Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 286 diputadas y diputados. Por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 11:37 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de febrero de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Rogerio Castro Vázquez y José Bernardo Quezada Salas

En relación con retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que comunica la recepción de un acuerdo del Congreso del estado de Chihuahua, por el que exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, para considerar la aprobación del traslado de los restos del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García a la Rotonda, en el marco del CCX aniversario de su natalicio.

Con el que remite catorce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Con el que remite las consideraciones para la construcción de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Solicitudes de licencia

Del diputado Remberto Estrada Barba.

Iniciativa del Congreso del Estado de Morelos

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41 y 98 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Emilio Gómez Olivier -y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma la Fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por el que se declara el año 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Agraria, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 192-D y 224 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 54 Bis y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 148 y 151 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y los artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 17 y 20 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 77 Bis 1, 77 Bis 3 y 77 Bis 7 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley General de Salud, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareno Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Hermila Galindo Acosta, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 21 y 23 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos Pantoja y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suscrita por las diputadas María Chávez García y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 47 y 49 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 47, 48, 49 y 50 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un Capítulo IX al Libro Segundo, Título Octavo del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 54 y 59 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 210, 212 y 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 202-Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 43 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 42 y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 108 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. .

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Concepción Villa González, Irma Rebeca López López y Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide el Código de Ética y Conducta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a cargo de la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por las diputadas Lluvia Flores Sonduk y Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal, Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 184 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “José Vasconcelos Calderón”, a cargo del diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Veléz Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.>

Que reforma los artículos 17, 18 y 96 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria y Francisco Javier Santillán Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o., 11 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 85 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 26, 27 y adiciona un artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta en Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. .

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 10 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 22 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. .

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos administrativos en materia de salud de los tres ámbitos de gobierno, a intensificar las campañas de información para la prevención de la Influenza en todos sus tipos, y a regularizar el abasto del medicamento en el sector salud para combatirla, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día 19 de junio de 2016, como “Día del Padre Igualitario”, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en el marco de la puesta en operación del Puente Binacional, se beneficie al desarrollo económico y social del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que se ejerzan oportunamente los recursos asignados para la conservación, mantenimiento y reconstrucción de las carreteras federales en la Región de la Mixteca en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el seguimiento de todas las desapariciones forzadas ocurridas en el país, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a retirar el proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-NOM-199-SCFI-2015” relativa a la elaboración de mezcal, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de fortalecer las campañas de difusión sobre la presencia de la araña violinista y los efectos de su picadura, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo para realizar una sesión solemne en reconocimiento al IPN con motivo de su 80 aniversario de actividades académicas, de investigación y de formación científica y económica, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, a firmar un convenio de coordinación con el Fideicomiso Pago, con el objeto de apoyar a los ahorradores defraudados por las sociedades “Cajas de Ahorro”, a cargo de la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, de la Sagarpa y del Gobierno del estado de Baja California, se lleven a cabo las medidas para crear el Distrito Acuícola en el estero tercero en la zona del alto golfo y delta del Río Colorado, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero, para que implemente acciones y políticas públicas enfocadas a la debida atención de los sectores de la población que han sido desplazados de sus comunidades al interior de su estado, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que en atención a las observaciones y los resultados de la revisión que hizo la ASF a la Cuenta Pública del Ejercicio 2014, actualice en el IV Informe Trimestral de las Finanzas Públicas de 2015, el desglose de las fuentes y los montos de los recursos que integran el renglón de “otros” Aprovechamientos, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las Instituciones de Salud y Seguridad Social, a modificar las normas oficiales mexicanas y otras normas internas para establecer un horario máximo razonable para las jornadas laborales de médicos internos y residentes, a cargo de la diputada Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a fin de garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes, en especial aquellos enlistados en el cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, publicado por el Consejo de Salubridad General, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, para que inicie el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales encontradas en la Cuenta Pública 2014 del estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de Gobierno y a los Congresos Locales, para que asuman las observaciones emitidas del Comité de la CEDAW para nuestro país, en el marco del IX Informe sobre el cumplimiento de la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer”, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a la dirección del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a establecer una mesa de negociación que atienda las demandas de los afiliados al Sindicato Auténtico de Trabajadores de ese Centro, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que destine mayores recursos al Programa de Pagos de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a fin regular las causales de divorcio, homologando sus legislaciones con la protección a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a las Secretarias de Turismo de las entidades federativas y de la Ciudad de México, para que a través de campañas de difusión implementen políticas públicas tendientes a fomentar el turismo familiar, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al manejo de los recursos de la “Cruzada contra el Hambre”, particularmente en materia de apoyos de la Sedesol a Universidades, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Querétaro, para que continúe con la prestación del servicio gratuito de internet para la población en general de esa entidad, suscrito por los diputados José Hugo Cabrera Ruiz y Ángel Rojas Ángeles, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a SRE y a la PGR, para que difundan los protocolos de actuación en materia de protección y asistencia consular para personas en el extranjero, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Secretaria de Movilidad y del Centro de Transparencia Modal, ejecuten un programa integral de transportes y vialidad, que resuelva la problemática en la delegación Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la defensa del maíz criollo, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que se priorice la adquisición de bienes y servicios producidos y prestados por sociedades cooperativas, a fin de promover y fortalecer ese sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a revisar los procesos de elección del Titular de la Secretaría General del Sindicato de Tranviarios de México, ocurridos el mes de agosto de 2015, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, intervenga en la defensa de los Derechos Laborales de los trabajadores cesados a causa de la intervención de la empresa Oceanografía SA de CV, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ de la Ciudad de México, para que investigue las agresiones y el robo cometido en contra de ciudadanos y dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional, el 20 de febrero de 2016, en la colonia Romero Rubio de la Delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México y al INE para que investigue y en su caso, sancione al PRD por actos que atentan el desarrollo del proceso para elegir a los congresistas a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del Natalicio de José María Albino Vasconcelos, a cargo del diputado Matias Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos cuarenta y un diputadas y diputados, a las once horas con veintiocho minutos del martes veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Luis Ernesto Munguía González, de Movimiento Ciudadano; y Pablo Gamboa Miner, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo doscientos dieciséis Bis a la Ley de Salud, presentada el diez de noviembre de dos mil quince. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios en el periodo comprendido entre el primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Informe correspondiente de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal dos mil quince. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

• Con la que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

– Por el que exhorta a esa dependencia para que por conducto de la Dirección General de Protección de los Mexicanos en el Exterior, procure una vigilancia más estrecha de la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

– Por el que se solicita evaluar las condiciones para que se incluya la atención del cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial, y leucemias en mayores de dieciocho años en el Fondo de Protección contra gastos catastróficos y en el catálogo universal de los servicios de salud; así como elaborar un registro nacional de enfermos de cáncer que permita agilizar la atención de este padecimiento. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Población a difundir los avances conseguidos por el grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en adolescentes. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

– Por el que se solicita instalar una mesa de diálogo con los habitantes de San Lucas Tulcingo y de comunidades aledañas del municipio de Tochimilco, Puebla, que se asumen afectados por el paso del gasoducto Tlaxcala-Morelos, y que demandan una consulta sobre dicho proyecto; así como estudiar la situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, ciudadanos de la localidad de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, quienes han sido objeto de acciones legales por haber reclamado la realización de consultas sobre dicha obra. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

– Por el que se solicita al Consejo Nacional de Población realice el estudio y análisis correspondiente a fin de verificar y evaluar, si el municipio de Cabo Corrientes es susceptible de incorporarse a la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta. Se remite al promovente.

– Por el que se solicita fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes, así como asegurar la protección de sus derechos humanos durante el libre retorno de los mexicanos en el extranjero. Se remite al promovente.

d) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para ofrecer un servicio digno, seguro y eficiente a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

e) Del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, concerniente al Fideicomiso de la Central de Abastos de la Ciudad de México. Se remite al promovente.

f) De la Secretaría de Gobierno del estado Guanajuato, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que se elabore un registro nacional de enfermos de cáncer, que permita agilizar la atención de este padecimiento. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los tres órdenes de Gobierno, a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “Cortejo” o “Grooming”, dando a conocer de manera detallada en qué consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, cómo identificarlo, cómo se puede denunciar, e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijos, a fin de evitar la comisión de un posible hecho ilícito. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

g) Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Nuevo León, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto la ciudadana Katia Berenice Burguete Zúñiga, diputada federal electa en la Tercera Circunscripción. El Presidente designa una comisión que la acompaña en su ingreso al salón de sesiones, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

h) De la Cámara de Senadores con la que remite las minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo veinticuatro de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Marina, para dictamen.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en diversos estados. De conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria: “El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en los estados Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz; y a partir del catorce de junio de dos mil dieciséis, en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el Archipiélago de las Islas Marías, y en el resto del Territorio Nacional, a que se refieren los artículos cuarenta y dos, y cuarenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación”.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y los diputados:

• Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

– Que expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos doce de la Ley General de Educación, y los artículos veintidós, y cincuenta y tres de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veintisiete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, que reforma el artículo diecisiete Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que adiciona un artículo veintinueve Bis a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Manuel Alexander Zetina Aguiluz, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

A las doce horas con treinta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y ocho diputadas y diputados.

• Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y uno Bis Uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea de la Presencia en el Salón de Sesiones de una delegación de empresarios y representantes de la sociedad civil de China, encabezados por el señor Zen Chu, invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, a quienes da la bienvenida.

Se da cuenta con oficio de la diputada Janette Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional, por el que solicita ampliación de licencia por tiempo indefinido para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en la Tercera Circunscripción, a partir del dieciséis de febrero del año en curso. En votación económica se aprueba. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

a) Por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete.

b) Por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión en conjunto de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:

a) Por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción quinta del artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

b) Por el que se adiciona una fracción vigésima primera al artículo diez de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Irazema Briones Pérez, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano; Mariana Trejo Flores, de Morena; Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México; Karen Hurtado Arana, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional; y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

a) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción quinta del artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción vigésima primera al artículo diez de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se concede el uso de la palabra al diputado José Alfredo Torres Huitrón, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano; Sergio René Cancino Barffuson, de Morena; Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México; Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos once votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al acuerdo a las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaMaría Bárbara Botello Santibáñez

Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Norberto Antonio Martínez Soto, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Ernesto Ibarra Montoya, y Elías Octavio Iñiguez Mejía, ambos del Partido Acción Nacional; y Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios en relación con el tema el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Procuraduría del estado de Nuevo León a continuar con los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neolonesa de los errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro presuntos secuestradores y asesinos de Damián González del Río. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese. Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el acuerdo los diputados: Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; y José Adrián González Navarro, del Partido Acción Nacional.

Se da cuenta con oficio de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos noventa y cinco, noventa y nueve, y ciento uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos tercero, veinticinco, y cincuenta y uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diez, once, y doce de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal para que destinen y ejerzan de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen

• Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Aguascalientes, para que concluyan la construcción del libramiento carretero poniente de la ciudad de Aguascalientes. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Marina, a evitar actos discriminatorios, con motivo del padecimiento de enfermedades tales como el VIH, al interior de esa institución. Se turna a la Comisión Derechos Humanos, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, para que realice campañas de difusión para informar a la ciudadanía respecto de los cambios que ha tenido el Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, ahora como Secretaría de Cultura. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, para que cancele los contratos que se hayan licitado y asignado, que no garanticen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Presidente municipal de Tonalá, realice las acciones necesarias para que el Honorable Cuerpo de Bomberos del municipio goce del equipamiento, capacitación y requerimientos necesarios para desempeñar su labor, así como una justa remuneración. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

• Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, para que actualice y en su caso, sustituya los indicadores de Tasa de Desempleo en Población Joven. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Diputados integrantes de las comisiones Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas y de Asuntos Indígenas, relativo a la creación de un grupo de trabajo para evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal en materia de derechos colectivos indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, implemente un grupo de trabajo Interinstitucional que establezca medidas que contribuyan a la disminución de accidentes en las zonas urbanas por las que cruzan vías férreas. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Petróleos Mexicanos, se reanuden los trabajos y se termine la obra del Puente de la Unidad, en el municipio de Carmen en el estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, diseñe e implemente un programa para elevar el aprovechamiento educativo de los estudiantes de bajo rendimiento escolar de nivel básico. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Sara Paola Galico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la armonización de la legislación en las entidades federativas con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que difunda una evaluación del costo, sector participante, destino y beneficio que representan las aportaciones que hace México a organismos internacionales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, para que participen en la alimentación de la base de datos nacional que mantiene la Procuraduría General de la República sobre registros de ADN de las personas desaparecidas y de aquellas no identificadas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Guadalupe Oyervides Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales del patrón en materia de determinación de cuotas obrero patronales. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las tarifas de la autopista Perote-Banderilla y libramiento de Xalapa, en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Sara Paola Galico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a fin de exentar del pago de parquímetros a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Distrito Federal, para dictamen.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, relativo al incremento del precio de la tortilla en el país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, realizar las acciones necesarias para asegurar la libre competencia en la compra-venta del maíz. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobernadores y presidentes municipales de las entidades federativas, para que inicien los trámites correspondientes para obtener la certificación en la NMX-R-025-SCFI-dos mil quince en igualdad laboral y no discriminación. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, para que por conducto de la dependencia Caminos y Aeropistas de Oaxaca, desarrolle las acciones necesarias para solucionar el deterioro que presenta la infraestructura carretera de la región Mixteca Oaxaqueña. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que se le regrese el Decreto de valor ambiental y bosque urbano a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, y se transparente la concesión y la construcción del estadio de béisbol, en esa misma Ciudad Deportiva. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que difunda un diagnóstico sobre la implementación de los mecanismos encaminados a prevenir e identificar conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los circuitos financieros del país. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de la Función Pública para que transparenten el ejercicio del presupuesto dos mil dieciséis, sobre las ministraciones municipales de los ramos federalizados veintitrés, y treinta y tres. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Edith Anabel Alvarado Varela, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la enfermedad de la diabetes en México. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que armonicen su legislación a efecto de prohibir el castigo corporal denominado “derecho a corregir”. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, difunda la cartera de proyectos de inversión para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, clasificados de alto impacto social y económico. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Marina, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que difundan las acciones emprendidas ante el encallamiento del barco sardinero El Cachanilla, en el santuario de ballenas grises en el municipio de Mulegé, Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Edith Anabel Alvarado Varela, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la violencia contra las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que designe al titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se apliquen planes y programas de austeridad, y se abstengan de despedir a trabajadores al servicio del Estado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que difunda los contratos realizados con la empresa Autotraffic e Intertraffic, apegándose a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas, a emitir la alerta de violencia de género, retomar el proyecto del banco estatal de datos de violencia contra las mujeres y establecer los protocolos pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en esa entidad. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el jueves veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta y siete minutos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta, por contundente mayoría.

Seguimos con el capítulo de Comunicaciones oficiales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado Zambrano Grijalva:

Por medio de la presente, me permito informarle que el 22 de septiembre de 2015 presenté iniciativa que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con la finalidad de dotar con mayores elementos la mencionada iniciativa, me permito solicitarle sea retirada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 2016.— Diputado Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente.»

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, me dirijo respetuosamente a usted, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar a esa Mesa Directiva, sea retirada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual presenté el día 17 de septiembre de 2015, y que fue turnada a la Comisión de Competitividad.

Sin más por el momento, y en espera de verme favorecido con mi solicitud, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2016.— Diputado José Bernardo Quezada Salas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, me permito remitirle el oficio número SELAP/300/256/16, mediante el cual al Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de esta Secretaría, hace de nuestro conocimiento el acuerdo número 766/2051 I P.O. en el que el Honorable Congreso de Chihuahua exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres para considerar la aprobación del traslado de los restos del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García a la Rotonda en el marco del CCX aniversario de su natalicio.

En atención, a lo dispuesto en el decreto por el que establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores y en mi calidad de presidenta suplente de dicho cuerpo colegiado, hago de su conocimiento esta propuesta, misma que anexo. Ésta será sometida a la consideración del Consejo Consultivo en su próxima sesión ordinaria.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Faride Rodríguez Velasco (rúbrica), titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico y Presidenta Suplente del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciada Faride Rodríguez Velasco, titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 1487/15 I P.O., el Diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, presidente del Honorable Congreso del estado de Chihuahua, comunica a esta Secretaría el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de ese Cuerpo Colegiado en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2015, relativo al traslado de los restos del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, a la Rotonda de las Personas Ilustres, dentro de los festejos del aniversario 210 de su natalicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le remito copia del documento al que me he referido, del dictamen y del citado acuerdo, para los fines procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo.— LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 766/2015 I P.O. así como de la Iniciativa que le dio origen, por medio del cual este Honorable Congreso exhorta respetuosamente al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, dependiente de la Secretaría a su cargo, para que considere aprobar el traslado de los restos del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez a esa Rotonda, dentro de los festejos del aniversario 210 de su natalicio.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Diputado Luis Fernando Rodríguez Giner (rúbrica), presidente del Honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado de Chihuahua.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del estado tiene a bien exhortar al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, considere aprobar el traslado de los restos del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García a esa Rotonda, dentro de los festejos del aniversario 210 de su natalicio.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo y de la iniciativa que le dio origen, a la autoridad antes mencionada, para su conocimiento y los efectos conducentes.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil quince— Diputado Luis Fernando Rodríguez Giner (rúbrica), Presidente; diputado Rogelio Loya Luna (rúbrica), secretario; diputado Rosemberg Loera Chaparro (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-6-0203, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 112.02.- 119/ 2016, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia para que haga pública la información sobre los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, en cuanto a la posibilidad de que dichos granos puedan contaminar las variedades de maíces mexicanos o híbridos; así como referir si en la actualidad se están comercializando este tipo de semillas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2407/ 15, de fecha 2 de diciembre del año pasado, mediante el cual el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, remite punto de acuerdo, aprobado en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2015, que a continuación transcribo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer pública la información sobre los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, en cuanto a la posibilidad de que dichos granos puedan contaminar las variedades de maíces mexicanos o híbridos, así como que refiera si en la actualidad se están comercializando este tipo de semillas.

Me permito hacer llegar los comentarios que sobre el tema envían la Subsecretaría de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con los cuales se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general adjunto de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Héctor René García Quiñones, coordinador general de Enlace Sectorial.— Presente.

Me refiero al oficio 112.2.-1079/2015, enviado al contador público Jorge Armando Narváez Narváez, subsecretario de Agricultura, donde solicita comentarios sobre el punto de acuerdo aprobado en el Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 1 de diciembre de 2015, donde se exhorta a la secretaría a hacer pública la información sobre los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, en cuanto a la posibilidad de que dichos granos puedan contaminar las variedades de maíces mexicano o híbridos, además de informar si en la actualidad se están comercializando este tipo de semillas.

Al respecto, le comento que derivado de la revisión del punto de acuerdo, consideramos que dicha medida fomentará la transparencia de la información en el tema, permitiendo fortalecer los mecanismos de difusión con información científica derivada de estudios nacionales, permitiendo atender diversas dudas del público en general, científicos, académicos y tomadores de decisión en la materia; asimismo, le sugerimos consultar al Senasica, donde la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera también cuenta con las facultades y atribuciones en el tema.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2015.— Licenciado Héctor Samuel Lugo Chávez (rúbrica), director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general Adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.2.1078/ 2015, relacionado con la solicitud de comentarios sobre punto de acuerdo aprobado en la mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentado en la sesión del 1 de diciembre de 2015, que contiene el siguiente resolutivo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer pública la información sobre los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, en cuanto a la posibilidad de que dichos granos puedan contaminar las variedades de maíces mexicanos o híbridos, así como que refiera si en la actualidad se están comerciando este tipo de semillas.

Sobre el particular, adjunto al presente el oficio número B00.04.03.01.01.- 562/ 2016, que contiene la opinión del área técnica y operativa con injerencia en el tema (Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera).

Aseguro a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Luis Escobar Aubert (rúbrica), director general Jurídico.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Doctor Luis Escobar Aubert, director general Jurídico de Senasica.— Presente.

Hago referencia al oficio número B00.05.- 0421/ 2015, de fecha 9 de diciembre del presente año, mediante el cual solicita que, en el ámbito de competencia de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se genere y remita la opinión técnica para llevar a cabo la integración que permita fijar la postura de este órgano administrativo desconcentrado sobre el punto de acuerdo aprobado en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentado en la sesión del 1 de diciembre de 2015, que contiene el resolutivo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a hacer pública la información sobre los resultados de las siembras experimentales de granos transgénicos, en cuanto a la posibilidad de que dichos granos puedan contaminar las variedades de maíces mexicanos o híbridos, así como que refiera si en la actualidad se están comercializando este tipo de semillas.

Al respecto y una vez analizado el punto de acuerdo en comento, se emiten los comentarios en documento anexo en el formato solicitado.

Atentamente

México, DF, a 12 de febrero de 2016.— Médico veterinario zootecnista Hugo Fragoso Sánchez (rúbrica), director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-278 signado por la diputada Daniela de los Santos Torres, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/CNS/052/2016, suscrito por el licenciado Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, mediante el cual responde el punto de acuerdo donde se solicita ejecutar de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “cortejo” o “grooming”, dando a conocer de manera detallada en qué consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, cómo identificarlos y cómo se puede denunciar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Distinguido subsecretario Solís:

En atención al oficio número SELAP/300/2874/15, por medio del cual comunicó el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el pasado15 de diciembre de 2015, mismo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputado, exhorta a las autoridades correspondientes de los tres órdenes de Gobierno, a fin de que ejecuten de manera permanente campañas de información a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas sobre el llamado “cortejo” o “grooming”, dando a conocer de manera detallada en qué consiste este acercamiento por parte de los delincuentes, como identificarlo, como se puede denunciar, e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijas e hijos, a fin de evitar la comisión de un posible hecho ilícito.”

Al respecto, informo lo siguiente:

La Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, en el marco de sus atribuciones conferidas en el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, lleva a cabo acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos en las zonas de jurisdicción federal, así como prevenir la comisión de delitos en todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia.

Cabe mencionar que con la finalidad de prevenir y combatir la comisión de delitos cibernéticos, la Policía Federal ha implementado una estrategia de ciberseguridad, basada en tres estrategias.

1) Prevención y atención ciudadana de delitos cibernéticos

Como parte de las acciones encauzadas a promover una cultura de la prevención del delito, se llevan cabo campañas para prevenir la comisión de diversos delitos, así como de conductas irregulares como el grooming, sexting y ciberbullying, a través de:

• Jornadas de proximidad social en las diferentes entidades del país: a las que concurren familias, quienes interactúan a través de juegos multimedia diseñados con un enfoque específico, en una dinámica que resulta, didáctica y formativa para la niñez, toda vez que comprenden una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de delitos.

• La firma de diversos convenios estratégicos con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que contribuyen a las tareas de prevención, para mejorar y a hacer más expedita la investigación de los delitos cibernéticos.

Como el convenio de colaboración suscrito con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a fin de realizar acciones coordinadas que permitan promover y ofrecer a los ciudadanos una cultura de prevención y uso responsable del Internet, para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas del delito.

Además, el Convenio de Colaboración para participar con los sectores académico, civil, privado y gubernamental, en el impulso de la campaña de concientización #Yoloborro, coordinada por las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el convenio marco de colaboración con la empresa Microsoft (MS), establecido para la promoción de campañas de prevención y la detección de amenazas y ataques cibernéticos; así como para realizar investigaciones técnico científicas de manera conjunta.

• Difusión de información en materia de prevención de delitos cibernéticos, en eventos y exposiciones especializadas, distribución de material impreso, así como a través de mensajes en las redes sociales de la institución, y en la temática de algunas puestas en escena de la Compañía de Teatro de la Policía Federal.

• Pláticas y conferencias dirigidas a diversos sectores de la sociedad, estudiantes desde nivel preescolar hasta posgrado, académicos, comerciantes, asociaciones civiles, empresarios, iniciativa privada, e incluso a instancias de los tres órdenes de gobierno; en las que se abordan entre otros, los temas siguientes:

Estas pláticas tienen como objetivo, concientizar a los padres de los riesgos a los que están expuestos sus hijos al navegar por el internet, en las redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o al reunirse en las salas de charla (chat-room), prácticas que propician la conexión e intercambio de archivos, fotografías e información privada con extraños, o la posibilidad de que hallen sitios con contenido ofensivo.

Resulta importante precisar, que con el objetivo de brindar atención a la ciudadanía, se ha puesto a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 088 y 01800 440 3690 del Centro Nacional de Atención Ciudadana, CCNAC), donde personal especializado en el tema, proporciona orientación para prevenir y minimizar las riesgos de ser víctima de delitos o pasibles conductas ilícitas cometidas por medios electrónicos.

2) Investigación e inteligencia cibernética

• Con el firme propósito de proteger a las menores de edad, de la delincuencia que utiliza medios electrónicos, cibernética s o tecnológicos, para atentar contra su normal y libre desarrollo psicosexual, así como para atender aquellos casos relacionadas con la desaparición de niñas, niños y adolescentes, cuya línea de investigación se encuentre asociada al uso de dispositivos de la misma naturaleza, la Policía Federal ha conformado una área especializada en Delitos Electrónicos contra Menores.

• Ésta se encarga de la atención, prevención, investigación y persecución de aquellas conductas (antisociales o ilícitas), consumadas a través del internet y las nuevas tecnologías; entre las que destacan grooming. sexting, texting, entre otras, y particularmente por su impacto social, el delito de pornografía infantil.

Las funciones que realiza son:

Investigación y monitoreo, con apoyo en la técnica de “Usuario Simulado”, mediante operaciones encubiertas que posibilitan la ubicación e identificación de ‘ probables responsables.

Participación en actividades de difusión para la prevención de delitos electrónicos contra personas menores de edad.

Análisis de las indicios de investigación del banco de datos del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados CNCMEC, por sus siglas en inglés), organización de los Estados Unidos de Norteamérica.

Atención, investigación y seguimiento a mandamientos ministeriales y judiciales; reportes ciudadanos y solicitudes de colaboración.

• Dicha área cuenta con personal profesional capacitado en el ámbito nacional e internacional, con equipo y software especializado para el análisis de información e investigación de las denuncias realizadas por la ciudadanía, y de las conductas ilícitas que se detectan, derivado de las acciones de monitoreo y rastreo de la red pública de internet que se efectúan de forma cotidiana, con la finalidad de prevenir conductas delictivas.

3) Reducción y mitigación de riesgos de amenazas y ataques cibernéticos

• En el caso de los incidentes de grooming, se brinda la asesoría técnica necesaria para que puedan preservar la evidencia digital de la conducta delictiva, además se solicita aportar la mayor cantidad de datos posibles, como es el nombre de usuario utilizado en las redes sociales, la URL para ‘ubicar la dirección de internet, entre otros, que resultan útiles en la tarea policial para identificar al agresor, y rescatar en los perfiles públicos la mayor evidencia posible.

• Al mismo tiempo, se insta a las personas a formalizar su denuncia ante la autoridad ministerial con el propósito de que se dé inicio a la averiguación previa correspondiente, a efecto de allegar al Ministerio Público de la evidencia eventualmente recuperada, lo que indudablemente puede contribuir al fortalecimiento de la investigación, y en su caso, a reunir los elementos legales necesarios para que determine el ejercicio de la acción penal.

Finalmente, se reitera el compromiso de la Policía Federal para continuar realizando acciones orientadas a salvaguardar la integridad de los menores de edad, así como a prevenir y combatir los delitos cibernéticos que atentan contra uno de los grupos más vulnerables y sensibles de nuestra sociedad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2016.— Licenciado Renato Sales Heredia (rúbrica), comisionado nacional de Seguridad.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-1-0281, signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-110/2016 suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita realizar estudios e investigaciones sobre los efectos y consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería, derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específica mente de los llamados cañones antigranizo; así como emitir los lineamientos y la reglamentación específica para su uso adecuado en todo el territorio nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/UEL/311/2608/16 de fecha 17 de diciembre del año pasado, mediante el cual el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión remite punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre del 2015, mismo que a continuación transcribo:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 1. Conjuntamente y en atención de sus facultades, realicen estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería; derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específicamente de los llamados “cañones antigranizo”; 2. Con base en los resultados, emitan los lineamientos y la reglamentación específica para regular, en su caso, su uso adecuado en todo el territorio nacional.”

Sobre el particular me permito hacer llegar los comentarios que sobre el tema envía la Subsecretaría de Desarrollo Rural y el INIFAP, con los cuales se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de Enlace con el Congreso.— Presente.

Por instrucciones del maestro Héctor Velasco Monroy, Subsecretario de Desarrollo Rural, me refiero a su Oficio N° 112.02.-017/2015, mediante el cual solicita comentarios al punto de acuerdo signado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre del 2015, mismo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que: 1. Conjuntamente y en atención de sus facultades, realice estudios pertinentes e investigaciones, sobre los efectos y las consecuencias tanto meteorológicas, de medio ambiente, en la agricultura y la ganadería; derivadas del uso de artefactos de manipulación del clima en todo el país, específica mente de los llamados “cañones antigranizo”; 2. Con base en los resultados, emitan los lineamientos y la reglamentación especifica; para regular en su caso, su uso adecuado en todo el territorio nacional.”

Al respecto, presento a Usted los siguientes comentarios.

l. En nuestro país se presentan cada año .granizadas, las cuales afectan no solo a la agricultura y la ganadería sino que es un evento climatológico que también afecta el patrimonio de habitantes de las localidades en donde se presenta este fenómeno (daño de autos, habitaciones, techos de bodegas, etcétera).

2. Se tiene referencia que en algunas regiones se utiliza cohetes o cañones antigranizo para evitar su incidencia. Sin embargo, en esta Dirección General carecemos de la información técnica y elementos para emitir una opinión sobre el tema en virtud de no realizamos investigación o estudios.

La fundamentación de este exhorto presenta criterios a favor y en contra sobre la utilización de “artefactos de manipulación del clima, en particular sobre los “cañones antigranizo” o bien “sistemas “antigranizo” indicando que no hay sustento científico que revele los efectos en la formación de lluvia, por lo cual, recomienda realizar de manera profesional e imparcial un estudio detallado sobre el tema por parte de una Institución del más alto nivel y de excelencia científica para tomar decisiones de manera informada.

Al respecto, y de acuerdo con el contenido de este exhorto, se considera conveniente consultar .este tema con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que es la instancia dentro de Sagarpa encargada de la investigación y estudios en materia agropecuaria y forestal.

No omito sugerir a Usted que en la integración de la opinión institucional, se solicite la opinión de la oficina de la Abogada General, particularmente en cuanto a las implicaciones legales que la atención de este exhorto pueda originar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2016.— Ingeniero Víctor Celaya del Toro (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de Enlace con el Congreso.— Presente.

En respuesta al oficio número 112.02.-016/2015, de fecha 12 de enero del 2016 donde desde la unidad de enlace legislativo de la Secretaria de Gobernación envía punto de acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito comentar lo siguiente:

Un cañón antigranizo es un generador de ondas de choque con el fin de evitar la formación de granizo en la Atmósfera. Por lo general se disparan a intervalos de 1-10 segundos cuando se aproxima una tormenta y una vez que ha pasado. Aún no hay evidencia científica de su efectividad. Desde el punto de vista teórico, su efectividad ha sido puesta en perspectiva dado que durante un evento de tormentas producen rayos cuyo trueno es más poderoso que la onda sónica generada por los sistemas antigranizo, y por lo general éstas no alcanzan a inhibir que la tormenta suceda.

Cabe mencionar que existen trabajos par parte del INIFAP, una de ellos: Variabilidad Espacial de la Lluvia por Efecto de un Sistema Antigranizo en la Franja Aguacatera de Michoacán (Tapia-Vargas et al. 2012), concluye que “no’ hay evidencia suficiente para afirmar que el cañón antigranizo cause variabilidad espacial de la lluvia en la franja aguacatera de Michoacán”. Sin embarga al no haber evidencia de su efectividad en el control del granizo y si provoca inquietud entre los productores de que ahuyenta las lluvias se proponen desarrollar los siguientes tópicos de investigación.

Radar de doble polarización (Dual Polarization Radar). Hacer uso de los radares instalados por Conagua y que con excepción de la zona centro del país, cubre todas las zonas geográficas. Adicionalmente, realizar los trámites de adquisición pertinentes para solicitar la instalación de un radar en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotas. Esto por motivo de: a) se tienen resguardadas las instalaciones; b) se cuenta con la infraestructura básica para su administración y cuidado; c) el laboratorio tiene una ubicación geográfica estratégica para completar la cobertura actual. Esto nos dará el conocimiento para identificar claramente lluvia, graniza, granizo suave a nieve. Adicionalmente, un estimado del volumen que precipitarla, y la trayectoria de los vientas. La salida de esta línea de investigación generaría mapas temáticos de alta resolución de las áreas afectadas.

Detección del granizo. Actualmente ya la comunidad científica ha desarrollado algoritmos específicos para identificar con suficiente precisión el lugar donde precipitaría la lluvia y si el tipo de lluvia sería líquida a sólida. La técnica consisten aislar e identificar diez tipos de ecos de radar para asociarlos con gotas grandes a granizo. Es importante mencionar el papel de las estaciones del RNEAA, las cuáles nos ayudarían a identificar la ocurrencia en tiempo de los eventos de granizo y facilitarían la labor de asociación con la señal de radar.

Daños por granizadas. Desarrollar una herramienta web y para dispositivos móviles como medio de confirmación de la ocurrencia de eventos de granizo. En la página del laboratorio se puede diseñar una sección en específico para este fin y la app para retroalimentar con los usuarios la ocurrencia del fenómeno y sus coordenadas geográficas. Este concepto deberá estar enlazado con otros instrumentos de registro de datos de campo, los cuáles pueden complementar la arquitectura actual de las estaciones de la RNEAA Estos instrumentos medirán el campo eléctrico, su fuerza y dirección, y presión barométrica, las cuáles complementarían las que actualmente ya se registran: temperatura, punto de rocío, y velocidad y dirección del viento. Estas mediciones nos ayudarán a entender las relaciones entre las propiedades macro y microfísicas de la nube.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.— Doctor Luis Fernando Flores Lui (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-0376 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibañez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVI.050/16 suscrito por el ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ejercicio de sus funciones, conforme los Comités Técnicos de Operación Hidráulica Regionales en los Organismos de Cuenca faltantes, permita coordinar la política de operación técnica de las presas, basada en la definición colegiada de una curva índice de elevación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población y en su caso, de generación de energía eléctrica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Por este medio, me permito hacer referencia a su atento oficio número SELAP/UEL/311/2384/15, que contiene acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2015 mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua, y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ejercicio de sus funciones, conforme los Comités Técnicos de operación Hidráulica Regionales en los Organismos de Cuenca faltantes, que permita coordinar la política de operación técnica de las presas, basada en la definición colegiada de una curva índice de evaluación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población, y en su caso, de generación de energía eléctrica.

Sobre el particular, adjunto al presente, oficio número GRI-032/2016 que contiene los comentarios emitidos por de la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Coordinación de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad a dicho acuerdo.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2016.— Ingeniero Ismael Orozco Loreto (rúbrica), director general.»

«Comisión Federal de Electricidad.

Ingeniero Ismael Orozco Loreto, director general de Vinculación Institucional de la Secretaria de Energía.— Presente.

En atención al oficio número 100.DGVI.389/15, mediante el cual remitió el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 26 de noviembre de 2015, mediante el cual solicita a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ejercicio de sus funciones, conforme a los Comités Técnicos de Operación Hidráulica Regionales en los Organismos de la Cuenca faltantes, que permita coordinar la política de operación técnica de las presas, basada en la definición colegiada de una curva índice de la evaluación o almacenamiento y que concilie las prioridades de abasto de agua, seguridad física de la población, y en su caso de generación de energía eléctrica.

Al respecto, me permito informar que la Coordinación de Generación Hidroeléctrica de la Subdirección de Generación actualmente representa a la CFE en el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, quien tiene las atribuciones en materia hídrica y de constitución como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico, como lo indica el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

En este contexto, la CFE en el ámbito de su competencia continuará trabajando en coordinación con la Conagua en los Comités Técnicos de Operación Hidráulica Regionales, tanto actuales como los que se llegasen a constituir en un futuro en los Organismos de Cuenca, para continuar atendiendo los temas referentes a la definición de las curvas índices de la evaluación o almacenamiento, las prioridades de abasto de agua, la unidad física de la población y la generación de energía, dando estricto cumplimiento a la normativa aplicable.

Agradezco de antemano su atención, recio un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de febrero de 2016.— Licenciada Karina Elizabeth Rangel Juárez (rúbrica), gerente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-5-603 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.- 120/2016 suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a diseñar mecanismos específicos para transparentar puntual y permanentemente los recursos y apoyos que sean otorgados a los productores agropecuarios en los Estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia y del Estado de Veracruz por las severas lluvias registradas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/UEL/311/205/16 de fecha 4 de febrero del año en curso, mediante el cual el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, remite punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 1 de diciembre del 2015, que a continuación transcribo:

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que diseñe mecanismos específicos para transparentar puntual y permanentemente los recursos y apoyos que sean otorgados a los productores agropecuarios en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia. Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la aplicación del Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) a efecto de que se apoye a productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las severas lluvias registradas en el estado de Veracruz.

Sobre el particular me permito hacer llegar el comentario que sobre el tema envía la subsecretaría de Desarrollo Rural, con la cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general de la Coordinación General de Enlace Sectorial.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general de la Coordinación General de Enlace Sectorial de la Dirección General Adjunta de Enlace con el Congreso.— Presente.

En relación al escrito, dirigido al licenciado Héctor Velasco Monroy, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, a través del cual remite oficio número SELAP/UEL/311/205/16; mediante el cual el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envía el Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riesgo de la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo presentado por los Diputados del Movimiento ciudadano José Clemente Castañeda Hoefich y Salvador Zamora Zamora, en la sesión del 10 de noviembre del 2015, para observaciones y comentarios ore el mismo tema, mismo que a continuación se transcribe.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que diseñe mecanismos específicos para transparentar puntual y permanentemente los recursos y apoyos que sean otorgados a los productores agropecuarios en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, afectados por el paso del huracán Patricia.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la aplicación del Programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, Cadena, a efecto de que se apoye a productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por las severas lluvias registradas en el estado de Veracruz.

Lo anterior, con el propósito de que nos haga llegar su opinión al punto de acuerdo en comento.

Al respecto, me permito informarle que este asunto fue turnado a esta Dirección General a mi cargo, para su atención, en específico a lo correspondiente al componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero.

En 2015, la Sagarpa operó el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, en las 32 entidades federativas otorgando apoyos a los productores de bajos recursos ante afectaciones por desastres naturales relevantes en las actividades agropecuarias, acuícola y pesquera a través de las siguientes vertientes de atención:

1) Contratación de seguros agropecuarios catastróficos, dirigido para la adquisición de esquemas de protección, contratado con recursos federales en coparticipación con recursos estatales.

2) Apoyos directos, como herramienta complementaria al SAC, en sectores y regiones no aseguradas.

3) Productores agrícolas y pecuarios con acceso al seguro comercial, Seca, reconversión productiva, muerte e infraestructura pecuaria y para municipios de la cruzada nacional contra el hambre).

Los apoyos directos son en efectivo o cheque nominado a productores afectados por desastres naturales elegibles (productores de cultivo anuales de hasta 20 hectáreas de temporal y Riego) y de manera preventiva para la contratación de esquemas de aseguramiento con coparticipación de las entidades federativas y/o de productores.

En lo que corresponde a la adquisición de SAC, se apoya al gobierno estatal para que adquiera, con empresas públicas o privadas, protección en caso de suceder diversos fenómenos climáticos (lluvia, helada, sequía, granizada, inundación. Ciclón) que afecten superficie y unidades animal de productores de bajos ingresos. En este esquema de operación, en caso de suceder algún fenómeno climático catastrófico que ocasione pérdidas totales en los términos de la cobertura contratada, la compañía aseguradora procede a indemnizar el recurso correspondiente al Estado para que éste a su vez lo haga llegar a la población afectada.

Al respecto y en relación al primer acuerdo, la Sagarpa en coparticipación con los Gobierno de los Estados, atendieron las afectaciones ocurridas por el huracán Patricia y de varios desastres naturales a través de indemnizaciones generadas de la contratación del Seguro Agropecuario Catastrófico, los cuales se canalizaron a productores rurales de bajos ingresos, conforme lo siguiente:

Estado de Jalisco (45 millones de pesos)

Estado de colima (17.3 millones de pesos)

Estado de Nayarit (71.2 millones de pesos)

Estado de Michoacán (202.3 millones de pesos)

En lo que corresponde a los apoyos directos, al gobierno del estado de Jalisco se le autorizado 14.9 millones de pesos con el fin de apoyar a 3 mil 228 productores de bajos ingresos afectados por el huracán Patricia afectados en el 11 mil 676.04 hectáreas de 43 municipios de la entidad, dichos recursos se encuentran en proceso de firma de instrumentos jurídicos. Los gobiernos de los estados de Colima, Nayarit, Michoacán no solicitaron recursos de Componente por afectaciones por el huracán Patricia.

En relación al segundo acuerdo, desde 2014 a la fecha el gobierno del estado de Veracruz no ha solicitado recursos al Componente para apoyos directos por afectaciones de desastres ni para la contratación de seguros agropecuarios.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Ingeniero Víctor Celaya del Toro (rúbrica), director general de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-8-0733 signado por la diputada María Bárbara Botello Santibañez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.-III.-008/2016 suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a realizar acciones de mantenimiento a los servidores electrónicos que procesan la validación de los documentos de exportación, a los equipos de cómputo y a los sistemas de operación de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para su correcto funcionamiento o, en su caso, se considere la sustitución de los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su similar SELAP/UEL/311/202/16, de fecha 4 de febrero de 2016, mediante el cual informa que por oficio DGPL-63-II-8-0733, la diputada María Bárbara Botello Santibañez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el pasado 3 de febrero del presente, mismo que a continuación se transcribe:

“ Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de Aduanas del gobierno federal para que, de manera inmediata, realicen acciones de mantenimiento a los servidores electrónicos que procesan la validación de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para su correcto funcionamiento o, en su caso, se considere la situación de los mismos.”

Al respecto me permito acompañar copia del oficio 800-02-00-00-00-2016-1468, suscrito por el licenciado Marcoflavio Rigada Soto, administración central de Apoyo Jurídico de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, el cual contiene los comentarios que dan por atendido el acuerdo de referencia.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 17 de febrero de 2016.— Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), titular de la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Rodriga Reina Liceaga, titular de la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Presente.

Se hace referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 3 de febrero de 2016, por el pleno del Honorable Congreso de la Unión, en el que se resuelve exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas del gobierno federal para que de manera inmediata normalicen la operación de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Al respecto, se comunican las acciones que el SAT ha efectuado:

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributario se contempla el uso de la tecnología de la información como un pilar estratégico, por lo que el SAT inició diversas iniciativas que buscan la modernización de toda la plataforma tecnológica y los sistemas institucionales que apoyan el ciclo tributario dentro del marco de un nuevo modelo de Administración Tributaria y Aduanera el cual se encuentra soportado sobre la reforma tributaria autorizada en 2014.

Las iniciativas en concreto son:

1) Estabilización y reforzamiento de los sistemas institucionales, como es el caso de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Aduana de Nuevo Laredo, como una medida que permita mantener una operación estable en lo que se concluye la iniciativa de la modernización del sistema legado, teniéndose las siguientes acciones:

a) Reforzamiento a la infraestructura de cómputo

• Reforzamiento del servidor de la Aduana de Nuevo Laredo, estando en etapa de análisis y planeación.

b) Reforzamiento a la infraestructura de comunicaciones

• Se realizó la revisión de la infraestructura de comunicaciones, programándose diversos trabajos de mejora y cobertura de nuevas necesidades, sobre todo en las áreas de reconocimiento de ferrocarril.

• Con el nuevo proyecto PITA, se han iniciado los trabajos de reforzamiento de la red de comunicaciones, por lo que se tiene en etapa de análisis y planeación el reforzamiento al medio de comunicaciones a través de fibra óptica y con mecanismos redundantes con proveedores de servicios distintos.

c) Mejora en el código del Sistema Automatizado Aduanero Integral y sus módulos.

• Se han incorporado mejoras al código del Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) en los módulos que se van liberando, para obtener un procesamiento más ligero y eficiente en los tiempos de respuesta, entre ellos, se han realizado ajustes a las sentencias para los criterios de búsqueda al acceder a bases de datos; cambio de esquema en el que se consultaba un conjunto de tablas y que podía llegar a consumir muchos recursos, a un esquema más simple que consume la información de manera directa.

d) Reforzamiento al proceso de atención y seguimiento a incidentes

• Se integró un equipo especial de seguimiento de reportes que ha estado coordinando las diversas acciones de monitoreo y de mejora.

2) Reingeniería de los procesos y sistemas de información legados bajo la nueva plataforma tecnológica.

Dentro de esta iniciativa se contempla la reingeniería para la sustitución paulatina del Sistema Automatizado Aduanero Integral a un nuevo sistema denominado Modelo de Administración Tributaría de Comercio Exterior (MATCE) que soportará la demanda actual del despacho aduanero en conjunción con proyectos de infraestructura como Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) y el de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM), estos dos últimos en proceso de licitación.

El proyecto MATCE se subdividió en 3 fases:

• Fase I. Cubre el mecanismo de selección automatizada que incorpora nuevas funcionalidades como la asignación de andenes, registro y modulación de operaciones a través del Documento Único de Despacho Aduanero (DUNIC). Esta fase I ya se encuentra instalada y operando en 49 aduanas del país, en etapa de estabilización.

• Fase II. Se subdivide en 2 etapas:

- Etapa I. Contempla el módulo de revisión de mercancías, toma de muestras y seguimiento de incidencias, misma que se encuentra en etapa de diseño funcional, teniéndose programada su liberación en el primer semestre de 2016.

- Etapa II. Se considera el validador de pedimentos, se tiene programada su liberación a finales del segundo semestre de 2016.

• Fase III. Contempla los padrones y figuras autorizadas estando en etapa de análisis y diseño.

Por lo anterior se solicita:

Único. Tener por atendido el punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2016.— Licenciado Marcoflavio Rigada Soto (rúbrica), administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-350, signado por el senador Fernando Yunes Márquez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP0170/16, suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita adoptar la Declaración de Lima redactada en el sexto Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en apoyo al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar los insumos correspondientes a esta Cancillería a la proposición con punto de acuerdo aprobada por Comisión Permanente, en la sesión del 13 de enero de 2016, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que adopte la Declaración de Lima redactada en el sexto Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en apoyo al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

”Segundo. Se exhorta a las Mesas Directivas de ambas Cámaras a promover activamente la consolidación del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México, así como a otorgar su beneplácito para que nuestro país sea la sede del séptimo Foro Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a realizarse en noviembre de 2016.”

En este sentido, mucho se agradecerá valorar la conveniencia de considerar estos insumos y sumarios a las respuestas que brinde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Desarrollo Social.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2016.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Comentarios de la Cancillería sobre el punto acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que adopte la Declaración de Lima redactada en el sexto Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en apoyo al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Esta secretaría a través de la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos da puntual seguimiento al Plan SAN CELAC que fue adoptado por los mandatarios de la región en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el pasado 29 de enero de 2015 en Costa Rica. El Plan fue elaborado en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Alado para establecer lineamientos que contribuyan al mejoramiento de la situación alimentaria en la región.

Desde su adopción, Ecuador, en calidad de Presidencia Pro-Témpore de la CELAC durante el 2015, elaboró dos informes de avances. Esta Secretaría ha mantenido constante comunicación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud para conocer los avances en la materia.

Asimismo, se han sostenido reuniones con los representantes de la FAO en México, quienes han informado que se encuentran en coordinación con las Dependencias responsables para monitorear los programas que están implementándose en México y que representan avance en el cumplimiento del Plan SAN CELAC.

Por su parte, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo apoya a los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre (FPH) de América Latina y el Caribe, a través de la iniciativa Mesoamérica sin Hambre, principal acción internacional del gobierno mexicano en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dirigida a Centroamérica, Colombia y República Dominicana, ejecutada en el marco del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, que permite potenciar la cooperación entre los países con el propósito de fortalecer los marcos institucionales y la instrumentación de proyectos en agricultura familiar y SAN.

