridad pública, en su conjunto para revisar el índice de incidencia del delito de abigeato que aflige a los ganaderos de Querétaro; esta comisión se pronuncia en apego al exhorto propuesto en el punto de acuerdo analizado y discutido por los Legisladores integrantes de este órgano deliberativo, que percibimos nace a raíz del comunicado por el cual la secretaría refrendó su compromiso de trabajar en el diseño y la ejecución de una solución preventiva que evite el robo de ganado en los municipios afectados al día de hoy, de tal suerte que respaldamos íntegramente el espíritu que motivó al iniciador de la proposición y resolvemos que esta dinámica de colaboración en la que participa la Sagarpa en el ámbito de su competencia, se despliegue a escala nacional en dirección a contribuir con los esquemas operativos delineados por los propios cuerpos de seguridad, en quienes recae el fortalecimiento de aspectos preparatorios que definitivamente salvaguardan los activos productivos del subsector pecuario en las entidades federativas de la República.

Séptima. Analizada la alta incidencia delictiva del fuero común expuesta por el Legislador con base en el informe presentado por el SESNSP, la comisión visualiza una problemática nacional respecto al delito de abigeato que apremia atender con acciones inmediatas, de tal forma que sumarnos a la vertiente preventiva delineada en la proposición que hace parte a la Sagarpa de una sinergia de esfuerzos entre órdenes de gobierno, significa una medida de coadyuvancia que respaldamos hacia la implementación del Registro Electrónico de Movilización en sincronía con los puntos verificativos de tránsito del ganado.

En razón de las consideraciones expuestas, los Legisladores integrantes de la Comisión de Ganadería sometemos ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados extiende exhorto respetuoso al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de instruir al responsable del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado hacia la colaboración con autoridades estatales en la materia, en el diseño y ejecución de acciones que fortalezcan dicho sistema y que vayan orientadas a la implementación del Registro Electrónico de Movilización, con el objeto de instaurar procesos de rastreabilidad y trazabilidad de los animales en el estado de Querétaro y demás entidades federativas, armonizando la adecuada identificación del ganado con la actualización del inventario, enfoque preventivo dirigido a un mejor monitoreo para evitar la incidencia del delito de abigeato en toda la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.

La Comisión de Ganadería, diputados:Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Amaro Cancino (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica), Rafael Valenzuela Armas (rúbrica), Elio Bocanegra Ruiz (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), secretarios; Iveth Bernal Casique (rúbrica), Omar Noé Bernardino Vargas (rúbrica), Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Leonel Gerardo Cordero Lerma (rúbrica), Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), David Mercado Ruiz (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Héctor Peralta Grappin (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica).»

IMPORTACIÓN REGULAR DE MATERIAL GENÉTICO DE GANADO BOVINO PROCEDENTE DE BRASIL

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Ganadería, con punto de acuerdo relativo a la realización de un análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para el análisis respectivo y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo, suscrita por el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a instruir al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con el apoyo del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (Conasa), a realizar el análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente a la fecha, por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil, a fin de que se hagan las gestiones bilaterales necesarias ante el gobierno de Brasil para la apertura e importación regular de semen y embriones de ganado bovino a México.

Una vez recibida la proposición en mención, los integrantes de esta comisión nos adentramos en el estudio de su contenido, en el ejercicio de una responsabilidad encaminada a deliberar acerca de las motivaciones que le dieron origen y con amplitud de criterio hacia valorar los argumentos que la sustentan, tarea delicada que realizamos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 82, numeral 1, 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, resultando materia y competencia de la Comisión de Ganadería emitir dictamen de la proposición con punto de acuerdo enunciada con anterioridad, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2015, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el apoyo del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, a realizar el análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente a la fecha, por la importación regular de material genético de ganado bovino procedente de Brasil, a fin de que se hagan las gestiones bilaterales necesarias ante el gobierno de Brasil para la apertura e importación regular de semen y embriones de ganado bovino a México.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó mediante el oficio número DGPL 63-II-3-147, con el expediente número 863, la citada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Ganadería, a efecto de emitir el dictamen correspondiente.

Esta comisión, en su carácter de dictaminadora, derivado del análisis realizado a la proposición con punto de acuerdo en mención, emite dictamen a partir de las siguientes

Consideraciones

Primera.Superado el desconocimiento de la existencia de enfermedades zoosanitarias, que en retrospectiva analizamos y damos cuenta de que en 1946 produjo efectos negativos en la actividad pecuaria de nuestro país, a falta de controles estrictos en las importaciones y en el desplazamiento de los animales, lo que desencadenó el ingreso de la “fiebre aftosa” que provocó pérdidas devastadoras en la producción, retomamos el contexto mundial descrito en el contenido de la Proposición que se dictamina, partiendo de que en fechas recientes la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) publicó una lista oficial que reconoce a 67 países miembros con el estatus sanitario “libres de fiebre aftosa sin vacunación”, donde figura Norteamérica, con el criterio de que en su completa extensión territorial se encuentra libre de dicha enfermedad “sin vacunación”, y de forma subsiguiente, en una lista posterior hacemos constar la inclusión de países que en contraste con Canadá, Estados Unidos de América y México, se les reconoce con “zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación”, siendo el caso particular de Brasil por el estado de Santa Catarina; todo lo anterior sustentado en la Resolución No. 17 aprobada por la Organización Internacional de Sanidad Animal, en la 83 sesión general de la Asamblea Mundial de Delegados, celebrada del 24 al 29 de mayo de 2015 en París, Francia.

Segunda.En seguimiento de la primera consideración, la comisión manifiesta su respeto a las evaluaciones sobre los niveles de riesgo sanitario realizadas con mérito científico por parte del organismo internacional referido, que han dado como resultado la aprobación de estándares oficiales que anualmente actualizan las listas de “países o zonas libres de fiebre aftosa sin o con vacunación”, lo cual se valora como una pauta inicial que brinda soporte científico, y en una tesitura jurídica, esta comisión expresa su compromiso con la Legalidad con arreglo a la Ley Federal de Sanidad Animal, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o. del citado ordenamiento, se adhiere a la fracción XVI del artículo referido, que faculta a la Sagarpa a efecto de

Artículo 6.Son atribuciones de la secretaría

I. a XV. ...

XVI. Realizar diagnósticos o análisis de riesgo, con el propósito de evaluar los niveles de riesgo zoosanitario de una enfermedad o plaga a fin de determinar las medidas zoosanitarias que deban adoptarse;

Tercera.Con sustento en el precepto jurídico enunciado en la consideración anterior y en atención al reconocimiento mundial que se le atribuye a Brasil como el mayor hato del mundo, posicionamiento internacional citado en el contenido de la proposición que se dictamina, con base en los altos rendimientos que ha generado la nación sudamericana por la exportación de carne y leche, que en las últimas décadas le permitieron materializar avances genéticos que potencializaron su producción, en regiones climáticas que tienen similitud con los hatos ubicados en los estados de: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y parte de Chiapas; la comisión observa que la realización del análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario que se propone en el proemio del presente dictamen, es una solución que generará el informe actualizado que nos permitirá conocer el nivel de riesgo sanitario que implica la importación regular de material genético procedente de una nación que, evidentemente, no ha sido reconocida en su totalidad como “libre de fiebre aftosa sin vacunación”, y a la par, brindará mayor claridad respecto al estado de inocuidad alimentaria del cual goza la ganadería de México en su vasta superficie nacional, realidad que debemos valorar sobre la balanza del progreso que vive nuestro país, razón de suma valía que anteponemos de común acuerdo con la voluntad de pronunciarnos a favor del análisis y estudio propuesto, precisando que esta acción se debe adoptar como prioritaria, siendo para esta comisión un tema secundario poner a consideración de Conasa la evaluación de la modificación de la disposición técnico-administrativa citada en la Proposición que se dictamina.

Cuarta.Erradicada la enfermedad de la “fiebre aftosa” en 1954 como se señala en el apartado “Antecedentes” de la proposición, ocho años después de que proliferó en nuestro país, implantando un amplio despliegue de prácticas de bioseguridad que consistió en medidas de vacunación hacia la prevención del virus y mediante la aplicación de prohibiciones que impidieron su introducción en las fronteras con posterioridad, procedemos a recalcar la prioridad expuesta en la consideración anterior y advertimos que el exhorto relativo a la apertura comercial, importación e intercambio regular de semen y embriones de ganado bovino procedente de Brasil, que subyace en la proposición que se dictamina con objeto de que la Norma Oficial Mexicana 027-ZOO-1995 sea sometida a una evaluación, y en su caso, modificación en su contenido estudiado por la comisión, reiteramos que dicho planteamiento representa un carácter secundario que apremia trascender en un análisis posterior, toda vez que la Sagarpa circunscribiéndose al resultado obtenido del estudio del nivel de riesgo sanitario que se propone, determine si resulta procedente aplicar el fundamento dispuesto en el artículo 6o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, que faculta a la secretaría a efecto de

Artículo 6.Son atribuciones de la Secretaría

I. a VIII....

IX. Modificar o cancelar las normas oficiales mexicanas en materia de esta Ley, cuando científicamente hayan variado los supuestos regulados o no se justifique la continuación de su vigencia;

Quinta.Sobre la base del Programa Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios mencionado en el contenido de la Proposición, que en el cumplimiento de sus objetivos incorpora la más avanzada tecnología en materia de mejoras genéticas, con un enfoque de competitividad y sustentabilidad del subsector pecuario correctamente dirigido hacia una mayor productividad, sostenemos que prescindir formalmente del material genético producido en Brasil –semen y embriones de ganado bovino–, lejos de representar un aislamiento de beneficios para los ganaderos mexicanos, es una medida zoosanitaria que evita riesgos que conllevan pérdidas devastadoras y refuerza el panorama de bioseguridad que prevalece en esta región del continente, en virtud de que se garantiza la vida útil del ganado en nuestro territorio nacional, así como la escala creciente relativa a la alta producción que experimenta hoy día el subsector pecuario, que es reconocida en el plano internacional donde México se ubica como uno de los principales países exportadores de carne de ganado bovino y leche.

Sexta.Retomando que en la 83 sesión general de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Internacional de Sanidad Animal se actualizaron las certificaciones que confirman oficialmente el estatus sanitario que declara a México como un “país libre de fiebre aftosa sin vacunación”, y por otra parte, reconociendo a Brasil con “zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación”, esta comisión refrenda su respeto a dicha certificación mundial validando la idea de revisar las bases científicas en que se apoya, y en el contexto nacional, que la Sagarpa ante la labor loable que realiza hacia el progreso de los ganaderos mexicanos, emita su opinión acerca de las repercusiones que implica el reconocimiento del estado de Santa Catarina en Brasil, como una zona o región con el estatus sanitario del cual goza nuestro país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Federal Sanidad Animal:

Artículo 26. El reconocimiento de zonas, regiones o países como libres de enfermedades y plagas, lo realizará la Secretaría en términos de las disposiciones de sanidad animal aplicables.

Queda prohibida la importación de animales, bienes de origen animal, desechos, despojos y demás mercancías cuando sean originarios o procedan de zonas, regiones o países que no han sido reconocidos por la Secretaría como libres de enfermedades o plagas exóticas o enzoóticas que se encuentren bajo esquema de campaña oficial en territorio nacional, salvo las mercancías que la Secretaría determine que no implican riesgo zoosanitario.

Séptima. Toda vez realizado el análisis y estudio del nivel de riesgo que se propone y conforme al resolutivo final de dicho diagnóstico, en relación a la importación regular de semen y embriones de ganado bovino, los legisladores integrantes de esta comisión dictaminan que referente al impulso de las gestiones bilaterales necesarias ante el gobierno de Brasil, en el sentido de concretar la apertura e intercambio comercial hacia la expedición de certificados zoosanitarios, exhorto que subyace en la Proposición analizada con sumo cuidado, adquiere un carácter secundario en razón de que la prioridad reside en exhortar a la Sagarpa para la realización del estudio y análisis del nivel de riesgo sanitario, enfoque informativo y preventivo a favor del cual nos manifestamos, dejando a consideración de la Sagarpa determinar lo conducente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Federal de Sanidad Animal:

Artículo 24. La importación de las mercancías que se enlistan a continuación, queda sujeta a la inspección de acuerdo a las disposiciones de sanidad animal aplicables y a la expedición del certificado zoosanitario para importación en el punto de ingreso en el país:

I.Animales vivos;

II.Bienes de origen animal;

III.Agentes biológicos para cualquier uso incluyendo organismos genéticamente modificados de acuerdo con la ley correspondiente, así como los materiales y equipos utilizados para su manejo, uso o aplicación;

IV. a VIII. ...

Octava.Esta comisión respalda que en la proposición que se dictamina, se contemple la participación del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (Conasa), en virtud de que toda decisión de elevada magnitud debe ser analizada y acordada en consenso, escuchando a la instancia de consulta facultada que a partir de su opinión brinda soporte científico y certidumbre jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley Federal de Sanidad Animal:

Artículo 140. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal será el órgano nacional de consulta en materia de sanidad animal, que apoyará al Estado y a la sociedad mexicana para el mejoramiento continuo de las condiciones de la sanidad animal, lo que incluye la formulación, desarrollo y evaluación de las medidas zoosanitarias y de las buenas prácticas pecuarias aplicadas a los bienes de origen animal en términos del reglamento de esta ley.

Novena.En la búsqueda de altos índices de producción de leche y carne, mediante la reproducción genética que desarrolla Brasil con la aplicación de buenas prácticas pecuarias, reconocimiento documentado por la Organización Internacional de Sanidad Animal, esta comisión resuelve con cuidado especial la prioridad de realizar el análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente a la fecha, por la importación regular de semen y embriones de ganado bovino procedente de Brasil, y se adhiere únicamente a dicho exhorto contenido en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, resultando oportuno abundar en esta última consideración, que en la mayor parte de la superficie de la nación sudamericana se tienen cuatro zonas separadas y designadas con el estatus sanitario “libres de fiebre aftosa con vacunación”, y por otro lado, diversas zonas al noroeste de Brasil que no han sido reconocidas como “libres de fiebre aftosa” por el organismo internacional referido, en ninguno de los criterios descritos: “Con o sin vacunación”, lo cual exponemos sobre la responsabilidad que recae en nosotros como representantes populares comprometidos a dar respuestas que protejan los intereses de los ganaderos mexicanos, lo que nos orienta a emitir el presente acuerdo hacia priorizar en el análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario propuesto en primer término.

Con base en el mérito científico expuesto y con sustento en los preceptos jurídicos que se invocan, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instruir a la Dirección en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria hacia la realización del análisis y estudio del nivel de riesgo sanitario existente a la fecha por la importación de material genético, semen y embriones de ganado bovino procedente de Brasil, con la evaluación en la materia por parte del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal.

Esta soberanía solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que remita por conducto de la Comisión de Ganadería el informe relativo al resolutivo que recaiga sobre el asunto sometido a su competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.

La Comisión de Ganadería, diputados:Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, presidente; Antonio Amaro Cancino, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Óscar García Barrón, Hernán de Jesús Orantes López, Luis Agustín Rodríguez Torres, Rafael Valenzuela Armas, Elio Bocanegra Ruiz, Evelyng Soraya Flores Carranza, Rogerio Castro Vázquez, secretarios; Iveth Bernal Casique, Omar Noé Bernardino Vargas, Édgar Castillo Martínez, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Cynthia Gissel García Soberanes, Fabiola Guerrero Aguilar, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Elías Octavio Íñiguez Mejía, David Mercado Ruiz, Julián Nazar Morales, Cándido Ochoa Rojas, Héctor Peralta Grappin, Marisol Vargas Bárcena, Ramón Villagómez Guerrero (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y en virtud de que no se ha reservado dictamen alguno para su discusión, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes en sentido negativo de iniciativas y minutas.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE NEGATIVOS DE INICIATIVAS

LEY DE HIDROCARBUROS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

En sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2015, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos.

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno el proyecto a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

Para la diputada Jiménez Márquez contener el impacto de los cambios que sufre el precio de la gasolina y el diésel es de interés público y considera que lo más viable es fijar los precios máximos de venta al usuario final de las gasolinas y el diésel. Esta reflexión tiene que ver con la diferencia de precio entre dos mercados y que involucra concretamente la compra-venta de combustible en la región que colinda con los Estados Unidos de América.

Para la iniciante es vital que la política de precios homologados y escalonados que se aplica en la frontera, generada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con los cambios que se deriven permanezca vigente, considerando que a principios de 2015, se generó la batalla entre los expendios de combustible y algunos de los precios más bajos en la zona fronteriza del país vecino, se reportaron en Texas, donde se vendió el galón a 1.70 dólares en San Antonio y a 1.89 en McAllen, mientras que en Tamaulipas se ofreció a 7.97 pesos el litro de Magna y a 9.19 pesos el litro de Premium.

A partir de lo anterior, la legisladora propone la adición de un último párrafo al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, a fin de garantizar la vigencia de un mecanismo que de manera periódica y constante, revise la existencia. de condiciones de competencia efectiva en la franja fronteriza que comprende 20 kilómetros paralelos a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, a efecto de adecuar los precios y tarifas de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel, conforme a las condiciones de mercado de cada región transfronteriza.

La redacción que propone, por un lado, mandata a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), evaluar cada dos meses, la existencia de condiciones de competencia efectiva en la franja fronteriza que comprende 20 kilómetros paralelos a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país; y por otro, la obligación de la Cofece de adecuar los precios y tarifas de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel, conforme a las condiciones de mercado de la citada región.

En suma, la diputada Jiménez Márquez, propone la siguiente modificación a la Ley de Hidrocarburos:

Decreto por el cual se reforma el párrafo segundo y se adiciona un último párrafo al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos

Único. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un último párrafo al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 82. ...

La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado que resulten de la declaratoria emitida por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, se sujetará a lo siguiente:

I. y II. ...

...

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Federal de Competencia Económica de oficio, dentro de los primeros diez días posteriores a la conclusión de cada bimestre del año, deberá evaluar y emitir la correspondiente declaratoria referente a las condiciones de competencia efectiva en las zonas fronterizas comprendidas entre las líneas divisorias internacionales de la frontera norte y la frontera sur y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país, a efecto de adecuar los precios y tarifas de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel, conforme a las condiciones de mercado de cada región transfronteriza.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 4 de enero del año 2016.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la iniciativa, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. Consideraciones

A. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, alude a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a través del cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza.

B. La Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014, se enmarca en la legislación secundaria que deriva de la Reforma Constitucional en materia energética, publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2013.

En el artículo 82 de dicho ordenamiento, se especifica que los precios de las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel, se determinarán conforme a las condiciones de mercado y se precisa en el último párrafo de este artículo, que la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o los Permisionarios podrán solicitar a la Cofece que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente.

A partir de lo anterior y si no existen condiciones de competencia efectiva, procede lo que establece el artículo 28 de la CPEUM, que señala que las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular y Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), establece en su artículo 9 que corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva y será la Secretaría de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Cofece, la instancia facultada para fijar los precios de los petrolíferos referidos anteriormente.

En relación a este tema, no se debe perder de vista las especificaciones en relación con los mercados de gasolina y diésel que se establecieron en el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos:

1. A partir del 1o. de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo federal mediante acuerdo.

2. A partir del 1o. de enero de 2018 los precios se determinarán bajo condiciones de mercado.

3. En todo momento, en caso de que a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica se presenten condiciones de competencia efectiva con anterioridad a los plazos señalados en la presente disposición transitoria, dichos plazos se reducirán hasta la fecha de la declaratoria que emita la referida Comisión, en cuyo caso los precios se determinarán bajo condiciones de mercado.

C. De conformidad con lo anterior, y en acatamiento a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, el 1o de enero de 2015, se publicó en el DOF el acuerdo 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas y el diésel a precios máximos al público, destacando la siguiente información para fines del presente dictamen:

Acuerdo 016/2014 por el que se sujetan las gasolinas a precios máximos al público.

1. Que es de interés público moderar el impacto de las variaciones del precio de la gasolina y el diésel, así como de la inflación en la economía de las familias mexicanos, por lo que es conveniente establecer precios máximos de venta al consumidor final de las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium y el diésel.

2. Para evitar la posibilidad de arbitraje económico, entendido como la posibilidad de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos mercados, en el consumo de los combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América, es necesario que la política de precios homologados y escalonados aplicada en la zona fronteriza, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las modificaciones que se deriven de este acuerdo continúe vigente.

3. Que es decisión del Ejecutivo federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de prever los ajustes correspondientes.

Acuerdo

Artículo Primero.-...

I...

II. Para el caso de la zona fronteriza del país, se estará sujeto a la política de precios homologados y escalonados determinada por la SHCP, vigente durante el ejercicio fiscal de 2014.

Para los efectos de este acuerdo por zona fronteriza se entenderá la comprendida entre la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del País.

D. Tomando en cuenta todo lo anterior, la que Dictamina considera que la propuesta de la diputada Jiménez Márquez se encuentra contemplada plenamente por nuestros ordenamientos jurídicos, en lo relativo a la declaratoria por parte de la Cofece.

A su vez, los argumentos vertidos en los incisos B y C reconocen la facultad de la SHCP de fijar los precios de los petrolíferos en la franja fronteriza, lo que representa en sí mismo, un mecanismo que responde a las condiciones de competencia existentes en el mercado norteamericano y que genera beneficios a la economía de las familias mexicanas residentes en esa zona.

En cuanto a la propuesta de que la Cofece emita bimestral mente declaratoria respecto a las condiciones de competencia efectiva en la zona fronteriza, la que Dictamina considera que tanto la Ley de Hidrocarburos y la LFCE, ofrecen claridad en el procedimiento y la justificación bajo la cual se debe realizar el procedimiento.

A este respecto, la ley en materia de competencia económica, señala en el artículo 963 que cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva, se tendrá que cumplir con los plazos y procedimiento establecido en dicho artículo y éstos se estiman entre 100 y 150 días como mínimo para poder resolver.

Por otra parte y en caso de que la Cofece iniciara una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, el artículo 71 de la ley establece que el periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio respectivo y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días. Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando existan causas debidamente justificadas para ello a juicio de la Autoridad Investigadora.

E. Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Energía, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa presentada el 22 de septiembre de 2015, por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Diputado, que proponía la reforma al artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 galón es igual a 3.78 litros.

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377947 &fecha=01/01/2015

Homologación de precios en la frontera norte.

El presidente de La República anunció, hacia fines del 2002 la homologación del precio de la gasolina Pemex Magna comercializada en la zona fronteriza norte, en una franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional. Esta medida era necesaria a fin de elevar las ventas, considerando que el diferencial de precios que prevalecía, alcanzó 70% en el periodo comprendido entre 1997 y 2001, lo que ocasionó una caída de las ventas y la consecuente disminución del ingreso en un monto equivalente a 540 millones de pesos Anuales, en el periodo señalado.

El nuevo mecanismo opera de la siguiente manera:

El precio al público de la gasolina Pemex Magna, para las más de 500 estaciones de servicio localizadas en la zona fronteriza norte, será igual al precio promedio semanal de la gasolina Unleaded Regular de 87 octanos que prevalezca en las estaciones de servicio que se ubican en la zona de influencia de la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica.

El precio para las seis zonas comprendidas en este programa cambiará los martes de cada semana. En este mecanismo se considerará el promedio semanal del tipo de cambio para obligaciones en moneda extranjera que publica el Banco de México en el Diario Oficial.

La decisión final de la autoridad gubernamental estuvo precedida de un programa piloto que inició en Ciudad Juárez, con disminuciones progresivas en el precio.

Fuente: http://www.ref.pemex.com/octanaje/o43/8.htm

La Comisión de Energía, diputados:Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), presidenta; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez, Ricardo Taja Ramírez (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Augusto Rendón García (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Elio Bocanegra Ruiz (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica), José Antonio Arévalo González, Carlos Bello Otero (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), David Jiménez Rumbo (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica), Manuel Alexander Zetina Aguiluz.»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente número 163, le fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 22 de septiembre de 2015, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, una vez analizada la iniciativa con proyecto de decreto objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la iniciativa

El diputado iniciador expone que los humedales, en particular los manglares, proporcionan importantes servicios ambientales, entre los que destaca el hidrológico que regula los flujos de agua con los nutrientes y minerales que le caracterizan; asimismo, funcionan como barreras contra los efectos de los fenómenos naturales meteorológicos, además de mantener la calidad del recurso, sirviendo de depósito del vital líquido y como generadores de la recarga de los mantos acuíferos.

Destaca la importancia del manglar, como hábitat y refugio natural de muchas especies en riesgo, así como la función cultural y ancestral de las tradiciones en comunidades cuyos ritos y costumbres se transmiten de generación en generación.

Manifiesta que no obstante las reformas legales para proteger al manglar mediante la prohibición de la remoción, relleno, trasplante y poda; o cualquier obra o actividad que atente contra la integralidad del flujo hídrico; subsisten las presiones derivadas del incesante desarrollo de proyectos inmobiliarios y turísticos, entre otros, en perjuicio de los humedales y ecosistemas , incluidos los manglares. En este sentido, el iniciador advierte que la situación adquiere tintes de riesgo mayor, dada la existencia de proyectos legislativos que atentan contra la prohibición general mediante propuestas para establecer excepciones que, afortunadamente, no han transitado.

Por otro lado, el diputado iniciador refiere que el último párrafo del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, prevé casos de excepción a la prohibición general de actos que atenten contra la protección, restauración, investigación o conservación de los manglares.

Señala también, la necesidad de fortalecer el marco jurídico vigente, para evitar la realización de obras y actividades que amenazan con perjudicar las áreas de humedales y los ecosistemas inherentes.

Estima que es necesario establecer los supuestos normativos que permitan realizar acciones ambientales de protección, fortalecimiento y reactivación del flujo hidrológico del manglar. Para ello, sostiene que es preciso establecer los criterios de orden jurídico para instrumentar la aplicación de las excepciones expresas en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, con el fin de dotar a la autoridad ambiental con la norma legal que le permita decidir con certeza jurídica sobre la viabilidad o no de autorizarlas excepciones señaladas en el numeral de referencia.

En base a los motivos expuestos, el Diputado Iniciador propone adicionar un párrafo final al Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como reformar el párrafo segundo del Artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, de la siguiente manera:

“Artículo Primero. Se añade un último párrafo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 28. [...]

I. a XIII. [...]

[...] [...]

Para los efectos a que se refiere la fracción X del presente artículo, para el caso de todas las especies de manglares queda estrictamente prohibida cualquier obra o actividad que implique la remoción, relleno, trasplante o poda de los mismos, salvo aquellas que tengan por objeto la protección, restauración, investigación y conservación de dichas especies y sus áreas o ecosistemas de ubicación, siempre y cuando se sustente mediante estudios o dictámenes técnicos emitidos por centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o peritos en la materia acreditados por esta institución que justifiquen dicho objeto.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 60 Ter. [...]

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto la protección, restauración, investigación y conservación de dichas especies y sus áreas o ecosistemas de ubicación, siempre y cuando se sustenten dichos casos de excepción mediante estudios o dictámenes técnicos emitidos por centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o peritos en la materia acreditados por esta institución que justifiquen dicho objeto.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo final al Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y reforma el párrafo segundo del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, objeto del presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

En el reconocimiento de la importancia que tienen los humedales, así como los diversos ecosistemas que les son inherentes, dada la importancia de los servicios ambientales con que benefician a una parte importante de la población del país, estimamos loable la preocupación del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, por proteger los humedales en general y, en particular, los manglares que son hábitat y refugio natural de muchas especies en riesgo, mediante un tratamiento jurídico especial, consistente en la prohibición de cualquier obra o actividad atentatoria de la integralidad del flujo hídrico, y en adición a la prevista contra la remoción, relleno, trasplante y poda del mangle, actualmente en vigor.

En nuestra consideración, los problemas y perjuicios ocasionados por el continuo y creciente desarrollo de proyectos de infraestructura, inmobiliarios y turísticos, no son privativos de la conservación y preservación de los humedales, sus ecosistemas y sus especies.

Desde luego, reconocemos la subsistencia de las presiones en perjuicio de los humedales, los ecosistemas y, en particular, los manglares; sin embargo, estimamos pertinente observar que el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya determina las obras o actividades referidas en el Artículo 28 de la propia Ley, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones previstos en las normas jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto, no deben sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Adicionalmente, estimamos pertinente atender lo dispuesto en el párrafo tercero del propio artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que señala que para los efectos a que se refiere la fracción XIII del artículo 28, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

Nuestro reconocimiento a la veracidad en la exposición de motivos expresada por el iniciador; no obstante, estimamos pertinente observar lo previsto en el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre

“Artículo 60 Ter. Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.”

Consideramos que con lo expuesto en los dos párrafos anteriores, resultan inviables las propuestas de adición de un párrafo final al Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así como la propuesta de reforma el párrafo segundo del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción G del artículo 72, constitucional, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha en la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo final al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y reforma el párrafo segundo del artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, el 22 de septiembre de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Arturo Álvarez Angli, presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Oliver (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Angi Dennisse Hauffen Torres, Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal, Juan Carlos Ruiz García, (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, numeral 1, 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1 fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Radio y Televisión somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5o de la Ley Federal de Radio y Televisión.

I. Antecedentes

A continuación se refieren los antecedentes legislativos que dan origen al presente proceso legislativo que atañe a este dictamen:

1. En sesión celebrada el 1 de agosto de 2012, por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2. Con fecha 1 de agosto de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante oficio CP2R3A.- 2139 turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. La Mesa Directiva de la LXII Legislatura mediante oficio DGPL 62-II-8-0194 de fecha 23 de octubre del 2012, informó que por acuerdo los asuntos que no llegaron a conocer las Comisiones de la LXI Legislatura, se encontrarán vigentes y los plazos reglamentarios para ser dictaminados correrán a partir del 29 de octubre de 2012, turnando a esta Comisión de Radio y Televisión la iniciativa en estudio.

4. La iniciativa se aprobó en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, el 21 de marzo de 2013, y se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2013, turnándose al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

5. En la sesión del 10 de noviembre de 2015, el pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, turnándose a esta Cámara de Diputados para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. Se aclara que tales efectos, son para desechar en su totalidad lo aprobado en la Cámara de origen, ya que lo aprobado ha quedado sin materia en razón de que se trata de una ley abrogada.

6. La Mesa Directiva del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, mediante oficio DGPL 63-II-3-156 de fecha 12 de noviembre de 2015, turnó la referida minuta a la Comisión de Radio y Televisión para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

7. Mediante oficio CRT/086/2015 de fecha 17 de noviembre 2015, con fundamento en los artículos 150, fracciones VI y XIV y 157 numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados se comunicó a los integrantes de esta Comisión el turno de la minuta que nos ocupa, para que en su caso, se emitiesen los comentarios respectivos.

8. En sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2015, la Comisión de Radio y Televisión de esta Cámara de Diputados aprobó el presente dictamen, mismo que se turnó al Pleno para su discusión y aprobación.

II. Objeto y contenido de la minuta

Para un mejor entendimiento de la minuta, se transcribe textualmente el resolutivo del acuerdo del dictamen aprobado y el contenido del comunicado del Senado:

Acuerdo

Único. Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, determinan que queda sin materia la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente por el cual se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

México, DF, a 10 de noviembre de 2015.

Secretarios de la Cámara de DiputadosPresentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

AtentamenteSenador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)Vicepresidente

Como se aprecia, se trata de un proceso legislativo que versaba sobre una disposición de la abrogada Ley Federal de Radio y Televisión, por lo que el Senado declaró sin materia el proceso legislativo y desecha en su totalidad el proyecto y lo envía de regreso a esta Cámara de Diputados para los efectos de la fracción d) del Artículo 72 constitucional

III. Consideración

Única. La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados en la LXIII legislatura, previo estudio y ponderación del asunto, mediante este dictamen determinan aprobar en sus términos la minuta sobre el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, ya que se coincide en todos sus términos por lo considerado por la colegisladora.

En tal sentido, se comparte la consideración de que el proceso legislativo ha quedado sin materia, ya que se trata de un proyecto sobre una ley abrogada desde el 13 de agosto de 2014, día en que entró en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además, la pretensión legislativa consistente en que no se difundan contenidos discriminatorios ya está prevista en la nueva ley, por lo que sería una reiteración y sobreabundancia normativa, que no es conveniente para el orden y sistemática del nuevo orden jurídico.

Como ejemplo de lo anterior, podemos citar el párrafo segundo del artículo 2 o el último párrafo del artículo 3, o bien, la fracción II del artículo 226 de la vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

...

Artículo 3. ...

...

En relación a los principios sobre no discriminación, perspectiva de género e interés superior de la niñez, se atenderá a las definiciones que para tal efecto se establecen en las leyes correspondientes.

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

...

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

...

En seguimiento, el principio de no redundancia en la confección de normas jurídicas tiene por objeto no sólo la seguridad jurídica, sino un principio de economía que busca evitar una saturación de contenidos idénticos o similares en las normas, como apoyo a lo predicho, el maestro Miguel López Ruíz, refiere que en la redacción legislativa el principio de no redundancia, exige que en el orden jurídico se debe evitar racionalmente la repetición de enunciados de igual valor normativo.

De tal modo, que la reiteración sólo es admisible en aquellos casos que se justifica la aclaración o limitación del objeto que persigue la norma, de lo contrario sólo se saturarían las leyes, a fin de acreditar lo que antecede, se acude a la tesis aislada número 93 en materia civil del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito correspondiente a la novena época, visible en la página 1391 del tomo XXII de julio de 2005 del Semanario Judicial de la Federación, que al interpretar un precepto de la ley de amparo, refiere que el principio de la no redundancia, es por virtud del cual se considera que el legislador, por economía, no repite el significado que ya estableció en otro precepto.

Además, esta dictaminadora manifiesta como un hecho relevante, que el 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo nuevos parámetros constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que de conformidad con tal decreto, se expidió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Así las cosas, la adecuación de la Ley Federal de Radio y Televisión en los términos propuestos por la iniciativa, resultaría poco práctico y sin efecto alguno, ya que dicha ley quedó abrogada, ante el mandato constitucional impuesto en el artículo cuarto transitorio de la citada reforma constitucional; dispositivo que se transcribe a continuación:

Cuarto. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Por lo tanto, con la emisión de la nueva ley que regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, queda sin materia cualesquier adecuación normativa, en tal tesitura, este último argumento de peso constitucional apoya la convicción del presente dictamen.

Para concluir, se aborda y dictamina la minuta que nos ocupa a fin de cumplir con los plazos para emitir dictamen por esta Comisión en términos de los Artículos 95 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82 numeral 1 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido, e infórmese a la colegisladora.

Notas:

1 Cabe señalar que el proyecto corresponde a una ley ya abrogada, que es la extinta, Ley Federal de Radio y Televisión.

2 Artículo 72 Constitucional.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

3 En el diseño de la legislación debe observarse un principio de sistematicidad y no redundancia entre las normas, que aspira a que exista congruencia y coherencia en el sistema jurídico.

4 López Ruíz, Miguel. Redacción Legislativa, segunda edición, Porrúa, México, 2005, página 17.

5 La tesis aislada se puede consultar en el módulo de consulta de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el registro ius número 178044.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2015.

La Comisión de Radio y Televisión, diputados: Lía Limón García (rúbrica), presidenta; Ana María Boone Godoy (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Sergio López Sánchez, Paloma Canales Suárez (rúbrica),Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Rene Cervera García (rúbrica), secretarios; Pablo Bedolla López (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya, Gretel Culin Jaime (rúbrica), Maricela Emilse Etcheverry Aranda (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), Exaltación González Ceceña (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Martha Cristina Jiménez Márquez, David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), Lucia Virginia Meza Guzmán, Tomas Octaviano Félix (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Yarith Tannos Cruz (rúbrica), José del Pilar Cordova Hernández (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez (rúbrica).»

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Esta comisión, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los últimos párrafos de los artículos 41 y 43; adiciona una fracción XVIII bis al artículo 29; adiciona una fracción XIV bis al apartado B del artículo 113, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Diputado Armando Luna Canales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los Diputados del Estado de Coahuila del mismo grupo parlamentario, efectúa el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento:

A. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa.

B. En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen.

C. En el apartado “Consideraciones,” los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 8 de octubre de 2015 el ciudadano diputado Armando Luna Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los últimos párrafos de los artículos 41 y 43; adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 29; adiciona una fracción XIV Bis al Apartado B del artículo 113, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa fue suscrita también por los diputados: Francisco Saracho Navarro, Ana María Boone Godoy, Marie Guadalupe Oyervides Valdez, Flor Estela Rentería Medina, Yerico Abramo Masso, Jorge Enrique Dávila Flores, Javier Guerrero García, Lía Limón García, Érika Arroyo Bello, Timoteo Villa Ramírez, Ramón Bañales Arámbula, Laura Valeria Guerra Vázquez, Hugo Daniel Gaeta Esparza y Daniela de los Santos Torres.

2. Con fecha 14 de octubre de 2015, se recibió en esta Comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen, siendo turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la iniciativa

1. Los autores plantean que los derechos humanos son la base de todo Estado constitucional y democrático de derecho, dentro de esa tesitura, es el garante de los mismos, constituyendo con ello su principal finalidad. Sin embargo, existen situaciones en las que el Estado, se ve obligado, a hacer efectivo el monopolio de la fuerza pública, de manera excepcional, como último recurso. Por lo que dicho accionar debe ajustarse a los principios de proporcionalidad, legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

2. Los iniciantes argumentan que diversas instituciones nacionales e internacionales, han denunciado en diversas ocasiones, sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por los integrantes de corporaciones de seguridad pública. Concretamente, citan a relatores especiales de las Naciones Unidas, los señores Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En la iniciativa se establece que ambos “han dado cuenta de abusos cometidos por la policía, tales como empleo desproporcionado de la fuerza en el control de protestas y detenciones, posibles vínculos con la delincuencia organizada, agresiones perpetradas contra migrantes, uso expansivo del arresto bajo el concepto de flagrancia, entre otras.”

3.Las diputadas y los diputados autores de la iniciativa manifiestan una serie de múltiples acciones y esfuerzos que los distintos órdenes de gobierno realizan para profesionalizar a los elementos de las instituciones policiales. Asimismo, enuncian una serie de propuestas legislativas y administrativas que deberían realizarse para alcanzar seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos y la democracia.

4. La propuesta concreta planteada por esta iniciativa consiste en la colocación de equipos de videograbación en las patrullas de los elementos policiales de los tres órdenes de gobierno, ya que su utilización aporta a la prevención del delito, ayudar a evitar situaciones de corrupción, combatir la impunidad, emprender acciones en beneficio de las víctimas de transgresiones, en las cuales las pruebas obtenidas mediante las videograbaciones desempeñarían un papel de primordial utilidad.

5.Asimismo, la iniciativa hace mención de las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión de Derechos del Distrito Federal, han realizado para que se proporcionen a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio, tanto personales como en las patrullas, que registren su conducta durante los operativos y procedimientos de detención.

6.El contenido de la iniciativa, en comparación con la legislación actual, es el siguiente:

IV. Consideraciones

La Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos, doctrinales y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

a ) En cuanto a los argumentos del autor

Primero. Se coincide con los iniciantes respecto a la necesidad de que el marco jurídico para los integrantes de las instituciones de seguridad pública y policiales debe robustecerse para qué, en el ámbito de sus competencias, los elementos de las instituciones policiales cumplan con lo establecido por el párrafo tercero del artículo primero constitucional, a fin de qué la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado, profesional, su actuación se regirá además por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo orden de ideas, esta comisión considera fundamental que la legislación de los tres órdenes de gobierno regule de forma apropiada el uso legítimo de la fuerza, así como la emisión de protocolos de actuación para los integrantes de las corporaciones de seguridad pública.

Por tanto, se concuerda en que el Sistema Nacional de Seguridad Pública debe garantizar la implantación del Plan Rector de Profesionalización cuyo contenido debe incluir dentro de la formación, materias específicas en derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y atención a víctimas del delito.

Segundo. Como lo afirman los proponentes, la utilización de cámaras de videograbación dentro de las patrullas ofrece diversas ventajas, ya que contribuye en gran medida a prevenir violaciones a de derechos, a otorgar constancia en tiempo real de la interacción de los elementos de las instituciones de seguridad pública y la ciudadanía. Así mismo, representa un mecanismo eficaz para que en el ámbito de sus atribuciones se promuevan respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, tanto de las personas que son objeto de cualquier tipo de acción policial dentro como de los propios policías, puesto que si su conducta se apega a los principios de legalidad, objetividad y eficiencia contarán con los mejores medios de defensa del ejercicio de facultades.

Asimismo, este instrumento contribuye al trabajo de agentes de ministerio público, dado que las videograbaciones permitirán apegar las actuaciones al principio de legalidad, de presunción de inocencia y seguridad jurídica, procurando allegarse a la verdad así como acreditar con mayor precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar así como presuntos responsables de delitos.

Tercero. De conformidad con el artículo 21 párrafo décimo inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14 fracciones III y VII y 18 fracción XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los recursos para la seguridad pública deben ser destinados únicamente para el cumplimiento de dichos fines. Asimismo el Consejo Nacional como máxima instancia debe establecer los lineamientos para la formulación de políticas públicas generales en la materia así como vigilar que los criterios de distribución se observen las disposiciones de la Ley de Coordinación fiscal y al Secretario Ejecutivo integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Es así, que la pasada XXXVIII sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 21 de agosto de 2015, publicados los acuerdos en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre del presente año, dentro de los puntos del orden del día, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobaron el Acuerdo 03/XXXVIII/15 que establece los Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional para alcanzarlos, vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás recursos de carácter federal que se otorguen a las Entidades Federativas, los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en materia de seguridad pública, que establece lo siguiente:

Artículo 4. Los Programas con Prioridad Nacional se encuentran contenidos en los Ejes Estratégicos conforme lo siguiente:

Dentro del III eje “Desarrollo y operación policial” se contiene el programa con prioridad nacional “III. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial”, ya que la máxima instancia de la Seguridad Pública, considera necesario que las instituciones policiales del país cuenten con recursos informáticos, infraestructura y equipamiento necesarios para cumplir con los fines de la seguridad pública.

Para acceder a los recursos, las entidades federativas y los municipios beneficiarios, deben cumplir los lineamientos, políticas y acciones establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los lineamientos y reglas de operación.

Una vez que se han elaborado las fórmulas de elegibilidad así como como las reglas de operación de los recursos federales de seguridad pública, es que las entidades federativas y los municipios, proceden a concertar el destino que habrán de dar a los mismos, dentro de los ejes estratégicos y programas de operación, así como previo diagnóstico de las necesidades de las instituciones que atienda el contexto específico. Asimismo, deben cumplir con la obligación de reportar a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información del ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales ministrados para la seguridad pública.

Cuarto.Los recursos federales de seguridad pública, son contemplados año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación que envía el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su estudio, discusión, modificación y aprobación.

La Comisión de Seguridad Pública al realizar el análisis de la propuesta de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para de Ejercicio Fiscal de 2016, constató una reducción para los recursos de seguridad pública, al igual que gran parte del proyecto, ya que este se realizó con base cero y tomando en cuenta el cambio en los ingresos que recibiría el país, como producto de los precios de comercialización del crudo de petróleo.

2015 9: mil 695 millones 386 mil 31 pesos2016 7 mil 442 millones 112 mil 718 pesos

b) En cuanto al texto propuesto

Quinto.Como se estableció en el considerando segundo, se coincide con los propósitos y beneficios de la iniciativa, sin embargo, dados los ajustes presupuestales realizados este año, la iniciativa no parece contar con viabilidad presupuestal.

Este órgano colegiado, realizó un minucioso análisis del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 y de reuniones con funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del sistema de justicia penal. Derivado de lo anterior, constatamos que si bien los recursos federales para la seguridad pública recibieron una fuerte reducción, el gasto público proyectado es suficiente para cumplir con los Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional, que atienen el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyendo el equipamiento tecnológico para los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

La funcionalidad y factibilidad de la instalación de equipos tecnológicos hoy en día es permitida y legal en los centros de mandos de la Secretarías de Seguridad Pública o sus homólogos, en cualquier parte del país, las reglas de operación de los programas federales en los respectivos rubros de profesionalización y equipamientos autorizan y promueven la adquisición de equipo tecnológico para el desarrollo de sus actividades.

Sexto.En el mismo orden de ideas, el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y responsabilidad hacendaria, a la letra establece:

Artículo 18.A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Por tanto, se considera que de no existir dicha propuesta presupuestal para financiar la iniciativa, esta comisión se encuentra imposibilitada para dictaminarla en sentido positivo.

Séptimo. Asimismo, las normas jurídicas, concretamente las leyes deben tener el carácter de obligatorias, generales e impersonales. Las leyes deben establecer una situación jurídica general, abstracta, que no regula una situación jurídica concreta. En el caso de los reglamentos, que también son normas jurídicas, en muchos casos cumplen con una finalidad de regular de manera más pormenorizada una situación jurídica, institución, la prestación de un servicio público, etc. justamente para facilitar la ejecución de la ley, y para los demás fines de la administración pública. En este sentido, la Secretaria de Gobernación así como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, acorde a sus facultades, han emitido reglamentos, reglas, protocolos de actuación y lineamientos que rigen diversos aspectos de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Con motivo de lo anterior, no se considera oportuno que la previsión de equipamiento tecnológico como el caso de vídeo grabaciones para los integrantes de seguridad pública sea incorporado de manera tan específica y concreta al cuerpo de la ley general en comento, ya que de no contar con la disposición presupuestal no sólo los policías sino las autoridades responsables de las mismas se encontrarían en imposibilitados a cumplir con la misma por causas de imposible realización.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura sometemos a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los últimos párrafos de los artículos 41 y 43; adiciona una fracción XVIII bis al artículo 29; adiciona una fracción XIV Bis al Apartado B del artículo 113, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Segundo.Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410499 &fecha=05/10/2015

Consultado por última vez el 26 de octubre de 2015.

2 Ley de Presupuesto y responsabilidad hacendaria. Portal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, legislación. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Miguel Ángel Yunes Linares (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas, Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Carlos Barragán Amador (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez, Jisela Paes Martínez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos (rúbrica), Jorge Tello López.»

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Esta comisión, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por la diputada en la LXII Legislatura María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, efectúa el presente dictamen, conforme al siguiente procedimiento:

A. En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa.

B. En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen.

C. En el apartado “Consideraciones,” los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 22 de junio de 2015, la ciudadana diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

2. Con fecha 24 de julio de 2015 se recibió en la comisión dicha iniciativa para estudio y dictamen, siendo turnada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

III. Contenido de la iniciativa

1. La promoverte fundamenta que a raíz de la fuga del criminal Joaquín Archivaldo Loera Guzmán, alias “El Chapo”, se ha debilitado el andamiaje institucional del Estado mexicano y al mismo tiempo han disminuido la credibilidad y confianza en éste.

2. La iniciante expresa: “... debilidad institucional, incompetencia pero fundamentalmente, corrupción, son algunos de los factores que explican el fracaso en la lucha por recobrar la paz y recuperar amplias franjas del territorio nacional de manos del crimen organizado”.

3. La legisladora plantea que el Ejecutivo federal debe asumir con responsabilidad los errores de su administración y replantearse un ajuste en la estrategia de seguridad y al Poder Legislativo debe acompañar con sensibilidad las reformas necesarias al marco jurídico que permita restablecer la paz, finalmente al Poder Judicial, dejar a un lado las displicencias con que viene actuando.

4. La propuesta de iniciativa consiste en incluir en el catálogo de amenazas que atentan contra la seguridad nacional los actos de corrupción.

5. El siguiente cuadro es un comparativo entre la iniciativa y legislación vigente:

IV. Consideraciones

La Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos, doctrinales y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

a) En cuanto a los argumentos del autor

Primero. Se coincide con la iniciante respecto a la necesidad de que el marco jurídico secundario se fortalezca en concordancia con la entrada en vigor de las reformas en materia de combate de la corrupción publicadas en el Diario Oficial de la federación el 27 de mayo de 2015, que sienta las bases para trabajar en mecanismos de prevención, rendición de cuentas, combate de la corrupción y eficiencia institucional.

Se coincide con la iniciante en que la corrupción es uno de los principales y más graves problemas que aquejan al país. El Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas publicaron en mayo de 2015 el estudio México: anatomía de la corrupción, donde dan a conocer los siguientes datos:

• La corrupción en el país tiene altos costos económicos, políticos y sociales, este estudio citando al Fondo Monetario Internacional, señala que un país con problemas de corrupción tiene 5 por ciento menos inversión.

• De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ha caído 31 lugares en los últimos 6 años.

• En los últimos 18 años, el número de notas publicadas en la prensa sobre corrupción en el país pasó de 502 a 29 mil 505, lo que representa un crecimiento de más de 5000 por ciento.

• En todas las entidades federativas, la percepción de corrupción en el sector público asciende a más de 65 por ciento; los partidos políticos se perciben como más corruptos.

• Señalan que 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno.

Por lo anterior es posible darse cuenta que estamos ante un problema sistemático, donde se ha generado la creencia popular de que los cargos públicos sólo sirven para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o amigos, y que no constituyen un servicio público sujeto a un comportamiento ético con responsabilidad social y sujeto al marco jurídico.

Segundo.La Ley de Seguridad Nacional define seguridad nacional en el artículo 3:

Artículo 3.Para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a

I.La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II.La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III.El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV.El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V.La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y

VI.La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Asimismo, la definición de seguridad pública la encontramos en el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.