En el marco de esta iniciativa, la FAO, como ente coordinador y ejecutor, y el gobierno de México, a través del financiamiento de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), realizan acciones en cuatro áreas de atención: compromiso político y gobernanza para la SAN, nutrición adecuada (alimentación escolar con productos locales), fortalecimiento de la agricultura familiar y reducción de las vulnerabilidades.

En el área de compromiso político y gobernanza, Mesoamérica sin Hambre (Msh) acompaña a los FPH de Mesoamérica en la generación de marcos regulatorios y aprobación de presupuestos para la SAN. A continuación se destacan avances que ha impulsado la iniciativa en 2015:

• A nivel regional, destacó el apoyo de Msh en la organización del VI Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, realizado en Lima, Perú, del 14 al17 de noviembre de 2015, facilitando la participación de cinco parlamentarias mesoamericanas de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. En la inauguración del evento participó el embajador Bruno Figueroa, director general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.

• A nivel de país, destacó el apoyo de Msh al FPH en Colombia para la elaboración de su plan de trabajo a través del fortalecimiento de capacidades de los parlamentarios y el acompañamiento al proceso de revisión y aprobación de una ley que servirá como base para la creación de un Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En el Salvador, se ha contribuido a fortalecer las capacidades de los diputados de la Comisión Agropecuaria en temas como el derecho a la alimentación adecuada, cambio climático y otros temas vinculados a la SAN. En Guatemala, se ha asistido al capítulo nacional del FPH en dos procesos de aprobación normativa en curso, relativos protección bosques y alimentación escolar. En Nicaragua, se está apoyando el proceso de actualización de la normativa nacional sobre semillas. En Panamá, Msh apoyó la formación del capítulo nacional del FPH y de manera paralela trabajó con ministerios nacionales en la elaboración de un proyecto de ley sobre el derecho humano a la alimentación. En República Dominicana se apoya la ejecución del plan de trabajo del FPH.

En 2016, Msh seguirá impulsando acciones orientadas al fortalecimiento de los marcos regulatorios para la SAN con el apoyo financiero de la Amexcid, esta última también apoyará el proceso de preparación del séptimo Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

Finalmente, se destaca que si bien la adopción de la Declaración de Lima por parte del gobierno federal será principalmente para la instrumentación de acciones en materia de SAN, al surgir en el seno de un mecanismo de coordinación legislativa, será fundamental recomendar que el propio Honorable Congreso de la Unión la adopte y siga impulsando el trabajo del capítulo México del Frente Parlamentario contra el Hambre.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-6-0380 signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/481/2016 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar las acciones pertinentes para garantizar la adecuada protección y atención de los niños que se dedican al trabajo infantil en la Ciudad de Tapachula.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SELAP/300(191)2016, de fecha 21 de enero de 2016, mediante el cual informó que en la Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 20 de enero de 2016, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Migración determinar la situación migratoria de los niños que se dedican al trabajo infantil en la ciudad de Tapachula y con independencia de la misma, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o el Sistema Estatal, según corresponda, realice las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención”,

Segundo. ...

Al respecto me permito acompañar oficio................... DGJEI200S.000.00/052/2016, suscrito por el doctor José Manuel Herrera Paredes, encargado de la Dirección General Jurídica y Enlace Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle .un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Hago referencia al oficio UCVPS/369/2016 de 25 de enero del año en curso, recibido el 27 del mismo mes y año, a través del cual solicita la opinión respecto del punto de acuerdo derivado de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el 20 de enero de 2016, el cual a la letra señala:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Migración determinar la situación migratorio de los niños que se dedican al trabajo infantil en la ciudad de Tapachula y con independencia de la misma, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, o el Sistema estatal, según corresponda, realice las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención.

Segundo. ...

Sobre el particular, mediante oficio DGJE 1.205.000.00/ 038/2016 .de 28 de enero del presente año, se solicitó a la doctorara, Elva Leonor Cárdenas Miranda, directora general de Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes manifestara en términos de lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto Orgánico del SNDIF la información respecto del punto de acuerdo que nos ocupa. En atención a lo anterior, mediante oficio número DGPANNA 254.000.00-02/114/2016 recibido el 12 de febrero del año en curso la directora general de referencia, señaló:

Al respecto, informo a usted que, con fundamento en los artículos 112 de la Ley de Migración y 176 de su Reglamento, el Instituto Nacional de Migración procede a canalizar de manera inmediata a la l1iña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país.

• Vincular las necesidades de las niñas, niños y adolescentes atendidos con otras instancias encargadas de proporcionar servicios de asistencia social, educación, salud, procuración de justicia a migrantes y o trabajadores urbano marginales;

• Fomentar un clima de confianza entre la población beneficiada y el personal del Centro; y

• Ofrecer alimentos sanos, que contribuyan a su desarrollo y/o recuperación nutricional.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2016.— Doctor José Manuel Herrera Paredes (rúbrica), encargado de la Dirección General Jurídica y de Enlace Constitucional.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-7-395 signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/MVG/1.3.-086/2016, suscrito por el maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a coordinar acciones a efecto de que se implemente una estrategia que refuerce el acopio de televisores inutilizados por el apagón analógico, a fin de prevenir el daño potencial al ambiente y a la salud de las .personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a esta Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a coordinar acciones en las entidades federativas y ayuntamientos, con el propósito de implementar una estrategia que refuerce el acopio de televisores inutilizados por el apagón analógico, a fin de prevenir el daño potencial al ambiente y a la salud de las personas.

Al respecto, me permito informar que esta dependencia, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha implementado el Programa nacional para la gestión integral de los televisores desechados por la transición a la televisión digital, cuyos alcances podrá verificar en el oficio número 2.1.179/2016 que remite el ciudadano Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión (adjunto para pronta referencia).

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2016.— Maestro Mario de la Vega Grajales (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones Transportes.— Presente.

Me refiero al oficio DGV/MVG/1.3.038/2016 recibió en esta Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión al día siguientes, mediante el cual informa el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en sesión de 20 de enero de 2016, cuyo resolutivo se cita a continuación:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para qué a través de sus unidades administrativas competentes coordinen sus acciones con las dependencias homólogas en las entidades federativas, y éstas a su vez con los Ayuntamientos, a efecto de que se implemente una estrategia que refuerce el acopio de televisores inutilizados por el apagón tecnológico, a fin de prevenir el daño potencial al ambiente y a la salud a las personas.”

Al respecto, le informo que la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desarrollo el “Programa nacional para la gestión integral de los televisores desechados por la transición a la televisión digital”, (el Programa) con el objetivo de proteger al medio ambiente de los impactos negativos que pudieran ocasionar el manejo y destino final inadecuados de los televisores analógicos desechados.

A efecto de cumplir dicho objetivo, el Programa establece un esquema de responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, en el cual corresponde a Semarnat “Suscribir convenios con los gobiernos estatales y supervisar la relección, instalación operación de centros de acopio y de los almacenes temporales, así como el transporte de los televisores analógicos”, asimismo, estable que es atribución de los Estados. “En coordinación con la Semarnat celebrar convenios con los municipios para la recolección de televisores analógicos, la instalación de centros de acopio y almacenes temporales.”

En ese orden la idea la Semarnat se ha coordinado con las entidades federativas y los municipios para la recolección de televisores analógicos, la instalación de centros de acopio y almacenes temporales, de conformidad con lo establecido en el Programa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 febrero de 2016.— Ezequiel Gil Huerta (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-1-0408, signado por el senador Fernando Yunes Márquez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar 112.2.124/ 2016, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a mantener el acercamiento directo de los productores de maíz de Jalisco con funcionarios de la secretaría a fin de continuar la revisión de la problemática y necesidades del campo y, en ejercicio de sus atribuciones, buscar soluciones en conjunto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención del oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 043/ 16, del 14 de enero del año en curso, firmado por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en sesión del Congreso de la Unión, celebrada el 13 del actual, el cual contiene el siguiente resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a mantener el acercamiento directo de los productores de maíz de Jalisco con funcionarios de esa secretaría a fin de continuar la revisión de la problemática y necesidades del campo y, en ejercicio de sus atribuciones, buscar soluciones en conjunto.

Me permito hacerle llegar copia del oficio número 300.-076/ 2016, de fecha 17 de febrero de 2016, elaborado por la Subsecretaría de Agricultura, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2016.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general adjunto de Enlace con el Congreso.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, Director General Adjunto de Enlace con el Congreso de la Coordinación General de Enlace Sectorial.— Presente.

Hago referencia a su solicitud de observaciones y comentarios contenidas en el oficio número 112.2.072/ 2016, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión del Congreso de la Unión el 13 de enero del año en curso, el cual exhorta a esta secretaría a mantener el acercamiento directo de los productores de maíz de Jalisco con funcionarios de esa secretaría, a fin de continuar la revisión de la problemática y necesidades del campo, y en ejercicio de sus atribuciones, buscar soluciones en conjunto.

Sobre el particular, le comento que esta subsecretaría ha apoyado para la disminución de los costos de producción y el incremento de la productividad. En 2015, en Jalisco, a través del componente de agroincentivos, se apoyaron 35 mil hectáreas mediante un apoyo para adquirir paquetes tecnológicos para la producción de maíz. Asimismo, mediante el componente de PIMAF se apoyó una superficie de 5 mil 500 hectáreas.

Uno de los planteamientos de la proposición del legislador indica que en caso de que no se actualice el ingreso objetivo por tonelada de maíz, el productor tendría una pérdida, lo cual no es correcto. Las pérdidas son cuantificadas contra los costos de producción, no con relación a la posible ganancia. En ese caso, el ingreso objetivo se definió tomando en cuenta los costos de producción, no así las expectativas de ganancia.

Finalmente, le comento que la mayoría de las consideraciones abordadas por el legislador son del ámbito de competencia de Aserca, organismo que deberá participar en la atención del punto de acuerdo a fin de clarificar el cálculo del ingreso objetivo para el caso de maíz.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016.— Licenciado Gabriel Guillermo Arellano Aguilar (rúbrica), secretario particular.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1-0410 signado por el senador Fernando Yunes Márquez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP0258/16 suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales informa sobre las acciones realizadas respecto al punto de acuerdo relativo al proceso electoral de 2015 efectuado en la República Argentina.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada por la Comisión Permanente, en la sesión del 13 de enero de 2016, mismo que a continuación se transcribe:

“ Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión felicita al pueblo de la hermana República de Argentina por su reciente proceso electoral y por la ejemplar participación en las urnas.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión felicita a la primera mujer electa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y le desea éxito en su nueva encomienda.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda a los nuevos integrantes del Poder Legislativo nacional y provincial electos durante el proceso electoral de 2015. Hace votos para continuar el dialogo interparlamentario recientemente inaugurado entre los representantes populares de nuestras naciones.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda, felicita y desea éxito en su mandato al presidente de la República de Argentina, Mauricio Macri y a la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Hace votos para que durante su gestión se logre un diálogo a favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos y se alcance un dialogo permanente para lograr la prosperidad de nuestras naciones:

Quinto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita se comunique el contenido del presente punto de acuerdo a los representantes diplomáticos de la República de Argentina en nuestro país.”

En este sentido, me permito anexar la nota verbal enviada a la Embajada de la República de Argentina en México mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo antes referido, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar esta información a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2016.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General para América Latina y el Caribe, saluda atentamente a la honorable Embajada de la República Argentina en México, en ocasión de informar que el pasado 13 de enero en curso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita al pueblo de la hermana República de Argentina por su reciente proceso electoral y por la ejemplar participación en las urnas. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita a la primera mujer electa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y le desea éxito en su nueva encomienda. Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda a los nuevos integrantes del Poder Legislativo Nacional y Provincial electos durante el proceso electoral 2015. Hace votos para continuar el diálogo interparlamentario recientemente inaugurado entre los representantes populares de nuestras naciones. Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, saluda, felicita y desea éxito en su mandato al presidente de la República Argentina, Mauricio Macri y a la vicepresidenta, Gabriela Michelti. Hace votos para que durante su gestión se logre un diálogo favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos y éste sea permanente para lograr le prosperidad de nuestras naciones.”

La Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General para América Latina y el Caribe, hace propicia la ocasión para reiterar a la honorable Embajada de la República de Argentina en los Estados Unidos Mexicanos, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

México, DF, a 20 de enero de 2016.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-0471, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP0230/16 suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la condena de la comunidad internacional contra el ensayo nuclear efectuado el 6 de enero de 2016 por la República Popular Democrática de Corea, en franca violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y el Tratado para la no Proliferación de Armas Nucleares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción N, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, en la sesión del 27 de enero de 2015, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se suma categóricamente a la enérgica condena de la comunidad internacional contra el ensayo nuclear efectuado el 6 de enero de 2016 por la República Popular Democrática de Corea, en franca violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y el Tratado para la no Proliferación de Armas Nucleares, transgrediendo los derechos fundamentales del ser humano, contraviniendo los esfuerzos que la comunidad internacional realiza para la pacificación de la península coreana; consecuentemente hace un llamado a los parlamentarios integrantes de órganos legislativos de los países poseedores de armas nucleares, a adoptar las medidas necesarias para reducir el riesgo de detonaciones e incorporar la dimensión humanitaria a las discusiones relativas a la existencia y el uso de estas armas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la delegación permanente del Congreso Mexicano ante la Unión Interparlamentaria, adoptar como prioridad en la agenda, durante la próxima 1340. Asamblea del organismo, la necesidad de llenar el vacío legal en materia de desnuclearización a través de un instrumento jurídicamente vinculan te de proscripción de las armas nucleares.”

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2016.— Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo propuesto por la Comisión Permanente por el cual se suma a la enérgica condena de la comunidad internacional contra el ensayo nuclear efectuado el 6 de enero de 2016 por la República Popular Democrática de Corea

México mantiene una posición activa, constante y comprometida a favor del desarme total y completo y la no proliferación e insiste en la necesidad de alcanzar la total eliminación y prohibición de las armas nucleares, denunciando su desarrollo y utilización, al ser estas las únicas armas de destrucción en masa que no son objeto de una prohibición expresa en derecho internacional.

México promueve de manera consistente la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en ingles), que lamentablemente, a 20 años de que se abrió la firma no ha entrado en vigor y del cual, México fue principal productor. Actualmente 164 países han ratificado este tratado, de 183 que lo han firmado, representando más del 93 por ciento de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Sin Embargo, para su entrada en vigor se requiere la ratificación de todos los Estados listados (44). Los ocho países que faltan por ratificar el Tratado son: China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel, Pakistán y la República Democrática de Corea (RPDC).

México impulsa además la proscripción completa de los ensayos, nucleares, incluidos los ensayos no explosivos o sub críticos, como un paso crucial para lograr la prohibición y eliminación de las armas nucleares en el mundo y apoya la consolidación de sus mecanismos de verificación en todos los foros multilaterales de desarme nuclear.

México patrocina cada año, junto con Australia y Nueva Zelandia, la aprobación de la resolución sobre el Tratado de Prohibición completa de los Ensayos nucleares en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de promover la importancia de la prohibición de los ensayos nucleares y la entrada en vigor del Tratado, considerado un asunto prioritario en materia de desarme y no proliferación.

En este sentido, tras el ensayo nuclear realizado por la RPDC, el 5 de enero de 2016, México emitió de manera inmediata un comunicado reprobando categóricamente dicha acción, realizada en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Tratado para la no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), e hizo un llamado para que ningún Estado realice ensayos nucleares, además de exhortar a todos los Estados que aún no se han adherido al CTBT a hacerlo lo antes posible.

Asimismo, México endosó declaraciones conjuntas en el marco del Grupo MIKTA, del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), de la Iniciativa sobre la No Proliferación y Desarme (NPDI, por sus siglas en inglés) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), condenando el ensayo de la RPDC.

La actuación de México en este ámbito se basa fundamentalmente en el derecho internacional, así corno en los principios de la política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esa convicción, en 2015 México elaboró y promovió en coordinación con otros países, las iniciativas Impacto Humanitario de Armas Nucleares; Promesa Humanitaria; Dimensión Ética para alcanzar un Mundo Libre de Armas Nucleares, y avance en las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear las cuales fueron aprobadas por la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU), con el apoyo de más dos terceras partes de los Estados miembros, representando un cambio de paradigma en las discusiones sobre las armas nucleares, concentradas anteriormente sólo en cuestiones de seguridad militar.

Dichas resoluciones tienen fundamento en los resultados de la Conferencias Internacionales sobre el impacto humanitario de las armas nucleares realizadas en Oslo (2013), Nayarit y Viena (2014), en donde se discutió el enfoque que plantea que las armas nucleares no deben ser empleadas de nuevo, bajo ninguna circunstancia y por ningún actor, debido a las consecuencias catastróficas que con estos artefactos tendrían en términos humanitarios, además del medio ambiente, ecosistemas, cambio, climático, salud global y en el desarrollo.

Para México, este nuevo enfoque, alimentado por las resoluciones y las conferencias internacionales sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, deben alimentar un proceso diplomático que conduzca a la negociación y conclusión de un instrumento jurídicamente vinculante para la eliminación y prohibición de este tipo de armamento.

México, como líder reconocido por la comunidad internacional en materia de desarme nuclear y por su activismo histórico en la promoción de iniciativas para prohibir y elimina~ las armas nucleares, se pronuncia en distintos órganos, ya sea a título nacional o de manera conjunta con países afines a esta temática.

En este sentido, durante la IV Cumbre de la CELAC, celebrada el 27 de enero de 2015, en Quito, Ecuador, México y el resto de los miembros de la CELAC, emitieron una Declaración Especial, refrendando su compromiso para avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme nuclear comprometiéndose a continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario, así como contribuir al desarme general y completo y el fortalecimiento de la confianza entre las naciones.

Mediante esa declaración especial, los países miembros de la CELAC, se congratularon por el establecimiento del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, instaurando en virtud de la resolución intitulada Avance en las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear, elaborada y presentada por México, comprometiéndose a participar de manera activa, propositiva y constructiva en sus trabajos.

El respaldo a estas acciones emprendidas por México es un reconocimiento de la comunidad internacional a la labor de nuestro país y de los países afines a su política contra este tipo de armas inhumanas.

Ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea el 6 de enero de 2016

El Consejo

Recordandoque la Zona Libre de Armas Nucleares de América Latina y el Caribe fue la primera establecida en una región densamente poblada del mundo, en virtud del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe –Tratado de Tlatelolco– y que ésta es una significativa contribución para impedir la proliferación de armas nucleares, y un valioso instrumento a favor del desarme nuclear, de la consolidación de un mundo de paz, fundado en la igualdad soberana de los Estados, el respeto mutuo y la buena vecindad;

Reiterando el compromiso de los Estados Partes del Tratado de mantener sus territorios libres para siempre de armas nucleares y el compromiso con el uso de la energía nuclear en la región exclusivamente para fines pacíficos, por el bienestar y progreso de sus pueblos;

Reafirmando que la mera existencia de las armas nucleares y su posible uso o amenaza de uso constituye un peligro permanente pata la humanidad y que su utilización tendría consecuencias catastróficas para la vida en la tierra;

Condenando la realización de todo tipo de ensayo de armas nucleares en cualquier parte del mundo;

Destacando que los ensayos nucleares obstaculizan los esfuerzos globales en pro del desarme y la no proliferación;

4. Exigira la República Popular Democrática de Corea que retome al régimen de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIE A) como medida de fomento de la confianza para la península de Carea y la Comunidad Internacional.

5. Instar a la República Popular Democrática de Corea, así como a los otros Estados mencionados en el Anexo II del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) que no lo han hecho aún, a firmar y ratificar dicho instrumento para que entre en vigor a la brevedad.

6. Encomendar a la Secretaria que haga llegar esta Resolución al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, a los Estados Miembros del OPANAL, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Preparatoria del TPCEN, al OIEA, a la Conferencia de Desarme, a los Puntos Focales de las demás Zonas Libres de Armas Nucleares y otros organismos internacionales relevantes.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-5-551 signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.101/2016 suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a establecer acciones tendientes a la instauración de los mecanismos que permitan, con la intervención que en derecho corresponda al gobierno del estado de Veracruz, la reactivación inmediata y el pago de adeudos de los trabajadores y jubilados del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de Ciudad Lerdo, Veracruz.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SELAP/UEL/311/162/16 del 28 de enero del año en curso a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en sesión del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el 27 del actual, el cual contiene el siguiente resolutivo:

“ Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones busque establecer acciones tendientes a la instauración de los mecanismos que permitan, con la intervención que en derecho corresponda al gobierno del estado de Veracruz, la reactivación inmediata y el pago de adeudos de los trabajadores y jubilados del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de Ciudad Lerdo Veracruz.”

Me permito hacerle llegar copia del oficio número 16U/DG/006/16 de fecha 9 de febrero de 2016, elaborado por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2016.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general Adjunto de Enlace con el Congreso de la Sagarpa.— Presente.

Muy respetado señor director:

Con relación a su atento comunicado número 112.2.084/ 2016, de fecha 3 de febrero de 2016, relativo a la problemática que enfrenta el ingenio Nuevo San Francisco, que motivó el exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la Sagarpa, en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo acciones para la reactivación del ingenio azucarero en mención, me permito informar a usted lo siguiente:

El ingenio Nuevo San Francisco, SA de CV (INSF) es una empresa privada fundada en 2005; que llegó a tener una plantilla de personal de 425 empleados, pero desde hace dos ciclos agrícolas no ha zafrado.

La Corporación Industrial Gargonz, SA de CV (CIG), grupo del que depende dicho ingenio, ha informado, mediante boletín publicado en internet, lo siguiente:

“El ingenio Nuevo San Francisco ha enfrentado, desde el ciclo 2005-2006, primera zafra del ingenio inmediata posterior a su adquisición, y hasta la zafra 2012-2013, muy diversos problemas operativos, todos ellos muy complejos y cada uno de los mismos con consecuencias desastrosas para la factibilidad económica de la unidad industrial. Dichos problemas se refirieron tanto a aspectos meteorológicos como de desabasto de materia prima y, más recientemente, a grandes desequilibrios de mercado, que disminuyeron al extremo los precios de azúcar, aún por debajo del nivel del costo unitario de producción, siendo todos estos fenómenos causantes de un grave detrimento de la posición financiera del ingenio, la que se ha venido deteriorando año tras año desde 2006, hasta prácticamente cancelar la posibilidad de que el ingenio continúe sus operaciones, cuando menos bajo las condiciones económicas en que actualmente se encuentra.”

“Las pérdidas operativas acumuladas a lo largo de ocho años de actividades desde su compra han consumido su capital; le han imposibilitado cumplir de manera generalizada con sus obligaciones de pago frente a la diversa pluralidad de sus acreedores, y amenazan -sin duda- su supervivencia.”

“A raíz de lo anterior, INSF se ha visto en la necesidad de solicitar ante la autoridad judicial federal, la protección que brinda la Ley de Concursos Mercantiles, solicitando en consecuencia el concurso mercantil de la empresa, con el fin de evitar que la empresa fracase y, que con ello, pudiera perderse el esfuerzo y patrimonio de la empresa, sus trabajadores y empleados, sus abastecedores de caña y sus diversos acreedores y, por otro lado, tratando de evitar los daños que pudiesen implicarse hacia la población aledaña al ingenio en la zona de Lerdo de Tejada, y en consecuencia acotar las consecuencias negativas que en algún momento pudiesen afectar el tejido social de la región en la que se localiza el ingenio.”

“Es en esa virtud, que el INSF, única, exclusiva e individualmente, sin la participación de otros actores o acreedores, ha solicitado voluntariamente su concurso mercantil, con el fin de que se analice judicial y profesionalmente la viabilidad de la empresa, de forma consciente y metódica, conforme a los procesos legales previstos por la legislación federal, y ha pedido por ello la participación judicial, para tratar de rescatar el valor de la empresa y de los bienes que la integran, con la oportunidad de reencauzar su negocio y actividades, para contribuir al bienestar general de sus trabajadores y sus acreedores y, en general, pretender la mejoría de las condiciones de vida de las familias de estos.”

“Debido a la precaria situación financiera que afronta dicho ingenio azucarero, la que como se ha dicho compromete su supervivencia, éste ha solicitado el apoyo de las instituciones que imparten justicia, por un lado y, por el otro, la experiencia y conocimientos de agentes independientes, como son los que prestan sus servicios en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, para que sean esos especialistas quienes, con su experiencia y conocimientos, apoyen el proceso concursal que busca dicho ingenio azucarero.”

“A través del proceso del concurso mercantil ya referido, el ingenio trata de rescatar su viabilidad como unidad productiva, así como de los bienes que la integran, para obtener, en la mejor medida lo posible, recursos para el pago de sus deudas laborales, cañeras, fiscales y con el resto de sus acreedores, de forma ordenada y coordinada, bajo condiciones que mejoren el valor social de la empresa, y con el más amplio respeto a sus relaciones contractuales preexistentes, con el fin de encontrar un arreglo voluntario entre sus deudores y acreedores, todo ello con la ayuda técnica y administrativa que aporta el procedimiento concursal.”

“Finalmente, es la intención de la Corporación Industrial Gargonz, SA de CV, manifestar que todo lo anterior no afecta de ninguna manera las operaciones ni la solvencia de sus ingenios El Carmen, SA de CV y Calipam, SA de CV, ni de sus empresas Grupo Industrial Atlas, SA de CV, y Grupo Embolsador, SA de CV, prosiguiendo todas esas entidades con el curso normal de sus negocios, bajo una indudable situación de positiva factibilidad económica.”

A la fecha el INSF se mantiene en concurso mercantil y sin operar durante el presente ciclo de zafra.

Toda vez de que se trata de un asunto relativo a una empresa privada y a su condición jurídica -ya reseñada-, la Sagarpa no tiene en sus atribuciones, llevar a cabo acciones que permitan el rescate de una entidad privada, aunque ésta realice actividades en el sector agroindustrial.

Respetuosamente consideramos que sería la Secretaría de Economía, a través de algunos programas de fomento económico o de apoyo a la industria, la que, eventualmente, podría atender de mejor manera este tema, en estrecha coordinación con el gobierno del estado de Veracruz.

Adjunto para referencia, edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de abril de 2014, referente a este asunto.

Sin más por el momento, quedo atento a sus valiosos comentarios y le refrendo mi especial consideración.

Cordialmente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.— Carlos Rello Lara (rúbrica), director general.»

«Diario Oficial, martes 15 de abril de 2014.

Estados Unidos Mexicanos Poder Judicial de la Federación Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, sito en Boca del Río

Actuaciones

Edicto

En los autos del concurso mercantil 111/2013 promovido por ingenio Nuevo San Francisco, sociedad anónima de capital variable, el veinticinco de febrero de dos mil catorce, se dictó la sentencia de concurso de la que se obtiene el siguiente extracto:

Resultado

I. El uno de octubre de dos mil trece, Arturo Rosas Barrientos, en su carácter de administrador único de ingenio Nuevo San Francisco, sociedad anónima de capital variable, solicitó se declare en estado de concurso mercantil en la etapa “de quiebra” a su representada.

II. El veintiuno de octubre de dos mil trece, se admitió a trámite la solicitud; luego, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles hizo del conocimiento de este juzgado el veintinueve de octubre de la citada anualidad, la designación del contador público José de Jesús Ríos Ortega, como visitador.

III. El visitador rindió dictamen razonado y circunstanciado, que se puso a la vista del comerciante para que formulara alegatos y ante la solicitud del autorizado de la comerciante para pronunciar la sentencia de concurso, se dictó al tenor de los siguientes:

Resolutivos

Primero. Es procedente la solicitud formulada al haberse acreditado en autos que ingenio Nuevo San Francisco, sociedad anónima de capital variable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, incurrió en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones; por lo que con esta fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se declara en concurso mercantil a ingenio Nuevo San Francisco, sociedad anónima de capital variable, quien tiene su domicilio en Luis Delfín Pardiño s/n, colonia Dulce María de Lerdo de Tejada, Veracruz.

Segundo. Se declara abierta la etapa de quiebra.

Tercero. Líbrese el oficio respectivo al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para los efectos del considerando quinto de esta resolución.

Cuarto. Se declara que queda suspendida la capacidad de ejercicio del comerciante sobre los bienes y derechos que integran la masa, los cuales serán administrados por el síndico, en los términos indicados en la Ley de Concursos Mercantiles y de acuerdo con las consecuencias precisadas en el considerando quinto.

Quinto. Se ordena al comerciante, a sus administradores, gerentes y dependientes, que entreguen al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la masa, con excepción de los inalienables, inembargables e imprescriptibles, de conformidad con lo establecido en el considerando quinto.

Sexto. Se ordena al comerciante que informe al síndico si existen personas que tengan en su posesión bienes de su propiedad a efecto de que los entreguen al síndico, salvo los que estén afectos a ejecución de una sentencia ejecutoria para el cumplimiento de obligaciones anteriores al concurso mercantil lo anterior incluye a depositarios de bienes embargados, en términos del considerando quinto.

Séptimo. Se prohíbe a los deudores del comerciante, pagarle o entregarle bienes sin autorización del síndico o, en su caso, a éste recibirlo sin hacer la entrega respectiva al síndico, conforme lo señalado en el considerando quinto.

Octavo. Se establece como fecha de retroacción del concurso el treinta de mayo de dos mil trece, de acuerdo con lo que dispone el artículo 112 de la ley de Concursos Mercantiles, según se indicó en el considerando sexto de esta resolución.

Noveno. Se ordena al síndico que dentro de los cinco días siguientes a su designación, tramite la publicación de un extracto de esta sentencia, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en Boca del Río, Veracruz, por ser la localidad donde se sigue el juicio, y solicite la inscripción de esta sentencia en los registros públicos de Lerdo de Tejada, Veracruz, lugar en el que se encuentra el domicilio del comerciante, en términos del considerando séptimo de esta sentencia.

Notifíquese personalmente esta sentencia al comerciante; al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; al visitador; a las autoridades fiscales competentes; al agente del Ministerio Público; así como al representante sindical del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República.

Así lo resolvió Mario de la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, asistido por Loyda Meza Córdova, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Lo anterior para los efectos legales procedentes, y en cumplimiento a la sentencia de veinticinco de febrero del año en curso, para su publicación por edictos.

Atentamente

1o. de abril de 2014. — El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Rio, Mario de la Medina Soto (rúbrica), Loyda Meza Córdova (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna al promovente para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio DGPL 63-II-5-552, signado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG/DCEAF/012/2016, suscrito por el ciudadano Jorge Márquez Serralde, director corporativo de Empresas y Activos Financieros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita atender el proceso de donación de los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, y revisar la pertinencia y viabilidad para favorecer al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, conforme a la solicitud de donación presentada respecto de cuatro activos remanentes por cerca de 500 mil metros cuadrados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Valentín Martínez Garza, Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticosde la Secretaría de Gobernación— Presente.

Se hace referencia al oficio número SELAP/UEL/311/164/16, mediante el cual da a conocer el Acuerdo aprobado el 27 de enero de 2016, por el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con el cual exhortan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a este Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, “para atender de forma oportuna, eficaz y con total transparencia” el proceso de donación de los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, formulada por el ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Al respecto, en anexo se envían los resultados de la reunión celebrada el 10 de febrero del presente con representantes del municipio de Matías Romero y del Senado de la República para atender dicha solicitud.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.— Jorge Márquez Serralde (rúbrica), director corporativo.»

«Informe para atender el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan de forma oportuna, eficaz y con total transparencia, el proceso de donación de todos los activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, y revise la pertinencia y viabilidad para que se vea favorecido el municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, conforme a la solicitud de donación presentada en apego a las reglas de donación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015.”

Antecedentes

• El 24 de julio de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las Reglas para la Donación de Activos Remanentes Propiedad de Ferrocarriles Nacional de México en Liquidación (Reglas).

• El 5 de noviembre de 2015, se acordó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional, en materia de destino de inmuebles, para que se diseñe una estrategia, que en su caso, permita dar destino entre las entidades federativas a los bienes de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación (FNML).

• El 12 y 13 de enero de 2016, autoridades del municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca (municipio), ingresaron vía el portal institucional, la solicitud de donación respecto de cuatro activos remanentes por cerca de 500 mil metros cuadrados.

• El 10 de febrero de 2016, se celebró reunión de trabajo con los representantes del municipio y del Senado de la República (reunión de trabajo), recibiéndose información complementaria para atender la solicitud de los cuatro inmuebles referidos en el punto anterior y adicionan requerimiento por 9 activos remanentes en ese municipio.

Situación actual:

En la reunión de trabajo se presentó la siguiente información con la que cuenta FNML sobre los activos remanentes solicitados por el municipio:

• Durante 2004 a 2006, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó un levantamiento topográfico de los inmuebles propiedad de FNML, del que resultaron 12 inmuebles que se localizan en el perímetro del municipio, con una superficie en conjunto de aproximadamente 500,000 metros cuadrados.

El 7 de septiembre de 2007 se emplazó a FNML como tercero perjudicado dentro del juicio de garantías promovido por el Comisario Ejidal del municipio, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Oaxaca, por “la ilegal” resolución presidencial de confirmación y titulación de bienes comunales publicada en el DOF el 16 de marzo de 1967, mediante la cual el Ejecutivo federal le confirmó a la comunidad agraria Santa María Petapa, de Oaxaca, una superficie que coincide con la del municipio.

El 7 de mayo de 2015, dicho Juzgado emitió resolución que ampara y protege a la comunidad quejosa del municipio, a efecto de restituir el pleno goce de sus garantías individuales violadas.

El 22 de-julio de 2015, FNML, como tercero perjudicado dentro del juicio de garantías, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución citada, ya que la misma no establece la delimitación de los terrenos que son propiedad de FNML, el cual se encuentra pendiente de resolver.

Considerando lo anterior, se acordó la suscripción de un contrato de comodato entre FNML y el municipio, a fin de que éste último, en su carácter de comodatario, disponga de los bienes e inicie diversas acciones que permitan a ambas partes dotar de certeza jurídica sobre los activos remanentes que efectivamente sean susceptibles de darle el destino que corresponda, en apego a la normativa y la estrategia de liquidación, así como a la situación jurídica de los bienes solicitados.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite al promovente, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo.— Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado Zambrano Grijalva:

Con fundamento en los artículos 102, apartado 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., primero y segundo párrafos, y 17, fracciones V y VI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, me permito hacerle llegar las valoraciones y comentarios con base en estándares mínimos, que esta Comisión de Derechos Humanos considera deben tomarse en cuenta para la construcción de una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Asimismo, esta comisión reitera la importancia de la concurrencia de especialistas, academia y sociedad civil, en el proceso de tan necesaria ley.

Con la intención de propiciar una comunicación fluida en el seguimiento de los trabajos relacionados con esta propuesta, he designado a la licenciada Christian Ibeth Huerta Dávila, directora ejecutiva de Asuntos Legislativos y Evaluación, quien puede ser contactada en la dirección electrónica: ibeth.huerta@cdhdf.org.mx; y a Roger de la Cruz de los Santos, director de Interlocución Institucional y Legislativa, a quien puede localizar en el número celular 55-1703-3896 y en el correo electrónico: roger.delacruz@ cdhdf.org.mx.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2016.— Doctora Perla Gómez Gallardo (rúbrica), presidenta de la comisión.»

«Escudo.— Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Análisis de la propuesta final de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Comentarios realizados por la CDHDF que se incluyeron en la propuesta final:

1) Principios de investigación (artículo 6).

2) Imprescriptibilidad (artículo 8).

3) No admisión de causas excluyentes de responsabilidad tales como obediencia debida (artículo 9).

4) Prohibición de circunstancias especiales como causa de justificación o inculpabilidad, tales como guerra, suspensión de garantías y perturbación grave de la paz pública (artículo 10).

5) La prohibición de figuras jurídicas como las amnistías, indultos o inmunidades para evadir o disminuir las penas (artículo 16).

6) Los elementos del tipo penal de tortura concuerdan con las convenciones internacional e interamericana (artículo 21).

7) Se incluyó en el artículo 22.1 el estándar establecido en el instrumento interamericano de tortura, que incluye un acto que. “anule la personalidad de la víctima o disminuya su capacidad física o psicológica aunque no cause dolor físico o angustia psíquica”.

8) No se condiciona la gravedad por el tiempo en que tardan en sanar las heridas ocasionadas por los hechos (ver artículos 21 a 24).

9) La violencia sexual, no como un tipo penal particular, sino explícitamente como una circunstancia agravante en el artículo 24.III.

10) Se incluyeron taxativamente como autores de tortura a los servidores públicos. En el actual proyecto se incluyó como sujeto activo del delito de tortura y del delito de tratos crueles inhumanos o degradantes en los artículos 21, 26 y 27 a los servidores públicos y a los particulares.

11) El fomento de programas para promover la cultura de la prohibición de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como medida de prevención.

12) Acciones de vinculación y articulación con la sociedad civil interesada en la materia, para ampliar y mejorar las medidas de prevención.

13) Los peritajes presentados por las víctimas con independencia de los que realicen y presenten las autoridades deben ser valorados en igualdad de condiciones que el dictamen oficial (artículo 36).

14) Eliminación de la restricción de temporalidad para la aplicación de dictámenes médico-psicológicos independientes (artículo 36).

15) El requisito del tiempo que debería pasar entre una prueba psicológica y otra, sin embargo, se omitió indicar que esta prueba debe practicarse inmediatamente.

16) El consentimiento informado (artículo 37).

17) La información sobre el objeto del peritaje (artículo 38.1).

18) Las víctimas que sometan a ese tipo de evaluaciones a cargo de las autoridades, deben, en todo caso dar su consentimiento libre e informado (artículo 43).

19) el deber de excluir aquellas pruebas que se presumen fueron obtenidas mediante tortura (artículo 46).

20) El acceso a los registros de detenciones (artículo 50).

21) Medidas de prevención (artículos 54, 56 y 57): formación, profesionalización y capacitación a funcionarios; la actualización y desarrollo de protocolos; el intercambio de información entre autoridades; la promoción de campañas de sensibilización y educación.

22) Sistema homologado de revisión sistemática de las normas, procedimientos y protocolos relativos a la detención, interrogatorio o tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de la privación de la libertad, y del uso legítimo de la fuerza (artículo 55), con lo cual se intenta incorporar los 4 escenarios señalados en el documento de la CDHDF.

23) La participación de OPDH’s, organismos internacionales para la protección y defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas en el diseño, elaboración y aplicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (artículo 59).

24) Se prevé la posibilidad de que los OPDH’s realicen visitas no programadas a los lugares de privación de la libertad.

25) Creación del Registro Nacional de los Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (artículo 68).

26) Derecho de las víctimas a una reparación integral, así como la forma de garantizar el acceso a la misma (artículo 82).

27) Medidas de protección para las víctimas, intervinientes y colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanos a todos ellos.

Comentarios realizados por la CDHDF que no se incluyeron en la propuesta final:

1) Un párrafo que obligue a los operadores de justicia a interpretar sus normas de conformidad, no solo con la CPEUM y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, sino también de acuerdo a la jurisprudencia y recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos creados por tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en concordancia con la Ley General de Víctimas, esta última en lo que no contravenga a esta ley. Se considera importante esta adición, por la obligación del Estado de honrar sus compromisos internacionales, y por la obligación que conlleva para los operadores de justicia (artículo 3).

2) Precisar qué son unidades especializadas de investigación. En el actual proyecto no quedó como una definición, sino como una obligación de estas unidades. El artículo 51.1 indica: “iniciar y desarrollar la investigación y persecución de los hechos delictivos relacionados con los delitos de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, y en su caso con los delitos vinculados previstos en esta ley.”

3) Respecto a la investigación, se hizo caso omiso a la recomendación de la CDHDF en el sentido de establecer que las unidades especializadas deben establecer métodos científicos de investigación, así como hipótesis o líneas de investigación claras desde el inicio de la indagatoria, sin excluir ninguna posible línea.

4) Dentro de las causas no excluyentes de responsabilidad, es necesario incorporar el supuesto de “inestabilidad política interna”, previsto en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 10).

5) Precisar que el Ministerio Público de la Federación deberá solicitar a la autoridad local que le remita la investigación cuando existan indicios suficientes de que la investigación no es pronta, imparcial, exhaustiva y “diligente”. En el actual proyecto no se incluyó esta previsión, pero a cambio se crean las unidades especializadas que serían las únicas con competencia para conocer casos de tortura, aun así, puede ser que estas unidades no realicen investigaciones diligentes con lo que sigue vigente la omisión de que el Ministerio Público pueda solicitar el expediente si la investigación no es diligente (artículo 19).

6) El proyecto no incluye la sanción de actos de tortura cometidos por particulares sin la intervención de agentes del Estado. Esta comisión opina que varias de las conductas descritas por el artículo 1 de la Convención contra la Tortura las puede cometer un particular, sin la necesidad que sea instigado, inducido o cuente con la autorización o aquiescencia de un servidor público, cuando inflija a otra dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales, con el fin de [...] de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”, en su caso, como establece la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, o con cualquier otro fin.

El Comité de Derechos Humanos, en su observación general N2. 20, señala que: los Estados parte deberán indicar las disposiciones de su derecho penal que sancionan la tortura y los tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, y especificar la sanciones aplicables a esos actos, sean éstos cometidos por funcionarios públicos u otras personas que actúen en nombre del Estado o por particulares.

Por otra parte, se entiende que el inciso 1 del artículo 4 de la Convención contra la Tortura, como parte de una obligación afirmativa o de garantía impone a los estados la obligación de legislar en el sentido de sancionar la tortura de particulares desvinculados de algún agente estatal. Nótese que dicho inciso prescribe “1. Todo Estado Parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura”.

Por lo expresado, se opina que debe incluirse un tipo penal que sancione a los particulares que incurran en las conductas descritas por el tipo penal, aunque no se pueda vincular a algún servidor público en tales actos (artículo 22).

7) La ley debe establecer agravantes, en caso de que los hechos de tortura sean cometidos en cuarteles militares, centros de detención, centros de readaptación social; que los probables responsables tengan antecedentes de haber cometido dichos actos.

Asimismo, es necesario establecer una agravante cuando quien comete tortura sea un superior jerárquico. En el proyecto anterior se había Incluido, en el actual proyecto ya no aparecen. Ver artículo 24 del proyecto actual.

8) En las agravantes del artículo 24.II se incluye a la mujer en estado de gravidez (lo cual excluye a las mujeres en general), a niños, niñas, mayores de 60, indígenas, migrantes y personas con discapacidades. Excluye a personas LGBTTTI y como ya se señaló a las mujeres en general. Por lo anterior se recomienda que se incluyan los grupos en estado de vulnerabilidad indicados.

9) En cuanto al sujeto activo, es necesario eliminar la condición de que quien cometa el delito sean únicamente los servidores públicos miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, pues con ello se limita la responsabilidad de todos los demás servidores públicos, quienes también pueden infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículos 26 y 27).

10) El tipo penal de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no es acorde con los estándares internacionales, pues no contempla el sufrimiento físico como parte de los supuestos; por tanto, es necesario incorporar dicho elemento (artículo 26).

11) Considerar que los delitos vinculados debían tener relación con los delitos previstos en la ley que se analiza, cuando se trate de delitos cometidos por servidores públicos, o por particulares con el apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado, tales como desaparición forzada, extorsiones, ejecución extrajudicial, u otros cometidos por particulares que se consideren vinculados con los hechos.

Se hizo caso omiso a esta recomendación. En el artículo 29 como delitos vinculados, sólo se incluyen la omisión de denuncia y en el artículo 30 impedir dolosa e injustificadamente el acceso inmediato a los lugares de privación de libertad, lo cual no satisface lo recomendado.

12) La CDHDF en la revisión anterior recomendó que se incluyera que los exámenes médico-psicológicos se realizaran conforme al protocolo de Estambul. En el actual proyecto quedó fuera la mención al protocolo de Estambul, y en el artículo 35 se hace referencia a la valoración médico-psicológica en la cual se deben observar las bases y principios previstos en la ley, tratados internacionales y en otros estándares internacionales de la materia; sin embargo debe recordarse que para aplicar el Protocolo de Estambul se requiere conocer el contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es diferente.

Por lo que se recomienda sustituir la referencia a “tratados internacionales” en el texto del artículo 35 y en su lugar se indique “estándares internacionales”.

13) Se omitió la sugerencia de que los servidores públicos que estén siendo investigados o procesados por actos de tortura, y que puedan –por razón de su cargo– intervenir para entorpecer las investigaciones, deberán ser suspendidos de su cargo, para no afectar la independencia e imparcialidad de la investigación (Título Tercero). LA CDHDF sugirió que las o los servidores públicos señalados como probables responsables de los hechos deben ser suspendidos de sus cargos durante la investigación, tal como el Comité contra la Tortura urgió al Estado mexicano para: “Velar por que, en los casos de presuntos actos de tortura y malos tratos, se suspenda inmediatamente de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación, especialmente si existe riesgo de que se repitan los hechos o de que se obstruya la investigación”.

14) No se contempla la obligación de la Unidades Especializadas (artículo 51) de identificar patrones de conducta en la comisión de la tortura y tratos crueles, modus operandi, perfiles de los probables responsables y de las víctimas, lugares y momentos de mayor incidencia de la comisión de la tortura, entre otros datos que deberán ser tomados en cuenta para las investigaciones que se encuentren en trámite, así como para poder determinar si se está cometiendo con las características de un delito de lesa humanidad.

15) En cuanto a obligación de la Unidad Especializada de establecer mecanismos de cooperación con las autoridades competentes (artículo 51, fracciones VII y VIII), se hace notar que la redacción puede generar confusión entre las unidades especializadas, competentes para investigar tortura, y las demás autoridades. Por lo que se sugiere referirse a la cooperación y colaboración con otras autoridades.

16) Se omitió la sugerencia de la CDHDF en relación a que las unidades especializadas, tanto locales como federal, conozcan sobre otras conductas delictivas cometidas por servidores públicos, tales como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, extorsiones, entre otras, a efecto de impedir la división de la investigación por hechos que pueden estar relacionados (artículo 53).

17) En relación con el programa de visitas periódicas, la CDHDF recomendó que éstas debían poder realizarse sin previo aviso a los centros de detención, y que la labor de los OPDH’s no está supeditada a lo que determinen las autoridades, por lo que los programas de visitas son definidos por los organismos autónomos sin intervención de las autoridades.

18) Por otra parte, en relación al programa de visitas periódicas, la CDHDF recomendó que éstas debían poder realizarse sin previo aviso a los centros de detención, y que la labor de los OPDH’s no está supeditada a lo que determinen las autoridades, por lo que los programas de visitas son definidos por los organismos autónomos sin intervención de las autoridades. En los artículos 65 y 64.V del proyecto actual se nota que no se suprimió la parte de las visitas de los organismos públicos de derechos humanos de forma programada, lo cual resulta negativo porque su inclusión resulta en limitaciones a su mandato. Por otra parte, el hecho de que exista una programación puede implicar que los encargados de centros de detención puedan esconder cualquier indicio que indique tortura. Aunque se reconoce que a inciso II del artículo 65, se abre la posibilidad de realizar visitas no programadas en el momento que se considere necesario.

19) Se omitió precisar qué autoridad coordinará el sistema homologado de revisión sistemática de la normas, previsto en el artículo 55.

20) Se omitió incorporar el concepto de indemnización por daño material e inmaterial.

21) No se prevén los principios mínimos que sirvan como directriz para la elaboración e implementación eficaz de los protocolos de actuación para la investigación y persecución de los delitos (artículo 54). Asimismo, se omitió precisar que en la elaboración de dichos protocolos deberán participar expertos en la materia, tanto académicos como sociedad civil y organismos de derechos humanos, como OPDH’s y la OACNUDH.

22) Se omitió establecer mecanismos que garanticen que se informará a los familiares cuando una persona es detenida y trasladada a un lugar de detención; asimismo, se les deben proporcionar todos los datos que les permitan ejercer una defensa adecuada para la persona.

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos, y del Distrito Federal, para su conocimiento.

SOLICITUD DE LICENCIA

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal, con efectos a partir del día 2 de marzo del año en curso, y por tiempo indefinido.