De las dos definiciones anteriores, se llega a la conclusión de que la seguridad nacional resguarda los intereses del Estado a partir de las fronteras que delimitan el territorio propio respecto de los riesgos que atente contra la permanencia y estabilidad del Estado, ya sean de origen natural o inducidos por las personas. Entre las amenazas de esta índole se encuentran invasiones extranjeras, guerras, terrorismo, desastres naturales como sismos y huracanes.

La seguridad pública, en cambio, tiene su objeto de acción en los riesgos y amenazas que atentan en contra del orden, la paz pública y el ejercicio de las libertades y derechos. Ejemplo de ello son la prevención, investigación y persecución de los delitos, las faltas administrativas y el restablecimiento del orden público.

Si bien la corrupción se ha vuelto un problema de enorme relevancia, que produce descontento e indignación social, dentro de cuyas terribles consecuencias se encuentran debilidad institucional, desconfianzas mutuas que desincentiva la participación ciudadana y, por tanto, la rendición de cuentas que finalmente contribuye a fracturar al estado de derecho y debilitar la democracia.

Para esta comisión no pasan inadvertidos los esfuerzos por combatir los índices de corrupción, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 en materia de corrupción, creando el Sistema Nacional Anticorrupción instancia que tendrá a su cargo la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno competentes en la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, este nuevo sistema representa un avance importante en la lucha contra la corrupción.

Tal como describíamos en el párrafo que antecede, la corrupción es un flagelo de difícil resolución que requiere que todos los esfuerzos del Estado se encuentren alineados para erradicarla, sin embargo, consideramos que no podemos conceptualizarlo como una amenaza de seguridad nacional.

Si bien la corrupción efectivamente desestabiliza y debilita a las instituciones, propicia la desconfianza ciudadana que desencadena menor representatividad y legitimidad, no puede aparejarse a fenómenos generados por el poder de otro Estado o agentes externos cuya intencionalidad y hostilidad tenga como propósito desestabilizar o cuestionar la existencia mismo del Estado mexicano, que constituyen las amanezcas a la seguridad nacional.

En el mismo tenor de ideas se encuentran los riesgos a la seguridad nacional, entre los que se encuentran condiciones internas o externas ocasionadas por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, como los fenómenos naturales (que ocasionan desastres y que ponen a prueba la eficacia de las instituciones del Estado mexicano para repelerlas.

En tiempos de paz, la regla general es el gozo irrestricto de los derechos, siempre que no se transgreda el orden jurídico.

Sin embargo, en la hipótesis de encontrarse ante una grave amenaza o riesgo de seguridad nacional, es lógico que el derecho interno e internacional admiten que en tales situaciones se puedan suspender el ejercicio de ciertos derechos con la sola y única finalidad de restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prevé en el artículo 29:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura someten a consideración de esta asamblea la aprobación de los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

Segundo. Archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2015.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Miguel Ángel Yunes Linares (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas, Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Carlos Barragán Amador (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez, Jisela Paes Martínez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos (rúbrica), Jorge Tello López.»

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XL, y numeral 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1.El 16 de abril de 2015, la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales para la elaboración del Dictamen correspondiente la Iniciativa presentada por la entonces diputada. Cabe señalar que debido a la conclusión de los trabajos de la LXII Legislatura y el inicio de la LXIII Legislatura el 1 de septiembre del año en curso, las iniciativas que se encontraban pendientes de dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales fueron devueltas en el mes de julio de 2015 a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, área que turnó nuevamente las mismas a la Comisión mencionada el 13 de octubre del mismo año, para iniciar con los trabajos de dictaminación.

II. Metodología

La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento, llevó a cabo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el Dictamen de la Iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión Dictaminadora elaboran el análisis y expresan los razonamientos y argumentos sobre la adición planteada, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa de la entonces diputada Esther Quintana Salinas, propone reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente argumentación:

En el mes de abril del 2015, se realizó la ceremonia de premiación a los ganadores del concurso “Iniciativa Joven-Es-por México”. Este certamen organizado por esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud y el Instituto Nacional Electoral, e incluyendo al Instituto Mexicano de la Juventud como invitado de honor, cuyo objetivo fue el de impulsar la participación de las y los jóvenes mexicanos de 18 a 29 años de edad, de manera activa y propositiva, en los asuntos públicos mediante la presentación de reformas, adiciones e iniciativas de ley en materia de juventud.

Uno de los ganadores fue el ciudadano José Musi Salome, en la categoría “B”, en la temática de “empleo y emprendimiento”, cuya propuesta consideramos viable para ser aprobada por este órgano legislativo, ya que como señala en el texto, “El objetivo de la propuesta es generar una obligación del Estado, de crear de manera concreta las condiciones necesarias para la inclusión laboral de los jóvenes”, lo cual coincidimos plenamente con ello, pues el sector juvenil del país, se ha visto relegado en el acceso de oportunidades laborales, en especial a los recién egresados del nivel superior, siendo éste sector el que debe y puede detonar el desarrollo de nuestro país.

Por ello, transcribimos íntegro el texto del ciudadano Musi Salome, a fin de que sea considerado como el cuerpo y fundamento de la presente iniciativa:

El término desempleo hace referencia a la falta de trabajo. A su vez una persona desempleada, se ha definido como aquella que forma parte de la población que se encuentra en edad de trabajar y que busca empleo sin conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona.

Al que pretendemos combatir con esta iniciativa, es al desempleo estructural. Este, se señala como el más grave, pues presume un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de trabajadores. Esto es, que los puestos de empleo que requiere una economía son inferiores a la cantidad de gente que necesita trabajo. Esta situación exige la intervención del Estado para solucionar el desequilibrio.

El desempleo, es la consecuencia de la inestabilidad del mercado laboral, el cual se maneja en base a crecimiento. Si aumenta la cantidad de demandantes para un puesto determinado, es necesario que también se creen nuevos puestos de trabajo. Y, para que esto se haga, se requiere que la economía crezca en igual porcentaje que la cantidad de personas que buscan empleo. Se trata de un círculo que se nutre de sus diferentes componentes. Si uno de estos fallan, se produce un desfasaje que trae como consecuencia un exceso de empleo o desempleo.

La desocupación golpea con más fuerza a los jóvenes ya que la probabilidad de los jóvenes de estar desempleados es superior a la de los adultos. Esta situación no es potestad exclusiva de nuestro país, ya que el desempleo juvenil es una realidad que se da en todo el mundo. Mientras que en la Unión Europea existen 5.7 millones de jóvenes sin empleo, los últimos datos del INEGI revelan que en México 2.7 millones de personas se encuentran en desempleo, cifra que ha aumentado en relación con el periodo entre julio y septiembre del año pasado.

Esto es muestra clara de que las políticas públicas enfocadas a atender las necesidades de empleo en el país no han dado resultados, o por lo menos, no los requeridos que demuestren una reversión a ésta situación. Los programas sociales asistencialistas como el seguro del desempleo, si bien dan un poco de respiro, tampoco han servido para mitigar la falta de oportunidades laborales, por lo que también resulta urgente revisar su estructuración y operación para mejorar sus resultados.

Considero los actores que tienen las tomas decisiones, deben de actuar de manera más comprometida con el sector juvenil del país. Resulta curioso como los jóvenes nos encontramos en muchos de los discursos políticos, pero poco en las políticas públicas y en los programas. Si bien, existe un organismo especializado para atender a la juventud, como lo es el Instituto Mexicano de la Juventud, éste tampoco ha logrado promover y garantizar un empleo para los jóvenes de éste país.

La introducción en la Carta Magna del texto que se propone en la presente iniciativa, generará una obligación mayúscula del Estado para garantizar el acceso a los jóvenes al primer empleo. Esto es, reconocer y garantizar este derecho para este sector de la población y que mejor que en la ley suprema de nuestra nación.

Si bien, dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya contempla algunos incentivos fiscales para los empresarios o los patrones, y aunque éstos pudieran ampliarse en porcentajes o en el tiempo, éstos son temporales en la ley, y no han sido suficientes para estimular los empleos para las y los jóvenes. Aunado a lo anterior, existe el anuncio del gobierno federal de no proponer ninguna reforma de carácter fiscal en lo queda de la administración, por lo que una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, aunque sea benéfica, no contaría con el apoyo del gobierno, en perjuicio de los jóvenes y los patrones.

La ventaja de nuestra propuesta, es que siendo la Constitución una ley que debe ser observada en todo el país, las entidades federativas, también tendrán que hacer las modificaciones legales correspondientes para atender a la población juvenil y no dejarlo toda la responsabilidad en manos de las autoridades federales. Un ejemplo de ello, pueden ser los incentivos que se pudieran dar en los Impuestos Sobre Nómina, que son de competencia estatal.

Cabe señalar, que ya han sido los intentos para generar la conciencia de la generación del primer empleo, ha habido programas e incluso propuestas de leyes específicas para el fomento del primer empleo, pero a la fecha, no han sido aprobadas o programas que no han resultado positivos, dejando en la misma o en peor situación a los jóvenes desempleados de éste país.

Una de ellas, es la propuesta de la Ley de Fomento al Primer Empleo que buscó reactivar la generación de empleos y fomentar el crecimiento económico interno de nuestro país en un momento de crisis económica y falta de oportunidades. Su principal objetivo fue incentivar fiscalmente a las empresas para que generaran nuevos puestos de trabajo, siempre y cuando éstos fuesen ocupados por personas que no hayan estado dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre el 28 de febrero y el 23 de abril del 2007 se crearon 156 mil 84 empleos formales, de los cuales sólo 1 por ciento fue bajo el esquema del programa Primer Empleo. Muchos dicen que el programa propuesto no ha resultado atractivo para los empresarios, señalan que las reglas de operación y las condiciones no son las mejores, lo que frena la meta establecida de crear nuevos empleos.

El estudio titulado ¿A qué se dedican los jóvenes en México? Análisis de la condición de actividad de la población de 14 a 29 años de edad, elaborado por el Consejo Nacional de Población, identificó diversas causas por las cuales los jóvenes en México, actualmente no se encuentran insertos en el mercado laboral.

Entre dichas causas, advierte que entre la población desocupada existe una mayor proporción de jóvenes con mayor nivel de escolaridad, lo cual, se podría interpretar como la incapacidad del mercado y de las autoridades laborales, de hacer efectivo el acceso a un empleo a jóvenes capacitados en puestos productivos.

Si bien hay normatividad específica sobre la creación de empleos, ésta es general para la población. Los jóvenes, en todos los casos se encuentran en un estado de vulnerabilidad cuando salen a la búsqueda de un empleo, se encuentran dentro de un círculo vicioso y nocivo: cuando acuden a una entrevista, se les pide experiencia, y como no se tiene, no se les emplean, y como no les emplean, no pueden adquirir la experiencia solicitada.

La idea y el objetivo de esta propuesta que se pone a su consideración, es acabar con ese círculo. Al ser una obligación del Estado garantizar el acceso al primer empleo, se generaría por un lado, los empleos que requiere la juventud; al generar empleos, se incentiva la economía, y los empleadores, obtienen estímulos fiscales, y aquel círculo vicioso, se puede transformar en un círculo virtuoso.

De acuerdo con la propia constitución en su artículo 123, el acceso a un trabajo es un derecho de toda persona. Sin embargo, para los jóvenes ha sido por demás complicado acceder a una fuente de trabajo formal. De acuerdo con el INEGI en nuestro país, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2013 es de 8.4 por ciento: los adolescentes de 15 a 19 años (10.1%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) muestran el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral, 18.1% de los jóvenes desocupados cumple esta condición; en tanto que 8.8% de los jóvenes declaró disponibilidad para trabajar al momento de la entrevista, pero dejó de buscar trabajo o no lo busca porque piensa que no tiene oportunidad para ello.

Las oportunidades laborales en la actualidad de por sí son complicadas, por ello, además de la obligación del estado para garantizar el acceso al primer empleo de los jóvenes, debe de dar las facilidades o estímulos fiscales para los dueños de las empresas de cualquier tamaño, tengan la oportunidad y la posibilidad de crear esos empleos sin que represente para ellos costos adicionales, en cuestión de impuestos, que puedan frenar el crecimiento de sus empresas.

Es importante destacar la importancia de la generación de empleos en un país, pues no solo se trata de discursos huecos o demagógicos, pues de acuerdo con el Banco Mundial “....los empleos son la piedra angular del desarrollo y sus beneficios van mucho más allá de los simples ingresos. Son fundamentales para reducir la pobreza, hacer que las ciudades funcionen y proporcionar a los jóvenes opciones de participación social”.

La propuesta que se pone a su consideración, es sin duda, una de las mejores maneras de incidir en la apertura de las oportunidades que tanto necesitan los jóvenes y el país. Esta iniciativa, abarca los tres elementos fundamentales: por un lado los jóvenes desempleados que serán los directamente beneficiarios, los patrones por otro, que si bien harán un esfuerzo por contratar a jóvenes y hacer crecer su empresa y por último el estado, quien deberá garantizar que se de ésta apertura.

Consideramos, como se ha señalado, que la introducción del texto propuesto, creará una mayor obligación del Estado para garantizar el acceso a los jóvenes al primer empleo. Sería un tema mucho más relevante dentro de la agenda y se podría generar y fomentar más programas o políticas públicas en referencia a este tema.

Los costos presupuestales de la eventual presentación y aprobación de este proyecto de reforma de ley, tendrán que definirse en la reforma de las leyes secundarias respectivas, dependiendo de los incentivos fiscales que se otorguen. Pero de forma clara, la reforma constitucional no representa erogación que afecte al presupuesto.

Para mayor referencia y claridad respecto a la propuesta de la presente Iniciativa, se considera necesario insertar el siguiente cuadro comparativo:

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

La propuesta para adicionar un párrafo en el artículo 123 de la Constitución, con el propósito de establecer como «obligación del Estado crear las condiciones necesarias para garantizar el acceso de las y los jóvenes al primer empleo. Para ello, otorgará incentivos fiscales a los patrones para la generación y fomento de dichas plazas», se considera parcial e incompleta, situación que fortalece la idea de que no contiene un análisis integral de la propuesta.

La primera Ley Federal del Trabajo fue expedida el 18 de agosto de 1931, motivada por la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que permitiera resolver la problemática que existía por la aplicación de reglas imprecisas y, en ocasiones contradictorias, que derivaban de la aplicación de las propias disposiciones generales de la Carta Magna; del conjunto de normas elaboradas, basadas en las costumbres que se formaban en los medios industriales, y por los criterios jurisprudenciales. La ley laboral fue expedida 14 años después de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, y estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 1970.

El primero de septiembre de 2012, el Presidente de la República presentó una iniciativa con carácter preferente para reformar, adicionar y derogar la Ley Federal del Trabajo. El texto de la Iniciativa fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados, el martes 4 de septiembre de 2012, turnándose a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, dado que era el inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, aún no se habían integrado las Comisiones, y por ende, no se podía dar inicio el análisis de la iniciativa.

Para el análisis de esta Iniciativa, se acordó tomar en cuenta todas las iniciativas que hubieren sido presentadas en la Cámara de Diputados durante las legislaturas LXI y LXII; asimismo, la Comisión de Trabajo se declaró en sesión de trabajo permanente. La dictaminadora señaló que con el consenso unánime de todos los grupos parlamentarios, logró establecer dos criterios esenciales para la valoración de las propuestas:

Primero. Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social solo aprobaría aquellas propuestas de reformas a la Ley contenidas tanto en la iniciativa preferente como en las propuestas recibidas que contribuyeran a la generación de empleos y al crecimiento económico. Precisamente en la valoración la Comisión tomó en cuenta además de la Iniciativa Preferente, las iniciativas del PAN de 2010, del PRI de 2011, y del PRD de 2012, así como 39 documentos con diversas propuestas de reforma a la legislación laboral, que le fueron entregadas en las diversas reuniones de trabajo.

Segundo. La Comisión del Trabajo y Previsión Social privilegiaría en todo momento el respeto irrestricto de las garantías sociales de los sindicatos de trabajadores y de las organizaciones patronales, plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaladamente en las contenidas en su artículo 123, así como por los Tratados Internacionales en materia laboral suscritos por México, y en la Declaración Universal de los Derecho Humanos. Cualquier propuesta de reforma que vulnerara disposiciones constitucionales sería desechada en el dictamen con la motivación correspondiente.

Uno de los grandes objetivos de la reforma laboral, se refería a fomentar el trabajo digno o decente y brindar protección más efectiva de los derechos laborales, y para ello se proponía mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; con capacitación, prestaciones y no discriminación, y respeto pleno a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Se incorporó el concepto de trabajo digno o decente, con el propósito de reconocer y garantizar las condiciones mínimas que deben imperar en toda relación de trabajo, y con ello, lograr el pleno respeto a la dignidad humana de los trabajadores. Lo anterior, para propiciar que las normas laborales dispusieran que los trabajadores cuenten con un empleo con prestaciones y acceso a la seguridad social; que no exista discriminación de ninguna índole; que se reciba la capacitación continua que se necesita y, también, que se cumplan con las condiciones de seguridad e higiene, en los centros de trabajo. Además, el concepto incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva, y finalmente, incorpora la protección a la igualdad sustantiva de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

Se incluyeron disposiciones orientadas a proteger los derechos de los siguientes grupos vulnerables: para los menores de 14 años, se tipificó como delito su contratación fuera del círculo familiar, a fin de erradicar el trabajo infantil. Para los menores trabajadores de entre 14 y 18 años, se incluyó un listado de trabajos peligrosos e insalubres prohibidos. Para los mexicanos que van a laborar en el extranjero, se adecuaron las disposiciones que regulan la prestación de sus servicios. Para las mujeres trabajadoras, se fortalecieron sus derechos al prohibir y sancionar la realización de actos de acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo.

Se reguló el régimen de subcontratación u outsourcingpara proteger los derechos de los trabajadores que son contratados en estos esquemas, frente al uso indebido de esta figura que algunos patrones realizan a efecto de evadir el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social.

Otro importante objetivo de la reforma fue el de promover el acceso al mercado laboral así como generar más y mejores empleos formales para atender las necesidades de la población, en especial de jóvenes y mujeres. Asimismo, se propuso impulsar la competitividad y productividad, propiciando condiciones que estimularan el crecimiento económico. Para tal efecto, la reforma laboral adecuó e incorporó los siguientes temas:

Estableció modalidades de contratación, a fin de que los buscadores de empleo, principalmente jóvenes estudiantes, mujeres madres de familia, personas con discapacidad y adultos mayores puedan tener acceso a un empleo que a la par de que les permita su desarrollo laboral y profesional, puedan compaginar con las actividades de su vida familiar o sus estudios, lo anterior, con pleno respeto a su salario, prestaciones, seguridad social y cómputo de antigüedad.

Replanteó las disposiciones que regulan la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, con el fin de incrementar la productividad laboral, crear más empleos y aumentar los ingresos de los trabajadores.

Los objetivos de la reforma laboral de 2012, fueron hacer más fácil y más pronto acceso al mercado laboral, especialmente para jóvenes y mujeres. Así como la concepción de la competitividad y la productividad como elementos que atraigan más inversiones y creen más empleos para fortalecer la economía nacional.

El Estado intentaba mirar hacia otro lado del problema, fingiendo no darse cuenta de tan dura realidad que más que ninguno resentían los jóvenes, denominados «ninis» (que ni estudian, ni trabajaban) y cuya cifra se estimaba ya en 7.2 millones de individuos inermes frente a la dura realidad cotidiana, en su mayoría mujeres que al no poder satisfacer sus necesidades personales y familiares son a diario tentados por el crimen organizado que se esconde detrás del sector informal.

En la Mesa de Derecho Individual de Trabajo, primeramente, el doctor Roberto Antonio Rubio Unibe, quien preside la delegación en Chihuahua, es docente y ha sido funcionario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, manifestó que: de las 50 ponencias presentadas y defendidas por sus autores, el 80% fue producto del trabajo de alumnos de diversas Universidades primordialmente públicas, donde se trataron variados temas que van desde las modalidades de contratación, las licencias de paternidad, el contrato a prueba, reformas al salario mínimo, así como sobre la capacitación y el adiestramiento.

Se destacó que la asistencia estudiantil que fue numerosa y participativa, se apreció lo que se puede llamar “una extraordinaria simbiosis” entre profesores, litigantes y estudiantes, sacando como conclusión básica que la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión en 2012, debe dar paso a una verdadera reforma basada en los principios del Derecho Social y de la Justicia Social, de lo cual están conscientes los jóvenes estudiantes que se han involucrado en esta temática pues padecen el enorme problema de encontrar empleo digno pese a su preparación profesional.

En el Capítulo IV del Servicio Nacional de Empleo en elartículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:

“I. Estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos; III. Organizar, promover y supervisar políticas, estrategias y programas dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores;

VI. Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable;”

Mientras que en el artículo 538 establece que: “El Servicio Nacional de Empleo estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de las unidades administrativas de la misma, a las que competan las funciones correspondientes, en los términos de su Reglamento Interior.”

Estas funciones las llevan a cabo actualmente dependencias, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tanto federales, estatales y municipales. En suma se considera que contiene la propuesta materia del presente dictamen insuficiencias, pero sobre todo, un fundamento jurídico que justifique esta adición de un párrafo al artículo 123 en nuestra Constitución, así como de sus alcances, y cómo se materializaría.

No tiene viabilidad, ni materia debido a que este derecho ya se encuentra contemplado en nuestra ley máxima de la nación.

Como se menciona las personas suelen enfrentarse a la realidad laboral durante la juventud. Es en este periodo cuando, independientemente de la escolaridad, el joven busca insertarse en el mercado laboral para ser productivo. Sin embargo, la realidad laboral de los jóvenes mexicanos, está entre los principales retos, se busca la reducción del desempleo, el incremento del trabajo formal y el cuidado de los derechos laborales.

Luego de la crisis económica de 2008, la población juvenil a nivel mundial ha sido particularmente afectada por la recesión de la que todavía en nuestros días se perciben efectos. Es verdad la preocupación de la presente propuesta, ya que este fenómeno trajo como consecuencia que las tasas de desempleo juvenil registren todavía niveles altos, aun cuando hay ciertos atisbos de recuperación económica.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante 2011 hubo 540 millones de jóvenes empleados y casi 75 millones de éstos desempleados alrededor del mundo. De acuerdo con la opinión emitida al presente dictamen por parte de Fondo de Población de las Naciones Unidas México (UNFPA), el informe sobre empleo juvenil 2013 emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que la tasa de desempleo global para jóvenes entre 15 y 24 años es de 12.6% y se estima que para el año 2018 será de 12.8%. Tal como ocurrió en el resto del mundo, las tasas de desempleo en México resintieron el impacto de crisis de 2008. En la gráfica 1 es posible apreciar que las tasas de desempleo juveniles durante los años previos a las crisis se encontraban estables alrededor del 7 por ciento, mientras que de 2008 a 2009 la tasa de desocupación se incrementó en tres puntos porcentuales y afectó mayoritariamente al grupo etario de menor edad.

Además del incremento en las tasas de desempleo, los jóvenes de México tienen frente a sí los siguientes retos en materia laboral:

- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2010, sólo una tercera parte de los jóvenes de entre 16 y 29 años que trabajan (32.6 por ciento) cuentan con contrato laboral.

- La misma proporción de jóvenes trabajadores, una tercera parte (31 por ciento) cuenta con prestaciones de acuerdo a la ley.

- De los jóvenes que no se encuentran trabajando, el 61 por ciento asegura que no lo hace debido al estudio.

- El 16 por ciento de los jóvenes mexicanos ha intentado alguna vez emprender su propio negocio. De ellos, la mitad logró concretarlo y el 90 por ciento de esos negocios funciona actualmente.

- Más de la mitad de los jóvenes (56.9 por ciento) asume que la educación es el aspecto más importante para conseguir trabajo.

Estas premisas revelan, entre otras cosas, que el desempleo juvenil, formalidad en el empleo y los derechos de los trabajadores jóvenes son tareas pendientes para proveerles de condiciones adecuadas para su desarrollo integral. En contraste, la alta tasa de éxito entre los jóvenes emprendedores surge como una ventana de oportunidad para la promoción de emprendimiento como una forma alterna de productividad entre jóvenes.

El tema del desempleo y el empleo informal es preocupante, particularmente para la juventud en México. El desempleo provoca un desánimo generalizado en la juventud que se encuentra estudiando, ya que piensan que sin importar cuánto tiempo estudien o lo alto de sus calificaciones, no podrán acceder a un buen empleo debido a lo competido de los espacios laborales y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en deserción académica ya que gran número de los matriculados preferirán obtener un empleo que, aunque sea mal pagado, les genere ganancias inmediatas para satisfacer necesidades primarias. Por otro lado debe considerarse que los jóvenes que no logran encontrar una buena oferta laboral comienzan poco a poco a rezagarse en la cadena productiva del país.