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso legal que corresponda a mi solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero 2016.— Diputado Remberto Estrada Barba (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Primero. Se Concede licencia, por tiempo indefinido al diputado Remberto Estrada Barba, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el tercer distrito electoral del estado de Quintana Roo, a partir del 2 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarl. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Escudo.— Congreso del Estado de Morelos.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo; asimismo, aprovecho la oportunidad para, y por acuerdo de pleno, remitirle en copia simple la iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el uso de la energía eléctrica como derecho humano, así como el acuerdo aprobado en sesión iniciada el día 17 y concluida el 18 de febrero del año 2016, con el propósito de que sea turnada a la comisión legislativa correspondiente, para su análisis y dictamen; lo anterior con fundamento en el artículo 40, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 18 de febrero de 2016.— Diputado Francisco Moreno Merino (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Morelos.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el uso de la energía eléctrica como derecho humano

Artículo 4o. ...

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...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del servicio eléctrico, el estado respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica, a través de una tarifa social justa, de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes.

Disposiciones Transitorias

Primera. Una vez aprobada la presente, de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 4o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, remítase el presente dictamen que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el uso de la energía eléctrica como derecho humano a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con los debates que se hubieran generado, para su discusión, análisis y dictamen correspondiente.

Segunda. Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados al Pleno.

Recinto Legislativo, a los nueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Entramos ahora al capítulo de la presentación de iniciativas, y tiene la palabra...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Santiago Rodríguez, por favor.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente, con el motivo de expresar nuestro profundo rechazo a lo que está sucediendo en la Universidad Intercultural de Chiapas. Al igual que exigirle al rector de dicha Universidad a que cese la represión y el hostigamiento a los docentes, y los despidos injustificados que se han llevado a cabo en los últimos días.

Es increíble cómo esta Universidad que nació con el fin de atender las necesidades de los jóvenes de los pueblos originarios esté terminando en esto, en lo que está pasando. Así que exigimos desde esta tribuna que cese ya la represión y el hostigamiento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, se tienen por asentadas sus expresiones.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud.

La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeros, hoy en día existe una gran cantidad de establecimientos en los que se prestan servicios de hemodiálisis, mismos que no requieren de una autorización sanitaria para operar, lo cual representa un verdadero riesgo y un constante atentado en contra de la salud y vida de los usuarios.

Es nuestra responsabilidad legislar para llevar a cabo medidas preventivas en materia de salud y protección contra esos riesgos, desarrollando siempre políticas públicas orientadas a reducir los elevados costos que esto conlleva, ya que en la mayoría de los casos son las dependencias de salud de los diferentes niveles de gobierno quienes absorben los costos.

La hemodiálisis, como ya sabemos, es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal.

Dicho tratamiento puede practicarse en hospitales o en unidades independientes no ligadas bajo la Norma Oficial Mexicana de Salud NOM-033, mismo ordenamiento que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con los que deberían contar, y a su vez, regulan unidades independientes no ligadas a un hospital que hayan presentado aviso de funcionamiento.

La deficiencia es que no exige que esta cuente con una licencia sanitaria. Dicha irregularidad representa un riesgo sanitario y aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido o potencial que ponga en peligro la salud o en sí la vida humana.

Es por eso que hoy estoy ante ustedes con la propuesta de esta iniciativa, cuyo objetivo es mejorar e incrementar la capacidad en la infraestructura de las unidades de hemodiálisis y así elevar la calidad de la misma. De esta manera mejorar la equidad en el sistema de salud para que la población con menos recursos tenga acceso a la hemodiálisis. Se estima que actualmente más de la mitad de los pacientes no reciben dicho tratamiento, es por ellos y es lo justo.

Por lo antes expuesto, presento y propongo esta iniciativa a fin de modificar el artículo 198 de la Ley General de Salud, para que quede como a continuación se señala.

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados –y me turno a la fracción V–, los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos y los que prestan servicio de hemodiálisis. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, María Guadalupe Oyervides Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presento y someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que lo sustentan

a) Planteamiento del problema

La Organización Mundial de la Salud, a través del Reglamento Sanitario Internacional, asegura que el control o contención de los riesgos para la salud, representa uno de los medios más eficaces para mejorar la seguridad en lo que respecta a la salud pública, ya que estas amenazas constituyen la inmensa mayoría de los eventos que pueden provocar emergencias de salud general.

Contar con una autorización sanitaria, conlleva una acción preventiva de la posible ocurrencia de riesgos sanitarios y, por ende, de riesgos para la salud en la prestación de servicios y establecimientos de salud. La Propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, define como Riesgo Sanitario, en el segundo artículo del Reglamento de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humana. En atención a lo anterior, es necesario llevar a cabo medidas preventivas en materia de protección contra riesgos con el objeto de reducir casos de morbilidad o de complicaciones médicas y desarrollar políticas públicas orientadas a reducir los elevados costos que esto conlleva y que, en muchos de los casos, es absorbido por el Estado a través de la prestación de servicios médicos públicos.

Hoy en día existe una gran cantidad de establecimientos en los que se prestan servicios de hemodiálisis, mismos que no requieren de una autorización sanitaria para operar, lo cual representa un verdadero riesgo y un constante atentado en contra de la salud y vida de los usuarios.

b) Argumentación

La insuficiencia renal en sus dos variedades, aguda y crónica, puede ser tratada con la modalidad de terapia substitutiva conocida como Hemodiálisis. Dicho procedimiento, junto con medidas médicas y nutricionales modifican, para bien, el panorama de los enfermos con insuficiencia renal.

La hemodiálisis es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a causa de una insuficiencia renal, mediante un riñón artificial (aparato). Dicho tratamiento puede practicarse en hospitales o en unidades independientes no ligadas a un hospital y es la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010 el ordenamiento que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento, con los que deberán contar dichos establecimientos. Si bien es cierto que la Norma antes referida establece que el procedimiento de hemodiálisis puede llevarse a cabo en hospitales que tengan licencia sanitaria, también lo es que permite se lleve a cabo en unidades independientes o no ligadas a un hospital que hayan presentado aviso de funcionamiento ante la autoridad sanitaria, sin exigir que ésta cuente con una licencia sanitaria.

En adición a lo anterior, existe para dichas unidades de hemodiálisis una certificación, a través de la cual el Consejo de Salubridad General evalúa el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad del paciente en la estructura, procesos y resultados y reconoce que dichas unidades cumplen los estándares necesarios para brindar servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes; para que una unidad de hemodiálisis se inscriba al Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, debe tener, por lo menos, un año de funcionamiento, contar con el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario correspondiente, no tener procedimientos administrativos abiertos con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o con las áreas de regulación sanitaria de las entidades federativas y no contar con sanción de inhabilitación relacionada con la prestación de servicios de atención médica.

Pese a la existencia de la Norma Oficial Mexicana antes referida, prevé que la hemodiálisis puede practicarse en unidades independientes no ligadas a un hospital que hayan presentado aviso de funcionamiento ante la autoridad sanitaria y estás para certificarse requieren del referido aviso y de un aviso de responsable sanitario, lo cual representa un gran paso hacia adelante en la materia, aunque no precisa la obligatoriedad de que para su operación requieran de una autorización sanitaria. Dicha desregulación, representa un riesgo sanitario y aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humana.

Por otra parte, cabe mencionar que actualmente, México no cuenta con un registro nacional de enfermos renales crónicos, pero si aplicamos el porcentaje promedio de habitantes enfermos en otros países (que equivale al 0.1% de la población), podemos estimar que hay más de 102 000 enfermos renales crónicos en el país, de los cuales sólo 37 000 cuentan con algún tratamiento sustitutivo de manera continua. El 80% de estos enfermos son atendidos por el IMSS o el ISSSTE, sin embargo, este porcentaje tiene un crecimiento anual de 11%, lo que representa una demanda de servicios de hemodiálisis claramente elevada. Además, la hemodiálisis sigue siendo poco accesible; de cada 10 pacientes, ocho reciben diálisis peritoneal y únicamente dos reciben hemodiálisis.

Asimismo, en nuestro país no existen evaluaciones sobre el funcionamiento y la estructura de las unidades privadas de hemodiálisis. Dentro de los problemas que esto representa, se pueden enunciar los siguientes:

b.1) Se carece de un directorio con el registro de las unidades de hemodiálisis a nivel nacional; actualmente se han identificado más de 300 unidades en nuestro país. Sin embargo, es muy probable que exista un número mayor sobre todo de pequeñas dimensiones y de carácter privado que son más difíciles de identificar.

b.2) Existe una falta de información sobre el funcionamiento y la estructura de las unidades de hemodiálisis, así como ausencia de registros que permitan evaluar su efectividad a través de la evolución y sobrevida de los pacientes sometidos a dicha terapia de sustitución.

Ahora bien, del estudio en el desempeño de la unidades que han podido identificar, se detectó un panorama sumamente preocupante, pues al menos la mitad de éstas unidades no cumplen con los criterios de proceso y resultado para la evaluación de establecimientos de atención médica de hemodiálisis establecidos por el Consejo de Salubridad General, sobre todo las unidades públicas. Esta situación se agrava aún más al evaluar la infraestructura de las unidades; otro aspecto que llama la atención fue la falta de procesos para la referencia y contarreferencia de los pacientes, hecho que explica de manera indirecta el retraso en el ingreso a estas unidades y por ende, la falta de respuesta al tratamiento.

La mayoría de los expedientes clínicos no cuentan con información mínima solicitada, y los que sí la registran presentan fallas de calidad en el manejo terapéutico del paciente, ya que se registraron menos de una sesión de hemodiálisis a la semana, fue casi nulo el cumplimiento con la norma establecida de tres sesiones por semana.

Asimismo, se observó la falta de exámenes de laboratorio para evaluar el estado de los pacientes previo a la sesión de hemodiálisis.

La falta de personal calificado (nefrólogos) durante el proceso de la hemodiálisis es muy evidente en las unidades, ya que tenemos un promedio de 57 hasta 73 pacientes atendidos por un nefrólogo. Esta situación contrasta con la norma que recomienda que cada centro de diálisis debería contar con al menos un nefrólogo por cada 40-50 pacientes en tratamiento.

Finalmente, se deben tomar en consideración los resultados obtenidos y el costo elevado de la hemodiálisis, lo cual representa un dispendio de recursos para el sistema de salud, ya que el beneficio es muy pobre en la mayoría de las unidades debido a deficiencias de calidad en las unidades: 70% de ellas reportaron tasas de letalidad muy elevadas.

En adición a lo expuesto, quisiera señalar la importancia de promover que las disposiciones en materia de salud tengan como objeto fundamental la seguridad del paciente y que busquen anticiparse a las necesidades de los mismos, de su familia y del propio Estado, debiendo prevenir y reducir la probabilidad de que se presenten eventos adversos que pongan en riesgo su salud y sus vidas, generando gastos extraordinarios al Estado que pudieron haber sido evitados.

Ordenamiento a modificar, texto normativo propuesto y artículo transitorio

El propósito de esta iniciativa es mejorar e incrementar la capacidad en la infraestructura de las unidades de hemodiálisis para incrementar la calidad de la misma, y de esta manera mejorar la equidad en el sistema de salud para que la población con menos recursos tenga acceso a la hemodiálisis; se estima que actualmente más de la mitad de los pacientes no reciben dicho tratamiento. En atención a lo antes expuesto presento y propongo esta iniciativa a fin de modificar el artículo 198 de la Ley General de Salud para que quede como a continuación se señala:

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I.El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados;

II.La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas;

III.La aplicación de plaguicidas;

IV.La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, y

V.Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos ylos que prestan servicios de hemodiálisis.

VI.Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales y medicamentosas.

La solicitud de autorización sanitaria deberá presentarse ante la autoridad sanitaria, previamente al inicio de sus actividades.

Cuando así se determine por acuerdo del Secretario, los establecimientos en que se realice el proceso de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta ley y su transporte deberán sujetarse a las normas de funcionamiento y seguridad que al respecto se emitan.

Por otra parte, como artículo transitorio, propongo que únicamente se prevea que la modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud

Único.Se reforma el artículo 198 de la Ley general de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I.El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados;

II.La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas;

III.La aplicación de plaguicidas;

IV.La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, y

V.Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos y los que prestan servicios de hemodiálisis.

VI.Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales y medicamentosas.

La solicitud de autorización sanitaria deberá presentarse ante la autoridad sanitaria, previamente al inicio de sus actividades.

Cuando así se determine por acuerdo del Secretario, los establecimientos en que se realice el proceso de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta ley y su transporte deberán sujetarse a las normas de funcionamiento y seguridad que al respecto se emitan.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La autorización sanitaria es el acto administrativo de la autoridad sanitaria competente a través del cual, permite a una persona física o moral, pública o privada la práctica de actos relacionados con la salud humana en lo referente a servicios de salud: de atención médica; de disposición de órganos, tejidos y células; de disposición de sangre; así como la utilización de fuentes de radiación para fines de diagnóstico o tratamiento.

2 Estándares para la Certificación de Unidades de Hemodiálisis.

3 Tirado Gómez Laura Leticia, Duran Arenas Juan Luis, Rojas Rusell Mario Enrique. Las unidades de hemodiálisis en México: una evaluación de sus características, procesos y resultados. 2010. México.

4 Ídem.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de febrero de 2016.— Diputados: María Guadalupe Oyervides Valdez,Abel Murrieta Cutiérrez, Adolfo Mota Hernández, Ana María Boone Godoy, Antonio Tarek Abdala Saad, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Federico Quinto Guillén, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Heidi Salazar Espinosa, Javier Octavio Herrera Borunda, María Bárbara Botello Santibáñez, María del Carmen Pinete Vargas, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Próspero Manuel Ibarra Otero, Ramón Bañales Arambula, Sofía del Sagrario De León Maza, Susana Corella Platt (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Oyervides. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Gracias. Con la venia de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, la instrumentación de los procesos electorales y su esquema sancionatorio, tal y como funciona en la actualidad es incongruente e ineficaz, esto se debe esencialmente a que se concentra en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y de los candidatos. No se aplica como consecuencia jurídica la restricción para participar en procesos electorales o la pérdida de registro.

Contrario a esto, solamente se establecen multas, mismas que se cubren con financiamiento público o mejor dicho, con recursos económicos de los propios ciudadanos. Evidentemente en la práctica esto se traduce en un incentivo de conductas violatorias y se pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de tales sanciones.

La reforma político electoral de 2014, estableció tres causales de nulidad constitucionales: cuando se excede el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, cuando se compre o adquiera cobertura informativa fuera de los supuestos previstos en la ley y cuando se utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Sin embargo, no se aplicó como sanción la restricción para participar al candidato o partido político infractor.

Consecuentemente me permito presentar ante este pleno, la iniciativa de ley por la que se establece como consecuencia jurídica la pérdida de registro a quienes incurran en las causales de nulidad graves y dolosas contenidas en el artículo 41 constitucional.

El objeto es lograr, que quienes aspiren a un cargo de elección popular estén obligados al cumplimiento de la ley o, en su caso, se restrinja su participación con la pérdida de su registro. Los ajustes normativos a partir de este nuevo sistema de nulidades, dota de mayor certeza jurídica a nuestros procesos electorales y otorga la constancia de mayoría respectiva a quien cumpla las disposiciones establecidas en nuestra legislación.

Tomando en cuenta la gravedad de las violaciones tanto los candidatos como los partidos políticos deberán perder su registro y no podrán participar al menos en la elección inmediata siguiente.

Es importante establecer claramente que si bien es cierto los candidatos y los partidos políticos gozan del derecho a recibir financiamiento público, de ninguna manera deberían tener facultad para destinarlos al pago de sus propias violaciones legales.

Por lo tanto propongo una reforma electoral trascendente, con sanciones ejemplares, en términos de igualdad, equidad, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.

Hace unos meses, en la experiencia más reciente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó diversos dictámenes del INE sin que nadie señalara la ineficacia de nuestra fiscalización y la falta de un sistema sancionatorio de nulidades acorde a nuestro marco jurídico vigente.

Los ciudadanos, ante ello, exigen congruencia en nuestro actuar. Reclaman de manera legítima que no se les endosen los costos y las deficiencias de nuestro sistema político. Se oponen a la repetición innecesaria de jornadas electorales por disputas y violaciones legales o vacíos jurídicos que hoy, valga la pena decir, esta reforma pretende erradicar.

Establezcamos un mejor diseño de nuestros procesos electorales. Contribuyamos a la eficacia de nuestra legislación y a los valores superiores de nuestro sistema democrático mediante un sistema sancionatorio que garantice los derechos del electorado.

El respeto a la ley debe obligar a los candidatos y a los partidos o a las coaliciones a la pérdida de su registro si se acredita que incurrieron en las causales de nulidad, graves y dolosas, contenidas por nuestra propia Carta Magna.

Pido a este pleno que tome en consideración esta reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

La reforma político-electoral de 2014 estableció tres causales de nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a)Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b)Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c)Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas

Sin embargo la instrumentación de los procesos electorales y su redefinición respecto al esquema sancionatorio cuando se cometen las violaciones graves antes descritas, es incongruente respecto a la eficacia que requiere el sistema de nulidades, ya que se concentra esencialmente en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y candidatos, sin establecer la consecuencia jurídica restrictiva de la anulación de su resultado y al mismo tiempo la de su participación en el proceso electoral inmediato siguiente.

Actualmente se castiga con multas que se pagan con financiamiento público, lo cual evidentemente no inhibe la conducta violatoria de la ley y pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de la sanción.

Por tal motivo es imprescindible reformar nuestro marco normativo Constitucional, que recientemente incorporó la nulidad de elecciones en las que el candidato ganador rebase los topes de campaña; adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y reciba o utilice recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campañas.

Para tal efecto es irrelevante convocar a una elección extraordinaria con el dispendio de recursos económicos provenientes de los impuestos de la ciudadanía, puesto que perfectamente puede acceder el segundo lugar en orden de prelación al cargo, siempre y cuando haya demostrado no haber incurrido en violaciones consideradas graves y dolosas.

Ahora bien, quien resulte infractor de las disposiciones legales, tanto candidatos, como institutos políticos deben ser sancionados con la suspensión de su registro al menos en la elección inmediata siguiente, y no hacerse acreedores a una multa que paga con financiamiento público.

Argumentación

Los partidos políticos gozan del derecho de recibir financiamiento tanto público como privado, pero de ningún modo deben rebasar los topes de gasto de sus precampañas y campañas electorales; esta prohibición además, así como la relacionada con la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, o la utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos, los hacen acreedores a distintas sanciones, las cuales tratándose de multas, se sufragan con recursos públicos.

Cuando el financiamiento para las precampañas y campañas de los partidos políticos nacionales y sus respectivos candidatos, o los candidatos independientes es rebasado, ni siquiera debería existir porcentaje permitido por la propia ley, porque con ese simple hecho se estarían rompiendo los principios constitucionales de equidad y legalidad, viciando las campañas y poniendo en desventaja a los contendientes.

Por esta razón proponemos una reforma electoral trascendente que establezca otros criterios de nulidad relacionados con las violaciones consideradas en nuestro marco jurídico como graves y dolosas, sin que se consideren criterios porcentuales o bien determinantes, como se hace hasta ahora con la diferencia del cinco por ciento entre el primer y segundo lugar.

En ese orden de ideas consideramos que no es necesario convocar a una elección extraordinaria y al dispendio de recursos económicos provenientes de los impuestos de la ciudadanía que eso conlleva, sino al acceso del segundo lugar al cargo, siempre y cuando este demuestre no haber incurrido en violaciones a la ley.

Por otro lado la presente iniciativa busca lograr mayor eficacia en nuestro sistema sancionador, al establecer la suspensión de la participación del candidato y de su instituto político en la elección inmediata siguiente, evitando con ello la simulación del cumplimiento de la ley, al pagar como se hace hasta ahora, multas económicas con recursos públicos.

Sin duda esta modificación contribuye a la trasparencia, la rendición de cuentas, y la eficacia de nuestro actual sistema electoral, debido a que uno de sus propósitos de nuestra legislación es la igualdad y la equidad en los procesos electorales.

El principio de equidad en la contienda se configura como uno de los valores superiores del ámbito electoral y los sistemas democráticos han creado formas de control, tales como la determinación de topes de campaña.

La legislación establece la cantidad de recursos económicos para que el ciudadano sea debidamente informado, para que sea convencido y no comprado, por ello cuando se rebasan los límites del gasto de campaña, se compra cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; o se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; cada peso adicional gastado es fuente de ilegitimidad.

En ese contexto nuestro marco normativo establece la nulidad de la elección, pero es ambiguo en el paso siguiente que permita ahorrarle el costo económico y el respeto de los derechos al ciudadano, como si este fuera quien cometió la infracción, al convocar a una nueva elección, y por otro lado se premia al infractor cuando este puede subsanar las violaciones que comete a la ley, mediante el pago de una multa que realiza con recursos públicos.

Sin una sanción efectiva se repite la conducta y no se logra inhibir esta práctica nociva que se presenta de manera constante en nuestro sistema electoral.

Opiniones como la del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han expresado en este sentido:

“En ese orden, es impostergable reflexionar acerca de temas coyunturales relacionados con la instrumentación de los procesos electorales.

1) La idoneidad de que las medidas cautelares, atendiendo a su naturaleza precautoria, se asignen integralmente a la competencia en sede judicial, para dar homogeneidad y celeridad al procedimiento especial sancionador a fin de hacerlo más eficaz.

2) La eventual redefinición del esquema sancionatorio respecto de conductas que trastoquen el modelo de comunicación política en forma grave, para que la punición no se concentre esencialmente en el ámbito patrimonial de los partidos políticos y candidatos, y se transite a medidas de carácter funcional que establezcan como consecuencia jurídica, restringir la participación de partidos políticos o candidatos en los respectivos procesos electorales o subsecuentes, ya que finalmente las multas se pagan con financiamiento público, lo que pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de la sanción”.

Los partidos políticos juegan constantemente con los topes de campaña a su antojo. En la pasada elección se observan claros ejemplos de institutos políticos y candidatos que demostraron su falta de respeto al ciudadano y la violación flagrante de la legislación al rebasarlos como una práctica inversión que les retribuye asumir cargos públicos.

Hasta ahora la invalidez de una elección aparece como una opción, más que como una premisa y no se considera la necesidad de evitarle al ciudadano los costos que se generan, mucho menos cancelar a los partidos políticos y a los candidatos, su participación, en virtud de que son ellos los que infringen la ley y los causantes directos del abstencionismo y escepticismo sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Con el objeto de implementar de manera adecuada las reformas constitucionales en materia político-electoral, se expidieron leyes secundarias en la materia como la Ley General de Partidos Políticos, con la que se busca regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos, tanto a nivel federal como local, así como distribuir competencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tiene por objeto reglamentar las normas constitucionales relativas a derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, el registro de candidatos, la organización de las elecciones, los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, los procesos electorales federales y locales, así como la integración de los organismos electorales.

Asimismo, busca distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas y regular la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo objetivo es establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

También se publicaron decretos mediante los que se reformaron varios artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se reformaron los artículos relativos a la nulidad de las elecciones, estableciendo que las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichas violaciones de acuerdo a la reforma político-electoral, deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

De igual forma, se reformó el artículo sobre las normas de interpretación para la resolución de los medios de impugnación previstos en la ley.

Se prevé que las normas se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados internacionales celebrados por México, así como a las reglas de interpretación gramatical, sistemática y funcional.

Respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se modificaron los artículos 185 y 192 para establecer que el Tribunal Electoral funcionará de forma permanente con una Sala Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada.

Las dos nuevas Salas Regionales del Tribunal Electoral que se crean a partir de la reforma constitucional, deberán iniciar actividades en el mes de septiembre de 2017.

La Sala Regional Especializada inició sus funciones antes del inicio del proceso electoral 2014-2015.

En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se adicionan dos obligaciones a los servidores públicos:

• Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electoral y de sus órganos, proporcionarles de manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración que les sea requerido por dichas autoridades electorales;

• Abstenerse de infringir, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

A pesar de lo anterior, los costos de violentar la ley pareciera que son calculados por partidos políticos y candidatos quienes saben que sólo podrán ser sancionados económicamente.

Es decir, resulta más que irónico que se castigue con multas que se pagan con recursos públicos, que no se afecte al trasgresor de la ley sino al ciudadano, que no se inhiba la práctica del engaño, y se simule una supuesta sanción, ineficaz y dañina para nuestro sistema democrático.

Permitir que se rebasen los topes de campaña se traduce en un incentivo para violar la ley, cuando no existe la sanción ejemplar que permita impedir el entredicho de legitimidad del que adolece nuestro sistema democrático y electoral.

En la reciente elección de junio de 2015, se presentaron alrededor de 499 juicios para hacer valer alguna nulidad, y partir de las sentencias de las Salas Regionales y los criterios que adopta la Sala Superior es como se define la aplicación de la normatividad.

Una vez que se logre la comprobación de la existencia de una de las causales establecidas en la reciente reforma político-electoral, ello debe ser motivo suficiente para anular el resultado, para la revocación de la constancia de mayoría otorgada por los consejos distritales, para que quienes cumplieron con el marco normativo asciendan a la ocupación del cargo de elección popular y se cancele la participación del infractor en la siguiente contienda.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, ha conocido de las inconformidades a través del juicio de revisión constitucional.

Esto propició que en agosto la Sala Superior revocara los dictámenes consolidados del Consejo General del INE y le ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización resolver las quejas relacionadas con el supuesto rebase de tope de gastos de campañas electorales de los entonces candidatos a cargos de elección federal o local presentadas con anterioridad a la aprobación de dicho dictamen.

Consecuentemente no se puede emitir un dictamen de gastos de campaña si no se han resuelto todas las quejas relacionadas con dichos gastos, ya que por primera vez se estableció como causal de nulidad de las elecciones, el resabe en el tope de estos gastos en un 5%, de ahí que es muy importante que se determine si se rebasó o no el tope establecido con el objetivo de dotar de operatividad al nuevo sistema de fiscalización e impartir justicia.

Hasta ahora no se ha cancelado el registro de un instituto político nacional, ni se ha consignado a persona alguna por el financiamiento fuera de la ley.

No se ha impuesto la máxima sanción que es la cancelación del registro de un instituto político nacional, ni tampoco se ha consignado a persona alguna por un delito en materia electoral y, en específico, por financiamiento.

Como se plantea, una causa de nulidad de la victoria de un candidato es que supere el tope de gasto de campaña con más del cinco por ciento y para hacer posible la anulación de la elección se requiere que entre el primero y segundo lugar exista una diferencia del cinco por ciento de la votación.

Pues bien, es justamente aquí donde existe un grave error en nuestra legislación, porque el simple hecho de rebasar el tope de gasto es sinónimo de violación a la ley, y requerir que para la anulación de la elección exista una diferencia entre el primero y el segundo lugar del cinco por ciento, es inequitativo si el infractor subsana con recursos públicos a través del pago de una multa, su trasgresión.

Es por esto que el segundo lugar debe tener derecho a asumir el cargo de elección popular, siempre que haya dado cumplimiento a la ley, y quien la haya infringido debe ser sancionado y no incentivado a repetir prácticas y la probable comisión de delitos electorales.

Tampoco es congruente endosarle al ciudadano el costo de la violación a la ley cometida por parte de los partidos políticos o candidatos, de tal manera que es innecesario que se repita la jornada electoral cuando el segundo lugar o el que haya cumplido con la ley puede ser considerado ganador.

Por otro lado los Magistrados tienen derecho a investigar la situación fiscal ante el SAT de un candidato, sobre el comportamiento de los ingresos declarados tanto por personas físicas como, de ser el caso, en su calidad de socios de una persona moral, es decir el asunto no se reduce al juicio promovido por un partido y a la auditoría realizada por el INE.

En ese orden de ideas se observa que las nuevas causales de nulidad aprobadas en la reforma política, pueden institucionalizar el conflicto postelectoral, ya que es previsible que cada elección será impugnada y se solicitará su anulación.

Sin embargo para evitar las consecuencias que se generan con nuevas jornadas electorales y los costos que estas conllevan, así como la inhibición de la reiteración de conductas violatorias de la ley, es el objetivo fundamental de la presente propuesta.

Se requiere eliminar la autorización de rebasar el tope de gasto hasta en un cinco por ciento y anular la elección cuando se acredite el simple rebase del gasto asignado, sin importar la diferencia porcentual que exista entre el primer lugar y el segundo lugar.

Ahora bien, la cancelación de triunfos por rebase en topes de gasto de campaña corresponde a los Tribunales Electorales Federales, y la Comisión de Fiscalización del INE sólo se ha limitado a acordar los siguientes criterios sancionadores en materia económica:

1. El no informar gasto se sanciona con el 150 por ciento del monto involucrado.

2. El no acreditar gasto con el 100 por ciento de la cifra identificada.

3. La no presentación de informes, el no uso del Sistema Integral de Fiscalización o la no apertura de cuentas bancarias para los candidatos, se sanciona tomando como referencia el 30 por ciento del tope de gasto de la campaña involucrada por el porcentaje de financiamiento público, local o federal según sea el caso, que le corresponde al partido político omiso.

4. También se sanciona el realizar pagos mayores a 90 días de salario mínimo realizados en efectivo, con el 100 por ciento del monto.

Como se observa hasta ahora las sanciones son sólo multas siendo que la Comisión de Fiscalización aprobó proponer al Consejo General sanciones para las últimas elecciones por 131 millones de pesos por faltas detectadas en los informes de las campañas federales.

La distribución de esas sanciones entre partidos políticos y coaliciones fue la siguiente: (Los datos se dan en millones de pesos)

PAN: 3.4

PRI: 0.9

PRD: 4.0

PT: 9.3

PVEM: 56.9

Movimiento Ciudadano: 13.7

Nueva Alianza: 1.1

Morena: 13.0

Partido Humanista: 13.0

Encuentro Social: 5.7

Coalición PRI-PVEM: 4.4

Coalición PRD-PT: 5.7

Total: 131.1

Para el caso de espectaculares, se realizaron tareas de monitoreo en los 300 distritos electorales en que se divide la geografía del país, y se obtuvo la evidencia de 40 mil 66 que incluyen espectaculares, vallas, panorámicos, entre otros. De estos, los partidos políticos y candidatos no habían reportado 15,966, es decir más el 39.8%.

Así, con el monitoreo del INE y tras dar oportunidad a los actores políticos de acreditar esos gastos, se identificaron erogaciones no reportadas en ese tipo de propaganda por 9 millones 825 mil pesos, que se tradujeron en una sanción equivalente.

De los nueve dictámenes aprobados para campañas locales correspondientes a las elecciones locales de Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, se identificaron mil 110 millones de ingresos en las cuentas bancarias de los partidos, de los cuales acreditaron gastos por 928 millones de pesos.

Las sanciones contenidas en esos nueve proyectos de resolución alcanzaron los 182.2 millones de pesos. Esta es la clasificación por Estado. Los montos se dan en millones de pesos:

Baja California Sur: 15.6

Distrito Federal: 33.8

Guerrero: 12.1

Jalisco: 54.7

Morelos: 3.6

Querétaro: 7.5

San Luis Potosí: 30.0

Sonora: 11.2

Yucatán: 13.7

Total: 182.20

En estas nueve entidades se identificaron 17 rebases de topes de campaña. De ellos cinco son candidatos ganadores, pero ninguno tiene un porcentaje de diferencia respecto al segundo lugar menor al 5 por ciento.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, Diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41.

I. al V. ...

VI...

...

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves o dolosas en los siguientes casos:

a) ...

b) ...

c) ...

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Cuando existanviolaciones dolosas o graves, sin importarla diferencia de la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar.

En este caso se declarará ganador de los comicios al partido político o candidato que resulte con mayor votación siempre y cuando haya dado cumplimiento a las disposiciones de ley.

Si ninguno de los contendientes diera cumplimiento a la ley, se realizará una elección extraordinaria en la que no podrán participar los candidatos ni los partidos políticos que formaron parte de la contienda, por lo que se realizará un nuevo registro de candidatos.

En caso de nulidad, y tomando en cuenta la gravedad de las violaciones cometidas, tanto los candidatos como los partidos políticos que hayan participado en la elección anulada, no podrán participar en laelección inmediata siguiente.

La gravedad de las violaciones cometidas será causal para la pérdida del registro del partido político o coalición involucrados en los hechos que motivaron la anulación de la elección.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 41 fracción VI, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Versión estenográfica del mensaje del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, en la presentación de su Informe Anual de Labores 2014-2015 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del TEPJF e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

3 http://www.dof.gob.mx//avisos/2358/ SG_230514_01/SG_230514_01.html

4 Acuerdo entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el SAT por el que se establecen los mecanismos necesarios para cruzar la información. (Marzo2015).

Convenio entre el INE y el SAT había que permite a la Comisión de Fiscalización acceder a la base de datos fiscales de los candidatos. (Febrero 2015).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2016.— Diputados: Isaura Ivanova Pool Pech,Cándido Ochoa Rojas (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pool. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio:Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Saludos, Mesa Directiva. Amigos y amigas diputadas, muy buenas tardes. En el Grupo del Partido Acción Nacional estamos muy comprometidos en los temas de equidad y sobre todo evitar la discriminación.

Señoras y señores diputados, por ello siempre hemos impulsado medidas para que todos los mexicanos, sin importar su género, puedan acceder a empleos dignos, bien remunerados y con prestaciones sociales suficientes.

Pero quiero hacer énfasis en una realidad: los roles familiares se han transformado. Hoy día la mujer tiene una presencia más activa en la vida laboral; en consecuencia las tareas de manutención y de cuidado del hogar cada vez se comparten más entre los hombres y las mujeres.

La legislación mexicana aún no se ha ajustado a estas nuevas dinámicas familiares, por el contrario, mantenemos una fragmentación de género que ha derivado en un trato diferenciado e inequitativo en las prestaciones sociales. Un ejemplo de ello es el caso de las guarderías infantiles.

Actualmente todas las mujeres madres trabajadoras, pueden acceder a un servicio que son las guarderías; pero los hombres que son padres, que trabajan, solamente pueden ejercer este derecho si se encuentran viudos o divorciados.

Esto desde el punto de vista del derechohabiente es sumamente injusto. Si el padre trabajador está haciendo aportaciones a un esquema de seguridad social, merece beneficios del servicio de guardería para sus hijos.

Aquella época en la que el trabajo productivo y reproductivo se distribuía con base en el rol de género, ha quedado en el pasado. La realidad ahora, y ustedes lo vieron en sus recorridos en las Visitas de la Familia, en las pláticas con hombres y mujeres trabajadores derechohabientes, es una realidad.

Pertenecer al género masculino y tener un esquema familiar distinto al tradicional, no debería de ser una razón para no recibir una prestación social, y sin embargo así es. Esta es una situación discriminatoria que viola los derechos humanos.

Si queremos que hombres y mujeres combinen las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo, no podemos mantener la legislación vigente. Además la actual ley no sólo vulnera los derechos de algunos derechohabientes masculinos, también está privando a sus hijos de recibir atención y cuidados en una guardería en las cuales serán protegidos y bien atendidos.

Por lo anteriormente expuesto, amigas y amigos, la presente iniciativa busca reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para que hombres y mujeres, sin importar su estado civil, sólo por el derecho de ser derechohabientes, tengan acceso al servicio de guarderías infantiles para sus hijos.

Señoras diputadas y señores diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre hemos promovido políticas con perspectiva de género que fomenten una cultura de la equidad y aseguren mejores condiciones de trabajo para hombres y mujeres.

Y sin embargo, reconocemos que hay disposiciones legales que son discriminatorias contra el hombre y que deben ser corregidas y sólo así podremos lograr el desarrollo de todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas, miembros de esta sociedad. Por eso les pedimos su apoyo para que hagamos de esta iniciativa una realidad. Muchas gracias a todos ustedes, con permiso, gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María del Rosario Rodríguez Rubio, diputada a la LXIII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a fin de otorgar derechos de guarderías a padres (hombres y mujeres por igual), con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México la situación económica y social ha cambiado, por lo tanto han evolucionado las necesidades de la población, la clase trabajadora ha cambiado, transformando los roles familiares y la mujer tiene una presencia más activa en el campo laboral, generando que las necesidades sean diferentes. En específico se puede hacer referencia a las necesidades de las niñas y niños cuyos padres trabajan y al no poder atenderlos durante el horario laboral, se requiere de un lugar para su cuidado y atención.

Especialmente por el cambio de roles familiares actuales en el que la mujer se ha activado en el campo laboral, la figura del proveedor y la manutención del hogar se comparte entre el hombre y la mujer; o bien, cada vez más la mujer va adquiriendo esta figura que históricamente perteneció al género masculino. En respuesta a ello, se han creado condiciones que permiten a los trabajadores adaptarse más fácilmente al nuevo contexto de producción.

Sin embargo, las mujeres han tenido que abogar por sus derechos de género, y buscar un adelantamiento en el marco normativo, adquiriendo derechos e inclusive logrando políticas públicas de apoyo al género femenino, dejando de lado, en algunos casos, a los hombres frente a la mujer. Un ejemplo de ello, es el caso de servicios de guarderías, que la legislación mexicana otorga el derecho a este servicio a todas las mujeres (madres) trabajadoras; limitando este derecho a los hombres (padres) trabajadores que se encuentren viudos o divorciados.

Desde el punto de vista del derechohabiente, puede resultar sumamente injusto, aportar a un esquema de seguridad social, que niega el servicio de guardería a sus hijos, por motivo de pertenecer al género masculino y por tener un esquema familiar diferente, es decir, de conformidad con la Ley del Seguro Social, los asegurados varones deben divorciarse, enviudar o separarse legalmente de sus parejas para poder acceder a dicho beneficio, esta situación, vista de otra forma, podría considerarse que atenta contra el derecho a la familia. Siendo lo anterior, un acto discriminatorio y violatorio de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, es muy común que en nuestro país existan personas con trabajos informales, que no cuentan con prestaciones sociales que les garantice un servicio de guarderías para el cuidado de los niños y niñas, siendo en ocasiones las madres las que se ven obligadas a realizar esos trabajos informales y sin acceso a los servicios de cuidado para los hijos menores; quedando los padres como la única alternativa para buscar esos servicios de cuidado. Desafortunadamente, en las condiciones legales actuales, es imposible que dicho padre estando casado, adquiera esos derechos para sus hijos.

En ese sentido, el artículo 1o. constitucional, señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, en concordancia con el contenido del artículo 4o. de nuestra ley fundamental, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, puntualizando que es la propia ley la que protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Destacando el hecho de que lo anterior cae en discriminación, por medio de la ley secundaria del Seguro Social, que evidentemente no debería establecer disposiciones en contra de la Constitución.

De igual forma, el artículo 4o. de la Constitución, establece que el estado en todas las decisiones y actuaciones velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que deberá guiar el diseño ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Al respecto, en 2010 la Universidad Autónoma de México (UNAM), emitió un comunicado en el que aseguraba que “si se quiere que las mujeres se desarrollen profesionalmente y los varones asuman con mayor responsabilidad su paternidad, son necesarias enmiendas que incluyan licencias por cuidados infantiles, y la prestación, por igual, del servicio de guarderías”.

Es importante señalar que según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la tasa de informalidad laboral actual es de 57.8 por ciento, de ese porcentaje 57.4 por ciento corresponde a hombres y 58.5 por ciento a mujeres. De igual forma, en 2009 se estimó que alrededor de tres cuartas partes de la población (77.2 por ciento) se encuentran afiliadas a una institución de seguridad social o de salud. De cada 100 personas, 45 están afiliadas al Seguro Popular, 44 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 7 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el resto a otras instituciones públicas o privadas.

Además de lo anteriormente expuesto, las niñas y niños necesitan para su buen desarrollo integral, un cuidado y atención adecuados, que garanticen en todo momento sus derechos humanos para satisfacer las necesidades esenciales que implican un correcto desarrollo de la infancia; ya que ello será la base de su crecimiento. El servicio de guarderías representa un apoyo para disminuir la vulnerabilidad en el que quedan expuestos muchos menores cuando sus padres se incluyen en el mercado laboral y no tienen el tiempo para dar la atención y cuidado para sus hijos.

Aunado a lo anterior, la discriminación, no debe existir en un estado democrático y constitucional, y el objeto de la presente reforma no se constriñe en hacer valer el otorgamiento de una prestación social, sino que pretende terminar con una situación de discriminación en contra de los varones asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el simple hecho de pertenecer al género masculino, situación que va en contra del propio mandato constitucional.

Por lo tanto, la no discriminación es un principio que estamos obligados a cumplir, ya que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tienen reconocimiento pleno en nuestro país, conforme a lo establecido por el artículo 133 constitucional, que a la letra dice: “Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión”.

Finalmente, la legislación vigente vulnera los derechos no sólo de los asegurados por cuestiones de género, sino de sus hijos al no contar con posibilidad alguna de acceder a la prestación social de la guardería a la que tienen derecho sus padres, por lo tanto, es imperante que el Estado mexicano continúe con la lucha para lograr la equidad de género.

Es tiempo de superar los prejuicios existentes, sobre la capacidad que tienen los varones en el cuidado de sus hijos y en el ejercicio de la paternidad, equivocadamente, se les han restado facultades o habilidades para la crianza y atención de los menores, pasando por alto su capacidad de entrega, misma que es igual de amorosa y comprometida que la de una madre. Hoy en día, los hombres no sólo son meros proveedores y cubren los gastos familiares, ahora, tienen mayor cercanía con sus hijos, debiendo ajustarse las leyes, ante este fenómeno social, en pro de los nuevos tipos de familias. Continuar aplicando criterios discriminatorios, para determinar el otorgamiento de los servicios sociales, daña económica, social y culturalmente a nuestro país.

Mediante el presente proyecto, se pretende reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, con las siguientes características:

• Se propone reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a fin de que se elimine toda disposición discriminatoria, permitiendo que los hombres y mujeres sin importar su estado civil, sólo por el hecho de ser derechohabientes, tengan derecho al acceso a guarderías infantiles para sus hijos.

Por considerar que es necesario adaptar la legislación vigente en materia de seguridad social, con la finalidad de apoyar a los trabajadores con condiciones de igualdad que beneficien el desarrollo integral de la familia, se propone el presente.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente

Decreto reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social

Primero. Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del hombre trabajador o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

...

...

Artículo 205. Las madres y padres asegurados, o los que judicialmente posean la custodia del menor, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/689022.html

2 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/ default.aspx?s=est&c=25433&t=1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputados: María del Rosario Rodríguez Rubio,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Cándido Ochoa Rojas, Carlos Alberto de la Fuente Flores, César Flores Sosa, Cirilo Vázquez Parissi, Claudia Sánchez Juárez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Pérez Rodríguez, Exaltación González Ceceña, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gretel Culin Jaime Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Jesús Antonio López Rodríguez, Joaquín Jesús Díaz Mena, José Antonio Salas Valencia, José de Jesús Galindo Rosas, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Kathia María Bolio Pinelo, Katia Burguete Zúñiga, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gámez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María García Pérez, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Miguel Ángel Huepa Pérez. Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Norma Edith Martínez Guzmán, Omar Noé Bernardino Vargas, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, René Mandujano Tinajero Rosa Alicia Álvarez Piñones, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Santiago Taboada Cortina, Santiago Torreblanca Engell, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximénez Tamariz García (rúbricas).»

Presidencia de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez:Ahora tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado Cándido Ochoa Rojas:Muy buenos días. Con el permiso de los presentes. En un contexto donde la sociedad reclama procesos judiciales apegados a los principios de objetividad e imparcialidad que se encuentren libres de cualquier sospecha de favoritismos, es necesario impulsar mecanismos que fortalezcan la figura de aquellos quienes imparten justicia. En el ámbito de sus atribuciones legales, esto es los jueces.

En sí, la actividad de todo juzgador es compleja, puesto que su función es generalmente resolver controversias legales en donde declaran el derecho a favor de sólo una de las partes.

Como ustedes saben, cuando un asunto legal llega a manos de un juzgador, es porque existen por lo menos dos posturas encontradas, cada una se siente con la razón y es el juez quien debe decidir quién está en lo correcto.

Entonces, como lo he señalado, la actividad de todo juzgador debe de estar completamente exenta de cualquier sospecha de parcialidad, con mayor razón si observamos que se acentúan en las partes el sentimiento de sensibilidad ante la presencia de cualquier problema legal.

Por lo tanto, uno de los mecanismos que sin lugar a dudas influye en el fortalecimiento de la labor del juzgador es que esté ajeno al entorno social de las partes, ya que su referente no es si estas son buenas gentes o tienen algún atributo personal, sino que su referencia para un fallo es y debe ser solo los datos objetivos que obren en el expediente.

Para conseguir lo anterior, esto es la objetividad, ayuda el que un juzgador no dure adscrito a un tribunal por muchos años, puesto que como todo ser humano es un ente social, circunstancia que inevitablemente le genera interactuar con sus semejantes de ese entorno territorial, lo que necesariamente traerá consigo la generación de vínculos afectivos que contaminarán de una u otra forma su libre determinación de impartición de justicia.

Por lo tanto, propongo una rotación legal de adscripción o readscripción de jueces de distrito y magistrados de circuito. Esto es que la contemple la ley, tal y como ocurre en diversos tribunales de los estados de nuestro país, en donde en su Ley Orgánica se establecen las rotaciones que por lo general son cada tres años.

Normalmente la avanzada es en el ámbito federal y de ahí se adquiere hacia los estados. Hoy, en este tema, el Poder Judicial de la Federación en su Ley Orgánica se ha quedado rezagado y, por lo tanto, debemos actualizarlo. Lo mismo sucede en este aspecto de la rotación con los elementos del Ejército, los elementos de Marina, en donde se establecen en sus Leyes Orgánicas rotaciones automáticas y no sujetas a determinaciones subjetivas de algún órgano interno de estas corporaciones.

Insisto, esta iniciativa implica la reforma de los artículos 108 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que la adscripción de los magistrados de circuito y jueces de distrito sea acotada mediante la definición de un tiempo determinado, para cumplir con su deber en una adscripción y no en forma inveterada como se encuentra actualmente. Hay magistrados y jueces que han durado hasta 25 o 30 años en un mismo lugar.

Esta propuesta obedece a que la pronta y expedita impartición de justicia ha sido una de las preocupaciones principales del actual gobierno de la república; por estimar que es de suma importancia brindar certeza a los justiciables, garantizando que las causas que se sometan a la potestad jurisdiccional sean ejercidas por un juez imparcial. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 108 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Cándido Ochoa Rojas, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 y se adiciona el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa de reforma tiene como finalidad contemplar dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la adscripción de los magistrados de circuito y jueces de distrito sólo durante un tiempo determinado y no en forma inveterada, como actualmente sucede.

Esta propuesta obedece a que la pronta y expedita impartición de justicia ha sido una de las preocupaciones principales del actual gobierno de la república, por estimar que es de suma importancia brindar certeza a los justiciables, garantizando que las causas que se sometan a la potestad jurisdiccional sean ejercidas por un juez imparcial.

En este sentido, consideramos que las adscripciones o readscripciones, esto es, los cambios de un juzgador de un tribunal a otro, ya sea de diferente especialidad o ubicación territorial, deben estar contempladas en la ley en forma específica o automática, y no estar sujetas a la determinación del pleno del Consejo de la Judicatura Federal o de cualquier otra instancia, puesto que ello implica que tácitamente se somete al juzgador, al estar de por medio su adscripción, con independencia de que la determinación que se tome sea correcta o incorrecta.

Si observamos la representación gráfica de la justicia, tenemos, en primer lugar, la balanza que como símbolo significa que la justicia debe ser igual para todos, del mismo modo que implica dar a cada quien lo que le corresponde, pero además, la venda que cubre los ojos de la justicia señala la necesidad de que todos los casos sean resueltos conforme a las constancias procesales, sin que exista ninguna influencia externa. Luego entonces, una readscripción o movimiento de un juzgador debe darse por ministerio de ley, esto es, porque así esté previsto en la norma, y que además tenga lugar cada determinado periodo de tiempo, y en consecuencia, no dependa o esté sujeto a la intervención o al criterio de nadie.

Por otra parte, no sobra decir que cuando un juzgador permanece adscrito en un lugar por mucho tiempo, con mayor razón si es por tiempo inveterado, -como actualmente está previsto en la ley- ello da motivo, en forma natural y por interacción obligatoria de todo ser humano, a que se generen vínculos que pueden afectar la imparcialidad en la administración de justicia, los cuales van desde una simple amistad hasta otros de distinta naturaleza que pueden propiciar la existencia de un conflicto de interés.

Entonces, lo que se propone es que todo juzgador tenga una adscripción de un período de tiempo determinado, en un lugar específico, y además se pretende establecer la rotación obligatoria en toda la República Mexicana, lo anterior por el bien de los justiciables.

Esta reforma implica la modificación del artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la adición del artículo 118 de la misma ley y por consecuencia deberá surtir sus efectos sobre el Acuerdo General Número 25/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Es por todo lo anterior, que desde el punto de vista orgánico, se pretende mejorar la estructura y funcionalidad de los Juzgados federales, por lo que propongo que se establezca un máximo de tres años para que los juzgadores permanezcan en sus lugares de adscripción, al término de los cuales deberán ser removidos del mismo y asignados a otra adscripción, pudiendo ser dentro o fuera de la misma entidad federativa de que se trate, y de la misma o distinta especialidad, según las necesidades del servicio. Lo anterior evitará someter a los jueces al escrutinio, en ocasiones arbitrario, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues simplemente por el cumplimiento del plazo, se llevarían a cabo los cambios de adscripción de forma automática y sin mayor trámite.

De aprobarse la anterior propuesta se dará mayor eficacia al funcionamiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito, evitando el rezago crónico de asuntos y sobre todo la creación de lazos, ya sean afectivos o laborales, que puedan afectar la administración de justicia.

Al tener periodos de tiempo determinados adscritos a un sólo tribunal federal se estaría dando la pauta para asegurar la realización de los principios que rigen la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, otorgando con ello mayor agilidad al despacho de los asuntos de su competencia y asegurando el mejoramiento de la estructura judicial bajo la cual se sustentan esos principios.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente es un ordenamiento que necesita ser adecuado a una realidad evolutiva, con la finalidad de que esté acorde con los cambios efectuados en la política de organización administrativa, considerándose necesaria la propuesta de reforma planteada a dicho ordenamiento cuyo objeto no es otro que dar respuesta a los reclamos de la población, especialmente en un tema tan importante como lo es la administración de justicia.

En suma, el proyecto de decreto que se somete a la consideración de esta Asamblea contiene nuevas estructuras administrativas, tendentes a mejorar la organización y el despacho de la actividad jurisdiccional en los asuntos encomendados a los magistrados de circuito, así como a los jueces de distrito.

Para tener un marco de referencia respecto a la movilidad de los magistrados de circuito y jueces de distrito puede revisarse la legislación vigente en la materia del estado de San Luis Potosí, la cual dispone que ningún juez podrá permanecer en el juzgado de su adscripción por más de tres años y señala que la rotación es de carácter obligatorio. Con objeto de comparar la legislación en comento con la legislación que rige a nivel federal, se presenta el siguiente cuadro:

Del análisis del anterior cuadro comparativo se desprende que, de acuerdo al artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “los jueces de distrito durarán seis años en el ejercicio de su encargo,”al término de los cuales pueden ser ratificados o designados para ocupar el cargo de magistrados de circuito. Por otra parte, en la sección que versa sobre la adscripción y ratificación queda claro que en el ordenamiento federal no se establece con precisión la duración de la adscripción de los magistrados de circuito y jueces de distrito a los tribunales, por lo cual se considera necesario adicionar un párrafo al artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La rotación de los jueces federales, como pretende instaurarse, asegura una mejor administración de la justicia y su motivación no es otra más que lograr que cada tribunal federal adopte y empiece a implementar el nuevo modelo de gestión y, a su vez, asegure la correcta realización de sus funciones.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 108 y se adiciona el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Único. Se reforma el artículo 108 y se adiciona el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como a continuación se presenta:

Título Séptimo
De la Carrera judicial

Artículo 108.Para ser designado juez de distrito se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, ser mayor de treinta años, contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los jueces de distrito durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados o designados para ocupar el cargo de magistrados de circuito, sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala esta ley o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad.

Capítulo II
De la Adscripción y Ratificación

Artículo 118. Corresponde al pleno del Consejo de la Judicatura Federal, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los magistrados de circuito y jueces de distrito.

Asimismo, le corresponde, de conformidad con los criterios establecidos en el presente capítulo, readscribir a los magistrados de circuito y jueces de distrito a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran.

Ningún magistrado de circuito, ni juez de distrito, podrá permanecer en el tribunal de su adscripción por más de tres años, siendo obligatoria su rotación.

Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo de la Judicatura Federal establecerá las bases para que los jueces y magistrados puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2016.— Diputados: Cándido Ochoa Rojas,Abel Murrieta Gutiérrez, Adolfo Mota Hernández, Antonio Tarek Abdala Saad, Carlos Federico Quinto Guillén, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cirilo Vázquez Parissi, Daniela De Los Santos Torres, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fabiola Guerrero Aguilar, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Heidi Salazar Espinosa, José De Jesús Galindo Rosas, María Bárbara Botello Santibáñez, María Gloria Hernández Madrid, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Omar Noé Bernardino Vargas, Próspero Manuel Ibarra Otero, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sofía Del Sagrario De León Maza, Virgilio Mendoza Amezcua (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Damos la más cordial de las bienvenidas a 50 alumnos, docentes y padres de familia de la escuela secundaria Juan Rulfo, del municipio de Chicoloapan, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero, del distrito 39 del estado de México. Bienvenidos y bienvenidas. Adelante, diputado Bernardino Ochoa. ¿Con qué objeto?

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Vargas. Gracias, presidenta. Para pedirle al diputado Cándido si me permite suscribir su iniciativa.

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante, diputado. Si no hay inconveniente queda a la disposición de todos ustedes aquí en la Secretaría.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Adelante, por favor.

La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal:Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, la iniciativa que voy a presentar modifica la fracción VII del artículo 50, capítulo noveno, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La importancia de la niñez y la adolescencia es el punto de partida para atender las necesidades de destinar recursos y esfuerzos eficientes y efectivos para brindar a este sector poblacional el mejor entorno para su desarrollo en materia de alimentación.

La base del progreso de un país en desarrollo es su ciudadanía, lo cual implica tener cubiertas las necesidades básicas para sobrevivir. En este sentido la niñez ocupa un lugar primordial, ya que en este periodo de la vida ocurre la mayor parte del crecimiento físico, intelectual y emocional de la persona.

La búsqueda de una solución que garantice la atención alimentaria de las niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellas que se encuentran en estado de gestación es altamente necesaria, esto es el objetivo de esta iniciativa.

Nuestro país ocupó en el 2015, el primer lugar mundial en embarazos menores de 18 años, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo. Esto fue 1 mil 252 partos diarios, o un embarazo por minuto en niñas de 10 años y la adolescencia, registrándose también un incremento en la muerte materna en estas edades, yendo del 32 por ciento por cada 100 mil nacidos vivos, a 37.3 por ciento en el mismo año.

La maternidad precoz detona una cadena de condiciones de vulnerabilidad agravadas en las hijas e hijos, elevando la tasa de mortalidad infantil, donde México registra casi cuatro veces el promedio de las cifras citadas por la OCDE, de 5.4 por cada mil nacidos.

A pesar de diversos esfuerzos por difundir una cultura de cuidado, los embarazos en adolescentes siguen siendo un constante preocupante en todo el país, donde la mayoría de estas niñas y adolescentes no cuentan con una alimentación que garantice condiciones óptimas para el desarrollo de su embarazo, etapa importantísima, ya que dentro del vientre materno el niño depende de la alimentación de la madre para lograr un desarrollo normal, requiriendo la incorporación de alimentos esenciales.

Para lograr la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como obligación del Estado y sus instituciones, la presente iniciativa propone modificar el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para hacer efectiva la obligación del Estado y otorgar alimentación balanceada y de calidad a la madre niña o adolescente gestante, en atención a sus necesidades de alimentación durante el embarazo, parto, puerperio y durante el periodo de lactancia.

También se propone que en caso de que la hija o hijo muera en el vientre materno, antes y durante el parto o después de este, se proveerá alimentación balanceada a la madre, a partir del deceso y hasta por un año más.

En Morena queremos combatir esta problemática con esta iniciativa, que garantice el derecho fundamental de la alimentación, el programa social y mejore el nivel de vida a los niños, niñas y adolescentes que se convierten en madres y no por ello dejar de ser sujetos a los derechos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal María Antonia Cárdenas Mariscal, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 77, numeral 1 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VII, al artículo 50, Capítulo Noveno de la Ley General de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Comprender la importancia de la niñez y la adolescencia es el punto de partida para atender la necesidad de destinar esfuerzos y recursos eficientes y efectivos para brindar a este sector poblacional el mejor entorno para su desarrollo en materia de alimentación.

La base del progreso de un país es el desarrollo de sus ciudadanos, lo cual implica tener cubiertas las necesidades básicas para sobrevivir. En este sentido la niñez ocupa un lugar primordial ya que en este periodo de la vida ocurre la mayor parte del crecimiento físico, intelectual y emocional del individuo.

Dada la estrecha correlación entre alimentación, educación y salud; así como la incidencia en la desigualdad y pobreza; la búsqueda de una solución que garantice la atención alimentaria de las niñas y adolescentes, especialmente aquellas que se encuentran en estado de gestación, es altamente necesaria.

Se consideran niñas y niños los menores de doce años , y adolecentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

México cuenta con un total de 112 millones 336 mil 538 personas de acuerdo con datos emitidos en el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales el 33.6 por ciento se encontraba en el rango de edad de 0 a 17 años, es decir 37 millones 745 mil 76. En 2014 el monto de población infantil en ese rango de edad ascendió a 40.2 millones, de los cuales 19.7 millones son niñas, lo que representa 49 por ciento del total de niños y adolescentes en el país.

Como dato preocupante, nuestro país ocupó en 2015 el primer lugar mundial en embarazos de menores de 18 años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, esto fue mil 252 partos diarios o un embarazo por minuto en niñas desde 10 años a la adolescencia, registrándose alrededor de un hijo nacido por cada 15 niñas, además la muerte materna en estas edades también registró un incremento, yendo de 32 por ciento por cada 100 mil nacidos vivos a 37.3 por ciento en el mismo año.

La maternidad precoz detona una cadena de condiciones de vulnerabilidad agravadas en las hijas e hijos, elevando la tasa de mortalidad infantil, donde México registra casi cuatro veces el promedio de las cifras emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 5.4 por cada mil nacimientos.

El bienestar material de los niños en México es muy inferior al promedio estimado por la misma organización OCDE; los niños crecen en familias con ingresos medios muy bajos en comparación con otros países integrantes, se estima que 22 por ciento se encuentra en pobreza relativa, es decir, presentan diversas problemáticas, incluida la carencia por acceso a la alimentación, razón por la que gran proporción de las y los niños y adolescentes no llegan a satisfacer sus necesidades elementales.

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, como expresa en su artículo 1o., tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La carencia de acceso a la alimentación es un derecho que ha sido vulnerado, y que, según el ordenamiento jurídico antes citado, la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias coinciden en garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de los cuales forma parte.

Han pasado ya 25 años desde que todos los gobiernos del mundo aprobaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas el tratado internacional más ratificado de la historia: la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte; en ella se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, entre varios otros relacionados con el derecho a la vida y la supervivencia. En su artículo 5 reconoce el papel de los progenitores y de la familia a la hora de tomar decisiones sobre los niños, pero hace recaer en manos del Estado la responsabilidad última de proteger los derechos del niño.

A pesar de diversos esfuerzos por difundir una cultura de cuidado, prevención y anticoncepción en los niños y jóvenes, los embarazos adolescentes siguen siendo una constante preocupante en todo el país, donde la mayoría de estas niñas y adolescentes no cuentan con una alimentación que garantice condiciones óptimas para el desarrollo de su embarazo, etapa importantísima, ya que dentro del vientre materno, el niño depende de la alimentación de la madre para lograr un desarrollo normal; requiriendo la incorporación de alimentos esenciales.

Ante ello, es necesario tomar en cuenta que las leyes deben permanecer en constante actualización de acuerdo a las realidades sociales, siendo de suma relevancia legislar sobre el tema, contemplado dentro de las facultades del Congreso en su artículo 73, fracción XXIX-P.

En ese tenor, no sólo es conveniente sino que además constituye una obligación internacional de México el adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes y conexos en todas las situaciones.

Para lograr la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes como obligación del Estado y sus Instituciones como se plantea en esta exposición de motivos, la presente iniciativa propone modificar la fracción VII, al artículo 50, Capítulo Noveno de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se pretende garantizar la obligación del Estado de otorgar alimentación balanceada y de calidad a la madre niña o adolescente gestante, en atención a sus necesidades de alimentación durante el embarazo, parto, puerperio y durante el periodo de lactancia. En caso de que la hija o hijo muriere en el vientre materno, antes, durante el parto o después de éste, se proveerá alimentación balanceada a la madre a partir del deceso hasta por un año más.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 6 que los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, el cual por su falta de madurez física y mental, requiere protección y cuidados especiales, incluida la debida protección legal, antes y después del nacimiento, como se menciona en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La línea básica de intervención para combatir esta problemática debe encontrarse en la legislación y el aseguramiento de su aplicación por parte del Gobierno en sus tres niveles, debiendo prestar atención especial y trabajar por lograr las modificaciones y adiciones necesarias para garantizar el derecho fundamental a la alimentación, el progreso social y elevar el nivel de vida de las niñas y adolescentes que se convierten en madres y que no por ello dejan de ser sujetos de derecho.

En virtud de lo antes expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se modifica la fracción VII, al artículo 50, capítulo noveno, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Capítulo noveno
Del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes se coordinarán a fin de:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral; proveer una alimentación balanceada y de calidad a las niñas y adolescentes durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. En caso de fallecimiento de la hija o hijo en el vientre de la madre, durante el parto o después de éste, se proveerá alimentación balanceada a partir del deceso, hasta por un año más.

VIII. a XVIII. ...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 INEGI. Censo poblacional 2010.

2 INEGI. Estadística Datos Nacionales 2015.

3 OCDE. Embarazos en menores de 18 años, 2015.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de febrero de 2016.— Diputados: María Antonia Cárdenas Mariscal,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Guadalupe Hernández Correa, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Jesús Emiliano Álvarez López, Jorge Tello López, María Chávez García, Norma Edith Martínez Guzmán, Norma Xochitl Hernández Colín, Sergio René Cancino Barffuson (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Me permite un momentito, diputado Delgadillo, por favor. Sonido en la curul de la diputada Martínez Guzmán, por favor. Sonido ahí, ahí está.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Sí, muy buenos días. Sólo para solicitarle a la diputada Antonia me permita adherirme a esta importante iniciativa que hace realidad el artículo 4 constitucional, que nos habla del interés superior del niño.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, la diputada manifiesta su aquiescencia, y por lo tanto está a disposición para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra por cinco minutos ahora la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Verónica Delgadillo García:Con su venia, diputado presidente. Colectivos y organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, señoras y señores, en nuestro país no hemos logrado darle el lugar que se merece al debate sobre la movilidad, entendida como un derecho humano.

Este debate en muchas ocasiones se ha politizado y se ha confundido con el de libre tránsito. Se ha desvirtuado y en muy pocos momentos se han entendido las implicaciones y el impacto que tiene la movilidad en la calidad de vida de las personas, en sus accesos a los derechos humanos y en la propia construcción de ciudadanía.

Esta visión ha derivado en políticas donde la movilidad ha sido desvinculada del ciudadano y de sus propios derechos. Olvidamos que todos somos usuarios de la movilidad, por ejemplo, que todos somos peatones, y lo más importante, que los ciudadanos y el ejercicio de todos nuestros derechos se encuentran íntimamente relacionados con la movilidad.

Por ello, repensar la movilidad es una tarea trascendental si queremos contribuir en mejorar la calidad de vida de las personas. Repensar la movilidad pasa por entender que esta es un medio fundamental para acceder al resto de nuestros derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo, al esparcimiento, a la salud por mencionar algunos de ellos.

Por ejemplo, el sistema de transporte determina la experiencia, el tiempo y la propia accesibilidad con la que va a contar una persona para llegar a su trabajo. Con la que los jóvenes van a ir a la escuela o con lo que una mujer o un hombre van a poder acceder a cualquier servicio de salud.

Por tanto, en un país y en una ciudad donde la movilidad integral no se encuentra garantizada terminamos por ser un lugar en el que las desigualdades se acentúan mucho más convirtiéndose en lugares menos democráticos en los que el acceso y el ejercicio a los derechos elementales se ven limitados de manera directa.

Es por esto que la presente iniciativa propone modificar el artículo 4 y 73 de nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional la movilidad y reconocerla como un derecho humano y con ello facultar a este Congreso para legislar en torno a la movilidad sustentable, accesible, digna y bajo el principio del respeto a todos los derechos humanos.

Reconocer a la movilidad como un derecho humano de todos y todas las mexicanas es el primer paso para transitar a un modelo sustentable e incluyente que permita construir y vivir de una manera distinta para que podamos integrarnos y desarrollarnos en todos los sentidos posibles de mejor forma y de forma más digna.

Buscamos que el Estado se comprometa a garantizar este derecho desarrollando, como lo menciona el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad del DF, en un sistema de calidad aceptable, suficiente y accesible que en condiciones de igualdad y sustentabilidad permita un efectivo desplazamiento para la satisfacción de las necesidades y el pleno desarrollo de todos.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que las instituciones deben servir para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos y que con ello logremos que la movilidad ocupe un lugar central en el esfuerzo de fortalecer y garantizar los derechos de los mexicanos, porque es una vía para impactar en el desarrollo integral de todos los hombres y mujeres de este país.

Reconocer el derecho a la movilidad es un paso fundamental para poner a México en el camino correcto. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita diputada Verónica Delgadillo García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un sexto párrafo al artículo 4o. así como una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo el reconocimiento del derecho a la movilidad como derecho humano y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Debemos de entender que “...la libertad no es, entonces únicamente una libertad ‘de’, sino además una libertad ‘para’; no sólo la libertad de impedimentos, obstáculos, intrusiones, violaciones, interferencias u obstrucciones, sino también la libertad real y efectiva que coloca al ser humano en disponibilidad para elegir, optar, acceder al disfrute pleno de sus derechos; de todos sus derechos”.

Primero. Un derecho fundamental que se encuentre equivocadamente regulado puede terminar por convertirse en un instrumento para el ejercicio de un gobierno autoritario. En ningún momento el derecho a la movilidad deberá ser pervertido para acotar algún otro derecho.

El derecho a la movilidad no debe ser visto como un derecho que atente contra otras libertades o derechos humanos; sino que debe ser considerado como un derecho progresivo, que mejore y facilite el goce al derecho a la educación, salud, a un medio ambiente sano, y al trabajo.

El derecho a la movilidad cuenta con la característica de ser un derecho integral, que vincula y complementa los demás derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado.

Por lo que la presente iniciativa propone establecer el derecho a la movilidad como derecho humano, colocándolo dentro del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un sexto párrafo, el cual, entre otras problemáticas, debe atender el complicado desarrollo urbano que padecen las ciudades mexicanas.

La inmensa mayoría de las ciudades en el país carecen de un modelo integral exitoso de movilidad: realizar un traslado de un punto a otro de manera eficiente, cómoda y segura se vuelve cada vez más inalcanzable, incluso se podría decir que ha sido regresivo, incrementando los tiempos y hechos de tránsito durante los trayectos al interior la ciudad.

En este sentido, “México se encuentra entre los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Alrededor de 16 mil decesos al año, según las estadísticas oficiales, pero el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) estima que, debido al subregistro de información, la cifra asciende, en realidad, a unas 24 mil muertes”.

Con las actuales condiciones de desarrollo que tienen las ciudades y zonas metropolitanas en el país, incluidas la expansión territorial y la concentración de empleos en zonas con baja densidad poblacional, padecemos una tendencia a la alza en el tiempo que le dedica una persona a sus traslados, teniendo como ejemplo a la Ciudad de México donde se tiene registrado un promedio de 3.5 horas por día, afectando directamente la calidad de vida de cualquiera que sufra esta situación.

De la misma manera, los resultados de la Encuesta de Global de Sufrimiento en el Transporte (Global Commuter Pain Survey, por su denominación en inglés) publicados en 2011 por la consultora internacional IBM, concluyen que la Ciudad de México ocupa el primer lugar entre 20 urbes a nivel mundial con el mayor deterioro de las dinámicas sociales derivado de la congestión vehicular.

Segundo. En México el derecho a la libertad de tránsito se encuentra constitucionalmente establecido en el artículo 11, el cual señala que toda “...persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Un precepto similar puede ser encontrado a nivel internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 12 numeral 1, el cual establece que “...Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia...”.

En este punto, es de suma importancia no confundir el derecho a la movilidad con el ya establecido derecho a la libertad de tránsito, ya que debe ser visto en torno al desarrollo de la “movilidad urbana”, incluye los fenómenos interurbanos y suburbanos, y que tiene que cubrir la necesidad básica de todos los ciudadanos como un colectivo.

Tercero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o., que todas las personas gozarán de aquellos derechos humanos que sean reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales donde México sea parte, “...así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse...”

“...Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...”.

De igual forma, toda persona tiene derecho a recibir educación, así como a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como para desempeñarse laboralmente con libertad siempre su oficio o profesión sea lícita. Derechos que deben de ser garantizados y ser incluidos en las políticas públicas del Estado, como se establece constitucionalmente a nivel federal:

Artículo 3o. primer párrafo “ ...todo individuo tiene derecho a recibir educación...”

Artículo 4o. cuarto párrafo “toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

Artículo 4o. quinto párrafo, “...toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar...”

Artículo 4o., noveno párrafo “...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”

Artículo 5o., primer párrafo, “...ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...”

Cuarto. En la Declaración Universal de los Derechos Emergentes podemos encontrar en su artículo 7.8 que “...toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.”

Se hace énfasis de nuevo en que el derecho a la movilidad no debe ser confundido con el derecho al libre tránsito, sino que debe ser concebido como un derecho que vincula y complementa a otros derechos humanos.

Quinto. En el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal, se define al derecho a la movilidad como “...el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.”

Elementos que conforman el derecho a la movilidad a nivel internacional:

“Reconocimiento explícito del derecho a la movilidad: Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.2. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8.

Disponibilidad: Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.3.

Accesibilidad: Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4o., 9o. y 20. Observaciones generales del Comité DESC, número 5 y 6. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14.

Calidad y aceptabilidad: Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, artículo 4o. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, artículos 2.1 y 10. Programa 21.”

Sexto. La Gestión de la Demanda del Trasporte debe ser aplicada en las ciudades que tengan una inadecuada planificación urbana y donde persistan políticas regresivas de transporte, con el objetivo de reducir el tránsito de vehículos automotores.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo define a la Gestión de la Demanda como “...el conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el comportamiento de viaje de las personas (cómo, cuándo, desde o hacia dónde viaja la gente) con el fin de aumentar la eficiencia de los sistemas del transporte y lograr objetivos específicos de política pública encaminados al desarrollo sostenible. Las estrategias de gestión de la movilidad priorizan el movimiento de personas y bienes por encima de vehículos, es decir, a modos eficientes de transporte, como caminar, usar la bicicleta, transporte público, trabajar desde casa, compartir el automóvil, etcétera”

Séptimo. Existen cuatro diferentes causas que han propiciado el incremento de vehículos motorizados en las ciudades. Primero, el alto subsidio al combustible, a pesar de estar comprobado que los subsidios a la gasolina son uno de los subsidios más regresivos ya que solo llegan a beneficiar al porcentaje más rico de la población. Segundo, aquellos aranceles y otros incentivos económicos y financieros, en los que por medio de descuentos y rebajas a impuestos como la eliminación de la tenencia. Tercero, una amplia oferta de estacionamientos, dado que representa una política centrada únicamente en la creación de espacios pensados para los vehículos motorizados. Cuarto y último, el desarrollo y ampliación de infraestructura vial, donde constantemente las vías públicas están diseñadas exclusivamente para garantizar el uso de vehículos motorizados.

Octavo. La zona metropolitana de Guadalajara, ZMG, que es el área con mayor concentración demográfica en el Estado de Jalisco y una de las principales a nivel nacional, cuenta con una población estimada de cuatro millones quinientos mil habitantes, es decir una densidad poblacional de mil seiscientas personas por kilómetro cuadrado. Ahora bien, si tomamos en cuenta las estimaciones que realiza el Banco Mundial en su apartado de indicadores, sobre el número de vehículos que hay por cada mil habitantes, podemos encontrar que México se encuentra a la alza con doscientos setenta y ocho vehículos motorizados.

Particularmente, el municipio de Guadalajara cuenta con un registro de doscientos ochenta y dos vehículos motorizados por cada mil habitantes, por lo que en la zona metropolitana estaríamos hablando que por cada kilómetro cuadrado en donde existe una densidad poblacional de mil seiscientas personas hay cerca de cuatrocientos cincuenta y dos vehículos motorizados.

Esta información debe generar una pregunta obligada: ¿en verdad es necesario enfocar la inmensa mayoría de recursos e infraestructura vial (calles, pasos a desnivel, nodos viales, estacionamientos) para incentivar el tránsito de los automóviles?

Independientemente de las condiciones particulares de cada zona metropolitana en el país, en gran medida todas comparten los mismos síntomas de una movilidad urbana deficiente:

“Congestión vial producto de la dispersión y del protagonismo otorgado al transporte motorizado privado (el automóvil es el medio de transporte con mayor crecimiento, ocupa más espacio y traslada a menos personas).

Deficiencia y baja calidad del transporte público, lo que inhibe su posicionamiento como una alternativa para la movilidad; es la flota con menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación.

Costos crecientes para las personas, los gobiernos y el ambiente, que afectan la competitividad y disminuyen la calidad de vida en las ciudades.”

En la zona metropolitana del Valle de México 29 por ciento del total de los viajes se llevan a cabo en automóvil privado, el 60 por ciento en transporte público de baja capacidad, el 8 por ciento en transporte público masivo, y el restante llevan a cabo en la modalidad de bicicleta y motocicleta.

En la zona metropolitana de Monterrey presenta la particularidad de dividirse en mitad el total de los viajes motorizados en la zona, entre autos privados y el transporte público.

Noveno. El 30 de abril de 2014 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Movilidad para el D.F. A partir del artículo 5o. de dicha legislación se establece que “la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de Movilidad que se ajusta a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la Movilidad será la persona”.

De forma similar, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado Jalisco que entró en vigor el 11 de agosto del 2013, podemos encontrar que en su artículo 6° primer párrafo se establece que “el ordenamiento y regulación de la movilidad y transporte tiene como principal finalidad la satisfacción de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a la persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado y municipios, así como al medio ambiente y al patrimonio cultural del Estado”.

Incluso en la propia Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco en el artículo 2o., fracción I, se enuncian los principios rectores de la movilidad:

a) La accesibilidad, como el derecho de las personas a desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición;

b) El respeto al medio ambiente a partir de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte particular y combustión interna, por aquellos de carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de gases a la atmósfera;

c) El desarrollo económico, a partir del ordenamiento de las vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y mercancías;

d) La perspectiva de género, a partir de políticas públicas, que garanticen la seguridad e integridad física, sexual y la vida, de quienes utilicen el servicio del transporte público; y

e) La participación ciudadana, que permita involucrar a los habitantes en el diseño y distribución de las vías públicas de tal manera que puedan convivir armónicamente los distintos usuarios de la movilidad sustentable;

En alusión a la legislación antes citada, en el artículo 6o., tercer párrafo, se enumeran las medidas esenciales para lograr una movilidad efectiva:

“I. La defensa y protección de los derechos de los peatones, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, ciclistas y usuarios del servicio público de transporte y del resto de los individuos que utilicen las vías públicas;

II. La determinación de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los peatones, ciclistas, conductores, operadores, concesionarios, subrogatarios y permisionarios del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades, así como de los conductores de vehículos motorizados en general;

III. La implementación de medidas de prevención y seguridad vial de observancia obligatoria y el mejoramiento de la seguridad vial en infraestructura y a través de su vigilancia;

IV. La promoción del uso ordenado y racional del automóvil;

V. La prestación del servicio público de transporte en forma higiénica, ordenada, regular, continua, segura y acorde a las necesidades de la población; atendiendo el interés social y el orden público;

VI. El mejoramiento de las vías públicas y de los medios de transporte;

VII. La protección, ampliación y promoción de vías y rutas para el desarrollo de vehículos de propulsión humana y tracción animal, de actividades turísticas, deportivas y de esparcimiento; y

VIII. La aplicación al tránsito y transporte de criterios y normas ecológicas.”

Décimo. El derecho a la movilidad como se mencionó anteriormente debe ser visto como un derecho incluyente de otros derechos humanos, convirtiéndose en un elemento fundamental que determinará gran parte de la dignidad humana rumbo a un desarrollo verdaderamente tangible.

Para alcanzar esto, se propone que toda persona tenga derecho a la movilidad bajo un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, le permita su efectivo desplazamiento para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.

Para efecto de garantizar y salvaguardar este derecho humano, resulta imprescindible facultar al Congreso de la Unión para legislar no sólo en materia de movilidad sino también en aquellos temas relacionados con la seguridad vial en las ciudades mexicanas. Lo anterior, dado que actualmente carecemos de una legislación nacional que establezca un proyecto de país para erradicar los hechos de tránsito, así como una base mínima con criterios sociales, económicos y técnicos que permitan garantizar el derecho humano a la movilidad. Considerando que es fundamental la responsabilidad del Estado para garantizar el respeto a este derecho, siendo esencial diseñar y ejecutar constantemente políticas públicas dirigidas a un desarrollo urbano apegado a los principios del derecho a la movilidad.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona al artículo 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 4o.; y una fracción XXIX-X al artículo 73; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la movilidad. El Estado debe garantizar este derecho bajo un sistema integral de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita un efectivo desplazamiento para la satisfacción de las necesidades y pleno desarrollo de toda persona.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-W. ...

XXIX-X. Para expedir las leyes generales en materia de movilidad y seguridad vial, en los términos que establece esta Constitución.

XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y a la Ley General que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 120 días a partir de la entrada en vigor de dicha Ley General.

Cuarto. Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente decreto.

Notas:

1 Germán J. Bidart Campos, La Constitución Económica, Fundap 2003, página 49.

2 México, entre los 10 países con mayor número de muertos por accidentes de tránsito, periódico La Jornada, Ángeles Cruz Martínez, 25 de marzo 2013, p.41 www.jornada.unam.mx

3 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat Oficina de Coordinación Nacional de Programa en México, pág. 20 www.onuhabitat.org

4 Encuesta Global de Sufrimiento en el Transporte, IBM, 2011

http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35359.wss

5 Artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. www.diputados.gob.mx consultado 6 de marzo del 2015.

6 Institu de Drets Humans de Catalunya, www.idhc.org consultado 8-05-2015

7 Informe Especial Sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Página 23.

8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU

9 El reconocimiento de los diferentes elementos que conforman el derecho a la movilidad pueden ser encontrados en distintos instrumentos internacionales, la información presentada corresponde al Cuadro 7 que se elaboró en el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat, Oficina de Coordinación Nacional de Programa en México, página 58 www.onuhabitat.org

10 La gestión de la demanda tiene como principal objetivo tratar de solucionar los crecientes problemas de la congestión y los asociados a ella, pero no a través de una mayor oferta vial, sino a través de la administración eficiente de los viajes, así como la de los modos de transporte disponibles en la ciudad. La gestión de la demanda como política de transporte urbano sostenible, Guía Práctica Estacionamiento y Políticas de Reducción de Congestión en América Latina, pag 16 año 2013, Banco Interamericano de Desarrollo, Despacio, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

11 Medina, ITDP México, y otros. 2012, La gestión de la demanda como política de transporte urbano sostenible, Guía Práctica Estacionamiento y Políticas de Reducción de Congestión en América Latina, página 16, año 2013, Banco Interamericano de Desarrollo, Despacio, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

12 Guía Práctica, Estacionamiento y Políticas de reducción de Congestión en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, página49

13 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pag.151

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010

15 Guía Práctica, Estacionamiento y Políticas de reducción de Congestión en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo página 52.

16 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat Oficina de Coordinación Nacional de Programa en México, página 30 www.onuhabitat.org

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ley de Movilidad del Distrito Federal, www.aldf.mx artículo 5o. consultado 8-05-2015.

20 La definición al derecho a la movilidad fue retomada del Informe Especial Sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Página 23.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputados: Verónica Delgadillo García, Jonadab Martínez García, Salvador Zamora Zamora, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Señor presidente, buenas tardes. Quisiera pedirle autorización a la diputada Verónica Delgadillo, de suscribir su iniciativa. Pero antes también quiero hacer un comentario acerca de la movilidad en nuestro país.

Sería omiso de nuestra parte como legisladores omitir esta problemática que padecemos no solamente toda la nación sino nosotros mismos. No es un asunto regional y metropolitano, sino es de todo el país.

La movilidad hoy en día es un problema para todos los mexicanos, ya que en promedio caca mexicano pierde dos horas diarias en traslado de su lugar domiciliario a su lugar de trabajo o escuela.

Por eso, quiero suscribir esta iniciativa, si tiene a bien pedir autorización a la diputada Verónica Delgadillo, de así hacerlo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. La diputada Delgadillo manifiesta que sí, por supuesto, y está a disposición para quienes quiera suscribirla acá, como lo hemos estilado. Ya vendrán los momentos en los que argumente más ampliamente su adhesión. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas también, por favor.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Solo para pedirle también a la diputada Delgadillo si puedo adherirme a su propuesta, en virtud de la importancia que tiene el tema de la movilidad en la Ciudad de México.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que también, aunque no sea de su grupo parlamentario.

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa de la Ley de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Gracias. “Los indígenas jamás han tenido ni tienen el lugar que les corresponde en los avances y los beneficios de la ciencia y la tecnología, no obstante que han sido base importante de ellos”. Palabras de Rigoberta Menchú.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la identidad de los pueblos indígenas es nuestra esencia y legado, salvaguardar nuestras culturas e identidades ancestrales, como son la forma en que vestimos, nuestras lenguas y tradiciones es nuestro derecho inalienable.

Los pueblos indígenas representamos una gran diversidad, 370 millones de personas aproximadamente constituidos en más de 5 mil grupos distintos distribuidos en 70 países.

Tan solo en América Latina somos más de 400 grupos, cada uno con nuestra propia lengua y cultura, mientras que en México somos alrededor de 60 pueblos indígenas, los cuales representamos cerca de 11 millones 132 mil 562habitantes. Las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revelan que de los 11 millones de indígenas, alrededor del 72 por ciento se encuentra en pobreza y el 0.6 por ciento en grado extremo.

La marginación histórica que hemos enfrentado y la falta de protección jurídica generan constantes violaciones a nuestros derechos y nuestra riqueza cultural.

En Nueva Alianza estamos comprometidos a impulsar la reivindicación y salvaguarda de sus derechos, así como fomentar la preservación de nuestra cultura. Reconocemos nuestros orígenes como pueblo y como nación, como indígena, como mexicana, pero sobre todo como aliancista.

Hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa que busca proteger el patrimonio cultural de los pueblos originarios. Si bien la Constitución reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, además de las diversas leyes en la materia, aún hay vacíos que nos permitan severas afectaciones a nuestro patrimonio.

Identificamos que en nuestro país no existe ley alguna que nos proteja como indígenas en la creación de nuestras artesanías que son productos originarios de una comunidad o pueblo con costumbres significativas y únicas.

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías ha definido a ellas como un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y alguna función mecánica que aligeran ciertas tareas. La apropiación y el dominio de las materias primas nativas, hace que los productos artesanales tengan una identidad comunitaria, destinados para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario o como implemento de trabajo.

Queda claro con ello que las artesanías no son simples objetos, sino que están impregnadas de una historia y de la cosmovisión, de tal suerte que encierran toda una forma de vida y una historia.

Con las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin que dicha instancia tenga como una de sus funciones promover y proponer las medidas que se requieran para proteger los trabajos artesanales de las comunidades indígenas, que carecen de registro ante las instituciones correspondientes.

Con ello se pretende evitar la usurpación de las obras artesanales de nuestros pueblos indígenas. No podemos permitir que personas o empresas se adjudiquen como suyas las creaciones que ancestralmente hemos hecho y utilizado las y los indígenas mexicanos. En Nueva Alianza estamos convencidos que se requiere un marco normativo que proteja la producción artesanal y folclórica de los pueblos indígenas.

Esa es nuestra responsabilidad como legisladores. Necesitamos construir una cultura de respeto, tanto a los derechos individuales como a los que se adquieren como miembros de una comunidad, y propiciar el reconocimiento nacional e internacional de sus productos originarios.

De esta manera lograremos su reconocimiento, su inclusión y su crecimiento económico. Dotarlos de certeza jurídica e impedir el robo de su cultura con fines lucrativos es un acto de justicia.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos una deuda con nuestros indígenas. ¿Quién de nosotros no ha adquirido algún producto artesanal sin asombrarnos de lo que las manos maravillosas de nuestros indígenas crean? Tenemos que defenderlos y este es el momento. Apoyemos esta iniciativa. Recordemos, legisladores, la comunidad es primero. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Karina Sánchez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XIX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

La gran defensora de los derechos humanos Rigoberta Menchú expresó:“Los indígenas estamos dispuestos a combinar tradición con modernidad, pero no a cualquier precio” .Estas palabras nos llevan a reflexionar respecto a que los indígenas no son grupos vulnerables por su condición étnica, sino que son grupos en situación de vulnerabilidad porque sus derechos no son plenamente respetados en sus comunidades ni fuera de ellas.

Alrededor del mundo hay poco más de 370 millones de personas que se definen a sí mismas como indígenas y se encuentran distribuidas en 70 países. En América Latina hay más de 400 grupos, cada uno con su propia lengua y cultura. México cuenta con alrededor de 68 pueblos indígenas, que representan cerca de 11 millones 132 mil 562 de habitantes.

Resulta trascendental tener en cuenta que los indígenas representan aproximadamente 5 por ciento de la población mundial; empero, constituyen 15 por ciento de quienes viven en pobreza.

En consecuencia, consideramos relevante que uno de los medios más eficaces para ayudar a los pueblos indígenas a salir de la pobreza, es respaldar sus esfuerzos por forjar y dirigir sus propios destinos y velar por que ellos contribuyan a crear y dirigir iniciativas de desarrollo bajo un sistema de protección.

La Asamblea General de Naciones Unidas tuvo a bien proclamar el instrumento internacional Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual se ha manifestado preocupado por los actos de injusticia que han sufrido estos pueblos, como resultado de diversas situaciones que les ha impedido ejercer su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Otra preocupación es reconocer la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus culturas, de sus tradiciones y de su historia.

La declaración expone en el artículo 11: “Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como objetos, diseños, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales e intelectuales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres...”

Del análisis de la norma arriba transcrita y haciendo una comparativa con la norma nacional denotamos que en nuestro país existe un grave problema que perjudica a los indígenas en la creación de sus artesanías, ya que son productos originarios de una comunidad o pueblo con costumbres significativas y únicas.

México al signar la Declaración de Derechos Indígenas adoptó el compromiso de velar por la defensa de sus derechos humanos y a fin de implementar la Declaración se creó el Instituto Nacional Indigenista por instrucciones del entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Este organismo fue el encargado principalmente de investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país, además de emprender obras de mejoramiento de las comunidades indígenas, entre otras funciones.

Posteriormente, por decreto presidencial en 2003 se estableció la sustitución del Instituto Nacional Indigenista por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); organismo que tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de México.

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es el ordenamiento jurídico nacional encargado de determinar las funciones que puede ejercer la CDI, por lo que consideramos pertinente otorgar una nueva función a esta instancia. La cual versa sobre la promoción de mayor capacitación y divulgación, para proteger los trabajos artesanales que dan identidad cultural a las comunidades indígenas.

La legislación federal en materia de derechos de autor establece dentro de sus normas que las obras artesanales desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen. Asimismo, prevé que en toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de las obras artesanales, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.

Sin embargo, el desconocimiento jurídico por parte de los indígenas provoca una serie de violaciones a sus derechos. Esto lleva a situaciones en las que se usurpan obras artesanales.

Por ello consideramos pertinente que la CDI tenga injerencia para que se conciban políticas públicas encaminadas a proteger de una forma más concreta el trabajo artesanal.

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adopta las bases cimentadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al reconocer y garantizar todos los derechos a los que son acreedores. Del mismo ordenamiento se desprende que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos, por ende debemos respetarlos y protegerlos.

En esa tesitura, tenemos que profesar una política adecuada para la acción indígena, tomando en cuenta la interculturalidad y el diálogo entre todos los pueblos originarios, para que la diversidad sea motivo de armonía, respeto, igualdad y justicia. A fin de no caer en políticas de tutelaje y asistencialismo que poco ayuden al desarrollo integral de los pueblos indígenas.

Líneas arriba se expuso que el gobierno mexicano ha trabajado en materia indígena, primero al crear el Instituto Nacional Indigenista y posteriormente la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ambos organismos encargados de atender las necesidades de los indígenas, sus pueblos y sus comunidades.

Así las cosas, el gobierno mexicano se ha preocupado por fortalecer la protección de este grupo social, implantando en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una línea estratégica encaminada a buscar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

Si bien el plan busca estabilidad social para los indígenas, quedan situaciones sin protección. Por ejemplo, resulta inaudito que aún en nuestros días existan problemas como la duplicidad de los productos artesanales por parte de gente que señala que son creaciones propias y estas provienen de pueblos o comunidades indígenas originarias de cierta región del país.

Lo anterior nos muestra la injusticia social a la que se enfrentan los pueblos originarios, situación que debe revertirse si queremos convertirnos en un país incluyente y equitativo con todos.

El acto citado, además de ser un injusto, está aparejado con discriminación dirigida hacia las comunidades o pueblos indígenas dedicados a la hechura o fabricación de productos artesanales. Si a esto sumamos las barreras culturales, lingüísticas y el aislamiento topográfico, la consecuencia es catastrófica.

Ahora bien, la mayoría de los indígenas no tienen acceso a todos los medios legales o de justicia existentes, por lo que el desconocimiento de las normas ya establecidas les hace ser víctimas de diversas violaciones de sus derechos. Por ello consideramos pertinente que la comisión nacional se encuentre facultada para promover una política social de nueva generación que proteja a los indígenas y a sus comunidades de ser víctimas de diversas violaciones a sus derechos que son inalienables y que se basan en los principios de equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades para todos.

Una realidad es que los pueblos indígenas reclaman su derecho a la vida, al bienestar social y a la protección colectiva partiendo del respeto a la diversidad cultural. Desafortunadamente, los pueblos indígenas pagan el precio de ser considerados diferentes y con enorme periodicidad son objeto de discriminación como en este caso.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XIX, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Único. Se reforma la fracción XIX, recorriéndose la subsecuente, del artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2o....

I. a XVIII. ...

XIX. Proponer y promover las medidas que se requieran para proteger los trabajos artesanales de las comunidades indígenas que carecen de registro ante las instituciones correspondientes.

XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consultado en http://www.ifad.org/pub/factsheet/ip/s.pdf

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2016.— Diputados: Karina Sánchez Ruiz,Abel Murrieta Gutiérrez, Ángel García Yáñez, Angélica Reyes Ávila, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Carmen Victoria Campa Almaral, Edith Yolanda López Velasco, Guadalupe Hernández Correa, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Kathia María Bolio Pinelo, María Gloria Hernández Madrid, Minerva Hernández Ramos, Próspero Manuel Ibarra Otero, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Sergio René Cancino Barffuson, Soralla Bañuelos de la Torre, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Yarith Tannos Cruz (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente, con motivo de solicitarle a la diputada poder suscribirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Felicitaciones. Diputada Karina Sánchez, el diputado Santiago solicita su consentimiento para adherirse a la iniciativa presentada.

La diputada Karina Sánchez Ruiz: Por supuesto. Creo que cuando hablamos de comunidades indígenas va más allá del partido. Es de la conciencia que tenemos por la defensa de los pueblos indígenas y por supuesto....

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, no se vale otra participación. No me asalte la tribuna.

La diputada Karina Sánchez Ruiz: ... le agradezco al diputado. Le agradezco al diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa. Saludamos la presencia de alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Jalisco, invitados por la diputada Mirza Flores Gómez. Bienvenidos, bienvenidas amigos, a este recinto parlamentario.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un momentito, diputada. Sonido en la curul de la diputada Yarith Tannos, por favor.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): Le solicito a la diputada y paisana Karina, que me permita suscribirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada, su paisana le solicita adhesión.

La diputada Karina Sánchez Ruiz (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ha manifestado su aquiescencia, aquí está, como ya lo habíamos dicho. Gracias.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz:Con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable asamblea, en mi calidad de diputada federal presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 193, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que pido que se inserte en la Gaceta Parlamentaria el contenido íntegro de la misma, así como los comentarios vertidos en esta intervención.

Esta iniciativa busca contribuir a la eficiencia del proceso de dictamen en las comisiones, sin perder de vista la complejidad que hoy guarda el trabajo de los legisladores. Sin duda las prácticas parlamentarias contemporáneas requieren de estos órganos, pues es ahí donde los temas se discuten ampliamente. Por lo tanto es indispensable que los principales escenarios del trabajo legislativo puedan funcionar de manera ágil y oportuna.

Mucho ha evolucionado el derecho parlamentario buscando siempre mayor productividad y eficiencia, atendiendo a uno de sus principales objetivos que es la elaboración de buenas leyes.

William Robinson señala que “la llavea para la democracia depende de una legislatura eficaz, con toma de decisiones inteligentes, sobre temas cada día más complejos”. Esa es la realidad que nos toca vivir y debemos actuar en consecuencia.

Pese a los esfuerzos y claros avances, el trabajo legislativo continúa enfrentando el grave problema del rezago. Dicho rezago se percibe en la enorme cantidad de proyectos acumulados en las comisiones y es, por sí mismo, uno obstáculo tangible que detiene la necesaria evolución institucional y política de nuestro país.

Bajo la nueva mirada que la sociedad lanza al Poder Ejecutivo, se nos demanda y se nos exige más calidad y más productividad, en ello debemos poner nuestro mayor esfuerzo, y en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos comprometidos con ello.

Hay que reconocer y señalar en voz alta y con claridad, que esta legislatura en su primer período de sesiones, ha sido la más productiva de las últimas seis legislaturas con la aprobación de 38 dictámenes. Podemos y debemos continuar con esa tendencia.

Hoy tenemos la oportunidad de comenzar a agilizar los procesos de dictamen desde las comisiones. La presente iniciativa es un paso inicial, el principio de reformas cada vez más profundas destinadas a mejorar el trabajo legislativo que sólo podrá lograrse mediante el fortalecimiento del trabajo en comisiones.

Apreciables diputadas y diputados, se precisa construir un Poder Legislativo ordenado, fortalecido, pluralizado, incluyente, democrático y subrayadamente eficaz. Se requiere de un trabajo real y efectivo de nosotros los legisladores.

No olvidemos, compañeras y compañeros, que la legitimidad de una legislatura depende de su eficacia y de la forma en que toma decisiones en beneficio de la sociedad. Ya lo hicimos en nuestro primer período de sesiones, continuemos por esa senda, regresemos la confianza de los ciudadanos al Poder Legislativo, les pido su respaldo en esta iniciativa para avanzar juntos en beneficio de México. Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 193, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto modificar el artículo 193, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de garantizar que las reuniones de trabajo de las comisiones ordinarias reúnan el quórum legal para resolver sobre el sentido, positivo o negativo, de las propuestas de dictamen que se someten a la discusión y, en su caso, aprobación de las diputadas y diputados integrantes de dichos órganos deliberativos y de dictaminación.

Argumentación

El capítulo I del título quinto del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se ocupa de las comisiones con el carácter de órganos de apoyo del proceso legislativo de esa soberanía.

Las comisiones deben reunirse, cuando menos, una vez al mes, aún en los recesos y por otra parte, los acuerdos que emanen de las mismas, deben ser suscritos por la mayoría de los integrantes presentes en la reunión, siempre y cuando se haya reunido el quórum legal, habiéndose emitido y publicado la convocatoria en tiempo y forma.

Estos órganos legislativos desarrollan muchas y muy importantes tareas como lo son el dictamen de información; de control evaluatorio; de opinión; de investigación y principalmente de dictamen legislativo.

Para el cumplimiento de esas tareas, las comisiones ordinarias de dictamen deben elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le fueron turnados por el presidente para tales efectos.

Pero es la reunión de la comisión la máxima instancia de decisión para resolver sobre el sentido de las propuestas de dictamen sujetas a la aprobación de las diputadas y diputados asistentes a la reunión.