La empleabilidad juvenil se ha convertido en un serio desafío a nivel internacional entre países con economías emergentes o en vías desarrollo, como es el caso de Latinoamérica. Las constantes transformaciones en el mercado laboral, han generado que los diversos sectores productivos pongan mayor atención en la preparación académica y en la capacitación laboral de los jóvenes. Es necesario que se tome en consideración el actual fenómeno demográfico llamado Bono Demográfico, que es un periodo durante la transición demográfica en que la proporción de personas en edades de trabajar (potencialmente productivas) crece en relación a de personas en edades potencialmente dependientes; de acuerdo con la opinión emitida por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) al dictamen en materia de trabajo para los jóvenes, actualmente México se encuentra en el segundo dividendo del bono demográfico, es decir, que aún restan aproximadamente 15 años en donde la razón de dependencia será favorable para el país.

Esto obligó a pensar y actuar rápidamente a los legisladores y a la sociedad en general, para concederle a las instituciones encargadas de generar políticas públicas juveniles, mayores alcances en su espectro de competencia para que en pocos años comencemos a ver a jóvenes mejor capacitados, no sólo en carreras universitarias, sino también en artes y oficios, para que a través de un empleo bien remunerado puedan continuar con su instrucción académica y con el tiempo, ser factor decisivo en el impulso y fortalecimiento de la economía nacional.

Por otro lado, la labor de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), ésta es efectivamente una institución adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP). De acuerdo con información de la página de internet oficial de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), su objetivo es el de formar recursos humanos que satisfagan las necesidades de los sectores productivo y de servicios, a través de contenidos y modalidades de capacitación para y en el trabajo, que propicien el crecimiento académico y económico de la sociedad Mexicana.

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) cuenta con 198 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) distribuidos en toda la República, dónde ofrece opciones educativas que se adaptan a las necesidades de cada individuo y a los requerimientos empresariales y gubernamentales, con quienes posteriormente genera vínculos para sus alumnos.

Cabe destacar que recientemente se aprobó ampliar las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) a través de la su ley, lo cual presuntamente tendría un impacto presupuestal, no obstante, la institución en comento ya lleva a cabo actividades en materia de emprendimiento y empleabilidad, por lo cual esta modificación sólo formalizo aún más la actividad en el marco jurídico correspondiente. Ahondando en las actividades que lleva a cabo en el Instituto Mexicano de la Juventud en materia de empleo, cabe señalar que dentro de su estructura orgánica se contemplan áreas que abordan específicamente estos temas, a decir, la Jefatura de Departamento de Bolsa de Trabajo, Empleo y Capacitación, y la Jefatura de Empresas Juveniles, ambas adscritas a la Subdirección de Empleo y Capacitación (SEC), que a su vez pertenece a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud.

Aunado a lo anterior, actualmente en la Subdirección de Empleo y Capacitación (SEC) se llevan a cabo actividades como: bolsa de trabajo en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se brindan cursos a universidades en materia de capacitación para el trabajo, así como asesoría personalizada a jóvenes sobre elaboración de currículum vitae y preparación para entrevistas laborales; por otro lado llevan a cabo la Convocatoria Emprendedores Juveniles que instrumentan desde las instancias estatales y municipales de la juventud, con el fin de otorgar diversos préstamos, que van de 25 mil a 100 mil pesos a jóvenes emprendedores.

Considerando que las actividades que realiza el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) ya incluyen aquellas relativas a capacitación y empleo, en la norma la facultad del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de empleabilidad juvenil.

Además también, el Instituto Mexicano de la Juventud está facultado para que establezca convenios con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaria de Educación Pública para que la capacitación se vincule con las ramas productivas y de servicio del país; así como el otorgamiento de asesorías de tipo legal, técnica y financiera para el emprendimiento joven para la generación de autoempleos, mismo que ha sido fundado legalmente en la adición a la fracción XIV del artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Finalmente, el Instituto Mexicano de la Juventud actualmente cuenta con mayores atribuciones en materia de empleo juvenil lo cual, potencialmente se traduce en resultados positivos para los más de 37.4 millones de jóvenes en México que pueden capacitarse y adiestrarse para acceder a ofertas laborales mejor pagadas y continuar de esta manera sus estudios y con ello, mejorar su calidad de vida.

Impacto presupuestal

El proyecto en estudio no aborda el tema de su impacto presupuestario por lo que es difícil prever una relación de ingresos-egresos para la ejecución de la adición de un párrafo al artículo 123 Constitucional.

Esta Comisión, a reserva de la opinión del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, prevé que será oneroso para el erario público debido a que como ya se mencionó, la propuesta pretende que se otorguen incentivos fiscales a los patrones para la generación y fomento de dichas plazas, y su operación cotidiana requerirá de altos gastos debido a la participación de un gran número de empresas y personas en su ejecución.

Esta Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, realizó un análisis del contenido de la Iniciativa Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abordado en el presente dictamen, reconoce la loable pretensión que guía la propuesta de mérito, sin embargo, luego de realizar un análisis exhaustivo y en un ejercicio de reflexión sistemático, funcional y teórico ha considerado dictaminar la iniciativa sujeta a estudio en sentido negativo, por las razones que en este dictamen se exponen.

En ese tenor, se considera que en la actualidad existen las herramientas y mecanismos necesarios para generar mayor acceso de las y los jóvenes al primer empleo, con una política de previsión, integración social y acceso a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta, a consideración de esta Comisión de Puntos Constitucionales, innecesaria una adición al párrafo del artículo 123 Constitucional y en su defecto y de resultar pertinente este tema debería establecerse en las leyes secundarias correspondientes.

Sobre todo, debe ponerse énfasis en dos aspectos importantes:

Primero. En la redacción constitucional ya contempla en el artículo 123 Constitucional el derecho en comento, es decir, atendiendo a la redacción del precepto constitucional vigente, puede interpretarse que el mismo se encuentra diseñado para proteger los derechos laborares de los trabajadores, debiendo generar las políticas de Estado que sean necesarias para instrumentar dicho derecho humano que garantice el acceso al trabajo a los jóvenes de México, ya que es un derecho humano contemplado en nuestra Constitución no solo para este sector sino para todos los trabajadores sin discriminación, por razones de raza, genero, o edad, sino en un plano de igualdad de condiciones y de acceso a la protección y garantía de este derecho.

Segundo. La adopción de los diversos programas de capacitación y empleo y el Programa Nacional para el Desarrollo, implica que el Estado Mexicano, no solo se ha interpretado el mencionado precepto constitucional, sino que ya se encuentra impedido a abandonar tal política pública en favor del acceso laboral de los jóvenes, en aras del reconocimiento al Principio de progresividad de los derechos fundamentales, que implica la prohibición de regresividad del disfrute de dichos derechos fundamentales.

En síntesis, ambos puntos aquí analizados implican que los contenidos deónticos de la porción constitucional contenida en el artículo 123, son comprehensivos de la protección del Estado Mexicano al derecho al trabajo, protección que no solo no podrá ser abandonada (prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales), sino que incluso deberá ser promovida «de manera progresiva y gradual», teniendo la obligación constitucional de «realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas jóvenes puedan gozar de los mismos derechos humanos.

Así, que como se mencionó anteriormente de acuerdo al Principio de Progresividad de los Derechos Fundamentales, no solo impide al Estado «adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico» de aquel, sino que lo obliga a «incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía» de tales derechos, haciendo innecesaria la adición al texto constitucional pretendido.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), presidente; Edgar Castillo Martínez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Soralla Bañuelos de la Torre, Corona Valdés Lorena (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes.»

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XL, y numeral 3 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen:

I. Antecedentes Legislativos

1.El 28 de abril de 2015, la diputada Luna Porquillo Roxana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa presentada por la entonces diputada para la elaboración del dictamen correspondiente. Cabe señalar que debido a la conclusión de los trabajos de la LXII Legislatura y el inicio de la LXIII Legislatura el 1 de septiembre del año en curso, las iniciativas que se encontraban pendientes de dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales fueron devueltas en el mes de julio de 2015 a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, área que volvió a turnar las mismas a la comisión mencionada —ahora en esta legislatura— el 13 de octubre del mismo año, a fin de iniciar con los trabajos de dictaminación.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa de la entonces diputada Luna Porquillo Roxana propone reformar y adicionar “los párrafos 2, 6, 7, 8 y 9 de la fracción B del artículo 102” constitucional, bajo la siguiente argumentación:

A lo largo de la historia de México sólo seis mujeres han sido gobernadoras de alguna entidad del país. “En más de 300 elecciones a gubernaturas estatales desde que la mujer tiene derecho a participar y con más de mil 500 candidaturas, sólo 86 ocasiones algún partido ha postulado a una mujer y solamente en cuatro de esas 250 elecciones han ganado una gubernatura. Para presidente, sólo hemos visto cinco candidatas.”

Actualmente, de acuerdo a datos oficiales, en la Cámara de Diputados 37 por ciento somos mujeres (185 de 500), mientras que en la Cámara de Senadores el porcentaje es del 32.81 por ciento (42 de 128), y solamente el partido Nueva Alianza ha cumplido con el principio de igualdad, con cinco hombres y cinco mujeres diputadas.

El lenguaje, reflejo de nuestra cultura, nos muestra lo que he expuesto: vivimos en una sociedad dominada y gobernada por hombres.

No obstante, es por la importancia del lenguaje como herramienta transformadora de la cultura y debido a la discriminación que podemos ejercer a la hora de comunicarnos, que han surgido distintos esfuerzos para abatir esta violencia y cambiar la realidad de desigualdad que se vive.

A dicha labor se le ha llamado lenguaje incluyente o lenguaje no sexista que por definición “es un elemento que reconoce a las mujeres y a los hombres tanto en lo hablado como en lo escrito, manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las desigualdades.” Es decir que el lenguaje incluyente intenta ser una herramienta que contribuya a forjar sociedades que reconozcan e integren la pluralidad en aras de la igualdad sustantiva y la equidad.

Las palabras denominan las cosas, los valores, los sentimientos, las diferencias; generan teorías, discusiones, pensamientos, críticas, relaciones. Son tan importantes que, por ejemplo, cuando nacemos, lo primero que aprendemos es la existencia de una madre y de un padre como categorías familiares; nuestros nombres —los cuales nos dan una identidad—, luego aprenderemos que somos niñas o niños, y que existen comportamientos distintos y hasta adecuados, para unas y otros, etcétera.

En este sentido, podemos identificar diferentes actores que convergen dentro de las sociedades para definir, delimitar y supervisar comportamientos, pensamientos y acciones.

Tal y como lo señala María Julia Pérez Cervera en el Manual para el uso no sexista del lenguaje, éste “puede ser un instrumento de cambio, de transferencia de conocimiento y cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importantes de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad”. Es decir, el lenguaje nos lleva a conformar nuestra percepción del mundo, y determina la orientación de nuestra actuación, ya sea excluyente o incluyente, por ejemplo.

Muestra de esta exclusión se traduce en datos duros y vergonzantes para el país en cuestión del avance en materia de los derechos de las mujeres y en el reconocimiento de la pluralidad sexual y de género, así como de los componentes étnico, etario y de clase que deben mirarse integralmente.

Así, la iniciativa de mérito menciona:

Por consiguiente, el lenguaje de género dista mucho más de los discursos mayoritariamente vacíos que sólo añaden palabras femeninas a un texto, de lo que se trata es de añadir una nueva categoría al análisis de la realidad para la construcción del discurso comunicativo.

De esta forma no necesariamente hablamos de incluir sólo a la categoría “mujeres”, se trata de entender el género como categoría de análisis transversal en todo el proceso comunicativo, es decir, que toda la información, sea tratada sin sexismo, discriminación ni ningún tipo de violencia.

El Consejo Nacional para prevenir y eliminar la Discriminación, Conapred, ha hecho señalamientos importantes para erradicar la discriminación en el lenguaje. De igual manera, plataformas internacionales como la CEDAW o Beijing abordan de alguna manera el tema.

De tal forma, y en aras de avanzar hacia una cultura sustantivamente incluyente en donde se reconozca al lenguaje como agente transformador, propongo ante ustedes una serie de modificaciones a la Carta Magna que contienen la propuesta sustancial de lenguaje de género. Esta reforma al artículo 102 Apartado B de la Constitución es necesaria.

Reconociendo que este trabajo no es suficiente para alcanzar la igualdad sustantiva ni siquiera en la totalidad del texto de la Constitución, pero remarcando que se debe reconocer la importancia del lenguaje para comenzar a transformar las desigualdades que existen en la sociedad.

Para mayor referencia y claridad respecto a la propuesta de la Iniciativa que se dictamina, se considera necesario insertar el siguiente cuadro comparativo:

III. Cuadro Comparativo

IV. Consideraciones

Esta Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, realizó un análisis del contenido de la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos abordada en el presente dictamen, y reconoce la loable pretensión que guía la propuesta de mérito, sin embargo, luego de realizar un análisis exhaustivo y en un ejercicio de reflexión sistemático, funcional y teleológico ha considerado dictaminar la iniciativa sujeta a estudio en sentido negativo, por las razones que en este dictamen se exponen.

Lograr la equidad entre los géneros se ha constituido en los últimos años en un imperativo fundamental para el Estado Mexicano. Aún falta mucho para terminar con las desigualdades estructurales que colocan a los géneros en una situación de amplia desigualdad, sin embargo, se han venido implementando acciones para que esta situación tienda a ser reducida y, en un futuro erradicada.

Cada uno de los tres poderes del Estado ha implantado, desde sus respectivos ámbitos de competencia, medidas tendientes al logro de dicho objetivo. Así, recientemente nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió los siguientes documentos:

1) El Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad la igualdad;

2) El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género;

3) El Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas;

4) El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, y

5) El Manual de buenas prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral y/o el acoso sexual en la suprema corte de justicia de la nación.

Aunado a ello ha pronunciado diversas tesis sobre la materia —derivada de su contradicción de tesis 293/2011— y la interiorización al sistema jurídico nacional de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, , en la cual es profuso el tema relativo a la equidad y la igualdad de género.

Desde el Poder Ejecutivo federal se han realizado también acciones para el logro de la plena igualdad entre géneros. Baste citar un antecedente cercano y uno reciente: (i) en primer término, la puesta en marcha de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano desconcentrado a la Secretaría de Gobernación, creado en 2009; (ii) en segundo término, la presentación por parte del presidente de la Repúblicade la iniciativa que promueve la paridad electoral entre hombres y mujeres (50/50) en las candidaturas a diputados federales y senadores, tanto por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional. Propuesta ésta que se enmarca dentro de las estrategias y líneas de acción transversalesen las que la política en materia de igualdad entre hombres y mujeres se constituye en parte medular de las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013/2018.

Por su parte, el Poder Legislativo Federal tampoco se ha quedado atrás y de ello dan cuenta las múltiples reformas legales y constitucionales orientadas al logro de la plena equidad mediante diversos recursos, tales como la inclusión de un lenguaje normativo de género, el establecimiento de acciones afirmativas orientadas a colocar en una situación de igualdad material a las mujeres, el impulso de programas regionales y nacionales en la materia, la aprobación de partidas especiales en los presupuestos federales para el logro de la igualdad, entre muchas otras cosas, entre las que destacan dos líneas de acción:

1) La creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, y

2) La publicación de la Carpeta de Inducción al Trabajo Legislativo.

Adicional a esas acciones, se ha promovido la participación de las empresas, instituciones privadas y organismos sociales para que asuman el compromiso de revisar sus políticas y prácticas internas, a fin de reorganizar y definir mecanismos que incorporen a su interior una perspectiva de género e instrumenten acciones afirmativas que conduzcan al establecimiento de condiciones equitativas para mujeres y hombres.

Ciertamente las tareas emprendidas son importantes y a ellas, habrán de sumarse otras que lleven a cabo diversas instancias públicas y privadas para avanzar en la plena igualdad entre mujeres y hombres.

Análisis de la propuesta sujeta a dictamen

Con relación a las adiciones a los diversos párrafos del artículo 102 constitucional que propone el proyecto legislativo en comento, esta comisión dictaminadora considera que atendiendo a la técnica legislativa, los textos de los párrafos segundo, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo primero aludidos, se encuentran propuestos incorrectamente.

Más allá de los problemas de redacción y congruencia entre los textos propuestos, basta con mencionar que si la intención de la diputada proponente es permear al texto constitucional de un lenguaje con perspectiva de género, la forma en que se plantea —más allá de la pertinencia de llevar a cabo dicha reforma a nivel constitucional, que se verá adelante— es sumamente restrictiva.

Se sostiene lo anterior, toda vez que basta con ver la porción normativa del texto que se pretende modificar para percatarse de que se trata de una propuesta muy restringida, pues ni siquiera se pretende modificar un artículo completo del Pacto Fundamental, sino medio artículo (el 102, tan solo en su apartado B) del mismo.

En congruencia, si lo que se busca es “avanzar hacia una cultura sustantivamente incluyente en donde se reconozca al lenguaje como agente transformador”, como se dice en la iniciativa que se dictamina, no es a través de la modificación de solo una parte de un artículo aislado, pues, como la misma iniciativa reconoce “no es suficiente para alcanzar la igualdad sustantiva ni siquiera en la totalidad del texto de la Constitución”, pues debería ser una reforma integral la que debería plantearse al texto completo de la Carta Magna, si es que la importancia de la reforma fuera tal que superara un test de relevancia constitucional que legitimara una reforma a una Constitución rígida, como lo es la mexicana.

Al respecto, basta con analizar el propio artículo 102 en su apartado A, y el artículo inmediato anterior (el 101), así como el posterior (el 104, ya que el art. 103 no resulta atendible, toda vez que solo se refiere a normas, actos y omisiones y no a personas), para percatarse de la necesidad —en atención al principio de congruencia— de impactar a toda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 101. — Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de Circuito, los juecesde Distrito, los respectivos secretarios, y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.

...

...

Artículo 102.

A...

Para ser fiscal general de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

El fiscal general durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

I. A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo federal.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna.

II...

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para designar al fiscal general de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.

Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

IV. El fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del fiscal general.

VI. Las ausencias del fiscal general serán suplidas en los términos que determine la ley.

Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

...

El fiscal general de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

Artículo 104. — Los Tribunales de la Federación conocerán:

I...

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;

III. a VIII...

Es por lo anterior que esta dictaminadora reconoce la intención de la diputada Roxana Luna Porquillo, respecto a la consideración del uso del lenguaje con perspectiva de género, sin embargo, y sin demeritar la propuesta, no se considera viable dicha reforma y adición a la Constitución, para sustituirla por el lenguaje de género en los términos propuestos.

En suma, y con base en lo anterior, se puede afirmar que la iniciativa propone reformas, adiciones en el texto constitucional, pero de manera insuficiente, lo que refleja un análisis limitado de un tema que es de gran relevancia para la sociedad mexicana, pero pretendiendo modificar nuestra Carta Magna.

Esta propuesta pasa por alto que ya existe en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento y tutela de los derechos humanos, tanto de la mujer como del hombre. Por lo que, en cuanto al respeto y observancia de los derechos humanos y sus principios, el artículo 1 de nuestra Constitución establece el compromiso que tiene el Estado mexicano con el respeto a los derechos humanos:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Uno de los parámetros que deben ser atendidos para una reforma constitucional, es el relativo a la necesidad, por virtud del cual, para que la Constitución pueda ser impactada mediante una reforma deberá estar plenamente justificada la necesidad de hacerlo, sea porque aquella es omisa en la tutela o regulación de una figura imprescindible que debe estar en ella o porque aun estando en la misma, su instrumentación y práctica genera en la práctica problemas sustanciales que impiden su observancia por una interpretación “inadecuada”.

Como es sabido, el 10 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Tomo DCXCIII, número 8) la reforma constitucional sobre derechos humanos que modificó diversos artículos de nuestra Carta Magna. Una de estas modificaciones se refiere al cambio del concepto “individuo”, que era la forma genérica para designar al ser humano en toda la Constitución Federal, sustituyéndolo por el de «persona».

El primer argumento de los legisladores fue principalmente que el cambio se debía a la necesidad de eliminar términos que tuvieran una referencia unívoca al sexo masculino, como es el caso de «individuo» u «hombre». El segundo argumento emitido por los legisladores en ese entonces fue, al estudio de esta palabra en la historia de las ideas, directamente a los significados y roles teóricos que el término «persona» ha tenido hasta nuestros días, con especial atención al tema de los derechos humanos.

Estas reformas, demuestran un importante avance del Estado Mexicano, en la incorporación del derecho internacional relativo a derechos humanos en el marco jurídico mexicano, en los que se destaca, que cualquier persona puede hacer exigible y justiciable de manera directa todo el catálogo de derechos hasta ahora reconocidos, independientemente de su sexo, estatus social y económico, su origen étnico, su preferencia sexual su idioma o religión, en suma, persigue actualizar de manera prioritaria el régimen jurídico en tan importante materia.

La mención acerca de lo que es la discriminación contenida en el artículo 7 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, es la siguiente: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

La no discriminación, por su parte, aplicada al diseño e implementación de políticas públicas, pone especial relieve en asegurar acceso a todas las personas a los bienes y servicios que el Estado ofrece a fin de generar condiciones específicas de equidad para el desarrollo de todas y todos.

En consecuencia, el diseño de políticas públicas, programas y acciones de gobierno debe incorporar el principio de la igualdad y la no discriminación como eje central y operativo para todo el actuar gubernamental, como una condición básica y transversal, entendiendo con ello que esta perspectiva debe permear toda forma de acción pública.

El uso de un lenguaje incluyente como lo menciona atinadamente la diputada, es una condición importante para promover el derecho a la igualdad y no discriminación desde la acción gubernamental, ya que una de las muchas formas en las que la discriminación se expresa, es a través del lenguaje. La forma en la que nombramos o nos dirigimos a las personas, refleja las condiciones socio históricas en que reproducimos valores y creencias, pero también prejuicios, estigmas y otros atributos descalificadores, injustos, agresivos o excluyentes.

Es por esta razón que una condición indispensable para identificar las formas en que se discrimina a las personas es a través de una modificación en los códigos lingüísticos evitando así que refuercen las ideas que permiten que se reproduzcan conductas discriminatorias, sin embargo, se reitera que no se considera viable en los términos en que la diputada lo propone en la iniciativa materia del presente dictamen.

En este sentido y dado que es un tema extenso que incluye un análisis del leguaje y del uso gramatical del mismo, se debe de hacer un uso genérico universal, el ejemplo muestra la propuesta de hablar de colectivos no sexuados, usar los términos «personas» o “personal” o recurrir a la doble forma femenino, masculino (el personal). En términos de uso del término “personas” (que incluyen mujeres y hombres) para referirse grupos en situación de discriminación.

En la declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

En la teoría política clásica, es decir, aquella de corte individualista y liberal que presupone el contrato social como origen de la sociedad, la voluntad de todos los individuos que libremente han decidido someterse a un poder político es idéntica, ya sea para erigir un Estado con una particular forma de gobierno, ya sea para elegir a sus representantes a través del voto en un Estado democrático previamente constituido. Esta igualdad también se da frente a ley: todos deben ser tratados de igual manera, y la justicia debe ser expedita y eficiente en todos los casos y no solo en algunos. No han de importar pues circunstancias tales como la clase social, el poder adquisitivo, el nivel cultural, la preferencia sexual, etcétera, y tampoco situaciones más estables como el sexo o la raza. La igualdad asimismo tiene que ver con el acceso igual a servicios y prestaciones sociales del Estado.

Después de este breve recorrido conceptual de estos términos, estamos en posibilidad de formarnos un juicio sobre la conveniencia o disconveniencia de la reforma conceptual a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conceptos básicos del análisis de género

Finalmente, la cultura de la igualdad de género debe permear más en la sociedad, pues aunque hay avances, aún falta camino por recorrer para que las mujeres tengan acceso igualitario a ciertos empleos, a determinadas carreras universitarias, a seguridad social, y en general, a los beneficios del desarrollo.

La Constitución Política es la máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país.

El cumplimiento de las normas que se encuentran dentro de la Constitución Política es lo que hace posible que una Nación pueda vivir con bienestar y paz, por ello la importancia de que estas normas sean cumplidas por todos: gobernantes y gobernados.

Como se mencionó la Constitución Política también establece la estructura y organización del Estado, cuántos y cuáles son los organismos del poder público y qué tareas hace cada uno de ellos para poder cumplir con sus objetivos.

El argumento o premisa que sustenta la iniciativa sujeta a estudio no resulta ser el idóneo para tal justificación y modificación en nuestra Carta Magna, tal y como se ha argumentado en el presente dictamen.

En ese tenor, se considera que en la actualidad existen las herramientas y mecanismos necesarios para dar protección y sobre todo garantizar la igualdad de género, con una política de previsión, integración social y acceso a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta, a consideración de esta Comisión de Puntos Constitucionales, innecesaria una modificación a los párrafos del artículo 102 constitucional.

Sobre todo, debe ponerse énfasis en dos aspectos importantes:

Primero. La redacción constitucional ya es completamente incluyente de la redacción que se pretende incorporar, es decir, atendiendo a una interpretación teleológica del precepto constitucional vigente, puede colegirse sin necesidad de interpretaciones forzadas que el mismo se encuentra diseñado para proteger, entre otras, la igualdad entre hombres y mujeres, debiendo generar las políticas de Estado que sean necesarias para instrumentar dicho derecho humano a la no discriminación y el correlativo a la igualdad.