Sin embargo, para que la reunión de trabajo tenga existencia legal, el reglamento exige que previamente se haya declarado la existencia del quórum legal; es decir que se haya integrado el quórum con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes para estar en condiciones de votar y adoptar las resoluciones o dictámenes.

Al efecto, considero importante señalar que tanto en las pasadas legislaturas como en la presente, la falta de integración del quórum legal difiere y posterga el conocimiento, discusión y la aprobación en su caso, de los proyectos de dictamen previamente elaborados al interior de las comisiones y sus subcomisiones, lo que en ocasiones impacta negativamente en la dictaminación dentro de los plazos previstos por el reglamento de esta legisladora para tal fin.

De acuerdo con nuestro reglamento, todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por ésta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, prorrogable, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este reglamento y la Constitución establecen. De no ser así, serán desechados declarándolos como asuntos total y definitivamente concluidos.

En cuanto a las proposiciones con punto de acuerdo, las comisiones tienen como término para dictaminarlas, hasta el fin de cada periodo ordinario de sesiones, pero igualmente, en caso de no ser dictaminadas, le aplica la figura jurídica de la preclusión por disposición del reglamento de esta legisladora.

No omito manifestar que al efecto es necesario considerar que para el cómputo de los plazos señalados en días, se considerarán días hábiles; los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en horas, de momento a momento, siendo días inhábiles los sábados, domingos y días festivos, como lo establece el reglamento antes citado.

En toda esta problemática considero que lo importante es dirigir nuestra atención hacia la necesaria e indispensable asistencia de los integrantes a las reuniones de trabajo de las comisiones dictaminadoras.

Nuestro reglamento en sus artículos del 192 al 197 se ocupa de las inasistencias, las justificaciones y las sustituciones.

Así se establece lo siguiente:

“ Artículo 192.

1. La lista de asistencia a las reuniones de comisión se verificará al inicio y al final de la misma. Los diputados y diputadas deberán firmar en ambos casos para constancia.

2. Si un diputado o diputada no participa en la mayoría de las votaciones nominales que se presenten en una reunión, se computará como inasistencia, aun cuando haya registrado su asistencia al inicio y al término de la misma.

Artículo 193.

1. Al diputado o diputada que acumule dos inasistencias a convocatoria, sin justificar durante un semestre, se le descontará un día de dieta.

2. En caso de que el diputado o diputada acumule cuatro inasistencias a reunión, sin justificar durante un semestre, causará baja de manera automática.

3. En el caso del numeral anterior, el presidente o la secretaría de la junta directiva deberá informar de la baja a la junta, para que ésta lo comunique al coordinador del grupo que corresponda, en su caso.

4. Para efectos de este artículo, el cómputo de los semestres correrá a partir de la fecha en que se instale la Cámara.

5. El coordinador del grupo deberá comunicar a la junta, el nombre del diputado o diputada que sustituirá al integrante que haya causado baja, en un plazo no mayor a diez días.

Artículo 194.

1. En caso de baja de diputados o diputadas en comisiones, por causas distintas a las señaladas en el artículo anterior, el coordinador dispondrá de diez días para hacer la propuesta de sustitución. El término comenzará a correr a partir del día siguiente en que se comunique la baja del diputado o diputada a la Junta.

2. En caso de baja por cualquier causa de un diputado o diputada sin partido o independiente, la junta propondrá quién deberá sustituirlo, en un plazo no mayor a diez días.

Artículo 195.

1. Serán causas de inasistencia justificada:

I. Enfermedad u otros motivos de salud;

II. Gestación y maternidad;

III. La asistencia a reunión de otra comisión de la que sea integrante o cuando no sea integrante, pero se discuta un asunto del que sea autor;

IV. La asistencia a reunión de junta o conferencia, y

V. El cumplimiento de encomiendas autorizadas por el pleno, la junta, la Mesa Directiva, el coordinador o la junta directiva de alguna comisión a la que pertenezca.

2. La acreditación de justificaciones de inasistencia por las causas señaladas en las fracciones I, II y V se harán presentando ante la junta directiva los elementos señalados para la justificación de inasistencias a sesiones del pleno.

3. La justificación por asistencia a reunión de otra comisión de la que sea integrante, deberá acreditarse presentando ante la junta directiva el registro de asistencia inicial y final de aquella reunión.

4. La justificación por presencia en una reunión de comisión en que se discuta una iniciativa propia, se acreditará a través de escrito en que se haga constar lo anterior, dirigido a la junta directiva.

5. Las diputadas y los diputados dispondrán de cinco días, a partir del día siguiente en que se produzca la inasistencia para enviar a la junta directiva la justificación correspondiente.

Artículo 196.

1. El presidente de la junta directiva que reciba solicitudes para justificar inasistencias fundadas, deberá hacerlo constar en la documentación que remita a la conferencia.

Artículo 197.

1. Lo no previsto en el presente capítulo será resuelto de manera inapelable por la conferencia.”

Como puede observarse, la problemática de la inasistencia a las reuniones de las comisiones ha sido y sigue siendo una constante respecto de la que es necesario insistir en su corrección.

Es necesario que las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones de esta Cámara de Diputados, y en especial, de las comisiones ordinarias lleven a cabo una de sus principales funciones y obligaciones, como lo es sin duda: el análisis, la discusión, el debate de las ideas y las convicciones, expresando su punto de vista y su posición técnica y política respecto a las propuestas de dictamen que el trabajo desarrollado por las comisiones ponen a su consideración a fin de llevar los dictámenes al pleno de la Cámara de Diputados, bien sea en sentido negativo o positivo, respecto de las iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo que son materia del trabajo legislativo.

Para ello, es menester asistir puntualmente a las reuniones de trabajo respecto de las cuales se convoca.

Asistir puntualmente a las reuniones y en el número de legisladores necesarios para integrar el quórum legal.

Desafortunadamente hemos visto que en todas las legislaturas se ha presentado el fenómeno de la falta de quórum legal y con ello la postergación del análisis y discusión para orientar y definir el sentido de los dictámenes.

Considero que aquí lo importante no es solo ampliar las sanciones previstas en nuestro reglamento sino lograr el convencimiento de los legisladores respecto de la importancia y trascendencia de este tipo de trabajo parlamentario en el seno de las reuniones de trabajo de las comisiones.

No podemos soslayar que existen casos de excepción muy valiosos como lo ha demostrado la asistencia al trabajo de comisiones por parte de diputadas y diputados que teniendo un problema de salud al momento de celebrarse una reunión de trabajo, registran su asistencia y su presencia, a fin de cumplir cabalmente con su trabajo legislativo.

Es por tales motivos que me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la modificación del artículo 193, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, a fin de establecer que si una diputada o diputado deja de asistir en forma injustificada en dos ocasiones consecutivas a la reunión de comisión ordinaria previamente convocada, en la que no se alcance el quórum legal, opere de oficio o a petición de parte su baja, procediendo su sustitución inmediata por parte de su grupo parlamentario, quedando por tal motivo con la posibilidad de formar parte integrante de un máximo de dos comisiones ordinarias.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 193, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Único. Se reforma el artículo 193, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 193.

...

2. Si una diputada o diputado deja de asistir en forma injustificada en dos ocasiones consecutivas a la reunión de comisión ordinaria de la que es integrante, previamente convocada en tiempo y forma, en la que no se alcance el quórum legal, causará baja de oficio o a petición de parte, procediendo su sustitución inmediata por parte de su grupo parlamentario, quedando por tal motivo con la posibilidad de formar parte integrante de un máximo de dos comisiones ordinarias.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputados: Adriana del Pilar Ortiz Lanz,Adolfo Mota Hernández, Antonio Tarek Abdala Saad, Carlos Federico Quinto Guillén, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Heidi Salazar Espinosa, Javier Octavio Herrera Borunda, María Bárbara Botello Santibáñez, María del Carmen Pinete Vargas, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Ramón Bañales Arambula, Sofía Del Sagrario De León Maza, Susana Corella Platt (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Ortiz. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, e insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates tal cual lo ha solicitado la diputada proponente.

VOLUMEN II

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 38 Bis, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La diputada María Eloísa Talavera Hernández:Con su venia, señor presidente. A mis compañeros les ruego cinco minutos de su atención, por favor. Señoras legisladoras y señores legisladores, inmersos en un contexto adverso en nuestro país, en donde contamos con una economía nacional muy petrolizada, que nos vuelve vulnerables, como lo podemos apreciar en los últimos meses, tenemos que voltear entonces y encontrar y proponer alternativas distintas que nos permitan mejorar el desarrollo económico del país.

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son factores de suma importancia para el desarrollo de la sociedad, son factores que permiten crear posibilidades para mejora condiciones de vida de las personas. El desarrollo, la educación y la salud, así como en otros sectores, dependen hoy en día mucho más de una política y de un rediseño en materia de ciencia y tecnología e innovación, así lo demuestra la realidad en diferentes países, que tienen inversiones muy importantes en innovación y la fomentan para la generación de empleos.

Es oportuno mencionar que de acuerdo a la OCDE la inversión en ciencia y tecnología es muy determinante para consolidar el desarrollo económico de las sociedades. Sin embargo, y lamento mencionarlo, nuestro país se sitúa en último lugar en cuanto a inversión en investigación y desarrollo.

Mientras el gasto en ciencia y tecnología para 2016 buscaba acercarse al 1 por ciento del producto interno bruto, otros países nos superan, como Japón, como Corea, como Alemania, como China, que invierten muchísimo más en estos rubros; y, nuestras políticas, lejos de apoyar el incremento, resulta que los recortes presupuestales le pegan directamente a este sector que representa la esperanza de México.

Es imprescindible por eso fomentar la inversión privada en proyectos de innovación y tecnología; y superar las cifras que alcanzamos en el 2015, de 21 mil millones de pesos. En México, las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación no están vinculadas a otras políticas públicas, lo que hace indispensable y fundamentar lograrlo, pues es muy importante para resolver problemas relativos a desarrollo productivo, la competitividad, la educación, la salud, para preservar la cultura, entre otros.

Por eso nosotros presentamos un nuevo diseño institucional en materia de ciencia, tecnología e innovación y lo que buscamos es que se permita evaluar las políticas nacionales en esta materia y en consecuencia que se permita enfrentar con mayor eficacia los retos que presenta la economía mundial y el desarrollo tecnológico.

Señoras y señores legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos que la ciencia, la tecnología y la innovación representan motores centrales de crecimiento económico para un país. Transformar a México en una sociedad del conocimiento será posible con una mayor inversión en materia de ciencia y tecnología.

Nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que es pertinente llevar a cabo una reingeniería en la actual estructura organizacional en la materia y por eso el día de hoy presento esta iniciativa, que crea la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque estoy convencida de que es fundamental la creación de condiciones apropiadas en favor de la investigación como una prioridad de Estado, en aras de alcanzar el establecimiento y la consolidación de nuevos y más eficaces esquemas de desarrollo, que ayuden a México a ser un país más competitivo. Es todo, señor presidente.

«Iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, se han convertido en factores de suma importancia para el desarrollo de la sociedad humana, éstas permiten lograr un crecimiento en la competitividad y desarrollo que se ven reflejados en la creación de mejores condiciones de vida de las personas, la Ciencia, la Tecnología e Innovación son reconocidas comúnmente como motores centrales de crecimiento social y articuladores del desarrollo económico en un país mediante la priorización de políticas en estas materias en cada nación, particularmente las enfocadas a la aplicación de la investigación y el conocimiento.

La agricultura, la educación, la salud como muchos otros más sectores dependen hoy en día, más que nunca de una correcta inversión y rediseño de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los países más avanzados han puesto énfasis en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico como estrategia para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social con resultados muy positivos particularmente desde una perspectiva integral. Las inversiones tanto en los sistemas de innovación como en los mecanismos de transferencia tecnológica pueden facilitar la transición hacia una economía del conocimiento y a la generación de empleo y así potenciar el desarrollo nacional.

Los países que más invierten en el rubro del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación, son países que hoy en día se consolidan como las economías que destacan en el desarrollo económico mundial.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación es determinante para el crecimiento económico, contribuye con 25 por ciento al crecimiento económico en los países en desarrollo.

En México no obstante, aun cuando el artículo 9o. Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología prevé para el Estado la obligación de destinar un monto anual suficiente para que el gasto nacional en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico el cual no sea menor al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, el cual al día de hoy no se ha logrado destinar el porcentaje referido, muestra de ello es que entre todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se sitúa en el último lugar en cuanto a inversión para investigación y desarrollo (I+D), al destinar en promedio en los últimos 5 años únicamente el 0.4 por ciento mientras que otros países invierten una proporción considerablemente mayor, Corea del Sur invierte el 4.0 por ciento de su PIB, seguido de Japón y Suecia con 3.5 por ciento y 3.3 por ciento, respectivamente. México es superado, incluso por Turquía y Grecia que están entre el 0.9 y 0.8 por ciento.

Aunado a lo anterior uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación en México es que en el PEF 2016, el 80.88 por ciento está destinado para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos y prestaciones de seguridad social), gasto de operación para que las organizaciones operen adecuadamente (papelería y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de carácter social); y únicamente el 19.12 por ciento se asigna para el gasto de inversión, necesario para la modernización y ampliación de las actividades que conforman esta función.

Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación son una parte de las políticas públicas que deben estar alineadas y en permanente interacción con otras políticas como la económica, de salud, educación, comercial, industrial, etcétera, a fin de propiciar y agilizar la coordinación en la búsqueda de los objetivos, por ello el papel del Gobierno, como agente supervisor, facilitador, promotor, regulador y coordinador de los distintos tipos de políticas, es crucial.

En México las políticas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación no están vinculadas a otras políticas públicas, lo cual es indispensable, dado el papel que pueden asumir en la resolución de diferentes problemáticas relativas al desarrollo productivo (agrícola, industrial y de servicios), la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, la preservación de la cultura y otros campos. Para que este conjunto de políticas genere efectos sinérgicos es necesaria la articulación entre ellas.

Hoy en día en nuestro país el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Conacyt es el ente especializado en la integración del desarrollo de la competitividad de las regiones, sin embargo no ha podido articular las políticas públicas transversales necesarias para lograrlo.

El entramado institucional en el que se ve envuelto este organismo, le impide promover líneas de acción transversales en toda la Administración Pública Federal, así como en los ámbitos estatal y municipal. Por ello con el objeto de proponer una iniciativa concreta en relación al diagnóstico identificado se hace necesaria la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de la conformación orgánica del Ejecutivo federal, para que esta secretaría, sustituya al actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Si bien la Ley de Ciencia y Tecnología contempla una serie de instancias y mecanismos de coordinación en los tres niveles, también es cierto que éstos presentan serias limitaciones que impiden una acción coordinada en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. La propuesta que ahora presento, se sustenta en la necesidad de darle mayores facultades y capacidad de gestión a la secretaría teniendo como propósito conservar las áreas estratégicas para coadyuvar con el cumplimiento de las encomiendas y podrá tener áreas de estudio, investigación y desarrollo tecnológico que así se requiera no sujetando su ejercicio presupuestal a un fideicomiso sino siendo parte integral del presupuesto centralizado del Gobierno federal.

Es indispensable el diseño de políticas públicas eficientes y diferenciadas para impulsar el desarrollo de la competitividad de las regiones, aprovechando el potencial propio de su capital humano, de las materias primas y recursos naturales locales, además de utilizar lo que ya se ha innovado en otras zonas del país o del mundo.

Es inaplazable revisar los mecanismos actuales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación convocado por el Presidente de la República, y en el que participan nueve secretarios de Estado, es la cabeza estructural del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, el Consejo General no ha recibido la debida atención, lo que ha ocasionado un vacío en el liderazgo del sistema, una ausencia en la definición de grandes objetivos, así como una falta de coordinación intersectorial e interregional para la planeación y el financiamiento que permita alcanzar esos objetivos.

Los mecanismos de vinculación intragubernamental parecen ser ineficaces en sus propósitos ya que, el diseño institucional de algunas instancias de decisión tales como el propio Consejo General o los comités intersectoriales y de vinculación, resultan en los hechos inoperantes; debido a la imposibilidad y poco interés de conjuntar las agendas de los funcionarios involucrados (principalmente la del Presidente de la República) y no existen mecanismos de intermediación que corrijan dicha falla.

Una política de Ciencia, Tecnología e Innovación requiere de la articulación de los actores de forma tal que se garantice la convergencia de intereses generales, es decir, que se subordinen los objetivos individuales o de grupo, a los propósitos de interés público para que el funcionamiento de la red de política sea efectivo, es necesario otorgar capacidades reales a quien se pretende erigir como el eje así como abrir más espacios de participación a otros actores importantes como son los estados, los municipios y los destinatarios.

Se requiere de un nuevo diseño institucional de la Científica, Tecnológica e Innovación en México, es por ello que el objetivo de la presente iniciativa es la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación la cual sea la encargada de formular, conducir y evaluar las políticas nacionales en la materia.

La nueva secretaría no conllevará impacto presupuestal, en virtud de que los recursos otorgados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología referente al gasto corriente para su funcionamiento, serán suficientes para la operación y funcionamiento.

Asimismo, con la creación de esta secretaría se brindará un carácter intersectorial a la Ciencia, Tecnología e Innovación, frente a la necesidad de lograr una coordinación adecuada. Pese a contar con diversos instrumentos de coordinación que están orientados a lograr la cooperación entre los sectores de la Administración Pública Federal. Es importante destacar el hecho de que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, máxima instancia de decisión en la materia no se subsana la ausencia de un gabinete de Ciencia y Tecnología y lograr la coordinación efectiva de los diversos sectores al interior del gobierno.

Otra de las ventajas que se tendría con la creación de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que se permitiría abrir el proceso de hechura de la política pública en esta materia a diversos actores y organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales, además de orientar esta política de una forma más clara hacia los nuevos retos de la economía mundial y del desarrollo tecnológico.

Es necesaria la creación de esta secretaría dado que ha crecido la intensidad de interacciones entre el gobierno con el sector privado, así como con el sector académico. En este sentido, la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en México debe lograr una coherencia horizontal en la acción de gobierno, una cooperación vertical o intergubernamental con los otros dos órdenes de gobierno, y una vinculación efectiva con los destinatarios.

La agenda presidencial no permite dar un mayor nivel de atención al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como actualmente ocurre. Una alternativa viable sería dar mayor jerarquía a la actual cabeza del sector, a través de la creación de una nueva secretaría. De otro modo, de mantener la actual estructura, el Presidente habrá de atender personalmente al Consejo General, para convocarlo, dar rumbo estratégico y seguimiento a los acuerdos establecidos, con el fin de otorgarle el nivel de prioridad, funcionalidad y operatividad que el sector requiere para contribuir al desarrollo nacional.

Es importante mencionar que la presente iniciativa, encuentra un respaldo importante en las agendas internacionales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de diversos académicos, expertos y especialistas y de organizaciones de la sociedad civil, quienes han convergido en que esta propuesta contribuiría a resolver la naturaleza jurídico-institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y terminaría con incertidumbre jerárquica en que se ha mantenido el sistema por décadas.

Otorgar el nivel de secretaría al actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sería sumamente adecuado, no solo porque adquiere un mayor rango dentro de la Administración Pública Federal, sino que también al ser parte de la estructura directa del Poder Ejecutivo, los urgentes avances en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación se verán realmente priorizados, como tal; y es que la nueva secretaría, con las atribuciones y capacidades suficientes articulará los múltiples esfuerzos que se requieren para posicionar al conocimiento como un motor fundamental del desarrollo de México.

Es por ello que, es pertinente realizar una reingeniería de la actual estructura de la organización administrativa para normar el funcionamiento de ésta nueva secretaría.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo Único.Se reforman los artículos 26, 38, fracción VIII; 42, fracción XII y se adiciona un artículo 38 Bis, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo II
De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 26.Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Energía

Secretaría de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Secretaría de Cultura

Secretaría de Turismo

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

...

Artículo 38.A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I... VII.

VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y tecnológica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y dependencias competentes del Gobierno federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica;

Artículo 38 Bis. A la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar las políticas nacionales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación;

II. Impulsar y Coadyuvar con dependencias o instituciones, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, en la formación de la investigación científica básica y aplicada, en todas las áreas del conocimiento;

III. Impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y la investigación tecnológica de la planta productiva nacional, con el objeto de incentivar la competitividad.

IV. Promover la coordinación institucional de las autoridades responsables de la educación en todos los niveles, con el objeto desarrollar la Ciencia, Tecnología e Innovación en todo el país.

V. Promover, incentivar y estimular la creación, transformación, disolución o extinción de centros públicos de investigación con base en criterios un sistema de evaluación de calidad.

VI. Realizar acciones tendientes a impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en la población mexicana, con el fin de convertir a la Ciencia, la Tecnología e Innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad;

VII. Establecer los mecanismos de participación coordinada de las instituciones del sector público, las instituciones del sector privado y la sociedad civil en la definición de las estrategias y programas prioritarios para el desarrollo científico y de innovación.

VIII. Fomentar el desarrollo del personal necesario para todas las áreas del conocimiento, a través de la operación de becas y programas.

IX. Generar indicadores, estadísticas y así como emitir los criterios generales para los procedimientos de evaluación de impacto y resultados de los programas de la propia secretaría, dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica.

X. Actualizar de manera permanente el sistema de información, en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología.

XI. Definir metas estratégicas en Ciencia, Tecnología e Innovación, para los sectores de alta sensibilidad social y atender, desde el punto de vista del desarrollo nacional y regional, las áreas con mayor potencial de crecimiento y aquellas en las que el país pueda asumir un papel competitivo global.

XII. Diseñar, y dar seguimiento al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, de conformidad con la Ley de Planeación y de la Ley de Ciencia y Tecnología.

XIII. Promover actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

XIV. Proponer a la Cámara de Diputados, el diagnóstico y directrices para la distribución de los recursos destinados a la Ciencia, Tecnología e Innovación.

XV. Coordinar e instrumentar el Sistema Nacional de Investigadores, así como todas las relacionadas con sus funciones, objetivos y estructura.

XVI. Celebrar convenios de colaboración con las instituciones académicas y las empresariales el impulso a la innovación científica y tecnológica, con el fin de incentivar la planta productiva y el empleo, así como la modernización y competitividad de las empresas, preferentemente de las micro, pequeñas y medianas empresas.

XVII. Apoyar los trabajos que le solicite el Congreso de la Unión en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación productiva;

XVIII. Proponer cada año un diagnóstico al Ejecutivo en materia de Desarrollo Científico y Tecnológico, cuyo contenido corresponda a los indicadores que permitan evaluar su desarrollo y plantear nuevas estrategias.

XIX. Apoyar la actividad científica y tecnológica e innovación que realice cualquier entidad privada o pública, nacional o extranjera, que contribuya al intercambio científico y técnico con otros países o que esté vinculada con los objetivos del desarrollo nacional.

XX. Promover, incentivar y estimular la creación de condiciones apropiadas para que la investigación, la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico del país ayuden al crecimiento económico de la nación.

XXI. Formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

XXII. Sin perjuicio de las competencias específicas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los demás organismos estatales, atender los asuntos internacionales y de cooperación internacional referidos al desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la celebración y complementación de convenios bilaterales y multilaterales de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras.

XXIII. Participar en la planeación, programación, coordinación, orientación, sistematización, promoción y difusión de las actividades relacionadas con la Ciencia, Tecnología e Innovación del sector productivo;

XXIV. Apoyar y promover ante las instancias correspondientes los procesos de protección, regulación y registro de la propiedad intelectual y de patentes de los estudios e innovaciones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación así como de transferencia de tecnología de las instituciones de educación superior y tecnológica al sector productivo;

XXV. Asesorar y orientar a los centros de investigación y las instituciones de educación superior y tecnológica en la elaboración de programas, intercambio de profesores e investigadores, formación de recursos humanos especializados, información y servicios de apoyo;

XXVI. Promover, apoyar y gestionar el incremento y canalización de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para la investigación científica y tecnológica;

XXVII. Coadyuvar y promover la capacitación, especialización y actualización de conocimientos en Ciencia, Tecnología e Innovación.

XXVIII. Administrar el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica Desarrollo Tecnológico e Innovación y el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología.

XXIX. Conducir y evaluar en coordinación con las entidades federativas, los consejos locales de Ciencia y Tecnología y de los programas estatales en estas materias, en cuanto a su ejercicio y desarrollo.

XXX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I... XI

XII. Promover, y en su caso, organizar en coordinación con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación la capacitación, y el desarrollo tecnológico en materia turística, mediante el uso de las tecnologías de la información para tal efecto.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se transforma en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que todas las atribuciones y funciones otorgadas al Consejo en comento, así como al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, se confieren a la nueva secretaría.

Las atribuciones y funciones que se otorgan a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en este decreto, en tanto se expida el Reglamento Interior y demás instrumentos jurídicos administrativos necesarios para su funcionamiento, serán ejercidas por conducto de las estructuras orgánicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto a los consejos señalados en este artículo, se entenderán referidas a la nueva secretaría.

Tercero.Todos los bienes y recursos humanos, materiales y financieros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo, se transferirán a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto.Los asuntos y demás procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto y sean competencia de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a dicho decreto, continuaran su despacho por esta dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Quinto.Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación determinen su modificación o abrogación.

Sexto.Al personal que labore en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y sea transferido a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se le respetarán todos sus derechos conforme a la ley aplicable.

Séptimo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, las autoridades municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones legales en los términos previstos de la presente reforma, en un plazo no mayor a siete meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Octavo.Para los efectos de lo establecido en la presente ley las autoridades competentes ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto.

Noveno.Quedan sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 OECD (2015), Main Science and Technology Indicators, Vol. 2015/1, OECD Publishing, Paris.

2 El presupuesto Público Federal para la Función CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 2015-2016. http://www.diputados.gob. mx/sedia/sia/se/SAE-SS-21-15.pdf: consultado el día 13-12-15.

3 Propuestas para contribuir al diseño del PECITI 2012-2037 “Objetivos nacionales estratégicos para el PECITI 2012-2037: Principios, criterios y metodología”. Publicado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. Disponible en: http://www.foroconsultivo.org.mx/ documentos/peciti-2012-2037/peciti-2.pdf: consultado el día 11-12-15.

4 Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación disponible en el sitio web.­http://www.foroconsultivo.ora.mx/ documentos/agenda_nal_cti_extenso_ 260912.pdf Consultado el día 12 de enero del 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 23 de febrero del 2016.— Diputados: María Eloísa Talavera Hernández, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Claudia Sánchez Juárez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Eloísa Chavarrías Barajas, Exaltación González Ceceña, Gabriela Ramírez Ramos, Gretel Culin Jaime, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopany Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Manuel Celis Aguirre, Katia Burguete Zúñiga, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Lilia Arminda García Escobar, Luis de León Martínez Sánchez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Verónica Agundis Estrada, Miguel Ángel Salim Alle, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Patricia García García, Santiago Taboada Cortina, Sergio René Cancino Barffusón, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Talavera. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Tiene ahora la palabra... Perdón, sonido en la curul de la diputada Mirza Flores, por favor.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Pedirle la autorización a la diputada si me permite adherirme a su iniciativa.

Es una pena que el Ejecutivo de manera discrecional haya anunciado un recorte presupuestal, cuando en esta Cámara se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación con trabajos exhaustivos, y ahora el Ejecutivo de manera discrecional anuncia recortes, pero uno de los recortes que más dañan el futuro de nuestro país y el futuro inmediato es el recorte a becas, a educación, a ciencia y a la inversión en la tecnología. Si me permite, diputada, unirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Talavera manifiesta su asentimiento para que así pueda ser, y entonces está a disposición acá en la Secretaría como lo hemos estilado.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como para presentar otra iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en una sola intervención. Adelante, diputado.

El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias, diputado presidente. Solamente si me permitiera, aunque rebasara los cinco minutos, debido a que son dos iniciativas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahí le vamos a tener consideración, y usted tenga mesura con nosotros. Adelante, por favor.

El diputado Carlos Hernández Mirón: Muchas gracias, diputado. Lo haremos, sin duda, diputado presidente.

Con su venia. El pasado 18 de noviembre de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma en la que se establece que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría deberá destinar los ingresos que corresponden al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal, en términos de la Ley del Banco de México, en cuando menos al 70 por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal, contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que en su caso haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien una combinación de ambos conceptos y el monto restante a favorecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

Esto se trató de una reforma por lo que se estableció la forma específica en que habrá de utilizarse los remanentes de operación del Banco Central Mexicano, que se obtienen principalmente por concepto de la depreciación del peso frente al dólar y cuya cifra no es menor.

Si bien se coincide con el propósito de la reforma en comento, en el sitio de que se establezca la Ley del destino específico que habrá de darse a los remanentes de la operación del Banco de México, creemos que es necesario incluir como destino particular de dichos remanentes a la inversión de infraestructura, que detone la demanda agregada y con ello contraste los efectos negativos que en la actualidad económica nacional pudiese tener la desaceleración de la economía mundial.

En efecto, el Fondo Monetario Internacional, en sus perspectivas de la economía mundial, dadas a conocer apenas el pasado 19 de enero, redujo los proyectos de crecimiento económico mundial para el 2016 de 3.6 a 3.4 y para el 17 de 3.8 a 3.6.

Para el caso de México, la disminución de las proyecciones de crecimiento económico va de 2.8 a 2.6 en el 2016 y de 3.1 a 2.9 en el 2017. En el mismo sentido, el Banco Mundial, en su prospectiva de la economía global de enero de 2016, también disminuyó sus estimaciones de crecimiento económico de México, de 3.2 a 2.8 en el 16 y de 3.5 a 3 por ciento en el 2017.

Acorde con el Fondo Monetario Internacional los riesgos de que se descarrile la economía mundial son varios. Una desaceleración más marcada en China, el descenso de los precios del petróleo y otras materias primas, y el endurecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos.

Por lo cual se recomienda aumentar el producto efectivo y potenciar combinando el respaldo de la demanda y de las reformas estructurales en una tarea que reviste aún más la urgencia, por lo que es necesario que el gobierno impulse la demanda agregada mediante la inversión pública en infraestructura, como se señala en el monitor fiscal 2015 del Fondo Monetario Internacional.

Los países con margen fiscal pueden usarlo para apoyar el crecimiento económico, particularmente en los casos en los que se ha mantenido el riesgo de bajo crecimiento y baja inflación.

Una amplia inversión pública en infraestructura puede incrementar la demanda agregada en el corto plazo y aumentar el producto potencial en el mediano plazo. He dicho pues, compañeras y compañeros legisladores la primera iniciativa, de manera breve daré lectura a la segunda.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece las disposiciones a las que se sujetan las reglas de operación de los programas presupuestarios, señalándose en el primer párrafo de dicho precepto, que el Presupuesto de Egresos de la Federación, en que forma anual apruebe la Cámara de Diputados, esta podrá señalar los programas que deberán sujetarse a reglas de operación y los créditos generales a que se sujetarán dichas reglas.

En ejercicio de dichas facultades, la Cámara de Diputados aprobó, en la fracción II del artículo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 el procedimiento para que las comisiones ordinarias de dicha Cámara emitan su opinión con relación a las reglas de operación.

Desde nuestro punto de vista, este procedimiento de intervención en la elaboración de las reglas de operación por parte de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tiene una serie de problemáticas, circunscribe la intervención del Legislativo a emitir una opinión cuyo alcance no está bien definido. El plazo para la emisión de las opiniones a fines de marzo de cada año, es decir, fenece tres meses después de que ya fueron publicadas las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación y las reglas pueden ser modificadas año con año, lo que las hace susceptibles de ser objeto de varios vaivenes políticos.

En vista de la importancia que las reglas de operación revisten para el ejercicio de los recursos presupuestales es de mencionar que los legisladores recibimos constantemente observaciones de las y de los ciudadanos, de los gobiernos estatales, municipales, constantemente, para que con respeto a la funcionalidad y aplicación de dichas reglas, motivo por el cual en mi carácter de representante popular formulo la presente iniciativa con la cual se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Me parece fundamental resaltar que las reglas de operación de los programas presupuestarios deberán establecer el carácter vinculatorio de las opiniones de las comisiones ordinarias de este Congreso y modificar las fechas para la emisión de las opiniones de las comisiones ordinarias, de manera que esto suceda con anterioridad a la publicación de las reglas.

Diputadas y diputados, solamente lo que estamos pidiendo es que este Congreso tenga en tiempo y forma la posibilidad de que las observaciones que surgen de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de las y de los ciudadanos tengan un reflejo, y que realmente tengan la posibilidad de tener un carácter vinculatorio. Que no se nos pasen los tiempos cuando se estén aprobando las reglas de operación.

Me parece que para todos los gobiernos será una herramienta útil en beneficio para el ejercicio de las políticas públicas. Agradezco la tolerancia, es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema y argumentación

El 18 de noviembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra señala:

Artículo 19 Bis. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I. Cuando menos setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos, y

II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

La secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

El precepto en mención establece que el remanente de operación del Banco de México que en forma anual se entregue al gobierno federal, será destinado en al menos setenta por ciento al pago de deuda pública y hasta treinta por ciento restante al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos financieros.

Se trató de una reforma por la que se estableció la forma específica en que habrán de utilizarse los remanentes de operación del banco central mexicano, que se obtienen principalmente por concepto de la depreciación del peso frente al dólar, y cuya cifra no es menor pues por poner tan sólo dos ejemplos en 2014 ascendieron a 31.4 mil millones de pesos y en 2008 a 95 mil millones de pesos. Para 2015, dicha cifra será seguramente sustancial pues el tipo de cambio promedio se incrementó de 13.30 pesos por dólar en 2014 a 15.88 pesos por dólar en 2015, una depreciación de 2 pesos con 58 centavos.

Si bien se coincide con el propósito de la reforma en comento en el sentido de que se establezca en ley el destino específico que habrá de darse a los remanentes de operación del Banco de México, creemos que es necesario incluir como destino particular de dichos remanentes a la inversión en infraestructura que detone la demanda agregada y con ello contrarreste los efectos negativos que en la actividad económica nacional pudiese tener la desaceleración de la economía mundial.

En efecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus perspectivas de la economía mundial dadas a conocer apenas el pasado 19 de enero redujo las proyecciones de crecimiento económico mundial para 2016 de 3.6 a 3.4 por ciento y para 2017 de 3.8 a 3.6 por ciento; para el caso de México, la disminución de las proyecciones de crecimiento económico van de 2.8 a 2.6 por ciento en 2016 y de 3.1 a 2.9 por ciento en 2017. En el mismo sentido, el Banco Mundial en sus prospectivas de la economía global de enero de 2016 también disminuyó sus estimaciones de crecimiento económico de México: de 3.2 a 2.8 por ciento en 2016 y de 3.5 a 3 por ciento en 2017.

Acorde con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los riesgos de que se descarrile la economía mundial son varios: una desaceleración más marcada de China, el descenso de los precios del petróleo y otras materias primas, y el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos de América. Por lo que el FMI recomienda en materia de políticas “aumentar el producto efectivo y potencial combinando el respaldo de la demanda y las reformas estructurales es una tarea que reviste aún más urgencia”.

Por lo que es necesario que el gobierno impulse la demanda agregada mediante la inversión pública en infraestructura, pues como se señala en el Monitor Fiscal 2015 del FMI “los países con margen fiscal pueden usarlo para apoyar el crecimiento económico, particularmente en los casos en los que se ha materializado el riesgo de bajo crecimiento y baja inflación... una amplia inversión pública en infraestructura puede incrementar la demanda agregada en el corto plazo y aumentar el producto potencial en el mediano plazo...”.

No pasa desapercibido el hecho de que la deuda pública bruta como porcentaje del producto interno bruto (PIB) haya incrementado en 8 puntos porcentuales en los últimos tres años, alcanzando 51.4 por ciento del PIB en 2015. Lo que coloca al nivel de endeudamiento del gobierno de México por encima del promedio de 43.9 por ciento para las economías emergentes y las economías de medianos ingresos; del promedio de 33.9 por ciento para Europa; y del promedio de 46 por ciento de las economías asiáticas. Por ello, lo que se plantea es que en lugar de contraer deuda, se financien proyectos de infraestructura pública con cuarenta por ciento de los remanentes del Banco de México. Al tiempo que también se destine cincuenta por ciento de dichos remanentes para saldar la deuda de la federación. Y el restante diez por ciento se aplique para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

Por lo expuesto y fundado, se formula la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ordenamientos a modificar

Único. Se reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente:

I. El cincuenta por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos;

II. El cuarenta por ciento a proyectos de inversión en infraestructura pública con impacto preferentemente en las entidades federativas con los menores niveles de desarrollo económico y social; y

III. El diez por ciento a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.

La secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá realizar dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, las reformas conducentes al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El diputado Carlos Hernández Mirón: «Iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece las disposiciones a las que se sujetan las reglas de operación de los programas presupuestarios, señalándose en el primer párrafo de dicho precepto que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que en forma anual apruebe la Cámara de Diputados, ésta podrá señalar los programas que deberán sujetarse a reglas de operación y los criterios generales a que se sujetarán dichas reglas de operación.

En ejercicio de dichas facultades, la Cámara de Diputados aprobó en la fracción II del artículo 29 del decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, el procedimiento para que las comisiones ordinarias de dicha Cámara emitan su opinión con relación a las reglas de operación. Cabe resaltar que una disposición similar fue incluida en la fracción II del artículo 30 del decreto de presupuesto del 2014 y en la fracción II del artículo 29 del decreto de presupuesto del 2015.

Desde nuestro punto de vista, este procedimiento de intervención en la elaboración de las reglas de operación por parte de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, tiene una serie de problemáticas: circunscribe la intervención del legislativo a emitir una opinión cuyo alcance no está bien definido; el plazo para la emisión de las opiniones, fines de marzo de cada año, fenece tres meses después de que ya fueron publicadas las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación; y las reglas pueden ser modificadas año con año, lo que las hace susceptibles de ser objeto de los vaivenes políticos.

En vista de la importancia que las reglas de operación revisten para el ejercicio de los recursos presupuestales, lo que se refleja en el hecho de que los legisladores recibimos constantemente observaciones de los ciudadanos a dicho respecto, en mi carácter de representante popular formulo la presente iniciativa por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad.

Argumentación

Las Reglas de Operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de implementar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia; asimismo, sirven para saber quién es sujeto de recibir los apoyos, conocer los apoyos específicos que ofrecen los programas y los requisitos para obtenerlos; de igual manera, nos ayudan a saber cómo pueden contribuir al desarrollo personal y de cada comunidad; así como también nos sirven para vigilar como ciudadanos que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a su programación.

Resulta conveniente subrayar la importancia de dichas reglas de operación para el ejercicio efectivo de los recursos presupuestales aprobados en forma anual por la Cámara de Diputados, por lo que no es de sorprender que frecuentemente los legisladores recibamos quejas con respecto a la aplicación de dichas reglas de operación, ello derivado de que las autoridades correspondientes bajan a destiempo las convocatorias o bien exigen requisitos de que no siempre pueden ser cubiertos por los ciudadanos que pretenden ser beneficiados de los programas, generando así que no se pueda potenciar al máximo el objetivo de los programas.

Por lo anterior y atendiendo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia; se considera necesario reformar el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de normar la participación de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados en el proceso de elaboración de las reglas de operación de los programas presupuestarios, estableciendo lo siguiente: el carácter vinculatorio de las opiniones de las comisiones ordinarias; y modificar las fechas para la emisión de las opiniones de las comisiones ordinarias, de manera que esto suceda con anterioridad a la publicación de las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación.

Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ordenamiento a modificar

Único. Se reforma artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77.Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, señalará los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas; además, la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, emitirá opinión vinculatoria sobre el contenido de las reglas de operación de los programas presupuestarios de conformidad a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría , con la opinión vinculatoria de la Cámara de Diputados a través de la comisión ordinaria que corresponda en razón de su competencia, y con eldictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría y a la Cámara de Diputados, a más tardar el 1 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.

Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública.

La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario .

La Cámara de Diputados, por conducto de sus comisiones ordinarias, emitirá, a más tardar el 1 de diciembre de cada año, su opinión vinculatoria respecto a las reglas de operación a que se refiere este artículo, y

II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría y reciban e integren las opiniones vinculatorias de la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los cinco días naturales siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios:

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2016.— Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Saludamos la presencia de amigas y amigos alumnos y maestros de la sierra y huasteca hidalguense, del colegio de bachilleres planteles Hueyapa, Tlanchinol, Huejutla, Santa Catarina, Santa Cruz, Otates y Tehuatlán, invitados por la diputada Carolina Viggiano. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Para los diputados y las diputadas del Partido Verde Ecologista de México el acceso efectivo a la salud es una condición necesaria para el crecimiento personal y el desarrollo de toda sociedad, pues el bienestar de la población depende mayormente de su estado de salud.

Es por lo anterior que la Constitución Política prevé en el párrafo tercero de su artículo 4o. el derecho de toda persona a la protección de su salud. Para ello, el desarrollo de políticas públicas encaminadas a la cultura física y la salud de todos los mexicanos es el camino para contribuir un estado de bienestar integral del ser humano.

Evidentemente, es mucho mejor invertir en la prevención de enfermedades y por ello en la implementación de acciones integrales, adicionales a las gubernamentales que incluyan al sector privado en la activación física, la atención del sobrepeso y la obesidad.

La inactividad física es la causante de importante riesgos de salud, ya que está vinculada con la aparición y falta de control de diversas enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, entre otras.

Según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en el mundo, ya que es causante de 6 por ciento de las defunciones a nivel mundial; solo superado por la hipertensión, el consumo de tabaco y el exceso de azúcar en la sangre.

Compañeras legisladores y compañeros legisladores, está demostrado que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles y crónico-degenerativas como la diabetes, actualmente constituyen una emergencia sanitaria, además de que afectan de manera importante la productividad laboral, el desempeño escolar y cualquier expresión de desarrollo de nuestra sociedad.

Esto ha generado, según datos de Ensanut 2012, que el 58 por ciento de los niños de México no refieran haber realizado actividad física en los 12 meses previos a la encuesta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México 22.7 por ciento de los adolescentes de entre 15 y 18 años son inactivos. Según esta misma encuesta se estimó que los adultos mexicanos de entre 20 y 69 años de edad, existe la prevalencia de la inactividad física, ya que ésta aumentó un 47 por ciento en los últimos seis años.

Además, de acuerdo a los hallazgos de esta encuesta, se considera prioritario promover no solo el incremento de la actividad física, incluyendo actividades deportivas, sino también la disminución de las actividades sedentarias. La actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias, accidentes cerebro-vasculares, diabetes del tipo dos, hipertensión, cáncer de colón, cáncer de mama y depresión.

La presente iniciativa tiene como objetivo crear el reconocimiento empresa saludable, para promover el reconocimiento social a las empresas del sector privado que fomenten el desarrollo de la actividad física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, otorgaría el presente reconocimiento Empresa Saludable, a las empresas socialmente responsables que promuevan e inviertan en la cultura física y el deporte, lo que evidentemente redundaría en un beneficio a la sociedad, sin que el Estado destine recursos escasos adicionales a este propósito. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inactividad física es la causante de importantes riesgos a la salud, ya que está vinculada con la aparición y falta de control de diversas enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemias, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer. Por lo anterior, la promoción de la actividad física, es el primer objetivo de cualquier política pública la cual pretenda prevenir y controlar el sobrepeso en el ámbito nacional.

Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el mundo, ya que es causante del 6 por ciento de las defunciones a escala mundial, superada sólo por la hipertensión, el consumo de tabaco y el exceso de glucosa en la sangre.

Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión.

Por lo mencionado, en mayo de 2004, la Asamblea Mundial de la Salud apoyó la resolución WHA5.17, por medio de la cual se recomendó que los Estados miembro desarrollaran planes de acción y políticas nacionales para elevar los niveles de actividad física de sus poblaciones.

Asimismo, en mayo de 2008 la sexagésima primera Asamblea Mundial de la Salud respaldo una resolución y plan de acción sobre la prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Dicho plan de acción recomienda a los Estados miembros aplicar directrices nacionales sobre actividad física para la salud y los anima a desarrollar y a poner en marcha políticas e intervenciones que

• Desarrollen y pongan en práctica directrices nacionales sobre actividad física para la salud;

• Introduzcan políticas de transporte que promuevan métodos activos y seguros de transporte escolar y laboral;

• Obliguen a adaptar las estructuras urbanas para facilitar la actividad física en los desplazamientos en condiciones de seguridad y para crear espacios destinados a las actividades recreativas.

Dicho plan de acción tiene como objetivo revertir los efectos nocivos causados por tres tendencias: el envejecimiento de la población, la urbanización rápida y no planificada, así como el modo de vida sedentario.

El progreso tecnológico ha sido una de las principales causas de que las personas tengan un estilo de vida más sedentario con episodios breves y esporádicos de actividad física moderada o vigorosa a lo largo del día. Y es que las actividades laborales, el transporte y el tiempo libre han pasado a ser actividades de muy baja demanda energética.

Lo anterior ha generado, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2012, que 58 por ciento de los niños y adolescentes en nuestro país, refieran no haber realizado actividad física alguna durante los 12 meses previos a la realización de la encuesta. Por su parte, la OMS, ha señalado que en México 22.7 por ciento de los adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos.

Por otro lado, según la encuesta citada, se estima que entre los adultos mexicanos de 20 a 69 años de edad, la prevalencia de inactividad física aumentó 47 por ciento en los últimos 6 años (2006-2012), y 51 por ciento de los adultos encuestados reportó haber pasado hasta 2 horas diarias frente a una pantalla, mientras que 48 por ciento reconoció haber pasado más de 2 horas al día.

Asimismo, la Ensanut citada reveló que los adultos mexicanos ocupan en promedio 1 hora 40 minutos de su tiempo diario en transporte inactivo y que pasan en promedio 3 horas 30 minutos sentados, además se reportó que el tiempo usado para dormir es igual a 7 horas 30 minutos al día.

De acuerdo con los hallazgos de esta encuesta, se considera prioritario promover no sólo el incremento de la actividad física moderada y vigorosa, incluyendo actividades deportivas, sino también la disminución de actividades sedentarias (transporte inactivo, tiempo frente a una pantalla y tiempo sentado).

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos urgente que las autoridades competentes, elaboren políticas públicas para reducir la inactividad física en el país.

Por lo mencionado, la presente iniciativa tiene como objetivo acatar las directrices propuestas por la OMS y pretende impulsar la práctica de la actividad física y deportiva en el ámbito laboral, entendida esta, como aquella práctica en la que el empleador favorece y facilita directa o indirectamente que las personas empleadas en su puesto de trabajo puedan llevarla a cabo.

Lamentablemente, debido a las características propias del actual modo de producción, existe una preponderancia de los trabajos que favorecen el sedentarismo por encima de aquellos que implican un mayor esfuerzo físico.

Actualmente se recomienda una actividad aeróbica de 30 a 60 minutos diarios para mejorar el bienestar que repercute positivamente en la confianza, el estado de ánimo, la imagen corporal y la satisfacción de los individuos.

Paralelamente, es primordial la promoción de la salud por parte de las empresas mediante la modificación de hábitos individuales, favoreciendo el uso de las escaleras, el transporte colectivo combinado con el andar, las actividades recreativas y deportivas grupales, la cesión de espacios específicos para realizar deporte, las pausas para realizar estiramientos y ejercicios de tonificación, etcétera.

Y es que numerosos estudios, mayoritariamente llevados a cabo en países anglosajones, demuestran una clara correlación entre actividad física y mejora de productividad en el puesto de trabajo. Ejemplo de lo anterior es la práctica puesta en marcha por la Universidad de California, la cual, según la revista Medical Health & Fitness, logró recortar los gastos directos por quejas y días no laborados por enfermedad de los trabajadores en un 39 por ciento en un periodo de 5 años después de incorporar una serie de ejercicios gimnásticos al horario de 8 horas de sus empleados.

A la vista de los estudios analizados, el deporte y la actividad física, constituyen los medios ideales para: prevenir, evitar y controlar la aparición de enfermedades no transmisibles; generar buenos hábitos, ya que un buen deportista, evita consumir alimentos altos en calorías y azúcar, evita el tabaco y el alcohol y duerme a horas adecuadas. Asimismo, el deporte y la actividad física benefician el núcleo familiar y social de quienes las practican pues genera un buen ejemplo para con su grupo social, en síntesis, es la mejor inversión para el individuo, la sociedad y el Estado.

La tesis fundamental de esta iniciativa es que México pueda poner en marcha una estrategia ambiciosa –una verdadera política de Estado– dirigida a elevar nuestros niveles de actividad física con la colaboración del sector privado, lo anterior mediante la implantación de programas específicos y eficientes en su ámbito de acción.

Ciertamente, el Estado puede y debe hacer mucho en este rubro, sin embargo, la colaboración con el sector privado es vital, utilizando la herramienta de Responsabilidad Social Corporativa como método y filosofía, la cual se afinque en el compromiso para orientar, sensibilizar y premiar el desempeño del sector privado en esta dirección.

Las prácticas en mención tienen antecedentes en todo el mundo y en los últimos años en nuestro país han sido replicadas por diversos sectores, sobre todo en el ambiental, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, otorga la certificación de industria limpia a las empresas que demuestran cumplir satisfactoriamente los requerimientos legales en materia ecológica.

Otro ejemplo es el patrocinio en mejora, mantenimiento de jardines o espacios públicos, que para este caso aplicaría a canchas o eventos deportivos (como sucede en la Ciudad de México) que mediante el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, las empresas trabajan a favor de la sociedad, por lo que se ven beneficiadas en su imagen pública como organizaciones socialmente responsables. Con la presente iniciativa se podrá identificar fácilmente a una empresa que fomente el desarrollo de la activación física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y la prevención de enfermedades.

Observando los logros alcanzados gracias a la colaboración entre el sector público y el privado, proponemos la creación del reconocimiento “Empresa Saludable” para compañías que faciliten el acceso de sus empleados a la práctica de alguna actividad físico-deportiva regular, o promuevan el mantenimiento de instalaciones deportivas públicas, además de otros criterios.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) otorgaría la certificación de “empresa saludable” a la que demuestre cumplir satisfactoriamente la promoción de la cultura física y el deporte.

El proceso de certificación consistiría en la revisión sistemática a la empresa en sus procedimientos y prácticas, con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos normados en materia de cultura física y deporte.

La certificación de empresa saludable es un reconocimiento a la responsabilidad social corporativa por el gobierno, buscando fortalecer la colaboración de la Conade con el sector privado en aras de instrumentar una política que combata más efectivamente el sobrepeso y la obesidad.

En virtud de lo aquí expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 44.El Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas por las asociaciones y sociedades deportivas, a fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la activación física, la cultura física y el deporte.

En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de cultura física y deporte, el sector público, social y privado se sujetará en todo momento, a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados.

Para el cumplimiento del Plan Nacional de Cultura Física y Deporte se crea el reconocimiento Empresa Saludable, el cual será el instrumento para promover el reconocimiento social a las empresas del sector privado que fomenten el desarrollo de la activación física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y la prevención de enfermedades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputados: Andrés Fernández del Valle Laisequilla,Adolfo Mota Hernández, Antonio Tarek Abdala Saad, Carlos Federico Quinto Guillén, Daniela De los Santos Torres, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Heidi Salazar Espinosa, María Bárbara Botello Santibáñez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Sofía Del Sagrario De León Maza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández del Valle. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por los diputados, Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos Pantoja y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados; ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través del Canal del Congreso. La presente iniciativa que se presenta tiene como objetivo cuidar y elevar la imagen de México en el mundo.

Para el Grupo Parlamentario de Morena es muy claro que la responsabilidad de promover la imagen del país depende necesariamente de los acontecimientos internos que describen a México ante los ojos del mundo contemporáneo.

La vida interna por la que transcurre nuestro país es en buena medida una referencia obligada vista con atención por la mirada internacional, quien se encarga de procesar y generar opiniones diversas que configuran nuestras relaciones con los demás países, hecho que confecciona la historia en las relaciones internacionales y mapa político.

La política exterior de México se rige en la teoría por los principios de derecho internacional y su papel con los organismos internacionales, que vistos en diversos foros de interacción y deliberación entre pares se nota, y las representaciones de México en los diferentes países carecen de una presencia robusta y activa.

Asimismo, parte de los nombramientos de los integrantes del cuerpo diplomático han quedado sometidos a los intereses del presidente y miembros de carrera del servicio exterior mexicano.

En el transcurrir de las últimas décadas México ha tenido un papel sumamente endeble en el escenario internacional. No podemos omitir el vergonzoso desplante de Vicente Fox al presidente cubano Fidel Castro con aquel famoso comes y te vas, y que se tradujo en una clara representación del complejo de inferioridad de la derecha en el poder frente a los gobiernos de Estados Unidos de América.

Esta lamentable situación que atraviesan las representaciones de México en el extranjero tiene como origen los nombramientos discrecionales de políticos que no tienen trayectoria en política exterior y que ha otorgado al Poder Ejecutivo un mecanismo de nula transparencia para nombrar y remover a los miembros del cuerpo diplomático en el exterior.

Legisladores, académicos y especialistas en derecho internacional y protocolo, han manifestado su desacuerdo por el nombramiento de cónsules y embajadores sin experiencia que ocupan estos cargos como premio o simplemente para alejarlos de la vida pública, por lo que se convierten los consulados y embajadas en verdaderos refugios.

De esta manera el prestigio internacional de México ha caído mucho. Hace falta visión porque es evidente que existen compromisos políticos con ciertos personajes de la vida política de México a los que sin menor menoscabo se les otorgan nombramientos que requieren de una preparación y experiencia diplomática sólida.

Diversos medios locales e internacionales se extrañaron de la designación de Fidel Herrera como cónsul de Barcelona, en España. El diario El Economista recopiló que un grupo de periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en el Colegio de Periodistas de Cataluña, para hacer pública una serie de cuestionamientos al gobierno de Mariano Rajoy y a las autoridades mexicanas, por el nombramiento político.

Otro caso cuestionado es el del embajador de México en el Reino Unido, Diego Antonio Gómez, quien no ha tenido ni siquiera trayectoria diplomática; más bien ha sido artífice y negociador. Su responsabilidad que tiene no es un asunto menor. El coordinador del Parido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, pidió incluso su destitución luego de que durante las pasadas fiestas patrias cambiara la tradicional arenga de Viva México, por la de Viva Porfirio Díaz.

Por su parte el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa, expuso que “el hecho de que Gómez hubiera cambiado la arenga obliga a que el gobierno del presidente Peña Nieto lo separe de su representación diplomática”.

Otras designaciones que ha hecho este gobierno de Peña Nieto, es el de Marisela Morales, ex procuradora general de la República, cónsul de México en Milán, y a Juan Sabines Guerrero, cónsul de Florida, ambos recriminados por su desempeño como servidores públicos, y sin contar con formación alguna del servicio exterior.

El honroso papel de representar a México ante los gobiernos extranjeros y organismos internacionales, se pervierte cuando se asigna el cargo a personajes sin trayectoria o para premiar o simplemente el gobierno federal no desea tener a estos personajes en el país o quiere protegerlos.

México cuenta actualmente con 80 embajadas y 68 consulados. En la lista de embajadores y cónsules que se encuentran en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se puede verificar en ella que 13 de estos miembros del servicio exterior no cuentan con una trayectoria ni experiencia en las relaciones internacionales propias del personal de Servicio Exterior de Carrera. La formación del personal de Servicio Exterior representa un proceso de selección estricto, con un cuerpo académico y docente consciente y de calidad. Los egresados inician su carrera diplomática desde las posiciones más modestas que puedan llevarlos después de muchos años de trabajo a posiciones como embajadores o cónsules generales.

Es por ello que hoy hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios para que voten a favor de esta iniciativa, por un México que recupere su papel como actor fundamental en la escala global y por los diplomáticos de carrera.

Por lo anterior expuesto, a nombre de los diputados Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos y Ariel Juárez, se hace la siguiente consideración a esta soberanía:

Con el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo a la fracción III, artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Los nombramientos que haga de embajadores y cónsules generales deberán recaer en los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomática-consular. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos Pantoja y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Sandra Luz Falcón Venegas, Delfina Gómez Álvarez, Alicia Barrientos Pantoja y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Ley Fundamental y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 89, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cuidar y elevar la imagen de México en el Mundo, no es una tarea sencilla, sin embargo parte de la responsabilidad de promover la imagen del país depende necesariamente de los acontecimientos internos que describen a México ante los ojos del mundo contemporáneo. La vida interna por la que transcurre nuestro país, es en buena medida una referencia obligada vista con atención por la mirada internacional quien se encarga de procesar y generar opiniones diversas que configuran nuestras relaciones con los demás países, hecho que confecciona la historia en las relaciones internacionales y mapa político.

El mapa político internacional resulta una herramienta necesaria para entender la tendencia y geografía política de nuestros días. La Globalización marca el inicio de una nueva era histórica que conforma de manera incipiente las relaciones entre los Estados.

En el contexto internacional, México ha desplegado durante esta administración federal una estrategia a través de cuatro pilares: fortalecer la presencia de México en el plano internacional; ampliar la cooperación para el desarrollo; promover el valor del país en el mundo y velar por los intereses de nuestra nación en el extranjero.

La política exterior de México se rige en la teoría por los principios del derecho internacional y su papel con los organismos internacionales, que vistos en diversos foros de interacción y deliberación entre pares, se nota y las representaciones de México en los diferentes países, carecen de una presencia robusta y activa. Asimismo parte de los nombramientos de los integrantes del cuerpo diplomático han quedado sometidos a los intereses del presidente y miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano.

En el transcurrir de las últimas décadas, México ha tenido un papel sumamente endeble en el escenario internacional. Esta lamentable situación que atraviesan las representaciones de México en el extranjero tiene como origen los nombramientos discrecionales de políticos que no tienen trayectoria en política exterior y que ha otorgado al Poder Ejecutivo un mecanismo de nula transparencia para nombrar y remover a miembros del cuerpo diplomático en el exterior.

Legisladores, académicos y especialistas en derecho internacional y protocolo han manifestado su desacuerdo por el nombramiento de cónsules y embajadores sin experiencia, que ocupan estos cargos como premio o simplemente para alejarlos de la vida pública, lo que convierte los consulados y embajadas en verdaderos refugios.

De esta manera el prestigio internacional de México ha caído mucho. Hace falta visión porque es evidente que existen compromisos políticos con ciertos personajes de la vida política en México a los que sin menoscabo se les otorgan nombramientos, que requieren de una preparación y experiencia diplomática sólida.

Diversos medios locales e internacionales se extrañaron de la designación de Fidel Herrera como Cónsul de Barcelona, en España, el diario el Economista recopiló que “un grupo de periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en el Colegio de Periodistas de Cataluña, para hacer pública una serie de cuestionamientos al gobierno de Mariano Rajoy, y a las autoridades mexicanas por el nombramiento diplomático” “Los cuestionamientos se enmarcan en señalamientos sobre la presunta vinculación del diplomático mexicano con el crimen organizado y el narcotráfico”.

Por otro lado, algunos portales de España cuestionaron también la designación de Fidel Herrera señalando que Barcelona tendría un Cónsul de México relacionado con el narco, “De ser ciertas las afirmaciones de 14 testigos protegidos, las suposiciones de innumerables víctimas de secuestro y extorsión y la calificación de la revista Forbes como una de las 10 personas más corruptas de México, o la propia convicción del pueblo veracruzano, que aún lo recuerda como el Z1, o el protector del cártel de los Zetas, México envía a Barcelona como Cónsul a un auténtico representante de lo que hoy es su Estado”.

Otro caso cuestionado es el del Embajador de México en Reino Unido, Diego Antonio Gómez Pickering, “quien no ha tenido ni siquiera trayectoria diplomática, más bien ha sido artífice y negociador, su responsabilidad que tiene no es un asunto menor”. El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, pidió incluso su destitución luego de que durante las pasadas fiestas patrias, cambiara la tradicional arenga de “¡Viva México!” por la de “¡Viva Porfirio Díaz!”.

“Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa, Rabindranath Salazar, expuso que el hecho de que Gómez Pickering hubiera cambiado al arenga, obligaba a que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo separara de su representación diplomática”.

Otros designaciones se dieron en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto designó a Maricela Morales, Ex procuradora General de la República, Cónsul de México en Milán y a Juan Sabines Guerrero, Cónsul de Florida, ambos recriminados por su desempeño como servidores públicos y sin contar con formación alguna del servicio exterior.

“Con el gobierno de Felipe Calderón aumentó la proporción de embajadores sin carrera diplomática. En 2006 de los 72 titulares en embajadas y misiones en el exterior, 59 fueron encabezadas por diplomáticos de carrera y 13 fueron nombramientos de políticos”.

Francisco Barrios quien después de contender frente a Felipe Calderón Hinojosa en la elección interna del Partido Acción Nacional, al verse derrotado lo nombraron Embajador de Canadá. En España Jorge Zermeño dejó el espacio para Francisco Ramírez Acuña. En Venezuela se envió a Carlos Pujalte. En Francia a Carlos de Icaza, quien está vinculado directamente con el titular del Ejecutivo. En Perú designaron como embajador a Manuel Rodríguez Arriaga. En el caso de Holanda designaron al penalista Eduardo Ibarrola Nicolín.

El honroso papel de representar a México ante los gobiernos extranjeros y organismos internacionales se pervierte cuando se asigna el cargo a personajes sin trayectoria o para premiar o simplemente “el Gobierno Federal no desea tener a estos personajes en el país o quiere protegerlos” y añadió que el prestigio internacional de México ha caído mucho. El hecho de que el Presidente esté saliendo mucho nos da una idea de que en el exterior no se conoce la realidad del país y por eso el Presidente tiene que estar haciendo y recibiendo visitas.

México cuenta actualmente con 80 embajadas y 68 consulados, en la lista de embajadores y cónsules que se encuentra en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pueden verificar que al menos 13 miembros del servicio en el exterior, no cuentan con trayectoria, ni experiencia en relaciones internacionales propias del personal de servicio exterior de carrera. La formación del personal del servicio exterior representa un proceso de selección estricto, con un cuerpo académico y docente consistente y de calidad. Los egresados inician su carrera diplomática desde las posiciones más modestas que pueden llevarlos, después de muchos años de trabajo, a posiciones como embajadores y cónsules generales.

En México la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de administrar las relaciones del país con el exterior (incluyendo la recopilación de autógrafos extranjeros; misiones diplomáticas y límites territoriales). Además, proporciona los pasaportes y las cartas de naturalización; operativamente, se puede decir que administra todo el Registro Civil. Promueve el comercio y el turismo vía las secretarías respectivas de economía y turismo.

El Instituto Matías Romero, fue creado en 1947 con el propósito de formar y capacitar a los diplomáticos mexicanos. A este Instituto le corresponde: Preparar recursos humanos de alto nivel analítico y técnico en materia de diplomacia, política internacional y política exterior de México, en beneficio del Servicio Exterior Mexicano, la Secretaría y otras instituciones de interés público; asimismo, este Instituto está encargado de formar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las distintas disciplinas de la política exterior y las relaciones internacionales, además de las habilidades de la negociación internacional y la capacidad de análisis necesarias para enfrentar los retos de la labor diplomática contemporánea.

El panorama actual que delinea el concierto de las naciones y las diversas disputas entre los países que pertenecen al centro y los que se encuentran en la periferia, es decir, las relaciones asimétricas entre las potencias y los países subdesarrollados requieren de forma urgente que nuestro país, desde el contexto latinoamericano, recupere el papel protagónico que ha abandonado durante las últimas décadas. Papel que se ha constreñido al de simple socio comercial, renunciando a los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución:

i) Principio de autodeterminación de los pueblos;

ii) La no intervención;

iii) La solución pacífica de controversias constitucionales;

iv) La proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internacionales;

v) La igualdad jurídica de los estados;

vi) La cooperación internacional para el desarrollo;

vii) La lucha por la paz y la seguridad internacional.

La política internacional tiene que ver con el buen oficio para defender, ejecutar y diversificar los intereses políticos de México en el mundo, en otras palabras, salvaguardar los intereses de todos los mexicanos y de nuestros connacionales, asignatura pendiente por este gobierno.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo a la fracción III, artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89...

I.

II.

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica;

Los nombramientos que haga de embajadores y cónsules generales deberán recaer en los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

IV a la XX...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano a más tardar 180 días naturales a partir de su entrada en vigor.

Notas:

1 Obtenido de http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/11/04/fidel-herrera-consulado-genera-i ndignacion-barcelona

2 Obtenido de http://plumaslibres.com.mx/2015/10/17/portales-en-espana-cuestionan-presunta-de signacion-de-fidel-herrera-en-consulado/

3 Obtenido http://www.sinembargo.mx/17-11-2015/1549155

4 Obtenido de http://sipse.com/mexico/reportaje-con-calderon-mas-embajadores-politicos-2269.h tml

5 Obtenido de http://www.sinembargo.mx/17-11-2015/1549155

6 Obtenido de Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar %C3%ADa_de_Relaciones_Exteriores_(M%C3%A9xico)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero del año dos mil dieciséis.— Diputados: Sandra Luz Falcón Venegas,Alicia Barrientos Pantoja, Delfina Gómez Álvarez, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Jesús Emiliano Álvarez López, Jorge Tello López, Norma Xochitl Hernández Colín, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputada Falcón. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Sonido en la curul del diputado Jesús Emiliano Álvarez, por favor.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para preguntarle a la diputada Falcón y a los otros diputados y diputadas promoventes de esta iniciativa que dejen adherirnos a esta iniciativa que han presentado el día de hoy.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Falcón.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Adelante.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aquiescencia para que así pueda ser. Entonces está a disposición de quienes quieran suscribirla. Gracias, diputado Álvarez.

Damos la más cordial bienvenida al profesor Arturo y alumnos de la Universidad Internacional del municipio de Cuernavaca, Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín, acá a mi diestra, este momento. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí le vamos a tener consideración en el tiempo. Además hace rato que no subía.

La diputada Mirza Flores Gómez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buenas tardes. Le solicito, presidente, que por economía procesal la Secretaría inserte de forma íntegra el texto de la presente iniciativa al Diario de los Debates, y que consiste en un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano, se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, siendo el principal instrumento rector de este derecho fundamental el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por su parte, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada se deben cumplir como mínimo los requisitos siguientes: seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios públicos, como agua potable y luz eléctrica; asequibilidad; y accesibilidad para los grupos desfavorecidos y marginados; así como el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuela, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales.

En México, desde el año de 1983, el derecho a una vivienda adecuada se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional, que a la letra dice: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo.

No es ocioso lo anterior con lo que voy a decir, pero la realidad ha superado la ficción. Las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera de nuestro planeta han provocado el fenómeno conocido como calentamiento global, provocando el deshielo de los glaciares, la presencia de tormentas y huracanes sin precedentes, y sequías, dando como resultado caos, hambre y pobreza.

Diputadas y diputados, estamos ante un problema global. El cambio climático está trayendo consecuencias que impactan directamente en la calidad de vida de los seres humanos. Si bien es cierto que los desastres naturales escapan de nuestra mano, también es cierto que desde esta Cámara de diputadas y diputados tenemos la facultad constitucional de promover leyes y políticas públicas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, y con ello revertir y mitigar los efectos del cambio climático.

Ante este panorama en países desarrollados el término vivienda digna y decorosa o vivienda adecuada está cayendo en desuso. La dinámica social exige un compromiso más fuete por parte del Estado, y de la sociedad civil frente a un derecho, tanto a un medio sano como a la dignidad de la vivienda. Es decir que las leyes y las políticas públicas, tanto de los programas sociales dirigidos a garantizar el derecho fundamental a la vivienda, deben cumplir con el principio de desarrollo sostenible.

Tal vez suene trillado repetir una vez más la definición de desarrollo sostenible, sin embargo es un término que debe prevalecer en todas las políticas públicas que de aquí se emanen. El desarrollo sostenible es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

En este orden de idea, una vivienda sostenible es aquella que sigue un nuevo paradigma de construcción y de vida, una conciencia de responsabilidad ambiental en donde, lejos de lastimar el entorno, lo favorece al crear un desarrollo sostenible y sea generador y regulador de los recursos naturales, además de cumplir con los requisitos tradicionales, como infraestructura básica, adecuada, lo que incluye el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud y la seguridad.

Una vivienda sostenible de forma enunciativa, más no limitativa, tiene las siguientes características. Uso eficiente y racional de la energía, conservación, ahorro y reutilización del agua. Prevención de residuos y emisiones. Creación de un ambiente saludable y no tóxico y cambios en los hábitos de las personas y las comunidades en el uso de las edificaciones.

Esto, compañeras diputadas, compañeros diputados, no es un asunto frívolo o superficial. Los altos niveles de urbanización desordenada aumenta el riesgo e intensificación de los eventos relacionados con el cambio climático. La falta de coordinación gubernamental aunado a infraestructura deficiente aumenta los riesgos de los desastres naturales.

Compañeras, compañeros, tenemos la responsabilidad y la oportunidad histórica de abonar con nuestro trabajo políticas púbicas que no sólo generan estados de bienestar, sino mitigar con acciones afirmativas la reducción de riesgos de desastres naturales causadas por el cambio climático. Mitigar estos efectos reduce en un alto porcentaje la vulnerabilidad de las comunidades, y éste, de éste nuestro plantea donde todos vivimos.

Responder con responsabilidad a los efectos de riesgos de desastres causados por el cambio climático, obliga a reformas constitucionales, en donde esto se verá traducido a comunidades empoderadas. Hay dos palabras que debemos tener en consideración: mitigación y adaptación, del lugar en donde estamos viviendo.

Por lo anterior, presento a esta asamblea la siguiente modificación al artículo 4o. de nuestra Constitución Política, para quedar de la siguiente forma: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna, decorosa y sostenible. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Una de las primeras referencias a este derecho es la del párrafo 1 del artículo 25 de la Declara­ción Universal de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generalmente considerado como el instrumento central para la protección del derecho a una vivienda adecuada, en su artículo 11, reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.

Las características del derecho a una vivienda adecuada están definidas principalmente en la Observación general número 4 del Comité (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación general número 7 (1997) sobre desalojos forzosos.

Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:

1. La seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la te­nencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimen­tos o eliminación de residuos.

3. Asequibilidad: la vivienda no es adecuada si su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.

4. Habitabilidad: la vivienda no es adecuada si no garantiza seguri­dad física o no proporciona espacio suficiente, así como protec­ción contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

5. Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en con­sideración las necesidades específicas de los grupos desfavoreci­dos y marginados.

6. Ubicación: la vivienda no es adecuada si no ofrece acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas.

7. Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural.

En nuestro país, el derecho a una vivienda adecuada se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional, modificado en el año de 1983, que a la letra dice:

...Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo...

En este orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo directo en revisión 2441/2014, resolvió lo siguiente en lo que respecta al alcance del significado de “vivienda digna y decorosa”:

Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido no se agota con la infraestructura básica adecuada de aquélla, sino que debe comprender el acceso a los servicios públicos básicos.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de infraestructura básica que debe tener una vivienda adecuada; sin embargo, ello no implica que el derecho fundamental a una vivienda adecuada se agote con dicha infraestructura, pues en términos de la Observación número 4 (1991) (E/1992/23), emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho fundamental referido debe comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación. Asimismo, dentro de los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las viviendas tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de los gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados.

Bajo esta tesitura, la Ley de Vivienda en su artículo 2 establece que una vivienda digna y decorosa es aquella que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Sin embargo, en la actualidad, el término de “vivienda digna y decorosa” y “adecuada” está cayendo en desuso; la dinámica social exige un compromiso más fuerte por parte del Estado y de los particulares frente al derecho a un medio ambiente sano, es decir, que las leyes, políticas públicas y programas sociales dirigidos garantizar el derecho fundamental a la vivienda deben cumplir con el principio de desarrollo sostenible.

Bajo esta tesitura, se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de “las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Informe titulado Nuestro futuro común de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

En este orden de idas, una vivienda sostenible es aquella que sigue un nuevo paradigma de construcción y de vida, una conciencia de responsabilidad ambiental, en donde lejos de lastimar el entorno, lo favorece al crear un desarrollo sostenible que sea generador y regulador de los recursos naturales.

Una vivienda sostenible, de enunciativa más no limitativa tiene las siguientes características:

1. Uso eficiente y racional de la energía.

2. Conservación, ahorro y reutilización de agua.

3. Prevención de residuos y emisiones.

4. Creación de un ambiente saludable y no toxico.

5. Cambios en hábitos de personas y comunidades en el uso de edificaciones.

El British Council y la Dirección General de Asentamientos de Asuntos de Construcción el del Ministerio de Obras Públicas de Inglaterra desarrollaron 23 puntos para construir una vivienda sustentable, debido a que los edificios habitacionales y para el trabajo son responsables de 28 por ciento de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) y de 30 por ciento del total de los residuos, además de que generan 72 por ciento del consumo de la electricidad, 39 por ciento del de energía y 14 del de agua.

De acuerdo con el British Council, la contaminación, el deterioro y la falta de recursos hizo que expertos, diseñadores y arquitectos optaran por la tendencia del go-greener (pro medio ambiente), mediante el uso de materiales y tecnología elementales.Las 23 recomendaciones de la institución para crear una vivienda sustentable son:

Energía s renovables

1. Uso de paneles solares en los techos para generar electricidad.

2. Turbinas de viento para electricidad extra.

3.Colectores solares para agua caliente.

4.Monitoreo frecuente en bombas y ventiladores para minimizar la energía.

5.Uso de gas R410, uno de los refrigerantes (también para agua) más amigables con el medio ambiente.

6.Vidrios con selectividad espectral.

Ahorro de energía

1. Analizadores de energía para el consumo de energía total.

2.Conductos auto aisladores de poliuretano para eliminar fugas y asegurar las condiciones higiénicas.

3.Almacenamiento de hielo durante la noche, momento en el que el coste de la electricidad es más baja y pueda ser utilizado durante el día.

Calefacción

1.Calefacción proveniente del suelo en zonas húmedas.

2.Sensores de CO2 para comprobar el retorno del aire en aire acondicionado.

3.Bomba de calor proveniente del subsuelo para regular el agua y obtener suministro caliente en invierno y frío en verano.

4.Aislamiento térmico en techo y paredes para minimizar la acumulación y la pérdida de calor.

5.Triple acristalamiento en las ventanas para la pérdida de calor y reducción del ruido externo.

6.Uso del calor almacenado en el concreto y en las computadoras para el aire acondicionado.

Iluminación

1.Tubos luminosos para el alumbrado.

2.Tubos de luz para la transferencia de la luz del día exterior en los espacios interiores.

3.Multisensores sensibles a la luz y el movimiento, para el control de los interruptores de iluminación.

4.Un programa basado en el tiempo para sincronizar con el sistema de iluminación.

Ahorro de Agua

1.Urinarios sin agua.

2.Aprovechar la vegetación autóctona de la zona y utilizar el mínimo de agua al momento de hacer trabajos del paisajismo.

3.Un segundo sistema de tuberías para la reutilización de aguas grises en inodoros.

4.Sistema de riego por goteo con la recolección de agua de lluvia.

En México existen actualmente 115 edificios certificados bajo el sello LEED que expide el Green Building Council, 6 proyectos bajo el Living Building Challenge del International Living Future Institute y 12 proyectos en el Distrito Federal (DF) bajo el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables. PCES.

Por ello, México ocupa el segundo lugar, después de Brasil, en el número de edificios certificados bajo alguna norma o certificación de edificación sustentable en Latinoamérica.

En México, existen normas de edificación sustentable a nivel nacional. Estas normas son emitidas por la Secretaría de Energía, sin embargo se utilizan únicamente como un sistema de evaluación y no como normas obligatorios, debido a que la disposición voluntaria pretende inducir a la planeación urbana sustentable.

• Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES)

En 2008 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) puso en marcha el aún llamado Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), que pretende establecer un estándar para calificar los edificios tanto habitacionales como comerciales y ofrecer así una serie de incentivos fiscales, que van desde descuentos en el impuesto predial y licencias de construcción hasta financiamientos a tasas preferenciales y rapidez en la ejecución de trámites.

• NMX-AA-164-SCF1-2013 de Edificación Sustentable

Esta norma mexicana, de aplicación voluntaria a nivel nacional, especifica los criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable. Aplica a las edificaciones y sus obras exteriores, ya sean individuales o en conjuntos de edificios, nuevas o existentes, sobre una o varios predios, en arrendamiento o propias.

Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, construcción, operación, mantenimiento y demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o reacondicionamiento del edificio.

• NMX-AA-171-SCFI-2014 de Requisitos y especificaciones de desempeño ambiental de establecimientos de hospedaje.

Esta norma tiene como objetivo establecer los requisitos y especi­ficaciones de desempeño ambiental para la operación de establecimientos de hospedaje en la República. Aplica a los interesados en demostrar el cumplimiento de los requisitos de desempeño ambiental turístico en todo el territorio nacional.

• NMX-AA-SCFI-157-2012 de Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad para la selección del Sitio, Diseño, Construcción, Operación y Abandono del Sitio de Desarrollos Inmobiliarios Turísticos en la Zona Costera de la Península de Yucatán.

Establece requisitos y especi­ficaciones de desempeño sustentable para desarrolladores y prestadores de servicios turísticos para la selección y preparación del sitio, diseño, construcción, operación y abandono del sitio de Desarrollos Inmobiliarios Turísticos que se ubiquen en la zona costera en la Península de Yucatán.

Esta norma de cumplimiento voluntario constituye un marco de referencia de sustentabilidad turística, estableciendo las bases para un esquema de certificación.

• Instrumentos de Edificación Sustentable del Infonavit

Hipoteca Verde del Infonavit: Este crédito fue creado en 2010 por el Infonavit para que el derechohabiente pueda comprar una vivienda ecológica y así obtener una mayor calidad de vida mediante el uso de las ecotecnologías que disminuyen los consumos de energía eléctrica, agua y gas.

Sí Se Vive, del Infonavit: La creación de este sistema de evaluación de ‘vivienda verde’ en 2012 tiene como objetivo medir la eficiencia de las viviendas mediante el uso de dispositivos ahorradores. Sin embargo, hasta el momento no se ha implementado de manera corriente debido a la capacitación necesaria de la industria para que el programa funcione de manera óptima.

• Certificaciones internacionales

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

La certificación, que otorga el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos, (US, Green Building Council, USGBC), evalúa el comportamiento medioambiental que tendrá un edificio a lo largo de su ciclo de vida.

El sistema de evaluación depende de cada una de las cinco categorías existentes que califican elementos como la ubicación y transporte, la eficiencia en el uso de agua, innovación en estrategias de generación de energía, entre otras.

Las categorías son: Diseño y Construcción de Edificios (Building Desing and Construction), Diseño y Construcción de Interiores (Interior Design and Construction), Operación y Mantenimiento en Edificios (Building Operations and Maintance), Desarrollo de vivienda (Homes) y Desarrollo de suburbios (Neighborhood Development).

Además, existe un rango para cada certificación dependiendo del puntaje alcanzado que van desde la pura Certificación LEED (40-49 puntos), Certificación de Plata (50-59), Certificación de Oro (60-79) y Certificación Platinum (80+).

Living Building Challenge del International Living Future Institute

La certificación internacional Living Building Challenge, creada en 2006 por el International Living Future Institute, tiene un sistema de calificación riguroso en las construcciones sustentables, ya que busca que cumpla con diversos requerimientos, entre ellos, el uso de la energía cero, el tratamiento de los residuos y el agua, y un mínimo de 12 meses de operación continua.

Su aplicación en México inició en 2009 y se están consolidando las bases para apoyar la formación de lo que sería el Living Future Institute de México, con el apoyo del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

BREAM

La certificación, la primera creada en su tipo, la realizó un grupo de empresas sin fines de lucro en el Reino Unido y establece el estándar para evaluar el diseño, la construcción y su uso. Las medidas usadas representan un amplio rango de categorías y criterios que van desde la energía a la ecología.

Earth Check

Earth Check es un programa internacional, resultado de una decisión del gobierno australiano de establecer una organización estratégica para el sector turismo, que ofrece servicios de evaluación, certificación y productos relacionados con el diseño en la edificación sustentable utilizados por la industria de viajes y turismo.

Entre algunos de sus objetivos está el de apoyar a los gobierno locales y desarrolladores en las primeras etapas de su planificación y diseño en recintos, edificios e infraestructura relacionada.

De acuerdo con datos de la Semarnat, México actualmente cuenta con 40 empresas certificadas bajo este sistema. Asimismo, Fonatur firmó un acuerdo recientemente con Earth Check para trabajar conjuntamente en el futuro desarrollo de eco-destinos de clase mundial.

Sistema de evaluación Energy Star

La Conuee, en conjunto con el Instituto Nacional de Ecología, Inecc, reproducen el sistema de evaluación estadounidense “Energy Star” aplicado en edificios en Estados Unidos.

Este programa voluntario fue establecido en 2005 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) en EUA que promueve el uso de energía eficiente en gobiernos locales.

Recordemos que el artículo 25 de la Constitución Política, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, llevando a cabo la regulación y fomento de actividades que demande el interés general.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 incluye, dentro de su objetivo 4.4, la estrategia 4.4.3 sobre fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente, en donde se determinan las acciones y lineamientos a seguir para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.

Es decir, resulta de imperiosa necesidad reformar el artículo 4o. constitucional para hacer una obligación (lo que hoy es sólo una opción) del Estado mexicano a través del imperium de la ley, que los programas y políticas públicas en materia de vivienda además de cumplir con los estándares establecidos en diversos instrumentos internacionales, así como lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada en lo que se refiere al concepto de una vivienda adecuada, digna y decorosa, éstas también deben de cumplir con lo estipulado en el artículo 4 constitucional que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna, decorosa y sostenible. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Amparo directo en revisión 2441/2014. Mirna Martínez Martínez. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Nota: La tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 801, con el título y subtítulo: Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes de febrero de 2016.— Diputados: Mirza Flores Gómez,Julio Saldaña Moran, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Norberto Antonio Martínez Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Esquivel, por favor, ahí en la bancada de Morena. Sí, diputada.

La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (desde la curul): Solo le quería preguntar a la diputada Flores, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí. Por lo tanto, está a disposición para que quienes quieran suscribirla así lo hagan.

Saludamos la presencia de jóvenes del Grupo Cultural Frente Democrático Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, encabezadas por Juan José Carreño Cano, e invitados por el diputado Erick Lagos Hernández. Bienvenidos todas y todos ustedes, amigos veracruzanos.

También saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Secundaria Federal número 25, María Guadalupe Escoto, de Atotonilco, Jalisco, invitados por nuestro diputado secretario de la Mesa Directiva, el diputado Ramón Bañales Arámbula. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, día con día escuchamos noticias sobre catástrofes naturales ocasionados por el cambio climático y deterioro del medio ambiente, la falta de agua, la brusca variación del clima con temperaturas extremas, la contaminación de cauces hídricos y la extinción de especies son algunas de las estas consecuencias.

Esto provoca graves afectaciones que ocasionan pérdidas económicas, sociales y medioambientales, incrementando las desigualdades sociales. Cuidar y proteger el medio ambiente es una responsabilidad de sociedad y gobierno conjunta.

Desafortunadamente todos estos efectos negativos se desprenden principalmente de actividades humanas. Para Nueva Alianza la protección del medio ambiente es una convicción que constituye uno de los ejes rectores de nuestra agenda legislativa.

En ese sentido, presento a ustedes una iniciativa que busca modificaciones a la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos, a fin de hacer eficiente su gestión. Los residuos sólidos urbanos son aquellos que generamos en nuestras casas, en los establecimientos comerciales, en la calle. Es decir, la basura.

México tiene un grave rezago en materia de separación de residuos, situación que genera consecuencias negativas en el ambiente, en la salud y, sobre todo, en la calidad de vida de los mexicanos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2011, en México se generaron alrededor de 41 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, lo cual equivale aproximadamente a 112 mil toneladas por día.

Pese al volumen de basura que se genera, no tenemos una adecuada gestión de residuos sólidos. Datos de la Semarnat indican que el 89 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos recolectados en México no son separados, y tan sólo el 11 por ciento se somete a un proceso, al menos primario, de separación.

Peor aún, tan sólo el 4.8 por ciento del total del volumen de los residuos generados se recicla, desaprovechando abundante materia prima para nuevas industrias y por consecuencias a grandes oportunidades de desarrollo económico.

En Nueva Alianza tenemos la certeza que un manejo adecuado de los residuos sólidos no sólo prevendría impactos negativos sobre la salud y los ecosistemas, sino que además redundaría en grandes beneficios económicos.

La separación de los residuos sólidos urbanos en México no es obligatoria, ni siquiera en su nivel básico o primario, es decir, en orgánico e inorgánico. Por lo que consideramos indispensable reformular la redacción de la Ley General para le Prevención y Gestión de los residuos, con el objeto de que la separación de los residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos sea obligatoria.

De esta manera se amplía la posibilidad de desarrollar una industria del reciclaje, lo que permitiría mitigar los costos económicos y sociales que provocan la contaminación que resulta de un inadecuado manejo de la basura.

Las experiencias de países como Finlandia y Noruega demuestran que es posible utilizar hasta el 90 por ciento de los residuos sólidos urbanos, para ello es indispensable una separación primaria.

Compañeras y compañeros diputados, es una responsabilidad y un compromiso insoslayable reformar la ley para que la separación primaria sea obligatoria en el país. De no hacerlo las consecuencias medioambientales de salud y sociales pueden ser catastróficas.

En Nueva Alianza estamos seguros que la sustentabilidad debe ser el eje rector del crecimiento económico y social del país.

Hagamos los cambios que se requieren y propiciemos la industria del reciclaje protegiendo nuestro entorno y generando un mejor desarrollo económico. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), un residuo es el “material o producto cuyo propietario o poseedor desechay que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven”.

Esta ley que constituye el marco legal en cuanto a la prevención y gestión de residuos en el territorio nacional, clasifica a los residuos, en función de sus características y origen, en tres tipos: residuos peligrosos, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos.

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son definidos por la LGPGIR como aquellos residuos “generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.”

En nuestra sociedad moderna, la intensificación del proceso de industrialización, basado en la implementación de esquemas económicos consumistas, ha resultado en un aumento desproporcional del volumen de basura generada.

Los datos más recientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en relación al tema de los residuos, indican que la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) por habitante en el país ha aumentado significativamente en el tiempo: entre 1950 y 2011, el volumen de generación diario aumentó más de tres veces, pasando de 300 a 990 gramos en promedio. Si se evalúa anualmente, la generación por habitante pasó de 306 a 360 kilogramos entre 1997 y 2011, se decir se incrementó en promedio 3.9 kilogramos por año.

El crecimiento desproporcional de todo tipo de residuos y su inadecuada gestión (lo cual incluye la separación, recolección, traslado, tratamiento y disposición final) puede resultar en afectaciones negativas para la salud pública y el medio ambiente. En efecto, la proliferación de residuos y un deficiente manejo de estos puede traer los siguientes impactos negativos: contaminación de suelos y de cuerpos de aguas; generación de contaminantes y gases de efecto invernadero; adelgazamiento de la capa de ozono; proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades.

Para el 2011 en México se generaron alrededor de 41 millones de toneladas de RSU, lo cual equivale a aproximadamente 112.5 mil toneladas de RSU por día. La generación de RSU ha mostrado una tendencia ascendente en México. Conforme a datos del Inegi, de 2001 a 2012, la generación total de residuos sólidos en México ha aumentado 33 por ciento, un promedio anual de 2.7 por ciento, pues en ese periodo pasó de 31 mil 480 toneladas a 42 mil 100 toneladas.

Desafortunadamente la proliferación de los residuos no se ha visto acompañada con una mejora en la gestión de los mismos. En efecto, la situación del manejo de los RSU dista mucho de ser la adecuada a lo largo del país. Aún a la fecha es relativamente común que los residuos se depositen en espacios cercanos a las vías de comunicación o en depresiones naturales del terreno como cañadas, barrancas y cauces de arroyo.

Así, según datos de Semarnat se estimó que para el 2011, el 72 por ciento del volumen generado de RSU en el país se dispuso en rellenos sanitarios y sitios controlados, mientras que el 23 por ciento se depositó en sitios no controlados. Asimismo, el informe de Semarnat establece que de los residuos sólidos urbanos recolectados, 89 por ciento fueron recolectados de manera no selectiva y tan sólo 11 por ciento correspondió a la recolección selectiva (es decir, que fueron separados, al menos, en orgánicos e inorgánicos).

Según datos del Inegi, en México se recolectan 86, 342, 420 kg de RSU al día, de los cuales 76,970,176 kilogramos fueron recolectados indiscriminadamente, es decir, sin ningún tipo de separación previa; mientras que tan sólo 9,372, 244 kilogramos al día fueron recolectados bajo criterios de separación. Si se realizan los cálculos correspondientes, esto corresponde a la tendencia indicada por la Semarnat de que 89 por ciento del total de los RSU recolectados en México no son separados y tan sólo el 11 por ciento se somete a un proceso de separación al menos primario.

Dado que el promedio nacional en cuanto a la separación de RSU, en al menos orgánicos e inorgánicos, es tan bajo, no es de sorprenderse que en nuestro país se recicla tan sólo el 4.8 por ciento del total del volumen de RSU generados.

Para estimar la capacidad de reciclaje es necesario detectar aquellos subproductos de los RSU que son susceptibles de ser reciclados y para ello es fundamental que los RSU sean recolectados con tal intención, pues de lo contrario dejan de ser útiles para el reciclaje. En ese sentido, es indispensable la recolección selectiva, es decir, la captación diferenciada, desde su origen, de los residuos orgánicos e inorgánicos, que permite la separación de los materiales valorizables.

Sin embargo, como ya se estableció, el esfuerzo de separación de los RSU e México es escaso y, en consecuencia, el reciclaje de los mismos también lo es.

Argumentación

Tal y como se mencionó en el planteamiento del problema, en México tan sólo 11 por ciento de la recolección de residuos sólidos se hizo de manera selectiva, dato que es insuficiente, pues reduce sustancialmente el potencial de reciclaje de los residuos.

Esto indica que la gestión integral de los RSU en México dista mucho de ser la adecuada. A pesar de la importancia para la salud pública y el medio ambiente, la separación de RSU, incluso primaria, es escasa y ni se hable del reciclaje, el cual no llega ni al 5 por ciento.

Un manejo adecuado de los residuos sólidos no sólo prevendría de impactos negativos sobre la salud y los ecosistemas, sino que además resulta en beneficios económicos.

En primer lugar, desarrollar una industria del reciclaje y recuperación permite mitigar los costos económicos y sociales que provocaría la contaminación resultante de un inadecuado manejo de la basura. Así, la contaminación generada por los RSU conllevaría a una disminución de la calidad del medio ambiente y, por ende, de la salud pública. Esto a su vez resultaría en un incremento del gasto público para el tratamiento de enfermedades ocasionadas por la mala calidad del ecosistema (aire, agua, suelos, etcétera) o en el costo de plantas de tratamiento de agua, por ejemplo.

Asimismo, dentro de los beneficios económicos de importancia para un país en desarrollo como México, el reciclaje crea un número significativo de empleos, particularmente en el sector manufacturero. [...] existen estudios que sugieren que el reciclaje tiene como resultado final un efecto neto positivo de empleo directo sobre una base a lo amplio del territorio, esto es debido principalmente a que el reciclaje impulsa la necesidad de mejorar la competitividad de la industria en el ambiente global y preserva empleos en la manufactura.

Por otro lado, el reciclaje de RSU y recuperación de materiales secundarios permite ahorrar en costos de materia prima para la industria, lo cual es de suma importancia ante la escasez y encarecimiento mundial de las materias primas nuevas. El material reciclado o recuperado de los RSU disminuye la explotación de recursos naturales, por lo que las empresas adquieren materia prima de excelente calidad, a menor costo, además de ahorrar energía que hubiese sido necesario utilizar para la extracción, aprovechamiento, transporte y manufactura de la materia prima en material secundario útil para el desarrollo de las diversas actividades económicas.

Entonces por un lado, el reciclaje y la reutilización permiten la creación de empresas y, por lo tanto, de empleos a partir de la comercialización de productos que a la base eran considerados residuos y que fueron transformados y/o recuperados. Además, el material reciclado y/o reutilizado comercializado tiene un menor costo de adquisición para los compradores, debido entre otros al ahorro de energía y de recursos naturales que representan para las empresas suministradoras.

Así, por ejemplo, para ilustrar lo anterior, si se recicla el vidrio, se ahorra un 90 por ciento de la energía a la hora de generar vidrio nuevo. Asimismo, por cada dos toneladas de plástico que se recicla, se ahorra una tonelada de petróleo, por lo que también se ahorra la enorme cantidad de energía requerida para la creación de productos nuevos, ahorrándose en consecuencia las emisiones de CO2. De igual modo, por cada tonelada de papel que se recicla se salvan 17 árboles.

A pesar de todos los beneficios ambientales, sociales y económicos que implica el reciclaje y reutilización de RSU, como se estableció anteriormente, en México se reporta un bajo porcentaje en reciclaje. Tan sólo el 4.8 por ciento de los RSU recolectados en el territorio nacional son reciclados, cifra menor a las que presentan países como Finlandia y Noruega, donde se reutiliza más de 90 por ciento de los desechos.

Efectivamente, la gran cantidad de residuos sólidos generados en México (42 100 toneladas al año, 86, 342, 420 kilogramos de RSU al día) no se reflejan de manera significativa en el reciclaje y reutilización de los mismos. El hecho que en México sólo se recicla el 4.8 por ciento de los RSU recolectados, cuando se estima que casi el 40 por ciento de los RSU es susceptible de ser aprovechado, es simplemente aberrante. Con base en tales cifras, México ocupa, por supuesto, una de las posiciones más bajas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la cantidad de RSU aprovechados en procesos de recuperación y reciclaje.

Releva casi de la necedad desaprovechar la ventana de oportunidad económica que constituye la recuperación de RSU. Las estadísticas refieren que la lata de aluminio se recupera en 95 por ciento, le sigue el vidrio con 45 por ciento; el papel y el cartón con 40 por ciento; el PET con 20 por ciento, los envases de multicapas reportan un reciclaje de 11 por ciento.

No obstante, para que el reciclaje sea una actividad económicamente redituable es crucial poner a disposición de las empresas recicladoras, un abasto constante de RSU susceptibles de recuperación, lo cual implica que los residuos sólidos estén en condiciones de aprovechamiento. Para lograr lo anterior es necesaria la separación de los RSU desde su origen.

En efecto, tal y como se asentó en el planteamiento del problema, la recolección selectiva (separada, segregada o diferenciada) de los residuos sólidos, desde su origen, en al menos una separación primaria de residuos en orgánicos e inorgánicos, es primordial para posibilitar una mejor y mayor recuperación de los materiales valorizables.

A nivel mundial, existen leyes y políticas públicas que han forzado positivamente a la sociedad a la separación primaria, en un principio, y posteriormente a la separación secundaria y especializada. Por ejemplo, en Francia, Bélgica, España, entre otros países de la Unión Europea, se han visto obligados por la Directiva Europea 2008/98/CE, a implementar en sus leyes y políticas lineamientos obligatorios de una gestión integral basada en la separación diferenciada y reciclaje obligatorio.

Empero, en México la separación de los RSU no es obligatoria, ni siquiera en su nivel básico: orgánico e inorgánico (separación primaria). Mientras que existen países, como Japón, en donde se obliga a los ciudadanos a separar desde su domicilio los residuos que generan en casa en 9 categorías diferentes.

La Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos (LGPGR) es la ley que constituye el marco legal en cuanto a la prevención y gestión de residuos en el territorio mexicano. Esta LGPGR está redactada de tal forma que la separación de los residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos no es obligatoria pero opcional.

Así por ejemplo, el artículo 18 de la LGPGR establece que: “ Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.”

Numerosos son los artículos de esta LGPGR que están redactados de forma facultativa y no obligatoria, lo cual trae como consecuencia el bajo porcentaje nacional de tan sólo 11 por ciento de RSU recolectados selectivamente (mientras que el 89 por ciento de los RSU recolectados, a nivel nacional, no fueron separados en su fuente); lo cual tiene impacto directo en nuestro promedio nacional de reciclaje de RSU, el cual es de tan sólo 4.8 por ciento.