Segundo. La adopción del referido Programa Nacional para el Desarrollo y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, implica que el Estado Mexicano, no solo ha interpretado el mencionado precepto constitucional en los términos apuntados en el párrafo anterior, sino que ya se encuentra impedido a abandonar tal política pública incluyente, en aras del reconocimiento al Principio de Progresividad de los Derechos Fundamentales, que implica la prohibición de regresividad del disfrute de dichos derechos fundamentales.

En síntesis, ambos puntos aquí analizados implican que los contenidos deónticos de la porción constitucional contenida en el artículo 1o. son comprehensivos de la protección del Estado mexicano a la igualdad de género, protección que no solo no podrá ser abandonada (prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales), sino que incluso deberá ser promovida “de manera progresiva y gradual”, teniendo la obligación constitucional de “realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las mujeres y hombres puedan gozar de los mismos derechos humanos”.

Así que como se mencionó anteriormente de acuerdo al Principio de Progresividad de los Derechos Fundamentales, no solo impide al Estado “adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico” de aquel, sino que lo obliga a «incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía» de tales derechos, haciendo innecesaria la modificación al texto constitucional pretendido.

• Legislación mexicana en materia de igualdad de género

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres

Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación

Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos

• Documentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres

Convención Americana sobre Derechos Humanos Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención Belem do Pará

Declaración de San José sobre el empoderamiento económico y político de las mujeres de las Américas de la Comisión Interamericana de mujeres de la OEA

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo San Salvador.

Caso González y otras vs México (Campo algodonero)

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caso Karen Atala Riffo y niñas vs Chile Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Fernández Ortega y otros vs MéxicoSentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

• Documentos del sistema universal ONU

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

Protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Convención sobre los derechos políticos de la mujerFolleto informativo sobre datos de la violencia contra las mujeres. Campaña únete para poner fin a la violencia contra la mujer

Recomendación General número 19 del CEDAW: Violencia contra la mujer

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en materia del uso del lenguaje de género.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Pérez Cervera, María Julia, Manual para el uso no sexista del lenguaje,María Julia Pérez Cervera (coordinadora), Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuarta edición, México 2011. Existe versión electrónica, disponible en [http://www.ciidet.edu.mx/ciidet/documentos/meg/MANUAL_USONOSEXISTA.pdf], visitado en 2015-11-22.

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2013. Existe versión electrónica, disponible en [http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/PROTOCOLO_PA RA_JUZGAR-CON_PERSPECTIVA_DE_GENERO.pdf], visitado en 2015-11-22.

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2013. Existe versión electrónica, disponible en [http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/PROT OCOLO_DE_ACTUACION_PARA_QUIENES_IMPARTEN_JUSTICIA_EN_CASOS_QUE_INVOLUCREN_LA_OR IENTACION_SEXUAL_O_LA_IDENTIDAD_DE_GENERO_0.pdf], visitado en 2015-11-22.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2014. Existe versión electrónica, disponible en [https://www.scjn.gob.mx/Lists/BannerVerticalV2/Attachments/30/Protocolo%20Iber oamericano.pdf], visitado en 2015-11-22.

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª ed., México 2014. Existe versión electrónica, disponible en [file:///C:/Users/Usuario%202/Desktop/Israel%20AM/Personal/protocolo_infancia_2 da_version.pdf], visitado en 2015-11-22.

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual de buenas prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral y/o el acoso sexual en la suprema corte de justicia de la nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en [file:///C:/Users/Usuario%202/Desktop/Israel%20AM/Personal/MANUAL%20DE%20BUENAS %20PRACTICAS.pdf], visitado en 2015-11-22.

7 Por virtud de la cual, se generó la Tesis de Jurisprudencia: P./J. 20/2014 (10a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 202 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2006224, bajo el rubro: Derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional, así como la Tesis de Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2006225, bajo el rubro: Jurisprudencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar, José Hernán Cortés Berumen (rúbrica en abstención), María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Soralla Bañuelos de la Torre, Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Braulio Mario Guerra (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica en abstención), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Hugo Éric Flores.»

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55, 58 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes legislativos

1.El 28 de abril de 2015, el diputado de la LXII legislatura José Rangel Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II y adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 55, reforma el artículo 58, deroga la fracción II y adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2. Con fecha de 30 de abril de 2015, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales dicha iniciativa del diputado José Rangel Espinosa, registrándola con el número de oficio DGPL 62-II-5-2823 expediente 6797.

3.El 18 de mayo de 2015, la Comisión de Puntos Constitucionales recibió oficio de la Mesa Directiva, con proyecto de decreto que deroga la fracción II y adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 55, reforma el artículo 58, deroga la fracción II y adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El 13 de octubre de 2015 se returnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de mérito para la elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa del diputado José Rangel Espinosa propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente argumentación:

... “Ser electos por los ciudadanos de nuestro país para ocupar los cargos de presidente de la Republica, senador y diputado federal, son de las más altas designaciones que cualquier mexicano que tenga la vocación de servicio puede alcanzar, es por ello que para ser merecedor de dichas designaciones sus aspirantes deberán contar con requisitos los cuales evitarán improvisaciones que anteriormente conllevaban perjuicio al debido desempeño de sus funciones al detentar sus cargos, ya sea por una falta de preparación académica suficiente, experiencia en el servicio público y honorabilidad o buena reputación.

Es por ello, que con la presente iniciativa se busca la profesionalización de quienes aspiren a los cargos de elección popular en el ámbito federal, sin trastocar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos para votar y ser votados.”

III. Cuadro comparativo

Es ese sentido, y a efecto de tener una mejor apreciación de los artículos que se pretenden modificar, así como las adiciones que se proponen, se realiza el siguiente cuadro comparativo:

IV. Consideraciones

Tras el análisis detallado de la propuesta, esta Comisión de Puntos Constitucionales considera que resulta inatendible la proposición de iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 55 y 58 referida en el presente dictamen, dados los motivos que se exponen en el cuerpo de la misma, conclusión que se llega de acuerdo a los siguientes argumentos:

Primero.El artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las pautas para ser diputado federal, destacando las más básicas que son el ser ciudadano mexicano por nacimiento; estar en el ejercicio de sus derechos; tener veintiún años cumplidos el día de la elección; ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella; no estar en servicio activo en el Ejército federal; no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; no ser consejero presidente o consejero electoral en los Consejos General o locales, estos por mencionar las más importantes.

Dichos requisitos son indispensables para poder ser diputado y ejercer la representación que el pueblo ha conferido, mediante el voto, ya que como característica principal los diputados son aquellos ciudadanos electos por el pueblo, para que los represente frente al Poder Legislativo en voz y voto. Asimismo, debe destacarse que el diputado federal es persona cercana del distrito al cual representa y los ciudadanos confieren por el libre derecho al voto a su representación.

Se considera que el derogar la fracción II del artículo 55 constitucional que indica la edad mínima para ser diputado y adicionar las fracciones VIII y IX que enuncian el tener cinco años de experiencia en la administración pública y aparte tener una cédula profesional, conlleva a una regresión en los derechos que se han ido obteniendo con el paso del tiempo desde la publicación de nuestra Carta Magna, como es precisamente al derecho de que cualquier ciudadano puede ser votado para representante federal en el Congreso. Lo anterior, ya que se pretende armonizar el hecho de que deroguen una fracción (de edad mínima) pero a su vez se establece la experiencia contar con una cédula profesional, lo que indicaría una edad promedio de 22 años.

Sostenemos que al derogar la fracción II del artículo 55 de la Carta Magna, se coartarían derechos políticos por la falta de experiencia en la administración pública para los jóvenes, a quienes ya se les garantiza este derecho fundamental, de poder ser votado a través de una acción afirmativa positiva, que desde luego es en pro de los derechos de una minoría en específico, que en el caso concreto, es para la inclusión de la vida política de los jóvenes.

Para detallar lo anterior; el nuevo parámetro de medición de requisitos para ser diputado refiere que se debe tener un título profesional. Cuando en el país una persona que tuvo la oportunidad de ejercer una preparación de educación superior termina en acorde a los 21 o 22 años de edad, como se señaló anteriormente, debiendo recordarse que el hecho de que se cuente con una cédula profesional, tendría como consecuencia limitar a aquellas personas que no pudieron tener acceso a la educación superior por cualquier circunstancia ya sea económica, social, cultural, entre otras, y que por ende se estaría vulnerando su derecho a ser votado, en caso de que el distrito judicial al que pertenece quiera proponerlo para que los represente ante el Congreso de la Unión, cuando precisamente el espíritu del legislador al no exigir dicho requisito, es dar acceso a todos los que tengan esa potestad moral ante su comunidad, es decir, la de representación, sin importar si cuenta o no con una cédula profesional.

Por otro lado, la fracción IX propuesta en la iniciativa, considera tener cinco años como mínimo en la administración pública, entendiendo que un mexicano termina su carrera profesional a los 21 años de edad y si quiere ser votado para un cargo de diputación federal, no lo podrá realizar ya que tendría que esperar 5 años comprobables de haber trabajo en gobierno, proposición que estaría incrementando la edad para ser diputado de la actual 21 a 26 o 27 años, es por ello que sostenemos que aprobar esta propuesta de iniciativa se retrocedería con la anterior reforma planteada en este sentido.

Debemos resaltar que la configuración legal del ejercicio del derecho político-electoral a ser votado, cuyo fundamento se encuentra en los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, incisos b) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se resalta, que corresponde al legislador ordinario y a las legislaturas locales, al contar con facultades para establecer las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones que cumplan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que significa que en las disposiciones normativas donde se regulen deben emplearse términos concretos, precisos y acotados a fin de brindar mayor especificación de los supuestos previstos y evitar restricciones excesivas, que hagan nugatorios los derechos fundamentales previstos para los ciudadanos, como es el hecho de tratar de imponer grado académico y experiencia en la administración pública, como requisito sine qua non (condición sin la cual no) para alcanzar cargo de elección popular.

Segundo. La propuesta que realiza en el diputado promovente, consistente en reformar el artículo 58 constitucional, se encuentra superada al momento de que en este mismo dictamen esta comisión considera improcedente la modificación al diverso 55.

En el proyecto de decreto de la iniciativa presentada por el diputado José Rangel Espinosa señala lo siguiente:

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de los años de experiencia en el servicio público, que será de diez años.

En ese sentido, se infiere que el artículo 58 constitucional reformado busca modificar los 25 años de edad para ser senador y dejarlo en 10 años de experiencia laboral, lo que a juicio de esta comisión perjudica a los ciudadanos que quieren buscar la candidatura de una senaduría, ya que por cuestiones académicas se entendería que si una persona se titula a los 21 o 22 años y se le suman los 10 años que se plantean instalar, da por resultado que el nuevo senador tendría aproximadamente 31 o 32 años al momento de la elección, cuando precisamente se busca que no existan estos requisitos de edad y se dé acceso a jóvenes que pueden, en dado momento, tener una visión distinta de los asuntos que ahí se discuten y ayudar a abonar a las diferentes acciones que como colegislador tiene dicha senaduría.

Tercero. Por último, la iniciativa pretende modificar (tal y como se aprecia en la propuesta de decreto) el artículo 82, respecto a derogar un requisito para ser presidente de la República y adicionar diversas fracciones en las que se establece otros más.

Al respecto, nuevamente esta Comisión de Puntos Constitucionales considera que los requisitos que van encaminados a poseer título y cédula profesional y contar con diez años de experiencia dentro de la administración pública en cualquier órgano de gobierno, son requisitos que irían en contra de los avances que se han logrado en materia electoral en las últimas décadas, como es el logrado para las candidaturas independientes, siendo el caso de que se ha implementado una política de apertura cuando precisamente esta propuesta pareciere restringir a quienes puedan aspirar a dicho cargo.

Respecto a los requisitos que se proponen relacionados con no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión y no encontrarse inhabilitado al día de la elección, debe mencionar que existe reglamentación al respecto como son la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras, que ya prevén disposiciones en esta materia, dentro de las cuales precisamente se encuentran las señaladas en la iniciativa.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II y adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI del artículo 55; deroga la fracción II y adiciona las fracciones VIII, IX, X y XI, del artículo 58 y deroga la fracción III y adiciona las fracciones X, XI, XII y XIII del artículo 83, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos, presentada el 30 de abril de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de diciembre de dos mil quince.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Héctor Ulises Cristópulos Ríos (rúbrica), Armando Luna Canales (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes.»

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XL, y numeral 3 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I, y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen:

I. Antecedentes Legislativos

1. En sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2015, la entonces diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales para la elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa presentada por la entonces diputada. Cabe señalar, que debido a la conclusión de los trabajos de la LXII Legislatura y el inicio de la LXIII Legislatura el 1o. de septiembre del año en curso, las iniciativas que se encontraban pendientes de dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales fueron devueltas en el mes de julio de 2015 a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, área que returnó las mismas a la Comisión mencionada el 13 de octubre del mismo año, para iniciar con los trabajos de dictaminación.

II. Metodología

Para la elaboración del presente dictamen, se utilizó (i) el método de análisis de contenidos y (ii) la aplicación del principio ad maius, sustentándose en la interpretación que del Principio de Progresividad ha hecho de manera reciente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 2a. CXXVII/2015 (10a.) de la Décima Época, publicada el viernes 06 de noviembre de 2015 10:30 h en el SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2010361, cuyos rubro y contenido son los siguientes:

Principio de Progresividad de los Derechos Humanos. Su Naturaleza y Función en el Estado Mexicano. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.

III. Contenido de la iniciativa

Primero. Se señala en la iniciativa remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales los siguientes argumentos:

La Organización Mundial de la Salud define a la discapacidad como toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano y la cual es causada o agravada por el entorno económico y social.

En este sentido, de acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, presentada en año dos mil uno, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

Actualmente, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial (según las estimaciones de la población mundial en el año dos mil diez). Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes al año de mil novecientos setenta, que eran de aproximadamente un 10 por ciento.

Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de setecientos ochenta y cinco millones de personas (15.6 por ciento) de quince años y más, viven con discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad, estima una cifra próxima a los novecientos setenta y cinco millones (19.4 por ciento).

En este sentido, la Encuesta Mundial de Salud señala que, del total estimado de personas con discapacidad, ciento diez millones (2.2 por ciento) tienen dificultades muy significativas de funcionamiento; mientras que la Carga Mundial de Morbilidad estima en ciento noventa millones (3.8 por ciento) las personas con una «discapacidad grave» (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera).

Por otra parte, sólo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles (0-14 años), con una estimación de noventa y cinco millones de niños (5.1 por ciento), trece millones de los cuales (0.7 por ciento) tiene “discapacidad grave”.

En nuestro país, al año dos mil diez, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son cinco millones setecientos treinta y nueve mil doscientos setenta, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total.

En ente orden de ideas, si actualmente es preocupante las cifras mencionados en párrafos precedentes; en años venideros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia aumentará, debido a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental; consecuentemente, este sector de la población debe ser considerado como prioritario para el Estado Mexicano, lo cual hasta la fecha no es así.

Lo anterior, ya que si bien es cierto que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tutela a las personas con discapacidad; igualmente cierto es que la misma se encuentra enfocada a la prohibición de la discriminación de este sector de la población, de acuerdo a la siguiente cronología.

El martes catorce de agosto del año dos mil uno se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1o...”, mediante el cual se estipuló la prohibición de toda discriminación motivada entre otras, por las capacidades diferentes.

En este sentido, el día cuatro de diciembre del año dos mil seis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “decreto por el que se reforma el artículo 1o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en donde se adoptó el término “personas con discapacidad”, ya que según la Organización Mundial de la Salud, capacidades diferentes las tenemos todos.

Asimismo, mediante decreto publicado el día viernes diez de junio el año dos mil once, fue reformado el multirreferido artículo primero de la Carta Magna; sin embargo, el tema de las personas con discapacidad quedó intacto.

Consecuentemente, como se puede apreciar con las breves semblanzas mencionadas en párrafos precedentes, respecto a las reformas al artículo primero de la Constitución General; únicamente se tutela la prohibición a la discriminación por las discapacidades, dejando a un lado los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Asimismo, el Estado mexicano demerita la importancia que revisten los principios y las directrices que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; ya que no contempla en su máxima ley, una política de previsión, rehabilitación, integración social y acceso a los Derechos Humanos, destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.

Consecuentemente, al ser el Estado mexicano miembro de la Organización de la Naciones Unidas, debe de respetar las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993, la cual si bien es cierto, que no es un instrumento jurídicamente vinculante; igualmente cierto es, que representan el firme compromiso moral y político de los gobiernos respecto de la adopción de medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Por lo tanto, la finalidad de esta reforma es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.

Segundo. Derivado de los argumentos vertidos por la referida Diputada, se propone a esta Cámara de Diputados modificar el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Decreto, que reforma el primer párrafo del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia , asimismo garantizará a las personas con discapacidad, una política de previsión, rehabilitación, integración social y acceso a los Derechos Humanos reconocidos por esta Constitución.

(...)

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión tendrá ciento ochenta días a partir del día de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para armonizar las leyes secundarias.

IV. Consideraciones

Primero. La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la presente Iniciativa, tal y como lo establecen los artículo 72, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XL, y numeral 3 y 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo. De la lectura del contenido de la Iniciativa de mérito, se aprecia que la materia de la misma va encaminada a reformar el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efecto de que se contemple garantizar a las personas con discapacidad políticas de previsión, rehabilitación, integración social y acceso a los derechos humanos reconocidos por la misma Carta Magna.

Para mayor referencia y claridad respecto a la propuesta de la presente Iniciativa, se considera necesario insertar el siguiente cuadro comparativo:

Sobre el particular, debe mencionarse que el sistema jurídico mexicano ha transitado desde hace décadas por diversos momentos en los que se luchado por un reconocimiento a las personas con discapacidades en todos los ámbitos, tanto sociológicos, económicos, políticos, de equidad, entre otros, tal y como se establece en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, en el que se señalan los antecedentes y la evolución que ha tenido el tema en nuestro país.

Asimismo, el Programa Nacional establece su observancia de manera obligatoria para la Secretaría de Desarrollo Social, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, obligando también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Secretaría de la Función Pública a dar seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.

Al respecto, debe señalarse que el párrafo último del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 1o. — [...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En ese mismo sentido, debemos señalar que el 30 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual dispone en su artículo 1o. lo siguiente:

Artículo 1o. — Las disposiciones de la presente ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

De igual manera, garantiza el goce de los derechos que se establece en nuestro sistema jurídico a todas las personas con discapacidad estableciendo lo siguiente:

Artículo 4o. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Ahora bien, respecto a la propuesta de la Iniciativa que nos ocupa, para reformar el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de incluir la siguiente redacción asimismo garantizará a las personas con discapacidad, una política de previsión, rehabilitación, integración social y acceso a los Derechos Humanos reconocidos por esta Constitución, debe mencionarse que el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece diversas facultades para el titular del Poder ejecutivo federal, dentro de las que se encuentra el establecimiento de políticas públicas para las personas con discapacidad, para hacer cumplir las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, el establecimiento de políticas públicas a través de las dependencias que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, entre otras.

Tercero. Por otro lado, en el 2005 el gobierno mexicano en aras de contribuir a garantizar en todos los sectores de nuestro país el acceso a las personas con discapacidad, creó el Consejo Nacional Para las Personas con Discapacidad (Conadis), para lograr un cambio en la cultura de la sociedad Mexicana respecto al trato igualitario que debe darse a todas las personas que se encuentran bajo dicha hipótesis, cuyo antecedente era la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, el cual contaba con un Consejo Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (Codis), impulsando de esta manera en el ámbito nacional la cultura hacia la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.

En ese tenor, se considera que en la actualidad existen las herramientas y mecanismos necesarios para dar protección y sobre todo garantizar a las personas con discapacidad una política de previsión, rehabilitación, integración social y acceso a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta, a consideración de esta Comisión de Puntos Constitucionales, innecesaria una modificación al primer párrafo del artículo 4o. constitucional.

Sobre todo, debe ponerse énfasis en dos aspectos relevantísimos:

Primero. La redacción constitucional ya es completamente incluyente de la redacción que se pretende incorporar, es decir, atendiendo a una interpretación teleológica del precepto constitucional vigente, puede colegirse sin necesidad de interpretaciones forzadas que el mismo se encuentra diseñado para proteger, entre otras, a las personas con discapacidad, debiendo generar las políticas de Estado que sean necesarias para instrumentar dicho derecho humano a la no discriminación y el correlativo a la igualdad.

Segundo. La adopción del referido Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad implica que el Estado Mexicano, no solo ha interpretado el mencionado precepto constitucional en los términos apuntados en el párrafo anterior, sino que ya se encuentra impedido a abandonar tal política pública incluyente, en aras del reconocimiento al Principio de Progresividad de los Derechos Fundamentales, que implica la prohibición de regresividad del disfrute de dichos derechos fundamentales.

En síntesis, ambos puntos aquí analizados implican que los contenidos deónticos de la porción constitucional contenida en el artículo 4o. son comprehensivos de la protección del Estado mexicano a las personas con discapacidades, protección que no solo no podrá ser abandonada (prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales), sino que incluso deberá ser promovida “de manera progresiva y gradual”, teniendo la obligación constitucional de “realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos”.

Así, la mera adopción del programa aludido no solo impide al Estado “adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico” de aquel, sino que lo obliga a «incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía» de tales derechos, haciendo innecesaria la modificación al texto constitucional pretendido.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción G), ultima parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos 85, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único.Se desecha la iniciativa de reforma al primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.

Notas:

1 1950-1960

La medicina de rehabilitación registró un gran impulso durante la década de los años 50, a partir de la necesidad de atender a niños y niñas afectados por las epidemias de poliomielitis; El Hospital Infantil de México inicia la formación de terapistas físicos y médicos en 1951, y un año después se funda el Centro de Rehabilitación número 5, que se transforma en el Centro de Rehabilitación del Sistema Músculo Esquelético. En 1976, éste mismo se transforma en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación; La SSA crea en 1950 el Centro Nacional de Rehabilitación “Francisco de P. Miranda”, dedicado a la atención de pacientes con poliomielitis en etapas de convalecencia o afectaciones crónicas. Se transforma en el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación para Niños y Ancianos Teodoro Gildred, y en el mismo año, cambia su nombre a Instituto Nacional de Ortopedia, dedicado a la atención de afecciones del sistema neuro-músculo-esquelético.

1960-1970

Esta década se caracteriza por la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que impulsa la seguridad social en el país. En 1961 se crea el Instituto Nacional para la Protección a la Infancia (INPI) y en 1968 se constituye la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), que posteriormente se transformó en el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, así como a la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez.

1970-1980

La creación del Sistema Nacional para el

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 1977 constituye el primer esfuerzo nacional para la atención de personas con discapacidad. Su objetivo es brindar asistencia social, en beneficio de la población marginada, entre las que se cuentan las personas con discapacidad o las personas en desventaja social. En esta década surgen organizaciones sociales formadas por padres de familia y profesionales de la rehabilitación.

1980-1990

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 incorpora el compromiso de realizar acciones encaminadas a impulsar la protección social a las personas menores de 18 años, a las personas con discapacidad y a la familia en general, lo que da origen en 1987 al Programa de Rehabilitación, con servicios de atención al sistema neuro-músculo-esquelético, a la comunicación humana, la ceguera o debilidad visual, así como a trastornos que afecten la salud mental. Oficialmente es el inicio de las políticas públicas de tipo asistencial para las personas con discapacidad. El Sistema DIF desarrolla el Programa de Asistencia a Minusválidos de 1988 a 1994, que en la actualidad se denomina Programa Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, el cual proporciona servicios de rehabilitación no hospitalaria a personas con discapacidad que son sujetos de asistencia social, con el propósito de facilitar su integración a la familia y a la sociedad.

1990-2000

La década de los 90, se significa porque el Gobierno Mexicano reconoce la lucha social y los derechos de las personas con discapacidad. En 1991 se constituye el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, A.C., que promovió la unidad de decenas de organizaciones sociales en el país y se constituyeron Consejos Estatales similares en las 32 entidades federativas. A partir de las propuestas del Consejo Nacional Ciudadano, se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, el objetivo de promover una Política de Estado para la población con discapacidad, siendo base para elaborar en 1995, el “Programa Nacional para el Bienestar e Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE)”, coordinado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El Programa se elaboró considerando las Normas Uniformes y estableció lineamientos institucionales para generar políticas públicas transversales, con el propósito de producir una mayor atención de la población y transformar el modelo médico asistencial, en un modelo de desarrollo social.