En razón de lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza proponemos el presente proyecto de iniciativa para reformar varios artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, reformulando la redacción de la misma con el objeto de que la separación de los residuos sólidos urbanos, en orgánicos e inorgánicos, sea obligatoria y no opcional.

Sólo reformulando la ley marco en la materia se podrá obligar a las entidades federativas y municipios para que ejerzan sus facultades y realicen las funciones que tienen a su cargo, observando lo dispuesto por esta ley; en este caso, conforme a la separación primaria obligatoria de los residuos sólidos urbanos.

En otras palabras, esto significa que de aprobarse en la ley marco la obligatoriedad de la separación primaria de los residuos sólidos urbanos, los congresos estatales deberán incluir este criterio obligatorio de separación de los RSU en sus leyes locales, políticas y programas estatales de manejo integral de los residuos.

La misma implicancia tendrá lugar para los ayuntamientos respecto de sus bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones se cumplan las previsiones de la ley marco.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 18, 96, 99, 100 y 114 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único.Se reforman los artículos 18; 96, fracción I; 99, fracción II y 114; y se adiciona una fracción II al artículo 100, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 18. Los residuos sólidos urbanos deberán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 96. Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. Cada entidad federativa deberá coordinarse con sus municipios para formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán convenir entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que den servicio a dos o más entidades federativas;

II. a XIII. ...

Artículo 99. Los municipios, de conformidad con las leyes estatales, llevarán a cabo las acciones necesarias para la prevención de la generación, valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, considerando:

I. Las obligaciones a las que se sujetarán los generadores de residuos sólidos urbanos;

II. Los requisitos para la prestación de los servicios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, dentro de los cuales la obligatoriedad para los dueños y operadores de rellenos sanitarios y sitios de disposición final, estatales, municipales, concesionados o privados de cumplir con las condiciones técnicas y humanas necesarias para evitar que la totalidad de los residuos orgánicos e inorgánicos sean depositados o cubiertos sin que previamente se hayan separado, recuperado o valorizado, y

III. Los ingresos que deberán obtener por brindar el servicio de su manejo integral.

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos deberá contener las siguientes prohibiciones:

I. Verter residuos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; cavidades subterráneas; áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados por la legislación aplicable;

II. Depositar o cubrir los residuos orgánicos e inorgánicos en rellenos sanitarios y otros sitios de disposición final, sin previa separación, recuperación o valorización.

III. Incinerar residuos a cielo abierto, y

IV. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto.

Asimismo prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas.

Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo.

Artículo 114. Las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios, deberán establecer sanciones administrativas que contribuyan a inhibir que las personas físicas o morales violen las disposiciones de esta ley.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este decreto y la ley citada.

Notas:

1 Artículo 5, fracción XXIX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (Las negritas son nuestras).

2 Artículo 5, fracción XXXIII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

3 Semarnat. (2012). “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de estadísticas ambientales, indicadores clave y de desempeño ambiental. Capítulo 7: Residuos”. Disponible en: http://apps1.Semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Cap7_residuos.pdf

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 GÓNGORA PÉREZ, J.P. (2014). “El reciclaje en México”. Comercio Exterior, vol. 64, núm. 3, mayo y junio de 2014. Disponible en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/757/2/reciclaje_mexico.pdf

6 Semarnat. (2012). “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Compendio de estadísticas ambientales, indicadores clave y de desempeño ambiental. Capítulo 7: Residuos”. Disponible en: http://apps1.Semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Cap7_residuos.pdf

7 Ibídem.

8 Inegi. (2011). “Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Tabulados básicos”. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t= mamb1066&s=est&c=33987

9 Ibídem.

10 Góngora Pérez, J.P. (2014). “El reciclaje en México”. Comercio Exterior, vol. 64, núm. 3, mayo y junio de 2014. Disponible en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/757/2/reciclaje_mexico.pdf

11 Ibídem.

12 Góngora Pérez, J.P. (2014). “El reciclaje en México”. Comercio Exterior, vol. 64, núm. 3, mayo y junio de 2014. Disponible en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/757/2/reciclaje_mexico.pdf

13 Ibídem.

14 Avilez Flores, M.; Meléndez González, H.; Rivas Ramírez, E.; Rivera Franco, B. (2012). “Empresas recicladoras en México”. Disponible en: http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/11639/ emprecicladoras.pdf?sequence=1

15 Hernández, A. “Lo nuevo en reciclaje. Alcaldes de México. Expediente abierto. Reciclaje de residuos sólidos – reportaje.” Disponible en: http://www.anipac.com/images/20_04.pdf

16 Avilez Flores, M.; Meléndez González, H.; Rivas Ramírez, E.; Rivera Franco, B. (2012). “Empresas recicladoras en México”. Disponible en: http://tesis.ipn.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/11639/ emprecicladoras.pdf?sequence=1

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 El Financiero. (2014). “México requiere avanzar en cultura del reciclaje: INARE.” Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/ monterrey/mexico-necesita-avanzar-en-cultura-del-reciclaje-inare. html

20 Góngora Pérez, J.P. (2014). “El reciclaje en México”. Comercio Exterior, volumen 64, número 3, mayo y junio de 2014. Disponible en: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/757/2/reciclaje_mexico.pdf

21 Inegi. (2011). “Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Tabulados básicos”. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t= mamb1066&s=est&c=33987

22 OCDE. (2013). “Municipal waste, Generation and Treatment – Amount designated for recovery operations”. Disponible en: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MUNW#

23 Hernández, A. “Lo nuevo en reciclaje. Alcaldes de México. Expediente abierto. Reciclaje de residuos sólidos – reportaje.” Disponible en: http://www.anipac.com/images/20_04.pdf

24 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2008). Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_. 2008.312.01.0003.01.SPA

25 Artículo 5, fracción XXXVIII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

26 Lardinois, I.; Furedy, C. (1999). “Source separation of household waste materials. Analysis of case studies from Pakistan, the Philippines, India, Brazil, Argentina and the Netherlands”.

27 Disponible en: http://www.ircwash.org/resources/source-separation-household-waste-materials-an alysis-case-studies-pakistan-philippines

28 Artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. [La negrita es nuestra].

29 Con base en el artículo 26 y 95 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

30 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputados: Carmen Victoria Campa Almaral,Pedro Garza Treviño (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El diputado Alejandro González Murillo:Gracias a mis amigos. Honorable asamblea, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, la población mexicana continúa siendo predominantemente joven. Sin embargo, tanto la disminución de la mortalidad como el descenso de la fecundidad han propiciado su envejecimiento paulatino.

Eso explica que la edad mediana en 2015 sea de 27 años, cuando en 2010 era de 26 y en 2000 era de 22 años. En consecuencia, en Encuentro Social entendemos que la tendencia de la población mexicana a mediano plazo se dirige a una mayoría de personas adultas mayores a las que les aguarda una vejez larga. Si no tomamos hoy medidas responsables, con visión de Estado, el mañana que nos espera será una senectud de pobreza y enfermedad generalizada.

Para nuestro grupo parlamentario no hay previsión económica ni en materia de pensiones que aguante el envejecimiento progresivo gradual y reversible de las mexicanas y los mexicanos.

Esperar que el Estado resuelva los problemas del presente y que los del futuro se solventen por añadidura es una postura política de peligrosa pasividad que no compartimos.

Por ello, ofrecemos desde ahora soluciones prácticas y justas, que aprovechen el inconmensurable potencial emprendedor de la Juventud para enderezar el porvenir de México, sus familias y sus personas.

En la bancada de Encuentro Social apostamos por la juventud, la reconocemos como agente privilegiado de transformación de la realidad y mantenemos siempre el cuello abierto para conocer y sentir todas sus inquietudes. Así fue que construimos la propuesta que hoy, una vez más les cumplimos. El emprendimiento como cultura y opción preferencial para el desarrollo humano, económico y productivo de nuestra nación.

Nuestro razonamiento es simple, pero no simplista. Si las y los jóvenes reciben de las instituciones del Estado mexicano el acompañamiento, la orientación y respaldo necesarios, estaremos aprovechando adecuadamente su fuerza, talento y brío para crear unidades productivas en cantidad y calidad suficientes que permitan generar empleos y cimentar bases de un destino mejor para todas y todos.

Las y los jóvenes de México, así como sus familias, no pueden esperar más por propuestas que demoren en la implementación de un nuevo pacto social con un Estado ilimitado y una sociedad movilizada diversa y plural en que se garantice una longevidad digna a partir de una juventud con muchas oportunidades.

Desde Encuentro Social legislamos a la altura de sus circunstancias y continuamos siempre respondiendo a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción Infraestructura, recorriendo la numeración al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que se oriente a las y los jóvenes emprendedores para incorporarse a la cultura y desarrollo empresarial del país. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción III al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Encuentro Social, desde su creación, ha tenido como objetivo fortalecer y, en su caso, construir, un entramado normativo legal que permita ofrecer a los jóvenes de México posibilidades para incorporarse al desarrollo del país a través de más y mejores oportunidades en materia educativa, laboral, cultural y recreativa, así como impulsar a este rubro de la población que quiera emprender proyectos para su propio crecimiento y para contribuir al desarrollo empresarial del país.

Nuestra plataforma política estableció el compromiso de diseñar políticas públicas a favor de los jóvenes, que vinculen el emprendedurismo, el encadenamiento productivo y el apoyo a las iniciativas del sector juvenil. Tenemos el firme compromiso de incentivar el empleo para los jóvenes, con base en el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades que los oriente a los sectores productivos ubicados en sus respectivas regiones, pero también, fomentar líneas de acción que apoyen a aquellos que quieran emprender sus propios proyectos e idea.

En México, los jóvenes de entre 15 y 19 años conforman uno de los segmentos más importantes de la población porque representan fuerza social, económica, política y cultural.

El Censo de Población y Vivienda 2010, contabilizó 29.7 millones de jóvenes, lo que representa al 26. 4 por ciento de la población total, lo que se traduce en que uno de cada cuatro habitantes del país es un joven. Las entidades federativas con los mayores volúmenes de población de 15 a 29 años de edad del país son el estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz con un monto que va de casi 2 a poco más de 4 millones de habitantes.

También es de considerar que, en 2010, se observa que en 24 entidades federativas la proporción de mujeres es superior a la de hombres. Entre estas entidades sobresalen Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Chiapas.

Estas cifras nos llevan a ratificar, como lo señalan los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, que la estructura poblacional del país ha cambiado de una predominancia de niños hacia una población joven y en edad laboral.

Por lo que se refiere a la población económicamente activa, en el grupo de 15 a 29 años, se manifiestan niveles homogéneos a nivel nacional, sin embargo, su comportamiento por entidad muestra cifras que deben considerarse. Se observa, según el Inegi, que 15 entidades rebasan al promedio nacional, es decir, que hay más jóvenes laboralmente activos, de las cuales Quintana Roo, Baja California Sur y Jalisco destacan con los valores más altos, por arriba de 57.0 por ciento, le siguen en importancia Colima y Nuevo León, con 55.7 y 55.2, respectivamente. Por debajo del promedio se sitúan 17 estados en cuyo extremo inferior se localizan Oaxaca y Tabasco, entidades donde menos de 45.0 por ciento de los jóvenes están involucrados en una actividad económica.

Si bien, más del 75.0 por ciento de los estudiantes están concentrados en el grupo de 15 a 19 años, situación que se entiende por ser considerados en edad escolar. Pero, de los jóvenes ocupados, el 78.0 por ciento se encuentra en calidad de asalariados, cerca de 14.0 por ciento desarrolla una actividad económica por su propia cuenta y alrededor de 4.0 por ciento lo hace sin recibir retribución alguna por su trabajo.

En el contexto de la presente iniciativa con proyecto de decreto, es altamente oportuno considerar que en el grupo quinquenal de 25 a 29 años se localizan los mayores porcentajes de asalariados (41.1 por ciento), cuenta propia (47.3) y empleadores (61.8 por ciento), y es aquí donde se encuentra la principal cifra de no remunerados que es de 45.6 por ciento.

De ahí la importancia de impulsar la creatividad y la capacidad de emprender de los jóvenes, incorporándola como una estrategia de acción dirigida a convertirse en una política pública capaz de impulsar a este sector hacia una cultura de desarrollo empresarial del país, otorgándoles condiciones y un marco jurídico que los soporte y los promueva.

El Instituto Mexicano de la Juventud, Imjuve, es la dependencia del gobierno federal encargada de hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social, además, es la institución de crear espacios de creación, participación, innovación y expresión a través de las diversas convocatorias donde de manera libre, se discutan y expresen sus ideas.

Sin embargo, en su cuerpo normativo, el Imjuve no incorpora la necesidad específica de orientar a los jóvenes emprendedores para incorporarse a la cultura y desarrollo empresarial del país, de ahí la urgencia de establecerlo como una norma.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción III al artículo 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Único. Se adiciona una fracción III y se recorre las demás del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 3o.

I. ...

II. ...

III. Orientar a los jóvenes emprendedores para incorporarse a la cultura y desarrollo empresarias del país.

IV. a VIII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputados: Alejandro González Murillo,Adolfo Mota Hernández, Antonio Tarek Abdala Saad, Carlos Federico Quinto Guillén, Delia Guerrero Coronado, Erick Alejandro Lagos Hernández, Fabiola Guerrero Aguilar, Gianni Raul Ramírez Ocampo. Heidi Salazar Espinosa, Noemí Guzmán Lagunes, Sofía del Sagrario de León Maza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo de las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentada el 26 de febrero del 2015.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de la Minuta, presentando a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

Al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación.

II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA MINUTA” se resume el objetivo de la minuta que nos ocupa.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente predictamen.

ANTECEDENTES

I. Con fecha del 26 de febrero de 2015, las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera, María Cristina Díaz Salazar, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela María Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su análisis y dictamen.

III. Con fecha 9 de abril de 2015, fue aprobado el dictamen las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa en comento.

IV. Con fecha 28 de abril de 2015, se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Primera, en el Pleno de la Cámara de Senadores.

V.El 27 de octubre de 2015, se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

VI.El 4 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

VII.La Comisión de Transparencia y Anticorrupción con fundamento en el artículo 95, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó prórroga para resolver la minuta con el Of. CTA/110/2016, misma que fue atendida por la Mesa Directiva con Of. DGPL 63-II-2-369.

CONTENIDO DE LA MINUTA

Para una mejor apreciación sobre la Iniciativa de las Senadoras, mencionada en el apartado de antecedentes, se procedió a la elaboración de un cuadro comparativo que permita relacionarla tanto con el texto vigente como con la propuesta turnada a ésta Comisión, previa aprobación por el Senado de la República y así poder seguir con el proceso legislativo tal como se establece en la Constitución.

Único. Se reforma la fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

El objeto principal del contenido de la Minuta resulta de analizar las prácticas discriminatorias que aún existen en nuestro país dentro del ámbito laboral, en el caso particular, de la Administración Pública, lo cual se constata por diversos estudios realizados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que dan cuenta de la discriminación que viven aquellas personas en razón de su orientación sexual e identidad de género.

La esencia argumentativa del dictamen y la propuesta original que se analizan descansa sobre la necesidad de reforzar lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a dos aspectos fundamentales:

“La prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Para garantizar lo anterior, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos no sólo en la Constitución sino en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

CONSIDERACIONES

PRIMERA.-La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente minuta de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Comisión Dictaminadora es competente para conocer de este asunto de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.-Las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reconocen la importancia de contrarrestar toda práctica discriminatoria en contra de las personas, toda vez que está prohibida cualquier forma de discriminación en nuestro máximo ordenamiento jurídico que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte y que se mencionan tanto en la iniciativa de las proponentes como en el dictamen emitido y aprobado por el Senado de la República.

En este sentido, existe todo un marco jurídico y organismos especializados en la lucha contra la discriminación y el respeto a los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, importantes de mencionar; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia; la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer; el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, etc.

No obstante, las prácticas discriminatorias siguen presentándose en nuestro país en diversas formas, resaltando el ámbito público.

Al respecto, respaldamos que, la Minuta que se dictamina tiene el propósito fundamental de hacer congruente y armónica la normatividad con respecto a los derechos humanos y garantizar la no discriminación en el ámbito público en materia laboral a través de la relación entre los propios Servidores Públicos.

CUARTA. En concordancia con la regulación específica que existe en materia de Discriminación y Protección de los Derechos Humanos, mencionada con anterioridad, resulta necesario adecuar y precisar diversos ordenamientos de nuestra legislación, que den certeza a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales del que el Estado Mexicano forma parte, al respecto la propuesta en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que se presenta en este dictamen contribuye a contrarrestar los problemas identificados por las diversas Instituciones, mencionadas por las promoventes y respaldadas por el Pleno de la Cámara de Senadores.

QUINTA.De igual manera, está Comisión considerala importancia de armonizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos conforme a los diferentes cambios que ha sufrido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acorde al concepto “ Derechos Humanos” por lo que coincide con los términos de modificación propuestos y aprobados en el artículo 7:

“Artículo 7. ...

I. y II. ...

III. Las violaciones a los derechos humanos;

IV. a VIII. ...

...

....”

Con respecto al artículo 47 de la Ley en comento, esta Comisión considera que la igualdad, tal como lo establece la Declaración sobre los Derechos Humanos, implica que todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección y el Estado mexicano debe esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan el respeto a los derechos y libertades, y aseguren además su reconocimiento y aplicación universal.

En este sentido, con esta propuesta se contribuye a un fortalecimiento en el trato igualitario entre hombres y mujeres en concordancia con su definición en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: “La situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.”

Con respecto a la fracción décima del artículo 47 de la Ley en comento, esta Comisión da cuenta que el otorgamiento de licencias de maternidad forma parte de un derecho laboral, mismo que se encuentra regulado a nivel constitucional en la fracción quinta del artículo 123 que a la letra dice:

“Artículo 123...

...

A...

I-IV...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. ...

...”.

SEXTA.Por último, esta Comisión coincide con el dictamen y el argumento de la Cámara de Origen de por qué el Código de Conducta no es posible incluirlo en esta normatividad, al no ser propio de los servidores públicos sino una facultad más amplia de las propias dependencias de la Administración Pública.

Por todo lo anterior, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, los integrantes de la Comisión abajo firmantes, reconocen los argumentos vertidos en el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera y acuerda con base en las consideraciones expresadas aprobar en sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos enviada por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 7o; las fracciones V, VI y X del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 7o.- ...

I.- y II.- ...

III.- Las violaciones a los derechos humanos;

IV.- a VIII.- ...

...

...

Artículo 47.- ...

I.- a IV.- ...

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos un trato digno, de respeto y no discriminación y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

VII.- a IX.-...

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones o en su caso no otorgar licencias de maternidad o paternidad de conformidad con las disposiciones aplicables;

XI.- a XXIV.- ...

....

Transitorio

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Véase http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-02-26-1/assets/documentos/In i_PRI_Ley_Responsabilidades.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2016.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco, Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella, Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene la palabra, el diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Buenas tardes. Quiero antes de empezar, aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento y todo nuestro respeto a los pueblos originarios de nuestro país. Pero quiero en particular, un reconocimiento para nuestras diputadas Blandina Ramos y Modesta Fuentes, que son auténticas representantes de los pueblos originarios.

Y bueno, la presente minuta que se presenta de parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reforma la fracción III, del artículo 7, las fracciones V, VI y X del 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El objeto es contrarrestar las prácticas discriminatorias que aún persisten en nuestro país, dentro del ámbito laboral, en razón de la orientación sexual e identidad de género, y en el caso particular de la administración pública.

Sabemos que existe un amplio marco jurídico y organismos especializados en la lucha contra la discriminación y el respeto de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, por mencionar principalmente nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

La administración pública sigue siendo masculinizada y en cuanto a violencia laboral el 20 por ciento de las mujeres en ocupación, lo que representa que 3.8 millones declararon haber sufrido algún tipo de incidente.

Es importante mencionar que el grupo de edad de 35 a 44 años registra la mayor proporción de este tipo de agresión. La violencia en el ámbito laboral se da en dos sentidos. La discriminación y el acoso, siendo la discriminación la más alta.

El pleno de esta comisión respaldó el 10 de febrero del año en curso que la minuta cumpla el propósito fundamental de hacer congruente y armónica la normatividad con respecto a los derechos humanos y garantizar la no discriminación en el ámbito público en materia laboral a través de la relación que se da entre los propios servidores públicos.

Por ello a través de dichas adecuaciones y precisiones en la legislación se da certeza de lo dispuesto en la Constitución Política y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

La propuesta que se presenta hoy, compañeros, expresada en la Ley Federal de Responsabilidades, contribuye a contrarrestar los problemas identificados por las diversas instituciones como el INEGI, Conapred e Inmujeres.

Otro concepto igual de importante mencionar, es la lucha por incluir el concepto de igualdad entre hombres y mujeres que data desde la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945. Con esta propuesta se contribuye a un fortalecimiento en el trato igualitario entre hombres y mujeres, en concordancia con su definición en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres.

En este orden de ideas, el otorgamiento de licencias de maternidad forma parte de un derecho laboral, mismo que se encuentra regulado en el artículo 123 de nuestra Constitución.

Por todo lo anterior y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a su consideración esta minuta. Esta minuta es muy importante porque va a apoyar a que los funcionarios no discriminen a las mujeres que piden licencias de maternidad, y también para garantizar que los funcionarios cumplan con el concepto de igualdad.

Es muy importante que como funcionarios nos comportemos ética y moralmente de acuerdo a lo que marcan nuestras normas y nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Castro.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Ya tenemos una lista de compañeras y compañeros diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Antes saludamos la presencia de alumnos y profesores del Instituto Jorge Washington, invitados por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos a San Lázaro, amigas y amigos.

Tiene entonces la palabra el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Estimadas diputadas, estimados diputados, en el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Servidores Públicos que hoy nos ocupa, hay un tema toral, absolutamente indispensable en todas nuestras legislaciones y en toda la manera de actuar de los servidores públicos entre los que se incluye, desde luego, esta soberanía. Este tema toral es el respeto a los derechos humanos.

A nombre de los diputados del Partido Encuentro Social, manifestamos que votaremos a favor de este dictamen por considerarlo de verdadera relevancia.

Afortunadamente en esta soberanía se empiezan a aprobar temas que posiblemente no sean torales en una agenda nacional, pero que sí son muy importantes para empezar a promover una cultura de la igualdad y de la no discriminación real en nuestro país.

No solamente porque la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano en su primer artículo destacan la libertad y la igualdad de estos derechos fundamentales.

No solamente porque la Constitución Política Mexicana en su artículo 1o consagra esta igualdad de este tratado internacional, sino sobre todo, y sobre todo hago énfasis, es porque era justo que todos los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país que pertenezcan a la administración pública federal, y se tendrá que pasar también a las locales y a las municipales, tengan como garantía el respeto a sus derechos laborales y a sus derechos humanos.

En México, cinco de cada 10 profesionistas han sido víctimas de discriminación laboral, siete de cada 10 han sido testigos de esa discriminación. Esto de acuerdo al estudio de la OCC mundial. En este mismo estudio, esta discriminación se da en el 28 por ciento por la edad, en el 27 por ciento por la apariencia física y en el 14 por ciento por la condición socioeconómica.

Están claros los datos, esta reforma servirá para que se pueda atacar este tipo de problemáticas.

Por último, desde el Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifestamos que debemos de continuar para que esta y otros tipos de discriminaciones también sean reguladas y sean reformadas en la Ley de la Administración Pública Federal.

¿A qué me refiero? Rasgos étnicos, nacionalidad, religión, condiciones de salud, discapacidad, motivos políticos, porque hay discriminación en el gobierno por motivos políticos cuando también se usan los propios instrumentos de auditoría para perseguir políticamente a funcionarios públicos.

Hemos dado el primer paso, votaremos a favor, pero estamos también a favor de que sigamos en este orden de ideas y en estas capacidades de seguir reformando para que todo tipo de discriminaciones sean erradicadas no solamente a través de la ley, sino en la verdadera práctica en la vida pública de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Flores. Tiene ahora la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, promover la igualdad, la libertad y la dignidad de los individuos es un principio fundamental para Nueva Alianza. Desde nuestra conformación asumimos el compromiso de propiciar acciones afirmativas, tendientes a salvaguardar los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos, principalmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Los derechos humanos son inherentes a toda persona por su sola condición de serlo sin distinción de género, edad, raza, nacionalidad o clase social. El respeto y la no discriminación constituyen los principales derechos que tenemos tanto hombres como mujeres.

En este contexto, en Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen por el que se reforman diversas fracciones de los artículos 7o. y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto con el propósito de unificar los criterios de derechos humanos y no discriminación contemplados en la Constitución con dicha ley.

La Constitución en su artículo 1o. consagra a las autoridades de los tres órganos de gobierno la obligación que tienen y el mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; asimismo, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil o cualquiera otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos que la discriminación tiene efectos sociales y personales muy hondos sobre cada individuo y que esto propicia segregación social. Por ello la imperante necesidad de contrarrestar toda práctica discriminatoria comenzando desde el ámbito público.

Lo que se busca es eliminar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones en las instituciones públicas y gubernamentales del país, y el primer paso es armonizar en la normatividad de los servidores públicos los criterios que permitan garantizar los derechos humanos y la no discriminación en materia laboral a través de la relación entre los propios servidores públicos, pues desafortunadamente, aunque se presenten hechos nos dan cuenta de la discriminación que viven algunas personas.

En Nueva Alianza rechazamos categóricamente cualquier tipo de discriminación y refrendamos nuestra firme vocación de impulsar y apoyar reformas que eviten la promoción de prácticas y estereotipos que generen desigualdad y discriminación. Estamos convencidos que para alcanzar un México justo e igualitario, baluarte de los derechos universales, debemos comenzar primero por respetarnos como individuos y como sociedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Buenas tardes. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores, este dictamen que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción es uno de los muy importantes para garantizar la no discriminación y el respeto total a los derechos humanos.

La reforma a los artículos 7 y 47 sustituyen como causal de requisito de procedencia del juicio político, el concepto de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, para ser sustituido por un concepto mucho más amplio y acorde a la reforma constitucional del 2011.

Con la aprobación de esta minuta, la causal de la fracción III también es de violaciones de los derechos humanos significativa, porque dentro de estos derechos también está el derecho a la información, que está vinculada con la transparencia y la rendición de cuentas de todo servidor público.

En relación con el artículo 47, debemos mencionar que estamos de acuerdo con las nuevas obligaciones que se establecen para los servidores públicos. Esta disposición aplicará solo a quienes desempeñan empleo, cargo o comisión en la hoy Ciudad de México, ya que para los servidores públicos federales aplica la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Pero, por otro lado, hay que tener presente que la transformación jurídica de Distrito Federal a Ciudad de México implicará que el órgano legislativo emitirá de la entidad federativa denominada Ciudad de México, emitirá con base en la Ley General que en el marco del sistema nacional anticorrupción deberemos expedir y que tenemos pendientes.

Compañeras y compañeros diputados, en el ámbito del sistema nacional anticorrupción, que es una agenda pendiente de la legislatura en la que estamos presentes, tendremos que expedir una nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo objetivo central será el combate a la corrupción y a la impunidad en todos los niveles. Pero también deberemos garantizar el respeto y no discriminación en materia de derechos humanos.

Las y los diputados ciudadanos refrendamos nuestro compromiso de legislar en favor de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la no discriminación, las mexicanas y los mexicanos nos lo demandan. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Saludamos la presencia de estudiantes de licenciatura en derecho de la Universidad TecMilenio, invitados por el diputado Francisco Martínez Neri. Bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

Tiene ahora la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados de esta honorable asamblea, la minuta a discusión pretende armonizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de derechos humanos, garantizar la no discriminación, y puntualizar las facultades de los servidores públicos en el ámbito laboral de la administración pública, previstos no sólo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el año 2014 el 64 por ciento de los puestos directivos fueron ocupados por mujeres.

La reforma constitucional en materia político electoral de 2014 y la Promulgación de las Leyes Secundarias logró incorporar la obligatoriedad de la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas para senadurías y diputaciones federales.

Respecto a la legislación en materia de igualdad y no discriminación, actualmente 31 entidades federativas cuentan con una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Son varios avances los que se han alcanzado, con la finalidad de que exista una efectiva igualdad entre hombres y mujeres, con la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de oportunidades, pero esto es sin duda un camino aún inacabado.

La observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales precisa que existe discriminación sistémica cuando esta es omnipresente, fuertemente arraigada en el comportamiento y organización de la sociedad.

Este tipo de discriminación genera desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros. Es decir, produce relaciones asimétricas de poder, mismas que para la minuta que nos ocupa se traduce en el ejercicio exacerbado del poder por parte de los superiores jerárquicos.

El Grupo Parlamentario de Morena apoyará y votará a favor de la presente minuta, toda vez que busca apoyar e implementar acciones contundentes que generen acciones eficientes para promover, proteger y garantizar los derechos humanos y contrarrestar toda práctica discriminatoria en contra de las personas.

El gran avance en las leyes referentes al tema en discusión no son suficientes, estas deben ser ejercidas desde quienes ocupamos los espacios de la administración pública. En este sentido, todos los servidores públicos tenemos la obligación de conducirnos con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación hacia las personas con las que tenemos relación con motivos laborales.

Somos los servidores públicos quienes a través de nuestras acciones nos comprometen a ser los principales promotores para contrarrestar la práctica discriminatoria en contra de las personas y prevenir cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Gracias, con su venia, presidente. Buenas tardes diputadas y diputados, la minuta que está a discusión es de mayor relevancia, ya que se refiere a los derechos humanos de las personas que están desempeñando un cargo en la función pública, además de que armoniza conceptos con nuestra Carta Magna.

En este sentido se está armonizando el concepto de derechos humanos reconocido en la Constitución, eliminando de la ley en comento el término garantías individuales, mismo que se remonta a la reforma de derechos humanos de 2011 en la Constitución.

También se eliminan términos ambiguos como buen trato o debidas reglas de trato. Se incluyen conceptos objetivos como dignidad, respeto, igualdad y no discriminación.

Estos conceptos los deberán observar los superiores jerárquicos al momento de dirigirse a sus subordinados, por lo que estas disposiciones generarán un ambiente de buena conducta.

Se incluye la obligación de otorgar licencias de maternidad y de paternidad para armonizarlo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, ya que de no hacerlo se estarían vulnerando los derechos humanos de las personas en el servicio público.

En este sentido, en el Partido Verde estamos a favor de generar las mejores condiciones laborales, de implementar políticas públicas para construir puentes de comunicación donde se privilegien los derechos humanos, se respete la dignidad, la igualdad y la no discriminación.

Estamos a favor de llevar a su mayor aplicación lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra Constitución, de los Tratados Internacionales que prohíben toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por ello votaremos a favor de esta minuta, reconociendo el gran esfuerzo que se ha hecho en esta materia en el Senado de la República. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuenca. Tiene ahora la palabra el diputado, Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, por tres minutos.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Con el permiso de la Mesa. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, la igualdad es uno de los valores fundamentales de la democracia. Pero igualdad para qué, si en teoría todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos.

La respuesta es precisamente porque los seres humanos no somos iguales y por ello la diferencia y la desigualdad son detonante para pensar sobre la no discriminación como un principio y, al mismo tiempo, un parámetro de actuación para asegurar el goce y el ejercicio de las personas en igualdad formal y también sustantiva.

Por ello, la igualdad y no discriminación constituyen principios centrales en nuestra Carta Magna, para el ejercicio de los derechos humanos por ella reconocidos, los cuales conforme al párrafo III del artículo 1o. todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, el objetivo principal del contenido de la minuta es prevenir las prácticas discriminatorias que aún existen en nuestro país, sobre todo también en el ámbito laboral. En el caso particular, y nos referimos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la administración pública, específicamente en lo que respecta a la conducta que deben observar los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, tanto con sus inferiores jerárquicos como con quienes tengan relación con motivo de este.

Un aspecto fundamental también de la minuta es el que atiende a una categoría de discriminación que continua prevaleciendo en nuestro país, que es la de género. En este sentido, a minuta hace una contribución importante respecto a las licencias de maternidad o paternidad.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, por ser un avance más en la armonización de respeto a los derechos humanos y a los principios de no discriminación, el Grupo Parlamentario del PRD votará en pro desde luego, teniendo también en claridad que en el ámbito de todas las piezas legislativas del sistema nacional anticorrupción, seguramente estamos obligados y estamos obligados, desde luego, a preservar el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora la palabra, la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera:Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, los poquitos que estamos. Qué bueno que están aquí. Felicidades. Buenas tardes, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Me sumo a sus felicitaciones.

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Sí, mire nada más lo que se ve de aquí, hay más público.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sígale, sígale.

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Felicidades al público. Señoras y señores diputados, la población femenina ha incrementado su participación en la vida económica del país y en todos los ámbitos hay muestras de ello, sin embargo en la administración pública sigue habiendo un predominio masculino. Esta situación tiene, entre sus consecuencias, la prevalencia de la violencia laboral dentro de las dependencias gubernamentales, en especial contra las mujeres.

Ésta es solo una de las tantas manifestaciones de discriminación contra las mujeres, es un ejemplo más del lastre que seguimos arrastrando y que como sociedad debemos combatir.

Como legisladores, debemos unir esfuerzos para contrarrestar toda práctica discriminatoria en contra de las personas, para así hacer cumplir nuestra Constitución. En el caso particular de los servidores públicos, estos deben de actuar con responsabilidad para no perpetuar conductas discriminatorias basadas en el género o de ningún otro tipo. Para lograrlo es indispensable que haya procedimientos administrativos al interior de las dependencias de gobierno, a efecto de inhibir, prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género en cualquiera de sus modalidades.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN se pronuncia a favor de este dictamen, que tiene como propósito garantizar la no discriminación laboral en el ámbito público. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la herramienta adecuada, para ser explícito, que la discriminación en el ámbito laboral contra cualquier persona tiene consecuencias jurídicas. Hay que reconocer que ha habido grandes avances en el reconocimiento de los derechos de la mujer, pero aun así se vislumbran grandes rezagos.

El formular un código de conducta de las dependencias gubernamentales nos pone un paso adelante en el camino hacia un país libre de discriminación.

Señoras y señores diputados; amigas, señoritas diputadas también. Para el Grupo Parlamentario del PAN el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la discriminación son esenciales en el desarrollo humano sustentable. Por ello hoy nos pronunciamos a favor del dictamen, porque creemos que todo trabajo digno, incluyendo el de los servidores públicos, debe tener la garantía de la no discriminación.

Solo así podremos seguir construyendo un país en el que las mujeres y los hombres puedan tener las mismas posibilidades de disfrutar una vida digna. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alemán. Sí hay una buena cantidad de diputadas y diputados en el salón y una buena cantidad estoy seguro que están viendo la sesión, las intervenciones por los monitores de sus oficinas. Tiene ahora por último la palabra la diputada Susana Osorno Belmont, del Grupo Parlamentario del PRI hasta por tres minutos.

La diputada Susana Osorno Belmont:Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Con su venia, señor presidente. La transparencia y el combate a la corrupción pueden ser materias capaces de articularnos a todos y a todas.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha establecido como prioridad legislativa la construcción de las normas secundarias en materia de transparencia y el combate a la corrupción.

Lo anterior no solo tiene que ver con un compromiso político ni a un compromiso con nuestro régimen democrático. Tiene que ver con un compromiso que tenemos como partido, ser el partido de la transparencia.

Compañeras y compañeros, la Constitución Política ha sido objeto de modificaciones sustantivas durante los últimos años. Tenemos que decir que existen nuevos paradigmas en materias de derechos humanos, apertura gubernamental y parlamentaria, así como el combate a la corrupción.

Hoy las leyes secundarias no pueden ser más que el reflejo de esta intención garantista del órgano revisor de la Constitución. Este dictamen es justo eso, la transparencia y el combate a la corrupción son dos pilares fundamentales para el entendimiento y funcionamiento de nuestra democracia constitucional. A partir de estos el Congreso de la Unión ha aprobado diversas modificaciones legislativas para perseguir un objetivo trascendental: la construcción de nuevos estándares de integridad pública.

Lo anterior significa que las legisladoras y los legisladores debemos concebir nuevas formas de interacción entre el Estado y la ciudadanía. Es así como la integridad pública ha llegado para generar una nueva cultura administrativa en donde la apertura, los procesos abiertos y la rendición de cuentas dirijan al Estado mexicano.

Dicho lo anterior, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a nuestra consideración un dictamen que fue aprobado de la minuta del Senado el pasado 27 de octubre de 2015.

Diputadas y diputados, hoy el funcionamiento de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, queda claro en su consenso. Apoyar modificaciones legislativas que tienen por objeto la construcción de una nueva cultura administrativa. Un voto en favor del dictamen implica apoyar un sistema jurídico más justo en donde la igualdad de género se traduzca más y en mejores oportunidades para las mujeres y los hombres por igual.

La aprobación del dictamen deberá ser brújula sobre qué funcionarias y funcionarios queremos; más derechos humanos, más igualdad, y la prohibición de la discriminación como guías en el Estado mexicano, como criterios éticos para todas y todos los que tenemos el honor y la oportunidad de servir a la ciudadanía y a nuestro país. Votar a favor de la transparencia, es votar a favor de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Osorno. Tiene ahora la palabra para hablar en pro, y única oradora en esta parte ya, la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, presidente. Ya hay prisa pero la presente reforma se había tardado varios años en llegar. No dudaría que durante las legislaturas pasadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se habían presentado propuestas de reforma, incluso de un mayor calaje, donde se superaban los términos hombres y mujeres y se pasaba al de personas.

Pero también que se promoviera el respeto a los servidores públicos por sus preferencias sexuales, son un tema que la izquierda planteó y que apenas hoy cobran vida, pero el trabajo apenas comienza.

La verdadera labor será en los Congresos locales, donde tiene que llegarse a los mismos términos siempre en apego a los derechos humanos de las personas. Tenemos definido el siguiente paso, no podemos tener administraciones públicas que no contemplen estos preceptos, los servidores públicos merecen dignidad y respeto en todo momento, pero el reto aún es más importante: es hacer valer la reforma que hoy cobra vida.

Los servidores públicos deben tener no sólo la certeza jurídica de poder denunciar a sus superiores, sino también la seguridad de que no van a perder su trabajo por el hecho de haberlo hecho, es un labor donde la Secretaría de la Función Pública tiene que capacitar a todos sus órganos internos de control, a sus titulares y a los responsables de quejas para que sean capaces y sensibles de tomar la denuncia con apego a la norma, sin prejuicios de ningún tipo.

Las reformas también beneficiarían a quienes soliciten licencia por maternidad o paternidad. La reforma busca eliminar la posibilidad o discrecionalidad de los superiores jerárquicos de negar la licencia, pues por increíble que parezca, los trabajadores no podían gozar de este derecho según el criterio utilizado por el superior o si se otorgaba era en periodos de tiempo mucho más cortos.

Las reformas a los artículos 7 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no dejan de ser de suma importancia su verdadero éxito, radicará en la aplicación de las normas sin prejuicios protegiendo en todo momento los derechos humanos de los servidores públicos.

Morena votará a favor del siguiente dictamen, a fin de impulsar reformas en las legislaturas estatales bajo los mismos criterios, porque no podemos tener servidores públicos que gocen de más o menos derechos humanos según sea el estado en el que laboren.

En imperativo superior de los obstáculos ideológicos que hoy esta reforma ha logrado derribar, tenemos que brindar las mismas garantías a todos los ciudadanos; México se sigue construyendo en el siglo XXI. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pantoja. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de alumnos y profesores de la preparatoria del Instituto Progreso y Esperanza de la delegación Iztapalapa de aquí de la Ciudad de México, invitados por el diputado Benjamín Medrano Quezada.

E igualmente saludamos la presencia de alumnos y docentes de la Universidad Latina de Celaya, Guanajuato, invitados por la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval. Bienvenidas, bienvenidos, todos ustedes a este recinto parlamentario. No les aplauden porque están muy concentrados votando. Ya votaron.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada, algún diputado de emitir su voto? El sistema continúa abierto. ¿Nadie? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 384 votos en pro, cero en contra y una abstención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 384 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 5 DE FEBRERO DE 1917

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa para emitir una Moneda Conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El 15 de septiembre de 2015, los diputados Alberto Martínez Urincho, María Cristina Teresa García Bravo y Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa para emitir una Moneda Conmemorativa en ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857.

2. En sesión ordinaria de la misma fecha, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen mediante oficio DGPL 63-II-7-24.

3. Los integrantes de esta comisión legislativa realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre ella e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa expone que las Constituciones latinoamericanas son estructuras jurídico-políticas con una tradición de casi dos siglos que han devenido primero, en asentar la organización de poderes y segundo, en la consagración de derechos humanos que se modificaron sustancialmente a comienzos del siglo XX.

La iniciativa argumenta que la Constitución de Querétaro de 1917 es una de las más longevas del mundo, pues la mayoría de las constituciones vigentes son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y buen número de ellas fueron expedidas después de la caída del Muro de Berlín en 1989; asimismo, los países de Latinoamérica, salvo Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, han promulgado un nuevo texto constitucional después de 1978.

En México, continúa la iniciativa, el llamado Poder Constituyente Permanente ha estado muy activo: al día de hoy, el texto de la Constitución de 1917 se ha modificado 642 veces (629 veces a los artículos, 9 a los transitorios y 4 a los artículos transitorios de reformas constitucionales); casi dos tercios de esas reformas son posteriores a 1982 y sólo en el sexenio de 2006 a 2012 se publicó casi una quinta parte de todas las reformas. La actual administración que tomó posesión a partir del 1 de diciembre de 2012, también ha concretado 90 artículos reformados al 1 de julio del 2015; el segundo periodo presidencial con más reformas, sólo después de su antecesor que tuvo 110.

Agrega la iniciativa la importancia de resaltar que por la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917 se emita una moneda que permita a los mexicanos unirse a un acontecimiento cívico de gran envergadura.

Por lo que la propuesta de la iniciativa es emitir de una moneda conmemorativa por el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de curso corriente, cuyo valor nominal sea de 100 pesos, constituida por dos aleaciones. Asimismo, se propone que el motivo de la moneda se determine mediante una convocatoria pública que emita el Banco de México para recibir propuestas de diseñadores, artistas, universidades, instituciones públicas o privadas y público en general.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora considera que la acuñación de la moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se propone, es un medio adecuado para rememorar la lucha y el trabajo que durante un siglo han aportado hombres y mujeres a fin de consolidar la soberanía que reside esencial y originariamente en el pueblo de México, así como para estructurar y organizar las instituciones públicas que reflejan el actuar de autoridades y ciudadanos, modulando nuestra convivencia social.

Para la Comisión de Hacienda y Crédito Público que suscribe, es importante recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enarbola los principios y valores que han dado sustento a nuestra Nación, han permitido garantizar las libertades fundamentales y han puesto al alcance de los ciudadanos el poder para exigir una protección eficaz de sus derechos.

SEGUNDA. La Comisión que dictamina considera necesario recapitular las circunstancias que dieron origen a nuestra Constitución Política, toda vez que la Revolución Mexicana fue resultado de un proceso que destruyó un sistema injusto y obsoleto, generando un conjunto de oportunidades hasta entonces negadas a un pueblo que ansiaba ingresar a una era moderna.

La situación social, económica y política de fines del siglo XIX y de la primera década del XX originó la Revolución Mexicana. Los campesinos no eran dueños de las tierras que trabajaban y sufrían una vida llena de injusticias, pues los propietarios en lugar de explotar las tierras, explotaban al hombre. Los obreros carecían de derechos y pesaban sobre ellos intolerables condiciones de trabajo. La desigualdad entre las clases sociales eran cada vez más profundas y la Constitución de 1857 había cedido su vigencia a la dictadura de Porfirio Díaz.

Tiempo después de la renuncia de Porfirio Díaz al poder y a escasos días de que Francisco Ignacio Madero asumiera la presidencia, el 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata desconoció a éste como Presidente de la República mediante el Plan de Ayala, lo que se convertiría en uno de los documentos precedentes del Constituyente de 1917 y uno de sus logros más acabados, dando lugar a la reforma agraria.

Traicionado por Victoriano Huerta, Madero murió asesinado y, en medio de la tragedia, el usurpador renovó la dictadura, con lo que iniciaba una nueva etapa de la Revolución.

El 19 de febrero de 1913, la legislatura de Coahuila y el gobernador de ese estado, José Venustiano Carranza Garza, desconocieron el gobierno del general Huerta. El 26 de marzo de 1913, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, por medio del cual desconoció a Huerta como Presidente de la República, a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, a los gobiernos de los estados que hubieran respaldado al gobierno usurpador y designaba a Venustiano Carranza como “ Primer Jefe del Ejército Constitucionalista”, quien al ocupar la Ciudad de México, se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo, convocaría a elecciones generales y entregaría el Poder “ al ciudadano que hubiere sido electo”.

La idea original de la Revolución Constitucionalista de que, triunfada su causa y lograda la paz, se reinstaurara la Constitución de 1857, fue perdiendo vigencia. Se había combatido, no sólo por el cambio de gobernantes o la ambición inmediata de las rebeliones, sino por el cambio de las instituciones y por el logro de una vida distinta, sobre todo para las clases sociales bajas.

En su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Carranza expidió leyes que incluirían varios de los anhelos revolucionarios, como fueron: la Ley del Municipio Libre; la del Divorcio; la Ley Agraria; la de Reformas al Código Civil, y la de la Abolición de las Tiendas de Raya.

Al cabo de un tiempo, la Constitución de 1857 no se ajustaba a las nuevas reformas, pues la práctica había superado algunos principios básicos. Así, fue surgiendo la idea de convocar a un Congreso Constituyente que reformara la Constitución y la actualizara al devenir de la nueva sociedad que la Revolución estaba generando.

El 14 de septiembre de 1914, Venustiano Carranza anunció la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para proponer reformas relativas a la organización y funcionamiento de los poderes públicos, las cuales no podían alcanzarse mediante los preceptos contenidos en la Constitución de 1857, entonces vigente, y ya que de acuerdo con la misma, la soberanía del pueblo era ilimitada, era necesario convocar a un Congreso Constituyente.

El proyecto de reforma consideraba que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista convocaría a elecciones para un Congreso Constituyente, fijando en la convocatoria la fecha y los términos en que habría de celebrarse y el lugar en que el Congreso habría de reunirse. Instalado el Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, presentaría el proyecto de Constitución reformada para su discusión, modificación y aprobación.

Para desempeñar su cometido, el Congreso Constituyente tendría un periodo único con duración máxima de dos meses, y concluido el plazo expediría la Constitución y se disolvería, para que el encargado del Poder Ejecutivo convocara de conformidad con la misma, a elecciones de poderes generales en toda la República. Verificadas las elecciones e instalado el Congreso General, Carranza entregaría el Poder Ejecutivo a la persona electa Presidente de la República.

La Convocatoria dada el 19 de septiembre de 1916 estableció que el Congreso Constituyente se reuniría en la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre de dicho año. En el discurso que Carranza dirigió al Congreso durante la sesión inaugural, expuso las deficiencias de la Constitución de 1857, sobre todo por su reiterada violación o inaplicabilidad; pero también propuso un documento en el que se exaltan las garantías individuales, la cuestión electoral, el municipio y los poderes federales perfectamente delineados por el imperio de la ley.

El 31 de enero de 1917 los Constituyentes y Venustiano Carranza protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se publicó el 5 de febrero del mismo año, dando origen a una nación completamente distinta, no sólo por su concepción institucional, sino por su organización social y estructura económica, que entraba en plenitud al siglo XX.

TERCERA. La de 1917, en realidad fue una nueva Constitución que marco? nuevas rutas no sólo en México, sino en el mundo. Fue la primera que garantizó los derechos humanos con la protección de los grupos menos favorecidos de la sociedad. El resultado es una norma fundamental en la que quedaron plasmados derechos de carácter económico, social y político, y que incorporó las garantías individuales y sociales como la base para el devenir del Estado.

Los anhelos revolucionarios del pueblo de México se concretan de manera permanente en el enriquecimiento de los derechos inherentes al ser humano, en la modernización de sus instituciones fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias de una Nación que evoluciona constantemente en el concierto internacional.