2000-2006

El Gobierno de la República, crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS) y fomenta la organización del órgano honorifico Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, como responsables de la política en la materia; Se orienta la política de atención, organizando acciones con los sectores de la administración pública; El Congreso de la Unión promueve y decreta la primera Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual se pública el 5 de junio de 2005 con el propósito de orientar la política de estado y establecer programas y acciones.

2006-2012

Con base en la Ley General de las Personas con Discapacidad de 2005, se instala en el Sector Salud el “Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad” en 2007, a fin de implementar las disposiciones de la citada Ley.

El Secretariado Técnico elabora el “Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012”, que atiende las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconocen los avances obtenidos en el país en esta materia y se reorientan las estrategias para transitar del modelo asistencialista hacia un modelo social centrado en el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), instala en 2011 el Comité Técnico Especializado en Información sobre Discapacidad, que tiene entre sus objetivos: integrar el Sistema de Información sobre Discapacidad (SIDIS) y asegurar su vinculación con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

La ratificación de la Convención y su Protocolo Facultativo en diciembre de 2007, dieron paso al proceso de armonización de la legislación nacional, y el 30 de mayo de 2011, se publica la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La Ley vigente establece la creación del organismo público descentralizado denominado “Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad” (CONADIS), sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas, encargado de promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la Ley y demás ordenamientos, siendo instalado oficialmente el 31 de mayo de 2011.

2013

El Gobierno de la República promueve la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en enero de 2013 se publica el decreto mediante el que la Secretaría de Desarrollo Social es facultada como responsable de la política de estado para las personas con discapacidad,[1] y se sectoriza el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad al sector de Desarrollo Social.

2 Artículo 6o. — Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. Establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado Mexicano, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad;

II. Instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas;

III. Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de la política pública derivada de la presente Ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;

V. Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable;

VI. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas, con base en la presente Ley;

VII. Asegurar la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los informes que el Gobierno Mexicano presentará a la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento a la Convención y ante otros organismos internacionales, relacionados con la materia de discapacidad y los derechos humanos;

VIII. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, en los términos de la presente Ley;

IX. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

X. Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas;

XI. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural;

XII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación, y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, y

XIII. Las demás que otros ordenamientos le confieran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica en contra), Soralla Bañuelos de la Torre, Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Braulio Mario Guerra (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Hugo Éric Flores.»

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por los art. 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XL y numeral 3 y 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen.

I. Antecedentes legislativos

1. El 6 de agosto de 2015, mediante oficio de esa misma fecha, signado en Toluca de Lerdo, estado de México, por las secretarias de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del Congreso del estado de México, las diputadas Laura Ivonne Ruiz Moreno, Annel Flores Gutiérrez y Juana Bastida Álvarez, remitieron a los secretarios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa de decreto que adiciona un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El 3 de septiembre de 2015, se recibió el oficio de mérito en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

3. El mismo 3 de septiembre se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la referida iniciativa, mediante oficio número DGPL 63-II-7-5, signado por el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, secretario de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos legislativos correspondientes.

II. Metodología

Para la elaboración del presente dictamen, los suscritos diputados utilizarán la interpretación sistemática y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así como los procedimientos de inducción jurídica, bajo los principios de la Supremacía Constitucional y del federalismo mexicano, analizando la pertinencia de aprobar la iniciativa de decreto que adiciona un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Contenido de la iniciativa

Primero. El Congreso del estado de México expone en la iniciativa remitida a esta Cámara de Diputados lo siguiente: “que en algunas entidades, los servicios de bomberos han sido tradicionalmente parte de un conjunto aislado de patronatos o agrupaciones voluntarias y de caridad”, por lo que consideran deben ser los ayuntamientos quienes asuman la prestación del servicio, o bien, se coordinen con otros municipios para proveerlos. Para ello, proponen se incluya en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un inciso que determine que sean los municipios quienes se hagan responsables del servicio de bomberos.

Segundo. El proyecto de decreto de la iniciativa propone lo siguiente:

Artículo Único. Se adiciona un inciso h Bis) a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. y II. ...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a h)...

h Bis) Bomberos; e

i)...

...

...

...

IV. a X. ...

IV. Consideraciones

Primera. El Honorable Congreso del estado de México es competente para iniciar leyes ante el Honorable Congreso de la Unión de conformidad al artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la presente Iniciativa, de conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión previamente citada.

Tercera. De la lectura del contenido de la iniciativa de mérito, se entiende que su objeto es adicionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de estipular la obligatoriedad de los municipios para prestar el servicio público de los bomberos.

Para referencia, se compara el texto vigente con la propuesta de la iniciativa en estudio:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente

Artículo 115. ...

I. a II. ...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a h)...

i)...

...

...

...

IV. a X. ...

Propuesta de la iniciativa

Artículo 115. ...

I. a II. ...

III. ...

a) a h)...

h Bis) Bomberos; e

i)...

...

...

...

IV. a X. ...

Cuarta. Reconocemos la importancia que tiene el servicio de bomberos en toda comunidad, pues si bien su función central es combatir los incendios –que tanto daño material y humano pueden causar– también responden a otro tipo de emergencias y proveen ayuda preventiva. Se trata de una de las labores más nobles, arriesgadas e importantes para cualquier sociedad.

Quinta. En términos de lo que se señala como facultades locales dentro del federalismo mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del Título Quinto: De los Estados de la Federación y del Distrito Federal, en el artículo 115 establece el régimen interior que adoptarán los estados miembros de la federación, teniendo como base al municipio, por lo que en la fracción I del referid artículo se establece la composición institucional del municipio; en la fracción II la naturaleza jurídica y facultades del mismo y, en la fracción III, las funciones y servicios públicos a cargo de este.

La fracción III del artículo 115 constitucional, señala expresamente lo siguiente:

Artículo 115. ...

I a II...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados, respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio;

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

En tales términos, el contenido de los incisos a) al h), son una lista enunciativa sobre lo que el Constituyente ha considerado que son los servicios básicos que la ciudadanía debe recibir del municipio. Así, el inciso i) refiere, precisamente, que se trata de una lista enunciativa y no limitativa, pues faculta a las legislaturas locales a determinar –según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera– todas aquellas funciones y servicios que se considere deben ejercer los municipios de cada estado.

Correlacionado con el antepenúltimo párrafo del artículo de referencia, se entiende que los estados en uso de su soberanía (autonomía) habrán de determinar las funciones municipales de acuerdo a sus necesidades particulares, siempre que ello no contravenga la propia Constitución o las leyes federales.

Para que las legislaturas locales determinen qué funciones y servicios públicos, adicionales a las ya numeradas, deben incorporarse en la constitución local o las leyes que de ella emanen, además deben considerar necesariamente las siguientes condiciones:

a) Territoriales;

b) Socio-económicas, y

c) Las capacidades administrativas y financieras de los municipios en el estado de que se trate.

Este precepto parte de la consideración de que si bien los municipios tienen una igualdad jurídica, no la tienen en sus características fácticas. Por tanto, las facultades y obligaciones que se les han de otorgar, deben ser disímiles, acordes a su propia realidad. Un municipio urbano, con cientos de miles de habitantes no puede tener las mismas facultades y obligaciones que un municipio rural con menos de un millar de habitantes; su densidad demográfica, sus finanzas, su desarrollo urbano o rural, son radicalmente opuestos, por tanto su trato debe ser diferenciado.

Uno de los principios del federalismo mexicano es el de la diversidad. El federalismo parte de reconocer la diversidad de los miembros que integran la Unión, respetando su propio ámbito de autonomía a cambio de conferir ciertas atribuciones al gobierno común. El federalismo, lejos de imponer una visión uniforme, admite las diferentes realidades geográficas, influyendo en la integración del mosaico jurídico e institucional del Estado. Unidad no significa uniformidad.

Si bien la Constitución, mediante el artículo 115, genera una cohesión competencial para el municipio, en respeto al pacto federal, deben ser los estados en uso de sus propias competencias, conocidas en el marco federal como residuales, en oposición a las facultades expresas que contiene nuestra Constitución, los que determinen aquellas no previstas por esta Constitución. Ese es el sentido del inciso i) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la distribución de competencias descansa la base estructural y funcional de un Estado federal, las cuales son atribuciones repartidas entre los órganos centrales y los órganos estatales, en forma tal que existe un dualismo de responsabilidades, sin que los primeros ni los segundos posean para sí la supremacía competencial ex ante, sino a través de un proceso de delegación de competencias o no delegación de las mismas y, por consiguiente, de reserva de las mismas.

Por otro lado, los gobiernos estatales mantienen una posición subsidiaria con el municipio cuando éste se encuentra en alguna imposibilidad material para cumplir con una función específica, por lo que generar la exclusividad del servicio de bomberos podría generar una imposibilidad jurídica del estado para que sea él, quien provea dicho servicio.

Esta comisión dictaminadora considera que deben ser los estados quienes determinen las mejores formas para que, en conjunto con los municipios y cualquier otra entidad se suministre el servicio de bomberos, tomando en cuenta sus características propias, así como los recursos y necesidades de cada municipio.

Sexta. La supremacía constitucional. La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, como norma suprema del Estado mexicano y norma primigenia de nuestro sistema jurídico, debiera contener principios y reglas generales que puedan cumplir a cabalidad sus instituciones y autoridades.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión...”. Por ello existe un deber fundamental de la autoridad y ciudadanía en el cumplimiento de las normas constitucionales, pues se trata del Pacto que constituye al propio Estado mexicano. De ahí que establecer normas que por su propia esencia se tornen imposibles de cumplir, incluso por causas ajenas a la voluntad de la autoridad o del ciudadano, debilitan y socaba la esencia de supremacía jurídica.

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, dentro de los criterios que sus integrantes consideran importantes aplicar para las reformas en materia constitucional, se encuentra la de considerar que la Constitución no debe ser adicionada por conceptos cuyas particularidades pueden vulnerar su misma normatividad. Es decir, al no tener la certeza de que por sus propias características, necesidades y recursos, todos y cada uno de los municipios tendrían la posibilidad de hacerse cargo de un servicio adecuado de bomberos, no deberá generarse desde la Norma Suprema la obligación para hacerlo así.

El universo normativo del municipio proviene de tres fuentes principales, jerárquicamente correspondientes a

1) Las fuentes del orden federal: Constitución Política, las leyes generales, las leyes secundarias, los tratados internacionales, los reglamentos de las leyes secundarias, acuerdos, decretos y circulares, así como de la jurisprudencia.

2) Las fuentes del orden estatal: Constituciones Políticas de los estados, leyes secundarias locales, los reglamentos de las leyes secundarias locales, acuerdos, decretos y circulares en materia administrativa, jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y de tribunales contencioso-administrativos locales.

3) Las fuentes provenientes del propio municipio: Bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de las respectivas jurisdicciones de los ayuntamientos.

Consideramos que la Constitución no debe prever este servicio fundamental, sino que por su propia naturaleza, deben ser las leyes locales (incluidas las constituciones de cada estado) y la normatividad municipal, las normas idóneas para su óptima regulación.

Por lo expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso h) Bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en términos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Honorable Congreso del estado de México, para los efectos jurídicos a que haya lugar.

Segundo. Infórmese al Honorable Congreso del estado de México de la resolución de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y archívese como asunto totalmente concluido.

Nota:

1 Aguirre Saldívar, Enrique. Los retos del derecho público en materia de federalismo. Hacia la integración del derecho administrativo federal, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Soralla Bañuelos de la Torre, Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes.»

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo sobre la iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Honorable Asamblea:

La Comisión de Comunicaciones, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

1. Antecedentes

1. El 24 de junio de 2015, la diputada Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó el trámite de recibo de la Iniciativa y, por instrucciones de la Presidencia, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Comunicaciones.

3. La Comisión de Comunicaciones dio trámite de recibido e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La proponente diputada Esther Quintana Salinas, menciona que la reciente Reforma de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 2014, se gestó dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el marco del “Pacto por México”, con el propósito de generar mayor competencia económica, principalmente en telecomunicaciones, además de abrir la licitación de dos cadenas nuevas de televisión abierta.

Menciona además, que con esta Reforma se fomenta la competencia, se generan inversiones y más redes de telecomunicaciones para poder recibir servicios de calidad, más rápidos, en más lugares y a mejores precios, y que además actualmente ya genera beneficios directos, entre ellos los siguientes:

• Suspensión del el pago de larga distancia nacional, a partir del 10 de enero de 2015.

• La portabilidad, se puede cambiar de compañía celular de manera gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones.

• Consulta de saldo del teléfono celular de prepago sin costo; y la consecuente expiración del saldo de hasta un año.

• Los planes y tarifas de las compañías de telefonía celular deberán considerar cobros por segundo y no por minuto, sin perjuicio de otros planes que se basen en cobros por minuto, por evento, o por capacidad o cualquier otra modalidad.

• Conectividad gratuita en sitios públicos y programas de cobertura social.

• Creación de la figura del defensor de las audiencias.

Asimismo, hace referencia a que actualmente se trabaja en dos redes de telecomunicaciones:

• La red troncal de fibra óptica, que tiene como objetivo extender la cobertura de las telecomunicaciones a localidades desatendidas y ofrecer un servicio de mayor calidad en aquellas localidades que ya cuentan con el servicio.

• La red compartida que ampliará la cobertura del Internet y la telefonía móvil en el país, para facilitar que existan más opciones de servicio.

Además de que se diseñó el “Proyecto México Conectado”, como una vía para que la población tenga acceso a Internet de manera gratuita en escuelas, bibliotecas, clínicas, ayuntamientos y plazas públicas.

Sin embargo, refiere que pese a estos beneficios, es imperativo continuar avanzando en las modificaciones que se necesiten para extenderla y mejorarla, para que cumpla con sus objetivos en benéfico de la ciudadanía.

Específicamente, hace referencia al servicio de telefonía móvil, contemplado en el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que se refiere a los derechos que gozaran los usuarios previstos en esta Ley, y de manera particular, en lo que se refiere su Fracción XVI, la cual especifica que los usuarios tienen derecho a “A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.

En este sentido, señala la diputada Quintana Salinas, que este derecho es perjudicial para la economía de los usuarios en la modalidad de prepago, ya que estos son la mayoría de este servicio, según cifras del Instituto Federal de Comunicaciones, quien señaló que en el año 2013, la modalidad de prepago cerró en 8 7.6 millones de suscripciones, con un crecimiento de 3 por ciento respecto al mismo periodo de 2012, y representa el 84.6 por ciento del total del mercado.

Por lo cual propone, eliminar la posibilidad de que las recargas abonadas al saldo no tengan vigencia, es decir que no tengan la posibilidad de expirar, así los usuarios o suscriptores de la modalidad de prepago, menciona, podrán hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por parte de las empresas que brindan dicho servicio, para ser consumido en un determinado plazo de tiempo.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada Esther Quintana Salinas presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Artículo único. Se reforma la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 191. ...

I. a XV. ...

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo abonado no tenga fecha de expiración.

XVII. a XXI. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones de la comisión

Una vez realizado el análisis de la Iniciativa objeto de este dictamen, en opinión de esta comisión dictaminadora, si bien, es loable la intención de la legisladora proponente para que los usuarios la telefonía móvil en la modalidad de prepago, puedan hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo sin tener una fecha de vigencia, se estima que la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta, no es el mecanismo idóneo para hacer valer la protección de los usuarios.

Es de tenerse presente que la motivación de la legisladora expresa la inquietud que pueden tener aproximadamente 88.4 millones de usuarios realizan recargas telefónicas para hacer llamadas, enviar mensajes o conectarse a Internet.

Sin embargo, de realizarse la modificación de la ley, tal como se expone a continuación, generaría efectos que pueden comprometer la disponibilidad y calidad del servicio en el largo plazo, y afectar la libre competencia entre concesionarios y operadores.

Es de tenerse en cuenta que actualmente, gracias a los efectos de la reforma constitucional y legal en la materia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene facultades como autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, que permiten generar un entorno de mejora de las condiciones de prestación del servicio, a través de mecanismos de información y de competencia entre los oferentes que concurren en el mercado.

Asimismo, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones de carácter técnico a partir de las cuales, se justifica la conveniencia de que exista una fecha de vigencia de la recarga.

Por una parte, la numeración es un servicio público de interés general, que se considera como un bien escaso y por lo tanto es un servicio finito. La cantidad de dígitos que el instituto otorga a los concesionarios es cierta y limitada con base en su título de concesión, así como al ancho de banda disponible en su red de telecomunicaciones.

Es decir, al mantener activa una línea de telefonía móvil sin que esta expire y regrese a disposición del concesionario por no abonarle saldo por lo menos cada año, puede generar un overbooking (número de usuarios que, como máximo, comparten la capacidad instalada en una radio base e incluso del ancho de banda concesionado a la telefónica) con el consecuente congestionamiento en la red y degradación de la calidad del servicio; las suscripciones activas seguirían intercambiando comunicación entre el equipo terminal y las radio bases a las que se conecte, saturando así la capacidad de estas.

Además, es de considerarse que un número telefónico móvil se sabe activo por las recargas de saldo que se le realicen en un periodo cierto de tiempo, pero al momento de dejar a perpetuidad el saldo no utilizado, se dejarían los números conectados a las redes de los operadores, impidiendo el reciclaje y reinserción de la numeración para a nuevos usuarios, lo que en consecuencia agotaría las combinaciones numéricas asignadas y tendría que reformarse la cantidad de dígitos de un número (plan de numeración), afectando con ello al universo total de los usuarios en México.

Sin embargo, a fin de conciliar la preservación de las condiciones que permitan la operatividad del servicio y los principios para la protección de los derechos de los usuarios, la LFTyR mandata que el saldo que se tenga a favor al momento de la expiración se pueda abonar en la siguiente recarga.

Vale la pena señalar que el piso mínimo que actualmente establece el marco legal es de un año para la expiración de la vigencia en el saldo de los números de telefonía celular, lo cual no limita a los concesionarios u operadores móviles virtuales, a extender esta temporalidad mínima por razones comerciales o de estrategia de competencia económica para abrirse paso en el mercado, como actualmente sucede con Virgin México, operadora que dentro de sus planes y políticas comerciales las recargas de tiempo aire no tienen una vigencia.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa de este dictamen, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 191, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 24 de junio de 2015.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

i Con Información “Hábitos de Recargas Móviles”, de The Competitive Intelligence Unit (CIU), con cifras de 2014. http;//the-ciu.net/nwsltr/281 1Distro.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de diciembre de 2015.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), presidenta; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica en contra), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica en contra); Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza, Julieta Fernández Márquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto, José Luis Toledo Medina, Fernando Uriarte Zazueta, Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández, Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica), Alma Lucía Arzsaluz Alonso (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica en contra), Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

«Voto particular con respecto al Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de saldos de telefonía móvil, presentado por los diputados Renato Josafat Molina Arias y Blanca Margarita Cuata Domínguez.

Voto Particular

Honorable Asamblea:

Los suscritos, secretario e integrante de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a consideración de los integrantes de la misma, nuestro voto particular con respecto al Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de saldos de telefonía móvil.

Dictamen

Antecedentes

El 24 de junio de 2015, la diputada Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa que reforma el Artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó el trámite de recibo de la Iniciativa y, por instrucciones de la Presidencia, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Comunicaciones.

La Comisión de Comunicaciones dio trámite de recibido e inició el análisis de la Iniciativa.

Descripción de la iniciativa

La proponente diputada Esther Quintana Salinas, menciona que la reciente Reforma de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 2014, se gestó dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el marco del “Pacto por México”, con el propósito de generar mayor competencia económica, principalmente en telecomunicaciones, además se abrir la licitación de dos cadenas nuevas de televisión abierta.

Menciona además, que con esta Reforma se fomenta la competencia, se generan inversiones y más redes de telecomunicaciones para poder recibir servicios de calidad, más rápidos, en más lugares y a mejores precios, y que además actualmente ya genera beneficios directos, entre ellos los siguientes:

Suspensión del el pago de larga distancia nacional, a partir del 1º de enero de 2015.

La portabilidad, se puede cambiar de compañía celular’ de manera gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones.

Consulta de saldo del teléfono celular de prepago sin costo; y la consecuente expiración del saldo de hasta un año.

Los planes y tarifas de las compañías de telefonía celular deberán considerar cobros por segundo y no por minuto, sin perjuicio de otros planes que se basen en cobros por minuto, por evento, o por capacidad o cualquier otra modalidad.

Conectividad gratuita en sitios públicos y programas de cobertura social.

Creación de la figura del defensor de las audiencias.

Asimismo, hace referencia a que actualmente se trabaja en dos redes de telecomunicaciones:

La red troncal de fibra óptica, que tiene como objetivo extender la cobertura de las telecomunicaciones a localidades desatendidas y ofrecer un servicio de mayor calidad en aquellas localidades que ya cuentan con el servicio.

La red compartida que ampliará la cobertura del Internet y la telefonía móvil en el país, para facilitar que existan más opciones de servicio.

Además de que se diseñó el “Proyecto México Conectado”, como una vía para que la población tenga acceso a Internet de manera gratuita en escuelas, bibliotecas, clínicas, ayuntamientos y plazas públicas.

Sin embargo, refiere que pese a estos beneficios, es imperativo continuar avanzando en las modificaciones que se necesiten para extenderla y mejorarla, para que cumpla con sus objetivos en benéfico de la ciudadanía.

Específicamente, hace referencia al servicio de telefonía móvil, contemplado en el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que se refiere a los derechos que gozarán los usuarios previstos en esta Ley, y de manera particular, en lo que se refiere su Fracción XVI, la cual especifica que los usuarios tienen derecho a “A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.

En este sentido, señala la diputada Quintana Salinas, que este derecho es perjudicial para la economía de los usuarios en la modalidad de prepago, ya que estos son la mayoría de este servicio, según cifras del Instituto Federal de Comunicaciones, quien señaló que en el año 2013, la modalidad de prepago cerró en 87.6 millones de suscripciones, con un crecimiento de 3 por ciento respecto al mismo periodo de 2012, y representa el 84.6 por ciento del total del mercado.

Por lo cual propone, eliminar la posibilidad de que las recargas abonadas al saldo no tengan vigencia, es decir que no tengan la posibilidad de expirar, así los usuarios o suscriptores de la modalidad de prepago, menciona, podrán hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por parte de las empresas que brindan dicho servicio, para ser consumido en un determinado plazo de tiempo.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada Esther Quintana Salinas presenta la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo único. Se reforma la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 191. ...

I. a XV. ...

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo abonado no tenga fecha de expiración.

XVII. a XXI. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones de un dictamen en sentido positivo

1.- Consideramos que resulta relevante y es una oportunidad para reivindicar el derecho a la comunicación que tienen los usuarios de telefonía móvil. Tal como se establece en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo tercero que a la letra dice:

“Artículo 6°...

...

El estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e internet. Para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la presentación de dichos servicios...”

2.- La intención de la legisladora que propone que los usuarios de la telefonía móvil en la modalidad de prepago, puedan hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo sin tener una fecha de vigencia, ni estar sujeto a recargas para hacer uso de su saldo, nos parece un hecho que beneficia a los usuarios de telefonía móvil en el esquema de prepago.

3.- El artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente, constituye un abuso por parte de las empresas de telefonía móvil, pues al establecer una fecha determinada de expiración del saldo, están coartando el derecho a la comunicación consagrado en nuestra Ley Fundamental, es por ello que la iniciativa que se describe en los antecedentes deberá ser aprobada por esta Comisión de Comunicaciones, tomando en cuenta que no debe impedirse de forma alguna el derecho de uso del saldo adquirido, la misma debe durar hasta que el usuario la termine, y no hasta que la operadora de telefonía lo decida.

4.- La actual redacción del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión da pie a que las operadoras de telefonía móvil abusen de los usuarios del servicio, pues al poner una fecha de expiración del saldo adquirido, generan una necesidad interminable de recargas, lo que resulta en detrimento del patrimonio de los ciudadanos. Además con base en las encuestas publicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de noviembre de 2015 las inconformidades por tipo de servicio: telefonía móvil, internet, telefonía fija, televisión de paga y radio o trunking, el 36% le corresponde a telefonía móvil siendo este servicio el que genera más inconformidades.

5.- Ésta Comisión de Comunicaciones deberá considerar que de acuerdo a diversas encuestas de carácter nacional en México, establecen que en la modalidad de prepago se encuentran un 85% de usuarios, resultando muy alto el número de los mismos, por lo que la aprobación de la iniciativa a la que me he venido refiriendo, resultaría benéfica para la mayoría de los usuarios de telefonía móvil.

6.- Para los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es primordial velar por los derechos de los ciudadanos, al preservar su dinero y defender en todo momento los intereses de los usuarios de telecomunicaciones, garantizando su derecho a la comunicación.

7.- Es importante hacer mención que en países de Latinoamérica, por ejemplo el caso de Ecuador, en dicho país desde el 2012 la vigencia de las recargas a los teléfonos celulares no caduca.