En su discurso del 31 de enero de 1917, durante la Sesión Solemne de Clausura del Congreso Constituyente, Venustiano Carranza expresó:

“Las reformas que esta honorable Asamblea realizo? hoy en las instituciones políticas del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento de alto patriotismo y de profundo conocimiento de las necesidades que durante un largo período de tiempo han afligido a la nación, nos permitirán hacer en lo futuro un ensayo sincero, honrado y decidido por la implantación en nuestros usos y costumbres de las instituciones libres, a la sombra de los que podremos todos gozar de una libertad amplia mediante la igualdad de todos los mexicanos ante la ley, para poder convivir en provechosa armonía, en busca del desarrollo de nuestras facultades, y el fomento y aprovisionamiento de todas las riquezas que tiene nuestro suelo privilegiado”

Es así que, a pesar de las diferencias que tenemos como individuos activos de nuestra Nación, los principios que los Constituyentes buscaron plasmar en la Ley Fundamental para la organización de nuestra vida política y económica, siguen vigentes a la luz de un siglo. Si bien, conviviendo con la inherente evolución del ser humano el texto se ha transformado a lo largo de este tiempo, sus reformas han mantenido el vínculo con los anhelos revolucionarios y con la expresión de las necesidades seculares de una Patria próspera.

CUARTA. La Comisión que suscribe no es omisa en reconocer que en 2013, se creó un Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante un acuerdo en el que concurrieron los tres Poderes de la Unión y los gobernadores de las entidades federativas.

El objeto de dicho Comité es establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo rumbo al 5 de febrero de 2017 y propiciar la participación de los sectores público, social y privado. Para cumplir con su cometido, deberá:

I. Determinar los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo por los Poderes de la Unión;

II. Promover la participación de los sectores público, social y privado en acciones conmemorativas del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Proponer acciones conmemorativas específicas a las entidades federativas y municipios, así como a instituciones educativas y culturales y a organismos de la sociedad civil;

IV. Promover exposiciones, estudios, obras e investigaciones que fomenten el conocimiento de la Constitución, sus principios y valores, e

V. Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las actividades relacionadas con su objeto.

Quinta. Por otra parte, esta Comisión dictaminadora tiene en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En consideración de lo anterior, la Comisión que dictamina coincide en que el reconocimiento de la obra del Constituyente de 1917 así como el conocimiento de los acontecimientos históricos que dieron lugar a nuestra Constitución Federal, son necesarios para reafirmar los valores que hoy sustentan nuestro orden jurídico y social.

Por ello, se estima procedente la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de cuño corriente, que por su extensa distribución nacional y la gran aceptación entre los habitantes del país, la haga accesible para todos los ciudadanos con el propósito de difundir ampliamente el significado de la conmemoración del centenario de la promulgación de nuestra Constitución Política.

Sexta. La que dictamina está de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero del 1857. Sin embargo, en consideración de la amplia circulación que tienen las monedas de menor denominación, la que dictamina considera más adecuado establecer que la moneda tenga un valor nominal de veinte pesos, en lugar de la denominación de cien pesos propuesta en la iniciativa, lo que reforzaría el propósito de difundir el valor que entraña la promulgación de la Constitución Política y la importancia de conmemorar el centenario de tal hecho histórico.

Asimismo, resulta adecuado que el motivo de la moneda será el que proponga el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEL 5 DE FEBRERO DE 1917.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda.

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza: 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente decreto proponga el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviará al Banco de México el diseño del motivo que se acuñará en el reverso de la moneda conmemorativa, el cual deberá incluir las leyendas “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y “1917-2017”.

En caso de que el referido Comité no presente una propuesta del motivo indicado dentro del plazo establecido en este artículo, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, que quedará contenido en el reverso de la moneda.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente decreto.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente decreto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de las monedas a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en México,

Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), presidenta; Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Waldo Fernández González (rúbrica), Carlos Hernández Mirón (rúbrica), Lucia Virginia Meza Guzmán, Adriana Sarur Torre, Juan Romero Tenorio (rúbrica), María Elena Orantes López, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes, secretarios; Yerico Abramo Masso (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Alejandro Armenta Mier, Pablo Basáñez García (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca, Federico Döring Casar, Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Rendón García, José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por tres minutos, el diputado Carlos Hernández Mirón, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 140, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado Hernández.

El diputado Carlos Hernández Mirón:Con su venia, diputado presidente. Trataré de ser breve en este dictamen.

Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La situación social, económica y política a fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX originó la Revolución Mexicana, los campesinos no eran dueños de las tierras que trabajaban y sufrían una vida llena de injusticias, pues los propietarios en lugar de explotar las tierras explotaban al hombre.

Intolerables condiciones de trabajo, desigualdad entre las clases sociales eran cada vez más profundas.

El 14 de septiembre de 1914, Venustiano Carranza anunció la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para proponer reformas relativas a la organización y funcionamiento de los poderes públicos, los cuales no podían alcanzarse mediante los preceptos contenidos en la Constitución de 1857, entonces vigente, por lo cual era necesario convocar a un Congreso Constituyente.

Para desempeñar su cometido, el Congreso Constituyente tendría un periodo único, con una duración máxima de dos meses y concluido el plazo, expediría la Constitución y se disolvería para que el encargo del Poder Ejecutivo convocara, de conformidad con la misma, a elecciones de poderes generales en toda la República.

Verificadas las elecciones e instalando el Congreso General, Carranza entregaría el Poder Ejecutivo a la persona electa como presidente de la República.

El 31 de enero de 1917, los Constituyentes y Venustiano Carranza protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se publicó el 5 de febrero del mismo año, dando origen a una nación completamente distinta, no solo por su concepción institucional, sino por su organización.

En primer lugar, quiero destacar que este dictamen con proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios representados al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Asimismo quisiera mencionar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la acuñación de la Moneda Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se propone, es un medio adecuado para rememorar la lucha y el trabajo que durante un siglo han aportado hombres y mujeres, a fin de consolidar la soberanía, que reside esencial y originalmente en el pueblo mexicano, así como para como estructurar y organizar las instituciones públicas que reflejan el actuar de autoridades y ciudadanos modulando nuestra convivencia nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, es el dictamen en términos de crear las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe resaltar que fue por un acuerdo de todas las fuerzas políticas integradas en la Comisión de Hacienda, y que agradezco tanto a la presidenta como a los secretarios e integrantes de la comisión. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández.

El diputado Alberto Martínez Urincho(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Alberto Martínez Urincho, por favor.

El diputado Alberto Martínez Urincho (desde la curul): Sí, diputado presidente, le agradezco. Solamente para hacer referencia y agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda por haber aprobado este dictamen.

Y simplemente, diputado presidente, decirle a todas mis compañeras diputadas y diputados aquí en este Congreso, que nuestra Constitución tiene 650 modificaciones y que este ámbito de festejos de nuestra Carta Magna, del centenario tiene que ver que es una Constitución con 650 modificaciones, que es una Constitución que tenemos que repensar en el ámbito de estos festejos, una Constitución nueva que se acerca a la gente, que no responda a los poderes fácticos de este país, y que sea una Constitución realmente que esté cercana al pueblo. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez.

Está a discusión en lo general y en lo particular, y en virtud de que no tenemos oradores registrados para la discusión en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Se pregunta a la asamblea si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto. El sistema electrónico de votación sigue abierto. Se pregunta a los presentes si falta alguna diputada o diputado de emitir su voto. El sistema electrónico de votación sigue abierto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 385 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución.A ver, me están diciendo que están...

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Pueden emitir el voto, el sistema electrónico está abierto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Está abierto el sistema?

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:De viva voz, a ver. De viva voz, por favor, para registrarlos de viva voz. Ahí los auxilian, diputado.

El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera (desde la curul): En pro.

La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): A favor.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): A favor.

El diputado Elio Bocanegra Ruíz (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Tello López (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hernández Alcalá, acá a la izquierda.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): A favor.

El diputado Erick Alejandro Lagos Hernández (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Cuántos? Cante la cantidad.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Son 392 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 392 votos, es decir, por unanimidad de los presentes el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa que abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El 4 de noviembre de 2015, la diputada Eloísa Chavarrías Barajas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

2. En sesión ordinaria de la misma fecha, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen mediante oficio DGPL 63-II-7-157.

3. Los integrantes de esta comisión legislativa realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre ella e integrar el presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa expone que la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social, económica y política de la época que emergía en la transición entre los gobiernos militares y los civiles. El mundo y nuestro país salían del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, de la inseguridad de los mercados, de las deudas, de la seguridad social, en las inversiones, una frágil democracia, y como base para lograr tranquilidad financiera; sin embargo, en la época actual, su prevalencia como parte del marco jurídico mexicano resulta irrelevante.

Explica la iniciativa que la aplicación de esta normatividad ya ha cumplido con todos sus efectos jurídicos, es decir esta Ley ya se aplicó para los hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que surge la necesidad de abrogarla, pues a más de setenta años de su promulgación ha cumplido con sus fines.

La Dip. Chavarrías Barajas argumenta que las potestades normativas del gobierno también han cambiado como consecuencia lógica del Estado social, de su intervención en la vida colectiva y del papel rector que ha asumido el Ejecutivo.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. Esta Comisión considera necesario recordar que la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal fue resultado de la necesidad de expedir una ley para la depuración y liquidación de cuentas en la Hacienda Pública Federal, que por distintas circunstancias no habían podido ser puestas en claro, esencialmente por falta de datos específicos. Por imposibilidad material debida a la muerte del deudor, por ser éste desconocido, por no poderse determinar su paradero o por haberse intentado acción penal y haber transcurrido más de cinco años sin ejercitarse la acción civil de responsabilidad correspondiente, con lo que prácticamente el derecho de reclamar prescribió, siendo así que por éstas y otras razones las cuentas correspondientes a los años anteriores al 31 de diciembre de 1948 se encontraban inmovilizadas u obstaculizadas seriamente, al grado de que en muchas ocasiones costaba más al Erario Federal la investigación de pequeños créditos a su favor o el retraso que sufría la Cuenta Pública en general, que lo que el Gobierno lograba percibir por esos créditos.

Para tal propósito, la Ley en análisis faculta a la Secretaría de Hacienda para que, “ por conducto de la Contaduría de la Federación y de conformidad con las disposiciones de esta Ley, proceda a depurar y liquidar los créditos a favor del Gobierno Federal que figuren registrados o deban registrarse en la Contabilidad de la Hacienda Pública Federal, provenientes de operaciones llevadas a cabo del 1°. de enero de 1941 hasta el 31 de diciembre de 1948, por las oficinas y agentes a que se refiere el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Contaduría mencionada, y, para el efecto, se dispensarán las faltas o defectos de justificación y comprobación de que adolezcan dichas operaciones.”

Sin embargo, como puede inferirse del texto normativo, las figuras institucionales a que hace referencia han sido modificadas desde la promulgación y puesta en práctica de la ley.

SEGUNDA. La Comisión que suscribe, considera adecuado también, recordar que recientemente se modificó el marco jurídico aplicable a las funciones de contaduría que posteriormente le correspondió aplicar a la Tesorería de la Federación, con lo que se buscó dotarla de herramientas más acordes a los requerimientos actuales del Gobierno Federal y permitan consolidar una tesorería eficiente, que origine la optimización de recursos en congruencia con las medidas que ha implementado el Gobierno Federal al respecto.

En ese sentido, se expidió la Ley de Tesorería de la Federación, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, y en el que se puede observar que las figuras incorporadas se retoman de otros ordenamientos vigentes y, por otra parte, las disposiciones que se eliminan corresponden a funciones que se duplicaban con otras áreas de la Administración Pública Federal o correspondían a esquemas y procedimientos que han dejado de aplicarse, con el propósito de que dichos cambios le permitan a la Tesorería de la Federación garantizar que la administración de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal se realice con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia, con el objeto de contribuir al equilibrio de las finanzas públicas y a la estabilidad macroeconómica del país.

TERCERA. La Comisión que dictamina considera que el sistema jurídico debe corresponder a las exigencias y necesidades de la etapa económica, política y social que vive un país y el entorno internacional que lo rodea.

En este sentido, la que dictamina considera que la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal ha perdido vigencia real al no existir el objetivo y situación que motivó su creación y vigencia, por lo que no tiene aplicación alguna en el momento actual.

Por ello, la que dictamina estima que la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, únicamente constituye una norma de carácter vigente y no es derecho positivo, por lo que no tiene aplicación y resulta procedente su abrogación de conformidad con el principio general jurídico denominado “autoridad formal de la ley”, que significa que todas las resoluciones del Poder Legislativo no pueden ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra resolución del mismo Poder y siguiendo los mismos procedimientos que determinaron la formación de la resolución primitiva.

En este orden de ideas, esta dictaminadora, con fundamento en al artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto señala que “ en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”, somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY PARA LA DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

Artículo Único. Se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1950.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil dieciséis.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), presidenta; Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Ricardo David García Portilla (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Waldo Fernández González (rúbrica), Carlos Hernández Mirón (rúbrica), Lucia Virginia Meza Guzmán, Adriana Sarur Torre, Juan Romero Tenorio (rúbrica), María Elena Orantes López, Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes, secretarios; Yerico Abramo Masso (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Alejandro Armenta Mier, Pablo Basáñez García (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca, Federico Döring Casar, Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Rendón García, José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por tres minutos la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración de esta honorable asamblea la abrogación de la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, toda vez que el sistema jurídico debe corresponder a las exigencias y necesidades de la etapa económica, política y social que vive un país y el entorno internacional que lo rodea.

La Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal fue creada para llevar el registro de cuentas a favor del erario, originadas en la convulsa época de la postguerra, que por distintas circunstancias no habían podido ser puestas en claro, esencialmente por falta de datos específicos.

La imposibilidad material debida a la muerte del deudor, por ser éste desconocido, por no poderse determinar su paradero o por haberse intentado acción penal y haber transcurrido más de cinco años sin ejercitarse la acción civil de responsabilidad correspondiente, con lo que prácticamente el derecho de reclamar prescribió. Siendo así, que por éstas y otras razones, las cuentas correspondientes a los años anteriores al 31 de diciembre de 1948 se encontraban inmovilizadas u obstaculizadas seriamente, al grado que en muchas ocasiones costaba más el erario federal, la investigación de pequeños créditos a su favor y el retraso que sufría la cuenta pública en general, por lo que el gobierno lograba percibir por esos créditos.

En este sentido, la comisión llegó a la conclusión, de que la ley a que se refiere el presente dictamen, ha perdido vigencia real al no existir el objetivo y situación que motivó su creación y vigencia, por lo que no tiene aplicación alguna en el momento actual.

Lo anterior se refuerza con el análisis de las modificaciones realizadas a través de los años, al marco jurídico aplicable a las funciones de contaduría que posteriormente le correspondió aplicar a la Tesorería de la Federación.

Más recientemente, esta Legislatura aprobó la nueva Ley de Tesorería de la Federación con lo que se buscó dotar a esta institución de herramientas más acordes a los requerimientos actuales del gobierno federal y que permitan consolidar una tesorería eficiente.

En este sentido, se puede observar que la administración de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal, se realiza con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia, con el objetivo de contribuir al equilibrio de las finanzas públicas y a la estabilidad macroeconómica del país.

Por tales consideraciones, me permito solicitar a ustedes, su valioso apoyo a fin de contar con su voto a favor del dictamen que se somete a su consideración. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cruz. Y en virtud de que no tenemos oradores registrados para la discusión en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No se nos vayan a desbalagar porque hay otras votaciones en seguida, y mucho menos se nos duerman.

Aprovechamos para saludar la presencia de alumnos del Colegio Centro Unión de San Juan del Río, Querétaro, invitados por la diputada María García Pérez. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:¿Falta algún diputado de emitir su voto? El sistema electrónico sigue abierto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 388 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 388 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional Electoral para que, conjuntamente, realicen una campaña de información, promoción, empadronamiento y credencialización de nuestros connacionales en el extranjero, a fin de garantizar su participación en los próximos procesos electorales.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional Electoral para que, conjuntamente, realicen una campaña de información, promoción, empadronamiento y credencialización de nuestros connacionales en el extranjero, a fin de garantizar su participación en los próximos procesos electorales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.

PROPOSICIONES CALIFICADAS POR EL PLENO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

INTENSIFICAR LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA EN TODOS SUS TIPOS, Y REGULARIZAR EL ABASTO DEL MEDICAMENTO EN EL SECTOR SALUD PARA COMBATIRLA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente capítulo es el de las proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, y de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos administrativos en materia de salud de los tres ámbitos de gobierno a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, y a regularizar el abasto de medicamento en el sector salud para combatirla.

La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta:Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general.

Hago uso de la tribuna para someter a su consideración este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. La Organización Mundial de la Salud señala uno de sus principios, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud del gobierno federal, la influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa.

La familia del virus de la influenza se clasifica en tres tipos: A, B y C. El tipo A incluye tres subtipos: H1N1, H2N2 y H3N2, que han causado epidemias extensas y pandemias. El tipo B se ha relacionado pocas veces con epidemias regionales o dispersas, y el tipo C tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños.

La vigilancia epidemiológica de influenza en México realizada a través de las Unidades de Salud Monitoras de Influenza, USMI, reporta que actualmente el porcentaje de casos es de 12 por cada mil consultas otorgadas. Las entidades con mayor proporción de casos confirmados a influenza son: la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Hidalgo y el estado de México.

Ante la situación que prevalece el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Pablo Kuri, dio cifras de muertes y contagios hasta el momento, puntualizando que el problema del aumento en la cifra de casos de influenza en México fue porque la temporada de frío inició en la primera semana de enero, por lo que se atrasó y el grupo más afectado es el de la población adulta entre 40 y 50 años.

Manifestó que han sido registrados casi 2 mil casos de influenza en México desde la segunda semana de octubre y, de ellos, 55.6 por ciento pertenecen a H3N2, 30 por ciento al H1N1 y 10.9 por ciento son del tipo B; y que de ese total se han reportado 79 muertes, 68 por ciento del tipo H1N1, 18 por ciento del H3N2, 9 por ciento por influenza B y 5 por ciento por otros tipos, enfatizando que el 67 por ciento de esas muertes fueron de hombres.

Aseguró que están preparados para hacer frente a las enfermedades asociadas a la temporada invernal; y a la fecha se han aplicado 31 millones de vacunas contra la influenza, lo que representa el 97.3 por ciento en todo el territorio nacional de los 31 millones programados y que todos los virus pueden ser manejados con el antiviral Oseltamivir.

Recomendó que se aplique la vacuna contra la influenza a los siguientes grupos de riesgo que no hayan sido vacunados en esta temporada: niñas y niños de 6 meses a 59 meses de edad, con aplicación de dos dosis con intervalo de un mes, adultos de 60 años y más; mujeres embarazadas; personas con VIH; diabetes no controlada o con complicaciones; enfermedades graves del corazón, enfermedades respiratorias graves, obesidad exagerada, asma no controlada, pacientes que reciban tratamiento con quimioterapia, personal de salud.

Asimismo, para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias e influenza, reforzar las defensas de los niños y adultos mayores con alimentos y complementos altos en vitamina A y C, frutas y verduras, así como abundantes líquidos, abrigar a la niñez y adultos mayores con ropa gruesa, de preferencia de algodón y evitar prendas ajustadas y de tela sintética.

Por su parte, la Asociación Nacional de Farmacias de México informó que a finales de esta semana quedará cubierto en las farmacias comunitarias el reabastecimiento del medicamento Oseltamivir para el tratamiento de la influenza, ya que en el último mes se agotaron las 40 mil unidades existentes de ese medicamento que había en las farmacias.

Sumándonos a las acciones que impulsa el Ejecutivo federal para mover a México en materia de salud, como son la calidad en el servicio, el aspecto preventivo y la universalidad, compañeras diputadas y diputados, hagamos un frente común en contra de este problema de salud apoyando este exhorto para evitar que se propague el contagio, con campañas de concientización entre la población, la vacunación y atención pronta y oportuna a las personas enfermas.

Por lo expuesto me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios así como regularizar el oportuno abasto del medicamento en el sector salud, para combatir esta enfermedad que nos aqueja a muchos mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los órganos administrativos en materia de salud de los tres ámbitos de gobierno a intensificar las campañas informativas a fin de prevenir la influenza en todos sus tipos y regularizar el abasto del medicamento en el sector salud para combatirla, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud señala en uno de sus principios “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la Influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, es curable y controlable, si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa.

La familia del virus de la Influenza, se clasifica en tres tipos: A, B y C. El tipo A incluye tres subtipos: H1N1, H2N2 y H3N2, que han causado epidemias extensas y pandemias; el tipo B, se ha relacionado pocas veces, con epidemias regionales o dispersas y el tipo C, tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños.

La vigilancia epidemiológica de Influenza en México, realizada a través de las Unidades de Salud Monitoras de Influenza (USMI), reporta que actualmente el porcentaje de casos de ETI/RAG es de 12 por cada mil consultas otorgadas. Las Entidades con mayor proporción de casos confirmados a influenza son: la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Hidalgo y Estado de México.

Ante la situación que prevalece, el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, del Gobierno Federal, Pablo Kuri, dio cifras de muertes y contagios hasta el momento, puntualizando que el problema del aumento en la cifra de casos de Influenza en México, fue porque la temporada de frio, inició en la primera semana de enero, por lo que se atrasó y el grupo más afectado es el de la población adulta entre 40 y 50 años.

Manifestó que han sido registrados casi dos mil casos de Influenza en México, desde la segunda semana de octubre y de ellos, 55.6 por ciento pertenecen a H3N2; 30 por ciento al H1N1 y 10.9 son del tipo B y que de ese total, se han reportado 79 muertes; 68 por ciento del tipo H1N1, 18 por ciento del H3N2; 9 por ciento por Influenza B y 5 por ciento por otros tipos, enfatizando que el 67 por ciento de esas muertes fueron de hombres.

Aseguró que están preparados para hacer frente a las enfermedades asociadas a la temporada invernal y a la fecha se han aplicado 31 millones de vacunas contra la Influenza, lo que representa el 97.3 por ciento en todo el territorio nacional, de los 31 millones programados y que todos los virus, pueden ser manejados con el antiviral oseltamivir.

Se recomendó que se aplique la vacuna contra la influenza a los siguientes grupos de riesgo, que no hayan sido vacunados en esta temporada:

• Niñas y niños de 6 meses a 59 meses de edad, con aplicación de dos dosis con intervalo de un mes.

• Adultos de 60 años y más.

• Mujeres embarazadas.

• Personas con: VIH, diabetes no controlada o con complicaciones, enfermedades graves del corazón, enfermedades respiratorias graves, obesidad mórbida o exagerada, asma no controlada.

• Pacientes que reciban tratamiento con quimioterapia.

• Personas de salud.

Asimismo para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias e Influenza:

• Reforzar las defensas de los niños y adultos mayores, con alimentos y complementos altos en vitaminas A y C, (frutas y verduras), así como abundantes líquidos.

• Abrigar a niños y adultos mayores, con ropa gruesa, de preferencia de algodón y evitar las prendas ajustadas y de tela sintética.

Por su parte, la Asociación Nacional de Farmacias de México, informó que a finales de esta semana, quedará cubierto en las farmacias comunitarias, el reabastecimiento del medicamento oseltamivir, para el tratamiento de la influenza, ya que en el último mes se agotaron las 40 mil unidades existentes de ese medicamento que había en las farmacias.

Con base en lo anterior, debemos hacer un frente común, en contra de este problema de salud, apoyando este exhorto para evitar que se propague el contagio, con campañas de concientización entre la población, la vacunación y atención pronta y oportuna a las personas enfermas.

Por lo expuesto, me permito someter a su consideración, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único:La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno, en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la Influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto del medicamento, en el sector salud, para combatirla.

Notas:

1 La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York, del 19 de junio al 22 de julio de 1946 y entró en vigor el 7 de abril de 1948 y fue firmada por los Representantes de 61 Estados.

2 Información al público, por la Secretaría de Salud Federal (promoción salud).

3 Aviso Epidemiológico de Influenza. CONAVE/01/2016.

4 Publicación de la Secretaría de Salud Federal de fecha 22 de febrero de 2016.

5 Uno más Uno web, 23 de febrero de 2016. Nacional.

Palacio Legislativo, a 25 de febrero de 2016.— Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chávez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Refugio Garzón, por favor.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Gracias, señor presidente. Primeramente pido respetuosamente sumarme al punto de acuerdo de mi compañera diputada.

Pero, además, es mi deseo exhortar al titular de la Secretaría de Salud, para que distribuya dentro del territorio nacional unidades de aféresis, a efecto de atender de manera preventiva, inmediata y eficaz, las enfermedades de dengue, Zika y Chicungunya.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Garzón, ahí habrá lo que sigue. Después de esto es justamente que los grupos parlamentarios fijen su posición al hablar sobre el tema y entonces ahí habrá la oportunidad de que se pueda recoger por el suyo lo que acaba usted de sugerir. Gracias.

Y entonces tiene la palabra, para referirse al tema, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Dos mil muertes aproximadamente de esta influenza. Por supuesto que a favor de este punto de acuerdo. Para Encuentro Social una vida es suficiente para ir a favor en cualquier pronunciamiento.

Pero en este tema de salud pública, donde sentimos que la percepción ciudadana no se equivoca y que se intenta minimizar el impacto que está causando esta enfermedad, e incluso desabasto, en primer lugar en el sector privado, un caos en el sector público, se ocultan enfermedades, se oculta número de muertes y se oculta número de pacientes internados.

Ahí está el Hospital de La Raza, no coinciden con los datos oficiales, es muy grave minimizar. En el 2009 significó mucho maximizar este problema, pero en temas de salud pública más vale que sobre y no que falte.

En temas de la vida humana, a la cual todo mundo tiene derecho, toda persona tiene derecho por el simple hecho de serlo, no podemos minimizar, bajo ninguna circunstancia, un asunto de esta naturaleza, compañeros diputados y amigas diputadas. Si nuestro gobierno no puede hacerle frente a este mal, no deben dudar nuestras autoridades en solicitar apoyo internacional. No son estadísticas, se trata de un serio problema de salud pública que debe ser atendido de inmediato.

Hoy un periódico de circulación nacional, primera plana, hospitalizan a 77 por influenza, hay 23 graves. Si se debe sonar la alerta sanitaria, que suene. No tengamos miedo hablarle con la verdad al pueblo, tenemos que ser honestos y transparentes, sobre todo si se trata de un asunto de salud pública.

Podemos decirles, amigas y amigos, con documentos oficiales, Cofepris, con el simple hecho de que no haya desabasto en el sector público se dice, por instrucciones precisas, que la caducidad permitida de tres años se aumente a cinco años, con tal de que no haya desabasto. Estamos tratando de minimizar el efecto de este grave problema de salud y eso nos puede costar mucho.

Nosotros, como Encuentro Social, por supuesto que vamos a favor de este punto de acuerdo, pero elevamos la voz de manera enérgica para que no se minimice este problema, que a simple vista de los ciudadanos, por supuesto, no se equivocan. Muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia de la diputada Daniela De Los Santos Torres

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la temporada invernal siempre trae consigo un aumento en los casos de enfermedades respiratorias, incrementando las consultas en los servicios de salud, sobre todo en niños y adultos mayores de 60 años.

Este año, los brotes de influenza, que es una enfermedad respiratoria contagiosa, han alcanzado los 2 mil contagios y cobrado la vida de 79 personas, desde la segunda semana de octubre a la fecha.

La influenza es controlable y curable, siempre y cuando se reciba atención médica oportuna y los cuidados necesarios. Los 683 contagios de la última semana, y por supuesto, las muertes reportadas hasta ahora, obligan a reforzar las medidas de información, prevención, detección y sobre todo la atención a los pacientes que presentan algunos de los tres tipos de influenza.

En Nueva Alianza sabemos que la prevención es un elemento fundamental para hacer frente al problema. Y apoyamos que desde los tres órdenes de gobierno las instituciones en materia de salud intensifiquen las campañas de información para la prevención de la influenza en sus tipos, evitando más contagios.

Sin embargo, es preponderante atender a las personas que desafortunadamente tienen la enfermedad. En Nueva Alianza pos preocupamos y nos preocupan los múltiples reportes de pacientes que denuncian el desabasto del retroviral, mejor conocido como Taniflú, indicado para el tratamiento de la influenza. Por lo que es necesario regularizar el abasto del medicamento y que las instituciones del sector salud estén totalmente preparadas y cuenten con el medicamento suficiente para brindar la atención y tratamiento a los pacientes enfermos de influenza. Es necesario que la población conozca los síntomas de la enfermedad, y si tiene sospechas de padecerla se acerque a las instituciones de salud para su diagnóstico y tratamiento, con la seguridad de que encontrarán también los medicamentos.

Compañeras y compañeros, Nueva Alianza votará a favor porque estamos seguros que vale más prevenir que lamentar. No sigamos lamentando más muertes por esta enfermedad. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez:Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, desde octubre del año pasado y hasta la fecha se han registrado mil 997 casos de influenza, de los cuales 79 casos han causado defunciones.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, ante estas cifras nuestro país tiene que estar preparado y hacer frente a las enfermedades que ocasiona la temporada invernal.

El comunicado presentado por la Secretaría de Salud refiere que el número de casos presentados es 15 por ciento menor al del año pasado, sin embargo, actualmente predomina la circulación de los subtipos AH3N2, AH1N1.

Se informó que el tratamiento de Oseltamivir es un medicamento específico para la influenza y solo podrá ser surtido mediante receta médica. Asimismo, refirió que las unidades del sector Salud tienen un abasto suficiente y que hasta el momento se han distribuido 35 mil tratamientos a los servicios estatales de salud y se cuenta con una reserva estratégica de 40 mil tratamientos adicionales.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, informó que el sector salud ha vacunado al menos 31 millones de personas. Son 5 los estados más afectados. El primer lugar corresponde a la Ciudad de México, con 14 por ciento; Jalisco, con 13.6 por ciento; estado de México, con 10.2 por ciento; Nuevo León, con 10 por ciento; y finalmente Sinaloa, con 8.4 por ciento.

Lo difícil de la presente temporada invernal consiste en que el número de muertes puede incrementarse de manera significativa, debido a la detención tardía de la enfermedad y a la automedicación.

Por ello, el gobierno mexicano debe hacer un esfuerzo adicional en esta coyuntura para proteger la vida de los mexicanos y para garantizar que exista una correcta conducción de las políticas sanitarias. En este esfuerzo es necesario acabar con el derroche de los recursos y reorientar las prioridades del gasto en materia de salud.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyará el presente punto de acuerdo para exhortar a los órganos administrativos en materia de salud de los tres ámbitos de gobierno e intensificar la campaña de información para la prevención de la influencia en todos sus subtipos. Y nos sumamos al llamado de regularizar el abasto del medicamento en el sector salud para combatirla. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Mercado. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Mariana Trejo Flores:Con vuestra venia, señora presidenta. Honorable asamblea, la indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia. Es por ello que hago uso de esta tribuna para tratar el bien más preciado del ser que es la salud.

Compañeras diputadas y diputados aquí presentes, en la actualidad nuestro país se enfrenta nuevamente a una crisis de salud que pone una vez más a prueba nuestras instituciones públicas. El brote de la influenza que azota a la zona de la República Mexicana ha generalizado un desabasto del medicamento en el 65 por ciento de las farmacias de la región.

La Ciudad de México enfrenta esta grave crisis mientras que los casos de influenza siguen acrecentándose en los hospitales públicos y dan atención a la sociedad. Se tienen reportes de especialistas que el virus que en la actualidad está contagiando a la población mexicana, presenta algunas mutaciones y mayor resistencia ante los tratamientos utilizados durante el año 2009, lo cual se encienden las alertas para que se pueda controlar rápido este brote de influenza.

El exhorto a la Secretaría de Salud, que se presenta el día de hoy ante el pleno, pone de manifiesto la preocupación de todas las fracciones parlamentarias sobre este tema, sin embargo aprovecho esta tribuna para pedir a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE y a las demás instituciones públicas de salud que existen en nuestro país, para que tomen las medidas precautorias y regulatorias a fin de garantizar la atención médica a los pacientes que presentan cuadros de contagio, garantizar el abasto de medicamentos en los hospitales públicos y solicitar a las unidades médicas rurales que también tengan el acceso a este medicamento.

Urgimos a la Secretaría de Salud, para que implemente una campaña de prevención inmediata, con el fin de evitar la propagación del contagio y se extienda hacia otras partes del país. Urgimos también a la Cofepris, para que sea garante de este medicamento, se distribuya en las farmacias y no se especule el precio del producto.

Le pedimos a la Cofepris que vigile con firmeza a los laboratorios, farmacias e intermediarios, no pongan el pretexto del desabasto para incrementar el precio del medicamento en el mercado, y a su vez le pedimos a la Secretaría de Salud que implemente un plan de medidas sancionatorias contra aquellos que pongan en riesgo el acceso del medicamento a la ciudadanía en general.

Desde esta tribuna, le pido a la Secretaría de Salud que no se olvide del momento tan complejo en materia de salud que se presenta, que no podemos debilitar los esfuerzos contra lo que es el Zika, el Dengue y el Chikungunya. Las campañas permanentes y la atención tiene que ser considerada como prioritaria.

A todo el personal médico y a todos los profesionales de salud, es tiempo de trabajar continuamente, de ser parte de esta crisis por la que atraviesa nuestra sociedad y es momento de implementar medidas de trabajo que permitan estar preparados ante cualquier eventualidad.

En Morena aplaudimos todas aquellas medidas que benefician a la sociedad. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor, porque está a favor de la salud. También dejamos en claro que nos sumamos a este esfuerzo, sin embargo le pedimos al gobierno federal exhortando al Ejecutivo que haga su trabajo en materia de salud. Son muchas las necesidades de México. Comencemos a hacer la diferencia. Es cuanto.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Trejo. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Wendolin Toledo Aceves, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

La diputada Wendolin Toledo Aceves:Con la venia de la Presidencia. Los brotes de influenza se registran cada año y sus efectos pueden causar un impacto considerable tanto en la salud pública como a nivel social y económico.

La influenza estacional se presenta en brotes anuales de diversa intensidad y puede afectar a todos los grupos de edad, aunque los de mayor riesgo se desarrollan entre niños menores de dos años, adultos mayores a 65 años, embarazadas y las personas que guardan condiciones clínicas asociadas.

Hasta el momento se conocen tres tipos de virus de la gripa estacional: A, B y C. Los informes sobre la situación de la influenza en el continente americano indican que los virus que circulan en la actualidad son las típicas cepas de virus gripales de influenza A y B.

La probabilidad de ocurrencia de los brotes aumenta durante el otoño y el invierno. De esta manera tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud recomiendan a sus Estados miembros iniciar los preparativos antes de esta época, con la finalidad de reducir los efectos de dicha endemia.

Conforme a datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud, cada año enferman de influenza alrededor de 500 millones de personas a nivel mundial, de los cuales de entre tres y cinco se convierten en casos graves y ocurren alrededor de 250 a 500 mil defunciones.

Asimismo, y según la actualización regional de la Organización Panamericana de la Salud con fecha 17 de febrero de 2016, en América del norte ha sido reportada actividad moderada de influenza y de otros virus respiratorios en general. Sin embargo las detecciones de influenza continúan aumentando en Canadá y Estados Unidos, con predominio de influenza AH1N1, mientras que en México predomina la influenza AH3N2.

En lo que respecta a nuestro país, al día de hoy las autoridades de salud han reportado 1997 casos de influenza, así como el fallecimiento de 79 personas a causa de esta enfermedad, desde el 15 de octubre pasado, de lo cual se precisa que la mayoría de las defunciones corresponden a personas adultas mayores y personas que tenían alguna otra enfermedad crónica. Sin embargo se espera un fuerte incremento de personas afectadas en los siguientes meses.

Según cifras vertidas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la temporada invernal se han registrado 1997 casos de influenza. Debemos reconocer que el gobierno federal ha realizado un trabajo para contener la enfermedad, sin embargo las entidades duramente golpeadas por esta enfermedad han sido: la ciudad de México, Jalisco, estado de México, Nuevo León y Sinaloa.

En lo que respecto a la ciudad de México, los casos de influenza se incrementan en más de 100 en la última semana al pasar de 180 a 284, de los cuales 195 pertenecen a la cepa AH3N2; 55 a la cepa AH1N1.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud recalcó que “en el sector público no hay desabasto de la antiviral”, ya que aún cuentan con 40 mil tratamientos de reserva estratégica. No obstante se ha registrado escasez en farmacias y hospitales privados. Ante esa situación hacemos un llamado a la población a adoptar medidas de prevención.

Como seres humanos nuestra salud y la de quienes están a nuestro cuidado, es motivo de preocupación cotidiana, pues la salud es el bien más fundamental y preciado que poseemos.

Por lo anteriormente expuesto, reconociendo los esfuerzos del gobierno federal, preocupado por el creciente brote de influenza y previniendo un incremento de casos en los próximos días, es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno en materia de salud, a intensificar las campañas de información para la prevención de la influenza en todos sus tipos, evitando más contagios, así como regularizar el abasto de medicamentos en el Sector Salud para combatirla. Es cuanto.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputada Toledo. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, como se ha comentado por mis antecesores en el uso de la palabra, el aumento en el número de casos de influenza en todas sus modalidades, pero fundamentalmente H1N1, se debe a que en este período invernal el frío se intensificó durante las primeras semanas de enero y no en la primera y segunda semana de diciembre.

La presente temporada invernal se han presentado –ya se ha dicho aquí– casi 2 mil casos, mil 997 de influenza, aunque los expertos en epidemiología de nuestro país descartan de que se trata de una epidemia, vamos para allá.

Desde el 15 de octubre hasta la fecha, se han reportado 79 decesos, 79 muertes. Ése no es un asunto menor compañeras diputadas, compañeros diputados, es algo muy importante porque en el 2009 fueron 200 mexicanas y mexicanos que fallecieron en la etapa álgida, aquella de la epidemia donde un hubo un gran movimiento social médico-epidemiológico y que generó grandes acciones por parte de nuestro país. Es decir, casi tenemos, en este momento, el 50 por ciento de las muertes de aquella época y falta todavía, consideramos lo peor.

Es por ello pues, compañeras diputadas, compañeros diputados, que este asunto –reitero– no es un tema menor. Todo aquél hombre o mujer, mexicana, mexicano, que haya votado por ustedes, que tenga tos, que tenga fiebre de 38 grados y que tenga dolor de cabeza, inmediatamente mándenlo con un médico, vigilen que en sus unidades de correspondencia, en sus estados exista el Tamiflu, exista el Oseltamivir, es un medicamento que salva la vida de la gente. La semana pasada amigas y amigos, compañeras y compañeros, recorrí algunos centros de salud y no había ni siquiera en las farmacias privadas. Por eso, este llamado de atención es muy importante.

Los casos de influenza en México se han triplicado en este invierno en comparación con el año pasado. El año pasado alcanzó un máximo de 207 casos.

De acuerdo –ya se ha dicho aquí también– a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se puede presentar un incremento muy importante en el número de personas contagiadas en la siguiente semana. Se dice que con el cambio del clima va a disminuir la incidencia. No es cierto, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy en día los genes del virus se han modificado y entonces no hay vacuna que alcance esas modificaciones, por eso se adaptan a temperaturas distintas.

Es por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de la proposición con punto de acuerdo relativo a exhortar a los gobiernos administrativos en materia de salud de los tres órdenes de gobierno, para que se intensifiquen las campañas informativas.

Acuérdense todo lo que pasó en el 2009, no saludo de mano, el saludo de guante, fomentar una serie de medidas importantes para que la población no se infecte.

Lo más importante, compañeras y compañeros, es que las autoridades tengan abasto de medicamentos y que las vacunas –las vacunas, sobre todo– en grupos vulnerables, mujeres embarazadas, niños, obesos y ancianos existan en las unidades de salud de nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Daniela De Los Santos Torres:Gracias, diputado Hernández. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez:Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Diputados y diputadas, la crisis económica e institucional en la que nuestro país se encuentra inmerso ha afectado todas las esferas de la vida nacional. Quienes más recienten este escenario tan adverso son los ciudadanos, que día a día están expuestos a una serie de contingencias desafortunadas para las que los gobiernos federales y locales no están preparados.

La influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, curable y controlable siempre y cuando se reciba la atención médica oportuna. Ese es el problema que hoy preocupa al Partido Acción Nacional, que las autoridades federales no han logrado atender adecuadamente el problema de la influenza.

Desde la segunda semana de octubre se han registrado casi 2 mil casos de influenza en nuestro país. Esta sin duda es una cifra alarmante, pero más alarmante aún es el hecho de que no hubo una cobertura nacional de vacunación a tiempo y además en el último mes se agotaron en las farmacias los medicamentos para el tratamiento, aclarando que no se ha demostrado científicamente que el Oseltamivir o Tamiflu disminuyan la gravedad de la influenza ni tampoco las hospitalizaciones, pero sí disminuyen la sintomatología y es obligación del sistema de salud proporcionarlo.

Al respecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, acaba de anunciar que esta falta de medicamento no se debe a un problema de desabasto sino de distribución.

No es momento de buscar a quién echarle la culpa, por ello en el Grupo Parlamentario del PAN nos pronunciamos a favor de este punto de acuerdo para exhortar a los órganos administrativos de los tres órdenes de gobierno en materia de salud, a no ocultar cifras reales de la estadística, sino intensificar las campañas de información y emitir una alerta a tiempo para la prevención de la influenza en todos sus tipos, regularizar el abasto de medicamento y sobre todo orientar cómo disminuir la cadena de trasmisión.

Pero también queremos recalcar que las declaraciones por parte de las autoridades no corresponden con los hechos. Es decir, no parece que el gobierno federal efectivamente esté preparado para hacer frente a las enfermedades asociadas a la temporada invernal.

Señoras y señores diputados, en Acción Nacional estamos convencidos de que la salud es condición indispensable para el desarrollo pleno de todas las personas. Por ello, desde el Congreso seguiremos exigiendo que el derecho a la salud deje de ser un discurso y se trabaje intensamente en prevenir las enfermedades como la influenza y otras, para así evitar contraer la enfermedad, la trasmisión y la muerte.

Qué gusto me da que mis compañeros diputados hablen con tanta seguridad de los serotipos de esta enfermedad. Yo les quiero decir que el frente común que nosotros debemos de hacer es evitar los recortes presupuestales en materia de salud. Eso sí podemos hacer en esta Cámara de Diputados en beneficio del pueblo. Muchas gracias.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Tiene ahora la palabra la diputada Heidi Salazar Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Heidi Salazar Espinosa:Con su permiso, diputado presidente. La influenza es un problema de salud pública que ha afectado a México en los últimos años, es un tema preocupante debido al reciente incremento que se ha presentado en el país.

Como sucedió anteriormente, hemos logrado sobreponernos a esta epidemia gracias a la coordinación de esfuerzos y la vocación de todos y cada uno de los mexicanos por salir adelante, como la nación sana y fuerte que ha sabido vencer las adversidades logrando atender con prontitud y eficacia enfermedades de esta naturaleza.

Es de reconocer las medidas que hasta ahora se han implementado hacia la erradicación de la influenza tipo A, B y C; sin embargo, es necesario seguir apoyando los programas de prevención, dar el seguimiento adecuado y reforzar nuestro sistema de salud.

Debido a los frecuentes cambios climatológicos que asechan al país, se ha demostrado que de un momento a otro la enfermedad puede transformarse y generar más problemáticas para la sociedad.

Por ello debemos redoblar los esfuerzos y la coordinación, es preciso continuar implementando los recursos necesarios para subsidiar los medicamentos que necesita la sociedad y que permitan prevenir la presencia de más casos entre la población y atender aquellos en los que el virus ya ha hecho presencia.

En el Grupo Parlamentario del PRI reafirmamos nuestro compromiso en pro de las y los mexicanos y trabajamos en la búsqueda de un sistema de salud completo y eficaz para todos, por lo tanto, en la bancada votaremos a favor del exhorto que ha propuesto nuestra amiga, la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Salazar. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Karla Berenice Burguete Zúñiga cause alta como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Karla Berenice Burguete Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Karla Berenice Burguete Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Karla Berenice Burguete Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión Bicamaral del diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.

Se encuentra con nosotros el alcalde del municipio de Matamoros, Coahuila, Raúl Onofre Contreras y su equipo de trabajo, acá están por el pasillo central, hoy precisamente en el 90 Aniversario de esta ciudad de Matamoros, en el estado de Coahuila, los recibimos con afecto. Felicidades. Bienvenidos. Y han sido invitados por la diputada Flor Estela Rentería Medina.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos –ya llegó barrido el último presidente, ya estamos terminando– de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDE

NATALICIO DE JOSÉ MARÍA ALBINO VASCONCELOS

«Efeméride con motivo del natalicio de José María Albino Vasconcelos, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Un gran hombre, ensayista, investigador y filósofo, nació en la ciudad de Oaxaca, el 27 de febrero de 1882, en su niñez viajó por el país, ya que su padre era funcionario aduanal y en su adolescencia estableció su residencia en la Ciudad de México e ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente a la de Jurisprudencia que termina en 1906.

Como abogado, desde 1908 se une al movimiento revolucionario de don Francisco I. Madero, opositor a la dictadura del general Porfirio Díaz y participa activamente en el movimiento en 1910, en 1909 funda el Ateneo de la Juventud, participa en el maderismo y villismo, al mismo tiempo que cultivaba el ensayo filosófico e histórico.

Parte active de la toma de decisiones en la instrucción pública, bellas artes y relaciones exteriores, en el periodo de lucha del Presidente Eulalio Gutiérrez con Venustiano Carranza. Se fue al exilio para evitar ser arrestado durante las difíciles y cruentas peleas por el Poder y una vez elaborada la Carta Magna: La Constitución de 1917, regresa a México ya en normalidad jurídica, económica, social, política y administrativa del País.

Al desaparecer la Secretaría de Instrucción Pública con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue sustituida por el Departamento Universitario y de Bellas Artes, fue nombrado titular de dicho departamento del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921, como director, tenía funciones de rector y con su cosmovisión propone el escudo y el famoso lema que identifica a la Universidad Nacional Autónoma de México: Por mi raza hablará el espíritu.

De 1921 a 1924, desarrolló una extraordinaria labor como secretario de Educación Pública. Al respecto Daniel Cosío Villegas señala, “Vasconcelos personificaba entonces las aspiraciones educativas de la Revolución: reunía condiciones excepcionales para inagurar esa era de verdadero y grandioso renacimiento espiritual de México”.

Fue quien inició la primera exposición del Libro en el Palacio de Minería, organizó la Secretaría de Educación, dio impulso a la educación en México y amplió los programas de publicaciones, estableció las escuelas rurales, incluso aprovechó a varios educadores extranjeros.

Estableció comunicación y trabajo con muralistas que dieron origen, sentido y fama a la pintura mexicana de la talla de José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros.

Después de renunciar al cargo de secretario de Educación Pública en 1924, pasó a la oposición y presento su candidatura a la gubernatura de Oaxaca, donde resulto derrotado y se exilió del país para regresar en 1928 y contender por la presidencia de la República, ante lo que sus partidarios consideraron un fraude electoral, proclamó una insurrección armada que no tuvo éxito. Después de las elecciones presidenciales de 1929, redactó y publicó cuatro libros que se consideran autobiográficos: Ulises Criollo, La Tormenta, El Proconsulado y La Flama, se va de México y regresa en 1940 para dirigir la Biblioteca Nacional.

Hombre prodigioso que le dio sentido a la educación, cultura, artes, historia y vida social en México, sus aportaciones son reconocidas en innumerables inmuebles que llevan su nombre, desde escuelas primarias en el país, la preparatoria número 5, hasta la Biblioteca de México que lleva su nombre.

Sus aportaciones literarias son importantes desde el aspecto del realismo cientifico y filosófico. Su legado es de honrarse y ser recordado para renovar bríos y lograr pensamientos positivos y reformadores com el de José Vasconcelos.

El gran ser humano fallece en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959, sus obras y pensamientos persisten en todos los rincones de la República y en la cultura de las y los mexicanos.

Infinitas Gracias, José Vasconcelos.

Notas:

1 Castillo, Isidro. México, sus revoluciones sociales y la educación, tomo 3, Coedición Eddisa, SA de CV, y UPN, segunda edición, México 2002, página 124.

2 Tomado de http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Semblanza_Jose_Vasconcelos#.Vs3LHJzhDIU el 19 de febrero de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2016.— Diputado Matías Nazario Morales (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva( a las 15:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 1o. de marzo, ya marzo, de 2016 a las 11 horas. Buena tarde.

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