8.- Por lo anterior los diputados de ésta legislatura debemos reivindicar los derechos de los usuarios de telefonía móvil en México y no en favor de los privilegios de las empresas trasnacionales, otro dato relevante es que las empresas que dan el servicio de telefonía móvil en Ecuador es CLARO (América Móvil conocida en México como Telcel) y Movistar mismas que operan en México, por lo que queda comprobado que éstas empresas abusan de los usuarios de telefonía móvil en los Países con gobiernos al servicio de los monopolios.

Acuerdo

Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 191, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 24 de junio de 2015.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2015.— Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, fracción XL, y 3, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2, 157, numeral 1, fracciones I y IV, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta soberanía el presente dictamen:

I. Antecedentes legislativos

1. En sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2009, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de iniciativa con proyecto de decreto, presentada por el diputado Cruz Pérez Cuéllar, en nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, y de los diputados Emilio Gamboa Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y otros, por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le había sido remitida mediante minuta de su colegisladora.

2. En la misma fecha, en sesión celebrada en la Cámara de Senadores, la Mesa Directiva turnó la minuta referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 24 de abril de 2012, las referidas comisiones unidas presentaron la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido negativo.

4. En sesión celebrada en la misma fecha, el pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenándose la devolución a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional.

5. El 4 de septiembre de 2012, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio proveniente de la colegisladora, mediante el cual se devolvió el expediente con la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Del contenido del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, de fecha 24 de abril de 2012, se aprecia que se emitió el siguiente acuerdo:

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, el 30 de abril de 2009.

5. Con esa fecha se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales el expediente respectivo de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su estudio correspondiente y emisión del dictamen respectivo.

II. Contenido de la minuta

En síntesis, se señalan los argumentos y motivos que originaron la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de “operación de los registros públicos de la propiedad, el comercio y catastro en el territorio mexicano”.

Primero. El objetivo de la reforma constitucional era consolidar, actualizar, simplificar y homologar la actividad registral, a través de otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una norma de carácter general y de observancia federal para todo el territorio, planteando que en todo momento fuera respetuosa de la autonomía y soberanía de los estados, así como el ámbito de la federación.

Segundo. Para resolver los problemas que aquejan la actividad registral, la minuta proponía “facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de operación del registro de la propiedad, de comercio y catastro”.

Tercero. El dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitido por la Cámara de Senadores en sentido negativo, lleva a cabo un estudio exhaustivo respecto a los argumentos por los cuales se desecha la misma y que siendo de gran trascendencia para la Comisión de Puntos Constitucionales, se obvia su estudio de fondo, en virtud de que como se señala en el capítulo de Consideraciones, el 27 de diciembre de 2013 se publicó en Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se adicionó una fracción al artículo 73 constitucional, en los mismos términos propuestos en la iniciativa y minuta que hoy se dictamina.

III. Consideraciones

El 27 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad

I. a XXIX-Q. ...

XXIX-R.Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXX. ...

Asimismo, se estableció en su puntos transitorios, entre otros, que el decreto entraría en vigor el día siguiente de su publicación, * motivo por el cual la minuta remitida por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el oficio número DGPL 2P3A.-6192, de fecha 24 de abril de 2012, relativa a la adición de la fracción XXIX-Ñ del artículo 73a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materia del presente dictamen,ha sido superada por la publicación ya citada, por lo que se considera que no existe materia de modificación ni adición al artículo constitucional al cual se pretendía adicionar una fracción, relacionada con la expedición de una norma general que armonice el funcionamiento de los registros públicos de la propiedad y los catastros municipales en el territorio mexicano.

La propuesta del dictamen remitida a la Cámara de Senadores planteó la adición de una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 constitucional en los siguientes términos:

Artículo 73. ...

XXIX-N. ...

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de operación del registro público de la propiedad, de comercio y catastro.

En síntesis, el contenido de la reforma publicada y el de la iniciativa es el siguiente:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad

I. a XXIX-Q. ...

XXIX-R.Para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

Artículo 73. ...

XXIX-N. ...

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de operación del registro público de la propiedad, de comercio y catastro.

Como se aprecia, el proyecto minuta señalado en el párrafo anterior buscaba otorgar facultades al Congreso para expedir leyes en esta materia, lo que se logró –con creces– con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de adición a la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 27 de diciembre de 2013, por lo que se considera que la minuta remitida por la Cámara de Senadores el 24 de abril de 2012, quedó superada por la publicación del decreto citado, máxime si se toma en consideración que la iniciativa sólo se refiere a los registros catastrales (referentes a los registros públicos inmobiliarios), en tanto que la reforma vigente se refiere no sólo a los registros catastrales sino a los de comercio y propiedad.

Por lo expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, y para los efectos de lo dispuesto en la parte última de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 28 de abril de 2009, remitida por la Cámara de Senadores.

Nota:

* Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor de 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Para ello solicitará previamente la opinión de las entidades federativas.

Tercero.Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2015.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Soralla Bañuelos de la Torre, Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes.»

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones a los artículos 4o. y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Competitividadde la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,devuelta por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Los integrantes de esta comisión analizaron el contenido de la minuta, con el objeto realizar observaciones o comentarios los cuales fueron integrados al presente dictamen.

La Comisión de Competitividad es competente para conocer y resolver respecto a la minuta, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 85, 95, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Por cuestión de método y estudio, la dictaminadora procederá a reunir y dar cumplimiento a los elementos exigidos en el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en un orden distinto del señalado, es decir, en algunas ocasiones en forma agrupada y en otras en lo individual, por lo que el dictamen se presenta en los siguientes términos:

I. Metodología para el estudio y análisis

En el apartado “Antecedentes” se describe el proceso legislativo que la minuta ha tenido, a partir de que fueron presentadas las iniciativas en la Cámara de Diputados, hasta la devolución del expediente que contiene la respectiva minuta a esta Cámara.

Respecto al apartado “Contenido y objeto de la minuta”, se realiza ahí una descripción de la minuta, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema.

Finalmente, en el apartado “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora realizan un análisis y valoración de los argumentos de la colegisladora plasmados en la minuta, con base en el contenido de diversos ordenamientos legales y el texto normativo propuesto.

II. Antecedentes

1.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 1o. de agosto de 2012 se dio cuenta con la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, presentada por el entonces diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.Mediante el oficio número DGPL 62-II-8-0220,de fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura la iniciativa señalada, para su dictamen.

3.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 20 de diciembre de 2012 se dio cuenta con la “iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, presentada por la entonces diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

4.Mediante el oficio número DGPL 62-II-4-244,de fecha 20 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura la iniciativa referida, para dictamen.

5.En sesión ordinaria de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, celebrada el 12 de febrero de 2013 se aprobó el dictamen en sentido positivo de las iniciativas en comento, con 16 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

6. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 21 de febrero de 2013 se aprobó en sus términos el dictamen en sentido positivo de las iniciativas señaladas, con 402 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones.

En la misma fecha, la Cámara de Diputados remitió a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el expediente de la minuta con proyecto de decreto de las iniciativas en referencia, para los efectos constitucionales.

7.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión celebrada el 26 de febrero de 2013, se recibió y dio cuenta con el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

8.Mediante los oficios números DGLP-2P1A.-1005 y DGLP-2P1A.-1006,de fecha 26 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión acordó turnar a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura dicho proyecto para el correspondiente dictamen.

9.En sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura celebrada el 5 de marzo de 2015 se aprobó el dictamen en sentido negativo por el que se desecha la respectiva minuta con proyecto de decreto, con 13 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

10.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión celebrada el 22 de septiembre de 2015 se aprobó en sus términos el dictamen en sentido negativo de la minuta señalada, con 92 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

En la misma fecha, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el expediente de la minuta con proyecto de decreto de las iniciativas en referencia, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

11.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 29 de septiembre de 2015 se recibió y se dio cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve el expediente “minuta proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” para efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional.

12.Mediante el oficio número DGPL 63-II-8-0102,de fecha 29 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Competitividad de la LXIII Legislatura la minuta referida para su dictamen.

La Comisión de Competitividad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se instaló el 15 de octubre del año en curso, por lo que de conformidad con el artículo 182 de Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentra en tiempo y forma para emitir el presente dictamen.

III. Contenido y objeto de la minuta

La minuta aprobada en el senado tiene por objeto

a) Desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, remitida por la Cámara de Diputados, por considerar que

• Las modificaciones propuestas se encuentran debidamente atendidas en la Ley de Planeación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

IV. Consideraciones

Primera.Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ldcmipyme) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, teniendo por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación y regulación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme):

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo, incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional.

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

La ley es de observancia general en toda la república y sus disposiciones son de orden público.

a) Definición de Mipyme

De conformidad con la fracción III del artículo 3 de la Ldcmipyme, se define Mipyme como las “micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría (de Economía), de común acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros define la Mipyme como “unidad económica operada por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización jurídica o gestión empresarial y desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de producción, comercialización o prestación de servicios”.

b) Objetivos de la Ldcmipyme

En el mismo sentido, esta dictaminadora estima necesario señalar los objetivos de la Ldcmipyme:

Artículo 4. Son objetivos de esta ley

I. Establecer

a) Las bases para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al desarrollo de las Mipyme en el marco de esta ley;

b) Las bases para la participación de la federación, de las entidades federativas, del Distrito Federal, de los municipios y de los sectores para el desarrollo de las Mipyme;

c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, programas, instrumentos y actividades de fomento para la productividad y competitividad de las Mipyme, que proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial; y

d) Las bases para que la secretaría elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las Mipyme.

II. Promover

a) Un entorno favorable para que las Mipyme sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales;

b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las Mipyme;

c) El acceso al financiamiento para las Mipyme, la capitalización de las empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes;

d) Apoyos para el desarrollo de las Mipyme en todo el territorio nacional, basados en la participación de los sectores;

e) La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las Mipyme por parte del sector público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la normativa aplicable;

f) Las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas productivas;

g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las Mipyme;

h) La creación y desarrollo de las Mipyme sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo; e

i) La cooperación y asociación de las Mipyme, a través de sus organizaciones empresariales en el ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y cadenas productivas.

c) Perspectiva de género

Respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como a la perspectiva de género para el acceso al financiamiento de Mipyme, los artículos 7, 10 y 11 de la Ldcmipyme, ya establece que la Secretaría de Economía los garantizará a través de los programas sectoriales a que se refiere el artículo 5, así como de diseñar fomentar y promover la creación de instrumentos y mecanismos que faciliten el acceso:

Artículo 7. La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipyme, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Artículo 10.La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme deben atender los siguientes criterios:

I. y II. ...

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

IV....

Artículo 11.Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes programas:

I.a VIII. ...

Adicionalmente, la secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las Mipyme, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para la mujeres.

Segunda.Que en concordancia con la colegisladora, el 20 de mayo de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual comprende los objetivos, las metas, las estrategias y las prioridades que regirán las acciones del actual gobierno federal. Dicho plan considera entre las tres estrategias transversales la “perspectiva de género”, ello con el propósito de avanzar en la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las mujeres, así como incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas de la administración pública federal.

Asimismo, de conformidad con la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, corresponde a dicho organismo proponer el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, así como evaluar su ejecución:

Artículo 7. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a V. ...

VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;

VII. a XXV. ...

En virtud de lo anterior, el 30 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, el cual es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, las que deberán considerar los objetivos, estrategias y líneas de acción del mismo para la elaboración de sus programas, es decir, que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren estarán explicitas la perspectiva de género, así como aquellas acciones que estén centradas en reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

En el mismo sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ya atiende todo lo concerniente a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres:

Artículo 1.La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres,proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 12.Corresponde al gobierno federal

I. Conducir la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres;

II. Elaborar la política nacional en materia de igualdad, a fin de cumplir lo establecido en la presente ley;

III. Diseñar y aplicar los instrumentos de la política nacional en materia de igualdad garantizada en esta ley;

IV. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como crear y aplicar el programa, con los principios que la ley señala;

V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas;

VI. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género;

VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad; y

VIII. Los demás que esta ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 32. La política nacional a que se refiere el título III de la presente ley, definida en el programa nacional y encauzada a través del sistema nacional, deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos operativos y acciones específicas a que se refiere este título.

Artículo 33. Será objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos;

II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica;

III. Impulsar liderazgos igualitarios; y

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

En el mismo sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de noviembre del año en curso, prevé tres programas en el ramo 10 (“Economía”) de apoyo a las Mipyme con perspectiva de género.

Tercera.Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ésta establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.

En ese tenor, es menester señalar que de conformidad con la fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos que le competa a otra secretaría.

Asimismo, si bien es cierto que la política fiscal es una atribución exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la fracción VI del artículo 34 de dicha ley, atribuye a la Secretaría de Economía, el estudio y determinación mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior, exterior y el abasto, incluyendo los subsidios para impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como evaluar sus resultados.

De lo señalado, esta dictaminadora coincide con la colegisladora en cuanto a que es inoperante que la Secretaría de Economía celebre convenios en los diferentes niveles de gobierno con la finalidad de incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las Mipyme.

En este tenor de ideas, y en concordancia con la colegisladora, los diputados de la Comisión de Competitividad someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero.Se aprueba la minuta, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 29 de septiembre de 2015, que desecha el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segundo.Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2015.

La Comisión de Competitividad, diputados:Héctor Peralta Grappin (rúbrica), presidente; Martha Hilda González Calderón, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Susana Osorno Belmont (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), Eduardo Zenteno Núñez (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, María Chávez García (rúbrica), José Antonio Estefan Garfias, Alfredo Miguel Herrera Deras, Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Felipe Reyes Álvarez (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Federico Eugenio Vargas Rodríguez.»

CÓDIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio, enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente

I. Metodología de trabajo

La comisión dictaminadora realizó el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Contenido de la minuta” se hace una descripción de la minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Senadores y remitida a la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora realizan una valoración de la minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 4 de octubre de 2012, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio.

2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 19 de marzo de 2013 en sesión de trabajo de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Economía fue aprobado por unanimidad, el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio.

El dictamen referido fue aprobado con 30 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman.

4. El 3 de abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen referido con 401 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la minuta referida.

5. El 9 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos para su para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El 31 de julio de 2013, La Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos acordaron desechar la minuta y devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho dictamen fue aprobado en votación económica por el Pleno de la Cámara de Senadores el 22 de octubre de 2013 y remitido en misma fecha a la Cámara de Diputados.

7. El 24 de octubre de 2013, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Economía para dictamen.

8. El 14 de octubre de 2015, la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, recibió de la mesa directiva, el acuerdo por el que remiten el listado de los asuntos de la LXI y LXII Legislatura que se encuentran vigentes para su análisis y dictaminación.

III. Contenido de la minuta

La iniciativa presentada por el entonces diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, tenía por objeto reformar preceptos legales, en cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba testimonial, la colegisladora estima que con la reforma de 2012, al incorporar al sistema de impartición de justicia la oralización de los juicios en materia mercantil, se rompieron las barreras en la admisión de justicia al permitir un contacto más directo entre las partes y el juzgador y han quedado rebasadas las intenciones del legislador.

Una vez analizada la propuesta por la Colegisladora resolvió lo siguiente:

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMAN diversas disposiciones del Código de Comercio, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 09 de abril de 2013.

Segundo. Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.

Tercero. Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.”

IV. Consideraciones de la comisión

Primera.Esta dictaminadora, comparte con la colegisladora que con la creación de los juicios orales en materia mercantil hubo un sustancial avance en la solución de los conflictos derivados de los actos de comercio.

Segunda.En el juicio oral mercantil se observan especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concertación .Principios de la mayor relevancia en materia procedimental entre los que destacan:

El principio de “inmediación” que implica un contacto permanente entre el juzgador y las partes durante el proceso, con la finalidad de que haga una valoración minuciosa de los hechos sin intermediarios y perciba directamente, la manera espontánea en que se conducen las partes o se vierten los testimonios, y

El de “concentración” permite que todos aquellos actos necesarios para concluir el juicio, se realicen en la misma audiencia o en la menor cantidad de audiencias consecutivas y con la mayor proximidad temporal entre ellas, con la finalidad de evitar que el transcurso del tiempo borre la impresión que el juzgador pueda formarse en relación con los actos del debate.

Tercera.Esta comisión dictaminadora estima valiosas las aportaciones vertidas por la colegisladora en la minuta materia del presente dictamen, y comparte que desde el punto de vista jurídico se contraponen a las normas vigentes derivadas de las recientes reformas, y que lejos de contribuir al fortalecimiento de los juicios orales para darle celeridad a la solución de controversias mercantiles, darían pauta para el retraso y confusión en el procedimiento judicial en materia mercantil.

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio, remitida por la Cámara de Senadores el día 24 de octubre de 2013.

Segundo.Comuníquese a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el Apartado D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

La Comisión de Economía, diputados: Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica).»

CÓDIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio, enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente

I. Metodología de trabajo

La comisión dictaminadora realizó el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Contenido de la minuta” se hace una descripción de la minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Senadores y remitida a la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora realizan una valoración de la minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 30 de octubre de 2012, el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio.

2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 19 de marzo de 2013 en sesión de trabajo de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Economía fue aprobado por unanimidad, el dictamen por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.

El dictamen referido fue aprobado con 30 votos a favor y 0 en contra, de 30 miembros que la conforman.

4. El 3 de abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen referido con 400 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la minuta referida.

5. El 9 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El 31 de julio de 2013, la Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, acordaron desechar la minuta y devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho dictamen fue aprobado en votación económica por el Pleno de la Cámara de Senadores el 22 de octubre del 2013 y remitido en misma fecha a la Cámara de Diputados.

7. El 24 de octubre de 2013, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Economía para Dictamen.

8. El 14 de octubre de 2015, la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, recibió de la Mesa Directiva, el acuerdo por el que remiten el listado de los asuntos de la LXI y LXIII Legislaturas, que se encuentran vigentes para su análisis y dictaminación.

III. Contenido de la minuta

La iniciativa en análisis tenía por objeto, que cuando se ignorare el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se realice gratuitamente a través de un sistema electrónico administrado por la Secretaría de Economía y, posteriormente tres veces en medios de comunicación impresos de circulación local o nacional, ello con la finalidad de disminuir los costos de los juicios mercantiles en beneficio de las partes.

Una vez analizada la propuesta por la colegisladora resolvió lo siguiente:

“Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se REFORMA el artículo 1070 del Código de Comercio, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 09 de abril de 2013.

Segundo. Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.”

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera.Esta dictaminadora, coincide con la colegisladora en impulsar reformas que simplifiquen y agilicen el procedimiento judicial en materia mercantil en beneficio de las partes.

Segunda. Así también conforme a la minuta recibida de la Cámara de Senadores, considera adecuada la reforma al artículo 1070 del Código de Comercio, ya que es de vanguardia la utilización de los sistemas electrónicos para llevar a cabo la notificación del emplazamiento en los juicios mercantiles, a través de la Secretaría de Economía. Sin embargo, coincide en que dicho sistema electrónico aún no estaba funcionando cuando fue aprobada.

Tercera.Coincide a su vez, en que se trata de una interpretación errónea en materia de simplificación administrativa, toda vez que no se elimina la notificación por medios impresos, por el contario, se añade que la “primera notificación” sea por medio electrónico, y las 3 subsecuentes sea por medios impresos. Pasando de tres a cuatro el número de notificaciones que se tendrán que realizar cuando se desconozca el domicilio de quien debe ser notificado.

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 1070 del Código de Comercio, remitida por la Cámara de Senadores el 24 de octubre de 2013.

Segundo.Comuníquese a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el Apartado D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

La Comisión de Economía, diputados: Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica).»

CÓDIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 1395 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio, , enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente

I. Metodología de trabajo

La comisión dictaminadora realizó el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Contenido de la minuta” se hace una descripción de la minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Senadores y remitida a la Cámara de Diputados.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora realizan una valoración de la minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. El 18 de octubre de 2012, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

2. En la fecha señalada en el numeral anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida iniciativa a la Comisión de Economía para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 19 de Marzo de 2013 en sesión de la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Economía fue aprobado el dictamen con modificaciones al artículo 1395 del Código de Comercio, con 29 votos a favor y 1 en contra de 30 miembros que conforman la Comisión.

4. El 24 de abril de 2013 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el dictamen referido con 409 votos a favor, y 0 en contra.

En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, la minuta referida.

5. El 25 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Segunda para su para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El 11 de marzo de 2014, las Comisiones Unidas de Comercio Y Fomento Industrial acordaron desechar la minuta y devolver el expediente a la Cámara de Diputados, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho dictamen fue aprobado en votación económica por el Pleno de la Cámara de Senadores el 30 de abril de 2014 y remitido en misma fecha a la Cámara de Diputados.

7. El 14 de mayo de 2014, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Economía para Dictamen.

8. El 14 de octubre de 2015, la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, recibió de la Mesa Directiva, el acuerdo por el que remiten el listado de los asuntos de la LXI y LXIII Legislaturas, que se encuentran vigentes para su análisis y dictaminación.

III. Contenido de la minuta

La iniciativa presentada por el entonces diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, establecía la obligatoriedad para la parte “actora”, el presentar desde el escrito inicial de demanda, el demostrar que consultó el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUGM) en el caso de los bienes muebles, lo anterior para garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado.

Una vez analizada la propuesta por la colegisladora resolvió lo siguiente:

“Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio, en los términos en que fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión, y turnada en sesión ordinaria a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el día 25 de abril de 2013.

”Segundo. Se devuelve el expediente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.

”Tercero. Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.”

IV. Consideraciones de la Comisión

Primera.Esta dictaminadora, comparte con la colegisladoraque desde su implementación el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUGM), representa una herramienta de apoyo que otorga certeza jurídica al sector financiero para promover el otorgamiento de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Así también, que de conformidad con los artículos 32 bis 1, 32 bis 2 y 32 bis 3 del Código de Comercio, el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUGM), se inscribirán los actos jurídicos mercantiles por medio de los cuales constituya, modifique, transmita o cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros.

Dicho registro estará exclusivamente a cargo de la Secretaría de Economía, su operación se lleva a través de medios digitales con una base de datos nacional.

Segunda.En este mismo sentido, coincide con la opinión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el sentido de que la propuesta sin duda generaría una gran problemática al momento de su aplicación, ya que provocaría incertidumbre en la sociedad y en lugar de dar celeridad a los juicios ejecutivos mercantiles los retrasaría, contraviniendo con ello los principios de justicia completa, pronta y expedita, lo que se traduce en un total descontento de la sociedad.

Además de que la inclusión del término “tercero perjudicado” está mal ubicado porque era un aspecto que se regulaba exclusivamente en la anterior Ley de Amparo (artículo 5o); por ende, no es dable agregarla a la materia mercantil, porque ello generaría enormes confusiones en los justiciables, abogados y juzgadores, al manejarse por dos distintos ordenamientos legales, la misma figura jurídica.

Máxime porque conforme a la nueva Ley de Amparo, publicada el 2 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, ya no se contempla la figura del “tercero perjudicado”.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, esta Comisión, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 1395 del Código de Comercio, remitida por la Cámara de Senadores el día 30 de abril de 2014.

Segundo.Comuníquese a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el Apartado D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

La Comisión de Economía, diputados:Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), presidente; Antonio Tarek Abdala Saad (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (rúbrica), Esdras Romero Vega (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Jesús Serrano Lora (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Armando Soto Espino (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Waldo González Fernández (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), René Mandujano Tinajero (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, excepto el listado con el número tres, que se ha separado de la discusión y votación correspondiente.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY DE COMPETENCIA ECONÓMICA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que remite la Honorable Cámara de Senadores por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los senadores, Rogelio Rueda Sánchez, Francisco Arroyo Vieyra, Antelmo Alvarado García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Eloy Cantú Segovia, Fernando Baeza Meléndez, Alfonso Elías Serrano, Norma Esparza Herrera, Amira Gómez Tueme, Renan Cleominio Zoreda Novelo, Melquiades Morales Flores, Jesús María Ramón Valdez, Ricardo Pacheco Rodríguez, Raúl Mejía González, María del Socorro García Quiroz y María de los Ángeles Moreno Uriegas, senadoras y senadores de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los diputados integrantes de esta comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral I, fracción IV, y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente

I. Metodología de trabajo

La Comisión de Economía, encargada del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado Contenido de la minuta, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las Consideraciones, los integrantes de la comisión dictaminadora hacen el análisis y expresan los razonamientos y argumentos sobre las reformas y adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Primero. El 19 de abril de 2012, los senadores Rogelio Rueda Sánchez, Francisco Arroyo Vieyra, Antelmo Alvarado García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Eloy Cantú Segovia, Fernando Baeza Meléndez, Alfonso Elías Serrano, Norma Esparza Herrera, Amira Gómez Tueme, Renan Cleominio Zoreda Novelo, Melquiades Morales Flores, Jesús María Ramón Valdez, Ricardo Pacheco Rodríguez, Raúl Mejía González, María del Socorro García Quiroz y María de los Ángeles Moreno Uriegas, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley de Competencia Económica.

Segundo. En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acordó el turno de la propuesta a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Tercero. Con fecha 20 de abril de 2012, mediante oficio DGPL-2P3A.-5953 y DGPL-2P3A.-5954 de la Mesa Directiva, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos; respectivamente, recibieron dicha iniciativa para su estudio y análisis.

Cuarto. EL 23 de abril de 2012, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos presentan dictamen; en donde consideran que las reformas y adiciones propuestas a diversos artículos de la Ley Federal de Competencia Económica, son de aprobarse y lo someten a la consideración del pleno.

Quinto. Con fecha 25 abril de 2012, mediante oficio DGPL-2P3A.- 6259, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, remite a la Cámara de Diputados proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley de Competencia Económica; así como dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda, a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.

Sexto. El 26 de abril de 2012, mediante oficio DGPL. 61-II-7-2677 y expediente 7142; se turna a la Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados: minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Competencia Económica, para dictamen.

Séptimo. Con fecha 31 de diciembre de 2012, el presidente de la Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados, diputado Mario Sánchez Ruiz, solicita prórroga legal para la dictaminación de la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Competencia Económica.

Octavo.Con fecha 9 de enero de 2013, mediante oficio DGPL. 62-II-7-314, es aceptada la prórroga para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Competencia Económica.

Noveno. El 14 de octubre de 2015 se remite a la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Competencia Económica, para dictamen de la Comisión de Economía.

III. Contenido de la minuta

La iniciativa objeto del presente dictamen, es complementaria a la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de mayo de 2011, mediante el que se propone darle un mayor alcance al sistema de ponencias y continuar con el camino iniciado en la reforma aludida, en el sentido de fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (en adelante Cofeco), alcanzar un mayor equilibrio en la toma de decisiones.

En materia de fortalecimiento institucional, impulsa un mayor equilibrio en la toma de decisiones al interior del órgano regulador, en el marco de la relación entre el secretario ejecutivo, los comisionados y el presidente de la comisión.

Lo anterior se sustenta en la dotación de mayores facultades al pleno de la comisión, en investir en una mayor capacidad investigadora al secretario ejecutivo y en la creación de la figura del comisionado ponente que tendrá la responsabilidad de presentar una ponencia respecto del sentido en que se proponga resolver el asunto en cuestión, la cual deberá ser votada por todos los comisionados en sesión plenaria.

Plantea que las unidades administrativas y el secretario ejecutivo deberán obligatoriamente prestar apoyo al comisionado ponente y se le otorga una mayor participación a este último en el estudio y preparación de los asuntos que le sean turnados, ya que su actuación no se encontraba suficientemente definida.

Asimismo, el sistema de ponencias dará una visión más plural, ya que los proyectos de resolución serán elaborados por distintas personas con diferentes enfoques y no por una sola área en la que existe una línea de mando única. Se privilegia la horizontalidad en lugar de la verticalidad y se privilegia la naturaleza colegiada de la comisión.

De igual manera, esta reforma se propone:

Establecer el sistema de ponencias para que los comisionados participen en las resoluciones del pleno, en los procedimientos de autorización de concentración de los agentes económicos, de investigación, sancionador por infracción y de determinación de competencia efectiva.

Prever las facultades de los comisionados y en particular las de los comisionados ponentes, entre las que destacan, requerir a las áreas y servidores públicos de la comisión informes sobre la tramitación de los asuntos o funcionamiento de las citadas áreas, solicitar la comparecencia de los titulares de las unidades administrativas y la evaluación de su desempeño así como presidir y participar en grupos de trabajo para la atención de asuntos de la comisión.

IV. Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía, es competente para conocer sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Competencia Económica.

Segunda. Esta comisión dictaminadora reconoce la intención de los senadores proponentes del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en buscar el fortalecimiento institucional y el mayor equilibrio en la toma de decisiones en el sistema de ponencias dando una visión más plural, ya que los proyectos de resolución serían elaborados por distintas personas con diferentes enfoques y no por una sola área en la que existe una línea de mando única.

Tercera. Uno de los elementos del análisis legislativo debe ser la determinación de conocer si las modificaciones a la ley o la creación de éstas, son las adecuadas para alcanzar el fin que se busca. Lo anterior, considerando que las normas deben actualizarse a la par que las necesidades humanas.

En este sentido, el texto de una norma debe corresponder a la realidad, para que el primero adquiera plena validez, a su vez, una ley en su conjunto debe conservar su unidad y precisión.

Posterior al análisis del asunto de mérito, esta comisión observa que el contenido de los ordenamientos que se pretenden reformar y adicionar han sido rebasados por el tiempo, por lo cual su existencia no tiene validez jurídica, sin embargo, y sin demeritar la propuesta, no se considera viable; razón de los siguientes argumentos:

El 20 de febrero de 2014, el titular del Ejecutivo federal, presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica, la cual se turnó a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Competitividad; fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados, el martes 25 de marzo de 2014.

A partir del 7 de julio de 2014, por decreto publicado en Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de mayo de 2014, la Ley Federal de Competencia Económica se encuentra abrogada, por lo tanto, nos referimos a una disposición legal que se encuentra sin efecto jurídico, la vigencia y la obligatoriedad de esta ley se encuentran en supresión total.

Cuarta. Si bien los objetivos buscados por la mencionada minuta (fortalecimiento institucional, mayor equilibrio en la toma de decisiones, relación de pesos y contrapesos) son loables, su alcance fue limitado y relevado por la presentación de la nueva Ley de Competencia Económica.

Quinta. Por lo anterior, la iniciativa establece una arquitectura institucional que garantiza esa separación y equilibrio de funciones al interior de la comisión, con ello se solventa el objeto de estudio, se resuelven los preceptos legales que ocupaban a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Competencia Económica.

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica, remitida por la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012.

Segundo. Se devuelve a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

La Comisión de Economía, diputados:Jorge Enrique Dávila Flores, presidente; Antonio Tarek Abdala Saad, Tristán Manuel Canales Najjar, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Esdras Romero Vega, Miguel Ángel Salim Alle, Jesús Serrano Lora, Carlos Lomelí Bolaños, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Armando Soto Espino, Lluvia Flores Sonduk, Lorena Corona Valdés, secretarios; Claudia Edith Anaya Mota, Luis Fernando Antero Valle, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Carmen Victoria Campa Almaral, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Lorena del Carmen Alfaro García, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Waldo Fernández González, Ricardo David García Portilla, Alfredo Miguel Herrera Deras, Carlos Iriarte Mercado, Vidal Llerenas Morales, René Mandujano Tinajero, Miguel Ángel González Salum (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la minuta con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Esta comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral I, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen con base en la siguiente

I. Metodología de trabajo

La comisión dictaminadora realizó el análisis de esta minuta conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de Antecedentes se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de Contenido de la minuta se hace una descripción de la minuta sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En el capítulo de Consideraciones los integrantes de la comisión dictaminadora realizan una valoración de la minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión del 26 de marzo de 2009, los senadores Juan Bueno Torio, Rubén Camarillo Ortega y Ramón Muñoz Gutiérrez presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

2. Con fecha 3 de diciembre de 2009, los senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno y Juan Bueno Torio, presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto que por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal; del Código de Comercio, y de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de regular las empresas unipersonales de carácter mercantil. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

3. Dichas iniciativas fueron dictaminadas de manera conjunta por las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; siendo aprobado el dictamen correspondiente en fecha 8 de febrero de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó se remitiera a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

4. En fecha 10 de febrero de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados recibió la minuta referida. La Mesa Directiva ordenó se turnará a la Comisión de Economía, misma que dictaminó en sentido aprobatorio con modificaciones, en fecha 6 de diciembre de 2011.

5. Posteriormente, una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó se remitiera a esta Honorable Cámara de Senadores para los efectos constitucionales, por lo que el 13 de diciembre de 2011, el pleno de la Cámara de Senadores recibió la minuta referida turnándose a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

6. El 19 de abril de 2012, los integrantes de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, consideran aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 1, se reforman los artículos 89 y 229; se reforma el primer párrafo y se adicionan dos párrafos al artículo 58; se reforma el primer párrafo y se adicionan dos párrafos al artículo 87, de la Ley General de Sociedades Mercantiles y dicho dictamen es votado por el pleno del Senado de la Repúblico el 26 de abril del mismo año, para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El 14 de octubre de 2015, la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura, recibió de la Mesa Directiva, el acuerdo por el que se remite el listado de los asuntos de la LXI y LXII Legislatura que se encuentran vigentes para su análisis y dictamen.

III. Contenido de la minuta

La iniciativa tiene por objeto incorporar en la Ley General de Sociedades Mercantiles la figura jurídica de sociedades unipersonales bajo las modalidades de Responsabilidad Limitada y Anónima.

Por otra parte, propone establecer equivalencia de las previsiones generales de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que se refieren a “socios”, “miembros”, “accionistas” y “contrato social”, para ser aplicadas en las sociedades unipersonales.

Asimismo, pretende determinar la inaplicabilidad de las disposiciones referentes a la convocatoria y celebración de asambleas al socio o accionista único.

Establecer que las decisiones del socio o accionista único deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el libro de actas.

Una vez analizada la propuesta por la colegisladora, resolvió lo siguiente:

“Único. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, consideran aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 1, se reforman los artículos 89 y 229; se reforma el primer párrafo y se adicionan dos párrafos al artículo 58; se reforma el primer párrafo y se adicionan dos párrafos al artículo 87, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo Único. Se reforman los artículos 89 y 229; el primer párrafo del artículo 58 y el primer párrafo del artículo 87; y, se adiciona un último párrafo al artículo 1 y dos párrafos al artículo 58 y al artículo 87, todos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue

Artículo 1o. ...

I. a VI. ...

...

Sociedad unipersonal es aquella de responsabilidad limitada o anónima, en cuyo capital participa un solo socio.

Artículo 58. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye por uno o más socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley.

Todas las disposiciones de este capítulo, que hacen referencia a “socios” o “miembros” se entenderán aplicables, respecto del socio único. Aquellas que hagan referencia a “contrato social”, se entenderán aplicables el acta constitutiva.

A las sociedades integradas por un solo socio, les serán aplicables las disposiciones de este capítulo, salvo por lo que se refiere al régimen de convocatoria y celebración de las asambleas de socios; en este caso, las decisiones del socio deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el libro de actas.

Artículo 87. Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de uno o más socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.

Todas las disposiciones de este capítulo que hacen referencia a “socios”, “miembros” o “accionistas” se entenderán aplicables, respecto del socio único. Aquellas que hagan referencia a “contrato social” en tratándose de sociedades constituidas por un solo socio, se entenderán aplicables al acta constitutiva.

A las sociedades integradas por un solo socio, le serán aplicables las disposiciones de este capítulo, salvo por lo que se refiere al régimen de convocatoria y celebración de la asamblea de accionistas; en este caso, las decisiones del socio deberán constar por escrito y ser firmadas y registradas en el libro de actas.

Artículo 89. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere:

I. Uno o más socios;

II. a IV. ...

Artículo 229....

I. a III. ...

IV. Porque el número de socios o accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece, en su caso;

V. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

IV. Consideraciones de la comisión

Primera.Esta comisión dictaminadora comparte con la colegisladora necesidad de incorporar en la Ley General de Sociedades Mercantiles una figura jurídica que permita la unipersonal de las sociedades, bajo las modalidades de responsabilidad limitada y anónima.

Segunda.El 9 de noviembre de 2010 el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con la facultad prevista en el artículo 72, fracción C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emitió observaciones a un proyecto de decreto que contiene características similares a la minuta en comento.

En estas observaciones se detalla que es indispensable que la inserción de la sociedad unipersonal al ordenamiento jurídico sea concebida de manera conjunta al análisis jurídico y legislativo de la figura de la desestimación de la personalidad jurídica societaria y, por otra parte, que dicha inclusión en el sistema contenga elementos mínimos de congruencia con los recientes ejercicios e interpretaciones efectuados por el Congreso de la Unión en materia de desregulación.

Así también, el Ejecutivo federal se pronuncia por una regulación mínima que permita dotar de agilidad los mecanismos de constitución y de operación de las sociedades, circunstancia que no se actualiza en el proyecto de decreto. Estima innecesaria la creación de una modalidad especial para las sociedades unipersonales y, en consecuencia, un capítulo que las regule siendo que la alternativa acorde al principio de desregulación es simplemente la modificación del requisito de número de socios para la constitución de la sociedad.

Adicionalmente, solicita al Congreso de la Unión mantener el criterio de estricto respeto a la personalidad jurídica societaria, con plena y absoluta independencia de las personas o socios que la conforman, y fortalecer con la figura de la unipersonalidad, la regulación vigente de los tipos de responsabilidad de los miembros de las sociedades mercantiles.

Tercera. En consecuencia, tomando en consideración los argumentos anteriormente vertidos, esta comisión estima conveniente desechar la minuta remitida por el Senado de la República, con la finalidad de valorar los juicios vertidos en las observaciones y atender minutas e iniciativas en la materia que se encuentran pendientes de dictamen.

V. Resolutivo

Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Economía de la LXIII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, remitida por la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012.

Segundo.Devuélvase a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto por el apartado D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.Archívese el expediente como formal y materialmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2015.

La Comisión de Economía, diputados: Jorge Enrique Dávila Flores, presidente; Antonio Tarek Abdala Saad, Tristán Manuel Canales Najjar, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, Esdras Romero Vega, Miguel Ángel Salim Alle, Jesús Serrano Lora, Carlos Lomelí Bolaños, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Armando Soto Espino, Lluvia Flores Sonduk, Lorena Corona Valdés, secretarios; Claudia Edith Anaya Mota, Luis Fernando Antero Valle, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Carmen Victoria Campa Almaral, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Lorena del Carmen Alfaro García, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Jesús Juan de la Garza Díaz del Guante, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Waldo Fernández González, Ricardo David García Portilla, Alfredo Miguel Herrera Deras, Carlos Iriarte Mercado, Vidal Llerenas Morales, René Mandujano Tinajero, Miguel Ángel González Salum (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Continúe la Secretaría. De cambios de integrantes.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Mariana Benítez Tiburcio cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que la diputada Sofía del Sagrario de León Maza cause baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que la diputada Sofía del Sagrario de León Maza cause alta como secretaria en la Comisión de Población.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

LICENCIAS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.—Presente.

Distinguido diputado Zambrano:

Me dirijo a usted por medio del presente, con el propósito de solicitar licencia en el ejercicio de mi cargo, para separarme por tiempo indefinido a partir del día 4 de febrero de 2016; lo anterior con apego a lo dispuesto por el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6o., fracción XVI; 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados; además de lo estipulado en las disposiciones electorales vigentes y, desde luego, las normas estatutarias del Partido Revolucionario Institucional, al cual pertenezco.

Quedo en espera de la resolución que el órgano legislativo bajo su condición, tenga a bien dar a esta solicitud, quedando, como siempre, a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2016.— Diputado Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Yahleel Abdala Carmona, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el distrito 1 electoral del estado de Tamaulipas, a partir del 4 de febrero del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

Que vean que civilidad democrática, se vota por la competencia electoral en términos civilizados.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDES

DÍA MUNDIAL POR LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2

«Efeméride con motivo del 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

28 de enero Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de C02

Un tema domina en estos días en los medios de comunicación y su presencia en la discusión pública será mayor en el futuro: el calentamiento global y el consecuente cambio climático, cuya principal causa es de carácter antropogénico.

En el mundo, el 28 de enero se celebra el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de C02, este día fue designado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el día clave del año para tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro mundo, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que este ocasiona. También busca impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tales como inversiones en desarrollo de fuentes de energía renovables, cambio a combustibles más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos de combustión y modificar las tendencias de consumo a través de la educación ambiental.

La concentración de C02 en la atmósfera ha aumentado considerablemente durante el siglo XX. Después de la Revolución Industrial éste compuesto aumentó su presencia alarmante mente, provocando la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, que como consecuencia están alterando el clima. Estos gases son: vapor de agua, dióxido de carbono C02, ozono troposférico y metano.

Principalmente, el Cambio Climático se ha producido por:

• El excesivo aumento de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo principalmente).

• La producción agropecuaria y el cambio de uso del suelo, en especial la deforestación.

• La industrialización y actuales patrones de consumo.

• La gestión de residuos sólidos y líquidos en los países desarrollados produce altos niveles de gases de efecto invernadero debido al consumo de energías relacionadas con los patrones de consumo y la gran producción industrial.

Por ello este 28 de enero invitamos a tomar conciencia sobre la importancia de reducir nuestra huella de carbono, y evitar en la medida de lo posible la producción excesiva de C02. Cada uno de nosotros puede contribuir, en el ámbito personal, mediante el cambio sencillo de algunos hábitos que no demeritará la realización de nuestras actividades y nuestro confort; en el ámbito colectivo, trabajemos para dar soluciones de mayor alcance que contribuyan a revertir este problema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER

«Efeméride con motivo del 4 de febrero, Día Internacional contra el Cáncer, a cargo de los diputados Mirza Flores Gómez y Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“El cáncer no sólo es un signo del horóscopo. El significante cáncer –cuando no remite al horóscopo– es comparable a la fuerza de un huracán o de un iceberg que aparece de manera inesperada y rompe a su paso con la ilusión de lo infinito que tiene el presente.

La palabra cáncer en el mundo que me circunda tiene el estatus de mala palabra; de esa que no debe repetirse por los otros, ni por aquél que padece la enfermedad. Escucharla es ofensivo.

El camino que me toca recorrer es duro. Especialmente, por la incertidumbre que produce no saber qué me van a hacer, qué me va a pasar, si van a respetar mis decisiones, si sigo siendo un sujeto o si soy solo objeto de la medicina.”

El fragmento anterior pertenece a una carta escrita por una paciente a su oncóloga y que fue difundida por la Asociación Argentina de Oncología Clínica, en el marco del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero.

La Organización Mundial de la Salud nos muestra algunas cifras reveladoras de esta enfermedad, por ejemplo:

• Los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.

• Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer.

• Aproximadamente 30 por ciento de las muertes se deben a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

• Fumar es el factor de riesgo más importante y la causa de 22 por ciento de las muertes mundiales por cáncer y 71 por ciento del cáncer de pulmón.

• Los cánceres causados por las infecciones por virus, como las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o los papilomavirus humanos (PVH), son responsables de hasta 20 por ciento de las muertes en los países de ingresos bajos y medios.

• Aproximadamente 70 por ciento de las muertes registradas en 2008 se produjeron en países de ingresos bajos y medios.

Desafortunadamente, el cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera causa de muerte, sólo después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas.

Hay algunos tipos de cáncer que podrían detectarse y curarse, ejemplos de ello son el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, el cáncer de bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cáncer de próstata.

Alrededor de 30 por ciento de los casos de cáncer pueden ser prevenidos, y en el caso de los cánceres asociados al sistema respiratorio, el porcentaje podría llegar hasta 70 por ciento.

Recordemos que estos tipos de cáncer en su mayoría están asociados a los estilos de vida, pero también es una realidad que muchas de las muertes causadas por esta enfermedad se encuentran directamente relacionadas a las condiciones de pobreza y marginación así como a la falta de cobertura de los servicios de salud, o la insuficiente calidad de los mismos para dar seguimiento al tratamiento de las y los pacientes.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en el que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores (neoplasias).

De acuerdo con los registros del Inegi, en el periodo de los diez años señalados, han fallecido 718 mil 424 personas a causa del cáncer, de las cuales en 351 mil 923 casos se trató de personas del sexo masculino; mientras que en 366 mil 458 se trató de casos de mujeres.

En términos relativos las defunciones por cáncer representaron, en promedio, en los diez años considerados, 13.1 por ciento del total; desagregado por sexo, del total de defunciones de hombres en el periodo considerado, 11.5 por ciento fueron causadas por el cáncer, mientras que entre las mujeres, el porcentaje es de 15.1 por ciento.

Esta “sobre-mortalidad” femenina se debe, en parte, a que las mujeres son mayoría demográfica en el país, pero también a la carga de la mortalidad que tienen en particular dos tipos de cáncer: en primer lugar el cáncer de mama, el cual en más de 95 por ciento de los casos de defunciones corresponde a mujeres, y el cáncer de cérvix; ambos, como ya se señaló, causas de mortalidad en exceso evitables.

Hoy, en el Día Internacional contra el Cáncer, que es una de las enfermedades que más vidas arrebata en el mundo, tenemos la oportunidad de reflexionar y tomar conciencia del sentido de la vida, de mejorar como sociedad, aunque sea desde la perspectiva de la muerte.

Hoy hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores, al señor presidente, a los señores secretarios de estado y órganos autónomos que dentro del ámbito de su competencia tengan contacto directo o indirecto con el tema:

Hago un llamado para sumar fuerzas y garantizar la cobertura universal y gratuita a los servicios de salud a todas las personas que padezcan cáncer.

Hago un llamado para que aumentemos las campañas de prevención y generación de estilos de vida saludables;

Hago un llamado para que definamos prioridades: incrementar el número de médicos y enfermeras así como incrementar la inversión en equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de salud. Diputadas y Diputados: invertir en salud pública no es una política partidista, sino una necesidad de estado.

La ejecución de las políticas públicas es sin duda la gran prueba de puesta en operación del marco normativo. Aquí es donde requiere de una gran voluntad para movilizar recursos financieros, tecnológicos y humanos en la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, una política sin una planeación adecuada de la participación de los actores involucrados, públicos y privados y una definición presupuestaria precisa, difícilmente tendrá un futuro exitoso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

«Efeméride con motivo del 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“¡No llores bajo ningún concepto!”, le gritaron dos mujeres a la pequeña de cuatro años agarrándola de cada extremidad, y acto seguido la mutiladora le seccionó el clítoris y le arrancó de cuajo parte de los labios menores de la vagina con una navaja de barbero”

Fátima Djarra Sani, Activista contra a mutilación genital femenina, aún se estremece cuando recuerda ese momento. La ablación no consiguió hacer de ella una mujer sumisa; bien al contrario, asegura que desde entonces lleva “la rebeldía en la sangre”.

La mutilación genital femenina (MGF) o ablación comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.

Estos procedimientos no aportan ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas. Pueden producir hemorragias graves y problemas urinarios, y más tarde pueden causar quistes, infecciones, infertilidad, complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

En la mayor parte de los casos, la mutilación genital femenina es realizada por circuncisores tradicionales que suelen tener otras funciones importantes en sus comunidades, tales como la asistencia al parto. No obstante, más del 18% de las Mutilaciones Genitales Femeninas son practicadas por dispensadores de atención de salud, y esta tendencia va en aumento.

Más de 140 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de la mutilación genital femenina en los 29 países de África y Oriente Medio donde se concentra esta práctica, sin embargo la mutilación genital femenina también existe en España y Estados Unidos, debido a la cantidad de inmigrantes de países en los que la ablación forma parte de su cultura.

Las causas de la mutilación genital femenina consisten en una mezcla de factores culturales, religiosos y sociales existentes en familias y comunidades; cuando es una convención social, la práctica tiende a perpetuarse por la presión social a adaptarse a lo que hacen los demás y a lo que se ha venido haciendo tradicionalmente, en algunas comunidades, se considera a menudo parte necesaria de la buena crianza de la niña y una forma de prepararla para la vida adulta y el matrimonio.

Otro argumento que permite perpetuar estos actos inhumanos y de tortura contra la mujer es el religioso. Aunque no hay escritos que prescriban la práctica, tristemente quienes la llevan a cabo suelen creer que tiene un respaldo religioso.

Sin embargo, estos argumentos y cualquier otro carecen de sustentabilidad en el siglo XXI.

Esta práctica es a todas luces violatoria de los derechos humanos porque refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Es practicada casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño. Asimismo, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte.

El 20 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución A/RES/67/146, en la cual exhorta a los Estados, al sistema de la ONU, a la sociedad civil y a todas las partes implicadas a seguir observando el 6 de febrero como el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina, y a aprovechar la ocasión para mejorar las campañas de sensibilización y tomar medidas concretas contra la mutilación genital femenina.

Por lo tanto se requiere continuar con los trabajos de concientización de las causas y consecuencias de esta práctica, así como la atención a todas aquellas mujeres que han sufrido y sufren las consecuencias de la mutilación genital femenina, y finalmente y no menos importante la concientización del personal médico, que aunque la práctica de la ablación no puede justificarse en razones médicas, en muchos países se ejecuta por profesionales de la medicina cada vez de forma más asidua.

Por eso el día 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, debe servir como un llamado de atención a todos los gobiernos y a la comunidad internacional para incluir dentro de su agenda prioritaria las acciones necesarias para erradicar ésta práctica, tales como campañas de prevención y erradicación así como la revisión de los marcos legislativos de los países en donde se lleven a cabo éstas prácticas y sancionarlas.

Sin embargo es a través del empoderamiento de las mujeres y de las niñas; la única vía para romper el ciclo de discriminación y violencia; si no existen programas y políticas públicas que contribuyan al empoderamiento de las niñas y mujeres, no podremos erradicar esta costumbre.

Ni una mujer más mutilada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de febrero a las 11 horas.

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